El suscrito, Silbestre Álvarez Ramón, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Poder Legislativo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo federal que diseñe un plan emergente para madres solteras, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años ha ido en aumento un grupo muy importante de la sociedad mexicana: las madres solteras.
El tema de las madres solteras ha ganado prominencia en años recientes en nuestro país no sólo por el simple hecho de que la proporción que éstas representan en la población total ha aumentado dramáticamente sino también por el significativo impacto que esta tendencia tiene sobre la estabilidad del arquetipo social que tenemos como nación.
El asunto es de una enorme relevancia que no puede ser ignorado por los principales responsables de conducir la política nacional, entre ellos, nosotros: la Cámara de Diputados.
La importancia del papel que juegan las madres en la familia es inobjetable.
El papel que juegan las madres en la familia y en la sociedad fue observado y atendido en los países nórdicos hace más de un siglo. Lo que significó y cimentó las bases del modelo de Estado de bienestar que se aplicó en varias partes del mundo con muy buenos resultados.
El Estado de bienestar estuvo articulado a través de diversas medidas públicas que liberaron a las madres de los cuidados tanto de menores como mayores y les permitieron ingresar al mercado laboral, y en consecuencia aumentar la riqueza familiar. Además se impulsaron medidas para combatir la desigualdad que había entre mujeres y hombres.
En los últimos años, producto de varios factores, la familia como tradicionalmente se conoció hace un siglo ha ido cambiando.
Aunque la literatura sobre las consecuencias sociales y económicas de esta tendencia previene acerca de un gran número de mitos y falsas concepciones acerca del asunto, hay consenso en cuanto a que la mayoría de las madres solteras se hayan en desventaja económica y social, con lo cual las convierten a ellas y a sus hijos en un sector muy vulnerable de la sociedad. Que se encuentra en grave riesgo ante las amenazas del analfabetismo, pobreza, marginación, drogadicción, prostitución o delincuencia.
No hay mejor manera de combatir al narcotráfico, delincuencia –común y organizada– y a la prostitución que invirtiendo en educación, salud, esparcimiento y mejores de vida para este tipo particular de familia monoparental.
Si una atención importante del Estado, este núcleo de la sociedad, no tiene oportunidades de participar en el mercado laboral, educativo y de desarrollo.
La crisis económica global que estamos padeciendo ha puesto en grave riesgo a este núcleo de la sociedad. Por ello, es urgente, más allá de ideologías, colores partidistas o cálculos electorales implantar un plan emergente que pueda permitir a las madres solteras de escasos recursos del país enfrentar la tormenta económica que estamos viviendo. Son millones los casos que se registran a nivel nacional. Sobretodo en el sureste mexicano.
Por ello, se hace indispensable que se les otorgue apoyo económico, sanitario y laboral para que esta parte importante del conjunto no se colapse o caiga en las redes malignas antes expuestas.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, para que se dicte el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar al Poder Ejecutivo federal –a través de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública– que presente, lo más pronto posible, un programa integral donde se puedan atender la necesidad de recursos económicos, sanitarios, laborales y educativos de las madres solteras –y sus hijos– de escasos recursos.
Diputado Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A GENERAR A TRAVÉS DE LA SE Y DE
LA SEP UNA COORDINACIÓN ACTIVA CON EL SECTOR PRIVADO PARA ESCUCHAR
PROPUESTAS Y SUGERENCIAS QUE ENRIQUEZCAN LOS PLANES DE ESTUDIO Y SE FORMEN
EGRESADOS CON ACTITUD EMPRENDEDORA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ADRIANA
RODRÍGUEZ VIZCARRA VELÁZQUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE ECONOMÍA, Y FRANCISCO JAVIER MURILLO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los suscritos, diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez y Francisco Javier Murillo Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización de las Naciones Unidas confirma que existe una relación directamente proporcional entre el acceso a la educación y el mejoramiento de los indicadores sociales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que durante el año 2006, el gasto nacional en educación fue el equivalente al 6.9 del Producto Interno Bruto, sin embargo, no es suficiente para igualar la inversión que las Naciones con economías más desarrolladas que la nuestra destinan por alumno, lo anterior, a causa de otros factores de la diferencia proporcional de ingresos de cada nación, sin embargo, hoy en día pueden citarse casos de éxito que muestran que la educación en México ha venido prosperando, arrojando buenos resultados, pero falta mucho por hacer, y se trata de una imperante necesidad de este país, no sólo mejorar la calidad en la educación, sino también fortalecer los programas y planes de estudio que doten a los alumnos de herramientas competitivas para enfrentarse en la competencia profesional que les espera una vez graduados.
En nuestro país, por mandato constitucional le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege nuestra Constitución.
El Estado es el que planea, conduce, coordina y orienta la actividad económica nacional, y lleva a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de las libertades que otorga la Constitución.
En México todo individuo tiene derecho a recibir educación, con la convicción de desarrollar integralmente sus capacidades como ser humano, y esta cuestión se vuelve fundamental ante las nuevas condiciones del entorno internacional y ante la competencia franca con otros países, es por ello que México debe desarrollar condiciones que le permitan transitar a una competitividad real, sustentada en elementos de tipo estructural, favoreciendo en lo mayormente posible al joven emprendedor.
Uno de los anhelos más comunes en las familias mexicanas, es proporcionar a los hijos la mejor educación académica posible para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida que la que tuvo la generación anterior a ellos, sin embargo, la gran mayoría de los egresados de las universidades se enfrentan a la adversidad sin elementos que les permitan superarla fácilmente, en algunos casos desilusionados llegan a pensar que el esfuerzo y sacrificio invertidos para concluir sus carreras profesionales probablemente no corresponda a los beneficios, por las complicadas condiciones del mundo profesional y la competencia, complicando el panorama del egresado la ausencia de actitudes emprendedoras que los motiven y les brinden la determinación de ser ellos quienes controlen las variantes y prefieran iniciar un negocio.
Entre los panoramas negativos más comunes, se encuentra el hecho de que nuestros egresados más destacados no logran desarrollar plenamente sus talentos y virtudes adquiridos y desarrollados durante su educación superior por la falta de una adecuada orientación vocacional que en muchas ocasiones es improvisada, resaltando la falta de los conocimientos que les permitan tener el financiamiento para emprender alguna actividad empresarial, contribuyendo también a la llamada "fuga de cerebros".
Muchos de los egresados de las universidades en México, se gradúan con la firme idea de buscar que alguien los empleé, y escasamente puede identificarse a alguien que tenga la convicción de formar alguna empresa generadora de empleos, es decir una cultura emprendedora. Entre las realidades más dramáticas y preocupantes de los jóvenes recién egresados es la falta de oportunidades, los altos costos del financiamiento, y la falta de orientación para que los egresados posean las herramientas que les permitan convertirse en líderes de empresas o proyectos innovadores y productivos, que les aclare la normatividad vigente, tramitación de créditos empresariales o financiamientos privados y adaptarse a las condiciones del mercado de que se trate, vinculándoles con una política de desarrollo económico integral desde su formación académica.
Asimismo el empresariado mexicano, ha reiterado su preocupación respecto a los sistemas y programas educativos, con los que sienten cierta discordancia con las necesidades actuales de la industria nacional, reflejándose en la importación de personal capacitado o en la preferencia de egresados de Universidades privadas por el perfil del egresado.
Es necesario enriquecer la orientación de la vocación de los jóvenes en sus trayectorias académicas, formando emprendedores y líderes en cada región conforme a las condiciones de su localidad en función de sus talentos individuales, para vincular las necesidades de la industria, las condiciones de la competencia profesional y la actitud emprendedora de los egresados, con políticas públicas de formación profesional, para lo cual es indispensable que los planes de estudios contemplen no solamente las carreras que se necesitan en sus respectivas localidades o de todo el país, sino también de enseñar a los jóvenes aquellos temas que les orienten para elaborar planes de negocios cuando requieran tramitar un crédito o iniciar su propia empresa, de modo que las virtudes adquiridas en su formación académica se enriquezcan con la aptitud de emprender un proyecto productivo cuando ellos lo consideren.
Actualmente uno de los factores que obstaculizan a los jóvenes emprendedores al buscar un crédito empresarial en los programas gubernamentales no sólo es la falta de información, por lo que las preguntas frecuentes en los sitios de Internet o en los folletos son el menor de sus males, puesto que elaborar un plan de negocios se vuelve un problema porque desconocen como elaborarlo, y se trata de una de las variables que determina la procedencia de un crédito, esto sin ser una sorpresa puesto que se trata de un instrumento técnico que demanda cierto grado de dificultad.
No saber cómo elaborar un plan de negocios puede costarle a nuestro país la pérdida de lo que pudo ser una lucrativa y productiva idea generadora de valor agregado nacional, o que pudo haber generado bastantes empleos formales y una derrama económica en alguna región, que incluso pudo haber concebido una patente de invención.
El presente exhorto pretende que las Secretarías de Educación, y de Economía, y el sector privado se coordinen pero siempre bajo la batuta de la Secretaría de Educación Pública en el diseño de perspectivas y opiniones para la elaboración de planes y programas de estudios, vinculando a los jóvenes egresados con las realidades del ambiente de los negocios moderno, mediante la formación de líderes emprendedores, para que puedan acceder a los créditos empresariales, así mismo, se pretende propiciar la posibilidad de que las autoridades económicas puedan colaborar en el diseño de instrumentos educativos que permitan a los jóvenes egresados, emprendedores, tener una noción de cómo su sacarle provecho a su vocación, mediante un nuevo y dinámico canal de comunicación, para que los egresados puedan entenderse con el sector empresarial, su mercado y su competencia profesional.
Este exhorto no pretende despojar a la Secretaría de Educación Pública de la rectoría en las políticas educativas, sino exhortar, en armonía con el artículo 25 constitucional, a involucrar a los sectores público y privado en el desarrollo económico nacional.
Para citar sólo un caso de éxito, se encuentra el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que mediante la vinculación entre la escuela y la empresa genera una mayor productividad nacional reflejándose en el modelo de educación y capacitación basado en normas de competencia.
Lo anterior, con la finalidad de que nuestros egresados ya no salgan exclusivamente a buscar trabajo y puedan, de así desearlo, generar empleos mediante el financiamiento que ofrecen los programas y fondos productivos de la Secretaría de Economía, o si lo prefieren con la banca comercial.
Con base a lo anteriormente expuesto, presentamos a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, y de Educación Pública se genere un canal de comunicación con el sector privado nacional, a través de las cámaras empresariales, para escuchar sus propuestas y sugerencias respecto de los programas y planes de estudio de todos los niveles educativos que permitan a los estudiantes desarrollar elementos que permitan a los egresados del nivel básico tener nociones más acercadas a sus vocaciones y las hagan llegar a las universidades y escuelas superiores públicas para la consideración de éstas y en su caso las adopten.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 de abril de 2009.
Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez,
Francisco Javier Murillo Flores (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LOS AVANCES RELACIONADOS
CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA QUE HAN GENERADO LAS INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES
DE GOBIERNO, A CARGO DEL DIPUTADO FIDEL ANTUÑA BATISTA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Fidel Antuña Batista, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica para que informe a esta Cámara de Diputados respecto de los avances relacionados con el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre seguridad pública han generado las instituciones de los tres órdenes de gobierno, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Entre los más importantes desafíos que hoy en día tiene el gobierno federal se encuentra la procuración de un estado de derecho diligente, dinámico, eficaz y eficiente que dé lugar a preservar la paz y garantizar la seguridad pública nacional.
En este sentido, advirtiendo que todo proceso evolutivo del hombre y de su sociedad se encuentra implicado en una serie de profundas transformaciones culturales, sociales, políticas, económicas, científicas y tecnológicas, es invariable que en este proceso incidan un sin número de factores adversos al interés común como son la paz y el orden público y que conllevan a implementar acciones para abatir tales factores adversos.
Bajo este tenor, los tres poderes de la unión en sus tres órdenes de gobierno de manera conjunta y coordinada mantienen esfuerzos permanentes para fortalecer y consolidar un sistema de seguridad pública que de forma preventiva y reactiva responda a la demanda de la sociedad para asegurar el respeto absoluto de sus derechos humanos, civiles y políticos. Sin embargo, por la complejidad e interdependencia de los factores que inciden en los fenómenos de la inseguridad, delincuencia y crimen organizado, así como por su diversificación, esto se ha tornado en un constante rediseño de estrategias y ejecución de acciones que permitan hacer frente a estos fenómenos y de cierta manera frenar su actuación.
Es por ello que el Estado ha enfocado sus esfuerzos en identificar y analizar los elementos y componentes que dan origen a la ejecución de los delitos con el objeto de diseñar, elaborar, organizar e implementar acciones y estrategias en materia de seguridad, bajo un esquema pluridisciplinario donde participan funcionarios y servidores públicos, intelectuales de diversas materias, personalidades del sector privado, asociaciones no gubernamentales relacionadas con el tema de la seguridad pública y la sociedad en general, pues son estos actores sociales los que desde sus diferentes perspectivas identifican clara y específicamente estos fenómenos, su consecuencia y la forma en que se les podrá hacer frente.
Este arduo trabajo, orientado en todo momento a salvaguardar el disfrute de un real y verdadero estado de derecho, ha dado como resultado reformas al marco jurídico y normativo nacional, estatal y municipal, así como implementar acciones que permitan robustecer la infraestructura y estructura orgánico-funcional y operativa de las instituciones dedicadas a procurar, vigilar y atender los asuntos en materia de seguridad pública; un ejemplo de ello es el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, celebrado el 25 de agosto de 2008, en el que se reconoció la necesidad de que los tres poderes de la unión en los tres órdenes de gobierno, deben participar conjunta y coordinadamente en una estrategia nacional en materia de seguridad pública, a efecto de advertir políticas integrales en materia de prevención del delito, inteligencia y análisis legislativo y, control de confianza y de comunicación entre otras, estableciendo entre sus premisas la "coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres poderes de la unión y los tres órdenes de gobierno…" como una condición indispensable para garantizar la seguridad pública, respetando en todo momento el marco de sus atribuciones y con una participación responsable.
No obstante, es de señalarse que este acuerdo nacional tiene sus antecedentes en otros instrumentos que el gobierno federal ha implementado para dar observancia a lo dispuesto en los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, quienes son responsables de coordinarse para cumplir los objetivos en esta materia y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre tales instrumentos se encuentran convenios generales y específicos, cuya finalidad ha sido regular la integración, organización, función y establecimiento de las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, de conformidad con los artículos 1, 4 y 18, fracciones VII y VIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, (antes artículo 11 de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública); disponiendo para ello de fondos de ayuda federal complementados con aportaciones de las propias entidades federativas y del Distrito Federal, de conformidad con lo que establece el artículo 25, fracciones IV y VII de la Ley de Coordinación Fiscal, y que hoy viene a ser fortalecido con el diverso 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Referencia de lo expuesto es que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, las entidades federativas y el Distrito Federal, suscribieron el 4 de noviembre de 1996 el Convenio General de Colaboración en Materia de Seguridad Pública para coordinar políticas, estrategias y acciones legales y administrativas necesarias para el eficaz funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del cual se han desprendido, desde aquellas fechas, convenios de coordinación entre la federación y los gobiernos estatales y del Distrito Federal para realizar acciones en materia de seguridad pública, así como acuerdos modificatorios que permiten adecuar las estrategias al entorno y requerimientos que demanda la sociedad.
Por ello, en los convenios de coordinación celebrados entre la federación y los gobiernos estatales y del Distrito Federal para realizar acciones en materia de seguridad pública, se han acordado constituir fideicomisos denominados Fondos de Seguridad Pública en donde se han depositado recursos económicos conjuntos aportados por el gobierno federal, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ramo 33) y, en su caso, por cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, para el financiamiento de las acciones en esta materia, mismos que se han adecuado año con año para optimizar la disposición de dichos recursos y continuar administrando el fideicomiso citado, el cual es destinado al desarrollo de proyectos tales como: el Sistema Nacional de Información y el Registro Público Vehicular, entre otros.
Los proyectos en referencia contemplan el suministro, intercambio y sistematización de la información sobre seguridad pública, en particular el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo; la información en apoyo a la procuración de justicia, la cual comprende el Registro Nacional de Identificación, el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales, y el registro nacional de huellas dactilares; el índice delictivo de seguridad pública, la actualización y validación de información del Registro Público Vehicular, y del registro de vehículos robados, recuperados y entregados; el cumplimiento de calidad, integridad y oportunidad de la información contenida en las bases de datos de los registros nacionales que faciliten su acceso y consulta ágil eficiente y oportuna; así como, los programas de necesidades específicas e información financiera respecto del costo de adquisición y operación de los equipos y sistemas.
Como podemos observar, desde 1996 este conjunto de acciones, entre otros más, evidentemente han expuesto un escenario factible para incrementar la oportunidad de acción contra la delincuencia y el crimen organizado, así como accedido a que la función y responsabilidades de las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial para la procuración de la justicia y la seguridad pública, sean más precisas, oportunas y expeditas.
No obstante, es indiscutible que existen ciertos elementos que impactan directamente la consecución y el logro de las metas y objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública como son:
2. El grado de accesibilidad a la infraestructura de servicios urbanos, en cada una de las localidades donde se encuentran ubicadas las instituciones vinculadas a la seguridad pública; y,
3. La disponibilidad de los recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos; así como, en el caso de los recursos económicos, el tiempo de su ejecución; et al.
A razón de lo expuesto y con el objeto de restablecer las condiciones básicas de seguridad se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que en su carácter de estrategia nacional es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, el cual viene a apoyar y reforzar los objetivos y funciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que como podemos advertir tiene entre otras políticas integrales:
b) Establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la tecnología, a fin de unificar y mejorar las comunicaciones entre las instituciones federales encargadas en la lucha frontal contra la delincuencia.
c) Implementar la operación de un módulo para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro.
d) Actualizar y regular los permisos de portación de armas de fuego y registro del personal en el cardex de Plataforma México.
e) Asegurar la cobertura del Sistema de Atención de Emergencia (066) y el Servicio de Denuncia Anónima (089).
f) Operar y mantener actualizado el Registro Público Vehicular a nivel nacional.
Segunda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece que este sistema nacional contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, por lo que éste sistema nacional estará integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, cuatro conferencias nacionales (de procuración de justicia, de secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y, de seguridad pública municipal), los consejos locales e instancias regionales, y el secretariado ejecutivo de dicho sistema; quienes, entre otras responsabilidades, tendrán por objeto dar observancia a los compromisos: segundo, fracciones X, XVII, XVIII y XIX; quinto, fracción L, y sexto, fracción LIV, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los cuales se encuentran sustentados en los numerales 2.1, 2.6 y 4.1.1 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007- 2012, donde se estableció un proyecto de alcance nacional que pondrá las tecnologías de información y telecomunicaciones al servicio de la función policial denominado Plataforma México, diseñado para equipar con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal y atender el ámbito local a los ejecutivos estatales a través de los citados convenios de coordinación, a fin de conectar a las entidades federativas y a los municipios a dicha plataforma y alinear en un solo sentido sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos en temáticas relacionadas con la profesionalización y estandarización policial, las evaluaciones de control de confianza, la prevención del delito y la atención del sistema penitenciario, a efecto de asegurar la generación homogénea de información de inteligencia policial para el combate a la delincuencia e igualmente implantar los procesos del nuevo modelo de actuación policial y los procedimientos sistemáticos de operación, debidamente homologados y certificados de acuerdo a estándares internacionales en las 32 entidades federativas y el Distrito Federal.
Tercera. Conforme a lo establecido en el artículo 18, fracciones VII, VIII, XII, XIII y XIX, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene, entre otras atribuciones, celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del sistema, así como preparar la evaluación de sus políticas, estrategias y acciones; verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, los convenios generales y específicos informando lo conducente al consejo nacional; y, presentar al consejo nacional los informes de las conferencias nacionales para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas; además de coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación, y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, en virtud de que estos fondos son un mecanismo que accede a transparentar la rendición de cuentas.
Por lo tanto, dado que:
2. Dichas acciones están previstas desde el pasado 1996 con el Convenio General de Colaboración en Materia de Seguridad Pública para coordinar políticas, estrategias y acciones legales y administrativas necesarias para el eficaz funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se encuentran ratificadas en el objetivo 4 del Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2009.
Que con base a los dos puntos anteriores y siendo el compromiso de la Cámara de Diputados el aprobar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, con base a prioridades para que el Estado cuente con recursos que hagan frente de manera eficaz a la delincuencia; requiere conocer los avances de las acciones en materia de seguridad y,
3. Ante la inseguridad del entorno, es del interés de la población encontrarse debidamente informada sobre las acciones que el gobierno federal emprende para salvaguardar la seguridad pública; así como proteger y garantizar la libertad, integridad y patrimonio de la población.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica para que informe a esta Cámara de Diputados respecto de los avances relacionados con el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre seguridad pública han generado las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 15 de abril de 2009.
Diputado Fidel Antuña Batista (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES A EMITIR LA DECLARATORIA
RESPECTO AL VALOR HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DEL CONJUNTO
DE EDIFICIOS RELEVANTES DEL CENTRO DE HERMOSILLO, SONORA, AMENAZADO DE
DEMOLICIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ
Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los diputados federales José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y Aurora Cervantes Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Una de las tareas fundamentales en el fortalecimiento de la cultura corresponde a la preservación de los inmuebles de alto valor histórico y arquitectónico, finalmente, son ellos la evidencia material del paso de la historia y resisten con su sola presencia la cultura de lo efímero, de lo inmediato y lo virtual. Resistiéndose a desvanecerse en el aire, forman parte de la vida cotidiana de las ciudades y sirven de ancla frente al paso de las transformaciones que impone la acelerada urbanización sobre el capital cultural tangible.
La ciudad de Hermosillo, Sonora, no escapa a esta situación de crecimiento urbano acelerado, la cual impone la ampliación y mejoramiento de vialidades y desplazamiento, destrucción y deterioro del patrimonio cultural. Sin embargo, creemos firmemente que pueden conciliarse las necesidades viales con la preservación de los edificios de alto valor histórico y arquitectónico e, incluso, creemos que poner por encima los intereses culturales repercute no sólo en la conservación del patrimonio histórico sino en un mayor atractivo de las ciudades y la preservación de la memoria histórica y colectiva cotidiana.
En esta ocasión, dentro de los proyectos de ampliación de la viabilidad en la calle José María Pino Suárez, en el centro de Hermosillo, se considera la destrucción de un área de probado valor histórico y arquitectónico. Cabe señalar que al respecto se han destacado una serie de irregularidades, omisiones e imprecisiones por parte del gobierno de Sonora, el cual, entre otros, no tramitó los permisos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que éste realizara los estudios correspondientes y concediera los permisos a las obras de demolición y que además contradice su Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en el cual la autoridad estatal incluyó varios apartados en los que se comprometía a preservar los edificios antiguos de las ciudades y pueblos del estado.
Ante esta situación, el INAH impidió en dos ocasiones los trabajos de demolición hasta este sábado 28 de marzo, sin embargo, a partir de entonces, el INAH ha quedado sin elementos jurídicos para impedir que el gobierno del estado demuela dichos inmuebles debido a que la mayoría de las casas fueron construidas entre 1910 y 1916 y, por tanto, salen del periodo de protección que otorga la ley que protege sólo a las casas construidas antes del siglo XX, tal como lo restringe la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 36, inciso I, que establece lo siguiente:
I. Los inmuebles construidos en los siglos del XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.
Existe pues el riesgo de perder irremediablemente una parte importante del patrimonio histórico de Hermosillo aun cuando el director del INAH en Sonora, Mario González Valenzuela, ha destacado su valor histórico y arquitectónico y que se han considerado como "edificios relevantes, con características arquitectónicas formales, espaciales y constructivas típicas de la arquitectura del siglo XIX, además de su emplazamiento en el área urbana de Hermosillo. Por tanto, los edificios citados cuentan con los atributos necesarios para ser considerados monumentos históricos" y que no pueden protegerse por las limitaciones en la definición de "monumentos históricos" y por la premura con la que se ha llevado a cabo este proceso.
Las características mencionadas de los inmuebles los convierten en candidatos para ser considerados como monumentos artísticos de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas.
Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.
Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos.
Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional.
La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos obras de autores cuya identidad se desconozca.
La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.
(Artículo reformado DOF 26-11-1984)
Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura objeciones fundadas, dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la declaratoria, que se harán del conocimiento de la Comisión de Zonas y Monumentos Artísticos y de la Secretaría de Educación Pública para que ésta resuelva.
Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se expedirá y publicará, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria definitiva de monumento o de zona de monumentos artísticos. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efecto.
(Artículo adicionado DOF 26-11-1984)
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno de Sonora y al gobierno del municipio de Hermosillo a suspender las obras de demolición del conjunto de edificios relevantes situados en la calle José Maria Pino Suárez.
Segundo. Se exhorta a las autoridades competentes a readecuar las necesarias obras de vialidad en función al respeto del patrimonio cultural que representan esos inmuebles.
Tercero. Se pide al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que intervengan de forma coordinada para salvaguardar estos ejemplos de la memoria arquitectónica de la capital de Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputados: José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera, Aurora Cervantes Rodríguez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONADE QUE IMPLANTE UN PROGRAMA NACIONAL
DE APOYO PARA LOS DEPORTISTAS AMATEUR, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL
CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La UNESCO (1989) ha declarado que el deporte es la actividad específica de competición en la que se valora intensamente la práctica de ejercicios físicos con vistas a la obtención, por parte del individuo, del perfeccionamiento de las posibilidades morfofuncionales y psíquicas, conectadas con un récord en la superación de sí mismo o de su adversario1.
A pesar de lo anterior, en México actualmente no existen los apoyos adecuados para lograr el pleno desarrollo del deporte competitivo en sus diferentes etapas como son: el deporte amateur, el deporte federado, el deporte de alto rendimiento o alto nivel y el deporte profesional.
Éstos son la base fundamental del deporte de elite, entendiéndolo como el desarrollado por deportistas que obtienen medallas mundiales u olímpicas y quienes sólo al obtener resultados deportivos sobresalientes logran conseguir ciertos apoyos, que son indispensables para lograr sus fines durante toda su trayectoria deportiva y no sólo en la consolidación de ella.
Aunado a lo anterior, el deporte en México no cuenta con una estructura adecuada que posibilite brindar una continuidad de las actividades físicas que se realizan en la educación básica y que al menos se deberían hacer extensivas hasta los niveles de educación superior, lo cual no sucede porque sólo hasta la escuela secundaria se considera a la educación física como parte de los programas educativos, además de que ésta es muy elemental y limitada por el poco tiempo que se le dedica a la semana.
Así no se logra el perfeccionamiento de alguna de las múltiples disciplinas existentes y se termina con la actividad física más o menos regular del mexicano.
Por ello la situación del deporte amateur en el país es realmente preocupante, ya que la falta de una actividad física contribuye al deterioro de la salud de los mexicanos, por lo que no resulta extraño el número de padecimientos cardiacos, diabetes, obesidad, sobrepeso, alcoholismo o drogadicción, que padecen miles de mexicanos.
La promoción y fomento del deporte amateur debe representar un eje rector de las políticas públicas del país, toda vez que la práctica de éste permite la formación de generaciones saludables y vigorosas. De ahí la imperiosa necesidad de que se establezcan políticas que permitan su pleno desarrollo, con el fin de apoyar, promover y reconocer la función del deporte en México.
Dentro de la estructura político-administrativa del Estado mexicano; contamos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que fue creada mediante decreto publicado el 24 de febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, el cual se concibe como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, que se le define como el conductor de la política nacional en materia de cultura física y deporte, contando con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Por otra parte la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece en el artículo 29, las atribuciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, destacando la que a continuación se indica:
Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte».
En este contexto la Conade, se ostenta como el organismo encargado de fomentar y promover la cultura física, la recreación y el deporte en el país para que los mexicanos podamos hacer ejercicio sistemáticamente, ocupar positivamente nuestro tiempo libre así como practicar habitualmente un deporte; lo anterior para que los mexicanos elevemos nuestra calidad de vida, pero sobre todo, para: ser más competitivos y aprendamos a trabajar en equipo, dando como resultado, el que México cuente con deportistas exitosos.2
A pesar de dicha declaración mediática, la realidad que se vive en el contexto deportivo mexicano es otra; ya que la mayoría de la población no tenemos acceso a la práctica deportiva por no existir instancias y programas adecuados los cuáles contemplen los recursos necesarios que el deporte requiere, como son espacios adecuados y suficientes para las diversas disciplinas, apoyo de técnicos, de entrenadores deportivos especializados, de médicos del deporte de administradores deportivos, de psicólogos deportivos, de metodólogos deportivos y por supuesto asistencia económica para los deportistas de nivel amateur. Los grandes triunfos a nivel amateur son producto del esfuerzo e inversión personal, y no de un verdadero trabajo coordinado por parte de las instituciones competentes en materia del deporte que existen en el Estado mexicano, que apoye desde sus inicios a nuestros niños y jóvenes; válgase referir en este contexto los éxitos que ha cosechado la selección femenil de Chiapas, en su categoría infantil mayor y juvenil menor, la cual desde el año de 2007, ha conquistado 2 campeonatos regionales, 1 subcampeonato regional y un tercer lugar nacional; a pesar de los escasos o casi nulos apoyos que recibe.
Definitivamente es función de todos lograr mejores resultados en el deporte de México, los organismos encargados de promover el deporte deben cuidar las instalaciones deportivas existentes y apoyar la construcción de más espacios, la organización de más actividades que permitan la sana competencia, y crítica constructiva para la corrección oportuna de los defectos, la detección y canalización de los talentos deportivos y su seguimiento para fomentar sus capacidades, tanto intelectuales como atléticas, la capacitación permanente de personal profesional como entrenadores, preparadores físicos, médicos del deporte, nutriólogos, psicólogos, entre otros.
El deporte amateur en México ha sido una de las áreas menos favorecidas por las políticas económicas, sociales y culturales del país, olvidando por completo que la práctica del deporte es un extraordinario instrumento para el desarrollo integral de las personas. Su objetivo ha de ser que todos, pero especialmente los jóvenes y los niños, reconozcamos el valor del esfuerzo y del logro, pero más aún, del triunfo.
Sería muy triste que una materia tan noble como lo es el deporte amateur no pudiera crecer, fortalecerse y generar beneficios por la falta de apoyos, programas y acciones de las instituciones.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que implante, con la mayor brevedad, un programa nacional de apoyo para los deportistas amateur.
Notas
1. Sáenz de la Maza, Sandalio, "Las posibilidades
del Deporte", en la revista Examen, número 170, año
XIX, abril de 2009, página 26.
2. http://www.conade.gob.mx/conade_11/conade_10.asp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LOS SECRETARIOS DE ESTADO, A AUTORIDADES Y A LÍDERES
SINDICALES A ALCANZAR LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA FINALIZAR LA HUELGA
QUE AFECTA AL COLEGIO DE POSTGRADUADOS Y RESOLVER EL EMPLAZAMIENTO A HUELGA
DEL INCA RURAL, AC, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Carlos Ernesto Navarro López, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al dialogo a las partes involucradas en el conflicto laboral del Colegio de Postgraduados, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
El Colegio de Postgraduados institución de enseñanza e investigación y servicios en ciencias agrícolas, inicia sus actividades en la Escuela Nacional de Agricultura el 22 de febrero de 1959, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de ese año. Con el propósito de impartir cursos de maestría y doctorado en ciencias agrícolas.
En 1979 se convierte en un organismo público descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El 23 de julio de 2001 es reconocido como centro público de investigación por la Sagarpa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Actualmente cuenta con 20 postgrados de investigación de calidad 16 de ellos consolidados, 2 en desarrollo, 1 a nivel internacional así como 5 maestrías tecnológicas, contando con 1 campus en Campeche, 2 en el estado de México, 1 en Puebla, 2 en Veracruz, 2 en Tabasco y 1 en San Luis Potosí.
El Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (Siacop) esta en huelga desde el 15 de febrero y el Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados (Sintcop) desde el 2 de marzo del presente año.
El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC, es una asociación civil constituida en noviembre de 1973, con carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Dentro de sus atribuciones están: el diseño, ejecución y evaluación de programas de formación intensiva de cobertura nacional, con prioridad en municipios y regiones de alta marginalidad, para desarrollar capacidades en los prestadores de servicios profesionales, en los coordinadores de desarrollo rural, en grupos prioritarios, organizaciones sociales, empresas, servidores públicos federales, estatales y municipales; que les permitan identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos de desarrollo, que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales para una mejor inserción en las cadenas productivas, agregación y retención de valor, así como acceder a mejores condiciones de ingreso y vida.
El Sindicato de Trabajadores del Inca Rural (Stinca), emplazó a huelga en demanda de 18 por ciento de incremento salarial.
La fecha inicial de su emplazamiento fue el 15 de marzo, prorrogando ante la falta de una respuesta satisfactoria al 15 de abril. A pesar de que la composición del sindicato es de docentes y administrativos, la Sagarpa está dando un trato diferenciado en relación con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. El Stinca demanda el otorgamiento de un bono de 9 mil pesos en compensación por el alto deterioro salarial.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, así como a las autoridades del Colegio de Postgraduados y del Inca Rural, AC, y a los Sindicatos Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados, Independiente de Trabajadores del Colegio de Postgraduados, y de Trabajadores del Inca Rural, a alcanzar los acuerdos necesarios con objeto de poner fin a las huelgas que afectan al Colegio de Postgraduados así como al emplazamiento de huelga en el Inca Rural.
Segundo. Asimismo, exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens y al de Trabajo y Prevención Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, así como al director general del Colegio de Postgraduados, doctor Félix Valerio González Cossío y a la directora general del Inca Rural, AC, licenciada Leticia Rosalía Deschamps Solórzano, a concluir los trámites correspondientes para la homologación de sueldos de los académicos del Colegio de Postgraduados con sus pares del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la homologación de prestaciones con los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en relación con los trabajadores administrativos, compromiso firmado por el colegio desde 1996, respeto a las disposiciones contractuales y reglamentarias en materia de notificación de las plazas vacantes, ascensos escalafonarios o vía la reclasificación, el cumplimiento del acuerdo de creación de nuevas plazas asignadas al sindicato y el otorgamiento de un bono de 12 mil pesos a cada trabajador del sindicato del Inca Rural.
Tercero. Se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, a que se realicen de inmediato los estudios gestiones y trámites correspondientes a efecto de dar inicio a un programa de recuperación salarial de los trabajadores académicos y administrativos del Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Chapingo y del Inca Rural, AC.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA DESTITUCIÓN DEL DIPUTADO ECTOR JAIME RAMÍREZ
BARBA COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD, SUSCRITA POR DIPUTADOS
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, DEL PRD Y DEL PVEM
Los suscritos, diputados Lorena Martínez Rodríguez, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Tomás Gloria Requena, Nemesio Domínguez Domínguez y Daniel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Holly Matus Toledo, Maricela Contreras Julián, Fernando Enrique Mayans Canabal, Efraín Morales Sánchez, Roberto Mendoza Flores, Joaquín Conrado de los Santos Molina y Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; y Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, todos integrantes de la Comisión de Salud de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La democracia se ha ido construyendo en México de tal manera que las confrontaciones ideológicas, jurídicas o políticas se han ido dirimiendo en las urnas o en los debates parlamentarios, procesos en los que la civilidad debe pautar los acuerdos.
Sin embargo, aquéllos que se han colgado mediáticamente de la defensa de los valores del consenso democrático son los menos dispuestos a convertir sus dichos en hechos.
Ese es el caso acontecido el 1 de abril de 2009, cuando en pleno desacato a las normas del quehacer legislativo, el presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados burdamente instruyó romper el quórum de una sesión de dicho órgano, asumiendo funciones exclusivas del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al invocar los artículos 106 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reservados exclusivamente para esta Cámara.
Cabe mencionar que en la Gaceta Parlamentaria del jueves 26 de marzo del presente año fueron publicadas las convocatorias para la vigésima octava reunión de la mesa directiva de la Comisión de Salud, la cual se llevaría a cabo el 1 de abril a las 14:00 horas.
De la misma manera, en dicha publicación se convocó para la vigésima octava reunión del pleno de la Comisión de Salud el 1 de abril a las 16:00 horas.
La reunión de mesa directiva se realizó en tiempo y forma, asistiendo todos los integrantes que la conforman. En ella se llevaron a cabo acuerdos importantes, como fue el relacionado con la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, en materia de medicamentos biotecnológicos.
En el mismo sentido se trató el proyecto de dictamen que reforma los artículos primero y tercero a quinto transitorios del decreto de reforma del artículo 376 de la Ley General de Salud, con el acuerdo que se sometería al pleno de la comisión en positivo, con dos posicionamientos, uno a favor y otro en contra de éste, para después someterlo a votación.
Entre otros proyectos de dictamen que se discutieron en la reunión de mesa directiva de la Comisión de Salud que transitó con la civilidad acostumbrada.
Tal como se señaló, la reunión del pleno de la Comisión de Salud dio inicio alrededor de las 16:15 horas, declarando la asistencia de 18 diputados, con lo que se establecía el quórum reglamentario y la legalidad de la reunión.
El primer proyecto de dictamen que se puso a consideración del pleno fue el relacionado con la adición del artículo 222 Bis de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos biotecnológicos. Dicho predictamen fue aprobado por unanimidad.
El segundo asunto que se discutió fue el que reforma los artículos transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud. Expusieron su posicionamiento las diputadas Lorena Martínez Rodríguez (PRI) a favor y Adriana Rebeca Vieyra Olivares (PAN) en contra. No obstante hubo otras solicitudes de hacer uso de la palabra sobre el tema. Los diputados Fernando Enrique Mayans a favor, Efraín Morales Sánchez a favor y Ector Jaime Ramírez Barba en contra.
Una vez agotados los oradores se esperaba que el presidente de la comisión sometiera a consideración del pleno la aprobación o no del proyecto de dictamen de la reforma de los artículos transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud; sin embargo, de una manera inesperada para todos, invocando los artículos 106 y 109 del Reglamento del Congreso, dio por terminada la sesión por no haber el quórum reglamentario. Previamente, poco a poco, los integrantes del Partido Acción Nacional se fueron retirando de la sesión, con la clara intención de tener un argumento para "reventar esta reunión".
La reacción de los diputados que permanecimos fue de indignación, le reprochamos al presidente de la comisión su comportamiento inusual y la falta de respeto para todos nosotros. Le exigimos que continuara la sesión y llevara a cabo la votación del proyecto de dictamen en comento.
El presidente hizo caso omiso del reclamo de los presentes. Incluso pidió a la secretaria de la comisión, Beatriz Manrique, del PVEM, que ilustrara a la asamblea leyendo los artículos 106 y 109 del reglamento, quien le señaló que lo haría pero antes le hizo ver que la reunión se había instalado con el quórum legal y que no había razón jurídica para declarar cancelada esta sesión.
Finalmente el presidente dio por cancelada la reunión, con base en los artículos 106 y 109 del Reglamento del Congreso, violentando con ello dicha normatividad, toda vez que, como ya lo señalamos, estos artículos sólo son reservados para el Presidente de la Mesa Directa de la Cámara de Diputados y se refieren a las sesiones de la asamblea del Pleno de la Cámara.
Quienes practicamos el ejercicio parlamentario sabemos que unas veces se gana y otras se pierde; siempre y cuando ello ocurra en las mesas y foros que prevé nuestra reglamentación legislativa. Una táctica que rehúya el debate y violente las normas que nos hemos dado jamás será legítima ni legal.
México es una nación que padece más los embates de la crisis económica mundial y es también de los países que sufre grandes carencias sanitarias; así es que escurrirse de una acción de esta naturaleza, relativo a los registros de medicamentos, es tanto como volver las espaldas a un grave problema de salud pública.
Todos sabemos que en 2005 fue reformado el artículo 376 de la Ley General de Salud, estableciendo que los registros sanitarios tendrían una vigencia de 5 años renovables a juicio de la Secretaría de Salud.
Y también que en enero de 2008 fueron publicados parcialmente los lineamientos, pruebas y formatos para la renovación de los registros sanitarios, sin plazos ni programaciones para su renovación. Problemática que se complicó cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios agregó el requisito de visita in situ.
Hoy día existen 10 mil registros sanitarios, de los cuales mil 500 son considerados como innovadores y 8 mil 500 genéricos, los cuales para su renovación necesitan los estudios de bioequivalencia e intercambiabilidad, que se llevarían a cabo en 5 años y que sin la reforma a la que hemos hecho alusión se pretenden hacer en un año. Es por ello que se necesita otorgar certidumbre jurídica.
Por lo anterior los diputados que suscribimos este punto de acuerdo solicitamos a la Junta de Coordinación Política que, en ejercicio de sus atribuciones y con fundamento en los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 43, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicitamos a la Junta de Coordinación Política y, por su conducto, al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la separación del diputado Ector Jaime Ramírez Barba de su cargo como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con motivo de hechos graves que atentan contra el proceso civilizado de la discusión al interior de dicho órgano parlamentario.
Segundo. Que el Pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, tenga a bien nombrar al nuevo presidente de la Comisión de Salud, esto con la finalidad de realizar los trabajos que de manera puntual ha venido desarrollando esta comisión
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputados: Lorena Martínez
Rodríguez (rúbrica), Elizabeth Morales García, Daniel
Gurrión Matías, Tomás Gloria Requena, Nemesio Domínguez
Domínguez, Gilberto Ojeda Camacho, Holly Matus Toledo (rúbrica),
Maricela Contreras Julián (rúbrica), Fernando Enrique Mayans
Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Joaquín Conrado de los
Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara
(rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR A ATRAER LA AVERIGUACIÓN PREVIA
NÚMERO GALE/ATOY/02/128/2008 E INVESTIGAR SOBRE LA DESAPARICIÓN
DE SIETE CIUDADANOS ORIGINARIOS DE MICHOACÁN SUSCITADA EL 29 DE
AGOSTO DE 2008 EN ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, con el objeto de solicitar al procurador general de la República, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, que investigue la desaparición de siete ciudadanos mexicanos originarios estado de Michoacán, suscitada el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez Guerrero, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 25 de septiembre del presente año se presentó en esta Cámara de Diputados Rafael Trujillo Herrera, para pedir que, en mi calidad de diputado federal y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, realizara gestiones ante diversas autoridades, a efecto de solicitarles se hicieran las investigaciones pertinentes en relación a la desaparición el 29 de agosto de 2008 de siete ciudadanos originarios de Michoacán (dos de sus hermanos y cinco ciudadanos más), en Atoyac de Álvarez de Guerrero.
Rafael Trujillo Herrera me comunicó que, debido a que Jesús Salvador Trujillo Herrera y Raúl Trujillo Herrera, así como sus compañeros de trabajo Luís Carlos Barajas Alcázar, Joel Franco Águila, José Luís Barajas Díaz, Flavio Alejandro Higareda y Rafael Cervantes Rodríguez, originarios todos de Michoacán, desaparecieron el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por lo que acudió el 31 de agosto de 2008 a la agencia del Ministerio Público de Atoyac de Álvarez, distrito judicial de Galeana, Guerrero, a levantar denuncia de hechos, integrándose la averiguación previa número GALE/ATOY/02/128/2008.
Me comunicó también que, en virtud de que las autoridades del estado no actuaban de manera expedita, y no agilizaban las investigaciones, los familiares de las personas desaparecidas decidieron comunicarme su problema, para que en mi calidad de representante popular realizara las gestiones necesarias, con el propósito de ubicar el paradero de los compañeros desaparecidos.
Ante lo delicado de esta situación procedí a enviar comunicados a distintas autoridades y funcionarios tanto de Guerrero, como de Michoacán, solicitándoles su intervención con el propósito de que las investigaciones que llevaran a cabo fueran lo más ágiles y expeditas posibles
Al respecto es pertinente enumerar dichos comunicados:
El 7 de octubre de 2008 le envié un documento al licenciado Eduardo Murueta Urrutia, procurador general de Justicia de Guerrero, solicitándole su valiosa intervención para que pudiera girar instrucciones a efecto de que pudieran reactivarse las investigaciones relacionadas con la desaparición de los compañeros mencionados, con el propósito de que los denunciantes pudieran conocer su ubicación o paradero.
El 7 de octubre de 2008 giré oficio a Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional de Guerrero, comunicándole sobre la desaparición de los citados ciudadanos, y haciéndole una respetuosa petición para que interviniera en este asunto, y girara instrucciones a las autoridades correspondientes con el objeto de reactivar las investigaciones relacionadas con la desaparición de los compañeros mencionados, a efecto de que los familiares supieran la ubicación o paradero de los de siete personas originarias de Michoacán desaparecidas desde el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
El 7 de octubre de 2008 emití un comunicado por escrito al maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador constitucional de Michoacán, solicitándole respetuosamente que realizara gestiones ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, a efecto de que se agilizaran las investigaciones de la denuncia de hechos número: GALE/ATOY/02/128/2008, relativa a la desaparición de los siete ciudadanos mencionados, con el objeto de poder saber su ubicación o paradero.
El 7 de octubre de 2008, envié documento al licenciado Miguel García Hurtado, procurador general de Justicia de Michoacán, planteándole que en virtud de que los desaparecidos son originarios de Michoacán, era necesaria su intervención a efecto de solicitar al licenciado Eduardo Murueta Urrutia, procurador general de Justicia de Guerrero, la reactivación de las investigaciones de la averiguación previa penal mencionada, y saber la ubicación o paradero de los siete desaparecidos.
Asimismo, el 8 de octubre de 2008, le envié documento al doctor José Luís Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informándole sobre la desaparición de estos compañeros, y pidiéndole su intervención para que se realizaran las recomendaciones pertinentes a la Procuraduría General de Guerrero, con el propósito de que se reactivaran las investigaciones relativas a la desaparición de los siete ciudadanos originarios de Michoacán desaparecidos.
El 9 de octubre de 2008 emití un comunicado a la licenciada Esmeralda García Cervantes, agente del Ministerio Público, investigador de la Agencia Primera de Jiquilpan, de Michoacán, pidiendo su intervención a efecto de que solicitara a la Procuraduría General de Guerrero la agilización de las investigaciones relativas a la denuncia de hechos, contenida en la averiguación previa número: GALE/ATOY/02/128/2008, radicada en Atoyac de Álvarez.
Finalmente, el 21 de octubre de 2008 le envié un documento al licenciado Fernando Monreal Leyva, agente del Ministerio Público especializado para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero; comunicándole que el 21 de octubre de 2008 recibí un fax procedente de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, en donde la licenciada Australia Téllez Martínez, agente del Ministerio Público de Atoyac de Álvarez, me comunica que por acuerdo ministerial tomado en dicha procuraduría, le fue remitida al licenciado Monreal Leyva, la averiguación previa número GALE/ATOY/02/128/2008, a efecto de continuar con las investigaciones relativas a la desaparición de las siete personas originarias de Michoacán, por lo cual le solicité la agilización de las investigaciones de dicha averiguación previa, con el objeto de conocer o dar con el paradero de los mencionados desaparecidos.
Han pasado seis meses desde que envié a las autoridades mencionadas diversos comunicados, pidiéndoles la agilización de las investigaciones relacionadas con este asunto, sin que hasta la fecha el Ministerio Público especializado en delitos graves haya entregado a los interesados y a un servidor algún resultado concluyente de sus investigaciones, que permita ubicar el paradero de los siete desaparecidos. Por esta razón, Juan Carlos Trujillo Herrera, Rafael Trujillo Herrera y Jorge Ochoa Silva, familiares de los desaparecidos presentaron formal denuncia de hechos por escrito en la Procuraduría General de la República, en Chilpancingo, Guerrero, el 24 de enero de 2009, solicitando su intervención para la realización de las investigaciones pertinentes. La Procuraduría General de la República solamente les recibió dicha denuncia pero no les ha dado número de averiguación previa, diciéndoles a los denunciantes que iban a analizar si era procedente o no que interpusieran allí dicha denuncia, sin que a la fecha hayan recibido respuesta alguna.
Este panorama nos ha llevado a llegar a las siguientes conclusiones:
2. Resultado de las incipientes investigaciones que ha llevado a cabo esta agencia ministerial del fuero común, los familiares consideran que los hechos relacionados con la desaparición de los compañeros mencionados pudieran estar relacionados con delincuencia organizada, por lo que es de su interés que la averiguación previa número GALE/ATOY/02/148/2008, sea turnada a la Procuraduría General de la República, para que esta lleven a cabo las investigaciones pertinentes.
3. La solicitud de que la Procuraduría General de la República sea quien investigue este asunto, está motivada y fundada de conformidad con lo establecido en el artículo 4 , inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que a la letra dice:
"Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
b) Investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción, conforme a las normas aplicables con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 20 de esta ley, y otras autoridades, tanto federales como del Distrito Federal y de los estados integrantes de la federación, en los términos de las disposiciones aplicables y de los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren".
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía del honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar al licenciado Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, procurador general de la República, que en el ámbito de sus facultades, y en aplicación del artículo 4, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, atraiga la averiguación previa GALE/ATOY/02/128/2008, radicada actualmente en el fuero común, a efecto de que sea la Procuraduría General de la República quien realice las investigaciones sobre la desaparición de siete ciudadanos mexicanos, originarios de Michoacán, suscitada el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el objeto de ubicar su paradero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE DÉ RESPUESTA AL EXHORTO RELATIVO
A LOS PROVEEDORES NACIONALES DEL CARBÓN MINERAL Y LA HOMOLOGACIÓN
INMEDIATA DEL PRECIO DE COMPRA DE DICHO MINERAL, A TRAVÉS DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS Y LA CFE, RESPECTO AL PRECIO QUE SE PAGA A LOS
PROVEEDORES EXTRANJEROS, A CARGO DEL DIPUTADO JERICÓ ABRAMO MASSO
Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, y diputados abajo firmantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Con fecha 26 de agosto del año 2008, el Congreso de Coahuila emitió un punto de acuerdo en el que exhorta a esta soberanía a acompañarlos en las acciones conducentes para solicitar que la política de adquisiciones de carbón mineral por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea modificada y se dé un trato igual al consumo del carbón producido en Coahuila, pagándose a los productores nacionales, los mismos precios que CFE paga por el carbón proveniente del extranjero; como respuesta a esta solicitud, el 25 de septiembre de 2008 diversos grupos parlamentarios presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo por el cual se exhortaba a los secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y de la Función Pública a intervenir ante la Comisión Federal de Electricidad para que en la política de adquisiciones de materias primas se apoye a los productores nacionales de carbón.
Al día de hoy esta honorable soberanía no ha recibido contestación alguna por parte de las dependencias exhortadas, ni se ha dado ninguna solución al conflicto; lo cual ha derivado en un paro de labores por parte de los Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón, que aglutinan a los carboneros en Coahuila, en demanda porque la CFE se niega a homologarlos con el precio que paga por el carbón a las empresas extranjeras, lo cual ha ocasionado pérdidas que se estiman superan los 400 millones de pesos, tanto por la falta de derrama económica en los municipios de la región carbonífera, así como a proveedores de las centrales carboeléctricas José López Portillo y Carbón Dos de la Comisión Federal de Electricidad, que generan el 10 por ciento de la electricidad del país.
La situación se agrava, si consideramos que por los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Progreso y Sabinas han dejado de circular más de 60 millones de pesos, que benefician a toda la región carbonífera.
En tanto, el gobierno estatal ha anunciado un apoyo de 100 millones de pesos y, mediante el Fondo de Garantía Minera de Coahuila, ya entregó a 50 productores de carbón seis millones de pesos a fin de que mantengan sus actividades de producción y no recurran al despido de personal mientras permanece el conflicto con la CFE.
Cada productor recibirá entre 100 mil y 200 mil pesos, que les ayudarán en el pago de salarios, mantenimiento de instalaciones mineras, compra de insumos, así como a cubrir adeudos con proveedores y prestadores de servicios.
La CFE requiere cada año de unas 10 mil toneladas de carbón para las plantas carboeléctricas que opera en el municipio de Nava. Pequeños y medianos productores abastecen de 30 a 40 por ciento del mineral. La paraestatal compra el carbón a los productores locales a 52 dólares por tonelada (697.84 pesos aproximadamente), cuando el precio internacional del producto se ubica en 127 dólares (mil 704.34 pesos).
Por lo anterior descrito, presento a esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Artículo Primero. Se exige al Ejecutivo federal de respuesta al exhorto presentado por esta soberanía y aprobado por unanimidad, de manera urgente, el pasado día 25 del mes de septiembre de 2008, con respecto a los proveedores nacionales de carbón mineral.
Artículo Segundo. Se solicita al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que decrete la homologación inmediata del precio de compra del carbón mineral mexicano por parte del gobierno federal, a través de las diferentes dependencias y la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, con respecto al precio de compra que se paga a los proveedores extranjeros de carbón puesto en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2009.
Diputados: Jericó Abramo
Masso, Carlos Rojas Gutiérrez, Enrique Serrano Escobar, Arnoldo
Ochoa González, Ismael Peraza Valdez, María Beatriz Pagés
Llergo Rebollar, Horacio Emigdio Garza Garza, Lourdes Quiñones Canales,
Jesús Manuel Patrón Montalvo, Jorge Mario Lescieur Talavera,
Víctor Manuel Virgen Carrera, Jesús Sergio Alcántara
Núñez, Gustavo Fernando Caballero Camargo, Lorena Martínez
Rodríguez, Luis Daniel Gurrión Matías, José
Jesús Reyna García, Roberto Badillo Martínez, Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo, Samuel Aguilar Solís, Roberto Efrén
Cerezo Torres, Sergio Sandoval Paredes, Daniel Amador Gaxiola, José
Rosas Aispuro Torres, Diego Aguilar, Alfredo Adolfo Ríos Camarena,
Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Miguel Rivero Acosta, Arely Madrid
Tovilla, Alicia Rodríguez Martínez, Martha Rocío Partida
Guzmán, José Edmundo Ramírez Martínez, Narcizo
Alberto Amador Leal, Octavio Fuentes Téllez, Luis Enrique Benítez
Ojeda, Wenceslao Herrera Coyac, Mayra Gisela Peñuelas Acuña,
Adolfo Mota Hernández, Héctor Hugo Olivares Ventura, María
Mercedes Colín Guadarrama, Emilio Antonio Gamboa Patrón (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SENER Y A PEMEX A CONSIDERAR QUE
LA NUEVA REFINERÍA IMPULSADA POR EL GOBIERNO FEDERAL SE CONSTRUYA
EN LA ZONA INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA
GLORIA RASGADO CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Resolver el abasto de combustibles, ser autosuficiente en producción de gasolina y revertir la importación que provoca dependencia del exterior, son tareas fundamentales para el Estado mexicano y convocan a los diversos sectores sociales a aportar propuestas para el desarrollo de proyectos en materia energética.
Cuando se planteó la reforma energética, hace un año, el gobierno federal tocó el problema de la producción de gasolinas. Diseñó un esquema en el que se construirían cuatro refinerías en lugares estratégicos del país y advirtió que la inversión debería ser con capital privado. Ello conllevaría la modificación del esquema constitucional; reformas del artículo 27 de la Carta Magna que relajarían la rectoría del Estado en materia de energéticos; establecer nuevas reglas en la inversión; y el punto crucial: concretar por la puerta trasera una virtual privatización de la industria petrolera.
De cada 100 litros de gasolina que se consumen en el país, 40 son importados. Sólo las refinerías de Cadereyta y Madero han alcanzado cierto grado de competitividad debido a los procesos de reconfiguración. Sin embargo, en el caso de Cadereyta, un litigio con el contratista ha provocado un gravísimo daño patrimonial a Pemex.
Ahí se planteó el desproporcionado incremento en la importación de gasolinas. En 2004, la cifra fue de 5 mil 500 millones de dólares, y para el año 2007 se había incrementado a 16 mil 800 millones de dólares. A ese paso, y de no tomarse medidas inmediatas, el crecimiento de las importaciones será de 50 por ciento más de lo que actualmente se compra al exterior.
En esos foros se expuso además la problemática derivada de los productos residuales generados por las refinerías. Existe incapacidad para atender el mercado nacional de las gasolinas; es limitada la producción de queroseno y diesel, y prácticamente está en crisis la producción de combustóleo.
Esto nos lleva a un tercer escenario. Al no generar combustóleo suficiente, la operación de las plantas generadoras de energía eléctrica se debe realizar con gas natural, que tampoco es producido de manera suficiente y que nos ha llevado a incrementar su importación.
El ingeniero José Felipe Ocampo Torrea, ingeniero químico especialista en la materia, jubilado de Petróleos Mexicanos y perito en petróleo y petroquímica, alertó sobre la inconveniencia de fomentar proyectos que incidan en la importación de gas pues esto nos hará más dependientes del extranjero.
Ante ese panorama, y en el caso concreto de la producción de gasolinas, la movilización popular y el debate social dio pauta a la realización de foros de discusión, auspiciados por el Senado de la República, que permitieron conocer, analizar y reflexionar sobre la urgente necesidad de construir nuevas refinerías, y plantearon la disyuntiva de hacerlo bajo la rectoría del Estado y al amparo de los proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos o concesionándolas al capital privado.
Especialistas en el tema aportaron un sinnúmero de conceptos, ideas y opciones para afrontar el reto de la autosuficiencia en materia de gasolinas, y coincidieron en la gran paradoja que representa que México sea un país petrolero pero con gran dependencia del extranjero en el abasto de combustibles.
Fue evidente que en esos foros se impusieron dos criterios: que el gobierno desechara la propuesta de construir refinerías con capital privado y que el uso de la infraestructura actual permitiría realizar la construcción a un bajo costo. El peso moral de sus reflexiones fue determinante en las propuestas de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos para modificar la propuesta del gobierno federal y que la reforma energética eliminara la posibilidad de que el capital privado construya refinerías en México.
Frente a la urgente necesidad de abatir el rezago en producción de gasolinas, el gobierno federal ha decidido impulsar la construcción de una nueva refinería con capital nacional. Cumpliría así tres objetivos: revertir la importación de combustibles, impulsar la generación de empleos y actuar como un motor de desarrollo.
Sin embargo, la ubicación de la nueva refinería ha provocado un debate nacional. Ha propiciado una disputa abierta entre gobernadores de entidades federativas que luchan por que en sus estados se realice el proyecto. Ha replanteado la controversia entre si debe prevalecer el criterio político o el criterio técnico para determinar la sede de esa planta industrial.
Oficialmente, el gobierno federal ha expresado que será privilegiado el aspecto técnico por sobre las razones políticas y ha establecido un mecanismo para que los gobernadores estatales acudan a exponer sus argumentos a fin de que la refinería se construya en su entidad federativa. El plazo concluye este 15 de abril.
Pese a la decisión del gobierno federal de dar voz a los gobernadores, hay testimonios documentados de que algunos de ellos han mostrado su desinterés, y en casos precisos su desdén, por atraer ese proyecto para la entidad que gobiernan con la consabida pérdida de oportunidades de desarrollo para sus representados.
Ante ello, esta diputación federal se hace portavoz de los criterios de trabajadores de la industria petrolera de la región sur de Veracruz, quienes exponen las ventajas que tendría que la nueva refinería sea construida en la zona de los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos, Veracruz, lo que redundaría en una inversión de bajo costo gracias a la infraestructura existente.
El único argumento que puede determinar la ubicación de la nueva refinería es el técnico. Así pues, el sur de Veracruz reúne las condiciones óptimas para realizar un proyecto de tal dimensión; presenta infraestructura instalada en el área de los complejos petroquímicos, y permitiría concretar la construcción con una inversión menor.
El sur de Veracruz, concretamente Coatzacoalcos, es asiento de tres complejos petroquímicos: Pajaritos, Cangrejera y Morelos; una terminal marítima de altura; un sistema de almacenamiento de petróleo crudo subterráneo y varios convencionales; otro complejo petroquímico en el municipio de Cosoleacaque, y una refinería en Minatitlán.
A la par, existen puertos alternos en la margen derecha del río Coatzacoalcos; una terminal ferroviaria; una zona portuaria comercial; una Terminal aérea y un sistema carretero a base de autopistas, supercarreteras y carreteras alimentadoras.
A ello se agrega la disponibilidad de agua, vital para los procesos de producción, y espacio suficiente para instalar la planta.
Enumero a continuación las razones que sustentan su propuesta, basados en la infraestructura ya existente que proporcionan condiciones óptimas para una inversión de bajo costo:
2. Plantas criogénicas. Los complejos petroquímicos Pajaritos, Cangrejera y Morelos, en el municipio de Coatzacoalcos, cuentan con tres plantas criogénicas, que permiten realizar la separación entre el crudo y el gas asociado.
Ese proceso elimina el agua salada mediante un sistema de purga y separa también residuos de azufre, otro producto comercializable.
En Tabasco hay ocho plantas criogénicas: cinco en el complejo Cactus, una en Nuevo Pemex, una en Ciudad Pemex y una más en La Venta. Sin embargo, las de mayor producción del país son la número 5 de Cactus, Tabasco, y las tres de los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos.
Las criogénicas son básicas para la operación de las refinerías por sus sistemas de destilación.
3. Rack de tuberías. Por su diseño, los tres complejos petroquímicos cuentan con un sistema de líneas de distribución, que en términos llanos son ductos internos de comunicación. Cuenta con cuatro líneas de petróleo crudo y los oleoductos, gasoductos y poliductos interconectan a las principales plantas.
A través de ese sistema de ductos, se abastece también la industria privada.
4. Disponibilidad de espacio. Debido al abatimiento de sus procesos productivos, el complejo petroquímico Pajaritos debió parar cinco de sus ocho plantas. Algunas de ellas fueron desmanteladas y los espacios que ocupaban se hallan libres.
El complejo Morelos es el de mayor dimensión territorial. Sólo funcionan X plantas y dispone de amplios espacios que permitirían la instalación de la nueva refinería.
Para realizar ese proyecto se requieren 200 hectáreas. La zona industrial de Coatzacoalcos los tiene.
5. Títulos de concesión para explotar agua. Para la operación de los tres complejos petroquímicos, la Comisión Nacional del Agua expidió títulos de concesión a fin de explotar el líquido requerido en el proceso de producción.
Los tres complejos emplean agua proveniente del río Coatzacoalcos y río Uxpanapa, así como de la prensa Cangrejera, operada por la CNA.
La disponibilidad de agua es suficiente, de bajo costo y permitiría la operación de la nueva refinería sin mayor contratiempo.
6. Terminales marítimas. Coatzacoalcos y Salina Cruz son los dos puertos de altura con mejor ubicación geográfica para el desarrollo industrial del país. Separados tan sólo por 360 kilómetros, Coatzacoalcos se halla en el extremo del istmo de Tehuantepec, en la costa del Golfo de México; Salina Cruz se encuentra en el otro extremo, en la costa del océano Pacífico.
Salina Cruz es el puerto más importante en exportación de crudo en México y es el número uno en los llamados "de cabotaje", para la distribución de combustible por vía marítima en el Pacífico.
Coatzacoalcos dispone de la terminal marítima de Pajaritos, desde la cual se realiza la mayor exportación de petroquímicos del país. Cuenta con seis muelles y existen proyectos para su ampliación.
En la margen izquierda del río Coatzacoalcos, frente a la terminal marítima de Pajaritos, se hallan los muelles de la administración portuaria integral, que constituyen el puerto comercial.
Actualmente, la bahía de Pajaritos es dragada para llevar a cabo la ampliación de la API, lo que incrementará los espacios para el comercio marítimo y la consecuente distribución de productos.
Ante el creciente problema del robo de combustibles, mediante la ordeña de ductos, es necesario hacer énfasis en que la distribución de productos petroleros se debe realizar por vía marítima hacia los principales puertos del país. Esto garantiza el abatimiento de ese flagelo delictivo y reduce el riesgo de siniestros provocados por el crimen organizado al dañar las líneas de conducción.
7. Áreas para distribución terrestre. Los tres complejos petroquímicos cuentan con amplios espacios para el embarque de productos en unidades terrestres, los llamados "carros tanque" o pipas.
8. Almacenamiento. A 15 kilómetros de la zona de complejos petroquímicos, se halla el área de almacenamiento subterráneo de Tuzandépetl, en Ixhuatlán del Sureste. Se trata de cavernas naturales en los que se realiza el depósito de petróleo crudo. Tuzandépetl es el mayor sistema de almacenamiento en su tipo en Latinoamérica.
A la par, la zona industrial dispone de espacios en los municipios de Coatzacoalcos y Nanchital mediante tanques de almacenamiento convencionales.
9. Quemadores. La zona industrial de Coatzacoalcos cuenta con quemadores de fosa y quemadores sin humo, que evitan que el almacenaje de residuos y el riesgo de suscitar un percance. El sistema de incineración del complejo petroquímico Pajaritos es único en todo el país, incluso certificado por organismos internacionales e instituciones universitarias de prestigio.
10. Sistemas administrativos. A lo largo de 40 años, la zona industrial de Coatzacoalcos ha desarrollado un amplio sistema de administración para la operación de sus complejos petroquímicos. El personal capacitado goza de sobrada experiencia en el manejo administrativo.
11. Servicios auxiliares.
Generación de energía eléctrica. A la fecha, el complejo petroquímico Pajaritos genera 70 megavatios por año, de los cuales aporta 20 megavatios a la Comisión Federal de Electricidad. Entre los complejos Cangrejera y Morelos generan 300 megavatios por año.
Tratamiento de agua. Los complejos petroquímicos disponen de mecanismos para el tratamiento de sus aguas residuales, lo que les permite evitar daños al medio ambiente.
Torres de enfriamiento.
Unidades desmineralizadotas. Permiten que en el proceso de producción se emplee agua pura, libre de minerales, para la generación de vapores, a 9, 15, 35, 40 y 80 kilogramos de presión.
Sistemas contra incendio. Los tres complejos petroquímicos cuentan con equipo contra incendio
Talleres de mantenimiento. En los tres complejos petroquímicos se cuentan con diversos talleres de mantenimiento, tanto para las partes de las plantas como para las unidades móviles que intervienen en los procesos de producción. El personal especializado garantiza los mejores márgenes de seguridad.
Servicio médico. Cada complejo dispone de servicios médicos.
Puertos auxiliares. Nanchital se cuenta con un puerto de cabotaje que es parte de la administración portuaria municipal, primera en su tipo en Veracruz. Dispone de muelles, espacios para reparación embarcaciones, bodegas y áreas administrativas. Otro caso es el de congregación de Villa de Allende, en Coatzacoalcos, que se halla en la margen derecha del río Coatzacoalcos, siendo la población más cercana a la zona industrial.
Suministros. Manufacturas y alimentos provienen esencialmente del Distrito Federal. Parte de la energía eléctrica procede de las presas de Chiapas y de la subestación eléctrica de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz.
Industria pesada. A 300 kilómetros se encuentra el puerto de Veracruz, sede de la empresa Tamsa, principal productora de tubos; así mismo, existen grandes fundidoras e importadoras de partes para la industria
12. Generación de empleo. Como ocurrió en los años ochenta, la construcción de los complejos Cangrejera y Morelos fue el detonante del desarrollo en la región. Se crearon decenas de miles de empleos durante la etapa de construcción y a la fecha las plantas son operadas por miles trabajadores, entre ejecutivos, especialistas, empleados y obreros.
Ese personal, de experiencia y capacidad valiosas para Pemex, es susceptible de ser contratada en la nueva refinería, dadas las atribuciones del Corporativo para disponer del personal.
Coatzacoalcos es zona libre de huracanes y la zona industrial difícilmente sufre inundaciones. No es zona de recursos naturales protegida y tampoco se registra actividad volcánica.
Desventajas de otras regiones
Ante las ventajas que ofrece la zona industrial de Coatzacoalcos, otras propuestas resultan inconvenientes.
Señalo, por ejemplo:
Tabasco. Es susceptible de inundaciones, como ocurre año tras año. Sólo cuenta con dos criogénicas: en La Venta y en Nuevo Pemex.
Tuxpan, Veracruz. Es zona de arrecifes importantes y cuenta con una terminal marítima muy pequeña. Desarrollar un nuevo puerto equivale a afectar la industria de la pesca. Además, es zona donde indirectamente impactan los huracanes.
La propuesta para determinar la sede de una nueva refinería debe obedecer a criterios técnicos.
Por la trascendencia que implica, es obligado desechar la razón política para determinar la ubicación del nuevo proyecto que encamine a México hacia la autosuficiencia en materia de producción de gasolinas.
Tampoco es justificable que el criterio para determinar la ubicación de la nueva refinería pudiera obedecer a una rentabilidad electoral o a destinar la inversión sólo si a cambio se obtienen votos en las próximas elecciones.
Aunado a ello, pongo a disposición del Poder Legislativo 40 mil firmas de ciudadanos del sur de Veracruz que han expresado su interés y decisión porque la nueva refinería se construya en la zona de los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que el titular del Poder Ejecutivo federal, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos analicen la propuesta de la zona industrial de Coatzacoalcos como primera prioridad para instalar la nueva refinería como proyecto para lograr la autosuficiencia en materia de producción de combustibles, dada su ubicación estratégica y la infraestructura existente, lo que reduciría considerablemente la inversión.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LAS ACCIONES QUE EVITEN LOS
ABUSOS U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA INDÍGENAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DOLORES LUCÍA ORTEGA TZITZIHUA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, diputada María Dolores Ortega Tzitzihua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El acceso a la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho son piedra angular de la relación entre gobernantes y gobernados. Ningún Estado puede proclamar que sea democrático sin ser justo; ni desarrollarse económica, política y socialmente, sin resguardar los bienes jurídicos tutelados por el derecho, que la sociedad le ha encomendado.
Se debe garantizar en plenitud libertades y derechos, certidumbre de que la vida, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos, así como de sus familias están protegidos; es decir, hay un sistema público que vela por la seguridad y la justicia, instituciones que preservan las normas y combaten su violación; que aseguran decisiones legales y justas en los juicios civiles, en los penales, en los conflictos laborales y en los administrativos; que procuran la sanción correspondiente a quienes infringen la ley; que postulan la readaptación social del infractor; y, en general, que previenen conductas contrarias a la ley, en particular las delictivas y la impunidad.
Dentro de esas instituciones se encuentra el Ministerio Público, considerado como la fiscalía u órgano acusador del Estado, además, según nuestra Constitución, es un representante de la sociedad, que monopoliza el ejercicio de la acción penal, en nombre del Estado. Suele ser considerado como la parte acusadora, de carácter público, encargada por el Estado, de exigir la actuación de la pretensión punitiva y de su resarcimiento, en el proceso penal. Como representante de la sociedad, el Ministerio Público no debe perseguir ningún interés propio, ni ajeno, sino sólo y absolutamente realizar la voluntad de la ley, protegiendo a la comunidad.
Desafortunadamente, existen muchos casos en donde el Ministerio Público ha actuado de forma discriminatoria, violando las garantías de los ciudadanos y, lo que es más reprobable, las de quienes menos defensa tienen, que son los indígenas. Recientemente tenemos el ejemplo del caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quién fue acusada de secuestro de agentes de la AFI, sentenciada a 21 años de prisión, la cual sólo se encontraba de espectadora en un incidente en donde los agentes del AFI realizaban un operativo contra la piratería. Posteriormente con engaños fue llevada al Ministerio Público en donde fue obligada a firmar papeles sin que nadie le explicara el contenido y sin un traductor, ya que tiene escaso conocimiento del español. Nuestras cárceles están llenas de indígenas, que fueron condenados sin siquiera saber de que se les juzgaba, por no hablar español y los abusos se comenten día a día, ya sea extorsión, abuso o maltrato en todo el país.
A pesar de que existen ordenamientos como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, entre otras, existen constantes abusos contra ellos.
En el estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que en el año 2008 se presentaron 700 quejas de abusos a los derechos humanos de los indígenas, principalmente por autoridades municipales, uso excesivo de la fuerza por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública y diversas violaciones a los derechos humanos.
Por ello, es necesario que el Poder Ejecutivo fortalezca acciones para evitar y poner un alto a los abusos que el propio Ministerio Público aplica a los indígenas, así como suscribir convenios con los gobierno estatales con participación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para prevenir la violación a sus garantías individuales.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a fortalecer acciones que eviten los abusos u omisiones del Ministerio Público en contra de los indígenas, así como suscribir convenios con los gobiernos estatales con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para impedir las violaciones a sus garantías individuales, informando de ello, por escrito, a esta soberanía.
Palacio Legislativo, a 15 de abril de 2009.
Diputada María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A LA PRESIDENCIA
DE LA MESA DIRECTIVA Y A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS A DISPONER DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS PARA
DEMOCRATIZAR EL PARLAMENTO INFANTIL Y GARANTIZAR QUE PARTICIPEN NIÑOS
QUE NO SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA BASE PRIMERA DE LA CONVOCATORIA
RESPECTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía excitativa para exhortar a la Junta de Coordinación Política, a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a disponer diversos mecanismos para democratizar el Parlamento Infantil y que participen niños que no se encuentren en el supuesto de la base primera de la convocatoria del Parlamento Infantil con base en las siguientes
Consideraciones
México es un país diverso en su conformación social y contrastante, expresado en aspectos culturales, económicos y políticos. Estas diferencias se expresan de variadas formas por lo que la construcción de políticas y programas tendrían que responder a esta diversidad. Particularmente cuando el objetivo de estas políticas es la población infantil.
Si bien el Estado mexicano construyó a lo largo de estos recientes años una legislación que promueve la protección de los derechos de las niñas y los niños de nuestro país y se desarrollaron programas públicos para su atención en cuanto a la educación, la salud y la alimentación, entre otros aspectos, aún se siguen presentando diversas problemáticas que tienen que ver con el desarrollo de la población infantil de México.
Entre los más graves se presenta el abuso sexual a niñas y a niños, en el empleo de mano de obra infantil y en la violencia intrafamiliar, que arroja a miles de niñas y de niños a las calles de México, donde sólo encuentran un maltrato más, acceso a las drogas y la indiferencia de la sociedad.
Por ello es que este Poder Legislativo promovió hace poco más de siete años un espacio de participación y encuentro de este sector de la población, con la finalidad de que expresaran a los legisladores sus inquietudes sobre diversos temas. Este espacio, es lo que actualmente se conoce como el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se llevó a cabo en su séptima edición del 29 de marzo al 4 de abril de 2009 en esta Cámara de Diputados.
Este espacio para los niños ha servido para conocer de viva voz los intereses e inquietudes de un sector de la población infantil. Porque efectivamente es sólo un sector el que se expresa en este parlamento, el sector de los niños que tienen la oportunidad de cursar el quinto año de nivel primaria.
Por lo que me es obligado preguntar en dónde quedan los otros niños, los niños que no tienen la oportunidad de continuar sus estudios o que nunca han pisado una escuela. Los niños expósitos que tienen en la calle su único entorno familiar, su vida y su mundo. Los niños que son obreros en talleres familiares o aquellos que se dedican a la venta y al comercio de objetos en la vía pública.
Esta es la diversidad de la población infantil en nuestro país y a ella deben de responder las políticas públicas y los programas sociales para atacar el origen de las circunstancias que separan en estos aspectos a las niñas y los niños de México. Sin duda no es sencillo y se requiere de la participación de todos los sectores sociales y principalmente de la participación de los poderes públicos.
De la misma forma como el Congreso ha reaccionado sobre el tema de la legislación electoral en los medios de comunicación, de esa misma forma debemos unirnos para devolver al sector infantil los espacios que desde el Ejecutivo y el Legislativo se les han minimizado. Tal es el caso de la desaparición de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, que funcionó en la pasada legislatura y se turnaron los asuntos a la Comisión de Grupos Vulnerables, y la conjunción de las políticas públicas bajo los esquemas del DIF, tanto nacional como a nivel estatal.
Que si bien han focalizado la atención y los recursos en la población infantil, aún se les minimizan los espacios y los servicios públicos. Tal es el caso del Parlamento Infantil, cuyos participantes deben expresar el sentir no sólo de los niños que tiene la oportunidad de cursar un grado escolar, sino también de aquellos que por diversos motivos no lo hacen y que, en el mejor de los casos, aprenden de la escuela de la vida.
Por lo expuesto y por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, solicito a esta honorable asamblea para que se apruebe una excitativa a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de esta Cámara, para que en el próximo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en 2010, se modifiquen los criterios de participación de la base primera de la convocatoria, con base en el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a modificar la base primera de la convocatoria del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, y se dispongan de diversos mecanismos para democratizar el Parlamento Infantil y puedan participar niñas y niños que no se encuentran considerados, con lo que se deja fuera a muchos niños y niñas que tienen voz y que por diversos motivos no cursan el nivel primaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A VALORAR A TRAVÉS DE LA SENER LOS
EFECTOS SOCIAL Y ECONÓMICO, ASÍ COMO LAS POTENCIALIDADES
DE DESARROLLO REGIONAL EN OAXACA, Y APROVECHAR LAS INSTALACIONES DE PEMEX
EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ PARA INSTALAR LA NUEVA REFINERÍA, A
CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, Othón Cuevas Córdova, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a valorar el impacto social y económico y aprovechar las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, para instalar la nueva refinería , al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como consecuencia de la reforma del régimen de Pemex, hace algunos meses, actualmente el debate central de la reforma es la instalación de una nueva refinería de la paraestatal, donde el interés de diversos actores públicos es manifiesto.
De esa forma, se enviaron al Poder Ejecutivo diversas propuestas de algunas entidades federativas con la finalidad de ofrecer argumentos, todos ellos válidos, sobre los beneficios que traería para cada entidad la instalación de la refinería, así como la derrama económica y la creación de empleos.
Sin duda, es un asunto que tendrá que definirse intentando cumplir las expectativas de la mayoría de los interesados.
Por ello, me es de especial interés hacer algunas consideraciones sobre los beneficios de instalar la refinería donde actualmente se hallan las instalaciones de Pemex en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
2. Según diversos estudios técnicos sobre la instalación de la refinería, hay un empate técnico entre Tula y Tuxpan, con una tasa interna de retorno de la inversión (TIR) de 15.6 por ciento, aunque construir la refinería en la segunda plaza, Veracruz, resulta 215 millones de dólares más barato.
La tercera opción era Dos Bocas, con una TIR de 15.1 por ciento, pero el costo de inversión se dispara hasta mil 134 millones de dólares, contra 852 millones de Tula y 637 millones en Tuxpan. La cuarta posibilidad es la Cangrejera, en Veracruz, con una TIR de 15 por ciento, pero con una inversión de mil 134 millones. Le sigue Salina Cruz, Oaxaca, con una TIR de 14.9 por ciento y un costo de mil 272 millones de dólares.
Es fundamental valorar los costos técnicos y financieros para la construcción de la refinería. Sin embargo, los costos sociales por la falta de inversión y desarrollo ya se han pagado por la sociedad oaxaqueña. Hay elementos suficientes en el estado que han contribuido a generar situaciones de inestabilidad social y económica; la marginación y la pobreza con de los más importantes.
3. Actualmente, la refinería de Salina Cruz, Antonio Dovalí Jaime, ocupa una superficie total de 600 hectáreas localizadas a 5 kilómetros al noreste de la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Salina Cruz se halla sobre la costa del océano Pacífico y está catalogado como puerto de altura y de gran cabotaje.
A partir de la puesta en operación de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, ésta ha registrado un constante crecimiento que la sitúa como la más grande del sistema petrolero de refinación en el contexto nacional, con capacidad para procesar 330 mil BPD de crudo.
El petróleo crudo que se extrae de los yacimientos localizados en Tabasco, en Chiapas y en la sonda de Campeche se concentra en la estación de recolección y bombeo situada en Nuevo Teapa, Veracruz. Parte de este crudo se envía a través de dos oleoductos, de 30 y 48 pulgadas de diámetro, hasta la refinería. El crudo, sea para su procesamiento o para exportación, se almacena en tanques de 100 mil, 200 mil y 500 mil barriles, cuyas características de diseño y seguridad garantizan el adecuado abastecimiento. Para el manejo de los hidrocarburos y productos, la refinería cuenta con una capacidad de 14 millones de barriles en 125 tanques, de los cuales 20 almacenan materias primas, como crudo Istmo, Maya y sus mezclas y metanol; 39 para productos intermedios como gasolina primaria, slop, base nova, querosina primaria, turbosina primaria, diesel primario, aceite cíclico ligero, gasóleos, residuos catalíticos, aceite recuperado; y 66 para productos finales: butano-butileno, propileno, gas LPG, gasolina Pemex Magna, turbosina, tractomex, diesel desulfurado, Pemex Diesel, combustóleo, Tame y MTBE.
La distribución de los productos refinados se efectúa a través de la terminal de ventas terrestre localizada en Salina Cruz, la cual abastece la zona de influencia que forman las agencias de ventas de Oaxaca; las de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga y Tapachula, en Chiapas; y a los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y México. Asimismo, resulta de mucha importancia la terminal marítima de Pemex Refinación enclavada en la costa, aproximadamente a 10 kilómetros de la refinería. Por esta terminal y a través de buque tanques se exporta el petróleo crudo y se transporta combustible a los estados mexicanos localizados en el litoral del Pacífico.
4. Los impactos regionales en caso de ser instalada la refinería en Salina Cruz serían muy importantes ya que, aunado a la creación de empleo formal y a la inversión financiera de la obra, se desarrollarían las vías de comunicación entre el Pacífico y el Golfo, y con ello el traslado de mercancías de un hemisferio a otro. Adicionalmente, el impacto a la zona costera del Pacífico desde Chiapas hasta Guerrero sería importante en los mercados locales de casi toda la actividad productiva.
5. Finalmente, teniendo en cuenta que el Ejecutivo federal se ha fijado de plazo este 15 de abril para definir la ubicación de la nueva refinería y que para tal efecto se han programa foros de consulta con los titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad interesada, es mi deber y mi responsabilidad como diputado federal por Oaxaca, realizar todo lo necesario en el ámbito de mi competencia como legislador, para que la federación valore el impacto de desarrollo regional en la instalación de una nueva refinería, considerando el atraso milenario que tiene Oaxaca con relación al resto del país y la urgente necesidad de inversiones que presenta el sureste para nivelar los índices de ingreso y bienestar entre los mexicanos.
Por lo expuesto solicito a esta soberanía que apruebe de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo de la Federación a valorar por medio de la Secretaría de Energía el impacto social, el impacto económico y las potencialidades de desarrollo regional en Oaxaca, y aprovechar las instalaciones de Petróleos Mexicanos en el puerto de Salina Cruz para instalar la nueva refinería.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de abril de 2009.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Y AJUSTADA A DERECHO EN LA HUELGA DE LOS MINEROS DE CANANEA, SONORA, A
CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La huelga que sostienen los mineros de Cananea, Sonora, próxima a cumplir dos años el 30 de julio de 2009, tiene como causal fundamental diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, especialmente por las pésimas condiciones en materia de seguridad e higiene.
Desde esa fecha los mineros de Cananea y el sindicato minero han soportado una permanente embestida plagada de ilegalidad y complicidad de parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, todo con el afán de favorecer al dueño de Grupo México, señor Germán Larrea Mota Velasco. En este sentido, la junta de mención ha declarado inexistente la huelga de Cananea de manera repetida, a lo que se ha opuesto el Poder Judicial federal que ha revocado tales declaraciones, contrarias a la Constitución federal y a la justicia.
En tal virtud, ahora el Grupo México ha cambiado de táctica para intentar romper la huelga promoviendo una terminación colectiva de la relaciones de trabajo, alegando supuestas causas de fuerza mayor por el deterioro, imputable al patrón, de unas instalaciones de esa empresa. Esto traería como consecuencia el despido de más de mil 200 trabajadores de la mina y planta de Cananea, pero sobre todo sería la muerte del derecho de huelga.
Este 14 de abril, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje intentará resolver la referida solicitud de terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Todo hace prever que se pretende resolver a favor de Grupo México. Motivo por el cual ya han sido movilizados a Cananea cientos de policías, en que se apoyaría el gobierno federal para dar cumplimiento a la resolución sobre terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Ante tal situación los mineros en huelga han señalado que ofrendarán su vida si es necesario para impedir este atentado a sus derechos. Por otra parte, las secciones 271, 272, 273 y 274 del Sindicato Minero, han comenzado el lunes 13 de abril un bloqueo indefinido al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es decir, las cosas han llegado a un punto de fricción que los diputados no podemos ignorar y permitir, y debe urgirse al respeto del estado de derecho y a desistirse del uso de las vías de fuerza. Todo para evitar que se repitan hechos, como el acaecido en Cananea, Sonora el 11 de enero de 2008, que dejó un saldo de 40 heridos, 5 detenidos y 5 desaparecidos.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de inmediato al titular del Ejecutivo federal, para que en la solución del conflicto de huelga de los mineros de Cananea, Sonora, que ya se prolonga desde el 30 de julio de 2007, impere el respeto al derecho de huelga previsto en la fracción XVII del Apartado A del articulo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo y el uso de las vías del diálogo. Renunciándose a inconstitucionales medidas como la terminación colectiva de las relaciones de trabajo y que, mucho menos, se haga uso de la fuerza en el marco de este conflicto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
La que suscribe, Guillermina López Balbuena, diputada federal del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta excitativa a las Comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en virtud de lo siguiente:
El 6 de marzo de 2007, el diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reformas a diversas disposiciones del Código Civil Federal y se expide la Ley Federal Para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, publicada en la gaceta del día 6 de marzo de ese año.
La iniciativa en comento fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos.
Durante el periodo de discusión, análisis y estudio que conforma el procedimiento parlamentario al interior de las comisiones, el 17 de diciembre del 2007, la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos de la Cámara de Diputados, en la cual desempeño el cargo de secretaria, concluyó con el análisis de la mencionada iniciativa, y con la aprobación del pleno de la comisión se procedió a emitir la opinión que le fue encomendada por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Dicha opinión fue remitida a las comisiones dictaminadoras. Para el 18 de junio de 2008, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió su opinión argumentando que era procedente desde el punto de vista de que no existe afectación al Presupuesto federal.
Señores Legisladores, en reiteradas ocasiones hemos expresado que la discriminación excluye a las personas o grupos sociales que por su diversidad social son marginados ocasionando que se restrinjan sus derechos plasmados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Nosotros como legisladores no debemos ni podemos permitir que ninguna ley fomente la discriminación o vulneré los derechos humanos y sus garantías constitucionales de los mexicanos independientemente de su condición. Al parecer resulta nuevamente pertinente hacer un recordatorio a los integrantes de las comisiones dictaminadoras de lo que establece el párrafo tercero del artículo 1 de nuestra Ley Fundamental, que a la letra expresa: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
No olvidemos que la exclusión atenta contra los postulados de nuestra constitución, por tal motivo, debe ser sancionado por el Estado mexicano. En nuestro país el tema de las preferencias sexuales de una persona, no es muy respetado, no es visto bien por la sociedad, pero sobre todo existen varios tabús que hasta la fecha no se pueden romper, por ejemplo, si naces mujer te tienes que casar con un hombre y ser buena ama de casa, y en el caso de ser hombre buscar a la mujer indicada y trabajar para mantener la familia, de lo contrario, se tienen que atener a las consecuencias sociales relativas a las críticas, exclusión y discriminación por parte de la familia, sociedad, autoridades, centro de trabajo en donde debe afrontar el rechazo que de ello se desprende.
Compañeros, expresemos nuestro apoyo para que se expida la ley que garantizara los derechos inalienables de las personas transgénero y transexuales que plasma nuestra constitución, con ello, alzaremos la voz en contra de cualquier tipo de discriminación.
Conforme a lo anteriormente expresado, se hace pertinente y oportuna, y con fundamento en la fracción XVI, artículo 21, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule una respetuosa excitativa a las Comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos de esta honorable Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reforma a diversas disposiciones del Código Civil Federal y se expide la Ley Federal Para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, presentada el pasado 6 de marzo de 2007.
Excitativa
Único. Se sirva excitar en nombre de la Cámara a las Comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados, a que presente con la mayor brevedad y antes del 30 de abril del presente año el dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal y se expide la Ley Federal Para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.
México, Distrito Federal, a 14 de abril de 2009.
Diputada Guillermina López Balbuena (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 26 de abril de 2007, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 22 meses desde que se turnó la iniciativa, y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada impide un buen manejo de los instrumentos jurídico-económicos, el cual debe crear incentivos y protección de los derechos de propiedad, a fin de detonar crecimiento económico y círculos virtuosos en la economía, propiciando inversión, empleo, ingreso, consumo, ahorro y competitividad.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le fue turnada el 26 de abril de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 25 de abril de 2007, en sesión plenaria, el diputado Rogelio Carbajal Tejada presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59 y 116, para derogar el párrafo segundo de la fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en que se haya recibido. Han pasado 22 meses desde que se turnó la iniciativa, y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59 y 116, para derogar el párrafo segundo de la fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le fue turnada el 25 de abril de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa que reforma los artículos 93, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 9 de mayo de 2007, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 93, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Puntos Constitucionales debió emitir el dictamen de la iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 21 meses desde que se turnó la iniciativa, y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa detiene la publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, las relacionadas con actividades de comunicación oficial, incluyendo el uso de tiempos oficiales, para que tengan un mensaje estrictamente institucional y socialmente útil, y limitarse al desarrollo de las actividades de difusión e información, así como de la promoción de los programas de las dependencias o entidades.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 93, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que le fue turnada el 9 de mayo de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en los siguientes
Antecedentes
Con fecha 30 de abril de 2008, en sesión plenaria, presenté iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones VII, XXIV y XXIX-E del artículo 73; IV del inciso c), párrafo segundo, del artículo 115; y VII, tercer párrafo del artículo 116; adiciona una fracción XXIX-O al artículo 73; y una fracción IX al artículo 115; y deroga la fracción XIX y el numeral 5o. de la fracción XXIX, ambos del artículo 73, así como la fracción IX del artículo 117, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Puntos Constitucionales debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de 5 días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 12 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Que formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones VII, XXIV y XXIX-E del artículo 73; IV del inciso c), párrafo segundo, del artículo 115; y VII, tercer párrafo, del artículo 116; adiciona una fracción XXIX-O al artículo 73; y una fracción IX al artículo 115; y deroga la fracción XIX y el numeral 5o. de la fracción XXIX, ambos del artículo 73, así como la fracción IX del artículo 117, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le fue turnada el 30 de abril de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e); 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Economía para que dictaminen la iniciativa que reforma los artículos 77 y 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El 11 de diciembre de 2008, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, misma que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Economía.
Con base en lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes a la fecha en la que se haya recibido. Han pasado cinco meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada, hace imposible terminar con el monopolio de clientes cautivos en los talleres de servicio de las agencias distribuidoras de vehículos automotores, así como el derecho de los clientes o consumidores de acudir a talleres de servicio alternos que cuenten con la certificación para otorgar el servicio, o a aquellos propios de las agencias productoras nacionales y distribuidoras importadoras de vehículos automotores, con la finalidad de garantizar una mayor competitividad en el mercado y beneficiar al consumidor.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados:
Único. Que formule excitativa a la Comisión de Economía para que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que le fue turnada el 11 de diciembre de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2009.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)