• De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vivienda

• De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o. y 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados

• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 222 Bis a la Ley General de Salud

• De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo al artículo 1o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

• De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

• De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda fue turnada por acuerdo de esta soberanía, para estudio, análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada por la diputada Martha Margarita García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XL, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 5 de febrero de 2008, la diputada Martha Margarita García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta representación nacional, iniciativa con proyecto decreto que adiciona la fracción X del artículo 6; la fracción VII al inciso A y la fracción VIII al inciso B del artículo 17, además de la fracción XXIV del artículo 19 de la Ley de Vivienda.

2. En sesión celebrada con fecha 5 de febrero de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Vivienda", el cual se hizo del conocimiento para su dictaminación mediante el oficio número DGPL.60-II-2-1313.

De acuerdo con los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. Para los integrantes de la Comisión de Vivienda, una de las mayores barreras para las personas con discapacidades es la falta de accesibilidad y adaptabilidad en el entorno físico de viviendas, edificios públicos, comercios, calles, parques, centros de trabajo, etcétera. Al respecto existen normas internacionales que enfatizan la importancia global del acceso para lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad, las personas con discapacidades de cualquier índole, incluye recomendaciones relativas a la implantación de programas de acción para que el entorno físico sea accesible y a la adopción de medidas para garantizar el acceso principalmente en las viviendas y centros de trabajo.

En consecuencia, tanto a nivel nacional como internacional, existen organizaciones que se empeñan por mantener en la agenda pública el tema de la accesibilidad para este sector, a fin de que se incluyan en el diseño y construcción del entorno físico interno en las viviendas y en los centros de trabajo una mejor accesibilidad para las personas con discapacidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas promovió en 1976 como Año Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema "Participación plena e igualdad". En esta asamblea se establecieron cinco objetivos principales, destacando el "estímulo a los proyectos de estudio e investigación destinados a facilitar la participación práctica de las personas con discapacidad en la vida cotidiana; por ejemplo, mejorando su acceso a los edificios público, vivienda y a los sistemas de transporte".

Para 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Este programa destacó la necesidad para que los Estados miembros instalarán los medios para que la persona con discapacidad pueda hacer uso de los servicios que se ofrecen a la colectividad. Al ser accesibles a todos "se hará efectivo el principio de igualdad de oportunidades". Además, dentro de sus orientaciones clave en el entorno físico, el artículo 114 de este programa establece que los Estados miembros están invitados a adoptar una política tendiente a asegurar a las personas con discapacidad el acceso a todos los nuevos edificios e instalaciones, viviendas y sistemas de transporte público existentes, siempre que sea posible.

En agosto de 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y, posteriormente, la Asamblea General de la ONU, aprobaron el Tratado sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 9 del anexo II refiere a la accesibilidad con el propósito de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, por lo que los Estados parte adoptarían medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad con otras personas, al entorno físico de viviendas y centros de trabajo, al transporte, a los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, a los servicios e instalaciones públicas, tanto en zonas urbanas como rurales; además estas medidas incluirían la identificación y eliminación de obstáculos y barreras al acceso, que se aplicarían en edificios, caminos, transporte y otras obras bajo techo y al aire libre, como escuelas e instalaciones médicas.

Segunda. En los últimos años, el Estado mexicano ha asumido un papel cada vez más activo en adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo y laboral, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración a la sociedad.

Prueba de lo anterior, el 8 de junio de 1999 el gobierno mexicano firmó en la ciudad de Guatemala, el ad referéndum de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el cual fue ratificado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 25 de abril de 2000.

Posteriormente, en agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 5, inciso h), se establece que las políticas públicas en la materia deberán considerar como uno de sus principios "la accesibilidad"; asimismo, se instituye en el artículo 13 que las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Derivado del derecho constitucional que tiene la familia de disfrutar de una vivienda digna y decorosa consagrado en el artículo 4o. de la Constitución federal, esta ley también reconoce el derecho a la vivienda de las personas discapacitadas y para garantizar este derecho, estipula que los programas del sector público incluyan proyectos arquitectónicos de construcción que consideren las necesidades propias de las personas con discapacidad de la misma manera, el artículo 16, establece que los organismos públicos de vivienda otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda.

De conformidad con estas disposiciones, la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, elaboró en 2005, la guía "Hacia un código de edificación de vivienda", con la finalidad de establecer los lineamientos que sirvieran de fundamento para que las autoridades estatales y municipales elaboraran su propia reglamentación de forma que garantizarán, entre otras cosas, que las viviendas resultaran habitables, accesibles y sustentables.

Este documento estableció que la accesibilidad debe formar parte integral de la vivienda y del entorno urbano, como un factor que propicie la movilidad y la comunicación de sus habitantes, ofreciendo condiciones propicias para el desarrollo y convivencia de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Por su parte, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó, el 12 de febrero de 2008, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se estableció la obligación de los patrones a adecuar las instalaciones de los centros de trabajo y oficinas para permitir el acceso y desplazamiento de personas y trabajadores con discapacidad.

Tercera. El 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se eliminó del texto constitucional el concepto "capacidades diferentes" por el de "las discapacidades".

Dicha reforma constitucional estableció el concepto de discapacidad a efecto de precisar con toda objetividad las características propias de las personas con discapacidad y, de este modo, promover la tolerancia, el respeto a la diversidad e igualdad en sus derechos, para preservar y hacer valer sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, el Poder Legislativo federal se ha dado a la tarea de actualizar las leyes generales o federales y demás ordenamientos del marco jurídico positivo mexicano, con la finalidad de homologar, el término "discapacidad", de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarta. Para los integrantes de la comisión dictaminadora, la vivienda accesible debe ser aquélla que se diseñe y construya con base en las necesidades específicas de un usuario con discapacidad, creando las condiciones favorables de funcionalidad y satisfaciendo las necesidades de accesibilidad.

Es por ello que deben promoverse criterios de accesibilidad y adaptabilidad en la vivienda en todas sus modalidades por todos los niveles de gobierno, que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y salvaguarden sus derechos, a fin de que puedan desarrollarse libremente en todas las esferas de la vida social.

Cabe señalar que en el Código de Edificación que promueve la Comisión Nacional de Vivienda se busca unificar criterios en las legislaciones, reglamentos y normatividad, en los distintos ámbitos de gobierno, con la finalidad de elevar la calidad y seguridad de las viviendas que se edifican o remodelan en el país, en especial las destinadas a los sectores de bajos recursos. Todas las entidades federativas requieren esquemas de regulación que garanticen que las construcciones, materiales utilizados e instalaciones incrementen y preserven el patrimonio de las familias, que las viviendas resulten habitables, accesibles y sustentables, además de que los conjuntos, desarrollos y fraccionamientos cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesario, de acuerdo con los planes y programas de ordenación del territorio y desarrollo urbano aplicables a cada localidad.

Además, las recomendaciones que plantea el Código de Edificación consideran las variables bioclimatológicas, geomorfológicas, tecnológico-productivas, los mapas de riesgo y otros factores socioeconómicos y culturales de cada zona. Asimismo, la clasificación de ciudades y localidades del sistema urbano nacional, para conocer el rango de la población y sus grados de relación y dependencia regional, sus requerimientos de suelo, infraestructura, equipamiento, la segmentación de la vivienda por su valor, su tipología, su adaptabilidad y accesibilidad (adultos mayores y personas con discapacidades), así como los tipos de agrupación de vivienda que se requieren (conjuntos, condominios, fraccionamientos y desarrollos).

En consecuencia, la iniciativa que se analiza propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, que consideran lineamientos generales que promuevan en todos los niveles de gobierno la adopción de criterios de accesibilidad y adaptabilidad en el diseño, construcción y mejoramiento de la vivienda para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, que hagan realidad su derecho a una vivienda digna con accesibilidad.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Vivienda nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vivienda

Artículo Único. Se adicionan la fracción X al artículo 6; la fracción VII al inciso A, la fracción VIII al inciso B del artículo 17, y una fracción XXIV, pasando la actual fracción XXIV a ser XXV al artículo 19 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6. La política nacional de vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil nueve.

La Comisión de Vivienda

Diputados: Diego Aguilar (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Martha Margarita García Müller, Raúl García Vivián (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Joel Arellano Arellano, Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (rúbrica), Rosa Elena Galván Valles (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Marisol Mora Cuevas, Alberto López Rojas (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López Torres, David Mendoza Arellano, Juan Manuel San Martín Hernández, Gerardo Villanueva Albarrán, Tomás Gloria Requena, Élmar Darinel Díaz Solórzano, Alfredo Barba Hernández, Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera.
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6o. Y 10 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN DE SENTENCIADOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

La comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73, fracciones XXIII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 10 de marzo de 2009, los diputados Carlos Alberto Torres Torres, Héctor Ramos Covarrubias y Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó que se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.

3. En sesión plenaria celebrada el 31 de marzo de 2009 se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura el proyecto de dictamen, que fue aprobado por 19 votos a favor.

Contenido

1. Los diputados proponentes manifiestan en la exposición de motivos que el sistema penitenciario tiene como objetivo final la reinserción de los sentenciados que se encuentran en alguno de los centros penitenciarios, alejados del contacto con los familiares y con la sociedad.

2. Que, derivado de la batalla frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, los ciudadanos demandan un marco legal adecuado y políticas públicas sólidas, por lo que resulta necesario estructurar en el sistema penitenciario mecanismos que impulsen una correcta reinserción de los internos en la sociedad, evitando la reincidencia y la creación de nuevas células delictivas.

3. Señalan los proponentes que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para él, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado.

4. Se señala el trabajo como primer instrumento para la reinserción del sentenciado en la sociedad; es decir, el Constituyente reconoce como punto de partida que era necesario dotar de herramientas a los internos para que a su salida tengan la capacidad laboral necesaria que les permitiera encontrar un oficio, tener un sustento económico que no los hiciera volver a delinquir y que fuese suficiente para colaborar en el gasto familiar.

5. Se reconoce que los esfuerzos realizados por las autoridades penitenciarias, y los trabajos u oficios que al día de hoy se ponen a disposición de los internos en la mayoría de los centros no resultan suficientes para que al salir sean empleados en un trabajo digno y bien remunerado.

6. No obstante, señalan los proponentes, diversos empresarios mexicanos han expresado interés y presentado proyectos para la instalación de pequeñas y medianas industrias en los centros penitenciarios que permitan su capacitación y contribuyan de manera efectiva a su reinserción.

7. Además, durante el tiempo que son empleados en estas industrias, la percepción que reciben, además de servir de apoyo para el sustento de los centros y la reparación del daño, como menciona la ley, resulta suficiente para otorgar un apoyo real a los dependientes económicos de los internos y para acumular un fondo de ahorro que servirá como soporte al interno al momento de regresar a la comunidad.

8. Señalan los proponentes que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hay una población penitenciaria de 219 mil 754 internos, de los que 204 mil 711 se encuentran con plena capacidad físico-mental para laborar; es decir, existe el suficiente capital humano disponible y una gran cantidad de centros que podrían ser habilitados para desarrollar en el país una sólida industria penitenciaria que auxilie a la sustentabilidad de los centros, a la economía nacional y a una mejor reinserción de los internos a la sociedad.

9. Los diputados proponentes manifiestan que otorgar al sentenciado un trabajo que le permita desarrollarse como persona y apoyar a la economía familiar resulta un factor de estabilidad y apoyo para el sentenciado al momento de obtener su libertad, ya que en múltiples ocasiones la familia de los internos se desentiende de ellos.

10. Declaran los proponentes que se busca con la iniciativa garantizar un salario digno para los internos por el desempeño de sus labores, contando con industrias que puedan emplear al mayor número de sentenciados, en un espacio suficiente, pero reducido, que no requiera grandes adaptaciones físicas, siempre en condiciones que respeten los derechos humanos de los internos y cuiden su integridad física y mental.

11. Por lo expuesto, los diputados proponen reformar el noveno párrafo del artículo 6, adicionar un décimo y un undécimo párrafos, y reformar también el párrafo tercero del artículo 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con objeto de establecer espacios e instalaciones que promuevan el desempeño de actividades de industria penitenciaria, así como excluir de éstas a los internos relacionados con la delincuencia organizada; y que los internos contribuyan para su sostenimiento en el reclusorio, reparación del daño, soporte a dependientes económicos y fondo de ahorro.

Consideraciones

a) En lo general

Por lo expuesto, y después de estudiar detenidamente el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social; los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o. y 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Artículo Único. Se reforman los artículos 6o., párrafo noveno, y 10, párrafo tercero; y se adicionan los párrafos décimo y undécimo al artículo 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 6o. …

…

…

…

…

…

…

…

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios, los cuales deberán establecer espacios e instalaciones adecuadas y exclusivas que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciaria para las y los internos.

Las disposiciones del párrafo anterior no aplicarán para los establecimientos cuyos internos se encuentren exclusivamente relacionados con la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad, con apego a lo dispuesto por el artículo 18 constitucional.

Asimismo, se deben contemplar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 10. …

…

Los internos contribuirán para su sostenimiento en el reclusorio con cargo a una parte de la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicha remuneración se fijará de acuerdo con el salario mínimo general vigente en el área geográfica respectiva. Además, se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del reo. Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del interno no lo requieren para su sostenimiento, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los cuarenta y cinco días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez, Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdenas Fonseca, Raúl Cervantes Andrade, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Macedo Escartín (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, José Luis Murillo Torres (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, Francisco Javier Santos Arreola, José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

La comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2009, sus Secretarios dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentaron los diputados Jesús Sesma Suárez y Manuel Salvador Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. Los legisladores proponen lo siguiente:

Primera. Que, con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la LFPC tiene por objeto promover y proteger los derechos y la cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. De igual forma, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) aplicar y ejecutar la referida ley, como un organismo público con carácter de autoridad administrativa.

Tercera. Que la Profeco tiene por misión promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. De la misma forma, tiene por visión ser una institución efectiva en la promoción de una cultura de consumo inteligente y en la aplicación de su ley.

La Profeco tiene por objetivos proteger y promover los derechos del consumidor, fomentar una cultura de consumo inteligente, procurar la equidad en las relaciones de consumo, procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo y eficientar el desempeño institucional.

Cuarta. Que la Profeco tiene entre sus líneas estratégicas institucionales prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo; fortalecer el poder de los consumidores brindándoles información y asesoría; desarrollar proveedores conscientes e informados para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones con los consumidores; incidir en la política regulatoria y mantener actualizado el marco jurídico que tenga efecto en las relaciones de consumo; propiciar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por los proveedores; procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores; contribuir a la reducción de los riesgos de corrupción; fomentar la transparencia o eficientar las políticas de transparencia; y eficientar el desempeño institucional.

Quinta. Que en el campo de la psicología del consumo se considera que, antes de llegar a la decisión de hacer la compra, el consumidor pasa por una serie de etapas: el reconocimiento de una necesidad, que es donde el consumidor es impulsado a la acción por una necesidad; la elección de un nivel de participación, que es donde en consumidor decide cuánto tiempo invertir en el intento de satisfacer la necesidad; la identificación de alternativas, que es donde el consumidor descubre productos sustitutos o marcas alternas; la evaluación de alternativas, que es cuando clasifica las ventajas y las desventajas de las opciones; la decisión, que es cuando decide o no hacer la compra; y el comportamiento después de la compra, cuando el consumidor busca la seguridad de haber tomado la decisión correcta.

Las etapas del proceso de compra pueden tener variaciones, como son que el consumidor puede desistir en cualquier etapa previa a la compra, a veces se omiten algunas etapas, las etapas no siempre tienen la misma duración, y algunas etapas se realizan de manera consciente, y subconsciente en otras.

Lo que un consumidor aprende al realizar el proceso de compra influye en cómo se conducirá la próxima vez que se le presente la misma oportunidad. Después de recabar información, evaluar opciones y llegar a una decisión, habrá adquirido conocimientos adicionales sobre el producto y varias marcas. Más aún, se habrá formado nuevas opiniones y creencias y habrá revisado las viejas.

Sexta. Que los factores psicológicos que intervienen en el proceso de compra, o consumo, son la motivación, que se relaciona con el motivo del individuo para realizar alguna acción, que generalmente es respuesta de una necesidad. Toda conducta comienza con una necesidad. La motivación es una necesidad suficientemente estimulada para impulsar al individuo a buscar la satisfacción. Los motivos del proceso de compra pueden ser agrupados en dos grandes categorías: las necesidades activadas a partir de estados fisiológicos de tensión, como el sueño; y las necesidades activadas a partir de estados psicológicos, como la necesidad de afecto y respeto.

Algo importante es la jerarquía de las necesidades de Maslow, quien identificó que una persona normal tendrá que buscar la satisfacción simultánea de sus necesidades en diversos niveles y que rara vez logrará satisfacerlas todas en un mismo nivel. Con todo, la jerarquía indica que hay que satisfacer razonablemente la mayor parte de las necesidades de un nivel antes que el sujeto se sienta motivado a llegar al siguiente nivel. Según Maslow, en el primero están las necesidades de autorrealización; en el segundo, las necesidades de estima, de reputación y de prestigio; en el tercero, las de pertenencia y amor; en el cuarto, las de seguridad; y en el último, las fisiológicas. También intervienen factores sociales y culturales en el proceso de compra.

Séptima. Que la compra compulsiva consiste en el afán desmedido, incontrolado y recurrente por adquirir cosas. No es un fenómeno exclusivo de fechas como la Navidad, en las que la insistencia de la publicidad comercial y la tradición consumista podrían explicar un cierto aumento de los gastos. Es una adicción, que si bien en su máxima expresión afecta a poca gente, es más común de lo que podría pensarse. Es la consecuencia de un impulso irreprimible, un acto poco consciente, del que después el sujeto muestra arrepentimiento porque adquiere bienes generalmente poco útiles o gasta más de lo que le permiten sus ingresos.

Octava. La compra compulsiva puede señalarse como una reacción inadecuada; es decir, se acompaña de alguna depresión, angustia, ansiedad, en las que el sujeto siente la convicción de que gastar dinero aliviará ese sentimiento de ansiedad o incomodidad. Siente tristeza, rabia, incomprensión, desatención y soledad; encuentra la vía de escape en la compra de artículos caracterizados porque no le son necesarios sino que únicamente aportan satisfacción en el momento de su adquisición.

La compra compulsiva adquiere la categoría de problema cuando hay un propósito de saciar un vacío causado por la soledad, el tedio, las tensiones y los problemas, los disgustos o la incomprensión. Pretendiendo mitigar el dolor, el sujeto canaliza el enfado hacia la compra y posesión del objeto. La falta de sentido de la vida, carecer de objetivos que incentiven en el corto, mediano y largo plazos, la autopercepción de inútil o innecesario en los grupos sociales que se frecuentan, la presencia de tristeza, apatía, aburrimiento, frustración o desengaño activan en algunas personas el deseo de comprar objetos cuya adquisición no es del todo justificable.

Novena. Que la compulsión es caracterizada por la impulsividad y la ansiedad, y responde a una insatisfacción vital intensa, a la carencia de alicientes o estímulos en nuestra rutina diaria, a la ausencia de actitud crítica y frecuentemente relacionada a un alto grado de credulidad y vulnerabilidad ante una publicidad comercial que identifica felicidad, seguridad en uno mismo y bienestar emocional con consumo. Intervienen también otros factores, como el deseo de estimulación social o interés por los lugares donde se congregan muchas personas, y la inseguridad respecto al propio atractivo físico. Una desvalorización y déficit de la autoestima también pueden estar detrás de este consumo irracional. Aunque las primeras manifestaciones del consumo compulsivo se registraron en los años veinte, hasta los ochenta no se convirtió en poco menos que una enfermedad social, que alcanza a todo tipo de personas. Los adolescentes suelen ser más vulnerables al problema.

Décima. Que la compra compulsiva se considera adicción sólo cuando el individuo presenta estos tres rasgos: tolerancia, necesidad de consumir cada vez más para lograr la misma emoción; síndrome de abstinencia, cuando no se puede satisfacer la adicción; y pérdida del control, incapacidad de frenar el consumo. La compra compulsiva, al menos en sus manifestaciones más extremas, reúne todas estas características: la voluntad del afectado es casi nula, y la satisfacción por la compra realizada deviene efímera, y se entra en una espiral de la que difícilmente se puede salir sin ayuda de un especialista.

Undécima. La promoción de un consumo inteligente no mostrará ningún alcance ante patologías o la falta de interés de los consumidores por adoptar o atender las recomendaciones de la Profeco. Incluso, es importante resaltar que el consumidor posee la libertad de elección que la LFPC protege también.

Duodécima. Que la LFPC, en el artículo 1, establece que entre los principios básicos en las relaciones de consumo se encuentran la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; y la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que en su caso representen.

El artículo 1 del Reglamento de la LFPC tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin perjuicio de la aplicación de otros reglamentos sobre materias específicas. Es decir, atiende la operatividad de las disposiciones de la LFPC.

De manera general, la Profeco considera derechos básicos de los consumidores los referidos a la información, a elegir, a no ser discriminado, a la protección, a la educación, a la seguridad y calidad y a la compensación.

Decimotercera. Que el Centro de Documentación de la Profeco ofrece diversos servicios, como atención y orientación en la localización de información a apoyar las decisiones de compra o renta de productos y contratación de servicios; biblioteca especializada en la temática de protección al consumidor; consulta y copia gratuita de la información producida por la Profeco; consulta gratuita y venta de la Revista del Consumidor; consulta y copia gratuita de Tecnologías Domésticas y Platillo Sabio, y Recetas de Cocina Eficientes. Se encuentran a disposición del público consumidor la ubicación y el contacto de dicho centro de información.

Decimocuarta. Que el consumo inteligente generalmente hace referencia a un consumo controlado, racional en el sentido en que cumple las necesidades de la gente, sin recurrir a grandes escalas de consumo insostenibles para las personas y su economía. Se recurre a un ahorro que moldea las actividades diarias de las personas, sin impresiones negativas, intensas, perdurables o contrariedades en general. El consumo controlado y racional se considera una virtud para la clase media. Coloquialmente, se hace referencia al consumo inteligente como "necesario", "sólo lo necesario", "lo indispensable", "no desperdiciar", o prácticas donde el principio de ahorro sea el objetivo.

La Profeco considera que a fin de consumir inteligentemente es necesario estar informado y capacitado para seleccionar productos, bienes o servicios que satisfagan adecuadamente las necesidades de cada consumidor, sin afectar excesiva o innecesariamente la economía familiar.

Decimoquinta. Que atendiendo una de las inquietudes que mencionan los legisladores promoventes en la exposición de motivos relativa al ambiente, cabe señalar que el artículo 41 de la LFPC dispone que cuando se trate de productos o servicios que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se consideren potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el ambiente o cuando sea previsible su peligrosidad, el proveedor tiene la obligación de incluir un instructivo que advierta sobre sus características nocivas y explique con claridad el uso o destino recomendado, así como los posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera de los lineamientos recomendados.

Decimosexta. Que como parte de los alcances de la LFPC sobre la información o publicidad relativa a bienes, el artículo 32 de ese ordenamiento dispone que los productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Sanciona con multa mínima de 367.12 pesos y hasta de 1 millón 174 mil 782.68 la publicidad que refiera características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o no ser verdaderas, induzcan al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presentan.

Decimoséptima. Que la Profeco cuenta con atribuciones para apoyar, formular y realizar programas para la educación y divulgación sobre el consumo adecuado y la información clara sobre diferentes productos y servicios. En este contexto, la propuesta de reformas y adiciones que se analiza coincide con los proyectos básicos de la procuraduría para llevar a cabo programas que fomentan la cultura de un consumo inteligente, de manera tal que los consumidores puedan acceder a información clara y veraz sobre la calidad de los bienes y servicios que adquieran o contraten, con lo que se amplía por tanto la protección de los consumidores.

Decimoctava. Que la propuesta armonizaría más si fuese insertada en el artículo 24 de la LFPC, dado que enuncia las atribuciones de la Profeco, y no en el artículo 1, como pretende. Lo anterior significaría que, como objeto de la ley, se estaría ante una obligación de la Profeco de que los consumidores aplicasen el consumo inteligente debiendo considerar opuesto a la LFPC cualquier otro tipo de consumo. En cambio, de insertar la propuesta entre las atribuciones de esa autoridad, estaríamos ante una de las facultades que tiene la Profeco, sin detrimento de la libertad de elección de los consumidores que también protege.

Decimonovena. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictamina, reconocen y concluyen que la propuesta incorpora en la Ley Federal de Protección al Consumidor una de las principales funciones que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, no deja de representar una contribución a los consumidores de mayores elementos en dicho instrumento jurídico. Por tanto, la propuesta concuerda con el contenido del artículo 24 del ordenamiento en cita, y por ese motivo se considera más apropiado aprobar la iniciativa con esa modificación.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2009.

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 222 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorga los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En sesión celebrada con fecha 2 de abril de 2008 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por Ector Jaime Ramírez Barba y suscrita por José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Artemio Torres Gómez, Ernesto Oviedo Oviedo y Antonio Vega Corona, diputados federales; así como los senadores Ernesto Saro Boardman, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Blanca Judith Díaz Delgado, y Ramón Muñoz Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

En sesión celebrada con fecha 7 de octubre de 2008 fue aprobado por unanimidad el dictamen respectivo, con 265 votos a favor, turnándose la minuta a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

En sesión celebrada por el Senado de la República con fecha 9 de octubre de 2008 fue recibido el oficio con el que se remite la minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud.

Con esa misma fecha la colegisladora turnó la minuta de mérito a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada por la Cámara de Senadores con fecha 24 de marzo de 2009 fue sometido a votación el dictamen referente a la minuta en comento, que fue aprobado por votos a favor y devolviéndose el expediente a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

En sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados con fecha 26 de marzo de 2009 se dio cuenta del oficio con que se devuelve la minuta de mérito, que fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El objetivo principal de la minuta en estudio es el de establecer un marco legal adecuado y armónico con el entorno internacional para el desarrollo de medicamentos biotecnológicos; garantizando de este modo la calidad, seguridad y eficacia de dichos fármacos, sin por esto mermar su accesibilidad para toda la población.

Con la reforma planteada, se pretende establecer condiciones adecuadas para la autorización de registros de medicamentos biotecnológicos, que por sus características requieren pruebas con mayores especificaciones que los fármacos de base química. Así, la minuta de mérito establece pruebas clínicas a partir de las características individuales para productos innovadores y para los genéricos, pruebas de intercambiabilidad a partir de una referencia preexistente.

La reforma plateada en la minuta busca una mayor disponibilidad e medicamentos biotecnológicos de ya que permite delimitar los requisitos para su aprobación mediante la creación de un régimen normativo para medicamentos biocomparables, que deberán seguir los estándares internacionales.

Para conseguir los fines referidos se propone la adición de un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, cuyo texto fue modificado por la Colegisladora para fortalecer la redacción, incluyendo entre otras particularidades la fármaco vigilancia de medicamentos biotecnológicos, así como especificaciones para la importación de los mismos.

III. Consideraciones

Del estudio y análisis del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, se advierte que la colegisladora realizó diversas modificaciones de forma y de fondo, siendo estas las siguientes:

Decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 222 Bis. Para efectos de esta ley, se considera medicamento biotecnológico toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les denominará biocomparables. La forma de identificación de estos productos será determinada en las disposiciones reglamentarias.

Para la obtención del registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, el solicitante deberá cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad, seguridad y eficacia del producto, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables y una vez comercializado el medicamento biotecnológico se deberá realizar la farmacovigilancia de éste conforme la normatividad correspondiente.

El solicitante de registro sanitario de medicamentos biocomparables que sustente su solicitud en un medicamento biotecnológico de referencia, deberá presentar los estudios clínicos y, en su caso in vitro que sean necesarios para demostrar la seguridad, eficacia y calidad del producto.

En caso de que no se hubieren emitido las disposiciones sobre los estudios necesarios y sus características a que hace referencia este artículo, éstos se definirán caso por caso, tomando en cuenta la opinión del Comité de Moléculas Nuevas, el que para efectos de lo dispuesto en este artículo contará con un Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos que estará integrado por especialistas y científicos en materia de biotecnología farmacéutica.

Los medicamentos biotecnológicos deberán incluir en sus etiquetas el fabricante del biofármaco y su origen, el lugar del envasado y en su caso el importador, debiendo asignarse la misma denominación común internacional que al medicamento de referencia correspondiente sin que esto implique una separación en las claves del cuadro básico y de los catálogos de medicamentos de las instituciones de salud asignadas para estos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir las disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación del presente decreto.

Tercero. La Secretaría de Salud en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deberá adecuar a lo establecido por este decreto las normas oficiales mexicanas relacionadas.

Cuarto. El Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos al que hace referencia el artículo 222 Bis contará con al menos cinco integrantes de entre los cuales deberá asegurarse la inclusión de un representante de cada una de las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Medicina Genómica, Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional, además de la representación por parte de la autoridad sanitaria y del Consejo de Salubridad General, y deberá establecerse dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto. El Reglamento del Comité de Moléculas Nuevas deberá expedirse antes de los 90 días posteriores al de la publicación del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de abril de 2009.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús, Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Leticia Díaz de León Torres, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Daniel Gurrión Matías (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1 y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos e) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65, 87, 88 y 93, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

A. En lo general

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

Las disposiciones de la presente ley no podrán aplicarse tratándose de conductas distintas a las descritas en ésta, o cuando los hechos que se investigan constituyan el ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derechos de asociación, derecho de petición, o cualquier otra de naturaleza similar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera, Luis Gerardo Serrato Castell, Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez, Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Macedo Escartín (rúbrica), Carlos Madrazo Limón, José Luis Murillo Torres, Efraín Morales Sánchez, Manuel Salvador Salgado Amador, Josefina Salinas Pérez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, José de Jesús Solano Muñoz, Martín Stefanonni Mazzocco, Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada, para estudio y dictamen, iniciativa que reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2009, los Secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentaron los integrantes de la Comisión de Economía, en ejercicio del derecho otorgado en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. Que los legisladores proponen lo siguiente:

Primera. Que con base en los antecedentes y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), como norma legal especial, establece las reglas generales de los procedimientos y la forma que deben revestir todas las solicitudes o promociones dirigidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que con motivo de la aplicación de dicho ordenamiento jurídico tengan lugar.

Tercera. Que dentro de cualquier procedimiento, cuando se habla de representación legal, se está en presencia de una forma de representación voluntaria que se satisface a través de un mandato, o bien, mediante las distintas alternativas o formas de representación previstas en los diversos ordenamientos jurídicos.

Cuarta. Que el artículo 181 de la LPI establece que las solicitudes y promociones que se presenten por conducto de mandatario deberán acreditar su personalidad mediante cualesquiera de los documentos previstos en las fracciones I a IV del ordenamiento referido y también dispone que en cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, lo cual se traduce en una formalidad legal que retrasa el trámite de registro e incrementa desmesuradamente los archivos del IMPI.

Quinta. Que el artículo 181 de la LPI establece que las solicitudes y promociones que se presenten por conducto de mandatario deberán acreditar su personalidad mediante cualesquiera de los documentos previstos en las fracciones I a IV del ordenamiento referido, sin embargo también dispone que en cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, lo cual se traduce en una infortunada formalidad legal que además de innecesaria.

Sexta. Que en la actualidad el trámite de registro de marca se ha visto retrasado por el incumplimiento de requisitos relacionados con errores u omisiones de los documentos exhibidos para acreditar la personalidad jurídica de los mandatarios; requisitos que en la gran mayoría de los casos no son de trascendencia jurídica, sino únicamente cuestiones de forma.

Séptima. Que considerando la naturaleza de la inscripción de las licencias o transmisiones de las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial se complementa la iniciativa agregando dichos trámites al supuesto de excepción, con la finalidad de mantener congruencia con el trámite que se busca desregular.

Octava. Que bajo el principio de seguridad jurídica, se considera necesario establecer un régimen de transición tanto para las nuevas solicitudes como para aquellas que se encuentran en trámite. Con la reforma planteada igualmente se permitirá que los interesados que opten por la substanciación bajo las disposiciones propuestas puedan simplemente hacerlo saber por escrito al IMPI, dentro de los treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Novena. Que buscando que el texto propuesto guarde congruencia con la ley vigente, se introducen cambios en la redacción que se propone en la iniciativa, de manera que se genere mayor claridad entre los solicitantes, y el texto a adicionar sea aún más uniforme con las disposiciones que complementa.

Décima. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictamina, reconocen y concluyen que la propuesta de los integrantes de la mesa directiva resulta factible, en virtud de que suprimirá formalidades legales innecesarias que además de disminuir de forma considerable los recursos materiales del IMPI, contribuirá a la desregulación del procedimiento administrativo en beneficio de la inversión, la competitividad y, en consecuencia, el crecimiento económico, sin embargo se considera necesario adecuar la valiosa propuesta para armonizarla con las disposiciones de carácter procesal que complementa.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial

Artículo Único. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 181. …

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Lo dispuesto en este decreto se aplicará a las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial que sean presentadas a partir de su entrada en vigor. Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá publicar las modificaciones correspondientes a los formatos oficiales en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Respecto con las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, las renovaciones, así como la inscripción de licencias o transmisiones que se encuentren en trámite, los interesados que opten por la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente decreto deberán hacerlo saber, por escrito, al instituto dentro de los treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2009.

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas, secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, y 73, fracciones XXIX-H y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal sometió a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Los integrantes de esta comisión, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma se realizaron, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En la sesión del 26 de marzo de 2009, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Para lo anterior, esta comisión llevó a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, colegios e instituciones académicas y diversos sectores interesados en la materia.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa refiere que es imperativo para el Estado garantizar el acceso efectivo a la justicia para la consolidación de una verdadera cultura de legalidad que norme la conducta de los ciudadanos y forme parte integral de su vida cotidiana.

Se precisa que en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia existen graves rezagos que limitan la eficacia con que éste se desempeña, y que se traducen en una mayor desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones encargadas de protegerlos.

Concretamente, por lo que hace al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el número de juicios ingresados ante ése Tribunal se ha ido incrementando a partir del año 2000, junto con la ampliación de su competencia, por lo que de un inventario de 37,511 expedientes con que contaba en ese año, se llegó a la cantidad de 118,006 expedientes en 2007, lo cual no es proporcional con su número de salas regionales con las que cuenta, propiciándose de esta forma una dilación en la resolución de los juicios, llegando a 355 días hábiles promedio transcurridos para resolver un juicio.

Por lo anterior, el Ejecutivo federal destaca que los cambios en la demanda de los servicios judiciales y las exigencias respecto de su cumplimiento obligan a establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto, en beneficio de las labores sustantivas de esa institución, lo que coincide además con los objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, consistentes en modernizar el sistema de justicia para lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz, mediante el impulso de reformas procesales que hagan más expedita la aplicación de la justicia.

De igual manera, la iniciativa enfatiza que para lograr un mayor acceso de la sociedad a la impartición de justicia, en la organización de ese sistema, se deben aprovechar los notables avances y adelantos en materia de tecnologías de la información, para que los órganos jurisdiccionales en general hagan uso de dichos avances tecnológicos en la tramitación de juicios, desde una perspectiva interna en la toma de decisiones, la gestión y la resolución de los asuntos; así como externa, para mejorar los servicios a sus usuarios, lo que se traduce en la posibilidad de que más mexicanos tengan acceso a la justicia, logrando una justicia más expedita, eficaz, moderna y confiable para todos.

Para enfrentar con oportunidad la coyuntura que ahora se presenta, la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal propone implementar que el juicio contencioso administrativo federal pueda tramitarse también por vía electrónica, acorde al compromiso adquirido por México en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, para utilizar las ventajas que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a la humanidad de manera en que puedan transformar las actividades y la vida de las personas, así como su interacción, para un mejor futuro.

En ese orden de ideas, la iniciativa a dictamen estima conveniente adicionar a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su Título II, el Capítulo X, "Del Juicio en Línea", a fin de regular de manera específica la tramitación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través de medios electrónicos.

Destaca de la iniciativa que nos ocupa, en la parte relativa al "juicio en línea" aspectos tales como:

Por otra parte, en su iniciativa el Ejecutivo Federal propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que exista control y vigilancia en la operación y uso del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal y se delimiten responsabilidades; se regulen las atribuciones necesarias para los funcionarios públicos del Tribunal, en concordancia a lo establecido en la ley adjetiva y al ámbito de su competencia, y que consisten en las siguientes:

Esta comisión coincide con el Ejecutivo federal en que, ante la demanda social actual de un sistema de procuración e impartición de justicia que brinde servicios judiciales de calidad, de manera pronta y expedita, se deben establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto, en beneficio de las labores sustantivas de dichas instituciones.

Por otro lado, se advierte que tal y como se precisa en la iniciativa a estudio, en los últimos años los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se han incrementado en forma considerable, lo que ha generado un importante rezago en el trámite y substanciación de los mismos, lo anterior se advierte del informe de actividades del año 2008 rendido por el magistrado presidente de dicho tribunal, en el que se señaló expresamente lo siguiente:

Como se advierte del contenido de la iniciativa sujeta a dictamen, la posibilidad de que los particulares puedan impugnar los actos y resoluciones administrativas de carácter individual o general que les perjudiquen, a través de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, por una parte, permite aprovechar dichas tecnologías para una mejor impartición de justicia, tanto desde una perspectiva interna, facilitando el control, consulta, manejo, almacenamiento y análisis, necesarios para la toma de decisiones, la gestión y la resolución de los asuntos; y por otra parte, también permitiría mejorar los servicios que se presenten a las partes que pretendan se les administre justicia mediante un acceso más simplificado al juicio contencioso administrativo.

Esta comisión estima que, es procedente la reforma propuesta en el sentido de establecer como instrumentos jurídicos procesales la aplicación de mensajes de datos, la firma electrónica avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada a través de medios ópticos y de cualquier otra tecnología equivalente, que haga posible la conversión de papel a medios virtuales, para una administración de justicia más ágil, pronta y expedita, sirviéndose para ello de herramientas generalizadas entre la sociedad tales como: correo electrónico o la "Internet"; o bien otros específicamente diseñados para tal efecto: formatos contenidos en medios informáticos, sistemas de cómputo confiables que pongan especial énfasis en la seguridad del resguardo de la información plasmada en los actos procesales, la publicación de acuerdos judiciales en páginas de "Internet", la Firma electrónica avanzada, y soportes electrónicos para el archivo y manejo de expedientes.

Así, esta dictaminadora estima que la implementación de un Sistema de Justicia en Línea por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos precisados en la iniciativa sujeta a dictamen, sería un mecanismo determinante para la consolidación de ese Tribunal como una instancia que garantice seguridad jurídica y una eficaz impartición de justicia.

Esta dictaminadora considera relevante hacer énfasis en el hecho de que, la reforma que se dictamina, sea el mecanismo parteaguas para que la tramitación de otros juicios se substancien a través de medios electrónicos, con el objeto de que los beneficios que tiene esta reforma se reflejen en todo el ámbito judicial de nuestro país.

Por lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración del Pleno el siguiente

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Artículo Primero. Se reforman los artículos 4o., primer párrafo; 13, primero y actual segundo párrafos; 14, fracción I, segundo, tercero y quinto párrafos; 24, fracción I y el inciso a); 65, primer párrafo; 66; 67, último párrafo, y 68, primer párrafo; y se adicionan los artículos 1-A; 13, con los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 14, con un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 31, con un párrafo segundo, y el Capítulo X, denominado "Del Juicio en Línea", al Título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 1-A. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

…

Título II
De la Substanciación y Resolución del Juicio

Capítulo I
De la Demanda

Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

Artículo 58-A. El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.

Artículo 58-B. Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo Electrónico, el se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal.

Artículo 58-C. Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en la vía tradicional.

Artículo 58-D. En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

Artículo 58-E. La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que contengan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal.

Artículo 58-F. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.

Artículo 58-G. Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.

Artículo 58-H. Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.

Artículo 58-I. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.

Artículo 58-J. Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.

Artículo 58-K. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo 14, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio solo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

Artículo 58-L. Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.

Artículo 58-M. Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un Juicio en la vía tradicional.

Artículo 58-N. Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

Artículo 58-P. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Artículo 58-Q. Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

Artículo 58-R. En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional.

Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.

Artículo 58-S. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

Artículo 65. Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

…
 
 

…

Artículo 66. En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la Dirección de Correo Electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

Artículo 67. …

…

…

…

Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o Dirección de Correo Electrónico a la Sala Regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la Dirección de Correo Electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

Artículo 68. Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes. También podrán efectuarse, opcionalmente, en la forma prevista en el artículo anterior por medio del aviso en la Dirección de Correo Electrónico Institucional.

…

…

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 37, fracción VIII y 41, fracción XXX; se adicionan los artículos 38, con una fracción X, pasando la actual a ser XI; 41, con una fracción XXXI, pasando la actual a ser XXXII y recorriéndose en su orden las demás fracciones; 47, con una fracción VIII; 48, con una fracción VII, pasando la actual a ser VIII; 49, con una fracción V, pasando la actual a ser VI y 50, con una fracción VI, pasando la actual a ser VII a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

Capítulo V
De las Salas Regionales

Artículo 37. …

Artículo 41. …

Artículo 47. …

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.

Tercero. El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

Cuarto. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su Firma Electrónica Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.

Quinto. En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Sexto. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el artículo cuarto transitorio del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el artículo cuarto transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Asimismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda.

Séptimo. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

Octavo. El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Noveno. Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho Capítulo.

Décimo. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de abril de 2009.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez, Carlos Alberto García González (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Horacio Garza Garza (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres, María del Consuelo Argüelles Arellano (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Javier Guerrero García, Mariano González Zarur, Juan Nicasio Guerra Ochoa, José Martín López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), María Guadalupe Salazar Anaya (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Antecedentes

Manifiesta el diputado proponente en el texto de su exposición de motivos que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas es una ley de orden público, cuyo objetivo principal es reglamentar, entre otros, los artículos 134, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la contratación de las obras públicas, y la aplicación transparente y responsable del gasto público que las mismas requieren.

Que, por desgracia, durante el proceso de materialización en el ramo de las obras públicas como medio de la inversión en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesario para atender las demandas del desarrollo social y productivo de los mexicanos nos encontramos ante obstáculos que impiden dicha materialización en la forma y términos primigeniamente considerados. Uno de ellos es el incumplimiento del particular a las obligaciones asumidas para con el Estado, a través de la dependencia o la entidad contratante; sin embargo, para abatir dichos incumplimientos existe una potestad que ha sido reconocida como un privilegio de los órganos de las dependencias o entidades de la administración pública.

Que esa potestad se traduce en la facultad rescisoria que se contempla en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se justifica, en virtud de que en la esfera administrativa imperan razones vinculadas con el interés general, persiguiendo una actuación más oportuna y eficiente de la administración pública ante circunstancias que hacen patente la necesidad de salvaguardar el interés público o de evitar su detrimento por el incumplimiento del contratista a las obligaciones asumidas a través de un contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma.

Que, sin embargo, la forma y términos en que se encuentra considerada esa facultad rescisoria en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ha dado pie a que durante el procedimiento administrativo de rescisión se soslayen por confusión o por errónea interpretación las etapas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada del gobernado antes del acto de privación, y que, de manera genérica, se traducen en las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Que tales etapas o requisitos se recogen del criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P/J 47/95.

Que la falta de un establecimiento claro de la forma y términos en que deben ofrecerse, admitirse y desahogarse las diferentes probanzas que puedan llegar a verificarse por el interés del gobernado inmerso en un procedimiento administrativo de rescisión pone a las dependencias y entidades en una disyuntiva en su actuar para que, dentro del campo del derecho, consideren el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos y circunstancias para llevar a cabo un adecuado procedimiento en lo que a probanzas se refiere.

Que en lo relacionado con las pruebas periciales que puedan llegar a ofrecerse por el gobernado en un procedimiento administrativo de rescisión, existe un mar de confusión respecto de la forma en que deberá ofrecerse, admitirse y desahogarse dicha probanza. Ello, en razón de que el procedimiento administrativo de rescisión es un procedimiento que se resuelve y tramita por la propia autoridad, por lo que resultaría ilógico que en su caso se propusiera un perito tercero en discordia o que se rinda, siquiera, un peritaje de esa naturaleza, pues no resultaría designado por un juez imparcial sino por una de las partes en la controversia, ya que la propia autoridad vendría a designar su perito y el tercero en discordia, con lo cual se desvirtuaría la esencia de la prueba pericial, por lo que es necesario buscar la fórmula para erradicar en la medida de lo posible tales circunstancias. En principio, tal dificultad podría erradicarse si tales peritos no son designados por la propia autoridad sino por otra autoridad administrativa, como podría ser la Secretaría de la Función Pública o la contraloría interna que corresponda a la dependencia o entidad de que se trate, hecho lo cual la autoridad deberá resolver, con vista a los dictámenes del perito del afectado y de los designados, a reserva de que la prueba pueda rendirse por el gobernado en la vía judicial correspondiente, si el causante o afectado opta por rendir la prueba en tales juicios en vez de hacerla ante la autoridad, opción de la que no puede privársele.

Que no deben pasarse por alto las causas que regularmente motivan el inicio del procedimiento administrativo de rescisión y que se encuentran contempladas medularmente en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que por lo complejo de la preparación y desahogo de la prueba pericial y de la necesaria contemplación de la etapa de alegatos, los tiempos actualmente considerados para la emisión de una resolución debidamente fundada y motivada resultan imposibles y extremamente reducidos para tales efectos, lo que resulta en el latente riesgo de la emisión de una resolución deficiente y frágil, y por ende con un alto porcentaje de ser declarada procedente la impugnación que de la misma se realice por cuestiones de formalidad legal, lo que constituye propiamente que la improcedencia del actuar de la administración pública no lo fue porque los incumplimientos atribuibles al contratista no se hayan verificado sino porque no se observaron las cuestiones de formalidad legal, lo que resulta una cuestión por la que se deben considerar tiempos reales y adecuados a un procedimiento de esta naturaleza, para evitar procedimientos que a la larga resulten estériles.

Por tanto, propone modificar el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para establecer con claridad el desahogo de la prueba pericial durante el procedimiento administrativo de rescisión.

Consideraciones

Primera. La iniciativa que se dictamina busca esencialmente establecer un procedimiento claro y sencillo para el desahogo de la prueba pericial dentro de los procedimientos administrativos de rescisión que las dependencias y entidades de la administración pública federal inician en contra de contratistas que han incumplido los contratos que suscribieron con aquéllas.

Segunda. La inversión en obra e infraestructura ha sido uno de los motores de la economía, por lo cual es de suma importancia que la ley que regula estos aspectos sea clara y no deje a los particulares que contratan con la administración pública en estado de indefensión y de incertidumbre jurídica.

Tercera. Las dependencias y entidades de la administración pública federal cuentan con la potestad para rescindir unilateralmente, sin tener que acudir a los tribunales competentes, los contratos que suscriben con los particulares; ello, en virtud del fin que se persigue, que es la satisfacción de las necesidades materiales de la administración pública para que ésta a su vez pueda realizar las funciones que tiene encomendadas.

Por tanto, es necesario diferenciar los contratos privados de los contratos administrativos. En los contratos privados, la voluntad de las partes es la ley suprema y su objeto los intereses particulares, mientras que en los administrativos está por encima el interés social y su objeto son los servicios públicos. En los privados se da la igualdad de las partes, en los administrativos la desigualdad entre Estado y contratante. En los privados, las cláusulas son las que corresponden de manera natural al tipo de contrato, en los administrativos se dan las cláusulas exorbitantes. En los privados, la jurisdicción para dirimir controversias recae en los tribunales ordinarios, en los administrativos interviene la jurisdicción especial, ya sean tribunales administrativos, si los hay, o en propia sede administrativa, según los trámites establecidos en la ley o lo estipulado en el contrato mismo.

Cuarta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis número 2a. IV/2001, sustentada por su Segunda Sala, que la facultad con que cuentan las dependencias y entidades para rescindir unilateralmente contratos administrativos no es contraria a las garantías que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, la tesis en comento establece textualmente lo siguiente:

Por su parte, la tesis en comento establece textualmente lo siguiente:

Séptima. Cabe hacer mención de que a la ley que se pretende reformar es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de ahí que esté permitido que el particular (contratista) a que se ha incoado un procedimiento administrativo de rescisión pueda presentar la prueba pericial en su defensa, pero por razón de los plazos que el propio artículo 61 establece, no es posible en la práctica ofrecerla y desahogarla, de ahí que sea necesario reformar dicho precepto legal a fin de que el ofrecimiento y desahogo de esta prueba sean acordes con el procedimiento especial que se prevé en dicho artículo.

Octava. Vale la pena recordar que la prueba pericial tiene lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, tal y como lo establece el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De hecho, este ordenamiento es el que prevé cómo se prepara y desahoga esta prueba, pero esta situación es incompatible con el procedimiento que actualmente se prevé en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Novena. En tal virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión a los particulares que contratan con las dependencias y entidades de la administración pública federal, resulta oportuno introducir en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en concreto en el artículo 61, la forma en que debe presentarse, prepararse y desahogarse la prueba pericial que los posibles afectados por una rescisión administrativa pueden presentar a fin de demostrar que no es cierto o que resulta inexacta la causal de rescisión que la dependencia o entidad estima se ha actualizado en la especie, con lo cual se otorga a los particulares que desean contratar (en materia de obra pública) con el gobierno federal una seguridad jurídica al otorgarles la posibilidad de ofrecer esta prueba que, por la materia de que se trata, es de vital importancia para acreditar que no se ha incumplido lo pactado.

De esta manera se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento ante la posible emisión de un acto de autoridad que puede afectar su esfera jurídica o económica.

Décima. Por cuestión de técnica legislativa, la comisión que suscribe hace algunas precisiones al texto de la redacción que se propone y se le añaden además los artículos transitorios, toda vez que el iniciante no los consideró en el texto de su iniciativa.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de la Función Pública sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo Único. Se reforman las fracciones II y actual III; y se adiciona una fracción III, pasando la actual a ser IV, al del artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 61. …

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su aplicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos administrativos de rescisión que hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones que se encontraban vigentes en la época en que se iniciaron.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo, José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica en contra), Arturo Flores Grande, María del Carmen Fernández Ugarte, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica en contra), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López.
 
 

DE LA COMISIÓN DE PESCA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO I) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca fue turnada, para estudio y dictamen, el expediente número 5764, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por el diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de marzo de 2009.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la iniciativa en comento, por lo que se somete a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. Con fecha 26 de marzo de 2009, el diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta multicitada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados con base en los siguientes

Considerandos

1. Que de los 306 mil pescadores registrados, el 70 por ciento son artesanales, los cuales laboran en embarcaciones menores que constituyen el 97 por ciento de las unidades que conforman la flota mexicana.

2. Que este tipo de pescador faena cerca de 12 horas diarias y puede percibir entre 30 pesos y máximo 200 pesos por día y que, consecuencia de la aleatoriedad de la actividad pesquera, en ocasiones puede no percibir dinero en un día.

3. Que seis de cada diez de los pescadores ribereños se encuentran en pobreza.

4. Que los recursos gubernamentales enfocados a este sector han aumentado muy poco y, en algunos casos, son insuficientes.

5. Que el pescador necesita otras fuentes de ingreso por lo que se emplea en embarcaciones mayores y que, para poder laborar como personal subalterno, es requisito indispensable la libreta de mar.

6. Que la libreta de mar es un documento expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el año en curso tiene un costo de 219 pesos, con una duración de 5 años y requisito básico el haber realizado 2 cursos cuyo costo es de 3 mil 465 pesos.

7. Que según se establece en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, artículo 31, la educación náutica es de interés público por lo que es obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes "organizar e impartir directamente la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante […]"; y que para ello se constituyó un fideicomiso público (Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, en adelante Fidena) cuya razón es la de ofrecer cursos de capacitación para el personal de la Marina Mercante y trabajadores portuarios nacionales, entre otros.

8. Que el Fidena sólo cuenta con cuatro sitios distribuidos en diferentes partes de la República Mexicana y que son insuficientes para atender las necesidades de los usuarios.

9. Que al no contar con escuelas navales, los pescadores tienen que recurrir a particulares para obtener la capacitación a costos elevados.

10. Que en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes coadyuvará con la autoridad en materia de pesca (que para el caso es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca), a razón de desarrollar planes y programas de capacitación acordes con la actividad del sector.

11. Que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el artículo 24, se establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (en adelante Sagarpa) en coordinación, ya sea con otras dependencias de gobierno o con las entidades federativas, "realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura en todas sus modalidades y niveles de inversión", y establece en el inciso i) de la fracción III la obligación para que, a través la Conapesca, se destinen los recursos necesarios para el desarrollo productivo y competitivo de la pesca.

12. Que es necesario que la Sagarpa, a través de la Conapesca, destine los recursos necesarios para cubrir los costos de los cursos que establece la autoridad marítima a los pescadores para obtener su libreta de mar tipo B.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Pesca somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para quedar como sigue:

Artículo 24. …

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría realizará las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2009.

La Comisión de Pesca

Diputados: Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), presidente; Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Carlos Eduardo Felton González, Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), secretarios; Alma Xóchil Cardona Benavídez, Sara Shej Guzmán, Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Delber Medina Rodríguez, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Gerardo Vargas Landeros (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).