b. En la esfera nacional, esta industria se ha posicionado como la tercera fuente generadora de divisas y a través de ésta se generan más de 2 millones 233 mil empleos, los cuales son superiores por ingreso a la media nacional en un 30 por ciento; por lo que los ingresos por turismo equivalen a la aportación de 8 por ciento del producto interno bruto nacional; con un peso relativo elevado en las economías de diversas entidades federativas.

c. De la misma forma, los diputados que suscriben esta iniciativa, aseguran que lo dicho anteriormente, da la pauta para considerar que una de las herramientas clave para el desarrollo del turismo en México, como lo es la ley en la materia, sea acorde con las necesidades reales y actuales de la actividad turística.

Por ello, éstos aseveran que la iniciativa de ley que presentan es necesaria, ya que la primera fuente de ingresos, el petróleo, y la segunda, las remesas, se encuentran en un punto en que la crisis de Estados Unidos de América, y el reflejo de ésta en el país repercute negativamente en su desarrollo socioeconómico, provocando que la falta de ingresos afecte a millones de ciudadanos mexicanos.

d. Los que suscriben, aseguran que las cifras y datos revelan que la actividad turística es una opción real para abatir dichos efectos, ya que ésta contribuye al desarrollo económico para las familias de quienes trabajan directa e indirectamente en este sector, el cual se convierte en un nicho que genera empleos y reactiva regiones enteras del país.

e. Así, ante un escenario de crisis mundial, el turismo representa una opción para el desarrollo socioeconómico del país, además de que los iniciantes consideran que esta iniciativa responde a la dinámica evolutiva y constitucional del país en esta materia, y que se enmarca dentro del propósito del Poder Legislativo de proveer a la sociedad de ordenamientos jurídicos congruentes a las necesidades contemporáneas.

f. Los diputados que presentan esta iniciativa de Ley General de Turismo, que abroga la Ley Federal de Turismo vigente, mencionan que ésta tiene como objetivo primordial cumplir un mandato constitucional, estableciendo las bases de coordinación y distribuyendo las obligaciones pero también las facultades de los tres órdenes de gobierno en materia de turismo, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con fin de hacer de México un país líder en la actividad turística.

g. Debido a esto es que se fundamenta esta propuesta legislativa a partir de la reforma constitucional aprobada el 21 de mayo de 2003 y publicada por el Ejecutivo federal el 29 de septiembre del mismo año, del artículo 73, fracción XXIX-K, donde se otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados, los municipios y Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

h. Por ello, y por todos los antecedentes expuestos, presentan esta iniciativa de Ley General de Turismo, la cual, de manera general pretende lograr una ley incluyente y plural que dote de derechos y obligaciones tanto a prestadores de servicios turísticos como a turistas, una ley que promueva la sustentabilidad y competitividad que requiere el sector turismo a favor del país.

II. De esa manera, las que dictaminan toman como referencia para este estudio los siguientes antecedentes, los cuales fueron determinantes para el dictamen que se presenta.

III. Ante la pluralidad e interés de los integrantes de las comisiones unidas, se consideró necesario realizar los estudios y trabajos correspondientes para este fin, con un alto sentido de responsabilidad y compromiso para detonar a la actividad turística. Así, desde abril de 2007 comenzaron los trabajos que dieron forma a la iniciativa en comento y que dotaron de elementos para este dictamen.

IV. Dicho trabajo se desarrolló a través de mesas de trabajo, con la presencia permanente de la Secretaría de Turismo de la administración pública federal, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y la Comisión de Turismo del Senado de la República, estableciéndose por acuerdo del pleno de la Comisión de Turismo, una subcomisión redactora, integrada por diputados y en conferencia con senadores representantes de todos los grupos parlamentarios, en donde la Secretaría de Turismo federal fungió como un órgano de consulta y opinión, sobre temas fundamentales para el desarrollo de este proyecto legislativo.

V. Con la intención de lograr mejores resultados, dichas mesas se dividieron en tres etapas; la primera, "Dónde Estamos", se realizó un extenso y minucioso análisis de la legislación turística de todas las entidades federativas, con la finalidad de tener el pulso exacto, de la situación en la materia a nivel nacional, asimismo se analizó la legislación de países exitosos en esta actividad, logrando con ello conocer las tendencias internacionales en materia turística.

VI. Posteriormente, la segunda etapa, "Qué Queremos", se recibió el mayor número de propuestas de los tres órdenes de gobiernos, iniciativa privada, sector social entre otros, logrando recabar las necesidades reales del sector, y finalmente, la última etapa, en donde los integrantes de la Subcomisión Redactora con base en las dos primera etapas, realizaron dicha iniciativa con apoyo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, a través de los investigadores Juan Martín Sandoval de Escurdia y Alfonso del Rosal y Hermosillo, coordinado este trabajo, por parte de la Comisión de Turismo, la licenciada Karla María Benítez Pérez, apoyada por el licenciado Jorge Alberto Lamas Valverde, dando estos trabajos los elementos para el dictamen.

VII. Es importante mencionar que las comisiones unidas, tras un amplio estudio en la materia y con los antecedentes ya mencionados, tomaron en cuenta diversas propuestas para este estudio, como son: iniciativas y adiciones a la Ley Federal de Turismo vigente, iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Turismo, turnadas a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados en legislaturas anteriores, propuestas de organizaciones sectoriales, organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas, foros de consulta, y en general observaciones por parte de todos los grupos parlamentarios y diversos centros de estudios de la Cámara de Diputados, incluyendo la valoración del impacto presupuestario de esta ley, a través de la opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, a lo que es importante referir que se evitó que este ordenamiento tuviera tiene un impacto presupuestal, y en este sentido las comisiones dictaminadoras consideraron en los transitorios del dictamen lo siguiente:

Séptimo. Las acciones derivadas de la entrada en vigor de esta ley, así como las modificaciones a la estructura administrativa de la Secretaria, se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestal de la misma.

VIII. Los iniciantes aseguran que la iniciativa de Ley General de Turismo, que abroga la Ley Federal de Turismo, tiene como objetivo primordial cumplir la Constitución, estableciendo las bases de coordinación y distribuyendo las obligaciones pero también las facultades de los tres órdenes de gobierno en la materia, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con fin de hacer de México un país líder en la actividad turística.

IX. Por ello, las que dictaminan consideran que esta iniciativa, significa un gran avance para nuestro país, ya que hasta ahora gran parte de las decisiones de la actividad turística se encontraban concentradas en la Federación, y hacia falta coordinación con los otros ordenes de gobierno, lo que en la práctica, hacia poco funcional la toma de decisiones en los centros turísticos. Que las facultades se encuentren distribuidas en los tres órdenes de gobierno hará más eficiente tanto la prestación de servicios, como los procedimientos administrativos en la materia.

X. Además de que la descentralización de funciones es un acto que responde al pacto federal y la actividad turística debe de ser comprendida bajo esta dinámica, de esta manera las entidades federativas, como uno de los principales actores, sabrán cuáles son sus facultades y obligaciones en materia de turismo para que en uso de sus facultades procedan a emitir la legislación que corresponde en cada jurisdicción de acuerdo con sus características y necesidades.

XI. Las que dictaminan consideran que es fundamental en la nueva visión que se tiene del turismo incluir a la base política administrativa de nuestra sociedad, dándole facultades y obligaciones a los gobiernos municipales para que participen activamente como detonantes de esta actividad; asimismo, reciban sus beneficios directamente, ya que en la actualidad son los menos favorecidos.

XII. Las Comisiones de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público reconocen que el turismo es una actividad multisectorial, lo que nos refiere a la concurrencia de diversos actores y elementos, que juntos pueden coadyuvar al fomento y desarrollo de la misma. Destacando dentro de dichos actores y elementos a los siguientes: las dependencias y entidades de la administración pública federal, el sector privado y social, tal como se menciona en el Título Segundo de la propuesta de los iniciantes.

XIII. Dentro de la iniciativa que presentan los legisladores se establece que toda planeación de la actividad, sea con base en un desarrollo turístico sustentable, por lo que estas dictaminadoras consideran, que esto responde de manera eficiente, a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Por ello, esta iniciativa considera, en el Título Tercero, un Atlas Turístico, la incorporación de la actividad a cadenas productivas, un ordenamiento turístico del territorio y el desarrollo de zonas de desarrollo turístico sustentable, da la pauta para lograr una visión de largo plazo para el sector, promoviendo el desarrollo del turismo, con respeto al ambiente y los recursos naturales, históricos y sociales, logrando con ello: un sector competitivo frente a la oferta de la competencia, rentabilidad a las empresas y bienestar para toda la población.

XIV. Las dictaminadoras consideran que el impulsar un turismo social y accesible como lo impulsan los iniciantes, promueve la integración social a través de dotar a la sociedad de facilidades económicas que la Secretaría de Turismo y otras dependencias y entidades de administración pública sector y organizaciones sociales y privadas, otorgan mediante programas que fomenten el turismo nacional y motiven la inversión nacional y extranjera, estableciendo con ello, los lineamientos para que el turismo sea entendido como una actividad económica que esté al alcance de todas las personas.

Con esto se fomentará el turismo doméstico, el cual es uno de los principales objetivos de la iniciativa que presentan los diputados que la suscriben, dado su enfoque dual, ya que representa una actividad económica importante, a través de la generación de empleos y riqueza, y como elemento de desarrollo social y cultural de la población.

XV. Uno de los logros más importantes a consideración de las que dictaminan, es que tal como se especifica en el Título Quinto de la iniciativa, tanto la promoción, que realiza el Consejo de Promoción Turística, como el fomento por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, no se limitan a los destinos que ya cuentan con un posicionamiento dentro del mercado turístico, logrando con ello una verdadera diversificación del producto y una gran oportunidad para aquellos destinos que cuentan con una vocación naturalmente turística, pero que sólo necesitan el desarrollo de estrategias y políticas públicas por parte del Estado para ubicarse en el mapa turístico del país.

XVI. Por ello, las dictaminadoras tras un análisis exhaustivo consideran que esta iniciativa cuenta con la viabilidad, jurídica, económica y social a favor del turismo en nuestro país, además de que es plural e incluyente, y toma en consideración las necesidades de todo el sector.

XVII. Dentro del último capítulo de la iniciativa propuesta, se establecen los aspectos operativos que habrá de llevarse a cabo dentro de la actividad, a lo que estas dictaminadoras consideran que dichos aspectos promueven certeza jurídica tanto a prestadores de servicios turísticos, como a inversionistas y turistas, además de que uno de los principales problemas de la ley de turismo vigente es que no define claramente las obligaciones de los prestadores de servicios, ni las sanciones a las que pueden ser acreedores por su incumplimiento, por lo que es evidente que con esta iniciativa se avanza en este sentido, proponiendo una ley firme que define los derechos y obligaciones al que deberán sujetarse los prestadores de servicios y turistas, brindando, certeza y validez a los actos mercantiles generados por una prestación turística.

XVIII. Las que dictaminan consideran que esta iniciativa cuenta con una correcta técnica jurídica, ya que incorpora un apartado de sanciones, las cuales son clasificadas y descritas con precisión con el objeto de brindar certeza y transparencia a la actividad. Asimismo, la Comisión de Turismo y Hacienda y Crédito Público, se manifiestan a favor de incorporar un apartado sobre el recurso de revisión, como un derecho fundamental de los sujetos de la ley para poder apelar una decisión ante la instancia que revisa, y en su caso que sanciona.

XIX. Las comisiones unidas consideran que la iniciativa cumple la viabilidad técnica, jurídica, económica, social y política, además de que para la implantación y ejecución de ésta, no crea burocracia y hace más eficientes los recursos públicos disponibles para este sector, a la vez que se presenta en un momento que, ante una situación de crisis económica mundial, el turismo es una opción real de desarrollo convirtiéndose en un nicho generador de empleos y desarrollo regional.

XX. Las que dictaminan destacan que dadas las funciones que ha venido desempeñando el Fondo Nacional de Turismo en el desarrollo de la actividad turística, ha contribuido a fortalecer los ingresos de nuestro país y la importancia en el desarrollo y crecimiento de inversiones turísticas que hoy día tiene este fideicomiso.

XXI. Por lo anterior, las dictaminadoras consideran conveniente que la designación del director general de fondo se realice por el Ejecutivo federal, toda vez que no contraviene ninguna disposición legal vigente sino que, por el contrario, mantiene la presencia del fondo en las actividades prioritarias del gobierno federal.

XXII. Las comisiones unidas señalan que el fondo tiene funciones legales y una misión específica que hoy en día se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa del Sector Turístico, y se llevan a cabo a través de la ejecución de objetivos concretos que ayudan al Ejecutivo federal en la realización de actividades prioritarias para el desarrollo nacional, de ahí que las dictaminadoras consideren que el fondo debe formar parte del gabinete ampliado de manera permanente, en tanto la ejecución de sus funciones respondan a necesidades nacionales, por lo que estas comisiones unidas proponen modificar el artículo 48 de la iniciativa de ley en comento, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 42. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo contribuirá a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como para la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y sociales.

El Fondo estará sectorizado, para todos los efectos legales, en el ámbito de la Secretaría.

El director general de dicho Fondo será designado por el presidente de la República y forma parte del gabinete ampliado.

XXIII. En relación con las funciones del fondo, y en particular con la que se propone en el artículo 50 fracción II de la iniciativa, donde se especifica que los planes maestros de desarrollo sean avalados por la Secretaría de Turismo, las que dictaminan consideran que resulta reiterativo, toda vez que esta dependencia forma parte del órgano de gobierno del fondo y en éste se autorizan de manera específica la ejecución de las funciones de la entidad.

XXIV. Estiman conveniente mantener la propuesta del fondo, únicamente en el sentido de que la creación y consolidación de desarrollos turísticos sean conforme a los planes maestros de desarrollo y precisar la prestación de servicios, por lo anterior las comisiones unidas proponen modificar las fracciones II, V y VI del artículo 50, en la siguiente forma:

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones:

I. …

II. Crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de considerarse los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región;

…

V. Promover, la creación de nuevos desarrollos turísticos en los lugares que por sus características naturales y culturales representa un potencial turístico.

VI. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como prestar y contratar servicios que contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística;

XXV. Las comisiones unidas destacan que dentro de las funciones de fondo previstas en la Ley Federal de Turismo, se encuentran aquellas que implican diversas operaciones de carácter financiero, como el otorgamiento de créditos, la operación con valores derivados de su cartera, descontar títulos de crédito, entre otras; esto implica la necesidad de que en el comité técnico, órgano de gobierno del fondo, participe como miembro el Banco de México, que desde la constitución de este fideicomiso ha participado activamente en las decisiones del fondo para la creación y consolidación de centros turísticos.

XXVI. El fondo, como fideicomiso de fomento económico del gobierno federal, realiza actividades que requieren el conocimiento y experiencia de instituciones como el Banco de México para el cumplimiento de planes y programas sexenales, implicando el ejercicio de operaciones de carácter financiero en sectores involucrados en el desarrollo de inversiones turísticas.

XXVII. Las comisiones unidas consideran que el Banco de México participe como miembro del órgano de gobierno del Fonatur, por lo que proponen que se modifique la integración del comité técnico, dispuesto en el artículo 58, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 45. El Fondo tendrá un comité técnico, que estará integrado por representantes de cada una de las siguientes dependencias y entidades:

I. Uno por la Secretaría de Turismo;
II. Dos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Uno por la Secretaría de Desarrollo Social;
IV. Uno por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. Uno por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y
VI. Uno por el Banco de México.

XXVIII. Finalmente y con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se establece que para la elaboración de los dictámenes respectivos, se realizará una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, estas dictaminadoras solicitaron a ese centro dicho estudio, el cual fue tomado en cuenta para la elaboración de este dictamen.

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los estados, los municipios y el Distrito Federal, de corto, mediano y largo plazos;

III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación y desarrollo de nuevos atractivos turísticos;

IV. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento turístico del territorio nacional;

V. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad;

VI. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible;

VII. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento del turismo;

VIII. Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las zonas de desarrollo turístico sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el Ejecutivo federal, los estados y los municipios, y en su caso el Distrito Federal en dicha zonas;

IX. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;

X. Impulsar la modernización de la actividad turística;

XI. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística;

XII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos;

XIII. Determinar las normas para la integración y operación del Registro Nacional de Turismo;

XIV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones; y

XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

II. Atlas Turístico de México: El registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;

III. Comisión: La Comisión Ejecutiva de Turismo;
IV. Consejo: El Consejo Consultivo de Turismo;

V. Consejo de Promoción: El Consejo de Promoción Turística de México;
VI. Consejo Local: Los consejos consultivos locales de turismo;

VII Consejo Municipal: Los consejos municipales de turismo;
VIII. Fondo: Fondo Nacional de Fomento al Turismo;

IX. Ley: Ley General de Turismo;

X. Ordenamiento turístico del territorio: Instrumento de la política turística bajo el enfoque social y territorial, cuya finalidad es conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos;

XI. Prestadores de servicios turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta ley;

XII. Programa: Programa Sectorial de Turismo;

XIII. Recursos turísticos: Todos los elementos naturales o artificiales de un lugar o región que constituyen un atractivo para la actividad turística;

XIV. Región turística: Espacio homogéneo que puede abarcar el territorio de dos o más estados y en el que, por la cercana distancia de los atractivos y servicios, se complementan;

XV. Reglamento: El de la Ley General de Turismo;

XVI. Ruta turística: Es un circuito temático o geográfico que se basa en un patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece en los mapas;

XVII. Secretaría: La Secretaría de Turismo de la administración pública federal;

XVIII. Servicios turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación, con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en su reglamento;

XIX. Turismo sustentable: El que cumple las siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales que son elemento fundamental del desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con arreglo a las leyes en la materia;

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos; y

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida;

XX. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios en la Ley General de Población; y

XXI. Zonas de desarrollo turístico sustentable: Las fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica, que emitirá el presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.

II. Promover, a través del Consejo de Promoción, la actividad turística, nacional e internacional;

III. Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo federal, los estados, los municipios y el Distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país;

IV. Atender los asuntos relacionados con la actividad turística del país;

V. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en el país;

VI. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental en materia de turismo;

VII. Formular las bases de coordinación entre los ámbitos de gobierno, para el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico sustentable;

VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los estados, municipios y el Distrito Federal, y con la participación de los sectores social y privado;

IX. Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística;

X. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XI. Promover, realizar y difundir estudios, investigaciones e indicadores en materia turística;

XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la república;

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo federal podrá signar convenios de colaboración con los estados y el Distrito Federal en materia de registro de clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las sanciones a que haya lugar;

XIII. Promover y vigilar el cumplimiento de esta ley y los demás ordenamientos y normas oficiales mexicanas que de ella deriven, en el ámbito de su competencia;

XIV. Fijar e imponer, de acuerdo con esta ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística; y

XV. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

II. Elaborar y ejecutar programas de desarrollo de la actividad turística; y

III. Realizar acciones operativas que complementen los fines previstos en este ordenamiento.

II. Participar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la determinación de las necesidades de transporte terrestre, rutas aéreas y marítimas que garanticen el acceso y la conexión de los sitios turísticos que determine la propia Secretaría;

III. Participar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la celebración de convenios bilaterales para la prestación de servicios aéreos internacionales, en el caso de los destinos turísticos que determine la propia Secretaría;

IV. Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la identificación de las necesidades de señalización en las vías federales de acceso a las zonas de desarrollo turístico sustentable;

V. Coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la instauración de los programas y medidas para la prevención de la contaminación, para la ordenación y limpieza de las playas, para promover el turismo de naturaleza y el de bajo impacto, así como para el mejoramiento del desempeño ambiental de las actividades e instalaciones turísticas;

VI. Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Economía y demás dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, la inversión de capitales nacionales y extranjeros en proyectos de desarrollo turístico y para el establecimiento de servicios turísticos;

VII. Coadyuvar con la Secretaría de Economía en las acciones tendientes a fortalecer y promover las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;

VIII. Impulsar en coordinación con la Secretaría de Economía, ante las autoridades federales, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, competentes, la instrumentación de mecanismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los inversionistas y demás integrantes del sector turístico, que permitan la expedita creación y apertura de negocios y empresas en los destinos turísticos;

IX. Analizar y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública, en los casos en que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas;

X. Promover y fomentar con la Secretaría de Educación Pública la investigación, educación y la cultura turística;

XI. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el desarrollo de programas de fomento del empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las personas con discapacidad;

XII. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos turísticos, que determine la propia Secretaría;

XIII. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país;

XIV. Instaurar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, normas de procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios turísticos;

XV. Promover junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y Nacional Financiera, el otorgamiento de créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos;

XVI. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, para impulsar a proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables;

XVII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta ley, su reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; y

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente ley;

III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes locales en la materia, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas de competencia local;

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Local de Turismo, las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo;

V. Establecer el Consejo Consultivo Local de Turismo;

VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística;

VII. Formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento turístico del territorio, con la participación que corresponda a los municipios respectivos;

VIII. Participar en la regulación, administración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico sustentable en los municipios de los estados, conforme a los convenios que al efecto se suscriban;

IX. Instaurar las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que cuenta;

X. Conducir la política local de información y difusión en materia turística;

XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;

XII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que operen en los estados y en el Distrito Federal;

XIII. Diseñar, instaurar, ejecutar y evaluar, los programas de investigación para el desarrollo turístico local;

XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la autoridad competente;

XVI. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turística de dos o más municipios;

XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente;

XVIII. Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones reglamentarias que de ella deriven, en lo que se refiere a los requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos;

XIX. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios que se suscriban, la imposición de sanciones por violaciones a esta ley y a las disposiciones reglamentarias;

XX. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia; y

XXI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente ley;

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo federal, estados o el Distrito Federal;

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa Local;

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la administración pública municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el municipio. Será presidido por el titular del Ejecutivo municipal, y estará integrado por los funcionarios del ayuntamiento que determine el titular, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz;

VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística;

VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;

VIII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de investigación para el desarrollo turístico;

IX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística;

X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que cuenta;

XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;

XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIII. Operar módulos de información y orientación al turista;

XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente;

XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo federal, estados o el Distrito Federal;

XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio; y

XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes;

III. El impacto que pudieran tener las nuevas actividades turísticas en los recursos naturales, los asentamientos humanos, las actividades económicas, el patrimonio cultural u otras actividades humanas;

IV. La combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las condiciones ambientales y los recursos turísticos;

V. El impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura y demás actividades;

VI. Las modalidades que de conformidad con la presente ley establezcan los decretos por los que se constituyan las zonas de desarrollo turístico sustentable, así como las demás disposiciones previstas en programa de manejo respectivo, en su caso;

VII. Las medidas de protección y conservación establecidas en las declaratorias presidenciales de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional, así como las declaratorias de monumentos históricos y artísticos, y en las demás disposiciones legales aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos arqueológicos propiedad de la nación; y

VIII. Las previsiones contenidas en los programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio tanto regionales como locales, así como en las declaratorias de áreas naturales protegidas y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental.

II. Conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos;

III. Establecer los lineamientos y estrategias turísticas para la preservación y el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos; y

IV. Establecer de manera coordinada los lineamientos o directrices que permitan el uso turístico adecuado y sustentable de los bienes ubicados en las zonas declaradas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

II. Proponer los criterios para la determinación de los planes o programas de desarrollo urbano, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos; y

III. Definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación y modificación.

II. Proponer los criterios para la determinación de los planes o programas de desarrollo urbano, así como del uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos; y

III. Definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación y modificación.

II. Las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos turísticos del territorio, con los planes y programas de desarrollo urbano y uso del suelo.

Asimismo, los programas de ordenamiento turístico local preverán las disposiciones necesarias para la coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en la formulación y ejecución de los programas;

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una zona de desarrollo turístico sustentable, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de los estados o el del Distrito Federal de que se trate; y

IV. Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para que los particulares participen en la elaboración, ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento turístico a que se refiere este precepto.

II. Los créditos que obtenga de fuentes nacionales e internacionales;

III. Los productos de sus operaciones y de las inversiones de fondos;

IV. Los ingresos fiscales que se obtengan de manera proporcional por la recaudación del derecho de no inmigrante, en los términos establecidos por la Ley Federal de Derechos; y

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

II. Crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de considerarse los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región;

III. Coordinar con las autoridades federales, de los estados, de los municipios y el Distrito Federal, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística así como la prestación de servicios turísticos;

IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; para dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con discapacidad;

V. Promover, la creación de nuevos desarrollos turísticos en aquellos lugares que, por sus características naturales y culturales, representan un potencial turístico;

VI. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística;

VII. Participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento, desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica;

VIII. Realizar la promoción y publicidad de sus actividades;

IX. Adquirir valores emitidos para el fomento a la actividad turística, por instituciones del sistema financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;

X. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando las garantías necesarias;

XI. Operar con los valores derivados de su cartera;

XII. Descontar títulos provenientes de créditos otorgados por acciones relacionadas con la actividad turística;

XIII. Garantizar frente a terceros las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas;

XIV. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses, de obligaciones o valores, que se emitan con intervención de instituciones del sistema financiero, con el propósito de destinar al fomento del turismo los recursos que de ellos se obtengan;

XV. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados; y

XVI. En general, todas aquellas acciones que faciliten la realización de su objeto.

III. Uno por la Secretaría de Desarrollo Social;
IV. Uno por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. Uno por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y
VI. Uno por el Banco de México.

II. Aparecer en el Registro Nacional de Turismo;

III. Participar en los programas de profesionalización del sector turismo, que promueva o lleve a cabo la Secretaría;

IV. Obtener la clasificación que se otorgue en los términos de esta ley;

V. Solicitar al personal encargado de las visitas de inspección y demás procedimientos de verificación, se identifiquen y presenten la documentación que autoriza su actuación;

VI. Recibir los beneficios que se les otorgue, por inscribirse en el Registro Nacional de Turismo; y

VII. Los demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

II. Informar al turista los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, de los servicios y productos que éste requiera;

III. Implantar los procedimientos alternativos que determine la Secretaría, para la atención de quejas;

IV. Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente;

VI. Cumplir los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;

VII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado;

VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría;

IX. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición;

X. Cumplir las características y los requisitos exigidos, de acuerdo con su clasificación en los términos de la presente ley;

XI. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los servicios en otros idiomas o lenguas; y

XII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas;

III. Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación, y en cualquier caso, las correspondientes facturas o comprobantes fiscales legalmente emitidas;

IV. Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la categoría que ostente el establecimiento elegido;

V. Recibir los servicios sin ser discriminados en los términos del artículo 59 de esta ley;

VI. Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, así como su permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos de cada actividad; y

VII. Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los términos establecidos en la legislación correspondiente.

II. Respetar el entorno natural y patrimonio cultural de los sitios en los que realice una actividad turística;

III. Acatar las prescripciones particulares de establecimientos mercantiles y empresas cuyos servicios turísticos disfruten o contraten y, particularmente las normas y reglamentos mercantiles de uso o de régimen interior; y

IV. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la factura o del documento que ampare el pago en el plazo pactado.

II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad;

III. La modernización de las empresas turísticas;

IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;

V. El diseño y la ejecución de acciones de coordinación entre dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno para la promoción y establecimiento de empresas turísticas; y

VI. La realización de acciones para favorecer las inversiones y proyectos turísticos de alto impacto en el sector, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo y conclusión.

VI. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de los precios y las tarifas de los bienes y servicios turísticos a cargo de la administración pública federal, tomando en cuenta las leyes, reglamentos y demás disposiciones que regulan las facultades de las dependencias y entidades.

VII. Se deroga.

VIII. a XXI. …

• Deforestación de amplias zonas de la franja costera para complejos turísticos y ciudades de apoyo, especialmente en los humedales y los manglares;

• Introducción de especies exóticas de flora y fauna, así como la extinción de especies nativas;
• Degradación de los recursos naturales, destrucción de los arrecifes, lagunas y dunas;

• Degradación de la calidad del agua y reducción de su disponibilidad; y
• Contaminación de los mantos freáticos y ecosistemas lagunares.

El ordenamiento ecológico del territorio representa uno de los retos fundamentales en materia de desarrollo sustentable, promueve la maximización del consenso social y la minimización de los conflictos ambientales.

Objetivo

Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional, a traves del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente, que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Para lograr la sustentabilidad ambiental es necesario coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno, de modo que se identifique la vocación y el potencial productivo de las distintas regiones que componen el territorio nacional. De esta manera se orientarán las actividades productivas hacia la sustentabilidad ambiental. La prioridad se centrará en formular, expedir, ejecutar, evaluar y modificar, desarrollar y publicar los ordenamientos ecológicos del territorio, incluyendo zonas costeras y marinas. Se pretende formular políticas para el manejo integral de los recursos naturales que permitan una estrecha coordinación entre estados y municipios, para concluir los ordenamientos ecológicos locales en las zonas con alto potencial de desarrollo turístico, industrial, agropecuario, acuícola y pesquero.

Estrategia 9.1. Instrumentar acciones para ejecutar el ordenamiento ecológico del territorio nacional

Con el ordenamiento ecológico general del territorio se pretende orientar las acciones, programas y proyectos de la administración pública federal, mediante la construcción de un esquema de planificación integral del territorio nacional que identifique, bajo criterios de sustentabilidad, las áreas prioritarias para la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como las áreas con mayor aptitud para la realización de las acciones y programas de los diferentes sectores del desarrollo y la construcción concertada de los lineamientos y estrategias ecológicas coherentes con los planes y programas de la administración pública federal.

Para avanzar en esta estrategia se impulsara la coordinación institucional y se generará sinergia entre los sectores de la administración pública federal estrechamente vinculados con el uso y manejo del territorio nacional, y se promoverá la realización o instrumentación de ordenamientos ecológicos en áreas prioritarias del territorio nacional.

Estrategia 9.2. Desarrollar políticas para el manejo integral y sustentable de los océanos y costas

Sólo a través del ordenamiento se fortalecerá la sustentabilidad en mares y costas. Debe cuidarse que haya una constante recuperación de las especies marinas que se pescan y que se tenga una normatividad clara y transversal en cuanto al aprovechamiento sustentable y la conservación de recursos marinos y costeros, para que todos los sectores involucrados asuman el compromiso de protegerlos y conservarlos.

Fortalecer la sustentabilidad de mares y costas a través del ordenamiento ecológico conducirá a mantener y recuperar la riqueza natural de estas las regiones. Esto requiere un esquema de plantación integral que ordene y gestione el desarrollo de las actividades sociales y productivas, como la petrolera, la turística y la pesquera. Asimismo, es necesario establecer herramientas y mecanismos para la prevención y adaptación ante la vulnerabilidad a la que están expuestos los ecosistemas y las poblaciones humanas.

El desarrollo de este instrumento de plantación ambiental generara reglas eficaces para el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, y permitirá establecer lineamientos para corresponsabilizar a los sectores sociales en su cuidado, en el crecimiento económico y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada a lo largo del litoral del país."

II. El 22 de noviembre del 2007 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2388-I, la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 16 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de noviembre de ese mismo mes y año.

III. El 11 de marzo del 2008 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2463-II, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas del Grupo Parlamentario del PRD, el día 13 de ese mismo mes y año.

IV. El 20 de mayo del 2008 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2508, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 14 de ese mismo mes y año.

V. El 18 de agosto del 2008 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2572, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y abroga la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por los diputados Raúl Cervantes Andrade, Javier Guerrero García, Jesús Ramírez Stabros, y Horacio Emigdio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del PRD, el día 13 de ese mismo mes y año.

VI. El 21 de octubre del 2008 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2617-V, la iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en esa misma fecha.

VII. El 21 de octubre del 2008 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2617-V, la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional, en esa misma fecha.

VII. Recibidas en la comisión, se sometieron a estudio y análisis, preparándose un proyecto de dictamen en sentido positivo, el cual fue sometido a la consideración y discusión de los integrantes de la Comisión de la Función Pública, quienes lo aprobó en la sesión celebrada el 1 de abril de 2009, por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 7 abstenciones.

2. La iniciativa del diputado Enrique Cárdenas del Avellano propone la posibilidad de revisar información de ejercicios fiscales distintos a aquél que se esté revisando en la cuenta pública, si se detectan irregularidades. Lo anterior, sin que se considere violatorio del principio de anualidad.

3. La iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas considera que aquellos particulares que operen bajo permisos del gobierno federal sean considerados sujetos de fiscalización; asimismo, propone actualizar la mención de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, por la actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4. La iniciativa del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla propone la instauración y operación de la Contraloría Social, misma que tendrá por objetivo encauzar la participación de la ciudadanía para participar de manera activa en la vigilancia, en el control y en la evaluación de las acciones de gobierno.

5. La iniciativa de los diputados Raúl Cervantes Andrade, Javier Guerrero García, Jesús Ramírez Stabros, y Horacio Emigdio Garza Garza señala que tiene su fundamento en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de gasto público, publicado el 7 de mayo del 2008 y cuyo artículo segundo transitorio señala que

"Segundo. El Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV constitucional."

Asimismo, que conforme al mandato del Constituyente Permanente, es necesario adecuar la legislación secundaria a las nuevas disposiciones constitucionales en un plazo que no deberá rebasar del 7 de mayo del 2009.

Que la iniciativa propone expedir la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y abrogar la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El contenido de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es, en términos generales, el siguiente:

Los primeros artículos contienen el objeto, las definiciones esenciales de la filosofía de la Ley, el ámbito de su aplicación y las obligaciones de los servidores públicos y demás personas que administren recursos federales de facilitar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación.

Se establece que dicha Ley es Reglamentaria de los artículos 74, fracción VI, 79 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización de la Cuenta Pública.

Se incorpora como sujetos de fiscalización a las personas que expidan recibos deducibles de impuestos, ya que estos representan un gasto fiscal y obtienen un beneficio de la Federación por la vía tributaria y no por la vía del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación determina que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales, deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior de la Federación.

Se establece la posibilidad para la Auditoría Superior de la Federación para que realice requerimientos a los sujetos de fiscalización y la imposición de multas por el incumplimiento del referido requerimiento y que no se impondrán las multas cuando el incumplimiento por parte de los servidores públicos o particulares derive de causas ajenas.

Se establece que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto determinar, entre otros: Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en las disposiciones aplicables; si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; la evaluación del desempeño, la eficiencia, la eficacia, la economía y la honradez en la gestión financiera; el cumplimiento de las metas y los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y su relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.

Se precisa el tipo de observaciones y, en su caso, las acciones que puede promover la Auditoría Superior de la Federación como consecuencia de sus auditorías.

Se otorgan nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación entre las que se encuentran: evaluar el desempeño y los resultados, con independencia de otras instancias que tengan atribuciones similares, o en su caso, evaluar el trabajo de dichas instancias. A este fin, podrá establecer los indicadores de desempeño y cualquier otro recurso metodológico que a su juicio permita cumplir con esta atribución; formular observaciones y, en su caso, recomendaciones al desempeño para mejorar las prácticas de gobierno, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno o cualquier otra acción promovida a fin de fortalecer el control y elevar el desempeño y los resultados, y requerir, en su caso, a los auditores externos, copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas.

Se regula la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública y la ampliación o aclaración por parte del Titular de la Auditoría Superior de la Federación o los funcionarios que éste designe, del contenido del mismo. Una vez rendido el Informe, y con independencia de las actuaciones, promociones y procedimientos iniciados, se enviará a las entidades fiscalizadas, y de ser procedente, a otras autoridades competentes, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que sea entregado dicho Informe, las observaciones y en su caso, las acciones promovidas.

Se regula la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como con otras entidades de fiscalización en las entidades federativas, para que en el ejercicio de las atribuciones de control que éstas tengan conferidas, colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales, recibidos por dichos órdenes de gobierno.

Se regula el procedimiento para el desahogo de las denuncias presentadas, fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío.

Se establece el procedimiento que seguiría la Auditoría Superior de la Federación en caso de determinar daño o perjuicio, o ambos, al Estado en su Hacienda Pública Federal o su patrimonio, y el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias.

La iniciativa de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación pretende fortalecer el papel de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en su mandato y en sus atribuciones, por lo que se incorporan nuevas atribuciones como son: presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe que elabore la Auditoría Superior de la Federación, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias; conocer los programas estratégico y anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría Superior de la Federación, así como sus modificaciones; emitir opiniones al respecto, y evaluar su cumplimiento; conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación, así como el informe anual de su ejercicio, y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías y proveer, lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión, entre otras.

Se otorgan nuevas atribuciones al Auditor Superior de la Federación, tales como: aprobar el plan estratégico de la Auditoría Superior de la Federación con un horizonte mínimo de 3 años, así como el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva; expedir las normas, disposiciones y criterios que la Ley confiere a la Auditoría Superior de la Federación; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, derivadas de las características propias de su operación; ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; resolver el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otras.

A fin de fortalecer la capacidad de ejecución de las auditorías, se establece que en la Auditoría Superior de la Federación se cuente con un servicio fiscalizador de carrera que permita atraer y retener a perfiles competentes y especializados en las materias de fiscalización y de evaluación del desempeño y de políticas y programas públicos.

6. La iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por diputado Elías Cárdenas Márquez tiene por objeto establecer las causales por las cuales el Auditor Superior de la Federación deberá excusarse en cualquier asunto que pudiera implicar un conflicto de intereses.

7. La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por Diputado Antonio Valladolid Rodríguez tiene por objeto señalar los casos en que el Auditor Superior de la Federación, los auditores especiales y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos estarán impedidos para actuar cuando existan causales que puedan generar conflictos de intereses.

Se reduce el tiempo de la revisión de la Cuenta Pública.

Se establecen los principios de fiscalización con alcance también para los estados de la república y el Distrito Federal.

Se precisan los sujetos de la fiscalización.

Las entidades fiscalizadas tienen la obligación de llevar control y registro contable, patrimonial y presupuestario.

El informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública se someterá a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Se amplía el alcance de la revisión de la Cuenta Pública, incorporando verificación del desempeño en el cumplimiento de objetivos.

Se darán a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados de su revisión de manera previa a la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior a la Cámara de Diputados.

Las legislaturas de los estados de la república y del Distrito Federal deberán contar con Entidades de Fiscalización dotadas de autonomía técnica y de gestión.

Los titulares de las entidades de fiscalización en las entidades federativas y el Distrito federal serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberán contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Se eliminan diversas disposiciones que serían, en su caso, materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobada recientemente por esta Soberanía.

Se eliminan diversos preceptos que otorgaban a la Auditoría Superior de la Federación facultades para emitir disposiciones generales y lineamientos, a fin de acotar las facultades de la misma a las disposiciones que la Carta Fundamental le otorga y se establece que los criterios que ésta emita para la elaboración de las auditorías deberán sujetarse a la Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Se modifica el precepto referente a los objetivos de la fiscalización, a fin de que éste guarde mayor congruencia con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se ajustan los conceptos referentes a las acciones que la Auditoría Superior de la Federación puede emitir, en congruencia con las disposiciones constitucionales.

Se regula el procedimiento a través del cual la Auditoría Superior de la Federación desarrollará de manera directa sus facultades de fiscalización respecto a los recursos que sean ministrados a las entidades federativas y municipios.

Se regula el procedimiento para la entrega del informe preliminar sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

Se ajusta la propuesta al principio de anualidad de la fiscalización de la Cuenta Pública, establecido en el artículo 79 de la Carta Magna y se abre la posibilidad de que las opiniones que emitan las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados sean incorporadas en el análisis y las conclusiones que respecto del Informe de Resultados elabore la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Se incorpora en la Ley el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, el cual tendrá por objeto profundizar la fiscalización de los recursos públicos federales que sean transferidos a las entidades federativas, municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Se regula la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar directamente los recursos federales, distintos a las participaciones federales, que son transferidos a las entidades federativas, municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

A fin de fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos federales, se incorpora el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.

• La de precisar el nombre del informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública.

• Se otorga un tratamiento homologo a las entidades fiscalizadas, ya sean federales, estatales o entes particulares, únicamente se hacen las distinciones estrictamente necesarias acorde a su naturaleza y obligaciones.

• Se ajusta la autonomía que tiene la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo previsto por la Constitución, esto es, autonomía técnica y de gestión y no presupuestal.

• Se adecua el monto de las multas que la Auditoría Superior de la Federación podrá imponer buscando un equilibrio entre proporcionalidad y su finalidad inhibitoria.

• Se ajusta el monto del daño causado que la Auditoría Superior de la Federación deberá considerar para abtenerse de sancionar al infractor por una sola vez cuando los hechos no revistan gravedad ni exista dolo.

• Con el objeto de agilizar el procedimiento resarcitorio se elimina la posibilidad de que exista un segundo citatorio para el caso de que el servidor público involucrado no asista a la audiencia a la que fuere citado.

• Se realiza la precisión de que las pruebas que serían desahogadas dentro del procedimiento de responsabilidad resarcitoria, serían únicamente aquéllas que fueren admitidas.

• Se fortalecen las facultades de la Comisión de Vigilancia en relación con la Auditoría Superior de la Federación, en ese sentido tendría facultades para ratificar los manuales de la misma, requerirle información concreta sobre el ejercicio de su presupuesto, opinar sobre su política de remuneraciones, prestaciones y estímulos al personal y fijar los formatos conforme a los cuales la Auditoría deberá rendir a la Cámara el informe del estado que guardan la solventación de observaciones y acciones promovidas por aquélla, de la imposición de multas respectivas y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas.

Asimismo, la Comisión de vigilancia opinó las iniciativas que a continuación se indican, y cuyas observaciones fueron tomadas en cuenta para la elaboración del presente dictamen:

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y abroga la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por los diputados Raúl Cervantes Andrade, Javier Guerrero García, Jesús Ramírez Stabros, y Horacio Emigdio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. Auditorías sobre el desempeño: la verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos;

III. Cámara: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara;

V. Comisión de Presupuesto: la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara;

VI. Cuenta Pública: la Cuenta Pública Federal a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Entes públicos federales: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal;

IX. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aún cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;

X. Fiscalización o fiscalización superior: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta Pública;

XI. Gestión Financiera: las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos y demás disposiciones aplicables, así como para administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, en términos del Presupuesto y las demás disposiciones aplicables;

XII. Informe del Resultado: el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública;

XIII. Instancia de control competente: las áreas de fiscalización y control al interior de las entidades fiscalizadas o cualquier instancia que lleve a cabo funciones similares;

XIV. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal en revisión;

XV. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en revisión;

XVI. Programas: los señalados en la Ley de Planeación y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en los cuales las entidades fiscalizadas de la Federación realizan sus actividades en cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto público federal;

XVII. Servidores públicos: los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los considerados como tales por las constituciones de los estados, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás leyes de las entidades federativas, que tengan a su cargo la administración o ejercicio de recursos públicos federales o ambos, y

XVIII. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión.

II. Informe sobre los ingresos presupuestarios obtenidos por el Gobierno Federal y las entidades de control directo;

III. Ingresos excedentes obtenidos, respecto a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada, así como su distribución y aplicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

IV. Avance del ejercicio presupuestario de los ramos y entidades, expresado en términos de gasto devengado y pagado, conforme a las clasificaciones administrativa, económica y funcional y programática;

V. Avance físico y financiero de los programas presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos;

El avance financiero de los programas presupuestarios de las dependencias y entidades se expresará en términos de gasto devengado y pagado.

En lo que corresponde al avance físico, la medición se hará con base en los indicadores de desempeño definidos por las dependencias y entidades, y los que se establezcan en el presupuesto de egresos.

VI. Avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos;

VII. Avance físico y financiero de los programas presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos, con recursos destinados a las mujeres y a la igualdad de género;

VIII. Reporte sobre los subejercicios de los presupuestos de las dependencias, los recursos no subsanados derivados de dichos subejercicios y su reasignación, en los términos de las disposiciones aplicables;

IX. Resultados de la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad presupuestaria, en los términos establecidos en los artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que incluya ahorros obtenidos y, en lo procedente, acciones realizadas;

X. Recursos entregados a los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, municipios, conforme a los distintos mecanismos previstos en las disposiciones aplicables; y

XI. Otros datos relevantes que permitan la mejor comprensión de la evolución de las finanzas públicas y de la ejecución del Presupuesto de Egresos aprobado.

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales;

II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos:

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto;

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

III. Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas:

a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo que se evalúe;

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y

IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta ley.

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño.

II. Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías;

III. Proponer al Consejo Nacional de armonización contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, información complementaria a la prevista en dicha Ley para incluirse en la Cuenta Pública y modificaciones a los formatos de integración correspondientes;

IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias;

V. Verificar documentalmente que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

VI. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes General de Deuda Pública, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas;

VIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas;

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, en general, a cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de realizar las compulsas correspondientes.

El plazo para la entrega de documentación e información a que se refiere el párrafo anterior, será de un mínimo de 10 días a un máximo de 15 días hábiles;

X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo previsto en esta ley. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que alude el artículo 25 y la prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 91 de esta ley.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos federales y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades.

Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada al Ministerio Público, cuando se acompañe a una denuncia de hechos o a la aplicación de un procedimiento resarcitorio, en este último caso, a las partes que participen.

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;

XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales;

XIII. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones;

XIV. Formular recomendaciones al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin de elevar la calidad del desempeño gubernamental;

XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político;

XVI. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.

Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, tramitará, substanciará y resolverá el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en esta ley, por las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales conforme a los ordenamientos aplicables.

También promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes del fincamiento de otras responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará denuncias y querellas penales;

XVII. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta ley;

XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas;

XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;

XX. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con las materias de su competencia y publicarlos;

XXI. Celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros nacionales e internacionales;

XXII. Practicar auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación. Igualmente, siempre y cuando haya terminado el ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de abrir formalmente las auditorías;

XXIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías copia de los documentos originales que tengan a la vista y certificarlas, mediante cotejo con sus originales. Igualmente podrá expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos;

XXIV. Constatar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública;

XXV. Fiscalizar la deuda pública en su contratación, registro, renegociación, administración y pago;

XXVI. Solicitar, en los términos del artículo 20 de esta ley, a las instancias de control competentes, en el ámbito de sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las auditorías por ellos practicadas;

XXVII. Solicitar la presencia de representantes de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar como mínimo dos reuniones en las que se les dé a conocer la parte que les corresponda de los resultados y, en su caso, las observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 de esta ley, y

XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta ley o cualquier otro ordenamiento para la fiscalización de la Cuenta Pública.

II. En su caso, las auditorías sobre el desempeño;

III. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes;

IV. Los resultados de la gestión financiera;

V. La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto;

VI. El análisis de las desviaciones, en su caso;

VII. Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

VIII. Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas;

IX. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones, y

X. Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

II. La Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión y a la Comisión de Presupuesto, a más tardar el 15 de febrero de cada año, las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda. Dichas comisiones deberán emitir su opinión a más tardar el 15 de marzo. La Auditoría Superior de la Federación publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de marzo, las reglas de operación del Programa, las cuales contendrán como mínimo, lo siguiente:

a) El plan de auditorías para el ejercicio fiscal en revisión, detallando los fondos y recursos a fiscalizar;
b) Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías;

c) Los procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos federales;
d) La cobertura por entidad federativa de las auditorías realizadas dentro del programa;

e) La asignación por entidad federativa;
f) En su caso, las acciones de capacitación a desarrollar, y

g) La distribución que, en su caso, se realice de los subsidios del Programa Anual para la Fiscalización del Gasto Federalizado a las entidades de fiscalización superior locales, y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que los mismos realicen acciones de fiscalización de recursos públicos federales;

III. Las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los informes de las auditorías que realicen en términos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, deberán:

a) Presentar los informes con el formato y estructura definidos por la Auditoría Superior de la Federación;

b) Alinear los resultados con los dictámenes de las auditorías;

c) Asegurar que todos los procedimientos de auditoría manifestados en el informe se expresen en resultados;

d) Incluir en el informe de auditoría todos los resultados obtenidos, aún aquéllos que no tengan observaciones o que se hayan solventado durante el desarrollo de las auditorías;

e) Registrar las recuperaciones de recursos y las probables recuperaciones;

f) Incorporar en los informes de auditoría el apartado de cumplimiento de metas y objetivos;

g) Alinear las conclusiones del apartado de cumplimiento de objetivos y metas con los resultados del Informe del Resultado;

h) Precisar en los resultados la normativa que se incumple o a la que se da cumplimiento; e

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la información en general;

IV. El cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado deberá ser informado en el mes de septiembre a la Comisión, a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento. Asimismo, la Comisión deberá remitir a la Comisión de Presupuesto, a más tardar el primer día hábil de octubre, información relevante respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa, a fin de considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal. Dicho informe deberá contener, un reporte sobre los aspectos detallados en la fracción II de este artículo; y

V. Los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se deberán destinar exclusivamente para actividades relacionadas directamente con la revisión y fiscalización de recursos públicos federales. Los recursos que, al final del ejercicio, no hayan sido devengados por las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o por la Auditoría Superior de la Federación, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería de la Federación.

II. Posibles actos de corrupción;

III. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados;

IV. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía;

V. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad; y

VI. El desabasto de productos de primera necesidad.

II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar; y

V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

II. Los servidores públicos de las entidades fiscalizadas que no rindan o dejen de rendir sus informes sobre la solventación de los pliegos de observaciones formulados y remitidos por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, que no atiendan las acciones promovidas sin justificación; y

III. Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, cuando al revisar la Cuenta Pública no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta ley.Artículo 51. Las responsabilidades que conforme a esta ley se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública Federal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales.

II. El oficio citatorio para audiencia se notificará personalmente al presunto responsable con una anticipación no menor de siete ni mayor de quince días hábiles, a la fecha de celebración de la audiencia, donde se le señalará que podrá asistir acompañado de su abogado o persona de confianza. La notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida, cuando se efectúe en el domicilio respectivo o en su centro de trabajo;

III. La audiencia se celebrará en el lugar, día y hora señalado en el oficio citatorio, y en caso de que el presunto o presuntos responsables no comparezcan sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo;

IV. En la audiencia, el presunto responsable en forma directa o a través de su representante podrá ofrecer las pruebas que a su derecho convengan.

Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el presunto responsable podrá por sí o a través de su defensor, formular los alegatos que a su derecho convengan, en forma oral o escrita;

V. Una vez concluida la audiencia, la Auditoría Superior de la Federación procederá a elaborar y acordar el cierre de instrucción y resolverá dentro de los noventa días naturales siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, al o a las personas responsables y notificará a éstos la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación, éste no es pagado, se haga efectivo su cobro en términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Dicho pliego será notificado también a las entidades fiscalizadas involucradas, según corresponda y a la instancia de control competente, a efecto de que esta última inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatorio correspondiente.

Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a que se refiere este artículo, o bien, para la interposición del recurso de reconsideración a que hace referencia el artículo 69 de esta ley, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener a su costa copias certificadas de los documentos correspondientes; y

VI. Si durante el desahogo de la audiencia la AuditoríaSuperior de la Federación considera que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierte la existencia de elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas relacionadas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias.

II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este artículo para la presentación del recurso de reconsideración, la Auditoría Superior de la Federación prevendrá por una sola vez al inconforme para que, en un plazo de cinco días naturales, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su presentación.

Una vez desahogada la prevención, la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo que no excederá de quince días naturales, acordará sobre la admisión o el desechamiento del recurso. En este último caso, cuando se ubique en los siguientes supuestos: se presente fuera del plazo señalado; el acto no sea definitivo; el escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; no acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente; no se exprese agravio alguno; o si se encuentra en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la resolución o sanción recurrida;

III. La Auditoría Superior de la Federación al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales y supervenientes ofrecidas, desechará de plano las que no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho; y

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Auditoría Superior de la Federación examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes, a partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al recurrente dentro de los veinte días naturales siguientes a su emisión.

II. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública y turnarla a la Auditoría Superior de la Federación;

III. Presentar a la Comisión de Presupuesto el informe del resultado, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara;

IV. Conocer los programas estratégico y anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría Superior de la Federación, así como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento;

V. Citar, por conducto de su mesa directiva, al Auditor Superior de la Federación para conocer en lo específico el informe del resultado;

VI. Conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal; requerir a dicha auditoría, por conducto de la unidad, informes durante el año sobre el ejercicio de su presupuesto, así como analizar el informe anual de su ejercicio;

VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías y proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión.

La evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si la entidad de fiscalización cumple con las atribuciones que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley, le corresponden; el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el presupuesto, y en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan;

VIII. Presentar a la Cámara la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de auditor Superior de la Federación, así como la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 79 constitucional;

IX. Proponer al Pleno de la Cámara al titular de la unidad y los recursos materiales, humanos y presupuestarios con los que deben contar la propia unidad;

X. Proponer al Pleno de la Cámara el reglamento interior de la unidad;

XI. Aprobar el programa de actividades de la unidad y requerirle todo tipo de información relativa a sus funciones; de igual forma, aprobar políticas, lineamientos y manuales que la unidad requiera para el ejercicio de sus funciones;

XII. Ordenar a la unidad la práctica de auditorías a la Auditoría Superior de la Federación;

XIII. Elaborar los formatos conforme a los cuales la Auditoría Superior de la Federación deberá presentar el informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a que se refiere el artículo 79, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XIV. Aprobar los indicadores que utilizará la unidad para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los elementos metodológicos que sean necesarios para dicho efecto y los indicadores de la unidad;

XV. Ratificar el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y

XVI. Las demás que establezcan esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

II. Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, la comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes, procederá a la revisión y análisis de las mismas;

III. Del análisis de las solicitudes los integrantes de la comisión entrevistarán por separado para la evaluación respectiva y dentro de los cinco días naturales siguientes, a los candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de una terna;

IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días naturales, la comisión formulará su dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres candidatos, para que éste proceda, en los términos del artículo anterior, a la designación del auditor superior de la Federación, y

V. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno de la Cámara.

II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;

IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;

V. No haber sido secretario de estado, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, gobernador de algún Estado o jefe del Gobierno del Distrito Federal, ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento;

VI. Contar al momento de su designación con una experiencia de diez años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos;

VII. Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y

VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado.

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público federal y las disposiciones aplicables;

III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la entidad de fiscalización, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, así como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio público de la federación, afectos a su servicio;

IV. Aprobar el programa anual de actividades; así como el plan estratégico de la Auditoría Superior de la Federación por un plazo mínimo de tres años, y el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva;

V. Expedir, de conformidad con lo establecido en esta ley y sujeto a la ratificación de la comisión, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, en el que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Diario Oficial de la Federación;

VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación, los que deberán ser conocidos previamente por la comisión y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación, ajustándose a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como informando a la comisión sobre el ejercicio de su presupuesto en términos del artículo 85, fracción XVIII, de esta ley, y cuando la comisión le requiera información adicional;

VII. Nombrar al personal de mando superior de la Auditoría Superior de la Federación;

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta ley le confiere a la Auditoría Superior de la Federación; así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y las características propias de su operación;

IX. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la Federación y la comisión;

X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública se requiera;

XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización superior;

XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y del Reglamento Interior de la propia Auditoría Superior de la Federación;

XIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de sus resoluciones y sanciones que emita conforme a esta ley;

XIV. Recibir de la Comisión la Cuenta Pública para su revisión y fiscalización superior;

XV. Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe del resultado, a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública federal;

XVI. Resolver el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias previsto en esta ley;

XVII. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades fiscalizadas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional;

XVIII. Dar cuenta comprobada a la Cámara, a través de la comisión, de la aplicación de su presupuesto aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;

XIX. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se impongan en los términos de esta ley;

XX. Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos del personal de confianza de la Auditoría Superior de la Federación, previa opinión de la comisión y observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XXI. Elaborar, para su envío a la comisión, el plan estratégico de la Auditoria Superior de la Federación, y

XXII. Las demás que señale esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

II. Tener por lo menos treinta y dos años cumplidos al día de su designación;

III. Cumplir los requisitos señalados en las fracciones III a V y VIII del artículo 84 de esta ley, y

IV. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de siete años, con título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título y cédula profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

V. Contar al momento de su designación con una experiencia de siete años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos;

II. Revisar la Cuenta Pública que se rinda en términos de esta Ley;

III. Requerir a las entidades fiscalizadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, la información y documentación que sea necesaria para realizar la función de fiscalización;

IV. Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado por el auditor superior de la Federación;

V. Designar a los auditores encargados de practicar las auditorías a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos de prestación de servicios a que se refiere el artículo 22 de esta ley;

VI. Revisar, analizar y evaluar la información programática incluida en la Cuenta Pública;

VII. Solicitar la presencia de los representantes de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las reuniones en las que se les de a conocer la parte que les corresponda de los resultados y, en su caso, observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron;

VIII. Formular los resultados y las observaciones que se deriven de las auditorías que se practiquen, incluyendo recomendaciones y acciones promovidas, las que remitirá, según proceda, a las entidades fiscalizadas en los términos de esta ley;

IX. Participar en los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación;

X. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y resoluciones que emitan conforme a esta ley;

XI. Elaborar dictamen técnico que integre la documentación y comprobación necesaria para promover las acciones legales en el ámbito penal y del juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en la revisión o auditorías que se practiquen;

XII. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades en que incurran los servidores públicos de las entidades fiscalizadas;

XIII. Solventar o dar concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y en el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncias penales y de juicio político, independientemente de que determinen su conclusión conforme a las disposiciones aplicables, solicitar a las autoridades ante quienes se envió la promoción o se presentó la denuncia informen sobre la resolución definitiva que se determine o que recaiga en este tipo de asuntos;

XIV. Formular el proyecto de informe del resultado, así como de los demás documentos que se le indique, y

XV. Las demás que señale la ley, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.

II. Auxiliar en el trámite e instrucción de recurso de reconsideración previsto en esta ley y someter el proyecto de resolución a consideración del servidor público que haya emitido el acto recurrido;

III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y contencioso-administrativas en los juicios en los que la Auditoría Superior de la Federación sea parte, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses jurídicos de la propia Auditoría Superior de la Federación, dando el debido seguimiento a los procesos y juicios en que actúe;

IV. Representar a la Auditoría Superior de la Federación ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

V. Presentar directamente o por conducto de la dirección general respectiva, conforme a lo que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, las denuncias penales o de juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas por los titulares de las unidades administrativas auditoras con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos elaborados por dichos titulares;

VI. Asesorar a las unidades administrativas auditoras en el levantamiento de las actas administrativas que procedan con motivo de las auditorías que practique la Auditoría Superior de la Federación;

VII. Participar en los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación;

VIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y resoluciones que emita conforme a esta ley;

IX. Revisar los aspectos legales concretos, por conducto de la dirección general respectiva, conforme a lo que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, que le soliciten las unidades administrativas auditoras, sobre los dictámenes técnicos que requieran para promover acciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública;

X. Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado por el auditor superior de la Federación, y

XI. Las demás que señale la ley y otras disposiciones aplicables.

II. Prestar los servicios que en general se requieran para el debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la propia Auditoría Superior de la Federación;

III. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación, ejercer y glosar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta comprobada de su aplicación, así como implantar y mantener un sistema de contabilidad de la institución que permita registrar el conjunto de operaciones que requiera su propia administración;

IV. Nombrar al demás personal de la Auditoría Superior de la Federación;

V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los contratos que permitan suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas para su debido funcionamiento, y

VI. Las demás que le señale el auditor superior de la Federación y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, de beneficencia, o colegios de profesionales en representación de la Auditoría Superior de la Federación, y

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta.

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;

III. Dejar, sin causa justificada, de fincar indemnizaciones o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia y en los casos previstos en la ley, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus atribuciones realicen;

IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la Cámara;

V. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la presente ley, sin causa justificada, el informe del resultado;

VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

VII. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere esta ley, y

VIII. Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la comisión, durante dos ejercicios consecutivos.

II. La contratación del personal del servicio será mediante concurso público, sujeto a procedimientos y requisitos para la selección, ingreso, aplicación de exámenes y evaluaciones transparentes;

III. Los procedimientos y requisitos para la promoción de sus integrantes, que deberán tomar en cuenta, su capacidad, conocimientos, eficiencia, calidad y desempeño, así como la aplicación de los exámenes respectivos, y

IV. El personal del servicio tendrá garantizada su permanencia en la Auditoría Superior de la Federación siempre y cuando acredite las evaluaciones de conocimientos y desempeño que se determinen y cumpla los planes de capacitación y actualización. Los procedimientos y requisitos para la permanencia y en su caso, para la promoción de sus integrantes, deberán tomar en cuenta su capacidad, nivel de especialización, conocimientos, eficiencia, capacitación, desempeño y resultados de los exámenes, entre otros.

II. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior de la Federación, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta con base en el programa anual de trabajo que aprueba la comisión;

III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del auditor superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

IV. Conocer y resolver, con la aprobación de la comisión del recurso de revocación que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales;

VI. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de mando superior de la Auditoría Superior de la Federación;

VII. A instancia de la comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación;

VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior de la Federación;

IX. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

X. Auxiliar a la comisión en la elaboración de los análisis y las conclusiones del informe del resultado y demás documentos que le envíe la Auditoría Superior de la Federación;

XI. Proponer a la Comisión los sistemas de evaluación del desempeño de la propia unidad y de la Auditoría Superior de la Federación, así como los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la unidad como la comisión;

XII. Requerir a la Auditoría Superior de la Federación informes detallados sobre el ejercicio de su presupuesto, en adición a los informes que ésta debe presentarle en términos del artículo 85, fracción XVIII, de esta ley;

XIII. En general, coadyuvar y asistir a la comisión en el cumplimiento de sus atribuciones, y

XIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

II. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior de la Federación la información necesaria para cumplir con sus atribuciones;

III. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la unidad, y

IV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.