A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminen la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del PRI.
Esta comisión con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de abril de 2008, los secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de seudoefedrina, suscrita por el diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del PRI, para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. Que el Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
• Se solicita la comparecencia ante la Comisión de Economía del administrador general de Aduanas, ingeniero Juan José Bravo Moisés, a fin de que informe a esta comisión, y a través de ella al Pleno de esta soberanía, respecto de la modificación de los registros de importación de seudoefedrina, sustancia que se utiliza tanto para la fabricación de medicamentos como de metanfetaminas (droga sintética).
Consideraciones
Primera. Que con base a los antecedentes indicados la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Segunda. Que la pseudoefedrina es usada para aliviar el malestar nasal causado por los resfríos, las alergias y la fiebre del heno, y también se usa para aliviar la congestión y la presión en los senos paranasales.
Tercera. Que la pseudoefedrina pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes simpaticomiméticos que son usados como descongestivos nasales, funciona al provocar un estrechamiento de los vasos sanguíneos en las hinchadas membranas de la mucosa nasal, para reducir la congestión nasal y permitir el drenaje de los senos paranasales.
Cuarta. Que la pseudoefedrina puede provocar efectos secundarios, tales como agitación y malestar estomacal, pero algunos efectos secundarios pueden ser graves como nerviosismo, mareos, dificultad para dormir, dolor de estómago, vómitos, dificultad para respirar, frecuencia cardiaca irregular o más rápida que el ritmo normal, debilidad, palpitaciones, temblores incontrolables en partes de su cuerpo, e inclusive alucinaciones.
Quinta. Que la efedrina está clasificada en el artículo 4, fracción I, de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y Comprimidos (LFCPQPQEM), ya que son fundamentales para producir narcóticos, al incorporar a éstos su estructura molecular.
Sexta. Que el artículo 3, fracción XXIV, de la Ley General de Salud (LGS) establece que, en los términos de esa norma, es materia de salubridad general el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.
Séptima. Que por control sanitario se entiende el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud.
Octava. Que el artículo 17 de la LGS dispone que es competencia del Consejo de Salubridad General dictar medidas contra la venta y producción de substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir y combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en la salud.
Novena. Que el artículo 17 Bis de la LGS establece que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a esa norma, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables corresponden a dicha dependencia, además de proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores, así como elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos de su competencia, ejerciendo el control sanitario sobre dichos productos en lo referente a su importación y exportación.
Décima. Que el artículo 376 de la LGS establece que requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas. Asimismo, menciona que registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta ley, dicho registro podrá prorrogarse por plazos iguales, a solicitud del interesado, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prórroga dentro del plazo establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o fabricante de materia prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente, a lo que el primer periodo de gracia se prorrogará hasta 2010, y ese año todos los productos tendrán que haber cumplido el requisito.
Décima Primera. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el uso y consumo de seudoefedrina y efedrina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008, se prohíbe toda importación de medicamentos o cualquier insumo para la salud que haya sido elaborado utilizando como uno de sus componentes o aditivos las sustancias pseudoefedrina y efedrina, con la excepción con excepción del sulfato de efedrina en su forma farmacéutica de solución inyectable o para la fabricación de ésta, así como la importación de las sustancias mencionadas como materia prima o bajo cualquier otro concepto.
Décima Segunda. Que a raíz de la publicación de este decreto, únicamente se autorizó la importación de sulfato de efedrina en su forma farmacéutica de solución inyectable o para la fabricación de ésta, así como la importación de las sustancias mencionadas como materia prima o bajo cualquier otro concepto, y en estos casos la autorización deberá ser otorgada por el comisionado federal para la Protección Contra Riegos Sanitarios (Cofepris), y el ejercicio de dicha facultad no podrá ser delegada a ningún funcionario de nivel jerárquico inferior.
Décima Tercera. Que además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del acuerdo de referencia, todo proceso de importación, tanto de materia prima como de producto terminado deberá suspenderse.
Décima Cuarta. Que se instruyó a la Cofepris, para que cancele todos los permisos de importación que estén por ejercerse, con excepción del sulfato de efedrina en su forma farmacéutica de solución inyectable o para la fabricación de ésta. Asimismo, se notificó que si algún lote de seudoefedrina, efedrina o producto terminado que contenga pseudoefedrina o efedrina, es introducido al país dado su avanzado proceso de importación, deberá procederse a su destrucción en los términos de lo dispuesto por el numeral quinto del acuerdo referido, debiendo dar el aviso a que se refiere el mismo, de manera inmediata a la Cofepris.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete al pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina, suscrita por el diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del PRI.
Segundo. Archívese el presente asunto como asunto como totalmente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica en contra), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica),
secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal, Antonio
Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González,
Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús
Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica),
Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto
Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana
Monreal Ávila, Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica
en contra), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica en contra), Eduardo Ortiz
Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez,
Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez
(rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Ernesto Ruiz Velasco de
Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Alberto Amaro
Corona, Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín
Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE SALUD, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MALTRATO FÍSICO O MENTAL
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a incorporar especialistas en salud mental para la atención de niños y de adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental, presentada por la diputada Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 72, fracción D, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
1. En sesión ordinaria del 24 de abril de 2008, la diputada Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno, con carácter de urgente resolución, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a incorporar especialistas en salud mental para la atención de niños y de adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, para estudio y posterior dictamen.
3. Con fecha 8 de julio de 2008, el pleno de la Comisión de Salud aprobó el proyecto de dictamen, en sentido negativo, sobre el punto de acuerdo en comento y lo envió el 14 de noviembre de 2008 a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para consideración y análisis.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Como parte de sus consideraciones, la diputada proponente sostiene que, históricamente, los niños han sido víctimas de violencia en todas las formas conocidas; y que desde entonces han sido mutilados, golpeados, vejados y explotados.
Por esta razón, indica, en 2001 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un estudio sobre la violencia contra los niños, la cual con frecuencia se esconde y a menudo es socialmente aprobada en todo el mundo. El estudio resulta el primer intento por documentar la realidad mundial de la violencia contra los menores. Representa el primer paso para evaluar lo que se ha hecho para detenerla.
En México, la Secretaría de Salud formuló un informe nacional sobre violencia y salud, que fue presentado en abril de 2007 y compila investigaciones del UNICEF, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el DIF, el Instituto Federal Electoral y del Sistema Nacional de Información en Salud, los cuales, entre otras cosas, señalan que México es uno de los países más violentos contra los niños.
Asimismo, que entre los países miembros de la OCDE, México, Estados Unidos y Portugal reportan el número más alto de niños muertos por maltrato. También, de acuerdo con ese informe, entre 1991 y 2002 se registraron 7 mil 351 homicidios contra menores de 15 años. En cuanto a 2005, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) consignó 677 homicidios contra menores. En todos éstos, las causas más recurrentes fueron el ahorcamiento, la estrangulación y la sofocación. Menciona también que entre 2000 y 2002 el DIF recibió un promedio de 4 casos de maltrato infantil al día: resultó responsable la madre en 47 por ciento de los casos, mientras que en 29 por ciento fue el padre.
En su argumentación, la diputada Herrera Ale refiere lo señalado por la investigadora Elena Azaola, quien advierte que, además de los homicidios, hay otro tipo de violencia que es menos visible y dramática, pero que implica dosis cotidianas de dolor que causan severos daños y disminuyen de manera drástica las posibilidades de tener una vida sana y plena. Es ése el caso, dice, de los insultos, los apodos, el silencio y la indiferencia. Y sostiene que la escuela y el hogar son los lugares más peligrosos para los niños menores de 14 años, pues en ambos círculos se emplean golpes y agresiones psicológicas "para disciplinar", además de casos de abuso sexual "que son el reflejo del autoritarismo".
La diputada refiere que numerosos estudios señalan que el maltrato físico produce daños corporales y emocionales, lo que repercute necesariamente en el ámbito social.
En cuanto a las consecuencias psicológicas, refiere que los niños que sufren maltrato físico tienen mayores dificultades para el desempeño escolar, el autocontrol, la valoración de su imagen y el establecimiento de relaciones sociales. Que las consecuencias emocionales de largo plazo pueden resultar devastadoras, pues estos niños tienen mayor riesgo de vincularse y depender del alcohol y de las drogas. Asimismo, que entre los daños que pueden presentarse en su relación social, aunque menos visibles, se encuentran la dificultad para establecer amistad, las escasas habilidades de conocimiento y lenguaje, la desconfianza en los otros, la complacencia excesiva con figuras de autoridad, y tendencia a resolver de manera violenta problemas interpersonales. Por ello, los especialistas han insistido en que el maltrato infantil afecta a las familias y a las comunidades.
Finalmente, advierte la diputada Herrera Ale, en el país, en términos jurídicos los menores están protegidos, pero en la práctica resultan de los grupos más vulnerables. Por ello considera necesaria su propuesta a fin de implantar medidas de prevención y vigilancia para detener las prácticas de maltrato, tanto físicas como psicológicas, de que son víctimas los menores.
III. Consideraciones
Primera. Considerando el estudio del secretario general de la ONU sobre violencia contra la niñez; el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, de la Secretaría de Salud; el estudio La infancia cuenta en México 2005, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y más de igual importancia, todos los cuales han dirigido sus esfuerzos a hacer efectivos los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño, y abonar a que "la niñez debe estar plenamente preparada para una vida independiente y en sociedad y ser educada en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular en espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad"; y que también reconocen que la violencia existe en todos los países, independientemente de las culturas, clases sociales, niveles educativos, ingresos y origen étnico; y en especial contra la niñez en diferentes contextos: familia, escuelas, lugares de trabajo, comunidad y otros.
Segunda. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos con la diputada promovente respecto a su preocupación referida al maltrato infantil en el mundo y particularmente en nuestro país. Ese fenómeno denigrante se evidencia a través de abundantes cifras y números que hablan de tan degradante actitud de la sociedad contemporánea. De tales cifras, por su cotidianeidad y por ser del dominio público, en esta ocasión sólo reiteraremos, para el país, las que refirió el representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante el acto de la presentación en México del estudio del secretario general de la ONU sobre la violencia contra la niñez en abril de 2007, tomados de la consulta infantil y juvenil efectuada por el Instituto Federal Electoral en 2000, la cual reportó que 21 por ciento de los niños de entre 6 y 17 años dijo ser víctima de golpes o insultos en el hogar.
Una proporción igual (21 por ciento) afirmó ser víctima de golpes o insultos en la escuela y 14 por ciento dijo serlo en su entorno comunitario. De acuerdo con la Encuesta de Violencia Intrafamiliar de 1999, realizada por el INEGI, en el Distrito Federal aproximadamente 38 por ciento de los niños y los adolescentes menores de 19 años vivían en hogares donde hay violencia emocional, 6 por ciento en hogares con intimidación, 5 por ciento con violencia física y cerca de 1 por ciento donde había violencia sexual.
Tercera. Los integrantes de las dictaminadoras reiteramos que la atención y solución radical de este problema social y de salud, como el de muchos otros que individual y socialmente nos aquejan, no es posible asumirlas, una vez más, de forma parcial y paliativa. Nos referimos a que esta situación, de origen multifactorial, reclama la acción, los presupuestos, la disposición, la actitud, y el ejercicio de muy diversas autoridades oficiales y privadas, programas, acciones y ejercicio de especialistas diversos para implantar acciones integrales que superen de forma efectiva los atavismos, las deficiencias, las carencias y la pérdida de valores y de principios que han desembocado en tan perversas actitudes deshumanizantes y de desintegración social.
Cuarta. Sin duda, en los planos internacional y nacional, con relación a los derechos de la infancia y de la juventud abundan la legislación, la normatividad y los programas públicos y los privados que pretenden la protección, el apoyo y el desarrollo de los niños y los jóvenes de cada uno de los países, sin que el nuestro sea la excepción. Pero, como en muchos otros casos se ha dicho y visto, el problema radica en la enorme dificultad, real o premeditada, de la viabilidad de su ejecución y cabal cumplimiento.
Quinta. Las comisiones dictaminadores reiteramos que la detección de la violencia contra los infantes requiere un cierto nivel de entrenamiento y una considerable sensibilidad hacia las necesidades individuales y culturales de los pacientes o víctimas.
Es menester también un amplio grado de continuidad para prevenir reincidencias y asegurar un cambio permanente. Esto, siempre que se conjuguen los factores concomitantes con las transformaciones y modificaciones que favorezcan el cambio integral en los planos individual y colectivo.
Sexta. Por todo lo anterior, y con absoluto respeto del trabajo legislativo propuesto y su noble propósito, que coincide con el interés superior del niño y sin olvidar que la violencia puede detenerse y prevenirse, las comisiones dictaminadoras estiman que el punto de acuerdo, en lo particular, promueve una atención parcial y carece de precisión con relación a los entes y las autoridades que propone que atiendan su sugerencia. Es una propuesta abierta, enviada a diversas áreas, con propuestas no sólidas.
Para atender la detección y prevención del maltrato infantil, propone que los pasantes de la carrera de psicología sean asignados a las "diversas instancias", lo que resulta muy difícil de atender, entre otras razones, por el escaso número de pasantes de psicología y, más aún, de la especialidad que requiere el planteamiento propuesto, que contrasta con el abrumador número que puede demandar, en realidad, la asignación de éstos a las "instancias" que sugiere.
Por tanto, los integrantes de las dictaminadoras consideramos que la propuesta no es viable, ya que es poco precisa y fracciona la atención integral que la violencia contra los niños y los jóvenes demanda.
Por los expuesto, las comisiones dictaminadoras someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a incorporar especialistas en salud mental para la atención de niños y de adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental, presentada por la diputada Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de abril de 2008.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez, Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús
(rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín
Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián,
María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado
de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia
García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge
Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE ASIGNE A LA SECRETARÍA DE MARINA RECURSOS ECONÓMICOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÉLICO Y SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE LA SONDA DE CAMPECHE
A las Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche para prevenir un posible ataque terrorista.
Las Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en uso de las facultades otorgadas en los artículos 39, numeral 1 y 2, fracción XXII, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedieron a realizar un estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo enviada para estudio y dictamen, con base en los siguientes antecedentes y considerandos.
Antecedentes
1. En sesión celebrada en fecha 11 de abril de 2007, el diputado Marco Antonio Peyrot Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche para prevenir un posible ataque terrorista.
2. Mediante oficio número DGPL 60-II-3-588, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turnó la proposición con punto de acuerdo de referencia a las Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para estudio y dictamen, y que ahora se emite con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que la proposición con punto de acuerdo turnada a estas comisiones unidas, para estudio y dictamen, tiene como objetivo exhortar al Ejecutivo federal a extremar las medidas de seguridad, implantadas en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche, a fin de prevenir un ataque terrorista, y solicitar al Ejecutivo federal que asigne de forma inmediata a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios por la cantidad de 2 mil 200 millones de pesos, con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que se adquiera el equipo bélico necesario que considere esta secretaría para reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche.
Segundo. Que la seguridad nacional vela por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Actualmente, el terrorismo es considerado, también en nuestro país, como una verdadera amenaza a la seguridad nacional.
Tercero. Que el 8 de febrero de 2007 se difundió en Internet una publicación de Al Qaeda en la que se lanza una amenaza en contra de México, Canadá y Venezuela, ya que son éstos los mayores abastecedores de petróleo a Estados Unidos de América y con esto obtendrían la disminución de las importaciones estratégicas de energéticos que realiza este país y, de esta manera, asfixiar su economía.
Cuarto. Que estas comisiones, al entrar al estudio de la materia, establece que la presente proposición con punto de acuerdo queda sin materia, dado que con fecha 12 de noviembre del presente año, con 449 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 por un monto total de 2 billones 569 mil 450 millones 200 mil pesos, de los cuales 656 mil 514 millones 168 mil 303 pesos se destinarán al gasto de ramos administrativos y 47 mil 774 millones 883 mil 887 pesos a organismos autónomos.
Quinto. Que a la Secretaría de Marina-Armada de México, para el ejercicio fiscal de 2008, se le asignó un presupuesto de 13,420.2 millones de pesos, lo que representa un aumento de 18.4 por ciento de variación real sobre el aprobado para el presente año, incremento reflejado en una alta de 2,468.9 millones de pesos, en referencia con el de 2007.
Por lo expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública emiten el siguiente
Acuerdo
Primero. La proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche, presentada por el diputado Marco Antonio Peyrot Solís el 11 de abril de 2006, quedó sin materia debido a que el objetivo esencial ha quedado cubierto con la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008.
Segundo. Por tanto, se solicita que se archive el expediente como asunto concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2008.
La Comisión de Marina
Diputados: José Manuel del Río Virgen (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica en contra), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón, Adrián Fernández Cabrera, Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Nabor Ochoa López, Pedro Pulido Pecero, Víctor Manuel Torres Herrera, Juan Victoria Alva, Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Diputados: Raúl Alejandro
Padilla Orozco, presidente; Édgar Martín Ramírez Pech,
Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Érick López Barriga
(rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala
Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo
Garrido, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Mónica
Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios;
Adolfo Escobar Jardinez (licencia), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Amador
Campos Aburto (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez
(rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos
Rojas Gutiérrez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica),
Charbel Jorge Estefan Chidiac, Enrique Serrano Escobar (rúbrica),
Enrique Iragorri Durán, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica),
Francisco Javier Calzada (rúbrica), Francisco Rueda Gómez
(rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica),
Jorge Emilio González Martínez, Jesús Ramírez
Stabros (rúbrica), José Alejandro Aguilar López, Juan
Adolfo Orcí Martínez, Liliana Carbajal Méndez, Mario
Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos
(rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Pablo Trejo Pérez.
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, RELATIVO A LA NO ACREDITACIÓN DE CORRESPONSALES DE DIVERSOS MEDIOS EN CUBA POR CONSIDERARSE EXTEMPORÁNEA
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
El 26 de abril de 2007, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una proposición con punto de acuerdo por la que se condena la no acreditación en Cuba de los corresponsales César González Calero, del periódico El Universal de México; Stephen Gibbs, de la BBC de Londres; y Gary Marx, del diario The Chicago Tribune de Estados Unidos, toda vez que esto implica una violación del derecho a la libertad de expresión.
En esa fecha, la Mesa Directiva de la honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el dictamen de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
1. La proposición con punto de acuerdo funda su interés en los hechos, suscitados en Cuba durante febrero de 2007, referentes a la notificación por el Centro de Prensa Internacional* a la no acreditación periodística de tres corresponsales.
2. La medida fue aplicada contra los profesionales César González Calero, del periódico mexicano El Universal; Stephen Gibbs, de la cadena de televisión británica BBC; y Gary Marx, del diario estadounidense The Chicago Tribune.
3. La libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión. Además, es instrumento indispensable mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.
4. Para la Comisión de Relaciones Exteriores, el derecho a la libertad de expresión es esencial para mantener una verdadera y significativa comprensión y cooperación entre las naciones. No obstante, considera que la situación ocurrida hace un año carece de vigencia en la relación bilateral actual México-Cuba.
Por lo expuesto, la comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la no acreditación de corresponsales de diversos periódicos en Cuba por considerarse extemporánea.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Nota
*El Centro de Prensa Internacional constituye una dirección
subordinada al Ministerio de Relaciones Exteriores que, con personalidad
jurídica propia, atiende lo referente a la prensa extranjera. Se
encarga de otorgar las visas a los periodistas que visitan Cuba y brinda
atención a los corresponsales permanentes y representantes de medios
especializados acreditados en el país.
Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 10 de diciembre de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza
Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos
Galván (rúbrica en contra), Óscar Miguel Mohamar Dainitin,
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique
del Toro, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica),
Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga
(rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana
Bautista Bravo, César Camacho Quiroz (rúbrica), María
Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera,
Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica),
Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María
Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques
y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica),
Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José
Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel
Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica),
Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica
Rojas Hernández, Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez
(rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez
(rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
DE LA COMISIÓN DE TURISMO, RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A ÉSTA QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN PLURAL PARA QUE REALICE UN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL DERECHO POR SERVICIO MIGRATORIO EN EL TURISMO EN LA INDUSTRIA DE CRUCEROS Y EN LA ECONOMÍA DE LOS LUGARES DONDE ARRIBAN
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a este órgano legislativo que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban los cruceros turísticos.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6 –incisos e) y f)– y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza conforme a lo siguiente:
Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2008, el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban los cruceros turísticos.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-1-2047 acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido de la proposición
a. El diputado proponente hace referencia a que el turismo en México muestra una delicada pérdida de su dinamismo y competitividad. De acuerdo con el índice del Foro Económico Mundial, entre 2007 y 2008, retrocedió del lugar 49 al 55 en el índice global.
b. El que propone menciona que lo dicho es motivado por la crisis económica de Estados Unidos de América, principal mercado emisor de turistas para México, y por los altos precios del petróleo, que han afectado tanto al turismo como a la industria de cruceros, pues tan sólo por combustible el incremento, que fue de 2 por ciento en 2007, se ha elevado significativamente a 16 por ciento en 2008.
c. El diputado Lizárraga Peraza afirma que, respecto específicamente a la industria de cruceros, tenemos que en México las tarifas y costos son más caros que en países competidores de la región del Caribe, y junto con este panorama, en la Ley Federal de Derechos de 2009 se propone la obligación de un pago de 25 pesos por pasajero, para verificar trámites migratorios a las embarcaciones turísticas.
d. Finalmente, el diputado del Partido de la Revolución Democrática que realiza este exhorto asevera que, de llegarse a este extremo, indudablemente el resultado sería complicar más la regulación actual, favorecer a las naciones competidoras, perjudicar notablemente las posibilidades de fortalecimiento que tenga nuestro país en este ramo, reducir la oferta de empleo, e incidir en el detrimento de las comunidades y su economía.
Consideraciones
I. La que dictamina considera que México se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los cruceristas en todo el mundo; prueba de ello es que más de 10 millones de turistas llegan anualmente a sus costas a bordo de embarcaciones internacionales, caracterizadas por decenas de diversiones a bordo como casinos, tiendas, gimnasios, espectáculos, centros de baile y una vasta gastronomía. Por ello, diversas dependencias federales y empresas privadas han estudiado el fenómeno de los cruceros y todo lo relacionado con esta industria, incluyendo los ingresos que generan y el efecto negativo que tienen en nuestro país.
II. La dictaminadora, tras un amplio estudio sobre el exhorto del proponente, el cual considera integrar una subcomisión plural que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los destinos de los cruceros, encontró que ya existe una dependencia que lleva a cabo este trabajo de análisis, lo anterior con fundamento en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Sección V, donde se establecen las atribuciones y obligaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual tiene por objeto (artículo 55) la planeación, ejecución, control, supervisión, evaluación y análisis todos los flujos migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.
III. De igual forma, dentro de este instituto existen unidades de apoyo, coordinaciones de delegaciones del INM, las cuales realizan actividades específicas de planeación e investigación, además de ser los encargadas de recabar la información estadística y, con base a ella, formulan visiones de corto, mediano y largo plazos en distintos temas, como es el caso del flujo migratorio de turistas extranjeros y cruceros.
IV. Asimismo, esta dictaminadora investigó que las atribuciones de estas coordinaciones, según el artículo 66 de su reglamento, incluyen el estudiar la problemática migratoria y administrativa de las delegaciones regionales, tomando en cuenta la derrama económica por los servicios migratorios que se prestan a los turistas extranjeros y su efecto en el país.
V. Finalmente, la dictaminadora considera inviable integrar una subcomisión para realizar un análisis de un tema, el cual ya es estudiado por el Instituto Nacional de Migración y sus coordinaciones regionales, además de que la comisión cuenta con los indicadores y estudios que realiza ese instituto.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban los cruceros turísticos.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
La Comisión de Turismo
Diputados: Octavio Martínez
Vargas (rúbrica), presidente; Francisco Dávila García
(rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica),
Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos
Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez
(rúbrica), secretarios; Ana María Ramírez Cerda (rúbrica),
Armando Enríquez Flores, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui,
Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo
(rúbrica en contra), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica),
Joel Guerrero Juárez, Benjamín Hernández Silva (rúbrica),
Juana Leticia Herrera Ale, Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica),
Sonia Leslie del Villar Sosa, María Soledad López Torres
(rúbrica en contra), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica),
Gilberto Ojeda Camacho, Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica),
José Ascensión Orihuela Bárcenas, Héctor Manuel
Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez
(rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica),
Sara Shej Guzmán (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares,
Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).