• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XVIII al artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

• De la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

• De la Comisión de Vivienda, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 71, 78 y 83 de la Ley de Vivienda.

• De las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma las Leyes del Impuesto sobre la Renta, y de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

• De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fortalecimiento al Federalismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley de Coordinación Hacendaria.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y reforma el artículo 223 del Código Penal Federal.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el párrafo cuarto del artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 3, 217 y 219, y adiciona el 32 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 197-C y reforma la fracción IV del 211 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo, "De los Delitos contra el Deporte", del Código Penal Federal.

• De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 323 Bis y 323 Ter, y adiciona el 323 Quáter al Capítulo III, Título Sexto, del Código Civil Federal.

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población.

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 7, y adiciona el 11 de la Ley General de Población.

• De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

• De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 195 y 216 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan los artículos 18 y 28 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas de decreto interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", y por el que se aclaran y explican la aplicación y el destino específico de los recursos establecidos en ese anexo.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

• De la Comisión de Vivienda, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 14, y adiciona un primer párrafo al 25 y una fracción al 30 de la Ley de Vivienda.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y el artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVIII al artículo 30, recorriéndose la subsiguiente, de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada el dos de octubre de dos mil siete por el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión elabora el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha dos de octubre de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que adiciona la fracción XVIII al artículo 30, recorriéndose la subsiguiente de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a esta comisión.

Con base en lo anterior, la comisión hace de su conocimiento el siguiente

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa pretende la adición de una fracción XVIII al artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que permita que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en pleno uso de sus facultades, pueda celebrar convenios con las empresas encargadas de la producción y comercialización de ayudas y dispositivos dirigidos a las personas con discapacidad, para quedar como sigue:

Texto vigente

I. La propuesta de incorporar atribuciones al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad a fin de concertar acuerdos con empresas encargadas de producir y comercializar dispositivos para las personas con discapacidad, no es necesaria al ya está contemplada dentro de las atribuciones del Consejo, al establecer en su artículo 30, fracción XV, lo siguiente:

Por lo expuesto, la comisión emite el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto decreto que adiciona una fracción XVIII al artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Conste.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 21 de mayo de 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia, Marisol Mora Cuevas, María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica en contra), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2, fracción VII, y 3 del artículo 39; párrafo 6, incisos e), f) y g), y 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen, bajo los siguientes:

Antecedentes

En sesión celebrada el 28 de febrero de 2008 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional".

Valoración de la iniciativa

En su exposición de motivos, el texto de la iniciativa establece:

A continuación se emitirán elementos de juicio con rigor analítico que sustenten el punto resolutivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que se analiza, apegándose estrictamente a la reforma propuesta en la iniciativa en estudio.

Somos conscientes de que pueden existir opiniones diversas en torno al asunto que abordamos, pero la finalidad del dictamen que se expone es precisamente unificar criterios sustentados en razonamientos estrictamente jurídicos.

Existen obligaciones por parte del instituto armado que demandan interés en asuntos de defensa y especializada preparación militar, como es el caso de la estrategia, táctica, preparación, educación, entrenamiento, doctrina, objetivos nacionales de la defensa, prioridades, amenazas y presupuestos de defensa. Todo lo anterior, son asuntos de índole castrense que no pueden ser abordados de manera superficial, y que es necesario conocer a fondo para dirigir un instituto armado.

La variedad de responsabilidades y tareas que incumben a la Secretaría de la Defensa Nacional, exige vastos y especializados conocimientos castrenses por parte del alto mando del Ejército y Fuerza Aérea.

El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea tiene una función claramente definida en el orden jerárquico, subordinado en todo momento al presidente de la república, lo que le permite desempeñar capazmente sus funciones de dirección, administración y supervisión, respondiendo en todo momento a un orden jerárquico, lo cual es fundamental para la eficacia política y operativa.

Para dirigir al instituto armado, se requiere de liderazgo, ya que el ejercicio del mando debe recaer en una persona que tenga el conocimiento, identificación, formación y ante todo el reconocimiento por sus méritos dentro de la institución, situación que sustenta la necesidad de un militar de basta experiencia al frente de la dependencia.

Lo anterior se contempla en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al establecer en su artículo 32:

Artículo 32. Los ascensos a los grados de coronel, general brigadier o de grupo, de brigada o de ala y de división, serán conferidos por el presidente de la república atendiendo preferentemente al mérito, aptitud y competencia profesionales, calificados a juicio de dicho alto funcionario.

En otro orden de ideas, las responsabilidades políticas son propias de la gestión de gobierno, pero las Fuerzas Armadas son una entidad sin militancia política, que es organizada por el Estado con el fin de garantizar la independencia y soberanía de la nación. Por lo que el Ejército realiza sus operaciones de acuerdo a sus necesidades estratégicas y tácticas.

Así entones, los valores de la profesión militar, sobre los cuales se sustenta su organización son entre otros: la vocación, el mérito profesional, la disciplina, el espíritu de cuerpo, la verticalidad de mando, la lealtad al instituto armado y el respeto al marco legal de la república, siendo estos, los principios que guían el comportamiento de todo militar.

Por ello, cuando un militar se encuentra al frente del instituto armado, éste asegura una política general de defensa, una estrategia concreta de seguridad y un plan estratégico de operaciones militares, en resumen, asegura mando y control dentro del instituto armado.

Consideramos que el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, debe poseer los conocimientos castrenses necesarios para en un momento dado tener la capacidad de organizar, coordinar y desplegar de forma rápida y efectiva al Ejército y Fuerza Aérea.

El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea necesita tener una completa comprensión de las necesidades especiales del instituto armado, y esta capacidad se adquiere solo después de décadas de estudio y práctica de los temas castrenses.

En otro orden de ideas, los artículos 30, en su literal A, fracciones I y II, 32, tercer párrafo, 34 y 35, fracción II, de la Carta Magna establecen claramente:

En este sentido, el obtener el ascenso a este grado, implica no solo tiempo dentro de las Fuerzas Armadas, sino méritos, aptitudes y competencia profesionales.

Lo anterior, se determina en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales establecen:

En otro orden de ideas, la autoridad política sobre las Fuerzas Armadas no sólo se ejerce en los hechos a través del mando supremo, sino también por medio del Congreso de la Unión, así entonces, las misiones ejecutadas por las Fuerzas Armadas se realizan por orden de la autoridad civil legalmente facultada para ello, y no por discrecionalidad del instituto armado. Los civiles subordinan en los hechos al instituto armado, mediante la dirección política civil.

No debemos omitir que las misiones generales de las Fuerzas Armadas son aprobadas y asignadas por los líderes civiles, y sólo acatadas por los militares, por lo que la subordinación militar a la dirección política civil es un hecho hoy día en nuestro país.

Este hecho, se establece en la fracción XIV del artículo 73, y en las fracciones I y VI del artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen:

El poder político civil ha invertido tiempo, talento y recursos, al dirigir su atención a los desafíos políticos, económicos y sociales, que son necesarios resolver en el corto plazo, y cuyos resultados han sido positivos, pero en el caso de la defensa, sería prudente dejar estos asuntos a quienes los conocen a fondo.

Aunado a lo anterior, de las 19 secretarías de orden federal, únicamente 2 de ellas tienen como titular de la misma a un militar, por lo que se deduce que el Estado esta dirigido por el poder político civil, en donde la delimitación y organización, de las responsabilidades militares y civiles en la organización del gobierno federal es clara.

En otro orden de ideas, y para concluir, consideramos que la propuesta de la iniciativa en estudio es vana en su redacción, ya que por un lado el alto mando del Ejercito y Fuerza Aérea requiere hoy día para ocupar dicho cargo de acuerdo con la norma castrense, ser ciudadano o ciudadana de la república, así como también y atendiendo estrictamente a lo contemplado en la propuesta de la iniciativa y en confrontación con la Carta Magna, siempre ha sido prudente que el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea cumpla con las fracciones I y II del artículo 34 constitucional para ocupar este importante nombramiento.

Más allá de la exposición de motivos que la sustenta, estimamos que la reforma que se propone no es clara, por los conceptos utilizados en la misma, por lo que se aparta del fin que se persigue.

Determinamos que la redacción vigente del artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, implícitamente contempla la propuesta de la iniciativa, por lo que la reforma propuesta resulta innecesaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en las consideraciones del presente dictamen, las cuales estimamos sólidas la Comisión de Defensa Nacional

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Segundo. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de junio del 2008.

La Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica en contra), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica en contra), Marco Antonio Peyrot Solís, Javier González Garza, César Flores Maldonado, Celso David Pulido Santiago, Raúl Ríos Gamboa, David Sánchez Camacho (rúbrica en contra), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica en contra), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Israel Beltrán Montes, Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, Aída Marina Arvizu Rivas.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 71, 78 Y 83 DE LA LEY DE VIVIENDA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71, 78 y 83 de la Ley de Vivienda, presentada por el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XL, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. Con fecha a 30 de abril de 2008, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71, 78 y 83 de la Ley de Vivienda.

2. En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Vivienda, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos", lo cual se hizo del conocimiento mediante el oficio número DGPL.60-II-4-1396.

3. La iniciativa propone reformas de los artículos 71, 78 y 83 de la Ley de Vivienda:

Consideraciones

Primera. Los integrantes de la comisión dictaminadora comparten con el promovente de la iniciativa, la importancia que tiene el agua como un elemento vital para todas las formas de vida conocidas; es decir, es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas, después del aire, el agua es el elemento más indispensable para la existencia del hombre, debido a que 70 por ciento de nuestro cuerpo está constituido por agua; encontramos agua en la sangre, en la saliva, en el interior de nuestras células, entre cada uno de nuestros órganos, en nuestros tejidos e incluso, en los huesos.

El agua cubre tres cuartas partes de la superficie de la Tierra; sin embargo, 3 por ciento de su volumen es dulce, de ese 3 por ciento, 1 por ciento está en estado líquido en ríos y lagos y el 2 por ciento restante se encuentra formando casquetes o banquisas en las latitudes próximas a los polos.

El agua dulce aparte de ser una bebida esencial para la supervivencia de todas las formas de vida conocidas, en la vida cotidiana de los seres humanos tiene múltiples usos, utilizándose para preparar alimentos, lavar ropa o trastes, aseo personal, riego de cultivos, cría de animales, fabricación de productos, producción de energía, el riego de parques, bosques y jardines, para fines industriales, etcétera; es decir, el agua está presente en todas las actividades humanas.

Segunda. Entre los problemas más delicados que actualmente enfrenta el mundo está la escasez de los recursos naturales. En el caso del agua potable, escasea en la medida que la población aumenta y por que lamentablemente es desperdiciada por las personas carentes del sentido de responsabilidad y solidaridad humana.

En México, como en el resto del mundo, el agua es un elemento importante para mantener el equilibrio de los ecosistemas, especialmente cuando se destina al consumo humano y a las actividades productivas agrícolas e industriales. Sin embargo, mientras esas actividades crecen aceleradamente se requiere un uso racional del recurso, pues debido a las prácticas inadecuadas de consumo, varias regiones hidrológicas en que se divide el país sufren serios problemas de disponibilidad y contaminación.

Un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua centrado en desarrollar un mapa de la calidad del vital líquido a nivel nacional, revela que la mayoría de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y acuíferos reciben descargas de agua residuales sin tratamiento –ya sea de tipo doméstico, agrícola, industrial o pecuario– y que 15 de las 320 cuencas existentes padecen grados variables de contaminación, por lo que requieren atención prioritaria. Entre esas cuencas figuran Pánuco, Lerma, Coatzacoalcos, la del calle de México y bajo río Bravo.

La Comisión Nacional del Agua refiere que a partir de la información estudiada en 478 cuerpos receptores monitoreados, las aguas superficiales presentan calidad satisfactoria en 27 por ciento de los casos, lo que posibilita su uso en prácticamente cualquier actividad. A su vez, 54 por ciento está restringido a determinadas actividades porque se encuentra poco contaminado, y 19 por ciento de las aguas superficiales no puede ser usado, ya que tiene alta contaminación.

En particular, el informe indica que 7 por ciento de los cuerpos de agua muestra excelente calidad y es apto para cualquier uso; advierte que para consumo humano siempre se requerirá su potabilización a fin de asegurar que esté libre de bacterias. Aunado a ello, es preocupante el rezago que se tiene en el país en materia de tratamiento de aguas residuales, pues de 200 metros cúbicos por segundo que descargan los municipios, sólo se tratan 48.5 metros cúbicos por segundo (25 por ciento), a pesar de contar con una capacidad instalada para 78 metros cúbicos.

Tercera. Que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados y municipios tienen a su cargo las funciones y la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición de sus aguas residuales a través de los organismos operadores.

Es decir, que los estados y municipios para el cumplimiento del mandato constitucional para el tratamiento de sus descargas de aguas residuales implementan estrategias de saneamiento buscando abatir costos e internalizar colectivamente los beneficios, así como alcanzar mejores resultados en términos del saneamiento de una determinada cuenca o subcuenca hidrológica, presentando un programa de acciones para el tratamiento de aguas residuales señalándose plazos y los recursos destinados al cumplimiento de sus metas.

El gobierno federal, como responsable de formular, apoyar y promover programas integrales de protección de los recursos hidráulicos en cuencas hidrológicas y acuíferos, tal como lo establece la Ley de Aguas Nacionales, en corresponsabilidad con los estados y municipios, financia el Programa para la Modernización de los Organismos Operadores, con el propósito de contribuir a la viabilidad de los programas de acciones de los municipios, Distrito Federal u organismos operadores para el tratamiento y saneamiento de los diferentes cuerpos y corrientes de aguas del país.

Cuarta. Los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Aguas Nacionales establecen que la autoridad encargada de la administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes que corresponden al Ejecutivo federal la ejercerá directamente o a través de "la Comisión Nacional del Agua", así como para el cumplimiento y aplicación de esa ley.

El Ejecutivo federal, como responsable de formular, apoyar y promover programas integrales de protección de los recursos hidráulicos en cuencas hidrológicas y acuíferos lo realiza a través de la Comisión Nacional del Agua; órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión.

La Ley de Aguas Nacionales, en las fracciones XIII y XIV del artículo 9o., establece entre las atribuciones de la comisión la de fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Sin afectar las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos. Asimismo, la de promover y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos estatales y, por conducto de éstos, con los municipales, o con terceros.

Actualmente, la Comisión Nacional del Agua tiene la misión de administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación de los distintos ámbitos de gobierno, para lograr el uso eficiente y sustentable del recurso vital para ser humano.

Quinta. Conforme al artículo 6o. de la Ley de Vivienda, la política nacional de vivienda tiene por objeto en otros, la de fomentar la calidad de la vivienda para propiciar que las acciones y mecanismos de vivienda que constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) desarrolló el Código de Edificación de Vivienda como modelo normativo que promueve que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente actualizadas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, códigos de procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, habitabilidad y sustentabilidad de toda vivienda y que definan responsabilidades generales, por cada etapa del proceso de producción de vivienda.

Para instaurar lo anterior, la Ley de Vivienda instituyó el sistema nacional de vivienda, como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público (gobiernos federal y de las entidades federativas y de los municipios), social y privado.

Sexta. Con base en el artículo 83 de la Ley de Vivienda, la Conavi promoverá el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, así como aquellos que propicien ahorro de energía y el uso eficiente del agua.

El concepto de "uso eficiente del agua" incluye cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza por unidad de cualquier actividad y que favorezca el mantenimiento, mejoramiento, reciclamiento y reúso del agua.

El uso eficiente del agua es de suma importancia para la conservación y eficiencia de recursos ambientales. Es decir, es básico para el desarrollo sostenible, lo que significa el uso eficiente de los recursos por los habitantes de hoy, para asegurar que haya suficientes recursos para generaciones futuras.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de Vivienda, en colaboración con la Semarnat, la Sener, la Conagua, ANEASS, CEMCAS, IMTA, Instituto de Ingeniería de la UNAM, INE, Conae, Fide, CFE, Lyfc, IIE, AEAEE, Sedesol y SMA-GDF, elaboró la Guía de criterios e indicadores para desarrollo habitacionales sustentables, que tiene como objetivo general desarrollar una política de vivienda sustentable que permita contar con una mejor calidad de la vivienda y de la familia, ofreciendo mayor confort y salud, garantizando la protección al medio ambiente y de los recursos naturales, entre los que se encuentra el uso eficiente de agua.

Además, la Conavi, en colaboración con la Semarnat, los organismos nacionales de vivienda, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento. AC, elaboró la Guía de uso eficiente del agua en desarrollo habitacional, cuyo propósito es contribuir a que los desarrolladores y constructores de vivienda aprovechen al máximo los beneficios que les brinda la tecnología aplicable al agua, para ser utilizada al mismo tiempo en la vivienda y en los conjuntos habitacionales, asimismo, contribuir al uso eficiente y racional del vital liquido.

Séptima. La propuesta de reformar la Ley de Vivienda a efecto de establecer que la Comisión Nacional de Vivienda promueva en coordinación con las autoridades tanto federales como locales que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en utilización recursos y servicios asociados, provean además de los servicios de agua potable, desalojo, tratamiento y rehúso de aguas residuales, no es procedente, toda vez que se pretende incorporar a la ley, atribuciones a la Conavi que ya son considerados en otro ordenamiento jurídico para otro organismo dependiente de la Semarnat. Por ello se pretende resolver la problemática del agua que vive el país duplicando atribuciones determinadas por la Ley de Aguas Nacionales a un organismo público federal especialista en la materia (Conagua).

El tema el uso eficiente del agua es abordado en diversas disposiciones e instrumentos reglamentarios derivados de la Ley de Vivienda, como la política nacional de vivienda, el Programa Nacional de Vivienda, el código de edificación elaborado por la Conavi, las guías de criterios e indicadores para el desarrollo habitacional sustentable y del uso eficiente del agua en desarrollos habitacionales.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Vivienda de LX Legislatura someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71, 78 y 83 de la Ley de Vivienda, presentada por el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

La Comisión de Vivienda

Diputados: Diego Aguilar (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Daniel Chávez García (rúbrica), Raúl García Vivián, Eduardo Ortiz Hernández, María Elena Torres Baltazar (rúbrica en contra), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández, Joel Arellano Arellano, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica en contra), María Soledad López Torres, David Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano, Alfredo Barba Hernández, Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Estas comisiones con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 21 de noviembre de 2006, los secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, presentada por el C. Senador Alfonso Elías Serrano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 16 de noviembre de 2006; que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Economía".

Tercero. Mediante oficio CE/0023/06, de fecha 21 de noviembre de 2006, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocaron a dictaminar la Iniciativa de referencia.

Segunda. Que atendiendo a la facultad consagrada en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el artículo 131 se expidió el Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, de los diversos por los que se establece el Esquema de Importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los diversos que establecen la Tasa aplicable para el 2006 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 27 de noviembre de 2006, que modifica la fracción arancelaria o código 9806.00.03, de manera que el universo de aplicación es más amplio incluyendo a las Universidades públicas o privadas, a las personas físicas o morales y a las instituciones de investigación científica y tecnológica no condicionando la inversión;

Tercera. Que el Decreto mencionado contempla como requisito la "inscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas" lo que resulta ser un trámite simple.

Cuarta. Que los artículos 16 y 17 de la Ley de Ciencia y Tecnología, establecen que la información del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas estará a cargo del Conacyt.

Quinta. Que así mismo los anteriores artículos señalan quienes deberán inscribirse en dicho registro, incluyendo a las instituciones, centros, organismos, empresas públicas que sistemáticamente realicen actividades de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico y producción de ingeniería básica, las personas físicas de los sectores social o privado.

Sexta. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Conacyt señala, que le corresponde a dicho organismo en colaboración con las Entidades Federativas la operación y control del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, por lo que se entenderá que la inscripción es reconocida a nivel federal.

Séptima. Que el artículo 95 fracciones X y XI y 102 de la LISR, establece a quienes se consideran personas morales con fines no lucrativos.

Octava. Que el artículo 31 de la LISR ya contempla la deducción de las donaciones que se otorguen a las instituciones de enseñanza y a las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas; permitiendo ver que contempla la deducibilidad de donativos no onerosos ni remunerativos, por lo que establecer la deducción propuesta generaría duplicidad de deducciones en perjuicio de la federación causando un impacto recaudatorio.

Novena. Que el artículo 219 de la LISR ya contempla un estímulo fiscal por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico, por lo que fomenta la investigación y desarrollo tecnológico.

Décima. Que la iniciativa en estudio cita incorrectamente el Artículo 1, Sección XXI, Capítulo 98, Código 9806.00.03, Operaciones Especiales de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y, debió decir "Artículo 1, Sección XXII, Capitulo 98, Código 9806.00.03, Operaciones Especiales de la Ley…

Décima Primera. Que los diputados que integran las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía que dictaminan, reconocen y concluyen que resulta indispensable apoyar e incentivar la inversión en el desarrollo de la ciencia y tecnología pero en la actualidad el marco jurídico vigente contempla claramente las figuras señaladas en el proyecto de decreto, así mismo los estímulos fiscales y deducciones contempladas, por lo que las reformas y adiciones no crean beneficio tangible en la materia provocando contrariamente un costo a la nación por deducciones duplicadas y pérdida en los montos de la recaudación arancelaria y permitiendo posibilidades de oportunismo en materia de deducciones.

En virtud de lo expuesto en las consideraciones de este Dictamen, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación presentada por el Senador Alfonso Elías Serrano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a 23 de Abril de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica en abstención), Enrique Serrano Escobar (rúbrica en contra), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez, Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica en contra), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, José Amado Orihuela Trejo (rúbrica en abstención), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López, Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín Zambrano Elizondo.
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fortalecimiento al Federalismo de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa que expide la Ley de Coordinación Hacendaria, la cual fue recibida por este órgano legislativo de la LX Legislatura como asunto pendiente de estudio y dictamen.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fortalecimiento al Federalismo de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen:

Antecedentes

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que expide la Ley de Coordinación Hacendaria, presentada por la diputada Minerva Hernández Ramos el 11 de diciembre de 2003.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

La Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Diputados: Armando Enríquez Flores (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres, Gustavo Macías Zambrano (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco, Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Ramón Landeros González (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica en abstención), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Santiago López Becerra, Juan Darío Arreola Calderón, Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica en abstención), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Manuel Salgado Amador (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN INCISO 35) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y REFORMA EL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se reforma y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 11 de febrero de 2004, el diputado Sergio Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma y adicional el artículo 223 del Código Penal Federal.

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-4-345, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa antes señalada.

III. En fecha 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial reforma al artículo 39 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la que se separan la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.

Contenido

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 dedica un capítulo al combate a la corrupción, transparencia y desarrollo administrativo; el combate a la corrupción es una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía, se propicia por la excelencia de un marco normativo excesivamente regulatorio que, paradójicamente permite e incluso fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones del servidor público, y por la falta de honestidad en la prestación de servicios públicos.

La percepción de la ciudadanía es negativa y adversa del quehacer gubernamental que repercute de manera sustantiva en la imagen y el desempeño de las instituciones públicas en su conjunto.

El mismo marco normativo e institucional abrió espacios a la impunidad y a la proliferación de vicios que minaron la vigencia del Estado de derecho y socavaron la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las instituciones.

El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren para erradicar, de una vez por todas, el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país: la corrupción.

El proponente señala que la legislación actual es obsoleta y existe un rezago legal para castigar a los servidores públicos; que en el uso de sus facultades distraen valores, objetos, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, utilizan indebidamente fondos públicos para su promoción personal o la de otros o bien les da un uso distinto para el cual se les designó.

El diputado iniciante propone adicionar una fracción 35 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para incluir en el catálogo de delitos graves al delito de peculado, así como modificar y adicionar el artículo 223 del Código Penal Federal para aumentar las penas al delito de peculado.

Actualmente el Código Penal Federal prevé una pena de seis meses a tres años y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. Cuando el monto exceda a quinientas veces el salario mínimo la sanción será de dos a catorce años de prisión y multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo.

En la propuesta del diputado iniciante sugiere cambiar los montos, es decir, cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a mil veces el salario mínimo se impondría la sanción vigente, sin embargo cuando exceda los mil salarios mínimos se aumentaría la pena de prisión de cinco a quince años.

Consideraciones

Primera. Históricamente la prisión cautelar del imputado en espera de juicio está estrechamente vinculada a la de presunción de inocencia, en el sentido de que los límites dentro de los que la primera ha sido admitida y practicada en cada ocasión siguen de cerca los avatares teóricos y normativos de la segunda.

En Roma se llegó tras diversas alternativas a la total prohibición de la prisión preventiva, en la Edad Media, con el desarrollo del proceso inquisitivo se convirtió en el presupuesto ordinario de la instrucción, basada esencialmente sobre la disponibilidad del cuerpo del acusado como medio para obtener la confesión por tormento y volvió a ser estigmatizada en la época de la Ilustración en forma simultánea con la reafirmación del principio nulla poena, nulla culpa sine indicio y el redescubrimiento del proceso acusatorio.

Para Hobbes, la prisión provisional no es una pena sino un acto hostil contra el ciudadano, como cualquier daño que se le obligue a padecer a un hombre al encadenarlo o al encerrarlo antes de que su causa haya sido oída, y que vaya mas allá de lo que es necesario para asegurar su custodia, va contra la ley de la naturaleza.

Para Beccaria, siendo una especie de pena, la privación de la libertad no puede proceder a la sentencia sino en cuanto la necesidad obliga precisamente, la simple custodia de un ciudadano hasta en tanto sea declarado reo, debe durar el menor tiempo posible y debe ser lo menos dura que se pueda, y no puede ser más que la necesaria para impedir la fuga o para que no se oculten las pruebas de los delitos.

Voltaire sostiene que la manera cómo se arresta cautelarmente a un hombre en muchos Estados se parece demasiado a un asalto de bandidos.

Segunda. El combate al crimen no puede darse sobre la base del aumento indiscriminado de la represión, es decir, a través de la inflación en el catálogo de delitos e incremento de sanciones penales y sobre todo de las privativas de libertad, la cada vez mayor proliferación de los delitos graves sin derecho a la libertad provisional y la ampliación de delitos que son investigados mediante el régimen especial de delincuencia organizada.

El proponente fundamenta su propuesta haciendo un parangón entre el robo y el peculado, pues el primero de ellos es un delito grave y el segundo no lo es, y si bien es cierto en ambos hay distracción o sustracción de objetos, en el segundo se vulnera además del patrimonio del Estado, la confianza que éste ha depositado en los servidores públicos.

Efectivamente si tomamos como referencia este comparativo del por qué uno es grave y otro que lesiona más bienes jurídicos no lo es, parece que por lógica elemental tendríamos que elevar –al menos– a delito grave el peculado, cuando el monto distraído sea mayor a mil salarios. Sin embargo, consideramos que la reflexión no se deba hacer partiendo de un paralelismo, que bien puede tener un problema de origen, pues valdría la pena preguntarse si el delito de robo debe ser considerado como grave, pues si tomamos como referencia la reforma constitucional al sistema de justicia penal, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión en su artículo 19 no se considera el robo simple como un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

Ello pone de manifiesto la voluntad del Constituyente Permanente de definir un nuevo rumbo por el cual debe marchar nuestro sistema penal, por lo que los legisladores tenemos que dictaminar en congruencia legislativa al sistema acusatorio que se propone implementar y no de manera disgregada o contradictoria.

Lo anterior es así porque un principio fundamental de dicho sistema es el de presunción de inocencia, el cual se encuentra regulado por diversos instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que ahora se propone que se incluya dentro de las garantías del imputado en el artículo 20.

La reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión establece en el artículo 19 constitucional un catálogo de delitos que oficiosamente ameritaran prisión preventiva por tratarse de aquéllos que afectan de manera más sensible a la sociedad, no siendo el caso del peculado.

Luigi Ferrajoli señala que, si no se quiere reducir la presunción de inocencia a puro oropel inútil, debe aceptarse que el abuso de la prisión preventiva es radicalmente ilegítimo y además idóneo para provocar el desvanecimiento de todas las demás garantías penales y procesales (nulla poena sine indicio).

Tercera. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva es la de una medida cautelar que encuentra su justificación en la posibilidad de fuga que impida la comparecencia del probable responsable ante los tribunales, además de la peligrosidad social del imputado por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad.

Ahora bien, con la reforma constitucional aludida se pretende que se aplique prisión preventiva para cualquier delito, aunque no sea de los señalados como graves por la misma Constitución, siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Cuarta. Esta Comisión considera que la propuesta de aumentar la pena y de calificar como delito grave el delito de peculado, conducta prevista en el artículo 223, no se encuentra legalmente justificada, pues recordemos lo señalado por Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y razón, en la que afirma que "el peligro de fuga, de hecho, está provocado predominantemente, mas que por el temor a la pena, por el miedo a la prisión preventiva. Si el imputado no estuviera ante esta perspectiva, tendría, por el contrario, al menos hasta la víspera de la condena, el máximo interés en no escapar y defenderse".

Quinta. Por otro lado, tal como lo refieren los autores citados, se correría el riesgo de transgredir algunos principios universales del derecho penal, como la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad, proporcionalidad, mínima intervención o "ultima ratio" así como la garantía de defensa.

Sexta. Por último, únicamente como argumento de forma, esta comisión hace la precisión que el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales no tiene XXXIV fracciones, y lo que se pretendía incluir no era una fracción XXXV, sino un inciso 35) a la fracción I del artículo 194.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Justicia

Acordó

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma y adicional el artículo 223 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Sergio Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 11 de febrero de 2004.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto al artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

Antecedentes

La violencia en la familia es un asunto que debe abordarse desde distintos frentes. Las previsiones legislativas son la base o el eje para poder aplicar eficazmente las medidas contra la violencia, pues ahí se sustentarán o derivarán políticas públicas de mayor relevancia práctica para enfrentar el problema.

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, firmada en 1980 y ratificada por nuestro país en 1981, asumió el compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyen cualquier clase de discriminación hacia la mujer y atentaran contra su pleno desarrollo.

Durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la comunidad mundial agrupada en la Organización de las Naciones Unidas en Pekín, República Popular China en septiembre de 1995, el tema de la violencia contra las mujeres abarcó las formas en que se produce y contempló tanto la reflexión sobre estrategias como la adopción de recomendaciones para los gobiernos de los países participantes.

Como país miembro de la Organización de los Estados Americanos, México suscribió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), donde de manera contundente se exhorta a los países a crear o, en su caso, a modificar todos los instrumentos legales y mecanismos necesarios para erradicar y detener la violencia contra las mujeres, incluyéndose, por supuesto, la violencia que en su perjuicio pudiera ejercerse dentro del hogar. Cabe destacar que, en el mes de noviembre de 1996 el Senado de la República aprobó esta convención en los términos del artículo 133 de la Ley Fundamental de la República.

La presente iniciativa persigue tres objetivos fundamentales: disuadir y castigar las conductas que generen violencia familiar, establecer medidas de protección a favor de las víctimas de este fenómeno y concienciar a la población del problema, al tiempo de propiciar que las autoridades desarrollen políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar esas conductas.

La iniciativa propone reformar el párrafo cuarto del artículo 343 Bis del Código Penal Federal adicionando a las penas previstas para el inculpado la pérdida de los derechos de patria potestad; asimismo, a juicio del juez, se impondría al inculpado, como medida precautoria la prohibición de ir a lugar determinado.

Consideraciones

En México, la violencia familiar ha llegado a niveles alarmantes. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sólo cuatro de cada 10 mujeres que la sufren en nuestro país recurren a la denuncia penal y de éstas sólo tres logran iniciar un procedimiento formal debido al otorgamiento del perdón.

Según información difundida por el Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia intrafamiliar afecta al 50 por ciento de la población femenina y está enraizada profundamente en siete de cada 10 hogares en el país.

En el caso de la violación entre cónyuges, el marco jurídico de nuestro país ha avanzado notablemente. En el pasado, debido a un equivocado criterio de la Suprema Corte de Justicia de 1994 se consideraba que no existía tal delito sino que era, apenas, "el ejercicio de un derecho". Afortunadamente, la Corte corrigió su criterio y recientemente determinó que la violación entre cónyuges, sin duda, debe catalogarse como delito, pues tener relaciones sexuales por medios violentos, sean físicos o morales, dentro del matrimonio, debe catalogarse como una violación sexual, toda vez que se base en el criterio de que, ante todo se debe proteger la libertad sexual y la libre determinación de las personas a ejercer su sexualidad.

Es innegable la necesidad de crear leyes a favor de los más desprotegidos, en este caso de las mujeres, que son víctimas de abusos sexuales y de violencia familiar entre cónyuges. Sin duda producirá resultados de gran magnitud para todas las mujeres en términos de bienestar comunitario, cohesión social y productividad económica.

Los argumentos expresados por el diputado Alfredo Fernández Moreno, desgraciadamente son una triste realidad, por lo que los legisladores tenemos un compromiso no sólo de carácter legal sino moral con nuestras mujeres y con todos aquellos sectores vulnerables que se encuentran más desprotegidos.

El Poder Legislativo cuenta con una tarea laboriosa, crear leyes en pro de estos sectores, como la iniciativa en estudio que propone la pérdida de los derechos de patria potestad en caso de violencia familiar, pérdida que ya se encuentra contemplada en el artículo 444 del Código Civil Federal, al señalar que la patria potestad se pierde por resolución judicial, entre otras causales, por los malos tratos por parte del que la ejerce o cuando éste comete un delito doloso y la víctima sea el menor.

Además el artículo 444 Bis del Código Civil Federal establece que la patria potestad se limitará en casos de violencia familiar, es decir que el Juez Familiar podrá regularla con los límites que considere convenientes sin necesidad de resolver oficiosamente la pérdida total del derecho.

Esta comisión considera que la pérdida de la patria potestad no debe ser absoluta como lo establece la propuesta en estudio, sino que se debe regular o limitar dependiendo el caso concreto, y que debe ser el juez especializado en lo familiar quien debe resolver sobre ese derecho y no el juez penal, en términos de especialización en la materia y del principio de mínima intervención del derecho penal.

Por otro lado, la iniciativa propone: "a juicio del juez, se impondrá al inculpado como medida precautoria la prohibición de ir a lugar determinado". Al respecto el numeral 5 del artículo 24 del Código Penal Federal establece como pena o medida de seguridad "la prohibición de ir a lugar determinado", pena o medida que deriva de la emisión de una sentencia y no como una medida precautoria, por lo que esta Comisión considera improcedente la propuesta en comento.

Por otro lado, no cabe duda que uno de los objetivos de toda ley es su eficaz cumplimiento. Esta comisión considera que, a pesar de las buenas intenciones que trae consigo, resultaría letra muerta, pues difícilmente podríamos construir algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esta norma; sin duda, este tipo de conductas serían recurrentes en las agencias del Ministerio Público y de los juzgados de paz penales del fuero común, pero de ninguna manera sería competencia de la Procuraduría General de la República y de los Juzgados de Distrito, en términos de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia

Acordó

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto al artículo 343 Bis del Código Penal Federal, presentada por el diputado Alfredo Fernández Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de abril de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que no opere la suplencia de la deficiencia de la queja, cuando se trate del delito de delincuencia organizada.

Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 9 de octubre de 2007, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número DGLP/60-II-4-811, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido

Expone el autor que la inseguridad pública ha alcanzado niveles inimaginables, en especial la delincuencia organizada. Como sabemos, en nuestro país se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1996, como medio para contrarrestar y bajar el índice y efectos de la delincuencia organizada; norma cuyo artículo 2o., establece lo siguiente:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí, o unidas a otras, tienen como finalidad o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas, por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

Siendo las conductas, que el numeral anterior señala como delitos para ser consideradas como delincuencia organizada, las siguientes:

Terrorismo, terrorismo internacional; delitos contra la salud; falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita; acopio y tráfico de armas; tráfico de indocumentados; tráfico de órganos; corrupción de personas; pornografía; turismo sexual; lenocinio; trata de personas; asalto; secuestro; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho; y robo de vehículos.

Los poderes federales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) deben, en su ámbito de competencia, realizar todo lo que esté a su alcance para detener el crecimiento de la inseguridad que se expande de manera vertiginosa.

Por otra parte, aun cuando tenemos en nuestro país una institución tan noble como es el juicio de amparo, que nació precisamente para que todas las autoridades respetaran las garantías individuales de los gobernados, otorgándole certeza jurídica dentro de cualquier procedimiento, lamentablemente se ha abusado de este medio de defensa, que viene a sumarse a los desmanes que propicia la corrupción.

El juicio de amparo se ha desvirtuado a tal grado, que en esta área, la del crimen organizado, sea inaceptable que haya quien propugne por suprimir etapas en la tramitación del juicio de amparo, pues en delitos de esta naturaleza no debe ser el proceso sencillo, sin mucho formulismo y al alcance de todos, porque hasta allá no debe llegar su finalidad protectora, pues otro fue el motivo por el cual se introdujo la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, desde que apareció en el artículo 42 de la Ley de 1882 y se reitero en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, así como en las leyes posteriores a la vigencia de la Constitución de 1917, hasta encontrarlo en el artículo 79 de la Ley de 1936, cuyo texto reformado quedo redactado en la Ley de 1950, hasta llegar a la reforma del 20 de abril de 1986, actualmente vigente.

La suplencia de la queja ha sido definida por el distinguido jurista Juventino V. Castro, en su obra Lecciones de garantías y amparo como "un acto jurisdiccional dentro del proceso de amparo, de eminente carácter proteccionista y antiformalista, cuyo objeto es integrar dentro de la litis las omisiones cometidas en la demanda de amparo, para ser tomadas en cuenta al momento de sentenciar, siempre en favor del quejoso y nunca en su perjuicio, con las limitaciones y los requisitos constitucionales conducentes".

Así tenemos que, el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo establece que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, y la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece.

En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. Refiere además que se deben de actualizar las leyes a la realidad que vivimos, por ello el objetivo de la presente iniciativa de agregar a la fracción II del artículo 76 Bis la expresión "excepto en los delitos de delincuencia organizada". Con ello, se pretende que las autoridades, jueces, magistrados, entre otros, a quienes corresponda conocer un juicio de amparo en materia penal y concretamente en materia de delincuencia organizada, no suplan la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, y la de los agravios formulados, pues, con ello, se evitará que toda persona que se vea inmiscuida en cualquiera de los delitos señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, abuse del juicio de amparo y siga aumentando el número de delitos en esta materia, aumentando, con ello, la incredulidad de la sociedad en las instituciones.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

Sabido es por todos que nuestra Constitución contempla un conjunto de derechos subjetivos para el ciudadano que, en la práctica, son mejor conocidos como garantías individuales.

Es así que, a palabras del jurista Ignacio Burgoa, el artículo 14 constitucional reviste una trascendental importancia dentro de nuestro orden constitucional, a tal punto que, a través de las garantías de seguridad jurídica que contiene, el gobernado encuentra una amplísima protección a los diversos bienes que integran su esfera de derecho.

Dentro de un régimen jurídico donde impere el derecho, bajo un carácter normativo legal o bajo un aspecto consuetudinario que opera en el estatus de cada gobernado, se debe obedecer a determinados principios previos, tales como nulla poena sine crimen, nullum crimen sine lege, nulla necessitas sine iniura, nulla iniura sine actione, nulla actio sine culpa, nulla culpa sine indicio, nulla accusatio sine probatione, entre otros.

Dentro de esos trascendentales derechos, existen unos que se conocen como garantías en materia penal que, a grandes rasgos, tanto en el aspecto material como formal, tienen que ver con lo siguiente:

Sobre el particular, es importante resaltar la reforma constitucional al sistema de justicia penal, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión –actualmente en espera de la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, de conformidad con el artículo 133 constitucional–, mediante la cual se consolidará un cambio estructural con la adopción de un sistema garantista de tipo acusatorio y oral.

Ahora bien, el amparo penal, debe decirse, es aquel que versa sobre la constitucionalidad de los actos que afecten la vida, la libertad personal y que impliquen un destierro o una deportación; también, cuando se trata de una tortura, sea que se tramite en primera, en única o en segunda instancia. Es amparo penal el que promueve la víctima o el ofendido por la comisión de un delito. Todo proceso seguido ante órgano jurisdiccional debe substanciarse con las formalidades esenciales del procedimiento y que sólo, mediante sentencia dictada conforme a las leyes aplicables a cada caso concreto, se pone fin al juicio; y es, hasta ese momento, en que una persona debe ser considerada culpable, pues uno de los principios rectores de nuestra Carta Magna es que nadie puede ser declarado culpable por el hecho que se le imputa si no es oído y vencido previamente en juicio seguido ante los tribunales competentes.

Debe tomarse en consideración que, por falta de asesoramiento, es frecuente que los argumentos de las partes no se expongan en forma adecuada y sistemática; sin embargo, de acuerdo con los conocimientos que poseen los jueces federales, les permiten, al analizar en su conjunto dichos argumentos, interpretarlos en forma correcta y pronunciar una sentencia que debe aspirar a una solución justa de la controversia y no a una decisión puramente convencional, que se escude en la falta de claridad de los propios agravios o de los conceptos de violación.

Es por ello que en nuestro sistema se encuentre contemplada –dentro de los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76 Bis de la Ley de Amparo– la suplencia de la deficiencia de la queja, la cual se puede definir como la figura jurídica que consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso, o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables para arribar al conocimiento de la verdad jurídica, lo que implica un examen, incluso oficioso, para investigar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero que no llega al grado de poder cambiar la naturaleza del acto reclamado o apreciar pruebas que no conoció la autoridad responsable a través de la jurisdicción ordinaria, ya que en las sentencias de amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.

La denominación de esta figura surgió de su realidad, es decir, de su razón de ser: suplir las deficiencias que contiene la demanda de garantías, ya que esas deficiencias deben encontrarse dentro del capítulo de conceptos de violación y no en otro lugar. Actualmente, la suplencia opera no sólo por lo que hace a las deficiencias de la demanda sino también en relación con las deficiencias que contengan los escritos de los recursos, específicamente, en el capítulo de agravios que se esbocen, con la finalidad de que el juez otorgue el amparo que se haya demandado, con base en razonamientos que no hayan sido expuestos por el quejoso en su escrito inicial o en sus recursos.

La suplencia de la queja opera en cinco casos, a saber: en las materias penal, laboral, agraria, en todas las materias cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tratándose de menores e incapaces, esto de conformidad con el artículo 107 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.Sin embargo, la suplencia en materia penal tiene límites, pues si bien, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, tal facultad se constriñe a la mera suplencia de argumentos no expresados en la demanda de garantías, o, en su caso, en el escrito de revisión, es decir, se reduce al perfeccionamiento de conceptos de violación o de agravios, llegando al grado de esgrimirlos, a pesar de que en la demanda o en el escrito de revisión hubiera ausencia de unos u otros.

Pero tal suplencia no llega al extremo de recabar pruebas de oficio y, mucho menos, a declarar la inconstitucionalidad de un auto de formal prisión sin prueba alguna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aún ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. Esto es, la suplencia de la queja constituye una excepción al rigorismo jurídico y al formalismo legal, cuyo fin es proteger los intereses del procesado, además de que se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar, en la sentencia, el error u omisión en que haya incurrido el reo o su defensor, sin que esta suplencia se realice con la finalidad de buscar algún elemento jurídico para poder declarar libre a una persona sino que únicamente se realiza una análisis de las constancias que obran en el expediente para poder otorgar una sentencia justa.

Es decir, en términos de la fracción referida, si al interponerse la demanda de amparo en materia penal, el quejoso no expresa los conceptos de violación correspondientes o, al atacar una resolución dentro de un juicio de amparo en dicha materia a través del recurso, no se expresan agravios, el juzgador competente suplirá la deficiencia, dándose el beneficio por el tipo de juicio de que se trata. La situación referente a que no se expresen conceptos de violación en la demanda de amparo es confirmada por el artículo 117 de la Ley de Amparo, al establecer que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En este caso, el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que, dentro del término de tres días, ratifique la demanda de amparo.

Si el interesado la ratifica, se tramitará el juicio; si no la ratifica, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.

Por otra parte, hacer la modificación que se propone, no garantizaría una procuración de justicia más eficaz, al contrario, traería como consecuencia dejar en estado de indefensión a los particulares que se encontraran procesados por el delito de delincuencia organizada. Por otro lado, en ocasiones existen deficiencias en la integración de la demanda por parte de los agentes del Ministerio Público, que traen como consecuencia que se detenga a personas inocentes y se les siga un proceso que, además de ser injusto, al hacer la modificación referida a la fracción II del artículo 76 Bis, se les estaría dejando en perfecto estado de indefensión, pues toda persona tiene derecho a obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso, ya que de nada serviría que se le haya permitido al sujeto comparecer al proceso, en sus instancias legalmente previstas, si no se prevé también un derecho para el que órgano jurisdiccional no pueda eludir dar la respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso, o de una que resulte siendo ambigua.

Sin embargo, no es cualquier respuesta la que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es necesario que ésta, además de ser clara, deba encontrarse debidamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica.

Siendo así que sea dable aplicar la garantía de presunción de inocencia, que es aquella donde se reconoce el derecho de la persona que viene siendo sujeto de una persecución criminal de ser considerado y tratado como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que no exista pronunciamiento judicial firme en el sentido de que el sujeto ha realizado un comportamiento delictivo.

Ya de inicio se debe advertir que el derecho a la presunción de inocencia no sólo es una garantía que impone la consideración al imputado como inocente sino que su efecto más importante lo produce en cuanto exige que la persona que viene afrontando un procedimiento criminal sea tratada, en los diversos sectores del ordenamiento jurídico y la vida social, como una persona de la que aún no se ha comprobado responsabilidad penal alguna.

Finalmente, sabemos que, a últimas fechas, existe un incremento en delitos de delincuencia organizada, y que lo que pretende el proponente es evitar que se siga dando ese fenómeno. Sin embargo, debemos recordar que el juicio de amparo obedece a un técnica establecida para su tramitación, sin dejar de observar el contenido de las garantías individuales y conocer el sentido de qué es lo que se trata de proteger con ellas en el juicio de amparo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 9 de octubre de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Silvia Oliva Fragoso, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 217 Y 219, Y ADICIONA EL 32 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o., 217 y 219; y adiciona el artículo 32 Bis en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de tramitación electrónica de los juicios de amparo y su notificación.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 20 de marzo de 2007, el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de regular un sistema para que las demandas de amparo, promociones, notificaciones y demás actuaciones del procedimiento de garantías, se puedan realizar a través de un sistema de cómputo.

II. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número DGLP/60-II-5-636, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.
 
 

Contenido

El autor propone reformar los artículos 3o., 217 y 219, y adicionar el artículo 32 Bis, todos ellos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de regular un sistema para que las demandas de amparo, promociones, notificaciones y demás actuaciones del procedimiento de garantías, se pueda realizar a través de un sistema de cómputo.

El sistema de cómputo referido, permitiría automatizar las demandas de amparo y dar seguimiento a las actuaciones del procedimiento en los tribunales jurisdiccionales. La demanda, promociones, notificaciones y demás actuaciones podrían hacerse desde cualquier computadora con acceso a Internet. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial federal deberán contar con la infraestructura tecnológica necesaria y el programa de cómputo que permita la presentación y recepción de diversos escritos, incidentes y recursos, así como su resolución y notificación correspondiente; todos ellos derivados del procedimiento de garantías.

Cabe señalar que la utilización del sistema de cómputo es opcional para las partes en el juicio de amparo, pudiendo decidirse por seguir utilizando las formalidades tradicionales.

El diputado establece que se tendría una oficialía de partes común, la cual acusaría recibo de la demanda automáticamente al correo electrónico (e-mail) remitente, asignando un código de juicio y la fecha con la hora en que se recibió la demanda.

Tratándose de terceros perjudicados, las promociones podrían hacerse de forma tradicional, pero deberán acompañarse de disquete para que el órgano jurisdiccional pueda ingresar a los datos del archivo correspondiente del servidor que contenga la base de datos.

El juzgado de distrito o tribunal colegiado correspondiente acusará recibo automáticamente a la oficialía común de partes, asignando número de expediente. En caso de incompetencia del juzgado de distrito o tribunal, se notificará al demandante donde se turna el expediente para que el órgano jurisdiccional competente asigne todos los datos antes mencionados.

Los requerimientos y notificaciones se harán con acuse automático. Cuando éstas no se puedan hacer, se realizarán los requerimientos notificados en la forma tradicional.

Al igual que los alegatos, el proponente estima que las pruebas documentales podrán ofrecerse o solicitarse, según sea el caso, vía correo electrónico o proporcionarse en forma tradicional con su respectivo disquete para ingresar al expediente correspondiente. La resolución de los juicios podrá hacerse a las partes mediante este sistema, con su respectivo acuse electrónico.

Cuando las partes quieran inconformarse con alguna resolución o sentencia, según sea el caso, el recurso podrán presentarlo mediante este sistema, haciendo una similitud de los pasos a seguir en la presentación de las demandas.

Es importante señalar que las notificaciones automatizadas rechazadas se deberán hacer en forma personal por el actuario al domicilio proporcionado en la demanda original o sus actuaciones; el plazo para contestar requerimientos contará a partir de la fecha de ésta última forma de notificar.

Como puede observarse, el diputado estima que este sistema pretende agilizar el procedimiento de garantías ante los órganos jurisdiccionales y así tener los gobernados una pronta restitución en sus derechos vulnerados por los actos de autoridad, evitando además a los particulares promotores del juicio de amparo traslados muchas veces innecesarios. Por su parte, los órganos jurisdiccionales encargados de tramitar el amparo proporcionarían un servicio más rápido y confiable, evitando demoras y saturaciones, así como un mayor control de los juicios y actuaciones del personal del tribunal.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primera. Las propuestas planteadas por el proponente, si bien se justifican en la necesidad de incorporar un mecanismo que facilite la presentación de las demandas de amparo, promociones, notificaciones y demás actuaciones en el procedimiento de garantías, se estiman inviables, pues se advierte que se están dejando de lado algunas cuestiones de formalidad que invisten el juicio de amparo, y donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha hecho pronunciamiento al respecto con diversas jurisprudencias, conteniendo en ellas las características de formalidad en relación con las firmas impresas en la demanda, en la forma en como se deben de presentar las pruebas, entre otras.

La iniciativa, propone un procedimiento y refiere algunos supuestos que se pueden dar al implementar la propuesta, así mismo se deberá de contar con un sistema de cómputo que permitiría automatizar las demandas de amparo y dar seguimiento a las actuaciones del procedimiento en los tribunales jurisdiccionales. Bajo el argumento de que la demanda, promociones, notificaciones y demás actuaciones podrían hacerse desde cualquier computadora con acceso a Internet, y dónde los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal deberán contar con la infraestructura tecnológica necesaria y el programa de cómputo que permita la presentación y recepción de diversos escritos, incidentes y recursos, así como su resolución y notificación correspondiente; pero como bien lo refiere el diputado César Horacio Duarte Jáquez, el amparo es un mecanismo con el que cuentan los particulares para la defensa de sus garantías individuales, y son ellos los que están facultados para iniciar el juicio de amparo, a través de una demanda; es decir, los órganos jurisdiccionales se encuentran imposibilitados para actuar de oficio a favor del individuo, y es un requisito fundamental que el gobernado solicite su intervención en los términos y las formalidades que para cada caso prevé la ley de la materia; y si bien es cierto, esta propuesta es vanguardista, por la propia naturaleza del amparo es contrario a los fines que se persiguen.

Es decir, hacer la modificación que se propone no garantizaría una pronta y expedita procuración de justicia, al contrario, traería como consecuencia más dificultades para los juzgadores, pues hay que hacer mención que el uso de Internet aún no esta regulado de manera amplia en México, y cualquier persona tiene acceso a él, es decir, los individuos podrían ingresar o tratar de ingresar una demanda, lo que traería como consecuencia el desechamiento de varias demandas, creando mayor trabajo para los órganos facultados para la impartición de justicia, y aún pudiendo ingresarla, el ofendido tendría que ratificar tanto su firma, como el contenido de la demanda ante la autoridad correspondiente.

Además se advierte, que la iniciativa propone que en caso de incompetencia del juzgado de distrito o tribunal, se notificará al demandante dónde se turnará el expediente para que el órgano jurisdiccional competente asigne todos los datos antes mencionados; sin embargo, la incompetencia ante los órganos jurisdiccionales, ya sean juzgados, tribunales unitarios o colegiados, se resuelve mediante resolución, debiendo forzosamente ingresar la demanda a la autoridad para que resuelva sobre la competencia de la misma, y no únicamente con una base de datos, ya que existen cuestiones de fondo que en ocasiones originan la incompetencia.

Por otro lado, para dar vigencia plena al derecho de acceso a la información, el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil dos. En los artículos 1o. al 9o., 12 al 16, 18 al 23, 27 y 61 se establecen determinadas obligaciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

El citado artículo 61 señala que los sujetos obligados, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, de conformidad con los principios y plazos establecidos en el citado ordenamiento, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información.

También el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuyo expediente se encuentre bajo resguardo del Poder Judicial de la Federación, que de conformidad con lo previsto en el artículo 42, párrafo tercero, el expediente respectivo está disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios o archivos públicos, en formatos electrónicos consultables en internet o en cualquier otro medio que permita a los gobernados su consulta o reproducción.

En términos de lo previsto en los artículos 16, párrafo antepenúltimo, de los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 8o., párrafo primero, de los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que la sentencia cause estado, también serán públicas las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o a algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal, con lo que se amplía el concepto de sentencias públicas a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, por ende, se permite el acceso a las mismas aún cuando pertenezcan a expedientes de naturaleza penal o familiar, sin menoscabo de que en estos casos deban suprimirse los datos personales de las partes.

Atendiendo a la transparencia que deben observar los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia, debe ser público el acceso a todas las resoluciones que se dictan dentro de un juicio, así como a las diversas constancias que obran en los expedientes judiciales, con las excepciones derivadas de lo previsto en los artículos 8o., 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La interpretación de lo previsto en los artículos 8o. y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tomando en cuenta los fines que tuvo el legislador al expedir este ordenamiento, lleva a concluir que la restricción establecida en la citada fracción se refiere exclusivamente a las pruebas y constancias que obran en los expedientes judiciales, por lo que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo de un juicio constituyen información pública una vez que se han emitido, y si se solicitan antes de que la sentencia respectiva cause estado se podrá acceder a una versión impresa o electrónica de aquéllas, sin menoscabo de que en dicha versión, en su caso, se supriman los datos personales de las partes.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 8o. y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias deben hacerse públicas, las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales y estos últimos serán confidenciales cuando para su difusión se requiera del consentimiento del titular de los mismos, lo que permite concluir que, en principio, los datos personales de las partes que constan en una resolución judicial son públicos ya que para su difusión no se requiere del consentimiento de aquéllas, pues sólo la oposición de las partes, en determinados casos, impedirá su publicación.

Es por lo establecido en los párrafos precedentes que los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, crearon el reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dando así una opción para las personas que no pueden transportarse de un lugar a otro, pudiendo consultar sus asuntos vía Internet.

Por otro lado, las notificaciones y presentación de documentos por su propia naturaleza deben de presentarse ante el órgano Jurisdiccional en el que se siga el juicio, para que siga el cause legal correspondiente.

Segunda. Dentro de la iniciativa citada, se señala, lo referente a la adición del artículo 32 bis, y la reforma al 219 los cuales refieren que: "las notificaciones podrán hacerse a través de sistema electrónico y surtirán sus efectos a partir de la expedición automática del acuse de recibo. Las notificaciones efectuadas por correo electrónico rechazadas o que no se acuse su recibo automático, deberán hacerse en forma personal."; y "se notificará personalmente o a través de sistema electrónico a las entidades o individuos que cita el artículo 212…"; respectivamente.

Cabe señalar, que la notificación es el acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal.

Es así, que existe discrepancia de estos artículos y las reglas generales que se deben de seguir para cada notificación, pues el artículo 34 de la Ley de Amparo en su fracción II, refiere que las notificaciones personales surtirán sus efectos al día siguiente al en que se realicen; y lo que la iniciativa propone, es establecer que la notificación surta efectos al momento del acuse de recibo electrónico, lo cual no podría considerarse notificación personal por su naturaleza, pero peor aún sería que se siguieran las reglas de la notificación que se siguen para las autoridades demandadas, cuando se tratara de la notificación al actor o a núcleos de población, ya que éstos, estarían en pleno estado de indefensión y sería contrario a toda lógica jurídica, que para algunos casos se aplicaran las reglas para la notificación personal y para otros no.

Ahora bien, en relación a las copias certificadas, como ya se mencionó anteriormente en nuestro país no existe regulación amplia de medios electrónicos, y es así que tampoco se podrían expedir vía Internet, pues una de las formalidades de las copias certificadas es el sello y firma del Secretario de Acuerdos del órgano jurisdiccional, estableciendo que previo cotejo de los originales se expiden las copias para los efectos legales a que haya lugar.

Es así, que con la forma de tramitación del juicio de amparo en México, es poco probable que con la tramitación electrónica se pueda garantizar una pronta y eficaz procuración y administración de justicia, con fundamento en las razones vertidas en párrafos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 217 y 219; y adiciona el artículo 32 Bis en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de marzo de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 197-C Y REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 211 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 197-C y reforma el artículo 211 de la Ley de Amparo.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 26 de abril de 2007, el diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 197-C y reforma, en el sentido de adicionar la fracción IV, el artículo 211 de la Ley de Amparo.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número DGLP/60-II-3-683, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

El diputado establece, que el juicio de amparo es el medio de control constitucional que establece nuestra Carta Magna para la protección de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, y el respeto inherente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, para comprender mejor el juicio de amparo como medio de control constitucional se deben conocer los principios filosóficos del mismo, y uno de ellos radica en proporcionar al quejoso un medio efectivo para alcanzar la justicia y el respeto de los derechos consagrados a su favor en la Constitución federal.

Otro aspecto, indica el proponente de la iniciativa, para cumplir el principio señalado, radica en que los tribunales federales que conozcan de este proceso constitucional deben de aplicar el criterio jurisprudencial que sea favorable al quejoso cuando no exista tercero perjudicado, tomando en consideración que el objetivo principal de los tribunales federales es buscar una real y efectiva impartición de justicia.

Es así que la aplicación del criterio favorable solamente traería como consecuencia que se lograra una verdadera impartición de justicia, y con esto se conseguirían cabalmente los fines para los cuales fue creada la institución jurídica mexicana más noble que ha existido en beneficio del gobernado.

Por otro lado, y tomando en consideración lo señalado, los tribunales de amparo tienen la finalidad de otorgar una adecuada impartición de justicia, y el único modo de realizarlo, es la aplicación de los criterios jurisprudenciales que beneficien al quejoso, lo cual no acarrea un perjuicio a la impartición de justicia, puesto que con esto se estaría haciendo cumplir con los mandatos de la Constitución.

Se advierte que con la reforma planteada, mediante la adición del artículo 197-C a la Ley de Amparo, el Estado puede ver en el amparo un medio de proporcionar seguridad jurídica hacia sus gobernados, cumpliendo de esta forma uno de los mandatos esenciales que le fueron encomendados, es decir, buscar el beneficio y el desarrollo de la sociedad, hecho que se genera al existir seguridad jurídica.

Por tal motivo y con la finalidad de otorgar al gobernado una certidumbre jurídica, es sumamente necesario la unificación de los criterios jurisprudenciales que emiten los tribunales federales, buscando por sobre cualquier cosa en dicha unificación, el beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte en la reforma planteada se establece una limitación al ejercicio indebido del juicio de amparo, mediante la tramitación de los llamados "amparos frívolos", los cuales son tramitados por abogados postulantes carentes de ética, generando una carga laboral innecesaria para los tribunales federales, y a la vez, evitando una correcta impartición de justicia.

Además, es sumamente necesario establecer sanciones a los promoventes del juicio de amparo o a sus abogados que interpongan este medio de control cuando sólo intenten retardar el cumplimiento de la ley o los mandatos judiciales, a fin de proporcionar una seguridad jurídica a los gobernados que puedan verse afectados en sus derechos.

Finalmente, para evitar que se sigan presentando "amparos frívolos" es necesaria la adición de la fracción IV al artículo 211 de la Ley de Amparo, logrando de esta manera que los litigantes utilicen este medio de defensa constitucional en busca de un beneficio totalmente apartado de los principios constitucionales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

Se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, y constituye una de las fuentes del derecho; también puede decirse que es el conjunto de fallos firmes y uniformes dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado.

Las autoridades autorizadas, constitucional y legalmente, que pueden crear criterios jurisprudenciales son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus dos modalidades (en pleno y por salas) y los tribunales colegiados de circuito, obligando a todos los demás órganos jurisdiccionales del país a acatar esas disposiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, siendo que la Suprema Corte es el Tribunal más importante y de mayor grado en el país cuando se constituye en Pleno, es lógico que la interpretación que haga de las leyes, deba ser considerada como obligatoria para las demás autoridades.

Es decir, cuando los ministros resuelven los casos que se someten a su consideración, ya sea en el Pleno o en las salas, establecen criterios sobre la forma en que debe interpretarse la ley, cuando existen cinco de estos criterios iguales y consecutivos se crea la jurisprudencia, misma que obliga a todos los órganos jurisdiccionales del país a aplicar la ley con ese criterio.

Sin embargo, no sólo la Suprema Corte, sino también los tribunales colegiados y el Tribunal Electoral pueden establecer criterios de interpretación que son igualmente obligatorios para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo.

La ley es un marco de posibilidades, donde el Juez puede elegir alguna por haber un cambio de valoraciones vigentes de las posibilidades que la ley permite sin salir del marco legal, es sustentado por varios juristas, quienes sostienen, que toda norma jurídica es una de la posibilidades, cuya interpretación permite dos o más soluciones, todas igualmente correctas desde el punto de vista racional–deductivo; y es esta tesis la que permite explicar el fenómeno tan común en la experiencia jurídica, que es el cambio de jurisprudencia.

Ahora bien, otra manera que existe para crear jurisprudencia es a través de la resolución de una contradicción de tesis. Ésta puede producirse entre dos tribunales colegiados de circuito o entre las salas de la Suprema Corte de Justicia, que deberá ser resuelta por la misma corte, y al resolverse el problema de la contradicción de tesis jurisprudenciales, dejará de tener vigencia la que sea considerada infundada, es decir, si se presenta una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, podrá resolver una de las salas de la corte, con un voto mínimo de cuatro ministros; por otro lado si la contradicción se presenta entre salas de la corte o por contradicción sustentada por el propio Pleno, ésta se resolverá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y deberá ser aprobada con el voto de cuando menos ocho ministros.

Lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos:

Por otro lado, cuando un juzgador inferior jerárquico de un tribunal colegiado, al solucionar un juicio determinado se encuentra en la disyuntiva de aplicar el criterio establecido por la Suprema Corte o el de un tribunal colegiado, éste deberá acatar la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea que la haya sustentado por medio de alguna de sus salas o a través del Pleno.

Asimismo, cuando se crea jurisprudencia, debemos atender al numeral 195 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye:

Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán sin perjuicio de que se realicen las publicaciones mencionadas en el artículo 197-B."

De lo anteriormente expuesto, se advierte que con la aparición de la publicación de tesis jurisprudenciales, se permite a los juzgadores, conocer en un término breve, las nuevas tendencias sobre cierta materia que integran tanto la Suprema Corte, como los tribunales colegiados, lo que va a servir para resolver en forma análoga aquellos juicios de amparo que se presenten con posterioridad a la formación de tales tesis, y que versen sobre la misma materia, sin ser necesario que los jueces de referencia tengan que esperar la publicación anual del informe de actividades del presidente de la Suprema Corte.

Debemos observar de igual manera lo establecido en el artículo 197, el cual establece:

Es decir, es en este artículo donde se han sentado las bases para que las partes en un juicio de amparo tengan seguridad jurídica sobre las normas que serán aplicadas, así como el criterio impetrante en el Poder Judicial de la Federación sobre determinada ley.

Por tal razón, se autoriza proponer a un tribunal colegiado la aplicación del criterio jurídico de otro tribunal, cuando la cuestión controvertida en los dos juicios de amparo es idéntica o cuando un tribunal colegiado ha sentado jurisprudencia al respecto; para el caso de que el tribunal que esté conociendo del amparo y al cual se le solicite la adopción del criterio de otro tribunal colegiado, se niegue a tomar dicho criterio, entonces deberá razonar el motivo por el cual considera que no debe aplicarse el mismo, y remitirá a la Suprema Corte el expediente para que ésta resuelva la contradicción de criterios jurídicos planteada.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la propuesta de iniciativa en cuanto a la adición del artículo 197-C no es válida, ya que la autoridad no puede sustentar sus resoluciones en la tesis o jurisprudencia que más convenga al quejoso, ya que existe un procedimiento a seguir en cuanto a su aplicación; además no se puede dejar de observar que hay principios aplicados dentro de todas las materias, algunos de ellos son: que se debe aplicar lo más favorable al reo, en materia penal; lo que más beneficie a los trabajadores en materia laboral; se debe aplicar la ley siempre en favor de los menores en materia familiar, entre otros.

Finalmente, se sostiene que existen delitos que, si bien es cierto contienen el mismo tipo legal, la jurisprudencia no puede aplicarse de la misma manera a todos ellos, pues por las variaciones de interpretación, cuestiones de validez o de criterio, se observan de manera diferente por los juzgadores en cada territorio del país, es por ello, que cuando se observen diferencias entre las jurisprudencias que pueden ser aplicadas, se debe seguir el procedimiento señalado en párrafos precedentes.

Segunda. El amparo es un medio jurídico otorgado a favor del quejoso, a través del cual se pretende controlar el respeto a la Constitución mediante la observancia de las garantías individuales, y su reglamentación legal se ha hecho con la finalidad de tutelar el régimen constitucional cuando alguna autoridad lo contraviene.

Sin embargo, el amparo no fue creado para que se abusara en la búsqueda de la defensa de intereses individuales con la finalidad de burlar su cumplimiento; es por ello que si el juzgador federal, aprecia que una demanda se interpone para retardar la actuación de las autoridades, será sancionado el quejoso en términos del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual establece:

Este artículo debe ser relacionado con el numeral 3 de la misma ley, ya que ambos sostienen las bases para imponer una sanción pecuniaria y en los dos se sustenta un criterio idéntico, en el sentido de que para que proceda tal sanción, es menester la existencia de una actuación de mala fe, lo cual deberá ser comprobado para poder hacer tal imposición.

Con los preceptos referidos, lo que se persigue no es otra cosa más que evitar la acumulación de juicios de amparo y, con ello, el rezago judicial que se presenta por causa de la tramitación de varios juicios de garantías que son notoriamente improcedentes, pero que se promueven con el fin de retrasar el cumplimiento de un acto de autoridad que lesiona los intereses jurídicos del quejoso; en esas condiciones, son de trascendencia estos preceptos, debiendo relacionarse con el artículo 211, fracción I, de la ley en cita, ya que dicho artículo dispone que se sancionará al quejoso que manifieste algún hecho falso o que omita la narración de alguno cierto, al momento de entablar la demanda de amparo respectiva, exceptuándose, la materia penal.

Además, se pretende que el juicio de amparo sea un proceso regulador del contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ese motivo se sancione a quien dañe la importancia que merece y que debe tener como medio de control constitucional, pues si bien existen una gran variedad de procesos que se llevan a cabo entre los diversos tribunales de nuestro país, aún cuando una persona susceptible de someterse a la acción de la justicia, tenga una idea de sus derechos, es posible que no conozca la forma en que puede hacerlos valer, o bien, que ante la complejidad de los juicios, así como de la estructura y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, prefiera no ejercerlos, o los ejerza de una manera errónea.

Es así, que no es necesario adicionar una cuarta fracción al artículo 211, pues ya se encuentra regulada la sanción cuando se interponga una demanda o se promueva cuando se sabe que es totalmente improcedente la acción, además el artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene XVIII fracciones, las cuales mencionan todos los casos en que es improcedente el amparo, dejando en su última fracción establecido que en todos los demás casos en que la improcedencia resulte de la disposición de una ley, así como que la improcedencia se tendrá que estudiar de oficio por parte de la autoridad.

Finalmente, si el juzgador impone o no las sanciones, queda a su arbitrio la imposición, es decir no es cuestión de que se contemple en la legalidad, pues se encuentra regulado, más bien es una cuestión de criterio que tiene el juzgador para dirimir cuando debe o no imponerse la sanción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 197-C y reforma, en el sentido de adicionar la fracción IV al artículo 211 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 26 de abril de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EN EL LIBRO SEGUNDO EL TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, "DE LOS DELITOS CONTRA EL DEPORTE", DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo, "De los Delitos contra el Deporte", del Código Penal Federal.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 20 de marzo de 2007, la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo, "De los Delitos contra el Deporte", del Código Penal Federal.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa fecha, mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-4-486, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

Expone la autora que el futbol llegó a consagrarse como un deporte profesional, masivo, normalizado, institucionalizado en forma de clubes-empresas, disfrutado por simpatizantes reales y virtuales. Los clubes han sumado a su primigenia condición de juego y deporte otras cualidades que lo han convertido en un negocio, un espectáculo, un producto de la mercadotecnia, un trabajo y uno de los espacios preferidos por las multitudes para descargar tensiones.

Añade que son muchas las actividades deportivas practicadas en estos tiempos; sin embargo, el futbol genera y despierta intensos sentimientos, excitación, fanatismo y pasiones encontradas entre las personas y es uno de los pocos deportes (o quizás el único) que ha sorteado cualquier tipo de barrera, generacional, de género, económica, política e, incluso, religiosa.

Sin embargo, señala que los actos de violencia se han ido apoderando con mayor frecuencia de todo tipo de espectáculo deportivo, siendo los estadios de futbol los más afectados, y que no hay jornada en el mundo en que no haya riñas, trifulcas, heridos y hasta muerte y sangre, que ensucian el deporte.

Manifiesta la diputada iniciante que las soluciones para revertir la violencia en este orden en México y en el mundo no parecen dar respuesta a este grave problema, que cada vez se da con mayor frecuencia en el futbol mexicano, donde el gran negocio económico que este deporte representa parece ser más importante que la paz e integridad física de las familias que asisten, en forma consuetudinaria, a presenciar este espectáculo deportivo, lo cual resulta realmente grave, ya que debería ser la seguridad de los mexicanos que asisten a este tipo de encuentros la prioridad, tanto para los clubes deportivos y los dueños de los estadios como para las autoridades correspondientes.

Señala que en México hay más de 70 porras registradas oficialmente en la Federación Mexicana de futbol, pero sólo 20 se autodenominan "barras bravas", y muchas de ellas son patrocinadas, aunque se diga lo contrario, por los mismos clubes, y que la violencia generada por este tipo de porras ya no se limita al campo de juego: los aficionados desbordados llevan el caos a las calles o acuerdan citas en otras ciudades para desplegar sus desmanes, que terminan en ataques, vandalismo y hasta muerte.

Igualmente, expresa que, el deseo es recuperar los estadios y hacer del futbol un espectáculo familiar de nueva cuenta, y que la batalla contra la violencia y las llamadas barras deberá ser decidida, frontal y sin miramientos, por lo que las autoridades competentes deberán asumir el problema en su real dimensión, ya que de lo contrario, la violencia se seguirá multiplicando y fortaleciendo, evitando con ello que las familias vuelvan a los estadios a recuperar los espacios que realmente les corresponden.

Por otra parte, señala la autora de la iniciativa en estudio que se puede considerar como principales responsables de los problemas de violencia que se presentan en los estadios de futbol a los organizadores, ya que sabiendo la clase de encuentro que realizan, y la pasión que éstos generan, no toman en cuenta las medidas de seguridad apropiadas para evitar dichos actos.

Para erradicar este problema se pueden hacer varias acciones, entre las cuales destaca que los representantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados legislen en torno de las sanciones que deberán imponerse, y que tendrán que ser ejemplares, para los aficionados violentos que no respeten las medidas de control implantadas por las directivas de los equipos que integran el máximo circuito del futbol mexicano, ya que considera la iniciante que no es suficiente contar con más policías en los estadios, o cuidando las calles y avenidas aledañas, tampoco lo son los cateos que realizan los elementos de seguridad pública y privada en los accesos de los estadios, que tienen como fin evitar que sé introduzcan objetos peligrosos que puedan herir a espectadores, dirigentes, árbitros o jugadores, estas medidas no son suficientes para contener a los grupos organizados o no en el momento de su desenfreno.

Y concluye exponiendo que con la aplicación de una norma jurídica se intenta establecer el orden necesario para convivir en una sociedad y que la autoridad puede ejercer mando cuando existen los supuestos jurídicos que sancionan a los individuos por conductas en acciones u omisiones que dañan o afectan a otros; el establecer el tipo penal permite ejercer jurisdicción de los tribunales y limitar la libertad del gobernado para que este no ofenda al grupo social.

Propone que los delitos cometidos en las instalaciones deportivas serán perseguidos de oficio, independientemente de que se puedan denunciar y sancionar otros por querella como el delito de lesiones y que las pruebas podrán ser testimoniales, videograbaciones y, desde luego, la flagrancia.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la comisión dictaminadora exponen las siguientes

Consideraciones

Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo, "De los Delitos contra el Deporte", del Código Penal Federal, presentada por la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de marzo de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN CUATRO INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia le fueron turnadas las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de alimentos, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del PRI; en materia de registro civil, alimentos y violencia familiar, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del PRI; en materia de alimentos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del PVEM; y en materia de causales y consecuencias del divorcio, deudores y acreedores alimentarios, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 20 de septiembre de 2005, la diputada Martha Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.

II. Con fecha 11 de noviembre de 2005, el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de Registro Civil, alimentos y violencia familiar.

III. Con fecha 11 de noviembre de 2005, el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones VII, VIII y IX al artículo 444 del Código Civil Federal.

IV. Con fecha 26 de abril de 2007, el diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de divorcio y alimentos.

V. Mediante los oficios números: D.G.P.L. 59-II-4-1615, del 20 de septiembre de 2005; D.G.P.L. 59-II-3-1900, del 11 de noviembre de 2005; y D.G.P.L. 59-II-3-1901, del 11 de noviembre de 2005, respectivamente, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos las iniciativas señaladas en los antecedentes I a III.

VI. Mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-2-770, del 26 de abril del 2007, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa señalada en el antecedente IV.

Contenido

Las iniciativas que se dictaminan proponen:

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia, y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de las iniciativas marcadas con los numerales I, II y III del capítulo de antecedentes.

Segunda. Es importante señalar que las propuestas planteadas por los proponentes de las iniciativas de reformas y adiciones al Código Civil Federal, motivo del presente dictamen, persiguen objetivos atendibles en cuanto a sus alcances y aplicación. Sin embargo, las modificaciones propuestas no son de atenderse en razón de que, por una parte, es competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no del Congreso de la Unión legislar en materia civil del fuero común, y por la otra, las disposiciones contenidas en los artículos cuya reforma se propone corresponden al ámbito del fuero común y no guardan, en forma alguna, relación con el fuero federal.

Tercera. En efecto, la materia de alimentos a que se refieren las cuatro iniciativas corresponde al fuero común y, por tanto, es competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legislar en esa materia. Baste con revisar el Título Sexto, relativo a Alimentos y Violencia familiar, que forma parte del Libro Primero del Código Civil del DF, en el cual, lo relativo a alimentos está reglamentada con suficiencia y amplitud.

En el mismo supuesto se encuentran las iniciativas mencionadas en los numerales II y III del apartado de Antecedentes, que se refieren además a la materia de violencia intrafamiliar. La citada en el numeral II, propone también modificar la referencia al Jefe del Departamento del Distrito Federal por la actual de jefe de Gobierno. Como en el caso de la materia de alimentos, la de violencia familiar también es competencia del fuero común y se encuentra reglamentada en el Código Civil local. Valga decir que sobre esta problemática, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha emitido incluso legislación específica, como la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

En cuanto a la temática relativa a las causales y consecuencias del divorcio, abordada en la iniciativa señalada en el numeral IV del apartado de antecedentes del presente dictamen, así como sus implicaciones en materia de deudores y acreedores alimentarios, cae también dentro de la jurisdicción del fuero común; por tanto, legislar al respecto es competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y está regida por las disposiciones contenidas en el Libro Primero "De las Personas", Título Quinto "Del Matrimonio", Capítulo X del Código Civil del Distrito Federal.

Cuarta. Las hipótesis normativas cuya reforma o adición se propone, corresponden a cuestiones propias del fuero común, ajenas por tanto al Código Civil Federal. Es importante señalar que en la mayoría de los casos, prácticamente todas las disposiciones a que se refieren las iniciativas en análisis fueron reproducidos prácticamente en su totalidad en el Código Civil del Distrito Federal, lo cual pone de manifiesto que se trata de asuntos que corresponden a esta entidad federativa y no a la Federación.

Quinta. Esta dictaminadora considera pertinente incluir en el presente análisis el Acuerdo por el que esta comisión, en su sesión plenaria de fecha 4 de diciembre de 2008, desechó la iniciativa de reforma a los artículos 41, 148, 151, 631 y 2999 del Código Civil Federal, presentada el 2 de febrero de 2006 por el diputado Jorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, la cual proponía que en dichos numerales se sustituyera la referencia al jefe del Departamento del Distrito Federal por la de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En dicho dictamen esta comisión fundamentó su acuerdo para desechar la propuesta de reforma al Código Civil Federal en los mismos argumentos que se aducen en el presente instrumento, por lo que, en congruencia con las decisiones que esta dictaminadora ha asumido en anteriores ejercicios, así como las razones vertidas en párrafos precedentes, son de considerarse inviables las modificaciones y adiciones que plantean las iniciativas que se analizan.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia

Acuerda

Primero. Se desechan las siguientes iniciativas:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 306 Y 308 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura le fue turnada para, su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 13 de septiembre de 2005 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número DGPL 59-II-5-1796, acordó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En virtud del decreto, publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de la iniciativa a la que se ha hecho referencia.

Contenido de la iniciativa

Expone el autor que es oportuno que los códigos y leyes mexicanos no tengan espacios o lagunas que generen dudas al momento de interpretar aspectos procedimentales que a la postre pueden generar mayor retardo en el despacho de los asuntos y en el propio sistema de impartición de justicia.

Continúa manifestando el iniciante que el hecho de que sea precisada la manera en que se pueden subsanar omisiones en los litigios, por lo que respecta al señalamiento de domicilio en la localidad del juicio, en el que se puedan desahogar notificaciones personales y diligencias judiciales, no obedece a otra cosa que a la certeza que debe imperar en los procedimientos.

Por lo que concluye el autor que, la redacción actual de los preceptos que se pretenden reformar en la ley adjetiva, resulta confusa y genera incertidumbre, ya que de una interpretación laxa de éstos, surgen dudas sobre la posibilidad de que se reanude la práctica de notificaciones personales, a partir del señalamiento de domicilio, cuando dicho requisito había sido omitido previamente por algún litigante.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la comisión dictaminadora exponemos las siguientes

Consideraciones

Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

Primera. La notificación es el acto mediante el cual se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona reconocida como interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla con un acto procesal, como contestar la demanda, una vista, etcétera, todo de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas.

Segunda. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece en el Título Séptimo, "Actos Procesales en General", Capítulo III, "Notificaciones", las formalidades que deben cumplir las partes en el juicio, y las que deben cumplir los funcionarios judiciales, dentro de las cuales se destacan las siguientes, que son contenidas en los artículos que a continuación se trascriben:

En ese sentido, no existe ninguna confusión ni se genera incertidumbre con la actual redacción de los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo expresa la iniciativa en estudio. Ello es así, ya que, contrario a lo que la propia iniciativa señala en relación con la interpretación laxa que se realiza de los preceptos legales que se pretenden reformar, la interpretación que se debe realizar de dichos artículos es de manera armónica, integral, holista, de todo el capítulo relativo a las notificaciones que contiene dicho código a efecto de comprender la intención del legislador.

Con lo anterior se demuestra que la interpretación de las leyes debe ser de manera armónica, es decir, cuando es posible, fáctica y jurídicamente armonizar dos normas, el conflicto normativo es sólo aparente y se supera con una interpretación armónica y racional que permite la vigencia de ambas, otorgando seguridad jurídica a quien van dirigidas dichas disposiciones legales.

Lo antes expuesto es denominado "hermenéutica", que significa el arte de interpretar textos y, en el caso que nos ocupa, textos jurídicos.

La hermenéutica parte de diferentes interpretaciones en conflicto, presupone la presencia de una controversia y tiene la finalidad de establecer el significado válido. Por lo que la hermenéutica debe interpretar un todo, que en la materia del derecho se refiere no sólo a la interpretación de la totalidad de disposiciones jurídicas sino también a la interpretación de las reglas y principios que constituyen la doctrina aplicable al orden jurídico en cuestión.

Por lo que no es posible una interpretación laxa, relajada, libre como la hizo el autor de la presente iniciativa, ya que es un principio de la hermenéutica jurídica fundamental buscar armonizar las normas para su valida interpretación y entendimiento, ya que la contradicción de la norma sólo debe ser considerada tal cuando sea insalvable, cuando no exista posibilidad lógica de armonizar una norma con otra y que la opción sea mantener una sobre la derogación o no consideración de la otra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que se reforma los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 13 de septiembre de 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Silvia Oliva Fragoso, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 323 BIS Y 323 TER, Y ADICIONA EL 323 QUÁTER AL CAPÍTULO III, TÍTULO SEXTO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia fue turnada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 13 de julio de 2005, el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prevención de la violencia intrafamiliar.

II. En la misma fecha, mediante el oficio número CP2R2AE.-1152, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa señalada.

Contenido

La iniciativa propone que en la legislación sustantiva federal en materia civil se precise que es de interés público que las familias se desenvuelvan en un ambiente que implique salud mental, física y psicológica, generado por la ausencia de los factores que atentan contra la construcción de un ambiente de esta naturaleza. Es decir, alejado de todas las conductas que no son sino manifestación de la violencia entre los integrantes de una familia.
 
 

Como apunta el legislador proponente, es la familia el núcleo de la sociedad y piedra angular en la evolución y el progreso de las comunidades de seres humanos y, por ende, debe contar con asideras jurídicas que contribuyan a su crecimiento y eviten en lo posible las desviaciones que originadas en la violencia intrafamiliar.

Tiene razón el iniciante al señalar que las instituciones del Estado deben garantizar que cada uno de los integrantes de una familia crezcan y se desarrollen en un ambiente propicio que les provea los elementos mínimos para su adecuado crecimiento moral y psicológico, de ahí la necesidad de impulsar todas las reformas –en este caso, legales– que abonen al cumplimiento de estos objetivos.

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto, publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la de Justicia, y en la de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de la iniciativa que nos ocupa.

Segunda. Toda vez que la Constitución General de la República reconoce, entre otras, las garantías de igualdad entre todos los habitantes del país, así como de generación de condiciones que permitan su desarrollo y desenvolvimiento, tanto en el aspecto individual como en el colectivo, ya sea como miembros de una familia o de una comunidad determinada, corresponde al Estado impulsar los mecanismos que sirvan al cumplimiento de esta obligación a su cargo.

Como componente de la garantía de igualdad encontramos la que tiene que ver con el derecho a la protección de la salud, de la que deriva la de proteger la organización e integración familiar. Sin embargo, a pesar de que el Estado mexicano ha impulsado normas, políticas, programas y mecanismos diversos para cumplir esos objetivos, la realidad es que la violencia intrafamiliar es todavía práctica recurrente en el país.

Tercera. No por doloroso puede negarse el hecho de que en nuestra sociedad persisten problemas culturales que dan pie al fenómeno de la violencia intrafamiliar, que tienen su origen básicamente en las condiciones de inequidad que entre hombres y mujeres estuvieron presentes a lo largo de varias décadas. En este contexto, los eventos de maltrato hacia los miembros más vulnerables de una familia se deben principalmente a factores relacionados con su edad, sexo o condición física: menores de edad (especialmente niñas), mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera.

Cuarta. Si bien no se tienen datos precisos sobre la magnitud y las repercusiones de la violencia doméstica, resultan incontrastables los daños que causa a las personas: biológicos, físicos, psicológicos, e incluso la muerte, además de problemas de desintegración familiar y violencia en ámbitos más extendidos, como la comunidad a que pertenece la familia en cuestión.

Quinta. Esta comisión comparte el criterio que aduce el legislador en el sentido de que toca al Estado generar condiciones para la formación, el desarrollo y el desenvolvimiento cabal de las personas, en un ambiente de respeto y equidad que incidan en un ambiente libre de reacciones sociales y familiares violentas. Corresponde al Estado, en efecto, coadyuvar a la prevención y disminución de la violencia, y promover un ambiente de convivencia pacífica, mediante el fomento de una cultura de equidad, de tolerancia y de respeto de la dignidad y de las diferencias de todos los integrantes de la sociedad, como fundamento para la construcción de las relaciones personales, familiares y sociales.

Sexta. Esta dictaminadora también llama la atención sobre los compromisos que nuestro país ha adquirido con la suscripción y ratificación de tratados internacionales, que constituyen derecho positivo, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) o la Declaración de Belém do Pará, surgida de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), que subrayan la necesidad de que el Estado no escatime esfuerzo alguno a su alcance para erradicar todas las prácticas violentas que producen efectos nocivos tanto en el ámbito familiar como en el social.

No escapa al análisis de esta comisión la profusa legislación y reglamentación que sobre la materia existe. Es el caso, entre otras, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyas disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en la República Mexicana; y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual, según el artículo 1o., encuentra sustento en el artículo 4o. constitucional y sus disposiciones tienen las mismas características que la antedicha ley, sin demérito de la legislación del fuero común en materia familiar y civil, que comparte las mismas características.

Séptima. La iniciativa que se analiza en el presente dictamen propone la adición de un artículo 323 Quáter al Código Civil Federal para establecer que "el pleno desarrollo físico, moral y psicológico de los miembros de la familia será considerado asunto de interés público, y el Estado proveerá las medidas necesarias que contribuyan al crecimiento del núcleo familiar".

Es importante hacer notar que los esfuerzos que en los ámbitos internacional, nacional, estatal y municipal ha venido realizando el Estado mexicano desde los órganos, organismos e instituciones que lo integran –esfuerzos que tienen su fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y la legislación secundaria en la materia– dan cuenta de que el pleno desarrollo físico, moral y psicológico de los miembros de la familia es ya considerado asunto de interés público, y que la obligación del Estado de proveer las medidas necesarias que contribuyan al crecimiento del núcleo familiar se encuentra ya establecida en diferentes instrumentos que tienen plena aplicación y vigencia en los tres órdenes de gobierno.

Octava. Visto lo expuesto en los considerandos anteriores y atentos al alcance de la iniciativa que se analiza, a juicio de esta comisión no es procedente su aprobación, en razón de que la adición propuesta es ya norma positiva y se encuentra jurídicamente satisfecha.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 323 Bis y 323 Ter, y se adiciona el 323 Quáter al Capítulo III, Título Sexto, del Código Civil Federal, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 13 de julio del 2005.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN DOS INICIATIVAS QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Honorable Asamblea:

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen respecto de las iniciativas en materia de población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

Que en fecha 26 de abril de 2007 se presentó la iniciativa que reforma los artículos 3, 6 y 76 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona.

Que en esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

Que en fecha 30 de abril de 2008 se presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona.

Que en esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

Contenido de las iniciativas

Las iniciativas presentadas por el diputado Amaro Corona, proponen que se promueva el establecimiento de una Comisión de Asuntos Migratorios en los Congresos locales de cada una de las 32 entidades federativas, para que coadyuven en la planeación y ejecución de la política migratoria.

Asimismo plantea que se promueva la existencia y operación de una oficina que atienda la política migratoria en cada uno de los gobiernos estatales del país.

Consideraciones de la comisión

En lo concerniente a la propuesta de promover e impulsar el establecimiento de una Comisión de Asuntos Migratorios, en los 32 Congresos locales, es un tema que no se considera como pertinente, tampoco así en lo referente a las oficinas en los gobiernos estatales, toda vez que el artículo 40 de nuestra Carta Magna establece:

Estas iniciativas incurren en la posibilidad de atentar o ir en contra de la soberanía y autonomía de los Congresos locales y entidades federativas, además de que la Ley General de Población no es el instrumento para incidir en esta temática.

Acuerdo

Primero. Se desechan las siguientes Iniciativas:

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Rosaura Virgina Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Silvestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Guillermina López Balbuena (rúbrica), Isael Villa Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias, Bellizza Rosique Pascual.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

Honorable Asamblea:

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen respecto de la iniciativa que crea la Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias, presentada en la LIX Legislatura, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Que el 25 de enero de 2006, el diputado Alfonso Juventino Nava Díaz presentó iniciativa que crea la Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La comisión que dictamina, el 15 de marzo de 2006, aprobó por mayoría el dictamen a la iniciativa de referencia, turnándolo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para su trámite correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Que al inicio de la LX Legislatura, y por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de fecha 5 de septiembre de 2006, se decidió regresar a las comisiones aquellos proyectos de decreto o de ley pendientes, quedando como proyectos de dictamen.

En fecha 23 de octubre de 2007, se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores la opinión que emitieron con relación a la iniciativa que crea la Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias, la cual se anexa al presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados, exponemos el contenido de la iniciativa objeto del presente dictamen.

Contenido

Reconocer el derecho a la migración de las personas y garantizar a los trabajadores migrantes y a sus familiares la protección y el ejercicio de los derechos, tanto a nacionales como a extranjeros; garantizar la vida, la integridad física y moral de los migrantes; prevenir y combatir la discriminación o racismo, el daño corporal o amenazas hacia ellos, tanto de autoridades como de particulares.

Adoptar medidas para disminuir los costos en el proceso de envío de remesas.

Establecer un plan nacional de apoyo a migrantes por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Implantar programas y directrices de apoyo a trabajadores migrantes, incorporados al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Promover entre los trabajadores migrantes mexicanos programas de inversión en proyectos productivos, y de instrumentos y exenciones financieras como incentivos.

Otorgar servicios de salud a los migrantes que necesiten preservar su vida o para evitarles daños irreparables a su salud.

Establecer campañas informativas para integrar al seguro popular a los trabajadores migrantes y sus familias.

Las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Economía (SE), y del Trabajo y Previsión Social (STPS) incorporarán un fondo anual a sus partidas presupuestales y lo distribuirán en forma directa a los estados y municipios que registren mayor número de trabajadores migrantes mexicanos en el extranjero. Se destinará al financiamiento, capacitación, empleo y obras de interés público.

Establecer, a través de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, programas especiales para trabajadores migrantes mexicanos, para que accedan a créditos de compra y mejoras de sus viviendas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dispondrá a la población de una lada gratuita nacional e internacional, que contenga información de interés para los migrantes y sus familias.

Incluir en el calendario de fiestas cívicas el 29 de septiembre como Día del Bracero y el 18 de diciembre como el Día del Migrante.

Consideraciones

La políticas sobre inmigración, en la mayoría de los países receptores, se han endurecido, cerrando sus fronteras para impedir la entrada de migrantes (la mayoría ilegales) y aplicando medidas como las redadas, penalizando o, incluso, criminalizándolos, aduciendo su derecho a defender la seguridad nacional. Y, aunque la migración es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU, este derecho es visto desde la emigración, no desde la inmigración. A la inmigración se le han impuesto muchas barreras, que se han reforzado a partir de los ataques del 11 de septiembre y que se asocia con el crimen y el terrorismo, la cuestión, dicen, es de seguridad nacional.

La propuesta de reconocer el derecho a la migración, como una medida para asegurar los derechos humanos y las garantías de los migrantes, requiere reformas, como las aprobadas por esta comisión, con el objetivo de despenalizarla, y eliminando de la Ley la pena corporal a los migrantes que son detenidos en su tránsito por el país en busca del famoso sueño americano.

Para garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los migrantes, México cuenta con varios programas e instituciones encargadas de ello. El Instituto Nacional de Migración (Inami), coordinado por la Segob, tiene programas de atención y auxilio a migrantes en estado de vulnerabilidad. La SRE, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), y a través de sus diferentes programas de protección consular, brinda atención a los migrantes, asesoría jurídica, apoyo en la realización de proyectos productivos y apoyo en la repatriación de cadáveres o en estado de indefensión.

El establecimiento de un plan nacional de apoyo a migrantes con directrices incorporadas al PND, incluye acciones tanto internas como externas. La Segob cuenta con la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos, encargada de establecer las acciones necesarias para promover y defender a los migrantes.

En esta misma lógica, sobre las políticas existentes para la protección de los derechos humanos de los migrantes, existen los grupos Beta de protección a migrantes, que tienen por objeto la protección y defensa de los derechos humanos, y de la integridad física de los migrantes, independientemente de su condición de documentados o indocumentados. La operación de estos grupos se lleva a cabo en tres vertientes: a) de rescate, salvamento y auxilio a migrantes en situación de riesgo; b) de protección de los derechos humanos, realizando operativos de carácter preventivo; y c) de orientación y asistencia, informando de los derechos y los riesgos a los que los migrantes se enfrentan al intentar cruzar la frontera por zonas peligrosas. Existe también el programa Paisano, cuyo objetivo es asegurar un trato digno y respetuoso para los mexicanos que ingresan, transitan o salen del país, informando de sus derechos y sus obligaciones. Este programa fue propuesto para ir eliminando, de manera gradual, los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurren servidores públicos de las distintas dependencias del gobierno federal en contra de los connacionales en el retorno al país.

Así también existe la Quinta Visitaduría, que pertenece a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual tiene como funciones la protección de los derechos humanos de los migrantes, y les brinda asesoría legal para su defensa.

El Banco de México es quien se encarga de llevar la cuenta de las remesas recibidas en el país, y quien tiene facultades para regular los servicios de transferencias de fondos realizados por instituciones financieras y cualquier otro agente dedicado profesionalmente a tal actividad.

El IME tiene como objetivo promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades de mexicanos en el exterior, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el exterior. También existe el programa 3 por 1, que coordina la Secretaría de Desarrollo Social, y el cual consiste en que, por cada peso que inviertan los migrantes, el gobierno federal y los locales aportan otro, para financiar proyectos productivos, así como objetivos tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el exterior. Existe además el Proyecto Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, inscrito en el Programa de Cooperación del Gobierno de México con la Unicef, con el propósito de atender de manera integral la problemática de riesgo que enfrentan los menores en condiciones de vulnerabilidad, radicados en las franjas fronterizas del país.

México y Estados Unidos de América han firmado el plan de acción para combatir el tráfico y contrabando de personas, para garantizar la seguridad y la legalidad de la migración, para combatir la violencia fronteriza y para asegurar que la repatriación sea segura, ordenada y legal. Como vemos, se cuenta con una gama importante de programas e instituciones para atender a los migrantes, sus derechos, su integridad y sus garantías. Por lo que, crear una comisión nacional de atención a migrantes, más que contribuir a solucionar el problema de fondo, sólo incrementaría la burocracia en las instituciones ya existentes. Lo que se requiere es hacer que las instituciones que tenemos sean más eficientes y que se adapten a las nuevas realidades y demandas que los migrantes requieren.

Habría que tomar en cuenta si se cuenta con la capacidad en infraestructura para dar servicios médicos a los migrantes con grave estado de salud. La SRE otorga servicios de repatriación de cadáveres y de personas en estado de vulnerabilidad, los cuales son programas que llevan a cabo los consulados y embajadas, en las diversas partes del mundo.

Incorporarse al seguro popular es una acción individual. Todos quienes no cuenten con seguro pueden afiliarse para acceder a dicho seguro.

La Sedesol, la SE y la STPS, para que incorporen en un fondo anual a sus partidas presupuestales, es una propuesta poco factible, pues ninguna secretaría va a destinar fondos propios para financiar proyectos de otras entidades. Independientemente de eso, se debería de realizar un estudio más de fondo donde podamos identificar de dónde o por qué concepto se podría captar más recursos para este fondo y ver si no afectaremos a otras partidas presupuestales, en caso de que sean recursos extraordinarios a lo autorizado para cada secretaría. Atacar la migración debe ser una acción conjunta, tanto del gobierno federal como de los estatales y municipales. No puede ser sólo una acción federal.

Los créditos a vivienda son a más de 20 años, periodo que un migrante, que espera regresar a su país, no piensa estar en Estados Unidos de América y, por supuesto, si el migrante es ilegal, no tiene la certidumbre de poder internarse en el país extranjero por periodos tan prolongados.

Disponer de una lada gratuita nacional e internacional es un servicio que corresponde a la Segob organizar y coordinar. Este servicio podría ser complementario a los ya existentes, tanto en algunas instituciones estatales como en otras federales. El Inami posee servicios de información y quejas de manera gratuita a disposición de la población, quizás una medida complementaria a la que se propone es darle mayor difusión y coordinarlo para que las instituciones locales o estatales dispongan de este servicio.

El término bracero es superado. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos de América se ha diversificado, no sólo trabajan en el campo sino también en los servicios, en la industria, etcétera. Ningún día festivo, que no sea oficial, aparece en el calendario de fiestas cívicas. Ni el Día del Padre ni el Día de la Madre, del profesor, de la mujer, ni de cualquier otro. Por lo cual, consideramos que lo más viables sería proponer, en un momento dado, mediante un punto de acuerdo, que se considere el 29 de septiembre como Día del Bracero y el 18 de diciembre como el Día del Migrante.

En una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dio a conocer que en nuestro país las violaciones a los derechos de los migrantes se da, sobre todo, en las estaciones migratorias, en donde los menores son separados de sus padres y donde, a muchos asegurados (no se utiliza la palabra detenidos), permanecen bajo condiciones insalubres y privados de su libertad. También se lleva a cabo en los puestos de revisión carretera establecidos para combatir sobre todo al narcotráfico.

Cabe mencionar que, sobre los conceptos para el caso mexicano, migrante es el más adecuado, que designa a las personas salen del país con el propósito de residir en el extranjero o de trabajar fuera de su país, es un cambio de residencia más o menos permanente, por lo común, debido a factores económicos; estrechamente relacionado con la falta de empleo, falta de oportunidades, con la desigualdad social y la marginación.

Son los obreros, campesinos, empleados, profesionistas, etcétera, quienes se internen en un país distinto al suyo o retornen a su país de origen, y también incluye a los familiares que buscan estar cerca de sus familias y que, por ello, emigran. Incluye al fenómeno visto desde la emigración y desde la inmigración; es decir, visto desde la llegada y la partida.

Es importante lo antes mencionado porque, aunque la migración es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU, derivado de la concepción del hombre como un ser racional y libre; la emigración y la inmigración se distinguen porque la emigración mira al fenómeno como un derecho, no así la inmigración, a la que se imponen barreras y candados para evitar la entrada de inmigrantes.

Migrante está relacionado sobre todo con los trabajadores que, en su mayoría, emigran para realizar actividades remuneradas en un Estado distinto al suyo, como consecuencia de la falta de empleo, a salarios poco remunerados, a la desigualdad social, la exclusión y la marginación en el país de origen.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que crea la Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias, presentada por el diputado Alfonso Juventino Nava Díaz, el 25 de enero de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuellar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Erick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Guillermina López Balbuena (rúbrica), Isael Villa Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias, Pascual Bellizza Rosique.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7, Y ADICIONA EL 11 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen respecto de la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 7 y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Que el 14 de febrero de 2008, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca presentó la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 7 y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Población.

En fecha 19 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite:

Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la comisión exponemos el contenido de la iniciativa objeto del presente dictamen.

Contenido

La intención del diputado proponente es adecuar la Ley General de Población para obligar a las autoridades migratorias a cumplir con su obligación en uso de las facultades de ejecución, control y supervisión de los servicios migratorias que la propia norma les otorga.

El aspecto central de la iniciativa es adicionar el término "exhaustivamente" al artículo 7, fracción II, de la ley en cuestión, que hace referencia en la actualidad, en el texto vigente, a la atribución de la Secretaría de Gobernación de vigilar la entrada y la salida de los nacionales y extranjeros.

Consideraciones

La iniciativa no proporciona mayores elementos de seguridad o que garanticen la protección y salvaguarda de las fronteras, ni aporta mejoras significativas al cuidado y al fortalecimiento de la política migratoria del país.

El adicionar el término "exhaustivamente" al inciso II del artículo 7 de la ley, no va a producir ningún cambio real en cuanto a la vigilancia de la entrada y la salida de los nacionales y extranjeros.

No existe ninguna justificación técnica ni jurídica para aprobar lo propuesto por el diputado proponente.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la comisión sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 7 y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Población, presentada por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, el 14 de febrero de 2008.

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuellar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Erick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Guillermina López Balbuena (rúbrica), Isael Villa Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias, Pascual Bellizza Rosique.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 BIS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, el 29 de junio de 2005.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ese honorable Pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 30 de noviembre de 2004, el diputado Jesús Martínez Álvarez presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite de la iniciativa, turnándola a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y dictamen.

Los integrantes de esta comisión procedimos al estudio y análisis de la iniciativa, atendiendo el siguiente

Contenido

Señala el iniciador que un importante y alto porcentaje de la contaminación por aguas residuales vertidas a la zona costera emana de los ríos y arroyos que desembocan al mar, lo cual llama a la atención de la población en la incesante búsqueda del equilibrio ambiental.

Considera que la posible solución para resolver algunos de los más fundamentales problemas de contaminación generados por el desecho de aguas residuales, de manera desproporcionada y bajo mecanismos no regulados, encuentra cabida en la coordinación de los tres niveles de gobierno para vigilar los procedimientos de tratamiento de aguas residuales, y nos hace concluir que nuestros ordenamientos deben ser más severos y contener una redacción más tajante que detenga el irreparable daño que se está generando al medio ambiente en México.

Señala también que las aguas residuales son consecuencia de la humanidad y que difícilmente se podría evitar su presencia; no obstante ello, el daño que se genera en su procedimiento de desecho y posible reuso podría verse disminuido de manera considerable, atendiendo al riesgo de enviar los desechos residuales a los ríos.

Asevera que la tecnología avanza día con día y ello se constituye en una herramienta útil para detener el efecto negativo que se genera en el medio ambiente, derivado de actividades en las que el propio Estado interviene, como es la extracción en el uso y explotación de los recursos petroleros, entre otras diversas.

Finalmente, manifiesta que esta es una oportunidad afianzable para que nuestra legislación apruebe reformas provechosas, en la búsqueda de un medio ambiente acorde con las necesidades de salud de la humanidad.

Con base en los razonamientos anteriores el iniciador propone el proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis. Además de lo previsto en el artículo anterior, los asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:

III. Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Esta comisión reconoce la preocupación del iniciador por resolver problemas de contaminación generados por el desecho de aguas residuales mediante mecanismos no regulados, sin embargo, consideramos que la propuesta de reformas al artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales es innecesaria.

Por un lado, la modificación a la fracción II, sustituyendo el infinitivo del verbo procurar con el gerundio "procurando" resulta innecesario, ya que en la fracción se establecen dos obligaciones de los asignatarios de aguas nacionales, la primera consistente en "descargar las aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento, cumpliendo con las normas oficiales mexicanas o las condiciones particulares de descarga, según sea el caso,"; y, la segunda, "procurar su reuso", es decir, procurar el reuso de las aguas residuales.

De tal manera, si sustituimos el verbo procurar por su gerundio procurando, estaríamos condicionando la primera de las obligaciones asentadas en la fracción que nos ocupa y se entendería que la obligación del asignatario sería descargar las aguas residuales, procurando su reuso.

En cuanto a la reforma de la fracción III del propio artículo 29 Bis 3, para establecer la obligación de los asignatarios de "establecer mecanismos conforme a las normas oficiales mexicanas, a efecto de detener la afectación al medio ambiente, o, en su caso, asumir los costos económicos y ambientales generados con motivo de las descargas que se realicen", estimamos es improcedente, pues consideramos innecesario concentrar en esta fracción lo que ya se establece en las fracciones II y III del artículo 29 Bis 3 vigente. Disposiciones fortalecidas en el contexto de la ley con las establecidas en las fracciones I, XII, XIV, XV y XVII, del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

A mayor abundamiento, estimamos pertinente observar que el artículo 7 de la ley declara de utilidad pública, "el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reuso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales". En congruencia con lo anterior, el Título Séptimo de la ley vigente regula acertadamente la prevención y control de la contaminación de las aguas y la responsabilidad por daño ambiental en sus artículos que van del 85 al 96 Bis 1.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, el 29 de junio de 2005.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos.

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza, Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Jesús González Schmal el 30 de noviembre de 2004.

La comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ese honorable Pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

II. Contenido de la iniciativa

El iniciador observa que la Ley de Aguas Nacionales no ofrece un espacio a la sociedad en los organismos que administran las aguas nacionales, lo que debe ser corregido, ya que los espacios a favor de la sociedad en los organismos administradores del agua son una exigencia del derecho constitucional, que determina que la nación, y en ella la sociedad, es propietaria de las aguas nacionales, y por tanto se impone la injerencia de la sociedad en las decisiones de orden público e interés social.

Por otro lado, señala que la Ley de Aguas Nacionales no concede al uso ambiental del agua, el lugar que le corresponde.

Asimismo, refiere que la ley no reconoce expresamente la función prioritaria del uso del agua para el riego de los productos agrícolas para autoconsumo del campesino, aunque incluye de manera incongruente en el uso doméstico, el riego de plantas de ornato.

Estima que el recurso de revisión establecido en la Ley de Aguas Nacionales fue derogado por el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que su permanencia en la Ley de Aguas Nacionales supone que alguna autoridad del agua debe conocer de dicho recurso que el particular interesado interponga, sin facultar a autoridad alguna para tal efecto.

Estima que es una sobrecarga para el impetrante, la necesidad de recorrer dos procedimientos de la misma naturaleza, señalando que al recurso de revisión se le agrega el juicio administrativo de nulidad y que, en cualquiera de los casos se requiere determinar los tiempos para que la autoridad competente desahogue oportunamente las instancias a su cargo.
 
 

Por otro lado, considera que es menester corregir la deficiencia legislativa que representa la omisión en la Ley de Aguas Nacionales, de facultar al director de la Comisión Nacional del Agua para establecer límites de disponibilidad en acuíferos del país.

Con base en los motivos expuestos, el iniciador propone el siguiente proyecto de

Decreto

III. Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos

La comisión dictaminadora considera loable la preocupación legislativa del diputado iniciador.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el Diputado Jesús González Schmal, el 30 de noviembre de 2004.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica en contra), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses, Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica en contra), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica en contra), Irineo Mendoza Mendoza, Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura fue turnada, para estudio y posterior dictamen, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Salud de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados con fecha 14 de marzo de 2006 fue presentada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En la exposición de motivos, el promovente afirma que la voracidad de los productores de bebidas alcohólicas es tal, que cada día buscan por diversos medios incrementar su mercado de consumidores. Así, hoy podemos ver en los diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos, cómo se difunde indiscriminadamente gran cantidad de mensajes, los cuales por supuesto buscan persuadir a los consumidores presentes a incrementar su consumo o a quienes no lo hacen a iniciarse en él.

Asevera que debemos enfrentarnos a una publicidad llamada "subliminal", donde un parpadeo lumínico, insinuando la marca del producto, dio origen a un término nuevo para identificar los mensajes indirectos de la publicidad, los que hurgan en el subconsciente y se depositan en él, produciendo una especie de reverberación en la pantalla humana de la memoria.

Según el promovente, una de las medidas propuestas para disminuir los alarmantes índices de alcoholismo entre nuestros jóvenes e individuos en edades productivas, es poner límites a la publicidad de bebidas alcohólicas.

Por ese motivo propone reformar los artículos 186, fracción II, 301, 308, 309 y 421, y adicionar el artículo 309 Bis a la Ley General de Salud, para limitar la publicidad del tabaco, así como prohibir en todo el territorio nacional la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas, sin distinción de la forma o el medio en que la misma se presente.

III. Consideraciones

Con fecha 30 de mayo de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General para el Control del Tabaco; y deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Uno de los objetivos de la nueva ley es precisamente regular la publicidad del tabaco, por lo cual el Capítulo II establece lo relativo a publicidad, promoción y patrocinio y cuyos artículos 23, 24 y 25 señalan lo siguiente:

Respecto a las reformas que se pretenden en materia de publicidad de las bebidas alcohólicas, consideramos innecesario reformar el artículo 186 y la fracción II, pues el artículo vigente señala lo siguiente:

La iniciativa incurre en el mismo error de restricción en cuanto a la información sobre los efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo, ya que, de aprobarse la propuesta, esta información se constreñiría exclusivamente a niños y a jóvenes, excluyendo a todos los demás sectores de la población, efecto contrario a uno de los principios fundamentales de la ley, que es precisamente su carácter general.

Respecto a las reformas planteadas sobre los artículos 301, 308 y 309 en la iniciativa, el objetivo que perseguían ha sido cumplido de una mejor forma por el decreto por el que se expide la Ley General para el Control del Tabaco; y deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al que hemos hecho referencia.

En relación con la reforma del artículo 309 Bis, es importante señalar que dicho artículo fue derogado mediante el Decreto citado con antelación.

Aunado a eso, cabe señalar la imposibilidad de llevar a cabo una reforma que, como señala la propuesta en estudio, "prohíba en todo el territorio nacional la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas, sin distinción de la forma o el medio en que se presente", toda vez que dicha prohibición sería contraria a lo dispuesto en el artículo 5o. constitucional, ya que la publicidad es una actividad lícita y, en el caso de las bebidas alcohólicas, se regula por la propia Ley General de Salud, en el Título Décimo Tercero, así como en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, que en el Título Cuarto establece los parámetros que debe seguir la publicidad de bebidas alcohólicas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 14 de marzo de 2006.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 195 Y 216 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

A la Comisión de Salud fue turnada para estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 195 y 216 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que otorgan los artículos 39, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008 fue presentada por el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 195 y 216 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Salud para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En la exposición de motivos, el promovente señala que la Carta Europea contra la Obesidad reconoce que la epidemia de la obesidad es un desafío en materia de salud pública.

Afirma que, según la Federación Internacional de Diabetes, en el caso de la diabetes tipo 2, se observa que el aumento de la incidencia en jóvenes es prácticamente universal, es decir, existe una alarmante tendencia que viene impulsada en gran parte por el aumento del sobrepeso y la obesidad.

Señala que el Instituto Nacional de Salud Pública ha revelado que millones de mexicanos tienen problemas de sobrepeso u obesidad, particularmente que más de 4 millones de niños de entre 5 y 11 años sufren estos trastornos, afirmando que de cada 100 niños, 20 presentan sobrepeso, cuyo origen ciertamente tiene diversas causas, entre ellas, genéticas, metabólicas, psicológicas, socioculturales, sedentarias, neuroendocrinas y de nutrición con altos contenidos calóricos.

Asegura que los refrescos forman parte del bombardeo inescrupuloso de la comida chatarra, es decir, son parte de una dieta alta en grasas saturadas y azúcares y baja en fibra, vitaminas y minerales, altísima en densidad energética y promotora de estilos de vida no saludables y que su ingesta puede desatar la obesidad y, a su vez, constituir un de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el cáncer, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Asevera que el consumo de refrescos debe ser considerado un problema de salud pública y que el etiquetado de los refrescos no declara en su totalidad la información nutricional en el rotulado.

Por esos motivos propone que se adicionen un segundo párrafo al artículo 195 y un tercero al artículo 216 de la Ley General de Salud para señalar las precauciones necesarias de salud y de nutrición contra el sobrepeso y la obesidad en el etiquetado de bebidas y que las mismas contengan la leyenda "Este producto no es nutritivo".

III. Consideraciones

Es importante mencionar nuestra preocupación por el evidente aumento de la obesidad en nuestro país, inquietud que compartimos con el promovente de la iniciativa en estudio. Sin embargo consideramos imperativo señalar algunas precisiones respecto a su propuesta y que a continuación detallaremos.

Resulta inadecuado señalar en el proyecto de decreto que se adiciona un segundo párrafo al artículo 195, ya que dicho artículo consta de dos párrafos y de aprobarse la iniciativa en sus términos el segundo párrafo de dicho artículo y que se refiere a la actualización de la farmacopea sería abrogado, por que creemos que se trata de un error de la propuesta en estudio; y en todo caso creemos que ésta buscaba adicionar una párrafo tercero al mismo artículo.

Según lo que establecen las fracciones XIII y XIV del artículo 3o. de la Ley General de Salud son materia de salubridad general la educación para la salud y la orientación y vigilancia en materia de nutrición.

El artículo 194 de la misma ley faculta a la Secretaría de Salud para ejercer el control sanitario del conjunto de actividades referentes al proceso, importación y exportación de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo anterior, con base en lo que establezcan las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Aunado a las actividades de control sanitario, la Secretaría de Salud tiene la facultad de proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia de nutrición, para la expedición de las normas oficiales mexicanas, como se señala en la fracción VIII del artículo 115.

La adición propuesta es innecesaria, ya que las competencias de las Secretarías de Salud, y de Economía están suficientemente claras en la legislación vigente; es decir, resulta obvio señalar que "ninguna norma oficial mexicana debe omitir señalar precauciones necesarias para la salud".

También el artículo 307, referente a publicidad, establece parámetros para los alimentos y las bebidas no alcohólicas, ya que a la letra dice:

En relación con la adición propuesta de un tercer párrafo al artículo 216, creemos que no es viable, toda vez que tanto la Ley General de Salud como su reglamento en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad y las Normas Oficiales Mexicanas NOM-086-SSA1-1994 y NOM-051-SCFI-1994 consideran disposiciones en este sentido.

La propia ley, en el artículo 210, establece la obligación que tienen los productos empacados y envasados de cumplir las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; de igual forma ocurre para el caso particular de los alimentos y bebidas no alcohólicas, en el que se establece que las etiquetas se emitan a propuesta de la Secretaría de Salud.

El artículo 212 de la ley vigente señala lo siguiente:

Por otra parte, consideramos incorrecta la referencia que el promovente hace en la iniciativa, respecto a las bebidas denominadas "refrescos" ya que la ley, en su conjunto, sólo menciona las bebidas no alcohólicas, concepto que incluye gran diversidad de bebidas, y que resulta más adecuada e inclusiva, ya que el promovente no señala qué se debe entender por "refresco", incurriendo su propuesta en vaguedad y dificultando así la aplicación de la ley.

Encontramos loable la preocupación del promovente por el problema de la obesidad, sin embargo, y derivado de todas las consideraciones señaladas, la aprobación de la iniciativa en sus términos resulta inconveniente.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 195 y 216 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 30 de abril de 2008.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica en contra), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 233 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, presentada por el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente metodología:

I. Antecedentes

Con fecha 15 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fecha 30 de abril de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La iniciativa que se estudia propone que las etiquetas o empaque de los medicamentos que se comercialicen o distribuyan en el territorio nacional contengan en lenguaje braille el nombre del producto, sustancia activa, fecha de caducidad y precio, como elementos mínimos para que las personas con discapacidad visual puedan, a través de esta medida, tener la información necesaria sobre los medicamentos que les son prescritos, y que deben adquirir.

III. Consideraciones

Comprendiendo la preocupación del promovente por facilitar la identificación de medicamentos para las personas con debilidad visual, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta. Las principales consideraciones para dictaminar la minuta que se estudia, fueron las siguientes:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, presentada por el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

En sesión celebrada el 30 de abril de 2008 fue turnada a la Comisión de Salud, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los integrantes de la comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza conforme a la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de esta comisión.

En el capítulo correspondiente a contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de consideraciones, la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en el análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008, el diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En la exposición de motivos, el promovente advierte que el fenómeno del cambio climático mundial ocasionará impactos diversos en la salud humana, la mayoría de éstos de carácter negativo.

Hace referencia al Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas el cual, según cita el diputado, es elocuente cuando concluye que el resurgimiento de padecimientos infecciosos que se creían erradicados, como cólera, dengue, malaria y fiebre amarilla, tiene relación directa con el cambio climático y la degradación del ambiente.

Los desequilibrios ecológicos, producto de la destrucción de selvas y bosques, de la contaminación de aguas costeras y lagunas, así como de cauces hidráulicos y de los ecosistemas en general, han creado condiciones para el resurgimiento de agentes patógenos transportados por vectores.

Las consecuencias directas como causales negativas del calentamiento global y sus efectos en la humanidad tienen y tendrán múltiples manifestaciones.

Por ello, como explica el diputado en la exposición de motivos, especialistas en el estudio y análisis del cambio climático advierten que los efectos actuales y potenciales que se deriven del calentamiento global sobre la salud de la población obligan a las instituciones públicas del sector a contar con información confiable y oportuna sobre este fenómeno de la naturaleza.

Tomando como idea primordial que la salud humana depende del comportamiento que registre el ambiente. Por ello urge contar con información que permita inferir las consecuencias del cambio climático en el mundo sobre la salud de la población.

La iniciativa tiene como finalidad establecer el lineamiento necesario para la recolección de esta información, esto permitirá a las autoridades correspondientes anticipar acerca del grado de vulnerabilidad de la sociedad por efectos del cambio climático para, de esa manera, planear e instaurar con oportunidad las estrategias adecuadas de prevención y auxilio a la población.

III. Consideraciones

A. La dictaminadora coincide con el gran problema que representa el calentamiento global, ya que como es sabido la temperatura media de la superficie terrestre ha subido más de 0.6^o C desde los últimos años del siglo XIX. Se prevé que aumente de nuevo entre 1.4^o C y 5.8^o C para 2100, lo que representa un cambio rápido y profundo. Aun cuando el aumento real sea el mínimo previsto, será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10 mil años.

B. Para iniciar el análisis de la iniciativa en cuestión es necesario conocer la definición que sobre cambio climático presenta el Convenio Marco de las Naciones Unidas:

C. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de la organización de la administración pública federal en centralizada y paraestatal. Asimismo, se encarga de distribuir la competencia de cada dependencia o entidad para el despacho de sus asuntos.

El artículo 32 Bis establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá, ente otras facultades, evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, así como conducir las políticas nacionales sobre el cambio climático.

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se establece como facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la integración del sistema nacional de información ambiental y de recursos naturales, la cual tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional.

Por esas razones, podemos concluir que la dependencia facultada para el registro, la organización, la actualización y la difusión de la información ambiental nacional es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual es responsable de generar dicha información y ponerla a disposición para su consulta.

No así la Secretaría de Salud, toda vez que dicha facultad ya se establece en los ordenamientos jurídicos mencionados y es aplicada por las dependencias pertinentes, y a la Secretaría de Salud no compete generar información que permita pronosticar las variaciones del comportamiento climático.

D. Respecto a la materia sanitaria, actualmente se establece en la Ley General de Salud que es la Secretaría de Salud, con los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley de Información Estadística y Geográfica y con los criterios de carácter general que emita la Secretaría de Economía, captará, producirá y procesará la información necesaria para el proceso de planeación, en diversos aspectos en los que destacan; los factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, reconociendo esto como materia de salubridad general en el artículo 3 y otorgando la concurrencia correspondiente en el artículo 104 de la Ley General de Salud.

Por lo que se refiere a las autoridades sanitarias, señala en el artículo 111, que establecerán las normas y tomarán las medidas tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente.

Aunado a lo anterior, entre los objetos del artículo 112 referente a la educación para la salud destaca el proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud.

La Secretaría de Salud, en su ámbito de competencia, cuenta con las facultades a efecto de prevenir los daños del ambiente en la salud de la población, asimismo tiene las atribuciones para realizar acciones y programas en contra de los daños en la salud de las personas causados por las condiciones del ambiente.

E. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar al Estado información de calidad en diversos rubros, entre los cuales resalta el medio ambiente, incluso se creó el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, por lo que la comisión dictaminadora considera que la finalidad que persigue el proyecto de decreto en estudio se encuentra superada.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del Diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI, el 30 de abril de 2008.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentada por el diputado José Gildardo Guerrero Torres.

Antecedentes

I. La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2470-II, el martes 25 de marzo y presentada el 3 de abril de 2008 por el diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II. En la última fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

III. Recibida en la comisión, y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen por la negativa, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la citada comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 2 de septiembre de 2008, por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Análisis de la iniciativa

Plantea el diputado proponente en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina que el derecho administrativo caracteriza su fisonomía como el régimen de la actividad empresarial pública y como base normativa fundamental de la seguridad que presta el Estado.

Que las Leyes Federal de Procedimiento Administrativo, y del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal establecen los principios de la actuación de las autoridades, entre los que se encuentran los de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, así como el ideal de integrar a los mejores elementos al servicio público en aras de fortalecer al Estado mexicano a través de las prestaciones de servicios públicos de calidad que soporten el desarrollo económico y social integral.

Que ha identificado un área de oportunidad que podría contribuir al mejoramiento y eficacia de la prestación de servicios públicos, específicamente, lo que se refiere a la atención al público, sustanciación y resolución de trámites administrativos, a través de no considerar como días inhábiles los periodos generales de vacaciones, tanto de la administración pública centralizada, como de la administración pública paraestatal y del Poder Judicial, con lo que además se refuerza el concepto de que las dependencias deberán garantizar durante los periodos referidos la atención, substanciación y resolución de trámites administrativos.

La comisión dictaminadora determina que no es de aprobarse la iniciativa objeto del presente dictamen, en atención de las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles y que en los plazos fijados no se contarán los días inhábiles: sábados, domingos, 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 5 de mayo, 1 y 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal, y 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, el cual se tendrá que publicar en el Diario Oficial de la Federación.

El iniciante propone que para lograr mayor agilidad administrativa y para que se preste mejor el servicio público, los periodos generales de vacaciones de las autoridades competentes no sean considerados inhábiles para la atención al público, la sustanciación y la resolución de trámites administrativos.

Segunda. Es de resaltar el espíritu de la propuesta de mérito, toda vez que busca que el servicio público se preste con mayor eficacia, por lo cual se plantea dicha modificación. Sin embargo, ésta no se considera viable, no obstante que la dictaminadora comparte la convicción de que el servicio público debe prestarse de manera más eficiente y eficaz.

No se comparte la idea del proponente en el sentido de que si los días que son considerados inhábiles se tomarán en cuenta como hábiles, cuando se habla del periodo general de vacaciones de las autoridades competentes, se tendría una percepción más favorable sobre los servidores públicos, toda vez que el hecho de que estos periodos sean considerados días hábiles no lograría, necesariamente, que los funcionarios públicos fueran más productivos en sus labores, máxime cuando se pretende que en los periodos generales de vacaciones se sigan prestando los servicios que normalmente se prestan.

Por el contrario, se considera apropiado que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca en el artículo de referencia que cada autoridad determine vía acuerdo, siempre y cuando se de a conocer mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, los días en que los plazos no transcurrirán cuando existen vacaciones generales, lo cual da certeza jurídica al gobernado si, efectivamente, el acuerdo es publicado en el medio oficial correspondiente.

Tercera. Además, hay relaciones contractuales (laborales) entre las dependencias y entidades de la administración pública federal con sus trabajadores, sindicalizados o no, que podrían afectarse si se aprobara esta propuesta, toda vez que en ésta se precisa que durante el periodo de vacaciones generales de las autoridades competentes se debe garantizar la atención al público, la sustanciación así como la resolución de trámites administrativos.

La redacción actual del artículo que nos ocupa sólo establece que para los plazos fijados en días no se considerarán hábiles los periodos generales de vacaciones de las autoridades competentes, lo cual a juicio de esta comisión es correcto, toda vez que dicha disposición es clara al establecer que sólo por una publicación oficial se podrán considerar días inhábiles para el cumplimiento de los plazos los periodos generales de vacaciones además de los días que por ley deben ser considerados así, por tanto, si se aprobara la propuesta de mérito se obligaría a las autoridades administrativas a tener siempre personal laborando, pero no sólo en la recepción de documentos de término, sino en las demás áreas que tendrían que estar disfrutando de las vacaciones generales previamente establecidas, pues por poner un caso, si existe un requerimiento ordenado por alguna autoridad a un particular quien a su vez lo debe solventar dentro de un plazo determinado, no sólo debe permanecer abierta la oficina que tiene que recibir la promoción (escrito), sino también debe permanecer abierta la oficina o el área que esté sustanciando el procedimiento por si el particular necesita consultar el expediente, solicitar copias, etcétera.

Cuarta. Otros ordenamientos, como la Ley de Amparo o la Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen que cuando hay periodos de vacaciones los plazos no correrán por ser inhábiles estos días, lo que demuestra, por práctica procesal, que los términos deben suspenderse cuando hay vacaciones de las autoridades.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establece plazos respecto a las actuaciones de los órganos del Poder Judicial de la Federación como afirma el iniciante en la iniciativa.

En virtud de lo expuesto en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con que cuenta, pone a su consideración el siguiente

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentada por el diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, número de expediente 3595.

Segundo. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, René Lezama Aradillas (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván, Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre Sánchez, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades conferidas en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya.

Antecedentes

I. La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2455-II, el jueves 28 de febrero del 2008, y presentada el 30 de abril de ese mismo año por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. En esta última fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó, para su estudio y dictamen, a la Comisión de la Función Pública.

III. Recibida en la comisión, y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen por la negativa, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 2 de septiembre del 2008, por 18 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

Análisis de la iniciativa

El diputado proponente establece en el texto de su iniciativa que es importante que los actos de las autoridades se ajusten a derecho, sujetando su actuación al principio de legalidad. Que le corresponde al Estado llevar a cabo la tutela de los derechos de los administrados, mediante la debida previsión en la ley de los medios necesarios que garanticen que los gobernados puedan acceder a instancias dentro del propio procedimiento administrativo, al cual pueden acudir ante la eventualidad de que los actos de las autoridades se aparten de la legalidad y vulneren su esfera jurídica.

Que los actos ilegales no pueden ser susceptibles de ser detenidos en cuanto a su alcance y aplicación hasta no hayan sido considerados o revisados, ya sea de oficio o a petición de parte interesada por el superior jerárquico de la autoridad que los emitió, o, en su caso, por el titular de la dependencia, si hubiese sido éste quien da origen al acto por el cual se inicia el procedimiento administrativo.

Que resulta conveniente que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se establezca un coherente y sencillo medio para detener la aplicación o los efectos de los actos y resoluciones emanadas de las autoridades administrativas, como lo es la suspensión de la aplicación, además de que actualmente en la ley no se contempla ninguna figura que permita suspender la aplicación del acto emitido por alguna autoridad, una vez que ha dado inicio el procedimiento administrativo a petición de parte interesada, hasta en tanto éste no ha sido estudiado o revisado para establecer si es irregular o adolece de alguno de los elementos o requisitos del acto administrativo, de donde pudiera producirse su nulidad y que ésta sea declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo emitió o por el titular de una dependencia.

Que algunas de las disposiciones que contiene la Ley Federal de Procedimiento Administrativo hacen nugatoria la aplicación del contenido del artículo 44, objeto de dicha reforma, por ser éste demasiado ambiguo, por lo que propone el iniciante la suspensión de los actos administrativos que sean objeto del procedimiento administrativo iniciado a petición de parte interesada.

Ello, con objeto de que los actos administrativos sean revisados por el superior jerárquico de la autoridad que lo emitió o del titular de una dependencia, si éste lo hubiese emitido, para establecer si es irregular o adolece de alguno de los elementos o requisitos de ley.

Esta comisión dictaminadora determina que no es de aprobarse la iniciativa objeto del presente dictamen, en atención a las siguientes

Consideraciones

Primera. El objeto de la iniciativa consiste en reformar el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para establecer la posibilidad de que, cuando se inicie el procedimiento administrativo a petición de parte interesada, se pueda otorgar la suspensión del acto respecto a su aplicación y efectos, con lo que se busca que no se cause algún daño o perjuicio al particular que solicitó el inicio del procedimiento administrativo.

Para este fin se establecen, en la propuesta de referencia, determinados requisitos para la suspensión del acto, como que lo solicite expresamente el recurrente; no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo; no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y se precisa que para que surta efectos la suspensión que, en su caso se conceda, el actor deberá otorgar garantía ante la autoridad administrativa que está tramitando el procedimiento administrativo en un término no mayor a tres días a partir de que tenga conocimiento de que le fue otorgada la suspensión.

Cabe destacar lo loable de la iniciativa objeto del presente dictamen, toda vez que lo que se busca es evitar que el gobernado sufra afectaciones en su esfera jurídica por actuaciones indebidas o ilegales por parte de las autoridades de la administración pública federal. Sin embargo, no es posible aprobar la propuesta de mérito por las siguientes razones.

Segunda. Es necesario precisar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo entró en vigor en 1995, con objeto de unificar todos los procedimientos administrativos que se tramitaban, de oficio o a petición de parte, ante las autoridades de la administración pública federal.

Incluso, el Poder Judicial de la Federación ha determinado que es una ley marco, por lo cual todas las autoridades deben llevar a cabo los procedimientos que tramiten, de conformidad con las reglas previstas en dicho ordenamiento legal, y, en su defecto, en las leyes que las regulan, es decir, de cada materia en particular.

Así, el Estado, cuando legisla, juzga o administra, lo hace a través de un procedimiento. El procedimiento administrativo por ende es el cauce formal de la función administrativa. El sometimiento de la acción administrativa a un cauce formal se ha justificado desde dos perspectivas distintas: como una garantía del interés público y como derechos de los particulares.

Tercera. El artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.

El procedimiento se inicia de oficio cuando en la propia administración el órgano competente decide actuar por iniciativa propia, por orden de un órgano superior; por sugerencia razonada de cualquiera de los órganos subordinados, por pedimento de cualquier otro órgano de la administración o cualquier otro ente público, o por la denuncia o queja de particulares.

En cambio, el procedimiento se inicia a instancia de parte interesada cuando es promovido por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, para lo cual es necesario que se cumplan ciertos requisitos subjetivos y objetivos.

Los requisitos subjetivos son los que se refieren a la capacidad jurídica y legitimación para hacer valer sus propios intereses legítimos o derechos subjetivos. Por su parte, los requisitos objetivos son los que se refieren a los elementos que deben contener las promociones presentadas por los particulares.

Conforme a lo anterior, se dice que no le asiste la razón al iniciante, en virtud de que lo que plantea es suspender un procedimiento que se inicia a petición de parte, respecto a su aplicación y efectos, pero pierde de vista que cuando se inicia un procedimiento de este tipo no hay acto que sea susceptible de suspenderse, pues éste inicia con la presentación por parte del gobernado de la petición (promoción) correspondiente, no con la notificación de algún acto concreto emitido por autoridad competente.

De esta manera, no es posible establecer en la ley administrativa la posibilidad de que se suspendan los "actos o efectos" cuando se ha dado inicio a los procedimientos que son impulsados a petición de parte, pues por lo general, a través de este tipo de procedimiento, se le hace a la autoridad administrativa una petición, o bien, se le solicita que se conceda una autorización (permiso o licencia), pero no existe un acto que, materialmente, sea susceptible de suspenderse.

Cuarta. Además, vale la pena señalar que sólo los actos definitivos son susceptibles de suspenderse cuando son impugnados, ya sea en sede administrativa o en la vía jurisdiccional, pero no puede suspenderse un procedimiento que ha iniciado a petición de parte interesada. De hecho, el acto administrativo es consecuencia de un procedimiento administrativo, lo cual son dos supuestos distintos que el proponente confunde.

Lo anterior obedece a que la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.

Quinta. Resulta oportuno comentar que la redacción propuesta por el iniciante, respecto a la reforma al artículo 44, se refiere a como si se estuviera solicitando la suspensión de un acto administrativo que es definitivo, que pone fin a un procedimiento, o que resuelve un expediente y que es recurrido por el particular ante la propia autoridad que lo emitió, situación que, de hecho, ya se encuentra regulada en el Titulo Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en concreto, en su artículo 87.

Por su parte, el artículo en mención establece lo siguiente:

Como se puede apreciar, la legislación en cita ya establece la figura de la suspensión de los actos administrativos cuando son impugnados en sede administrativa, de ahí que la pretensión del iniciante ya está prevista en la ley.

Por último, cabe hacer mención que cuando se inicia un procedimiento administrativo existen medidas de seguridad que, por lo general, son aplicadas por la autoridad administrativa en los procedimientos que se inician de oficio y que la propia ley establece en sus artículos 80 y 81, sin perjuicio de las demás medidas que se instituyen en las leyes administrativas.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, esta Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, René Lezama Aradillas (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), María Eugenia Campos Galván, Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre Sánchez, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdez Chávez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN DOS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 28 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, legisladores de la LIX Legislatura presentaron iniciativas en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación:

La comisión se abocó al estudio y análisis para su formulación, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria realizada el 10 de enero de 2007 –LX Legislatura–, el Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la sesión ordinaria realizada el 17 de enero de 2007 –LX Legislatura–, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la distribución de los tiempos fiscales de radio y televisión, suscrita por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. Propuestas legislativas

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone:

Modificar el artículo 28 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 a efecto de que las Reglas Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades dispongan que en cada entidad federativa deberá constituirse un consejo estatal, presidido por el gobernador, como responsable del programa, cuyo secretario técnico sea nombrado por el gobierno federal. Asimismo, propone que en los municipios el programa esté a cargo de un consejo, encabezado por el presidente municipal, y que el enlace operativo sea nombrado por el cabildo.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la distribución de los tiempos fiscales de radio y televisión, suscrita por el diputado Alberto Amador Leal, propone:

Modificar los porcentajes establecidos para la distribución de los tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Propone destinar 10 por ciento en lugar de 20 por ciento a los entes autónomos, y otorgarlo al Poder Legislativo para que cuente con 40 por ciento y no 30 por ciento como actualmente señala el artículo 18 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007. Establece de igual forma que 50 por ciento del porcentaje otorgado se destinará a la difusión de las actividades genéricas y otro 50 por ciento a la difusión de las actividades legislativas y de mediación social de los legisladores.

III. Análisis

1. Por lo que hace la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, esta comisión está de acuerdo con lo planteado por el diputado Alberto Amador respecto a llevar a cabo un proceso gradual de descentralización de facultades y recursos hacia los municipios, pues con ello estaríamos fortaleciendo nuestro sistema federal. Consideramos que es imperativo acabar con esa centralización que tanto ha lesionado al país; sin embargo, la propuesta de establecer en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 la creación de consejos estatales y municipales con el fin de garantizar la coordinación y concurrencia de las acciones de los tres órdenes, así como lograr la complementariedad e integralidad del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, no es el vía idónea, en virtud de que este ordenamiento jurídico sólo tiene vigencia por un año, lo que impediría a todas luces la continuidad de propuesta.

El actual artículo 28 del Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal establece que, según las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, habrá en cada entidad federativa un comité técnico, formado por las dependencias federales y las estatales involucradas en la planeación, programación y operación del programa que promuevan una mejor ejecución, así como en los ayuntamientos un área de enlace con el programa, mediante acuerdo del cabildo.

En torno de la propuesta de establecer que la coordinación nacional, y los consejos estatales y los municipales notificarán por escrito a la Auditoría Superior de la Federación sobre los problemas u obstáculos que surjan en la ejecución del programa para que ésta aplique las medidas correspondientes, resulta improcedente, en virtud de que la Auditoría Superior es un órgano encargado, de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución Política, de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rindan en los términos de la ley, lo que indica entonces que esta entidad no puede sino revisar de manera posterior a la aplicación de los recursos a las autoridades que ejerzan alguno, y no durante la operación de los objetivos de los programas. No obstante, cabe señalar que la redacción del artículo 28 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 vigente establece que la coordinación nacional deberá notificar si existe algún problema en la operación del programa si éste ha persistido por más de tres meses a la Secretaría de la Función Pública, con lo que se estaría otorgando una forma de proteger la buena operación del programa.

2. Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la distribución de los tiempos fiscales de radio y televisión, esta comisión considera, igual que el diputado Alberto Amador Leal, que la comunicación que debe darse entre los legisladores y los ciudadanos a que representamos debe ser cada vez más cercana, amplia y constante.

No obstante, consideramos que esta comunicación, tal y como la plantea el diputado Amador, conlleva más que a un intercambio de conocimientos, opiniones, criterios, conceptos y juicios: conlleva a un asunto de rendición de cuentas por el legislador, pues propone que 40 por ciento del tiempo que se otorgue al Poder Legislativo se destine a la "difusión de actividades genéricas y a las actividades legislativas y de mediación social de los legisladores", cuestiones que en todo caso deben legislarse en otro ordenamiento jurídico y no necesariamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que tiene vigencia de un año.

Asimismo, esta comisión observó en su análisis que la propuesta es omisa porque no señala qué se entenderá por "mediación social" y por "difusión de actividades genéricas", y por no establecerse se llegaría a una interpretación discrecional.

Finalmente, pretender legislar que los tiempos que se otorguen se transmitan mediante los medios de comunicación de los distritos y las entidades federativas que representan resulta imposible, pues el espectro radioeléctrico no se administra mediante esos parámetros o criterios.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 respecto a la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, suscrita por el diputado Alberto Amador Leal.

Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 respecto a la distribución de los tiempos fiscales de radio y televisión, suscrita por el diputado Alberto Amador Leal.

Tercero. Archívense las iniciativas como total y definitivamente concluidas.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica en abstención), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica en abstención), César Flores Maldonado, César Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Faustino Soto Ramos, Francisco Elizondo Garrido, Francisco Rueda Gómez, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39 y 45, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento de para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

Antecedentes

En la exposición de motivos, la iniciativa prevé que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se encuentra la de "aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo análisis, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior, con base en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución.

Al respecto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial, todos los tomos y anexos del Presupuesto con las modificaciones respectivas que conformarán el Presupuesto aprobado; lo anterior, con base en el artículo 42, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En ese orden de ideas, la iniciativa prevé que, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal deberá enviar copia de los comunicados correspondientes a la distribución de los presupuestos aprobados al Centro de Estudios de Finanzas Públicas, para que éste analice y determine su dicha distribución correspondiente a la aprobada por la Cámara de Diputados.

Lo anterior fortalecerá la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación, que establece el artículo 74, fracción IV, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, se establece que la iniciativa no afectará ni aumentará, respectivamente, el equilibrio y el déficit presupuestarios, toda vez que la Cámara de Diputados ya cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales suficientes para examinar.

Consideraciones

Esta comisión de dictamen considera que el procedimiento que se prevé establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la revisión de la publicación de la distribución del Presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal rebasa las facultades que establece el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Cámara de Diputados está facultada únicamente para aprobar anualmente, previo examen y discusión y, en su caso, modificación el Proyecto de Presupuesto de Egresos; no así el dictamen de Presupuesto de Egresos, tal como lo pretende la iniciativa.

Por todo lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. Archívese el expediente que corresponda como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de julio de 2008.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García, Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), César Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac, Enrique Iragorri Durán, Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Faustino Soto Ramos (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica en contra), Francisco Javier Calzada (rúbrica), Adolfo Escobar Jardinez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Jesús Ramírez Stabros, José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN DOS INICIATIVAS DE DECRETO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO Y DEL ANEXO 7, "PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE", Y POR EL QUE SE ACLARAN Y EXPLICAN LA APLICACIÓN Y EL DESTINO ESPECÍFICO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ESE ANEXO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fueron turnadas, para estudio, análisis y dictaminen, dos propuestas de iniciativa de decreto interpretativo, presentadas por los diputados Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 70, 71, fracción II, 72 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el dictamen, según los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de febrero de 2007 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y

2. Con fecha 22 de febrero de 2007 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto interpretativo por el que se aclaran y explican la aplicación y el destino específico de los recursos establecidos en el Anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales", rubro "Otro programa", mil 100 millones de pesos, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Contenido

1. De la iniciativa de decreto interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expone:

El Congreso de la Unión, o alguna de las Cámaras en que se divide, ya sea de Diputados o de Senadores, puede interpretar las leyes o decretos que considere convenientes cuando se observen los mismos trámites para su formación, en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos.

Por ello mediante el presente decreto se aclaran, se explican y se establecen el destino y la aplicación de los mil 100 millones de pesos aprobados en el anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales", rubro "Otros programas", del Presupuesto de Egresos de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Que los 1.1 miles de millones de pesos representan alrededor de 3.8 por ciento del presupuesto asignado al gasto programable del Ramo Administrativo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales", y este último aproximadamente 1.28 por ciento del gasto neto total previsto en el PEF de 2007.

Que los recursos asignados a ese ramo, 29 mil 6 millones 275 mil 388 pesos, no representan significativamente los costos por agotamiento y degradación del ambiente en que incurre el país, que se estima en más de 9.2 por ciento del PIB.

Consideraciones

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sabe de la importancia que tiene ejercer las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga como legisladores para desempeñar nuestra labor. Por ello reconocemos la labor de los diputados Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ambas propuestas, con el fin de interpretar el artículo décimo cuarto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, respecto al anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales".

Esta comisión reconoce que el decreto de Presupuesto de Egresos representa el instrumento mediante el cual se orienta la actividad económica del país, por lo que es importante que en su aplicación y cumplimiento no se dé otro sentido. En tal virtud, y en caso de que se considere que hay un resquicio en la norma que permita al órgano ejecutor darle un sentido distinto, el legislador está facultado constitucionalmente para confirmar la intención de la norma aprobada. Sin embargo, esta facultad de interpretación auténtica no puede ir más allá del hecho de aclarar el sentido de la norma y no modificarla, como pretenden hacerlo las iniciativas en estudio.

Lo anterior, en virtud de que las propuestas en estudio pretenden asignar y etiquetar los recursos, por mil 100 millones de pesos, aprobados para el rubro "Otros programas" del anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales".

Ese tipo de ordenamiento tiene vigencia de un año, por lo que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 dejó de ser derecho positivo a partir de la publicación del Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2008. En virtud de ello, las iniciativas analizadas en el presente dictamen han quedado sin materia por el simple transcurso del tiempo.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa de decreto interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 22 de febrero de 2007.

Segundo. Se desecha la iniciativa de decreto interpretativo por el que se aclaran y explican la aplicación y el destino específico de los recursos establecidos en el anexo 7, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales", rubro "Otro programa", mil 100 millones de pesos, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 22 de febrero de 2007.

Tercero. Archívense las iniciativas como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica en abstención), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica en abstención), César Flores Maldonado, César Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Faustino Soto Ramos, Francisco Elizondo Garrido, Francisco Rueda Gómez, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, el diputado Israel Beltrán Montes, integrante de esta LX Legislatura, presentó una iniciativa en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, a saber:

Dictamen

La comisión se abocó a su estudio y análisis para su formulación de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 17 de octubre del 006, –LX Legislatura–, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. Propuesta legislativa

Los diputados del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional, proponen la reforma al artículo tercero transitorio del PEF 2006, sustentándose en que existe una contradicción en lo preceptuado en la Ley de Energía para el Campo en su artículo 5 y el Presupuesto de Egresos.

Por su parte el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo establece que "Los precios y tarifas de estímulos que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país", mientras que en el Presupuesto se establece en su artículo Tercero Transitorio que "…Este apoyo será entregado únicamente a aquellos usuarios que no tengan adeudos superiores a los 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad".

En ese orden de ideas, la redacción de este último contrapone lo establecido en lo preceptuado en la Ley de Energía para el Campo, en virtud de que no respeta el principio de igualdad establecido en la ley.

III. Análisis

La propuesta de reforma consiste en conservar la primera parte del primer párrafo del Artículo Tercero Transitorio, el cual señala que: "Se asignan $685,600,000.00 en el Presupuesto de la Secretaria de Agricultura durante el 2006, para disminuir, en beneficio de los productores el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas"; y quitar la última parte, atendiendo al principio de igualdad, "Este apoyo será entregado únicamente a aquellos, usuarios que no tengan adeudos superiores a los 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad".

Esta comisión reconoce la importancia que representa el campo para el desarrollo de nuestro país, también reconoce los avances que se dieron en la aprobación de la Ley de Energía para el Campo; así como los argumentos expresados por los Diputados del Sector Agrario del Partido Revolucionario Institucional en su iniciativa.

Sin embargo, esta comisión después de un estudio realizado a la propuesta, acordó dictaminarla en sentido negativo, basados en dos grandes argumentos: el primero, es sin duda el principio de anualidad que rige a este tipo de ordenamiento normativo, por lo que los aspectos establecidos en ese presupuesto ya fueron ejercidos durante ese año, y si a lo anterior le añadimos que ya fue aprobado por esta Cámara de Diputados el pasado mes de diciembre el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, la propuesta de modificar el PEF para el año 2006, queda si materia.

El otro argumento, no por ello menos importante, es que durante su aplicación en el año 2006, la Sagarpa, en coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad con opinión de la Comisión de Hacienda, Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, aprobaron el "acuerdo que establece el Lineamiento para la aplicación del apoyo para disminuir el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para el riego agrícola", con lo que se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo Tercero Transitorio, tan es así que al corte del mes de noviembre, según cifras proporcionadas por la Coordinación General de Política Sectorial, se incorporaron cerca de 15 mil productores.

En ese orden de ideas, y en virtud de que no se tiene materia puesto que ya fueron aplicados estos beneficios, esta soberanía propone el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, presentada por el diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 17 de octubre de 2006.

Segundo. Archívense la iniciativa como total y definitivamente concluida.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de 2008.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica en abstención), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica en abstención), César Flores Maldonado, César Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Faustino Soto Ramos, Francisco Elizondo Garrido, Francisco Rueda Gómez, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez, ), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Mario Alberto Salazar (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracciones II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a saber:

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 19 de diciembre del 2006, –LX Legislatura–, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores, con el que remiten la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Propuesta de la iniciativa

La iniciativa pretende fortalecer y salvaguardar los recursos que reciben las entidades federativas como el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; busca que los recursos autorizados para el rubro del PAFEF, no sean susceptibles de disminución o recortes presupuestarios por parte de la Secretaria de Hacienda, que una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, se den a conocer a más tardar el 15 de enero de 2007 sus lineamientos generales y reglas de operación a efecto de que las entidades federativas puedan contar con plazos más amplios para su planeación y ejecución; asimismo propone que el Ejecutivo federal pueda compartir del 40 por ciento que por ley le corresponde en tiempos fiscales 10 por ciento a las entidades federativas con la finalidad de incentivar su promoción turística en donde no necesariamente la federación desembolsa recursos, simplemente es voluntad política para fortalecer y abonar el crecimiento económico de los estados.

En materia de transparencia propone que la Secretaría se obligue a reportar trimestralmente y de manera detallada por unidad responsable y por programa los subejercicios que resulten durante el ejercicio fiscal y las causas que lo originaron, ya que tan sólo este año observamos que al tercer trimestre hubieron subejercicios por 27 mil 770 millones de pesos, sin que se conozca que programas o rubros dejaron de ejercer, ya que se reporta a nivel Secretaría de manera general.

Propone reorientar los rubros que corresponden a los gastos de los ex presidentes a programas sociales e inversiones útiles para la nación en proyectos prioritarios y eliminar el gasto destinado a las pensiones que actualmente gozan.

Finalmente, el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo establece que "Los precios y tarifas de estímulos que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país", mientras que en el Presupuesto se establece en su artículo Tercero Transitorio que "… Este apoyo será entregado únicamente a aquellos usuarios que no tengan adeudos superiores a los 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad".

En ese orden de ideas, la redacción de este último contrapone lo establecido en lo preceptuado en la Ley de Energía para el Campo, en virtud de que no respeta el principio de igualdad establecido en la Ley.

Análisis

Del estudio realizado a la iniciativa presentada se desprende que las propuestas pretenden dar certidumbre a los recursos destinados al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, al establecer en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, la imposibilidad de que dicho programa sea sujeto a recortes.

Sin embargo, es necesario señalar que con las reformas a diversos artículos del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada el 27 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se atienden las intenciones de la propuesta.

En virtud de que en el decreto mencionado del 27 de diciembre de 2006 se transforma el PAFEF en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, como un octavo fondo del Ramo 33, dentro del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. De esta forma, por lo que da certidumbre a los montos y esquemas de distribución del PAFEF.

En ese orden de ideas, y en razón de que ya fueron aprobadas las reformas mediante la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, quedan sin efecto dichas propuestas.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 19 de diciembre de 2006

Segundo. Archívense la iniciativa como total y definitivamente concluida.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de 2008.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica en abstención), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola Gordillo, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Andrés Marco Antonio Bernal (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica en abstención), César Flores Maldonado, César Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Faustino Soto Ramos, Francisco Elizondo Garrido, Francisco Rueda Gómez, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Juan Adolfo Orci Martínez, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14, Y ADICIONA UN PRIMER PÁRRAFO AL 25 Y UNA FRACCIÓN AL 30 DE LA LEY DE VIVIENDA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 14, adiciona un primer párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, presentada por los senadores Marcos Carlos Cruz Martínez, Alberto Miguel Martínez Míreles, Ornar Raymundo Gómez Flores y Jorge Doroteo Zapata García integrantes de la Comisión de Vivienda pertenecientes a la LlX Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XL y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

Consideraciones

Primera. Conforme a los antecedentes, resulta que la minuta pendiente de dictaminar por la Comisión de Vivienda, tuvo su origen en una iniciativa que buscó reformar el artículo 14, adicionar un primer párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, la cual se presento el 26 de abril de 2006 y se aprobó al día siguiente por el Pleno de la Cámara Senadores (de origen) y enviada para sus efectos legislativos a la Cámara de Diputados (revisora); siendo que ese momento no se había completado el proceso de creación de la nueva Ley de Vivienda, sino hasta su publicación el 27 de junio de 2006 (dos meses después), la cual abrogó a la anterior Ley Federal de Vivienda.

Esta Cámara revisora –a través de la Comisión de Vivienda– al analizar el proceso de aprobación del citado dictamen por la Cámara de Senadores (de origen), tiene la presunción de que dicho documento en su ámbito de validez temporal no tiene efectos legales, toda vez que la minuta aprobada se realizó con anterioridad a la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 2006, lo que significa que existe una anomalía en el procedimiento, debido a que se aprobaron modificaciones a una ley que no tenía en su momento vigencia y en esa circunstancia se envió a la Cámara revisora para sus efectos constitucionales.

Segunda. El derecho constitucional mexicano considera que la publicación de una ley, es un acto necesario para la manifestación de la existencia de la norma. Por ello, una norma no publicada debe considerarse inexistente, porque todavía no ha ingresado formalmente al ordenamiento jurídico vigente. Dicha situación impide radicalmente su aplicación, dado que ningún operador jurídico puede aplicar algo que todavía no existe; además, la publicación por ser un requisito formal del procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política, debe considerarse como un elemento de validez de la norma.

Las infracciones previstas en el procedimiento legislativo, acerca de la no publicación de un ordenamiento jurídico puede constituir vicios capaces de provocar la invalidez y, por lo tanto, la nulidad de de dicha norma.

Racionalmente las normas jurídicas deben obligar a partir del momento de la iniciación de su vigencia, resultaría inequitativo que el Estado exigiera el cumplimiento de disposiciones no nacidas propiamente. Por ello la ley se da a conocer a los individuos que deben cumplirla. Generalmente la iniciación de la vigencia de las leyes queda supeditada al acto material de su publicación, concediéndose un tiempo necesario para ser conocidas.

Tercera. Para la Comisión de Vivienda y de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso D), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra tarea consiste en dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a la Comisión, en torno a su viabilidad jurídica y social, con todos los requisitos de formalidad y solemnidad que establece la ley y que se exigen en la práctica parlamentaria, como ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo, que las leyes o normas que sean sujetas de alguna modificación o reforma cumpla con el ámbito de validez de una ley, en cuanto a su ámbito personal, materia, espacialidad y de temporalidad.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de LX Legislatura, someten a la consideración de está honorable asamblea y para los efectos del inciso D), del artículo 72 constitucional el siguiente:
 
 

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 14, adiciona un primer párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, remitida por la Cámara de Senadores y turnada a la Comisión de Vivienda por la Mesa Directiva el 5 de septiembre de 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil ocho.

La Comisión de Vivienda

Diputados: Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica, Daniel Chávez García (rúbrica), Raúl García Vivián, Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica, María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica, Joel Arellano Arellano, Alma Cardona Benavides, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Mario Vallejo Estévez, María Soledad López Torres (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Julián Ezequiel Reynoso Esparza (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la minuta señalada y, conforme a las deliberaciones que realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en pleno presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Senadores tiene por objeto que, en el caso del reporte de crédito especial, la información formulada documental o electrónicamente por una sociedad que contenga el historial crediticio de un cliente que lo solicita en términos de esta ley, y que incluya la denominación de las entidades financieras y empresas comerciales acreedoras, también incluya la lista de los usuarios que hayan solicitado a la sociedad, en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de solicitud que haga dicho cliente, datos sobre la información crediticia de él.

Consideraciones de la comisión

La que dictamina considera que no es de aprobarse la minuta materia de análisis, ya que propone la ampliación de información en el reporte de crédito especial que se proporciona en forma documental o electrónicamente para que incluya el historial crediticio del cliente y se adicione el nombre de las entidades financieras y empresas comerciales acreedoras, así como la lista de los usuarios que hayan solicitado la información en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de solicitud, esto generaría mayores gastos operativos tras la inclusión de más información en el reporte de crédito especial. Asimismo, la mayor seguridad de las personas que requieren crédito no justifica la inclusión de la información relativa a los usuarios que hayan solicitado datos del cliente. Además, en el reporte que actualmente se maneja está considera la información suficiente.

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que no es de aprobarse la minuta materia de este dictamen y se devuelva a la Cámara de origen conforme al inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha conforme al inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 22 de marzo de 2006.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta proyecto de decreto por el que se que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Esta comisión resulta competente para dictaminar la minuta presentada por la Cámara de Senadores, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La que suscribe se abocó al análisis de la minuta señalada y, conforme a las deliberaciones y el análisis que realizaron sus miembros reunidos en pleno, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 26 de mayo de 2004, el senador Rubén Zarazúa Rocha presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

El 24 de febrero de 2005, la Cámara de Senadores en sesión ordinaria se presentó el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el cual fue aprobado por 85 votos y turnado a la Cámara de Diputados en la misma fecha.

Con fecha 28 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta en comento para estudio y dictamen.

Descripción de la minuta

La minuta en cuestión propone que el texto del citado artículo 68 quede de la siguiente manera:

La que dictamina estima que no es de aprobarse la minuta en comento, con base en lo siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta para los efectos del artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 28 de febrero de 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de la comisiones de la Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, Y EL ARTÍCULO 62 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Esta comisión resulta competente para dictaminar la minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de ésta realizaron los miembros de esta comisión, reunidos en pleno, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión ordinaria del Senado de la República, el 18 de octubre de 2005, el senador Jorge Abel López Sánchez presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

El 13 de diciembre de 2005, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó el dictamen, el cual fue aprobado por 78 votos y turnado a la Cámara de Diputados.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta en comento para su estudio y dictamen

Descripción

La minuta de la honorable Cámara de Senadores propone adicionar los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X; y 38 Quáter de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con objeto de adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, para implantar el programa de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad de recomprar sus deudas, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de "derecho al tanto".

Consideraciones

La que dictamina estima que no es de aprobarse la minuta, con base en lo siguiente:

La propuesta de reformas es contraria al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho precepto establece la obligación de que las enajenaciones de todo tipo de bienes deberán asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que, en caso de realizarse bajo un procedimiento distinto a la licitación pública, de acuerdo con las bases, reglas y requisitos que establezcan las leyes respectivas, se deberán acreditar los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que rigen esta materia.

Con tal propuesta, se establece un régimen que rompe con los principios constitucionales, toda vez que obliga tanto a las instituciones oficiales como a los intermediarios a incurrir en pérdidas y gastos para cumplir con lo que se propone.

Además, podría invocarse la inconstitucionalidad para una falta de equidad al privilegiarse asimétricamente a quienes se vieron afectados por una crisis en particular respecto de deudores de otras instituciones que sufrieran igualmente quebrantos importantes.

También, las implicaciones en cuanto a la operación para poder poner a disposición de los deudores los bienes, derivan a todas luces en actos retroactivos en perjuicio de las instituciones que ya celebraron una serie de actos mediante los cuales los activos de que se trate muy probablemente ya fueron enajenados a un tercero.

Al haber quedado, en julio de 2004, sin efectos el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, en virtud de la suscripción del nuevo programa a que se refiere el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las instituciones de crédito involucradas prácticamente han concluido con la enajenación de la cartera respectiva, por la que resultaría en principio improcedente adquirir créditos enajenados a terceros y respecto de un programa a la fecha extinto.

En tal virtud, se concluye que dicha minuta no es de aprobarse.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con base en el artículo 72 inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 13 de diciembre de 2005

Sala de la Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Los integrantes, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3; 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 4 de octubre de 2007 por el Senado de la República, la senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos.

En sesión celebrada el 27 de noviembre de 2007, las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos sometieron ante el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen relativo que fue aprobado por la colegisladora.

En sesión celebrada el 29 de noviembre de 2007por la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada minuta a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La minuta objeto del presente dictamen busca reformar la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para establecer como objetivos de la educación para la salud orientar y capacitar a la población en el desarrollo de los hábitos saludables y actividad física.

Lo anterior fue aprobado ya que la colegisladora coincidió con la promovente en su interpretación de la norma y consideró que la reforma sería determinante para que la Secretaría de Salud enfocara mayores recursos en la prevención de padecimientos como la diabetes, hipertensión y colesterol total en pacientes con hipercolesterolemia.

Asimismo, señala que la reforma planteada dará una pauta para abordar el tema de la nutrición infantil en el desarrollo integral de los mexicanos.

III. Consideraciones

A pesar de que coincidimos en la preocupación que manifiesta la colegisladora respecto a la educación para la salud, sobre todo en lo referente a la nutrición, es necesario hacer algunas precisiones.

Para esta comisión, la reforma resulta redundante, toda vez que la propia Ley General de Salud contiene diversas disposiciones que establecen acciones tendientes a mejorar la conducta nutricional.

Asimismo, es importante señalar que la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte, teniendo dentro de sus finalidades fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

Elevar por medio de la cultura física y el deporte el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, Distrito Federal y municipios;

Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la legislación nacional contempla, de una forma sumamente amplia, la importancia de la educación en materia de nutrición, y el fomento de la actividad física y el deporte, por lo que consideramos innecesaria la reforma propuesta.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta comisión, de conformidad con lo establecido en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, enviada por la Cámara de Senadores el 29 de noviembre de 2007.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Javier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).