• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal que aumente los recursos del programa carretero federal para el estado de México, a cargo del diputado Juan Victoria Alba, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para diversos proyectos de medio ambiente y recursos naturales en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social de esta soberanía a buscar recursos presupuestales suficientes para aplicarlos en la infraestructura de la clínica del IMSS de Ciudad Acuña, Coahuila, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se considere una partida especial en apoyo del sector agrícola, a cargo del diputado Carlos Reyes López, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para dar continuidad a la segunda etapa del Programa de Modernización y Tecnificación del Riego de los ejidos Ixtayopan, Míxquic, Tláhuac y Tulyehualco, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el Proyecto de Recuperación de Playas de Quintana Roo, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, con cargo al programa especial concurrente, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al presupuesto correspondiente a la delegación Álvaro Obregón para el ejercicio fiscal de 2009, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al presupuesto correspondiente a la delegación Iztapalapa para el ejercicio fiscal de 2009, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al presupuesto correspondiente a la delegación Cuajimalpa de Morelos para el ejercicio fiscal de 2009, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a la Semarnat para conservar el águila real, en peligro de extinción, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar mayores recursos para la educación superior en general y crear un plan de recuperación de la inversión realizada por el Estado en estudios de posgrado de mexicanos, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos destinados al Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales, por debajo de la media nacional en subsidio por alumno, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para crear una comparsa tradicional de caporales en Tláhuac, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para crear un centro de educación artística en Tláhuac, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para mejorar cuatro centros de salud en Tláhuac, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir la segunda etapa del libramiento de San Juan Ixtayopan a Santa Catarina, en Tláhuac, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir el tramo carretero Arroyo Seco-San Mateo Tunuchi, en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para apoyar el Programa de Desarrollo Económico del Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al Banco Nacional de Crédito Rural a reevaluar a los deudores del extinto Banrural de Yucatán, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas estatales a adecuar su normativa electoral conforme a la reforma constitucional de 2007, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que esclarezca los subejercicios de la dependencia en 2008, de que explique las acciones dirigidas a apoyar el campo por las recientes lluvias que han azotado al país y de que rinda cuenta de la glosa del Segundo Informe de Gobierno presentado por el titular del Ejecutivo este 1o. de septiembre, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar a través de las dependencias competentes, y en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, una revisión detallada del Programa Nacional Hídrico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, a fin de que se realicen estudios técnicos justificativos para declarar un área natural protegida en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conapesca que realice un informe sobre los criterios empleados para elegir a los beneficiarios de sus programas, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a auditar el pabellón de México en la Exposición Internacional del Agua, celebrada el presente año en Zaragoza, España, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del IMSS a invertir más recursos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, a efecto de mejorar la calidad de los servicios de salud y subsanar deficiencias en prestaciones sociales, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a efecto de que los alumnos devuelvan los libros de texto gratuitos del año anterior, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural que analice el efecto del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los destinos de los cruceros turísticos, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo a la eliminación del certificado fitosanitario para exportar productos citrícolas, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Tabasco a expedir disposiciones legales para promover la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la STPS acciones que combatan el trabajo infantil, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que el Consejo de Salubridad General instaure un programa de emergencia para atender a la población de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que ha sido víctima de la contaminación ambiental del río Santiago y de los desechos sólidos municipales, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que amplíe el polígono del área de refugio para la protección de la vaquita marina y que, con la SRE, entregue un informe de los recursos destinados a salvar dicha especie, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Al Senado de la República, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de diputados de diversos grupos parlamentarios.

• Relativa al cuadragésimo octavo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, por celebrarse el 27 de septiembre, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Relativa al Día Mundial del Linfoma, por celebrarse el 15 de septiembre, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Relativa al Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, por celebrarse el 28 de septiembre, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del PAN de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguientes proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal, que por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aumente los recursos del programa carretero federal para el estado de México con la finalidad de que con base en estudios técnicos y financieros se substituya en los principales tramos carreteros de la entidad, el asfalto por concreto hidráulico en beneficio de los usuarios de la red carretera estatal bajo las siguientes:

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, contempló para el desarrollo de la infraestructura carretera poco más de 39 mil 800 millones de pesos, de los cuales casi 41 mil 800 millones se destinará a la construcción, modernización, conservación y mantenimiento de carreteras federales, caminos rurales y el Programa de Empleo Temporal de la red carretera nacional. Esta inversión sin duda necesaria, fortalece la estrategia del gobierno federal para garantizar la necesidad de comunicación y traslado de bienes para el desarrollo de la industria nacional y con ello la satisfacción de las necesidades de la población.

Sin embargo, esos recursos pudieran resultar demasiado caros en el mantenimiento de la red carretera nacional, debido a que el tipo de material con el que tradicionalmente se construyen, reparan y se da mantenimiento a las carreteras del país, en la gran mayoría de los casos de asfalto, y aunado a las condiciones de suelo y de clima, hacen que la carpeta asfáltica se deteriore rápidamente y con ello pone en riesgo la integridad de los usuarios y el traslado de mercancías.

Recordemos que la infraestructura carretera estatal se distingue de un simple camino porque está especialmente concebida y articulada para dar cabida a la circulación de vehículos de transporte y de carga, como sucede en el tramo carretero de Ixtlahuaca-Jiquipilco-Temoaya, incluyendo la desviación que va a Villa del Carbón, en el estado de México, el cual se encuentra en pésimas condiciones a pesar de la inversión realizada por más de 17 millones de pesos dentro del Programa de Acción Inmediata del gobierno del estado con número de obra CG-354, entregada en septiembre del 2006, pero que en el mes de junio del año en curso presenta un gran deterioro y con ello un tránsito demasiado lento y peligroso.

Por otro lado, el avance de la tecnología en la construcción de carreteras con concreto hidráulico ha demostrado que con un buen análisis técnico y con el conocimiento del tipo de concreto para determinados tipos de suelos, puede realizarse un inversión inteligente para la red carretera nacional. Así lo demuestran estudios recientes sobre la aplicación de este tipo de material en diversos tramos carreteros que cumpliendo con las normas oficiales y las exigencias técnicas para su buen desempeño, han contribuido al ahorro de las finanzas públicas y a la seguridad de los usuarios.

Por ello y considerando que el estado de México concentra un gran porcentaje de la industria nacional y que por sus caminos y carreteras se traslada una gran parte de las mercancías e insumos para la industria nacional, es necesario que el gobierno federal destine mayores recursos para que se inicié un programa de sustitución de asfalto por concreto hidráulico en la red carretera del Estado, la cual enfrenta un grave deterioro por el peso de las unidades de carga y transporte, aunado a la intensa temporada de lluvias que actualmente se presenta.

Por ello, es urgente que la federación destine mayores recursos para la red carretera estatal y exhorte al gobierno del estado de México a que inicie los estudios técnicos y financieros para que los principales tramos carreteros puedan ser sustituidos por concreto hidráulico, el cual presenta una alta durabilidad, un bajo costo de mantenimiento y un alto grado de seguridad para los usuarios del servicio carretero.

Es cierto que el uso de esta tecnología tiene poco menos de veinte años en México, también es cierto que ha demostrado su durabilidad y su economía a largo plazo en diversas obras tanto de infraestructura carretera como para otro tipo de edificaciones, por lo que es importante que con una visión a largo plazo y de futuro, se tomen las medidas técnicas y presupuestales para que el Programa Carretero Federal se proponga la inversión para uso de concreto hidráulico como una nueva alternativa que con el tiempo constituya el eje del desarrollo carretero nacional.

Es importante que en este proceso se tome en cuenta a los especialistas en el tema y se acepten las propuestas técnicas en beneficio de lograr un ahorro para el gobierno en esta materia y la modernización de la red carretera nacional en aras de la competitividad y del beneficio de los usuarios del transporte carretero.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a consideración de esta soberanía, la siguienteproposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se solicita al gobierno federal que, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aumente los recursos del Programa Carretero Federal para que el estado de México, con base en estudios técnicos y financieros, substituya en los principales tramos carreteros de la entidad el asfalto por concreto hidráulico, en beneficio de los usuarios de la red carretera estatal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Juan Victoria Alva (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DIVERSOS PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El término de suelo de conservación (SC) es una categoría establecida en la legislación y se refiere a las zonas en la que se establecen fuertes restricciones en el uso del suelo, desde la perspectiva de la planeación del crecimiento de la Ciudad. Las características naturales que el Suelo de Conservación posee se traducen en ecosistemas indispensables para la subsistencia de la Ciudad de México. El suelo de conservación comprende el área rural que se localiza en su mayoría al sur y surponiente del Distrito Federal con una superficie equivalente a 87 mil 294.36 hectáreas (59 por ciento de la superficie del Distrito Federal). La distribución por demarcación es la siguiente: Álvaro Obregón (2.3 por ciento), Cuajimalpa (6.7 por ciento), Gustavo A. Madero (1.4 por ciento), Iztapalapa (1.3 por ciento), Magdalena Contreras (7.1 por ciento), Milpa Alta (32.2 por ciento), Tláhuac (7.5 por ciento), Tlalpan (29.7 por ciento), y Xochimilco (11.7 por ciento).

Desde una perspectiva ecológica, el suelo de conservación alberga ecosistemas naturales con más de 1,800 especies de flora y fauna silvestre; cerca del 2 por ciento de la riqueza biológica mundial y el 11 por ciento de la riqueza biológica nacional. Dentro de este contexto, el Distrito Federal ocupa el vigésimo tercer lugar en número de especies endémicas de vertebrados en Mesoamérica y el vigésimo cuarto en endémicas estatales. Adicionalmente, en el suelo de conservación se desarrollan procesos naturales, a través de los cuales se proporcionan diversos bienes y servicios ambientales, los cuales son imprescindibles para la sustentabilidad del Distrito Federal:

En tal contexto, se solicita la aprobación de 508 millones 860 mil pesos para 15 proyectos en materia de medio ambiente y recursos naturales para el Distrito Federal. Para el ejercicio de este presupuesto debe celebrarse un convenio entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, con sus acuerdos específicos, para que se trasfieran estos recursos a través de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal.

El presupuesto que se requiere se invertirá para el ejercicio de los siguientes proyectos:

1. Programa de monitoreo y vigilancia para el suelo de conservación

Dentro de los factores institucionales que han generado la constante desaparición del Suelo de Conservación se encuentra la falta de un sistema de monitoreo y vigilancia permanente y con amplio alcance. Si bien ésta ha sido una necesidad ampliamente reconocida en las administraciones pasadas, en contraste, las áreas encargadas del monitoreo y la vigilancia del SC siempre han carecido de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para poder llevar a cabo sus tareas. Por tal motivo, las acciones desarrolladas han sido de corto alcance, carentes de continuidad y dispersas. En términos generales de ha actuado de forma reactiva y no preventiva.

Operación: 11 millones 900 mil pesos; Inversión: 23 millones 400 mil pesos.

2. Desarrollo de infraestructura para la retención de suelo en suelo de conservación

Reducir la perdida de suelo en áreas de alto valor ambiental mediante el desarrollo de infraestructura hidráulica de bajo impacto ambiental en el Suelo de Conservación que permita la retención y conservación del suelo. Para tal efecto se tienen ya identificadas las zonas con mayor susceptibilidad a la erosión y los sitios en los cuales se pueda llevar acabo la construcción de la infraestructura.

Inversión: 132 millones 600 mil pesos.

3. Programa de fortalecimiento de las capacidades de producción de planta en el vivero de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco

EL Vivero de San Luis Tlaxialtemalco en Xochimilco fue diseñado y construido con una capacidad de producción de hasta 30 millones de plantas al año. Actualmente cuenta con la infraestructura, materiales y personal adecuados para funcionar a su máxima capacidad, sin embargo, esta capacidad jamás ha sido explotada por dos razones fundamentales: 1) Los programas de reforestación jamás habían demandado el número de plantas que el vivero puede producir, y 2) Los recursos presupuestales asignados al vivero jamás han sido suficientes para que este produzca a su máxima capacidad. Tal situación tiene como resultado una total subutilización del vivero. En el presente año la meta principal del Vivero es producir 2’500,00 millones de planta anuales, conforme a las demandas establecidas en el Plan Verde y en el Plan Sectorial de la SMA. Por tal motivo es necesario fortalecer las capacidades de producción del vivero.

Operación: 12 millones de pesos; Inversión: 24 millones de pesos.

4. Saneamiento de barrancas en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y Gustavo A. Madero

Se considera que actualmente se extraen en promedio 600 mil metros cúbicos de azolve de presas, lagos y lagunas así como de cauces, lo cual representa inversiones muy altas para lograr su extracción, por otra parte la lluvia que escurre por estos cauces no puede ser utilizada directamente en la infiltración y recarga del acuífero e incluso no puede ser aprovechada en otros usos. Por esta razón, se considera primordial el poder mejorar las condiciones de las barrancas restableciendo sus características naturales, por medio de la separación de aguas residuales, para lo cual es necesario construir y rehabilitar los colectores que se ubican en las márgenes de las barrancas y poder separar las aguas, lo que brinda mayor posibilidad del tratamiento de las aguas pluviales y así poder mejorar el medio ambiente.

Inversión: 171 millones de pesos.

5. Manejo del arbolado urbano infestado por muérdago y otros agentes que afectan su salud en el Valle de México.

El arbolado urbano infestado con muérdago no está aportando todos los servicios ambientales que prestan a la Ciudad, pues requieren mejorar su salud, reducir la mortandad del arbolado, incrementar la captura y secuestro de contaminantes atmosféricos, así como conservar el paisaje urbano con una mejora sustancial en la estructura del arbolado.

Inversión: 16 millones de pesos.

6. Inventario de arbolado urbano del Distrito Federal mediante sistemas de posicionamiento global.

Los árboles constituyen el principal componente de las áreas verdes urbanas, siendo éstos los principales aportadores de los servicios ambientales que las áreas verdes brindan a los ambientes urbanos, como son el mejoramiento de la calidad del aire, a través de la producción de oxígeno y la captura de contaminantes y partículas suspendidas en el aire; disminución de los efectos de las llamadas "islas de calor"; y proveen refugio y alimento para la fauna silvestre, entre los más importantes.

No obstante, la importancia de los árboles dentro de la ciudades, en las áreas verdes urbanas del Distrito Federal, estos elementos se encuentran sujetos fuertes presiones como resultados de la intensa dinámica social, demográfica, política y económica de la ciudad. De este modo y como resultados de intensas campañas de reforestación realizadas en administraciones pasadas, sin una planeación adecuada donde se tomen en cuenta las características de desarrollo de los árboles y las características del sitio de establecimiento, hoy en día encontramos frecuentemente espacios verdes con sobredensidad de arbolado, árboles afectando el funcionamiento del equipamiento, la infraestructura y el mobiliarios urbanos, o generando espacios de riesgo por su probable caída afectando bienes muebles e inmuebles e incluso la integridad de personas.

Inversión total: 41 millones de pesos; Inversión 2009: 9 millones de pesos.

7. Gestión para el decreto de 33 barrancas y bosques como áreas de valor ambiental y elaboración de sus programas de manejo

Durante la temporada de lluvias, las barrancas del Distrito Federal captan el 70 por ciento del agua que se recarga a los mantos acuíferos. Las barrancas mantienen los ciclos biogeoquímicos (fijación de nitrógeno, flujo de nutrientes); capturan carbono y producen oxígeno; son reguladoras de los elementos del clima por su alta densidad vegetal y tienen un valor visual y estético como paisaje.

Actualmente, la contaminación de los cauces naturales de las barrancas por las descargas de aguas residuales y depósitos de residuos sólidos provenientes de las poblaciones contiguas, así como la pérdida de vegetación, ha provocado un alto grado de contaminación en el agua que se filtra a los mantos acuíferos a través de las barrancas, así como mayor oscilación térmica por el retiro de la vegetación. Todo esto conlleva a graves daños a la salud, como enfermedades gastrointestinales, respiratorias, de la piel, intoxicaciones, etc. con consecuencias en muchos casos fatales para la población.

Inversión total: 17 millones 900 mil pesos; Inversión 2009: 4 millones 500 mil pesos.

8. Integración del sistema de gestión para las áreas naturales del Distrito Federal mediante un sistema de información geográfica

Las áreas verdes urbanas se encuentran sujetas a una constante presión donde las necesidades en vivienda, servicios y vialidades provocan que estos espacios estén en constante riesgo de perderse, disminuyendo los servicios ambientales que prestan a la ciudad.

Entre los factores que inciden en esta problemática, se encuentra el desinterés de los desarrolladores urbanos y de los encargados de la gestión en la planificación de la ciudad (técnicos y profesionales), que no atienden la adecuada distribución funcional de las áreas verdes en la ciudad, las superficies necesarias, y sobre todo, la calidad ambiental que los debe caracterizar, para que proporcionen los máximos beneficios ambientales y se conviertan "lugares de encuentro", individual o social, incidiendo en la elevación de la calidad de vida de sus habitantes, sobre todo, de los sectores mayoritarios.

Inversión: 3 millones 300 mil pesos.

9. Construcción de la Agenda XXI de la Ciudad de México

El concepto de Agenda XXI tiene su origen en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. En esta cumbre se adoptó el Programa de Acción Mundial para el Desarrollo Sustentable o Agenda XXI.

El capítulo 28 de dicha agenda, titulado "Iniciativas de las autoridades locales en apoyo a la Agenda XXI", menciona que "en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, las autoridades locales desempeñan un papel importantísimo en la educación y movilización social en pro del desarrollo sustentable".

A partir de 1992 y 10 años después, con la ratificación de la agenda XXI en la Conferencia Mundial Río + 10, Segunda Cumbre de la Tierra, cientos de autoridades locales en todo el mundo han ido desarrollando sus agendas.

Inversión: 3 millones 800 mil pesos.

10. Elaborar el plan rector del sistema local de áreas naturales protegidas

Desarrollar un plan rector que contenga criterios y lineamientos para normar el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas, y contar con un plan rector del sistema local de áreas naturales protegidas.

Inversión: 1 millón de pesos.

11. Desarrollar el sistema de información ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal

El proyecto consta de tres partes las que a continuación se describen:

12. Estrategia del Distrito Federal para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

El proyecto consiste en la elaboración en primera instancia de un estudio sobre la biodiversidad de la Ciudad de México, en el cual se establezcan los niveles de conocimiento existente sobre la diversidad biológica (plantas y animales) de la Ciudad de México enmarcándolos en un ambiente, económico, cultural y social y no meramente descriptivo.

En segundo lugar se elaborará, con base en la información anterior, la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad del DF, en donde se estableceré qué es lo que se tiene que hacer para proteger y aprovechar de forma sustentable la vida silvestre de la Ciudad, de tal forma que la vida social, cultural y económica de la región pueda llevarse a cabo de manera amigable y con el menor impacto con la naturaleza. En tercer término y para finalizar, se elaborará un Plan de Acción, fundamentado en los dos documentos anteriores, en donde se estipule quién, en qué tiempo y forma llevará a cabo o debe llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación de la Estrategia de Conservación.

Inversión: 2 millón 500 mil pesos.

13. Creación del centro de reproducción e investigación de especies prioritarias nativas de México

La conservación de las poblaciones in situ de las especies de fauna silvestre nativas, requiere del desarrollo de Proyectos de investigación que permitan conocer aspectos del comportamiento social e individual, reproductivo, Alimenticio bajo condiciones naturales controladas. Existe una carencia de información en aspectos como la reproducción y el comportamiento de estas especies nativas en condiciones naturales, por lo que es indispensable crear un centro que permita desarrollar proyectos de investigación que genere conocimientos sobre estos aspectos.

14. Instalación del módulo de observación climática en el Museo de Historia Natural, en conjunto con el Climate Institute

Este programa permitirá compartir con estudiantes, expertos y la población en general el acervo de información, conocimientos y recursos del Climate Institute y las instituciones participantes del Centro Nacional de Observación Climática Global de Gran Altitud, prácticamente en el momento en que están ocurriendo y manifestándose una serie de fenómenos meteorológicos.

Instalar el programa de información y educación del Centro de Observación Climática Global de Gran Altitud, con sede en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental que informará en tiempo real sobre los principales fenómenos meteorológicos y los gases de efecto invernadero que influyen en el calentamiento global.

Vigilancia sistemática de los gases efecto invernadero y las variables esenciales del clima, así como contribuir al desarrollo de estudios, programas y proyectos relacionados con el cambio climático global y la protección al ambiente.

Inversión: 3 millones 650 mil pesos.

15. Readecuación de los centros de educación ambiental como instalaciones didácticas sustentables para la integración de nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental (ecotecnias) en Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica

Los Centros de Educación Ambiental (CEA) de la Secretaría de Medio Ambiente tienen dentro de sus principales objetivos el hacer conciencia en los ciudadanos, particularmente jóvenes y niños de la necesidad de cambiar los hábitos y formas de vida, adoptando el uso adecuado de los recursos naturales, de la energía eléctrica y de combustión con nuevos sistemas ambientalmente amigables.

La educación ambiental (EA) representa un gran reto en materia social, económica y biológica, ya que se trata de explicar de manera accesible los daños al ecosistema ocasionados por la actividad humana y las consecuencias que esto ha ocasionado en nuestro ambiente: destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, contaminación del aire, el agua y el suelo, destrucción de los bosques, entre otros. Por lo anterior se hace necesario que en los centros de educación ambiental se muestre en su infraestructura, de manera objetiva y en funcionamiento, las diversas ecotecnias, aplicables para los espacios habitables, como son: captación de agua de lluvia, reciclamiento de agua, dispositivos ahorradores de agua, sanitarios secos, sistemas de separación de residuos sólidos no solo en orgánicos e inorgánicos, para la producción de composta, reciclado de desechos, manejo especial de pilas, baterías y aprovechamiento de energías alternativas como la solar para el calentamiento del agua, generación de electricidad y uso de aparatos domésticos.

Inversión: 12 millones 830 mil pesos.

El Distrito Federal es el centro político, económico, social y cultural del país, y requiere de recursos financieros para la implementación de estos proyectos que contribuyan en gran manera a la consecución de los objetivos en materia del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se turne esta propuesta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para que se incluya dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, conforme a la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, en el ámbito de su competencia, destine 509 millones de pesos para 15 proyectos en materia de medio ambiente y recursos naturales para el Distrito Federal.

Para el ejercicio de este presupuesto debe celebrarse un convenio entre el gobierno federal y el Gobierno del Distrito Federal, con sus acuerdos específicos, para que se trasfieran estos recursos a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTA SOBERANÍA A BUSCAR RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA APLICARLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CLÍNICA DEL IMSS DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO JERICÓ ABRAMO MASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En la localidad de Ciudad Acuña, la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que atiende a más de 110 mil derechohabientes de la zona y tiene una recaudación de 320 millones anuales, cuenta con una infraestructura de solo 56 camas. Como se puede suponer y observar, de ninguna manera satisface adecuadamente los servicios médicos de la población derechohabiente.

Si, como ha sucedido recientemente, esta zona se encontrara de manera extraordinaria con un desastre general, los ciudadanos de Acuña solo serían presa del desamparo y de una oferta de camas en hospitales incapaz de cubrir siquiera las necesidades básicas de aquellos que se encontraran hospitalizados en este pequeño e insuficiente hospital del IMSS, sin que nadie pareciera intentar solucionarlo.

Hemos escuchado los discursos de la seguridad como factor central del Presupuesto que pretende el Ejecutivo federal que sea aprobado por esta soberanía, pero no se prevé de ninguna manera un interés especial a quienes son las víctimas de un desenfrenado sistema que ignora a quienes deben ser su prioridad: los derechohabientes del sistema de seguridad social. Se olvidan del pueblo.

Por la obligación que tenemos como representa del pueblo, debemos atender de manera urgente la seguridad social, que es uno de los pocos baluartes que el pueblo mexicano, en su mayoría con condiciones de extrema pobreza, pueden tener.

Por lo anterior presento a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados a buscar recursos suficientes para que sean aplicados, de manera etiquetada y urgente, en la infraestructura y oferta de camas necesarias de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Acuña, Coahuila.

Palacio de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 SE CONSIDERE UNA PARTIDA ESPECIAL EN APOYO DEL SECTOR AGRÍCOLA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS REYES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Carlos Armando Reyes López, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a destinar, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, una partida especial de apoyo al sector agrícola, con la finalidad de estimular la producción en el campo, con una tarifa eléctrica ponderada de entre 0.20 y 0.23 pesos por kilowatt/hora, al tenor de los siguientes

Considerandos

La crisis de producción de alimentos a nivel internacional, es un problema al que se le debe brindar la mayor importancia y al que debemos dar solución de una manera oportuna. Las consecuencias de este fenómeno mundial, han repercutido de manera importante en la economía, por lo que es impostergable apoyar en forma incondicional al sector agropecuario de nuestro país.

Hoy tenemos la oportunidad de contribuir en la solución integral de un problema histórico que ha mantenido aletargado al campo mexicano. Se requiere de la voluntad de todas las fuerzas políticas, para sumar los esfuerzos de los poderes legislativo y ejecutivo para posicionar al campo mexicano como piedra angular en la solución de los problemas alimenticios y sentar bases sólidas para incrementar el nivel de vida de millones de mexicanos que viven del campo.

Legislar en beneficio del campo mexicano, debe ser una convicción compartida por todas las fracciones parlamentarias en la elaboración del presupuesto del próximo año 2009. No es suficiente incrementar el presupuesto con respecto al año anterior, nuestra prioridad habrá de concentrarse en la forma en la que se apliquen esos recursos, para que se beneficie a quien verdaderamente lo necesita y garantizar que el sector agrícola tenga el respaldo suficiente, que le permita incrementar los volúmenes de producción, reducir sus costos y posicionar competitivamente a nuestros productores respecto a sus similares de otras naciones.

La intervención del gobierno federal ha sido evidente en este tema; en el año 2007 se realizó la evaluación y simplificación de las reglas de operación de los programas de Sagarpa, con la finalidad de sintetizar la tramitología para que los productores accedan a los apoyos federales en forma más ágil y la constante revisión de estos programas en el tiempo, nos habrá de llevar a que se incremente la eficiencia en la aplicación de los recursos.

En este tenor, el gobierno federal anunció recientemente diversos programas de apoyo para la tecnificación del campo, con lo que se siguen sumando esfuerzos encaminados a la solución integral de aquellos factores que han limitado el desarrollo del sector.¹

Por otro parte y a quince años de vigencia el Programa de Capitalización del Campo (Procampo), el Gobierno Federal anunció que será objeto de una reestructuración, con la finalidad de replantear los objetivos y sentar las bases que permitan incrementar la competitividad.

El nuevo Procampo debe modificar la manera en la que se aplica el presupuesto para que esta reconfiguración vele por los intereses de los pequeños productores² y se establezcan reglas claras que beneficie a todos, bajo esquemas de mayor equidad.

Subrayaré que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas es vital, para evitar simulaciones y beneficiar a quienes no lo necesitan. A este respecto aplaudo el trabajo de la Secretaria de Agricultura,³ que ha enfatizado que los recursos que se destinen al campo, serán sometidos a un proceso de transparencia a través de la publicación de los nombres de los productores beneficiados, la cantidad de dinero que reciban y el destino que habrá de tener el mismo.

Si bien es cierto que el apoyo al campo se está realizando desde diferentes frentes y que todos los esfuerzos están orientados al incremento de la competitividad del campo, no podemos pasar por alto el acuerdo que se firmó recientemente en el estado de Chihuahua, para resolver en forma solidaria el problema de los adeudos que tenían los productores del campo con la Comisión Federal de Electricidad.

Después de dos años de gestiones y de múltiples reuniones con funcionarios de la administración pública federal, se acordó la renegociación del pasivo de los productores con la CFE y se estableció un novedoso esquema de pago para que los productores estén en la posibilidad de cumplir con sus obligaciones y se regularicen todos aquellos que dejaron de pagar la electricidad a lo largo de los últimos años.

La voluntad del gobierno federal, así como de las autoridades estatales, estuvo de manifiesto en la solución de un problema que se había acentuado en los últimos meses. Que quede claro que en ningún momento se disculpa a los productores que dejaron de pagar, sin embargo cualquiera que conoce la realidad del sector, entiende que el costo actual de la tarifa eléctrica para riego, sigue siendo un factor determinante en los costos de producción, además de que la forma en la que riegan sus cultivos en algunos casos es muy rudimentaria y por lo tanto el excesivo uso de la energía eléctrica genera altos costos que a lo largo del tiempo resultaron impagables.

En el gobierno del Presidente Felipe Calderón, se ha instrumentado una valiosa herramienta para generar condiciones de competitividad en el sector agropecuario, a través de apoyos para la adquisición de infraestructura y modernización de los equipos de bombeo y sistemas de riego. Sin embargo su condición actual requiere un lapso de tiempo mayor para que puedan tecnificarse satisfactoriamente, por lo que proponemos favorecerlos durante los próximos cinco años, con una tarifa única a la producción, que les brinde certidumbre en su operación, mientras adquieren tecnología de punta para alcanzar un uso más eficiente del agua y la energía.

Compañeros legisladores, la propuesta que someto a su consideración tiene como finalidad, abonar en la solución integral de los problemas que existen en el campo. Por esa razón y mientras logramos que los productores cuenten con la tecnología que les permita reducir sus costos, es necesaria la aplicación de una tarifa única a la producción, que sea más competitiva, que en verdad beneficie a quien esta produciendo y que les permita a los productores trabajar, sin que el costo de electricidad sea determinante para decidir sembrar o dejar de hacerlo.

Por tal motivo, solicitó el apoyo de ésta Cámara de Diputados, para que en la discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2009, se establezca una partida especial de apoyo a la producción agropecuaria, que permita reducir la tarifa eléctrica actual para riego agrícola y se establezca una tarifa ponderada de entre 0.20 y 0.23 pesos por kilowatt/hora.

El objetivo es que la tarifa única a la producción beneficie a todos los productores en forma equitativa. Por lo que se considera conveniente que se establezca un límite de consumo definido en kw/hr al que tengan acceso todos por igual. Se procurará que el límite a establecerse cubra el nivel de consumo de los productores más pequeños, aclarando que todos aquellos que excedan este límite, tendrán que pagar el consumo adicional bajo el esquema actual de tarifas.

El argumento de esta propuesta, se fundamenta en un razonamiento muy simple: apoyar a quien verdaderamente esta produciendo, otorgando en forma directa el estímulo, mediante el recibo de energía eléctrica.

De esta manera, garantizaremos que el estímulo llegue a quienes verdaderamente están trabajando su tierra, logrando así un beneficio directo y oportuno para ellos, fuera de trámites y pérdida de tiempo.

Señoras y señores legisladores, Acción Nacional invita a todas las Fracciones Parlamentarias a que apoyen este punto de acuerdo, con la intención de visualizar el desarrollo del campo, como la alternativa más razonable para que existan en México condiciones más favorables para la producción de alimentos y que miles de productores superen la presión económica que representa actualmente el costo de la energía eléctrica para el riego y encuentren en el tiempo, mejores condiciones para incrementar sus niveles de productividad y competitividad.

Por lo anterior, someto a este Pleno el siguiente Punto de Acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, para que en la discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2009, se destine una partida especial de apoyo al sector agrícola, con la finalidad de estimular la producción en el campo, con una tarifa eléctrica ponderada de entre 0.20 y 0.23 $ kw/hr.

Notas
1. En fecha 25 de mayo de 2008.
• Eliminación del impuesto a la compra en el exterior de fertilizantes y nitrogenados, además de todo tipo de arancel a los insumos químicos para la producción de fertilizantes en el país.
• Esquemas de crédito preferencial para que los pequeños productores tengan acceso a fertilizantes a través de las 271 tiendas de Diconsa.
• Impulso sin precedente a la tecnificación del riego en el campo, con 20 mil millones de pesos destinados al financiamiento de maquinaria y equipo. Buscando que al final del sexenio se tecnifiquen 500 mil hectáreas por año
2. La situación real muestra que la mayoría de los trabajadores del campo siguen padeciendo sequía de recursos, además de enfrentar la competencia de los grandes productores, quienes generalmente reciben más apoyos. En especial, los que poseen menos de cinco hectáreas –que son el 78 por ciento del total de productores que cubre el Procampo– sólo percibe el 35 por ciento de los recursos. En contraste, los grandes productores –que poseen más de 10 hectáreas y que representan el 8.0 por ciento del total– perciben el 45 por ciento de los recursos del Procampo.
3. Boletín de prensa. Transparencia y rendición de cuentas en los recursos que se entregan al campo. Numero 169, 28 de agosto de 2008. Sala de prensa de la página electrónica de la Secretaría de Agricultura.

Boletín de prensa número 169 del mes de agosto 2008.

Dado en Palacio legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2008.

Diputado Carlos Armando Reyes López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL RIEGO DE LOS EJIDOS IXTAYOPAN, MÍXQUIC, TLÁHUAC Y TULYEHUALCO, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, Guadalupe Socorro Flores Salazar, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En las últimas décadas, los problemas relacionados con el déficit del agua de primer uso y la contaminación de las fuentes de agua se han agudizado principalmente en las regiones de mayor concentración de población. Agotamiento de acuíferos profundos, contaminación de mantos freáticos y cuerpos de agua superficiales, intrusión salina, falta de opciones económicamente factibles para afrontar la demanda del agua son fenómenos cada vez más frecuentes.

El hecho de que el Distrito Federal sea el centro político, económico, social y cultural del país y que en la Ciudad de México se concentre uno de los núcleos de población más grande del mundo, pudiera relacionar que su carácter es exclusivamente urbano; sin embargo, 59 por ciento de su territorio está clasificado como de suelo de conservación, en parte del cual se llevan a cabo actividades rurales y ecológicas, destacando la producción de maíz, avena, nopal, amaranto, hongos zeta, brócoli y flores. El desarrollo económico de la zona rural de la Ciudad de México ha sido complejo, ya que los productores rurales deben combinar frecuentemente sus actividades con otras ocupaciones que sirven como complemento de sus ingresos, pues aún persiste entre este sector una profunda situación de marginación y pobreza, derivada entre otros factores de la carencia de tecnologías adecuadas y de la falta de eficientes mecanismos de mercado para la comercialización directa de los productos.

Una de las delegaciones periféricas con características rurales es la delegación de Tláhuac, con una superficie de 9 mil 178 hectáreas, que representa 6.70 por ciento del territorio del Distrito Federal. Sin embargo, Tláhuac no ha escapado al grave deterioro provocado por el acelerado proceso de urbanización e industrialización, que trae como consecuencia afectación del medio ambiente. Esto se refleja en una constante movilidad poblacional, así como en la descomposición de las estructuras agrarias de los sectores productivos marginales, siendo cada vez más notorio el proceso de erosión del espacio rural de Tláhuac, así como una preocupante concentración de contaminantes en el medio urbano.

De acuerdo con datos del Plan Rector de Producción y Conservación de la Microrregión Tláhuac, elaborado en 2004 por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena) del Gobierno del Distrito Federal, los cultivos principales que se producen en la zona rural son maíz, hortalizas, frijol, amaranto y avena, entre otros. De la superficie total de suelo de conservación y del área rural de ésta delegación, las actividades se enfocan principalmente a la agricultura con 87.19 por ciento y a la ganadería con 18.27 por ciento de la superficie ocupada. La zona agrícola es mayoritariamente de temporal (60 por ciento), y más de la mitad de los productores desarrolla su actividad en terrenos planos y el resto en lomas y cerros. En general, el nivel de capitalización de los productores es bajo, ya que apenas 4 por ciento cuenta con tractor e implementos; 1.49 por ciento cuenta con pozo profundo para riego y menos de 1 por ciento tiene desgranadoras, empacadoras, trilladoras, seleccionadoras, deshidratadoras y demás equipo de cosecha y poscosecha. Destaca el hecho de que en la actualidad se utilice entre los productores, la yunta para labores agrícolas.

Pese a la extensión de la mancha urbana, las familias de los pueblos rurales de Tláhuac mantienen su cultura y costumbres muy ligadas a la actividad agropecuaria. En efecto, la economía de una importante proporción de familias de estas comunidades se basa en la producción agrícola, ya que crea cierto grado de estabilidad económica. Tláhuac ha tenido una tradición agrícola y cultural que se remonta desde épocas prehispánicas, en el que los productores han enfrentado problemas por el cambio de uso de suelo y también las frecuentes presiones sociales para tratar de adaptarlos a un cambiante medio, más que agricultores, los habitantes de los ejidos de Tláhuac se consideran a sí mismos campesinos, ya que el hecho de estar ligados al campo los hace diferentes. Ser campesino para ellos significa todo un estilo de vida ligada directamente con la naturaleza, con su pasado, con sus costumbres, con sus tradiciones y su relación con la comunidad.

Han sido notorios los factores que han limitado el desarrollo del campo en Tláhuac e incluso amenazan su continuación; por ejemplo, los escasos apoyos financieros, y la falta de capacitación, de asesorías y de asistencia técnica. Por otro lado, la cercanía con la zona urbana de la ciudad ha provocado una serie de problemas relacionados con el crecimiento de la mancha urbana y la contaminación de los recursos, generando una disminución directa en la disponibilidad de tierras para cultivo y de fuentes de agua para riego.

Originalmente, las chinampas eran alimentadas de agua de los manantiales que nacen en las partes altas, lo que actualmente se ha modificado. Las aguas de los manantiales han sido desviadas para abastecer a la Ciudad de México. Por ejemplo, las chinampas del ejido de Míxquic son alimentadas con aguas tratadas para riego procedentes de la Ciudad. Las chinampas del pueblo de San Nicolás Tetelco son alimentadas con agua de pozo, que en cierto grado es salitrosa. La existencia y el funcionamiento óptimo de las chinampas se ven amenazados por el avance constante del área urbana.

En tal virtud, esta propuesta tiene como objeto buscar los mecanismos que fortalezcan las acciones que se han realizado para revertir los problemas del campo en los ejidos de Tláhuac, y por ello, resulta relevante la continuidad del proyecto Modernización del Riego de los Ejidos Ixtayopan, Míxquic, Tláhuac y Tulyehualco, Primera Etapa, sustentado en los acuerdos de coordinación Conagua-Gobierno del Distrito Federal, celebrado el 4 de mayo de 2006, fue diseñado para ejecutarse en tres fases, la primera con un monto total de 8 millones 218 mil 476 pesos; la segunda fase 17 millones 497 mil 834 pesos; y la tercera fase, 7 millones 443 mil 352 pesos; con un total de 33 millones 158 mil 632 pesos. A la fecha se ha ejecutado un total de 13 millones 163 mil 300 pesos.

En 2005, el Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma Chapingo realizó el proyecto ejecutivo de la primera etapa, y los costos de manera natural se han incrementado, con esta base, el presupuesto requerido para su continuación y conclusión del proyecto es a la actualidad por un monto de 37 millones 258 mil pesos.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal solicitó en este año a la Dirección General del Organismo de Cuenca-Aguas del Valle de México que se considere en el marco de la programación de las obras a cargo de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) la segunda etapa del proyecto, y por consiguiente, se destine la cantidad de 37 millones 258 mil pesos.

La continuidad de este programa fortalecerá la infraestructura agrícola de la región, y con ello aumentará la eficiencia de uso del agua. El reto en materia de desarrollo rural consiste en lograr un mejor equilibrio y protección del ambiente y la conservación del suelo agrícola, mediante la canalización de recursos para la dotación de infraestructura y de servicios públicos básicos en una de las zonas con mayores grados de marginación.

Con base en lo expuesto, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la cantidad de 37 millones 258 mil pesos para la segunda etapa del proyecto Modernización del Riego de los Ejidos Ixtayopan, Míxquic, Tláhuac y Tulyehualco, en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS DE QUINTANA ROO, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, el estado de Quintana Roo es uno de los multidestinos de mayor importancia en México y la Región del Caribe. La actividad turística en la entidad representa un claro potencial de crecimiento económico, ya que gracias a ésta, se ha posicionado como el mayor generador de empleos que hay en México, fungiendo asimismo, como eje de desarrollo en el sureste del país.

Cifras reveladas por la Secretaría de Turismo informan que uno de cada seis empleos generados en el último año fueron creados en el sector turístico.

Tan sólo en el último año en Quintana Roo se crearon más de 40 mil empleos, lo cual representa la mayor tasa de crecimiento en cualquier entidad del país, posicionándose en el primer lugar.

Para ubicar el liderazgo con que cuenta el estado en este segmento y su correlación directa con el desarrollo, basta decir que uno de cada tres turistas que llegan a la República Mexicana lo visita. Con una operación aproximada de 73 mil 108 cuartos de hotel la entidad representa cerca del 15 por ciento del mercado hotelero a nivel nacional; la ocupación hotelera promedio de Quintana Roo en el 2007 fue del 70 por ciento, figurando 18 puntos por arriba del promedio nacional.

En términos porcentuales, cada cuarto en construcción genera 2.7 empleos directos, y al operarse genera un empleo directo y tres indirectos. De esta manera, la entidad logra colocarse como la entidad con mayor tasa de participación en la actividad económica a nivel nacional con un 68.5 por ciento.

A pesar de circunstancias adversas que se han presentado, el estado recibe actualmente aproximadamente 10 millones de visitantes, aportando una derrama económica de 5 mil millones de dólares.

Lo anterior hace ostensible el progreso significativo de la actividad turística, reafirmándose su potencial en cuanto a captación de divisas se refiere. En este sentido y comparando las cifras de 2006 a 2007 se revela un crecimiento de 27 por ciento, por poner un ejemplo.

De esta forma, se demuestra que la principal actividad económica que es el turismo, hoy se encuentra inmersa en una dinámica de competitividad a nivel mundial, manteniendo su posición líder en los mercados internacionales. Un ejemplo de ello, es la reciente premiación a Cancún por parte de The World Travel Awards como el "mejor destino de playa de Centroamérica y el Caribe", siendo este galardón otorgado desde hace quince años a la mejor industria de viajes del mundo.

Es importante destacar que el norte del estado, debido a su situación geográfica, es la región más próxima a la costa este de Estados Unidos y Europa, lo cual significa una ventaja comparativa con respecto a otros países de América Latina.

De esta forma, el turismo de sol y playa es el activo más importante para la sostenibilidad en la región, reflejando un trascendental futuro que sin duda representa uno de los principales ejes de desarrollo económico.

Establecido lo anterior, se demuestra que los datos de la industria turística representan resultados positivos para el país, sin embargo, hay un factor que resulta preocupante. A pesar de contar con una diversidad de recursos naturales en el estado, los sistemas litorales han sufrido un sinnúmero de transformaciones originadas por acciones del hombre y fenómenos naturales extremos que han erosionado de forma sustancial a las playas.

Dichas transformaciones, de no ser atendidas con responsabilidad, ponen en riesgo la continuidad de la actividad al ser las playas el principal medio aprovechado para el turismo en Quintana Roo.

El principal activo, el turismo de playa como recurso natural se verá notablemente afectado en cuanto a preservación se refiere, ya que actualmente no se está emprendiendo ninguna acción específica para contrarrestar los efectos negativos sobre las playas, lo cual resultará dramático no sólo en la calidad de vida de los mexicanos al ser un detonante de empleo sino también en el equilibrio ecológico que se ve seriamente amenazado.

Con el objetivo de garantizar el rescate y sustentabilidad de las playas del estado de Quintana Roo es necesario que exista la cooperación de todos los órdenes de gobierno, teniendo claro que no puede soslayarse la importancia de luchar contra la erosión de playas, resultado del inminente cambio climático y los daños provocados por desastres naturales, cuyos efectos se han reflejado evidentemente en la entidad.

La mayoría de los países con trópicos en el mundo han entendido la necesidad ineludible de enfrentar esta situación, teniendo claro que de lo contrario, los destinos que han generado un desarrollo incuestionable podrían perder sustentabilidad turística y ecosistemas esenciales para el equilibrio en la ecología.

Hoy día no existe en México una política pública integral asociada a la conservación de playas como hábitat de diversas especies de flora y fauna. Aunado a este hecho, es importante mencionar que no existe nivel u órgano de gobierno responsable para el cuidado y mantenimiento del recurso.

Asimismo, existe una carencia real tanto de presupuesto asignado a largo plazo en el mantenimiento y calidad de playas, como en los recursos humanos calificados en una dinámica costera. Por otro lado, resulta lamentable que es escasa la información sobre los equilibrios de los sistemas de playa costa, careciendo también de un sistema de acopio de datos de campo.

Es necesaria la creación de soluciones a esta situación, ya que, sería muy grave quedar rezagados en este contexto. Si bien es cierto que el Caribe mexicano, hoy día, es el destino más importante de México y Latinoamérica al ser un polo de desarrollo regional en el cual, la industria turística aporta más de la tercera parte del total de ingresos turísticos de México, el escenario podría cambiar de forma dramática.

El turismo internacional sigue encontrando atractiva la posibilidad de visitar el centro vacacional más importante de América Latina, pero la prioridad en este sentido, debe encaminarse a seguir garantizando una prestación de calidad.

Con una visión de turismo sustentable, el Gobierno del estado de Quintana Roo ha examinado una política integral para la conservación de playas en la entidad. En el proyecto realizado recientemente, se recomienda entre otras acciones la rehabilitación inmediata de las playas más afectadas por efectos de la erosión que son Cancún, Playa del Carmen, Akumal, Tanká, Cozumel, Holbox y Mahahual.

Asimismo, se enfatiza en la necesidad de establecer el programa anual de conservación de playas turísticas centrado en su calidad recreativa y en su función ambiental, instalar una red de monitoreo oceanográfico en toda la costa del estado y la creación de un fondo de contingencia para hacer frente a posibles eventos meteorológicos que se presentan en la región.

La propuesta elaborada por el Ejecutivo estatal plantea de igual forma, la formalización de un programa de investigación sobre el funcionamiento de las zonas costeras orientado a diseñar mejores prácticas de aprovechamiento de estos delicados sistemas y destaca la importancia de iniciar con un programa de largo plazo para la formación de profesionistas en Ingeniería y dinámica costera.

A través de este proyecto realizado se ha dotado al gobierno del estado de Quintana Roo de la información, mediciones y recomendaciones necesarias que podrán permitir acciones definitivas para la protección y recuperación de sus playas.

De efectuarse el proyecto realizado, en un plazo de dos años se podrán conseguir las principales playas turísticas con calidad recreativa asegurada en el largo plazo, sujetas a un programa sistemático de conservación y mantenimiento. Asimismo se obtendrá mayor capacidad de respuesta inmediata en caso de contingencias mayores.

Los beneficios tangibles que sin duda traerá consigo la puesta en marcha de la propuesta, se reflejarán también en una red de monitoreo oceanográfico que generará datos confiables para los más diversos proyectos a realizar en las costas del estado, se obtendrá la caracterización y los manuales de conservación y mantenimiento de todas las playas del estado y se alcanzarán conocimientos precisos de los equilibrios costeros y su afluencia en la estabilidad de las playas.

Quintana Roo es un estado privilegiado turísticamente, pero dicho potencial debe ser asegurado a través de la participación de todos los actores involucrados. Es necesario vislumbrar las necesidades reales de la región, teniendo en cuenta que el potencial que ofrece las playas requiere inversión para su protección, conservación, mantenimiento y rehabilitación.

En aras de observar científicamente cifras que indiquen que el crecimiento sostenido del turismo se traduce en grandes beneficios para la sociedad, es preciso cerciorar la permanencia del sector, asegurando previamente la sustentabilidad de éste.

Lo anterior significa no sólo elaborar estrategias y determinar prioridades que controlen y reduzcan significativamente las acciones humanas que han propiciado el cambio climático, sino aportar los medios con las que éstas se llevarán a cabo.

Es preciso destacar que en el estado de Quintana Roo, el turismo de sol y playa es una herramienta imprescindible con las que cuenta la entidad para su desarrollo. Ésta incide notablemente y directamente en la elección de los destinos, en mayor medida porque depende de su aprovechamiento en torno a su naturaleza, lo cual se traduce posteriormente en la rentabilidad y competitividad de éstos.

Los destinos que ofrecen la atracción de su clima pueden ser vulnerables ante los cambios de tipo climático o la destrucción del medio ambiente; asimismo los desastres naturales que han acaecido podrían representar una debilidad, ya que, al no poner en marcha un proyecto integral que tenga la capacidad de previsión y acción inmediata en caso de contingencia con una visión a largo plazo las implicaciones serían graves para la prolongación y sostenibilidad de la actividad turística.

Con una garantía de calidad de las playas se dimensionan algunos beneficios directos e indirectos derivados, por esta razón es imprescindible una actitud responsable y previsiva a través de la inclusión de una partida presupuestal para llevar a cabo el proyecto de recuperación de playas en el presupuesto de 2009.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se destinen 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el proyecto de recuperación de playas del estado de Quintana Roo.

Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON CARGO AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, Guadalupe Socorro Flores Salazar, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El incremento de la población de la Ciudad de México inició en la región un proceso de alteración del ambiente que sigue en aumento hasta nuestros días. Estos cambios se observan en la pérdida de la mayoría de los cuerpos de agua, la desaparición, reencauzamiento o entubado de casi todas las corrientes de agua permanentes o temporales; la disminución drástica de la cobertura vegetal y, como consecuencia, la merma en la biodiversidad y la erosión de los suelos, y el abatimiento de los mantos acuíferos hasta poner en riesgo la viabilidad de la metrópoli.

El Distrito Federal tiene un territorio denominado suelo de conservación en 59 por ciento, en el cual se efectúan actividades primordiales para el desarrollo rural sustentable en materia agrícola, pecuaria, piscícola, forestal y de turismo alternativo, que son el sustento de los 62 núcleos agrarios, 55 ejidos y 7 comunidades de la Ciudad de México.

El suelo de conservación en la ciudad es el eje del equilibrio ambiental de la zona metropolitana del valle de México. La pérdida de cada hectárea de suelo de conservación representa que los mantos acuíferos de la región dejen de favorecer la recarga de alrededor de 2 millones 500 mil litros de agua cada año. En el territorio de la ciudad prácticamente ya no hay reservas territoriales para la expansión urbana. El suelo de conservación no debe ser opción para el crecimiento urbano. El costo de la pérdida de los servicios ambientales que presta hará inviable el equilibrio ecológico no sólo de la ciudad, sino de toda la cuenca del valle de México. La situación que impera en el campo del Distrito Federal se profundiza ante el grave deterioro de los espacios rurales, la pérdida de suelos y el avance de la zona urbana.

La Cámara de Diputados, en años anteriores, ha aprobado presupuestalmente para la implantación de programas y acciones inherentes a la conservación del suelo y a la recuperación de los que en alguna medida se han deteriorado en las delegaciones rurales de la Ciudad de México. Por ello, conforme a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se contó con recursos federales por 94 millones 885 mil 600 pesos para la operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo propósito fue dar sustento a los programas de recuperación del suelo de conservación del Distrito Federal.

El Pleno de esta soberanía aprobó en diciembre de 2006 en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el anexo 7 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en el rubro "Otros programas", mil 100 millones de pesos, siendo incluido el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal. En agosto de 2007, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, y el Gobierno del Distrito Federal, conscientes de la necesidad de revertir las tendencias de degradación del territorio de la ciudad, suscribieron los criterios de ejecución y operación del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación en el Distrito Federal, para la operación de los recursos por 225 millones de pesos derivados del programa especial concurrente.

En noviembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, en el Ramo 08, "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", del anexo 7 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, un monto de 806 millones para el rubro "Conservación y usos sustentable de suelo y agua", de dicho monto, se etiquetaron 150 millones de pesos para la aplicación de este programa en el Distrito Federal.

Ante los escenarios planteados, resulta impostergable que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se destinen 350 millones de pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, con recursos del Programa Especial Concurrente, a través del Ramo 08, "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación".

El Programa de Recuperación del Suelo de Conservación para el Distrito Federal 2009 apoyará la realización de proyectos, obras y acciones para detener y revertir el deterioro del suelo, con asignación de recursos federales para que se ejecuten en las delegaciones políticas con características rurales.

Por lo expuesto, solicito que se turne a la Comisión de Desarrollo Rural, para que resuelva lo conducente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Desarrollo Rural que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, en el ámbito de su competencia, destine 350 millones de pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, con recursos del programa especial concurrente, a través del Ramo 08, "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación".

Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La delegación Álvaro Obregón se encuentra ubicada al poniente de la Ciudad de México y tiene una extensión de 97 kilómetros cuadrados, que representa el 6.5 por ciento del área total el Distrito Federal ocupando el sexto lugar en cuanto superficie territorial en la ciudad.

La delegación está formada por 257 colonias, fraccionamientos y barrios, siendo los más importantes: San Ángel, San Ángel Inn, Tlacopac, Ermita, Chimalistac, Florida y Pedregal de San Ángel. Además cuenta con poblados de características rurales como San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac.¹

Según el Censo de Población y Vivienda 2000, se registran 687 mil 20 habitantes en Álvaro Obregón, ubicándose en la tercera demarcación más poblada de la entidad.

El 55.3 por ciento de la población a partir de los 12 años es económicamente activa, así mismo la población económicamente inactiva es del 44.2 por ciento.

En cuanto a índice de marginación ocupa el séptimo lugar ya que en la demarcación habitan 227 mil 299 personas en condiciones de marginalidad.

Los servicios urbanos son importantes en la Delegación en virtud de que cuenta con un número alto de panteones, lugares para la cultura y educación, no obstante en cuanto a salud se refiere cuenta con un déficit del 28 por ciento. El rubro de parques y jardines cuenta con diversas instalaciones, como el Parque de la Juventud, Ecológico Las Águilas, Tarango Loma de San Jerónimo, Colina del Sur, etcétera.

Cabe destacar que las colonias San Ángel, San Ángel Inn, Tlacopac, y Chimalistac, son una zona considerada patrimonio de la nación, que por decreto deben preservar sus características históricas y las áreas verdes con las que cuenta, por lo que es una zona de suma importancia para las autoridades de la demarcación, en virtud de que la imagen y preservación de esta zona seguirá atrayendo el turismo como se ha hecho hasta la fecha, manteniendo una economía dinámica, situación que repercute en el desarrollo y calidad de vida de los habitantes de esta delegación.

En virtud de lo anterior, el fortalecer las acciones para el mejoramiento ambiental y de la imagen urbana, mediante el deshierbe, preparación y conformación de terreno, apertura de cepas, libranza de interferencia, pasos peatonales, señalamientos verticales, horizontales, balizamiento, mejora y rehabilitación de jardineras, integración de tapices urbanos con técnicas de esgrafiados y los servicios urbanos en las colonias de San Ángel, Barrio Loreto, Ermita Tizapán, Altavista, Chimalistac, Hacienda Chimalistac, Guadalupe Inn, Florida y Campestre así como mejorar la imagen de la delegación contribuirán a elevar la calidad de vida de los habitantes brindándoles espacios seguros, caminos que permitan el libre acceso a las colonias, etcétera y de los pueblos antes mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que sean considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por 95 millones de pesos (noventa y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para la delegación Álvaro Obregón, con el fin de que se destinen 55 millones de pesos al mejoramiento de la imagen urbana y 40 millones de pesos para acciones de medio ambiente.

Nota
1. Datos de la página oficial de la delegación Álvaro Obregón.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La delegación Iztapalapa se halla al oriente del Distrito Federal. Limita al norte con la delegación Iztacalco y el municipio de Nezahualcóyotl, México. Al este, el municipio de La Paz y Chalco Solidaridad, México. Al sur, las delegaciones Tláhuac y Xochimilco. Al oeste, las delegaciones Coyoacán y Benito Juárez.

La superficie total de la delegación Iztapalapa es de 117 kilómetros cuadrados, que representan 7.1 por ciento del área total del Distrito Federal.

Presenta una situación geográfica importante, ya que es el punto de entrada y salida hacia el oriente y sureste de la Ciudad de México, además de ser limítrofe con el Estado de México, lo que genera una interrelación de servicios, equipamiento, transporte y actividad económica cotidiana con los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes-La Paz y Chalco Solidaridad.

Iztapalapa, que ocupa sólo 7.5 por ciento del territorio nacional, cuenta con el equivalente a la población de los mil 849 municipios menos poblados del país. Tomando en cuenta los cálculos realizados por la Conapo para todos los municipios del país en el año 2005, Iztapalapa sigue siendo la localidad con mayor población en el país, esto es con una población de 1 millón 820 mil 888 habitantes, donde resalta que 40 por ciento de éstos es población joven, menores de 24 años.

Los 16 pueblos de origen colonial o prehispánico localizados en Iztapalapa han sido absorbidos completamente por la mancha urbana de la Ciudad de México. A pesar de ello, conservan varias características culturales y sociales que los distinguen de las colonias populares que los rodean. Esos 16 pueblos son Iztapalapa de Cuitláhuac, Pueblo Aculco, La Magdalena Atlazolpa, San Juanico Nextipac, San Andrés Tetepilco, San Marcos Mexicaltzingo, Pueblo Culhuacán, Santa María Tomatlán, San Andrés Tomatlán, San Lorenzo Tezonco, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán, San Sebastián Tecoloxtitlán, Santiago Acahualtepec, Santa Martha Acatitla y San Lorenzo Xicoténcatl. La mayor parte de ellos están divididos en barrios. Posteriormente, la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a la demarcación entre las décadas de 1960 y 1990 crearon las colonias como Escuadrón 201, Constitución de 1917, Valle del Sur y otras de considerables dimensiones, tanto por su población como por su superficie, lo que de opaca a los pueblos originales y sus respectivos barrios, convirtiéndolos en simples demarcaciones urbanas (o suburbios de la Ciudad de México), aunque han conservado sus tradiciones, lo que les da una cierta identidad. Además, Iztapalapa alberga numerosas unidades habitacionales (conjuntos de departamentos horizontales o fraccionamientos urbanos de casas dúplex), de los cuales la mayor es la unidad Vicente Guerrero, construida en los años setenta, la cual posee actualmente una población aproximada de 13 mil habitantes que ocupan una superficie inferior al kilómetro cuadrado.

Las invasiones de tierra de los años ochenta originaron comunidades enormes con escasez de servicios públicos. Se ubican sobre todo en la región suroriente de Iztapalapa. Ejemplos de ellas son Desarrollo Urbano Quetzalcóatl (26 mil habitantes) y San Miguel Teotongo (80 mil habitantes). Poco a poco la situación de estas colonias ha ido regularizándose, tanto en lo que respecta a la tenencia de la tierra y a la satisfacción de servicios urbanos. Al inicio del siglo XXI, Iztapalapa tiene 241 localidades, entre colonias populares, unidades habitacionales y pueblos y barrios originarios.

Iztapalapa es la delegación más oriental del Distrito Federal. Ello complica la dotación de agua potable para la zona. En Iztapalapa hay varios pozos de extracción de agua de los acuíferos subterráneos. Ellos se encuentran alrededor de la sierra de Santa Catarina. Sin embargo, no son suficientes para satisfacer la demanda de agua. Por eso, una porción del agua que se obtiene del Sistema Cutzamala (que lleva agua de la cuenca del río Balsas al valle de México) se destina a Iztapalapa; aunque tampoco basta para resolver la cuestión. En la estación seca, la escasez de agua se acentúa, sobre todo en las partes altas de San Lorenzo, Paraje San Juan y Santa Catarina.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren 950 millones de pesos para la delegación Iztapalapa, a fin de que se destinen 819 millones al programa hidráulico, 113.5 millones a medio ambiente y 17.5 millones a infraestructura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La delegación Cuajimalpa de Morelos limita al norte con la Miguel Hidalgo y el municipio de Huixquilucan, México; al sur, con Jalatlaco y Ocoyoacac, México; al oriente, con Álvaro Obregón; y al poniente, con Ocoyoacac, Lerma y Huixquilucan.

Ocupa una superficie de 8 mil 95.00 hectáreas, de las cuales mil 622.00 (20 por ciento) corresponden a suelo urbano y 6 mil 473.00 (80.0 por ciento) a suelo de conservación. La superficie de la delegación representa 5.1 por ciento de la del Distrito Federal.

Cuenta con una población total de 173 mil 625, según el censo poblacional del INEGI de 2000.

El crecimiento de la ciudad a través de los fraccionamientos de ingreso alto que se han ido extendiendo hacia el poniente, convirtieron a la delegación en una de las de más alto ritmo de crecimiento en la década pasada. Al mismo tiempo que la vivienda, el desarrollo de centros y edificios corporativos cobró auge en la presente década, de hecho a nivel metropolitano y nacional se le confiere un papel muy importante como prestador de servicios corporativos con el eje Huixquilucan-Santa Fe. Asimismo, la tendencia de desarrollo habitacional hacia el poniente, pone de manifiesto la importancia de su relación con la región de Toluca, con la cual forma un eje de desarrollo habitacional y servicios corporativos, debiéndose cuidar su sano equilibrio con las reas forestales, ya que de continuarse la dispersión de vivienda sin servicios sobre áreas forestales, se perderá el importante sistema Contreras-Desierto de los Leones-La Marquesa, del cual forma parte.

En la delegación se han desarrollado equipamientos de cobertura metropolitana cuyo radio de acción beneficia a los habitantes de las zonas habitacionales del Estado de México y de la Delegación Álvaro Obregón, tal es el caso del desarrollo de la zona de Santa Fe o del Corporativo Arcos Bosques en Bosques de las Lomas; sin embargo, la comunicación vial intermetropolitana carece de continuidad, tiene secciones insuficientes y trazos inadecuados, y muy poca conexión norte-sur, situaciones que deberán ser corregidas para optimizar la relación funcional entre las áreas que componen el sector.

La estructura vial de la delegación comprende tanto carreteras de integración regional como la federal México-Toluca, la autopista Chamapa-La Venta y la autopista México-Toluca, así como otras vialidades primarias: avenida José María Castorena, Carlos Echánove, avenida Pastores, avenida Juárez, avenida Veracruz, avenida Arteaga y Salazar, Vasco de Quiroga, División del Norte, vialidad La Palma, Tlapexco y paseo Los Laureles.

La vialidad secundaria se integra por vialidades de conexión con el estado de México como Camino al Olivo, San José de los Cedros, Jesús del Monte y avenida México. La sección de estas últimas vialidades resulta insuficiente para el flujo vehicular, ocasionando congestionamientos viales, incrementado por el uso del suelo de comercio básico en todas ellas. El principal problema es la falta de integración vial en el sentido norte-sur ocasionado por la insuficiencia de cruces de la carretera México-Toluca, y aunado a la falta de continuidad en las vías alternas a la carretera, en especial en la parte sur de Contadero-Santa Fe-Álvaro Obregón.

Por su ubicación geográfica, Cuajimalpa de Morelos es el paso obligado de las vialidades que comunican al Distrito Federal con Toluca, tal es el caso de la carretera federal México-Toluca, la autopista México Toluca y la autopista La Venta-Chamapa-Lechería. La relación con Toluca se pone de manifiesto al ser junto con Cuernavaca las generadoras de la mayor cantidad de viajes-persona en la corona de ciudades, con cerca de 10 mil pasajeros diarios. En cuanto al funcionamiento de las vialidades para este flujo, la autopista de cuota, igual que las demás de cuota en el área, cuenta con altos niveles de servicio, contrario a la carretera federal, de bajos niveles de servicio.

En síntesis y derivado de la importancia comercial que se ha desarrollado en la demarcación, es necesario que diversos proyectos viales de carácter metropolitano se lleven a cabo en la zona para el desahogo del tráfico vehicular que se ocasiona, el cual perjudica a cientos de trabajadores y habitantes en la delegación.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren 350 millones de pesos para la delegación Cuajimalpa de Morelos, a fin de que se destinen a infraestructura vial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN RECURSOS A LA SEMARNAT PARA CONSERVAR EL ÁGUILA REAL, EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de nuestro conocimiento, debido a los cambios climáticos en todo el mundo, desastres naturales y por muchos factores, como la tala inmoderada de nuestros bosques, la invasión de la sociedad hacia los montes y selva a la habitad natural de la fauna y la flora, en México existen especies de animales en grave peligro de extinción, en especial nuestra águila real símbolo de nuestro escudo nacional.

El águila real no ésta exenta de estos abusos y actualmente se encuentra protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a la necesidad de determinar las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, terrestre y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, para establecer las regulaciones que permitan protegerlas, conservarlas y desarrollarlas, el 16 de mayo de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM.-059-ECOL-1994.

Esta formidable ave ha sido considerada desde tiempos inmemorables como símbolo celeste, encarnación del sol y del fuego, vehículo de los grandes brujos para ascender al cielo y dadora de vida. Las culturas prehispánicas la estimaban como ave suprema, su vuelo descendente representaba el caer de la luz sobre la tierra, advenimiento de la energía vital y, con las alas extendidas, simbolizaba la cruz que delimitaba los cuatro rumbos cósmicos y constituía el eje del mundo.

El águila real es un ave rapaz de gran tamaño, su longitud total alcanza hasta un metro, y su envergadura, o sea la distancia entre las puntas de sus alas, puede llegar a 2.84 metros; la hembra es un tercio mayor que el macho. Requiere de territorios de anidación muy extensos, de unas 6 mil hectáreas, vive en diversos tipos de vegetación, desde bosques de confieras hasta matorrales desérticos, se encuentra en zonas montañosas abruptas de bosques de pino, encino hasta altitudes de 5 mil metros sobre el nivel del mar, en los estados de Baja California y Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Su alimentación consiste, principalmente en conejos y liebres, a los cuales persigue en cortos vuelos; otras presas comprenden cachorros de zorros y coyotes, cervatillos y aves terrestres como el guajolote.

Anida preferentemente en salientes rocosas de las montañas, aunque en ocasiones se encuentran nidos sobre árboles muertos, se reproduce en cualquier época del año y las nidadas están compuestas por dos huevos que incuba en aproximadamente 45 días.

A pesar de que el águila real ha sido símbolo de la identidad de nuestro país representando ideales y valores que sustentaron al correr del tiempo la independencia actualmente, el escudo se encuentra señalado en e artículo 2 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales; y según la historia, el escudo está posicionado en el centro de la franja blanca y está inspirado en la leyenda azteca sobre la fundación de México-Tenochtitlan (actualmente la Ciudad de México).

De acuerdo con la leyenda, los Mexicas habían salido de Aztlán buscando el lugar propicio para edificar su nueva ciudad. El dios Huitzilopochtli les indicó que en el lugar donde encontraran un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, debían construir su ciudad. Luego de 200 años de buscar dicho lugar, los aztecas encontraron la señal en un pequeño islote en el Lago de Texcoco.

El actual diseño del escudo fue creado por Francisco Eppens Helguera en fue adaptada por decreto el año de 1968 por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, desde el miércoles 8 de febrero de 1984; existe una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien promulgó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El Escudo Nacional está constituido por un águila real mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.

Actualmente hay un lugar en la faja central de México donde los pastizales son extensos como 100 campos de futbol, y las barrancas tan profundas como sótanos de 120 metros, en esas rajadas de la tierra, cuyos bordes son peñones pardos, nacen y crecen águilas reales.

Para cuidar ese hábitat, que es el lugar del país con más nidos de águilas registradas, que comprende ocho municipios, cuatro de Zacatecas, Monte Escobedo, Tepetongo, Susticacán y Valparaíso; y en Jalisco, Mezquitic, Huejúcar, Colotlán y Villa Guerrero crearon una alianza, acordaron que la superficie total de los ocho municipios que oficialmente suma 12 mil 454 kilómetros cuadrados sea considerada como región de protección del águila real, pero he de mencionar a pesar de que los municipios antes citado se encuentran gobernados por los distintos partidos políticos del PAN, PRI y PRD, se han unido para una causa común. Y es que el Subcomité Técnico Consultivo para la Recuperación del Águila Real, órgano asesor del gobierno federal, calcula que sobreviven sólo entre 90 y 120 parejas de esta especie.

Hace más de dos años que la Comisión Nacional de las Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) tomó la responsabilidad del estudio y manejo de las especies en peligro. Actualmente se está impulsando el Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE); es un trabajo difícil que requiere de personal capacitado, conocimientos y muchos recursos.

Sería conveniente que la Conanp pudiera contar en el corto plazo con más instrumentos económicos que pudieran proporcionarles a las Áreas Protegidas Federales recursos alternos en cantidades significativas y de forma permanente para garantizar las acciones de conservación.

No debemos olvidarnos que recientemente se realizó un concurso a nivel mundial sobre la bandera más bonita, en donde votaron mas de 7.5 millones de participantes, resultando ganador nuestro lábaro patrio, con mas 900 mil votos.

He de comentarles que nuestra bandera tiene una similitud con la de Italia, pero la diferencia existente es en la tonalidad de los colores y, la más importante, sin duda nuestro escudo nacional, representado por una águila real.

2010, aniversario de bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, se anuncia con bombo y platillos de una gran fiesta nacional y ello se agregarán actividades de una gran diversidad: exposiciones, publicaciones, producciones audiovisuales, conferencias, congresos, certámenes, rescates documentales, entre otras, enfocadas a generar una amplia participación social y reavivar nuestra memoria histórica etcétera, pero sería inadmisible que ya no contáramos como nuestro símbolo del escudo nacional físicamente o sea el águila real, y todo por cuestión de presupuesto.

Sin duda, los expertos coinciden en que la educación es el único camino viable para poder conservar a esta especie que vive en inmensas extensiones de terreno donde el hombre aún mantiene actividades. Debemos trabajar todos para que el águila real, nuestro símbolo nacional, continúe volando muy alto en los cielos mexicanos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 2009, una partida especial (etiquetando dichos recursos) por el orden de los 5 millones de pesos a la Comisión Nacional de la Áreas Naturales Protegidas, para la aplicación al Programa de Acción para la Conservación de Especies, a fin de que cuente con la tecnología y el equipo de vanguardia necesarios a fin de que cumpla eficientemente con su mandato de órgano asesor científico y tecnológico del gobierno federal para el desarrollo y preservación del águila real en los municipios mencionados, en beneficio del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2008.

Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR MAYORES RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN GENERAL Y CREAR UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN REALIZADA POR EL ESTADO EN ESTUDIOS DE POSGRADO DE MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN PEDROZO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, Adrián Pedrozo Castillo, diputado por el Distrito Federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta aumentar los recursos destinados a la educación superior para el año 2009, con el propósito de crear un plan de reforzamiento de las universidades, a través de la recuperación de la inversión realizada por el Estado mexicano, quien financia estudios de posgrado a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con base en las siguientes

Consideraciones

El Ejecutivo federal entregó el 8 de septiembre de 2008 los criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 al Congreso de la Unión.

La política de gasto que se propone de forma anual en este documento, es la avenida por la que transitan las acciones necesarias que permiten atender las prioridades nacionales. Es nuestro deber realizar una lectura minuciosa de dicho documento. En particular las acciones y programas que el gobierno federal impulsa de forma que se generen las condiciones para un desarrollo económico, la generación de empleos, el mejoramiento del sistema de salud, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Sorprendentemente, el proyecto de presupuesto coloca como prioridad del Estado mexicano al rubro de seguridad pública y procuración de justicia. Con lo que los recursos destinados a este sector se incrementan en un 32.9% con respecto a lo aprobado en 2008. Es evidente que existe un justo reclamo social ante la situación de inseguridad y violencia. Sin embargo, esta medida única es reactiva ante un problema de muchas aristas. La inseguridad es el reflejo de un desgaste gradual de la sociedad debido en parte a la falta de oportunidades en educación, empleo y salud. Por lo tanto, es importante que las acciones y esfuerzos del gobierno no sólo se aboquen al combate de la delincuencia, sino también a su prevención a través de la inversión en aquellos rubros que fomentan el bienestar de la sociedad en general.

De la necesidad que tiene el Estado mexicano de recuperar los recursos económicos que se invierten en la preparación de jóvenes investigadores a con becas de doctorado y posdoctorado nacionales y en el extranjero a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que tiene como prioridad impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel académico, la investigación científica básica y la vinculación de la investigación con aplicaciones tecnológicas, ha promovido algunos cambios estructurales importantes en la política científica de nuestro país. En el que se destaca su programa de becas, el cual otorga apoyo a estudiantes de excelencia para realizar estudios de posgrado nacional o en el extranjero en distintas áreas del conocimiento. En este año se contempla un incremento en el presupuesto a esta institución del 24.7%. Hay que congratularse por esta medida, sin embargo, el país todavía no cuenta con una política integral que facilite la reincorporación al sistema académico nacional de los recursos humanos formados en el extranjero con los fondos de dicho consejo. Entre los académicos mexicanos destacados, hay consenso en el sentido de que no se puede afirmar que México cuente en la actualidad con una política de Estado en relación con la ciencia.

Este es un problema mayor, dado que las becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero son distribuidas con preferencia a aquellas áreas del conocimiento que son estratégicas para el desarrollo de la nación. La situación actual es de lamentarse, ante la imposibilidad de ser incorporados a los centros nacionales de investigación, los jóvenes científicos que se forman fuera del país, trabajan en beneficio de otros países aún en aquellas áreas estratégicas en las que México no cuenta con grupos de trabajo consolidados. El Conacyt cuenta con un programa de repatriación para aquellos mexicanos en el extranjero que deseen incorporarse a algún centro de investigación nacional. Sin embargo, para que las repatriaciones se lleven a cabo debe existir la solicitud, por parte de los centros de investigación receptores para incorporar a los investigadores a sus plantillas mediante la oferta de plazas. Frecuentemente, las instituciones de educación superior no están en condiciones.

México no sólo requiere preparar científicos capaces, también necesita de los instrumentos necesarios para recuperarlos una vez finalizada su formación en el extranjero. Si existen programas de repatriación, pero las instituciones de educación superior no poseen los recursos económicos para asegurar una renovación sistemática de su planta docente y de investigación. Se requiere el incremento en el presupuesto de dichas instituciones, a fin de lograr el retorno de estos recursos humanos que tanto han costado al país. Esto no será posible a menos que se cuente con las plazas en las diferentes instituciones de educación superior. Es necesario insistir en que la "fuga de cerebros" representa para el país una grave pérdida de capital económico y humano.

El Gobierno mexicano debe de reconocer que la actual política de repatriación beneficia principalmente a los países desarrollados. La formación de los jóvenes científicos ha sido financiada por el Estado, pero son los países desarrollados quienes han aprovechado esta inversión contratando y ofreciendo plazas a los recursos humanos que no les han costado.

En la mayoría de los casos, los jóvenes investigadores, en quienes se ha invertido una gran cantidad de dinero, no regresan a México por la falta de oportunidades. No buscar revertir esta situación costará aún más al país. Se requiere incrementar el presupuesto de las instituciones de educación superior con la finalidad de cosechar los frutos de esta inversión en beneficio de la sociedad.

Los recursos destinados a instituciones de educación superior son pieza clave para conformar una sociedad más justa y equitativa. En particular, la Universidad Nacional Autónoma de México es el fiel de la balanza para abatir las profundas desigualdades que caracterizan al país; es una institución comprometida con la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. Sus aportaciones contribuyen a la construcción de un México mejor, y es referencia a nivel internacional, al colocarse entre las 100 mejores del mundo, por encima de cualquiera en Iberoamérica.

La visión que se tenga sobre el desarrollo y fortalecimiento de la Universidad Nacional, representa una clara apuesta sobre la viabilidad de México como nación. Si existe una Universidad Nacional fuerte, el proyecto de México es posible. Si el pasado del país no se entiende sin la Universidad, su futuro tampoco; la Universidad es, hoy día, el gran proyecto cultural y educativo del país y depende de todos el que se mantenga como una referencia en educación superior e investigación en el ámbito internacional.

En mi calidad de diputado federal, y por iniciativa de jóvenes doctores en el extranjero, quienes me comunicaron su legítima preocupación de que fuera de México existe un sin número de investigadores con iniciativa e ideas, pero se requiere el apoyo del gobierno federal a las universidades, para que estas abran sus puertas y los aprovechen en beneficio de la sociedad.

Por lo que propongo a esta soberanía el incremento en los recursos destinados a la educación superior en general y en particular, a fin de establecer un programa tripartita (gobierno-universidades-investigadores en el extranjero) para que las instituciones de educación superior consoliden y se amplíen las áreas de investigación esenciales para el desarrollo del país. Se requiere de una política que otorgue los instrumentos necesarios a las instituciones, para que sean capaces de incentivar a los jóvenes doctores que terminan exitosamente sus estudios en el extranjero, para su repatriación; la sociedad ha invertido en su formación y está en derecho de exigir su recuperación

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados a asignar, en el ejercicio de sus atribuciones, mayores recursos a la educación superior en general y a la UNAM en particular, en el dictamen que sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se presente al Pleno de esta honorable asamblea; dichos incrementos deberán considerar recursos suficientes para la creación de un plan de recuperación de la inversión humana realizada para el Estado mexicano, que ha financiado el estudio de posgrado a mexicanos en el extranjero.

Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS DESTINADOS AL FONDO DE APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK LÓPEZ BARRIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Érick López Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

No podemos omitir que suman ya varios años de que en cada discusión del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se evidencia la falta de recursos para las instituciones de educación superior del país, y de manera particular para las universidades públicas estatales cuyo subsidio estatal y federal por alumno se encuentra por debajo de la media nacional.

Y es que en México la educación superior no ha sido una prioridad en materia presupuestal, por lo que la continua falta de recursos se ha constituido en un verdadero problema de carácter financiero para muchas de las universidades públicas estatales del país, dificultando con ello "su operación adecuada y la realización de sus planes de desarrollo institucional con altos estándares de calidad."

Gran parte de este problema obedece a la inequidad en la distribución de los recursos públicos entre las universidades, debido a que el subsidio federal y estatal que reciben estas instituciones "no obedece a un modelo que tenga criterios claros de cobertura de matrícula y de desempeño institucional".

De este modo, se han acentuado los problemas financieros de casi 30 instituciones de educación superior, cuyo financiamiento –tomando como indicador el subsidio por alumno– se encuentra por debajo de la media nacional (46.8).

Dicho sea de paso, que el subsidio total que reciben esta treintena de instituciones oscila entre los 5 mil y 46 mil pesos por alumno, en contraste con aquellas universidades que reciben un subsidio entre los 50 mil y 103 mil pesos por alumno. Como se puede ver, la brecha de financiamiento entre los 5 mil y los 103 mil pesos, es enorme e inequitativa.

Es por ello que, frente a esa disparidad y para atender los rezagos económicos de algunas de estas universidades, se creó el Fondo de Apoyo para Saneamiento de las Universidades Publicas Estatales por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno, del cual, catorce universidades públicas estatales se beneficiaron de los mil millones de pesos que les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, dentro del Ramo 11, correspondiente a educación pública.

Estos recursos –extraordinarios– ayudaron a subsanar algunos de los problemas financiero de estas universidades, sin embargo, el rezago continuó, por lo que al año siguiente se propuso la adición del anexo 33 (en materia de educación) al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, con el fin de asignar las mismas partidas de 2007 a las catorce universidades con rezago en subsidio por alumno, cuyos análisis y estudios justificaron las necesidades económicas de éstas.

Esas instituciones son la Universidad Autónoma del Estado de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

No obstante el apoyo recibido durante los dos últimos años, estas universidades aún enfrentan serios problemas financieros por importantes adeudos que tienen con instituciones de seguridad social (como IMSS, ISSSTE e Infonavit), con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por impuestos retenidos y no enterados en años anteriores), y con otras dependencias y/o acreedores; pues la mayoría de los recursos han sido destinados –por que sólo alcanza para eso– a cubrir el pago de salarios.

Por ello, es indispensable que se aplique un nuevo esquema de subsidio para las instituciones de educación superior, que bajo el principio de equidad, se base en criterios de matrícula y desempeño institucional; pues sólo de este modo, se logrará una distribución justa de los recursos públicos, que sea acorde a las necesidades de cada institución.

De lo contrario, los problemas financieros de estas universidades no podrán ser subsanados en su totalidad y sólo se pondrá en riesgo la calidad educativa de las mismas. Recordemos que la educación superior debe ser considerada como un sector estratégico y fundamental para el desarrollo del país; por lo que los recursos asignados a la educación deben ser considerados como una inversión y no como una carga al erario público.

En función a lo anterior, propongo que hagamos un esfuerzo político para concretar en su totalidad el saneamiento financiero de las universidades publicas estatales que presentan mayor rezago en cuanto al subsidio federal y estatal por alumno, ya que, nuevamente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 sólo se han contemplado mil millones de pesos para el Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno y, como ya se mencionó, este monto ha resultado insuficiente para tal fin, por lo que se propone sean asignados a este fondo, por lo menos mil millones más.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente a por lo menos 2 mil millones de pesos el monto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, al Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Érick López Barriga (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR UNA COMPARSA TRADICIONAL DE CAPORALES EN TLÁHUAC, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la llegada de los españoles, la delegación Tláhuac vio nacer, uno a uno a sus siete pueblos originarios; pero también a un cúmulo de tradiciones, festividades, celebraciones, templos y ritos que aun ahora encienden la memoria y dan colorido a las fechas más representativas de esta delegación. El día de muertos, las fiestas de las flores, el carnaval, los tapetes de aserrín, los honores al maíz y al elote, los largos peregrinajes para celebrar las raíces, son parte de una manera de ser que vivió del agua y que ahora comparte su destino con la gran urbe.

Por las tradiciones de sus pueblos originarios, que dan al paisaje, a los barrios y a las costumbres un sello distintivo, cada fiesta es una celebración en Tláhuac, por ello acuden a visitarla vecinos de otras demarcaciones y aun de otras entidades de la república.

En San Pedro Tláhuac, la cabecera delegacional y fundada en el siglo XII, es posible visitar el templo de San Pedro Tláhuac. A unos pasos, está el embarcadero, donde se puede disfrutar de comida tradicional mexicana. También se puede visitar el mercado o incursionar en el paisaje a bordo de una trajinera y pasear por el lago de "Los Reyes" y sus canales.

Aquí, se celebra cada año la feria de San Pedro, así como el carnaval y los jubileos. Cuando las comunidades organizan los convivios, salen a las calles y se consume el rico mole en todas sus variedades posibles, así como tamales de frijol y los conocidos tlapiques rellenos con vísceras de pollo, acompañados de aguas frescas o pulque.

En San Francisco Tlaltenco, se encuentra la iglesia más antigua de los siete pueblos originarios de Tláhuac. Este es un pueblo de fiestas, como la que se realiza el 4 de octubre en honor a su santo patrono: el carnaval, donde comparsas de abolengo desfilan por sus calles para dar vida a una tradición de décadas.

El carnaval de Tlaltenco se celebra desde fines del siglo XIX. En esa época ya se utilizaba la música de los sones chinelos. El carnaval en San Francisco Tlaltenco era muy sencillo; los participantes confeccionaban su disfraz con lo que tenían a su alcance, hacían sus máscaras con elementos naturales, como corteza de árbol y pedazos de piel de animales, y no se usaban pistolas.

El tipo de danzas y disfraces de carnaval adoptados en San Francisco Tlaltenco fueron influenciados por el de carnaval de Chimalhuacán, donde destaca el baile de cuadrillas, el cual consiste en complejas evoluciones creadas por grandes maestros de baile y que fueron introducidas en 1830, adaptándolas a la música de las "Cuadrillas de Honor", que se tocaban para dar inicio a una festividad importante.

Todas las festividades y ceremonias dan lugar a multitud de manifestaciones de cultura popular que comprender artesanías, danzas, música y teatro en la delegación de Tláhuac. El carnaval llega a Tláhuac, días después de sufrir una serie de transformaciones a través del tiempo, que lo han convertido en una fiesta multicolor.

Santiago Zapotitlán, es de los pueblos con mayor riqueza histórica, donde podemos observar las danzas de los charros, caporales y zapatistas, bailadas por comparsas de adultos y niños, y se elige una reina del carnaval.

En el pueblo de San Francisco Tlaltenco se lleva a cabo el carnaval con comparsas de danzantes, vestidos con trajes de charros y jovencitas recorren las calles del pueblo bailando al ritmo del son de las cuadrillas. El festejo se celebra por cuatro domingos consecutivos con motivo de la cuaresma religiosa y sucede en fechas variables, entre febrero y abril.

Asimismo, durante el periodo de Cuaresma, en la Plaza Centenario se dan cita por las noches las cuadrillas que inician el baile que concluye con la Semana Santa. Otra festividad, la dedica al Cristo del Señor de Mazatepec, es ocasión para que los lugareños convivan alegremente y se deleiten con los ricos guisos de la zona.

En la actualidad, hombres y mujeres con el típico traje de charro y de china poblana, respectivamente, con disfraces de travestis, máscaras de diablos, calaveras o animales, contorsionan sus cuerpos al ritmo de la música y dan rienda suelta a su alegría.

De acuerdo con la tradición tlahuaquense, "el carnaval representa una oportunidad para excesos, desenfreno y liberación, previos a la abstinencia y recato ante la Cuaresma y Semana Santa Cristiana. Es una fiesta popular que por lo general inicia durante los tres días llamados carnestolendas, que preceden al miércoles de ceniza, o sea, previo a la Cuaresma".

El carnaval permite el encuentro de bailes, música, juegos, máscaras y representaciones de la vida cotidiana para constituir un ritual indígena, y de práctica común en diferentes estados de la República Mexicana a partir de la Cuaresma.

Los elementos principales de una festividad, para que sea identificada como carnaval, se refieren a que su celebración coincida con un ciclo agrícola o biológico como lo marca la Cuaresma a partir del mes de marzo. Otra característica de los carnavales, es la posibilidad de un cambio de personalidad a través de un disfraz y de las danzas que satirizan alguna faceta de la vida cotidiana.

Con lo anterior, se demuestra que existe una similitud entre las fechas en que se llevaron a cabo las celebraciones prehispánicas, al inicio del ciclo agrícola, y las festividades católicas como la Semana Santa. En la Época Colonial, se realizaba, en esas fechas, la fiesta de mayor expresión de creencias y prácticas de la religión popular en Mesoamérica.

De todo ello, lo más preocupante es que su difusión hace pensar que esta festividad consiste en un simple desfile.

En diferentes partes de la delegación se pueden observar las diversas comparsas que existen en la delegación, estas son representativas de los pueblos que rodean a San Pedro Tláhuac, pero desafortunadamente este no cuenta con una comparsa que sea representativa, tal y como lo proponemos y se plantea en esta propuesta, ya que en los pueblos de Tlaltenco y Zapotitlán cuentan con una tradición de gran importancia, mientras que en San Pedro Tláhuac no es así.

Por consiguiente proponemos la creación de una Comparsa de Caporales que represente a la delegación Tláhuac, para continuar con una tradición de más de 90 años, así como:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Cultura, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se contemple y se etiquete la cantidad de 600 mil pesos para la creación de una comparsa tradicional de caporales en la delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR UN CENTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN TLÁHUAC, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las artes son un fenómeno social, un medio de comunicación, una necesidad del hombre de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos, el arte es un producto o acto creativo.

Existe en el país una larga e importante tradición de instituciones culturales que han jugado –y juegan– un papel relevante en los procesos de producción y reproducción de nuestra vida cultural, que han salvaguardado y puesto en valor nuestro patrimonio, desarrollando la investigación arqueológica, creando una importante infraestructura y ampliando los espacios sociales para el desenvolvimiento, disfrute y difusión de las artes.

El Instituto Nacional de Bellas Artes, por su parte, nace con una vocación nacional de promover la educación artística y la difusión de las artes.

Merced a su impulso, se crean Institutos estatales de Bellas Artes en diferentes entidades federativas, los cuales cumplieron una función muy relevante como pioneros de la enseñanza artística en el país.

La creación del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, en 1988, fue significativa en muchos sentidos, a pesar del carácter limitado del estatuto jurídico de la institución, está enmarcada por la necesidad de crear una entidad capaz de dar organicidad y cohesión a la política cultural del estado, dispersa en un gran número de instituciones.

La creación de los organismos estatales de cultura en los últimos diez o quince años tiene una doble importancia: por una parte, significó la constitución del organismo público que puede incorporar las visiones y propuestas de los actores locales en el ámbito de la cultura; la posibilidad de pensar la cultura desde los intereses y la realidad de las localidades mismas, y no desde los gabinetes de la ciudad de México, así como de incorporar la agenda de la cultura dentro de la planeación estratégica de los gobiernos estatales.

En términos prácticos, esto se ha traducido en presupuestos especiales de magnitud variable, según el estado de que se trate, para las tareas de la promoción cultural y autonomía relativa en la planeación y ejecución de las mismas. De manera general, los organismos de cultura de los estados nacieron sin mucho peso político específico dentro de los gabinetes estatales, con presupuestos más bien insuficientes.

Por tanto, y como parte de sus responsabilidades institucionales de nuestras instancias federales y su compromiso con la cultura, a mediados de los años setenta se crearon en nuestro país doce centros educación artística en la ciudad de México, de los cuales ya sólo existen 3, y 8 en todo el país, cuyo objetivo era que sus egresados tomaran el cargo de impartir la educación artística.

En la actualidad, este modelo educativo integra la formación del bachillerato general con el estudio de asignaturas provenientes de cuatro áreas artísticas. Por su carácter propedéutico, proporciona las bases y los conocimientos necesarios para continuar estudios de nivel superior, tanto en el campo de las artes como en las ciencias y las humanidades.

A partir de la integración de saberes de la danza, la música, el teatro y las artes plásticas, contribuye en el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas, sociales y expresivas que redundan en una auténtica formación integral de sus egresados.

En nuestro país la educación de los jóvenes y la relación con la cultura constituye frecuentemente un área menor en las agendas gubernamentales, que en ocasiones deben acotar su ámbito de acción a la enseñanza regular, al tener que priorizar el uso de unos recursos escasos. Sin embargo, son cada vez mayores los esfuerzos por proporcionar educación a aquellos que no lograron insertarse con éxito en el sistema educativo.

Desde una perspectiva de los derechos humanos la educación es un medio para que las personas desarrollen todas sus capacidades y potencialidades y tengan acceso a la herencia cultural de la humanidad. Además la educación contribuye a que podamos exigir y ejercer otros derechos humanos. Mediante la educación, las personas aprenden a relacionarse unas con otras en un ambiente de respeto y de equidad. La educación es un derecho universal y en México está garantizada mediante el artículo tercero constitucional. Todos los mexicanos tienen derecho a la educación y además a no ser discriminados de acuerdo con el artículo primero constitucional.

Es de considerar que además de la educación se tienen que dar satisfactores como alimentación, vestido, calzado y vivienda imprescindibles para el desarrollo integral de la familia, sin embargo al observar los resultados consideramos que el problema de la deserción aunque reside en gran forma al nivel socioeconómico percibido, también lo es el sobre-cupo en algunos planteles debido a una mala distribución, área geográfica o el aumento de la población como es el caso de Tláhuac.

En México, de acuerdo con el índice de rezago social, 45.9 por ciento de la población mayor de 15 años cuenta con estudios de educación básica incompleta, lo que implica que esta población estará ocupándose, cuando logre hacerlo, en los empleos de menor calidad, sin acceso a la seguridad social; sin prestaciones mínimas y nuevamente, sin la garantía de una pensión digna en el futuro.

Cuando se habla de pobreza, suele pensarse mayoritariamente en la ausencia o insuficiencia de ingreso; se cree que si se eleva el ingreso, los problemas sociales comenzarán a resolverse de manera gradual y sostenida; sin embargo, lo que no se ha planteado suficientemente, es que los efectos que genera la pobreza en las personas puede producir simultáneamente, no sólo la pérdida de oportunidades, sino del propio deseo o de la voluntad de intentar construir proyectos de vida basados en la formación educativa o incluso a través del empleo formal.

Ante esta realidad, México todavía carece de una política precisa de atención a los adolescentes y pocas instituciones cuentan con políticas y programas específicos que de manera directa atiendan a la juventud y a la cultura.

A manera de conclusión, en la actualidad no sólo no hay ausencia del Estado en las tareas del desarrollo cultural del país, sino que la promoción pública de la cultura es escasa. Hay muchas asignaturas pendientes, sobre todo en un país como éste, con un enorme patrimonio cultural tangible e intangible, con un gran vigor creativo, con gran densidad histórica, con una composición y dinámica social de gran complejidad y que enfrenta, tanto en lo interno como en lo externo circunstancias de cambio.

Crear un centro de educación artística en la delegación Tláhuac, cubrirá algunos rezagos educativos, artísticos y sobre todo culturales a nivel medio superior, enfocado a satisfacer las necesidades de la región sur oriente del Distrito Federal en las delegaciones de Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco; elevara el bienestar y el desarrollo integral de las y los jóvenes, mediante la ampliación de sus capacidades y opciones escolares y artísticas.

Crear una institución sólida para que sea un semillero de jóvenes artistas, que se desarrollen en el ámbito profesional de la danza, teatro, música y artes plásticas, por lo tanto crear profesionales en esta área.

En razón a lo expuesto anteriormente y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, a de Cultura, de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se contemple y se etiquete la cantidad de 78 millones de pesos para la creación de un centro de educación artística en la delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA MEJORAR CUATRO CENTROS DE SALUD EN TLÁHUAC, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, combatirla es una responsabilidad pública, por esa razón, la salud es el eje por el cual debe girar las políticas sociales de un gobierno para proveer bienestar a su población. En el caso de México, el marco jurídico que define el derecho al acceso a los servicios de salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

De acuerdo a los índices de marginación en México, podemos decir y confirmar que las condiciones de marginación y pobreza más notoria se localizan en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco. Lo que ubica a la zona sur-oriente de la Ciudad de México con condiciones de alta y muy alta marginalidad.

En lo relativo a la dinámica sociodemográfica de la delegación Tláhuac, es importante hacer notar el crecimiento poblacional. En las décadas de 1970 a 1990 se registró una explosión poblacional lo que derivó en un aumento superior al 400 por ciento. En1970 habitaban en la delegación 62 mil 419; para 1990 su población era de 206 mil 700 personas, y como consecuencia de la progresiva saturación del suelo urbanizable, la población continuó en ascenso hasta llegar a los 344 mil 106 habitantes en 2005.

En este último año, Tláhuac registró una tasa de crecimiento del 4.1 por ciento. Asimismo, la población de esa delegación, en el periodo comprendido en 1970 a 2005, paso de representar del 0.91 por ciento al 4.2 por ciento con respecto al total de los habitantes del Distrito Federal.

Lo que refleja que en las últimas dos décadas, la delegación Tláhuac acelera los procesos de urbanización con la expulsión de pobres hacia la periferia y el despoblamiento de la ciudad central, lo que agudiza su segregación socioterritorial y polariza las condiciones de vida y salud.

Actualmente el crecimiento poblacional en Tláhuac es el más alto en el Distrito Federal, así como también presenta la tasas de fecundidad y natalidad más altas. Se puede demostrar que la delegación Tláhuac cuenta con un 85 por ciento de pobres.

La ciudad de México presenta en términos generales valores promedio de los indicadores de vida y bienestar por arriba de la media nacional, sin embargo, cuando se analizan las regiones, delegaciones o espacios-población específicos, el comportamiento de los indicadores expresa condiciones de vida muy heterogéneas y revela territorios fragmentados.

Al analizar por separado los índices de marginalidad, se observa que Tláhuac se ubica sistemáticamente en uno de los últimos lugares de las delegaciones, concentrando así las mayores proporciones de vivienda precaria, la insuficiencia en el equipamiento básico de servicios y los porcentajes mayores de no derechohabiencia. Los indicadores también señalan porcentajes elevados de población de 15 y más años sin instrucción y de población económicamente activa con ingresos menores a tres salarios mínimos.

En Tláhuac la mayoría de las viviendas se encuentran localizadas en territorios fuera de las disposiciones urbanas, y habitadas por familias de trabajadores de bajos ingresos, así como, por población subempleada y desempleada. Lo que representa que cerca de un 52.9 por ciento de la población carece de seguridad social.

Los datos de marginalidad encontrados contribuyen al perfil de morbilidad caracterizado por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas y carenciales.

Respecto al problema de enfermedades carenciales en menores de 5 años, se observa que la delegación Tláhuac, presenta la mayor frecuencia de estos padecimientos y el diagnóstico de desnutrición leve se ubica entre las principales causas de morbilidad por demanda de atención de los servicios de salud. La mortalidad infantil es elevada ya que en los últimos años esta delegación presento los índices más altos de muerte en niños menores de un año, por una tasa de 22 por cada 10 mil NVR.

Los cambios en los perfiles demográficos y epidemiológicos de la población urbana y de la desinversión federal en infraestructura medico sanitaria, profundiza el desfase entre las necesidades de salud y las capacidades de atención del sistema público nacional.

En los últimos 30 años la transformación socio territorial de la Ciudad y la inversión insuficiente en infraestructura en salud, se combinó negativamente y produjo un desfase entre las necesidades de salud de la población y la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

La situación externa está representada por los hospitales pediátricos que en promedio tienen 40 años de haber sido construidos, por lo que su ubicación corresponde a las necesidades de atención médica y a los patrones de poblamiento de esta época; lo que explica, parcialmente, que la ocupación de estas unidades oscila entre el 50 y 55 por ciento. En contraste, una parte sustancial de la demanda de atención de estas unidades proviene de la zona conurbada.

Si bien la cuidad de México concentra como ninguna otra entidad, recursos e infraestructura para la atención a la salud a la población sin seguridad social, su distribución es desigual, concentrándose sobre todo en la parte central de la ciudad.

Las unidades hospitalarias están ubicadas en donde estaba la población hace 30 a 40 años en su mayoría, el diseño y la construcción de las unidades medicas corresponden a los principales problemas de enfermedad y muerte de esta época. Esta situación se agrava por la escasa inversión para adecuar la disponibilidad de los servicios de salud a los patrones demográficos, epidemiológicas y de poblamiento de la ciudad actual y futura.

Otro problema que enfrentan los servicios de salud de Tláhuac es que gran parte de los usuarios de este servicio provienen del Estado de México. Por tal motivo se necesita mejorar la infraestructura de los centros de salud de las colonias Quiahuatla, Zapotitla y los pueblos de Mixquic y Santa Catarina en esta delegación.

En conclusión, lo que se pretende con la siguiente propuesta es:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se considere y etiquete la cantidad de 70 millones de pesos para la sustitución y mejoramiento de cuatro centros de salud en la delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO DE SAN JUAN IXTAYOPAN A SANTA CATARINA, EN TLÁHUAC, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

La mayoría de estudios con respecto a la marginación y pobreza establecen, que estas condiciones son más notorias en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco.

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos establecer que, las condiciones de alta y muy alta marginación se ubican en la periferia del Distrito Federal, esto es, en las zonas de más reciente urbanización que sufren de varias carencias en su infraestructura urbana.

La disparidad en los niveles de marginación entre distintas zonas de la ciudad también se aprecia en la distribución de la población residente en zonas urbanas según el grado de marginación por delegación. Puede verse que en ciertas delegaciones, como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapozalco y Coyoacan, la población residente tiene una marginación escasa o mínima. De hecho, en todas estas delegaciones dos terceras partes o más de los habitantes residen en zonas de baja o muy baja marginalidad. En contraste, en ciertas delegaciones más del 80 por ciento de la población reside en zonas de alta y muy alta marginalidad, en este grupo se encuentran, Milpa Alta, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac.

La delegación Tláhuac está situada en el sureste del Distrito Federal, colinda al norte con Iztapalapa, al sur y suroeste con Milpa Alta y al oeste con Xochimilco; al ser limítrofe del Distrito Federal colinda al este con los municipios mexiquenses de Valle de Chalco Solidaridad y Chalco. Por esta ubicación la delegación puede ser considerada como periférica y tiene un relativo aislamiento respecto al centro de la ciudad siendo sus intercambios más hacia los municipios mexiquenses colindantes.

Los datos del último censo del INEGI 2005, en la delegación Tláhuac dan una cifra de 344 mil 106 habitantes, de los cuales 167 mil 271 son hombres y 176 mil 835 son mujeres, el grupo quinquenal de 10 a 14 años es el que cuenta con mayor población, la población de 0 a 24 años representa cerca del 48 por ciento de la población, lo que especifica que la mayor parte de los habitantes esta demarcación esta representada por población joven. Así la delegación sufre un doble impacto: el de la migración y el de una alta natalidad.

Para el año 2005, en una superficie de 9 mil 178 hectáreas, que representa el 6.70 por ciento del total del territorio del Distrito Federal, en la delegación su población representa el 3.9 por ciento del total en el Distrito Federal, en condiciones precarias, de deterioro habitacional y con acceso limitado y deficiente de los servicios públicos. Del total de hectáreas que componen la delegación, 3,121 son de suelo urbano, de las que el 51 por ciento correspondían a uso habitacional; y de las 6,057 hectáreas restantes son de conservación; las que enfrentas, de forma frecuente, problemas de invasión y desalojos.

En materia de equipamiento para salud la situación es aún más deficitaria. Para el 2005 se contaban con escasa unidades médicas en servicio, si a esto de le suma el hecho de que tampoco las delegaciones próximas, Xochimilco y Milpa Alta, cuentan con hospitales de especialidad, las necesidades de los habitantes de Tláhuac se cubren en delegaciones más lejanas, lo cual implica la realización de largos recorridos.

Por otro lado, los problemas que enfrentan los habitantes de Tláhuac son las vialidades, por ello es que se necesitan desarrollar proyectos para la construcción de nuevas arterias que permitan un mejor flujo vehicular y de alguna manera minimicen los impactos que ocasionara la obra de la línea 12 del metro.

Cabe señalar que en la Ciudad de México existen mil kilómetros de vialidades primarias, y en Tláhuac apenas se cuenta con 15 kilómetros de total.

Por lo que respecta a la infraestructura vial básica y de transporte, la delegación dispone de pocas vías de acceso como las avenidas Tláhuac, Tláhuac-Tulyehualco, División del Norte y 20 de Noviembre, así como Leandro Valle, antiguo camino a Tlaltenco y el Eje 10 que desemboca en la carretera federal México-Puebla.

El servicio de transporte público está integrado por autobuses urbanos, colectivos, taxis y bicitaxis. Las rutas de transporte delegacional e interdelegacional se ubican principalmente en la avenida Tláhuac-Tulyehualco, por ser esta la de mayor comunicación con las delegaciones vecinas, sin embargo, el servicio de transporte es insuficiente y caro para una población perteneciente en su gran mayoría a grupos de bajos ingresos. Además, las distancias de los desplazamientos son mayores que en el resto de la Ciudad, baste mencionar que las estaciones más cercanas del Sistema Colectivo Metro se encuentran en la delegación Iztapalapa y en Coyoacán.

Por las características socioeconómicas y geográficas de la delegación, es necesario integrar a su población a un trabajo digno y cercano a sus domicilios.

En razón a lo expuesto anteriormente y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Comunicaciones, de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se contemple y se etiquete la cantidad de 300 millones de pesos, para la construcción de la segunda etapa de libramiento de San Juan Ixtayopan a Santa Catarina en la delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO ARROYO SECO-SAN MATEO TUNUCHI, EN SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, Guadalupe Socorro Flores Salazar, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, fue fundado, según sus tradiciones en el siglo XIV, en el lugar que hasta la fecha existe, nombrado Tecomaxtlahuaca El Viejo, pueblo sumamente antiguo; se considera que fue el más grande por su número de habitantes y aún en la actualidad se hallan vestigios de muchos edificios llamados "momoxtles" y "tetales". Cuenta con una historia muy importante del estado de Oaxaca, ya que sus poblados se encuentran fundados desde el siglo XV.

Se localiza en la parte noreste del estado, contando con una extensión total de 369.99 kilómetros cuadrados y la superficie del municipio con relación al estado es de 0.39 por ciento. La orografía de sus montañas llega a tener una elevación máxima de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar. Sus recursos naturales son la explotación de madera y explotación minera ya que la región es montañosa.

La población que habita la zona es del grupo étnico mixteco, y de acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en 2005, habitan en el municipio un total de 6 mil 916 habitantes.

Las condiciones de educación, salud, abasto, deporte, vivienda y servicios públicos son realmente precarias, ya que esta región se encuentra en límites con Guerrero, donde se localizan los municipios más pobres del país.

Los medios de comunicación son escasos y muy precarios para todo el municipio, y en especial la cobertura de servicios públicos en las comunidades son de una precariedad a grandes dimensiones.

Ochenta por ciento de la población se dedica a la agricultura, se produce: maíz, chile, frijol, papa, alfalfa, hortalizas y frutales. La ganadería se produce en muy poca escala, del 5 por ciento, ya que en esta actividad solamente es de traspatio.

El restante 15 por ciento de la población se dedica a la tala de montes con técnicas muy rudimentarias, de la cual en su mayoría extraen tablas, polines, vigas, duelas y otras más. Solamente existe el comercio de productos de primera necesidad en pequeña escala.

La configuración topográfica de San Sebastián Tecomaxtlahuaca determina que las comunicaciones existentes se limiten en la mayor parte de los casos a caminos de terracería y veredas que comunican a la cabecera municipal con sus comunidades y rancherías. Tanto el municipio de San Sebastián en su conjunto como la comunidad de San Mateo Tunuchi presentan elevados índices de marginación y bajos índices de desarrollo humano, que ameritan urgentemente de inversiones en educación, en salud y en infraestructura de comunicaciones y transportes para romper el círculo vicioso de pobreza en el que viven sus habitantes.

Una estrecha carretera de dos carriles comunican a San Sebastián Tecomaxtlahuaca y a San Mateo Tunuchi con puntos importantes de la mixteca oaxaqueña: Santiago Juxtlahuaca (cabecera de distrito) y Huajuapan de León. A partir de dichos puntos es posible acceder a las ciudades de Oaxaca (vía Huajuapan o Tlaxiaco) y México (vía Cuautla o Tehuacán).

En suma, San Mateo Tunuchi es una comunidad de alta marginación, al igual que el municipio al que pertenece, e incluso la marginación es todavía más elevada.

Dado el alto índice de marginación y el bajo índice de desarrollo humano de San Sebastián Tecomaxtlahuaca y sobre todo de San Mateo Tunuchi, la inversión en educación y en salud es indispensable para romper el círculo vicioso de pobreza y marginación en el que viven sus habitantes.

Asimismo, la inversión en infraestructura de comunicaciones y transportes es indispensable para comercializar la poca producción agrícola de las comunidades del municipio en cuestión, ya que muchas familias que habitan en las rancherías de San Mateo Tunuchi se dedican al cultivo del maíz para la venta, y desafortunadamente no pueden transportarla a los mercados de Huajuapan o de Juxtlahuaca por lo accidentado de los caminos de terracería de que disponen.

De esa manera, San Mateo Tunuchi, como la mixteca oaxaqueña en general, se ve sumergido en un círculo vicioso y complejo de pobreza y marginación, tanto por aspectos culturales como por aspectos demográficos y económicos que se entrelazan y refuerzan entre sí.

Asimismo, destaca un "círculo vicioso demográfico" por lo elevado de la tasa de natalidad. En San Mateo Tunuchi la mayoría de las parejas llegan a tener entre 5 y 7 hijos, lo que produce miseria y a su vez la miseria impide el control de la natalidad. Y, por último, destaca el "círculo vicioso económico" que se explica por la escasa producción laboral, resultado de la falta de formación personal, que se traduce en bajos salarios que impiden el desarrollo económico.

De esa manera, los bajos niveles de escolaridad, la deficiente atención a la salud y la mala alimentación que prevalecen en San Sebastián Tecomaxtlahuaca y de manera particular en San Mateo Tunuchi, se expresan en baja productividad laboral y en bajas remuneraciones salariales que impiden a las familias invertir en educación, en atención a la salud y en una buena alimentación que determinan a su vez una baja productividad laboral encerrando a la economía en un círculo vicioso de pobreza que se retroalimenta y acrecienta.

Por esta razón se propone que el desarrollo de la región se inicie con inversiones estatales en educación, en atención a la salud, y sobre todo con el desarrollo de infraestructura adecuada y eficiente de comunicaciones y transportes basados en carreteras que permitan a estas comunidades salir del atraso ancestral en que por años han vivido.

La construcción de un tramo carretero de 18 kilómetros de distancia entre los poblados de la comunidad de Arroyo Seco a San Mateo Tunuchi permitirá una buena comunicación entre diversas comunidades, de las cuales se beneficiaran 15 poblados y rancherías en las cuales habitan aproximadamente 4 mil habitantes.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Comunicaciones, de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren y etiqueten 30 millones de pesos para la construcción de un tramo carretero de la comunidad de Arroyo Seco a San Mateo Tunuchi, en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA APOYAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Alejandro Sánchez Camacho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ciudad de México no sólo es la capital política de la República Mexicana sino, también, la capital económica, toda vez que en ella se genera alrededor de 20 por ciento del PIB y 25 por ciento de la recaudación tributaria. No obstante, en los últimos años se ha venido observando una pérdida significativa de competitividad y una escasa generación de empleo. Conforme a la dinámica demográfica actual, la ciudad necesita crear alrededor de 200 mil empleos por año para mantener el nivel de vida de sus habitantes y para reducir el desempleo y la pobreza.

El fomento o la promoción económica es una pieza clave para alcanzar altas tasas de crecimiento y empleo, mediante la identificación de sectores productivos de alto impacto económico y el otorgamiento de estímulos y facilidades específicos a dichos sectores.

La promoción económica busca alcanzar metas específicas de crecimiento y empleo por medio de la acción dirigida y concertada de las políticas públicas. Dichas metas están alineadas con la dinámica poblacional de la región y con los desafíos que tiene la Ciudad en materia de pobreza y reducción de brechas sociales.

A este fin, en el Distrito Federal se han implantado varias acciones de fomento económico para detonar la competitividad y el empleo por medio de apoyos y programas dirigidos a apoyar a las micro y pequeñas empresas, que constituyen la fuente principal de empleo de la ciudad.

Para seguir impulsando los programas que inciden en el desarrollo económico, la Ciudad requiere un apoyo de 167 millones de pesos para el ejercicio de 2009. Los programas y proyectos específicos que se impulsarán con estos recursos son

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 considere 167 millones de pesos para apoyar el Programa de Desarrollo Económico del Distrito Federal, a fin de impulsar proyectos de fomento de la competitividad y el empleo en la Ciudad de México.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y AL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL A REEVALUAR A LOS DEUDORES DEL EXTINTO BANRURAL DE YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN JESÚS DÍAZ MENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento por lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende cobrar, a como dé lugar, la deuda que adquirieron con el entonces Banrural los trabajadores del campo yucateco y, a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, se iniciaron miles de juicios en contra de campesinos y jornaleros que no han podido saldar sus deudas. Al promover estos juicios, los agricultores fueron enviados al buró de crédito, por lo que cargan en sus hombros la presión de las demandas extrajudiciales y el temor de perder su patrimonio.

En Yucatán, gran parte de la gente del campo que adquirió deudas con el extinto Banrural se encuentra en edad no productiva y con los problemas de salud que trae consigo la vejez. Otro sector importante de deudores son campesinos que sobreviven en condiciones económicas precarias y que, incluso, vendiendo sus tierras no alcanzarían a pagar las sumas tan elevadas que les pretenden cobrar.

Como recordamos, en la década los ochenta, cuando se otorgaron los créditos, las condiciones de las tasas de interés se mantenían estables, por lo que recurrir a un crédito resultaba una oportunidad de superación más que una amenaza, pero, en los años subsecuentes, el campo sufrió una crisis por errores de conducción económica en el país, que el gobierno en turno no pudo responder satisfactoriamente y que afectaron directamente a los productores, y, como unos de los daños directos, la pesada cartera vencida.

De continuar con la persecución y presión excesiva con los deudores estaremos contribuyendo al mayor abandono del campo yucateco. El campesino, al sentir que ha perdido su patrimonio, no fomentará el interés por las actividades del campo a las nuevas generaciones. Por consiguiente, tendremos en Yucatán y en el país mayores extensiones de tierras ociosas.

Por tal motivo, resulta indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, otorguen condonaciones a la gente del campo que, por su condición socioeconómica y su estado de salud, no sean aptos para saldar las deudas adquiridas con el extinto Banrural.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y al Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, a realizar una reevaluación de los deudores del extinto Banrural, del estado de Yucatán, a fin de conceder condonaciones a los campesinos de la tercera edad y a quienes son inembargables por su precaria condición económica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS ESTATALES A ADECUAR SU NORMATIVA ELECTORAL CONFORME A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 6 de noviembre de 2007, el Senado de la República declaró aprobado con 30 votos aprobatorios, de los Congresos de los estados, y un voto negativo, del Congreso de Coahuila, el decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales publicándose en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de noviembre de 2007.

Con estas modificaciones a nuestra ley suprema se trazaron tres importantes objetivos que son los siguientes:

Asimismo, la reforma al artículo 116 de nuestro código político significó un trascendente cambio para nuestro federalismo electoral –si así lo podemos llamar–, toda vez que se establecieron en la fracción IV de dicho precepto los contenidos normativos que deben observar las constituciones y leyes electorales de los estados.

En tal sentido, hay que señalar que el propósito de la reforma al artículo 116 constitucional fue el de armonizar las normas constitucionales electorales, aplicables en el ámbito federal, con las existentes a nivel estatal, preservando la armonía entre ellas.

De manera relevante, se dispuso que las elecciones estatales deberán establecer, como día de la jornada comicial, el primer domingo de julio del año que corresponda, con la única excepción de los estados que celebran elecciones locales en el mismo año de la elección federal y tengan establecida una fecha diferente para su respectiva jornada electoral.

No hay que olvidar que dicha modificación la aprobó el Congreso de la Unión como respuesta a un justificado reclamo social derivado de la proliferación de procesos electorales locales en un calendario que comprende todos los años y varios meses dentro de cada año.

El propósito central fue el de no seguir provocando el alejamiento ciudadano de las urnas, la erogación innecesaria de cuantiosos recursos públicos y la permanente actividad electoral de los partidos políticos, así como el continuar sometiendo la relación entre ellos, y con las autoridades, a una tensión que perjudica el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos.

En suma, en el texto del artículo 116 constitucional quedaron establecidas las bases que permitirán a las legislaturas de los estados realizar las adecuaciones a sus respectivas constituciones y leyes electorales, en congruencia con las reformas plasmadas en el artículo 41 constitucional.

Bien vale apuntar que tales adecuaciones se refieren a las siguientes:

Considerandos

Que el Congreso de la Unión estimó prudentes los plazos señalados en el artículo sexto transitorio del decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los Congresos de los estados realicen las adecuaciones a sus Constituciones y leyes electorales, a fin de adecuarlos a la reforma constitucional aprobada en 2007.

Que el artículo sexto transitorio dispone que "las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable, conforme a lo dispuesto en este decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; en su caso, se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Cabe referir que, desde que el Congreso de Tabasco emitió su voto aprobatorio a dicha reforma, no se han celebrado procesos electorales que lo sitúen en alguno de los supuestos que prevé el artículo sexto transitorio del decreto aludido, para que no haya iniciado el proceso legislativo correspondiente, a fin de atender el espíritu del citado precepto y adecuar de esta manera la legislación local electoral con la reforma constitucional de 2007.

Al calor del debate serio y responsable, estas modificaciones fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que entrañan decisiones políticas fundamentales que a su vez fueron avaladas por el Constituyente Permanente y, por tanto, representan un imperativo en la instauración y consolidación del proceso democrático mexicano en su etapa formal.

Para alcanzar los objetivos que esta reforma constitucional se planteó, y propiciar una mayor eficacia en la aplicación de las normas que rigen el sistema electoral mexicano, así como las que componen nuestro orden jurídico nacional, es necesario que las legislaturas estatales, en el ámbito competencial que la ley suprema les confiere, inicien y concluyan sus procesos legislativos respectivos para hacer posible la armonía entre las normas federales y las del ámbito local en materia electoral.

Por lo antes expuesto, pido respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con absoluto apego y respeto a los principios constitucionales de división y colaboración de poderes y la soberanía de los estados, exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, particularmente a la de Tabasco, a adecuar su legislación electoral al decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007; y, con ello, se dé pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del referido decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE CITE A COMPARECER AL TITULAR DE LA SAGARPA A FIN DE QUE ESCLAREZCA LOS SUBEJERCICIOS DE LA DEPENDENCIA EN 2008, DE QUE EXPLIQUE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A APOYAR EL CAMPO POR LAS RECIENTES LLUVIAS QUE HAN AZOTADO AL PAÍS Y DE QUE RINDA CUENTA DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTE 1O. DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura, en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Pareciera que al gobierno federal le pesa brindar ayuda a uno de los sectores que más lo necesita: el campo mexicano. La Cámara de Diputados, como facultad expresa en la Constitución, aprueba anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se establece el monto para apoyar a los distintos sectores.

Para este año, la cantidad ascendió a 2 billones 569 mil 450 millones 200 mil pesos, 6.3 por ciento arriba del proyectado por el Ejecutivo, y 13.7 por ciento superior al aprobado en 2007; siendo las mayores asignaciones, por orden de importancia, para educación, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, y comunicaciones y transportes.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene un presupuesto para 2008 de 64 mil 447.3 millones de pesos, teniendo una erogación al mes de junio de 52.9 por ciento. Es la cuarta dependencia con mayor monto en los subejercicios reportados al segundo trimestre de 2008, al observar mil 365.6 millones de pesos, los cuales se componen de 352.6 millones de pesos que no fueron subsanados en el periodo enero-marzo y de mil 13.0 millones para el periodo abril-junio.

Para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en su apartado para el programa para el desarrollo del campo, tuvo un crecimiento importante del 11.13 por ciento, respecto al presupuestado por el Ejecutivo.

Por otro lado, las fuertes lluvias que han azotado a toda la República Mexicana han puesto en riesgo la cosecha de miles de productores, por lo que resulta de enorme trascendencia que la ayuda llegue cuanto antes, con el objetivo de atender las necesidades de los agricultores, evitando así la pérdida de las cosechas y llega a darse una alza de precios en los bienes.

A dos años de la llegada del secretario de la Sagarpa, su actuación se caracteriza por ser de tonos grises. El campo se mantiene gracias a sus productores y los esfuerzos que se hacen localmente. Sin embargo, ya es tiempo de que sea una prioridad para este gobierno el campo mexicano. No puede seguir rezagándose y dejándolo a la suerte, como lo han hecho las autoridades federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Cámara de Diputados cita a comparecer al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de esclarecer a esta soberanía los subejercicios en el Presupuesto de 2008 de la dependencia; dar cuenta de las acciones tomadas para apoyar al campo en las recientes lluvias que han azotado al país; y rinda cuenta de la glosa del segundo Informe de Gobierno que presentó el titular del Ejecutivo el pasado 1 de septiembre.

Recinto de San Lázaro, a 23 de septiembre del 2008.

Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, Y EN COORDINACIÓN CON LAS COMISIONES DE RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS, UNA REVISIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes y en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, realice una revisión detallada del Programa Nacional Hídrico.

Consideraciones

Como todos sabemos, los problemas que ocupan las agendas mundiales de los gobiernos, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil son la seguridad energética, la soberanía alimentaria y la gestión y manejo de los recursos hídricos.

El agua constituye una parte esencial de todo ecosistema. Una reducción del agua disponible ya sea en la cantidad, en la calidad, o en ambas, provoca efectos negativos graves sobre todos los ecosistemas. El medio ambiente tiene una capacidad natural de regularse; sin embargo, si se la sobrepasa, la biodiversidad se pierde, los medios de subsistencia contenidos disminuyen, las fuentes naturales de alimentos se deterioran y se generan costos sociales, económicos y políticos extremadamente elevados.

Los daños ambientales originan un incremento de los desastres naturales, pues las inundaciones aumentan allí donde la deforestación y la erosión del suelo impiden la neutralización natural de los efectos del agua. El drenaje de humedales para la agricultura (de los que se perdió el 50 por ciento durante el siglo veinte) y la disminución de la evapotranspiración (por desmonte de tierras) causan otras perturbaciones en los sistemas naturales con graves repercusiones sobre la futura disponibilidad de agua. En este contexto, los temas del uso racional del agua y el impulso de una cultura ecológica responsable son una premisa fundamental que sustente cambios estructurales en el país.

Partiendo del hecho de que el planeta está cubierto en 70 por ciento por agua, la mayor parte del líquido, 97 por ciento, es salobre y se ubica en mares y océanos, y sólo 2.5 por ciento es dulce. De este último porcentaje casi 70 por ciento está congelada y 30 por ciento es subterránea; la mayoría a distancias casi inaccesibles por lo que no es aprovechable. En sentido estricto sólo 0.3 por ciento del agua dulce está disponible. Estas cifras revelan que alrededor del 40 por ciento de la población vive actualmente en "estrés hídrico", esto sin contar con las cifras de la ONU, las cuales señalan que en los próximos 50 años se van a sumar otros tres millones de personas que demandarán agua, servicios y alimentos.

Tan sólo en México, la disponibilidad anual es de mil 500 kilómetros cúbicos, de los cuales alrededor de mil 84 se evapotranspiran, 350 van a escurrimientos y 77 a la recarga de acuíferos. En este sentido la disponibilidad per cápita, como promedio nacional ha disminuido aceleradamente desde 1955, cuando era de 11 mil metros cúbicos por habitante por año, a 4.2 mil en la actualidad y se estima que para el año 2025 será de 3.8 mil metros cúbicos.

En el país aún no se alcanza la cobertura total de agua potable y drenaje, las últimas cifras oficiales revelan que al cierre de 2007 la cobertura fue de 89.9 por ciento y 86.1 por ciento respectivamente; es decir, todavía existen alrededor de 11 millones de habitantes sin agua o que para conseguirla tienen que recorrer grandes distancias y 26 millones sin un sistema de saneamiento básico.

Actualmente, 104 de los poco más de 600 acuíferos se encuentran sobreexplotados, provocando que el agua de muchas comunidades se esté terminando. A esto debemos sumar la política de sometimiento al gran capital que ha favorecido la privatización, a través de la figura de concesiones, de los manantiales y pozos que suministran el agua a la población. Asimismo, no podemos perder de vista el rezago en materia de tratamiento y reúso de las aguas residuales, tratamiento que llega sólo a 30 por ciento. En este punto quisiéramos señalar el inconveniente que representan las reglas de operación que maneja la Conagua, las cuales inhiben la planeación y ejecución de obras y acciones, ya que al requerir a los gobiernos estatal o municipal la contraparte de recursos provenientes del presupuesto de estos niveles de gobierno, las obras se posponen o se cancelan.

En agosto de 2007, el Ejecutivo federal presentó el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. Señaló que los ejes principales de este ambicioso programa serían mejorar la productividad del agua en el sector agrícola; incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso; prevenir los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos y atender sus efectos; evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico; y crear una cultura contributiva y de cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa.

Al momento, escasos resultados se observan de este Programa, sólo hace falta echar una mirada a los problemas que enfrentan estados y municipios, que no logran dar sustentabilidad a los proyectos hídricos e hidráulicos; los organismos de cuenca (según información de la propia Conagua) operan con números rojos, las concesiones autorizadas superan la capacidad hídrica del país y no existe la coordinación entre los tres órdenes de gobierno que permita concretar una política hídrica que de respuesta a las necesidades locales y nacionales.

En este escenario, se hace urgente la revisión de la política hídrica, plasmada en el Programa Nacional Hídrico, a partir de una visión integral que integre los problemas económicos, políticos, medioambientales y sociales en el manejo del recurso. Planteamos que esta revisión considere como principios básicos:

Esta nueva visión en la gobernabilidad hidráulica involucra: un nuevo marco jurídico que contemple la obligatoriedad de su cumplimiento con sanciones severas; fortalecimiento de los mecanismos de participación social y gubernamental; descentralización de funciones y recursos; exigencia de instrumentos de transparencia; acceso a la información y rendición de cuentas.

Con base en lo expuesto, y en las competencias que confiere el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes y en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la materia, se realice una revisión detallada del Programa Nacional Hídrico 2007-2012.

Segundo. En consecuencia de la revisión del Programa Nacional Hídrico se informe, en un plazo no mayor de seis meses, al Congreso de la Unión sobre los resultados obtenidos.

Tercero. Que se realicen las adecuaciones consensuadas al Programa Nacional Hídrico, con el propósito de generar una política ambiental sustentable que se encamine a resolver los problemas hídricos regionales y nacionales.

Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE REALICEN ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA DECLARAR UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Beatriz Manrique Guevara, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el municipio de San Miguel de Allende en Guanajuato, se localiza la comunidad de Cabras, del ejido Don Juan Xido, la cual se encuentra a mil 950 metros de altitud sobre el nivel del mar y tiene poco más de 750 habitantes, integrantes de 155 familias, propietarias de 32 fracciones parcelarias.

El terreno ejidal, concretamente en la parte que corresponde al área común, cuenta con tres coecillos, (montículos de enterramiento de osamentas y vestigios, generalmente de alfarería indígena, que era utilizado con fines ceremoniales). Existe también una pared rocosa en donde se visualizan pinturas rupestres de gran valor histórico.

Dentro del ejido se encuentra el volcán Los Picachos o Palo Huérfano, y es una zona principal de recarga ya que el terreno de uso común cuenta con una caída natural originada del agua subterránea y el manantial denominado El Mastranto, del que los lugareños siempre se han surtido de agua en perfecto estado de pureza.

Asimismo, en esta zona se han encontrado diversas especies, en algún estatus de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, como se muestra en la siguiente tabla:¹

Como podemos ver en la tabla anterior, esta zona cuenta con 46 especies en algún estatus de riesgo, de los distintos grupos taxonómicos:

Adicionalmente, existen mas especies que no están consideradas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, pero que son representativas en la región, entre la vegetación encontramos al garambullo, nopal, huizache, mezquite y maguey. La fauna existente está asociada con este tipo de vegetación, destacando, el tlacuache, zorrillo, liebre, conejo, coyote, palomas de alas y huilota, torcaza, tordo, cuervo, así como diversas aves migratorias observadas en la Presa de Allende.

Esta zona, esta siendo amenazada desde el pasado mes de abril en donde, ejidatarios de la comunidad de Don Juan Xido, se enteraron de la venta del cerro de dicha comunidad. En los terrenos se pretende construir dos hoteles cinco estrellas y un campo de golf. Al respecto, un grupo de ejidatarios se oponen a dicha venta debido a su preocupación, por el deterioro del entorno ecológico y arqueológico que se tendrá en la zona, en caso de concretarse estos planes. La intención de la venta del cerro se hizo pública en una reunión comunitaria del pasado 7 de abril.

La presión ejercida hacia los ejidatarios para que vendan sus terrenos a la inmobiliaria que está fungiendo como intermediaria, ha propiciado que aquellos que no quieren vender, hayan acudido a sus autoridades inmediatas, entregando un documento de inconformidad al Alcalde, dirigido también a los directores de Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Humano, Medio Ambiente y Ecología, y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende, relatando y denunciando los hechos.

Sin embargo, estos ejidatarios no han recibido apoyo.

Los ejidatarios inconformes con la venta, han pedido información sobre las actas de asamblea, pero se les han negado. Han acudido a la Procuraduría Agraria en San Luis de la Paz y se les informó que tienen que vender porque la mayoría está de acuerdo o en su defecto, les dejarán el terreno que sobre, sin haberlo parcelado o sorteado. En Guanajuato, en esta misma dependencia les informan que sí tienen derecho, pero no han realizado ninguna acción de apoyo a los inconformes.

Recordemos que en esta comunidad, se encuentra la cañada natural llamada El Chorro, donde se localizan pinturas rupestres catalogadas el INAH y un manantial de agua natural El Mastranto. Asimismo, existe una gran variedad de flora y fauna, algunas especies se encuentran, como ya lo mencionamos, en algún estatus de riesgo.

Quiero hacer hincapié, que el Partido Verde, no esta en contra de proyectos que puedan generar desarrollo económico, pero sí en contra de las lastimosas actividades que han provocado y siguen ocasionando pérdidas ambientales y riquezas con valor histórico en nuestro país. Coincidimos en que deben realizarse actividades turísticas, pero existen formas que no destruyen los bienes naturales ni desplazan a aquellos que pretenden defender y conservar su entrono. El turismo alternativo es una ventaja que ha permitido que un sin numero de turista nacionales e internacionales disfruten del bienestar natural, sin dañar nuestros ecosistemas.

A los habitantes de esta comunidad no les fue ofrecido por ninguna instancia municipal, estatal ni federal, la posibilidad de que ellos mismos se constituyan en desarrolladores de su propia riqueza haciendo un uso y explotación sostenible de su lugar de origen. Ocasionando con ello, la percepción por parte de los ejidatarios que no desean vender, de que en el gobierno están listos para hacer los cambios de uso de suelo y dar los permisos necesarios para que el desarrollo hotelero y el campo de golf se lleven a cabo a la brevedad.

No obstante lo anterior, es de observarse que Guanajuato cuenta con un plan estatal de ordenamiento territorial, en el cual, se determina en complemento a las políticas de ordenamiento territorial de los centros de población y en base a las condiciones naturales del territorio y a elementos de diagnóstico como fragilidad, calidad ecológica, conflictos de uso, etcétera, cuatro directrices generales que son el aprovechamiento, restauración, conservación y protección.

En este ordenamiento, se clasifica al ejido Don Juan Xido como ladera con pendiente media de aprovechamiento E, "Agricultura de temporal intensiva", con particularidad de restauración A, "Restricciones en la intensidad del aprovechamiento", y en conservación con característica B, restricciones basadas en aptitud natural.²

Ahora bien, existe también el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial del municipio de San Miguel de Allende, el cual puede considerarse como el documento principal geográfico utilizado para diseñar el desarrollo urbano, social, económico y ecológico en el municipio.

Asimismo, al comparar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población, por ser los principales documentos geográficos para la toma de decisiones, en la Ciudad de San Miguel de Allende, se observan cambios en la zonificación, en detrimento de las zonas de fomento agrícola, fomento ecológico y de preservación ecológica.³

La falta de transversalidad entre los planes de ordenamiento territorial del estado y el plan municipal, han causado, no solo en Guanajuato, diversos conflictos, entre los distintos sectores de la sociedad. Sin considerar que a nivel federal existen normas que deben cumplirse en materia ambiental.

Por lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta soberanía somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas promover, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, y de su reglamento, los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo el decreto para la creación del área natural protegida con categoría de parque nacional Don Juan Xido Abajo, que comprenderá la cañada natural El Chorro, el manantial El Mastranto, las pinturas rupestres, los coecillos, los volcanes Palo Huérfano y Támbula y los cerros de Margara y El Macho, así como la zona de recarga de los mantos acuíferos, hasta llegar a la presa Allende.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología eh Historia a realizar los estudios necesarios para que sea inscrito al ejido Don Juan Xido de Abajo, como zona de monumentos históricos, por sus coecillos y pinturas rupestres.

Notas
1..Va por San Miguel de Allende, AC. Volcán Palo Huérfano: El valor de su patrimonio, septiembre de 2008.
2. http://mapas.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17 &itemid=30
3. Va por San Miguel de Allende, AC. Volcán Palo Huérfano: El valor de su patrimonio, septiembre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Beatriz Manrique Guevara (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONAPESCA QUE REALICE UN INFORME SOBRE LOS CRITERIOS EMPLEADOS PARA ELEGIR A LOS BENEFICIARIOS DE SUS PROGRAMAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN JESÚS DÍAZ MENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Para aminorar el golpe a la economía de los pescadores en el país, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha puesto en marcha un programa de subsidio a la gasolina ribereña y diésel marino, mismo que representa un ahorro de dos pesos por litro del combustible.

En relación al estado de Yucatán, este 2008 es el segundo año consecutivo que Sagarpa otorga este apoyo a los pescadores yucatecos. Cifras proporcionadas por el delegado de la Sagarpa en Yucatán, indican que el año pasado se apoyó a 480 embarcaciones mayores con dos pesos por litro, lo que significó un subsidio de más de 10 millones de pesos.

Este año se logrará apoyar 522 embarcaciones yucatecas con un monto de más de 12 millones de pesos. De manera paralela, los ribereños también se beneficiarán con la entrega de tarjetas de recarga de gasolina.

En 2006 se entregaron 1,343 tarjetas con un apoyo de poco más de cinco millones de pesos. Este apoyo incrementará la ayuda para 1,498 ribereños y un monto de más de 10 millones de pesos. Según cifras de Sagarpa se la ha apoyado a cerca del 50 por ciento de los pescadores en Yucatán.

En el pasado mes de agosto de 2008 el precio al público del diesel marino fue de 6.37 pesos por litro, mientras que para 2 mil 914 unidades productivas (barcos pesqueros e instalaciones acuícolas) beneficiarias del programa, el costo de dicho energético es 31 por ciento menor, gracias al estímulo otorgado por Sagarpa equivalente a 2 pesos por litro consumido.

El precio final del diesel marino al productor pesquero y acuícola nacional es de 4.37 pesos por litro, mientras que para sus competidores en la mayor parte del mundo, dicho energético tiene un costo superior a los 11 pesos por litro.

De esta manera queda de manifiesto que el Gobierno de la República está cumpliendo con el compromiso de impulsar la competitividad de las actividades pesqueras y acuícolas en nuestro país.

A pesar de los recursos asignados por la federación para apoyar la difícil situación por la que atraviesa el sector pesquero en Yucatán y el resto del país, son muchas las voces de líderes pesqueros que exigen una transparente asignación de estos subsidios federales. En días pasados se dio a conocer la relación de beneficiarios de subsidios marinos, saliendo a relucir la marginación a la que fueron objeto Sociedades Cooperativas Pesqueras como es el caso de los municipios del oriente del Estado de Yucatán que en tiempo y forma tramitaron dichos apoyos.

De igual forma son comunes las quejas de los hombres de mar sobre la efectividad en la aplicación de dichos subsidios, al no poder hacer reales dichos apoyos por fallas en las máquinas expendedoras en las estaciones de combustible y errores en la programación de las tarjetas electrónicas de descuento.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a informar sobre los criterios empleados para la elección de beneficiarios de los programas de diesel y gasolina marina especial, tarjetas electrónicas de diesel y gasolina marina, así como la efectividad en la aplicación de dichos planes en el país.

Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF A AUDITAR EL PABELLÓN DE MÉXICO EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL AGUA, CELEBRADA EL PRESENTE AÑO EN ZARAGOZA, ESPAÑA, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Mario Enrique del Toro, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El entorno mundial contemporáneo impone grandes retos a las naciones participantes en el gran concierto global. Actualmente las tareas de promoción nacional a nivel mundial son pieza clave para el desarrollo de cualquier país, ya no basta con los canales habituales de la diplomacia tradicional; ahora es necesario consolidar una estrategia multidisciplinaria efectiva que sea capaz de ofrecer resultados al corto, mediano y largo plazo.

Las ferias, exposiciones y foros internacionales son una clara muestra de la evolución en el desarrollo de la promoción que los gobiernos hacen de sus países, desde la gran feria y exposición mundial de Londres en 1851, hasta los imponentes pabellones de la Exposición Mundial de Sevilla en 1992, o en 1998 en Lisboa, o del Forum internacional de las Culturas en Monterrey del año en curso.

Estos actos constituyen una muestra del esfuerzo mundial para la transculturización de los nuevos ciudadanos globales, y son el gran escaparate internacional del desarrollo de cualquier País, además de que en la actualidad, son muestra de un esfuerzo global en el desarrollo de distintos temas, dentro de los cuales sobresale el desarrollo sustentable, y el incremento responsable del aprovechamiento de los recursos naturales, poniendo de manifiesto la disyuntiva mundial en materia de conservación del medio ambiente.

En la historia reciente, nuestro país ha participado activamente en diversas ferias y exposiciones internacionales, con la intención de hacerse un lugar cada vez más importante en el concierto de las naciones; buscando que nuestro desarrollo sea un aporte a las soluciones de los grandes problemas globales; sin embargo, en el asunto que nos ocupa, no ha sido así.

Es en esta perspectiva, que dentro del marco republicano de transparencia y rendición de cuentas, es trascendental un informe detallado de los costos, y alcances que tuvo el pabellón de México en la Exposición Internacional del Agua que se celebró en la ciudad de Zaragoza, España en este 2008.

Resulta inconcebible que nuestro país realice acciones de promoción orientadas a satisfacer únicamente la demanda de los medios de información nacional, quienes en clara complicidad con esa mediocridad gubernamental, generan información manipulada que presenta una imagen falsa de nuestra tristemente célebre representación ante el mundo, siendo que en los hechos, al menos este proyecto de promoción internacional, deja mucho, pero mucho que desear. Sin menoscabo del trabajo de la gente que colaboró con dicha instalación, está claro el detrimento en su calidad, y más si lo comparamos con gratas experiencias previas, como lo fueron nuestra participación en la Exposición de Sevilla o la de Lisboa.

Este exhorto obedece a la medianía de dicha instalación, no solo en su aspecto técnico y organizacional, incluso también en su contenido que no justifica el presupuesto asignado. Los criterios de eficiencia en el gasto público deben incluir a todas las esferas de gobierno. La imagen de México ante el mundo no puede encontrarse sujeta a dislates y ocurrencias.

Con base en las consideraciones anteriores, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la auditoría superior de la federación que realice una fiscalización al pabellón de México en la Exposición Internacional del Agua celebrada en Zaragoza, España en el presente año.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL IMSS A INVERTIR MÁS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, A EFECTO DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SUBSANAR DEFICIENCIAS EN PRESTACIONES SOCIALES, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS GLORIA REQUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Tomás Gloria Requena, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) a considerar la inversión de más recursos en el municipio de San Fernando Tamaulipas, a efecto de mejorar la calidad de los servicios de salud y subsanar las deficiencias en prestaciones sociales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Mexicano del Seguro Social es un instrumento básico de la seguridad social nacional, organismo autónomo con patrimonio y presupuesto propio, recursos destinados para garantizar los servicios de salud y sociales a sus derechohabientes. Y con fundamento en el articulo segundo de la Ley del Seguro Social , donde se manifiesta que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado, estableciéndose además como precepto legal que tiene su origen en el artículo cuarto constitucional.

Debido a lo anterior, en los últimos años la prestación social en materia de salud ha venido decreciendo, sin resolver necesidades básicas de los derechohabientes, en particular aquellos donde se encuentran las unidades familiares de salud, sabedores que gozan de los mismos derechos los usuarios de las ciudades grandes así como los derechohabientes de las ciudades de menor numero de habitantes.

Si bien es cierto que sería muy complicado crear hospitales de especialidades en cada población, lo menos que se podría hacer sería facilitar el acceso a los servicios y contar con laboratorios de análisis clínicos básicos, estudios radiodiagnóstico y servicio de urgencias.

En San Fernando, Tamaulipas, con una población aproximada de 80 mil habitantes, sólo se cuenta con una clínica IMSS, con dos médicos familiares.

Los horarios de atención son insuficientes, únicamente de lunes a viernes en horarios hábiles, si surge una urgencia no hay servicio, y se deben atender en otro hospital privado o del sector salud y como se cuenta con IMSS no se otorga el beneficio de la gratuidad, ni el seguro popular, ocasionando un gasto adicional a las familias no debería el IMSS pagar esta atención que por Ley le corresponde dar.

Esto se podría subsanar si se contara con un medico las 24 horas del día y un centro de atención hospitalaria para las urgencias.

En cuanto a los análisis clínicos y de radiodiagnóstico los realizaba un laboratorio privado local, este costo lo pagaba el IMSS, por lo que los derechohabientes no tenían que esperar a que sea miércoles para que una enfermera del IMSS les tome muestras para mandar todo el paquete a la ciudad de Matamoros, ocasionando dadas las condiciones climáticas la descomposición de las mismas, alterando los resultados, retrasando los tratamientos médicos.

Otro aspecto es que no se cuenta con el servicio de especialidades porque no hay un hospital general de zona, pudiendo considerar programar consultas de especialidades una vez por semana cuando menos y así evitar el gasto de trasladarse hasta la ciudad de Matamoros Tamaulipas, dado que el pago de viáticos es irregular trasladándose en autobús y los que pueden viajan en vehículos propios o prestados ocasionando un egreso que merma su economía.

El abasto de medicamento es muy deficiente, si no hay en la farmacia del IMSS, se les pide que esperen a que lleguen o los compren por su cuenta, gasto que tampoco es cubierto por el IMSS.

En cuanto a las madres trabajadoras, no cuentan con servicio de guardería, no habiendo mas oportunidad que la de llevarlos a otras guarderías con el pago correspondiente para su incorporación a éstas.

Un aspecto más de la seguridad social es el esparcimiento y el bienestar de las familias; el IMSS cuenta con centros que imparten diversos cursos y actividades deportivas que contribuyen a la salud y armonía en las familias, y en San Fernando no se cuenta con este beneficio.

Existe un serio problema de cobertura y calidad de los servicios del Instituto, y el problema recae en la falta de inversión en las comunidades pequeñas y el derroche de recursos en las ciudades importantes.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a considerar más inversión de recursos en el municipio de San Fernando Tamaulipas, a efecto de mejorar la calidad de los servicios de salud y subsanar las deficiencias en prestaciones sociales.

Segundo. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a atender el desabasto de medicamentos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.

Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A EJECUTAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diego Cobo Terrazas, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 26 de abril de 2007, la Cámara de Diputados aprobó, con 300 votos a favor y 2 abstenciones, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre, con objeto de prohibir la importación, exportación y reexportación de cualquier ave correspondiente a la familia de los Psittacidae, o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.

La minuta correspondiente fue remitida al Senado de la República que, actuando como Cámara revisora, la aprobó sin modificación el 22 de abril del presente año por 66 votos a favor y 1 abstención, remitiendo el decreto al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes. En este sentido, cabe señalar que ya se cdonsidera aprobado, conforme lo establecido el apartado B del artículo 72 de nuestra Carta Magna.

Cabe señalar la importancia de la reforma aprobada por este Congreso y que, a la letra, dice lo siguiente:

Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae, o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.

Las especies de psitácidos no comprendidas en el presente artículo quedan sujetas a las disposiciones previstas en las demás leyes y tratados internacionales de los cuáles México sea parte.

Esta reforma resulta relevante en virtud de que en nuestro país habitan poco más del 10 por ciento de las aproximadamente 10 mil especies de aves que se conocen en el mundo. Entre ellas se encuentran 22 especies y 4 subespecies de la familia Psittacidae, dentro de la cual se encuentran los loros, guacamayos, cacatúas, papagayos, pericos y periquillos.

Cabe señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 clasifica a 22 de estas especies dentro de la categoría de riesgo (6 en peligro de extinción, 12 amenazadas y 4 bajo protección especial).

No obstante lo anterior, estudios realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil señalan que en México se capturan entre 65 mil y 78 mil 500 ejemplares de Psitácidos por año, de los cuales, 77 por ciento no llega a la fase final de comercialización debido a que mueren por estrés, malos manejos, asfixia o deshidratación durante las fases previas.

Cabe señalar que, si bien el número de especies de psitácidos que las autoridades administrativas han autorizado para su aprovechamiento extractivo han disminuido a través de los años (de 17 especies en 1982 a cero especies en el periodo 2003-2005), las poblaciones de estas aves continúan disminuyendo debido, principalmente, a su captura ilegal.

En este sentido, el artículo 60 Bis 2 que se propone adicionar a la Ley General de Vida Silvestre tiene por objeto prohibir que las aves de estas familias, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, pueda ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.

Aunado a esto, es importante señalar que nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y el Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América; por virtud de los cuales, se ha comprometido a adoptar medidas que garanticen la subsistencia de las diversidad biológica nacional.

Finalmente, es importante mencionar que el término previsto en el artículo 72, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha vencido. Desde luego que el Poder Ejecutivo federal tiene la opción de vetar las reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión. No obstante, el peor de todos los vetos es el de cajón o de bolsillo, es decir, aquel en el que únicamente se guardan las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y la de Senadores, y simplemente pasa el tiempo y no se publica para evadir su entrada en vigor.

No obstante, y respetuosos de las facultades que asisten al Ejecutivo federal, consideramos solicitarle respetuosamente lo publique inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación, conforme al precitado artículo constitucional, valorando, para tales efectos, el amplio consenso con el que esta adición fue aprobada por las diferentes fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a publicar inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación, en los términos previstos en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre, debido a la importancia que éste tiene para la protección y conservación de la biodiversidad de nuestro país.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A EFECTO DE QUE LOS ALUMNOS DEVUELVAN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DEL AÑO ANTERIOR, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES MARÍA DEL CARMEN PARRA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, Dolores María del Carmen Parra Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de está honorable Cámara de Diputados las siguientes consideraciones:

Dentro de las políticas de educación pública en el país se encuentra que el gobierno por ley debe distribuir los libros de texto gratuitos, que es donde se plasma la estructura oficial de educación para los diferentes niveles en los que son distribuidos. Para distribuirlos utiliza diferentes medios, los cuales los reparten a las instituciones de educación tanto públicas como privadas, con el fin de que todo alumno registrado ante la Secretaria de Educación Pública (SEP), reciba el paquete de libros que le corresponde al nivel escolar que cursará.

El costo de estos libros es asumido por el erario, lo cual implica que existe un gasto económico y también ambiental, ya que los libros utilizan papel tanto nuevo como reciclado para su elaboración, y dada la cantidad de alumnos en los niveles en que estos son obligatorios los montos de papel utilizados para su producción son colosales. Y, cada año, implica un impacto importante en el medio ambiente para que la industria del papel pueda hacerse del recurso físico para elaborar los libros de texto.

Pese a que se han hecho ingentes esfuerzos por crear la cultura del reciclaje, en nuestro país (México) se encuentra atrasada aproximadamente 20 años en comparación con los países desarrollados en donde el 78 por ciento del papel que se consume en todo el continente es reciclado. Otro hecho importante es que México requiere importar papel de desperdicio, para poder enfrentar la demanda nacional; y paradójicamente sólo una tercera parte del papel desechado se recicla mientras que el resto se pierde.

Sabemos que el programa Recicla para Leer, promovido e impulsado por la Secretaría de Educación desde diciembre de 2004 ha permitido que se evite la tala de 1.5 millones de árboles, lo que equivales a 1,150 hectáreas de bosques. Para este año se ahorrarán 2.5 millones de metros cúbicos de agua. Se ahorrarán 410 millones de kilovatios de energía eléctrica. Entre otros datos estadísticos de gran valor proporcionados por el Conaliteg.

Nos urge cambiar de actitud y pensar seriamente en lo que queremos tener como país hoy y mañana. No bastan las buenas intenciones, tenemos que hacernos de todo tipo de instrumentación que permita lograr un mejor ya, en cuanto a la cultura de prevención y pertenecía del medio ambiente.

Por lo anterior y como marca el artículo 3ro en su párrafo II inciso b), que nos marca el "aprovechamiento de nuestros recursos" es que elevamos este Punto de Acuerdo, el cual busca reducir el impacto ambiental generado por la obligación del Estado al facilitar los libros de texto gratuitos a los estudiantes del país, y para optimizar el uso de los recursos de distribución de ellos, para que apoyados por una política educativa de reciclaje, dadas las necesidades actuales de mejoramiento del uso de los recursos naturales.

En tal sentido y como propuesta para el efecto concreto que permita lograr el objetivo de éste, sugerimos que el método a implementarse se igual al que se utiliza para el cambio de los directorios telefónicos, que es: al momento en que los padres o tutores y estudiantes reciban los nuevos libros entreguen los textos anteriores o viejos.

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a instaurar las acciones necesarias en las escuelas publicas y privadas, a fin de que los libros de texto gratuitos del año escolar anterior sean devueltos por los alumnos para canalizarlos a las plantas recicladoras y reutilizarlos como material para la fabricación de nuevos libros de texto gratuitos.

Diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE TURISMO DE ESTA SOBERANÍA QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN PLURAL QUE ANALICE EL EFECTO DEL DERECHO POR SERVICIO MIGRATORIO EN EL TURISMO, EN LA INDUSTRIA DE CRUCEROS Y EN LA ECONOMÍA DE LOS DESTINOS DE LOS CRUCEROS TURÍSTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El turismo del país está sufriendo una delicada pérdida de su dinamismo y competitividad. De acuerdo con el índice del Foro Económico Mundial, entre 2007 y 2008, México retrocedió del lugar 49 al 55 en el índice global.

2. Lo anterior, debido a la crisis económica de Estados Unidos de América, principal mercado emisor de turistas para México y por los altos precios del petróleo, que han afectado tanto al turismo como a la industria de cruceros; pues tan sólo por combustible, el incremento que fue del 2 por ciento en el 2007, se ha elevado significativamente al 16 por ciento en el 2008.

3. Aunadas a estas desventajas, las actividades económicas de referencia tienen frente a sí otras situaciones que podrían propiciar nuevas y grandes afectaciones; tales como:

5. Junto a este panorama, en la Ley Federal de Derechos 2009 se propone la obligación de un pago de 25 pesos por pasajero para verificar trámites migratorios a las embarcaciones turísticas comerciales en cada uno de los puertos mexicanos, al que se le está denominando DSM (derecho por servicios migratorios).

6. De llegarse a este extremo, indudablemente que el resultado será complicar más la regulación actual; favorecer a las naciones competidoras; perjudicar notablemente las posibilidades de fortalecimiento que tenga nuestro país en este ramo; reducir la oferta de empleo, e incidir en el detrimento de las comunidades y su economía.

Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente se exhorta a la Comisión de Turismo de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que integre una subcomisión plural para que realice un análisis profundo y una adecuada evaluación del impacto del derecho por servicios migratorios en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares adonde arriban los cruceros turísticos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DEL CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA EXPORTAR PRODUCTOS CITRÍCOLAS, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La coyuntura de estos años le está abriendo a México grandes oportunidades para incrementar sus exportaciones, asimilar tecnología, capacitar mejor a la mano de obra, y mejorar las condiciones de empleo y de salario, impulsando políticas sostenibles y sustentables.

Sólo en 2007 se exportaron 694 mil 554.16 toneladas de cítricos con un valor de 266 millones 811 mil 6.53 dólares, que representa empleos, divisas y un apoyo al logro de la soberanía alimentaría del país.

México es una nación con un elevado potencial exportador que aprovecha el conjunto de acuerdos comerciales que tenemos suscritos con todas las regiones del mundo. Para ello, hemos comprometido la desgravación arancelaria prácticamente total para el campo y, en los términos del principio de trato recíproco que rige los estatutos de la Organización Mundial del Comercio, las naciones que suscriben un acuerdo se comprometen a eliminar con la misma profundidad las barreras arancelarias.

Sin embargo, las barreras no arancelarias que carecen de regulación internacional y que dependen del ámbito jurídico de cada Estado se esgrimen como instrumento proteccionista que daña a nuestros países.

Las normas no arancelarias que se utilizan con mayor frecuencia son las garantías, las reglas antidumping y las reglas fitosanitarias.

Por ello, nos hemos abocado a intervenir ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se revise exhaustivamente la imposición del certificado fitosanitario internacional, previa garantía de sanidad de los productos, y con la finalidad de abaratar los costos por el pago de derechos de este trámite y agilizar el proceso de exportación.

En ese sentido, el 3 de septiembre pasado nos reunimos con el director general de Sanidad Vegetal de dicho sistema, anunciando la eliminación de este certificado que había sido impuesto principalmente por exigencia de Estados Unidos de América, ante la posibilidad de infección del limón persa y toda vez que se había demostrado la calidad y sanidad de las exportaciones de dicho producto.

No obstante, dos días después, dicha dirección giró un oficio numerado B00.01.01.01.03-09752, en donde se informó a los exportadores de limón persa que, por exigencia de las autoridades fitosanitarias de la nación vecina, se mantenía vigente el certificado por advertirse la presencia en nuestro país del llamado psilido asiático de los cítricos, hasta en tanto no se aplicaran medidas de limpieza y lavado de los frutos, en los términos que satisfagan el condicionamiento de dicho país.

Lo anterior se justificó aduciendo un requerimiento oficial de la USDA. Esto, que contradice lo que se nos había informado, demuestra que existió dolo en esa dirección, ya que se omitió o se ocultó la información precisa.

En virtud de la falta de congruencia que esto significa, y del efecto a la actividad exportadora de los exportadores citrícolas, es imprescindible que esta representación nacional eleve una protesta y un exhorto para que las autoridades fitosanitarias se conduzcan con transparencia, con veracidad y con eficacia, para que la certeza legal y sanitaria sustenten el esfuerzo que día con día realizan nuestros productores, a fin de ofrecer calidad para la exportación y el desarrollo económico de nuestras regiones.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a resolver el conflicto relacionado con el certificado fitosanitario internacional para los embarques de limón persa con destino a Estados Unidos de América. Asimismo, que intensifique sus acciones para normalizar la exportación.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a invertir el capital enterado al Sistema de Administración Tributaria, por concepto de pago de derechos generados para la obtención del certificado fitosanitario internacional, en cursos de actualización en materia de fitosanidad, dirigidos a productores y empacadores de limón persa, y en subsidios para la adquisición de productos químicos destinados al control de plagas en el proceso de empaque de limón persa, tomando en cuenta los volúmenes de exportación de cada empresa.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a realizar auditorías a las actividades de los terceros especialistas fitosanitarios, a efecto de que sus evaluaciones y dictámenes sean emitidos conforme a la normatividad aplicable, e implantar medidas de control de la movilización de fruta que ingresa de otros estados hacia Veracruz, informando de ambas acciones por escrito a la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE TABASCO A EXPEDIR DISPOSICIONES LEGALES PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Congreso de Tabasco a armonizar su legislación en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La suscripción de instrumentos del derecho internacional es parte de la política exterior del Estado mexicano de acuerdo a los principios que señala la Constitución. A lo largo de su historia, el país ha participado en los organismos multilaterales contribuyendo al diseño, discusión y elaboración de la codificación jurídica en distintos temas, como el de los derechos humanos.

Hemos firmado tratados y convenciones en la materia, en forma permanente, desde que los derechos humanos comenzaron a protegerse, en la Sociedad de las Naciones y en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, que siguieron después de las guerras mundiales.

Actualmente, México forma parte de casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos; por más de veinte años se ha actualizado nuestro orden jurídico en la materia. Sin embargo, el país tiene un rezago en la armonización de su derecho interno, federal y local, con el contenido de los tratados y convenciones, sobre diversas materias, a pesar de que los instrumentos jurídicos internacionales tienen fuerza legal, una vez que entran en vigor.

Al respecto, el artículo 133 de la Constitución establece que los tratados celebrados por el presidente de la república y con aprobación del Senado serán ley suprema. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dentro del orden jurídico los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales y locales. Tal es el fundamento para demandar la aplicación de estos derechos ante todos los tribunales; sin embargo, en los hechos, no siempre sucede por falta de armonización entre los elementos del orden jurídico.

Cuando se suscribió cada uno de los 106 instrumentos internacionales en derechos humanos, siguiendo el procedimiento legal para su entrada en vigor, el país se obligó a observarlo y en consecuencia, a proteger y garantizar los derechos que consagra. Pero para que estos instrumentos adquieran plena eficacia, el Estado debe expedir leyes nuevas o reformar las existentes; establecer políticas públicas para financiar las nuevas instituciones y modificar las funciones y prácticas de sus aparatos administrativos y judiciales, en consonancia con lo pactado. Todo ello, implica, a veces, un cambio en nuestra cultura jurídica, en la que la eficacia del derecho no tiene un alto valor.

La armonización jurídica es necesaria si el orden jurídico no contempla los derechos que los instrumentos internacionales prevén o si su estándar de protección es menor a lo que establecen. La armonización referida se relaciona con el ámbito de la legislación penal, civil y administrativa, y sobre todo, con la homologación de las definiciones relacionadas con las distintas formas de violencia contra las mujeres y con la actualización de las leyes de Tabasco de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como los diversos tratados internacionales que en la materia de los que México es parte.

Nuestra Carta Magna, en el capítulo de garantías individuales, protege los derechos a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, la integridad y la dignidad de todas las personas.

La igualdad jurídica entre hombres y mujeres está consagrada en el artículo 4o. de la Constitución (1974), y en diversos instrumentos internacionales ratificados por México, como la Convención Interamericana para Prevenir , Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Belém do Pará, Brasil (1994).

El origen internacional de los derechos de las mujeres se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas (1945) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); sustento de las normas de protección en las que esos derechos han descansado en los últimos 50 años. Adquirieron plena vigencia en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, ya que en esta conferencia se delinearon normas acordes a las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de las mujeres. Los Estados asumieron los derechos de éstas como parte integral e indivisible de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Para tratar de disminuir la violencia hacia la mujer y hacer efectiva la equidad de género en el país, en el orden federal existen dos ordenamientos: la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007.

El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia implica también un análisis constante de las relaciones entre hombres y mujeres. Lo anterior con la finalidad de que se sienten las bases de una sociedad cuya convivencia entre mujeres y hombres se encuentre bajo el principio de una igualdad real de género.

De esta manera, erradicar la violencia masculina de género contra las mujeres implica, además de la armonización legislativa en materia de violencia de género, establecer los lineamientos y mecanismos institucionales necesarios para regular y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Acciones en las que la articulación entre los tres poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el sector privado, es indispensable para hacer frente a la magnitud del problema.

En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres establece en su artículo 14 que: "Los Congresos de los estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirá las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley".

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé en su artículo 49 que: "Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia, ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley e impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género".

Asimismo, en su artículo octavo transitorio establece que: "En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados, promoverán las reformas necesarias en la legislación local, previstas en el artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley".

Según el estudio "Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas respecto de los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos" elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo del presente año, Tabasco es uno de los 12 estados de la república que aún no han armonizado su legislación en esta materia.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, en el estado aún predomina una cultura de discriminación hacia la mujer y es frecuente ver o escuchar que los hombres (esposos, hijos, novios, jefes), abusan del poder que les da su fuerza o su autoridad y causan daños psicológicos, físicos, sexuales, patrimoniales, laborales, entre otros, a las mujeres que conviven con ellos. Aunado a esto, es frecuente encontrar que las autoridades no atienden a las mujeres debidamente cuando acuden a denunciar algún delito o a reclamar un derecho.

Muestra de ello es la información derivada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2006, donde se señala que en Tabasco 48 de cada 100 mujeres de 15 y más años han experimentado algún incidente de violencia, ya sea emocional, física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja.

Además, de acuerdo con dicha encuesta, para el caso de Tabasco, 216 mil mujeres de 15 y más años han padecido algún incidente de violencia en el ámbito comunitario (32 por ciento del total), de éstas, el 30.3 por ciento han sido abusadas sexualmente y 93.5 por ciento han sufrido actos de intimidación que han puesto en riesgo su integridad física y sexual.

Respecto a los diferentes tipos de violencia, el relacionado al ámbito familiar destaca de entre lo demás, ya que mientras a nivel nacional el 15.9 por ciento de las mujeres manifestaron sufrir agresiones o maltratos el año previo a la entrevista, en Tabasco el 18.6 por ciento de las mujeres declararon haber sido sujetos de esta clase de incidentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de Tabasco a fin de que expida las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que, sobre la igualdad entre mujeres y hombres, prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de Tabasco con objeto de que promueva las reformas necesarias en el ámbito de la legislación penal, civil y administrativa encaminadas a la homologación de las definiciones relacionadas con las distintas formas de violencia contra las mujeres y con la actualización de las leyes de Tabasco de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA STPS ACCIONES QUE COMBATAN EL TRABAJO INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Holly Matus Toledo, integrante de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza generada por el modelo económico ha orillado a millones de menores a incorporarse a actividades laborales para colaborar en el ingreso familiar. Sin embargo, no se puede tolerar ni aceptar que frente a situaciones de pobreza generada por la estructura política y socioeconómica del país, se utilice al trabajo infantil como remedio. Un gobierno que tolera y acepta tácitamente el trabajo infantil no vislumbra que éste no sólo perjudica la salud y bienestar de las y los niños, sino también impide y menoscaba cualquier posibilidad de desarrollo nacional.

En este contexto, el principio del interés superior de la niña y el niño debe de regir toda la actividad gubernamental en este rubro. La Corte Interamericana ha determinado, en su Opinión Consultiva OC-17/2002 "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", de 28 de agosto de 2002, que "la expresión `interés superior del niño´… implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño…Los Estados parte en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño".

La Constitución y legislación mexicana consideran dos categorías de menores relacionadas con la actividad laboral: la de aquellas personas menores de 14 años, de quienes la Constitución y la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíben categóricamente que trabajen; y la de 14 a 16 años de edad, cuya actividad laboral está permitida por la legislación bajo determinadas circunstancias (haber cursado su educación obligatoria, jornada máxima de seis horas, no trabajo nocturno ni horas extras, etcétera). La Constitución también prohíbe el trabajo de menores de 16 años en labores insalubres y peligrosas.¹

Pese a estas disposiciones, en un comunicado conjunto del 12 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señalaron que en el mundo 165 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajan, y en América Latina la cifra es de 5.7 millones, la mitad de los cuales se encuentran en México. Así, el panorama mexicano es bastante desalentador.

Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, obtenidas a través del Módulo de medición de trabajo infantil efectuado como parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2 de cada 100 niños y niñas de entre 5 y 9 años trabajan por necesidad económica, y 10 de cada 100 menores en el rango de 11 a 13 años. El primer lugar de las entidades con mayor número de niños, niñas y adolescentes que se emplean en diversas actividades económicas lo ocupa el estado de Veracruz con 340 mil 487 menores; seguido del estado de Chiapas, con 281 mil 11 y en último lugar se encuentra Baja California Sur con 9 mil 828.

Uno de los contextos en los que el trabajo infantil adquiere los matices más cruentos es el campo agrícola mexicano. Sin embargo, no existe información exacta ni fidedigna del número de niñas, niños y adolescentes que trabajan como jornaleros agrícolas. Según la Confederación Nacional Campesina, de los 6 millones de jornaleros agrícolas, el 27 por ciento son menores de entre 6 y 14 años los cuales trabajan en condiciones infrahumanas, se encuentran excluidos del sistema escolar oficial y al margen de cualquier protección laboral.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes, ha evidenciado que alrededor de 500 mil niños de entre 3 y 14 años de edad laboran como jornaleros. Los principales estados de origen de estos migrantes son Guerrero, Oaxaca y Veracruz; y los principales estados de destino son Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

El 25 por ciento de los menores de 5 a 14 años hijos de jornaleros agrícolas migrantes nunca ha asistido a la escuela y la SEP considera que uno de los factores que propicia la inasistencia escolar es el trabajo infantil.

Así también, en el informe Explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes en México, la organización civil Thais Desarrollo Social indica que tres de cada seis menores de entre 6 y 11 años de las familias campesinas se suman al trabajo asalariado y alrededor de 600 mil en el rango de 6 a 14 años laboran jornadas hasta de 12 horas diarias, además de que la cuarta parte de los niños jornaleros nunca ha asistido a la escuela, 46 por ciento labora seis días a la semana y 35 por ciento no tiene descansos. Aun cuando los datos son divergentes, reflejan una situación sumamente preocupante respecto al trabajo de menores de 14 años de edad en el campo mexicano. Recientemente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit, en su diagnóstico "Jornaleros agrícolas migrantes en Nayarit 2007", reveló que alrededor de 14 mil niños y niñas indígenas, hijos de jornaleros agrícolas, laboran en el cultivo y levantamiento de tabaco, café y caña, sufriendo explotación y malos tratos.

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, ha denunciado que las leyes nacionales y convenios internacionales firmados por México contra el trabajo infantil son "letra muerta", como muestra el caso de David Salgado, un niño de nueve años de una comunidad mixteca de la zona de la montaña de Guerrero que falleció el 9 de enero de 2007 arrollado por un tractor en Sinaloa, adonde se había desplazado con su familia de jornaleros agrícolas en la temporada alta de recolecta de tomate. Otros 12 niños guerrerenses fallecieron en campos agrícolas del país en el año 2006.

Los impactos que el trabajo infantil produce en la salud de los menores son muy graves. Dado la anatomía en desarrollo y la falta de madurez psicológica existe una vulnerabilidad biológica diferencial, en virtud de la cual se incrementan las probabilidades de presentar trastornos que afectan el desarrollo, educación, salud, además de que se frustra la realización de un proyecto de vida digna de los menores. Por la desnutrición, la talla pequeña y el cansancio, aumenta el número de accidentes de trabajo y la incidencia de enfermedades infecciosas o fracturas.

La OIT señala que el trabajo infantil puede dañar irreversiblemente el desarrollo físico y mental de las personas menores, causando graves repercusiones en su vida adulta. Aunado a lo anterior, en el campo, niñas y niños están expuestos a muchos riesgos desde las inclemencias del tiempo, los accidentes por el uso de maquinaria, accidentes por vehículos de motor, jornadas laborales exhaustivas, ritmos de trabajo agotadores, carga de objetos pesados, hasta el grave peligro que representa la exposición sistemática a plaguicidas y agroquímicos cuyos efectos inmediatos o crónicos pueden minar su salud y terminar su vida, muchas investigaciones señalan la relación directa entre exposición y leucemias infantiles y otros cánceres.

Frente a esta situación se estima necesario que el Ejecutivo Federal implemente una serie de acciones que puedan darle eficacia y eficiencia a las normas constitucionales y legales que prohíben el trabajo de personas menores de 14 años y contribuyan a erradicarlo. Entre esas acciones se encuentran las siguientes:

El artículo 17 del Reglamento en mención indica que: "Los inspectores, para practicar las visitas ordinarias correspondientes, lo harán previo citatorio que entreguen en los centros de trabajo por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se realizarán, en el que se especificará el nombre del patrón, domicilio el centro de trabajo, día y hora en que se practicará la diligencia, el tipo de inspección, el número y fecha de la orden de inspección correspondiente, acompañando un listado de documentos que deberá exhibir el patrón, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamenten."

Mientras que el artículo 16 constitucional establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Sin embargo, con la instauración de "visitas sorpresa" no se vulnera el citado precepto constitucional.

Así, de ninguna parte del artículo 16 constitucional se desprende ni puede interpretarse que se requiera citatorio alguno, pero lo que sí se exige es la existencia y presentación de la orden correspondiente. Por ello, en la realización de visitas sorpresivas a establecimientos en donde se tenga conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral sobre trabajo de menores se cumple el requisito exigido por el artículo 16 constitucional con la presentación de la respectiva orden escrita debidamente fundada y motivada, según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;² y al mismo tiempo se le da cumplimiento al artículo 123 constitucional.

La posibilidad de realizar visitas de inspección de forma sorpresiva no vulnera la seguridad jurídica del patrón, ni su derecho a la intimidad o privacidad, ni tiende a perturbar la seguridad de su familia, sino que está fundada en un interés público sustentado en la obligación constitucional de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si hay que ponderar los derechos y bienes constitucionales en juego, claramente priman los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el interés público de erradicar el trabajo infantil. Así, los artículos 123, apartado A, fracción III, de la Constitución de la República y 22 de la LFT, al prohibir la contratación de menores de 14 años, están tutelando un bien mayor, que son los derechos de los menores.

En un estudio de derecho comparado, se observa que la Ley N° 25.877 del Régimen Laboral de la Nación Argentina, en su artículo 32, faculta a los inspectores a entrar en los lugares sujetos a inspección, sin necesidad de notificación previa ni de orden judicial de allanamiento. Por lo que se infiere que es posible, por no decir necesario, la implementación de este tipo de disposiciones en los Estados Constitucionales de Derecho.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en sus artículos 62 a 69 se refiere a las visitas de verificación, indica que "los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor" (artículo 62); la presente disposición es relevante ya que prevé que la visita puede entenderse con cualquier persona que se encuentre en el establecimiento, por lo que debe de ser considerada para combatir el trabajo infantil.³

Actualmente el gobierno mexicano, a través del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, esta protegiendo los derechos de los patrones pero no los derechos de los niños, niñas y adolescentes mexicanos; así, está violando tanto las disposiciones constitucionales como los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en el ejercicio de su soberanía, entre los que se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.⁴

El Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 reconoce en el Eje 1, punto 1.7, que: "asegurar el respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no solamente implica la restitución en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea posible prevenir su violación." Y enfatiza que "ello requiere, en consecuencia, tomar medidas contundentes para avanzar con celeridad hacia los estándares internacionales en la materia." La reforma al Reglamento en mención constituiría una acción contundente y que permitiría avanzar hacia los estándares internacionales. Así mismo, el Ejecutivo en el Eje 1, punto 1.7, objetivo 12, estrategia 12.3, del PND se compromete a "priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos humanos". Lamentablemente, en el caso del trabajo infantil, esta intención no se ha materializado.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, a modificar los artículos 14 y 17 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, a fin de que las visitas ordinarias y extraordinarias puedan realizarse por las autoridades de trabajo sin previo aviso, ni citatorio y que la diligencia pueda entenderse con quien se encuentre en el centro de trabajo, cuando se tenga conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral sobre trabajo de menores.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a los gobiernos locales, a celebrar convenios de colaboración específicos en materia de inspección para vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo relativas a menores, dando especial atención a la inspección de campos agrícolas.

Notas
1. En relación con el trabajo infantil caben destacar los artículos 14, 15 y 49 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 541, fracciones I y II, de la LFT sobre los deberes de los inspectores de trabajo.
2. Véanse las tesis: Inspección Federal del Trabajo. Inconstitucionalidad del artículo 17 del Reglamento de. Semanario Judicial y su Gaceta, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 267, Cuarta Sala; e Inspecciones de trabajo. Interpretación del artículo 17 del Reglamento general para la Inspección y Aplicación de Sanciones por violaciones a la legislación laboral. Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, XIV, octubre de 2001, tesis I.7º.A.141ª, página 1132, Tribunales Colegiados de Circuito. En materia fiscal existen dos jurisprudencias que han señalado que el realizar una inspección sin citatorio no es violatorio del artículo 16 constitucional y tampoco violenta la seguridad jurídica del gobernado el que la visita se entienda con el encargado o quien se encuentre al frente de la negociación aunque no sea el visitado, administrador ni representante legal; por lo que si para fines fiscales se puede obviar el previo citatorio, con mayor razón para tutelar la vida y salud de las niñas, niños y adolescentes. Véase: 1) Visitas domiciliarias. El artículo 49, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no es violatorio del artículo 16 constitucional. Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, XI, Marzo de 2000, tesis P./J. 15/2000, página 73, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, 2) Visitas para comprobar el cumplimiento de la obligación de expedir comprobantes fiscales. El artículo 49 del Código Fiscal de la Federación no es violatorio del artículo 16 constitucional, por no establecer el requisito de citatorio previo a una inspección. Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, X, Diciembre de 1999, tesis P./J. 139/99, página 11, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. En este sentido, la ya mencionada jurisprudencia 1) Visitas domiciliarias. El artículo 49, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no es violatorio del artículo 16 constitucional, la cual señala que "la circunstancia de que el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación prevea que dichas visitas pueden entenderse, además de con el propio visitado, administrador o representante legal, con el encargado o quien se encuentre al frente de la negociación, no resulta contraria a la Carta Magna, pues la ausencia del dueño o representante de la negociación no es causa que impida la realización de la visita".
4. Existen otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano vinculados con esta temática: Convenio Internacional del Trabajo No. 150 sobre la Administración del Trabajo: Cometido, Funciones y Organización; Convenio Internacional del Trabajo No. 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo; y, Convenio Internacional del Trabajo No. 170 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL INSTAURE UN PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DE EL SALTO Y JUANACATLÁN, JALISCO, QUE HA SIDO VÍCTIMA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO SANTIAGO Y DE LOS DESECHOS SÓLIDOS MUNICIPALES, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PADILLA GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y en uso de la facultad establecida en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Consejo de Salubridad General establezca un programa de emergencia para atender los problemas de salud pública de las poblaciones de El Salto, Juanacatlán, Ocotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahucan del Río y San Cristóbal de la Barranca, en Jalisco, ocasionados directamente por la contaminación del Río Santiago, y por la disposición final de desechos sólidos que han degradado además del cauce del río, la atmosfera y el entorno ambiental, donde se localizan los municipios mencionados.

Exposición de Motivos

El río Santiago nace en el Lago de Chapala, a 4 kilómetros del municipio de Ocotlán, y fluye por varios municipios.

A la altura de las cabeceras de El Salto y Janacatlán existe una cascada de aproximadamente 20 metros de altura que solía ser llamada el "Niágara de México". Es en este punto donde se localiza la zona de alto riesgo para la salud de la población por ser donde se concentran las cargas residuales, industriales y municipales sin tratamiento alguno.

Las descargas de mayor afectación al Río Santiago son residuos de la industria químico-farmacéutica, alimentos y bebidas, minerales no metálicos, metalmecánica, eléctrico y electrónica. Este tipo de descargas pueden contener elementos de difícil remoción y asimilación en los sistemas de tratamiento biológico y en los sistemas acuáticos, dichos contaminantes presentan alta resistencia a la degradación al ser de tipo refractario o incluso tóxico para los microorganismos y otras formas de vida.

A lo anterior se suma que el río Santiago es receptor de 815 litros por segundo de aguas municipales crudas (no tratadas), provenientes de la parte sur de la zona conurbana de Guadalajara, que llegan vía los canales de El Ahogado y Arroyo Seco.

El nivel de contaminación del río Santiago degrada, además de su cauce, el aire, el agua de mantos friáticos y el suelo, afectando a seres humanos además de las especies acuáticas y terrestres, muchas de ellas perdidas por esta grave contaminación.

Es importante señalar que se han realizado análisis a las aguas del río Santiago y en todos los puntos de la cuenca se encuentran fuera de los límites permitidos para considerarlas adecuadas para usos en riego, contacto directo o indirecto con personas o animales, lo que constituye un foco permanente de riesgo químico y bacteriológico.

Los resultados de muestreo realizados a las aguas del río en cuestión son alarmantes, violando diferentes normas ecológicas y sanitarias que ponen en riesgo la salud de la población.

Los resultados de los muestreos realizados al agua del río en comento se encuentran por arriba de los límites permitidos por las siguientes normas oficiales mexicanas:

De una encuesta aplicada en 100 casas cercanas al río, donde residen 166 niños entre 6 y 14 años, resultó que el 39 por ciento padecen alguna enfermedad, los padecimientos con mayor índice de incidencia para estos niños fueron de tipo respiratorio el 49.2 por ciento, dolor de garganta el 44.6 por ciento, enfermedades de la piel 4.6 por ciento y 1.5 por ciento de otro tipo.

Diputados de esta legislatura en recorrido por las poblaciones mencionadas, constataron que es evidente el alto índice de enfermedades que sufre la población además del señalamiento de que el índice de mortalidad en este sitio es superior a la media del estado.

La desesperación de algunos habitantes por la falta de atención de las autoridades federales y estatales, los lleva a bautizar a este lugar, en otros tiempos destino turístico ampliamente visitado, como villa cáncer.

El índice de enfermedades está latente en toda la población de los municipios afectados. Diversas organizaciones no gubernamentales, y las autoridades municipales, han señalado a las autoridades estatales y federales del grave riesgo que corren los pobladores, sin que hasta el momento se tenga respuesta o acción alguna en contra de este problema que pasa de lo ambiental a ser considerado de salud pública.

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta soberanía aprobar el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución para que actúen de manera inmediata las autoridades federales y estatales y en lo particular las Secretarías de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios y el Gobierno del Estado de Jalisco, para que de manera coordinada tomen medidas de corto plazo para solucionar los problemas más graves de salud y con acciones de mediano y largo plazo para resolver de raíz el problema de contaminación ambiental de la región señalada.

Punto de Acuerdo

Primero. Que el Ejecutivo federal a través del Consejo de Salubridad General declare por causa de utilidad pública e interés social: zona de acción extraordinaria en materia de salubridad general, con base en el artículo 13 inciso A fracción V de la Ley General de Salud para la región territorial de los municipios de El Salto y Junacatlán, de Jalisco.

Segundo. Que las autoridades federales a través de las Secretarías de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario en coordinación con las autoridades estatales y municipales, establezcan acciones urgentes y necesarias para atender la emergencia sanitaria y ambientalen dichos municipios.

Tercero. Que las autoridades federales y estatales de salud, realicen estudios epidemiológicos para determinar los impactos a la salud de la exposición crónica e involuntaria al ácido sulfhídrico y otros contaminantes tóxicos en la zona y su relación con las enfermedades manifestadas por la población.

Cuarto. Establecer un Sistema de Monitoreo permanente sobre los niveles de contaminación del agua, aire y suelos, para identificar los componentes tóxicos que afectan la salud de la población.

Quinto. Que el gobierno de Jalisco por conducto de Protección Civil y el apoyo de la Secretaría de Gobernación, implanten un programa tendiente a desalojar y evacuar de ser necesario a la población en caso de emergencia sanitaria o ambiental derivada de la emanación de ácido sulfhídrico y otros gases tóxicos poniendo especial atención en las niñas y niños.

Sexto. Que el gobierno del estado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública reubiquen a las escuelas que se encuentran cercanas al cauce del río, por estar expuestos los niños y jóvenes a los efectos severos de la contaminación y propensos a adquirir enfermedades crónico-degenerativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General somete a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Tabasco a armonizar su legislación en materia de discriminación y protección de la igualdad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La suscripción de instrumentos del derecho internacional es parte de la política exterior del Estado mexicano de acuerdo a los principios que señala la Constitución. A lo largo de su historia, nuestro país ha participado en los organismos multilaterales contribuyendo al diseño, discusión y elaboración de la codificación jurídica en distintos temas, como el de los derechos humanos.

Hemos firmado tratados y convenciones en la materia, en forma permanente, desde que los derechos humanos comenzaron a protegerse, en la Sociedad de las Naciones y en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, que siguieron después de las guerras mundiales.

Actualmente, México forma parte de casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos; por más de veinte años se ha actualizado nuestro orden jurídico en la materia. Sin embargo, el país tiene un rezago en la armonización de su derecho interno, federal y local, con el contenido de los tratados y convenciones, sobre diversas materias, a pesar de que los instrumentos jurídicos internacionales tienen fuerza legal, una vez que entran en vigor.

Al respecto, el artículo 133 de la Constitución establece que los tratados celebrados por el presidente de la república y con aprobación del Senado serán Ley Suprema.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dentro del orden jurídico los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales y locales. Tal es el fundamento para demandar la aplicación de estos derechos ante todos los tribunales; sin embargo, en los hechos, no siempre sucede por falta de armonización entre los elementos del orden jurídico.

Cuando se suscribió cada uno de los 106 instrumentos internacionales en derechos humanos, siguiendo el procedimiento legal para su entrada en vigor, el país se obligó a observarlo y en consecuencia, a proteger y garantizar los derechos que el mismo consagra. Pero para que estos instrumentos adquieran plena eficacia, el Estado debe expedir leyes nuevas o reformar las existentes; establecer políticas públicas para financiar las nuevas instituciones y modificar las funciones y prácticas de sus aparatos administrativos y judiciales, en consonancia con lo pactado. Todo ello, implica, a veces, un cambio en nuestra cultura jurídica, en la que la eficacia del derecho no tiene un alto valor.

La armonización jurídica es necesaria si el orden jurídico no contempla los derechos que los instrumentos internacionales prevén o si su estándar de protección es menor a lo que establecen.

La discapacidad es definida como la disminución temporal o permanente de las facultades físicas, mentales o sensoriales de un ser humano, que le impide realizar una actividad regular. Es todavía un concepto en constante evolución; sus transformaciones se originan como resultado de la interacción entre las personas con algún impedimento físico y los obstáculos que frenan su desarrollo en la sociedad.

Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad e insuficiencias en el desarrollo. Algunas personas tienen más de una forma de incapacidad y muchas, si no todas, podrían llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de su vida debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen alrededor de 600 millones de personas con discapacidad (aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial), que se enfrentan a barreras físicas y obstáculos para recibir educación, conseguir empleo, tener acceso a información, obtener cuidados médicos y sanitarios, desplazarse, integrarse en la sociedad y ser aceptados en la misma.

En el orden internacional, diversos instrumentos protegen sus derechos, entre otros: la Declaración de Derechos del Retrasado Mental, proclamada el 20 de diciembre de 1971 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Declaración de los Derechos de los Impedidos, adoptada el 9 de diciembre de 1975, y el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas, adoptado el 20 de junio de 1983.

Estos instrumentos han sido ratificados por nuestro país; constituyen el sustento jurídico para promover, proteger y garantizar a los discapacitados el disfrute del conjunto de derechos humanos que contienen, en materia de accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, empleo, rehabilitación, igualdad y no discriminación.

En el ámbito federal, los avances más significativos se encuentran en la Ley General de las Personas con Discapacidad (2005), la reforma al artículo 1o. constitucional en materia de no discriminación (2006), y la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2007).

Sin embargo, en México existen rezagos que impiden que los discapacitados puedan ejercer sus derechos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que en nuestro país existen 10 millones de personas con discapacidad (2.3 por ciento con una discapacidad severa, auditiva, neuromotora, del lenguaje, mental o visual), de las cuales un 35 por ciento no ha recibido ningún tipo de tratamiento.

La Secretaria de Desarrollo Social (Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2005) señala que las personas con discapacidad, los ancianos y los indígenas, siguen siendo los grupos vulnerables que padecen mayores índices de discriminación en nuestro país.

Según el estudio "Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas respecto de los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos" elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo del presente año, Tabasco es uno de los 21 estados de la República que aún no han armonizado su legislación en esta materia.

Desafortunadamente, en Tabasco, como en el resto del país, hay mucho por hacer en la materia, ya que la pobreza en la que viven muchos de sus habitantes es uno de los problemas que genera discriminación.

La discriminación en el estado se extiende hacia otros grupos vulnerables de la sociedad como las personas con discapacidad, a quienes se les niega el derecho al trabajo excluyéndolos de la sociedad; los indígenas que por su raza y sus costumbres la sociedad los relega; las personas adultas mayores que por su edad la sociedad los rechaza dejándolos fuera de diversos sectores productivos; la discriminación hacia las mujeres, basada en usos y costumbres de la sociedad y los migrantes, quienes sufren innumerables abusos al cruzar ilegalmente por el estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Tabasco y a los Congresos de las demás entidades federativas para que inicien o cumplan en su totalidad con el proceso de armonización de su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2008.

Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEMARNAT QUE AMPLÍE EL POLÍGONO DEL ÁREA DE REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VAQUITA MARINA Y QUE, CON LA SRE, ENTREGUE UN INFORME DE LOS RECURSOS DESTINADOS A SALVAR DICHA ESPECIE, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La vaquita marina (Phocoena sinus), uno de los cetáceos más pequeños del mundo y que habita en el alto Golfo de California, ha sido clasificada como críticamente amenazada por la Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en la edición revisada de su Red List of Threatened (en preparación), en la cual las especies son clasificadas bajo nuevos criterios para las distintas categorías "amenazadas". Sólo dos especies de cetáceos fueron ubicadas en la categoría de " peligro" (Critically Endangered): El baiji y la vaquita. El baiji esta extinto, ahora sólo queda la vaquita, a menos que se incrementen esfuerzos considerables.

También se encuentra dentro de la norma oficial mexicana declarada en "peligro de extinción". Es un cetáceo, igual que una ballena o un delfín. Esta considerado como el cetáceo mas pequeño del mundo, ya que las hembras miden alrededor de 1.42 m y los machos 1.36 metros¹.

Las características que la hacen realmente ser una especie carismática son los parches negros alrededor de los ojos y de los labios. Su aleta es en forma de hoz, parecida a la de los delfines. Es una especie endémica de México porque sólo se le encuentra en el alto Golfo de California y en la región más al norte del Golfo Norte. Actualmente es considerada una de las especies de mamíferos marinos con la distribución histórica y actual más restringida del mundo².

En los años sesentas uno de los cetólogos más reconocidos enlistó para la FAO algunos factores de riesgo para la vaquita.

Y se mencionaron los siguientes:

En el año 2000 los modelos ecológicos-pesqueros predecían que la vaquita podría reducir su abundancia a niveles críticos, si más de una vaquita era capturada al año. En la actualidad, la comunidad científica especializada en mamíferos marinos reconoce que la mortalidad incidental es, relevantemente el factor más importante y que se requiere que México realice acciones contundentes para evitar este desastre.

Organizaciones científicas reconocidas como la Society for Marine Mammalogy (SMM); European Cetacean Society (ECS); Sociedad Latinoamericana de Mamíferos Marinos, la Comisión Ballenera Internacional, en su Comité Científico y la Unión Mundial de la Conservación de la Naturaleza (UICN), han enviado cartas de urgencia a nuestros dos últimos presidentes para que se realicen acciones concretas.

Cabe señalar que para el año 1997 se efectuó un crucero usando un método para estimar la abundancia de vaquita y como resultado se encontró que había aproximadamente mil 73 vaquitas.

Que en el año 2000, se encontró que había 600 vaquitas aproximadamente.

También el 15 de marzo de 2004, hubo una evaluación confiable sobre la abundancia de la vaquita, en ese tiempo se estimaba la existencia de 567 vaquitas⁴.

Y que la estimación en 2007 fue de 224 vaquitas.

El 25 de julio del 2008, en la reunión llevada a cabo con motivo del informe de los resultados de la Comisión Ballenera Internacional, en el Instituto Nacional de Ecología se dio la cifra de 150 vaquitas⁵.

Que es claro y contundente, que la vaquita esta gravemente amenazada y se extinguirá si no se toman acciones urgentes.

El acuerdo mediante el cual se establece el área de refugio para la protección de la vaquita (Phocoena sinus) se publica el 8 de septiembre del 2005⁶, esta área abarca una superficie de 897.09 kilómetros cuadrados dentro de la reserva de la biosfera del alto Golfo de California y delta del río Colorado y otra adyacente, fuera de la reserva, de 366.76 kilómetros cuadrados.

Con la creación del polígono para la vaquita marina, México se colocaba a la vanguardia en conservación de cetáceos en la esfera internacional, después de que creo el santuario ballenero en 2002. Sin embargo, y a pesar, de todas las medidas de conservación, se ha visto de manera clara que es insuficiente y que todavía falta un camino que recorrer.

Por otro lado, la comunidad internacional ha mostrado su preocupación en torno al tema, de tal manera que en la reunión llevada a cabo en Anchorage, Alaska 2007, en el seno de la Comisión Ballenera Internacional, mediante la resolución IWC/59/26, se adoptó por consenso apoyar tanto técnica, como económicamente a nuestro país en los esfuerzos para evitar que esta especie endémica se extinga, al mismo tiempo que diversas organizaciones ambientalistas en reuniones públicas se han comprometido y han formado un fondo para recaudar dinero para ésto.

Por lo tanto, es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores inicie los trabajos conducentes a la celebración de un acuerdo o convenio para recibir la ayuda técnica y económica a la cual se comprometieron otros gobiernos que nos ayude a evitar la extinción de la vaquita marina.

Hoy en día, más de la mitad de la zona de distribución de la vaquita marina se encuentra fuera de la zona de refugio, por lo que se necesita urgentemente ampliar el polígono de protección.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice una ampliación del polígono del área de refugio, que abarque toda el área de distribución de la vaquita marina (Phocoena sinus) que esta en riesgo crítico de extinción.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades agilice la realización de un convenio, 0e acuerdo a la resolución IWC/59/26, aprobada por unanimidad de las partes en el seno de la Comisión Ballenera Internacional, llevada a cabo en Anchorage, Alaska 2007, para apoyar tanto técnica, como económicamente a nuestro país para la conservación de la vaquita marina (Phocoena sinus).

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe acerca de los recursos invertidos en acciones, para la conservación de la vaquita marina (Phocoena sinus).

Dado en el Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2008.

Notas
1. Rojas Lorenzo y Jaramillo Armando. Lo que quería saber de la vaquita…, 2002 Instituto Nacional de Ecología. México. 2004.
2. Silber, G.K and Norris, K.S. Geographic and seasonal distribution of the vaquita, phocoena sinus. Instituto de Biología de la UNAM, México. 1991.
3. Rojas Bracho, L. and Taylor, B. Risk factors affecting the vaquita. Marine Mammal Sciencie, México, 1999.
4. Carta Nacional Pesquera publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de marzo de 2004.
5. Reunión llevada a cabo con la ONG’s y el Comisionado de la Comisión Ballenera Internacional en el Instituto Nacional de Ecología, en julio del 2008.
6. Diario Oficial de la Federación.

Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica)
 
 

Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo establecido en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General, y en el 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados formule excitativa, con base en las siguientes

Consideraciones

Con la presentación del programa económico para el ejercicio de 2009, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión inicia el proceso que cada año esta Cámara emprende para atender uno de los temas más sensibles para la vida pública y social, como lo es el del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como bien ya ha advertido esta Cámara, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 considera un gasto neto total de 2 billones 846.7 mil millones de pesos, que es superior en 5.7 por ciento, en términos reales, al monto aprobado para 2008.

Se nos dice en dicho proyecto que la estrategia de gasto propuesta para 2009 ha tomado en consideración las condiciones que se espera prevalezcan el próximo año en los mercados internacionales, especialmente en lo que se refiere al comportamiento de los precios de productos básicos.

Se señala que, ante un posible contexto internacional adverso, se han incrementado las asignaciones de gasto destinadas a proteger el ingreso de las familias más pobres del país; que el objetivo –según el Ejecutivo federal en su proyecto de presupuesto– es avanzar en la construcción de un país con igualdad de oportunidades para todos, y ello requiere que evitemos que las familias mexicanas caigan en situación de pobreza.

Al igual que el año pasado, se afirma con plena seguridad que es a través de esta política de gasto que el Ejecutivo federal refrenda su compromiso de igualar las oportunidades de superación de quien más lo necesita, elevar la calidad de vida de las familias y lograr el desarrollo integral del país.

A todas luces, sabemos que ese compromiso ha sido sólo eso, una expectativa que se complica cada vez más ahora por el clima de inseguridad y de violencia que crudamente padecemos.

Los retos son enormes, ya lo hemos reconocido, pero también hay que reconocer que existen propuestas de cambio fundamentales inscritas en el marco de la reforma del estado, y que son impostergables en su implantación para instaurar un auténtico estado democrático de derecho que, por un lado, garantice el ejercicio, disfrute y respeto de derechos y libertades públicas; y, por otro, elimine abusos, prerrogativas y privilegios de la clase gobernante, que lastiman y ofenden la dignidad, el interés y las aspiraciones de los ciudadanos.

Consciente de todo ello, me permití presentar, en sesión ordinaria del 29 de marzo de 2007, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de eliminar privilegios que representan una carga onerosa e innecesaria para el erario público y la sociedad mexicana, como lo son las famosas pensiones vitalicias que son otorgadas a los ex presidentes de la república y a sus familias, y que en el proyecto de Presupuesto se les denomina burlonamente "compensaciones". Mi pregunta es ¿de qué y por qué vamos a seguir compensando a un funcionario que trabajó seis años sin cumplir metas y lograr resultados?

Concretamente, en el artículo 22, párrafo noveno, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se lee que "el Ramo Administrativo 2, "Presidencia de la República", a que se refiere el anexo 1B de este decreto, incluye los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su beneficiario, las que no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de secretario de Estado, y aquéllas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de este artículo. Asimismo, incluye los recursos que se asignan a la compensación que se otorga al personal militar del Estado Mayor Presidencial.

La propuesta de reforma constitucional que presenté, y que pongo a su consideración, no tiene más objetivo que armonizar la norma constitucional con nuestra realidad económica y social.

Seamos objetivos, atendamos los reclamos sociales y demos solución desde esta trinchera legislativa para darles solución. Recordemos de nueva cuenta la máxima de Morelos que sostiene lo siguiente: "Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto".

No es una cantidad mínima la que se destina para sueldos, bonos, reconocimientos, estímulos y aguinaldos, inmuebles, equipos de oficina, transporte, viajes, servicios, seguro de vida y gastos médicos, así como para el pago del personal militar y administrativo adscrito a cada ex presidente.

Estoy seguro de que esos recursos bien podrían destinarse inteligentemente a programas para la superación de la pobreza y propiciar un mayor crecimiento de la economía y el empleo; privilegiar el gasto social, incrementar el gasto en educación y salud y la calidad de sus servicios; favorecer el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y contribuir a una mejor protección del ambiente y los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto, y a fin de eliminar privilegios que representan una carga onerosa e innecesaria para el erario público y la sociedad mexicana, y poder construir una política eficaz para garantizar el uso eficiente y racional de los recursos y riqueza públicos, me permito solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:

Único. Que en uso de sus atribuciones y de su buen despacho formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita a la brevedad el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, el 27 de marzo de 2007.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
 
 
 

AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DAVID SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, David Sánchez Camacho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, para que presenten el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o. y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 11 de diciembre de 2003, la senadora María Lucero Saldaña Pérez presentó al Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de educación sexual.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva dictó turno a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, para estudio y dictamen.

3. El anteproyecto de dictamen respectivo se sometió a consideración de los miembros integrantes de las comisiones dictaminadoras, que formularon propuestas con objeto de enriquecerlo en los días siguientes.

4. Con fecha 23 de marzo de 2006, las comisiones unidas sometieron a la consideración del Pleno del Senado de la República el dictamen, el cual fue aprobado en primera lectura.

5. El 28 de marzo de 2006, el senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó, para los efectos legales correspondientes, el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 7o. y adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación; y adiciona el inciso A del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

6. El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta con proyecto de decreto a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

7. Con base en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el anteproyecto de dictamen respectivo se sometió a consideración de los integrantes de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados LX Legislatura, que formularon propuestas con objeto de enriquecerlo, a excepción de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, que no fue constituida por la LX Legislatura.

8. En sesión pública del jueves 17 de abril de 2008, en votación nominal la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o. y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de que se incluya entre los fines de la educación que en todos los grados y niveles se imparta una educación en sexualidad y afectividad integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle la autoestima y el respeto de su cuerpo y de la sexualidad responsable.

9. El Presidente del Senado de la República informó de la recepción, el viernes 18 de abril de 2008, de la minuta de la Cámara de Diputados que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o. y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, y su turno directo a las Comisiones Unidas de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República.

Consideraciones

Primera. Una de las tareas y responsabilidades de las y los legisladores es generar herramientas jurídicas que garanticen la seguridad económica, política, social, de salud y educativa, entre otros, y sobre todo cuando impacta de manera alarmante a las niñas, niños y jóvenes de México, debido a que viven una época de grandes retos, responsabilidades y riesgos relacionados con la sexualidad, lo que los lleva a enfrentar las exigencias de vivir, comprender y disfrutar sus sensaciones, sentimientos y emociones, y al mismo tiempo, a reflexionar sobre los efectos que esto tiene en su proyecto de vida, en su escolaridad, y en el cuidado de su salud.

Segunda. La aprobación de la minuta en comento radica en la necesidad de apoyar su proceso con información integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que promueva la comprensión de su sexualidad y la trascendencia de sus actos para ejercerla responsablemente, con decisiones y actitudes de respeto hacia sí mismos y hacia los demás.

Tercera. Con la aprobación del dictamen en comento, se coadyuvaría en la lucha contra los ataques a la integridad de la infancia, como la prostitución infantil, el abuso sexual, la violación y la utilización de infantes en pornografía, así como la disminución en los problemas que actualmente aquejan a muchas y muchos adolescentes que, sin estar en plena conciencia de las responsabilidades que implica la sexualidad, se enfrentan a una gran diversidad de problemáticas, como son los embarazos adolescentes y la deserción escolar derivada de la maternidad y paternidad anticipada.

El peligro que encierra no contar con una educación sexual adecuada, puede percibirse en el alarmante dato que ofrece el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, se calcula que en México hay cerca de 150 mil personas portadoras del virus y que 50 por ciento de las nuevas infecciones se producen en jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, grupo considerado de mayor riesgo.

Asimismo, la aprobación de este dictamen contribuiría a la erradicación de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, de la homofobia, al formar ciudadanos más libres, a través del conocimiento de sus afectos, que basan su comportamiento en actitudes de respeto para con ellos mismos y el otro, el respeto a su propio cuerpo, el respeto de la diversidad.

Cuarta. Resultado de la aprobación del dictamen en comento en la Cámara de Senadores desde la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por la senadora María Lucero Saldaña Pérez, así como de la aprobación en la Cámara de Diputados en abril de los corrientes, es evidente que existe un amplio consenso político y social para la aprobación de este dictamen, que conllevará a la protección de los derechos de los niños y los adolescentes y hacer de la educación de la sexualidad un proyecto en el que no solo se transmita información sino se procure formación sobre estos temas, por lo que estaremos dotando a las siguientes generaciones de mejores herramientas, para la construcción de una vida sexual plena y segura.

Por lo expuesto, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado abajo firmante, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, se permite solicitarle, ciudadano Presidente, la propuesta de la siguiente

Excitativa

Única. Se turne la presente a la Cámara de Senadores, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a las Comisiones Unidas de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, a que presenten en el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o. y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, aprobada en la Cámara de Diputados el 17 de abril de 2008, y en caso de que las comisiones no presenten dicho dictamen durante el periodo establecido, se proponga un cambio de turno a otra comisión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 87 y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DE DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los que suscriben, Aída Marina Arvizu Rivas, Alfredo Ríos Camarena, Jesús Ramírez Stabros, José Manuel del Río Virgen, Mónica Fernández Balboa, Santiago Gustavo Pedro Cortés, diputados de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con el fin de que se lleve a cabo la votación del dictamen en materia de participación ciudadana.

El pasado 29 de noviembre de 2007 fue presentado en la novena reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen en materia de democracia participativa con el fin de que los integrantes de la comisión entraran al estudio, analisis y discusión del dictamen. Cabe resaltar que desde el 18 de julio de 2007 la Comisión de Puntos Constitucionales en coordinación con el Centro de Estudio e Investigaciones Parlamentarias que preside el diputado Alfredo Rios Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se iniciaron los trabajos de analisis y discusión del dictamen en materia de participación ciudadana.

En el dictamen de reformas constitucionales se argumentó que:

En ese sentido y tomando en cuenta la gran tendencia de los estados de la republica, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas podemos reflexionar en la viabilidad de establecerlos en la Carta Magna, y dar un paso positivo como Estado incluyente de la opinión de sus gobernados, fortalecer las relaciones del gobierno-población, y crear un ambiente de corresponsabilidad entre el estado y los gobernados, en decisiones políticas y jurídicas.

En suma, esta es una fórmula democrática que tiene como principio fundamental dotar de herramientas soberanas y con ello obligar a los partidos políticos, a los gobernantes a proponer reformas que beneficien a la sociedad en su conjunto, que generen el desarrollo social y no de unos cuantos en lo particular, y en especial a los ciudadanos a informarse de los asuntos públicos para que en la toma de decisiones lo hagan de manera correcta y no manipulada, esto permite la participacion ciudadana através las figuras de plebiscito y referéndum en las decisiones politicas de especial trancendencia en los terminos del dictamen en comento y bajo las condiciones que para su efecto establezca la legislación respectiva.

Por lo anterior, sometemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Con fundamento en lo que dispone la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales a emitir el voto respectivo referente al dictamen relativo a "democracia participativa".

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2008.

Diputados: Mónica Fernández Balboa, Alfredo Ríos Camarena, Aída Marina Arvizu Rivas, Jesús Ramírez Stabros, José Manuel del Río Virgen, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbricas).
 
 

El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve efeméride relativa al cuadragésimo octavo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica.

27 de septiembre

La celebración del 48 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica se da en un momento en que México confronta uno de los peores momentos de la profunda crisis social generada por más de 25 años de neoliberalismo y ante el riesgo de que el petróleo y Pemex sean entregados-privatizados conforme a los planes del imperio del norte y en beneficio de las grandes empresas transnacionales del petróleo.

A diferencia de la industria del petróleo que fue recuperada para la Nación mediante el recurso de la expropiación, la industria eléctrica fue nacionalizada mediante la compra de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que monopolizaban el servicio público de energía eléctrica, en un proceso que arranco en junio y concluyo el primero de septiembre de 1960, con el anuncio del presidente Adolfo López Mateos de haber adquirido 91 por ciento de las acciones comunes y 73 por ciento de las acciones preferentes de la Mexican Light and Power y el total de los activos de la American & Foreign Power.

Las razones de fondo, por parte del gobierno federal, de este proceso nacionalizador fueron dadas por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, el 27 de septiembre en la primera sesión del nuevo consejo de administración, que en su calidad de presidente señaló:

Los estudios realizados sobre el ritmo de crecimiento del país concluyen que, en los próximos ocho años, debe duplicarse la producción de la energía eléctrica actual, pero ante este hecho necesario e indudable, se observa que las empresas privadas tendían únicamente a ampliar sus zonas de distribución, esto es, a entrar en los lugares que les representaban mayor utilidad y menores costos de producción, sin preocuparse demasiado por realizar nuevas inversiones para generación y si insistiendo constantemente en que la Comisión Federal de Electricidad produjera mayor fluido, para ser revendido por ellos. Por otra parte, en la naturaleza misma de la empresa privada llevaba a que en primer término tuvieran a la vista sus particulares intereses, sin estructurar sus inversiones y nuevas solicitudes de acuerdo con la fisonomía cambiante del país en pleno desarrollo. Esto es, no había una planeación adecuada ni era posible que la hubiera, para la electrificación de la república en términos paralelos a la planeación industrial y agrícola que debemos procurar, si queremos explotar más racionalmente los recursos humanos y materiales de México.

El 21 de octubre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para adecuar el párrafo VI del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que decía:

Por su innegable actualidad reproduzco literalmente un párrafo de la exposición de motivos de la citada iniciativa de reforma constitucional:

La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución -expresé en mi informe–, así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto requieren, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado, a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano.

Tal trascendental reforma constitucional fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960.

Sin embargo, se escogió el 27 de septiembre como fecha conmemorativa en alusión al día en el que el Ejército Trigarante hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México en 1821, consumando la independencia nacional. La liga histórica tiene sentido pues, primero con el petróleo y después con la electricidad, la nación asumía el control y la propiedad exclusiva sobre dos de sus más importantes recursos estratégicos, fortaleciendo con ello la soberanía y la independencia nacionales.

Claro, eran otros tiempos. Con las grandes reformas del presidente patriota Lázaro Cárdenas se sentaron las bases para el desarrollo económico y social de México y con la nacionalización de la industria eléctrica, la electricidad llegó en pocos años a más de 90 por ciento de los mexicanos, siendo que las empresas eléctricas extranjeras apenas alcanzaron menos de 50 por ciento del territorio nacional en 57 años, desde que llegaron a México en 1903; con la nacionalización de la industria eléctrica se abrió el llamado "desarrollo estabilizador", con un crecimiento promedio del producto interno bruto arriba de 6 por ciento anual, a partir del fortalecimiento del mercado interno, es decir con crecimiento real de los salarios. Por supuesto sin romper los marcos del desarrollo capitalista, pero también sin olvidar un concepto que ha sido enterrado por el neoliberalismo, la justicia social.

Eran los tiempos en que los ingresos petroleros no eran la caja grande del despilfarro y la corrupción gubernamental, pues en el periodo que abarca de 1938 a 1976 los impuestos federales y estatales frente a los ingresos petroleros apenas representaron en promedio 16 por ciento, en tanto de 1982 a la fecha los impuestos federales representaron en promedio 60 por ciento de los ingresos petroleros, lo que muestra la sangría criminal a la que sido sometido Pemex a lo largo de 25 años de neoliberalismo.

Era la época en que el servicio público de energía eléctrica estaba al alcance del pueblo y no como ahora, que el pueblo tiene que escoger entre comer o pagar los altos precios de las tarifas eléctricas domésticas, que en los hechos ha conducido a una huelga de pagos que involucra a millones de mexicanos, como resultado del proceso de privatización impuesto por Salinas de Gortari con las reformas de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, que abrió las puertas al capital extranjero y condicionó el crecimiento de la generación de la electricidad a las necesidades de las empresas eléctricas extranjeras; así como la infame reestructuración tarifaria de Vicente Fox que impuso la llamada "tarifa eléctrica de alto consumo".

Conmemorar la nacionalización de la industria eléctrica no es sólo un ejercicio de memoria para romper con el olvido que los neoliberales promueven sobre fechas significativas de la historia de México y de nuestra identidad nacional. Es también desde la filosofía de la praxis el compromiso de actuar y organizar la defensa del patrimonio nacional energético.

Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica)
 
 
 

RELATIVA AL DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA, POR CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE, A CARGO DE LA DIPUTADA JOSEFINA SALINAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Además de ser un día muy especial para los mexicanos, el 15 de septiembre tiene un significado muy importante para quienes padecen cáncer linfático.

En esa fecha se conmemora el Día Mundial del Cáncer Linfático o Linfoma.

La mayoría de las personas ignoramos que este tipo de cáncer en el sistema linfático, en México afecta principalmente a población en edad productiva (entre 40 y 60 de edad) que son líderes de familia y que por motivos de esta enfermedad corren el riesgo de dejar sin sustento económico a quienes dependen de ellos.

El diagnóstico del linfoma es complicado porque no manifiesta síntomas evidentes, de manera que su avance es silencioso y sumamente peligroso. Un diagnóstico temprano, sin duda, hace la diferencia en el costo y eficiencia del tratamiento, cuyo costo promedio en este país asciende a 300 mil pesos anuales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, más de 250 personas con linfoma se presentan anualmente en este instituto para ser atendidas, aunque sólo se tiene capacidad para atender a 4 o 5 pacientes anualmente, debido a la falta de recursos.

Los linfomas se clasifican ya sea como enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin. La variante más común en México es el linfoma no Hodgkin y se estima que durante el 2007 más de siete mil personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad. El 60 por ciento de los pacientes con linfoma no Hodgkin presenta la forma agresiva y, de no tratarse a tiempo, resulta mortal para el paciente en un lapso de seis meses.

Existen seis síntomas característicos del cáncer linfático, los cuáles pueden aparecer en conjunto o aislados, de ahí la dificultad de poder identificarlos oportunamente. Estos síntomas son:

A pesar de que este padecimiento, afecta en nuestro país a un amplio sector de la población en edad productiva, llama la atención que ningún legislador o grupo parlamentario ha presentado iniciativas o puntos de acuerdo relacionados con cáncer linfático.

Por esta razón considero que es importante que como legisladores y servidores públicos hagamos un llamado de atención ante este problema y destacar que el cáncer linfático también puede ser curable si es detectado y tratado a tiempo antes de que sea diseminado por la sangre y el sistema de ganglios linfáticos a diversos órganos del cuerpo, de manera simultánea.

Estimamos que el Sector Salud, tiene la responsabilidad ética y social de realizar campañas de información y difusión sobre el Cáncer Linfático que permita a la población tener elementos para un diagnóstico temprano.

Apoyemos hoy a quienes viven con cáncer linfático y trabajemos juntos, sociedad y gobierno por difundir la existencia de esta terrible y mortal enfermedad.

Palacio Legislativo, a 25 de septiembre 2008.

Diputada Josefina Salinas Pérez (rúbrica)
 
 
 

RELATIVA AL DÍA MUNDIAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR CELEBRARSE EL 28 DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN DE LOS SANTOS MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

A partir del 28 de septiembre de 2002, cada año se conmemora el Día Mundial de Acceso a la Información, resultado de una reunión en Sofía, Bulgaria, de organismos no gubernamentales de diferentes partes del mundo, incluido México, donde se formó la Red Global de Defensores de la Libertad de Información, con objeto de generar gobiernos más transparentes y de sensibilizar a la ciudadanía en torno del ejercicio de la libertad de información.

El acceso libre a la información pública ha sido reconocido como un derecho humano básico que tienen los ciudadanos, que aunque pocos lo conocen, resulta necesario para ejercer otros derechos fundamentales.

Asimismo, el acceso a la información pública es una condición elemental para la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos.

Desde 1977 el acceso a la información pública se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho indeterminado, toda vez que no se indicó a que tipo de información se hacía referencia, quien debía proporcionarla y a través de que medios.

Sin embargo, hasta el 11 de junio de 2002 no se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.

Para el país, este derecho también se interpreta conforme a los instrumentos internacionales suscritos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la ONU en 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1996; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y la interpretación que de ellos hayan realizado los órganos internacionales especializados.

No obstante los ordenamientos legales e instrumentos internacionales que garantizan el derecho a saber y el naciente interés ciudadano por conocer las acciones de gobierno, en México el ejercicio de este derecho presenta algunas restricciones en los marcos jurídicos vigentes y prevalece la falta de transparencia en las decisiones gubernamentales.

A fin de contribuir a contrarrestarlas y en sentar las condiciones mínimas que aseguren el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, el 20 de julio de 2007 fue publicada la reforma del artículo 6o. constitucional con objeto de universalizar la practica democrática al establecer las bases y los principios fundamentales que dan contenido básico al derecho de acceso a la información que regirá en la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal.

Sin embrago, la reforma constitucional conlleva modificaciones de las leyes federales y de las estatales en la materia, en un plazo legal que ya fue alcanzado, sin haber logrado realizar los cambios que dan congruencia y vigencia a los preceptos constitucionales.

Por ello, la presente intervención desde la más alta tribuna de la nación, tiene como finalidad realizar un respetuoso exhorto a los gobiernos municipales, estatales y federal a garantizar el acceso a la información de manera coherente e integral y sobre todo a respetar los principios y bases constitucionales, para que cualquier persona tenga la misma certeza jurídica al ejercer su libertad de conocer los asuntos públicos en el país, posibilitar la participación plena de la ciudadanía en la toma de decisiones y generar con ello gobiernos más responsables.

Salón de sesiones, a 25 de septiembre de 2008.

Diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica)