Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2599-I, jueves 25 de septiembre de 2008

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2599-I, jueves 25 de septiembre de 2008.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a agilizar la entrega de recursos del Fonden en favor de los municipios de Chihuahua afectados por las intensas lluvias.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a impulsar la firma de un acuerdo migratorio en el cual se garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y, en el caso de los trabajadores, el pleno ejercicio y observancia de sus derechos laborales en territorio estadounidense.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instituir mediante la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata; y a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al director general de la Comisión Nacional de Vivienda a consolidar sus acciones de promoción para que ésta logre niveles de sustentabilidad.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto acuerdo para exhortar al gobierno local a rendir un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en la capital del país.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo a fin de solicitar al gobierno local y al delegado de Xochimilco que rindan un informe sobre los avances y las acciones de la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo a fin de solicitar al jefe del gobierno local y a los de las 16 delegaciones que suscriban con los Consejos Nacional para Prevenir la Discriminación, y para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal convenios de desarrollo, fomento y difusión de la cultura de la no discriminación en las demarcaciones.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de la Función Pública a solicitar a las autoridades correspondientes que realicen embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados y a dar vista al Ministerio Público por la probable participación en la comisión de delitos; y a inhabilitar de manera indefinida a Gutsa Infraestructura, SA de CV, para participar en licitaciones o adjudicaciones directas de obras públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que informe respecto a los alcances del programa de austeridad del gobierno federal y que investigue sobre las irregularidades detectadas en el Conaculta.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo para exhortar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y a Ferrocarriles Nacionales de México a otorgar en donación a Amigos de Ferrocarril en Otumba, AC, el inmueble en que se halla la antigua estación de ferrocarril de esa localidad mexiquense.

Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR LA ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDEN EN FAVOR DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a agilizar la entrega de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y la entrega de recursos extraordinarios a diversas zonas del estado de Chihuahua, en virtud de los daños ocasionados por las lluvias.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha nueve de septiembre de dos mil ocho, el diputado César Duarte Jáquez, en nombre de diputados de Chihuahua integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a agilizar la entrega de recursos del Fonden y la entrega de recursos extraordinarios destinados para este fin a las zonas afectadas de los municipios de Allende, Balleza, Camargo, Coyame del Sotol, Hidalgo del Parral, Matamoros, Meoqui, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, y Valle de Zaragoza, Chihuahua, en virtud de la situación de emergencia ocasionada por las lluvias de los últimos días en dicha entidad.

II. Con la misma fecha, nueve de septiembre de dos mil ocho, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

1. Señala la proposición con punto de acuerdo que las lluvias han azotado diversos municipios de Chihuahua, entre los que están Allende, Balleza, Camargo, Coyame de Sotol, Hidalgo del Parral, Matamoros, Mgeoqui, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conchos, San Francisco del oro, Santa Bárbara, Satevó y Valle de Zaragoza.

2. Las lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, especialmente de la presa La Boquilla, que provocó que ciudades y comunidades quedaran inundadas, dejando a la población en estado de emergencia.

3. Destaca la proposición con punto de acuerdo el caso del municipio de Hidalgo del Parral el cual, según reportes preliminares, ha sufrido daños "en casi 500 viviendas de 16 colonias y en otras 150 casas de 8 comunidades rurales". De acuerdo con la exposición de motivos, los daños habrían dejado más de 4 mil damnificados.

4. Las inundaciones en el estado han dañado más de 2 mil 600 hectáreas de siembra, estimando daños millonarios en maquinaria, tractores y equipos especiales para el cultivo. La exposición de motivos señala que la "catástrofe dejará a cientos de familiar sin posibilidades de allegarse de los recursos necesarios para subsistir, por lo que la peor parte del desastre se encuentra aún por manifestar".

5. Destaca que "será vital fomentar el desarrollo y la inversión en las zonas afectadas, por lo que los gobiernos federal, estatal y municipal deberán sumar esfuerzos con el objetivo de sacar adelante a la población afectada".

6. El objeto de la proposición con punto de acuerdo es dirigir un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que agilice la entrega de los recursos del Fonden y la entrega de recursos extraordinarios para los municipios de Chihuahua que han sufrido los efectos de las intensas lluvias que se han registrado en la entidad.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes

Consideraciones

1. El 29 y 30 de agosto se registraron en Chihuahua lluvias e inundaciones atípicas que afectaron varios municipios por lo que, a solicitud del gobierno local, la Coordinadora General del Protección Civil de la Secretaría de Gobernación procedió a la emisión de diversas declaratorias de emergencia, de conformidad con los artículos 12, fracción IX, 29, 30, 33 y 37 de la Ley General de Protección Civil.

2. La Secretaría de Gobernación, a través de los boletines números 242-01/09/2008, 247-04/09/2008, 258-10/09/2008 y 262-13/09/2008, emitió la declaratoria de emergencia para Hidalgo del Parral, Allende, Aldama, Camargo, Coyame del Sotol, Julimes, La Cruz, Ojinaga, San Francisco de Conchos, Saucillo; Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Meoqui, Rosales, Satevó; Balleza, Doctor Belisario Domínguez, Carichí, El Tule, Huejotitán, Nonoava, San Francisco de Borja, Valle de Zaragoza y Rosario, Chihuahua, que fueron afectados por las lluvias.

3. La declaratoria de emergencia para esos municipios permitió que Chihuahua accediese a los recursos del fondo revolvente del Fonden para atender las necesidades alimenticias, de salud y abrigo de la población afectada por las lluvias atípicas.

4. Los recursos del Fonden, al haberse activado la declaratoria, amparan los gastos para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de los damnificados; o bien, ante la posibilidad de afectaciones derivadas de la ocurrencia de los fenómenos naturales mencionados.

5. El mismo gobierno del estado de Chihuahua ha llevado a cabo diversas acciones para paliar los efectos de la emergencia ya que, como se desprende de los boletines de prensa de la oficina del gobernador, se han aplicado diversas acciones para auxiliar a los damnificados, entre las que destaca la ayuda médica, refugios temporales, reconstrucción y reubicación de viviendas afectadas, entrega de apoyos del Programa de Empleo Temporal, entrega de despensas, láminas, cobertores, artículos de limpieza personal, colchonetas, agua potable y herramientas, e inversión de recursos para los programas hidráulicos de la entidad.

6. Si bien ha sido declarada la emergencia por las lluvias e inundaciones atípicas y se han invertido recursos para beneficio de los afectados, el riesgo prevalece, ya que el boletín de prensa número 174-08, del 9 de septiembre de 2008, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reportó que el sistema de presas del estado se encontraba a 110 por ciento de su capacidad, lo que implica que los sistemas hidráulicos derramen sus excedentes hacia los cauces que se encontraban secos, lo que podría poner en peligro a la población.

7. Esta comisión, de acuerdo con los informes de la Conagua, y al haberse presentado una temporada de lluvias 26 por ciento mayor que la media histórica durante 2008 en todo el país, considera que los daños sufridos en Chihuahua deben ser atendidos con eficiencia y eficacia, más aun cuando en el Estado las presas y los sistemas hidráulicos se encuentran más allá de su capacidad ordinaria y, en tanto prevalece el derrame de los excedentes, debe mantenerse la vigilancia necesaria, a través de los sistemas de protección civil de los tres niveles de gobierno para evitar más afectaciones a la población, además de distribuir con celeridad los recursos estatales y municipales para beneficio de la población y la reconstrucción de la infraestructura del estado.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a agilizar la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres y la entrega de recursos extraordinarios destinados a los municipios del estado de Chihuahua afectados por las lluvias e inundaciones atípicas registradas en la entidad.

Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación a efecto de que, a través de la Coordinación General de Protección Civil, informe por escrito a la Cámara de Diputados sobre los resultados de la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres destinados a los municipios de Chihuahua afectados por las lluvias e inundaciones atípicas registradas en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz, Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR LA FIRMA DE UN ACUERDO MIGRATORIO EN EL CUAL SE GARANTICEN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS Y, EN EL CASO DE LOS TRABAJADORES, EL PLENO EJERCICIO Y OBSERVANCIA DE SUS DERECHOS LABORALES EN TERRITORIO ESTADOUNIDENSE

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2; y 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

El 4 de marzo de 2008 se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar la firma de un acuerdo migratorio, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Gobernación; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios".

Contenido de la proposición

La proposición en comento proporciona algunas cifras relativas a la migración internacional, a las ventajas y a las dificultades que conlleva emigrar de un país a otro, y a los beneficios que obtienen de los migrantes tanto los países emisores como los receptores.

Asimismo, hace hincapié en las responsabilidades que debe asumir y tener el gobierno federal para hacer que se respeten los derechos de los migrantes, ante el clima de hostigamiento y maltrato de que son objeto.

Propone realizar un exhorto al Ejecutivo federal a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los migrantes, mediante la firma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América.

Consideraciones

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios considera que si bien hay una serie de complejidades y dificultades que habría que atender para la firma de un acuerdo de dicha naturaleza, sería necesario y muy importante explorar y agotar todas las posibilidades en tal sentido. Asimismo, hay que distinguir la diferencia entre la firma de un acuerdo migratorio, que tendría que ser planteado, negociado y signado entre los presidentes de ambas naciones, y después ratificado por ambos Congresos, y la aprobación de una reforma migratoria de las leyes y en el Congreso estadounidenses, propósitos que irían, ambos, en la dirección de conceder algún esquema de regularización para los migrantes que residen con un estatus de irregularidad en el país vecino.

Por lo expuesto, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar la firma de un acuerdo migratorio en el cual se garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y, en el caso de los trabajadores migrantes, el pleno ejercicio y respeto de sus derechos laborales en territorio estadounidense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Silvestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Guillermina López Balbuena (rúbrica), Isael Villa Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias, Pascual Bellizza Rosique.

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR MEDIANTE LA SECRETARÍA DE SALUD LA SEMANA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, LA SEMANA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y LA SEMANA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA; Y A FORMULAR Y EMITIR LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, EL CONTROL Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir a través de la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata, así como a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 30 de abril de 2008, por la Cámara de Diputados, se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir a través de la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata, así como a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

III. Contenido

En su exposición de motivos, el promovente señala que es posible acotar que el perfil epidemiológico que hoy caracteriza a nuestro país es dominado por las enfermedades crónico-degenerativas y lesiones. Y obedece a determinantes de naturaleza compleja, asociadas tanto a las condiciones de vida, como a las capacidades de las personas para tomar decisiones a favor de su salud y la de su familia. Asimismo, persiste un inaceptable círculo vicioso: pobreza-enfermedad-pobreza, potenciado por la desigualdad de oportunidades.

Afirma asimismo que el sistema de salud debe contribuir al bienestar general de la población, apoyar el desarrollo general de la población y ayudar al combate a la pobreza. La salud guarda con el desarrollo social del país y el combate a la pobreza, una relación bidireccional, es decir, una población saludable produce desarrollo social y a su vez el desarrollo social genera mejores condiciones de salud de la población.

Por ese motivo propone se exhorte al Ejecutivo federal a instituir a través de la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata; asimismo, a la Secretaría de Salud, a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata.

III. Consideraciones

Las semanas nacionales de salud son una estrategia para asegurar la vacunación universal y poco a poco se fue ampliando hasta llegar al que tenemos hoy en día.

En 1991 se crea el Programa de Vacunación Universal (PVU). Este programa integra, por primera vez a todas las instituciones del sistema nacional de salud al implantar un programa con objetivos, metas, estrategias y procedimientos idénticos para todas ellas. Esto como en respuesta a que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades sanitarias del país, existían coberturas de vacunación insuficientes, lo que señalaba la inadecuada productividad de las estrategias implantadas y la insuficiencia de los recursos para alcanzar coberturas de vacunación que garantizaran de modo permanente, logros epidemiológicos capaces de obtener el control, la eliminación y o la erradicación de las enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

Paralelamente, y retomando las experiencias con la terapia de hidratación oral para el control de las diarreas en el estado de Jalisco en los años 1958 y 1959, así como los procesos de desarrollo que ha tenido esta terapia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez desde 1979 hasta su consolidación en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1983, se dio pauta para la ejecución del Programa Nacional de Hidratación Oral en Diarreas, posteriormente el de Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas en 1994, logrando con la secuencia de actividades durante los primeros años de su operación, la reducción del 76 por ciento de los fallecimientos por diarrea en niños menores de cinco años de edad contribuyendo así al descenso sostenido de la mortalidad infantil en ese grupo.

Desde 1979 se han desarrollado esfuerzos para disminuir la mortalidad Infecciones Respiratorias Agudas, de acuerdo a las evaluaciones que se realizaron en el país con el objeto de demostrar la factibilidad de estandarizar el diagnóstico y tratamiento de estos padecimientos en el primer nivel de atención, se formuló el Programa de Prevención y Control de las Infecciones Respiratorias Agudas, que se extendió a la totalidad del territorio nacional en 1989, continuando con el esfuerzo hasta 1995.

En 1995 se realizó el primer esfuerzo de integración de programas prioritarios dando lugar, al Programa de Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias Agudas.

Bajo esta perspectiva se creó el Programa de Atención a la Salud del Niño, en 1997, integrando los programas de prevención y control de las enfermedades que más frecuentemente pueden afectar a la población menor de cinco años de edad. Se consideraron los componentes de vacunación universal, prevención y control de enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias agudas así como el de nutrición.

A partir de diciembre del año 2000, la Secretaría de Salud amplía el ámbito de este programa, a fin de integrar en la prestación de servicios al grupo poblacional hasta los nueve años de edad.

La estrategia denominada semanas nacionales de salud tiene como objetivo general romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso, mantener eliminada la transmisión autóctona de éstos, mediante el otorgamiento de acciones simultáneas para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, a la vez que se trata de reducir deficiencias de la nutrición.

El universo objeto de estas acciones corresponde a la población infantil, preescolar, escolar, mujeres de 12 a 44 años de edad y hombres de 12 años de edad y más que radiquen en municipios con casos de tétanos neonatal y no neonatal.

Como se puede observar las semanas nacionales de salud tienen como finalidad intensificar las acciones permanentes de vacunación, y realizar otras acciones como lo son la repartición de sobres de Vida Suero Oral y ofrecer pláticas informativas a madres de familia y mujeres embarazadas sobre temas como prevención de enfermedades respiratorias y tétanos neonatal, así como el adecuado control del estado de nutrición de los menores.

La vacunación permanente se ha ofrecido sistemáticamente en las unidades de salud que cuentan con servicios de inmunizaciones y en el área de influencia de las mismas, mediante las visitas domiciliarias del personal médico, de enfermería y vacunadores. Este servicio se ha otorgado durante todos los días laborables del año, dependiendo de la disponibilidad de los biológicos y del personal de campo. Su principal objetivo es ofertar permanentemente las vacunas que necesita el menor de cinco años para completar su esquema básico (vacunas BCG, antipoliomielítica, pentavalente y triple viral), así como aquellas que se aplican en forma complementaria tanto a este grupo etáreo como a los adolescentes y adultos (vacunas DPT, SR y antihepatitis B y toxoides tetánico y diftérico). En el último trimestre del año 2004 se introdujo a nivel nacional la vacunación contra la influenza en los grupos de 6 a 23 meses y de 65 y más años de edad, así como en grupos de riesgo selectivos.

En México, cada año se realizan tres semanas nacionales de salud. Las dos primeras se llevan a cabo en febrero y mayo respectivamente, tienen como actividad central la aplicación de vacuna Sabin a todos los menores de cinco años con el propósito de mantener la erradicación del poliovirus silvestre del territorio nacional. En octubre se efectúa la tercera, en ésta se aplica la vacuna Triple Viral a los niños de nuevo ingreso a la instrucción primaria, así como a los niños de 6 y 7 años de edad no inscritos en el sistema educativo nacional que no han recibido la segunda dosis de este biológico; además se aplica un refuerzo con toxoide tetánico diftérico a alumnos de sexto grado de primaria.

Según la Secretaría de Salud, en las tres semanas nacionales de salud, como reforzamiento a las actividades permanentes, se aplican todas las vacunas para iniciar o completar esquemas vacunales en los menores de cinco años de edad, mujeres en edad fértil y grupos poblacionales específicos. También se promueven otras acciones de salud como distribución de sobres con sales hidratantes (Vida Suero Oral) y se proporciona información a los responsables de los niños menores de cinco años para el uso adecuado del Vida Suero Oral en el tratamiento de los cuadros diarreicos.

En las dos últimas semanas nacionales de salud de cada año, se llevan a cabo dos intervenciones en áreas de riesgo para enfermedad diarreica, la primera es de tipo nutricional en niños de 6 meses a 4 años de edad, a quienes se les aplica una megadosis de vitamina A para contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, particularmente la causada por diarreas e infecciones respiratorias; y, la segunda, en niños y adolescentes (de 2 a 14 años de edad) se administra Albendazol para reducir la tasa de infestación por parásitos intestinales y disminuir el impacto negativo de las parasitosis en el crecimiento y desarrollo infantil, así como en el rendimiento escolar.

A partir del año 2004, el Consejo Nacional de Vacunación estableció un suplemento con ácido fólico a mujeres en edad fértil como una política para el fortalecimiento de su estado nutricio, a fin de prevenir los defectos congénitos del tubo neural y abatir su alta prevalencia en el país.

Derivado de todo lo anterior se puede inferir que, en efecto la preocupación del promovente es loable, sin embargo no es objeto de la estrategia denominada "semana nacional de salud" ya que ésta se enfoca primordialmente a la vacunación, a enfermedades diarreicas y prevenir la mortalidad infantil principalmente.

Sin embargo, creemos que dado el éxito que ha tenido esta visión de la salud pública sería oportuno trasladar dicha experiencia a otros grupos de población como lo señala el promovente, y sin interferir con la labor cotidiana de prevención, se otorgue un énfasis en la detección oportuna de enfermedades como las que señala el promovente en su punto de acuerdo.

Por lo que respecta al segundo objetivo que se persigue con el punto de acuerdo y que se refiere a la creación de una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata; creemos que resulta necesaria, ya que tanto para el tratamiento del cáncer cérvico uterino, como para el cáncer de mama, existen las normas oficiales respectivas y éste sería un instrumento más para contribuir a la detección temprana de dicha enfermedad, toda vez que es menos común que el género masculino adopte una cultura de prevención de enfermedades, con la creación de una norma en la materia se coadyuvará a mejorar, tanto la detección como el diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad.

Asimismo es importante señalar que según cifras proporcionadas por el INEGI, en los varones, las tres principales causas de muerte por tumores malignos en el año corresponden a los de: tráquea, bronquios y pulmón (15.6 por ciento), próstata (15.5 por ciento) y estómago (9.1 por ciento). Lo que significa que es la segunda causa de tumor maligno en los hombres del país, por lo que se requiere la implantación de programas de prevención más eficaces para un diagnóstico oportuno.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a instituir a través de la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Salud se formule y emita la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata.

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA A CONSOLIDAR SUS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA QUE ÉSTA LOGRE NIVELES DE SUSTENTABILIDAD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Luis Murillo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Vivienda para que consolide sus acciones de promoción a fin de lograr mejor sustentabilidad en ésta.

La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XL, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 56, 58, 60, 87, 93 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2008, José Luis Murillo Torres, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Vivienda para que consolide sus acciones de promoción, a fin de lograr niveles de sustentabilidad de la misma.

2. Con fecha 30 de abril de 2008, la Presidencia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión dispuso que se turnara a la Comisión de Vivienda, para su estudio, análisis y dictaminación, lo cual se hizo del conocimiento mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1580.

De acuerdo con los antecedentes mencionados, los integrantes de la Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden en que la vivienda ha representado históricamente, en el desarrollo de la humanidad, uno de los elementos materiales indispensables para su sobrevivencia y que ha sido un instrumento utilizado para alojar a los individuos o familias de manera permanente o durante largos períodos de tiempo; que conforme a las características del medio ambiente, le permitieron establecerse en un solo lugar, aprendiendo a cultivar la tierra, desarrollando sus propias costumbres y creando pequeñas aldeas que posteriormente conformaron comunidades más complejas; constituyendo formas de organización social dando como consecuencia, el surgimiento de las grandes ciudades contemporáneas existentes en el mundo.

La vivienda es el espacio físico en que la familia crece, se desarrolla y se integra a la sociedad, un lugar con significados e implicaciones profundamente humanos; pero también representa el bien material con valor patrimonial, social e incluso político de más importancia para la familia.

Sin embargo, las recurrentes crisis económicas y el desmesurado crecimiento demográfico han traído como consecuencia en las grandes urbes, problemas de desempleo, seguridad pública, seguridad social y por ende la necesidad de acceder a una vivienda de calidad.

Segunda. En materia de construcción y urbanismo, nuestra legislación ha adoptado criterios de sustentabilidad, aplicados en diseños y tecnologías que permiten incorporar el cuidado y conservación de los recursos naturales, reduciendo el derroche de materiales y energía, evitando así los focos de contaminación y contribuyendo a la salud física, mental y emotiva de sus habitantes, lo que evidencia que nuestra legislación vigente contemple grandes adelantos en la utilización de materiales de alta calidad, aplicación de ecotecnia y de tecnología en vivienda y saneamiento, de bajo costo y alta productividad, que cumplen con los parámetros de Certificación respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.

Lo anterior queda de manifiesto en los artículos 71, 77 y 78 de la Ley de Vivienda, que disponen:

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes, tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función del número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como a garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados. Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. Artículo 77. La comisión fomentará la participación de los sectores público, social y privado en esquemas de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicación de ecotécnicas y de nuevas tecnologías en vivienda y saneamiento, principalmente de bajo costo y alta productividad, que cumplan con parámetros de certificación y cumplan con los principios de una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, promoverá que las tecnologías, sean acordes con los requerimientos sociales, regionales y a las características propias de la población, estableciendo mecanismos de investigación y experimentación tecnológicas.

Artículo 78. el modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos los cuales deberán considerar la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de servicios; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales. En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Por lo anterior, es factible el exhorto al director general de la Comisión de Vivienda, para que conforme a las atribuciones que le confieren la ley de vivienda, incremente y consolide sus acciones de promoción para que los programas de vivienda que lleven a cabo las dependencias y entidades federales, los gobiernos federales, los gobiernos estatales y municipales, así como los sectores social y privado, logren mejores niveles de calidad y sustentabilidad de la vivienda, en beneficio del derecho de las familias mexicanas a una vivienda digna y decorosa.

Tercera. Una de las tareas prioritarias del país en los próximos años será redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda para que se pueda hacer frente al déficit habitacional.

Para lograrlo se requiere el establecimiento de una política nacional de vivienda con visión de mediano y largo plazos, que considere la homologación de criterios, reglamentaciones, políticas, planes y programas de estos organismos y que actúe de forma coordinada con el esfuerzo desarrollado por las entidades estatales de vivienda y las instituciones financieras, poniendo especial atención en las necesidades de vivienda de las familias con menores ingresos.

Además se requiere, realizar un esfuerzo adicional de simplificación administrativa para disminuir los costos indirectos a través de la profundización de medidas relacionadas con la desregulación de trámites, permisos y licencias. Esto implica la homologación de los reglamentos de construcción en los estados para uniformar los criterios de operación.

A fin de propiciar un crecimiento ordenado de los centros urbanos, se necesita impulsar la planeación citadina mediante el establecimiento de reservas territoriales, incorporando suelo ejidal y comunal al urbano, evitando el asentamiento de los núcleos de población en zonas de alto riesgo.

Asimismo, la industria de la construcción y el sector inmobiliario deben de llevar a cabo un programa de investigación y desarrollo de tecnología que permita bajar costos directos mediante la utilización de nuevas técnicas y materiales de construcción. Para ello será indispensable una vinculación más estrecha con las universidades y centros de investigación del país. Ello hace factible exhortar a los gobiernos estatales y municipales a acelerar los procesos de modernización y homologación de sus reglamentaciones, planes y programas en materia de construcción, ordenación urbana y territorial, así como de sus sistemas catastrales y de registro público de la propiedad, a fin de garantizar un esfuerzo efectivo en la promoción de una vivienda digna.

Por lo anterior, la Comisión de Vivienda somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Vivienda a incrementar y consolidar, conforme a la ley, sus acciones de promoción para que los programas de vivienda que lleven a cabo las dependencias y entidades federales, los gobiernos estatales y municipales, así como los sectores social y privado, logren mejores niveles de calidad y sustentabilidad de la vivienda, en beneficio del derecho de las familias mexicanas a una vivienda digna y decorosa.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos estatales, municipales y del gobierno del Distrito Federal a acelerar los procesos de modernización y homologación de sus reglamentaciones, planes y programas en materia de construcción, ordenación urbana y territorial, así como de sus sistemas catastrales y de registro público de la propiedad, a fin de garantizar un esfuerzo efectivo en la promoción de una vivienda digna.

Tercero. Se exhorta a los organismos nacionales de vivienda a ejercer sus programas de financiamiento con criterios que estimulen estos esfuerzos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

La Comisión de Vivienda

Diputados: Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Daniel Chávez García (rúbrica), Raúl García Vivián, Eduardo Ortiz Hernández, María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández, Joel Arellano Arellano, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López Torres, David Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano, Alfredo Barba Hernández, Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON PUNTO ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO LOCAL A RENDIR UN INFORME DETALLADO RESPECTO A LOS ABORTOS PRACTICADOS LEGALMENTE EN LA CAPITAL DEL PAÍS

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en el Distrito Federal.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal de este órgano legislativo.

3. La proposición, materia del presente dictamen, plantea como punto resolutivo el siguiente:

Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a través de las autoridades competentes, a rendir un informe detallado, a) del número de abortos practicados legalmente en el Distrito Federal a partir de la entrada en vigor de las reformas referidas, y de los nombres de las madres que fueron sometidas a este procedimiento; b) de los estados de la república de los cuales provienen las madres mencionadas; c) de las medidas adoptadas en los centros de salud, en que se practicaron los abortos mencionados, para dar a conocer a la madre solicitante de este procedimiento los riesgos y las consecuencias en su salud física y mental por abortar; d) del estado de salud física y mental en que se encuentran en la actualidad las madres que han abortado desde la entrada en vigor de la reforma mencionada; y e) de los mecanismos implantados para promover el ejercicio pleno de la sexualidad informada y responsable para lograr que cada día haya menos embarazos no deseados y de los derechos que las mujeres y sus hijos tienen con motivo de la maternidad, lactancia y primera infancia.

Para argumentar su proposición, la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros señala que

a) La maternidad es un proceso esencial no indispensable, inherente a la mujer; sin embargo, una parte de la sociedad lo percibe como algo negativo y desfavorable que interrumpe y afecta su proyecto de vida.

b) Un embarazo es un proceso costoso, desde el inicio hasta los primeros meses de nacido el bebé.

c) Según la Organización Mundial de la Salud, la despenalización o legalización del aborto no contribuye a disminuir las tasas de mortalidad materna y, en países donde el aborto ha sido legalizado o despenalizado, se ha visto que, en los primeros años, el número de mujeres que realizan esta práctica aumenta considerablemente. En los años siguientes este número se ha estabilizado, siendo, sin embargo, mucho mayor que el número inicial de abortos, por ejemplo, en España, en Reino Unido y en Estados Unidos de América. En Rusia, cuya legislación sobre el aborto es muy permisiva, la mortalidad materna es de 67 por 100 mil nacidos vivos, mientras que en Irlanda, donde el aborto es muy restringido, es de 5 por 100 mil nacidos vivos.

d) El aborto constituye uno de los más graves casos de violencia doméstica, porque implica el asesinato de muchas niñas (50 por ciento de los infantes abortados) y en muchas ocasiones la mujer embarazada es obligada a hacerlo por la pareja, los propios padres e incluso amistades.

e) El aborto provocado genera graves trastornos físicos, afectivos, psíquicos y de personalidad en las mujeres que lo realizan. Del trauma psicológico, tardan en salir en promedio de uno a dos años. En casos extremos, sufren de delirios, cambios de personalidad, ausencia de apetito, anorexia, bulimia, síndrome postaborto, que se refleja en estados depresivos, sentimientos de culpa, pesadillas recurrentes, rechazo de estímulos que recuerden el aborto y alteraciones conductuales relacionadas con emociones provocadas por el aborto. Experimentan secuelas psicológicas y reportan ideas suicidas, de las cuales un gran número llega a consumar. Se incrementa el consumo de alcohol y drogas, la disfunción sexual, los problemas de pareja y el maltrato infantil.

f) El aborto representa un problema de salud nacional e internacional, tanto en medios salubres como insalubres, pues el menor de los errores podría terminar con la vida de la mujer, debido a una hemorragia interna, perforación uterina, hemorragia severa, lesión intestinal, laceración cervical, infección, tromboembolia pulmonar, aborto incompleto, estenosis cervical, convulsiones por anestesia, atonía uterina con sangrado, placenta previa, embarazo ectópico y partos prematuros posteriores.

27 de 33 estudios coinciden en señalar un aumento en el riesgo de cáncer de seno en mujeres que han abortado, que tratándose de aborto inducido aumenta 30 por ciento.

Un estudio reciente financiado por el gobierno de Finlandia concluyó que las mujeres que abortan tienen cuatro veces más probabilidades de morir en el transcurso del año siguiente que las que tuvieron al bebé.

g) El aborto constituye un ataque no solamente a la hija o el hijo eliminado sino a la salud de la madre. Más de 50 por ciento de las muertes maternas del mundo suceden en los países que tienen las leyes menos restrictivas. En India, donde la legislación permite el aborto en casi todos los casos, más muertes maternas ocurren. Cada año se registran alrededor de 136 mil casos.

En los países desarrollados también se puede ver que no hay una correlación entre la legalidad del aborto y los índices de mortalidad materna. Rusia, con una de las legislaciones más amplias, tiene una tasa de mortalidad materna alta: 67 por 100 mil nacidos vivos. En contraste, Irlanda, donde el aborto es ilegal prácticamente en todos los casos, posee una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo (5 por 100 mil nacidos vivos), tres veces inferior a la del Reino Unido (13 por 100 mil nacidos vivos) y a la de Estados Unidos de América (17 por 100 mil nacidos vivos).

En América Latina, Chile, que posee una de las legislaciones más restrictivas respecto al aborto, tiene la segunda tasa de mortalidad materna más baja (31 por 100 mil nacidos vivos), después de la de Uruguay (27 por 100 mil nacidos vivos), menor incluso que la de Cuba (33 por 100 mil nacidos vivos) y la de Guyana (170 por 100 mil nacidos vivos), los únicos países de la región donde el aborto es permitido sin restricciones.

Las mayores tasas de mortalidad materna de Sudamérica las presentan Bolivia (420 por 100 mil nacidos vivos) y Perú (410 por 100 mil nacidos vivos), cuyas legislaciones permiten el aborto en algunos casos.

Como puede verse, la legalidad o ilegalidad del aborto no afecta las tasas de mortalidad materna. Lo que sí resulta determinante, en cambio, es el número de partos atendidos por personal calificado. En Haití, por ejemplo, que tiene la tasa de mortalidad materna más elevada de la región (680 por 100 mil nacidos vivos), 76 por ciento de los partos no recibe atención calificada. En Bolivia este número llega a 65 por ciento y en Perú a 59 por ciento.

h) Es necesario que se tomen medidas que ayuden a la atención de las mujeres que en el país y específicamente en el Distrito Federal se han sometido a un procedimiento de aborto donde, de acuerdo con las modificaciones en la materia, es legal si se practica dentro de las primeras 12 semanas de la concepción. Peor aún, se permite su práctica aun en madres que son vecinas de otros estados de la república, donde la legislación no contiene esta excluyente de responsabilidad, por lo que la transportación correspondiente hacia el Distrito Federal y posterior a su estado de origen complica más los riesgos a su salud.

i) Con base en las consideraciones anteriores, se propone exhortar al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe detallado sobre

• Número de abortos practicados legalmente en el Distrito Federal, a partir de la entrada en vigor de las reformas referidas, y los nombres de las madres que fueron sometidas a este procedimiento;

• Estados de la república de los cuales provienen las madres mencionadas;

• Medidas adoptadas en los centros de salud en que se practicaron los abortos mencionados, para dar a conocer a la madre, solicitante de este procedimiento, los riesgos y las consecuencias en su salud física y mental por abortar;

• Estado de salud física y mental en que se encuentran en la actualidad las madres que han abortado desde la entrada en vigor de la reforma mencionada; y

• Mecanismos implantados para promover el ejercicio pleno de la sexualidad informada y responsable para lograr que cada día haya menos embarazos no deseados, y de los derechos que las mujeres y sus hijos tienen con motivo de la maternidad, lactancia y primera infancia.

4. La información pública en el Distrito Federal se encuentra regulada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuyo artículo 4 señala lo siguiente:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por

VII. Información confidencial. La que contiene datos personales relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología, preferencias sexuales y toda aquella información que se encuentra en posesión de los entes públicos, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad;

Precisando al respecto, el artículo 38 de esa misma ley indica lo siguiente:

Artículo 38. Se considera como información confidencial

I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización, y cuya divulgación no esté prevista en una ley;

II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual;

III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal carácter a cualquier ente público; y

IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen.

Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de ésta y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.

5. Con fecha 27 de marzo de 2007, el presidente de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, mediante oficio número PCDF.464.08, solicitó la siguiente información al doctor Manuel Mondragón y Kalb, entonces secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, respecto de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México:

• Número de solicitudes recibidas;
• Rangos de edad de las solicitantes;

• Características socioeconómicas promedio de las solicitantes;
• Rangos de semanas de embarazo de las solicitantes;

• Delegación o municipio y entidad federativa de residencia de las solicitantes;
• Número de solicitantes que decidieron continuar con el embarazo;

• Número de interrupciones realizadas;
• Costo público promedio de la interrupción;

• Recursos humanos necesarios por interrupción;
• Fases del proceso, desde que se hace la solicitud hasta que se interrumpe el embarazo;

• Casos atendidos por unidad médica; y
• Causales de inimputabilidad penal o causas de la interrupción.

La respuesta a dicho oficio fue recibida el 23 de abril de 2008, mediante similar número DGSMU/407/08, firmado por el doctor Arturo Gaytán Becerril, director general de Servicios Médicos y Urgencias, en el cual se proporciona la siguiente información que corresponde al periodo del 4 de mayo de 2007 al 18 de abril de 2008:

Interrupción legal de embarazo (ILE)

Grupo de edad

11 a 14 años, 0.9 por ciento
15 a 17 años, 5.5 por ciento
18 a 24 años, 45.7 por ciento
25 a 29 años, 21.3 por ciento
30 a 34 años, 15.2 por ciento
35 a 39 años, 8.4 por ciento
40 a 44 años, 2.6 por ciento
45 a 54 años, 0.3 por ciento

Semanas de gestación (rango de edad y porcentaje)

Cero, 0.2 por ciento
Una semana, 0.2 por ciento
Dos semanas, 0.2 por ciento
Tres semanas, 0.5 por ciento
Cuatro semanas, 2.5 por ciento
Cinco semanas, 13.5 por ciento
Seis semanas, 13.2 por ciento
Siete semanas, 18.1 por ciento
Ocho semanas, 15.1 por ciento
Nueve semanas, 13.8 por ciento
Diez semanas, 10.3 por ciento
Once semanas, 9.6 por ciento
Doce semanas, 2.6 por ciento

Asimismo, se informó que no se cuenta con las características socioeconómicas promedio de las solicitantes que "intervienen dos recursos humanos por procedimiento" y que consideran que el 98 por ciento de las causas de interrupción corresponden a embarazo no deseado.

II. Consideraciones

Primera. Independientemente de los juicios de valor que acompañan a la proposición, y que no se informa la fuente de la que se desprenden los datos con que se documenta, es indudable que el aborto es un problema de salud pública.

Segunda. El punto de acuerdo propone solicitar al gobierno de la Ciudad de México, en general, información que se encuentra a disposición de quien la requiera, como se desprende de los datos remitidos al presidente de la Comisión del Distrito Federal.

Tercera. Sobre los datos específicos que se propone requerir al Gobierno del Distrito Federal, cabe hacer las siguientes observaciones:

Información que se propone solicitar y observaciones

1. Número de abortos practicados legalmente en el Distrito Federal, a partir de la entrada en vigor de las reformas referidas, y los nombres de las madres que fueron sometidas a este procedimiento.

Observación: No se pueden solicitar los nombres de las madres que han recurrido al procedimiento de ILE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, fracción VII, y 38, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dado que se trata de un dato corresponde a la vida privada.

2. Estado de la república de que provienen las madres mencionadas.

Sin observación.

3. Medidas adoptadas en los centros de salud en que se practicaron los abortos mencionados para dar a conocer a la madre solicitante de este procedimiento los riesgos y las consecuencias en su salud física y mental por abortar.

Observación: Se parte de un criterio de valor no documentado en la proposición.

4. Estado de salud física y mental en que se encuentran en la actualidad las madres que han abortado desde la entrada en vigor de la reforma mencionada.

Observación: Se parte de un criterio de valor no documentado en la proposición.

5. Mecanismos implantados para promover el ejercicio pleno de la sexualidad informada y responsable para lograr que cada día haya menos embarazos no deseados, y de los derechos que las mujeres y sus hijos tienen con motivo de la maternidad, lactancia y primera infancia.

Sin observación.

Cuarta. No obstante las observaciones realizadas en el punto anterior, se plantea aprobar la proposición, debido a que es importante conocer los criterios médicos que se están aplicando en la Ciudad de México respecto de la atención otorgada a las mujeres que recurren a la interrupción legal del embarazo, sin prejuzgar respecto de las consecuencias no documentadas que posee el procedimiento.

En ese sentido, se propone adecuar los datos a solicitar al Gobierno del Distrito Federal de la siguiente manera:

Número de abortos practicados legalmente en el Distrito Federal, a partir de la entrada en vigor de las reformas referidas a la fecha.

Estados de la república de los cuales provienen las solicitantes.

Tipo de problemas en la salud física y mental de quienes recurrieron a la ILE que puede tener el procedimiento.

Si se proporcionó a las solicitantes información, en los centros de salud en que se practicaron los abortos, sobre dichos riesgos y consecuencias, en su caso.

Acciones que se realizan para promover el ejercicio pleno de la sexualidad informada y responsable, que coadyuven en evitar los embarazos no deseados.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se aprueba de manera modificada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe detallado respecto de las interrupciones legales del embarazo practicadas legalmente en el Distrito Federal.

En consecuencia, se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal informe a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados la siguiente información:

a) Número de interrupciones legales del embarazo practicadas legalmente en el Distrito Federal desde la entrada en vigor de las reformas referidas a la fecha.

b) Estados de la república de los cuales provienen las solicitantes.

c) Tipo de problemas en la salud física y mental de quienes recurrieron a la ILE que puede tener el procedimiento.

d) Si se proporcionó a las solicitantes información, en los centros de salud en que se practicaron las interrupciones legales del embarazo, sobre dichos riesgos y consecuencias, en su caso.

e) Acciones que se realizan para promover el ejercicio pleno de la sexualidad informada y responsable que coadyuven en evitar los embarazos no deseados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Obdulio Ávila Mayo (rúbrica), María Eugenia Campos Galván, Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Adrián Fernández Cabrera, Carlos Madrazo Limón, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), Alberto Esteva Salinas.

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE SOLICITAR AL GOBIERNO LOCAL Y AL DELEGADO DE XOCHIMILCO QUE RINDAN UN INFORME SOBRE LOS AVANCES Y LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN INTERDEPENDENCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL ÁREA DE XOCHIMILCO

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal someten a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes

1. Con fecha 24 de abril de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que turne a las comisiones correspondientes todas las iniciativas de ley o decreto y las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día que no alcancen a ser desahogadas durante el actual segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.

Entre las proposiciones con punto de acuerdo se encuentra la presentada por el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Con base en el acuerdo de referencia, el 30 de abril de 2008 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al GDF y al jefe delegacional de Xochimilco que rindan un informe sobre los avances y las acciones de la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco a la Comisión del Distrito Federal de este órgano legislativo.

3. En la proposición, el diputado Christian Martín Lujano Nicolás plantea que la Cámara de Diputados resuelva los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Que se solicite a los gobiernos federal, del Distrito Federal y de la delegación Xochimilco que rindan un informe a esta soberanía sobre los avances y las acciones que ha realizado la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco, declarada como patrimonio cultural de la humanidad.

Segundo. Que se solicite nuevamente la coordinación interinstitucional de los diferentes niveles de gobierno para que en el Distrito Federal y las zonas conurbadas realicen acciones más eficientes para detener los asentamientos irregulares en las zonas catalogadas como patrimonio cultural de la humanidad.

El ponente basa dicha proposición en las siguientes consideraciones:

a) Xochimilco se divide en tres microrregiones que han sido afectadas por el deterioro ecológico y urbano: la primera es un área donde llegan desechos de residuos sólidos y agua contaminada, y donde hay muchos asentamientos irregulares; la segunda se compone de pequeños cerros, cuyas áreas están dedicadas al cultivo de maíz, frijol y forraje; y la tercera está formada por pequeños pueblos que se extienden sobre las chinampas y se dedican al cultivo de flores, amaranto y hortalizas.

b) El impacto ambiental que ha sufrido Xochimilco incluye vertederos irregulares de aguas negras en los lagos y canales, que perjudican significativamente tanto el ecosistema como a sus habitantes, más aún si se considera la falta de servicios básicos como drenaje.

c) En la zona lacustre hay una disminución de la precipitación pluvial en casi 30 por ciento, lo que ocasiona mayor temperatura y resequedad del ambiente, provocando que el nivel de aguas haya bajado considerablemente. Ello, junto con las aguas negras que se han introducido con tratamiento de tipo secundario, ha ocasionado que se eliminara la mayoría de las especies de flora y de fauna lacustres que habitaban el lugar originalmente.

d) El agua potable, los bosques y las chinampas de Xochimilco forman parte de un patrimonio histórico, social y ambiental que debe ser preservado, pues el 4 de diciembre de 1986 el Ejecutivo federal declaró zona de monumentos históricos un área de 89.65 kilómetros cuadrados, correspondiente a las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

e) El 11 de diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió en la lista del patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad el sistema de chinampas de Xochimilco y Tláhuac por su paisaje lacustre, constituyendo un vestigio único y excepcional de la época prehispánica.

f) En 1990 se creó el fideicomiso para la recuperación de Xochimilco, y en mayo de 1992, por decreto presidencial, se publicó el establecimiento de la región como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico, y se declaró área natural protegida, en la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la zona de Xochimilco.

g) El 31 de enero de 2005, mediante el acuerdo, se creó la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, la cual tiene la función de coordinar y facilitar la aplicación de las acciones que se pudieran tomar para preservar la zona en cuestión.

h) Es preciso promover el equilibrio entre el crecimiento y la preservación ecológica. La delegación Xochimilco no puede seguir manteniendo una tasa de crecimiento demográfico de 3.8 por ciento, ni fomentar los asentamientos irregulares, que afectan un patrimonio de toda la humanidad. Es necesario que la comisión encargada de mejorar y salvaguardar el patrimonio de la humanidad se muestre eficiente e impulse el interés de los residentes de Xochimilco por fomentar, a través de la conservación de sus costumbres, el desarrollo sustentable.

4. Mediante los oficios números PCDF.0884.08 y PCDF.1011.08, de fechas 27 de mayo y 12 de agosto de 2008, respectivamente, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, solicitó información al Gobierno del Distrito Federal para dictaminar la proposición de referencia, mas a la fecha no se ha proporcionado. II. Consideraciones

Primera. Es trascendente la información relativa a los avances y las acciones de la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco que el proponente plantea que se solicite. Dado que el Gobierno del Distrito Federal no ha proporcionado elemento alguno al respecto, es procedente que se solicite.

Segunda. No procede, sin embargo, requerir al mismo gobierno el ejercicio y cumplimiento de acciones eficientes para detener los asentamientos irregulares en las zonas que se encuentran catalogadas como patrimonio cultural de la humanidad, dado que no se cuenta con información suficiente al respecto.

Acuerdo

Único. Se aprueba parcialmente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al GDF y al jefe delegacional de Xochimilco que rindan un informe sobre los avances y las acciones de la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco, en el siguiente sentido:

Se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal que informe a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados sobre los avances y las acciones que ha realizado la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco, declarada como patrimonio cultural de la humanidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Obdulio Ávila Mayo (rúbrica), María Eugenia Campos Galván, Rosaura Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Adrián Fernández Cabrera, Carlos Madrazo Limón, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Blanca Luna Becerril (rúbrica), Alberto Esteva Salinas.

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE SOLICITAR AL JEFE DEL GOBIERNO LOCAL Y A LOS DE LAS 16 DELEGACIONES QUE SUSCRIBAN CON LOS CONSEJOS NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL CONVENIOS DE DESARROLLO, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN EN LAS DEMARCACIONES

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, párrafo 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 11 de abril de 2007 la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal que, en el ámbito de sus facultades, coadyuve a que los 16 jefes delegacionales de la entidad suscriban convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal(CPEDDF), para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en las diferentes demarcaciones.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados instruyó a fin de que se turnase a la Comisión de Distrito Federal, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen se sustenta en los siguientes argumentos:

a) Que por discriminación se entiende "…toda distinción, exclusión o restricción en cualquier ámbito y a cualquier persona, grupo o entidad colectiva, basada en el origen étnico, el sexo, la edad, la apariencia física, la discapacidad, la condición de salud, la religión, ideología u orientación sexual, que tenga como consecuencia, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de todas las personas".

b) Que es necesario reconocer que los actos discriminatorios son cotidianos en nuestra sociedad, por lo que resulta indispensable "…identificar los efectos nocivos que la discriminación provoca en la vida de las personas", determinar los costos sociales y económicos por ella generados y las estrategias de prevención y corrección requeridas que permitan "…modificar las condiciones estructurales que generan la discriminación y generar cambios que permitan el desarrollo social y humano pleno de las personas".

c) Que para erradicar la discriminación se requiere fomentar la cultura de la equidad, a través del respeto a las diferencias entre los individuos, garantizando los derechos de libertad e igualdad, papel fundamental que las instituciones gubernamentales tendrían que contribuir a lograr.

d) Que dados los avances sustanciales de política social existentes, es necesario contar con un marco institucional que de sustento a una política pública puntual de prevención y combate a discriminación.

e) Que el 11 de junio de 2003 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a través de la cual se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

f) Que el Conapred es la institución rectora de la promoción de políticas orientadas a garantizar el derecho a la igualdad, encargándose de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

g) Que el Conapred desarrolla acciones para proteger a la población de cualquier "…distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".

h) Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Conapred tiene los siguientes objetivos:

• Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país.
• Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.
• Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. i) Que el Conapred ha signado convenios con instituciones gubernamentales y civiles para realizar "…investigaciones, eventos y acciones conjuntas como la coedición de materiales de difusión y la organización conjunta de eventos sobre temas de discriminación, inclusión social e igualdad de derechos y oportunidades, hasta la puesta en marcha de programas que conjunten los esfuerzos de instituciones interesadas en prevenir y eliminar la discriminación".

j) Que a la fecha de elaboración de la proposición que aquí se dictamina la Conapred había suscrito convenios con diversas instituciones gubernamentales y civiles, como las siguientes:

• Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida
• Comisión Nacional de Derechos Humanos

• Instituto Federal Electoral
• Instituto Nacional de las Mujeres

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
• Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública

• Gobierno del estado de Nuevo León
• Gobierno del estado de Chihuahua

• Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro

• Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
• Universidad Nacional Autónoma de México

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

k) Que a la fecha de elaboración de la proposición que aquí se dictamina la Conapred se encontraba en proceso de suscripción de convenios con instituciones gubernamentales y civiles diversas como las siguientes:

Procuraduría General de la República
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Secretaría de la Función Pública

Instituto Nacional de Migración
Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Radio Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
División de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México

l) Que las instituciones gubernamentales ostentan la responsabilidad de fomentar y difundir la cultura de la equidad y la no discriminación en sus órganos y dependencias.

m) Que en el Distrito Federal existe desde julio de 2006 una ley local para prevenir y erradicar la discriminación, y que a partir de 2007 quedó instalado el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal.

n) Que dada la existencia de lineamientos, bases y mecanismo operativos a favor de la de la no discriminación, convendría que las diferentes instancias de gobierno en el Distrito Federal comenzaran la reestructuración de normas internas y reglamentos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal.

o) Que resultaría conveniente entonces que las demarcaciones territoriales del Distrito Federal suscribiesen convenios con las instancias gubernamentales rectoras en materia de no discriminación, en aras de mejorar la convivencia y relaciones armónicas de los habitantes de la entidad.

p) Que la Delegación Miguel Hidalgo, a través de su jefa delegacional, suscribió en 2004 un convenio de "coordinación para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación" con los consejos mencionados, lo que constituye un precedente relevante en la materia.

q) Que por las razones expuestas, en la proposición que aquí se dictamina se solicita, de manera respetuosa y en el marco de sus facultades, la intervención del jefe de Gobierno del Distrito Federal para desarrollar, fomentar y difundir la cultura de la no discriminación en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, coadyuvando a la firma de convenios de cooperación entre las delegaciones de la entidad y los consejos tanto nacional como del Distrito Federal avocados a la prevención y erradicación de la discriminación.

4. Con el fin de contar con mayores elementos para la dictaminación de la proposición de la diputada González Martínez, esta comisión realizó una somera consulta telefónica a autoridades de las delegaciones del Distrito Federal, el Conapred y el CPEDDF respecto de las actividades que realizan para la promoción de la cultura de la no discriminación en el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, de la que se obtuvo la siguiente información:

a) Actualmente no se encuentra vigente ningún convenio entre alguna delegación en el Distrito Federal y los consejos mencionados, ya que el convenio firmado en 2004 entre el Conapred y la delegación Miguel Hidalgo no fue refrendado.

b) El Conapred tiene signados, sin embargo, convenios con diversos órganos públicos en el Distrito Federal, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en materia de capacitación y de difusión de la cultura de la equidad y la no discriminación.

c) Asimismo, tanto el Conapred como el CPEDDF realizan permanentemente actividades coordinadas con las delegaciones de la entidad, tanto para la organización de eventos como para la canalización de denuncias ciudadanas.

d) Las delegaciones, por su lado, informan que realizan cotidianamente acciones dirigidas a promover la cultura de la equidad y la no discriminación, como parte de la implementación de programas y leyes locales dirigidas a la atención de personas con capacidades diferentes, violencia intrafamiliar, equidad de género, madres solteras, ancianos, jóvenes y equidad laboral, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, tanto las delegaciones como las dependencias y organismos del Gobierno del Distrito Federal realizan actividades tendientes a la promoción de la cultura de la equidad y la no discriminación en la Ciudad de México, como la adecuación de servicios públicos e infraestructura urbana, que obliga a los ciudadanos en general a respetar prioridades en la atención de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, tanto en oficinas públicas como en vialidades e incluso en espacios privados, como los establecimientos mercantiles.

Existen también programas de difusión del respeto de la pluralidad cultural, étnica y social de los habitantes de la Ciudad, así como respecto de los derechos específicos de niños, trabajadoras domésticas y las mujeres que viajan en el Metro, entre otros.

II. Consideraciones

Primera. Es conveniente que las instituciones, dependencias y órganos públicos del Distrito Federal establezcan convenios en materia de desarrollo, fomento y difusión de la cultura de no discriminación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, de conformidad con sus atribuciones.

Segunda. Dada la diversidad de acciones o programas que las delegaciones y demás órganos públicos del Distrito Federal realizan cotidianamente de manera directa o indirecta dirigidas al desarrollo, fomento y difusión de la cultura de la equidad y la no discriminación, resulta conveniente, antes de considerar la solicitud específica al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que coadyuve a que las delegaciones suscriban convenios de colaboración con el Conapred y el CPEDDF, conocer el estado en que se encuentran las políticas públicas con perspectiva de no discriminación y si se cuenta en este momento con indicadores para su evaluación.

Igualmente, sería útil saber qué tipo de vinculación interinstitucional mantienen las delegaciones y el propio gobierno central de la ciudad para seguir avanzando en este objetivo y el resultado que ha tenido específicamente.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los 16 jefes delegacionales de la entidad que informen a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, las acciones y convenios institucionales que han realizado o suscrito para el desarrollo, fomento y difusión de la cultura de la equidad y la no discriminación en las diferentes demarcaciones territoriales y el Distrito Federal en su conjunto y sus resultados. Igualmente, que señalen qué indicadores se están aplicando a la evaluación de las políticas públicas relacionadas con este objetivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de septiembre de 2008.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Comisión de Distrito Federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Obdulio Ávila Mayo (rúbrica), María Eugenia Campos Galván, Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Adrián Fernández Cabrera, Carlos Madrazo Limón, Dora Alicia Martínez Valero, Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Blanca Luna Becerril (rúbrica), Alberto Esteva Salinas.

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A SOLICITAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE REALICEN EMBARGOS PRECAUTORIOS A LOS EX FUNCIONARIOS SANCIONADOS Y A DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO POR LA PROBABLE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE DELITOS; Y A INHABILITAR DE MANERA INDEFINIDA A GUTSA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES O ADJUDICACIONES DIRECTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades conferidas en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a solicitar a las autoridades correspondientes realicen los embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados y dé vista al Ministerio Público por la probable participación en la comisión de conductas delictivas y proceda a realizar la inhabilitación indefinida de Gutsa Infraestructura, SA de CV, para que no pueda participar en licitaciones o adjudicaciones directas de obras públicas tanto en el gobierno federal como en los estados y los municipios, presentada por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 2430-I, del miércoles 23 de enero de 2008, y presentada el 16 del mismo mes y año por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó, para su estudio y dictamen, a la Comisión de la Función Pública.

III. Recibida, y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo, el cual fue sometido a la consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 2 de septiembre del 2008, por 18 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

Análisis de la proposición

El diputado proponente pretende que se exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que se le solicite a las autoridades correspondientes lleven a cabo los embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), y se le de vista al ministerio público por la probable comisión de conductas delictivas, además de que se proceda a realizar la inhabilitación indefinida de Gutsa Infraestructura, SA de CV, por los actos indebidos que ha realizado.

Que la Secretaría de la Función Pública, el pasado 3 de diciembre del 2007, sancionó económicamente e inhabilitó a algunos ex funcionarios de Capufe por concepto de violación a los procedimientos de contratación con Gutsa Infraestructura, SA de CV.

Que diversos medios de comunicación señalaron que la Secretaría de la Función Pública sancionó a siete ex funcionarios de Capufe y les impuso sanciones económicas por irregularidades administrativas por haber efectuado pagos indebidos a la citada empresa, sanciones que fueron publicadas en el sistema de registro de servidores públicos sancionados y que corresponden a Manuel José Castellanos Cervera, ex director jurídico de Capufe (inhabilitado por un periodo de 15 años y una sanción económica de 42 millones 276 mil 533.40 pesos); Manuel Zubiría Maqueo, ex director general de Capufe (inhabilitado por un periodo de 11 años y una sanción económica de 42 millones 276 mil 533.40 pesos); Pedro Antonio Ramírez Cetina, ex gerente de administración de Capufe (inhabilitado por un periodo de 13 años y una multa de 42 millones 276 mil 533.40 pesos); y Sergio Emilio Segura Ortega, con una suspensión por el término de 30 días.

Que en el sistema de registros de servidores públicos no aparecen los casos de los siguientes funcionarios que también fueron sancionados: Ignacio Peña Aburto, ex director técnico de Capufe (inhabilitado por un año); Ricardo Héctor René Basurto Cortés, delegado de la zona centro-sur de Capufe (inhabilitado por ocho meses); y Eduardo Gerardo Tirado del Río, actual gerente de Licitaciones de Capufe (inhabilitado por 30 días).

Que en el directorio de proveedores y contratistas sancionados que aparece en la Secretaría de la Función Pública se informa que Gusta Infraestructura, SA de CV, fue sancionada con una multa de 283 mil 192 pesos y se le impuso además una inhabilitación por haber subcontratado la ejecución de los trabajos derivados de los contratos números 148-228/03MF209-6108 y 161-226/03MF209-6108, que le fueron adjudicados por Capufe.

Que al haber sido investigadas dichas irregularidades cometidas por la empresa en comento, y que como resultado de estas investigaciones diversos funcionarios fueron inhabilitados y sancionados, solicita a las autoridades correspondientes para que realicen los embargos precautorios a dichos funcionarios para garantizar la aplicación de la justicia y que además se le dé vista al Ministerio Público por el probable daño a la hacienda pública federal para que así se inicien las averiguaciones correspondientes.

Que Gutsa Infraestructura, SA de CV, debe ser inhabilitada de manera indefinida para que no pueda participar en licitaciones o adjudicaciones directas en obras públicas o por interpósita persona en las dependencias del gobierno federal, estados y municipios, en virtud de que la sanción que se le impuso sólo fue inhabilitación por el término de un año, lo cual es una sanción ligera en comparación con los daños que ha causado.

Consideraciones

Primera. La intención del diputado proponente es que Gutsa Infraestructura, SA de CV, sea inhabilitada de manera indefinida por las conductas irregulares en que ha incurrido cuando ha contratado con las dependencias y entidades de la administración pública federal, además de que solicita que las sanciones económicas que se les impusieron a los ex servidores públicos de Capufe se hagan efectivas a través de embargos precautorios, y que se le dé vista al Ministerio Público por la probable comisión de algún delito en que pudieron haber incurrido.

Segunda. En efecto, como lo refiere el proponente, diversos funcionarios de Capufe fueron sancionados por liquidar una deuda de más de 100 millones de pesos a la citada empresa, a pesar de que dicho pago no procedía; ello, derivado de los contratos de obras que en 2003 le fueron otorgados a la empresa por concepto de reparación en dos tramos de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Tercera. En diciembre de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la circular número UNAOPSPF/309/DS/029/2007, en la que se indica que por el lapso de un año ninguna entidad pública de los tres niveles de gobierno podrá recibir propuestas o suscribir contratos, en forma directa o por interpósita persona, con Gutsa Infraestructura, SA de CV, con motivo de la sanción que le fue impuesta por incumplimiento de contrato.

Cuarta. Efectivamente, Gutsa Infraestructura, SA de CV, fue inhabilitado por el término de un año por las irregularidades que cometió en los trabajos de reparación de la Autopista del Sol, contratos que obtuvo en 2003, además los ex servidores públicos de Capufe que tuvieron injerencia en dicho procedimiento administrativo fueron sancionados por diversas irregularidades. Cabe señalar que la empresa en cita también se ha visto involucrada en anomalías respecto a la obra de la mega biblioteca José Vasconcelos y a la obra de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Quinta. Como se puede apreciar, la información que aporta el diputado en el texto de su proposición es verídica, en cuanto a los procedimientos administrativos de que fueron objeto los ex servidores públicos de Capufe, como a Gutsa Infraestructura, SA de CV, pues incumplieron disposiciones constitucionales y legales, sobre todo las que se refieren a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en relación con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sexta. No obstante lo anterior, esta soberanía carece de elementos concretos para solicitarle a la autoridad competente que dé vista al Ministerio Público de la federación por la probable comisión de algún ilícito, toda vez que desconoce el contenido de los expedientes administrativos con base en los cuales fueron sancionados los ex servidores públicos de Capufe, pero, con objeto de satisfacer la pretensión del proponente y tener más elementos de juicio sobre este asunto que es de interés público, se considera viable solicitarle a la Secretaría de la Función Pública que informe a esta honorable Cámara de Diputados si de alguna de las investigaciones que llevó a cabo determinó dar vista a la representación social de la federación por considerar que hay conductas que pueden constituir algún delito.

Aunado a lo anterior, también se considera oportuno solicitarle a la citada dependencia que informe a esta soberanía si las resoluciones administrativas que les fueron impuestas a los ex servidores públicos de Capufe han sido recurridas por éstos o si se encuentra firmes.

De igual manera, se estima procedente solicitarle que informe sobre el estado en que se encuentra el expediente administrativo por medio del cual se le impuso a Gutsa Infraestructura, SA de CV, la inhabilitación por el término de un año para poder contratar con el sector público y si actualmente existe alguna investigación en curso por incumplimiento a las leyes de la materia (Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Obras y Servicios Relacionados con las Mismas).

Además, se estima pertinente solicitarle al Servicio de Administración Tributaria que informe a esa soberanía si ha iniciado en contra de alguno de los ex servidores públicos sancionados el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación para hacer efectivas las sanciones económicas que les fueron impuestas.

Por último, a la Auditoría Superior de la Federación, para dar cauce a la propuesta planteada, se le solicita que informe a esta honorable Cámara de Diputados si ha iniciado procedimientos resarcitorios en contra de algunos de los ex servidores públicos de Capufe.

De esta manera, al allegarse de toda la información que se ha señalado, esta soberanía contará con los elementos necesarios para poder pronunciarse de una manera más profunda sobre las actuaciones de las autoridades que han tenido injerencia en el presente asunto, para que así esté en condiciones de pronunciarse al respecto, además de conocer el estado actual de Gutsa Infraestructura, SA de CV.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, esta Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente:

Dictamen

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública se sirva enviarle

Un informe del estado actual de los expedientes derivados de los procedimientos administrativos de responsabilidades que se incoaron en contra de las siguientes personas: Manuel Zubiría Maqueo, ex director general de Capufe; Manuel José Castellanos Cervera, ex director jurídico de Capufe; Pedro Antonio Ramírez Cetina, ex gerente de administración de Capufe; Sergio Emilio Segura Ortega; Ignacio Peña Aburto, ex director técnico de Capufe; Ricardo Héctor René Basurto Cortés, delegado de la zona centro-sur de Capufe; y Eduardo Gerardo Tirado del Río, actual gerente de Licitaciones de Capufe. En este informe, deberá indicar si las resoluciones administrativas por medio de las cuales fueron sancionados han sido impugnadas por algunos de los ex servidores públicos y si en alguno de estos casos se dio vista al Ministerio Público de la federación.

Un informe del estado en que se encuentra el expediente administrativo que se le inició a Gutsa infraestructura, SA de CV, por el que se le impuso como sanción la inhabilitación por el periodo de un año para poder contratar con el servicio público, además de que señale en éste si actualmente tiene algún procedimiento administrativo en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria se sirva enviarle un informe en el que se señale si ha iniciado el procedimiento administrativo de ejecución en contra de las siguientes personas: Manuel Zubiría Maqueo, ex director general de Capufe; Manuel José Castellanos Cervera, ex director jurídico de Capufe; y Pedro Antonio Ramírez Cetina, ex gerente de administración de Capufe. En este informe deberá indicar, en caso de que efectivamente se haya iniciado el procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, si los créditos fiscales que se les impusieron a los citados ex servidores públicos, por concepto de sanciones económicas, han sido garantizados en cualesquiera de las formas que establece el Código Fiscal de la Federación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le solicita respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación se sirva informar si ha iniciado algún procedimiento resarcitorio en contra de las siguientes personas: Manuel Zubiría Maqueo, ex director general de Capufe; Manuel José Castellanos Cervera, ex director jurídico de Capufe; y Pedro Antonio Ramírez Cetina, ex gerente de administración de Capufe.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, René Lezama Aradillas (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván, Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre Sánchez, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdez Chávez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE INFORME RESPECTO A LOS ALCANCES DEL PROGRAMA DE AUSTERIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL Y QUE INVESTIGUE SOBRE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL CONACULTA

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que informe a esta soberanía de los alcances del programa de austeridad del gobierno federal y, conforme a ello, realice una investigación de las irregularidades detectadas en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), presentada por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2480- II, el martes 8 de abril de 2008 y presentada el mismo día por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En esa fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

III. Recibida en la comisión y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo, el cual fue sometido a la consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 2 de septiembre de 2008, por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

El diputado proponente solicita que la Secretaría de la Función Pública rinda un informe preciso del estado que guardan las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal, así como que proporcione un informe detallado de los gastos de operación del Conaculta y se lleve a cabo una investigación sobre los gastos excesivos detectados a la presidencia del citado consejo para que, en su caso, se proceda a fincar las responsabilidades que correspondan.

Que se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación que el presidente del Conaculta realizó gastos excesivos, por más de medio millón de pesos en recursos no etiquetados del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

Que dichas erogaciones las efectuó durante sus visitas a Nueva York, Madrid, Londres, Chile, París y Houston, y que el propio consejo determinó que los viajes realizados por su presidente han cumplido estrictamente las normas legales, pero que sin embargo, de los nueve viajes que realizó al extranjero en 2007, el funcionario gastó en ellos la cantidad de 571 mil pesos, a lo que si se añaden los gastos de las giras nacionales, la erogación fue por la cantidad de 800 mil pesos, aproximadamente.

Que no hay resultados concretos de los viajes realizados por el presidente del Conaculta, además de que son contrarios al decreto de austeridad para funcionarios públicos que expidió el titular del Ejecutivo federal a finales de 2006.

Que la Secretaría de la Función Pública exoneró en diciembre de 2007 al presidente del Conaculta de posibles actos de corrupción y desvío de recursos públicos, pues la auditoria realizada por el Órgano Interno de Control determinó que el presidente del Conaculta cumplió los ordenamientos vigentes y en especial el decreto de austeridad emitido en diciembre de 2006.

Consideraciones

Primera. Son hechos notorios los viajes que ha realizado el presidente del Conaculta, pues así lo han documentado diversos medios de comunicación. De hecho, el propio funcionario reconoció haber efectuado dichos viajes y expresó que no existió ninguna irregularidad al respecto.

Segunda. Con motivo de las denuncias presentadas por los viajes que realizó el presidente del Conaculta a los destinos señalados, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación en la que, después de llevar a cabo las diligencias de ley, determinó, en diciembre de 2007, que el titular del Conaculta cumplió los ordenamientos aplicables, incluso el decreto de austeridad publicado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa,

En efecto, se determinó que de los 32 viajes que realizó el presidente del Conaculta, las tarifas y las comprobaciones de los gastos estuvieron debidamente sustentadas y que en ningún caso se adquirieron boletos de primera clase, y que por lo que respecta a la adquisición de vehículos, el programa de inversión correspondiente al ejercicio fiscal de 2007 del citado consejo cumplió los ordenamientos legales vigentes.

Tercera. El presidente del Conaculta ya fue investigado por su Órgano Interno de Control, el cual determinó que no existieron irregularidades por los hechos denunciados. Sin embargo, con el objetivo de conocer los motivos y fundamentos que consideró la dicha autoridad para llegar a esta conclusión, la comisión que suscribe estima pertinente solicitar a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre los resultados de las investigaciones que realizó respecto a los hechos denunciados y que han quedado aquí expuestos.

Lo anterior es con objeto de que esta comisión tenga elementos para pronunciarse sobre las investigaciones que se hicieron y se satisfaga además el interés del diputado proponente al darle a conocer la información que se va a solicitar por virtud de este instrumento.

Además, se estima conveniente que la Secretaría de la Función Pública informe a esta soberanía si actualmente hay alguna investigación en curso al presidente del Conaculta y, en caso de ser así, informe sobre su avance.

Cuarta. Ahora bien, en el decreto de austeridad que emitió el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre de 2006, se establece que es necesario que los recursos de los ciudadanos se ejerzan con criterios de eficiencia y transparencia, por lo que se busca conseguir ahorros en los gastos de la administración pública federal, tanto centralizada como paraestatal, por la cantidad de 25 mil 500 millones de pesos, aproximadamente, para lo cual se llevarían a cabo las siguientes medidas en el ejercicio fiscal de 2007:

• Un ajuste de 5 por ciento en los gastos de operación.
• Reducción de 2 por ciento en el presupuesto de servicios personales.

• Economías en la contratación de seguros.
• Reducción de 10 por ciento en los ingresos netos de los funcionarios superiores.

El titular del Ejecutivo federal estableció medidas para lograr ahorros en el gasto público. Sobre este punto, el diputado proponente solicita que la Secretaría de la Función Pública rinda un informe del estado que guardan las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal, lo cual se estima pertinente, por lo cual esta soberanía solicita a la citada dependencia la información que al respecto tenga en su poder.

Quinta. Por último, no se considera viable la petición de ordenar a la Secretaría de la Función Pública que realice, en el término de 30 días, una investigación sobre los gastos excesivos detectados en la presidencia del Conaculta, en virtud de que, como se precisó, ya hubo una investigación sobre este punto, por lo cual sólo es procedente aprobar la propuesta para que la citada dependencia envíe un informe a esta soberanía sobre los resultados que arrojaron las investigaciones que el Órgano Interno de Control llevó a cabo.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con que cuenta, pone a su consideración el siguiente

Dictamen

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que le informe sobre los resultados de las investigaciones que realizó el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes respecto a las indagatorias que llevó a cabo sobre los viajes que realizó en 2007 su presidente, e informe a su vez si hay alguna investigación en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que le informe sobre los resultados de las medidas de austeridad y disciplina de gasto ejercidas por las dependencias y las entidades de la administración pública federal con base en el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, René Lezama Aradillas (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván, Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre Sánchez, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC, Y A FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO A OTORGAR EN DONACIÓN A AMIGOS DE FERROCARRIL EN OTUMBA, AC, EL INMUEBLE EN QUE SE HALLA LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE ESA LOCALIDAD MEXIQUENSE

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, y a este último a realizar las diligencias legales y administrativas necesarias para otorgar en donación el bien inmueble en que se halla la antigua estación del ferrocarril de Otumba, México, en favor de Amigos del Ferrocarril de Otumba, Asociación Civil, presentada por el diputado Armando García Méndez.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2445-III, del jueves 14 de febrero de 2008 y presentada el 4 de marzo del mismo año por el diputado Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

III. Recibida en la Comisión de la Función Pública y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen, en sentido positivo, el cual fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 2 de septiembre de 2008, por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

El diputado proponente establece que el patrimonio ferrocarrilero constituye un valuarte en la historia de México porque influyó decisivamente en el proceso de industrialización, la intercomunicación y ampliación de los mercados regionales y que cambió por completo el paisaje de los pueblos y se incorporó como actor económico y cultural de la dinámica social.

Que ante la modernización de los sistemas de transporte y comunicación, así como la falta de inversión, el gobierno apostó a liquidar el sistema ferrocarrilero, por lo que se dejó al mejor postor a través de la venta o concesión la utilización de una red de transporte que hoy por hoy beneficia a unos cuantos y ha dejado en la miseria a muchos.

Que derivado de la acción de gobierno, muchas estaciones de ferrocarril que no fueron concesionadas por no interesar a los inversionistas están siendo víctimas de vandalismo y destrucción sin que medien autoridades de los tres niveles de gobierno que se preocupen o atiendan esta realidad del patrimonio nacional.

Que organizaciones sociales como Amigos del Ferrocarril en todo el país han visualizado la infraestructura ferrocarrilera como un elemento enriquecedor de la oferta turística nacional y, sobre todo, como parte integrante del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de México y que han posicionado la infraestructura ferroviaria como elementos de identidad y simplismo en algunas ciudades y comunidades del país.

Que Amigos del Ferrocarril en Otumba, AC, se encuentra en pleno derecho para reclamar la donación de la estación, con fundamento en el decreto presidencial del 4 de junio de 2001, por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, que en el artículo segundo, párrafo 4, expresa que se realizará la donación (de los activos desincorporados remanentes) a entidades federativas, municipios, pensionados y jubilados, instituciones públicas y privadas y asociaciones que no persigan fines de lucro, con objeto de que sean utilizados para beneficio social.

Que la línea ferroviaria de Otumba cruza el valle de Teotihuacán (línea S) y constituye una fuente potencial para detonar la actividad económica a partir de su vocación turística, por contar con la infraestructura ferroviaria y la presencia de ex haciendas pulqueras que bien pueden ser integradas a un circuito cultural y recreativo en el valle de México.

Que Amigos del Ferrocarril de Otumba, AC, desde hace cuatro años se ha dado a la tarea de resguardar la estación del ferrocarril de Otumba, en la que actualmente, con la supervisión del Instituto para la Conservación del Patrimonio Ferrocarrilero y el respaldo de organizaciones civiles de la región, se realizan exposiciones y encuentros culturales que impulsan el acervo cultural y artístico de la región, por lo que solicita la donación para dicha asociación del bien inmueble en el que se halla la antigua estación del ferrocarril en Otumba.

Consideraciones

Primera. Ferrocarriles Nacionales de México fue privatizada en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Actualmente sólo existe el servicio de carga, distribuido entre las empresas que operan.

Segunda. Ferrocarriles Nacionales de México es un organismo descentralizado que conserva su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación, de conformidad con el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y que abroga su Ley Orgánica, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001.

Tercera. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, es el liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México. Los bienes que pertenecen al organismo descentralizado deben ser desincorporados de su patrimonio antes que sean enajenados en términos de lo que disponen la Ley General de Bienes Nacionales y las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Centralizada.

Cuarta. El proponente manifiesta que Amigos del Ferrocarril de Otumba, AC, constituida por ex trabajadores, pensionados y sucesores de éstos en línea directa, tiene derecho para reclamar la donación de la estación (bien inmueble) en que se halla la antigua estación del ferrocarril de Otumba, pues expresa que desde hace más de cuatro años es cuidada por miembros suyos.

Quinta. La comisión dictaminadora determina que para estar en condiciones de saber si legalmente corresponde a la citada asociación la donación de la estación objeto de la presente proposición, es conveniente solicitar en primera instancia información sobre el estatus jurídico del bien inmueble donde ésta se halla para saber si ha sido desincorporada del patrimonio de organismo descentralizado Ferrocarriles de México (en liquidación), en términos de lo que disponen la Ley General de Bienes Nacionales y las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Centralizada.

Sexta. Por tanto, la Comisión de la Función Pública considera que la propuesta de mérito es de a probarse, pero sólo para solicitar a las autoridades que más adelante se señalan que informen a esta soberanía sobre la situación jurídica actual del bien inmueble en que se halla la antigua estación del ferrocarril en Otumba y que también informen quién tiene su custodia actual, toda vez que el diputado proponente expresa que dicha asociación la tiene desde hace más de cuatro años.

Lo anterior se solicita en esos términos para que esta soberanía cuente con los elementos necesarios de juicio para estar en condiciones de saber si legalmente procede la donación de dicho bien inmueble a Amigos de Ferrocarril en Otumba, AC, y –en su caso– estar en posibilidades de solicitarla a la autoridad que corresponda.

Dictamen

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al organismo descentralizado en liquidación Ferrocarriles Nacionales de México y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, este último en su carácter de liquidador de dicho organismo, que informen a esta soberanía sobre la situación jurídica actual del bien inmueble en que se halla la antigua estación del ferrocarril en Otumba, si ha sido desincorporada del patrimonio del organismo descentralizado en comento y quién posee su custodia actual.

La Comisión de la Función Pública