Chihuahua, Chihuahua, a 8 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 206/08 I P.O., así como de la iniciativa que le da origen, emitido en sesión de esta fecha, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a tomar, en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, las previsiones necesarias y destinar recursos suficientes al campo.
Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Jorge Neaves Chacón (rúbrica)
Presidente del Honorable Congreso del Estado
La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio
Acuerda
Primero. Exhortar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a tomar, en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, las previsiones necesarias y destinar recursos suficientes al campo; para lo cual se hace la siguiente propuesta:
2. Se descentralicen algunos programas del gobierno federal, como Proarbol, de la Comisión Nacional Forestal, y Progan y Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y se manejen desde el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable;
3. Se asigne un porcentaje importante de cada uno de los programas de fomento productivo, a los productos básicos y estratégicos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que nos permita ir recuperado la seguridad y soberanía alimentaria;
4. Que se destine el 50 por ciento del presupuesto para el campo a los productores del sector social;
5. Se condicione el presupuesto a la adecuación de las reglas de operación, a las realidades estatales, con la opinión de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable y de las Comisiones Intersecretariales de Desarrollo Rural Sustentable de cada estado, las cuales deben de ser presididas por el gobernador;
6. Se instituya el compromiso de que a más tardar la primera quincena de enero de cada año, previa reunión de las Comisiones Intersecretariales de Desarrollo Rural Sustentable, quedará integrado el Programa Especial Concurrente en cada entidad federativa, estableciendo los programas, montos de apoyo y población objetivo de cada una de las dependencias estatales y federales que participan en el campo;
7. Se establezca que durante el mes de febrero de cada año se presentará ante el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable el programa especial concurrente en cada estado;
8. Se instaure un calendario de ejecución de gastos, con el compromiso de ejercer el 70 por ciento del presupuesto durante el primer semestre del año;
9. Se asigne un presupuesto a la Ley de Energía para el Campo, para el establecimiento de precios tope a los energéticos utilizados en la actividad primaria;
10. Se blinde la aplicación de los recursos presupuestales para evitar desvíos, malversación o subejercicios y un mal uso de los excedentes petroleros, y
11. Se establezcan los mecanismos adecuados y suficientes que garanticen transparencia, certidumbre, eficiencia y equidad, así como la rendición de cuentas claras en el manejo del presupuesto.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al octavo día del mes de octubre del año dos mil ocho.
Diputado Jorge Neaves Chacón (rúbrica)
Presidente
Diputado José Luis Cisneros Carlos (rúbrica)
Secretario
Diputada Irma Patricia Alamillo Calvillo (rúbrica)
Secretaria
Chihuahua, Chihuahua, a 8 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 204/08 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado exhorta respetuosamente a esa Cámara a prever, en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que se destinen los fondos suficientes para que el Procampo cuente de manera mínima con el techo financiero que ejecutó en el ejercicio fiscal 2008 y, de ser posible, se incremente el presupuesto para la incorporación de nuevos predios.
Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Jorge Neaves Chacón (rúbrica)
Presidente del Honorable Congreso del Estado
La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer período ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio
Acuerda
Primero. Exhortar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a prever, en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que se destinen los fondos suficientes para que el Procampo cuente de manera mínima con el techo financiero que ejecutó en el ejercicio fiscal 2008 y, de ser posible, se incremente el presupuesto para la incorporación de nuevos predios.
Segundo. Exhortar de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se cambien algunos de los criterios esbozados en la propuesta para el nuevo Procampo, toda vez que lesionan de manera considerable al campo mexicano, y se alejan del motivo que dio origen al programa, el cual se encuentra plasmado en el decreto de creación que a la letra dice "que el campo representa una particular prioridad nacional, porque es el ámbito en el que la necesidad de cambio es más apremiante y significativa para el futuro del país".
Tercero. Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, a las autoridades señaladas, para los efectos a que haya lugar.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al octavo día del mes de octubre del año dos mil ocho.
Diputado Jorge Neaves Chacón (rúbrica)
Presidente
Diputado José Luis Cisneros Carlos (rúbrica)
Secretario
Diputada Irma Patricia Alamillo Calvillo (rúbrica)
Secretaria
Chihuahua, Chihuahua, a 17 de septiembre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
México, DF
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 188/08 II D.P., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, destine a Chihuahua recursos suficientes para la conservación, mantenimiento y construcción de los acotamientos necesarios en los tramos carreteros de jurisdicción federal del estado.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Antonio Andreu Rodríguez (rúbrica)
Presidente de la Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado
Acuerdo número 188/08 II D.P.
La Diputación Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Primero. Solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en aras de fortalecer el servicio de las carreteras en la entidad, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, destine al estado de Chihuahua recursos suficientes para la conservación, mantenimiento y construcción de los acotamientos necesarios en los tramos carreteros de jurisdicción federal; asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal, para que analice la viabilidad de incrementar las partidas en el próximo presupuesto del estado, para tales propósitos.
Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, a las autoridades correspondientes, para su conocimiento y efectos conducentes.
Dado en la sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 17 días del mes de septiembre del año 2008.
Diputado Antonio Andreu Rodríguez (rúbrica)
Presidente
Diputado Andrés de Anda Martínez (rúbrica)
En funciones de Secretario
Diputación Permanente
Honorable Congreso del Estado
Presente
La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes
Antecedentes
Con fecha 18 de julio los diputados José Antonio López Sandoval y Manuel Humberto Olivas Caraveo, presentaron ante esta soberanía iniciativa por medio de la cual proponen que esta soberanía solicite respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, destine al estado de Chihuahua recursos suficientes para la conservación, mantenimiento y construcción de los acotamientos necesarios en los tramos carreteros de jurisdicción federal de la entidad, así mismo, al Ejecutivo del estado que haga lo propio en el próximo presupuesto estatal.
La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:
Las carreteras son un elemento fundamental en la estrategia del desarrollo socio-económico para impulsar el desarrollo turístico en las diferentes regiones del estado, es el medio principal para el traslado de personas o mercancías, a nivel nacional, Chihuahua se sitúa en el 7 lugar en longitud total de carreteras y caminos, un alto porcentaje de los caminos pavimentados tienen muchos años de servicio, por lo que su estructura de proyecto es incompatible con las cargas y velocidades a que están expuestos actualmente, además las severas condiciones climatológicas propician su deterioro acelerado, por tal razón es tarea prioritaria de los tres órdenes de gobierno conservar en condiciones óptimas de operación esta infraestructura.
Ahora bien, no pasa desapercibido para los suscritos el significativo avance en algunos tramos carreteros del estado, sin embargo, en algunos otros indudablemente, falta atención. En este sentido, sabemos de antemano que el principal problema que enfrentan nuestras autoridades federales y estatales en esta materia son la falta de recursos económicos suficientes para el adecuado mantenimiento, conservación y sobre todo para la construcción de acotamientos en lugares estratégicos.
Según el inventario realizado por el área de servicios técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes califica el estado físico de un total de 2 mil 544.27 kilómetros de carreteras de la entidad, resultando que 860.6 kilómetros se encuentran en buen estado (34 por ciento) 1 mil 582.07 kilómetros están en condiciones regulares (62 por ciento) y 101.6 kilómetros se hallan en mal estado (4 por ciento). Lo anterior nos permite dilucidar que alrededor de un 66 por ciento de estos tramos carreteros requiere de acciones tendentes al mejoramiento por parte de las autoridades.
Por lo que para que esta debida atención se pueda dar es necesario garantizar con las partidas presupuestales necesarias dichas acciones, y de acuerdo a las cifras extraídas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se realizó una asignación original al rubro de carreteras de 1 mil 738.5 millones de pesos, de los cuales 312.9 mdp corresponden o serán aplicados a su conservación y mantenimiento, cuando se estima que es necesario que se asignen al menos 700 millones a este rubro.
Por otra parte, el concepto de mantenimiento y conservación de carreteras incluye la debida señalización y la existencia de acotamientos en éstas pues representan y garantizan en gran medida su buen uso y por ende, brindan seguridad a los usuarios, pues en caso de sufrir algún percance o daño en su automóvil pueden salir de la carretera a esperar ser auxiliados sin exponer sus vidas y las de los demás viajeros.
En este tenor se detalla por la SCT que en los tramos carreteros de jurisdicción federal de un total de 467 kilómetros, 310 cuentan con acotamiento y 157 carecen de este espacio y de los tramos concesionados al gobierno del estado de un total de 346 kilómetros, 189 cuentan con acotamientos y 157 carecen de él, resultando que los tramos que no tienen este debido espacio cuentan con un alto riesgo de sufrir accidentes al no permitir que los automovilistas puedan salir de la vía principal.
Por lo anteriormente citado y atendiendo a las condiciones en las que se encuentran los tramos carreteros y tratando de evitar que no aumenten las cifras de sucesos lamentables y propiciando el buen funcionamiento de los tramos carreteros a favor de las personas que circulan por ellos, es necesario inyectar recursos suficientes que le permitan a las autoridades responsables reparar y mantener las vías de comunicación en las mejores condiciones, esto es, modernas y capaces de ofrecer los estándares mínimos de seguridad a los usuarios.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, después de entrar al estudio y análisis de la presente iniciativa, formula las siguientes:
Consideraciones
El momento en que el gobierno del general Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de Caminos, 1952 significó el punto de partida de la gran obra caminera con que contamos hoy en día.
En nuestro estado, día a día se abren nuevas vías de comunicación que permiten vigorizar y alentar la economía en nuestra entidad.
Del movimiento de pasajeros, el 98 por ciento de los pasajeros nacionales viajan por carreteras y del movimiento de carga el 80 por ciento que se registra en el país, se transporta por carreteras.
Por todos es sabido que los beneficios de carácter económico que representan las nuevas vías de comunicación son obvios, como lo es también el esfuerzo de los Poderes Ejecutivo tanto federal como estatal de seguir construyendo una creciente red de caminos en toda la extensión territorial.
La red carretera es la que interconecta ciudades, puertos marítimos, así como los puertos fronterizos. Realmente la gran mayoría de la población del país tiene acceso al sistema de carreteras, pero ésta Comisión dictaminadora considera de vital importancia el que se les dé mantenimiento, así como necesario trabajar en la modernización como es la construcción de acotamientos, entendamos por acotamiento "la faja comprendida entre la orilla de la superficie de rodamiento y de la corona de un camino", que sirve para dar más seguridad al tránsito y para estacionamiento eventual de vehículos, traduciendo todo esto en más seguridad para los usuarios; asimismo, consideramos que con la construcción de acotamientos se proporciona más espacio y de esta manera se podrán evitar accidentes y serviría de refugio seguro para vehículos descompuestos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en el cuerpo del presente dictamen y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es de someterse a la consideración de esta asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. En aras de fortalecer el servicio de nuestras carreteras en la entidad, la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Chihuahua, solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, destine al estado de Chihuahua recursos suficientes para la conservación, mantenimiento y construcción de los acotamientos necesarios en los tramos carreteros de jurisdicción federal del estado, asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal, para que del mismo modo incremente las partidas en el próximo presupuesto estatal.
Segundo. Remítase una copia del presente acuerdo, así como la resolución que le recaiga al mismo, a las autoridades anteriormente señaladas.
Económico. Túrnese a la Secretaría a efecto de que se elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo.
Por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública
Diputado Héctor Arcelús Pérez (rúbrica)
Presidente
Diputado Fernando Álvarez Monje (rúbrica)
Secretario
Diputado Juan Manuel de Santiago Moreno (rúbrica)
Vocal
Diputada Nadia Hanoi Aguilar Gil (rúbrica)
Vocal
Diputado Miguel Jurado Contreras (rúbrica)
Vocal
DEL CONGRESO DE MICHOACÁN
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 9 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Conforme a lo instruido en la sesión celebrada en esta fecha, se remite el acuerdo número 95, aprobado por la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo, para su conocimiento y efectos procedentes.
Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Diputados: Eligio Cuitláhuac González
Farías, presidente; Gustavo Ávila Vázquez, primer
secretario; Librado Martínez Carranza segundo secretario; Juan Manuel
Macedo Negrete, tercer secretario (rúbricas).
El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo 95
Primero. La LXXI Legislatura del Congreso de Michoacán convoca al gobierno federal, en particular a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Turismo, y de Economía; al de Michoacán, en particular a las Secretarías de Finanzas y Administración, de Turismo, y de Desarrollo Económico; y al municipal, en particular a la Tesorería municipal, a la Secretaría de Turismo municipal y a la Secretaría de Fomento Económico municipal, así como a las Comisiones de Desarrollo Económico, y de Turismo de esta LXXI Legislatura a integrar una mesa de trabajo con la finalidad de analizar los programas federales, estatales y municipales, que por su naturaleza y sus fondos puedan coadyuvar a mejorar las condiciones económicas de Morelia y que, de ser viables, puedan aprovecharse en beneficio de los micro, pequeños y medianos empresarios.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a reforzar la seguridad en Morelia, a fin de bajar los índices delictivos en la capital y, con ello, lograr que los ciudadanos recobren la confianza para realizar sus actividades normales, mediante planes concretos de acciones, con indicadores específicos sujetos a la evaluación y el seguimiento de los ciudadanos.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a intensificar las campañas a escala nacional de promoción turística para Morelia.
Cuarto. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a implantar, dentro de sus facultades, incentivos fiscales para las empresas de la ciudad cuyos ingresos hubiesen mermado de manera considerable tras la contingencia económica sufrida a raíz de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2008.
Quinto. Se exhorta al Congreso de la Unión a considerar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 una partida especial que permita ampliar los fondos destinados a generar promoción turística y desarrollo económico, con el propósito de fomentar la confianza en el turismo nacional e internacional, y especialmente en Morelia.
Sexto. Remítase el presente acuerdo a los titulares de gobierno federal, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Turismo, y de Economía, al gobierno de Michoacán, a las Secretarías de Finanzas y Administración, de Turismo, y de Desarrollo Económico de gobierno del estado, al gobierno municipal, a la Tesorería municipal, a la Secretaría de Turismo municipal y a la Secretaría de Fomento Económico municipal, a las Comisiones de Desarrollo Económico, y de Turismo, y al honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos procedentes.
Palacio del Poder Legislativo.- Morelia, Michoacán de Ocampo, a 9 de octubre de 2008.
Diputados: Eligio Cuitláhuac González
Farías, presidente; Gustavo Ávila Vázquez, primer
secretario; Librado Martínez Carranza, segundo secretario; Juan
Manuel Macedo Negrete, tercer secretario (rúbricas).
DEL CONGRESO DE JALISCO
Guadalajara, Jalisco, a 15 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, emitió el acuerdo legislativo número 657-LVII1-08, del cual le adjunto copia, en el que le solicita se considere incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 una asignación para la compra del terreno en que se encuentra el complejo arqueológico La Atarjea, situado en el municipio de Tonalá, Jalisco, y para el inicio de las excavaciones y restauración de dicho sitio. Lo anterior en beneficio del patrimonio histórico de nuestro país, particularmente del situado en Jalisco.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Alfredo Argüelles Basave (rúbrica)
Secretario General del Congreso del Estado
Diputados del Honorable Congreso del Estado
Presente
El suscrito, diputado Juan Antonio Mateos Nuño, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Jalisco, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 28, fracción I, y 35 de la Constitución Política de Jalisco, y 22, fracción I, 147, fracción I, 150, fracción I, y 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, hace uso de esta tribuna con objeto de someter a la elevada consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo legislativo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. En 2005 se descubrió todo un complejo de asentamientos prehispánicos en el municipio de Tonalá, a lo largo de la ribera del río Santiago, con una extensión superior a las 40 hectáreas (más otras 40 que no fueron preservadas en el tiradero de Matatlán).
Los complejos arqueológicos se denominan La Atarjea, Sitio 2, Plan del Guaje, El Sabina, Los Coamiles, Agua Caliente y Plan del Guaje 2. En estos lugares se han encontrado además otros vestigios importantes tales como Piedra del Sol y Piedra de la Campana.
2. Se tiene información de que el gobernador del estado firmó el convenio de colaboración respectivo con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). También de que el municipio de Tonalá ha aprobado el cambio de uso de suelo al de tipo área de protección y que el INAH ha reconocido y tiene registradas estas zonas en el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos y, por tanto, comenzó los trabajos de exploración en las zonas de la Atarjea y Plan del Guaje, gracias a las gestiones con los propietarios.
Sin embargo, cabe destacar que todos los sitios, exceptuando Matatlán y parte del predio El Sabina, son de propiedad particular, por lo que en el caso de la Atarjea, que es el asentamiento más grande con una extensión de 309 mil 363.17 metros cuadrados, no se ha podido avanzar en las excavaciones y la restauración con miras a abrir la zona al público, en el contexto de la ruta arqueológica de Jalisco.
Lo anterior, a pesar de que se tiene el expediente técnico y todo lo que el INAH debe realizar para continuar con las excavaciones y restauración.
De acuerdo a arqueólogos y estudiosos de estas zonas, la razón por la que no se continúan las labores de excavación y restauración es que no se ha comprado el terreno que está en posesión de dos dueños: Pablo Pardo y la familia Castellanos. Por razones que se desconocen, el gobierno del estado no ha procedido a realizar el avalúo ni se ha negociado con los propietarios. En razón de lo anterior, el INAH no puede continuar sus trabajos, dado que es una política del instituto no trabajar en zonas que se encuentren en terrenos que no hayan sido comprados por el gobierno para no caer en conflictos, como el sucedido en la zona arqueológica de Chichén-Itzá donde, después de las excavaciones y restauración, el dueño exigía un pago cada vez más desmedido por el terreno.
3. Por lo anterior, en principio sería importante tener información sobre las razones por las que el gobierno del estado no ha avanzado en las negociaciones de la compra del terreno en que se encuentran los complejos La Atarjea y Los Coamiles, y, por otra parte, buscar se le asigne recursos federales o estatales a este proyecto, con la finalidad de que se realice la compra del terreno mencionado, y el inicio de las excavaciones, rescate y conservación de dicha zona arqueológica.
Sin duda, el potencial de las zonas arqueológicas tonaltecas es muy vasto, por lo que es fundamental realizar esfuerzos conjuntos en beneficio de nuestro patrimonio histórico, dado que también constituyen importantes puntos turísticos dentro del municipio Tonalá, que incentivaría el desarrollo económico y turístico de la zona.
Así de lo precedentemente considerado, y fundamentado en lo establecido en el artículo 150, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Gírese atento y respetuoso oficio al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, solicitándole que gire las instrucciones necesarias a la dependencia correspondiente, a efecto que se informe a esta soberanía sobre la situación que guarda el procedimiento de compra del terreno en donde se encuentra el complejo arqueológico La Atarjea, situado en el municipio de Tonalá, y, en su caso, las razones por las que no se ha procedido a la compra.
Segundo. Gírese atento y respetuoso oficio a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicitándole que se considere incluir, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, una asignación para la compra del terreno en que se encuentra el complejo arqueológico La Atarjea, situado en el municipio de Tonalá, Jalisco, para el inicio de las excavaciones y restauración de dicho sitio. Lo anterior en beneficio del patrimonio histórico de nuestro país, particularmente del situado en Jalisco.
Tercero. Remítase copia del presente acuerdo a la Comisión de Hacienda y Presupuestos de este honorable Congreso del estado, para que, en su momento, de no considerarse en el Presupuesto de Egresos del gobierno de Jalisco para el ejercicio fiscal 2009, se considere la inclusión de una partida presupuestal para la compra del terreno en que se encuentra el complejo arqueológico La Atarjea, situado en el municipio de Tonalá, Jalisco, y para infraestructura en dicho sitio y sus alrededores.
Salón de sesiones del honorable Congreso del estado, Guadalajara, Jalisco, a 12 de septiembre de 2008.
Diputado Juan Antonio Mateos Nuño (rúbrica)
Guadalajara, Jalisco, a 21 de octubre de 2008.
Licenciado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, emitió el acuerdo legislativo número 670-L VIII-08, del cual le adjunto copia, en el que de manera atenta y respetuosa se le solicita que tenga a bien aumentar los recursos destinados al pago de los beneficiarios del padrón de ex trabajadores migratorios operado por el fideicomiso de apoyo a ex trabajadores migratorios mexicanos para el ejercicio 2009, y se busque en la medida de lo posible, liquidar a todos y cada uno de los acreedores al beneficio que otorga dicho fideicomiso durante el mencionado ejercicio fiscal, por los razonamientos vertidos en el cuerpo del acuerdo legislativo de referencia.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
Atentamente
Licenciado Alfredo Argüelles Basave (rúbrica)
Secretario general del Congreso de Jalisco
Honorable Congreso del estado
Presente
Los suscritos diputados, miembros de la Comisión de Asuntos Migratorios, en su carácter de integrantes de la LVIII Legislatura de este congreso del estado, con fundamento en los artículos 28, fracción 1, 35 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 22, 147, 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos presentar ante esta soberanía la presente iniciativa de acuerdo legislativo, para lo cual hacemos la siguiente:
Exposición de Motivos
I. Como es de todos conocido, los migrantes mexicanos que laboraron en los Estados Unidos de América durante los años 40 en adelante, fueron inscritos a un programa en el cual se retenía una porción de su sueldo el cual se enviaba a México, depositándolo al gobierno federal.
II. Tras un periodo de luchas y protestas, algunos de los beneficiarios de este programa han conseguido la entrega del beneficio que les corresponde, mediante la creación del fideicomiso de apoyo a ex trabajadores migratorios mexicanos.
III. Para poder acceder al pago por parte del citado fideicomiso es necesario inscribirse en el padrón, que en un principio elaboró directamente la Secretaría de Gobernación. El primer grupo se registró en el 2003 y el segundo de noviembre de 2005 a marzo de 2006, sin que se hayan abierto hasta la fecha nuevas convocatorias.
Durante el proceso de pago, el gobierno federal ha publicado una veintena de relaciones de beneficiarios, que si bien contienen una gran cantidad de ciudadanos (858 en la última ocasión, de los cuales 114 de Jalisco, es decir, menos de uno por municipio), aún quedan muchísimos enlistados sin recibir su beneficio y los cuales esperan largos periodos de tiempo para cada liberación de recursos.
IV. Esta tardanza termina por alimentar dos problemas, por un lado, tenemos la muerte de algunos de los beneficiarios, lo que implica un nuevo trámite para la sucesión, debido a la edad de los ex trabajadores migratorios sujetos del beneficio, se presentan casos de muerte ya sea por edad o enfermedad, ya que en su totalidad son adultos mayores de, al menos, 60 años de edad.
Por otro lado, que algunos de los interesados adquieran la percepción de que no ocurre nada, por lo que terminan acudiendo a gestores que les cobran por supuestamente arreglar el pago, a pesar de que el trámite es gratuito y está perfectamente estructurado.
Cabe señalar que parte del retraso o la lentitud durante el último año se debió a la emisión de nuevas reglas de operación, pero en términos generales, la necesidad de hacer pagos de manera paulatina se debe a la cuestión presupuestal.
Afortunadamente, el pago a ex braceros es uno obligación finita, por lo que vale la pena considerar la posibilidad de acelerar el pago a quienes por derecho les corresponde, para ello es necesario asignar mayores recursos, con el fin de terminar lo antes posible con la lista y liberar a las autoridades de este encargo.
Consideraciones
I. El pago a los ex trabajadores migratorios es una obligación del gobierno, consistente en la entrega de una cantidad pecuniaria a personas que durante el lapso comprendido entre los años 1942 y 1964 trabajaron en los Estados Unidos de Norteamérica, y a los cuales se les retenía una cantidad de su salario y era enviada al gobierno de México como aportación para un fondo de retiro.
II. Que dicho dinero no fue entregado en su momento, por lo que se creó el fideicomiso de apoyo a ex trabajadores migratorios mexicanos, para responder a esta obligación en tiempos actuales, se determinó la cantidad a entregar a cada beneficiario en 38 mil pesos.
III. Que los periodos de tiempo entre cada pago resultan muy largos para los beneficiarios, provocando confusión entre los interesados, y originando que pongan sus esperanzas en gestores innecesarios y abusivos.
IV. Que por mera justicia resultaría congruente y práctico acelerar la entrega del dinero a los beneficiarios y para eso se requiere de un mayor monto de recursos, por lo que se justifica la solicitud de este poder a la autoridades correspondientes de una ampliación en el monto destinado al pago a ex trabajadores migratorios para el 2009, y que mayor número de personas se beneficien en un solo acto.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en los preceptos legales arriba mencionados, sometemos a la honorable consideración de esta asamblea el siguiente
Acuerdo Legislativo
Único. Gírese atento oficio al Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para solicitarles que tengan a bien aumentar los recursos destinados al pago de los beneficiarios del padrón de ex trabajadores migratorios operado por el fideicomiso de apoyo a ex trabajadores migratorios mexicanos para el ejercicio 2009, y que busquen en la medida de lo posible liquidar a todos y cada uno de los acreedores al beneficio que otorga dicho fideicomiso durante el mencionado ejercicio, por las razones expuestas en el cuerpo de este acuerdo.
Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2008.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputados: Gerardo Rodríguez Rodríguez,
presidente; José Luis Treviño Rodríguez, Gumersindo
Castellanos Flores, Hugo Contreras Zepeda, Juan Carlos Castellanos Casillas,
Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Guadalupe Núñez Rodríguez,
vocales (rúbricas)
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Guerrero, a 15 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Cámara de Diputados
Palacio Legislativo de San Lázaro
México, Distrito Federal
En relación con los puntos de acuerdo aprobados en sesión celebrada el 7 del actual, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que se refieren a la agresión y a las amenazas de que fue objeto el diputado Francisco Javier Santos Arreola por sujetos armados, en Ixtapa Zihuatanejo, municipio de José Azueta, Guerrero, me permito informar a usted que el agente del Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, el 4 de los corrientes, fecha en que ocurrieron los hechos delictivos, dio inicio a la averiguación previa número AZUE/SC/05/0555/2008, en contra Raúl García "N", por los delitos de tentativa de secuestro y lesiones, en agravio de Francisco Javier Santos Arreola, ordenando desde ese mismo momento a la policía ministerial del estado la investigación de los hechos, ordenando asimismo la práctica de diligencias tendientes a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados, recabándose en la misma fecha la declaración ministerial del agraviado, quién hizo una narrativa de los hechos.
Hasta el momento, la indagatoria se encuentra en etapa de integración, y asimismo informo a usted que he dado instrucciones precisas para que se agilice la investigación y, en su momento, se proceda en contra de los responsables.
Atentamente
Licenciado Eduardo Murueta Urrutia (rúbrica)
Procurador General de Justicia
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CUATRO
Recinto Legislativo, a 22 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto, y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Samuel Hernández Abarca (rúbrica)
Vicepresidente
Integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y demás artículos relativos, el suscrito, diputado Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presenta ante esta honorable soberanía la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a incrementar el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional para el ejercicio fiscal de 2009, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación en México debe ser considerada como un sector primordial y estratégico; por tal motivo, su observancia se torna cada día más importante. En un mundo globalizado, el estado debe velar por el desarrollo personal de la población; la educación permite formar una sociedad distinta. Desde el punto de vista etimológico, educación proviene del latín educere que significa "guiar, conducir"; o educare, "formar e instruir". La acción de educar puede entenderse también como el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.
La función de un Estado es proteger y procurar el mejor desarrollo social de sus ciudadanos. En Estado debe incentivar el desarrollo pleno de las características fundamentales del hombre, como son el pensamiento independiente, el espíritu creador y la conciencia. La educación nos permite favorecer, fortalecer, y estimular hábitos de integración, solidaridad y cooperatividad. La educación permite que los ciudadanos sean capaces de asimilar innovaciones de tipo tecnológico y cambios económicos, sociales, culturales y de hábitos en general, y al mismo tiempo se forman ciudadanos responsables, democráticos y con capacidad crítica.
En la actualidad, el desarrollo de las capacidades cognoscitivas de la población es importante, ya que esto hace posible el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. La educación es un derecho humano fundamental que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos; además, es el catalizador más poderoso para el desarrollo humano. Mientras tanto, en países en desarrollo o del tercer mundo, pasa de ser un derecho a convertirse en un lujo. Es contrastante la forma mediante la cual se atacan los problemas esenciales en México, ya que mientras las autoridades crean estrategias para combatir la inseguridad –que dicho está de paso, se ha incrementado en lo que va del sexenio–, al mismo tiempo se recorta el presupuesto a la educación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, fracción V, señala que "además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior–necesarios para el desarrollo de la nación; apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura".
Ante estas circunstancias, hoy observamos que en lugar de fortalecer, apoyar, difundir la educación y la cultura, la actual administración implanta una política de recorte a las actividades educativas y culturales. Desde esta tribuna señalamos que no es con más policías como se combate la inseguridad, se debe tener una estrategia de acceso a la educación que nos permita combatir desde la esencia este problema.
Es conocido que en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2009, que fue enviado a la Cámara de Diputados, se prevé que al Instituto Politécnico Nacional se le haga un recorte injustificado al presupuesto que se ejercerá el año entrante. Cabe mencionar que el 21 de diciembre de 2006 esta soberanía aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhortaba al Congreso de la Unión y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar, de manera significativa, el presupuesto que se había asignado a esta institución para el ejercicio fiscal de 2007, hoy como hace dos años se hace la misma petición.
Entendemos que ante la ola de inseguridad que existe en el país, en fundamento del acuerdo contra la inseguridad firmado por todos los gobernantes y funcionarios en turno, esta petición debe realizarse sin ningún problema. La educación técnica y científica debe ser fomentada. Se ha demostrado que existe una relación proporcional entre el acceso a la educación y el mejoramiento de los indicadores sociales. Entendemos que los problemas se derivan del modelo de económico actual que prioriza las ganancias y el mercado, dejando de lado la parte esencial que es el ser humano.
Por tal motivo, ante esta ofensiva contra la enseñanza superior, el director general del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera indicó lo siguiente:
Por lo cual, solicitó a los diputados federales un incremento de 650 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2009.
Considerandos
Primero. Que el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señalan que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad.
Segundo. Que el Instituto Politécnico Nacional ha contribuido con creces a dar oportunidades desarrollo a jóvenes de todas las clases sociales en 77 unidades académicas en 15 entidades federativas.
Tercero. Que el Instituto Politécnico Nacional incluirá a más de 700 científicos en el Sistema Nacional de Investigadores para 2009. Que investigadores del instituto trabajan en el desarrollo de vacunas de ADN contra el herpes y la parotiditis, conocida como paperas humanas.
Cuarto. Que actualmente investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN llevan a cabo los estudios que se realizan con el apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. La vacuna contra el herpes tipo 1 tiene una eficacia del cien por ciento, y de 60 por ciento la desarrollada contra el herpes tipo 2.
Por lo anterior expuesto, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta al Congreso de la Unión, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a revisar y corregir el proyecto de presupuesto, a fin de incrementar, para el ejercicio fiscal de 2009, el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
Recinto Legislativo, a 16 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 36 fracciones V y XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta, de la manera más atenta, a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que los recursos propuestos al Fondo Metropolitano, Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México), en el anexo 12 programas del ramo 23 provisiones salariales y económicas, del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se establezcan en 6 mil millones de pesos.
Segundo. Para la entrega de esta solicitud a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Gobierno de esta asamblea legislativa, conformará una comisión plural, integrada por diputados de las deferentes expresiones políticas, así como por los presidentes de las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Hacienda.
Asimismo, el propio órgano interno de gobierno permanente establecerá el día y la hora para que la comisión cumpla su cometido.
Tercero. Se exhorta, de la manera más atenta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, que solicite a los jefes delegacionales su opinión en la definición de los proyectos referentes al Fondo Metropolitano; asimismo, que envíe un informe de avance físico-financiero, cada 3 meses, de las obras ejecutadas con los recursos del propio fondo.
Lo anterior para los efectos correspondientes. Anexo al presente sírvase encontrar copia del dictamen en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Samuel Hernández Abarca (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado
Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, IV Legislatura
Presente
Los suscritos, diputados Enrique Vargas Anaya y Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI de la ley orgánica y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someten a consideración del pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que los recursos propuestos al Fondo Metropolitano, Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México), en el anexo 12 programas del ramo 23 provisiones salariales y económicas, del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se establezcan en seis mil millones de pesos.
Consideraciones
1. Que el 22 de diciembre de 2005 se signó la declaratoria de la zona metropolitana del valle de México, por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, y por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, para conformar dicha área con 16 delegaciones del Distrito Federal y 59 municipios del Estado de México.
2. Que la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana creada el 17 de marzo de 1998 fue ratificada el 7 de octubre de 2005, y en su marco el 20 de febrero de 2006 se firma el contrato por el cual se constituye el fideicomiso número 2904 denominado Para el Fondo Metropolitano de proyectos de impacto ambiental en el valle de México, como el mecanismo financiero para el desarrollo de las acciones coordinadas entre los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México.
3. Que el fideicomiso mencionado no tiene una fecha de término preestablecida, ya que los gobiernos signantes expresaron la firme intención de continuar con la conjunción de esfuerzos y recursos económicos para enfrentar problemas comunes de la zona metropolitana del valle de México.
4. Que a través de dicho fideicomiso 2904, en 2006 se ejercieron, de manera conjunta entre los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, mil 31.5 millones de pesos, y en 2007, 3 mil 98.7 millones de pesos, en los territorios de ambas entidades federativas.
En 2006, se financiaron 22 obras y acciones, teniendo particular importancia las 13 obras hidráulicas entre las que destacan: 61.1 millones de pesos para el colector marginal sur de la presa de Guadalupe, 60 millones para la rehabilitación de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella, 55 millones para la construcción del túnel profundo oriente-oriente y 28 millones para el mantenimiento de compuertas y captaciones del drenaje profundo. Para las siete obras de infraestructura vial y comunicaciones se destinaron ese año 712.6 millones de pesos, de los proyectos destaca el distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes, la 18 etapa de la rehabilitación del paradero Pantitlán y el estudio de origen destino de la zona metropolitana del valle de México.
Para el 2007, se realizaron 38 obras y acciones, 19 de infraestructura vial y comunicaciones, una en medio ambiente, una en protección civil, 3 en desarrollo urbano y 15 de infraestructura hidráulica.Entre las que destacan la terminación del distribuidor vial en el llamado puente Concordia, la remodelación del centro de transferencia modal Pantitlán, los deprimidos de eje 5-Constituyentes y las torres, el distribuidor vial anillo periférico arco norte y centenario, el distribuidor vial calle 7 y avenida bordo de Xochiaca y el transporte articulado (Azteca-Tecáman, Ecatepec-Lechería, Ixtapaluca-La Paz); asimismo, entre la obras hidráulicas tienen importancia la 28 etapa de la rehabilitación de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella, el proyecto ejecutivo y construcción de la planta de tratamiento de la presa Guadalupe, la construcción de colectores y mejoramiento de drenaje para evitar inundaciones en Ecatepec.
En resumen, en esos dos años se les dio particular importancia a las obras hidráulicas con un total de mil 264.8 millones de pesos y a los aspectos de infraestructura vial y comunicaciones con un gasto total de 2 mil 548.2 millones de pesos.
5. Que para el 2008 se asignaron al Fondo Metropolitano 3 mil 550 millones de pesos para el valle de México; el comité técnico aprobó un total de 31 acciones, entre las que destacan 429.7 millones de pesos para el Metrobús eje 4 sur (Tacubaya-Tepalcates); 272 millones, redes y circuitos de distribución de agua potable en la zona oriente del valle de México; 377 millones, puente vehicular Muyuguarda en Tlalpan y Xochimilco; 170 millones, puente vehicular en calle 7 y avenida Pantitlán en Nezahualcóyotl; 170 millones, centro de tratamiento de residuos sólidos; 151 millones, transportes articulados del nororiente; 160 millones, 38 etapa del saneamiento de la presa Guadalupe en Cuatitlán Izcalli, etcétera.
6. Que para el 15 de agosto pasado el Fondo Metropolitano ya contaba con 2 mil 550 millones de pesos, es decir, el 71.83 por ciento del total designado.
7. Que se tiene una compleja cartera de proyectos para su realización en el marco del Fondo Metropolitano compuesto por 52 acciones con un monto total de 18 mil 675.2 millones de pesos, contenidas en nueve sistemas:
Sistema vial poniente. Cinco acciones por 265 millones
de pesos.
Sistema vial sur. Ocho acciones con mil 185 millones
de pesos.
Puentes vehiculares en el circuito interior. Cinco
con mil 770 millones de pesos.
Obras viales. Ocho acciones con 3 mil 282.8 millones
de pesos.
Obras de impacto del tren suburbano. Cuatro acciones
con mil 100 millones de pesos.
Infraestructura para el transporte. Cinco acciones
con 6 mil 126 millones de pesos.
Gestión integral de residuos sólidos.
Cuatro acciones con mil 453.4 millones de pesos.
Bolsa de estudios y proyectos. 70 millones de
pesos.
8. Que el pasado 17 de junio, en magno evento, se realizó la Primera sesión plenaria de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana (CECM), nueva época, donde el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y los gobernadores de los estados de México, Enrique Peña Nieto, e Hidalgo, Miguel Osorio Chong, firmaron la inclusión de esta última entidad a la mima comisión.
9. Que en la iniciativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en la partida del ramo 23 para los Fondos Metropolitanos referente a la zona metropolitana del valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México) se disminuye la cantidad aprobada en el ejercicio inmediato anterior en 250 millones de pesos estableciéndose un monto total de 3 mil 300 millones de pesos, además considerando el impacto inflacionario, que este año según el Banco de México será del orden de 5,5 por ciento, la caída real de los recursos para el próximo ejercicio fiscal sería de cerca de 430 millones de pesos. Situación que impactaría de manera importante la realización de obras necesarias para la zona metropolitana del valle de México.
Resumiendo: primero, los recursos se han ejercido de manera eficiente durante dos años y, pese a los obstáculos normativos, se cerrará este año en el mismo tenor; segundo, la zona metropolitana que concentra la tercera parte del producto interno bruto nacional, para incrementar su competitividad debe tener la infraestructura necesaria en beneficio del conjunto del país, máxime que ahora se reconocen sus dimensiones megapolitanas al integrar al estado de Hidalgo; tercero, se tienen las instancias plenamente probadas para ejercer el recurso, que han logrado construir en base a la planeación una compleja cartera de proyectos, por lo que se justifica la petición para incrementar los recursos del Fondo Metropolitano para el valle de México a la cantidad de 6 mil millones de pesos.
Con base en lo anterior, se propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta, de la manera más a tanta, a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que los recursos propuestos al Fondo Metropolitano, Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México), en el Anexo 12 programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas, del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se establezcan en seis mil millones de pesos.
Segundo. Para la entrega de esta solicitud a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Gobierno de esta asamblea legislativa conformará una comisión plural integrada por diputados de las diferentes expresiones políticas, así como por los presidentes de las comisiones de desarrollo metropolitano y de hacienda; asimismo, el propio órgano interno de gobierno permanente establecerá el día y hora para que la comisión cumpla su cometido.
Tercero. Se exhorta, de la manera más atenta, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, que solicite a los jefes delegacionales su opinión en la definición de los proyectos referentes al Fondo Metropolitano; asimismo, que se presente un informe de avance físico-financiero, cada tres meses, de las obras ejecutadas con los recursos del propio fondo.
Dado en el recinto legislativo el6 de octubre de 2008.
Diputados Enrique Vargas Anaya (rúbrica), Raúl
Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez
Recinto Legislativo, a 21 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 36, fracciones V y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la fecha citada al rubro de este escrito, recibió un comunicado del doctor Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez, por medio del cual presentó su renuncia con carácter de irrevocable en su calidad de consejero y de presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Junto a este escrito, sírvase encontrar copia del comunicado en comento para los efectos correspondientes.
Atentamente
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado (rúbrica)
Presidente
México, DF, a 21 de octubre de 2008.
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que durante la sesión de la Comisión de Gobierno, de fecha 21 de octubre del año en curso, se dio cuenta el comunicado del doctor Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez, a través del cual, presenta su renuncia con carácter irrevocable a la presidencia del órgano colegiado y a su calidad de consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Sobre el particular, durante la sesión en comento, la Comisión de Gobierno acordó remitirle el comunicado descrito, a efecto de que se dé cuenta de éste ante el pleno.
Lo anterior, se hace de su conocimiento, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 41, 42, fracciones II, IV, 44, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 80 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez
(rúbrica)
Presidente de la Comisión de Gobierno
México, DF, a 17 de octubre del 2008.
Diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez
Presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del DF
Presente
Desde el inicio del encargo que honrosamente asumí el 23 de diciembre del 2005, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal me nombró por unanimidad consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), jure cumplir y hacer cumplir la ley. Desde entonces, la defensa de la autonomía, de la legalidad y de la transparencia han sido los ejes rectores de mi actuar durante estos últimos 34 meses.
En este periodo, el IEDF acrecentó su profesionalismo, su eficiencia y la credibilidad de sus procesos democráticos; se realizó una elección impecable en 2006 y se han desarrollado distintas iniciativas para garantizar y ampliar el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política de la Ciudad de México, entre los cuales destaco: 1. Que el IEDF fue el único instituto de todo el país que garantizó el derecho humano a la información, poniendo a disposición de los ciudadanos el contenido de los paquetes electorales en la elección de 2006; y 2. Que se fomentó el derecho a la participación ciudadana en distintos ámbitos y niveles, tanto delegacionales como de apoyo a los partidos políticos, a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal.
Por otro lado, he cumplido en tiempo y forma con las tareas institucionales; ya he circulado a los consejeros electorales el anteproyecto de presupuesto para 2009, hay una reestructuración funcional en marcha y se han establecido otros instrumentos administrativos para el correcto funcionamiento de la institución.
La reforma constitucional en materia electoral, aprobada a finales del año pasado, produjo efectos colaterales que afectaron negativamente la vida interna de los institutos electorales. El IEDF no fue la excepción. En abril se modificó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y, a partir de ese momento, se generaron una serie de propuestas que fomentaron injerencias externas en la vida interna de la institución, como fue, en un principio, la idea de remover a un grupo de consejeros electorales o, posteriormente, la rotación del consejero presidente.
Estos hechos ilustraron sólo una parte de la antidemocrática intervención de diferentes actores e intereses políticos que vulneraron la autonomía del IEDF.
Puedo afirmar, con pleno conocimiento de causa, que la justicia en nuestro país funciona apegada al principio de legalidad, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y un juez federal demostraron, una y otra vez, la ilegalidad y anticonstitucionalidad de dichas intervenciones.
El 1 de octubre, la resolución del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral de nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cerró definitivamente la polémica discusión sobre la permanencia de mi persona en la presidencia del Consejo General del IEDF, con esta resolución se reiteró, una vez más, que yo siempre ha actuado con la ley en la mano. Las normas legales no se pueden manipular a conveniencia de este o aquel grupo de presión.
Hoy mismo, fuertes presiones se ciernen sobre la vida interna de los órganos electorales de todo el país, lo que explica que el pasado 9 de septiembre, el presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentara su renuncia bajo el argumento de que "las recientes reformas electorales le restan autonomía al IEEM y ponen en riesgo la democracia ante las elecciones de 2009"; y hace apenas unos días, el 25 de septiembre, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco también presentó su renuncia bajo los mismos argumentos. Esta situación es una amenaza latente que también afecta a otros institutos electorales en distintas partes del país.
En el Distrito Federal, las pasiones políticas se han incrementado por las elecciones que se avecinan, ya desde hoy se puede observar que las de 2009 no serán elecciones fáciles, en un país políticamente fragmentado. El árbitro electoral debe ser autónomo e independiente para poder aplicar estrictamente las reglas que regulan la competencia electoral. Si esas reglas no se aplican con firmeza, el riesgo de la incertidumbre nuevamente afectará a nuestra incipiente democratización.
Por lo que a mí respecta, a todos consta la prolongada lucha legal que he llevado a cabo en estos últimos tiempos. Agoté todas las instancias jurídicas a mi disposición con el único objetivo de demostrar, a propios y extraños, que con la ley no se juega y, una vez obtenida la razón jurídica –que para mí representa una victoria personal de amplias dimensiones–, anuncio que no seré rehén de estos intereses políticos que buscan disminuir la presencia del árbitro electoral, ni que me prestaré para vulnerar los principios que rigen su actuar, porque al limitar la autonomía y la independencia de la autoridad electoral sólo contribuye a debilitarla.
Por estas razones, presento ante esa soberanía mi renuncia con carácter irrevocable a la presidencia del órgano colegiado y a mi calidad de consejero electoral, deseando a quien me sustituirá el mayor de los éxitos en los próximos comicios, para que el destino democrático del país se vea fortalecido y, sobre todo, para que se respete el voto de los ciudadanos. Ese ha sido mi compromiso más importante y a él me debo. Me voy con la satisfacción de haber defendido la autonomía y la independencia del Instituto Electoral del Distrito Federal con todas mis fuerzas y con la convicción del deber cumplido.
Atentamente
Doctor Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez (rúbrica)
Recinto Legislativo, a 28 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, fracciones V y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó un acuerdo por el que se nombró a la ciudadana Beatriz Claudia Zavala Pérez, como consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, para concluir el período del 28 de octubre de 2008 al 13 de enero de 2012, asimismo me permito informarle que la ciudadana en comento rindió la protesta de ley correspondiente.
Lo anterior para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado (rúbrica)
Presidente
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Octubre 16 de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
LX Legislatura
Honorable Cámara de Diputados
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 23, fracción IX, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, envío a usted el informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del instituto al cierre de 2007, y que fue aprobado por la asamblea general del instituto en su nonagésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el 28 de abril del año en curso.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Contador Público Víctor Manuel Borrás
Setién (rúbrica)
Director General
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
México, DF, a 28 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con un respetuoso saludo, en cumplimiento con lo establecido en el inciso VII del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establece que este instituto debe rendir un informe trimestral sobre el comportamiento y resultados de la estimación de niveles de población por entidad federativa, adjunto el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2008, así como la metodología para la estimación de la población total nacional y por entidad federativa a mitad de mes.
Sin más por el momento, le extiendo mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente
Gualberto J. Garza Cantú (rúbrica)
Director General Adjunto
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadística
Informe de los Niveles de Población por Entidad
Federativa
Cuarto trimestre de 2008
Noviembre de 2008
Informe de los niveles de población por entidad
federativa
Introducción
El panorama demográfico del México actual es resultado de la profunda transformación que ha tenido su población durante el siglo XX; algunas cifras pueden ayudar a entender mejor la magnitud del cambio: el censo de 1900 registró 13.6 millones de habitantes, hacia 1950 la población en el país había crecido casi al doble (25.8 millones) y en tan sólo veinte años más, para 1970 se habían alcanzado 48.2 millones de personas, cifra que para el año 2000 se ubicó cerca de los 97.5 millones. En suma, la población nacional se multiplicó casi ocho veces en un siglo.
Desde los años setenta el país ha experimentado un profundo cambio demográfico, y la política de población ha sido un instrumento efectivo para incidir en el crecimiento de la población y si bien, la población nacional ha continuado creciendo, ahora lo hace a un ritmo mucho menor, la tasa de crecimiento medio anual de la población mexicana en 2005 se estimó en 0.9 por ciento y en términos absolutos el país contaba con 103.3 millones de personas. Sin embargo, México es un país muy heterogéneo y en términos demográficos las disparidades en los volúmenes de población a nivel estatal son un reflejo de la evolución de los componentes demográficos en cada una de las entidades.
Fecundidad
La evolución de la fecundidad en México se encuentra en franco descenso desde hace poco más de tres decenios. En la actualidad el nivel de la fecundidad se encuentra próximo al reemplazo generacional: 2.1 hijos por mujer.
Algunos factores determinan el tamaño de la descendencia, ejemplo de ello es la elevación del nivel educativo de las mujeres y una creciente participación de la población femenina en la actividad económica, situación que influye en el comportamiento reproductivo. También se reconoce como un derecho el acceso a los servicios de planificación familiar y la salud reproductiva, aproximadamente siete de cada diez parejas ejerce sus derechos reproductivos en un marco de respeto a las decisiones individuales.
La fecundidad generalmente es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, sin embargo, el descenso se observa en todas las entidades federativas y la brecha se reduce; así si consideramos las entidades con mayor y menor fecundidad en el año 2000, se observa que entre el Distrito Federal (2.0 hijos en promedio) y Guerrero (3.5 hijos en promedio) es de 1.5 hijos y ésta se acortó de manera importante a solamente 0.7 hijos en 2008 (1.7 hijos en el Distrito Federal y 2.4 en Guerrero).
Mortalidad
El notable descenso de la mortalidad ha sido uno de los logros sociales más significativos del México contemporáneo. El alargamiento de la sobrevivencia fue resultado de las mejoras en las condiciones generales de vida de la población, la ampliación de la infraestructura de servicios sanitarios, la expansión de la cobertura de los servidos de salud, el mejoramiento de la alimentación y la educación de la población, entre otros factores. Las muertes tempranas también se han visto reducidas considerablemente, debido a los esfuerzos realizados por el sistema de salud, el acceso de la población a. servicios sanitarios y de agua potable; y la aplicación prácticamente universal de las vacunas.
Como consecuencia, los habitantes del país viven un mayor número de años y en mejores condiciones de salud. En la actualidad, la esperanza de vida es de 75.1 años, más del doble que la registrada en 1930 (36.2 años); y aunque el aumento en la esperanza de vida es diferencial por entidades federativas, las brechas en cuanto a la vida media de la población se han reducido.
Migración
En las últimas décadas la migración se ha convertido en el principal determinante demográfico de los cambios en la distribución geográfica de la población en México.
Por un lado, la migración de mexicanos al exterior, en particular hacia Estados Unidos es un fenómeno complejo, con una prolongada tradición y con fuertes repercusiones sociales, económicas y culturales en ambos países. Este fenómeno se explica por diversos factores, los más importantes proceden de la enorme diferencia económica y del elevado grado de interdependencia entre los mercados de trabajo; a los que se incorporan las redes sociales y familiares establecidas entre mexicanos y la cultura de la migración edificada a lo largo de los años.
El número de migrantes mexicanos residente en los Estados Unidos asciende a más de 11 millones de acuerdo con las cifras de las más recientes encuestas americanas, con fuertes lazos sociales, económicos y culturales con nuestro país. Además, el fenómeno ha adquirido tal importancia cuantitativa que prácticamente todos los municipios del país están involucrados en este hecho. Con datos de la conciliación censal, se estima que durante 2000 y 2005 se tuvo una pérdida neta anual de 575 mil personas de México que salieron al resto del mundo, principalmente a Estados Unidos1.
Los niveles de población por entidad federativa
Las proyecciones tienen la finalidad de estimar la magnitud y composición futura de la población, basándose en un adecuado conocimiento de los hechos demográficos, ocurridos en el presente y pasado próximo, y además considerando los cambios que se estima ocurrirán en los factores que influyen sobre la dinámica demográfica.
La institución gubernamental legalmente facultada para elaborar proyecciones de población es el Consejo Nacional de Población (Conapo), las cuales son publicadas al primero de julio de cada uno de los años de proyección. El INEGI, realiza estimaciones de población para fechas diferentes y para áreas geográficas específicas, las que se obtienen por medio de interpolaciones de las cifras del Conapo. Enseguida se presentan los resultados más recientes a nivel de entidad federativa.
Se estima que la población que reside en México a mitad del cuarto trimestre de 2008 alcanzará los 107 millones de habitantes, lo que significa que la población aumentará cerca de 219 mil personas en relación con el trimestre anterior. El mayor incremento será en el Estado de México con 50 mil personas, casi una cuarta parte (22.9 por ciento) del total nacional. Baja California es otra entidad en la cual se estima tener un incremento notable: casi 22 mil habitantes lo que representa el 9.9 por ciento.
En orden de importancia siguen Jalisco (6.4 por ciento), Puebla (6.4) y Nuevo León (6.3). En contraposición para las entidades de Michoacán de Ocampo, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca se prevé una reducción en su población (-1.6, -0.6, -0.2 y -0.2 por ciento, respectivamente).
En lo relativo al crecimiento de la población, la tasa de crecimiento del cuarto trimestre de 2008 es de 0.82 por ciento, situación que incide en un menor dinamismo; sin embargo, se estiman tasas de crecimiento más elevadas en Quintana Roo (3.66), Baja California (2.78) y Baja California Sur (2.50) y se estiman tasas de crecimiento negativas en Michoacán de Ocampo (-0.35), Guerrero (-0.16), Zacatecas (-0.11) y Oaxaca 0.04),
Los componentes demográficos (fecundidad, mortalidad y migración interna e internacional) mantienen una profunda influencia en el volumen, la dinámica y la distribución de la población en el territorio nacional. El Estado de México es la entidad federativa más poblada con 14.7 millones de habitantes, lo que representa 13.7 por ciento de la población nacional. En volumen de población le sigue el Distrito Federal con 8.8 millones (8.3 por ciento) y Veracruz de Ignacio de la Llave con 7.3 millones (6.8).
Baja California Sur se mantiene como el estado menos poblado, 557 mil habitantes, apenas 0.5 por ciento de la población; le sigue Colima con 596 mil (0.6), Campeche con 790 mil (0.7) y Nayarit con 968 mil (0.9).
Nota
1. INEGI. "El Conapo, el INEGI y El Colmex concilian
cifras de la dinámica demográfica del país para el
periodo 2000-2005", comunicado número 189/06, Aguascalientes, Aguascalientes,
7 de septiembre de 2006. www.conapo.gob.mx
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Justicia, en la decimoquinta reunión ordinaria de trabajo celebrada en este día, tiene a bien emitir el presente acuerdo, de conformidad con los siguientes:
Considerandos
Primero. Que el18 de junio de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad y justicia penal.
Segundo. Que el artículo octavo transitorio del citado decreto establece que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma al sistema de justicia penal.
Tercero. Que el artículo octavo transitorio establece también que las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto de referencia y en los presupuestos sucesivos.
Cuarto. Que dicho presupuesto, mandata el mismo artículo transitorio, deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores, peritos y abogados.
Quinto. Que dada la importante participación que tuvo la Comisión de Justicia como dictaminadora en el proceso de reforma constitucional, además del compromiso que hemos asumido para continuar con el diseño de medidas legislativas tendientes a la instrumentación del sistema penal acusatorio y oral, así como para establecer el marco jurídico idóneo que permita la utilización de nuevas herramientas para combatir eficazmente al crimen organizado, estimamos de la mayor relevancia solicitar una reunión en comisiones unidas con la de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 sean destinados los recursos necesarios para llevar a cabo la reforma al sistema de justicia penal, de manera gradual.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una reunión con la Comisión de Justicia, con el objeto de analizar lo relativo a los recursos que deben destinarse para implantar, en el ámbito federal y en el de las entidades federativas, la reforma al sistema de justicia penal, de manera gradual, a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, de conformidad con el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el18 de junio de 2008.
Segundo. Solicítese la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho
Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica),
Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano
Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica),
Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica
Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola,
Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez
Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica),
Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello (rúbrica),
José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús
Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón
Cadenas, Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa, Violeta del Pilar Lagunes
Viveros, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica),
Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano
(rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo
Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica),
Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica),
Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos
Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Palacio Legislativo, 23 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto me permito manifestarle que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión celebrada el 29 de septiembre del presente, autorizó al Partido Verde Ecologista de México el nuevo logotipo prepuesto por este instituto político, resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 22 de octubre del presente año.
Por ese motivo solicito que se haga del pleno conocimiento del Congreso de la Unión.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que sirva prestar a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia del objeto del presente, que formula a este órgano de gobierno el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos ocurridos el 23 de octubre del año en curso en las instalaciones del recinto en que sesionaba la Cámara de Senadores.
Segundo. Asimismo, solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, rinda, ante esta cámara, un informe detallado de sus actuaciones y las del personal bajo su mando en los hechos en que resultaron lesionados los legisladores federales Aleida Alavez Ruiz y Gerardo Villanueva Albarrán.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a la autoridad competente, el deslinde inmediato de responsabilidades.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 2008.
Atentamente
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina
México, DF, a 24 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del presidente de la República, y en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que el Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presente
Es imperativo que el Estado mexicano garantice a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad. Por ello, es necesario responder efectivamente para combatir cualquier acción que vulnere la paz social.
México ha celebrado diversos tratados y convenciones internacionales en los que se establece la obligación de tipificar como delitos ciertas conductas que atenten contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión. Tal es el caso de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, así como prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
La Constitución general faculta al Poder Legislativo de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación, y fijar las sanciones que por ellos deben imponerse; sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente, es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.
Con la iniciativa se busca generar un mecanismo de excepción, por el cual se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos.
En el sistema jurídico mexicano, la seguridad pública constituye un deber del Estado en sus diferentes niveles, y este concepto implica en sentido amplio: prevención y persecución de delitos y responsables, imposición de las penas y sanciones administrativas, así como la reintegración social del delincuente. Es decir, pretende regular todas las actividades que contribuyan a alcanzar la integridad y los derechos de las personas para preservar su libertad, el orden y la paz pública.
Por otra parte, a fin de salvaguardar la integridad de los órganos supremos de gobierno, es necesario que se tomen las acciones pertinentes para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Por ello, la iniciativa busca proteger la nación mexicana, preservando la soberanía e independencia.
Resulta imperioso que nuestro país siga avanzando en hacer realidad los ideales que sustentan el respeto de los derechos humanos: una vida digna de ser vivida al alcance de todos los seres humanos.
Es necesario precisar en la ley los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos de fuero común trascienden al ámbito de los estados o del Distrito Federal, por su efecto nacional o internacional, ya sea porque el conocimiento de éstos es necesario para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México, o bien, para garantizar a los gobernadores el acceso a la justicia, en aras de salvaguardar la autonomía de los estados, y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción con miras a no debilitar la consolidación del federalismo a la que todos los actores políticos y de la sociedad aspiramos.
El Ejecutivo federal a mi cargo reconoce profundamente los esfuerzos y el trabajo realizado para la actualización de la legislación penal federal, impulsando propuestas legislativas para tipificar y sancionar diversas conductas delictivas, principalmente las que atentan contra la libertad de expresión, en cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales antes referidos. En los últimos años, gran parte de las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión la constituyen delitos de la competencia de la autoridad local, por lo que se considera conveniente que cuando estos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, quienes cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar una mayor eficacia y diafanidad en el manejo de los procesos correspondientes, evitando así que queden impunes. La federación, a través de la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias, asumiendo directamente la facultad de conocer estos delitos, garantizaría la seguridad pública, la seguridad nacional y los derechos humanos, protegiendo con ello la soberanía nacional.
Por todo lo anterior, es que, teniendo en consideración que la Constitución general faculta al Congreso de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación y fijar las sanciones que por ellos deba imponerse, se propone reformar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y facultar a las autoridades federales para conocer de delitos que atenten contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos o la libertad de expresión.
Con lo anterior, se propone generar un mecanismo que permita garantizar que los actos atentatorios contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, en el ámbito de las entidades federativas, no queden impunes por lagunas o insuficiencia en los ordenamientos legales en materia penal y procesal y, con ello, el Estado mexicanos dé pleno cumplimiento a sus compromisos internacionales.
Por las razones expuestas anteriormente, el Ejecutivo federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa soberanía, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se reforma la facción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
XXI. ...
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la liberad de expresión y, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito de los estados o del Distrito Federal, en los términos que establezca la ley.
…
XXII. a XXX. …
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Al entrar en vigor el presente decreto, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y locales que procedan.
Tercero. La facultad de las autoridades federales a que se refiere el presente decreto sólo podrá ser ejercida respecto a los delitos del fuero común por las violaciones a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión que se cometan después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto emita el honorable Congreso de la Unión.
Reitero a usted, presidente de la Cámara de Diputados, las seguridades de mi consideración más distinguida.
Palacio Nacional, a 23 de octubre de 2008.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Recinto Legislativo, a 9 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, base primera, fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción II, y 36, fracciones V y XVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito remitir a usted el original de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos constitucionales y legislativos conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado (rúbrica)
Presidente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
LX Legislatura
Presente
Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.
Considerandos
Primero. Que la presente iniciativa se fundamenta en los artículos 122, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 en su fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal donde se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión relativos al Distrito Federal y, en el artículo 17, fracción V de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donde se establece como un derecho de los diputados.
Segundo. Que la Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal. Así como, establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas locales en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de la organización y funcionamiento.
Tercero. Que la propia ley, en su artículo segundo, establece que el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación federal participable, es decir, aquella que obtenga la federación en un ejercicio, por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
Cuarto. Que el capítulo V de dicha ley se refiere a los Fondos de Aportaciones Federales como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta misma ley.
En este sentido, se definen los ocho fondos de aportaciones siguientes:
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
V. Fondo de Aportaciones Múltiples.
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Sexto. Que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social tiene por objeto destinar recursos exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, así como a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional.
Séptimo. Que el cálculo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para el FAIS se realiza a partir de valorar el índice global de pobreza, conformado por las brechas de cinco necesidades básicas: ingreso per cápita de los hogares, promedio del nivel educativo por hogar, disponibilidad de espacio en la vivienda, así como de disponibilidad de drenaje y, por último, de electricidad.
Octavo. Que desde su creación en 1998, al Distrito Federal se le han negado recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, bajo el único argumento de que no es un estado, ya que el gobierno federal no ha expresado la inexistencia en la ciudad capital de las brechas carenciales que sirven de base al cálculo de los coeficientes de distribución de dicho fondo. Es decir, aunque se reconocen los rezagos en sectores de la población en condiciones de pobreza, no se distribuye al Distrito Federal este recurso por un problema semántico.
Noveno. Que lo anterior se demuestra en el hecho de que estos mismos criterios de distribución del FAIS se utilizan para el cálculo del Programa de Incentivos Estatales de la Sedesol, en donde al Distrito Federal le corresponde un coeficiente de distribución del 1.75 por ciento.
Décimo. Que el Distrito Federal en el ejercicio fiscal de 2008 dejará de percibir 668.6 millones de pesos del FAIS. Desde su creación hasta la fecha, ha tenido una pérdida acumulada de 5 mil 188 millones de pesos, correspondiéndoles de esta cantidad a las delegaciones, 4 mil 389.3 millones de pesos, de acuerdo al cálculo presentado por el licenciado Emilio Barriga Delgado, coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal durante la mesa de trabajo para analizar la viabilidad de una norma local de coordinación fiscal para el Distrito Federal convocada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 16 de junio. De lo anterior, se desprende que la casi totalidad de estos recursos serían utilizados por las propias delegaciones.
Décimo Primero. Que la presente iniciativa busca que, en el caso del Distrito Federal, los recursos del FAIS se distribuyan a las delegaciones, de la misma manera como se realiza entre estados y municipios. Con lo cual se pretende establecer los cimientos para una distribución justa de los recursos, que permita un mayor desarrollo económico y social, donde los sectores más desprotegidos de la capital tengan las mismas oportunidades de los habitantes de los municipios del país, de acceder a los beneficios de la generación de riqueza, del disfrute del bienestar y de la promoción social.
Por lo anteriormente expuesto y fundado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, considera que es de resolverse y se
Resuelve
Único. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal envía para su consideración al honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo los siguientes términos:
Se reforman: los artículos 32, párrafos primero y segundo; 33; 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de los estados y del Distrito Federal y el 2.197 por ciento al Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros 10 meses del año por partes iguales a las entidades por conducto de la federación y a los municipios y demarcaciones territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.
Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.
Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y el Distrito Federal y los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los estados y del Distrito Federal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
Adicionalmente, las entidades y municipios y demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, las entidades y los municipios y demarcaciones territoriales deberán:
II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;
III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;
IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios lo harán por conducto de los estados y las demarcaciones territoriales a través del Distrito Federal, y
V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.
IJPj=Pj1P1+Pj2b2+Pj3B3+Pj4b4+Pj5B5
En donde:
Pjw = Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad básica w para el hogar j en estudio;
b1…5 =Ponderador asociado a la necesidad básica w; y
j = Hogar en estudio.
Esta fórmula representa el índice global de pobreza de un hogar, IGPj, el cual se conforma con las brechas Pj1, Pj2, Pj3, Pj4 y Pj5 de las necesidades básicas a que se refiere la fracción II; sus correspondientes ponderadores son b1=0.4616, B2=0.1250, B3=0.2386, B4=0.0608 y B5=0.1140.
II. Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la fórmula anterior, son las siguientes:
W1 = Ingreso per cápita del hogar;
W2 = Nivel educativo promedio por hogar;
W3 = Disponibilidad de espacio de la vivienda;
W4 = Disponibilidad de drenaje; y
W5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar.
III. Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las normas de pobreza extrema que corresponden a cada una de las necesidades básicas, con base en la siguiente fórmula:
Pj=[Zw-Xjw]
Zw
En donde:
Zw = Norma establecida para la necesidad básica w.
Xjw = Valor observado en cada hogar j, para la necesidad básica w.
IV. Los resultados de cada una de estas brechas se ubican dentro de un intervalo de -0.5 a 1. Cada brecha se multiplica por los ponderadores establecidos en la fracción I de este artículo para, una vez sumadas, obtener el índice global de pobreza del hogar, que se encuentra en el mismo intervalo. Cabe señalar que para los cálculos subsecuentes, sólo se consideran a los hogares cuyo valor se ubique entre 0 y 1, que son aquellos en situación de pobreza extrema.
V. El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los hogares más pobres. Después se multiplica por el tamaño del hogar, con lo cual se incorpora el factor poblacional. Con lo anterior se conforma la masa carencial del hogar, determinada por la siguiente fórmula:
MCHj = IGPj2 * Tj
En donde:
MCHj = Masa Carencial del Hogar j;
Tj = Número de miembros en el hogar j en pobreza extrema.
Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de una entidad, se obtiene la masa carencial de la entidad, determinada por la siguiente fórmula:
jk
MCEk=ÓMCHjk
j=1
En donde:
MCEk = Masa Carencial de la entidad k;
MCHjk = Masa carencial del hogar j en pobreza extrema en la entidad k; y,
Jk = Número total de hogares pobres extremos en la entidad k.
Una vez determinada la masa carencial de la entidad, se hace una agregación similar de todas las entidades para obtener la masa carencial nacional.
Cada una de las masas carenciales de las entidades se divide entre la masa carencial nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada entidad, como lo indica la siguiente fórmula:
MCEk
PEk=--------*100
MCN
En donde:
PEk = Participación porcentual de la Entidad k;
MCEk = Masa Carencial de la Entidad k; y
MCN = Masa Carencial Nacional.
Para efectos de la formulación anual del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que se asignará a cada entidad.
Artículo 35. Los estados y el Distrito Federal distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:
b) Población municipal o de la demarcación territorial de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población de la entidad en igual situación;
c) Población municipal o de la demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población de la entidad sin el mismo tipo de servicio; y
d) Población municipal o de la demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población de la entidad en igual condición.
Las entidades, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios o demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a las entidades, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y a las demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos de las entidades y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil ocho.
Por la Mesa Directiva:
Diputados: Martín Carlos Olvarrieta Maldonado
(rúbrica), Presidente; Balfre Vargas Cortez (rúbrica), Secretario;
María Elba Garfias Maldonado, Secretaria.
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN
V, BASE PRIMERA, INCISO B), DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y EL ARTÍCULO 42
Y LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 67 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL
Recinto Legislativo, a 9 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, y 36, fracciones V y XVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito remitir a usted el original de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, Base Primera, inciso b), del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y II del artículo 42 y XII del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para los efectos constitucionales y legislativos conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado (rúbrica)
Presidente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Considerandos
Primero. Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 59, 60, fracción II, 61, 62, fracción XXVII, y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 9, fracción I, 50, 52, 55, 59 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas comisiones unidas son competentes para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, Base Primera, inciso b), del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y II del artículo 42 y XII del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define el Estado mexicano como una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, pero unidos en una federación, que considera también un Distrito Federal.
Este pacto federal, consolidado por el Constituyente de 1917, estableció que si bien los estados federados que lo integran ejercen su soberanía en lo que toca a sus regímenes interiores, nunca serán aplicables éstos cuando de alguna forma contravengan el pacto mismo.
La Carta Magna determina que el Distrito Federal se invista de características especiales al depositar en su extensión, el asentamiento y sede de los tres Poderes de la Unión federal; sin embargo, hasta antes de 1993, el Gobierno del Distrito Federal no contaba con la facultad para darse sus propias leyes, a diferencia de lo que sucede con el resto de las entidades federativas, toda vez que el Congreso de la Unión hacía las veces de legislatura federal y local.
Tercero. Que las reformas del 25 de octubre de 1993 han sido en gran medida el motivo por el cual se ha logrado un avance sustancial en el régimen jurídico-político del Distrito Federal. Dieron origen al establecimiento de un cuerpo normativo propio de la capital, conocido como "Estatuto de Gobierno del Distrito Federal" que, como instrumento jurídico para la transformación de sus órganos de gobierno, permite en todo momento la coexistencia con los poderes federales en un mismo ámbito geográfico.
La reforma política de 1993 motivó cambios considerables en la estructura del gobierno del Distrito Federal, como es el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se asignaron a este órgano atribuciones que redundaron en la expedición de su Ley Orgánica, que enviaría al jefe del Distrito Federal y al Ejecutivo para su sola publicación, la revisión anual y, en su caso, la aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como formular también su proyecto de presupuesto, que incorporaría el jefe del Gobierno del Distrito Federal al proyecto de Presupuesto de Egresos, y la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, determinando, en su caso, las responsabilidades a que hubiese lugar de acuerdo con la ley aplicable, así como la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y legislar en el ámbito local en los términos del Estatuto de Gobierno sobre las materias previstas en la propia Constitución.
Esa reforma del Distrito Federal permitió que ya no se depositaran decisiones internas de gobierno exclusivamente en el presidente de la república, sino en los Poderes de la Unión que lo ejercen por sí y a través de los órganos locales de gobierno, como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Cuarto. Que la demanda general por transformar y mejorar las condiciones de vida de los capitalinos ha derivado en cambios significativos que se sucedieron de 1993 a 1999 y que han servido como punto de partida para fijar las directrices que planteen una transformación política y estructural en todos los ámbitos de la vida pública de la Ciudad de México.
En esta etapa de la reforma política, concretamente en la que se dio en 1996, se establecieron las bases en las cuales se sujetó la expedición del Estatuto de Gobierno por el propio Congreso de la Unión y se regularon la organización y el funcionamiento de las autoridades locales, por lo que se preservaría la naturaleza jurídico-política del Distrito Federal como asiento de los Poderes de la Unión y capital de la república, y a diferencia de lo que se establece en la reforma política de 1993, la elección del jefe del Gobierno del Distrito Federal será por votación universal, libre, directa y secreta.
Para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ello motivó que se reafirma su naturaleza de órgano legislativo, integrado por diputados locales; para tal efecto, se amplían sus atribuciones de legislar en materia del Distrito Federal, como la electoral, civil y penal; a su vez, se le confiere la atribución de ratificar la elección del jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Con relación a las delegaciones políticas del Distrito Federal, se considera el establecimiento de nuevas demarcaciones para la constitución de las autoridades político-administrativas de carácter territorial, y la elección de los titulares de los órganos a cargo de esas demarcaciones a partir de 2000.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la facultad de promover e impulsar juicio político o declaración de procedencia, ante el Congreso de la Unión, contra el jefe del gobierno y los demás servidores públicos del Distrito Federal que se mencionan en el Título Cuarto constitucional. Asimismo, expedirá la Ley Electoral del Distrito Federal a partir de 1998, ratificará los nombramientos que el gobernador haga del procurador de Justicia del Distrito Federal y de los magistrados de lo contencioso administrativo, y designará, entre la terna que formule el jefe del gobierno, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Los objetivos fundamentales de este proceso de cambio han sido motivo suficiente para alterar la estructura de decisiones en la Ciudad de México y restaurar los derechos políticos de sus habitantes, como es la elección de la Asamblea Legislativa y del jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como establecer la autonomía a las autoridades delegacionales a través de la elección directa en cada demarcación territorial.
Sumado a ello, con la expedición del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana y el Código Electoral del Distrito Federal, se han fortalecido las bases jurídicas y políticas de una nueva convivencia social y se han fijado las directrices de un auténtico gobierno local cada vez más cercano a las aspiraciones democráticas de los habitantes de la gran metrópoli.
Quinto. Que otra etapa de reformas, motivadas por la iniciada en 1993, fue la que se dio en 2001, con lo cual se inició un nuevo ciclo de la llamada "reforma política del Distrito Federal", que pretendió asentar nuevos principios de gobierno en la capital de la república, destacando las actividades asignadas legal y legítimamente en los órganos locales de gobierno, con la investidura de diversas facultades que hasta ahora son ejercidas por los poderes de la federación; el fortalecimiento de la autonomía financiera del Distrito Federal; la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de presentar al Congreso de la Unión iniciativas de ley o sobre cualquier otra materia y la participación al igual que las legislaturas de los estados de la república en los procesos de reformas constitucionales. Sin embargo, no tuvieron la sensibilidad ni voluntad políticas necesarias.
En diciembre de 2001, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen a favor, y lo turnaron para sus efectos al Senado de la República; sin embargo, después de un análisis exhaustivo de las consideraciones y opiniones vertidas por quienes intervinieron en el proceso, las Comisiones Unidas del Distrito Federal, de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado presentaron el dictamen correspondiente, en el cual no aprueban la minuta de la Cámara de Diputados que contiene la iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo cual fue devuelto el expediente completo a la Cámara de Diputados en octubre de 2002.
Aun cuando la Asamblea Legislativa del DF promovió en noviembre de 2002 la controversia constitucional ante la SCJN, sustentando como acto reclamado "la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con proyecto de derecho por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que con dicha aprobación el Senado de la República hace propio el contenido del dictamen, que se transforma en una manifestación de voluntad del órgano legislativo de la federación", en febrero de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contra el Senado de la República, que consideró que no cuenta con la posibilidad de presentar iniciativas de reformas constitucionales, como la tienen el presidente de la república, las Cámaras de Diputados y de Senadores, y los Congresos locales.
El proyecto fue presentado ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue votado por unanimidad de nueve votos, sobreseyendo la controversia constitucional presentada por el Legislativo local contra la Cámara de Senadores, y no ha existido otro planteamiento de la envergadura que tuvo el descrito en el proceso parlamentario que ejecuta el Congreso de la Unión.
No obstante, ese año, el 30 de julio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas del artículo 74 constitucional, para modificar la fecha en que el Poder Ejecutivo federal debe hacer llegar su propuesta de Ley de Ingresos y de proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados.
Estas modificaciones de la norma constitucional establecen nuevas términos para la presentación del paquete económico; a partir de esa publicación, el 8 de septiembre es la fecha límite para la presentación que realiza el Poder Ejecutivo; a su vez, la fecha de aprobación que como límite tiene la Cámara de Diputados es el 15 de noviembre.
Sexto. Que, como se mencionó, la reforma política de 1993 motivó cambios considerables en cuanto a las actividades que realiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde además de la expedición de su Ley Orgánica que enviaría al jefe del Distrito Federal y al Ejecutivo para su sola publicación, tiene ahora la atribución de llevar a cabo la revisión anual y, en su caso, la aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como formular también su proyecto de Presupuesto que incorporaría el jefe del Distrito Federal al proyecto de Presupuesto de Egresos.
Así, las modificaciones que se aprobaron de los plazos de entrega del paquete económico, por parte del Ejecutivo federal, afectan directamente las actividades que, con motivo del análisis y la aprobación del paquete económico para el Distrito Federal, realiza este órgano de gobierno local.
Lo anterior motiva el presente instrumento que se dictamina, a efecto de someter a consideración del Poder Legislativo federal aspectos que promoverían, de ser aprobados, beneficios y condiciones óptimas que resultarían en favor del trabajo legislativo que ejecuta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Entre los beneficios que tendría que tomar en cuenta y aprobar este instrumento se esperan los siguientes:
Determinar un plazo mínimo entre la aprobación de la Ley de Ingresos y la del Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual se eliminan presiones e incertidumbres.
Vincular el examen y la discusión del informe del jefe del gobierno con el examen y la discusión del Presupuesto.
Disminuir la incertidumbre que genera la cercanía de las fechas de fin del periodo ordinario de sesiones y de conclusión del ejercicio fiscal e inicio del nuevo ejercicio sin Presupuesto aprobado.
Permitir que el Ejecutivo local, las dependencias, las entidades, las jefaturas delegacionales, y los órganos autónomos y de gobierno del Distrito Federal, así como los sectores económico y social interesados, conozcan el desarrollo del análisis y discusión, y el resultado final del Presupuesto aprobado.
Se propiciarían las condiciones para que el Ejecutivo local, en uso de sus atribuciones, realice las actividades conducentes para la oportuna asignación y programación de recursos y para que desde principios de enero se inicie la operación de los programas y proyectos y no en meses posteriores, como actualmente sucede.
Brindar mejores elementos a la administración pública local para tornar eficiente su operación al ampliar de manera importante los tiempos en que conoce del Presupuesto aprobado y los objetivos que se pretenden para el ejercicio inmediato posterior.
La modificación que se pretende establecería nuevos mecanismos de comunicación entre el Ejecutivo local y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de mejorar el proceso de integración del Presupuesto y facilitar el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Esto facilitaría la posibilidad de realizar cambios derivados de recomendaciones oportunas por ambos órganos de gobierno del Distrito Federal, a causa de indicadores o variables que incidan en las estimaciones de ingresos o de gasto.
Facilitar la ampliación de los periodos de análisis y discusión que actualmente tienen las comisiones revisoras y dictaminadoras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Iniciar los trabajos de análisis sobre el paquete económico local en la Asamblea Legislativa, una vez aprobados los instrumentos correspondientes en la Cámara de Diputados, permitirá trabajar con mayor certeza porque se contaría ya con indicadores económicos definitivos y claros, que repercuten en los cálculos de ingresos y, por ende, de egresos del paquete económico del Distrito Federal.
Se han aprobado diversas medidas en materia de finanzas públicas que, si bien no han promovido una reforma integral en materia del paquete económico para la ciudad, han representado un avance sustancial para las finanzas públicas de la ciudad; entre las cuales figuran las modificaciones que realizó esta legislatura a la propuesta económica que entregó el jefe del gobierno para 2007; la cual tuvo modificaciones importantes en cuanto al destino de los recursos, y al paquete que para este año fue propuesto, el que también tuvo cambios sustanciales, en beneficio de la población y, más concretamente, en el efecto que en cuanto a obras públicas ha registrado la ciudad.
Octavo. Que esta iniciativa busca que las condiciones en cuanto a los tiempos de presentación, análisis, discusión, modificación y aprobación del paquete económico federal repercuta positivamente en el mismo procedimiento que se lleva a escala local y que genere así mayor eficiencia en las finanzas públicas y permita al Gobierno del Distrito Federal atender con mejores resultados sus obligaciones sociales.
La iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina propone adelantar al 10 de noviembre la fecha de entrega de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, por el jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Asimismo, propone establecer que el 10 de diciembre sea la fecha límite para que la Asamblea Legislativa apruebe el Presupuesto de Egresos, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Noveno. Que según el estudio y análisis realizados a la iniciativa que se dictamina, la propuesta de adelantar la entrega y la aprobación del paquete económico del Distrito Federal es viable. Sin embargo, esta dictaminadora considera pertinente realizar algunas modificaciones en cuanto a los días de entrega y aprobación de dicho paquete económico.
Lo anterior, porque precisamente para salvaguardar mejor el espíritu de la iniciativa, debe considerarse que la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para la aprobación del paquete económico federal el 15 de noviembre, lo cual haría imposible para el Ejecutivo local si hubiera que presentarlo el 10 del mismos mes ante la Asamblea, sin tomar en cuenta variables e indicadores macroeconómicos que se señalan en los Criterios Generales de Política Económica por seguir, integrados en el paquete del Presupuesto federal.
Por ello, a fin de buscar mayor equilibrio en las finanzas públicas locales, para atender obligaciones sociales del Gobierno del Distrito Federal, estas dictaminadoras consideran que los tiempos de presentación, análisis, discusión, modificación y aprobación del paquete económico del Distrito Federal sea el 18 de noviembre, con la salvedad de los años en que aplique el cambio de administración del titular del Ejecutivo local.
En consecuencia, se propone establecer como fecha límite para la aprobación del paquete económico, que se integra por la Ley de Ingresos, Código Financiero para el Distrito Federal y el decreto de Presupuesto de Egresos, el 22 de diciembre, con la salvedad de los años en que aplique el cambio de administración del titular del Ejecutivo local.
Por lo expuesto y fundado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura
Resuelve
Primero. Se aprueba la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, Base Primera, inciso b), del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y II del artículo 42 y XII del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como a continuación se enuncia:
Decreto
Primero. Se reforma el párrafo tercero del inciso b) de la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 122. …
…
…
…
…
…
A. y B. …
C. …
Base Primera…
V. …
a) y b) …
…
La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 18 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe del Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa deberá aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal a más tardar el 22 de diciembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe del Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 31 de diciembre.
…
…
d) a o) …
Segundo. Se reforman las fracciones II del artículo 42 y XII del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para
II. Examinar, discutir, modificar y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto.
La Asamblea Legislativa deberá aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal a más tardar el 22 de diciembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe del Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 31 de diciembre.
Al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido en la ley; y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo.
Dentro de la Ley de Ingresos no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito Federal para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, incluyendo tasas adicionales, ni sobre los servicios públicos a su cargo. Tampoco considerarán a personas como no sujetos de contribuciones ni establecerán exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de personas físicas y morales ni de instituciones oficiales o privadas en relación con dichas contribuciones. Las leyes del Distrito Federal no establecerán exenciones o subsidios respecto a las mencionadas contribuciones en favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas.
Sólo los bienes del dominio público de la federación y del Distrito Federal estarán exentos de las contribuciones señaladas;
III a XXX…
XII. Presentar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a más tardar el dieciocho de noviembre la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año inmediato siguiente, o hasta el día veinte de diciembre cuando inicie su encargo en dicho mes.
…
XIII. a XXXI. …
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Segundo. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos legales procedentes.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil ocho.
Por la Mesa Directiva
Diputados: Martín Carlos Olavarrieta Maldonado
(rúbrica), presidente; Balfre Vargas Cortez (rúbrica), María
Elba Garfias Maldonado, secretarios.
México DF, a 21 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso
de la Unión
Presente
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este medio, me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en septiembre de 2008, únicamente dieron destino a mercancía perecedera de fácil descomposición o deterioro, y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.
Atentamente
Licenciado Fernando Garcidueña Torres (rúbrica)
Administrador Central de Destino de Bienes
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE EL DICTAMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
México, DF, a 28 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y en alcance a mi oficio número SEL/300/4411/08, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 315-A- 05547, mediante el cual Nicolás Kubli, director general de Programación y Presupuesto A de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emite el dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 27 de octubre de 2008.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En alcance al oficio número 1.2828 remitido por la Consejería Jurídica el pasado 21 de octubre de 2008, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito remitir a usted copia del oficio 315-A-05547, emitido por la dirección general de Programación y Presupuesto A, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se emite la opinión de impacto presupuestario respecto de la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; por lo que solicito a usted, respetuosamente, tenga a bien hacerlo llegar a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Javier Arriaga Sánchez (rúbrica)
Consejero Adjunto
México, DF, 22 de octubre de 2008.
Licenciado R. Guillermo Lecona Morales
Director general adjunto de Análisis Jurídico
Dirección General Jurídica de Egresos
Presente
Hago referencia al oficio número 353.A.1.-1069, recibido en esta dirección general de programación y presupuesto A el pasado 16 de octubre, mediante el cual remitió copia simple del anteproyecto de "iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", así como la correspondiente evaluación de impacto presupuestario elaborada por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR), con el objeto de recabar el dictamen de impacto presupuestario correspondiente.
Obre el particular, y con fundamento en el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informo que derivado del análisis realizado a la iniciativa de decreto, se comenta lo siguiente:
Por lo que respecta al sistema de coordinación regional, se indica que la PGR contará con coordinaciones regionales que actuarán en las circunscripciones territoriales, las cuales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, circunstancias geográficas, características de los asentamientos humanos, nivel poblacional, fenómenos criminógenos y podrán contar con unidades especializadas para la investigación y persecución de géneros delictivos. Asimismo, se establece que deberán preverse medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la federación en las localidades donde no exista agencia permanente, por lo que las unidades administrativas de cada coordinación regional contarán con agencias del Ministerio Público, servicios periciales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones.
De igual forma, en el capítulo VI. De los procesos de evaluación de los servidores públicos, se indica que los miembros del servicio profesional de carrera ministerial y pericial y demás servidores públicos que determine el procurador mediante acuerdo, deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, los cuales serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios, para lo cual la PGR contará con un centro de evaluación y control de confianza que formará parte del Sistema Nacional de Evaluación y Control de confianza que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), y en los artículos transitorios se indica la desaparición de la Agencia Federal de Investigación.
Derivado de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como con lo señalado en el oficio número DGPOP/3786/08, del 22 de septiembre de 2008, emitido por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la PGR, se considera que la referida iniciativa no causaría un impacto presupuestario adicional en el presupuesto de esa institución, ya que no hay crecimiento en la estructura orgánica ocupacional por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones, toda vez que cuenta con el personal suficiente para dar cumplimiento a las facultades que la iniciativa le conferiría; no se requiere el arrendamiento o compra de bienes inmuebles; no se requiere la adquisición de bienes muebles, toda vez que cuenta con la infraestructura suficiente para darle cumplimiento a las disposiciones que sean de su competencia, y no se considera la inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera.
Cabe señalar que dicha iniciativa ha sido analizada en el ámbito de competencia de esta dirección general, por lo que nuestra opinión no prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido, ni constituye opinión jurídica alguna respecto a otras disposiciones.
Atentamente
Nicolás Kubli (rúbrica)
Director general
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, OCHO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 22 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes.
Por este conducto, y en alcance a mi oficio número SEL/300/4410/08, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SGPA/DGVS/07448/08 suscrito por el médico veterinario zootecnista Martín Vargas Prieto, director general de vida silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a los manglares mexicanos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2008.
Ciudadano Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
México, DF
Me refiero a su oficio número SEL/300/3612/08 del 3 de septiembre de 2008, por el cual envía copia del oficio D.G.P.I. 60-II-3-1745, signado por los diputados César Duarte Jácquez y Manuel Portilla Diéguez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que contiene copia del exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos; así como para vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en ese ecosistema, se realicen en estricto apego a la legislación vigente en la materia.
Al respecto, le informo que esta secretaría, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a través de la dirección general de vida silvestre de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, aplica en la atención de los asuntos relacionados con las poblaciones de mangle, de las especies que tienen distribución natural en el territorio nacional, rigurosamente lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.
Asimismo, promueve que se realicen acciones de restauración, recuperación, repoblación y reintroducción de mangle en las áreas de distribución natural de estas especies, a través de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre registradas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.
Atentamente
Martín Vargas Prieto (rúbrica)
Director general de vida silvestre
México, DF, a 16 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número D.G.P.L.60-II-6-2355, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/SEIP/0597/2008, suscrito por el ingeniero Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los acontecimientos ocurridos el 15 de septiembre último en Morelia, Michoacán.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de octubre de 2008.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por este medio y en atención de su oficio número SEL/300/3863/08, en el que hace referencia al punto de acuerdo "Tercero. Esta soberanía exhorta a las autoridades estatales y a las federales a investigar los atentados de Morelia y otros hechos de violencia, a través del establecimiento con la mayor brevedad de los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios entre autoridades de los diversos niveles de gobierno para identificar a los responsables de estos condenables acontecimientos, capturarlos y presentarlos ante las autoridades competentes para que sean juzgados y condenados por sus actos", aprobado por el Pleno del Congreso de la Unión el 17 de septiembre del año en curso, me permito señalar lo siguiente:
El 16 de septiembre del año en curso se realizó una reunión entre los representantes del gobierno federal (Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y el gobierno local (Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado), en la que se acordó establecer un centro de coordinación en las instalaciones de la vigésima primera zona militar, el cual concentra las denuncias ciudadanas recibidas en el C4 y demás instancias participantes. El 19 de septiembre entró en operación, permaneciendo enlaces de todas las instancias participantes para el intercambio de información operativa y apoyo de las acciones de investigación como de reacción inmediata. Además, se cuenta con un enlace permanente de Plataforma México, para facilitar el intercambio de información criminal y referencial.
Se elaboró un plan emergente de atención de Michoacán, teniendo como objetivo principal identificar a los presuntos responsables de los hechos suscitados el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, así como para prevenir acciones de esta índole.
La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal Preventiva, reforzó el estado de fuerza a 885 elementos pertenecientes a las siguientes divisiones: Seguridad Regional, Fuerzas Federales, Inteligencia, Delitos Federales y Antidrogas, así como 78 vehículos (camionetas pick up, sedán y motocicletas). Asimismo, se desplegó un equipo de inteligencia operativa, además de transporte aéreo y terrestre, efectuándose coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.
Del total de efectivos, 460 se concentran en Morelia, mientras que 425 operan en otras localidades del estado, particularmente en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora.
La Policía Federal Preventiva estableció directrices específicas para realizar los trabajos en dicha entidad, a saber:
2. Concentración de tecnología:
• Despliegue de sistemas aéreos y satelitales de
localización; y
• Concentración de aeronaves de ala fija y rotativa
para el apoyo de las acciones operativas, incluyendo equipo Flyr.
3. Integración de bases de operación mixta para interrumpir el desplazamiento de la logística criminal en vías de comunicación y nodos de interconexión vial estratégicos.
4. Revisión estratificada de calles y espacios públicos de la zona urbana de Morelia, previamente sectorizadas por cuadrantes, mediante la utilización de bases de operación mixta itinerantes y de grupos de reacción inmediata.
5. Vigilancia sistemática en zonas con alta concentración de giros negros, con la participación de las autoridades administrativas estatales y municipales encargadas de supervisar licencias, uso de suelo y normatividad en materia de protección civil.
6. Atención de la denuncia ciudadana, convocando a la sociedad a fin de que aporte datos que permitan identificar y, en su caso, detener a los presuntos responsables.
Se establecieron y se distribuyeron 17 bases de operación mixta, como se describe a continuación:
A) 5 bases fijas en los accesos a Morelia:
• Carretera procedente de Quiroga
• Carretera procedente de Charo
• Carretera procedente de Pátzcuaro
• Carretera procedente de Salamanca y Guadalajara
• Carretera procedente de Mil Cumbres
B) 5 bases mixtas móviles internas:
• 4 centros de protección ciudadana en torno del
centro histórico
• Centro histórico
C) 7 bases de operación mixta en el estado:
• Apatzingán
• Lázaro Cárdenas
• Uruapan
• Tacámbaro
• Zitácuaro
• Huetamo
• Zamora
Las bases de operación mixta se integran de la siguiente manera:
• 10 elementos de la Policía Federal con 2 patrullas
• 10 elementos de la Policía Estatal Preventiva
con 1 patrulla
• 5 elementos de la Policía Ministerial con 1
vehículo
• 1 agente del Ministerio Público del fuero común
(enlace)
• 1 agente del Ministerio Público de la Federación
(enlace)
• Efectivos del Ejército Mexicano conforme a los
requerimientos
Paralelamente se distribuyó otro PSO para atender casos de toma de rehenes, a fin de que las autoridades locales cuenten con elementos para atender estas situaciones en caso de presentarse.
Derivado de una denuncia ciudadana, el 26 de septiembre de 2008 se detuvo a tres presuntos delincuentes. En sus declaraciones, los detenidos reconocieron haber sido los autores materiales de dicho ilícito, así como pertenecer al grupo de Los Zeta.
El 30 de septiembre del año en curso se llevó a cabo el desfile cívico-militar en Morelia, Michoacán, en conmemoración del 243 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, encabezado por el presidente Felipe Calderón, con una aplicación efectiva de todas las medidas referidas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Facundo Rosas Rosas (rúbrica)
Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial
México, DF, a 15 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2412 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1114/2008 suscrito por el licenciado José María Quijano Torres, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al estado de emergencia en Tabasco y Veracruz por los fenómenos meteorológicos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 21 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 60-11-3-1802, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVPS/1272/2008, suscrito por el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al cáncer de mama, cérvico-uterino y de próstata.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 15 de octubre de 2008.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al punto de acuerdo presentado por el diputado Efraín Morales Sánchez el 30 de abril de los corrientes, el cual exhorta a instituir la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, contra el Cáncer Cérvico Uterino, contra el Cáncer de Próstata y emitir la NOM para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata.
Al respecto, me permito acompañar los comentarios emitidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica)
Director General Adjunto
México, DF, a 14 de octubre de 2008.
Licenciada Brenda Margáin Rivera
Subdirectora de Participación Ciudadana y Seguimiento
de Peticiones
Presente
Hago referencia a los oficios números 170/UCVPS/DGAVS/561, 925 y 967/2008, firmados por el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación y Participación Social, mediante el cual solicita información respecto al punto de acuerdo presentado por el diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el que se exhorta a la Secretaría de Salud a instituir la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata, además de solicitar la emisión de la norma oficial mexicana para la prevención diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata.
Al respecto, me permito anexar los comentarios preparados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Sasha A. Klainer Berkowitz (rúbrica)
Secretaria Técnica
Secretaría de Salud
Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instituir, a través de la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata; asimismo, a la Secretaría de Salud, a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata.
Promovente
Diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática
Argumentos técnicos o de implantación
La propuesta de instituir la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata se basa en la observación del diputado sobre la serie de programas, campañas y acciones que realiza la Secretaría de Salud y su preocupación por los niveles elevados de dichos cánceres.
Es importante señalar que hay una serie de problemas de salud que han sido definidos como prioritarios por la Secretaría de Salud y que todos ellos llevan las acciones de promoción, información y educación con líneas de trabajo específicas.
Diferimos de la apreciación del diputado, en el sentido de que hay falta de materiales de información y difusión y en el caso de las campañas nacionales, hay una coordinación directa con la Dirección General de Comunicación Social para determinar los mensajes dirigidos a la población que deben priorizarse.
Por ejemplo, en la temporada de primavera, la epidemiología de las infecciones gastrointestinales nos muestra un repunte en la incidencia, por lo que las campañas en medios masivos de comunicación en ese momento se centran en este problema de salud.
Lo mismo podemos argüir en el caso de la influenza en invierno o el hacer campañas preventivas de accidentes carreteros en temporada de vacaciones.
En el caso de los cánceres de la mujer, se plantean campañas en medios masivos una vez al año, a través de spots de radio, revistas e impresos y se cuenta con el mes de la salud reproductiva donde se redoblan acciones. Esto no obvia los materiales como impresos, dípticos, tarjetas telefónicas, calendarios y otros materiales que se distribuyen a menor escala en las .unidades de salud locales.
No obstante, es importante señalar que además de la promoción, para el éxito de las acciones preventivas, éstas deben partir de un programa bien organizado que implica tener una población blanco bien definida; estrategias de reclutamiento de la misma para realizarse las pruebas de detección y alcanzar altas coberturas; contar con servicios de salud que provean atención médica a aquellas personas identificadas como positivas por las pruebas de tamizaje, con el fin de confirmar el diagnóstico y darles tratamiento, además de contar con un sistema de información.
Con lo anterior queremos destacar que las acciones preventivas deben realizarse sistemáticamente. Diferentes organizaciones internacionales como la OMS y la OPS entre otras, no recomiendan detecciones oportunistas en los programas de cáncer, ya que lo mejor es contar con un programa bien organizado que pueda brindar una atención integral.
Semanas nacionales contra el cáncer: los programas de prevención y control del cáncer basado en una prueba de tamizaje deben tener la característica de estar organizados y desarrollarse de manera continua. En este enfoque:
Se considera adecuado el desarrollo de campañas intensivas dirigidas exclusivamente a la promoción con fines de sensibilización para fortalecer la demanda de detección en las unidades de salud.
Al respecto se ha incluido en los programas de acción de ambos tipos de cáncer como estrategia de promoción de la salud, desarrollar actividades intensivas de sensibilización durante el mes de octubre, mes dedicado a la salud reproductiva y conocido internacionalmente como el mes de sensibilización del cáncer de mama.
No es conveniente la planeación de semanas nacionales con actividades de detección, ya que la prueba de tamizaje debe complementarse con el seguimiento, evaluación diagnóstica y tratamiento de los resultados anormales a la detección.
Durante las campañas intensivas de corto tiempo y en grandes grupos poblacionales se pierde el control nominal de las mujeres, por lo que posteriormente no es posible la localización y tratamiento de la mujeres con anormalidades; asimismo se saturan los servicios de apoyo al diagnóstico, tanto de la prueba de tamizaje, como de la evaluación diagnóstica, por lo que los resultados de ambos estudios se entregan de manera tardía, desmotivando la participación de la población o incrementando la angustia por la incertidumbre en los resultados.
Las campañas intensivas son recomendables sólo cuando se planean localmente y se aseguran el seguimiento, diagnóstico y tratamiento de la mujer con resultados anormales, con oportunidad y calidad.
Por lo anterior, consideramos que instituir semanas nacionales contra el cáncer cérvico-uterino, cáncer mama y de próstata, no aporta mayores beneficios y sí estaría interfiriendo con las acciones de promoción que se organizan de manera coordinada entre las diferentes instancias de la Secretaría de Salud.
En relación a la creación y emisión de la norma oficial mexicana para la prevención del cáncer de próstata, tenemos el siguiente comentario:
En México contamos con dos programas para la prevención y control del cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama. Estas dos patologías son relevantes por su magnitud, ya que son las dos principales causas de muerte por cáncer en mujeres mayores de 25 años de edad.
La decisión para crear los programas específicos se basa evidentemente en su impacto, pero también hay un elemento muy importante que hace posible implementar un programa masivo de detección de cáncer: este es contar con la existencia de una prueba de tamizaje disponible, barata, fácil de administrar y confiable.
Ello Significa que la prueba debe tener la capacidad de detectar a un número importante de individuos con alta probabilidad de tener la enfermedad, así como descartar con cierto nivel de confianza de individuos que son libres de la enfermedad.
El cáncer de próstata es relevante, pues es la segunda causa de muerte por cáncer de hombres en adultos. El antígeno específico prostático que se ha planteado como prueba detección masiva, tiene una capacidad aceptable para detectar de 80 a 85 por ciento de los cánceres de próstata; sin embargo, tiene una elevada tasa de falsos positivos.
Lo anterior significa que hay un número importante de individuos para quienes la prueba es positiva pero en realidad no tienen la enfermedad, lo cual, entraña riesgos importantes de sobretratamiento para los individuos catalogados como positivos, con evidentes riesgos potenciales asociados al tratamiento como son la impotencia, incontinencia y afectación psicológica, lo que hace incierto el balance entre beneficios y riesgos.
De hecho, actualmente no tenemos suficiente evidencia de que la detección temprana a través del antígeno prostático reduzca la mortalidad y morbilidad. Los diversos estudios que se han publicado, hasta el momento, a nivel internacional, tiene deficiencias en la metodología, pues no son estudios adecuadamente aleatorizados, por un lado, no son ensayos clínicos controlados, por el otro.
Algunos investigadores estiman que se tardará más de una década en contar con evidencia científica fuerte que apoye el establecimiento de un programa formal de detección.
Esta es la razón por la cual es complicado en este momento desarrollar una norma oficial mexicana para la prevención del cáncer de próstata. No obstante, las instituciones de atención médica, seguramente cuentan con lineamientos o guías clínicas para brindar atención adecuada a los pacientes por esta enfermedad.
La elaboración de la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata, parecería conveniente ya que efectivamente no hay una normatividad que beneficie a la población en relación con el manejo de este cáncer, principalmente por el hecho de que no se ha demostrado que exista una prueba de tamizaje eficaz para reducir la mortalidad por este padecimiento y por el contrario la que actualmente se utiliza tiene desventajas que perjudican a una proporción considerable de los hombres que se someten a esta prueba, como ya se adelantaba.
Varios países europeos han adoptado el antígeno
prostático como prueba para la identificación temprana de
este cáncer sólo bajo consentimiento informado del paciente,
sin organizar un programa de tamizaje poblacional, ya que los estudios
de la evaluación deja prueba no han mostrado ningún beneficio
en la reducción de la mortalidad. En México las empresas
privadas hacen difusión de la prueba sin informar de las limitaciones
y desventajas de la misma.
México, DF, a 16 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-1864 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Margarita Arenas Guzmán, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG-778/2008 suscrito por la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, directora general y delegada Fiduciaria Especial del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al decreto expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en el municipio Santa María Huatulco.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de octubre de 2008.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
En atención a su oficio SEL/300/3623/08 de 5 de septiembre de 2008, por medio del cual el Presidente y la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en la sesión celebrada el 2 de septiembre de 2008 que señala: "se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal en el ámbito de colaboración entre los poderes, para que a través del Fifonafe y en los términos de los artículos 90 a 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural investigue, el cumplimiento del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en el municipio Santa María Huatulco para que con estos elementos, este fideicomiso actúe conforme a derecho".
Este fideicomiso, con el fin de vigilar el cumplimiento de la causa de utilidad pública establecida en el decreto expropiatorio y de contar con los elementos necesarios en relación al uso y destino de la superficie expropiada, en términos de lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley Agraria y 90 al 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, llevará a cabo la supervisión en campo de la superficie expropiada del 10 al 14 de noviembre de 2008 y una vez que se cuente con el resultado de la misma se determinará la procedencia de hacer uso de las facultades que se le confieren a mí representada para demandar la reversión de tierras.
Sin otro particular le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Maribel Concepción Méndez de
Lara (rúbrica)
Directora General y Delegada Fiduciaria Especial del
Fifonafe
México, DF, a 16 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 60-II-5-1868, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Margarita Arenas Guzmán, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1891, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la atención de las personas zurdas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de octubre de 2008.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me refiero a su atento oficio número SEL/300/3626/08, del 3 de septiembre de 2008, dirigido al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, por el que remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 2 de septiembre del presente año, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo acciones de investigación, implementando actividades de atención a las personas zurdas dentro de los ámbito de su competencia.
Al respecto, conforme a la información proporcionada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo, es de señalarse que dentro del Programa sectorial de trabajo y previsión social 2007-2012, se prevén los siguientes objetivos:
9. Promover la equidad e inclusión laboral, el cual propone acciones para integrar a las personas en situación de vulnerabilidad al mercado laboral en nuestro país", de las cuales destacan:
• La política para la igualdad laboral.
• La red nacional de vinculación laboral.
En este orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social:
• Todas las niñas, niños y adolescentes;
• Las mujeres;
• Indígenas migrantes, desplazados o en situación
vulnerable;
• Migrantes;
• Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación
o sujetos a maltrato;
• Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades
especiales;
• Dependientes de personas privadas de su libertad, de
enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;
• Víctimas de la comisión de delitos;
• Indigentes;
• Alcohólicos y farmacodependientes;
• Personas afectadas por desastres naturales, y
• Los demás sujetos considerados en otras disposiciones
jurídicas aplicables.
Conforme a lo anterior, las personas zurdas, en los términos de la legislación antes referida, no son sujetos de asistencia social o, como tal, personas consideradas en situación de vulnerabilidad, toda vez que en ningún momento existe algún condicionamiento para el acceso o permanencia en un empleo. En contraste, otras circunstancias como el género, raza, edad, preferencias, estado de salud, sí constituyen negaciones al ejercicio de derechos fundamentales. No obstante lo anterior, se toma debida nota del exhorto del punto de acuerdo de referencia, el cual ha sido turnado a la dirección general de equidad y género de esta secretaría, que es el área encargada de desarrollar acciones, estrategias y políticas públicas de atención a los grupos en situación de vulnerabilidad laboral, para su respectiva consideración en materia de inclusión laboral.
Atentamente
Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica)
Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión
Social
México, DF, a 15 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y en alcance a mi oficio número SEL/300/4325/08, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CGCR-638/08 suscrito por el maestro en ciencias Vicente Arriaga Martínez, coordinador general de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a los manglares mexicanos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 21 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y en alcance de mi oficio número SEL/300/4351/08, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número S.G.P.A./DGIRA/DG/3407/08, suscrito por el ingeniero Eduardo Enrique González Hernández, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual complementa la respuesta del punto de acuerdo relativo a los manglares mexicanos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 17 de octubre de 2008.
Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
México, Distrito Federal
El presente se emite con relación a su oficio número SEL/300/3612/08, de fecha 3 de septiembre de 2008, recibido en la DGIRA el 19 de septiembre de 2008, a través del cual el licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, informó sobre el oficio número D.G.P.L.60-II-3-1745, mediante el cual los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, informaron sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, de la sesión ordinaria celebrada el 2 de septiembre de 2008, en el cual se exhorta respetuosamente a la Semarnat y a la Profepa a aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos, así como para vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en ese ecosistema se realicen en estricto arreglo a la legislación vigente en la materia.
Al respecto, en materia de impacto y riesgo ambiental, la Semarnat trabaja de manera intensa para preservar, conservar y restaurar la vegetación de manglar presente en el país, que en lo que respecta a la evaluación de proyectos en materia de impacto ambiental de obras y actividades que prevén afectación de vegetación de manglar, la DGIRA aplica con estricta sujeción a derecho las disposiciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003, que determina las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar, así como a lo dispuesto en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental no ha autorizado proyectos que afecten vegetación de manglar o proyectos que pongan en riesgo su integridad funcional.
Para lo anterior, de acuerdo con los reportes que obran en la DGIRA, desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, esta unidad administrativa ha recibido 84 manifestaciones de impacto ambiental en las que se ha solicitado la remoción de vegetación de manglar. De las 84 manifestaciones, la DGIRA denegó 16. Asimismo, 33 se encuentran en el procedimiento y 34 proyectos han sido autorizados sujetos a modificaciones a fin de evitar la remoción de vegetación de manglar y establecer medidas de mitigación para fomentar la restauración y conservación de dichos ecosistemas, en una superficie que suma 1 mil 526.25 hectáreas de vegetación de diversos tipos, incluido el manglar.
De acuerdo con lo mencionado, la DGIRA, además de fomentar la preservación de los ecosistemas con vegetación de manglar, contribuye con la conservación de los ecosistemas frágiles presentes en México.
Sin otro particular, y agradeciendo su interés en la conservación de los manglares, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ingeniero Eduardo Enrique González Hernández
(rúbrica)
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental
DE LA CÁMARA DE SENADORES, EN EL QUE TRANSCRIBE ACUERDO RELATIVO A LA UBICACIÓN DE UN RECINTO ALTERNO PARA REALIZAR LAS SESIONES DE ESA SOBERANÍA
México, DF, a 23 de octubre de 2008.
Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, que a la letra dice:
Segundo. La ubicación del inmueble que se utilice como recinto alterno se comunicará a la Colegisladora y a los demás Poderes de la Unión, así como a las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, se hará difusión de su ubicación en los medios masivos.
Tercero. Cuando las condiciones que justifiquen el cambio de sede hayan sido superadas, la Cámara de Senadores continuará con sus actividades en el salón de sesiones, sito en Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Distrito Federal.
Transitorio
Único. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación."
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 23 de octubre de 2008.
Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
En cumplimiento del acuerdo aprobado en esta fecha, hago de su conocimiento que la Mesa Directiva acordó designar como recinto alterno de la Cámara de Senadores la sala ubicada en el piso 5 del edificio Torre del Caballito de Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera, de esta ciudad.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL CUAL SE DESIGNA AL SENADOR HUMBERTO AGUILAR CORONADO COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN SUSTITUCIÓN DEL SENADOR CON LICENCIA EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS
México, DF, a 28 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política:
Segundo. Comuníquese este acuerdo a la honorable Cámara de Diputados.
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 PRESENTADOS POR LEGISLADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
México, DF, a 23 de octubre de 2008.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que se recibió del senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 la asignación de recursos suficientes para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mexicali-San Felipe, en el estado de Baja California.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Gustavo Madero Muñoz
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
El que suscribe, senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de recursos suficientes para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mexicali-San Felipe, en Baja California, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace aproximadamente quince años los habitantes y los empresarios del puerto de San Felipe, situado en el municipio de Mexicali, Baja California, han trabajado en colaboración con las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de impulsar el desarrollo económico y turístico de la región, haciendo un gran esfuerzo para dotarla de infraestructura y servicios urbanos.
En 1997, como resultado de tales esfuerzos, se consiguió terminar el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico San Felipe-Puertecitos, que sentó las bases para la creación de una nueva ciudad sustentable y la detonación de su crecimiento y desarrollo. Con base en estos resultados, en el año 2000 el gobierno federal emitió la declaratoria de zona prioritaria de desarrollo social y turístico para la región San Felipe-Puertecitos.
Para continuar impulsando el desarrollo turístico y económico de dicha región en 2005 se llevaron a cabo estudios de mercado, en los cuales se determinó que el elemento estratégico más importante para esos fines es la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mexicali-San Felipe.
En el mismo año 2005, la comunidad de San Felipe, encabezada por los desarrolladores turísticos, se organizó y financió el proyecto ejecutivo de los primeros 30 kilómetros del proyecto denominado Boulevard Acceso 4 Carriles a San Felipe, lo cual dio como resultado la obtención de un presupuesto federal de ciento veinte millones de pesos para la construcción de los primeros 20 kilómetros de cuatro carriles de la carretera San Felipe-Mexicali.
Cabe destacar que en 2006 San Felipe obtuvo el 4o. lugar en ventas inmobiliarias de todos los destinos turísticos de México, contando con una población de alrededor de 10 mil residentes extranjeros.
Los primeros 10 kilómetros del Proyecto Boulevard Acceso 4 Carriles a San Felipe se terminaron en 2007; en 2008 se tiene proyectado la terminación de otros 10 kilómetros, con lo cual se completan 20 kilómetros.
En 2007, la comunidad de San Felipe, con el apoyo de senadores y diputados federales, obtuvo de la iniciativa privada y de los tres órdenes de gobierno un presupuesto de un mil cien millones de pesos para la modernización a cuatro carriles y 12 metros de la Carretera a San Felipe.
Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinó a principios de 2008 hacer un estudio de aforo vehicular a fin de valorar si el costo beneficio de la ampliación a 12 metros de la referida carretera era viable. En abril del mismo año, la SCT emitió dicho estudio estableciendo que con 2 carriles de 3.5 metros cada uno y dos acotamientos de 2.5 metros cada uno, el proyecto es rentable desde el punto de vista social. Por lo que recomendó llevarlo a cabo durante los próximos 4 años.
Cabe señalar, que el estudio elaborado por la SCT tuvo como finalidad solamente demostrar la factibilidad social y económica de la ampliación a 12 metros de la carretera a San Felipe, más no la factibilidad de la ampliación a cuatro carriles de la propia carretera.
No obstante, en su conclusión el propio estudio de la SCT señala textualmente lo siguiente:
Será necesario darle seguimiento al crecimiento del tránsito en el tramo modernizado ya que se anticipa que en poco tiempo requerirá ampliar su sección transversal a cuatro carriles, conforme los pronósticos del tránsito aquí presentados.
En mayo de 2008, en reunión sostenida con autoridades de la SCT, el ayuntamiento de Mexicali acordó presentar un estudio de factibilidad del costo beneficio de la ampliación a cuatro carriles de la carretera de que se trata, al que agregaría nuevos factores de mercado y de infraestructura turística, logística y carretera, puesto que como se comentó en dicha reunión el estudio de la SCT no los había tomado en cuenta.
Entre esos factores adicionales se encuentran los siguientes:
• El puerto manejará 6 millones de contenedores al año. Actualmente, todos los puertos del país manejan sólo 2 millones.
• La actividad logística y comercial de Colonet incrementará en forma significativa el aforo de la carretera Mexicali-San Felipe, pues se calcula que el 5 por ciento de los contenedores se manejarán por camiones comerciales.
2. La construcción de la carretera Colonet-Valle de Trinidad. Acortará las rutas San Quintín-San Felipe-Mexicali y Colonet-San Felipe-Mexicali.
3. Construcción de la carretera San Felipe-Laguna de Chapala. Esta ruta será también una alternativa más segura para los usuarios de la ruta Ensenada-San Quintín-Bahía de los Ángeles, el Sur del Estado y Baja California Sur.
4. Escalera Náutica del Mar de Cortés:
• La carretera náutica incluye el Puerto de San Felipe. De acuerdo a un estudio financiado por la Fundación Packard, el 97 por ciento del mercado potencial de embarcaciones que Fonatur espera para el proyecto Escalera Náutica serán embarcaciones remolcables, por lo que se espera que la mayor parte de las embarcaciones lleguen a través de la carretera Mexicali-San Felipe, una vez que los cuatro carriles estén construidos.
• Algo que también se debe considerar es el hecho de que este turismo con embarcaciones remolcables, requiere de una carretera de cuatro carriles preferentemente por sus dimensiones.
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que derivado de múltiples acciones tendientes a la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina (marsopa endémica que habita en el alto golfo de California), en el mes de junio de 2008 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Acción para la Conservación de la Especie Vaquita (Phocoena sinus) –conocido como PACE-Vaquita.
Dentro de los objetivos del programa PACE-Vaquita, se encuentra el promover la reconversión productiva de la pesca comercial en el alto golfo, mediante el desarrollo de proyectos productivos alternativos sustentables que contribuyan a la generación de fuentes de ingresos a los pescadores ribereños de la región.
Mediante esta reconversión productiva se busca que tales pescadores, cuya principal fuente de ingresos es precisamente la pesca que pone en riesgo a la vaquita marina, encuentren otros medios de subsistencia sustentables, sin afectar la economía familiar y regional.
Entre los proyectos productivos alternativos que promueve el programa PACE-Vaquita puede mencionarse los de ecoturismo, comercio y servicios, así como actividades ligadas al desarrollo regional sustentable.
Es evidente que al ampliarse a cuatro carriles la carretera Mexicali-San Felipe, la afluencia de mayor número de turistas, paseantes y personas en general, redundará en que los habitantes de la región tengan mayores posibilidades de éxito en el desarrollo de los proyectos a que nos hemos referido.
El presidente Felipe Calderón anunció el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, cuyo objetivo principal es proteger el crecimiento de la economía nacional y, sobre todo, defender los ingresos y el empleo de las familias mexicanas, en especial de quienes menos tienen.
Dentro de las medidas que contempla el programa están las de ampliar el gasto público, particularmente en materia de infraestructura para poder estimular el crecimiento y el cambio de las reglas en el ejercicio de ese gasto de infraestructura por parte del sector público para poder agilizar su ejercicio.
Para tal efecto el presidente Calderón propuso una inversión de diez mil setecientos millones de pesos en infraestructura carretera adicional, a fin de elevar la competitividad de nuestra economía y acercar a los mexicanos.
El presente punto de acuerdo tiene por objeto emitir un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados para que considere en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de recursos suficientes para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mexicali-San Felipe en el estado de Baja California.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de recursos suficientes para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mexicali-San Felipe, en Baja California.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 28 de octubre de 2008.
Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica)
México, DF, a 28 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a adicionar al presupuesto de la Universidad Autónoma de Chapingo una cantidad etiquetada de 178 millones de pesos para actividades del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, y que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Senadores
Presente
Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a consideración de esta soberanía el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar que se adicione al presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo una cantidad etiquetada de 178 millones de pesos para actividades de investigación, asesoría, transferencia de tecnología y capacitación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, actividades al servicio de las organizaciones campesinas, con base en los siguientes
Considerandos
La Universidad Autónoma Chapingo, en su amplio historial, siempre ha sido un elemento importante en el desarrollo del campo mexicano, por lo que hoy, ante los retos que implica la problemática alimentaria mundial, es necesario fortalecer a las instituciones que pueden coadyuvar a mejorar las condiciones productivas, tecnológicas y socioeconómicas del medio rural de nuestro país.
Hablar de la Universidad Autónoma Chapingo es hablar del capital tecnológico en la agricultura, ganadería, forestería y agroindustria de México.
Resalta, por ejemplo, su participación en importantes programas de extensionismo y transferencia de tecnología, hasta el desarrollo de instituciones de educación superior agrícola en todo el país.
En este contexto, es meritoria la participación en el desarrollo genético de nuevas variedades en diversos cultivos que incluso se han utilizado en varios países, o el desarrollo biotecnológico en cultivos tan específicos como el agave para tequila.
El entorno actual que se vive en el mundo, –de una crisis multiple, con mayor énfasis en los aspectos financieros, alimentarios, de cambio climático y su efecto en los recursos hídricos, unidades rurales productivas y mayor exigencia de protección civil– demanda que las instituciones que tienen que ver directamente con el sector rural –que es el más vulnerable– dispongan de los recursos suficientes para investigar, por un lado, los efectos y los riesgos de dichos trastornos, para obtener opciones técnicas de solución inmediata; pero, por otro, también se requiere apoyar a las instituciones que tengan la experiencia de saberse vincular a las organizaciones de productores, para transferir en forma adecuada dichas opciones, y que se adecuen a las condiciones cambiantes que permitan reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones tecnológicas en sus sistemas productivos.
En este sentido, la Universidad Autónoma Chapingo reúne los dos requisitos, es decir, capacidad técnica y científica, y experiencia en su vinculación con organizaciones de productores, lo cual, además, se ve ampliamente mejorado con la constitución del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, que conforman profesores de amplio reconocimiento por sus trabajos y publicaciones realizadas, teniendo varios de ellos diversos reconocimientos, incluso su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores.
Por eso, el punto de acuerdo que propongo es importante y necesario ser respaldado, ya que, en sí, asegura su viabilidad y beneficios hacia las organizaciones campesinas, pero, además, la reglamentación interna de este centro plantea la auditoría como elemento que asegure trabajos eficientes y útiles para dichas organizaciones, ya que las líneas de investigación planteadas se refieren a aspectos importantes, entre los que destacan la agricultura y la agroindustria orgánica; las alternativas para la agricultura minifundista; los granos básicos, la problemática y las perspectivas regionales; las alternativas de desarrollo en las cadenas de producción ganadera; la economía y la tecnología del nopal en sus diversas formas; la inocuidad de alimentos; los efectos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y posibles mejoras; la infraestructura hídrica en zonas marginadas y de ladera; y el financiamiento del desarrollo rural y sus fuentes.
Estas líneas de investigación general están sustentadas en responsables y proyectos específicos, así como seminarios y talleres con las organizaciones campesinas, tanto las que respaldan la constitución del centro como con las que soliciten su apoyo, ya que ésta es la función principal del centro, es decir, de ser una instancia al servicio de las organizaciones de productores.
De acuerdo a los estudios de dicho centro, se indica a continuación la justificación de la solicitud presupuestal y la relación de proyectos del centro:
• La urgente necesidad de responder en la mejor forma posible a las cada vez mayor demanda de investigación y de servicio que recibe la Universidad Autónoma Chapingo por parte de organizaciones de productores, agricultores y ganaderos de todo tipo nos obliga a buscar nuevas sinergias externas e internas que permitan cumplir mejor con tan loable compromiso y contribuir más en la solución de los viejos y nuevos problemas que padece el campo mexicano.
Política comercial nacionalista: el estudio del dumping de las importaciones de trigo, maíz, arroz y frijol, 2.
Propuesta de reserva estratégica de granos en México, 2.5.
Propuesta de rescate de la pérdida de nuestros ríos: estudio de caso del río Zahuapan, Tlaxcala, Tlaxcala, 2.5.
Obras de irrigación en zonas de alta marginalidad para el desarrollo rural integral, 30.
Conservación y reforestación de los suelos de México, utilizando el cultivo de nopal en 10 zonas, 10.
Importancia, conservación y uso del recurso genético criollo en bovinos, caprinos y ovinos en México, 5.
Sustitución de productos sintéticos vs productos naturales para el manejo de plagas y enfermedades en México, 5.
Producción industrial de abonos orgánicos, 50.
Farmacia viviente de productos naturales para el mejoramiento de la salud rural, 5.
La agricultura urbana: opción productiva y social para grupos prioritarios y marginados en las principales ciudades de México, 15.
Importancia de la red mexicana de tianguis y mercados orgánicos, 15.
Capacitación en certificación participativa para la producción orgánica campesina, 15.
El consumo responsable ante la problemática del consumismo, 2.5.
Programa de capacitación en higiene y calidad de los alimentos para el mejoramiento de la salud en el campo, 3.5.
Conformación de cuadros técnicos de asesoría, 10.
Total, 178 millones de pesos.
1. Propuesta de política agrícola para la soberanía alimentaria, 5 millones de pesos
• Recopilación y análisis de datos en puntos estratégicos del país donde se vive la problemática social.
• Implantación de estrategias para la creación de nuevas propuestas de políticas que beneficien al sector agrícola.
• Análisis de rentabilidad de estos sistemas; estudio detallado en costos de producción en las principales regiones productoras de EUA.
• Proyecciones de rentabilidad a mediano plazo (próximos 10 o15 años).
• Establecimientos de bancos de germoplasma regionales para la conservación del material nativo.
• Establecimiento de parcelas demostrativas para la reproducción, validación y aprovechamiento del material.
• Estudio de uso de suelo; planeación del uso de
los recursos.
• Planes de manejo.
• Identificación y selección unidades demostrativas en zonas estratégicas para el establecimiento de obras de captación de agua de lluvia y escorrentías.
• Establecimiento del nopal para la disminución de la pérdida de suelo, retención de humedad y reforestación en zonas de media y alta pendiente.
• Aprovechamiento comercial del nopal
• Observación, conservación y reproducción de razas locales.
• Mejoramiento genético para incrementar la adaptabilidad y productividad a mediano y largo plazo en las zonas productoras de México.
• Capacitación a organizaciones de productores interesados en la sustitución de insumos químicos de alto costo por alternativas naturales para el manejo de plagas y enfermedades.
• Manejo integrado de plagas y enfermedades acorde al cultivo y a la zona de producción.
• Elaboración de propuestas de producción de abonos a nivel municipal, cercanos a los rellenos sanitarios, reduciendo el problema de la basura y creando fuentes de empleo.
• Identificar 10 municipios estratégicos cercanos a las zonas conurbadas para el establecimiento de plantas modelo.
• Implantación de sistemas de producción de alimentos sanos en pequeñas superficies para grupos prioritarios y marginados en las zonas urbanas de los diferentes estados de la república, creando alternativas productivas y económicas.
• Apropiación y reproducción del conocimiento de los beneficiarios, mediante talleres y prácticas demostrativas a otros sectores, como escuelas, grupos de mujeres, grupos de la tercera edad.
• Promoción para el consumo de productos mexicanos de alta calidad, impulsando relaciones comerciales entre productores y consumidores.
• Capacitación a pequeños productores para el mejoramiento de la actividad productiva, de acuerdo con los estándares orgánicos de producción.
• Desarrollo social y conservación de saberes y valores tradicionales que difunden la cultura en diversos estratos sociales y cronológicos.
• Creación de comités de certificación participativa, avalados por los grupos de producción y validados por la red mexicana de tianguis y mercados orgánicos para reducir los costos de certificación.
• Creación de un consejo nacional de certificación participativa a nivel nacional que respalde la calidad orgánica de la producción para la comercialización dentro del país.
• Promoción para el desarrollo de asociaciones de consumidores que promuevan la participación ciudadana.
• Capacitación e implantación de buenas prácticas de manufactura a pequeños y microprocesadores de alimentos, bajo los requerimientos de las normas oficiales mexicanas.
• Disponibilidad de asesoría en tiempo y forma para la resolución de problemas específicos de los grupos de productores.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a considerar que se adicione a las erogaciones previstas dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2009 para la Universidad Autónoma Chapingo una fracción al cuerpo del articulado en el que se etiqueten 178 millones de pesos para el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de octubre de 2008.
Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica)
México, DF, a 28 de octubre de 2008.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Minerva Hernández Ramos, José Isabel Trejo Reyes y Eduardo Calzada Rovirosa, miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentaron propuesta con punto de acuerdo relacionado con la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
La Presidencia dispuso que se turnara a la Cámara de Diputados el segundo de los resolutivos contenidos en la propuesta, el cual se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Proposición con punto de acuerdo relacionado con la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Los suscritos, senadores de la república a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nuestro carácter de miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente fue creada por decreto promulgado el 29 de agosto de 2006 como organismo público descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional de gestión y presupuestal, surgiendo así por primera vez en México la figura del ombudsman fiscal, y es el primer intento en nuestro sistema fiscal para empezar a flexibilizar en bien de los contribuyentes, pero también de la propia administración, la relación jurídica tributaria, ya que además de proporcionar una defensa legal a los contribuyentes de bajos recursos, aceptará y tramitará, lo que representa un primer intento de conciliar y resolver las quejas de los contribuyentes contra la administración, convirtiéndose en un observador permanente de las prácticas administrativas de nuestras autoridades fiscales.
2. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente había sufrido en primer lugar un veto del anterior titular del Ejecutivo federal y promulgada la nueva Ley la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia promovieron Acción de Inconstitucionalidad y Controversia Constitucional, respectivamente, en las que, entre otros temas se reclamó la forma de designación del titular del la Procuraduría, es decir el presidente de la República objetó que fuera mediante terna presentada ante el Senado.
3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso desde el 26 de febrero de este año, declarando valido por no alcanzar la votación requerida para sostener el criterio mayoritario el artículo 9o. en el que se establece la forma de designación del titular de la procuraduría mediante terna.
4. Que en diversas ocasiones esta soberanía ha exhortado al titular del Ejecutivo federal a enviar la terna de aspirantes para ocupar el cargo de procurador de Defensa del Contribuyente, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a dicha petición; sin embargo, creemos que, superados todos las procedimientos legales de impugnación de que fue objeto esta ley, no existe motivo legal o constitucional alguno para que el Presidente de la República siga siendo omiso en dar cumplimiento a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.
6. Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, el Ejecutivo federal no contempló recursos para el funcionamiento de dicho organismo a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hace más de 6 meses que es correcto el procedimiento para la designación del titular de la procuraduría, motivo por el cual debió incluirse una partida en el proyecto de Presupuesto de Egresos, ya que éste fue enviado desde el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados.
7. Creemos seriamente que es imprescindible que exista en nuestro país un ombudsman fiscal, que garantice a los contribuyentes pequeños el acceso a los medios de defensa fiscal y que garantice a todos la evolución y fortalecimiento de los derechos tan importantes en cualquier sistema tributario moderno, tema en el cual nuestro país esta quedando rezagado.
Asimismo urge una interlocución eficaz e imparcial entre los diversos actores que intervienen en la relación jurídica tributaria, principalmente los contribuyentes y las autoridades fiscales, pero también los intermediarios y asesores, por lo que es necesario que, de manera urgente, se exhorte al titular del Ejecutivo federal a cumplir la ley que él mismo promulgó y envíe al Senado de la República la terna de aspirantes para ocupar el cargo de procurador de Defensa del Contribuyente.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a enviar a la Cámara de Senadores la terna de aspirantes para ocupar el cargo de procurador de Defensa del Contribuyente, de manera urgente y en cumplimiento del artículo 9o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.
Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar una partida presupuestal destinada a la procuraduría de defensa del contribuyente en el decreto de presupuesto de egresos para el año 2009 y así dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría del Contribuyente.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los siete días del mes de octubre de dos mil ocho.
Senadores: José Isabel Trejo Reyes (rúbrica),
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público;
Minerva Hernández Ramos (rúbrica), secretaria de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público; Eduardo Calzada Rovirosa (rúbrica),
secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
México, DF, a 28 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Melquíades Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por la que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incrementar los recursos del Fondo Metropolitano y el presupuesto de programas y proyectos de inversión en infraestructura de comunicaciones que se destina al estado de Puebla dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2009.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Proposición con punto de acuerdo que presenta el senador Melquíades Morales Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que se incrementen los recursos del Fondo Metropolitano y el presupuesto de programas y proyectos de inversión en infraestructura de comunicaciones que se destina al estado de Puebla dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 2009
Melquíades Morales Flores, senador de la República de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo a través del cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se incrementen los recursos del fondo metropolitano y el presupuesto de programas y proyectos de inversión en infraestructura de comunicaciones que se destina al estado de Puebla dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir del año 2006 el Presupuesto de la Federación ha incluido recursos para el desarrollo de las zonas metropolitanas, en principio sólo se consideró a la zona metropolitana de la Ciudad de México. En años posteriores se consideraron otras regiones del país.
La decisión de la colegisladora ha sido por demás relevante ya que según el Inegi el 56 por ciento de la población del país se concentra en las áreas metropolitanas, que por lo mismo generan el 75 por ciento del producto interno bruto de México.
Sin duda, la realidad del país ha obligado al Congreso la orientación de recursos para impulsar el desarrollo regional con base en proyectos concretos que detonen su crecimiento. México, si bien es ante todo una federación, no puede dejar de lado los hechos aquí planteados.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, que actualmente se debate en la Cámara de Diputados se incluyó en el Ramo 23 un monto de 5 mil 350 millones de pesos, para el desarrollo de proyectos en las zonas metropolitanas siguientes
Como se observa, la asignación prevista para la zona metropolitana de Puebla no refleja la importancia del estado, ya que tan sólo significa un 2.8 por ciento del total de los recursos propuestos, cuando esa zona concentra más de 2.4 millones de habitantes, es decir el 4.3 por ciento del total de la población de las zonas metropolitanas del país; y participa con el 3.7 por ciento del PIB nacional. Asimismo, si atendemos a su distribución per cápita, el monto asignado a Puebla es muy inferior al de zonas similares, ya que representa 60.7 pesos por habitante, mientras que las asignaciones previstas para Guadalajara y León, por ejemplo, significan 219.7 y 210.5 pesos por habitante, respectivamente.
Por otra parte, en circunstancias similares se presenta en el referido proyecto de Presupuesto, la previsión para infraestructura en carreteras para el estado de Puebla, la cual representa sólo el 0.8 por ciento del total de los programas y proyectos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, monto que a todas luces resulta inequitativo tanto en función de la población del Estado como de su contribución al PIB nacional.
Los recursos aprobados en la ley de ingresos, los márgenes de maniobra que el Congreso le ha abierto al Ejecutivo deben canalizarse a las regiones que sostienen la dinámica económica de México.
Ante la crisis que amenaza con abatir la economía del país, el gasto público tiene un efecto multiplicador importante en el proceso económico. Este efecto se optimiza a través de los recursos que se canalizan a la infraestructura.
Los motores regionales de la economía nacional no pueden abandonarse a lo que dicten los mercados, que como se ha demostrado recientemente, no siempre son los que asignan con mayor racionalidad los recursos.
Por tanto, ante la inminencia de recursos escasos, habría que canalizarlos a obras en proceso y proyectos que generen empleos en el corto plazo. La economía de la zona metropolitana de Puebla es uno de los pilares del desarrollo económico del país y como tal contribuye de manera importante a las ventajas competitivas que soportan el crecimiento de la nación. Tenemos que invertir en Puebla.
Invertir en proyectos de infraestructura es crucial pues permite obtener la máxima eficiencia del sistema productivo y ampliar mercados, así como propiciar un mayor flujo de capitales y tecnología.
Para todos es claro que si aumenta la inversión en infraestructura se gana en calidad de vida. En el mediano y largo plazos, para establecer y ampliar ventajas competitivas se requiere: limpieza en el ambiente; ciudades limpias y seguras; movilidad social; y una economía bien equipada para la competencia internacional.
Además, la calidad de infraestructura es un indicador crítico para medir la vitalidad de una nación: mejores carreteras, agua y ambiente limpios son elementos básicos de una sociedad civilizada y de una economía productiva. Su ausencia o fallas introducen obstáculos para el crecimiento y la competitividad. La mayor infraestructura permite además generar empleos y apuntala el desarrollo de las regiones.
Por lo expuesto y fundado, señor Presidente, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a elevar el monto de los recursos propuestos al Fondo Metropolitano de Puebla, contemplado en el anexo 12 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009, a por lo menos el 4 por ciento del total de los recursos considerados para ese fondo, conforme se dictamine en la Comisión de Desarrollo Metropolitano de dicha Cámara.
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a asignar al menos un 2 por ciento del total de los recursos para programas y proyectos del Ramo 9 Comunicaciones y Transportes, conforme se dictamine en la Comisión de Comunicaciones de dicha Cámara.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 23 de octubre de 2008.
Atentamente,
Senador Melquíades Morales Flores (rúbrica)
México, DF, a 14 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Por el que se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 2. …
…
El Presupuesto de Egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de octubre de 2008.
Senadores: José González Morfín,
vicepresidente (rúbrica); Renán Cleominio Zoreda Novelo,
secretario (rúbrica)