Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2615-I, viernes 17 de octubre de 2008.
Convocatorias
-
De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión
ordinaria que se llevará a cabo el martes 21 de octubre, a las 12:00
horas.
Predictámenes
-
En sentido positivo, respecto a la
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro.
-
De las Comisiones Unidas de Hacienda
y Crédito Público, de Seguridad Pública, de Seguridad
Social, y de la Función Pública, con opinión de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto a la iniciativa
con proyecto de Ley que establece las Bases para otorgar Pensiones y Prestaciones
a los Ciudadanos que hayan desempeñado el Cargo de Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.
-
De las Comisiones Unidas de Seguridad
Social, y de Salud, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 24 y 226 de la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
-
Referente a la proposición
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la
Consar que presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta
soberanía la documentación donde conste la autorización
de comisiones sobre saldo que aplican las Afore.
-
En sentido negativo, sobre la proposición
con punto de acuerdo por el que se solicita que la Cámara de Diputados
exhorte al IMSS a proporcionar recursos para la construcción de
una clínica de especialidades y a mejorar la infraestructura hospitalaria
en Reynosa, Tamaulipas.
-
De las Comisiones Unidas de Seguridad
Social, y de Salud, en sentido negativo, respecto de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
-
En sentido negativo, respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de
la Ley del Seguro Social.
Convocatorias
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
SOCIAL
A la reunión ordinaria que se llevará a
cabo el martes 21 de octubre, a las 12:00 horas, en el salón de
usos múltiples número 2 del edificio I.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y certificación de
quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del
orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del acta correspondiente a la reunión anterior, celebrada el 11
de septiembre de 2008.
4. Recepción de asuntos turnados por la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados entre el 10 de septiembre y el 20 de octubre
de 2008.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de diversos proyectos de dictamen.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero
Presidente
Predictámenes
EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A
LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Las comisiones que suscriben, con base en las facultades
que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se abocaron al análisis de la iniciativa antes señalada,
y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros
de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad
Social, y de Hacienda y Crédito Público, presentan a esta
honorable asamblea el siguiente:
Dictamen
l. Antecedentes
1. El 13 de febrero de 2007, en sesión celebrada
por la honorable Cámara de Diputados, durante el primer año
de ejercicio legislativo de la LX Legislatura, en su primer periodo ordinario,
el diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro.
2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
dictó turno en la misma fecha, para su estudio y dictamen, a las
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social,
y de Hacienda y Crédito Público de la LX Legislatura, para
la elaboración del dictamen respectivo.
II. Contenido
El diputado que promueve la iniciativa, señala
en su exposición de motivos que la estabilidad y el crecimiento
económico sostenido son condiciones indispensables para el progreso
social. La constitución de ahorro interno, indispensable para incrementar
la inversión, se orienta a la generación creciente de empleos
sobre bases sólidas para hacer posible el bienestar social perdurable.
Estos objetivos coinciden con las demandas de los mexicanos,
quienes exigen mejores niveles de vida; estabilidad y certidumbre; mayores
oportunidades de empleo y salarios más elevados; mejores y más
equitativas condiciones al momento de su retiro laboral; un Estado garante
de sus derechos, y un desarrollo compartido.
La obligación estatal de contribuir de manera más
efectiva al desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno
y al crecimiento del empleo, coincide con la necesidad de enfrentar las
complejas circunstancias presentes, como el adecuarse al cambio demográfico;
responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de los
cuantiosos recursos que se le confían al Sistema de Ahorro para
el Retiro, para convertirlos en servicios y prestaciones, y de superar
insuficiencias con la firme voluntad de dar plena vigencia a sus principios
y filosofía originales de la seguridad social.
El diputado que promueve la iniciativa, comenta que la
transición en el sistema de pensiones es un proceso importante,
ya que, de un sistema de pensiones público, colectivo y de beneficios
definidos o de reparto, se dio paso a un nuevo sistema de pensiones de
mercado, individual y de contribuciones definidas. Esta nueva modalidad,
busca eliminar inequidades, mantener el valor real de las pensiones, establecer
una pensión mínima garantizada por el Estado y, mediante
la individualización de las cuentas, asegurar el acceso directo
del derechohabiente a sus recursos ofreciéndole una alternativa
segura de ahorro. Sin embargo, las elecciones individuales no garantizan
que los anteriores pronósticos se vayan efectivamente a cumplir.
Con este nuevo sistema, se pretende también alcanzar
tres ambiciosos propósitos:
-Contribuir a la generación de ahorro interno
y crear nuevos empleos en la economía.
-La indización de las pensiones para mantener su
valor real.
-Mantener un nivel mínimo de ingresos equivalente
a un salario mínimo general para el Distrito Federal, para todos
los pensionados.
El promovente de la iniciativa expone que cada administradora
de fondos para el retiro cuenta como mínimo, con dos Siefore (fondo
1 y fondo 2), en las que se invierten los recursos de los trabajadores.
Cada fondo es diferente porque invierte en distintas alternativas financieras,
el fondo 1, invierte en instrumentos financieros nacionales y valores internacionales
y el fondo 2, invierte en instrumentos financieros nacionales, valores
internacionales e índices accionarios. Que de acuerdo al artículo
43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, "el régimen
de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el
desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema
de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen
preponderantemente, a través de su colocación en valores
a fomentar:
a) La actividad productiva nacional;
b) La mayor generación de empleo;
c) La construcción de vivienda;
d) El desarrollo de infraestructura estratégica
del país, y
e) El desarrollo regional."
El ahorro interno en México comprende todo el ahorro
realizado en instrumentos financieros, tanto bancarios como no bancarios,
y se mide mediante el agregado monetario amplio M4a, menos billetes y monedas
en poder del público. Este ahorro interno incluye, entre otros conceptos,
al ahorro obligatorio que proviene de las aportaciones al sistema de ahorro
para el retiro que las empresas y entidades del sector público tienen
que realizar a favor de sus trabajadores. De 1998 a 2005 el ahorro interno
ha incrementado su proporción con respecto al producto interno bruto.
Conforme el ambiente económico mejore y el sistema
financiero madure, el papel de la regulación prudencial debería
fortalecerse y las restricciones cuantitativas a las inversiones reducirse.
Lo anterior ampliaría las opciones riesgo-rendimiento de los ahorradores,
sin incurrir en riesgos excesivos. Estas medidas ampliarían la diferenciación
en estrategias de riesgo-rendimiento, y permitirían que éstas
se aproximen a las necesidades y preferencias de los diferentes trabajadores.
Asimismo, se incrementarían los incentivos para que los trabajadores
se involucren más en sus planes de pensión.
Por lo anterior, se propone en esta iniciativa:
-Llevar una política conservadora en la inversión
de los fondos de pensiones, y
-Reducir la inversión de los fondos de pensiones
en valores extranjeros de 20 por ciento a 10 por ciento, generando así
un aumento en el ahorro interno y por ende mayor inversión en el
país.
Todas estas medidas enfocarían la competencia entre
las Afores en la oferta de estrategias eficientes de riesgo-rendimiento
y quitaría incentivos para realizar gastos excesivos en publicidad
y promoción.
La iniciativa propone adicionar un segundo párrafo
al artículo 42, reformar el quinto párrafo del artículo
43 y reformar la fracción XI del artículo 48 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
III. Consideraciones
Primera. Es indispensable que el dinero que los
trabajadores entregan a las administradoras de ahorro para el retiro se
encuentre debidamente protegido; asimismo es necesario que dichas administradoras
otorguen la mayor seguridad a quienes les entregan el producto de su esfuerzo.
Segunda. Uno de los factores primordiales del sistema
de ahorro para el retiro es que el capital genere ahorro interno y fortalezca
la actividad productiva nacional.
Tercera. La situación actual derivada de
la crisis financiera que ha afectado a todos los países del mundo,
ha repercutido de manera importante en los recursos que los trabajadores
tienen en sus cuentas individuales, disminuyendo sus saldos y, en consecuencia
sus posibilidades de obtener cuando menos, una pensión que sea superior
a la mínima garantizada; esto también repercutirá
en las finanzas públicas, al obligar al gobierno a completar lo
necesario, para alcanzar el equivalente a un salario mínimo general
determinado para el Distrito Federal.
Cuarta. Una parte importante de la disminución
de los recursos, proviene de la inversión de ellos en el extranjero,
principalmente en inversiones en los Estados Unidos de América,
por lo que disminuir, como se propone, del 20 al 10 por ciento de la autorización
para la inversión en valores extranjeros redundara en un menor riesgo
para los recursos de los trabajadores administrados por las Afore.
Quinta. Esta reforma busca además que las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro,
lleven una política conservadora en la inversión de los fondos
de pensión, con el fin de generar un aumento en el ahorro interno
y por ende mayor inversión en el país.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social,
y de Hacienda y Crédito Público, con las atribuciones que
le otorga el artículo 73, fracción XVI de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
45 numeral 6, inciso e y f de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos
a consideración el siguiente:
Decreto por el que se reforman el quinto párrafo
del artículo 43; la fracción XI del 48, y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 42 de la Ley de los Sistemas
de Ahorro para el retiro.
Único. Se adiciona un segundo párrafo
al artículo 42, se reforma el quinto párrafo del artículo
43 y se reforma la fracción XI del artículo 48, todos de
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
Artículo 42. Las sociedades de inversión
deberán contar con un comité de inversión que tendrá
por objeto determinar una política y estrategia de inversión
conservadora, con responsabilidad y conocimiento total, con el fin de
no afectar los recursos que recibirá el trabajador en un futuro,
la composición de los activos de la sociedad, así como
designar a los operadores que ejecuten dicha política de inversión.
….
….
….
Artículo 43. ...
….
….
….
La comisión queda facultada para establecer límites
a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad
económica, incentivando a las administradoras a invertir en los
ramos más necesitados del país, o se constituyan riesgos
comunes para una sociedad de inversión.
Artículo 48. Las sociedades de inversión
tendrán prohibido lo siguiente:
I al X. ...
XI. Adquirir valores extranjeros distintos a los autorizados
por la comisión en el régimen de inversión. Estos
valores no deberán exceder el 10 por ciento del activo total de
las sociedades de inversión, y
XII. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
21 de octubre de 2008
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE SEGURIDAD
SOCIAL, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RESPECTO A LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA OTORGAR PENSIONES Y PRESTACIONES
A LOS CIUDADANOS QUE HAYAN DESEMPEÑADO EL CARGO DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público,
de Seguridad Pública, de Seguridad Social, y de la Función
Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública, les fue turnada, para su estudio y dictamen, la
Iniciativa con Proyecto de Ley que establece las bases para otorgar pensiones
y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por
el diputado Samuel Aguilar Solís, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, en relación
a lo dispuesto en los artículos 3º, 4º y 41, todos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 57, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo
analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, someten a la consideración
de esta Honorable Asamblea el correspondiente Dictamen, al tenor de los
siguientes
Antecedentes
I. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil siete,
el diputado Samuel Aguilar Solís, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le
confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el
Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Ley
que establece las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos
que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Samuel Aguilar Solís,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso
que la Iniciativa fuera turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones
Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública,
de Seguridad Social, y de la Función Pública, con opinión
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Establecidos los antecedentes del proyecto, las Comisiones
Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública,
de Seguridad Social, y de la Función Pública, presentan el
Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Ley que establece las bases para
otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado
el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
bajo las siguientes
Consideraciones
1. La Iniciativa de Ley en estudio tiene por objeto
establecer el sustento legal que permita otorgar a los ciudadanos que hayan
desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos el pago de una pensión y diversas prestaciones
en un marco normativo preciso y justo.
2. Las Comisiones Dictaminadoras hacen suyas las afirmaciones
contenidas en la motivación de la Iniciativa de mérito, en
el sentido de que mientras en el IMSS el número de pensionados es
de aproximadamente 2.5 millones y en el ISSSTE son 612 mil, con un promedio
anual de 22 mil y 68 mil pesos anuales, respectivamente, los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 63 titulares y
28 viudas, y los ex Presidentes de la República, con cinco titulares
y una viuda, el promedio anual por cada uno de ellos asciende a 1 millón
600 mil, tratándose de los primeros y 1 millón 900 mil pesos
en el caso de los ex mandatarios, por lo que es importante reconocer que
esta situación forma parte de las inequidades del sistema de seguridad
social de nuestro país y tiene que resolverse.
3. Coinciden las Dictaminadoras con el C. Diputado promovente,
al establecer que las pensiones y prestaciones de los ex Presidentes de
la República descansan únicamente en dos Acuerdos presidenciales,
el primero de ellos del 25 de noviembre de 1976 (No. 753725), el cual fue
publicado por el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez,
con el fin de permitir a los ex Presidentes contar con personal del Ejército,
Fuerza Aérea y Marina; el segundo del 31 de marzo de 1987 (No. 2763-Bis),
publicado por el ex Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el cual define
las prestaciones que recibirán los ex mandatarios, siendo éstas
• Pensión equivalente al salario de un Secretario
de Estado.
• Seguro de vida y de gastos médicos mayores.
• Pensión que se le entregará a la viuda
al momento de la muerte del ex presidente
• Pensión que se le entregará a los hijos
menores de 18 años al momento de la muerte del ex-Presidente
• 25 servidores públicos adscritos a Presidencia
de la República.
4. Las dictaminadoras consideran necesario señalar
que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluye los recursos
para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo
de Titular del Ejecutivo Federal. Así, el párrafo octavo
del artículo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2007 disponía, a la letra:
El Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República,
a que se refiere el Anexo 1.B. de este Decreto, incluye los recursos para
cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de
Titular del Ejecutivo Federal o, a falta de éste, a quien en términos
de las disposiciones aplicables sea su beneficiario, las que no podrán
exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario
de Estado, así como aquéllas correspondientes al personal
de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables
y con sujeción a los términos de este artículo.
Asimismo, incluye los recursos que se asignan a la compensación
que se otorga al personal militar del Estado Mayor Presidencial.
Lo anterior se reproduce en los diversos Presupuestos
de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2008 en el
Artículo 19 y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2009 en el Artículo 22.
5. A saber, los Anexos 1B de los respectivos Presupuestos
de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2007, 2008
y el Proyecto para 2009, disponen de 1,608,518,781, 1,689,885,100, y 1,841,861,366
pesos, respectivamente. Sin embargo, conviene aclarar que el Anexo 1 hace
referencia al Gasto Neto Total, la sección B de dicho anexo habla
del gasto programable de los ramos administrativos y, en este sentido,
sólo una parte de los recursos presupuestados para el gasto programable
del ramo administrativo 2 (Presidencia de la República) está
destinada a la pensión de los ex Presidentes y, en su caso, de sus
viudas.
6. Las Comisiones Unidas coinciden también al señalar
que si bien en el Presupuesto de Egresos no es posible ubicar una partida
específica para la asignación de recursos para las pensiones
vitalicias de los ex Presidentes, queda claro que, de acuerdo con lo dispuesto
en los respectivos Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación,
estos recursos provienen del gasto programable de la Presidencia de la
República. Si bien los acuerdos 753725 y 2763-Bis, mencionados anteriormente,
definen claramente las prestaciones que recibirán de por vida, estos
no precisan claramente de dónde se obtendrán los recursos
para dichas prestaciones, situación que urge de ser atendida para
transparentar el manejo de los recursos y el límite de los mismos,
eliminando así cualquier sesgo de discrecionalidad.
7. De conformidad con lo establecido en la Iniciativa
de mérito, la cual hace referencia a un estudio elaborado en el
Senado de la República, la protección para los ex presidentes
mexicanos incluye 78 elementos de las fuerzas federales para cada uno:
45 del Ejército (32 de tropa, ocho oficiales, cuatro jefes y un
general), 22 de la Armada (16 de tropa, cuatro oficiales y dos jefes),
y 11 de la Fuerza Aérea (ocho de tropa, dos oficiales y un jefe).
También tienen a su disposición a 25 empleados
de la Federación: tres chóferes y personal de oficina; incluso
se cubren los servicios de telefonía, tienen acceso a viajes nacionales
o al extranjero, y en su pago reciben primas mensuales, aguinaldo, bonos,
prima vacacional, estímulos especiales y apoyo para despensa.
8. De acuerdo con información publicada en la Página
Web de la Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx) el
personal de apoyo administrativo para ex Presidentes de la República,
se concreta a 30 mandos Medios y Superiores y 60 Técnicos Operativos.
De los 30 mandos Medios y Superiores referidos, 7 están
asignados al C. Vicente Fox Quesada, 2 al C. Ernesto Zedillo Ponce de León,
12 al C. Carlos Salinas de Gortari, y 9 al C. Miguel de la Madrid Hurtado,
mientras que el C. Luis Echeverría Álvarez no tiene asignado
personal en dichos niveles.
Nivel
Plazas
LA1
3
MA1
2
NC2
4
NA1
12
OA1
9
Total mandos medios y superiores 30
Total técnicos operativos 60
Total servidores 90
9. De igual forma, se publica en la dirección electrónica
de la Presidencia de la República las prestaciones inherentes al
puesto de Presidente de la República, a saber:
10. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la Cámara de Diputados (CEPF), existen al día
de hoy tres ex Presidentes y una viuda que disfrutan de su derecho a pensión
y demás prestaciones, mientras que los ex mandatarios que han renunciado
a sus derechos de pensión, Ernesto Zedillo Ponce de León
y Carlos Salinas de Gortari, continúan gozando de las demás
prestaciones y/o beneficios; lo anterior se traduce en un gasto aproximado
de 201 millones de pesos.
11. El mismo CEPF establece en su valoración de
impacto presupuestario que la reforma generaría economías
por 1.8 millones de pesos en el rubro del pago a pensiones, el cual tiene
una carga actual por 7.6 millones de pesos que se reducirían a 5.8
millones de pesos; además, entre 2009 y 2012, aplicando el índice
inflacionario, el Gobierno Federal ahorraría, únicamente
por el pago a pensiones, 10.4 millones de pesos.
12. La Iniciativa de Ley que establece las bases para
otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado
el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos generaría,
también, ahorros derivados de la disminución del personal
asignado a los ex mandatarios, mismos que, en conjunto con la economía
por el pago de pensiones, ascenderían a 166.9 millones de pesos
tan sólo para 2009.
13. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social, y de
la Función Pública, consideran oportuno y necesario sustentar
legalmente las pensiones y prestaciones otorgadas a los ex-Presidentes
de la República, y concuerdan en la necesidad de ajustar el sistema
de Seguridad Social nacional, no obstante su estructura heterogénea,
en un contexto de equidad, racionalidad en el gasto y en concordancia a
la realidad económica y social que vive el país.
14. Las Dictaminadoras coinciden plenamente con la Iniciativa
presentada por el diputado Samuel Aguilar Solís (PRI) y destacan
que, bajo la propuesta de Ley en estudio, los ex mandatarios recibirían
por concepto de pensión el equivalente al 60% del salario del Presidente
Constitucional en funciones, incrementándose en la misma proporción
y temporalidad con que lo hace dicho salario; lo anterior, contrario a
una lesión económica, se traduce en la asignación
de recursos suficientes para atender sus necesidades personales y políticas,
dejando atrás la discrecionalidad en el manejo de los recursos y
la plena inclusión de los beneficios en el marco legal que rige
a nuestra nación.
Igual consideración merece lo dispuesto en el artículo
6 de la propuesta de Ley, que a la letra dice: "al fallecer el ciudadano
que haya desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, su cónyuge disfrutará de una pensión
equivalente al 50 por ciento del salario del presidente constitucional
en funciones. En caso de muerte del cónyuge viudo, la pensión
beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar
la mayoría de edad. La prestación será suspendida
si la viuda contrae nuevo matrimonio".
15. En total congruencia con lo anterior, la pensión
vitalicia podría ser suspendida en caso de que el beneficiario reciba
ingresos derivados de cualquier otro cargo público remunerado, situación
contemplada para los trabajadores del sector público y privado en
las Leyes del Seguro Social y del ISSSTE.
16. Adecuado y coherente resulta que los ciudadanos que
hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, al ser trabajadores al servicio del Estado, gocen de
las prestaciones establecidas para pensionados y jubilados en el sistema
de seguridad social contenido en la Ley del ISSSTE, eliminando con ello
gastos por visitas al interior y exterior del país, así como
aquéllos que se desprendan de seguros médicos y de vida que
estén excluidos de la Ley del ISSSTE.
17. Las Comisiones Unidas están de acuerdo en que
no se propone eliminar las prestaciones de los ex presidentes, por el contrario
se propone otorgar garantías jurídicas y establecer mecanismos
de rendición de cuentas, normar los criterios de las percepciones
y clarificar la incidencia de los costos en el gasto público; en
tal contexto se coincide con la Iniciativa de Ley al determinar la asignación
de cinco puestos de trabajo de naturaleza eventual, quienes podrán
ser propuestos, y en su momento cesados, por el ex Presidente, sin ser
familiar en tercer grado del mismo. Además, con objeto de preservar
la seguridad e integridad del ex mandatario, éste dispondrá
de ocho elementos de la Policía Federal Preventiva del rango que
la Secretaría de Seguridad Pública considere estrictamente
necesario, así como de tres vehículos oficiales para él
y su familia.
El cuerpo de seguridad solamente funcionará dentro
de territorio nacional y no podrá acompañar al beneficiario
en los viajes que realice al extranjero, y al ocurrir el fallecimiento
del beneficiario, el cuerpo de seguridad será retirado.
18. En un aspecto meramente de estilo, se modifican los
artículos 4, 5, 7, 8 y segundo transitorio del proyecto de decreto
con la finalidad de clarificar que la temporalidad y proporción
en que se incrementará la pensión de los ex presidentes están
referidas al salario del presidente en funciones (artículo 4); determinar
el contenido del artículo 5 en incisos a), b), c) y d), y no en
puntos a., b., c., y d., así como cambiar el término actividades
investigadoras por actividades de investigación (inciso
a); definir, en el artículo 7, que los nombramientos del personal
de carácter eventual que se le otorgan al amparo de esta nueva ley
a los ex presidentes, no podrán recaer sobre familiares de éstos
hasta el tercer grado, y no únicamente, como pudiera entenderse,
en tercer grado; se inserta un signo de puntuación (coma)
para la buena lectura e interpretación del artículo 8; y,
por último, en virtud de que las pensiones y prestaciones que actualmente
reciben los ex mandatarios de la nación se sustentan en acuerdos
administrativos, éstos debieran quedar sin efecto y no abrogarse
como se indica en el artículo segundo transitorio; de tal suerte,
se propone la siguiente redacción para los artículos citados:
Artículo 4. Los ciudadanos mencionados en el
artículo anterior, tendrán derecho a disfrutar de una pensión
vitalicia equivalente al 60 por ciento del salario del Presidente Constitucional
en funciones, la cual será incrementada en la misma proporción
y temporalidad que dicho salario.
Artículo 5. La pensión otorgada por esta
Ley, será suspendida en los siguientes casos:
a) Cuando el beneficiario reciba ingresos derivados
de cualquier otro cargo público remunerado, así como la percepción
de ingresos resultantes del ejercicio profesional o actividad laboral incluidos
los pagos en especie, quedando exceptuadas las percepciones por actividades
docentes o de investigación.
b) Cuando el beneficiario fuere condenado como resultado
de un juicio político.
c) Cuando el beneficiario fuere condenado por algún
delito grave que merezca como pena la privación de la libertad.
d) Cuando el beneficiario realice algún acto
que atente gravemente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones
nacionales.
Artículo 7. El ciudadano que haya desempeñado
el cargo a que se refiere el artículo 3 de esta Ley contará
con cinco puestos de trabajo de naturaleza eventual correspondiendo la
propuesta de nombramiento y cese al mismo, sin ser familiar hasta en tercer
grado.
Artículo 8. Con objeto de preservar la seguridad
e integridad física del ciudadano a que se refiere el artículo
3 de esta Ley, la Secretaría de Seguridad Pública dispondrá
de 8 elementos de la Policía Federal Preventiva, del rango que considere
estrictamente necesario, así como de 3 vehículos oficiales
para él y su familia.
Transitorios
Segundo. Quedan sin efecto los acuerdos y todas las
demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión
y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.
19. Mediante oficio fechado el 18 de julio de 2008, la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública remitió a
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad
Pública, de Seguridad Social, y de la Función Pública,
opinión a la Iniciativa de mérito, la cual refiere:
"Primero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública con fundamento en los artículos 39, 42 y 45, numeral
6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria y con base en la valoración realizada
por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, opina que la
iniciativa que expide la Ley que establece las Bases para otorgar Pensiones
y Prestaciones a los Ciudadanos que hayan Desempeñado el Cargo de
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por
el Diputado Federal Samuel Aguilar Solís del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, sí implica impacto presupuestario
aproximado de 19.8 millones de pesos en 2008.
Segundo. Los ahorros que se generarían por el
pago de pensiones donde se prevé una reducción considerable
en el número del personal de seguridad, personal de oficina y chóferes
que estos ciudadanos tienen a su disposición. Ante este escenario
el costo previsto de las plazas de los ocho elementos de la Policía
Federal Preventiva para cuidar la integridad de éstos ciudadanos,
más los cinco puestos de trabajo de naturaleza eventual para cubrir
las necesidades de asesoría económica y política de
los ex presidentes, ascendería a 14.7 millones de pesos en 2008.
Con las nuevas disposiciones que se contemplan para el pago de pensiones
y demás prestaciones a que tendrían derecho los ciudadanos
que hayan ocupado el cargo de Presidentes de la República, que se
prevé que entre 2008 y 2012, el Gobierno Federal ahorre en promedio
192.4 millones de pesos por año, por lo cual para el 2012 ahorraría
aproximadamente 961.8 millones de pesos. Por lo anterior se debe señalar
que los ex presidentes no tendrían derecho a otro tipo de gastos
como viáticos por visitas al exterior e interior del país,
así como aquellos gastos que se desprendan de algún seguro
médico o de vida que no este establecido plenamente en la Nueva
Ley del ISSSTE.
20. Finalmente, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social, y de
la Función Pública, y la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública por lo que hace a su opinión, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
solicitaron en su oportunidad al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
de la Cámara de Diputados, una evaluación del impacto financiero
que la iniciativa que se dictamina tendrá sobre los recursos del
Gobierno Federal, cuya respuesta, en lo concreto, refiere un ahorro en
el periodo 2009-2013 de 176.5 millones de pesos por año, por lo
que al 2013 se acumularía un ahorro aproximado de 883.6 millones
de pesos.
Por lo expuesto, y para los efectos del inciso A)
del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social, y de
la Función Pública, con opinión de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, de la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración
del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley que establece las
Bases para otorgar Pensiones y Prestaciones a los Ciudadanos que hayan
desempeñado el Cargo de Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 1. Esta ley es de observancia general
en los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es establecer las bases sobre
las cuales se otorgarán pensiones, medios personales, materiales
y servicios de seguridad con fondos del erario federal para los ciudadanos
que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. La aplicación y seguimiento
de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías
de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público
y de Seguridad Pública, de conformidad con sus respectivas atribuciones.
Artículo 3. Las disposiciones de esta ley son aplicables
a los ciudadanos que hubiesen desempeñado el cargo de Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, completando el periodo
establecido para ello, o con carácter de interino o sustituto, pero
no beneficiará a los que lo hubiesen ocupado como presidente provisional.
Artículo 4. Los ciudadanos mencionados en el artículo
anterior, tendrán derecho a disfrutar de una pensión vitalicia
equivalente al 60 por ciento del salario del Presidente Constitucional
en funciones, la cual será incrementada en la misma proporción
y temporalidad que dicho salario.
Artículo 5. La pensión otorgada por esta
Ley, será suspendida en los siguientes casos:
a) Cuando el beneficiario reciba ingresos derivados
de cualquier otro cargo público remunerado, así como la percepción
de ingresos resultantes del ejercicio profesional o actividad laboral incluidos
los pagos en especie, quedando exceptuadas las percepciones por actividades
docentes e investigadoras.
b) Cuando el beneficiario fuere condenado como resultado
de un juicio político.
c) Cuando el beneficiario fuere condenado por algún
delito grave que merezca como pena la privación de la libertad.
d) Cuando el beneficiario realice algún acto que
atente gravemente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones
nacionales.
Artículo 6. Al fallecer el ciudadano que haya desempeñado
el cargo a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, su cónyuge
disfrutará de una pensión equivalente al 50 por ciento del
salario del Presidente Constitucional en funciones. En caso de muerte del
cónyuge viudo, la pensión beneficiará en la misma
cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La
prestación será suspendida si la viuda contrae nuevo matrimonio.
Artículo 7. El ciudadano que haya desempeñado
el cargo a que se refiere el artículo 3 de esta Ley contará
con cinco puestos de trabajo de naturaleza eventual correspondiendo la
propuesta de nombramiento y cese al mismo, sin ser familiar hasta en tercer
grado.
Artículo 8. Con objeto de preservar la seguridad
e integridad física del ciudadano a que se refiere el artículo
3 de esta Ley, la Secretaría de Seguridad Pública dispondrá
de 8 elementos de la Policía Federal Preventiva, del rango que considere
estrictamente necesario, así como de 3 vehículos oficiales
para él y su familia.
Artículo 9. La Secretaría de Seguridad Pública
normará y justificará los criterios en los que se basa para
la temporalidad de la asignación o retiro de elementos.
Artículo 10. El mencionado cuerpo de seguridad
solamente funcionará dentro de territorio nacional y no podrá
acompañar al beneficiario en los viajes que realice al extranjero.
Artículo 11. Al ocurrir el fallecimiento del ciudadano
a que se refiere el artículo 3, será retirado el cuerpo de
seguridad.
Artículo 12. La Secretaría de Seguridad
Pública determinará las funciones específicas de los
elementos comisionados para preservar la seguridad e integridad física
del ciudadano referido en el artículo 3.
Artículo 13. Los ciudadanos que hubiesen desempeñado
el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos gozarán
de las prestaciones establecidas para pensionados y jubilados en el sistema
de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.
Artículo 14. Compete a la Secretaría de
la Función Pública conocer de los casos previstos en el presente
decreto y notificar de cualquier causal de modificación a las prestaciones
otorgadas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que haga los ajustes que procedan.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan sin efecto los acuerdos y todas las demás
disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y
apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Los ajustes correspondientes al Ramo 02, "Presidencia
de la República", en lo relativo a los recursos destinados a cubrir
las percepciones de quienes han desempeñado el cargo de titular
del Ejecutivo Federal se realizarán en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año siguiente
a la entrada en vigor del presente decreto.
Dado en el salón de sesiones de las comisiones
unidas, Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a los 21 días
del mes de octubre del año 2008.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD
SOCIAL, Y DE SALUD, EN SENTIDO NEGATIVO, SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 24 Y 226 DE LA LEY DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Salud, de
la LX Legislatura de la Cámara de Diputados les fue turnada, para
su estudio y dictamen, la Iniciativa que reforma los artículos 24
y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, presentada por el C. Diputado Víctor Gabriel Varela López,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 72 y 73, fracción
XXX, en relación a lo dispuesto en los artículos 3º,
4º y 41, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
así como los artículos 57, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, someten
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el Dictamen correspondiente,
al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha ocho de marzo de 2007, el C. Diputado
Víctor Gabriel Varela López, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad
que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el
Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma los artículos
24 y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
dispuso que la iniciativa fuera turnada, para su estudio y dictamen, a
las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, con opinión
de la Comisión de Defensa Nacional.
Establecidos los antecedentes, los miembros de las Comisiones
Unidas de Seguridad Social y de Salud, de la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados, exponen el contenido de la Iniciativa de referencia, materia
de este dictamen:
Contenido de la iniciativa
La iniciativa presentada por el diputado Víctor
Gabriel Varela López, expone que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación declaró inconstitucional el numeral 45 del artículo
226 de la Ley del ISSFAM, como resultado del análisis de la revisión
de diversos juicios de amparo interpuestos por militares puestos en retiro
por la supuesta inutilidad por contraer el VIH/sida.
El promovente fundamenta su iniciativa en el hecho de
que, a pesar de la declaración de la Suprema Corte, las disposiciones
impugnadas siguen vigentes y seguirán siendo aplicadas por las autoridades
militares, toda vez que las sentencias que se pronuncian en los juicios
de amparo sólo tienen efectos en los individuos particulares o de
las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado,
limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso
especial sobre el que versa la demanda, sin hacer una declaración
general respecto de la ley o acto que la motivare.
Para defender su posición el promovente se apoya
en las conclusiones del ministro José Ramón Cosío,
quien arguye:
El VIH y sida son dos etapas de un mismo proceso infeccioso,
cuya evolución se ha alterado y mejorado marcadamente con los tratamientos
actuales, ampliamente disponibles en nuestro país.
En pacientes con VIH-sida, con adecuado tratamiento no
existe ninguna limitación física ni mental que los proscriba
de ninguna actividad laboral o social.
El VIH y el sida no deben ser considerados como una causa
inmediata imputable para que los individuos afectados sean suspendidos
de ninguna actividad, ni específicamente de las Fuerzas Armadas.
En caso de existir secuelas por los padecimientos asociados
al VIH y sida cada caso puede ser evaluado en forma individual y reubicado
y otorgado incapacidad parcial o total, pero no suspender sus derechos.
También se apoya en lo expuesto por el ministro
Juan Silva Meza, quien señala con respecto a la norma impugnada:
Lo expuesto en relación con esta norma oficial
mexicana, y lo sostenido también por algunos de los señores
ministros, en torno a la opinión científica de VIH/sida,
me hacen concluir: que es anacrónico considerar que el estar
infectado de aquella enfermedad, convierte a la persona en un inútil
que hay que segregar, pues la ciencia y la interpretación legal
y administrativa aplicable al sistema de salud, en torno al citado padecimiento,
se han empeñado en desvirtuar tal concepción, por lo
tanto, en mi opinión la nueva Ley del ISSFAM, deviene claramente
violatoria de la garantía de igualdad.
La ley impugnada establece como requisito de ingreso y permanencia
en el servicio militar, el estar apto, física y mentalmente, para
el desempeño de tal actividad, lo cual evidentemente no constituye
una conducta discriminatoria, pero sí constituye una conducta discriminatoria
que el Legislador establezca un mecanismo que no refleja si eres apto o
no para permanecer en el servicio, pues no atiende a la verdadera capacidad
de los sujetos, de ahí que no sea justificable establecer condiciones
de permanencia en el empleo, carentes de racionabilidad.
Su propuesta es adicionar un párrafo segundo a
la fracción V del artículo 24 y la derogación del
numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
para quedar como sigue:
Artículo 24. …
I. a IV. …
V. …
Los padecimientos que no impliquen inutilidad física
o mental para el desempeño de las obligaciones militares, no serán
causa de retiro. Sin embargo, si el militar lo desea, tendrá derecho
a que se le proporcione un empleo compatible con sus aptitudes.
Artículo 226. …
Primera categoría
1. a 78. …
79. Se deroga
81. Se deroga
82. Se deroga
83. Se deroga
84. a 122. …
Segunda categoría
1. a 44. …
45. Se deroga
Consideraciones
1. Podemos observar que las modificaciones que propone
la iniciativa, buscan generar certidumbre jurídica entre los militares
para evitar que sean dados de baja del servicio activo, por ser considerados
inútiles, en especial en los casos que se les ha detectado VIH/sida
o enfermedades de tipo degenerativas.
2. Las dictaminadoras hacemos notar que la iniciativa
presentada por el C. Diputado Víctor Gabriel Varela López,
surge de la discusión sobre las bajas de militares por habérseles
detectado VIH/sida, discusión que se originó en el año
2004, año en el cual se comenzaron a presentar los amparos de militares
dados de baja por haber contraído VIH/sida; estos amparos se presentaron
por ver vulnerados los derechos de los militares ante la decisión
del Instituto de darlos de baja, ateniéndose a la Ley que los regula,
y comenzaron a tener las primeras resoluciones en la Suprema Corte de Justicia
en el año 2006.
Por lo anterior y en defensa de los derechos de los militares,
el promovente propone que se deroguen los numerales 79, 81, 82 y 83 de
la primera categoría, del artículo 226; así como el
45 de la segunda categoría del mismo artículo. Numerales
que hacen referencia a padecimientos de origen inmunológico, estados
de inmunodeficiencia y seropositividad, entre los militares en activo y
que el C. Diputado considera violatorios de los derechos de los militares.
3. El promovente de las Iniciativa en proceso de dictamen,
se apoyan en los derechos que consagra la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y que consideran, son vulnerados por la
actual legislación del ISSFAM. El primero de ellos tiene que ver
con el artículo 4° de la Constitución, que establece
el derecho de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional
a la protección de la salud, por el solo hecho de encontrarse en
él.
4. En relación a las modificaciones propuestas
a los numerales 79, 81, 82 y 83 de la primera categoría del artículo
226 de la Ley del ISSFAM, es indispensable tomar en cuenta que
a) Las disposiciones legales vigentes no son suficientes
para realizar la declaración de inutilidad, por el simple hecho
de haber contraído VIH/sida, lo que se puede considerar inconstitucional
puesto que con el mero padecimiento de la enfermedad no se presenta la
inutilidad del militar, tal y como se puede ver claramente dentro del numeral
45 de la segunda categoría del artículo 226.
b) Por su parte, los numerales 79, 81 y 82 hablan de padecimientos
de origen inmunológicos, que si bien incluyen el VIH/sida no se
refieren exclusivamente a esta enfermedad, ni la mencionan específicamente.
Lo cual, va mas allá de los motivos que dan origen a esta iniciativa
y habla de padecimientos diferentes con un cuadro sintomático distinto,
que no se encuentra en discusión en la iniciativa en comento.
c) El numeral 83 si habla exclusivamente de la seropositividad
a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, con infecciones
por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, sin embargo al
quitar esta causal, se dejarían desprotegidos los militares bajo
estas circunstancias que si ameritan el ser dados de baja por ser seropositivos
con infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas,
que los imposibilita para el desempeño de sus funciones.
d) Es importante mencionar que las categorías del
artículo 226 permiten realizar una determinación de los porcentajes
de haber de retiro, que han de recibir los militares en caso de padecer
alguna de estas enfermedades y dependiendo de la categoría en que
se encuentren, será el porcentaje que han de recibir, por lo cual,
en caso de que se retiren los numerales 79, 81, 82 y 83 se pone en riesgo
la remuneración del militar al dejar de estar dentro de las categorías.
5. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta claro que
no es pertinente derogar los numerales, 79, 80, 81, 82 y 83, puesto que
la derogación de los mismos traería ambigüedad, complicando
la Ley, haciéndola poco clara y poniendo en riesgo las condiciones
laborales de los militares.
6. Ahora bien, en relación con la modificación
que se propone al artículo 226 segunda categoría, en el sentido
de derogar el numeral 45 el cual dice: "La seropositividad a los anticuerpos
contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas
suplementarias", numeral del cual, la Corte ha considerado su inconstitucionalidad,
podemos observar que claramente se da de baja al militar sin que este presente
una imposibilidad real para desempeñar las labores encomendadas.
7. Es importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, aprobó el 3 de octubre de
2007 la tesis que declara procedente otorgar la suspensión en el
juicio de amparo promovido contra los efectos de la orden de baja del activo
y alta en situación de retiro por "inutilidad", en los términos
siguientes:
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. "Es
procedente la suspensión en el juicio de amparo promovido contra
los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de
retiro "por inutilidad".
… "Por tanto, con base en la declaración del
Tribunal Pleno, debe considerarse presuncionalmente inconstitucional la
resolución en la cual se ordena la baja del servicio activo de un
miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas y su alta en situación
de retiro por motivos de salud; por lo que es procedente otorgar la suspensión
de los efectos y consecuencias de esa resolución, a fin de que el
quejoso continúe prestando sus servicios como miembro activo del
Ejército Mexicano, perciba sus haberes y todas las prestaciones
generadas que por estar en activo le correspondan legalmente; sea en la
misma área en la cual ha realizado sus labores o en una distinta
acorde a sus capacidades, derivadas de su estado de salud."
Clave: 2a./J., Núm.: 197/2007
Solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2007-SS.
Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3 de octubre de 2007. Cinco votos; los Ministros Mariano Azuela Güitrón
y Sergio Salvador Aguirre Anguiano votaron con salvedades. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Tesis de jurisprudencia 197/2007. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre
de dos mil siete.
Tipo: Jurisprudencia por contradicción.
Temas: Administrativo.
Derecho Militar.
8. Al margen de lo anteriormente señalado, es importante
mencionar que en sesión de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, celebrada el 27 de agosto de 2008, el Titular
del Poder Ejecutivo Federal, presentó una iniciativa de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas,
misma que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Seguridad Social, de Defensa Nacional y de Marina de la Cámara
de Diputados, cuyo dictamen fue aprobado el 14 de octubre de 2008. El Dictamen
de la iniciativa aprobada, contempla las recientes resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional
el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 del
citado ordenamiento, quedando comprendido dentro del numeral 19 de la tercera
categoría.
9. La Comisión de Defensa Nacional, en su oportunidad,
emitió opinión favorable a la derogación del numeral
45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del
ISSFAM.
10. Estas dictaminadoras coinciden en señalar que
uno de los argumentos centrales del promovente, menciona la modificación
del artículo 24 de la Ley del ISSFAM y propone establecer que los
padecimientos que impliquen inutilidad física o mental para el desempeño
de las obligaciones militares, no podrán ser consideradas como causa
de retiro, estableciendo la posibilidad del militar por optar por su reasignación
a un empleo que no ponga en riesgo su integridad, buscando no solamente
que se eviten las bajas injustificadas o sostenidas únicamente en
el hecho de haber contraído la enfermedad, sino también,
salvaguardar la integridad física del militar. Lo cual se logra,
dentro del dictamen mencionado anteriormente al pasar el texto del numeral
45 abrogado, como un numeral 19 dentro de la tercera categoría,
por lo que, no es de aceptarse la modificación.
Por lo expuesto, y para los efectos del inciso A)
del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas
de Seguridad Social y de Defensa Nacional de la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración
del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la Iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, turnada
a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud con opinión
de la Comisión de Defensa Nacional.
Segundo. Descárguese de los asuntos pendientes
e infórmese al promovente.
REFERENTE A LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
CONSAR QUE PRESENTE ANTE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTA
SOBERANÍA LA DOCUMENTACIÓN DONDE CONSTE LA AUTORIZACIÓN
DE COMISIONES SOBRE SALDO QUE APLICAN LAS AFORE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada,
para su análisis y dictamen, la proposición con punto de
acuerdo por la que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar que
presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía
la documentación dónde conste la autorización de comisiones
sobre saldo que aplican las Administradoras de Fondos para el Retiro, presentada
por la diputada Lorena Martínez Rodríguez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, 45, numeral 6, incisos e) y
f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad
Social de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea este Dictamen,
al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil ocho, la
diputada Lorena Martínez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó
ante el Pleno de esta Soberanía la proposición con punto
de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar que
presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía
la documentación dónde conste la autorización de comisiones
sobre saldo que aplican las Administradoras de Fondos de Ahorro para el
Retiro, y se exhorte al Ejecutivo federal a que investigue esta situación.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable
Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión
de Seguridad Social.
Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión
de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados,
exponen el contenido de la proposición de referencia, materia del
presente Dictamen.
Contenido
Se manifiesta en la proposición con punto de acuerdo
que se analiza que el espíritu de la reforma a la Ley de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro, aprobada el 19 de abril de 2007 por el Congreso
de la Unión, fue disminuir la carga de las altas comisiones que
las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) aplican
a las cuentas individuales de los trabajadores.
Dicha reforma contempló, entre otras cosas, utilizar
los saldos de las cuentas como materia de cobro de comisión, prohibiendo
su aplicación en los flujos. Sin embargo, se expone en la proposición,
las comisiones que ahora cobran muchas de las administradoras contemplan
incrementos desmedidos que reflejan la voracidad de ciertas instituciones
financieras, ante el "desdén" de las autoridades.
Para ejemplificar lo anterior, la promovente expone el
caso de algunas administradoras que incrementaron, desde 2006, la comisión
sobre el saldo de las cuentas individuales, tal es el caso de: la Afore
XXI que, en el 2006, manejaba una comisión por saldo de 0.20 por
ciento, en octubre del 2007 ya era de 1.5 por ciento, un incremento de
650 por ciento; Banamex, en el 2006, tenía una comisión por
saldo de 0.34 por ciento, para el 2007, 1.48 por ciento, esto significa
un incremento de 335 por ciento; HSBC de 0.30 por ciento en el 2006, a
1.20 por ciento en el 2007, un incremento del 300 por ciento; GNP Futuro
de 0.50 por ciento en el 2006 a 1.60 por ciento en el 2007, aumento de
un 220 por ciento.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), "las administradoras (Afore)
deberán presentar a la Junta de Gobierno de la Comisión su
estructura de comisiones para su autorización, la cual, una vez
analizada la solicitud, podrá exigir aclaraciones, adecuaciones
o, en su caso, denegar la autorización respectiva si las comisiones
sometidas a su autorización son excesivas, conforme a los criterios
que determine la Junta de Gobierno, para los intereses de los trabajadores
o se encuentren fuera de los parámetros de mercado. La propia Junta
de Gobierno de la Comisión emitirá criterios o recomendaciones
sobre el nivel y la estructura de las comisiones".
Manifiesta la promovente, dentro de la exposición
de motivos de la proposición de mérito, su preocupación
por la complacencia de la autoridad, en este caso la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que ante el "atraco" al
dinero de los trabajadores no corrigen esta situación, aún
cuando esta facultada para ello.
Por lo anterior se propone, con el punto de acuerdo en
estudio, solicitar a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, remita a la brevedad a la Comisión
de Seguridad Social de la Cámara de Diputados el o los documentos
donde conste la autorización de esa Junta para que las Administradoras
de Fondos de Ahorro para el Retiro, apliquen las comisiones sobre saldos
a las cuentas y subcuentas individuales de los trabajadores y exhortar,
también, al Ejecutivo federal para que investigue esta situación
que afecta directamente al ahorro que los trabajadores hacen para asegurar
su bienestar en el futuro.
La Comisión de Seguridad Social, una vez analizada
la Proposición materia de estudio, somete ante este honorable Pleno
el presente dictamen, bajo las siguientes:
Consideraciones
1. Con fecha 19 de abril de 2007 fue aprobada la minuta
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; la exposición
de motivos de la entonces iniciativa, presentada por Senadores de diversos
grupos parlamentarios, señalaba entre otras cosas que "el propósito
primordial de la presente Iniciativa es continuar avanzando en el perfeccionamiento
de los sistemas de ahorro para el retiro. Para lograrlo, una de las propuestas
centrales es permitir que el cobro de comisiones de las Afore se vuelva
claro, sencillo, transparente y justo para todos los trabajadores, además
de que se facilitaría la comparación entre Afore y de éstas
con otros vehículos de ahorro, como los fondos de inversión…"
2. De igual forma, dentro de las consideraciones del dictamen
aprobado en esta soberanía se puede leer que las reformas a la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro "tienen como objetivo buscar un
equilibrio en el Sistema sin hacer énfasis en las comisiones o en
los rendimientos, sino en las ganancias finales que los trabajadores obtienen
por la inversión de los recursos de su cuenta individual. Es decir,
se busca una forma natural y sencilla para que los trabajadores puedan
comparar tanto las comisiones que les cobran, como los rendimientos que
obtienen sin que se distorsione el sistema, con lo cual al apreciarlo y
entenderlo mejor tomarán mejores decisiones en beneficio de sus
intereses y de sus familias".
3. La dictaminadora coincide con la promovente al señalar
que uno de los objetivos de las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro, aprobadas el 19 de abril de 2007, fue precisamente disminuir
las altas comisiones que las Administradoras de Fondos de Ahorro para el
Retiro (Afore) aplican a las cuentas individuales de los trabajadores.
4. De los datos publicados por la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a partir de noviembre de
2006 se han venido sucediendo incrementos a la estructura de comisiones
de diversas Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro.
5. Así entonces, en noviembre de 2006, Afore Banamex
modificó su estructura de comisiones al pasar la de flujo de 1.42
a 0.75 por ciento (decremento) y la de saldo de 0.34 a 1.48 por ciento,
reflejándose la nueva estructura, también, en la comisión
equivalente, que de 1.96 se incrementó a 2.41 por ciento.
6. Es importante señalar que la modificación
en el cobro de comisiones, principalmente sobre saldo, fue seguida por
otras tres administradoras que para febrero de 2007, aplicaron aumentos
de hasta el 300 por ciento. De igual manera, en abril del mismo año
fue una la administradora que verificó incremento en la comisión
y para mayo tres Afore más aumentaron el porcentaje de la comisión
que cobran sobre saldo.
7. Para octubre de 2007, de las veinte Administradoras
de Fondos de Ahorro para el Retiro existentes, diez modificaron su estructura
de cobro de comisiones, incrementando considerablemente el porcentaje de
la comisión sobre saldo, con incrementos de hasta el 650 por ciento.
8. De conformidad con el artículo 37 de la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro "las administradoras deberán
presentar a la Junta de Gobierno de la Comisión su estructura de
comisiones para su autorización, la cual, una vez analizada la solicitud,
podrá exigir aclaraciones, adecuaciones o en su caso denegar la
autorización respectiva si las comisiones sometidas a su autorización
son excesivas conforme a los criterios que determine la Junta de Gobierno
para los intereses de los trabajadores o se encuentran fuera de los parámetros
del mercado. La propia Junta de Gobierno de la Comisión emitirá
criterios o recomendaciones sobre el nivel y estructura de las comisiones.
Asimismo, la Junta de Gobierno deberá resolver expresamente, fundando
y motivando, sobre la autorización solicitada dentro del plazo previsto
en el artículo 119 de esta ley".
9. De acuerdo con lo anterior, es la Junta de Gobierno
de la Consar la encargada de negar la autorización de la estructura
de comisiones de las administradoras si resultan excesivas conforme a los
criterios que determine la Junta de Gobierno para los intereses de los
trabajadores o se encuentren fuera de los parámetros de mercado,
pero además, la propia Junta de Gobierno esta facultada y obligada
para emitir criterios o recomendaciones sobre el nivel y estructura de
las comisiones, situaciones, todas salvo la autorización, que no
se llevaron a cabo.
10. La Comisión de Seguridad externa su preocupación
sobre dichos acontecimientos, pues la participación en el mercado
potencial de las Administradoras que para octubre de 2007 habían
incrementado el porcentaje de la comisión que cobran sobre saldo,
es del 63.4%, mientras que el número de cuentas manejadas por dichas
Afore es del orden de las 24 millones 358 mil 957, lo que se traduce en
igual número de trabajadores afectados.
11. Por lo anterior, la Comisión que emite el presente
Dictamen coincide en la necesidad de contar con las autorizaciones respectivas
del cambio de estructuras de comisiones de las Administradoras de Fondos
de Ahorro para el Retiro, pero además, resulta indispensable conocer
los motivos, argumentos y fundamentos que llevaron a la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en especial a su Junta de
Gobierno, a autorizar las modificaciones.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad
Social somete a consideración de este honorable Pleno, el siguiente
Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que remita con la mayor brevedad
a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados,
el o los documentos donde conste la autorización de esa junta para
el cambio de las estructuras de comisiones que cobran las Administradoras
de Fondos de Ahorro para el Retiro desde noviembre de 2006, y de igual
manera, se integre un informe detallado sobre la motivación, argumentos,
fundamentos y elementos que tomaron en cuenta para autorizar las nuevas
estructuras de comisiones.
Segundo. Cítese al Presidente de la Comisión
Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para que exponga ante
la Comisión de Seguridad Social, la situación actual de las
comisiones que se cobran a los trabajadores, sobre el saldo de sus cuantas
individuales y en general del sistema de ahorro para el retiro.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a investigar
esta situación, que afecta directamente el ahorro que los trabajadores
hacen para asegurar su bienestar en el futuro.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión
de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a 21 de octubre de
2008.
EN SENTIDO NEGATIVO, SOBRE LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
EXHORTE AL IMSS A PROPORCIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES Y A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
EN REYNOSA, TAMAULIPAS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada,
para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo
a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al Instituto Mexicano
del Seguro Social a invertir mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con
el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada
en un incremento en el número de camas y en la construcción
de otro hospital; igualmente el exhorto incluye el que se implemente o
de seguimiento a los programas de calidad en la misma ciudad, a fin de
subsanar las deficiencias en la atención a la salud que existen
en dicho municipio, y para que se atienda el desabasto de medicamentos
en las instalaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social
en la mencionada ciudad, presentada por el diputado Raúl García
Vivian, del Grupo Parlamentario del PAN en la sesión ordinaria de
la Cámara de Diputados celebrada el 24 de abril de 2008.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, 45, numeral 6, incisos e) y
f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad
Social de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados somete
a la consideración de esta honorable asamblea este dictamen, al
tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 24 de abril de 2008, el ciudadano diputado
Raúl García Vivian, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS
a proporcionar recursos para la construcción de un hospital de especialidades
y a mejorar la infraestructura hospitalaria en el municipio de Reynosa,
Tamaulipas, así como mejorar la calidad en la atención de
los derechohabientes de esa institución.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión
de Seguridad Social.
Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión
de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
exponen el contenido de la proposición de referencia, materia del
presente dictamen.
Contenido
Refiere quien promueve esta proposición, que el
Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 21 millones 175 mil 470
derechohabientes y a 26 millones 842 mil 850 familiares (sic), además
de un número importante a través del Programa IMSS Oportunidades,
lo que lo convierte en el principal proveedor de seguridad social en el
país, que en consecuencia requiere de una gran capacidad financiera
y humana.
Continúa refiriendo que en el estado de Tamaulipas,
el IMSS protege al 65 por ciento de la población por medio de 44
unidades médicas, 6 hospitales generales de zona, 1 hospital de
subzona, 6 subdelegaciones, 4 tiendas, 62 guarderías y 2 centros
de seguridad social, en el régimen ordinario, y 2 hospitales y 104
unidades médicas rurales en el programa IMSS Oportunidades.
Señala el autor de la proposición con punto
de acuerdo que se analiza, que el problema de la calidad de los servicios
médicos recae en la falta de inversión y en la calidad de
los servicios, mencionando que la falta de inversión se debe a que
el IMSS tiene que dar beneficios a la población abierta a través
de esquemas como IMSS Oportunidades y el Seguro de Salud para la Familia.
Se expresa, además, en las consideraciones de la
proposición con punto de acuerdo a dictaminar, que el deterioro
en la calidad de los servicios trae como consecuencia largos tiempos de
espera para consulta y para especialidades, así como para estudios
complicados, además de la mala atención del personal y complicaciones
médicas, refiriendo que para los empresarios los costos se elevan
por que tienen que pagar servicios médicos privados.
Por último refiere que a pesar del crecimiento
en el número de derechohabientes a los que hay que dar servicios
médicos, la infraestructura médica sigue siendo la misma,
requiriéndose la construcción de un hospital de especialidades
para la atención de la zona.
A partir de las consideraciones anteriores, el promovente
propone que la Cámara de Diputados, primero, exhorte al Instituto
Mexicano del Seguro Social para que invierta mayores recursos en Reynosa,
Tamaulipas, con el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura,
que se vea reflejada en un incremento del número de camas y en la
construcción de otro hospital; segundo, exhorte al Instituto Mexicano
del Seguro Social a que implemente o de seguimiento a los programas de
calidad en Reynosa, Tamaulipas, a fin de subsanar las deficiencias en la
atención a la salud que existen en dicho municipio, y, tercero,
exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social a que atienda el desabasto
de medicamentos en Reynosa, Tamaulipas.
Consideraciones
1. La Ley del Seguro Social establece que la "seguridad
social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia
médica, la protección de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo,
así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y
previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada
por el Estado".
2. Igualmente establece que "el Seguro Social es el instrumento
básico de la seguridad social, establecido como un servicio público
de carácter nacional en los términos de ella, y que su organización
y administración están a cargo del organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios,
de integración operativa tripartita, en razón de que a la
misma concurren los sectores público, social y privado, denominado
Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter
de organismo fiscal autónomo".
3. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende, en
efecto, a un poco menos de la mitad de la población del país;
al mes de febrero de 2008, el IMSS tenía registrados 11 millones
834 mil 954 asegurados trabajadores permanentes, y, en su conjunto, a 51
millones 63 mil 401 derechohabientes.
4. Es prudente aclarar, en relación a los señalamientos
que en las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo
se hacen, que el programa IMSS Oportunidades, es un programa del Gobierno
Federal con gasto presupuestal incluido en el decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, cuyos recursos administra el Instituto
Mexicano del Seguro Social, pero no los aporta con cargo a sus ingresos,
decreto que es aprobado anualmente por la Cámara de Diputados.
5. Igualmente, la Comisión que dictamina considera
prudente aclarar, también en relación a señalamientos
expresados en las consideraciones que fundamentan la proposición
con punto de acuerdo, de que la falta de inversión se debe a que
el IMSS tiene que dar beneficios, además de a los beneficiarios
del programa IMSS Oportunidades a los que califica como población
abierta, a los inscritos en el Seguro de Salud para la Familia, lo cual
implica dejar sin considerar los graves problemas de financiamiento por
los que el IMSS atraviesa, que tienen que ver con la cuantía de
las cuotas obrero patronales, el alto costo de medicamentos e insumos para
la salud, y las metas de incremento de sus reservas, por citar solo algunos
de ellos, y que, en su conjunto inciden en la falta de recursos para inversión
en instalaciones hospitalarias y en el deterioro de la calidad del servicio
que se presta.
6. Por otra parte, los recursos de que el IMSS dispone
anualmente para cumplir con sus obligaciones legales para con los trabajadores
afiliados y sus familiares derechohabientes, están señalados
con toda precisión en el decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para cada ejercicio fiscal. Y tanto la construcción
de nuevas unidades hospitalarias en general, como el hospital de especialidades
que se propone se construya en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, como
la ampliación o remodelación de unidades de atención
médica, se incluyen en el presupuesto de egresos para cada ejercicio
fiscal, sin que, para el ejercicio fiscal del 2008 esté contemplada
la construcción del hospital de especialidades que se propone.
7. La Comisión que dictamina toma igualmente en
consideración para este dictamen, que la discusión y aprobación
del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es una facultad
exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que exhortar al IMSS
a destinar recursos para fines específicos relacionados con la atención
médica que tiene que proporcionar ese instituto, resulta en un contrasentido,
ya que el órgano encargado de fijar en monto y lugar el destino
de esos recursos, resultaría ser precisamente el exhortante.
8. Con fundamento en las consideraciones anteriormente
expresadas, esta Comisión concluye que, sin dejar de reconocer y
apreciar la intención de mejoría en los servicios que presta
el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se contienen en la proposición
con punto de acuerdo que se dictamina, la misma no es de aprobarse, y recomienda
que, para los efectos que se desean obtener, la petición deberá
ser presentada ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados con la debida oportunidad, para que pueda
ser considerada por ella en el proyecto de dictamen del decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2009.
Por lo expuesto, la comisión somete a la consideración
del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero: No es de aprobarse y se desecha la proposición
con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro
Social a invertir mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo
de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada en un
incremento del número de camas y en la construcción de otro
hospital, y a que implemente o dé seguimiento a los programas de
calidad en Reynosa, Tamaulipas, a fin de subsanar las deficiencias en la
atención a la salud que existen en dicho municipio, así como
a atender el desabasto de medicamentos.
Segundo: Descárguese este asunto de la relación
de pendientes de concluir su trámite legislativo y archívese
como totalmente concluido.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión
de Seguridad Social, a los 21 días del mes de octubre de 2008.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD
SOCIAL, Y DE SALUD, EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Salud
de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados les fue turnada,
para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma el artículo
226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, presentada por el diputado José Manuel del Río
Virgen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.
Las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Salud,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73, fracción
XXX, en relación con lo dispuesto en los artículos 3o., 4o.
y 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así en como
los artículos 57, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo
analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración
de esta honorable asamblea, el dictamen correspondiente, al tenor de los
siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha primero de marzo de 2007, el diputado José
Manuel del Río Virgen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Convergencia, en uso de la facultad que le confiere el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara
de Diputados la iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
dispuso que la iniciativa fuera turnada, para su estudio y dictamen, a
las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Salud, con opinión
de la Comisión de Defensa Nacional.
Establecidos los antecedentes, los miembros de las Comisiones
Unidas de Seguridad Social, y de Salud, de la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados, exponen el contenido de la iniciativa de referencia, materia
de este dictamen.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa presentada por el diputado José Manual
del Río Virgen, se encuentra inmersa en la discusión que
suscitó el amparo de once miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas,
al haber sido dados de baja por que se les detectó que se encontraban
infectados de VIH/sida.
Estos amparos, llegaron al Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la cuál determinó otorgar el
beneficio de la Ley, ordenando la reincorporación de los solicitantes
al activo en las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El promovente de la iniciativa considera que algunos preceptos
de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
son anacrónicos y, desde luego, violatorios de los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos firmados por
México, como la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Considera también que algunos
artículos de la Ley del ISSFAM prejuzgan que los militares infectados
se contagiaron fuera de actos de servicio, privando además de atención
médica, medicinas y pensión a quienes no cuentan con 20 años
de antigüedad.
El promovente sostiene que el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación en la resolución dictada el 16 de agosto
de 2005, determina que la LISSFAM es claramente violatoria en esta materia
del artículo 1 de la Constitución, que en su tercer párrafo
establece la prohibición de discriminar. Que es violatoria del artículo
4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
que prohíbe toda forma de discriminación por motivos de salud,
lo que en el caso se traduce en una pérdida o menoscabo del derecho
fundamental de todas las personas a un trabajo digno.
Por lo anterior, propone derogar los numerales 81, 82
y 83 de la "Primera Categoría" y el numeral 45 de la "Segunda Categoría"
del Artículo 226 de la Ley del ISSFAM, para quedar como sigue:
Artículo 226. …
Primera Categoría
81. Los padecimientos de origen inmunológico
rebeldes al tratamiento o de difícil control. (Se deroga)
82. Los estados de inmunodeficiencia de cualquier etiología,
con susceptibilidad a infecciones recurrentes. (Se deroga)
83. La seropositividad a los anticuerpos contra el
virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias
más infecciones por gérmenes oportunistas o neoplasias malignas".
(Se deroga)
Segunda Categoría
45. La seropositividad a los anticuerpos contra los
virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias.
Respecto del personal técnico aeronáutico
de la Fuerza Aérea Mexicana (personal de pilotos aviadores, de los
servicios y especialistas), los especialistas en medicina de aviación,
apoyados por especialistas del área médica que implique la
patología de que dicho personal pudiera ser portador, serán
los responsables de clasificarlos en esta categoría. (Se deroga)
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa
con proyecto de decreto, los miembros de las Comisiones Unidas de Seguridad
Social, y de Salud de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados,
que suscriben este dictamen, exponen las siguientes:
Consideraciones
1. Las dictaminadoras hacemos notar que la iniciativa
presentada por el diputado José Manuel del Río Virgen, se
enmarca en la discusión sobre las bajas de militares por habérseles
detectado VIH/sida, discusión que se originó en el año
2004, año en el cual se comenzaron a presentar los amparos de militares
dados de baja por haber contraído VIH/sida; cabe resaltar que estos
amparos que se presentaron por ver vulnerados sus derechos ante la decisión
del Instituto de darlos de baja, ateniéndose a la ley que los regula,
comenzaron a tener las primeras resoluciones en la Suprema Corte de Justicia
en el año 2006.
Por lo anterior y en defensa de los derechos de los militares,
el promovente propone que se deroguen los numerales 81, 82 y 83 de la primera
categoría, del artículo 226; así como el 45 de la
segunda categoría del mismo artículo. Numerales que hacen
referencia a padecimientos de origen inmunológico, estados de inmunodeficiencia
y seropositividad, entre los militares en activo y que el diputado considera
violatorios de los derechos de los militares.
2. El promovente de las iniciativa en proceso de dictamen,
se apoyan en los derechos que consagra la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y que consideran, son vulnerados por la
actual legislación del ISSFAM. El primero de ellos tiene que ver
con el artículo 4° de la Constitución y que establece
el derecho de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional
a la protección de la salud, por el solo hecho de encontrarse en
él.
3. En relación a las modificaciones propuestas
a los numerales 81, 82 y 83 de la primera categoría del artículo
226 de la Ley del ISSFAM, es indispensable tomar en cuenta que:
a) Las disposiciones legales vigentes no son suficientes
para realizar la declaración de inutilidad, por el simple hecho
de haber contraído VIH/sida, lo que se puede considerar inconstitucional
puesto que con el mero padecimiento de la enfermedad no se presenta la
inutilidad del militar, tal y como se puede ver dentro del numeral 45 de
la segunda categoría del artículo 226
b) Por su parte es de hacer notar que los numerales 81
y 82 hablan de padecimientos de origen inmunológicos, que si bien
incluyen el VIH/sida no se refieren exclusivamente a esta enfermedad ni
la mencionan específicamente. Lo cual va mas allá de los
motivos que dan origen a estas iniciativas y habla de padecimientos diferentes
con un cuadro sintomático distinto, que no se encuentra en discusión
en la iniciativa en comento.
c) El numeral 83 habla exclusivamente de la seropositividad
a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, con infecciones
por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, sin embargo,
al quitar esta causal, se dejarían desprotegidos los militares que
bajo estas circunstancias, ameritan el ser dados de baja por el hecho de
ser seropositivos con infecciones por gérmenes oportunistas y/o
neoplasias malignas, que los imposibilita para el desempeño de sus
funciones.
d) Es importante mencionar que las categorías establecidas
en el artículo 226 permiten realizar una determinación de
los porcentajes de haber de retiro, que han de recibir los militares en
caso de padecer alguna de estas enfermedades y dependiendo de la categoría
en que se encuentren será el porcentaje que han de recibir, por
lo cual, en caso de que se retiren dichos numerales se pone en riesgo la
remuneración del militar.
4. Por todo lo anterior resulta claro que no es pertinente
derogar los numerales, 81, 82 y 83, puesto que la derogación de
los mismos traería ambigüedad, complicando la Ley, haciéndola
poco clara y poniendo en riesgo las condiciones laborales de los militares.
5. Ahora bien, en relación con la modificación
que se propone al artículo 226 segunda categoría, en el sentido
de derogar el numeral 45 el cual dice: "La seropositividad a los anticuerpos
contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas
suplementarias", numeral del cual, la Corte ha considerado su inconstitucionalidad,
podemos observar que claramente se da de baja al militar sin que este presente
una imposibilidad real para desempeñar las labores encomendadas.
6. Es importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, aprobó el 3 de octubre de
2007 la tesis que declara procedente otorgar la suspensión en el
juicio de amparo promovido contra los efectos de la orden de baja del activo
y alta en situación de retiro por "inutilidad", en los términos
siguientes:
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es
procedente la suspensión en el juicio de amparo promovido contra
los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de
retiro "por inutilidad".
Con fundamento en el artículo 197, último
párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 157/2006,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 199, con
el rubro: "Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es improcedente
la suspensión en el juicio de amparo promovido contra los efectos
de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro por
inutilidad de sus miembros", en virtud de que el Pleno de este Alto
Tribunal al declarar la inconstitucionalidad del artículo 226, Segunda
Categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en vigor, por ser contrario a
las garantías de igualdad y de no discriminación, fijó
el criterio consistente en que la única causa que justifica la baja
del activo de las Fuerzas Armadas y el alta en situación de retiro
por motivos de salud, es la inutilidad, entendida como la no aptitud física
o mental para el servicio de las armas, y no la sola existencia de un padecimiento
o enfermedad, como pueden ser, entre otros, el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). En consecuencia, cuando se solicite la suspensión
de la resolución en la cual se ordene la baja y alta precitadas,
deberá hacerse una apreciación provisional de inconstitucionalidad
de ella, que el Pleno del Máximo Tribunal consideró permitida
para constatar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora,
siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 124 de la
Ley de Amparo, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 15/96,
publicada en el indicado medio de difusión, Tomo III, abril de 1996,
página 16, con el rubro: "Suspensión. Para resolver sobre
ella es factible, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el
artículo 124 de la Ley de Amparo, hacer una apreciación de
carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado".
Por tanto, con base en la declaración del Tribunal Pleno, debe considerarse
presuncionalmente inconstitucional la resolución en la cual se ordena
la baja del servicio activo de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas
y su alta en situación de retiro por motivos de salud; por lo que
es procedente otorgar la suspensión de los efectos y consecuencias
de esa resolución, a fin de que el quejoso continúe prestando
sus servicios como miembro activo del Ejército Mexicano, perciba
sus haberes y todas las prestaciones generadas que por estar en activo
le correspondan legalmente; sea en la misma área en la cual ha realizado
sus labores o en una distinta acorde a sus capacidades, derivadas de su
estado de salud.
Clave: 2a./J., Núm.: 197/2007
Solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2007-SS.
Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3 de octubre de 2007. Cinco votos; los Ministros Mariano Azuela Güitrón
y Sergio Salvador Aguirre Anguiano votaron con salvedades. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Tesis de jurisprudencia 197/2007. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre
de dos mil siete.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
Temas: Administrativo.
Derecho Militar.
7. La Comisión de Defensa Nacional, en su oportunidad,
emitió opinión favorable a la derogación del numeral
45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del
ISSFAM.
8. Al margen de lo anteriormente señalado y de
la viabilidad de la propuesta del promovente, es importante mencionar que
en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, celebrada el 27 de agosto de 2008, el Titular del Poder
Ejecutivo Federal, presentó una iniciativa de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, misma que fue turnada
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad
Social, de Defensa Nacional y de Marina de la Cámara de Diputados,
cuyo dictamen en sentido positivo fue aprobado el 14 de octubre de 2008.
Esta iniciativa recoge la propuesta de la iniciativa que se dictamina y
que ya contempla la resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que declaró inconstitucional el numeral 45 de la
segunda categoría del artículo 226 del citado ordenamiento,
quedando comprendido dentro del numeral 19 de la tercera categoría.
Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del inciso
A) del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las
Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Salud, con opinión de
Defensa Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración
del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, turnada a las Comisiones
Unidas de Seguridad Social, y de Salud, con opinión de la Comisión
de Defensa Nacional.
Segundo. Descárguese de los asuntos pendientes
e infórmese al promovente.
EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 151
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Social, de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen,
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151
de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La comisión, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, en relación
a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 41, todos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos
e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 57,
87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, una vez analizado el contenido de la iniciativa
de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea
el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. El 13 de marzo de 2008, el diputado Pablo Trejo Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en uso de la facultad que le confiere el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara
de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo
151 de la Ley del Seguro Social.
II. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso
que la iniciativa fuera turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión
de Seguridad Social.
Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión
de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados,
exponen el contenido de la iniciativa de referencia, materia del presente
dictamen:
Contenido de la iniciativa
El promovente de la iniciativa comenta que, cuando una
persona cubre el número de las semanas cotizadas requeridas para
acceder a una pensión y no cuenta con la edad mínima para
hacer efectivo su retiro, tiene que esperar a cumplir la edad requerida
de 60 o más años. Ya que la Ley del Seguro Social establece
una temporalidad para que se pueda realizar el trámite de la jubilación,
periodo en el cual se conservan los derechos mientras se alcanza la edad
para la jubilación. El problema es, de acuerdo al autor de la iniciativa,
que si la persona no alcanza la edad mínima en el periodo de conservación
de derechos, pierde la vigencia de estos y para recuperarlos, el trabajador
tiene que regresar a trabajar por un periodo determinado para, al fin,
poder conseguir la reactivación de la vigencia de sus semanas de
cotización y así poderse jubilar.
Lo anterior es ejemplificado por el promovente del modo
siguiente: "si un trabajador tiene mil 900 días cotizados, tendremos
que dividir este total de cotizaciones entre cuatro y luego entre 52 para
definir el periodo que lo esperará el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), sin necesidad de cotizar nuevamente, para que cumpla la
edad requerida, por lo que, en ese caso, el periodo de conservación
de derechos será por nueve años. Luego, si el trabajador
al ser dado de baja tenía, por ejemplo, 54 años, podrá
cumplir perfectamente la edad de 60 años dentro del periodo de espera
y acceder a su pensión sin necesidad de reafiliarse y volver a cotizar.
Por el contrario, si, por ejemplo, el trabajador tenía 49 años
al perder la relación de trabajo subordinada, los 9 años
de espera no serán suficientes para que cumpla los sesenta años,
en virtud de lo cual para tener derecho a una pensión deberá
reafiliarse y cubrir nuevamente cuotas por un periodo de 52 semanas."
Por lo anterior, el promovente considera que la exigencia
de la reafiliación de las personas en edad de pensionarse, es más
bien una trampa jurídica para excluir del acceso a una pensión,
al mayor número de personas posible, porque evidentemente es difícil
el reempleo de ellas a una edad avanzada.
La propuesta establecida en la iniciativa, es la modificación
del artículo 151 para que se establezca la posibilidad de que los
trabajadores no tengan que reafiliarse para conseguir la jubilación
y que el Consejo Técnico del IMSS, mediante acuerdo, prevea que
los trabajadores cubran el año de cotización necesarios sin
necesidad de reafiliarse y entregando al IMSS directamente lo equivalente
al año de cotización en uno o varios pagos.
Establecidos los antecedentes y el contenido del proyecto,
los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponen
las siguientes:
Consideraciones
1. Como bien se muestra en la iniciativa en comento,
en el sistema de seguridad social establecido en la Ley del Seguro Social,
la pensión es una garantía social esencial para hacer posible
un mínimo para la existencia con dignidad, a las personas que por
razón de la edad, reducen o pierden su capacidad laboral. Esta prestación
requiere de diversas condiciones para que se pueda obtener, lo cual se
dificulta no sólo por los requisitos para su obtención, sino
también por la complicada situación económica que
guardan los sistemas de seguridad social del país y que pone en
riesgo la viabilidad del sistema.
2. Por su parte, el seguro de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez, contempla el otorgamiento de una pensión
a los asegurados que cumplan los requisitos establecidos en la Ley del
Seguro Social. Estos requisitos son básicamente dos: por un lado
la edad mínima para el retiro y por el otro el reconocimiento de
un número mínimo de cotizaciones. En el caso de la edad,
la ley establece como requisito tener 60 años cumplidos o más,
y haber quedado privado de trabajo remunerado, en el caso de la cesantía
en edad avanzada, o tener 65 años cumplidos o más, en el
caso del ramo de vejez. Además, el asegurado tiene que acreditar
un número determinado de cotizaciones semanales al IMSS. En la ley
vigente, este requisito es de mil 250 cotizaciones semanales, a diferencia
de la ley anterior que sólo demandaba 500 semanas de cotización.
Como al inicio de la vigencia de la Ley del Seguro Social (1º de julio
de 1997) existían asegurados que habían cotizado al amparo
de la ley anterior, se establecieron artículos transitorios para
que sus derechos fueran respetados. Concretamente, el artículo undécimo
transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 21 de diciembre de 1995 sanciona que:
"Undécimo. Los asegurados inscritos con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor de esta ley, al momento de cumplirse los
supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las
pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos de trabajo,
se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán
optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece
la presente ley."
3. Ahora bien, el reconocimiento de derechos juega un
papel importante como figura jurídica que surge en la seguridad
social, en atención a que la mayoría de los trabajadores
que no tienen una trayectoria laboral ininterrumpida, sino que en ocasiones
cambian de patrón, no cotizan al régimen obligatorio del
Seguro Social o cotizan en otro régimen de seguridad social, ya
sea local o federal, requieren de un periodo de tolerancia hasta que se
continúe con la cotización y así poder sumar esas
nuevas cotizaciones para la futura pensión. Ante este fenómeno,
se dispone que el trabajador que hubiera dejado de cotizar y que el periodo
de conservación de derechos hubiese fenecido, tenga la posibilidad
de que las semanas de cotización que haya acumulado antes de la
baja del régimen obligatorio se tomen en cuenta, al haber una reinscripción
al régimen del Seguro Social.
4. Sumado a lo anterior, es posible notar que tanto en
la ley vigente como en la anterior, se establecieron mecanismos para el
caso de los asegurados que dejen de cotizar al régimen obligatorio
y vuelvan a éste, a fin de que sus derechos adquiridos se conservaran
y se reconocieran. Estas disposiciones están contenidas en los artículos
150, 151 y 301 de la ley vigente. El artículo 150 se refiere a la
conservación de derechos y señala que: "Los asegurados que
dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los
derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez
y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus
cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja, estableciéndose
que este tiempo de conservación de derechos no será menor
de doce meses." Con esta normatividad, se permite al asegurado que deje
de pertenecer al régimen obligatorio conservar los derechos adquiridos
por sus cotizaciones al Seguro Social, por un periodo igual a la cuarta
parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones contado a partir de la fecha
de su baja.
5. Por otro lado, el artículo 151 de la ley (mismo
que se propone reformar) se refiere al reconocimiento de los mismos derechos,
pero señala tiempos de espera a los asegurados que habiéndoseles
dado de baja reingresen al régimen obligatorio para que las cotizaciones
acumuladas sean contabilizadas para el otorgamiento de una pensión.
Esto se puede notar en la fracción segunda, donde se menciona que
si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis,
se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir
de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas
de nuevas cotizaciones. En el caso de la fracción tercera, se debe
de considerar que si el periodo que se dejó de cotizar es mayor
a seis años, el reconocimiento de derechos surge hasta que el asegurado
haya cotizado, a partir de la reinscripción, por lo menos cincuenta
y dos semanas.
Por su parte, el nuevo periodo de cotización tiene
que ser continuo y si se interrumpe, aunque sea por una sola cotización,
no procederá el reconocimiento de derechos, y ésta será
suficiente para que a partir de la nueva reinscripción se requiera
cumplir el plazo señalado por la ley en forma ininterrumpida.
6. En este contexto, queda claramente establecida la intención
y la plena justificación del promovente para permitir que los asegurados
que hayan cumplido los requisitos de edad y cotizaciones, accedan a una
pensión sin el requisito de volver a cotizar en caso de haber dejado
de pertenecer al régimen obligatorio. Sin embargo, estas comisiones
dictaminadoras consideran que la modificación al artículo
151 de la Ley del Seguro Social que se propone no es acertada en el sentido
de que en la ley vigente, a diferencia de la Ley del Seguro Social de 1973,
sólo se refiere al seguro de invalidez y vida, en tanto que las
consideraciones que se vierten en la iniciativa que se dictamina corresponden
al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.
7. La comisión que emite el presente dictamen coincide
con el sentido de la iniciativa, pero es indispensable recordar que este
tema cuenta con un antecedente que es importante mencionar. El miércoles
26 de abril de 2006, se aprobó por el Pleno de esta Cámara
de Diputados de la LIX Legislatura, el dictamen a la iniciativa con proyecto
de decreto, que adiciona un párrafo al artículo 151 de la
Ley del Seguro Social, promovida por el diputado Agustín Miguel
Alonso Raya, integrante del Partido de la Revolución Democrática,
la cual propone, para otorgar efectivamente los derechos consagrados en
la seguridad social, al garantizar el derecho a la salud, la protección
de los medios de subsistencia y el otorgamiento de una pensión por
cesantía en edad avanzada y vejez, la adición que, permite
que a los asegurados que hayan cumplido los requisitos de edad (65 años)
y cotizaciones establecidas en la Ley del Seguro Social para acceder a
una pensión, no se les exija volver a cotizar en caso de haber dejado
de pertenecer al régimen obligatorio, pues resulta un requisito
casi imposible para una persona adulta mayor el reincorporarse al mercado
laboral formal.
8. La LIX Legislatura, tuvo a bien aprobar, en relación
a la iniciativa a que se hace referencia en la consideración anterior,
no una reforma al artículo 151 de la ley, sino la adición
de un párrafo al artículo décimo octavo transitorio
de la Ley del Seguro Social en el sentido de que se otorgue una pensión
por cesantía en edad avanzada o vejez a aquellos que hayan cubierto
requisitos legales de edad y cotizaciones sin necesidad de que vuelvan
a cotizar para que se les reconozcan estos derechos, lo que permitirá
otorgar una pensión a aquellas personas adultas mayores que acreditan
ante el IMSS 500 o más cotizaciones semanales. Lo anterior, debido
a que la ley vigente desde 1997 requiere de mil 250 semanas de cotización,
lo cual no alcanzará ningún trabajador hasta el año
2021.
9. Si bien la iniciativa del diputado Pablo Trejo busca
establecer una opción para los trabajadores que han perdido la vigencia
de sus derechos y que al haber cumplido con los requisitos, desean tramitar
su jubilación, mediante el pago de las semanas requeridas para recuperar
la vigencia de los derechos, en primer término hay que señalar
que, realizar el pago de un número determinado de cotizaciones para
reactivar los derechos como propone, es incongruente, pues el trabajador
ha cumplido ya con los requisitos de la jubilación, con tantas semanas
como se requiere y en muchos casos con más, haciéndose acreedores
a su derecho de jubilación. En segundo término, tomando en
cuenta que la legislatura pasada aprobó el dictamen a una iniciativa
que persigue los mismos fines, resulta inoportuno hacer una nueva modificación
a la ley cuando ya hay otra que se encuentra en proceso para su aprobación
en la cámara revisora y su posterior publicación.
10. Esta comisión dictaminadora consideran que
la iniciativa ya aprobada por esta Cámara en la anterior legislatura,
se encuentra en condiciones de permitir el acceso a las pensiones a un
grupo importante de personas adultas mayores que por cuestiones ajenas
a su voluntad dejaron de cotizar al IMSS y ahora encuentran cerradas las
puertas del mercado de trabajo formal. Los derechos adquiridos por la vía
del aseguramiento se harán efectivos con esa modificación
y podrán mejorar la situación de estas personas, lo cual
ampliará el umbral de la protección social a que está
comprometida nuestra nación, y cumple con las expectativas de la
iniciativa motivo del presente dictamen.
Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del inciso
G) del artículo 72 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de
Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, somete a la consideración del Pleno
de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, turnada
a la Comisión de Seguridad Social, por las razones expuestas en
las correspondientes consideraciones.
Segundo. Descárguese de los asuntos pendientes
y archives como asunto totalmente concluido.
Dado en el salón de sesiones de las Comisiones
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, a 21
de octubre de 2008.