Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2643-V, jueves 27 de noviembre de 2008.
Dictámenes a discusión
-
De la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta,
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y de Coordinación
Fiscal.
-
De la Comisión de Salud,
con proyecto de decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General
de Salud.
-
De la Comisión de Economía,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y del Código
de Comercio.
-
De la Comisión de Economía,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Federal de Protección al Consumidor.
-
De la Comisión de Desarrollo
Rural, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
-
De la Comisión de Desarrollo
Rural, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del
artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Dictámenes
DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS,
Y DE COORDINACIÓN FISCAL
Noviembre 12 de 2008
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados
las iniciativas de reformas y adiciones a las Leyes de los Impuestos sobre
la Renta, sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Federal sobre Automóviles
Nuevos, al Valor Agregado y de Coordinación Fiscal, en la forma
siguiente:
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, a cargo del diputado Emilio Flores Domínguez, del Grupo
Parlamentario del PAN, de fecha 17 de junio de 2008.
2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción VI al artículo 5o. y reforma el artículo
14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; adiciona
la fracción IV al artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos; y adiciona la fracción X al artículo
9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de los diputados
Jorge Emilio González Martínez, José Antonio Arévalo
González y Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM,
de fecha 30 de septiembre 2008.
3. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo transitorio al decreto por el que se reforma la tarifa
del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
presentada por el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario
del PRI, el 23 de octubre de 2008.
4. Iniciativa que reforma el artículo 4-B de la
Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los diputados Tomás
Gloria Requena, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Horacio Garza Garza,
Enrique Cárdenas del Avellano y Miguel Ángel González
Salum y la senadora Amira Gómez Tueme, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de agosto de 2008.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades
que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se abocó al análisis de las citadas iniciativas y conforme
a las deliberaciones que sobre las mismas realizaron los miembros de esta
Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en
Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
1. En la sesión del 17 de junio de 2008, la Mesa
Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, a cargo del diputado Emilio Flores Domínguez, del Grupo
Parlamentario del PAN, para su estudio y dictamen.
2. En la sesión del 30 de septiembre de 2008, la
Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción
VI al artículo 5o. y reforma el artículo 14-B de la Ley del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; adiciona la fracción
IV al artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos; y adiciona la fracción X al artículo 9o. de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de los diputados Jorge Emilio González
Martínez, José Antonio Arévalo González y Diego
Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM, para su estudio y dictamen.
3. En la sesión del 23 de octubre de 2008, la Mesa
Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo
transitorio al decreto por el que se reforma la tarifa del artículo
14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo
del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del
PRI, para su estudio y dictamen.
4. En sesión de la Comisión Permanente del
20 de agosto de 2008, se presentó la iniciativa que reforma el artículo
4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, del diputado Tomás
Gloria Requena, en nombre propio, de la senadora Amira Gómez Tueme
y de los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Horacio Garza
Garza, Enrique Cárdenas del Avellano y Miguel Ángel González
Salum, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
turnándose a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
para su estudio y dictamen.
Descripción de las iniciativas
1. La iniciativa presentada por el diputado Emilio Flores
Domínguez del Grupo Parlamentario del PAN, propone reformar la fracción
IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el
fin de que los fondos de aseguramiento agropecuario y rural que no operen
con terceros y siempre que no realicen gastos para la adquisición
de negocios tales como premios, comisiones y otros semejantes, sean considerados
como personas morales con fines no lucrativos para efectos del impuesto
sobre la renta, es decir, como personas morales no contribuyentes dando
a dichos fondos el mismo tratamiento fiscal que actualmente otorga la Ley
del Impuesto sobre la Renta a las sociedades mutualistas de seguros que
no operan con terceros.
2. La iniciativa presentada por los diputados Jorge Emilio
González Martínez, José Antonio Arévalo González
y Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM, incorpora exenciones
o tratamientos preferenciales para los vehículos eléctricos
e híbridos en materia de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos,
federal sobre automóviles nuevos y al valor agregado, así
como un impuesto por emisión de contaminantes, en los siguientes
términos:
En materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
se propone la creación de un impuesto sobre las emisiones de carbono,
adicional al impuesto sobre tenencia, aplicable a los automóviles
de año modelo 2009 en adelante, con tasas que oscilan entre 0% y
1% de acuerdo a dichas emisiones. Como complemento, la iniciativa propone
que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos aplicable a vehículos
eléctricos e híbridos nuevos se reduzca del 0.16% a 0%.
Respecto al impuesto federal sobre automóviles
nuevos, se propone exentar de este impuesto a los vehículos eléctricos
e híbridos.
En materia del impuesto al valor agregado se propone exentar
de dicho impuesto a la enajenación de vehículos eléctricos
e híbridos, y se menciona en la iniciativa que esta medida no mermará
significativamente las finanzas públicas, debido a que la venta
anual de este tipo de vehículos sería entre 10 y 100 unidades.
Los argumentos que se expresan en la exposición
de motivos que sustentan esta iniciativa son, entre otros, los siguientes:
Actualmente se están desarrollando tecnologías
para crear transportes más eficientes y menos contaminantes, a base
de celdas de hidrógeno, aire comprimido, baterías solares,
entre otros.
Los modelos híbridos no son los únicos autos
eficientes que existen en el mercado, de tal forma que la iniciativa plantea
que para lograr una mejora ambiental y ahorrar recursos, se deben impulsar
los autos con menores emisiones totales sin importar que sean híbridos
o no.
A nivel internacional ya se observa la tendencia de utilizar
el reporte de emisiones contaminantes como criterio para incentivos fiscales,
tal como sucede en el caso del Reino Unido con el Vehicle Excise Duty que
se calcula en base a emisiones de carbono y que equivaldría a que
la tenencia fuera calculada con ese criterio.
Se plantea que en México el esquema actual de impuestos
para automóviles concentra la recaudación en los vehículos
nuevos, provocando que los autos con 10 años de antigüedad
paguen 0.3% del valor de adquisición, en contra del 3% que pagan
los nuevos. Este esquema de recaudación impide la renovación
del parque vehicular y promueve la permanencia de los autos obsoletos,
favoreciendo la inseguridad y contaminación.
3. La Iniciativa presentada por el diputado Javier Guerrero
García, del Grupo Parlamentario del PRI, señala que el 1o.
de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se reforma la tarifa del
artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
De acuerdo con su exposición de motivos, se menciona
que el objetivo de dicha reforma, fue el que las motocicletas pagaran un
impuesto menor que el que se calculaba con la tarifa anterior, sin embargo,
al entrar en vigor esta reforma, las motocicletas de modelos 2007 y anteriores,
pagarán un impuesto mayor que las motocicletas con el mismo valor
de modelo 2008.
Por ello, el propósito de esta iniciativa, es corregir
la forma de cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
a efecto de que no pague más impuesto una motocicleta usada que
una nueva.
4. La iniciativa que propone reformar el artículo
4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, en la forma siguiente:
Modificar el nombre del Fondo de Extracción de
Hidrocarburos por el de Fondo de Hidrocarburos.
Incrementar de 0.46 al 2 por ciento el porcentaje con
el que se integra el Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
Replantear la distribución del Fondo de Extracción
de Hidrocarburos para que:
- La mitad se asigne de acuerdo con el volumen de extracción
y que esta parte se distribuya en un 60 por ciento por crudo y 40 por ciento
por gas.
- La otra mitad se asigne en 90 por ciento en función
de la producción de petrolíferos y 10 por ciento en función
de petroquímicos básicos.
Establecer el destino que debe darse a los recursos que
se distribuyen a través del Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
Consideraciones de la Comisión
1. En relación con la propuesta presentada por
el diputado Emilio Flores Domínguez del Grupo Parlamentario del
PAN, esta dictaminadora considera necesario mencionar que conforme a lo
establecido en el artículo 3 de la Ley de Fondos de Aseguramiento
Agropecuario y Rural (LFAAR), los fondos de aseguramiento son sociedades
constituidas en los términos de la citada Ley y tienen por objeto
ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través
de operaciones activas de seguros y coaseguros. Las coberturas que pueden
ofrecer se circunscriben a lo siguiente:
En operaciones de daños: al ramo agrícola
y de animales y a aquellos ramos que específicamente registren ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el
aseguramiento de los bienes conexos a la actividad agropecuaria, rural
y patrimonial.
En operaciones de vida: a coberturas con sumas aseguradas
limitadas para atender esquemas de saldo deudor y vida para familias campesinas.
En operaciones de accidentes y enfermedades de sus socios:
el ramo de accidentes personales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de
la LFAAR, para la constitución de los fondos es necesaria la suscripción
de un contrato social y los estatutos, mismos que deberán contenerse
en escritura pública, la cual deberá establecer el carácter
de sociedad sin fines de lucro del referido fondo. Además, conforme
a lo establecido en la fracción II del artículo 7 de la citada
Ley, el objeto social se deberá limitar al funcionamiento como fondo
de aseguramiento.
Por su parte el artículo 8 de la LFAAR, señala
que el registro para operar como fondo de aseguramiento será otorgado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo
dictamen del Organismo Integrador –Asociaciones de Fondos de Aseguramiento
que se constituyan en los ámbitos nacional, estatal y local, de
conformidad con lo previsto en la Ley– encargado de elaborar el dictamen
respectivo sobre la procedencia para operar como fondo de aseguramiento.
Para ser socio de un fondo de aseguramiento, el artículo
26 de la LFAAR establece que se debe de tratar de personas físicas
de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y que realicen
actividades agrícolas o pecuarias, o que tengan residencia en el
medio rural. En el caso de personas morales, éstas deben ser de
nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros,
cuyo objeto social prevea la realización de actividades agrícolas
o pecuarias, o del medio rural. Además, se exige no ser socio de
otro fondo de aseguramiento, salvo que el fondo al que pertenezcan originalmente
no pueda otorgarle los servicios de aseguramiento, lo cual se debe acreditar
con la constancia respectiva que dicho fondo expida.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29
de la LFAAR, los fondos de aseguramiento funcionarán de manera que
las coberturas que practiquen no tengan fines de lucro para el mismo ni
para sus socios y sólo podrán cobrar a éstos por concepto
de cuota lo indispensable para sufragar los gastos generales que ocasione
su gestión y las cuotas para sus organismos integradores, cubrir
la prima de reaseguro y accesorios, constituir o incrementar conforme a
la Ley las reservas técnicas necesarias para el cumplimiento de
sus compromisos de aseguramiento con sus socios.
Es importante señalar, que conforme a lo dispuesto
expresamente en el artículo 30 de la LFAAR, los fondos de aseguramiento
únicamente pueden ofrecer servicio de seguros a sus socios, por
lo que no pueden otorgar protección a terceras personas, señalando
al respecto el artículo 74, fracción VIII de la citada Ley,
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá
revocar el registro al fondo de aseguramiento que asegure a personas que
no tengan el carácter de socio.
En tal sentido esta Dictaminadora concluye lo siguiente:
a) Los fondos de aseguramiento agropecuario y rural
son sociedades que se constituyen de acuerdo con lo requisitos establecidos
en la LFAAR, sin fines de lucro y cuyo objeto consiste únicamente
en ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través
de operaciones activas de seguros y coaseguros.
b) Los fondos no pueden realizar operación alguna
con terceros ajenos a los socios, ya que en caso de realizar operaciones
con terceros la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
puede revocar el registro del fondo para operar como tal.
c) Los citados fondos tienen la naturaleza jurídica
de una mutualidad que sólo realiza operaciones de aseguramiento
con sus socios, por lo que en este sentido, se encuentran en las mismas
circunstancias que las sociedades mutualistas de seguros a que se refiere
la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.
En este orden, la que dictamina estima correcta y adecuada
la propuesta de reforma a la fracción IX del artículo 95
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incorporar a los fondos
de aseguramiento agropecuario y rural, ya que con ello se estaría
dando un tratamiento fiscal idéntico a sujetos que se encuentran
en las mismas circunstancias, como lo son los citados fondos y las sociedades
mutualistas de seguros que no operan con terceros.
En adición a lo anterior, es de mencionar que la
reforma propuesta evita que exista arbitraje en relación con los
fondos de aseguramiento y las sociedades mutualistas de seguros por razones
de carácter fiscal, lo que daría neutralidad al sistema tributario
en esta materia.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión considera
necesario adicionar una coma después de la palabra "Rural", a efecto
de clarificar que las condiciones establecidas para ser persona moral no
contribuyente del ISR califican tanto a las sociedades mutualistas como
a los fondos de aseguramiento rural, para quedar como sigue:
Artículo 95. ...
IX. Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario
y Rural, que no operen con terceros, siempre que no realicen gastos para
la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otros
semejantes.
...
2. En relación con la propuesta presentada por los
diputados Jorge Emilio González Martínez, José Antonio
Arévalo González y Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario
del PVEM, en el sentido de establecer un impuesto sobre las emisiones de
carbono a los automóviles nuevos de año modelo 2009 en adelante,
la que dictamina considera que es inequitativa, ya que si el objeto de
este nuevo gravamen son las emisiones de carbono, no se encuentra justificación
objetiva alguna para que sólo se proponga gravar a las unidades
de años más recientes, discriminando a las unidades usadas
de años modelo anteriores a 2009, si todas ellas emiten contaminantes.
Más aún si se considera que son las unidades de modelos recientes
las que generalmente son más eficientes en el uso de combustibles
y por lo tanto generan menores emisiones de carbono.
Por otra parte, incorporar un nuevo impuesto de carácter
ecológico para gravar las emisiones de carbono en la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos cuyo objeto es gravar precisamente
la tenencia o uso de vehículos, además de que podría
complicar su estructura, debe diseñarse sobre bases y criterios
distintos a los que toman en consideración el valor del vehículo.
Asimismo, debe mencionarse que este nuevo impuesto de
carácter ecológico, debe vincularse con una serie de disposiciones
que precisen, en materia de emisiones de carbono, su clasificación,
definiciones aplicables, criterios, así como los lineamientos y
procedimientos para su medición y control. Por ello, se considera
necesario que exista este marco de disposiciones administrativas aplicables
a las emisiones de carbono, para que una propuesta de carácter ecológico
pueda ser viable.
En cuanto a la propuesta de reducir la tasa del impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos aplicable a vehículos nuevos
eléctricos e híbridos, de 0.16% a 0%, esta Dictaminadora
la considera adecuada, en virtud de que se refuerza la medida que hoy día
se fomenta con la citada tasa de 0.16% para la adquisición de este
tipo de unidades que son menos contaminantes y que utilizan menor cantidad
de combustible, lo que significa disminuir las emisiones totales de gases
contaminantes, contribuyendo así a lograr una mejora ambiental,
al tiempo que permitirá ahorrar recursos. Por ello, se considera
que ya no sería necesaria la precisión del segundo párrafo
del artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, por lo que se propone su derogación. No obstante
lo anterior, la que dictamina considera conveniente reformar el primer
párrafo del citado artículo 14-B para precisar que los automóviles
eléctricos nuevos a los que se les aplicará la tasa del 0%
del impuesto son, además de aquellos que cuenten con motor de combustión
interna, también aquellos que sean accionados por hidrógeno.
En este sentido, la redacción del primer párrafo
del artículo 14-B quedaría en la siguiente forma:
Artículo 14-B. Tratándose de automóviles
eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos
nuevos, que además cuenten con motor de combustión interna
o con motor accionado por hidrógeno, el impuesto se pagará
a la tasa de 0%.
Por otra parte, respecto a la exención del pago del
impuesto sobre automóviles nuevos a la enajenación o importación
de automóviles eléctricos e híbridos, es importante
señalar que en materia de estímulos fiscales, las Leyes de
Ingresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2003 y hasta
la fecha, e incluso en la propia iniciativa presentada por el Ejecutivo
Federal para 2009 y que fue aprobada por las Cámaras de Diputados
y Senadores el pasado mes de octubre, han contemplado la exención
del pago del citado impuesto sobre automóviles nuevos que se cause
a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público
en general o que importen definitivamente en los términos de la
Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través
de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos
eléctricos que además cuenten con motor de combustión
interna.
Por lo anterior, la que dictamina considera conveniente
que la exención del impuesto sobre automóviles nuevos aplicable
a automóviles eléctricos e híbridos continúe
como un estímulo, tal como se establece actualmente.
En cuanto a la exención que se propone en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, esta Dictaminadora considera que técnicamente
no es conveniente otorgar tratamientos diferenciados preferenciales a ciertos
bienes y servicios con un fin extrafiscal, tal como sucede en la iniciativa
en comento, ya que va en contra del objetivo de la política tributaria
de mejorar el diseño del impuesto.
También se considera que exentar del impuesto al
valor agregado la enajenación de automóviles eléctricos
e híbridos nuevos sería una disposición regresiva
en la medida que la población beneficiada sería exclusivamente
aquella de mayores ingresos, ya que es justamente este segmento de la población
la que tiene el poder adquisitivo para comprar este tipo de vehículos.
Si bien en el corto plazo, la exención del impuesto
al valor agregado por la enajenación de vehículos eléctricos
e híbridos nuevos, podría implicar un reducido costo recaudatorio,
en el mediano y largo plazos dicho sacrificio fiscal podría incrementarse
en la medida en que los adelantos tecnológicos permitan sustituir
en su totalidad la actual flota vehicular por vehículos eléctricos
e híbridos.
Ahora bien, no obstante que en la iniciativa que se dictamina
se plantea que en un futuro, cuando exista una amplia penetración
en el mercado de este tipo de vehículos, el legislador podría
eliminar la referida exención, debe tomarse en cuenta que la experiencia
muestra que una vez implementado un tratamiento preferencial en el impuesto
al valor agregado, difícilmente es eliminado.
Por otra parte, considerando que la iniciativa que se
dictamina otorga la exención en el impuesto al valor agregado a
la enajenación de vehículos eléctricos e híbridos
nuevos, se estaría dando un tratamiento inequitativo dado que la
enajenación de vehículos eléctricos e híbridos
seminuevos o de segunda compra que se realice entre empresas, estaría
gravada a la tasa general.
Por último, si bien actualmente los vehículos
eléctricos e híbridos son importados en su totalidad, cuando
la industria automotriz nacional tenga la capacidad de producir dichos
vehículos, los productores nacionales enfrentarían la carga
fiscal que significaría la imposibilidad de acreditar el impuesto
al valor agregado que les haya sido trasladado por la adquisición
de sus insumos, así como de maquinaria y equipo, de tal forma que
se afectaría la competitividad de los productores nacionales de
dicho tipo de vehículos, respecto de productores extranjeros.
En este sentido, esta medida afectaría la competitividad
de los productores nacionales que existan en su momento, ya que en el caso
de la importación el precio se encontraría libre de impuestos
al aplicar en el país de origen el principio de imposición
en los países de consumo, mientras que los productores nacionales
enfrentarían la carga fiscal que significaría la imposibilidad
de acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado.
3. En relación con la propuesta presentada por
el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del
PRI, sobre la determinación del impuesto sobre tenencia o uso de
motocicletas usadas, que establece que dicho impuesto se determinará
para el año de 2009, aplicando al impuesto pagado en 2009 de una
unidad nueva cuyo precio sea semejante al valor de factura, el 10% por
cada año de antigüedad hasta el año 2012, la que dictamina
observa que dicha propuesta tiene como objeto corregir que las unidades
usadas paguen un impuesto mayor que las motocicletas nuevas, situación
derivada de la aplicación de la tarifa para motocicletas nuevas
aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1
de abril de 2008.
Sin embargo, esta Dictaminadora considera que en los términos
en los que se propone la reforma, presenta algunas inconsistencias. En
efecto, la tabla propuesta prevé que el impuesto sobre tenencia
o uso de vehículos se pagará hasta el 2012, cuando en realidad
se prevé que se pague hasta 2011.
También se observa que en la iniciativa no se establece
para efectos de los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, la forma de cálculo
del impuesto para las unidades años 2009 y 2010.
Por otra parte, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos
no se calculó considerando 9 años modelos anteriores como
lo establece la Ley, y tampoco se establece la forma en la que se resolverá
el supuesto de aquellas motocicletas cuyos precios no sean semejantes.
No obstante lo anterior, la que dictamina está
de acuerdo en corregir el problema planteado en la iniciativa. Al respecto,
y con el propósito de que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos
de motocicletas usadas sea equitativo respecto de la nueva tarifa de motocicletas
nuevas, para determinar este impuesto se propone aplicar al valor total
de la unidad un factor de depreciación, de acuerdo al año
modelo de la motocicleta.
A la cantidad obtenida conforme al procedimiento descrito
se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo
14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Finalmente, para efectos de la depreciación mencionada,
se propone que los años de antigüedad se calculen con base
en el número de años transcurridos a partir del año
modelo al que corresponda el vehículo.
Por lo anterior, se propone adicionar un artículo
15-E a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con
la siguiente redacción:
Artículo 15-E. Tratándose de motocicletas
de fabricación nacional o importadas, de hasta nueve años
modelo anteriores al de aplicación de esta Ley, el impuesto será
el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:
El valor total de la motocicleta se multiplicará
por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo de
la motocicleta, de conformidad con la siguiente:
Tabla
Años de antigüedad
Factor de depreciación
1
0.9
2
0.8
3
0.7
4
0.6
5
0.5
6
0.4
7
0.3
8
0.2
9
0.1
A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior,
se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo
14 de esta Ley.
Para efectos de la depreciación a que se refiere
este artículo, los años de antigüedad se calcularán
con base en el número de años transcurridos a partir del
año modelo al que corresponda la motocicleta.
Derivado de la adición de este artículo, cuyo
propósito es establecer la mecánica de cálculo del
impuesto específicamente para las motocicletas usadas, es necesario
eliminar del primer párrafo del artículo 15-B de la Ley del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la referencia que se
hace a las motocicletas. Por lo anterior, la redacción que se propone
del citado primer párrafo del artículo 15-B, quedaría
de la siguiente forma:
Artículo 15-B. Tratándose de vehículos
de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos
5o., fracción IV y 14-B de esta Ley, así como de aeronaves,
excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros,
el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda
conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo
con la siguiente:
...
Con la aplicación del procedimiento anterior, se logrará
que el impuesto sobre tenencia o uso de motocicletas usadas sea equitativo
respecto de los pagos resultantes de aplicar la tarifa de este impuesto
a las motocicletas nuevas, y se estima que esta medida representará
una menor recaudación por concepto de este impuesto por alrededor
de 42 millones de pesos.
4. La exposición de motivos de la Iniciativa que
reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal,
señala entre otras cosas que:
La actividad relacionada con la extracción, producción
y procesamiento del petróleo y del gas no siempre refleja mejores
condiciones de vida para las personas que viven en las poblaciones donde
se realizan esas actividades; por el contrario, impactan negativamente
a las otras actividades productivas de esas regiones, principalmente por
el deterioro del medio ambiente, que se traduce en erosión de los
suelos, disminución de la calidad del agua, emisión de gases
contaminantes y pérdida de la biodiversidad por la modificación
de los ecosistemas terrestres y marinos.
Corresponde a las dependencias competentes de los tres
órdenes de gobierno, a Pemex y a la sociedad en general, coordinar
los esfuerzos tendentes a evaluar, atender y remediar las afectaciones
de diversa índole que ocasiona la industria petrolera, con lo que
se determina un compromiso de corresponsabilidad entre quienes generan
y quienes reciben las consecuencias de esas actividades.
Si bien el país ha tenido grandes beneficios por
extracción, aprovechamiento y procesamiento de hidrocarburos en
las zonas donde se ha desarrollado la industria petrolera, son pocos los
efectos positivos que se sienten a nivel local, a pesar de que la actividad
de Pemex y sus contribuciones representan más de un tercio de los
ingresos fiscales de la nación.
Con el ánimo de iniciar la corrección de
esta situación, en las reformas al sistema fiscal mexicano y en
particular a las normas de coordinación entre la federación
y las entidades federativas en el ámbito fiscal, la Ley de Coordinación
Fiscal incorporó, entre otros, el "Fondo de Extracción de
Hidrocarburos".
Existe riesgo de que el importe del Fondo de Extracción
de Hidrocarburos disminuya año con año debido al cambio en
el régimen fiscal de Pemex, pues el derecho ordinario sobre hidrocarburos
que lo fondea pasó de 79 por ciento en 2007 a 74 por ciento en 2008,
y llegará 71.5 por ciento en 2014.
Los recursos del fondo en cuestión se distribuyen
mediante una fórmula elaborada en función del volumen de
extracción de hidrocarburos, siendo 75 por ciento por crudo y 25
por ciento por gas natural; sin embargo, las diarias y cada vez mayores
actividades extractivas, como son la perforación de nuevos pozos
de extracción de gas y crudo, hacen que actualmente no corresponda
la relación de porcentajes de esas actividades en el conjunto de
las tareas extractivas.
El Fondo de Extracción de Hidrocarburos considera
como único criterio compensatorio la extracción de hidrocarburos,
no así la exploración, la apertura y el desarrollo de nuevos
pozos puestos en reserva, ni los costos sociales y económicos que
generan otras actividades de Pemex.
Al igual que los ingresos por enajenación de gasolinas
y de diesel, se plantea vincular los recursos del Fondo de Hidrocarburos
a dos actividades específicas de gasto: la inversión en programas
de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos,
y la inversión en programas de protección, conservación
y restauración del ambiente; se prevé que la inversión
en el segundo objeto referido no sea menor que 20 por ciento de los recursos
recibidos con motivo de este fondo.
Adicionalmente, con relación al destino de estos
recursos, se plantea que los ingresos derivados del Fondo de Hidrocarburos
no podrán utilizarse para sustentar el gasto corriente de las entidades
federativas y municipios que los reciban.
Derivado de lo anterior, esta dictaminadora, coincide parcialmente
con el contenido de la iniciativa que se dictamina, por lo que estima conveniente
formular diversas modificaciones a la misma, atendiendo a los siguientes
razonamientos:
El pacto fiscal vigente ha generado que los recursos administrados
por las entidades federativas estén constituidos de manera importante
de transferencias del Gobierno Federal, tal y como puede apreciarse a continuación:
Las participaciones federales representan alrededor
del 41% del total de recursos administrados por las entidades federativas.
Las aportaciones federales incluyendo los ramos de educación
y salud representan aproximadamente el 41%.
Los convenios de descentralización entre la Federación
y las entidades federativas, el reparto de ingresos excedentes y los programas
de financiamiento con el Gobierno Federal representan alrededor del 3.5%,
3% y 1%, respectivamente.
Los ingresos propios representan el 10%.
Además, existe una parte importante del gasto federal
que se ejecuta en las entidades federativas en forma de inversión
pública y programas federales sociales, lo que incrementa los beneficios
que dichas entidades reciben, sin que esos recursos se contabilicen como
transferencias ya que son ejercidos y administrados por el Gobierno Federal.
Como puede apreciarse, alrededor del 90% de los recursos
de las entidades federativas provienen de recursos federales, lo cual pone
de manifiesto los grandes beneficios del sistema de coordinación
fiscal vigente para dichas entidades.
En adición a lo anterior y consciente de la necesidad
de adecuar nuestro pacto fiscal, a finales de 2007, el Congreso de la Unión
aprobó una reforma hacendaria a través de la cual se fortaleció
de forma importante el federalismo fiscal mexicano, a través de
una expansión de las facultades tributarias de las entidades federativas
y una simplificación de las fórmulas de distribución
de las transferencias federales (participaciones y aportaciones). Gracias
a esta reforma, las entidades federativas han aumentado sustancialmente
sus participaciones federales en más de un 20 por ciento en lo que
va del año con respecto al mismo periodo de 2007.
En ese orden de ideas, incrementar el porcentaje de conformación
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de 0.46 por ciento a 2
por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos
pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos
de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos,
como lo plantea la iniciativa, resulta económicamente inviable,
ya que generaría un desequilibrio presupuestario pues implicaría
una afectación a las finanzas federales de aproximadamente 9,500
millones de pesos. Lo anterior, necesariamente traería consigo un
ajuste significativo al Presupuesto de Egresos de la Federación
2009 con lo que se reduciría el gasto destinado a programas prioritarios
tales como seguridad, educación, salud y pobreza, por lo anterior
la Comisión dictaminadora considera que la propuesta de reforma
en los términos planteados no es de aprobarse.
La que dictamina, tomando en consideración que
con el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, la caída
en la plataforma de producción y la disminución en los precios
experimentados en últimas fechas se traducirá en menores
ingresos destinados para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos
y, por consiguiente, para la atención de los efectos que ocasiona
la extracción de hidrocarburos en las entidades federativas, esta
dictaminadora estima conveniente incrementar el porcentaje de conformación
de dicho fondo de un 0.46 a un 0.6 por ciento, del importe obtenido por
el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración
y Producción, en términos de lo previsto en el artículo
254 de la Ley Federal de Derechos.
Ahora bien, por lo que respecta a la nueva distribución
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos propuesta en la iniciativa,
esta comisión dictaminadora considera conveniente realizar ajustes
a la fórmula hoy vigente, a fin de que la entrega de los recursos
se realice en función de los volúmenes de extracción
obtenidos a razón de 50 por ciento por crudo y 50 por ciento por
gas, lo que se traducirá en una distribución más equitativa
que refleje la importancia que en los últimos años ha adquirido
la extracción de gas en el país.
No obstante, esta dictaminadora considera improcedente
ampliar la distribución del fondo a entidades donde se realice la
producción de petrolíferos y petroquímicos básicos,
ya que el origen para el cual fue creado el fondo fue resarcir exclusivamente
a las entidades federativas que forman parte de la clasificación
de extracción de petróleo y gas definida en el último
censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, por ser esas entidades las que mayores efectos negativos
recienten de la extracción de los citados hidrocarburos. Además,
en el Sistema de Información Energética no existen datos
por entidad federativa del valor de producción de petrolíferos,
ni de petroquímicos, por lo que no sería posible realizar
el cálculo de la distribución en los términos propuestos
en la Iniciativa. Por tanto, tampoco es procedente modificar la denominación
del fondo.
Finalmente, esta dictaminadora también considera
improcedente establecer un destino específico para los recursos
que las entidades federativas reciben del Fondo de Extracción de
Hidrocarburos, habida cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha declarado inconstitucionales aquellas disposiciones federales que establecen
un destino específico para las participaciones federales a que hace
referencia el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
virtud de que son recursos que entran dentro de la de libre administración
de las haciendas públicas locales.
En consecuencia, se aprueba una modificación a
los párrafos primero y segundo del artículo 4-B de la Ley
de Coordinación Fiscal para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción
de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento
del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado
por Pemex Exploración y Producción, en términos de
lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.
El Fondo a que se refiere este artículo será
distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la
clasificación de extracción de petróleo y gas definida
en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula
siguiente:
En donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción
de Hidrocarburos en el año a repartir.}
es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo
y gas.
es el coeficiente relativo a la producción de gas
asociado y no asociado.
EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta
de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la clasificación
de extracción de petróleo y gas definida en el último
censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
EXGi,t-1 es el volumen de producción
de gas natural asociado y no asociado de la entidad federativa i, en el
año anterior para el cual se realiza el cálculo, según
el Sistema de Información Energética.
es la
sumatoria de la variable que le sigue, sobre las entidades que formen parte
de la clasificación de extracción de petróleo y gas
definida en el último censo económico realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
...
..."
Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda
y Crédito Público somete a consideración del Pleno
de esta honorable Asamblea el siguiente
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación
Fiscal
Artículo Primero. Se reforma la fracción
IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar
como sigue:
Artículo 95. ...
IX. Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento
Agropecuario y Rural, que no operen con terceros, siempre que no realicen
gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones
y otros semejantes.
...
Artículo Segundo. Se reforman los artículos
14-B y 15-B, primer párrafo, y se adiciona el artículo 15-E,
a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar
como sigue:
Artículo 14-B. Tratándose de automóviles
eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos
nuevos, que además cuenten con motor de combustión interna
o con motor accionado por hidrógeno, el impuesto se pagará
a la tasa de 0%.
Artículo 15-B. Tratándose de vehículos
de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos
5o., fracción IV y 14-B de esta Ley, así como de aeronaves,
excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros,
el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda
conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo
con la siguiente:
...
Artículo 15-E. Tratándose de motocicletas
de fabricación nacional o importadas, de hasta nueve años
modelo anteriores al de aplicación de esta Ley, el impuesto será
el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:
El valor total de la motocicleta se multiplicará
por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo de
la motocicleta, de conformidad con la siguiente:
Tabla
Años de antigüedad
Factor de depreciación
1
0.9
2
0.8
3
0.7
4
0.6
5
0.5
6
0.4
7
0.3
8
0.2
9
0.1
A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior,
se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo
14 de esta Ley.
Para efectos de la depreciación a que se refiere
este artículo, los años de antigüedad se calcularán
con base en el número de años transcurridos a partir del
año modelo al que corresponda la motocicleta.
Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo
del artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar
como sigue:
Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción
de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento
del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado
por Pemex Exploración y Producción, en términos de
lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.
El Fondo a que se refiere este artículo será
distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la
clasificación de extracción de petróleo y gas definida
en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula
siguiente:
En donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción
de Hidrocarburos en el año a repartir.
es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo
y gas.
es el coeficiente relativo a la producción de gas
asociado y no asociado.
EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta de los
hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la clasificación
de extracción de petróleo y gas definida en el último
censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
EXGi,t-1 es el volumen de producción de gas natural
asociado y no asociado de la entidad federativa i, en el año anterior
para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información
Energética.
es la sumatoria de la variable que le sigue, sobre las
entidades que formen parte de la clasificación de extracción
de petróleo y gas definida en el último censo económico
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor
el 1 de enero de 2009.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a
12 noviembre de 2008.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Jorge Estefan Chidiac
(rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez
(rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica),
Carlos Alberto García González (rúbrica), Camerino
Eleazar Márquez Madrid, José Antonio Saavedra Coronel, Antonio
Soto Sánchez (rúbrica en contra), Ismael Ordaz Jiménez
(rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica),
Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño,
Joaquín Humberto Vela González (rúbrica en contra),
Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu
Rivas, secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), José
Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís
(rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Valentina
Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Francisco
Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica),
Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez,
Sonia Leslie del Villar Sosa (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa,
Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín
López Cisneros, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio
Martínez Vargas (rúbrica en contra), José Murat, Dolores
María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Mario Alberto
Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica),
Pablo Trejo Pérez (rúbrica en contra).
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 184 DE LA LEY GENERAL
DE SALUD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
fue turnada, para su estudio y posterior dictamen, la minuta proyecto de
decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones
que le otorga los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45
y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen,
de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen
de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme
el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia
del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el
dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión
dictaminadora.
II. En el capítulo "Contenido" se sintetiza el
alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo "Consideraciones" la comisión
dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta
y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar
la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007,
el Senador Javier Orozco Gómez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el
Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto
por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El 20 de Septiembre de 2007, se sometió a discusión
del pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen respectivo, el
cual fue aprobado y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos
constitucionales.
En sesión celebrada con fecha 25 de septiembre
de 2007, por la Cámara de Diputados, se dio cuenta del oficio que
contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
184 de la Ley General de Salud.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la
minuta mencionada a la Comisión de Salud para su estudio y posterior
Dictamen.
II. Contenido
Según el dictamen de la colegisladora, es de vital
importancia considerar la capacitación y actualización continua
de las mismas, así como proporcionarles las herramientas necesarias
para el adecuado desempeño de sus funciones, lo que ayudará
a disminuir los daños en la población mexicana.
Por lo que la minuta objeto del presente dictamen, pretende
reformar el artículo 184 de la Ley General de Salud para establecer
la obligación de "mantener permanentemente capacitadas y actualizadas"
las brigadas especiales de las que habla el precepto.
III. Consideraciones
Como lo señala el dictamen de la colegisladora,
el artículo 4o. constitucional, en su párrafo tercero garantiza
el derecho de la protección de la salud. En congruencia con dicho
precepto se crea la Ley General de Salud.
La ley en comento en su Título Décimo, denominado
"Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General", establece
las acciones, obligaciones y facultades de la Secretaría de Salud
en situaciones de emergencia.
La minuta señala la necesidad de contar con brigadas
continuamente capacitadas ya que nuestro país se ve constantemente
amenazado por fenómenos naturales que ponen en riesgo la salud de
la población. A pesar de que el propósito es loable, de aprobarse
la minuta tendría un incremento en le gasto; por lo que es necesario
atender otras consideraciones.
Las brigadas especiales de salud, se constituyen con personal
adscrito a la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.
Estas brigadas son un grupo multidisciplinario y con diversas
funciones que participan en los programas de vigilancia epidemiológica
activa de enfermedades transmisibles y no transmisibles, urgencias epidemiológicas,
desastres naturales, desastres provocados por el hombre e inclusive operativos
especiales.
Las tareas que desempeña el personal referido requiere
continua capacitación con el objetivo de no verse rebasados por
los avances científicos y tecnológicos en su campo de acción.
Para su capacitación, el personal requiere cursos
en materias como toma de muestras sexológicas, asistencia sanitaria,
primeros auxilios, respuesta a emergencias mayores y desastres, sistemas
cartográficos, diseño e impartición de cursos, promoción
de la salud, actualizaciones para el tratamiento de enfermedades como cólera,
enfermedades transmisibles por vector, etcétera. Todos estos cursos
se verán reflejados en una mejor y más eficaz respuesta del
personal ante las emergencias epidemiológicas, desastres naturales
y las demás actividades a su cargo.
Es primordial para el personal contar con programas de
capacitación continua para elevar el nivel de competencia profesional
y su eficiente desarrollo, siendo no sólo un beneficio para los
brigadistas, sino para la sociedad que será la primera favorecida
con un personal mejor preparado.
Según estimaciones de la Secretaría de Salud
el costo anual estimado para fines de capacitación del personal
dedicado a las Brigadas Especiales, ascendería a $ 800, 000.00,
presupuesto que garantizaría que por lo menos 1 de cada cien brigadistas
tenga acceso a dos cursos de capacitación por año.
Los integrantes de la Comisión de Salud de la honorable
Cámara de Diputados, coincidimos con la colegisladora en su apreciación
de la necesidad de dotar a las brigadas especiales de capacitación
continua.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y para
efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la
Comisión de Salud de la LX Legislatura ponemos a consideración
de la asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 184 de la Ley
General de Salud
Artículo Único. Se reforma el artículo
184 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 184. La acción extraordinaria
en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría
de Salud, la que deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas
y actualizadas brigadas especiales que actuarán bajo su dirección
y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes:
I. a V. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el
8 de julio de 2008.
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús
(rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín
Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián,
María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado
de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia
García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge
Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, Y DEL CÓDIGO
DE COMERCIO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente
a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa
citada al rubro del presente.
Esta comisión con fundamento en los artículos
39 fracción XII y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los artículos 56, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para
el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de esta honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los
siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara
de Diputados, el 8 de noviembre de 2007, los ciudadanos Secretarios dieron
cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones y se adiciona un nuevo párrafo
segundo al artículo 1051 del Código de Comercio recorriéndose
el actual párrafo segundo y los subsecuentes, suscrita por los diputados
Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Yadhira Yvette Tamayo
Herrera y Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho conferido
por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La presidencia de la Mesa Directiva acordó
dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de
Economía".
Tercero. Los legisladores proponen lo siguiente:
• Reformar la fracción XI, del artículo
16 y la fracción VIII, del artículo 22 de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones y adicionar un párrafo segundo
al artículo 1051 del Código de Comercio, con la finalidad
de promover la solución de controversias del ámbito mercantil
mediante el arbitraje estableciendo la obligatoriedad de informar a los
sujetos involucrados en una controversia de ese orden y en el caso de las
cámaras de sus afiliados.
Cuarto. Esta comisión dictaminadora, recibió
diversas aportaciones y comentarios de los sectores involucrados, de servidores
públicos, académicos, organismos empresariales, los cuales
fueron tomados en cuenta para el presente dictamen.
Consideraciones
Primera. Que con base en los antecedentes indicados,
la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas
se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.
Segunda. Que la Constitución Política
en su artículo 17 consagra el derecho de todos los individuos a
una administración de justicia mediante de tribunales expeditos,
impartida en los plazos y términos que las leyes fijen y con resoluciones
procuradas de manera pronta, completa, imparcial y de manera gratuita.
Tercera. Que es clara la necesidad del sistema
jurídico vigente de adecuarse a las necesidades y circunstancias
del país, permitiendo que la impartición de justicia sea
pronta, gratuita y expedita, brindando seguridad y certeza jurídica
a los ciudadanos.
Cuarta. Que los procedimientos judiciales de solución
de controversias en materia mercantil en el país, es complejo, tardío
y costoso por lo que existe desconfianza e inseguridad respecto de iniciar
un proceso de esta índole, lo anterior debido a las diversas acciones
que se pueden utilizar para retardar los procesos.
Quinta. Que el Código de Comercio tiene
un Titulo Cuarto denominado del Arbitraje Comercial, en el que regula y
define claramente las circunstancias mediante que se conducirá el
arbitraje en materia comercial y cual es el procedimiento para realizarlo
ya sea nacional o internacionalmente, respecto de una parte o la totalidad
de una controversia de la materia.
Sexta. Que aún cuando la legislación
establece reglas claras respecto del arbitraje comercial es evidente por
la carga y atraso de trabajo en los juzgados en materia mercantil, que
el arbitraje no ha tenido la difusión suficiente o quizá
por la incertidumbre respecto de su efectividad y eficacia, no obstante
esto, en México existen diversos organismos certificados y reconocidos,
capaces de brindar servicios de arbitraje o mediación.
Séptima. Que comprobadamente el arbitraje
como medio de solución de controversias trae consigo rapidez ya
que los laudos arbitrales no se sujetan a la apelación atendiendo
a la voluntad de las partes de sujeción a dicho procedimiento, asimismo,
brinda la certidumbre necesaria ya que el laudo arbitral tiene la misma
fuerza legal que una sentencia judicial, y conforme a la Convención
de Nueva York de 1958, es susceptible de ejecución en el extranjero,
por lo que hace a la certidumbre de un arbitro capaz y especializado, los
organismos dedicados a brindar este servicio, deben certificarse y actuar
de manera independiente e imparcial, por último y quizá uno
de los puntos más importantes los costos de un arbitraje son mucho
menores que los generados por un procedimiento judicial.
Octava. Que la Ley de Cámaras Empresariales
y sus Confederaciones (LCEC), es la culminación del trabajo, esfuerzo
y consenso de las diferentes fracciones parlamentarias, de las Secretarías
de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, así
como de las cámaras empresariales, por lo que este ordenamiento
contiene avances significativos para la ampliación, el fortalecimiento
y la modernización del gremio empresarial mexicano.
Novena. Que las cámaras son instituciones
sociales de interés público encaminadas a custodiar el desarrollo
económico del país, superando el interés individual
de los empresarios y responsabilizándose de una función pública
de representación, promoción y defensa de las actividades
del comercio, los servicios, el turismo y la industria, así como
de fortalecer una cultura de solución de controversias alternativas
que beneficien al sector.
Décima. Que la LCEC dentro de sus objetivos
contempla que estas deberán actuar como mediadores, árbitros
y peritos nacional o internacionalmente, en lo que les corresponde según
la materia mercantil, además la obligación de sujetarse a
procedimientos de este tipo, por lo que establecer mayor promoción
y difusión respecto de los medios alternativos de solución
de controversias, responde a la necesidad de justicia más pronta
y expedita no obstante lo contemplado por el artículo 16 de dicho
ordenamiento, asimismo brindar la oportunidad de suscribir convenios con
organizaciones especializadas permitirá la certeza jurídica
que sus afiliados necesiten.
Undécima. Que los ciudadanos diputados que
integran la Comisión de Economía que dictamina, reconocen
la importancia de adecuar y mejorar los instrumentos legales para brindar
justicia más eficiente y expedita, asimismo se pondera la importancia
de crear y promover la cultura del arbitraje y mediación como forma
alternativa de solución de controversias en materia mercantil, por
lo tanto concluyen que, aún cuando la legislación vigente
en materia de cámaras y confederaciones contempla la aplicación
y sujeción a medios de solución de controversias alternativos,
es necesario establecer mayor solidez a los preceptos que lo regulan, de
manera que sea más objetivo y dirigido el propósito de estos,
y por lo que hace al Código de Comercio, lo que la propuesta legislativa
busca es establecer una obligación de los tribunales a hacer del
conocimiento de las partes de la posibilidad de convenir procedimientos
arbitrales, ya que aún cuando esto se regula claramente no existe
dicha obligación.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la dictaminadora
esta de acuerdo con los motivos y objetivo del proyecto legislativo, hace
suyos los motivos expresados en la exposición de motivos y a efecto
de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica
correctos, se manifiesta por la necesidad de aprobar con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones y se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo
1051 del Código de Comercio recorriéndose el actual párrafo
segundo y los subsecuentes, mediante el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones
y del Código de Comercio
Artículo primero. Se reforman la fracción
XI, del artículo 16 y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose
las fracciones VIII a X, manteniendo su contenido para quedar como fracciones
IX, X y XI del artículo 22 de la Ley de Cámaras Empresariales
y sus Confederaciones, para quedar como sigue:
Artículo 16. ...
I. a X. ….
XI. Procedimientos para la solución de controversias
para lo cual se insertará una cláusula que establezca la
obligación de la cámara de someterse al arbitraje cuando
el afiliado opte por dicho procedimiento y de informar a sus afiliados
sobre los recursos disponibles en general y conforme a lo establecido en
la fracción VIII del artículo 22 de esta ley, para la promoción
de procedimientos por la vía arbitral.
XII. y XIII. …
…
Artículo 22. …
I. a VII. …
VIII. Promover y suscribir convenios con organizaciones
que se dediquen a la resolución de controversias mediante procedimientos
arbitrales de carácter comercial conforme a lo establecido en el
Código de Comercio, a fin de informar a sus afiliados y fomentar
el uso de dichos procedimientos entre éstos;
IX. Determinar la sede y circunscripción de las
delegaciones;
X. Analizar y dictaminar, en el caso de las confederaciones,
sobre las solicitudes para la creación de nuevas cámaras,
aprobando o rechazando la solicitud, sometiendo el dictamen correspondiente
a la consideración de la secretaría, y
XI. Las demás que señalen esta ley y los
estatutos respectivos.
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose en su orden los actuales, al artículo
1051 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 1051. …
A tal efecto, el tribunal correspondiente hará
del conocimiento de las partes la posibilidad de convenir sobre el procedimiento
a seguir para solución de controversias, conforme a lo establecido
en el párrafo anterior del presente artículo.
La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté
ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensión
del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo
o sentencia.
El procedimiento convencional ante tribunales se regirá
por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y el procedimiento
arbitral por las disposiciones del título cuarto de este libro.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los 24 días del mes de septiembre de 2008.
Por la Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios;
Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica),
Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García
González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum,
Jesús Sesma Suárez, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica),
Martín Malagón Ríos (rúbrica), Octavio Martínez
Vargas (rúbrica en abstención), Susana Monreal Ávila
(rúbrica en abstención), José Amado Orihuela Trejo
(rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),
Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica),
Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos
Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador
Ruiz Sánchez (rúbrica en abstención), Ernesto Ruiz
Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica
en abstención), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica
en contra), Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín
Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente
a la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, observaciones
del presidente de la república al decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Protección
al Consumidor, enviado por el Poder Ejecutivo federal.
Esta comisión, con fundamento en el artículo
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos
58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta
honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara
de Diputados el día 14 de marzo de 2005, los ciudadanos Secretarios,
dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentaron los ciudadanos
diputados Francisco Arroyo Vieyra y Eduardo Alonso Bailey Elizondo del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio
del derecho que les confiere el artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó
dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de
Economía.
Tercero. Dicha iniciativa fue dictaminada y aprobada
en la Cámara de Diputados el miércoles 14 de diciembre de
2005 y el jueves 26 de abril de 2007 el Senado de la República la
dictaminó y aprobó, pasando al Ejecutivo federal para sus
efectos constitucionales.
Cuarto. El 3 de septiembre de 2007, se dio cuenta
al Pleno de la Cámara de Diputados del oficio enviado por el señor
Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo, de la Secretaría
de Gobernación, mediante el cual presenta las Observaciones que
con fundamento en el artículo 72 constitucional y en la fracción
XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Felipe Calderón Hinojosa, se sirvió realizar en relación
al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley Federal de Protección al Consumidor, mediante un oficio dirigido
a los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.
Consideraciones
Primera. Que con base en los antecedentes indicados,
la Comisión de Economía con las atribuciones antes señaladas
se abocó a dictaminar las Observaciones de referencia.
Segunda. Que la Ley Federal de Protección
al Consumidor (LFPC) tiene por objeto promover y proteger los derechos
y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza
y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;
de igual forma, corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) aplicar y ejecutar la referida ley, como un organismo público
con el carácter de una autoridad administrativa.
Tercera. Que dentro de los principios de la LFPC,
se encuentra la educación y divulgación sobre el consumo
adecuado de bienes y servicios, el respeto a los derechos y obligaciones
derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su
efectividad y cumplimiento.
Cuarta. Que el martes 4 de febrero de 2004, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma
integral a la LFPC; incluyendo dentro de sus más importantes modificaciones,
dotar de claridad a los procedimientos y sanciones administrativas que
ejecuta la Profeco, estableciendo medidas precautorias para evitar la discrecionalidad
y la arbitrariedad por parte de esa procuraduría, propiciando mayor
seguridad jurídica a consumidores y proveedores.
Quinta. Que las medidas precautorias y adquisición
de bienes inmuebles revisten particular importancia para efectos de protección
al consumidor. En el primer caso, para prevenir circunstancias particularmente
dañinas para los consumidores en general y, en el segundo caso,
para proteger el patrimonio de la gran mayoría de los mexicanos,
ya que dada la naturaleza y costo de los bienes inmuebles, una protección
insuficiente, ineficaz y complicada pone en riesgo una parte muy importante
del patrimonio de los consumidores.
Sexta. Que en cuanto hace a los artículos
25 Bis y 35 se considera procedente aceptar las Observaciones planteadas
por el titular del Poder Ejecutivo federal, para mantener la redacción
de éstos conforme al texto vigente.
Lo anterior, en virtud de que ninguna de estas bases se
ajusta a una realidad factible, dado que las medidas denominadas precautorias
a que se refiere el decreto aprobado por el honorable Congreso de la Unión,
tienen como finalidad evitar que se cause daño a un bien jurídico
considerado de importancia para la sociedad, como lo es la vida, la salud,
la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores,
tal como lo dispone el artículo 25 Bis de la LFPC vigente, ello
mediante la imposición de restricciones determinadas durante un
tiempo definido. En este sentido, tales medidas tienen carácter
preventivo y únicamente deben ser levantadas cuando desaparezca
en su totalidad el peligro o circunstancia que las originó.
En congruencia con lo anterior, se encuentra la tesis
jurisprudencial número 196727, de la Novena Época, dictada
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación
con las medidas cautelares contenidas en la LFPC, de modo que ese alto
tribunal ha sido claro en sostener que tratándose de medidas precautorias,
no es aplicable la exigencia de otorgar la garantía de audiencia
al proveedor, en virtud de que éstas no constituyen actos privativos
de derechos, sino únicamente actos de molestia. Lo anterior, sin
menoscabo de la obligación de la autoridad de respetar la garantía
de legalidad.
Séptima. Que en lo que refiere al artículo
73 Ter observado, señala en su fracción XII, último
párrafo que:
"Únicamente podrá exceptuarse la entrega
del bien en la fecha convenida, por caso fortuito o fuerza mayor ajenos
al proveedor y sus contratistas, plenamente acreditado por el proveedor,
pudiéndose pactar una nueva fecha de entrega".
Con base en lo anterior, cabe observar que la relación
jurídica derivada de la adquisición de inmuebles se establece
única y exclusivamente entre el consumidor y el proveedor. Si
bien, el proveedor puede tener a su vez una relación contractual
con uno o varios contratistas, ésta es absolutamente independiente
y no forma parte de la primera, resultando incorrecto sujetar el cumplimiento
de las obligaciones entre proveedor y consumidor a otras relaciones que
el proveedor tenga con terceros, ya que esto significaría transmitir
los efectos de esas relaciones directamente al consumidor, liberando al
proveedor de sus responsabilidades en la relación de consumo.
El consumidor no participa en las decisiones de negocios
del proveedor, ni las evalúa o aprueba, motivo por el cual, no puede
ser responsable de ellas ya que una norma de ese tenor distorsionaría
los derechos del consumidor.
Octava. Que en cuanto hace al artículo 73
Quáter aprobado por el honorable Congreso de la Unión en
el decreto observado, indica en su primer párrafo:
"Todo bien inmueble en que se ofrezca garantía,
deberá
sujetarse a lo dispuesto en los artículos 78, 79, 80, 81 y 84 de
la presente Ley, en lo que sea aplicable y atendiendo a la naturaleza propia
del bien".
En este caso, se comparte la necesidad de precisar el texto
de este párrafo, en virtud de que de su redacción vigente
se deduce la posibilidad de que haya inmuebles respecto de los cuales no
se ofrezca garantía por parte del proveedor. Esto significaría
desproteger a los consumidores con menor capacidad de defensa, ya que ante
la falta de garantía, las posibilidades de reclamación de
vicios y defectos disminuyen o se nulifican, lo que repercutiría
seriamente en la población. En este punto cabe reiterar la importancia
del esfuerzo económico que representa para los consumidores la adquisición
de una vivienda, misma que generalmente constituye el bien de mayor valor
dentro del patrimonio del consumidor.
Publicar un enunciado normativo de esta naturaleza pondría
en riesgo la debida protección del consumidor en más de un
sentido, ya que de la exigibilidad y ejecución de la garantía
depende el ejercicio de otros derechos señalados por la ley, como
sería el derecho a la sustitución del inmueble por fallas
graves y el pago de la bonificación, en los términos señalados
en el artículo 73 Quintus. Con base en estas consideraciones se
estima que el primer párrafo del artículo 73 Quáter,
en lugar de hacer potestativa la garantía del inmueble, debiera
precisar que todo inmueble cuya transacción esté regulada
por esta ley, deberá contar con garantía.
Novena. Que dentro del texto aprobado por el honorable
Congreso se adiciona un artículo 73 Quintus, y dentro del contenido
de las Observaciones del Poder Ejecutivo federal, se considera que redunda
en el contenido de los artículos 92 y 92 Ter en el decreto observado.
El artículo 73 Quintus señala:
"En caso de que el consumidor haya hecho valer la
garantía establecida en el artículo 73 Quáter
y persistan los defectos o fallas graves, generando molestias
importantes a los consumidores en los usos a que habitualmente destinan
el inmueble, el proveedor se verá obligado de nueva cuenta a
realizar todas las reparaciones necesarias para satisfacer al consumidor,
así como a otorgarle una bonificación, la cual será
del cinco por ciento de la cantidad pagada por el bien".
Las Observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo federal,
advierten que la disposición aprobada incorpora diversos requisitos
que debe cumplir el consumidor para que pueda ejercer su derecho a exigir
la entrega de un inmueble acorde con las especificaciones de calidad ofertadas
previamente por el proveedor. La acreditación de tales requisitos
le generaría cargas probatorias al consumidor, lo que evidentemente
le complicaría exigir sus derechos, en relación con bienes
inmuebles defectuosos o que adolezcan de vicios ocultos.
La Comisión de Economía, comparte la preocupación
del titular del Poder Ejecutivo de la Unión por el bienestar de
los consumidores, en virtud de que en múltiples ocasiones el ciudadano
no cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos de
un litigio.
De lo anterior se desprende que el decreto observado para
el artículo 73 Quintus, establece requisitos subjetivos complicados
de acreditar en la práctica, el derecho que tendría un consumidor
a que se le reparen de inmediato los defectos que subsistan aun después
de aplicada la garantía, resultaría nugatorio, en detrimento
grave del patrimonio y los intereses del consumidor.
Finalmente, cabe hacer la reflexión de que la aplicación
de este precepto generaría una gran discrecionalidad, en contradicción
a lo que el H. Congreso de la Unión conquistó con la reforma
integral a la LFPC de 2004, pues con la claridad de los preceptos aún
vigentes se redujo el margen de discrecionalidad de la Profeco.
Décima. Que el Poder Ejecutivo federal percibió
una compensación distinta a la que establece el artículo
92 Ter de la LFPC vigente que dispone una bonificación mínima
del 20 por ciento, divergiendo con la establecida en el primer párrafo
del artículo 73 Quintus del decreto observado, el cual indica que
la bonificación que el proveedor debe pagar al consumidor por concepto
de los defectos o fallas graves en el inmueble es del 5 por ciento. Lo
anterior, distorsionaría su aplicación si se considera que
el decreto aprobado por el honorable Congreso de la Unión no definió
claramente cuales son los defectos o fallas graves en que procederá
el pago de la bonificación de referencia, e incluso omite indicar
cual sería el sistema para compensar al consumidor por la existencia
de fallas leves en los inmuebles, que son las que más frecuentemente
afectan a los consumidores.
Undécima. Que la fracción I del artículo
73 Quintus observado por el Poder Ejecutivo federal utiliza el término
restitución,el
cual no corresponde a la acción que debiera relacionarse para el
consumidor, es decir, el derecho del consumidor no puede consistir en que
se le restituya o devuelva el mismo inmueble defectuoso, sino que
se le sustituya por otro distinto que no presente defectos. Lo anterior
en virtud de que la reforma aprobada crea el alto riesgo de volver nugatorio
el derecho del consumidor para que le sea sustituido el bien inmueble.
La citada fracción I del artículo 73 Quintus
del decreto observado, establece que anteceda como condición que
el bien inmueble no haya sido escriturado ni registrado para que proceda
el ejercicio del llamado derecho a la restitución, lo
que es jurídicamente imposible ya que los inmuebles se escrituran
e inscriben al pagarse y entregarse el bien, es decir cuando se le da la
efectiva posesión al consumidor. Sin embargo, el consumidor está
en posibilidad de notar las fallas y vicios ocultos que presenta el inmueble
hasta después de haberlo recibido, es decir hasta que ya comenzó
a habitarlo. Derivado de lo anterior, la Comisión de Economía
concuerda con la preocupación vertida en las observaciones del Poder
Ejecutivo federal, quien consideró que la adición del decreto
observado en ningún caso se podría concretar en la práctica,
afectando negativamente los derechos de los consumidores.
Duodécima. Que las Observaciones del Poder
Ejecutivo de la Unión, consideran que el contenido de la fracción
II del artículo 73 Quintus aprobada, establece que en el caso de
la recisión del contrato y la correlativa devolución del
dinero, el pago de los intereses se hará únicamente si
así procediera. De lo anterior se incorporó un
elemento sujeto a evaluación, este es, la procedencia del pago de
los intereses dejando a discusión un tema que de fondo es indiscutible:
el derecho a recibir los intereses generados por el precio pagado. Ello
no sólo genera inseguridad jurídica para el consumidor sino
que favorece indebidamente al proveedor, al no obligarlo a pagar en todos
los casos los intereses respectivos.
Décima Tercera. Que en cuanto hace a los
textos de los artículos 92 y 92 Ter aprobados, en la reforma, se
deduce que derivan de la adición del artículo 73 Quintus,
por lo tanto, la subsistencia de su texto depende de la determinación
procedente respecto del mencionado artículo 73 Quintus.
Décima Cuarta. Que el Ejecutivo federal
considera que el decreto observado, puede ser mejorado para no despojarle
de sus virtudes a la reforma integral de 2004, que produjo cambios valiosos
en materia de protección a los consumidores, incorporando temas
que ahora vuelven a revisarse en el texto aprobado, pudiendo verse afectados
los beneficios logrados.
Décima Quinta. Que en lo que respecta la
adquisición de bienes inmuebles, se considera conveniente adoptar
las observaciones formuladas por el presidente de la República,
respecto de los artículos 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus,
92, 92 Ter y 98 Bis, los cuales se modifican en los términos
señalados en el presente dictamen, a efecto de incorporar
las precisiones sustantivas y de técnica legislativa que permitan
su mejor claridad que ya se han mencionado.
Décima Sexta. Que en cuanto hace a la reforma
efectuada al artículo 131 de la LFPC, contenida en el decreto en
cuestión, cabe señalar que la misma no fue observada por
el Ejecutivo federal, considerándose apropiada la modificación
aprobada en su momento, por lo que únicamente se incorpora al presente
dictamen para los efectos legislativos conducentes.
Décima Séptima. Que los ciudadanos
diputados de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen
y concluyen que deben integrarse en la Ley Federal de Protección
al Consumidor las Observaciones efectuadas por el titular del Poder Ejecutivo
federal, en virtud de que contribuirán a mejorar notablemente las
condiciones para la celebración de las relaciones de consumo cuyo
objeto sean bienes inmuebles, a través de reformas que brinden reglas
claras, significando un avance importante en esa ley. Lo anterior, en virtud
de que derivado del importante crecimiento del sector inmobiliario, se
han incrementado significativamente las operaciones cuyo objeto son los
bienes inmuebles. El objetivo de dichas Observaciones es contribuir a otorgar
mayor seguridad jurídica a las partes contratantes, a fin de que
las convenciones celebradas se regulen por un marco jurídico preciso
y claro.
Décima Octava. Se aceptan las Observaciones
planteadas por el titular del Poder Ejecutivo federal respecto de los artículos
25 Bis y 35, contenidos en el decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
aprobado el 26 de abril de 2007, por lo que se mantiene la redacción
conforme al texto legal vigente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión
de Economía presenta el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Artículo Único. Se reforman
los artículos 73 Ter, fracción XII; 92, el primer y último
párrafos; 92 Ter; 98 Bis; 128 y 131; se adicionan los artículos
73 Quáter y 73 Quintus a la Ley Federal de Protección al
Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 73 Ter. ...
I. a XI. ...
XII. Fecha de inicio y término de ejecución
de la actividad o servicio contratado, así como la de entrega del
bien objeto del contrato; esto último, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 74 de esta ley.
El proveedor únicamente quedará exento
de la obligación de entregar en la fecha convenida, cuando acredite
plenamente, que la entrega no se realizó en la misma por caso fortuito
o fuerza mayor que afecte directamente, a él o al bien, pudiéndose
pactar sin responsabilidad alguna, una nueva fecha de entrega;
XIII. a XV. …
Artículo 73 Quáter. Todo bien inmueble cuya
transacción esté regulada por esta ley, deberá ofrecerse
al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá
ser inferior a un año contado a partir de la entrega real del bien.
En el tiempo en que dure la garantía el proveedor tendrá
la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor,
cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas
presentados por el bien objeto del contrato.
El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al
inmueble al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo
de la misma; una vez que el inmueble haya sido reparado se iniciará
la garantía respecto de las reparaciones realizadas, así
como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido repuestos
y continuará respecto al resto del inmueble.
Artículo 73 Quintus. En caso de que el consumidor
haya hecho valer la garantía establecida en el artículo 73
Quáter, y no obstante, persistan los defectos o fallas imputables
al proveedor, éste se verá obligado de nueva cuenta a realizar
todas las reparaciones necesarias para corregirlas de inmediato, así
como a otorgarle, en el caso de defectos o fallas leves, una bonificación
del cinco por ciento sobre el valor de la reparación; en caso de
defectos o fallas graves, el proveedor deberá realizar una bonificación
del veinte por ciento de la cantidad señalada en el contrato como
precio del bien.
Para efectos de esta ley, se entiende por defectos
o fallas graves, aquellos que afecten la estructura o las instalaciones
del inmueble y comprometan el uso pleno o la seguridad del inmueble, o
bien, impidan que el consumidor lo use, goce y disfrute conforme a la naturaleza
o destino del mismo. Se entenderá por defectos o fallas leves, todos
aquellos que no sean graves.
En caso de que los defectos o fallas graves sean determinados
por el proveedor como de imposible reparación, éste podrá
optar desde el momento en que se le exija el cumplimiento de la garantía,
por sustituir el inmueble, en cuyo caso se estará a lo dispuesto
por la fracción I siguiente, sin que haya lugar a la bonificación.
En caso de que en cumplimiento de la garantía decida repararlas
y no lo haga, quedará sujeto a la bonificación y a lo dispuesto
en el párrafo siguiente.
Para el supuesto de que, aún después
del ejercicio de la garantía y bonificación antes señaladas,
el proveedor no haya corregido los defectos o fallas graves, el consumidor
podrá optar por cualquiera de las dos acciones que se señalan
a continuación:
I. Solicitar la sustitución del bien inmueble,
en cuyo caso el proveedor asumirá todos los gastos relacionados
con la misma, o bien, y
II. Solicitar la rescisión del contrato, en
cuyo caso el proveedor tendrá la obligación de reintegrarle
el monto pagado, así como los intereses que correspondan, conforme
lo previsto en el segundo párrafo del artículo 91 de esta
ley.
Artículo 92. Los consumidores tendrán
derecho, a su elección, a la reposición del producto o a
la devolución de la cantidad pagada, contra la entrega del producto
adquirido, y en todo caso, a una bonificación, en los siguientes
casos:
I. a IV. …
…
Si con motivo de la verificación, la procuraduría
detecta el incumplimiento de alguno de los supuestos previstos por este
precepto, podrá ordenar que se informe a los consumidores sobre
las irregularidades detectadas, de conformidad a lo establecido en el artículo
98 Bis, para el efecto de que puedan exigir al proveedor la bonificación
que en su caso corresponda.
Artículo 92 Ter. La bonificación a que se
refieren los artículos 92 y 92 Bis no podrá ser menor al
veinte por ciento del precio pagado. El pago de dicha bonificación
se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su
caso corresponda por daños y perjuicios.
Para la determinación del pago de daños
y perjuicios la autoridad judicial considerará el pago de la bonificación
que en su caso hubiese hecho el proveedor.
La bonificación que corresponda tratándose
del incumplimiento a que se refiere al artículo 92, fracción
I, podrá hacerla efectiva el consumidor directamente al proveedor
presentando su comprobante o recibo de pago del día en que se hubiere
detectado la violación por la procuraduría y no podrá
ser menor al veinte por ciento del precio pagado.
Artículo 98 Bis. Cuando con motivo de una verificación
la procuraduría detecte violaciones a esta ley y demás disposiciones
aplicables, podrá ordenar se informe a los consumidores individual
o colectivamente, inclusive a través de medios de comunicación
masiva, sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus
intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los
bonificarán, debiendo éstos acreditar el cumplimiento de
dicha orden. En caso de no hacerlo, se aplicarán las sanciones que
correspondan.
El informe a que se refiere el párrafo anterior,
podrá ordenarse como uno de los puntos resolutivos del procedimiento
contenido en el artículo 123 de la presente ley.
Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto
por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus,
65, 65 Bis, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74,
76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas
con multa de $518.37 a $2 027 403.14.
Artículo 131. ...
I. a III. ...
IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que sirva
como prueba para determinar el incumplimiento u omisión para aplicar
la sanción.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los
24 días del mes de septiembre de 2008.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica en abstención),
Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano
Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica),
secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica),
Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García
González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum,
Jesús Sesma Suárez, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica),
Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto
Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica
en abstención), Susana Monreal Ávila (rúbrica en abstención),
José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal
(rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel
Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa,
Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz
Sánchez (rúbrica en abstención), Ernesto Ruiz Velasco
de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica
en abstención), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica
en abstención), Joaquín Humberto Vela González, Javier
Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO
179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Desarrollo Rural le fue turnada,
para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto
por la que se reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, presentada en la LX Legislatura por el diputado Pedro Montalvo
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión
Especial de Citricultura.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos
73, fracción XXX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, fracción f), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57,
63, 64, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión somete a consideración
del Pleno de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto,
con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 11 de abril de 2007, el diputado Pedro
Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentó a nombre propio y de los integrantes de
la Comisión Especial de Citricultura, ante el Pleno de esta Cámara,
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 179 de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
II. La Mesa Directiva, con esa misma fecha, turnó
la iniciativa, para su análisis y dictamen, a la Comisión
de Desarrollo Rural.
V. La comisión antes mencionada aprobó el
dictamen.
Consideraciones
1. La iniciativa objeto de este análisis pretende
incorporar a la naranja como uno de los productos agropecuarios básicos
y estratégicos que se enlistan en el artículo de la ley objeto
de reforma.
2. Asimismo, enfatiza que tenemos una población
de más de 110 millones de mexicanos, de los cuales, la tercera parte
vive en el medio rural, siendo la agricultura la actividad preponderante.
De esta manera, los productos agropecuarios estratégicos y básicos
constituyen la base de protección y ampliación del empleo
y del salario de los trabajadores del campo mexicano.
3. En contraposición a la definición de
productos básicos y estratégicos, la canasta básica
se emplea como un referente para el control de la inflación y un
indicador de lo que consumen los mexicanos, pero en ella se encuentran
productos industrializados que son impuestos por la industria alimentaria,
sustituyendo a las frutas con los que se elaboren bebidas naturales por
bebidas embotelladas, por lo que la ley en la materia se orienta a reforzar
los productos para una dieta sana, nutritiva y adecuada a la soberanía
alimentaria, lo que constituye el objeto final de los productos agropecuarios
básicos y estratégicos, que es necesario reforzar jurídicamente.
4. Para el análisis, propone como referente la
pirámide nutricional que integra los diferentes grupos de alimentos
que son aptos para el consumo humano. En ella, las frutas ocupan el tercer
lugar, aportando vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo humano.
Las frutas son, en su mayoría, agua, en una proporción de
más de 70 por ciento, lo que ayuda a limpiar el organismo y a crear
nuevas células, especialmente en la piel. Por ello, se recomienda
consumir sobretodo frutas frescas y jugos naturales. Inclusive, en el caso
de la industria refresquera y de bebidas envasadas, se recomienda disminuir
la cantidad de sodio y azúcar, y elevar la proporción de
jugo de fruta natural, para armonizar el desarrollo industrial con hábitos
más saludables.
5. En el sector productivo, el proponente señala
que los productos cítricos son cultivados en una superficie de más
de 500 mil hectáreas en diversos estados del país, siendo
una actividad a la que se dedican alrededor de 110 mil productores, entre
los que destacan los de naranja, con más de 90 mil. Derivado de
ello, tan sólo en 2007 se exportaron 694 mil 554.16 toneladas con
un valor de 266 millones 811 mil 6.53 dólares, que representa empleos,
divisas y un apoyo al objetivo de la soberanía alimentaría
del país.
Por otra parte, en referencia al panorama mundial, en
general, la producción de cítricos ha aumentado en el hemisferio
norte, pese a la ligera reducción registrada en la zona del Mediterráneo.
Creció la producción de naranjas, tangerinas y pomelos. También,
en el hemisferio sur, aumentó la producción de cítricos,
especialmente en Brasil, debido a la gran cosecha de naranjas. Las exportaciones
mundiales de cítricos fueron mayores debido especialmente a los
incrementos registrados en los dos principales abastecedores, España
y Estados Unidos de América (EUA), así como en la mayor parte
de los países abastecedores del hemisferio sur.
Se espera que el consumo de cítricos orgánicos
se eleve en forma sostenida en los países desarrollados durante
los próximos años, situación que redundaría
en interesantes oportunidades de exportación para México,
que requiere fortalecer las políticas y apoyos para el campo, reforzando
sus áreas más competitivas, como las que nos ocupan. Si bien
EUA produce cítricos orgánicos, la demanda ha ido en franco
aumento y bien podría elevarse a niveles superiores a los de la
oferta.
Si se considera que la participación de mercado
de los alimentos orgánicos alcanza un 2 por ciento en países
desarrollados, es posible aseverar que existe un considerable potencial
de crecimiento, especialmente para jugos no elaborados a partir de concentrado.
Los productores mexicanos, siempre informados y activos,
han anticipado este crecimiento, aun cuando la demanda todavía no
registra el incremento que se espera, por lo que iniciativas como la presentada
por el diputado Pedro Montalvo Gómez, resultan oportunas y atingentes.
Abundando en ello, México ocupa el cuarto lugar
mundial en la exportación de cítricos. Las exportaciones
de jugo concentrado en 2007 ascendieron a 600 mil toneladas, con un valor
de 100 millones de dólares y básicamente para el mercado
de EUA, Japón y Europa.
Es una realidad en los patrones de consumo mundiales que
prácticamente cada persona consume diario la naranja y las personas
conocen su importante valor nutricional. Sin embargo, en nuestro país,
de 3 millones y medio de toneladas anuales, sólo se procesan 500
mil. El mercado global lo absorben EUA, España y Japón, a
pesar de que la naranja mexicana tiene demanda internacional. Este producto
puede ser un detonante del crecimiento económico y del bienestar
de nuestra población en el medio rural, que padece pobreza generalizada
y una grave falta de oportunidades.
6. En cuanto a su valor para la nutrición y la
salud, es preciso subrayar que la naranja es uno de los cítricos
más completos, ya que contiene vitamina C, necesaria para producir
colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las
células, los tejidos, las encías, vasos, huesos y dientes.
Asimismo, contiene beta-caroteno y bioflavinoides, que
permiten combatir problemas circulatorios y resfríos, así
como reducir el cáncer en el estomago. También contiene pequeñas
cantidades de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y E, que son esenciales para
el organismo.
Estudios recientes indican que su consumo es útil
para las personas que padecen diabetes tipo I o insulinodependientes, ya
que una naranja eleva el azúcar y ayuda a prevenir una hipoglucemia,
o sea, una baja brusca y peligrosa de los niveles de glucosa en la sangre.
Además, las naranjas son las frutas con mayor cantidad
de antioxidantes, con más de 170 sustancias fitoquímicas
diferentes, entre ellas, más de 60 flavonoides que han demostrado
tener propiedades antiinflamatorias, antitumorales y anticoagulantes. La
naranja no sólo es básica y estratégica en términos
productivos sino en términos de salud pública.
7. La Organización Mundial de la Salud afirmó
que mil 200 millones de personas en el mundo tienen problemas de sobrepeso
y obesidad. En México, 39 por ciento de la población padece
sobrepeso y 30 por ciento obesidad. Tan sólo en las últimas
dos décadas, la obesidad aumento más del 30 por ciento.
También, la niñez mexicana enfrenta este
grave problema de salud, ya que 1 de cada 4 niños de 5 a 11 años
tiene exceso de peso. Lamentablemente, se tiene como resultado de este
mal la muerte de alrededor de 200 mil personas por año. Lo anterior,
es agravado por el escaso consumo de frutas y verduras entre la población
mexicana. Es importante señalar, por ejemplo, que la naranja es
útil para la metabolización de las grasas, por lo que se
le atribuye el poder de reducir el colesterol.
Además, la Secretaría de Salud mencionó
que la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas, incluida
la neumonía e influenza, fue de 572 niños de 1 a 4 años
en 2005. La naranja, al contener vitamina C, ayuda a disminuir las enfermedades
respiratorias, ya que una dosis de 200 miligramos o medio vaso de jugo
de naranja natural diario, reduce la duración de una gripe en 8
por ciento en adultos y 13 por ciento en niños.
8. Por ello, el proponente enfatiza, con lo que esta comisión
dictaminadora coincide unánimemente, que es necesario modificar
la ley de manera pronta y efectiva para incorporar la naranja como producto
agropecuario básico y estratégico, representando beneficios
tanto productivos, sociales, económicos, de comercio internacional,
de nutrición y de salud.
9. La comisión señala que el artículo
178 de la propia ley faculta al Ejecutivo, con los sistemas producto, a
adicionar el listado de productos estratégicos y básicos,
que menciona trece productos en once fracciones, haciendo notar que en
ninguno de ellos se encuentra mencionada alguna fruta o verdura, pese a
las recomendaciones nutricionales de instituciones internacionales, nacionales,
así como estudios e investigaciones médicas, económicas
y sociales.
En consecuencia, la comisión estima que la modificación
del citado ordenamiento, siguiendo el proceso legislativo que detalla el
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, propicia un mayor nivel de certidumbre jurídica
para el país, para los productores y para los consumidores, ya que
esta metodología le da carácter permanente a la inclusión
de un producto, en sentido contrario al mecanismo discrecional, con que
la ley faculta al Poder Ejecutivo.
10. En esos términos, la comisión estima
que la propuesta es viable jurídicamente al cumplir con los requisitos
establecidos por la ley para la presentación de iniciativas de reforma,
principalmente los de su fundamentación y su motivación.
11. En el mismo sentido, la suscriptora del presente dictamen
subraya que la propuesta atiende también causales vinculadas a la
salud pública, a la seguridad alimentaria, a la competitividad agropecuaria
y que subsana un vacío jurídico y nutricional en el listado
actual de productos agropecuarios básicos y estratégicos.
12. Por otro lado, de aprobarse el presente dictamen,
la norma satisfaría los requisitos de certeza, necesidad y universalidad
de la ley, toda vez que se probó a satisfacción de sus integrantes
la viabilidad del proyecto y su alcance nacional.
13. Derivado de las anteriores consideraciones, la comisión
considera que es susceptible de aprobarse en el presente dictamen la iniciativa
en comento, para que forme parte el derecho vigente, que rige las relaciones
productivas en materia agropecuaria del país, objeto de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la comisión
somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara
de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona una fracción XII al artículo
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se adiciona una fracción
XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para
quedar como sigue:
Artículo 179. …
I. a IX. …
X. Carne de bovinos, porcinos, aves;
XI. Pescado; y
XII. Naranja.
Transitorios
Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá integrar y
publicar un programa específico para el desarrollo y la producción
de la naranja, con visión de sustentabilidad económica y
social, a los 60 días naturales de la publicación de este
decreto.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre
de 2008.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto
Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonceca,
José Víctor Sánchez Trujillo, César Augusto
Verástegui Ostos, Modesto Brito González (rúbrica),
Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica),
Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad
de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica),
Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica),
Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez
Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler, María Guadalupe García
Noriega, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías
Zambrano, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica),
Antonio Medellín Varela, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán
(rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Isidro Pedraza Chávez
(rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Martín
Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica),
María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Juan Victoria Alva,
José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Irma Piñeyro
Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento
en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y
56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estado Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta
honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Desarrollo Rural de la honorable
Cámara de Diputados fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo
14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), para garantizar que
las propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean
incorporadas en el programa especial concurrente, presentada por el diputado
Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, el 9 de octubre de 2007.
Consideraciones
En la Constitución y en la LDRS se destaca la importancia
de las organizaciones de productores de los sectores social y privado.
Sin embargo, las propuestas de las organizaciones no se hacen efectivas
al momento de tomar las decisiones que tienen que ver con la planeación
y la puesta en marcha de las estrategias para el desarrollo rural.
Sin duda, la LDRS, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de diciembre de 2001, ha sido un valioso instrumento
de planeación e implantación de políticas públicas
tendente a promover, impulsar y orientar el desarrollo rural con una visión
de integralidad y sustentabilidad.
La orientación de dicho ordenamiento no se circunscribe
al aspecto productivo, económico y ambiental sino que, también,
prevé, en el artículo 4o., que "para lograr el desarrollo
rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados,
impulsará un proceso de transformación social y económica
que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido
y sustentable de las condiciones de vida de la población rural".
Para lograr lo anterior, como se establece en la exposición
de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo
párrafo del artículo 14 de la LDRS, para garantizar que las
propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean
incorporadas en el programa especial concurrente, se requiere la participación
de las organizaciones, en tanto que en la LDRS se prevé la participación
social en la integración de los programas sectoriales y en las acciones
relacionadas con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable, por lo que se crean diferentes figuras orgánicas y
jurídicas para cumplir los objetivos que le dieron origen.
Entre esas figuras surge la comisión intersecretarial,
que "coordinará las acciones y los programas de las dependencias
y las entidades relacionadas con el desarrollo rural sustentable".
También se considera la figura de los "distritos
de desarrollo rural", concebidos como "la base de la organización
territorial y administrativa de las dependencias de la administración
pública federal y descentralizada para la realización de
los programas operativos de la administración pública federal
que participan en el programa especial concurrente y los programas sectoriales
que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades
federativas y los municipales y para la concertación con las organizaciones
de productores y los sectores social y privado".
No obstante, aun cuando en la Constitución y en
la LDRS se destaca la importancia de las organizaciones de productores
de los sectores social y privado, lo cual podemos ejemplificar con el contenido
del artículo 25 constitucional, que señala: "Al desarrollo
económico nacional concurrirán, con responsabilidad social,
el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo
de la Nación", nos encontramos con que las propuestas de las organizaciones
sobre el PEC no llegan a ser integradas.
Como se señala en la misma iniciativa, el artículo
27 constitucional, en la fracción XX, establece la relevancia que
tienen para la nación el desarrollo rural y el carácter de
interés público de las organizaciones de los sectores social
y privado. También destaca la importancia de la participación
y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados,
ya que
El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo
rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar
a la población campesina el bienestar y su participación
e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra,
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación
y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación
reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria,
su industrialización y comercialización, considerándolas
de interés público.
En el artículo 5o. de la LDRS se establece:
En el marco previsto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno
federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas
y las municipales, impulsará políticas, acciones y programas
en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo
del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:
I. Promover el bienestar social y económico de
los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en
general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación
y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio
rural, así como el incremento del ingreso;
II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través
de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante
una acción integral del Estado que impulse su transformación
y la reconversión productiva y económica, con un enfoque
productivo de desarrollo rural sustentable;
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria
de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria
del país;
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad
y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su
aprovechamiento sustentable; y
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales,
sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura
nacional.
Con ello, no cabe duda de que tanto la Constitución
como la LDRS reconocen la relevancia de los actores rurales en el desarrollo,
pero su participación no se concreta en asuntos como es el diseño,
la elaboración y la puesta en marcha del PEC.
La LDRS es muy específica en cuanto a la planeación
del desarrollo rural, destacando su carácter democrático:
El artículo 13, fracción I, de la LDRS señala
que "la planeación del desarrollo rural sustentable tendrá
el carácter democrático que establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas.
Participarán en ella el sector público, por conducto del
gobierno federal; y los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, en los términos del tercer párrafo del artículo
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como los sectores social y privado, a través de sus organizaciones
sociales y económicas legalmente constituidas y demás formas
de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad
rural".
La presente iniciativa busca garantizar que en los procesos
de planeación se mantenga y fortalezca el espíritu de la
planeación democrática y participativa ordenado por las leyes,
y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas
las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural, sin discriminación
por motivos de afiliación política o intereses de cualquier
otro tipo. También de gran relevancia que sus propuestas, previo
análisis y argumentación científica, sean no sólo
"consideradas" como lo establece actualmente el artículo 14 de la
LDRS, sino que la comisión intersecretarial promueva la participación
y cree, con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, mecanismos
para garantizar que las proposiciones de las organizaciones sean planteadas
al Ejecutivo para su incorporación en el programa especial concurrente.
Es atribución del Poder Ejecutivo, consagrada en
el artículo 26 de la Constitución, conducir el proceso de
planeación. Finalmente, es el Ejecutivo el encargado de la formulación
y del todo proceso subsiguiente del Plan Nacional de Desarrollo, y de los
programas sectoriales y especiales.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión
de Desarrollo Rural somete el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo
14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se reforma el segundo
párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
para quedar como sigue:
Artículo 14. …
La comisión intersecretarial, en los términos
del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación
de las organizaciones del sector social y del privado y creará con
el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable los mecanismos,
como los tiempos, para que las proposiciones de las organizaciones que
concurren a las actividades del sector puedan ser presentadas al Ejecutivo
federal, para que de acuerdo con su pertinencia operativa y financiera
puedan ser incluidas en el programa especial concurrente. Igualmente,
incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos
asuman los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios,
así como establecerá las normas y los mecanismos de evaluación
y seguimiento de su aplicación.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.-
México, DF, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto
Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonceca,
José Víctor Sánchez Trujillo, César Augusto
Verástegui Ostos, Modesto Brito González (rúbrica),
Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica),
Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad
de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica),
Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica),
Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez
Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler, María Guadalupe García
Noriega, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías
Zambrano, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica),
Antonio Medellín Varela, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán
(rúbrica), Francisco Murillo Flores, Isidro Pedraza Chávez
(rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Martín
Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica),
María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Juan Victoria Alva,
José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Irma Piñeyro
Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique.