Honorable Asamblea:
A las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Irma Piñeyro Arias del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 20 de febrero de 2007, proposición por la que solicita la comparecencia del Director General del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, para que explique las etapas y metodología del censo agropecuario 2007.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a estas comisiones corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:
Antecedentes
El 20 de febrero de 2007, la diputada Irma Piñeyro Arias del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó una proposición que solicita la comparecencia del director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, para que explique las etapas y metodología del censo agropecuario 2007.
El jueves 26 de abril del 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a las Comisiones de Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes:
Consideraciones
Que el censo agropecuario, debió realizarse en el año 2001, por el Inegi, en su carácter de organismo responsable de la ejecución del Programa de Censos Nacionales, sin embargo, la institución ha argumentado la carencia de recursos presupuestales para su elaboración.
Que esta Soberanía autorizó al INEGI una partida especial por 1600 millones de pesos para que se levante en este año el censo agropecuario en todo el país.
Que este censo debe comprender el levantamiento de información para dos proyectos estadísticos relacionados, como son el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal; y el IX Censo Ejidal.
Que con el VIII Censo Agropecuario se deberá obtener, ordenar y clasificar geográficamente la información relativa al nombre y domicilio de 4.7 millones de productores agropecuarios y forestales, ubicar e identificar en cartografía alrededor de 9.3 millones de terrenos que integran las unidades de producción, enumerar cerca de 260 mil terrenos en áreas urbanas, captar información de aproximadamente 1.8 millones de viviendas con actividad agropecuaria e identificar y censar a más de 30 mil núcleos agrarios.
Conclusiones
1. El viernes 28 de marzo de 2007, las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, sostuvieron una reunión de trabajo con el director general del Inegi, para despejar dudas a los legisladores de las etapas, procedimiento y fechas del levantamiento del censo agropecuario, por lo que la pretensión de punto de acuerdo queda atendida satisfactoriamente.
Por las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hemos tenido a bien emitir un acuerdo en sentido negativo, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, que solicita la comparecencia del director general del Inegi, para que explique las etapas y metodología para el levantamiento del VIII Censo Agropecuario, en virtud de que dicha reunión ya se efectuó, con lo que queda sin materia dicha proposición.
Segundo. Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés (rúbrica), Isael Villa Villa, Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes, Osiel Castro de la Rosa (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos, Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza, Amador Campos Aburto, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica en contra), José Antonio Saavedra Coronel, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Jorge Mario Lescieur Talavera, Ramón Barajas López, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez, Jesús Sesma Suárez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto
Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonseca
(rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica),
César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Modesto
Brito González (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica),
Israel Beltrán Montes,Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica),
secretarios; Juan Abad de Jesús, Ramón Barajas López
(rúbrica), Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero
Alfonzo, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez
Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), María
Guadalupe García Noriega (rúbrica), Elda Gómez Lugo
(rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Alejandro Martínez
Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela, Gustavo
Ildefonso Mendívil Amparán, Francisco Javier Murillo Flores
(rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Santiago
Gustavo Pedro Cortés, Martín Ramos Castellanos (rúbrica),
Francisco Sánchez Ramos, María Gloria Guadalupe Valenzuela
García, Juan Victoria Alva (rúbrica), José Amado Orihuela
Trejo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE DURANGO A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN EL MANEJO ADECUADO DE LAS 99 MIL TONELADAS DE CEMENTO DONADAS A LA POBLACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Durango a entregar los documentos que avalen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas a la población de esa entidad.
Antecedentes
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública, con el número de expediente 4067.
III. Recibida en la Comisión de la Función Pública y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido negativo, el cual fue sometido a la consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 8 de octubre del 2008, por 17 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones.
Manifiestan los diputados proponentes que en los años 2005 y 2006 el gobierno de Durango recibió en donación de la Congregación Mariana Trinitaria, 99 mil toneladas de cemento, con objeto de mejorar las condiciones urbanas y de vivienda de los duranguenses más pobres, y que para garantizar el logro de este objetivo social se firmó un convenio entre el gobierno estatal y la congregación; sin embargo, el gobierno no respetó dicho convenio y en lugar de destinar el cemento a los propósitos de generar desarrollo social, con deshonestidad canalizó ese material de construcción para apoyar las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral federal de 2006 y en el local de 2007, en el que el PRI ganó todas las diputaciones de mayoría y casi todos los ayuntamientos.
Que los señalamientos que hacen son el producto de la revisión física y documental realizada por los auditores de la Congregación Mariana Trinitaria, la cual se vio obligada a presentar en enero una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, y que en la misma denuncia la congregación evidencia que sólo 12 mil toneladas habían sido comprobadas del total de las 99 mil donadas.
Que el 14 de febrero del 2008 el apoderado legal de la congregación envió a la contralora de Durango un oficio en donde ratifica al gobierno del estado como responsable de la comprobación de las 99 mil toneladas de cemento y que en dicho escrito además, la congregación señaló que la documentación presentada por el gobierno de Ismael Hernández Deras no reúne los requisitos de ley y que dista mucho de ser una comprobación transparente, eficaz, jurídica y administrativamente sustentada, por lo cual la congregación exige que se cumpla una comprobación en términos legales; y que en caso de negativa, se finquen responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en tales omisiones.
Que el Partido del Trabajo considera que la contralora del gobierno del estado ha incurrido en responsabilidad por mentir a los duranguenses, en un intento por ocultar los desvíos y el manejo electoral que el gobierno de Durango cometió con miles de toneladas de cemento, sobre todo para influir indebidamente en las elecciones del 2006 y del 2007.
Que este asunto ya fue planteado en el Congreso de Durango por los legisladores del Partido del Trabajo y mayoriteada en contra por los diputados del PRI, por lo que proponen exhortar al gobierno de Durango a demostrar en los hechos su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos que administra, entregando los documentos que justifiquen conforme a la ley el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento que fueron donadas al pueblo de Durango.
Consideraciones
Primera. El asunto planteado por los diputados proponentes se circunscribe a una donación que hizo un particular (Congregación Mariana Trinitaria) al gobierno del estado de Durango, respecto de la cual manifiestan que se hizo un uso indebido del material donado (99 mil toneladas de cemento), toda vez que se desviaron para la campaña electoral federal del 2006 y para la campaña local del 2007 a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.
Segunda. Las imputaciones las realizan los proponentes a la contralora del gobierno del estado, pues manifiestan que, con motivo de la denuncia que dicha congregación presentó, la titular de la contraloría afirmó que ya se había comprobado más del 97 por ciento del material que fue donado, cuestión que, afirman, no es cierta, pues las auditorías internas de la congregación donante expresan que sólo 12 mil de las 99 mil toneladas fueron comprobadas.
Tercera. Esta proposición ya fue presentada ante el Congreso del estado de Durango por diputados locales del Partido de Trabajo, pero fue rechazada por el voto de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, por lo cual proponen que se haga el exhorto planteado.
Cuarta. Esta comisión dictaminadora estima que la propuesta de referencia no es de aprobarse, porque se trata de un asunto que debe ser investigado en el ámbito estatal.
Quinta. En efecto, de los hechos narrados se desprende que el presunto desvío que se imputa al gobierno del estado de Durango proviene de recursos privados, respecto de los cuales esta soberanía no tiene atribuciones para fiscalizar.
Además, se menciona en el texto de la propuesta que ya fue presentada la denuncia respectiva ante la contraloría del gobierno del estado de Durango y que con motivo de los hechos denunciados su titular manifestó que ya fue comprobado más del 97 por ciento de los materiales que fueron donados.
Sexta. Por lo tanto, esta Cámara de Diputados debe ser respetuosa de las determinaciones de las autoridades locales, como es en este caso la contraloría de dicha entidad federativa, motivo por el cual no es posible solicitarle al gobierno del estado que haga entrega de los documentos que justifiquen conforme a la ley el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas, pues, por una parte, la autoridad competente ya se pronunció al respecto, situación de la que tuvo que haber tenido conocimiento el denunciante (Congregación Mariana Trinitaria), y por la otra, no existen elementos objetivos que permitan suponer una actuación irregular de la citada autoridad.
Lo anterior sin perjuicio de que en el resolutivo del punto de acuerdo no se menciona a quien debe entregarse la información que se detalla.
Séptima. Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 40, 41 y 124 la forma de Estado federal, instaurando un claro régimen de división de competencias entre ramas y órdenes de gobierno.
Los estados integrantes de una federación pueden considerarse dotados de cierta soberanía, pues determinadas competencias les quedan reservadas en exclusión con las que tiene la federación.
El Título Cuarto de la Constitución General de la República establece que tratándose de la materia sobre responsabilidades de los servidores públicos, las entidades federativas serán competentes para legislar y aplicar la ley.
Por lo tanto, este órgano legislativo debe ser respetuoso de las determinaciones de las autoridades de las entidades federativas, como es en este caso la contraloría del gobierno del estado de Durango, máxime que no se aportan elementos que permitan presumir una actuación indebida por parte de esa autoridad.
En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, esta Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con que cuenta pone a su consideración el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Durango a entregar los documentos que avalen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas al pueblo de esa entidad federativa, presentada por los diputados Joaquín Humberto Vela González y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Segundo. Archívese este asunto como asunto totalmente concluido.
La Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín
González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo
Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo
Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica),
secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano
Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica),
Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván,
Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre
Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina
(rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras,
Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández
Ugarte (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica),
Lariza Montiel Luis (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez,
Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez,
Rafael Plácido Ramos Becerril, Marcos Salas Contreras (rúbrica),
Ramón Valdés Chávez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR A EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS HOMICIDIOS DE TERESA BAUTISTA MERINO Y FELICITAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que ejerza su facultad de atracción para la investigación y su persecución respecto de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez.
Antecedentes
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha jueves 17 de abril de 2008 fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que ejerza su facultad de atracción para la investigación y su persecución respecto de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, presentada por la diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa.
En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno dicha proposición a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido del punto de acuerdo
La proponente expresa que en las zonas serranas de nuestro país, en estados como Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otros, se llevan a cabo actos de represión que en numerosas ocasiones terminan en homicidios. Las comunidades campesinas e indígenas se encuentran especialmente vulnerables ante los embates de líderes campesinos, sindicales y caciques que se apoderan de zonas completas mediante la represión. Estos hechos, por sí mismos, son inaceptables y deben ser denunciados. El pasado 7 de abril del año en curso, Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez fueron emboscadas y asesinadas en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, ubicada a unos 70 kilómetros del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, ambas eran locutoras de la radiodifusora triqui La Voz que Rompe el Silencio, patrocinada por el ayuntamiento de San Juan Copala.
El coordinador de radio comunitaria a la que pertenecían las comunicadoras, expresó que, desde el 20 de enero pasado, cuando iniciaron transmisiones, recibieron amenazas de caciques y líderes: "dijeron que iban a quemar la estación, que la radio estorba, pero no esperábamos que asesinaran a nuestras compañeras".
El autor de la proposición expone que en los últimos años, decenas de periodistas y comunicadores han desaparecido o han sido asesinados en una evidente represión a la libertad de expresión que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En un acto de respuesta institucional a tales homicidios y desapariciones, señala la diputada que el gobierno federal creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas, instancia dependiente de la Procuraduría General de la República, y que es en esta instancia investigadora donde debe iniciarse una investigación minuciosa, responsable y de muy alto nivel que deslinde responsabilidades y castigue tan deplorables delitos.
Consideraciones
La cmisión realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6o., establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.
La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales ratificados por México, por lo que son de obligatorio cumplimiento en nuestro país.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que el asesinato, el secuestro, la intimidación, la amenaza a los comunicadores sociales y la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el 15 de mayo de 2008, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones relativas al homicidio de las periodistas indígenas Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.
La dependencia señaló en un comunicado, que ejerció la facultad de atracción, prevista en el marco penal federal, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas, por lo que la proposición en estudio ha quedado sin materia.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia:
Resuelve
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que ejerza su facultad de atracción para la investigación y persecución respecto de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, ya que ha quedado sin materia.
Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho
Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica),
Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica),
Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica),
Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica
Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola,
Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica),
Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes
Andrade, Jesús de León Tello (rúbrica), José
Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié
(rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande,
Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés
Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica),
Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno
Álvarez, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando
Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo
Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CONADE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 4049, que contiene una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, suscrito por el diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de la Cámara de Diputados, el miércoles 30 de abril de 2008.
El legislador promovente señala que es hasta el año de 1990, con la promulgación de la Ley de Estímulo y Fomento Deportivo, que se le otorga a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) el carácter de órgano rector y coordinador del sistema nacional del deporte.
De igual modo, manifiesta que existe ausencia de planeación y hay indicios de corrupción en las federaciones deportivas integradas al sistema nacional del deporte y que como muestra de lo anterior, el 6 de enero del presente año una de las atletas más exitosas en el deporte mexicano, la velocista Ana Gabriela Guevara, anunció su retiro de la actividad deportiva argumentando los malos manejos que se llevan a cabo dentro de la Conade y la Federación Mexicana de Atletismo.
Asimismo, expresa su preocupación de que esta situación se agrave, ya que en agosto de este año se celebran en Beijing, China, los Juegos Olímpicos, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a estos Juegos Olímpicos y el impacto que pudieran tener las denuncias sobre los malos manejos de las federaciones deportivas.
Es por ello que solicita la comparecencia del Carlos Hermosillo Goytortúa, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ante las Comisiones Unidas de Función Pública, y de Juventud y Deporte para que informe sobre los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos en Beijing, China, e informe además sobre las denuncias de malos manejos durante su administración que realizó la atleta Ana Gabriela Guevara.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la proposición de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la comisión, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
Como menciona el diputado promovente, es del interés de todos los legisladores y en especial para la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados conocer los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos, así como el impacto que pudieran tener las denuncias sobre los presuntos malos manejos por parte de algunas federaciones deportivas.
Sin embargo, el pasado jueves 10 de abril de 2008 tuvo lugar una reunión en conferencia de las Comisiones de Juventud y Deporte de ambas Cámaras, en la cual compareció Carlos Hermosillo Goytortúa, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como otros servidores públicos de dicha institución.
En dicha reunión se presentó el avance de lo que sería el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, los recursos utilizados en la preparación de los atletas de alto rendimiento y el caso de la Federación Mexicana de Atletismo. Así pues, como una síntesis de los temas tratados durante la citada reunión, se informó que para el presente ejercicio fiscal, el Fondo Nacional del Deporte (Fonade), fideicomiso dedicado para el ciclo Olímpico, ha destinado 57 millones 686 mil 683 pesos para un total de 261 atletas. De igual modo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar-CIMA) hasta el momento ha ejercido 58 millones 972 mil 697 pesos y mediante este fondo se otorgan becas para los atletas y apoyos económicos a entrenadores, equipo multidisciplinario y staff. Asimismo, se otorgaron apoyos a 3 mil 678 deportistas juveniles y de alto rendimiento, a diversas Asociaciones Deportivas Nacionales del deporte convencional, del deporte adaptado y el Comité Olímpico Mexicano.
Respecto al conflicto suscitado entre la velocista Ana Gabriela Guevara y directivos de la Federación Mexicana de Atletismo (FMA) se informó que las denuncias surgieron a raíz de diversas irregularidades denunciadas por ella, presuntamente ocurridas durante la celebración del Campeonato Mundial de Atletismo 2007, realizado en Osaka, Japón, en las cuales se implica al entonces titular de la FMA, Mariano Lara Tijerina. Derivado de lo anterior, la Conade inició un proceso administrativo, el cual se resolvió el 17 de diciembre de 2007, con una sanción consistente en una suspensión por cuatro años por parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Como resultado del procedimiento administrativo, el 9 de noviembre de 2007 se presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República a efecto de que se determinara la existencia de los posibles delitos de fraude y peculado.
De igual modo, en otro procedimiento administrativo, el Órgano Interno de Control de la Conade inhabilitó a Mariano Lara Tijerina por un lapso de 5 años para ocupar puestos en la administración pública federal y se le sancionó económicamente por un monto de 196 mil 500 pesos; derivado de este segundo procedimiento administrativo, se presentó una segunda denuncia por la posible comisión de diversos delitos en agravio de la Conade, encontrándose esta averiguación previa en la etapa de acreditación del detrimento patrimonial.
Por último, Jorge Camacho Peñaloza, subdirector general de Calidad para el Deporte de la Conade, en las sesiones del pleno de la comisión, específicamente en las correspondientes al 20 de mayo y al 18 de junio del año en curso, expuso ante sus integrantes cuál ha sido el proceso de preparación tanto de la Delegación Mexicana Paralímpica como de la Olímpica para los Juegos de Beijing, China.
Con base en los anteriores argumentos, la comisión que suscribe ha resuelto dictaminar en sentido negativo el punto de acuerdo en estudio, en virtud de que existen evidencias de que lo solicitado por el diputado Javier Hernández Manzanares queda sin efectos, pues lo requerido ha sido superado, pues a pesar de que el presente asunto es turnado a este órgano legislativo el 30 de abril, el citado punto de acuerdo es publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 4 de marzo, por lo que se interpreta un evidente desfase entre lo solicitado por el diputado promovente y los acontecimientos acaecidos el pasado 10 de abril, pues durante la citada reunión con Carlos Hermosillo Goytortúa se desahogaron los puntos solicitados por el asunto en estudio.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 fracción XXI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, solicita la comparecencia del Carlos Hermosillo Goytortúa, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ante las Comisiones Unidas de Función Pública, y de Juventud y Deporte para que informe sobre los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos en Beijing, China, e informe además sobre las denuncias de malos manejos durante su administración por la atleta Ana Gabriela Guevara, presentada por el diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de la Cámara de Diputados, el viernes 30 de abril de 2008.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil ocho.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: Elizabeth Morales
García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías
(rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica),
Francisco Elizondo Garrido, Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Lagunes
Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica),
José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés
Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz
Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón
(rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Concepción Ojeda
Hernández (rúbrica), Alma Xóchil Cardona Benavidez
(rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso
David Pulido Santiago (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso
(rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo, Fidel Antuña
Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz,
Martín Ramos Castellanos, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar
(rúbrica), Pedro Montalvo Gómez, Rafael García Villicaña
(rúbrica), Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Salvador
Barajas del Toro (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich, Jorge
Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención de las adicciones en el sector público, suscrita por los diputados Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gerardo Sosa Castelán, María Oralia Vega Ortiz, Joel Guerrero Juárez y Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y el dictamen del punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
II. En el capítulo correspondiente a contenido se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de consideraciones, la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.
En sesión celebrada con fecha 13 de diciembre de 2007 fue presentada la proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención de las adicciones en el sector público, suscrita por los diputados Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gerardo Sosa Castelán, María Oralia Vega Ortiz, Joel Guerrero Juárez y Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la citada proposición a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En la exposición de motivos, los promoventes afirman que uno de los mecanismos más útiles para prevenir el consumo de drogas es el examen toxicológico, mejor conocido como antidoping, el cual en el país se aplica en materia deportiva y en el sector público, fundamentalmente en las corporaciones policiacas antes del ingreso y en evaluaciones periódicas.
Asimismo, pretenden que dichos exámenes se extiendan en su aplicación para contribuir a trasparentar las instituciones públicas y generar confianza ciudadana en la honorabilidad de los servidores públicos. Por esa razón solicitan al Ejecutivo federal que se aplique de manera general la prueba antidoping como mecanismo preventivo contra las adicciones, en todo el gobierno federal, incluyendo que se efectúe examen antidoping a los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, como ejemplo de abierto rechazo de las adicciones.
III. Consideraciones
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto constitucional, que se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, y señala lo siguiente:
II. Las obligaciones en el servicio público;
III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político;
IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones;
V. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero; y
VI. …
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II. a V. …
VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo de éste;
VII. a XII. …
XIII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a que se refiere la fracción XI;
XIV. a XV. …
XVI. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;
XVII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan las disposiciones de este artículo;
XVIII. Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables;
XIX. a XXIV. …
XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas.
Debido a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Salud consideramos que la propuesta resulta redundante, pues hay disposiciones jurídicas e instituciones cuya finalidad es precisamente vigilar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.
La Comisión de Salud, atendiendo a la responsabilidad financiera que implica aprobar acuerdos como el que se aborda en el presente dictamen, solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Publicas (CEFP) una valoración del impacto presupuestario que implicaría aprobar una medida como la propuesta.
En respuesta de dicha solicitud, el CEFP afirmó que con un costo aproximado de 80 pesos por prueba, y estimando un número de 653 mil 30 plazas de la administración pública, así como el Poder Legislativo, el impacto presupuestal del punto de acuerdo ascendería a un total de 52 millones 242. 4 mil pesos para aplicar la prueba a la población del sector público federal.
El estudio presupuestal señala también que para el Poder Ejecutivo, formado por distintos ramos administrativos, se destinarían, de aprobarse el punto de acuerdo en sus términos, 51 millones 734.1 mil pesos, siendo la Secretaría de la Defensa Nacional el ramo que se consignaría mayor cantidad de recursos, debido a que tiene 199 mil 545 plazas registradas.
En segundo y tercer lugares, estrían las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, con 10.1 y 4.4 millones de pesos, respectivamente.
Por lo anterior, esta comisión considera que con dicho acuerdo ha sido atendida la presente proposición, por lo que, con base en las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud emite el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instaurar la aplicación de exámenes toxicológicos a todos los servidores públicos federales y a efectuar examen antidoping a los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, presentada por los diputados Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gerardo Sosa Castelán, María Oralia Vega Ortiz, Joel Guerrero Juárez y Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de diciembre de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús
(rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín
Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián,
María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado
de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia
García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge
Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A COMPARECER AL SECRETARIO DE SALUD A FIN DE QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN EL CASO DE LA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR SARAMPIÓN
A la Comisión de Salud fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo a fin de citar a comparecer al secretario de Salud para que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones otorgadas en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43,44 y 45, y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
II. En el capítulo "Contenido" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.
En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008 fue presentada la proposición con punto de acuerdo a fin de citar a comparecer al secretario de Salud para que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El promovente señala en su exposición de motivos su preocupación derivada de información de medios de comunicación respecto a un caso de sarampión en el estado de Arizona y otros más en San Diego, California, aludiendo que en virtud de la cercanía y evidente interacción de la ciudad de San Diego, principal foco de infección, con los habitantes de las zonas fronterizas de nuestro país es necesario citar a comparecer al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, para que puntualice las medidas adoptadas por el gobierno federal para afrontar la alerta epidemiológica derivada de los brotes de sarampión surgidos en el sur de Estados Unidos de América.
III. Consideraciones
Respecto a la preocupación del promovente, la comisión consultó con la Secretaría de Salud respecto al tema que nos ocupa. En atención a lo anterior se hizo del conocimiento de la comisión, por medio de la Dirección General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la situación de nuestro país en lo que ocupa al punto de acuerdo en estudio.
Sobre si existe una cantidad suficiente de vacunas, la dirección referida ha hecho de nuestro conocimiento que se distribuyeron 21 millones de dosis de la vacuna contra sarampión-rubéola en el país, señalando que las estrategias de vacunación se constituyen por el Programa de Vacunación Rutinaria, las Semanas Nacionales de Vacunación y el Programa de Eliminación de Sarampión–Rubéola, que está dirigido a la población de 19 a 29 años, aunado a las actividades de vacunación ante la presencia de casos de importación de la enfermedad.
Las entidades federativas asimismo han manifestado el compromiso de incrementar la cobertura de vacunación y mantener en el país la fase de eliminación del sarampión.
El arma principal para la vigilancia epidemiológica es el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática, que opera en todo el territorio nacional y garantiza una elevada sensibilidad de detección de posibles casos, permitiendo una oportuna intervención para implantar medidas de control vigilancia coordinación interinstitucional, intersectorial e internacional.
Por otro lado, cabe señalar que la vigilancia internacional en puertos aéreos y navales es una atribución de las entidades federativas.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que los estados fronterizoas cuentan con un calendario de reuniones binacionales en los que se abordan los temas de interés común, incluyendo las emergencias sanitarias, con la finalidad de establecer intervenciones y evoluciones conjuntas.
En el caso particular del paciente de sarampión procedente de Suiza y que viajó de Arizona a Los Cabos, las autoridades de salud de Arizona informaron a los servicios de salud estatales que, aunados a la autoridad federal, implantaron el operativo correspondiente para atender dicha situación.
En otro orden de ideas, la acción de la Secretaría de Salud en estos temas se enfoca a una acción continua de difusión de normas y procedimientos en el sistema nacional de salud, a través de los manuales correspondientes. También se llevan a cabo reuniones con los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas, evaluando el alcance de indicadores de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática.
Cuando se dan casos de sarampión importados se giran las alertas necesarias, señalando la magnitud del problema y las acciones específicas a realizar.
Existe una coordinación interinstitucional federal y estatal que garantiza la implantación de medidas de prevención y control, tanto rutinarias como adicionales. También hay una retroalimentación con las autoridades federales, así como recopilación de información para análisis y publicación de boletines oficiales.
Aunado a lo anterior, se envía información a instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud.
De hecho, la Secretaría de Salud nos ha dado a conocer que desde junio de 1996 México está libre de la circulación autóctona de sarampión, y los casos presentados provienen de otras regiones del mundo, siendo exitosas las medidas implantadas ante cada caso presentado desde entonces, confirmando así que nuestro país tiene la experiencia y la capacidad de respuesta necesaria para no poner en riesgo a la población.
Derivado de lo referido con antelación, resulta evidente que nuestro país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica exitoso y que el caso en particular ha sido resuelto sin poner en peligro a la población nacional, por lo que resulta innecesaria una comparecencia del secretario de Salud para explicar a esta soberanía actividades cotidianas del sistema nacional de salud.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que otorgadas en el artículo 73, fracción XVI, en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de citar a comparecer al secretario de Salud para que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús
(rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín
Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián,
María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado
de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia
García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge
Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS A INFORMAR SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL CIERRE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN RURAL AL ADOLESCENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva, y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente metodología
I. Antecedentes
El jueves 29 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
Con fecha viernes 30 de abril de 2008, la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, que funcionaban en el programa IMSS-Oportunidades.
La promoverte argumenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Salud Reproductiva tiene obligación de seguir atendiendo las necesidades de la población en materia de salud sexual y reproductiva.
Este tema no solamente comprende la planificación familiar, sino también la salud reproductiva de adolescentes, salud perinatal, que incluye las etapas prenatal, parto, puerperio y fortalecimiento de la lactancia materna, riesgo preconcepcional, prevención, y manejo de enfermedades de transmisión sexual, prevención y tratamiento de infertilidad, detección oportuna de cáncer de tracto reproductor y de mama y manejo del climaterio y menopausia.
III. Consideraciones
Comprendiendo la preocupación de la promovente por el tema de salud sexual y reproductiva, los diputados integrantes de la comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta. Las principales consideraciones para dictaminar el punto de acuerdo que se estudia, fueron las siguientes:
Primera. La comisión coincide con la promoverte en los siguientes puntos:
• El IMSS, como parte del sector salud, debe asumir su responsabilidad de atender las necesidades de la población en materia de salud sexual y reproductiva, por medio de una adecuada coordinación de sus unidades y programas, que le permitan cumplir eficientemente esta función.
I. a III. …;
IV. Emitir la normatividad institucional relativa a vigilancia epidemiológica, medicina preventiva, fomento a la salud, salud reproductiva, salud materno infantil, educación médica, investigación médica, salud en el trabajo y la prestación de los servicios médicos y de rehabilitación en sus tres niveles de atención;
V. a XXI. … .
Por lo tanto, aunque desapareciera la Coordinación de Salud Reproductiva, la Dirección de Prestaciones Médicas tendría la obligación de cumplir sus atribuciones en el tema de salud reproductiva, a través de otras unidades.
Tercera. Al consultar la estructura orgánica operativa del IMSS, en el Portal de Obligaciones de Trasparencia, (http://portaltransparencia.gob.mx, consultada en junio de 2008) encontramos que la Coordinación de Salud Reproductiva no ha desaparecido; forma parte de la Unidad de Salud Pública, dentro de la Dirección de Prestaciones Médicas.
La Coordinación de Salud Reproductiva tiene su domicilio en Mier y Pesado 120, colonia del Valle, México, DF, y brinda atención en los teléfonos (01-55) 5536-0682 y 5536-0022.
La Coordinación trabaja por medio de dos divisiones:
b) Salud materna y prenatal
Con fundamento en estos datos, parece existir un malentendido en la formulación del punto de acuerdo que es materia del presente dictamen. La Coordinación de Salud Reproductiva aún existe y brinda servicio, por lo tanto, no es necesario solicitar al IMSS mayores informes al respecto.
Cuarta. Con respecto a los Centros de Atención Rural al Adolescente, la información completa sobre su funcionamiento y actividades se puede solicitar a la División de Planeación, Sistemas e Información, la cual pertenece también a la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de la asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, el jueves 29 de abril de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús
(rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín
Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián,
María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado
de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia
García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal,
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge
Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INCLUIR LA HEMOFILIA EN EL CATÁLOGO DE ENFERMEDADES ATENDIBLES POR EL SEGURO POPULAR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo médico de enfermedades atendibles por el Seguro Popular, presentada por el diputado Daniel Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 39, numerales 1 y 3, y en los artículos 43,44 y 45, y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de la honorable asamblea el dictamen de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y del dictamen del punto de acuerdo mencionado, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
II. En el capítulo "Contenido" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados, con fecha 30 de abril de 2008, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo médico de enfermedades atendibles por el Seguro Popular, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En la exposición de motivos, el promovente manifiesta que de los pacientes con hemofilia identificados en México, cerca de 35 por ciento no cuentan con seguridad social y carecen de un tratamiento adecuado, siendo la mayoría de esas personas de escasos recursos. Señala que, para atender sus sangrados, acuden al centro de salud más cercano que no cuenta regularmente ni con los expertos ni mucho menos con el tratamiento adecuado. Cuando llegan a ser atendidos sólo reciben tratamiento con base en componentes sanguíneos, tratamiento rebasado por la tecnología hace más de 20 años, y únicamente en casos de urgencia, es decir, cuando presentan hemorragias severas. Afirma que el tratamiento con base en transfusiones conlleva el riesgo latente de contagio de hepatitis C o sida, ya que la sangre transfundida puede estar eventualmente contaminada, cuyo riesgo se incrementa por las frecuentes transfusiones.
Por estas, entre otras razones, propone que se exhorte a la Secretaría de Salud a incluir en el catálogo médico de enfermedades atendibles, a través del Seguro Popular, a la hemofilia, y se proporcione, de esta manera, atención médica adecuada y oportuna a los enfermos que padecen esta enfermedad, a fin de evitar que sigan padeciendo discapacidades o siendo expuestos a otras enfermedades como hepatitis C o sida, por una atención inadecuada, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a mejorar su atención médica y garantizar a los pacientes con hemofilia el tratamiento adecuado y el suministro y abasto oportuno de medicamentos a que tienen derecho.
III. Consideraciones
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conocida como Seguro Popular, es la encargada de la protección social en salud, mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, contemplando como mínimo, según lo referido en el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.
Para cumplir con las obligaciones referidas, el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con el catálogo universal de servicios de salud, en el cual se enlistan las enfermedades y tratamientos que atiende el Seguro Popular en primer y segundo nivel.
En el caso de enfermedades y tratamientos de alta especialidad, el Seguro Popular tiene un catálogo de intervenciones correspondiente a enfermedades y tratamientos de un costo elevado que provocan gastos catastróficos.
En este orden de ideas, en el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud está establecido que se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.
Asimismo, en el segundo párrafo se señala que con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención, principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la federación un fondo de reserva sin límites de anualidad presupuestal con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.
En el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud está establecido en el artículo 99 lo siguiente:
Para fines del presente capítulo, dichas enfermedades se denominarán gastos catastróficos.
La definición de las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos y los materiales asociados que generan gastos catastróficos será responsabilidad exclusiva del Consejo de Salubridad General, estará sujeta a revisión y actualización periódica y considerará los criterios señalados en el artículo 77 Bis 29 de la ley, así como los siguientes criterios:
I. …
II. Peso de la enfermedad. Este criterio mide las pérdidas de salud debidas tanto a mortalidad prematura como a discapacidad en sus diferentes grados. Para identificar el peso de la enfermedad asociada a los gastos catastróficos, serán considerados los siguientes factores: la mortalidad por causas y por grupos de edad, la mortalidad hospitalaria del sistema nacional de salud, las causas de egreso hospitalario, el número de casos registrados de la enfermedad y la discapacidad producida por la enfermedad;
III. a VI. …
Por este motivo, la Secretaría de Salud ha puesto en marcha el Seguro Médico para una Nueva Generación, cuyas reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, en el anexo I, señalan que el tratamiento de la hemofilia se encuentra considerado como intervención cubierta para niños menores de 5 años que se encuentren afiliados a éste.
En relación con los insumos para el tratamiento de la hemofilia, es importante señalar que el artículo 28 de la Ley General de Salud refiere la existencia de un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del sistema nacional de salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.
Para la elaboración de dicho catálogo, se consideran los padecimientos agudos y de la mayor incidencia en la población de escasos recursos, o crónicos de mayor incidencia en el país, según lo señalado en el acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del sistema nacional de salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para el segundo y tercer nivel del catálogo de insumos, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002.
La edición 2007 del cuadro básico y catalogo de medicamentos, publicada con fecha 21 de abril de los corrientes, incluye en el grupo terapéutico 10, hematología la clave, descripción, indicaciones, vía de administración, y dosis aplicables para el tratamiento de episodios hemorrágicos y prevención de sangrado excesivo relacionado con cirugía en personas con hemofilia hereditaria o adquirida que han desarrollado inhibidores a los factores de coagulación. También se menciona el tratamiento o prevención de la hemorragia en pacientes con hemofilia A y tratamiento de la hemofilia B. De lo que se infiere que el catálogo de insumos prevé los tratamientos aplicables a la hemofilia.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones establecidas en el artículo 73, fracción XVI, y en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo médico de enfermedades atendibles por el Seguro Popular, presentada por el diputado Daniel Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de julio 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús
(rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín
Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián,
María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado
de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia
García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge
Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL IMSS A DESTINAR RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN REYNOSA, TAMAULIPAS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada, para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que invierta mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada en un incremento en el número de camas y en la construcción de otro hospital; igualmente el exhorto incluye el que se implante o de seguimiento a los programas de calidad en la esa ciudad, a fin de subsanar las deficiencias en la atención a la salud que existen en dicho municipio, y para que se atienda el desabasto de medicamentos en las instalaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la mencionada ciudad, presentada por el diputado Raúl García Vivián, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de abril de 2008.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha jueves 24 de abril de 2008, el diputado Raúl García Vivian, del Grupo Parlamentario del PAN, presento la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS a proporcionar recursos para la construcción de un hospital de especialidades y a mejorar la infraestructura hospitalaria en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, así como mejorar la calidad en la atención de los derechohabientes de esa institución.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Seguridad Social.
Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la proposición de referencia, materia del presente dictamen
Contenido
Refiere quien promueve esta proposición, que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 21 millones 175 mil 470 derechohabientes y a 26 millones 842 mil 850 familiares (sic), además de un número importante de personas a través del Programa IMSS Oportunidades, lo que lo convierte en el principal proveedor de seguridad social en el país, que en consecuencia requiere de una gran capacidad financiera y humana.
Continúa refiriendo que en Tamaulipas, el IMSS protege al 65 por ciento de la población por medio de 44 unidades médicas, 6 hospitales generales de zona, 1 hospital de subzona, 6 subdelegaciones, 4 tiendas, 62 guarderías y 2 Centros de Seguridad Social, en el régimen ordinario, y 2 hospitales y 104 unidades médicas rurales en el Programa IMSS Oportunidades.
Señala el autor de la proposición con punto de acuerdo que se analiza, que el problema de la calidad de los servicios médicos recae en la falta de inversión y en la calidad de los servicios, mencionando que la falta de inversión se debe a que el IMSS tiene que dar beneficios a la población abierta a través de esquemas como IMSS Oportunidades y el Seguro de Salud para la familia.
Se expresa, además, en las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo a dictaminar, que el deterioro en la calidad de los servicios trae como consecuencia largos tiempos de espera para consulta y para especialidades, así como para estudios complicados, además de la mala atención del personal y complicaciones médicas, refiriendo que para los empresarios los costos se elevan por que tienen que pagar servicios médicos privados.
Por último, refiere que a pesar del crecimiento en el número de derechohabientes a los que hay que dar servicios médicos, la infraestructura médica sigue siendo la misma, requiriéndose la construcción de un hospital de especialidades para la atención de la zona.
A partir de las consideraciones anteriores, el promovente propone que la Cámara de Diputados, primero, exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que invierta mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada en un incremento del número de camas y en la construcción de otro hospital; segundo, exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social a que implante o de seguimiento a los programas de calidad en Reynosa, Tamaulipas a fin de subsanar las deficiencias en la atención a la salud que existen en dicho municipio, y, tercero, exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social a que atienda el desabasto de medicamentos en Reynosa, Tamaulipas".
Consideraciones
1. La Ley del Seguro Social establece que la "seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado".
2. Igualmente establece que "el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de ella, y que su organización y administración están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo".
3. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende, en efecto, a un poco menos de la mitad de la población del país; al mes de febrero de 2008, el IMSS tenía registrados 11 millones 834 mil 954 asegurados trabajadores permanentes, y, en su conjunto, a 51 millones 63 mil 401 derechohabientes.
4. Es prudente aclarar, en relación a los señalamientos que en las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo se hacen, que el programa IMSS Oportunidades, es un programa del gobierno federal con gasto presupuestal incluido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyos recursos administra el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no los aporta con cargo a sus ingresos, decreto que es aprobado anualmente por la Cámara de Diputados.
5. Igualmente, la comisión que dictamina considera prudente aclarar, también en relación a señalamientos expresados en las consideraciones que fundamentan la proposición con punto de acuerdo, de que la falta de inversión se debe a que el IMSS tiene que dar beneficios, además de a los beneficiarios del programa IMSS Oportunidades a los que califica como población abierta, a los inscritos en el Seguro de Salud para la Familia, lo cual implica dejar sin considerar los graves problemas de financiamiento por los que el IMSS atraviesa, que tienen que ver con la cuantía de las cuotas obrero patronales, el alto costo de medicamentos e insumos para la salud, y las metas de incremento de sus reservas, por citar solo algunos de ellos, y que, en su conjunto inciden en la falta de recursos para inversión en instalaciones hospitalarias y en el deterioro de la calidad del servicio que se presta.
6. Por otra parte, los recursos de que el IMSS dispone anualmente para cumplir con sus obligaciones legales para con los trabajadores afiliados y sus familiares derechohabientes, están señalados con toda precisión en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. Y tanto la construcción de nuevas unidades hospitalarias en general, como el hospital de especialidades que se propone se construya en Reynosa, Tamaulipas, como la ampliación o remodelación de unidades de atención médica, se incluyen en el Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, sin que, para el ejercicio fiscal de 2008 esté contemplada la construcción del hospital de especialidades que se propone.
7. La comisión que dictamina toma igualmente en consideración para este dictamen, que la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que exhortar al IMSS a destinar recursos para fines específicos relacionados con la atención médica que tiene que proporcionar ese instituto, resulta en un contrasentido, ya que el órgano encargado de fijar en monto y lugar el destino de esos recursos, resultaría ser precisamente el exhortante.
8. Con fundamento en las consideraciones anteriormente expresadas, esta comisión concluye que, sin dejar de reconocer y apreciar la intención de mejoría en los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se contienen en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, no es de aprobarse, y recomienda que, para los efectos que se desean obtener, la petición deberá ser presentada ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con la debida oportunidad, para que pueda ser considerada por ella en el proyecto de dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Por lo expuesto, la comisión somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse y se desecha la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a invertir mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada en un incremento del número de camas y en la construcción de otro hospital, y a que implante o de seguimiento a los Programas de Calidad en Reynosa, Tamaulipas a fin de subsanar las deficiencias en la atención a la salud que existen en dicho municipio, así como se atienda el desabasto de medicamentos en Reynosa, Tamaulipas.
Segundo. Descárguese este asunto de la relación de pendientes de concluir su trámite legislativo y archívese como totalmente concluido.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a los 21 días del mes de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Social
Diputados: Miguel Ángel
Navarro Quintero (rúbrica), presidente; Efraín Arizmendi
Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica),
Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Samuel Aguilar
Solís, secretarios; Sara Sep Guzmán (rúbrica), Joel
Arellano Arellano, Alfonso Othón Bello Pérez, Ángel
Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto
González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell,
Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno
Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez
(rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan
Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja,
José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián
Pedrozo Castillo (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril
(rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores
Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Guillermina López
Balbuena, Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala
Almeida, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Ana
María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés
Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).