| Anexo I Manuales |
La suscrita, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Regular la libertad religiosa es una tarea que implica delimitar un derecho genérico, que a su vez engloba los márgenes de la laicidad en México; la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público publicada en julio de 1992 bajo un contexto político específico, ha fijado el marco de actuación de las iglesias, en especial de las que más relevancia e influencia han tenido a lo largo de nuestra historia.
La separación de esferas entre el Estado y la Iglesia ha representado el antecedente principal de carácter laico en la sociedad mexicana, teniendo muy presentes las problemáticas de origen religioso y que llevó al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, a marcar oportunamente su disociación jurídica.
El 15 de julio de 1859, en su calidad de Presidente de la República, promulgó las Leyes de Reforma, que contemplaron, entre otras acciones fundacionales del Estado moderno, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la creación del Registro Civil, la secularización de los cementerios, la libertad de cultos y la supresión de festividades y comunidades religiosas.
Estas bases explican el principio de que el ejercicio de la política y de gobierno, se encuentran debidamente desligados de los dogmas religiosos, de cualquier tipo e implícitamente conlleva a la necesidad de garantizar el respeto hacia todo culto, en la medida en que ninguna en particular resulte impuesta en el ejercicio de la función pública. Las libertades individuales son inalienables los deberes públicos son irrenunciables.
Es importante tener claro, en la discusión entre el ámbito del poder civil y religioso, lo que está en juego son las fuentes de legitimidad mediante las cuales las instituciones políticas de un país se sustentan, se diferencian y se ajustan al derecho. Es muy claro el origen, al César lo que es del César.
La laicidad puede ser definida como régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y no por elementos espirituales o religiosos.
No siempre fue así, las primeras Constituciones, como la de Apatzingán, los escritos constitucionales como los Sentimientos de la Nación, de Morelos; buscaban legitimarse en lo sagrado, incluso la Constitución de 1824 era prohibitiva de cualquier otra religión que no fuera la católica, apostólica y romana.
Sin embargo, la Constitución de 1857, por primera vez ignora el punto que establece a México como nación católica, aspecto que traduce de inmediato en la libertad religiosa; y en el conjunto de Leyes de Reforma de 1872 y 1873 introducidas durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, mencionando puntualmente la laicidad como principio básico de nuestro país.
En esa misma época, ni siquiera en un país como Francia existía la laicidad, ni un régimen de separación Estado-Iglesia, en esa época y hasta 1905 existía un régimen concordatario. De ahí también su carácter revolucionario, porque implicó la separación de los denominados "negocios o asuntos eclesiásticos de los negocios o asuntos civiles".
En adelante, desde lo enunciado en el artículo 130 de la Constitución de 1917 y muy en particular como resultado de las reformas de 1992, se reafirmaron los principios de laicidad y de separación Estado-Iglesia, con la publicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual establece que el Estado mexicano es laico. Este par de elementos no existía enunciado explícitamente antes de esa reforma.
La laicidad en modo alguno encierra una confrontación hacia iglesias o religiones, el problema de fondo conduce a los funcionarios encargados de resolver los asuntos sociales, civiles y políticos de un país, que deben conducirse conforme a esta ética pública, de naturaleza republicana.
A fin de cuentas, la esencia de esta definición consiste en el reconocimiento cabal de que el verdadero apoyo político tiene un solo origen, es decir, el pueblo.
En ese tenor, las iglesias pueden reivindicar su fe y promover sus convicciones; pero ha sido por impulso de los movimientos civiles, monitoreando la actuación de las autoridades, la que ha evidenciado frecuentes abusos y sesgos desde el poder político, que corren el riesgo de incrementarse por la presión para legitimarse a toda costa, ante la falta de resultados en la igualdad social, el desarrollo económico, la vida política y la cohesión social y cultural.
Así que, acentuados desde los primeros años del pasado sexenio, actos de moral privada que permearon la política pública, como se exhibe en diversas exigencias hacia la Secretaría de Gobernación para garantizar el Estado de derecho. Entre otras, se citan:
"…la exposición del estandarte de la virgen de Guadalupe en un acto de campaña, el beso al anillo papal, la consulta que el titular de Gobernación hiciera a los obispos del Episcopado para la clasificación y permiso de la difusión de la película "el crimen del padre amaro", la exclusión de autores como Octavio Paz y Carlos Fuentes de la selección de libros para las bibliotecas públicas de la SEP, el otorgamiento de recursos por parte del Instituto Mexicano de la Juventud a organizaciones que se basan en sus credos religiosos para obstaculizar políticas de población y salud reproductiva, y las declaraciones del ex Secretario de Trabajo, Carlos Abascal, en el sentido de que las ideas de laicidad de Benito Juárez son anacrónicas", entre otras situaciones.
Posteriormente, la expedición del Reglamento de la referida Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público elaborado por la Secretaría de Gobernación, generó en el año 2003 que diversas asociaciones religiosas con registro oficial, manifestaran su inconformidad, en razón del enfoque contrario a la voluntad popular con que éste fue presentado, ignorando las observaciones y comentarios que la propia Dirección de Asociaciones Religiosas solicitara a las Asociaciones con registro, desde antes de su publicación.
Adicionalmente, las intervenciones de sacerdotes de la Iglesia Católica durante los comicios de 2003 en contra de un partido político, prefigurando un delito electoral, vino a sumarse a la serie de actos violatorios del principio de laicidad del Estado mexicano.
Estos casos son comparables con los que el Código Penal francés incluyó desde 1998 en calidad de abuso del estado de ignorancia o de debilidad, cuando se da el caso de que líderes religiosos manipulan psicológicamente a los feligreses orientando sus acciones hacia sus intereses personales, aprovechándose de sus creencias y haciéndoles objeto de presiones graves o reiteradas, como la excomunión, por ejemplo.
En consideración al marco jurídico ya mencionado, resulta pertinente agregar a la presente ley un concepto claro de laicidad, que homologue el lenguaje en la materia, es decir, que no deje a la subjetiva interpretación el aplicar con eficacia este principio rector de la institucionalidad en México.
Con ello se pretende subsanar confusiones y usos irresponsables del término en un aspecto de especial relevancia para la sociedad y el Estado de derecho.
A la par, se sugiere adicionar un párrafo que haga hincapié en el respeto que toda autoridad debe mostrar hacia cualquier religión o culto religioso, no favoreciendo ni afectando ninguno en particular.
Con esto se complementaría también la delimitación que el artículo 25 constitucional establece entre ambas esferas, la gubernamental y la religiosa.
Asimismo y en la lógica de que un gobierno laico es aquel que responde al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas y no a instituciones confesionales, ya que su poder, autoridad y legitimidad devienen del pueblo y su única función se dirige a la utilidad pública, es que se propone a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Artículo Único. Se reforman los artículos 3o. y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:
Artículo 3o. El Estado mexicano es laico. Entendida la laicidad como el sistema en donde las autoridades sustentan el ejercicio de su función pública sin vinculación doctrinaria, enunciativa, practicante o concordante hacia ningún culto religioso.
El Estado mexicano ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
Los documentos oficiales de identificación no contendrán mención sobre las creencias religiosas del individuo.
Artículo 25. ...
...
...
Asimismo, las autoridades se abstendrán de realizar comentarios a favor o en contra de cualquier asociación religiosa, a efecto de respetar el carácter laico del Estado mexicano, no solamente en periodos electorales, sino durante todo el tiempo que dure el cargo.
Transitorio
Artículo Único. Este decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 6 de mayo de 2008.
Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía. Mayo 7 de 2008.)
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
MARÍA ORALIA VEGA ORTIZ, EN NOMBRE DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 7 DE MAYO DE 2008
Los suscritos, diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen ante esta soberanía para presentar una iniciativa, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las telecomunicaciones son sin duda un sector toral del desarrollo del país. De su correcta y sana explotación depende la inserción de México en el mundo globalizado. La rápida evolución de la tecnología obliga en muchas ocasiones a replantear los paradigmas respecto a la forma en que se explotan determinados bienes, entre ellos el espacio radioeléctrico.
La industria de la radio y televisión ha empezado a migrar a la digitalización.
Conforme a la evolución de las tecnologías digitales aplicables a la radiodifusión sonora, y el reconocimiento de éstas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999, se creó el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión (el Comité), el cual está integrado por representantes de la autoridad y de la industria.
En el Comité se han realizado trabajos para el estudio de los estándares de radio digital que se encuentran disponibles en el mundo. Por recomendación del Comité, se publicó el 27 de marzo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo secretarial por el que se reserva el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para realizar trabajos de investigación y desarrollo relacionados con la introducción de la radiodifusión digital". Se estableció que dicho acuerdo permanecerá vigente hasta que se resuelva sobre las tecnologías de radiodifusión digital que serán implantadas en México.
Asimismo, el 3 de octubre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establecen obligaciones para que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión implanten las tecnologías que resuelva la autoridad, y cumplan los plazos, los términos y las condiciones que se señalen.
Conforme a lo anterior, México evalúa las tecnologías digitales aplicables a la radiodifusión sonora, correspondientes a Eureka-147, IBOC y Digital Radio Mundiale, de las cuales la UIT ha reconocido su viabilidad con base en información documental y experimental, para que los países miembros de la UIT puedan adoptar el estándar que mejor satisfaga sus particulares necesidades.
Asimismo, conforme a los trabajos realizados por el Comité en foros y reuniones nacionales, regionales e internacionales, en los que se han abordado diversos temas relacionados con los estándares tecnológicos, así corno de las experiencias internacionales relacionadas con los procesos de adopción del estándar y de la transición analógica a la digital que se llevan a cabo en otros países, se ha identificado la necesidad de contar con un estándar que facilite el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, que permita elevar la calidad de las transmisiones que recibe la población y favorezca el desarrollo de nuevos servicios que resulten de la convergencia con las telecomunicaciones. Por ello, la adopción de un estándar de radio digital tendría un efecto en el desarrollo técnico, económico y social en México.
Teniendo en cuenta que la cobertura de la radio en México es de 99 por ciento, a partir de mil 577 estaciones de radio que utilizan la banda de frecuencias de AM y de FM, de las cuales 760 de AM y 390 de FM son concesionadas y 94 de AM y 253 de FM son permisionarias, y con sistemas de transmisión analógica que deberán ser consideradas para el proceso de transición a la radio digital terrestre (RDT), el Comité aprobó el 21 de septiembre de 2006 los lineamientos para el establecimiento de los principios que servirán de base para la elaboración de la política de transición a la RDT.
No obstante lo anterior, dado el proceso de análisis y evaluación en que México se encuentra, respecto a las tecnologías digitales aplicables a la radiodifusión, la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha estimado que actualmente no se cuenta con elementos suficientes que permitan determinar la conveniencia de seleccionar un estándar en particular considerando los costos y beneficios de tomar dicha decisión.
Esta iniciativa plantea permitir que a los radiodifusores de AM sean otorgadas frecuencias de FM para operarlas como repetidoras, a fin de que la migración de las emisoras de FM y AM al sistema digital sea simultánea. El propósito es que los radiodifusores de AM transiten de manera directa a la radio digital en FM, sin necesidad de que migren primero a las emisoras de FM analógicas y después a las digitales.
Lo anterior, en atención a que la necesidad que tienen los radiodifusores de AM de hacerse de los recursos necesarios, al entrar en un mercado más competitivo y atractivo para los radioescuchas como es la banda de FM, a efecto de poder asumir los costos que representará la digitalización.
Permitir que las estaciones de amplitud modulada cuenten con un estímulo financiero y una reducción de costos se ha convertido en una cuestión de la cual depende la supervivencia de la industria de los concesionarios y permisionarios de la banda de amplitud modulada, ya que en los últimos cinco años el mercado de las AM ha decrecido en 30 por ciento anualmente, como resultado de que los anunciantes prefieren la frecuencia FM, en función de que ésta tiene un nivel más alto de audiencia. Eso podría llevar a las AM a la quiebra financiera en los próximos 3 años, poniendo en riesgo los 6 mil 300 mil empleos directos y 20 mil indirectos que genera el sector.
Por otra parte, debido a los avances tecnológicos en materia de radiodifusión sonora, ya no se fabrican receptores analógicos de AM, por lo que de no hacerse la conversión 40 por ciento del territorio nacional quedaría incomunicado por ser el único medio de comunicación que hay en las zonas rurales y marginadas del país.
De lo anterior se sigue que la necesidad de la reforma propuesta se refuerza si se toma en cuenta la protección estatal que se debe otorgar a la industria radiofónica por ser de interés público que cumple una función social, según mandatan los artículos 2o., 4o. y 5o. de la Ley de Radio y Televisión. Es decir, el Estado mexicano no puede simplemente dejar morir a las estaciones de radio de amplitud modulada.
Además, la tendencia internacional apunta hacia la desaparición de la amplitud modulada, no sólo porque el costo de operación es más elevado sino por el acelerado ritmo del cambio tecnológico que nos llevará, más temprano que tarde, a una radio cien por ciento digital.
Así, el objeto de largo plazo de las reformas propuestas estriba en que todas las frecuencias que operan en la banda AM sean trasladadas a la banda FM para, posteriormente, facilitar la migración de FM analógico a FM digital. Lo anterior ya se ha realizado en las principales ciudades de Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles, entre otras), Alemania y Canadá.
Resulta innegable la posibilidad de que en ciertas zonas urbanas (Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey) se sature la banda de frecuencia modulada. No obstante, en ese caso podría cambiarse la transmisión de 800 mhz a 400 mhz.
Por otra parte, esta autorización para la retransmisión de contenidos sobre otra frecuencia no puede ser considerada una concesión que se otorga sin realizar la licitación correspondiente en términos del artículo 134 constitucional, pues se trata de un visto bueno que dará la autoridad para complementar la explotación de una concesión o permiso que fue previamente otorgado. Es decir, solamente se consideraría la posibilidad de que la concesión o permiso que ya fue otorgado sea ampliado para abarcar otra banda, con la posibilidad de que una vez que termine la migración del sistema analógico al sistema digital, los concesionarios y permisionarios desocupen la banda de amplitud modulada.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó en 1994 a diversas emisoras de amplitud modulada la transmisión de su programación en un canal en la banda de frecuencia modulada. A esta determinación administrativa se conoce comúnmente como "combos", pues una concesión de amplitud modulada conlleva una estación espejo en el canal de frecuencia modulada.
Permitir la retransmisión de los contenidos de la amplitud modulada en la frecuencia modulada garantiza la competitividad entre los medios radiofónicos de comunicación, lo cual es acorde con el mandato de libre competencia económica previsto en el artículo 28 constitucional. Asimismo, permite otorgar un trato igualitario a los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada, respecto de los de frecuencia modulada en función de los recursos de los que podrán hacerse para enfrentar los costos que representará la migración del sistema analógico al digital.
En atención a lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se agrega un párrafo segundo al artículo 15 y se adiciona el artículo 18 a la Ley Federal de Radio y Televisión
Artículo 15. La instalación de una difusora de radio que vaya a operar retransmitiendo o enlazada permanentemente a otra que no era recibida anteriormente en la localidad en que pretenda ubicarse será considerada como una estación nueva y, en consecuencia, deberá llenar todos los requisitos respectivos.
Lo anterior no resultará aplicable para las concesiones y los permisos de amplitud modulada que retransmitan sus contenidos en los términos del artículo 18 de esta ley.
Artículo 18. La autoridad otorgará las autorizaciones correspondientes a efecto de que los concesionarios y permisionarios de la banda de amplitud modulada puedan transmitir de manera simultánea sobre la banda de frecuencia modulada.
A la autorización para la transmisión simultánea de contenidos por los concesionarios y permisionarios de la banda de amplitud modulada se denominará "combo".
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofetel, en sus respectivos ámbitos competenciales, tendrán 60 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, para expedir las reglas que serán aplicables a la entrega de las autorizaciones a los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada.
Tercero. Cualquier concesionario o permisionario de amplitud modulada que desee obtener autorización para hacer una retransmisión en frecuencia modulada deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto.
Con lo anterior no precluye el derecho de los concesionarios y permisionarios para presentar su solicitud de autorización cuando lo estimen conveniente.
Cuarto. En los casos en que haya saturación de las bandas de FM, las autoridades competentes deberán otorgar los permisos prioritariamente a los radiodifusores que no tengan alguna estación de FM.
Quinto. Las autorizaciones serán expedidas hasta en tanto no se termine la transición del sistema analógico de radiodifusión sonora al sistema digital.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de mayo de 2008.
Diputados: Alberto Amador Leal (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Javier Guerrero García (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Jorge Toledo Luis (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), José Murat (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía. Mayo 7 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES, Y DE LA LEY DE PLANEACIÓN; Y ADICIONA LA LEY FEDERAL
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER SANTOS ARREOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
7 DE MAYO DE 2008
El suscrito, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62, 172, 174, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos, 38 párrafo 1 inciso j), artículo 39, 42 párrafo 2 inciso f, 116 párrafo 2, 118 párrafo 1 incisos, n) y w); 122, párrafo 1 inciso b) 222, párrafo 1 y 2; del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos el artículo 6, artículo 14 fracciones II y VI; artículo 18; artículo 29; de la Ley de Planeación y se adiciona la fracción XXII, del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Una democracia no se puede considerar como tal si no encontramos una conjunción real de los elementos que tienen que tener vigencia en los Estados democráticos como el respeto al derecho de los ciudadanos para elegir libremente a sus gobernantes, la renovación periódica de éstos, la pluralidad y el respeto a las diferentes ideologías, respeto a las garantías individuales, respeto del voto secreto y universal pero sobre todo, la delimitación legal de las funciones y atribuciones de los órganos de gobierno, y el respeto de estos a la constitución y a las leyes secundarias, así como la posibilidad de responsabilizar a los gobernantes cuando su conducta contravenga las disposiciones legales o como en el caso que nos ocupa en esta iniciativa, las propuestas que los candidatos ofrecen al electorado , las cuales se deberían traducir en compromisos reales, así como si se tratara de un convenio realizado entre el electorado y los candidatos, es decir como si se tratara de los compromisos que asumen las partes en un convenio tradicional entre particulares, contando en todo momento con la facultad de hacer cumplir los compromisos adquiridos a través de los órganos jurisdiccionales, ya que si en la vida cotidiana, cualquiera de nosotros está sujeto al derecho positivo, para regular nuestros compromisos con los demás, y resulta que si hacemos una transacción y nos comprometemos a algo; pues no hay opción, ó cumplimos ó nos demandaran el cumplimiento de dicho convenio. Pero, entonces ¿Por qué en la política no se aplican los mismos principios? A final de cuentas, es una transacción; es la promesa de un candidato, que está haciendo una transacción a cambio de un voto, por lo tanto, si falla el que prometió, debiera también tener una sanción y entonces eso haría más responsables a los candidatos.
Actualmente son cada día más frecuentes los casos en que los candidatos a puestos de elección popular entran en una guerra de promesas, que cada vez se hace más alarmante, debido a que, muchas de estas promesas únicamente lo que buscan es atraer la atención del electorado sin tener un estudio profundo de la viabilidad de éstas, es decir, de que tan realizables pueden ser, una vez accediendo al cargo.
Todo esto se ha venido propiciando debido a que en las últimas décadas las campañas han sido vistas, simplemente con "una lógica de oferta y demanda". Esto es: la sociedad pide y los políticos ofrecen, aunque no puedan resolver el reclamo. "No importa que la oferta sea irreal, sino que se intenta responder a lo que se necesita".
Esto ha sido una costumbre arraigada en la clase política, desde hace muchos siglos, para eludir hacer propuestas concretas de lo que se planea hacer en un cargo publico, ya que si se revisa un poco de historia, desde los tiempos de Quinto Tulio Cicerón ya manejaba esa conciencia despreocupada e incluso advertía a quienes buscaban un cargo público en la antigua Roma: "Siendo la naturaleza humana como es, todos los hombres prefieren una promesa falsa a una negativa absoluta. Lo peor es que el hombre al que le has mentido puede enfurecerse. Si haces una promesa, el riesgo es incierto, a mediano o largo plazo y con pocos efectos. Pero si das una negativa puedes estar seguro de que ofenderás a muchos y al mismo tiempo".
Las elecciones del año 2006 no fueron la excepción en cuanto a promesas de poca viabilidad, o de escasa credibilidad, dado que incluso los especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), sugirieron a los candidatos a la presidencia de la república tener "cuidado" en la formulación de sus promesas de campañas, pues 93 por ciento del presupuesto ya se encuentra comprometido en distintos renglones del gasto corriente, lo que disminuye el margen de movilidad de los recursos disponibles.
Desde luego que aún en los tiempos modernos, esta costumbre, no es una exclusividad del sistema político mexicano, pues incluso en el estudio del derecho comparado encontramos otros países que han tomado medidas, para el control de esta epidemia de "aparentes" compromisos electorales, que de igual manera quedan muchas veces en el olvido y reducidos simplemente a marketing electoral pasajero, e intrascendente; tal es el caso por ejemplo de los residentes de Varsovia, Polonia, los cuales para tratar de erradicar este cáncer político tendrán la oportunidad de revisar si los concejales del ayuntamiento quienes fueron electos por mayoría de votos cumplen o no sus promesas electorales. Las cuales habrían quedado debidamente registradas ante los órganos electorales correspondientes. Esta revisión se hará mediante un nuevo sistema electrónico de votaciones que registrará cada decisión que tomen los concejales.
Cada concejal recibirá una tarjeta de identificación electrónica que activará la máquina de votaciones, en la que sólo hay tres botones (a favor, en contra y abstención). El resultado se muestra inmediatamente en una gran pantalla dentro del recinto y permite saber si tal decisión apoya las promesas de campaña de cada representante.
Este mismo procedimiento –que tuvo un costo de 40 mil euros– ya se utilizaba en el parlamento polaco, con el mismo fin de monitorear las decisiones, de los legisladores, y saber si son congruentes con lo que ofrecieron en campaña.
En Estados Unidos, según Fishel (Presidents and promises), los siguientes presidentes cumplieron sus promesas de campaña en estas proporciones: Kennedy 67 por ciento, Johnson 63 por ciento, Nixon 60 por ciento, Carter 65 por ciento y Reagan 53 por ciento. Clinton (69 por ciento) fue más allá en materia económica: equilibró el presupuesto, creo empleos, bajó la inflación y disminuyó el desempleo; aunque en otros temas no cumplió plenamente sus promesas, como en lo que se refiere a salud.
De acuerdo a todo lo que hemos observado alrededor de las campañas actuales, los ciudadanos se encuentran deseosos de encontrarse con candidatos que dejen de prometer lo que no van a poder cumplir, o simplemente que se comprometan a llevar a cabo acciones muy concretas para abatir los rezagos sociales, de manera que no importa que sus propuestas sean tan llamativas, si en realidad no podrán cumplirlo, ya sea por que se encuentran con los contrapesos de los otros poderes o los intereses diversos de otros partidos, o porque los presupuestos en la mayoría de las entidades publicas ya se encuentra previamente comprometido, en el gasto corriente o simplemente porque a la hora de llevar a cabo los estudios de presupuesto y factibilidad resulta que se convierten en situaciones completamente inoperables por cuestión de costos, de tiempos o de cualquier obstáculo legal que les impide la realización de éstos. El caso es que por una o por otra cosa, la mayoría de los políticos se la pasan prometiendo situaciones que ni ellos saben con certeza si se podrán llevar a cabo, precisamente porque no han elaborado estudios acerca de sus promesas.
Es por ello que esta iniciativa busca regular estos ofrecimientos de los candidatos a distintos puestos de elección popular, a nivel de elecciones federales y que pueda sentar un precedente para los estados de la federación a fin de eliminar estas prácticas tan dañinas para los ciudadanos y para la propia política como actividad humana, ya que con esto los candidatos se obligarían a ser más cautos con lo que ofrecen en campaña, y con ello se va a contribuir también a que las personas que hacen de la política una carrera lo hagan con el profesionalismo con el que lo harían en el sector privado, contribuyendo a la preparación obligada de los políticos y a recuperar, por lo menos en una pequeña proporción la credibilidad en ellos, Es así como se pretende que los candidatos por fin cumplan, pues de lo contrario se les podrá imponer una sanción, por incumplimiento de los compromisos previamente establecidos ante el órgano electoral correspondiente, y más aún se les podrá refutar como compromisos adquiridos los que hagan de manera pública o en un medio de comunicación, y bastara con la denuncia de los hechos ante la autoridad electoral, ofreciendo las pruebas idóneas para considerar que el candidato hizo tal o cual compromiso y por lo tanto estará obligado a cumplirlo o a enfrentar las consecuencias, en cuanto a responsabilidades de los servidores públicos.
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Primero. Se reforman y adicionan los artículos 38 párrafo 1 inciso j); artículo 39; 42 párrafo 2 inciso f); 116 párrafo 2; 118 párrafo 1 incisos, n) y w); 122, párrafo 1 inciso b) 222, párrafo 1 y 2; todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 38.
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate así como los compromisos de campaña que hayan registrado antes y los que adquieran durante la campaña, los cuales también habrán de quedar registrados ante el instituto, a mas tardar cinco días después de haberlos expresado públicamente. Cualquier persona podrá informar al Instituto sobre los compromisos que los candidatos expresen y que no estén debidamente registrados, en su caso deberán aportar los medios de prueba donde se aprecie claramente el compromiso adquirido por los candidatos.
j) Bis. Se entiende por compromisos de campaña las obras o acciones que los candidatos prometen realizar en caso de resultar electos. Dichos compromisos de campaña deberán registrarse ante el Instituto, de conformidad con las formas y requerimientos que al efecto expida el Instituto.
j) Ter. Los requerimientos mínimos que deberán cumplir los compromisos de campaña, serán, que éstos se establecerán de manera clara, precisa e inteligible, describiendo las obras o acciones concretas a cumplir dentro de un plazo determinado, una vez accediendo al cargo.
j) Quáter. La Comisión de Quejas, denuncias y seguimiento de Compromisos de Campaña, será la que se encargue de precisar los requisitos y formas que deban cumplir los candidatos, de conformidad con los criterios establecidos en este artículo.
1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por este código se sancionará en los términos del Libro Séptimo de éste. Sin embargo también se les dará vista a las autoridades correspondientes, de las resoluciones y expedientes, respectivos, para el caso de que se pudieran detectar responsabilidades de carácter civil, penal o administrativo, especialmente tratándose de los compromisos de campaña que resulten incumplidos en tiempo y forma, previa investigación y resolución, a través de la comisión de quejas, denuncias y seguimiento de los compromisos de campaña.
Artículo 42.
1. ...
2. Se considera información pública de los partidos políticos:
f) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto, así como los compromisos de campaña respectivos.
1. ...
2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral, Registro Federal de Electores, Quejas, Denuncias, y Seguimiento de Compromisos de Campaña funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo General. Los consejeros electorales podrán participar hasta en dos de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.
3. ...
Artículo 118.
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos en los términos de este código, así como los compromisos de campaña respectivos de cada candidato, y delegar su control y seguimiento a la comisión correspondiente.
w) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en este código, así como dar vista a las autoridades que correspondan, tratándose de presuntas responsabilidades del orden civil, penal o administrativas, y que encuentren su regulación en las leyes respectivas.
1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:
b) Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto, incluyendo el registro, y seguimiento de los compromisos de campaña.
Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral, y de los compromisos de campaña que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas.
2. La plataforma electoral y los compromisos de campaña deberán presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los quince primeros días de febrero del año de la elección. Sin perjuicio de registrar con posterioridad, los compromisos de campaña que los candidatos expresen de manera pública, durante el desarrollo de la campaña electoral, los cuales se presentaran en los términos del artículo 38 párrafo 1 inciso j del presente ordenamiento. Del registro se expedirá constancia.
Segundo. Se reforma el artículo 6, artículo 14 fracciones II y VI; artículo 18; artículo 29; de la Ley de Planeación para quedar como sigue:
Artículo 6o. El presidente de la república, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales. Así como los compromisos de campaña que ha venido cumpliendo o los que se encuentran pendientes de realizar, de conformidad con los registros que obren en el Instituto Federal Electoral.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:
II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados; y desde luego deberá contener las acciones encaminadas a cumplir con los compromisos de campaña, que se registraron ante el Instituto Federal Electoral.
III. …
VI. Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales; y los compromisos de campaña registrados ante el Instituto Federal Electoral.
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones...
Primero. El Instituto Federal Electoral se encargará de hacer las adecuaciones necesarias a su Estatuto del Servicio Profesional a fin de cumplir con la presente reforma.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la sede de la Comisión Permanente.- México, Distrito Federal, a los siete días del mes de mayo del año dos mil ocho.
Diputado Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo
7 de 2008.)
En Monterrey, Nuevo León, a las 10:00 horas de 8 de febrero de 2008, en el salón Nuevo León del hotel Crowne Plaza Monterrey se reunieron los integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y declaración del quórum
De acuerdo con el orden del día, se pasó lista de asistencia encontrándose presentes los diputados Miguel Ángel González Salum, presidente; Rolando Rivero Rivero, Pedro Landero López, Ana María Ramírez Cerda, secretarios; Beatriz Collado Lara, Raúl García Vivián, José Martín López Cisneros, Miguel Ángel Solares Chávez, Gustavo Fernando Caballero Camargo y Robinsón Uscanga Cruz.
El presidente solicitó al diputado Rolando Rivero Rivero que diera cuenta de la asistencia a esta sesión, para la verificación de quórum.
El diputado Rolando Rivero Rivero (PAN), secretario de la comisión, informó que se contaba con la asistencia de 10 de los 15 integrantes de la comisión, por lo que había el quórum reglamentario para llevar a cabo la reunión.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
El diputado Rolando Rivero Rivero (PAN) dio lectura y puso el orden del día a consideración de los presentes.
El presidente, diputado Miguel Ángel González Salum, sometió a consideración el orden del día. Pidió que quienes estuvieran por la afirmativa se sirvieran manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
El presidente solicitó al diputado Rolando Rivero Rivero (PAN) que pusiera a consideración de los presentes el acta de la sesión anterior; aclaró que fue remitida previamente a cada uno de los integrantes de la comisión.
Se puso a consideración el acta y se aprobó por unanimidad.
4. Foro Desarrollo de la región de la cuenca de Burgos
El presidente, diputado Miguel Ángel González Salum, señaló, al inaugurar los trabajos del foro Desarrollo de la región de la cuenca de Burgos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que el objetivo de la Comisión Especial para la región de la cuenca de Burgos es dar seguimiento a los trabajos que realizan Pemex y sus subsidiarias, en la zona para vigilar y procurar un desarrollo sustentable y equilibrado mediante las acciones legislativas necesarias, en beneficio de la zona e indirectamente de la comunidad nacional.
Añadió que estuvieron presentes los integrantes de esta comisión especial, dispuestos, atentos a escuchar y conocer sus opiniones, propuestas, ponencias, comentarios e inquietudes que nos permitan convertir, a su vez, en trabajo legislativo.
Sabemos todos –dijo– la importancia del activo integral Burgos para la sociedad civil neolonesa, para los ganaderos, los industriales, los académicos, los alcaldes, los ecologistas, los organismos empresariales, las cámaras, los diputados locales, los institutos y los ejidatarios.
En nombre de la comisión, agradeció al gobierno del estado de Nuevo León su apoyo para la realización de este foro, a los diputados anfitriones, a los asistentes y los ponentes, les agradeció su participación y el interés que demuestran al encontrarse hoy aquí. Les reiteró el compromiso formal, de encontrar la manera de incorporar sus opiniones, a la legislación vigente.
El licenciado Alejandro Lambretón Narro, presidente de la Comisión de Energía del Estado de Nuevo León y representante personal del gobernador, José Natividad González Parás, inauguró oficialmente el foro y afirmó que es importante incrementar la productividad y competitividad energética del país, pero también es necesario hacerlo de manera ordenada, procurando que la riqueza del subsuelo detone la riqueza de la región y de la nación, añadió que el reto de los mexicanos y especialmente del noreste del país es que esto se convierta en una oportunidad de desarrollo y de progreso y no un riesgo de deterioro y daño social y ecológico para la región.
Agregó que, en nombre propio y del señor gobernador, deseaba el mayor de los éxitos a los trabajos de este foro.
Continuando con el desarrollo del foro el diputado Rolando Rivero Rivero, secretario de la comisión, a petición del presidente de ésta, hizo la presentación de cada uno de los siete ponentes que expusieron durante el foro.
Los puntos más importantes de las siete ponencias fueron los siguientes:
El ingeniero Juan Arturo Hernández Carrera, administrador del activo integral Burgos, informó que actualmente la producción de gas natural asciende a mil 444 millones de pies cúbicos por día.
Destacó el funcionario que actualmente se cuenta en el país con cuatro cuencas productoras de gas: Sabinas, Veracruz, Macuspana y Burgos, y que el proyecto de la cuenca de Burgos nace como una respuesta de Petróleos Mexicanos para satisfacer la demanda nacional de gas, la cual tendrá una tendencia de 3.9 por ciento de incremento anualmente durante los próximos años, lo que representa un gran reto.
Comentó que actualmente el costo de producción es de 3.4 dólares por barril de crudo equivalente y que se espera que para el 2012, se tenga un costo de producción de alrededor de 2.80 dólares por barril de crudo equivalente, asimismo aseguró que la producción esperada para el año 2012 será de mil 800 millones de pies cúbicos por día, así como 14 mil barriles de condensado por día.
En cuanto a la tasa de reposición de reservas anuales, comentó el funcionario que actualmente se encuentra en 73 por ciento y se tiene planeado que para 2012 la tasa de reposición de reservas sea del orden de 150 por ciento.
Como parte de su programa de desarrollo social en las comunidades donde Petróleos Mexicanos realiza sus actividades, otorgó en el año 2007 donativos por un importe de 408 millones de pesos a los estados que comprenden la cuenca de Burgos, de los cuales, 97 millones se entregaron a Nuevo León, 25 millones a Coahuila y de 290 millones a Tamaulipas.
2. Embajador Francisco Javier Alejo López, coordinador general del programa Invite (de integración con Texas)
Un objetivo del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Noreste es realizar estudios para impulsar el desarrollo socio económico del noreste del país.
Desde hace 10 años, Pemex reactivó la explotación de gas natural en la cuenca de Burgos. Las actividades de Pemex y sus contratistas, afectan en algunas ocasiones la infraestructura y la ecología de la región. La vida útil restante del proyecto representa una gran oportunidad de impulsar el desarrollo de los 24 municipios que abarca en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Para lograr un desarrollo sustentable se requieren innovar mecanismos de coordinación para garantizar una eficaz aplicación de la ley en materia de ecología e impacto ambiental al igual que en la modernización de los sistemas de captación tributaria. Con el estudio, el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Noreste pretende identificar políticas públicas que permitan el desarrollo de la región, apoyándose en la explotación de la cuenca gasera.
Tres cuartas partes de la población de la región se concentran en cinco centros urbanos, principalmente ciudades fronterizas con altas tasas de crecimiento poblacional; El nivel de calidad de vida en la región es medio alto y los niveles de marginación son muy bajos; el crecimiento urbano rápido y desordenado constituye el principal riesgo de deterioro de la calidad de vida de la región; La explotación de gas natural ha tenido un severo impacto sobre el medio ambiente. Se requiere detener y remediar el deterioro ecológico. Por su ubicación fronteriza, la región dispone de grandes oportunidades para impulsar su desarrollo económico y social, creando nuevos polos de desarrollo; El solo cumplimiento de obligaciones por Pemex y sus contratistas, representará una inyección de recursos para el desarrollo de la región; el éxito del proyecto se basa en que los afectados reciban las indemnizaciones a que tienen derecho y que los estados y municipios perciban los pagos y contribuciones que les corresponden
3. Licenciado Alejandro Lambretón Narro, Comisión de Energía del Estado de Nuevo León
Ducto de transporte de gas LP, estación 19, Monterrey
Al día de hoy, el Activo Integral Burgos produce mil 440 millones de pies cúbicos por día de gas, de los cuales alrededor de 760 millones de pies cúbicos por día se envían al centro procesador de gas Burgos (CPGB).
El gas que es recibido en dicho centro se procesa para obtener naftas, gasolinas y gas LP, entre otros productos. Actualmente, con las 4 esferas criogénicas que trabajan en el CPGB se producen 18 mil barriles diarios de gas LP, de los cuales 12 mil 500 barriles (70 por ciento), son transportados por este LPG ducto, y se espera que para finales del primer trimestre del presente año el 100 por ciento de la producción diaria sea transportada mediante este ducto.
Es un proyecto de importancia nacional porque se incrementar la infraestructura energética, con una inversión de 110 millones de dólares. Hará más seguras las instalaciones de la criogénica de Burgos. Brinda continuidad al proceso productivo del CPGB, así como un suministro seguro y eficiente de gas LP para el AMM. Hará más seguras las carreteras donde actualmente transitan pipas para el transporte del gas (120 autotanques desplazados). Derrama económica en todos los municipios que atraviesa este ducto de transporte, en forma de empleos, así como en otras actividades inherentes para la ejecución del proyecto.
Liderazgo del gobierno estatal como facilitador en este proyecto, para interactuar con propietarios, contratistas, los tres niveles de gobierno, y la comunidad en general.
Vigilancia en el cumplimiento del respeto a los derechos laborales de la mano de obra utilizada en este proyecto, así como establecer una política de cero tolerancia al deterioro del ambiente.
4. Maestra en ciencias María del Carmen Vázquez Rojas, directora de Evaluación de Proyectos de la Conabio
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) a través de su Programa de Restauración y Compensación Ambiental, canaliza los recursos financieros provenientes de convenios administrativos suscritos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para apoyar acciones de restauración ecológica y conservación ambiental en toda la República Mexicana.
Con fecha 10 de diciembre de 2003, Pemex Exploración y Producción depositó en el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad de la Conabio, de acuerdo con lo establecido en el Convenio suscrito entre Pemex y la Profepa la cantidad de 81 millones 392 mil 900 pesos, de los cuales, 36 millones 972 mil pesos se destinaron a acciones de restauración en la cuenca de Burgos, 39 millones 902 mil 160 pesos a acciones de compensación sin destino geográfico específico y 4 millones 518 mil 740 pesos, producto de una multa conmutada, que por acuerdo del Consejo Asesor del Programa se han canalizado para la formación de un fondo para la atención de contingencias ambientales.
Con los recursos destinados a acciones de restauración ambiental para la cuenca de Burgos, la Conabio publicó una convocatoria encaminada a la realización de actividades relacionadas con la reforestación, manejo de vida silvestre, recuperación de suelos, restauración ecológica, o temas afines, para la presentación de propuestas dirigidas a la restauración en la cuenca de Burgos. Como resultado de lo anterior, se recibieron 54 anteproyectos, de los cuales fueron aprobados para su ejecución 13; 5 de ellos ya han concluido. Todas las propuestas están sujetas al procedimiento para la atención y seguimiento de proyectos que esta comisión tiene establecido.
Como resultado de la ejecución de estos proyectos se espera obtener lo siguiente: reforestación en alrededor de 10 mil hectáreas, rehabilitación de suelos en más de 35 mil hectáreas, actividades relacionadas con el fortalecimiento y diversificación de actividades en más de 30 mil hectáreas de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, rehabilitación de más de 4 mil hectáreas de humedales, introducción de fauna silvestre en más de 20 mil hectáreas, estabilización de dunas y apoyo para promover el manejo silvopastoril en más de 45 mil hectáreas. Aunque el área en donde se llevan a cabo las actividades de los proyectos es de 90 mil hectáreas, se calcula que dichas actividades tienen un área de influencia en casi 140 mil.
5. Doctor Humberto González Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León
En 2004 y en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Pemex Exploración y Producción, ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgo del proyecto integral de la cuenca de Burgos 2004-2022, para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos ambientales en las actividades petroleras.
En cumplimiento de las fracciones 30 y 31 del resolutivo ambiental, se designó a universidades regionales, como acreditados ambientales, estableciéndose convenios específicos de colaboración para la acreditación, supervisión, seguimiento y control del cumplimiento de términos y condicionantes de proyectos petroleros en la cuenca de Burgos.
Alianzas con universidades regionales, cuyos objetivos son
Coordinación, seguimiento y control.
Supervisión y acreditación en campo.
Desarrollo de proyectos específicos.
Supervisar, acreditar y dar seguimiento cumplimiento de términos y condicionantes establecidos en los resolutivos 2440 y 1666 (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, 2004 y 2007).
Supervisar y acreditar la aplicación de acciones que realice Pemex Exploración y Producción o las compañías contratistas para el cumplimiento de medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación.
Promover e implementar programas de sensibilización sobre acciones para el cumplimiento de términos y condicionantes a los trabajadores.
Reportar los incumplimientos, faltas u omisiones en que incurran las compañías en aspectos relacionados con los términos y condicionantes.
6. Licenciado Manuel Alvarado Gutiérrez, de la Organización de Regantes del municipio de Anáhuac, Nuevo León
Los regantes del municipio de Anáhuac, Nuevo León, estiman que los contratos de servicios múltiples (CSM) no son una opción válida de desarrollo sustentable, ni para México, ni para Pemex, ni para el mundo.
No se asumen los riesgos más importantes de la explotación petrolera y sin embargo si se reciben los logros de la renta petrolera por lo que no existe integración con la sociedad y las comunidades, disminuyendo la calidad de las prestaciones, aumentando la escasez de las oportunidades y fomentando monopolios.
Lo más importante de tal negativa, es que a Pemex no se le permita desarrollar tecnología propia y por lo mismo obtener negativas en la integración vertical con empresas extranjeras ni contraprestaciones científico tecnológicas con ellas pero sí en viceversa a través de las empresas contratadas por medio de CSM.
La opinión de los regantes es que se le permita a Pemex explotar de manera directa y por nada del mundo continuar con los CSM.
7. Ciudadano Carlos Mattel Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Producción de Gas Natural
Pozos produciendo en Texas: 74 mil 827.
Pozos produciendo en Burgos: 6 mil 700.
A pesar de que la producción de gas natural ha aumentado en México en los últimos años, ésta ha aumentando en menor ritmo que la demanda.
Asociado al crudo: 60 por ciento.
No asociado: 40 por ciento.
El principal aumento proyectado en demanda de gas natural proviene de la generación de energía eléctrica.
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controlan entre 75 y 80 por ciento de la demanda de gas natural.
Se proyecta que México seguirá siendo deficitario en materia de gas natural.
Es importante mencionar que la generación de energía eléctrica en México depende cada vez menos del combustoleo, siendo éste suplantado por gas natural.
La CFE se ha visto obligada a importar gas natural del extranjero, ya que Pemex no se puede comprometer a satisfacer sus necesidades.
Se proyecta una dependencia cada vez mayor en gas natural licuado, el cual se tiene que importar de Sudamérica y de Afrecha.
Esto representa inversiones de 30 mil dólares fuera de México.
Objetivo
El objetivo de nuestras propuestas consiste en
Precios competitivos.
Contar con un suministro e infraestructura energética suficiente y confiable, que permita recuperar la autosuficiencia en materia de gas.
Alternativa número 1, precio México
Fijar el precio del gas en México como un precio ponderado entre costo de producción de Pemex para el gas producido por ésta y el de mercado para el gas importado.
¿Precios competitivos? Sí.
¿Infraestructura energética confiable y recuperación autosuficiencia en gas? No
Si a 7 pesos Pemex no invierte en gas, menos invertirá con gas a 3 pesos.
A 3 pesos, ni Pemex ni los particulares invertirán en gas, agravándose las importaciones y nuestra dependencia del exterior.
Transportación, distribución, y almacenaje en completo abandono.
Alternativa número 2, canasta de precios internacionales
Fijar el precio del gas en México como un precio ponderado entre 5 y 6 diferentes países.
Precio estimado: 4-5 pesos.
¿Precios competitivos? Sí.
¿Infraestructura energética confiable y recuperación autosuficiencia en gas? No.
Si a 7 pesos, Pemex no invierte en gas, tampoco invertirá con gas a 5 pesos.
Transportación, distribución, y almacenaje en completo abandono.
Alternativa número 3, creación de Gasmex
Separar la parte de gas no asociado de Pemex y crear un organismo paraestatal nuevo, llamado Gasmex.
¿Precios competitivos? No.
¿Infraestructura energética confiable y recuperación autosuficiencia en gas? No.
Gasmex correría con la misma suerte que Pemex hoy día:
La mayoría de sus recursos serían tomados por el gobierno federal.
El gobierno federal otorgaría muy poco presupuesto a Gasmex, ya que dichos recursos se continuarían destinando a petróleo.
Con la creación de Gasmex no se mejoraría la infraestructura del país, ni se incrementaría la producción de gas.
Alternativa número 4, apertura del gas no asociado
Abrir la inversión a particulares (100 por ciento a mexicanos), en exploración y producción de gas no asociado para su autoabastecimiento, en transportación, en comercialización, y en almacenamiento.
¿Precios competitivos? Sí, en el mediano plazo, a través del incremento sostenido en la producción.
Los precios no pueden ser disminuidos por decretos; la única forma sostenible para bajar precios es incrementar la producción y pasar de ser un país importador, a un país exportador.
El efecto de exportar consistentemente en lugar de importar 867 millones de pies cúbicos al día, reduciría los precios en la región de Norteamérica en el mediano plazo.
¿Infraestructura energética confiable y recuperación autosuficiencia en gas? Sí.
México pasaría a ser un país exportador
de gas.
Transportación en manos de particulares.
Desarrollo de infraestructura de almacenaje
Se logra el autoabastecimiento para la industria y para la CFE. Los excedentes solo se pueden vender a Pemex (caso similar al concepto de autoabastecimiento en energía eléctrica).
Conclusiones
Propuesta de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León
Que se homologue el criterio para determinación del impacto ambiental, tanto en el impacto adverso que se tiene sobre el medio ambiente y los recursos naturales como la magnitud de éste.
Que se fije las fianzas necesarias y suficientes a Pemex para que garantice el total de daños y perjuicios potenciales que las actividades del sector energético podrían y están provocando al sector ganadero y que están siendo absorbidos por los propietarios de los predios indebidamente disminuyendo la ya de por sí baja rentabilidad del sector.
Que Pemex destine partidas para compensar los daños a la infraestructura de carreteras, brechas y caminos que evidentemente sufre daños por el tránsito de sus vehículos y los de sus contratistas, un ejemplo evidente de estos daños lo constituye la carretera que une a China, Nuevo León, con Méndez, Tamaulipas. Daños que también asumen los propietarios de predios en la zonas afectadas cuenten con pozos dentro de sus propiedades o no ya que en los traslados hacia o desde sus propiedades sus vehículos sufren averías.
Hacer valer los derechos a los que tienen cada propietario para que reciba una justa retribución por pago de daños.
Es urgente la realización de una auditoría ambiental a los efectos que ha sufrido el contorno con motivo de la explotación de gas natural.
En el ámbito social, impulsar la creación de empresas locales y regionales, en las que los propietarios de la tierra sean socios de las compañías que realizan los trabajos en la zona.
La población de la región exige también, marcar como una prioridad el crecimiento regional, mediante inversiones que se encaminen a la creación de infraestructura y al desarrollo social.
Los beneficios que resulten de los trabajos, se traduzcan a obras de infraestructura para estados y municipios de la región.
No es posible seguir aplazando los apoyos extraordinarios para resarcir los daños causados por los fenómenos naturales en la zona de la cuenca de Burgos.
Evitar la discriminación de los trabajadores, profesionistas y técnicos mexicanos.
Se requiere una política integral, de largo plazo, que contemple una estrategia sectorial para atender la generación y consumo racional de todo tipo de energía, que procure el desarrollo de las cadenas productivas, la preservación del medio ambiente y el cambio climático.
El país se tiene que empezar a preparar para la transición energética mundial de los próximos 30 años.
Debemos esforzarnos por mantener la rectoría del estado en materia energética y buscar, dentro del marco legal vigente, nuevas formulas que permitan que Pemex se modernice.
Primero las "observaciones en materia de gas" en México:
Los mexicanos podemos invertir, desarrollar y almacenar gas en Texas, pero no lo podemos hacer en Burgos. Debemos revisar la política de asignación de recursos a detalle para impedir que Pemex, Hacienda y los partidos políticos sólo piensen en maximizar los beneficios de corto plazo (venta de crudo) en lugar de desarrollar una plataforma competitiva que atraiga inversiones y genere empleos permanentes.
México jamás será competitivo ni podrá aspirar a tasas de crecimiento internacionales mientras no sepamos administrar eficientemente nuestros recursos.
Los mexicanos estamos cansados de tener la energía mas cara a nivel internacional, con precios totalmente recaudatorios y siendo uno de los productores de petróleo mas grandes del mundo.
Aunque el área en donde se llevan a cabo las actividades de los proyectos es de 90 mil hectáreas, se calcula que dichas actividades tienen un área de influencia en casi 140 mil hectáreas, por lo que solicita más dinero.
Se tiene ahora la oportunidad de ampliar el sistema de recaudación fiscal para gravar actividades relacionadas con la explotación de los hidrocarburos a favor de los estados y municipios, para revertir y generar riqueza que se traduzca en equipamiento, desarrollo y bienestar social.
Existen al menos cuatro áreas de oportunidad para lograr el desarrollo y equipamiento de la región de la cuenca de Burgos: Los donativos que proporciona la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de Pemex a los estados, al igual que el pago de indemnizaciones por afectaciones a zonas de su territorio.
El pago correcto y puntual de las afectaciones ocasionadas a propiedades particulares.
Gestionar y obtener por las autoridades locales los diversos compromisos y apoyos establecidos contractualmente en los contratos múltiples de servicios o de obra pública financiada.
El cobro de contribuciones locales por el estado y los municipios que forman parte de la cuenca de Burgos.
Con ello se estará creando la infraestructura para que otras actividades productivas sustituyan la industria del gas natural y beneficien a los habitantes de la región, cuando se haya agotado la riqueza nacional de los hidrocarburos.
Se debe crear conciencia de la responsabilidad social que tienen las empresas públicas y privadas con las entidades federativas, los ayuntamientos y la comunidad en general, en donde se realizan trabajos de exploración, explotación, transporte y distribución de hidrocarburos.
En 2007 se ejerció una inversión superior a los 17 mil millones de pesos para el desarrollo del proyecto, incluyendo el valor de la inversión de los contratos de obra pública financiada, que ejecutaron obra por un valor de 5 mil 986 millones de pesos.
Las inversiones contempladas en el desarrollo del proyecto Burgos para el periodo 2008-2022 son de orden de 145 mil millones de pesos (incluyendo contratos de obra pública financiada), con estos niveles de inversión se tiene programado alcanzar la plataforma de producción de mil 800 millones de pies cúbicos por día en 2011.
Los CSM no cumplen los principios básicos de eficacia, eficiencia, equidad, neutralidad y transparencia exigibles a todo contrato petrolero.
Los CSM no sirven para aumentar reservas; tampoco para explorar y producir en donde Pemex es incapaz de hacerlo, por ejemplo en la plataforma marina profunda, muy profunda y ultraprofunda.
Los CSM no sirven ni para explorar zonas poco conocidas ni para aumentar sustancialmente las reservas. No fortalecen a la clase empresarial mexicana con mayor demanda de bienes y servicios; no benefician a los consumidores con una baja de los precios del gas; no crean más empleos en lo que Pemex crearían si continuara como operador.
La propuesta es simple: que Pemex se haga cargo directamente de la explotación de los pozos de gas.
Nuestro interés actual es que el desarrollo del proyecto se dirija principalmente a
Que realmente sea un instrumento de derrama económica para la región.
Invertir en acciones de conservación efectivas.
Destinar mayor presupuesto para los estados y municipios, permitiendo equipar de infraestructura básica a las localidades y cabeceras municipales.
Incentivar las inversiones y cadenas productivas locales.
Dar a conocer el seguimiento de las acciones de las condicionantes ambientales establecidas.
Fortalecer y ampliar la experiencia de colaboración entre la autoridad municipal con las autoridades educativas de los municipios de la cuenca, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, comerciantes, microempresas, entre otras para la resolución de un problema local.
7. Asuntos generales
Al pasar al punto siete de asuntos generales el presidente, Miguel Ángel González Salum, al no haber más asuntos que tratar, dio por clausurada la undécima reunión plenaria a las 15:00 horas del 8 de febrero de 2008.
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 8 de febrero de 2008.
Diputados: Miguel Ángel González
Salum, presidente; Rolando Rivero Rivero, Ana María Ramírez
Cerda, Pedro Landero López, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS, CORRESPONDIENTE A LA DUODÉCIMA REUNIÓN PLENARIA, REALIZADA EL VIERNES 28 DE MARZO DE 2008
En Monclova, Coahuila, a las 10:00 horas del viernes 28 de marzo de 2008, en el auditorio de la Canacintra-Monclova, se reunieron los integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, para el desahogo del siguiente orden del día:
De acuerdo con el orden del día, se pasó lista de asistencia, y se encontraban presentes los diputados Miguel Ángel González Salum, presidente; Rolando Rivero Rivero, secretario; Raúl García Vivián, José Martín López Cisneros, Jesús de León Tello, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Miguel Ángel Solares Chávez, Jericó Abramo Masso y Gustavo Fernando Caballero Camargo.
El presidente solicitó al diputado Rolando Rivero Rivero, secretario, que diera cuenta de la asistencia a la sesión para la verificación de quórum.
El diputado Rolando Rivero Rivero (PAN), secretario, informó que se contaba con la asistencia de 9 de los 15 integrantes, por lo que había el quórum reglamentario para llevar a cabo la reunión.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
El diputado Rivero Rivero leyó el orden del día y lo puso a consideración de los presentes.
El presidente, diputado Miguel Ángel González Salum, sometió a la consideración el orden del día. Solicitó que quienes estuvieran por la afirmativa lo manifestaran. Mayoría por la afirmativa.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
El presidente solicitó al diputado Rolando Rivero Rivero que pusiese a consideración de los presentes el acta de la sesión anterior. Aclaró que dicha acta fue remitida previamente a cada uno de los integrantes. Se puso a consideración el acta, y se aprobó por unanimidad.
4. Segundo foro Desarrollo de la región Cuenca de Burgos, Monclova, Coahuila
El diputado Rolando Rivero Rivero señaló al inaugurar los trabajos del segundo foro Desarrollo de la región Cuenca de Burgos, en Monclova, Coahuila, que el objetivo de la comisión especial es dar seguimiento a los trabajos que Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias realizan en la región para vigilar y procurar un desarrollo sustentable y equilibrado mediante las acciones legislativas necesarias, en beneficio de la zona e indirectamente de la comunidad nacional.
Añadió que la cuenca de Burgos constituye la reserva de gas no asociado al petróleo más importante del país, con una superficie de 50 mil kilómetros cuadrados. El área cuenta con posibilidades de mayor extensión, lo que permitiría alcanzar 110 mil kilómetros cuadrados, al considerar las cuencas geológicas de Sabinas y Piedras Negras. Según datos estimados por Pemex, la producción de gas seco en esta zona cubre una superficie de 29 mil kilómetros cuadrados. Y se obtienen más de mil millones de pies cúbicos diarios, lo que indica que esta producción representa 80 por ciento del gas no asociado y casi una cuarta parte de la producción total de gas en México.
En nombre de la comisión, agradeció al gobierno de Coahuila su apoyo para la realización del foro. A los diputados anfitriones, a los asistentes y los ponentes, les agradeció su participación y el interés que demostraron. Les reiteró el compromiso formal de encontrar la manera de incorporar sus opiniones a la legislación vigente.
El diputado Jericó Abramo Masso señaló en la exposición de motivos: "Están hoy aquí los integrantes de la comisión especial dispuestos, atentos a escuchar y conocer sus opiniones, propuestas, ponencias, comentarios e inquietudes que nos permitan convertir, a su vez, en trabajo legislativo. Sabemos todos de la importancia que representa el activo integral Burgos para la sociedad civil coahuilense, para los ganaderos, los industriales, los académicos, los alcaldes, los ecologistas, los organismos empresariales, las cámaras, los diputados locales, los institutos y los ejidatarios. Compartimos una preocupación, que es asegurar que el desarrollo de los proyectos productivos del gas en la cuenca de Burgos no afecten nuestra región sino que, por el contrario, la beneficien, no afecten el ambiente, no afecten el derecho de los ejidatarios, de los campesinos, de los pequeños propietarios... No afecten la deseable participación de los empresarios pequeños, medianos o grandes de esta parte del país y de los intereses nacionales".
Informó que el objetivo del foro es establecer un diálogo directo entre legisladores federales, locales, dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones empresariales, funcionarios de las dependencias federales, estatales y municipales, así como investigadores, universidades, para escuchar la problemática que se presenta en la entidad ante los impactos social y ambiental generados por las actividades que realiza Pemex y sus posibles soluciones. Colocar en la agenda legislativa los problemas, los desafíos y las soluciones que perciben los actores en las políticas en materia energética, en las políticas para el desarrollo de cuenca de Burgos, además de generar vínculos con otros organismos, instituciones, ciudadanos interesados en intervenir en dichas políticas.
El licenciado Hugo Martínez González, secretario de Desarrollo Social de Coahuila y representante personal del gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, realizó la inauguración oficial del foro y afirmó que es importante incrementar la productividad y competitividad energética del país, pero hay que hacerlo de manera ordenada, procurando que la riqueza del subsuelo detone la riqueza de la región y de la nación. Añadió que el reto de los mexicanos, y especialmente del noreste del país, es que esto se convierta en una oportunidad de desarrollo y progreso, no un riesgo de deterioro y daño social y ecológico para la región. Destacó que este proyecto deberá obedecer a las necesidades y el diseño estratégico de la región y del país.
Expuso que deben evitarse "las experiencias Tabasco, Veracruz y Campeche en cuanto a contaminación" a través de estudios de impacto ambiental, y vigilar su cumplimiento.
Añadió que serán importantes la planeación estratégica y la participación organizada de instituciones gubernamentales y empresariales y de la sociedad civil para aprovechar y transformar los recursos petroleros en el detonante que impulse el verdadero desarrollo, invirtiendo en infraestructura urbana que mejore la calidad de vida de los coahuilenses.
Salud, educación y vivienda serán puntos fundamentales en esta inversión, que deberá también permitir la modernización de la tecnología regional.
Agregó que el gobernador Moreira Valdés diseñó e instauró programas sociales de alto impacto que convirtieron Coahuila en el estado número uno del país en destinar recursos a desarrollo social.
Por ultimo indicó que, en nombre propio y del gobernador, deseaba el mayor de los éxitos a los trabajos del foro.
El diputado Rolando Rivero Rivero, a petición del presidente de la comisión, presentó al ingeniero Julián de la Garza Castro, subdirector de Impacto Socioeconómico de Pemex Exploración y Producción, quien en nombre del ingeniero Juan Arturo Hernández Carrera, administrador del activo integral Burgos, expuso acerca del entorno y los antecedentes, "lo que es el proyecto Burgos, sus alcances y capacidades y las posibilidades y deseos acerca del desarrollo sostenible en las regiones que corresponden a la cuenca de Burgos".
Puntos importantes de la exposición de Pemex:
Julián de la Garza Castro, coordinador de Relaciones Sociales de Pemex, dijo que la cuenca de Burgos tiene una reserva que hace ser muy optimistas y que en el caso de Coahuila pretenden trabajar en una superficie de 70 mil kilómetros cuadrados a 2022.
"En la generación de empleos que pretendemos llevar a cabo –expresó–, hasta ahora en lo que hemos trabajado de 2004 a la fecha hemos generado cerca de 5 mil 450 empleos directos en la región de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y 2 mil 854 indirectos; y a 2012 estaremos empleando a más de 30 mil personas."
De la Garza Castro manifestó que las cuencas en México son cuatro: la Macuspana, descubierta en 1958, que tiene una producción promedio de 136 millones de pies cúbicos diarios; la Veracruz, descubierta en 1956, con 990 millones de pies cúbicos diarios; la de Sabinas, descubierta en 1975; y Burgos, descubierta en 1945, con una producción de mil 440 millones de pies cúbicos.
"Nuestra misión para los próximos años y la misión del proyecto Burgos es producir y descubrir hidrocarburo, en beneficio del país, de manera rentable, confiable y sostenida con responsabilidad social y respeto del ambiente. Actualmente, el costo de producción es de 3.4 dólares estadounidenses por barril de petróleo crudo, a 2012 requerimos que sea de 2.08 dólares por barril de petróleo crudo e incrementar a 100 por ciento la producción de gas, a mil 440 millones de pies cúbicos diarios, aunque lo requerido es mil 800 millones de pies cúbicos diarios y 14 mil barriles por día de condensado, y lo deseable es estar en 2 mil millones para 2012 y 18 mil barriles de condensado."
Expuso que la misión de servicios en los próximos cuatro años es ejercer inversiones a través de nuevos mecanismos de contratación y contratos de obra pública, eliminar rezagos en la legalización de instalaciones petroleras y fortalecer la relación con la sociedad civil y autoridades, innovar prácticas e incorporar tecnologías para implantarlas al factor de recuperación y satisfacer las necesidades de los clientes.
Se han invertido mil 116 millones de pesos en preservación de la ecología y mil 380 millones de pesos en donativos de pavimentación.
"Y a 2012 planeamos que el Proyecto Integral Burgos esté consolidado como principal productor de hidrocarburo en el país, convertirnos en el principal promotor social y del ambiente en la región, lo que ha traído beneficios a las comunidades donde operamos, construyendo y rehabilitando caminos."
Los puntos importantes de las ponencias fueron éstos:
Señaló que la industria petrolera ha aportado al desarrollo nacional un enorme soporte. Décadas atrás, más de 50 por ciento del presupuesto nacional descansó en ella; actualmente, poco más de 35 por ciento. La industria petrolera aún significa el ancla fundamental para el desarrollo del país.
El proyecto integral de la cuenca de Burgos compromete a México entero, pero de manera especial a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
La cuenca de Burgos produce 24 por ciento del total nacional de gas natural y 54 por ciento del de no asociado, lo eleva al rango de proyecto de gas no asociado más importante del país y es el gran reto que el gobierno de la gente que encabeza el gobernador Humberto Moreira Valdés tiene frente así.
¿Cómo debemos abordar el tema de la cuenca de Burgos por lo que toca a Coahuila? A través del análisis y la discusión desde estas dos ópticas:
• Desarrollo sustentable, regional y social, que nos lleve a concretar acciones.
• Análisis jurídico y alternativas legislativas.
Evitar las experiencias de Tabasco, Veracruz y Campeche en cuanto contaminación ambiental.
Tomar medidas tendentes a regular el alza de los bienes y servicios que afecte a la población en su conjunto.
Con planeación estratégica y con la participación organizada e indispensable de las instituciones gubernamentales, empresariales y sociedad civil.
2. Ciudadano Pablo González González, presidente municipal de Monclova
El presidente municipal de Monclova, ciudadano Pablo González González, se inconformó públicamente, argumentando que a Monclova ni siquiera se le ha entregado la dotación de asfalto y combustibles comprometida por Pemex desde 2006.
Señaló que ya se explotan dos pozos de gas natural en el municipio, sin que Pemex haya notificado al ayuntamiento. Lo peor del caso es que anunciaron que le disminuirían la dotación de asfalto para pavimentación y de combustible.
Este foro tiene como objetivo evaluar las acciones en materia de desarrollo social para las comunidades adyacentes a las reservas de la cuenca de Burgos, pero aquí se comprobó en los hechos que Pemex no ha cumplido como se esperaba y que por el momento carece de sustento legal para hacer valer los convenios que hay con la paraestatal para la asignación de asfalto y combustibles para el municipio, pero dijo que los buscará para hacerlos valer.
Añadió que las dotaciones deben ser de 3 por ciento del valor de los contratos que haya para la exploración y explotación de gas natural en cada municipio.
3. Licenciado Fernando Simón Gutiérrez Pérez, delegado federal de la Semarnat en Coahuila
El 9 de julio de 2003, los gobiernos de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas suscribieron con Pemex un convenio de colaboración en materia de desarrollo sustentable, con el propósito de unir esfuerzos y recursos para apoyar el desarrollo sostenible de los municipios de la cuenca de Burgos. La importancia de esta región radica en el gas no asociado al petróleo que se encuentra en su subsuelo. Por ello, el convenio establece las bases para la exploración y explotación de la región, en un esquema que evite la degradación de los ecosistemas.
Administrativamente, la cuenca de Burgos abarca 31 municipios de Coahuila, 48 de Nuevo León y 19 de Tamaulipas; cubre una superficie de 208 mil 805.0 kilómetros cuadrados. Destaca el área gasera específica de la cuenca, que abarca 36 mil 800.5 kilómetros cuadrados.
Contar con un ordenamiento territorial ecológico de la cuenca de Burgos permite definir las políticas públicas que normarán de manera sustentable el futuro desarrollo de la zona, minimizando el impacto causado al ambiente y los recursos naturales de la región en comento, evitando conflictos por la competencia del uso del suelo entre las diferentes actividades productivas.
Derivado del convenio para el desarrollo sustentable, el 6 de agosto de 2003 se firmó en Saltillo, Coahuila, el convenio de coordinación para el ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos. Lo firmaron la Semarnat, la Sedesol, Pemex y los gobiernos de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas.
El objetivo primordial del convenio es sumar acciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal, dando inicio y seguimiento al proceso de ordenamiento territorial para formular, expedir y ejecutar el programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos.
4. Doctor Juan Carlos Loyola Licea, Instituto Tecnológico de Saltillo
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos de la Cámara de Diputados convoca a un foro para detectar la problemática e impacto ambiental que el proyecto de Burgos pueda crear en las áreas de influencia, y así tomar acciones que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona. En respuesta a la iniciativa de los legisladores se presenta la siguiente ponencia:
Algunos puntos clave para que el proyecto cumpla ciertos criterios de sustentabilidad e incida en el desarrollo sustentable del país:
• Evaluar y minimizar el impacto ambiental de las actividades de exploración, extracción, y distribución del gas.
• Desarrollar y aplicar una propuesta de ordenamiento ecológico del territorio en el área de influencia.
• Evaluar la contribución del proyecto a la emisión de gases de efecto invernadero y proponer medidas compensatorias para reducir la contribución del país al cambio climático (al menos de igual valor en términos de toneladas métricas equivalentes de bióxido de carbono emitidas).
• Realizar un análisis costo-beneficio de la actividad en términos macroeconómicos.
• Pretender un beneficio económico para la sociedad y en las comunidades rurales en el área de influencia.
• Realizar las anteriores actividades con la participación de sectores no gubernamentales, incluidas instituciones educativas y asociaciones civiles.
• Facilitar el acceso del público a la información del proyecto.
• La mayor parte de los anteriores puntos se ha realizado por Pemex, la Semarnat, INE, los gobiernos estatales, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil (antes denominadas "no gubernamentales").
5. Profesor David Ascensión Álvarez Jiménez, presidente municipal de San Buenaventura
Señaló que San Buenaventura se halla en la región centro de Coahuila y cuenta con 22 mil habitantes aproximadamente. Sus principales fuentes de empleo son las actividades industriales, por la cercanía de Monclova y Frontera, agrícolas y ganaderas.
En el municipio se impulsa el desarrollo integral en todos los rubros, como salud, drenaje, educación, cultura y recreación, para otorgar a la comunidad una mejor calidad de vida y bienestar, logrando solucionar los problemas prioritarios de la comunidad y sustentabilidad para el desarrollo.
Se requiere emprender acciones en obras de infraestructura social, como una planta tratadora de aguas residuales, pavimentos y electrificación.
El desarrollo económico del municipio es insuficiente para emprender acciones concretas que nos lleven a lograr la instalación de dichos proyectos.
6. Licenciada María Magdalena Esquivel Lozada, Instituto Tecnológico de la Región Carbonífera
Supervisar, acreditar y dar seguimiento al cumplimiento de términos y condicionantes establecidos en los resolutivos 2440 y 1666 (DGIRA, 2004 y 2007).
Supervisar y acreditar la aplicación de acciones que realice PEP o las compañías contratistas para el cumplimiento de medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación.
Promover e implantar programas de sensibilización sobre acciones para el cumplimiento de términos y condicionantes a los trabajadores.
Reportar los incumplimientos, faltas u omisiones en que incurran las compañías en aspectos relacionados con los términos y las condicionantes.
7. Ingeniero Anastasio Carranza García, delegado federal de la Profepa en Coahuila
Cumplimiento ambiental
Auditoría ambiental, de uno o más procesos municipales
• Manejo integral de residuos
• Manejo integral del agua
• Administración de la calidad del aire
• Recursos naturales
• Infraestructura urbana
Evaluación general del programa o plan de desarrollo urbano y del ordenamiento ecológico municipales
Beneficios de la auditoría ambiental
• Identifica y ordena crecimiento urbano
• Proporciona un eje de sustentabilidad a las acciones
del municipio
• Trasciende las administraciones, con visión
de largo plazo
• Promueve la inversión
• Eleva la percepción de la ciudadanía
respecto a las autoridades
• Proporciona una óptima imagen pública
• Posibilidad de acceso a financiamientos
Programa Cuenca Limpia 2008, Coahuila
Con la finalidad de detener y prevenir el deterioro de las cuencas hidrológicas se propone
• Incorporación de los municipios de Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez y Progreso al Programa Nacional de Auditoría Ambiental en los Procesos de Manejo Integral de Residuos y Agua
• Coordinación con el gobierno del estado
• Incorporar las plantas de tratamiento administrados
por el estado
• Incorporar industrias y empresas que descargan o explotan
el río
• Revisión coordinada de los gobiernos estatal
y federal a las empresas no incorporadas al PNAA
8. Doctor Adalberto Benavides Mendoza, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)
En materia de desarrollo económico, las políticas nacionales e internacionales para disminuir el impacto ambiental y el riesgo sobre los ecosistemas constituyen, a partir de los años noventa, un pilar para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el territorio nacional.
Las universidades públicas, como acreditados ambientales en actividades petroleras, aportan el conocimiento experto independiente sobre los ecosistemas, la conciencia social y el enfoque holístico, tan necesario para el desarrollo sustentable, así como los equipos técnicos que apoyan con la supervisión y el seguimiento de las condiciones e impactos sobre los sistemas ecológicos donde se llevan a cabo explotaciones de gas y petróleo.
El activo integral Burgos de PEP, que realiza sus actividades en materia de explotación y producción en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, invitó a la UAAAN a participar como "acreditado ambiental" de PEP para asegurar que se cumplan las recomendaciones, las condicionantes y los términos marcados por la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en los resolutivos de autorización en materia de impacto ambiental, correspondientes a la ampliación de la zona de operaciones del activo de Burgos a su delimitación actual.
Las obras autorizadas en el marco del resolutivo citado incluyen pozos de exploración, pozos de desarrollo, estaciones de compresión y ductos en general. En estas obras deben hacerse cumplir los términos (situación legal por cumplir según el resolutivo) y condicionantes (conforme a cuáles requerimientos normativos y técnicos deben llevarse a cabo los términos) derivados de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional, presentada ante las autoridades ambientales. Estas medidas de atenuación, que contribuyen a minimizar el impacto ambiental en el entorno y que abarcan el manejo, prevención, mitigación o restauración deberán desarrollarse por los equipos de exploración y producción de Pemex, así como por los contratistas externos involucrados en estos trabajos. La UAAAN supervisará y verificará que estas medidas de mitigación se realicen en tiempo y forma, además de monitorear, con base en los indicadores seleccionados, la evolución del sistema ambiental con la presencia de las actividades petroleras.
La aplicación y supervisión de las medidas de mitigación y el monitoreo ambiental evitan impactos innecesarios o fuera de los límites permisibles por la normatividad ambiental vigente, lo cual permite que se lleven a buen término las obras en todas sus etapas de desarrollo, como la preparación del sitio, la construcción y la operación, e incluso el abandono.
Desde 2005, la UAAAN realiza actividades de supervisión y vigilancia ambiental y soporte técnico, que aseguran el cumplimiento de términos, condicionantes, medidas de manejo, prevención, mitigación o restauración, emitidas por autoridades ambientales para el desarrollo de proyectos petroleros en la cuenca de Burgos. Así, la UAAAN ha realizado 5 mil 596 acciones en estos rubros, debidamente registradas e informatizadas.
9. Urbano Alejandro Garza de la Garza, director general de Ecología de Múzquiz
Desarrollo sustentable regional y social
Los proyectos de nación que las sociedades mundiales emprendieron a lo largo del siglo XX ofrecieron enormes posibilidades para acceder a mejores condiciones de existencia a su población, mayor y mejor calidad en los servicios de salud, alimentación comunicación, esparcimiento, etcétera –aunque esta condición sea únicamente para un reducido número de personas–. Sin embargo, también dichos proyectos formaron un sistema político-económico mundial, tanto como naciones desarrolladas como en desarrollo, el cual ha mostrado sus enormes limitaciones, principalmente en las sociedades de este ultimo conjunto de países, donde ha provocado que millones de seres humanos en todo el planeta vivan en condiciones de pobreza, marginación y exclusión social, y que otros tantos crucen a diario ese umbral.
Pese a 30 años de progresos impresionantes, queda mucho por hacer: de los 4 mil 600 millones de habitantes en los países en desarrollo, más de 850 millones son analfabetos, casi mil millones carecen de acceso a fuentes de agua mejorada, y 2 mil 400 millones no tienen acceso a servicios sanitarios básicos. Cerca de 325 millones de niños no asisten a la escuela. Además, 11 millones de niños menores de 5 años mueren cada año –es decir, más de 30 mil por día– por causas que podrán evitarse. Alrededor de mil 200 millones de personas viven con menos de 1 dólar al día y 2 mil 800 millones con menos de 2.
Hoy podemos afirmar con cierta seguridad que las sociedades mundiales pueden caracterizarse por dos elementos: la celeridad y la radicalidad.
Las transformaciones sociales, políticas, económicas, ecológicas y tecnológicas ocurridas en las últimas décadas no tienen precedente en la historia de la humanidad; campos como los transportes, las telecomunicaciones, la informática, la energía nuclear, la robótica o la medicina pueden ser ejemplos de áreas que presentan innovaciones constantes, que modifican de manera notable la vida cotidiana de los individuos, aunque, lamentablemente, sólo ciertos países y determinados grupos sociales en esos espacios geográficos pueden tener acceso a ellos. No obstante, este proceso acelerado y radical de cambios, que si bien ha traído consigo avances y beneficios para una minoría social, también ha permitido observar su rostro oscuro y las consecuencias de ello.
La pobreza económica y social que viven millones de seres humanos en el orbe da cuenta de las grandes desilusiones del progreso mundial y nacional que el proyecto de desarrollo augura.
Esta nueva propuesta de desarrollo buscaba un manejo adecuado de los recursos provenientes de la naturaleza en el plano regional, a fin de satisfacer los niveles de bienestar social de la población, al tiempo que pugnaba porque la utilización, el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales se basaran en las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Si bien es cierto que nuestra región padece de un potencial pasivo ecológico debido al aprovechamiento de energéticos, la oportunidad de usufructuar este recurso está presente transformando esos pasivos en activos de desarrollo sustentables, de esparcimiento, culturales, tecnológicos y científicos, garantizando la subsistencia de ésta y las generaciones venideras a través de la historia, del cuidado, del uso eficiente y reúso del agua, de estrategias para mejorar su capacitación, conservación y calidad, así como la limpieza del aire de fuentes fijas y móviles, además del control de la aplicación de la norma en las descargas de aguas residuales industriales y residuos sólidos municipales que ponen en riesgo la salud de los habitantes, ahorro y uso de energías alternas, modificaciones en la construcción, en transporte público eficiente, económico y ecológico; que estos factores tengan como resultado mantener nuestra región y sus productos de calidad en mercados nacionales y extranjeros que traigan mayor riqueza y derrama económica a nuestros pueblos.
Conclusiones
Petróleos Mexicanos hace una presentación completa acerca del entorno y los antecedentes, lo que es el proyecto Burgos, sus alcances y capacidades y las posibilidades y los deseos acerca del desarrollo sostenible en las regiones que corresponden a la cuenca de Burgos.
El gobierno de Coahuila, a través de su secretario de Desarrollo Social, licenciado Hugo Martínez González, aporta a las conclusiones lo siguiente:
El respeto irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se establece en sus artículos 27 y 28.
Que la industria que se desarrolla en la cuenca de Burgos, a través de Pemex se convierta en un efectivo motor del desarrollo regional y nacional.
Que si bien urge elevar la producción nacional de gas natural hasta satisfacer la demanda interna, es necesario también evitar la sobreexplotación del recurso, por lo que resulta pertinente definir un esquema de explotación de gas con la participación de especialistas y del Congreso de la Unión, en virtud de que se trata de un tema de sustancial importancia para México, que afecta su presente y su futuro y que, por su carácter estratégico, no debe recaer exclusivamente en la responsabilidad del Ejecutivo federal.
Que Pemex celebre alianzas estratégicas y convenientes para la nación con corporaciones internacionales que han desarrollado y probado la efectividad de sus tecnologías de avanzada.
Recordó que la paraestatal tiene muchas instalaciones e infraestructura el municipio, por las que no paga contribuciones, como el impuesto predial, por el uso de la superficie municipal, por lo que esas donaciones son en gran medida una retribución o acuerdo entre los municipios.
Esas aportaciones consisten en gasolina, diesel y asfalto para la pavimentación o el bacheo. Al parecer, que no lleguen estos apoyos tiene un tinte político-partidista, pues casualmente a municipios panistas llegan con puntualidad.
Señaló que el asunto está trabado en parte debido a que Pemex quiere que se le reciban estas aportaciones de 2007 y 2008 en una nueva forma; es decir, que esas donaciones amparen 3 por ciento de los contratos que se realizan en el municipio, pero en realidad la donación no representa 3 por ciento de las instalaciones, trabajos y exploraciones que se realizan en el municipio.
El Instituto Tecnológico de Saltillo menciona algunos puntos clave para que el proyecto cumpla ciertos criterios sustentabilidad e incida en el desarrollo sustentable del país:
Desarrollar y aplicar una propuesta de ordenamiento ecológico del territorio en el área de influencia.
Evaluar la contribución del proyecto a la emisión de gases de efecto invernadero y proponer medidas compensatorias para reducir la contribución del país al cambio climático (al menos de igual valor en términos de toneladas métricas equivalentes de bióxido de carbono emitidas).
Realizar un análisis costo-beneficio de la actividad en términos macroeconómicos.
Pretender un beneficio económico a la sociedad y en las comunidades rurales en el área de influencia.
Realizar las anteriores actividades con la participación de sectores no gubernamentales, incluidas instituciones educativas y asociaciones civiles.
Facilitar el acceso del público a la información del proyecto.
Recordar la importancia que un componente fundamental del desarrollo sustentable es eliminar la pobreza, satisfaciendo las necesidades básicas de la presente generación, y no agotando los recursos que garantizarían la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.
Tras analizar el contenido de los puntos sobre el foro de desarrollo de la cuenca de Burgos, el Tecnológico de la Región Carbonífera consideró como propuesta que se tome de manera prioritaria lo siguiente:
La explotación del gas natural y no asociado dentro de sus porcentajes, a través de la subsidiaria de Pemex Exploración y Producción deberá buscar de igual forma beneficios encaminados a la satisfacción misma que conlleva e implica un desarrollo económico en dicha región. Este desarrollo enmarcará un crecimiento económico buscando satisfacer las necesidades básicas de educación y el nivel medio superior y superior si así se demanda.
En el aspecto del sector salud, prevenir al máximo, posibles riesgos que puedan afectar a los habitantes cercanos a los lugares donde se explote dicho energético, su salud e integridad física.
Que se subsidie la implantación para su cuidado y protección, ya que en la región carbonífera hay al menos 250 aves de distintas especies y otros animales.
En materia de desarrollo económico, las políticas nacionales e internacionales para disminuir el impacto ambiental y el riesgo sobre los ecosistemas constituyen, a partir de los años noventa, un pilar para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el territorio nacional.
Las universidades públicas, como acreditados ambientales en actividades petroleras, aportan el conocimiento experto independiente sobre los ecosistemas, la conciencia social, el enfoque holístico, tan necesario para el desarrollo sustentable, y los equipos técnicos que apoyan con la supervisión y seguimiento de las condiciones e impactos sobre los sistemas ecológicos donde se llevan a cabo explotaciones de gas y petróleo.
Dentro de sus funciones como acreditado ambiental, la UAAAN, además de la supervisión y vigilancia ambiental mencionadas, realiza las siguientes acciones:
Monitoreos ambientales en del bloque Monclova-Pirineos, en Coahuila, con periodicidad semestral en 2006 y 2007.
El objetivo del monitoreo ambiental es el seguimiento de las condiciones ambientales a escalas regional y local en el bloque Monclova-Pirineos con las actividades petroleras.
Evaluación de los pasivos ambientales de los pozos exploratorios del norte de México realizados en el periodo 1940-1990.
Realización de estudios técnicos justificativos para la autorización del cambio de uso del suelo en terrenos forestales de las obras programadas para realizar en el área del activo de Burgos en 2008.
Desarrollo actualmente de la elaboración de estudios socioeconómicos para evaluar el efecto de las actividades petroleras en las comunidades rurales y rural-urbanas comprendidas en l área de influencia del Proyecto Integral de Burgos.
La UAAAN trabaja con los otros acreditados ambientales (UANL y Uatamps) en el Programa de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social del Activo Integral Burgos, con el objetivo de transformar al citado organismo en una empresa ambiental y socialmente responsable.
La UAAAN apoya en la actualización del sistema de información geográfica de PEP, con lo que aporta soporte técnico e informático.
La Profepa de Coahuila pide las siguientes acciones en materia ambiental:
Con la finalidad de detener y prevenir el deterioro de las cuencas hidrológicas:
Incorporación de las plantas de tratamiento estatales o municipales aledañas a la cuenca.
Revisión coordinada con gobiernos estatales de las organizaciones aledañas al río o que repercutan de manera directa en éste.
Propone hacer sinergia con todos los actores involucrados y lograr el desarrollo de la mejora y sustentabilidad en las comunidades.
La Semarnat de Coahuila observa que el primordial objetivo es sumar acciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal, dando inicio y seguimiento al proceso de ordenamiento territorial para formular, expedir y ejecutar el programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos.
Entre las principales acciones realizadas a la fecha se encuentran las siguientes:
La integración de un comité regional del programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos, subdividido en dos órganos, el ejecutivo y el técnico, con representación equitativa de los tres órdenes de gobierno de los estados involucrados, así como miembros de la sociedad civil.
Contratación del grupo consultor multidisciplinario responsable de la elaboración del programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos, formado por un consorcio de universidades prestigiadas de la zona noreste del país, siendo la encargada de coordinar dichos trabajos la Universidad Autónoma de Tamaulipas; participan también el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y Pronatura Noreste.
Formulación de la estrategia del proceso de consulta pública al cual en fecha próxima deberá ser sometida la propuesta del programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos.
La presidencia municipal de Múzquiz, Coahuila, a través de su departamento ecológico, establece criterios para configurar el desarrollo sustentable como algo que nos permita alcanzar niveles de vida más justos y equitativos, conjugando una protección y uso responsable de los recursos naturales con un incremento en los niveles de bienestar de la población con un crecimiento económico sostenido.
Propone abordar el conjunto de las relaciones establecidas entre la sociedad y la naturaleza participando en los cambios necesarios en las sociedades, donde la democracia, la ciudadanía, la libertad, el empleo, el poder y los derechos humanos, entre otros elementos, sean los centrales para lograr la transformación.
Entonces, presupone que el desarrollo sustentable no es en sí una meta a la que se deba arribar sino un proceso que tendrá que abarcar a todos, o un camino por recorrer en conjunto, analizando el complejo entramado de problemas de orden social, político y económico, además de ecológico.
Incluso maneja la calidad de vida como un concepto central de la problemática ambiental y el desarrollo sustentable, extrapolándolo de lo privado a la disponibilidad de infraestructura social y pública, buscando un bien común, pero no olvidando los factores relativos como la satisfacción de los deseos y aspiraciones de las necesidades humanas.
En resumen, dice que si bien es cierto que nuestra región padece de un potencial pasivo ecológico debido al aprovechamiento de energéticos, propone aprovechar este recurso que está presente, transformando esos pasivos en activos de desarrollo sustentable, de esparcimiento cultural, tecnológico y científico, garantizando la subsistencia de éstas y las generaciones venideras, a través de la historia del cuidado del uso eficiente y reúso del agua, de estrategias para mejorar su captación y conservación y calidad, así como la limpieza del aire, de fuentes fijas y móviles, del control de la aplicación de la norma, en las descargas de aguas residuales industriales y residuos sólidos municipales, que ponen en riesgo la salud de los habitantes, ahorro de energía y uso de energías alternas, modificaciones en la construcción de la vivienda y en la promoción de materiales técnicos de construcción, en un transporte público eficiente, económico y ecológico.
Aunados, todos estos factores, darán como resultado mantener nuestra región y sus productos de calidad en mercados nacionales y extranjeros que traigan mayor derrama económica a nuestros pueblos, entrando así en el proceso de desarrollo sustentable.
El diputado Miguel Ángel González Salum, presidente de la comisión, al clausurar los trabajos del segundo foro Desarrollo de la región cuenca de Burgos, agradeció a todos los presentes su asistencia y a los ponentes su participación, y reiteró el compromiso de incorporar sus propuestas a la agenda legislativa.
7. Asuntos generales
Al pasar al punto siete, de asuntos generales, el presidente, diputado Miguel Ángel González Salum, por no haber más asuntos que tratar, a las 15:00 horas del 28 de marzo dio por clausurada la duodécima reunión plenaria.
Monclova, Coahuila, a 28 de marzo de 2008.
Por la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos
Diputados: Miguel Ángel González
Salum (rúbrica), presidente; Rolando Rivero Rivero (rúbrica),
Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Pedro Landero López,
secretarios.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN, NUEVOS SUJETOS Y NUEVOS DERECHOS, ATINENTE A LA QUINTA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2007
Introducción, lugar, fecha y hora
En el Distrito Federal, a las 14:00 horas del martes 11 diciembre de 2007, en el salón A del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunió el pleno de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, que fue convocada por su presidente, según el oficio fechado el 3 de diciembre y entregado en las oficinas de los integrantes el 4 de diciembre, a través del cual se les hicieron llegar los documentos respectivos para la sesión de esta comisión especial.
Diputadas y diputados integrantes
Por la mesa directiva, diputados Delio Hernández Valadés, presidente, y María Esther Jiménez Ramos, secretaria.
Los integrantes, diputados Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Claudia Cruz Santiago, Alma Lilia Luna Munguía, Daisy Selene Hernández Gaytán, Carlos Augusto Bracho González, Enrique Rodríguez Uresti, Israel Beltrán Montes, José de Jesús Solano Muñoz, Víctor Aguirre Alcaide, Diego Cobo Terrazas.
Pase de lista y declaración de quórum legal
El presidente de la comisión solicita a la secretaría pase lista de asistencia y manifieste si existe el quórum legal para sesionar y para que los acuerdos sean válidos.
La secretaria María Esther Jiménez Ramos pasa lista, estando presentes los diputados Delio Hernández Valadés, Enrique Rodríguez Uresti, Carlos Augusto Bracho González, José de Jesús Solano Muñoz y Diego Cobo Terrazas; así como las diputadas María Esther Jiménez Ramos, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Claudia Cruz Santiago, Alma Lilia Luna Munguía y Daisy Selene Hernández Gaytán.
En virtud de que el total de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión es de 12, para sesionar se requiere la presencia de la mayoría, según se establece en el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo menos deben estar presentes siete diputadas y diputados, por tanto, estando presentes 10 existe quórum legal para sesionar y para que los acuerdos tomados en la sesión sean válidos, con lo que se da cuenta a la presidencia.
Asimismo, se da cuenta de la presencia del diputado David Sánchez Camacho, proponente de la iniciativa que se va a discutir en la presente sesión, por lo que participa con voz pero sin voto, acorde a lo que establece el artículo 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
Una vez que se da cuenta de la existencia del quórum legal para sesionar, la secretaría procede a someter a aprobación el orden del día, solicitando que se dispense la lectura en virtud de haber sido enviado con anterioridad. Se somete a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad, por lo que se dispensa la lectura. Hecho esto, la secretaría somete a aprobación el orden del día, por lo que se somete a votación aprobándose por unanimidad, quedando de la siguiente manera:
Orden del Día
Una vez que han terminado la exposición, se continúa con el desahogo de los demás puntos del orden del día.
Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
La secretaría propone que, en virtud de que se les envió el acta con anterioridad, se pueda dispensar su lectura y se avance en el orden del día, por lo que la secretaría somete a votación la propuesta, la cual es aceptada por unanimidad. Se somete a votación si se aprueba el acta de la sesión anterior y es aprobada por unanimidad.
Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión relativa a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y por la que propone crear la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales
La secretaria solicita la intervención del área técnica de la comisión para que exponga la propuesta de opinión a la iniciativa mencionada, recibida en la comisión. El área técnica hace uso de la palabra, expone lo relativo a la opinión. Una vez que se hacen las anotaciones y las modificaciones pertinentes y que se realizaron las votaciones mencionadas, el texto íntegro aprobado por mayoría de las diputadas y los diputados es el siguiente
Opinión
De la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, relativa a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y por la que se propone crear la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, presentada por el diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Fue turnada a esta comisión la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y por la que se propone crear la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, presentada por el diputado David Sánchez Camacho.
La iniciativa referida fue sometida a la consideración de la comisión para que se emitiera una opinión. Una vez que dicha propuesta fue analizada, se hicieron las siguientes observaciones:
Primera parte
Artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
El proyecto que se sometió a consideración de esta comisión establece:
Se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
En relación con esta propuesta de modificación, estamos de acuerdo que se incluya la expresión "identidad sexogenérica", sin embargo, deseamos proponer que el texto de la ley establezca: …expresión de género, identidad sexogenérica…, de una persona.
Por otro lado, "identidad sexogenérica" alude al sentir de la persona respecto al sexo y al género al que pertenece, el cual puede ser concordante o discordante con su sexo anatómico-fisiológico. Generalmente concuerda el sexo biológico con la identidad sexogenérica de la persona, esto es que alguien que es biológica y anatómicamente un hombre, se sienta, identifique y viva como hombre, lo mismo en el caso de las mujeres. Sin embargo, existen casos en los que el sexo anatómico no coincide con la identidad sexogenérica de la persona, lo que se conoce como "disforia de género". En este caso, por ejemplo, una mujer biológica (cuerpo de mujer) puede sentirse identificada con el sexo opuesto y todo su sentir y su pensar puede ser como hombre, de tal suerte que su "identidad sexogenérica" es de un hombre.
Por su parte, la frase "expresión de género" alude al hecho de cómo la persona manifiesta externamente el género con el que se identifica, de allí que sea una "expresión". También en este caso, lo más frecuente es que, en mujeres y hombres, coincidan su expresión de género con su sexo biológico y anatómico; sin embargo, las personas con "disforia de género" sienten que el cuerpo que poseen no les pertenece, que están "atrapadas" en un cuerpo que pertenece al sexo opuesto. Por ejemplo, sucede que su "identidad sexogenérica" es de mujer, pero su cuerpo biológico de nacimiento es el de un hombre, por tanto, en su expresión de género usarán ropa interior y exterior que la sociedad considera como "ropa femenina", usarán maquillaje u otros elementos que les hagan expresar que su género es distinto al que la sociedad espera, acorde con su cuerpo biológico.
En otras palabras, la identidad sexogenérica es personal e íntima: lo que ella siente; en cambio la expresión de género es externa, es como la persona manifiesta su identidad sexogenérica, como la exterioriza. En ambos casos, pueden ser acordes o discordantes con su cuerpo físico.
Conforme a lo dicho, proponemos que la redacción del artículo en comento sea de la siguiente manera:
Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, con base en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, expresión de género, identidad sexogenérica o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Lo demás consideramos debe quedar tal como en la iniciativa que se presenta está asentado.
Segunda parte
Propuesta de reforma a diversas disposiciones del Código Civil Federal
El artículo 2o. del proyecto establece que "se reforman el artículo 35, el artículo 98 en su fracción VI, el artículo 134, se adiciona una fracción III al artículo 135 y se adiciona una fracción V al artículo 136 del Código Civil Federal para quedar en los siguientes términos […].
Antes de comenzar con la opinión de cada uno de los artículos que propone la iniciativa que sean modificados, queremos manifestar que proponemos que se elimine de toda la iniciativa la palabra "ajuste" de actas del registro civil, dado que la ley sólo contempla la modificación y la rectificación, por lo que sugerimos que sólo a éstos aludan las reformas que se analizan.
Artículo 35 vigente:
Artículo 98 vigente:
Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:
II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 149, 150 y 151;
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos;
IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria.
Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial;
V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar en relación con sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.
Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.
VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente; y
VII. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.
Nos parece pertinente abrir aquí un paréntesis para agregar algo que creemos conveniente:
El último párrafo del artículo 60 del Código Civil Federal establece: […] En las actas de nacimiento no se expresará que se trata en su caso de hijo natural. Creemos que en las actas de nacimiento que se expidan a una persona después de su reasignación de sexo, también debería aparecer la prohibición de que se mencione esta circunstancia, a menos que el interesado o la interesada, o por orden de autoridad competente, lo soliciten expresamente hacer esta inserción porque requieran que se aclare que su identidad originaria era otra. Para ello, proponemos que la redacción del último párrafo del artículo 60 sea como sigue:
Artículo 60. Para que se haga constar…
Además de los nombres…
Artículo 134 vigente:
Artículo 135 vigente:
I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó;
II. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental; y
III. Los casos contemplados en la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.
Queremos mencionar que nos parece adecuado cambiar el título de la ley (que más adelante, en el momento oportuno justificamos, pero que desde ahora proponemos). En este supuesto, la redacción de la fracción proponemos que sea:
Artículo 136 vigente:
Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil:
I. Las personas de cuyo estado se trata;
II. Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno;
III. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores; y
IV. Los que, según los artículos 348, 349 y 350, pueden continuar o intentar la acción de que en ellos se trata.
I. Las personas…
II. Las que se mencionan…
III. Los herederos…
IV. Los que, según los artículos…; y
V. Las personas a que hace referencia la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.
Antes de continuar con el análisis de la tercera parte de la iniciativa, queremos proponer que, de aprobarse el cambio de título de la ley (como adelante, en su momento oportuno exponemos y justificamos) estas disposiciones del Código Civil Federal deben adecuarse.
Tercera parte
Propuesta de aprobación de una nueva ley titulada:
Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales
La discriminación es una forma de exclusión que se basa en características secundarias o accidentales de las persona. El resultado negativo de la discriminación es que anula derechos o restringe su ejercicio, esta es una de las razones por las que el Estado mexicano no puede permitir ninguna acción o ninguna ley que, de una forma u otra, mantenga o fomente la discriminación de las personas porque con ello se violentan sus derechos humanos y sus garantías constitucionales.
La Carta Magna, fundamento de todo el sistema jurídico, señala en su artículo primero: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. … Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Por tanto, cualquier tipo de exclusión que sea realizada contra cualquier persona a la que se le restrinja el pleno goce de sus derechos humanos, de sus garantías constitucionales y sus derechos civiles, atenta en forma directa en contra de la Constitución General de la República y debe ser sancionado por el Estado.
En el ámbito internacional, México tiene signados diversos tratados y convenciones internacionales de reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas. Debe citarse el artículo 133 constitucional que establece que "esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión". Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que "…los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal". En este entendido, los tratados y convenciones internacionales son obligatorios para el Estado mexicano, por lo que debe dárseles cumplimiento en toda la Unión.
Así tenemos en el Sistema de las Naciones Unidas:
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General en 1966 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981 reafirmó el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Establece al respecto en su artículo 2.1. que "cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 2.2. que "los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social", y en el 6.1. que "los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho".
4. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, en su resolución final asienta que "todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. […] Los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
5. IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, septiembre de 1995. Suecia introdujo, por primera vez, el tema de la discriminación sobre la base de la orientación sexual en un foro de las Naciones Unidas.
6. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, Durban, Sudáfrica, 2001. En su declaración y programa de acción, de acuerdo con la cuestión general 66, "(se) insta a los Estados a establecer y ejecutar sin demora políticas y planes de acción, se establece la aplicación de planes nacionales de acción nacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en particular las manifestaciones basadas en el género".
2. Convención Americana de Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), esta convención estipula en su artículo 1.1. que "los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". El artículo 24 establece que "todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley".
3. Carta Democrática Interamericana, establece en su artículo 9 que "la eliminación de toda forma de discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes, y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana".
Con una ley como la que somete a consideración el diputado David Sánchez Camacho, nuestro país se colocaría entre las pocas naciones que reconocen a sus ciudadanos y sus ciudadanas el derecho humano, inalienable a la identidad jurídica derivada del cambio de sexo. Entre estos países encontramos, por ejemplo, a Alemania, Argentina, Austria, España, Finlandia, Italia, Holanda, Suecia, Reino Unido, Sudáfrica.
La comisión especial manifiesta expresamente su apoyo irrestricto a que sea promulgada una ley que apoye la lucha de las personas en contra de la discriminación. Las diputadas y los diputados tenemos una responsabilidad histórica de trabajar en creación de leyes reglamentarias que ayuden a materializar los derechos consagrados en las disposiciones constitucionales, como es el caso del artículo primero de la Carta Magna.
Además de lo anterior, también proponemos diversas observaciones, comentarios y propuestas que nos parece necesario realizar, a efecto de que la ley sea una realidad y que, según nuestro criterio, tenga mayor eficacia.
Observaciones, comentarios y propuestas
2. En todo el cuerpo de la ley, se establece el término "transgénero-transexual", con lo que pareciera que se trata de lo mismo, como si una persona transgénero fuera al mismo tiempo transexual; sin embargo, esto es erróneo, son mutuamente excluyentes, por lo que se propone que toda la ley haga referencia a las personas transgénero y a las transexuales, de tal manera que se entienda que son dos condiciones humanas distintas.
3. La iniciativa no divide la ley en títulos y capítulos. Nos parece que para mejor orden debería de hacerse esta división, por ejemplo, un capítulo para las disposiciones generales, otro para hablar del procedimiento de reasignación sexogenérica, otro que reconozca el derecho a la salud, otro sobre la necesidad de medidas educativas para la tolerancia, otro sobre políticas públicas, etcétera.
4. En el primer párrafo del artículo 1o. de la iniciativa se establece que "su objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas transgénero-transexuales, otorgar reconocimiento a la identidad y expresión sexogenérica, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida". Más adelante, en el segundo párrafo de este mismo artículo se establece que "de manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas transgénero-transexuales sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas necesarias para su ejercicio".
Al respecto hacemos los comentarios siguientes:
a) La inclusión y la exclusión son dos términos relativos; es decir, requieren necesariamente mencionar qué es lo que está incluido con respecto a lo excluido y viceversa. Por otro lado, la inclusión y la exclusión requieren que se diga adónde o a qué se incluye o de dónde o de qué se excluye. Por tanto, consideramos que una ley no puede dejar sólo en el aire la frase "permitan la plena inclusión" si no se dice a qué debe permitirse la inclusión o si no se dice de dónde están excluidos. Proponemos que el artículo no establezca esta frase, sino que se use otra como, por ejemplo, "garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y las garantías individuales".
b) En referencia a la frase "otorgar reconocimiento a la identidad y expresión sexogenérica", consideramos que no es viable "otorgar reconocimiento" a la identidad y expresión, sino que la obligación del Estado es reconocer dicha identidad como un derecho básico de cada persona y que dicha identidad vaya de acuerdo con su expresión de sexo y de género, entonces, ambos se consideran como derechos, tanto la expresión de sexo y de género de la persona y el reconocimiento jurídico que el Estado haga de ella.
c) En cuanto a la frase "en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades", queremos expresar que la igualdad y la equiparación también son relativos, el trato igualitario es en relación con los otros u otras con las que se pretende que el trato sea el mismo. La equiparación con mayor razón, dado que el propio término significa poner en el mismo sitio a por lo menos dos personas, de lo contrario no puede haber equiparación.
d) En cuanto a la disposición del segundo párrafo relativa a que es enunciativa y no limitativa, queremos mencionar que una ley debe siempre pretender ser exhaustiva, es decir, debe tratar, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta la característica de generalidad, contemplar todas las situaciones posibles y reconocer los derechos de las personas, por ello consideramos que no es conveniente que la propia ley diga que sólo es "enunciativa", es decir, la propia ley abre de forma institucionalizada lo que se conoce como laguna de derecho o laguna jurídica.
e) Por último, queremos mencionar que es importante que la ley federal reconozca que es reglamentaria de los párrafos primero y tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la garantía de igualdad de las personas, motivada por su expresión de sexo y de género. Debe tenerse en cuenta que el artículo primero de la Constitución General en su párrafo primero establece que "en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución […]". Al hacer la mención de que la ley reglamenta el artículo primero, reconocemos con esto todos los derechos establecidos en la Constitución, como por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, la libertad de expresión, la libertad de trabajo y profesión, etcétera.
f) En virtud de las observaciones anteriores, proponemos que el artículo primero de la ley quede de la siguiente manera:
La presente ley es reglamentaria del párrafo primero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del párrafo tercero del mismo artículo, en materia de eliminación y sanción de la discriminación de las personas transexuales y transgénero y les garantiza el goce y disfrute de todos los derechos en ella reconocidos. La presente ley se considera de orden público, de interés general y de aplicación en los Estados Unidos Mexicanos.
5. El artículo 2o. está redactado de una manera que no nos parece lo más adecuado; establece al respecto que "toda persona transgénero-transexual tiene derecho a ser identificada, reconociendo plenamente su expresión e identidad sexogenérica, independientemente de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal o de asignación". Al respecto, hacemos las siguientes consideraciones:
a) Partimos de la base de que una persona transgénero es aquélla que ha modificado sus características sexuales secundarias y que una persona transexual es aquélla que ha modificado sus características sexuales primarias y secundarias. Con la redacción de este artículo, pareciera que el derecho a la identidad de género y de sexo sólo se debe reconocer a las personas transexuales y transgéneros; sin embargo, creemos que el derecho a la identidad es un derecho inherente a la persona y que cuando hay una reasignación sexual total o parcial, la persona tiene derecho a que su identidad jurídica se adecue a su nueva condición.
b) Creemos importante establecer en la ley que el derecho a cambiar de sexo y el derecho a cambiar la identidad deben ser personalísimos. Los derechos personalísimos son aquellos que no se pueden derivar, que no se pueden transmitir y, en la mayoría de los casos, se tienen que ejercer sólo por la persona que tiene dicho derecho o por su representante legal. Por ejemplo, el derecho a recibir alimentos es personalísimo.
c) En virtud de lo que se ha manifestado, proponemos que la redacción de este artículo sea de la siguiente manera:
a) No creemos conveniente que una ley establezca términos de uso en el procedimiento y términos de uso "de fondo". Hay que tener en cuenta que la interpretación y aplicación de la ley debe hacerse de forma integral y no por conceptos aislados, de tal suerte que para quien en un futuro tenga que leer dicha ley, interpretarla y aplicarla, tendrá que tener en cuenta lo que es, por ejemplo, la "ley" (fracción primera), o lo que se entiende por persona transexual (fracción primera del artículo 4), no sólo en el procedimiento, sino para cualquier interpretación que deba darse.
b) La fracción primera de este artículo debe modificarse de acuerdo a la propuesta de modificar el título de la ley.
c) Creemos que no es necesario que esta ley establezca lo relativo a lo que debe entenderse por "Actas del Registro Civil" y por "Actas de Nacimiento" (fracciones I y II), todas ellas están reguladas por la ley de la materia que es el Código Civil el cual tiene un capítulo completo sobre el registro civil y sobre las actas de nacimiento.
d) Proponemos que siempre que se establezca en la ley el derecho a la reasignación sexual se agregue que ésta puede ser total o parcial.
e) En el artículo 10 de la iniciativa de ley, se propone la creación de una figura jurídica denominada "Constancia de Proceso de Autorreivindicación". Esta constancia ha resultado un documento necesario para las personas que desean realizar su cambio para la reasignación de sexo cuando aún no lo han concluido pero desean acreditar que están en dicho proceso, por ello se propone que la definición del documento que se hace en el artículo 10, se haga desde el tercero que ahora se analiza. Proponemos que quede de la siguiente manera:
Constancia de proceso de autorreinvidicación: Documento oficial probatorio de que la persona se encuentra en proceso de reasignación sexual y que se ostenta con un nombre distinto al asentado en su acta de nacimiento, siendo que se trata de la misma persona.
7. Con relación al artículo 4o. de la iniciativa de ley, hacemos las siguientes observaciones:
a) En la fracción primera se establece lo que se va entender por una persona "transgénero-transexual". Reiteramos el comentario de que no es lo mismo una persona transgénero que una transexual, por lo que sugerimos que la definición de cada uno de los términos sea por separado.
En esta fracción que se analiza, se establece que las modificaciones se dan "…a través del reemplazo hormonal, intervenciones quirúrgicas u otras…". Sugerimos que se elimine este catálogo de procedimientos para la modificación y reasignación sexogenérica, dado que la ley debe ser lo más general posible. El establecer catálogos en las leyes tiene la desventaja de que, todo lo que no se incluya expresamente, se entiende, queda fuera.
Por otro lado, parece conveniente que las definiciones incluyan que la decisión de cambiar de sexo es un acto jurídico, dado que interviene la voluntad de la persona y desea las consecuencias jurídicas. Pero además, la decisión debe ser libre y autónoma, con lo que jurídicamente se establece que nadie, ni el Estado, ni la familia, pueden intervenir con esta decisión y sólo está sujeta a la decisión personal y a lo que resulte de los diagnósticos médicos y sicológicos que se hagan de acuerdo a protocolos internacionales.
En virtud de estos comentarios vertidos, proponemos que las definiciones queden de la siguiente manera:
Persona Transgénero: La persona que ha decidido, en un acto libre, autónomo y personal, cambiar permanentemente de su cuerpo los caracteres sexuales secundarios de nacimiento, a fin de adaptarlos a su identidad de género de acuerdo a lo que en la presente ley se establece.
Persona Transexual: La persona que ha decidido, en un acto libre, autónomo y personal, cambiar total y permanentemente de su cuerpo los caracteres sexuales primarios y secundarios de nacimiento, a fin de adaptarlos a su identidad de género de acuerdo a lo que en la presente ley se establece.
b) En cuanto a la fracción II de este artículo, define lo que debe entenderse en la ley como "sexo de asignación". Con este concepto se alude a la mención que se hace en las actas de nacimiento, en relación al sexo de la persona que es presentada ante el juez del registro civil. Parte de la presunción de que sólo existen dos sexos posibles: hombre o mujer; de tal suerte que si los genitales externos de la persona consisten en pene y testículos, el juez del registro civil "asigna" (y consigna) en el acta que le fue presentado un "niño". En el otro caso, si los genitales externos consisten en una vulva, el oficial asentará en el acta que se le presentó una "niña". Con esta mención del acta de que se presentó ante el juez del registro civil a un "niño" o a una "niña", se le asigna el sexo a la persona (de allí el nombre de "sexo de asignación"), de tal suerte pues que si se presenta un "niño", se entiende que esa persona es un "hombre", en el otro caso, si se le presenta una "niña", se entiende que la persona es una "mujer".
La propuesta del diputado David Sánchez Camacho nos parece acertada en cuanto desea que quede definido que esta mención en el acta es un sexo que es asignado al momento del registro. Lo que propone esta ley es que, en el caso de una reasignación de sexo o de género, esta mención o "asignación de sexo" sea modificada.
Nuestra opinión es que la definición que propone la iniciativa no es muy clara y proponemos que se simplifique para que quede la idea de lo que acabamos de mencionar. Con base en tales consideraciones proponemos que la redacción de dicha fracción sea:
Sexo de asignación: Es la mención que asienta el juez del registro civil en el acta de nacimiento, respecto a si le fue presentado para registro un niño o una niña y que jurídicamente identifican a la persona como hombre o mujer. Esta mención del acta de nacimiento, es susceptible de ser modificada acorde con lo que en la presente ley se establece.
c) Por último, (reconocemos que puede ser un error involuntario) en la última parte de esta fracción se establece: "…situación que traduce en la …", creemos que debe decir: "…situación que se traduce en la…".
d) En cuanto a la fracción IV que establece: "Proceso de reasignación sexual: Conjunto de acciones tendientes a modificar sus caracteres sexuales primarios y/o secundarios de manera permanente, a través de reemplazo hormonal, intervenciones quirúrgicas, u otras, a fin de adaptar su anatomía a su identidad sexogenérica y a corregir la discordancia entre la psique y el cuerpo". Al respecto hacemos algunas consideraciones y propuestas:
También aquí creemos que no es necesario establecer el método que se utilice para la modificación de los caracteres sexuales, finalmente lo que importa es que se haga la modificación de forma permanente. Sometemos a consideración el hecho de que no se mencione que la finalidad es corregir la discordancia entre la psique y el cuerpo, aquí también creemos que esto podría dar lugar a que en un proceso legal, si tenemos que la definición exige que el cambio de la anatomía tiene una determinada finalidad, el juez podría, a su vez, exigir que se le demuestre tal finalidad para conceder el cambio, lo que nos parece que no es necesario. En virtud de ello, proponemos la siguiente definición:
Proceso de reasignación sexual: Es el conjunto de acciones que, de conformidad con esta ley, llevan a cabo las personas transexuales y transgénero para modificar de forma permanente sus caracteres sexuales, con lo que se adecua la anatomía de su cuerpo con su identidad de género.
e) Aprovechamos para comentar que el artículo 7o. de la iniciativa, contempla en realidad una definición de lo que sería "Presolicitud", por lo que proponemos que se cambie a este artículo como una fracción más.
f) Por último, creemos que en el artículo de definiciones (que proponemos que sea uno solo como antes mencionamos) se incluyan otras definiciones que den claridad a quien vaya a interpretar y aplicar la ley, por ejemplo: qué se entiende por identidad y por expresión de sexo y de género; qué es sexo biológico, sexo genético, sexo anatómico, sexo morfológico y sexo hormonal. Estos términos están mencionados en la iniciativa, pero no se definen para que le quede claro a quien interpreta la ley.
8. El artículo 5o. propuesto establece: "Las personas transgénero- transexuales deberán ser tratadas empleando el prefijo y sufijo indicativo del género femenino o masculino, según sea el caso, en concordancia con su identidad y expresión sexogenérica", al respecto hacemos las siguientes observaciones:
a) Proponemos que se agregue la palabra "gramatical" después de la palabra "género". No se debe perder de vista que no es lo mismo el sexo que el género. No obstante, en la gramática de la lengua española, se reconocen los "géneros": masculino, femenino y neutro. Por ello, si se desea en este artículo que se usen los prefijos y sufijos que el caso requiera, para designar lo masculino y lo femenino, se refiere a los géneros gramaticales, de allí nuestra consideración de que se adecue.
b) Por otro lado, nos parece adecuado agregar que el trato que debe darse a las personas transexuales y transgéneros sea de carácter jurídico-legal, también como uno de los efectos jurídicos del reconocimiento a la identidad jurídica de las personas transexuales y transgénero.
En atención a estas observaciones proponemos que la redacción de este artículo sea:
Para los efectos legales del reconocimiento de identidad sexogenérica, una vez que el juez del Registro Civil acuerde y suscriba los rubros en la rectificación o modificación registral, las personas transgénero y las transexuales tienen el derecho a ser tratadas por los poderes públicos y por la sociedad en concordancia con el género gramatical correspondiente a su identidad y expresión sexogenérica, utilizando las nuevas menciones en todos los actos de su vida.
9. La propuesta del artículo 6o. es la siguiente: El juez del Registro Civil de cada circunscripción en que se llevó a cabo al registro de nacimiento, en el competente para conocer y resolver sobre la pre-solicitud y la solicitud para la rectificación o modificación de las actas de nacimiento.
10. Proponemos que la definición del artículo 7o. de la iniciativa, se incorpore como un inciso más del artículo 4o. (relativo a las definiciones) y no ser un artículo aparte.
11. El artículo 8o. de la iniciativa, establece: "Toda persona que haya sido diagnosticada como transgénero-transexual por los especialistas y equipos transdisciplinarios o institución reconocida que inicie su proceso de reasignación de sexo género, podrá acudir ante el juez del Registro Civil competente para tramitar una pre-solicitud para el ajuste de su acta de nacimiento". Respecto del artículo citado, hacemos las siguientes consideraciones:
a) Sugerimos que la palabra "diagnosticada" no sea utilizada en el texto de la ley, dado que da la idea de que se trata de una enfermedad y ser transexual y transgénero son dos condiciones humanas.
b) En cuanto a los equipos "transdisciplinarios", sugerimos que se hable primeramente en singular, porque de lo contrario, se pueden entender dos cosas: una, que el "diagnóstico" a que se refiere el artículo, debe ser elaborado por más de un equipo; la otra interpretación es que se requiere más de un diagnóstico, o sea, por lo menos dos. Por otro lado, la palabra "transdisciplinarios" da a entender que se trata de equipos que están más allá de cualquier disciplina, por lo que proponemos que se use mejor la palabra "interdisciplinario".
12. El artículo 9o. de la iniciativa establece los requisitos de la presolicitud. Al respecto deseamos comentar:
a) La fracción primera establece que el primer requisito es que exista una constancia expedida por especialistas o institución reconocida que diagnostica como "transgénero-transexual". Antes ya habíamos comentado la necesidad de separar los conceptos de tal manera que se entienda que son dos condiciones diferentes. Por otro lado, una "constancia que diagnostica" nos parece que se vuelve a incurrir en el error de que se trata de una enfermedad, por ello, sería más conveniente que se estableciera sólo como constancia o un certificado que avale que la persona es transgénero o transexual, en proceso de reasignación. En virtud de estas manifestaciones, proponemos que la redacción de la fracción sea:
c) La fracción tercera establece como requisito la manifestación "bajo protesta de decir verdad" que no se está unido en "vínculo matrimonial alguno". Primero queremos precisar que no hay diversos tipos de "vínculo matrimonial" de tal suerte que no hace falta establecer que no se está unido por vínculo matrimonial "alguno". En este supuesto sólo hay dos posibilidades, o se está unido o no se está unido.
Por otro lado, creemos que la exigencia de la manifestación bajo protesta, debe ser acerca de que nunca se ha estado unido en matrimonio, porque, en caso de que alguna vez lo haya estado, entonces es mejor exigir que se exhiba el acta de divorcio o de viudez. Recuérdese que líneas arriba se trató lo relacionado con el requisito previo de que la persona no esté unida en matrimonio para que se le pueda dar trámite a su solicitud de reasignación sexual. Así pues, si la persona nunca lo ha estado, basta para ello una manifestación "bajo protesta", pero si ya estuvo en algún momento unida por este vínculo, se requiere entonces que exhiba su acta de divorcio o de viudez.
En virtud de estas observaciones, proponemos que la fracción se redacte de la siguiente manera (recuérdese que propusimos eliminar la que es ahora la fracción segunda, por lo que a ésta le toca en orden dicho número):
Primero tenemos que decir que la obligación de otorgar alimentos se adquiere en el momento en el que el acreedor alimentario nace, en el momento en que adquiere una discapacidad que lo inhabilite para trabajar o en caso de la vejez. Pero, salvo el caso de que el acreedor alimentario llegue a la mayoría de edad y pueda valerse por sí mismo, en la mayoría de los casos no se sabe cuándo va a terminar esta obligación. De tal manera, que determinar por cuánto tiempo debe garantizarse el cumplimiento de la obligación de forma amplia y suficiente, por el tiempo que dure, puede darse el caso de que sea imposible saberlo.
Por otro lado, no vemos la razón por la que la reasignación sexual se sujete a que se garantice la obligación de dar alimentos, máxime si consideramos que la obligación alimentaria deriva del parentesco y del matrimonio, y que ésta no se suspende ni termina más que por las causas que expresamente establece la ley en virtud de tratarse de un derecho público. Esto implica que, no importa que la persona cambie de sexo, ello no lo exime de seguir cumpliendo con la obligación de proporcionar alimentos mientras que ésta, conforme a la ley civil, subsista.
Además de lo anterior, una de las características de los alimentos es que éstos nunca son definitivos, lo que implica que el deudor alimentario puede estar hoy obligado a otorgar una determinada cantidad y mañana, por las razones que establece la ley, puede estar obligado a otorgar una menor o mayor pensión o puede no estar obligado a otorgarla (por ejemplo, en el caso de que le sobrevenga una discapacidad al deudor alimentario).
Esta exigencia que propone la iniciativa en esta fracción nos parece una forma de discriminación, que además puede dar lugar a otras. Explicamos por qué nuestra aseveración: no a todas las personas se les exige que garanticen que van a proporcionar los alimentos, de hecho esta garantía sólo se exige en los procesos judiciales, sobre todo en los de divorcio y alimentos. Por tanto, imponer esta carga sólo por solicitar una reasignación sexual, nos parece que es una forma de discriminación; la pregunta que hacemos es ¿Por qué para realizar una reasignación sexual se requiere garantizar la pensión alimenticia de los dependientes económicos, y además de manera "amplia y suficiente"?
Asimismo, en los hechos a una persona le resultará muy difícil garantizar una pensión alimenticia de "manera suficiente" por el tiempo que dure dicha obligación, si lo ponemos en términos económicos pueden resultar cantidades de dinero inaccesibles casi para cualquier persona. Esto implica, que al no poder cubrir el monto de la garantía "amplia y suficiente", la persona en realidad no podrá acceder a la reasignación sexual.
Por otro lado, tampoco consideramos la necesidad de que se presenten las actas de nacimiento de los dependientes económicos. Si lo que se desea es que el deudor alimentario siga cumpliendo con su obligación, ésta está garantizada por la ley civil y la reasignación sexual no cambia en nada el entroncamiento ni las obligaciones que de él derivan (como lo argumentamos en los párrafos precedentes). Si la exigencia de presentar las actas es para cuidar el principio de certeza de éstas y realizar las anotaciones marginales, de tal suerte que quede claro el entroncamiento familiar después de la reasignación sexual de la persona, éste puede salvarse con la anotación que se haga en el acta de la persona que cambia de sexo y es suficiente.
En virtud de lo anterior, proponemos que esta fracción sea eliminada totalmente.
e) La fracción V, que propone la iniciativa, nos parece muy adecuada, pero creemos conveniente que se agregue que lo único que puede cambiar de la persona, en su acta y documentos oficiales, es el nombre y el sexo de asignación, nunca los apellidos, ni los ascendientes y descendientes, es decir, en general, ninguna otra circunstancia o cuestión asentada en el acta o en los documentos. En consecuencia de esto, los documentos deberán ser expedidos nuevamente por las autoridades y los particulares que corresponda, teniendo en cuenta las mismas restricciones.
En consecuencia de lo anterior, proponemos que la redacción de la fracción sea la siguiente:
a) Sostenemos, como dijimos antes, que la ley debe dividirse en títulos y capítulos para darle más orden. Uno de estos capítulos tiene que ser el relativo a la solicitud.
b) El artículo 12 establece una definición de lo que debe entenderse por "solicitud". Proponemos que ésta y otras definiciones de la iniciativa sean establecidas en el artículo correspondiente de definiciones que ya comentamos líneas antes.
14. En los artículos del 17 al 21, se establece lo relativo a los efectos jurídicos de la modificación del acta de nacimiento. Respecto de estos artículos hacemos las siguientes observaciones:
También aquí creemos necesario que se abra todo un capítulo exclusivamente que establezca lo relativo a los efectos jurídicos de la modificación del acta de nacimiento y las implicaciones que tiene en la reexpedición de todos los documentos de la persona.
15. Nos parece conveniente lo que se establece en los artículos 24, 25 y 26. Sólo reiteramos dos observaciones: la primera, que sugerimos que se abra todo un capítulo en la ley que establezca los efectos jurídicos de la modificación o rectificación del acta, de acuerdo con esta ley.
16. Creemos que las propuestas de los artículos 31 y 32, deben también formar un capítulo aparte de la ley y extenderlo a que las personas transexuales y transgénero deben tener todos los derechos y las obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias federales y locales.
Asimismo nos parece conveniente que se establezca una disposición expresa de que el cambio de sexo y de identidad de la persona no exime del cumplimiento de obligaciones de ninguna naturaleza jurídica, ni para con el Estado o para con los particulares, no interrumpe términos legales de ningún tipo, no es excluyente de la responsabilidad penal, ni exime del cumplimiento de sanciones.
17. Sugerimos que se elimine el artículo primero transitorio, dado que la Constitución General de la República establece el cauce que se le debe dar a una ley emanada del Poder Legislativo, por tanto no es una cuestión transitoria de la ley, sino una obligación constitucional a cargo del Poder Ejecutivo.
18. El artículo tercero transitorio nos parece también inadecuado por las siguientes razones:
a) Establece una cuestión fundamental de la ley, dado que establece la obligación de la Secretaría de Salud de emitir una norma oficial mexicana y, como dijimos antes, esta obligación debe estar contenida en la ley. Recordemos que los artículos transitorios regulan situaciones que tienen que ver con la entrada en vigor de la ley, o con la vacatio legis, o con las adecuaciones que deben hacerse en relación con situaciones que consideraba otra ley previa; pero todas ellas son cuestiones accidentales, no podemos en artículos transitorios establecer obligaciones sustanciales que deben estar en el cuerpo de la ley.
b) Conforme al artículo 134 constitucional, los recursos públicos de los que dispone el Estado, deben administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Para ello, "las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realice, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes". Entonces, las licitaciones no tienen por finalidad convocar a una consulta ciudadana, para ello existen otras opciones que son legales e idóneas.
19. El artículo cuarto transitorio nos merece una especial atención y al respecto comentamos lo siguiente:
a) Incurre en el mismo error que el artículo tercero, dado que incluye en él una obligación sustantiva en un artículo transitorio que sólo debiera regular aspectos accidentales.
b) Debe distinguirse plenamente entre leyes federales y leyes generales. Las leyes federales son de aplicación a los Poderes de la Federación y no obligan a las entidades federativas, mientras que las leyes generales las expide el Congreso de la Unión, de aplicación para toda la república en las materias que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece expresamente para dicho Congreso (que pueden ser exclusivas y concurrentes), pero téngase en cuenta que estas materias tienen que ser reservadas al Congreso de la Unión porque, como lo establece el artículo 124 de la Constitución General de la República: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados".
20. Se propone que se agregue un artículo transitorio, con la redacción siguiente:
En el caso de las rectificaciones a las actas del estado civil con motivo de la identidad sexogenérica, las personas solicitantes no serán excluidas del ejercicio de sus derechos y obligaciones así como no serán eximidas de la responsabilidad en que hayan incurrido con motivos de la comisión de actos delictivos o infracciones. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de la autoridad competente.
Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pasa a las propuestas de actividades a realizar en el año 2008.
Se propone que para el desahogo de este pendiente, se remitan a la presidencia las propuestas de actividades para el próximo año a más tardar cinco días antes de la celebración de la siguiente reunión ordinaria. Se somete a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad.
Se propone que si se tienen observaciones qué hacer, que se hagan llegar por escrito a la presidencia antes de la siguiente sesión. Se somete a votación la propuesta, resultando aprobada por unanimidad.
Brindis con motivo al cierre del primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura
El presidente de la comisión especial hace uso de la palabra y agradece las diputadas y a los diputados presentes el trabajo durante el año que está por concluir, les desea felices fiestas de Navidad y fin de año.
Cita a la próxima reunión plenaria
Las diputadas y diputados acuerdan que la fecha para la celebración de la siguiente reunión sea el jueves 7 de febrero de 2008, a las 12:00 horas.
Asuntos generales
No se trató ningún asunto general.
Clausura de la reunión
En virtud de que no existen otros asuntos pendientes y de que se ha agotado el orden del día, el presidente de la comisión especial declara clausurados los trabajos de la presente sesión, siendo las 19:00 horas del día de su inicio. Levantándose la presente acta para dejar constancia de los hechos, firmando las diputadas y los diputados que estuvieron presentes para los efectos legales a que haya lugar.
Diputados: Delio Hernández
Valadés (rúbrica), presidente; María Esther Jiménez
Ramos (rúbrica), secretaria; Claudia Cruz Santiago (rúbrica),
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Alma Lilia Luna Munguía,
Daisy Selene Hernández Gaytán, José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González
(rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Enrique Rodríguez Uresti,
Israel Beltrán Montes, Víctor Aguirre Alcaide.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN, NUEVOS SUJETOS Y NUEVOS DERECHOS, ATINENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL JUEVES 6 DE MARZO DE 2008
Introducción, lugar, fecha y hora
En el Distrito Federal, a las 10:00 horas del 6 de marzo de 2008, en el salón F del edificio G, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunió el pleno de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, a convocatoria del presidente, según el oficio circular número ST-CENDNSND-013/2008, fechado el 26 de febrero de 2008.
Integrantes
Diputados: Delio Hernández Valadés, presidente; María Esther Jiménez Ramos, Guillermina López Balbuena, secretarias; Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Claudia Cruz Santiago, Alma Lilia Luna Munguía, Daisy Selene Hernández Gaytán, Carlos Augusto Bracho González, David Sánchez Camacho, Israel Beltrán Montes, José de Jesús Solano Muñoz, Diego Cobo Terrazas, Enrique Rodríguez Uresti.
Orden del día
El orden del día para la presente reunión es el siguiente:
El presidente de la comisión especial solicita a la secretaría que pase lista de asistencia y manifieste si hay quórum legal para sesionar y para que los acuerdos sean válidos.
La secretaria María Esther Jiménez Ramos pasa lista, y están presentes los diputados Delio Hernández Valadés, Carlos Augusto Bracho González, Israel Beltrán Montes, José de Jesús Solano Muñoz, David Sánchez Camacho, María Esther Jiménez Ramos y Claudia Cruz Santiago.
Se da cuenta también de la existencia de dos oficios enviados por los diputados Alma Lilia Luna Murguía y Enrique Rodríguez Uresti, en los que solicitan que se justifique su inasistencia por motivos de salud.
En virtud de que el total de los integrantes de la comisión especial es de 13, y para sesionar se requiere la presencia de la mayoría, según establece el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo menos deben estar presentes 7 diputados. Por tanto, como están precisamente 7, hay quórum legal para sesionar y para que los acuerdos tomados en la sesión sean válidos, con lo que se da cuenta a la presidencia de la comisión.
Aprobación del orden del día
El presidente propone que, en virtud de que se les envió con anterioridad el orden del día, se dispense la lectura. La secretaría somete a votación la propuesta, la cual es aceptada por unanimidad. Hecho lo anterior, se somete a votación si se aprueba el orden del día propuesto, y es aprobado por unanimidad.
Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
El presidente propone que, en virtud de que se les envió con anterioridad el acta, se dispense la lectura y se avance en el orden del día. La secretaría somete a votación la propuesta, la cual es aceptada por unanimidad. Hecho lo anterior, se somete a votación si se aprueba el acta de la sesión anterior, y es aprobada por unanimidad.
Intervención de la diputada Claudia Cruz Santiago, con motivo del Día Internacional de la Mujer
Par el desahogo del presente punto, se concede el uso de la voz a la diputada Claudia Cruz Santiago, quien dirige unas palabras con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo de la comisión para 2008
A petición del presidente, se lee la propuesta de programa de trabajo para 2008, así como las propuestas y observaciones formuladas por las diputadas Guillermina López Balbuena y María Esther Jiménez Ramos. Una vez leídos los documentos correspondientes, se someten a votación y se aprueban en lo general; y se hace una reserva para que en la siguiente sesión se revise el documento definitivo punto por punto y se someta a votación en lo particular.
Los siguientes integrantes hacen las propuestas que se mencionan:
1. Diputado Israel Beltrán Montes: que se organicen foros ciudadanos sobre los diversos temas de la comisión y se invite como ponentes a humanistas. Sugiere que el foro por realizar en Los Cabos, Baja California Sur, se lleve a cabo el viernes 25 de abril del presente año, en lugar del sábado 26 como se propone.
2. Diputado David Sánchez Camacho: propone que se analice la posibilidad de transmitir promocionales en medios de comunicación masiva durante mayo para que se pueda promover la conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia y la erradicación de la homofobia y la transfobia.
3. Diputada Claudia Cruz Santiago: Propone que el programa de trabajo incluya acciones de evaluación y seguimiento de los programas de la Cámara de Diputados y las comisiones en la erradicación de todas las formas de discriminación. Propone además dar seguimiento a la aplicación de recursos que se aprobaron para la Comisión de Equidad y Género, y que se haga uso del Centro de Estudios de Finanzas Públicas para ver la canalización de recursos.
4. Diputado José de Jesús Solano Muñoz: solicita que se establezca la forma en que se desarrollará el programa que se propone y exhorta a los demás integrantes a sumar esfuerzos para sacarlo adelante. Solicita además que se emitan puntos de acuerdo como comisión especial.
5. Diputado Carlos Augusto Bracho González: propone que se establezca el orden de prioridad respecto a las actividades, que se realicen aunque sean tres, pero concretas y de mayor trascendencia. También propone que la mesa directiva fije un calendario de las actividades y someta a aprobación la propuesta. Propone además que haya al mes por lo menos dos reuniones de la comisión en periodo ordinario y una vez en el receso. Por último, propone que se organicen grupos de trabajo que impulsen el desarrollo del programa que se discute.
Discusión y, en su caso, aprobación del logotipo de la comisión
Los integrantes de la comisión especial solicitan que se les explique qué significa cada uno de los elementos que integran la propuesta de logotipo que se les somete a consideración.
La diputada Claudia Cruz Santiago sugiere que el área de diseño de su grupo parlamentario elabore una propuesta de logotipo y presentarla en la próxima reunión plenaria.
El presidente se compromete a que en la próxima sesión expondrá el significado de los elementos del logotipo que presenta.
En la comisión especial se acuerda que en la próxima sesión se presenten otras propuestas de logotipo, con su respectivo significado, para que sean consideradas y votadas.
Asuntos generales
2. La diputada Claudia Cruz Santiago hace del conocimiento de la comisión especial que las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina continúan solicitando a los aspirantes a ingresar pruebas de VIH/sida y de no embarazo, respecto de lo cual pide que comparezcan ante esta comisión los titulares de esas dependencias.
3. La misma diputada Claudia Cruz Santiago menciona que la comisión debe tomar acciones en los casos de pederastia de profesores y de ministros de culto; sobre todo, que se consideren los casos de violación de la confianza en la custodia temporal de niños que se les encargan. También, que se analice qué puede hacerse para apoyar a las familias de los agraviados.
En virtud de que no hay otros asuntos pendientes y de que se ha agotado el orden del día, el presidente declara clausurados los trabajos de la presente sesión, a las 13:00 horas del día de su inicio. Se levanta la presente acta para dejar constancia de los hechos. La firman los diputados que estuvieron presentes, para los efectos legales a que haya lugar.
Diputados: Delio Hernández
Valadés (rúbrica), presidente; Guillermina López Balbuena,
María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), secretarias;
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Daisy Selena Hernández
Gaytán, Claudia Cruz Santiago (rúbrica), Alma Lilia Luna
Murguía, Diego Cobo Terrazas, Carlos Augusto Bracho González
(rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica),
Enrique Rodríguez Uresti, Israel Beltrán Montes (rúbrica),
David Sánchez Camacho (rúbrica).
Con fundamento en los párrafos tercero y séptimo de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 112 del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, el inciso i), numeral 2, del artículo 20 y el inciso h) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos reformada por decreto publicado el 21 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Convoca
A los ciudadanos y ciudadanas que reúnan los requisitos constitucionales y legales, propuestos por grupos de la ciudadanía, organizaciones ciudadanas debidamente constituidas o por sí mismos, al proceso de selección de candidatos y candidatas a ocupar los cargos de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral que concluirán su encargo el 30 de octubre de 2013, bajo el siguiente
Procedimiento
Primero. Los candidatos y candidatas deberán cumplir y acreditar debidamente los siguientes requisitos:
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;
c) Tener más de treinta años de edad el día de la designación;
d) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones;
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo menor de seis meses;
g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;
h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;
i) No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal, jefe del Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento; y
j) No ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral durante el último proceso electoral federal ordinario.
2. Copia certificada del acta de nacimiento y copia de la credencial para votar.
3. Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx).
4. Carta de aceptación de las bases y procedimientos de la presente convocatoria firmada por el candidato o candidata (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx ).
5. Ensayo, de un máximo de diez cuartillas, sobre la aplicación de la reforma constitucional en materia electoral y del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales recientemente aprobados.
6. En caso de que la propuesta sea registrada por un grupo de la ciudadanía, deberá acompañarse con una carta en la que hagan constar su propuesta y de la copia de credencial de elector de los firmantes.
7. En caso de que la propuesta sea registrada por una organización de ciudadanos, deberá acompañarse con una copia certificada del acta constitutiva correspondiente, así como una carta del representante legal en la que se haga constar la decisión de la organización de postular al candidato.
Tercero. La Comisión de Gobernación, dentro del plazo comprendido del 20 al 22 de mayo del presente año, integrará los expedientes y revisará los documentos de los candidatos y candidatas para verificar que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Para tales efectos, podrá allegarse de los elementos que estime pertinentes.
Cuarto. El 23 de mayo de 2008 la Comisión de Gobernación elaborará la lista de candidatos y candidatas a consejeros electorales que cumplieron con los requerimientos señalados en la presente convocatoria, que será publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de Internet de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx). En dicha lista se señalará la fecha y hora en que deberán acudir los candidatos y candidatas para el desahogo de las entrevistas a que se refiere el numeral quinto. Tal publicación surtirá efectos de notificación a los candidatos y candidatas.
Cualquier ciudadano podrá presentar objeciones ante la Comisión de Gobernación cuando considere que alguno de los candidatos o candidatas incumple con los requisitos previstos en esta convocatoria. Tales objeciones deberán manifestarse por escrito, debidamente fundadas y aportando los elementos de prueba que correspondan. Al escrito de referencia se acompañará también copia de la credencial para votar del ciudadano o ciudadana que suscribe las objeciones y deberá entregarse en la oficina de la Comisión de Gobernación situada en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio D, tercer piso, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, México, Distrito Federal.
Quinto. La Comisión de Gobernación procederá a entrevistar a cada uno de los y las candidatas que cumplieron con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, del 26 al 30 de mayo del 2008, para exponer los puntos centrales de su ensayo y para responder los cuestionamientos que se les formulen.
Las entrevistas se realizarán en sesiones públicas y serán transmitidas por el Canal del Congreso. Para el desahogo de las mismas, la Comisión de Gobernación conformará un grupo de trabajo, buscando que en su integración se respete la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la propia comisión; en su caso citará a los y las candidatas mediante un sorteo en el que se definirá el orden de las comparecencias.
Sexto. La Junta de Coordinación Política recibirá las opiniones de la ciudadanía con relación a los candidatos a consejeros electorales.
Estas opiniones deberán presentarse por escrito acompañadas de copia de credencial para votar del ciudadano o ciudadana interesado en la oficina de la Junta de Coordinación Política, situada en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio G, segundo piso, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, México, Distrito Federal, a más tardar el día 30 de mayo del 2008.
Séptimo. Al término de las entrevistas la Comisión de Gobernación preparará un dictamen con sus valoraciones y lo remitirá, a través de su presidente, a la Junta de Coordinación Política el 5 de junio del presente año.
Octavo. Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política determinarán por el más amplio consenso posible la propuesta del nombre de los tres candidatos o candidatas a consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.
En todo caso la Junta de Coordinación Política buscará mantener el mismo número de mujeres con que se contó en el pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Noveno. Los Consejeros y Consejeras Electorales durarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2013 y no podrán ser reelectos. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, conforme a lo establecido en el numeral octavo.
Décimo. En sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que se convoque para el efecto, se dará a conocer al pleno las propuestas a que se refieren los numerales octavo y noveno, y se procederá a discutirlas y votarlas por cédula.
Décimo Primero. Los consejeros y consejeras electas rendirán la protesta de ley ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 15 de agosto de 2008.
Décimo Segundo. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el pleno de la Cámara de Diputados.
Décimo Tercero. La presente convocatoria entrará en vigor el día de su aprobación y publicación por la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días de abril de dos mil ocho.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica)
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión
(Aprobado; comuníquese. Abril 22 de 2008.)
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS, DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES
PARLAMENTARIAS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, AL
CONCURSO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR LAS PLAZAS VACANTES EN EL CENTRO
DE ESTUDIOS CONVOCANTE.
H. Cámara de Diputados
Convocatoria
Concurso de oposición abierto
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo Parlamentario que crea e integra el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, aprobado el 18 de diciembre de 2006 y los acuerdos de la de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de fecha 26 de abril de 2007 y 13 de marzo de 2008; la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Comité del CEDIP, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y la Dirección General de Recursos Humanos emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta al concurso para ocupar dos plazas vacantes de director de proyecto
Realizar investigaciones, estudios jurídicos de carácter histórico, comparativo y sociojurídico, sobre instituciones parlamentarias, instituciones públicas, derecho público y privado y, en general, sobre cualquier rama y disciplina afín que contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas.
Desarrollar temas diversos de derecho, política, economía, etcétera, desde una óptica jurídica, para su incorporación en las publicaciones que el centro publica en su programa editorial.
Brindar las asesorías que se le encomienden, a partir de las consultas y solicitudes que formulen, diputados, comisiones y comités de la Cámara.
Realizar tareas de dirección, coordinación y supervisión de las actividades de investigación, análisis y consulta encomendados al personal adscrito a la dirección de proyecto respectiva, para garantizar el rigor metodológico, estructura, coherencia y calidad de contenidos, conforme a las instrucciones que gire el director general.
Requisitos y perfil
Generales
Acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:
No haber sido, durante los últimos cinco años, miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato a ocupar un puesto de elección popular.
No estar sujeto a procedimiento administrativo de responsabilidades o inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público.
No haber sido condenado por delito doloso que haya ameritado
pena privativa de la libertad.
Haber cumplido 25 años de edad al día de
la designación.
Conocimiento del derecho parlamentario, legislativo y de las normas de funcionamiento de la honorable Cámara de Diputados.
Acreditar experiencia docente en ciencias jurídicas.
Contar con publicaciones sobre temas jurídicos
o económico jurídicos.
Capacidad para emitir opiniones sobre temas jurídicos y parlamentarios.
Capacidad de planeación, organización y control; habilidad para coordinar equipos, ser proactivo, con visión y capacidad para establecer prioridades y para trabajar bajo presión.
Disposición de compartir sus conocimientos con el personal de su área.
Habilidad para resolver dudas que surjan en el trabajo y aptitud para consultar fuentes de información bibliográficas, hemerográficas o informáticas.
Habilidad para desarrollar textos empleando lenguaje jurídico y parlamentario.
1. Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos generales, académicos y laborales previstos para el puesto, acrediten reunir las habilidades y capacidades técnicas requeridas y agoten cada una de las etapas que se establecen en la presente convocatoria.
En caso de que la Cámara de Diputados convoque simultáneamente a concursos de selección para cubrir vacantes en diferentes unidades administrativas, los aspirantes solamente podrán participar en uno de ellos y por una sola plaza, por lo cual la inscripción en más de un concurso será causa automática de descalificación en ambos.
2. Documentación requerida
Los aspirantes para ser considerados como participantes en el concurso, deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación:
Currículo firmado en todas y cada una de sus hojas, sin tachaduras o enmendaduras, con fotocopias de los documentos que acrediten la información referente a experiencia laboral y técnica a que se haga referencia.
Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada para su cotejo y copia para integrarlas al expediente que se conforme, de los documentos siguientes: acta de nacimiento, documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto, en este caso, cédulas y títulos profesionales, identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte), cartilla liberada (en el caso de varones hasta 40 años).
Para acreditar cursos y programas de formación o especialización: constancias o diplomas emitidos por la institución o dependencia de impartición de los mismos.
Para acreditar los cargos que se han desempeñado: carta por parte del empleador, contrato o documento que especifique el cargo o puesto ocupado por el interesado, nivel administrativo y las fechas en que ocupó dicho cargo o puesto. De igual forma, el interesado deberá anexar carta donde se señalen las funciones desempeñadas, así como los nombres de dos directivos, el teléfono y dirección de la institución, dependencia o empresa donde ocupó el cargo.
De igual forma, el aspirante no deberá haber laborado ni haber sido empleado de esta honorable Cámara de Diputados por lo menos los últimos dos años previos a la fecha de publicación de la presente convocatoria, con excepción de los que se encuentren en activo en el momento de la publicación de la presente.
Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso así como de no estar sujeto a procedimiento administrativo de responsabilidades o inhabilitado para el servicio público y de que la documentación presentada es auténtica.
Para acreditar experiencia académica y docente, deberán presentarse los nombramientos o comprobantes expedidos por la institución correspondiente.
Cabe mencionar que en caso de no presentar esta documentación en original o copia certificada para el cotejo y la fotocopia correspondiente el día señalado en la presente convocatoria, la Cámara de Diputados está facultada para descalificar a los aspirantes que se ubiquen en este supuesto.
3. Etapas del concurso
3.1. Registro de candidatos
El formulario de inscripción estará disponible para su llenado en la página web de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx/registro) del 6 al 13 de mayo de 2008, únicamente, el cual deberá requisitarse, imprimirse y entregarse. Al imprimir el formulario, los aspirantes recibirán un número de folio, que los identificará a lo largo del proceso de selección, el cual deberá presentar junto con sus documentos probatorios. El periodo de registro será improrrogable.
La recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente convocatoria se llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo de 2008 en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (avenida Congreso de la Unión número 66, edificio I, segundo piso, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza), en un horario de 10:00 a 17:00 horas.
Las solicitudes y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidas ni tomadas en cuenta.
Al concluir la entrega de la documentación comprobatoria, el interesado recibirá el calendario de actividades que señalará las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas.
Una vez agotada la etapa de registro de aspirantes, se publicará listado que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes inscritos al presente concurso, dicha publicación se realizará en la página web de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx/convocatorias) y de igual forma estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currículos recibidos
Al concluir la etapa anterior, la Dirección General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias procederá a revisar y valorar las solicitudes de inscripción, currículo y la documentación comprobatoria entregada por los interesados, para determinar en cada caso, si cumple o no con lo dispuesto por esta convocatoria. Al efecto, formulará una lista integral de resultados de la revisión y valoración de solicitudes, de los aspirantes registrados y la presentarán al Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
Una vez efectuada la revisión y valoración antes descrita, el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias publicará la lista que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes preseleccionados que podrán presentarse a la realización de la evaluación psicométrica que determine la Cámara de Diputados por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos.
Para el caso de que una vez realizada la revisión y valoración referida en este apartado, no queden preseleccionados cuando menos cinco aspirantes, se declarará desierto el concurso, en cuyo caso el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias procederá en su oportunidad a emitir nueva convocatoria.
La lista de aspirantes preseleccionados se publicará en la página web de la Cámara de Diputados, (www.diputados.gob.mx/convocatorias) y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de la evaluación psicométrica, así como para las evaluaciones técnicas respectivas descritas en la presente convocatoria. De igual forma, las listas estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
3.3. Evaluaciones
La evaluación psicométrica será practicada a través de la Dirección General de Recursos Humanos, que de igual forma, instrumentará el procedimiento para practicar la evaluación respectiva de inglés, en este caso con el auxilio de un profesor de idioma inglés en activo del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México designado por el jurado.
La aprobación de las evaluaciones psicométricas con un rendimiento de 80/100 otorgará a los aspirantes el derecho de continuar en el concurso y acceder a la evaluación de inglés.
Para acreditar los conocimientos del idioma inglés, deberá obtenerse en el examen respectivo que se aplique en la Cámara de Diputados, una calificación mínima de 8 en la escala de 0 a 10, en cada caso.
Los aspirantes que dejen de presentar en las fechas y horas señaladas cualquiera de las evaluaciones psicométricas o del idioma, quedarán automáticamente descalificadas para acceder a la etapa de evaluación técnica.
La evaluación técnica se realizará a través de un jurado designado por la mesa directiva del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el que será presidido por la persona que designe la mesa directiva del mismo comité.
El Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias propondrá a tres profesores en activo, preferentemente por oposición, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con grado académico de doctor, para integrar el jurado referido en el párrafo anterior.
El jurado se encargará de definir la metodología de la evaluación técnica, así como de la formulación de los exámenes que correspondan. Dicha evaluación se desarrollará en dos etapas:
Al concluir y entregar el aspirante la evaluación oral o escrita, se le comunicará el tema respecto del cual deberá desarrollarse dentro del término de tres días, una investigación de cuando menos 20 cuartillas, misma que habrá de estructurarse con rigor metodológico para investigaciones de carácter jurídico. Dicho trabajo deberá ser entregado ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados para que sea entregado al jurado oportunamente para revisión y valoración. La no entrega dentro del plazo fijado será causa de descalificación.
Una vez concluidas las dos etapas de la evaluación técnica, el jurado procederá a la brevedad posible a entregar un informe de resultados de las evaluaciones técnicas de todos los aspirantes, que se integrará a los resultados obtenidos en las demás evaluaciones (de idioma) a efecto de emitir un resultado que permita definir a los tres aspirantes con mejor desempeño, los cuales podrán acceder a la etapa final del concurso de selección.
Una vez agotada la etapa de evaluación técnica y a partir de los resultados obtenidos, se publicará en la página web de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx) un listado que contendrá los números de folio que identifique hasta tres aspirantes que hayan obtenido los promedios más altos de calificaciones (considerando evaluación escrita, trabajo de investigación y evaluación oral, así como de inglés), los cuales deberán asistir a una entrevista en la fecha y hora que al efecto se les señale. El comité entrevistador, conformado por el presidente del Comité del Centro del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y por el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, emitirán una evaluación de cada caso, utilizando una escala de 0 a 10.
El resultado final de las evaluaciones de los aspirantes que hayan accedido a la última etapa del concurso de selección se integrará con base en la siguiente ponderación:
Mecanismo de desempate
Para el caso de desempate entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en orden de prelación lo siguiente:
El Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias remitirá el informe final de resultados a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que por conducto del secretario general se informe del resultado del proceso de selección.
En su oportunidad, la Secretaría General presentará ante la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el informe de resultados del concurso de selección presentados por el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
Una vez concluido el proceso de selección y definidos los ganadores, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos hará los nombramientos respectivos.
4. Información adicional
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente concurso, se ha implementado un módulo de atención telefónica en el número 56 28 13 00, extensiones 59245 y 59246, el cual estará funcionando de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluir el concurso.
Palacio Legislativo, abril de 2008.
Atentamente
Diputado Alfredo Ríos Camarena
Presidente del Comité del Centro de Estudios de
Derecho e Investigaciones Parlamentarias
Licenciado Emilio Suárez Licona
Secretario de Servicios Parlamentarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Doctor Onosandro Trejo Cerda
Director General del Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS, EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, AL CONCURSO DE SELECCIÓN
PARA OCUPAR LAS PLAZAS VACANTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CONVOCANTE
H. Cámara de Diputados
Convocatoria
Proceso de selección abierto
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo Parlamentario que crea e integra el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, aprobado el 18 de diciembre de 2006, a los acuerdos de la de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de fecha 26 de abril de 2007 y 13 de marzo de 2008; la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta al proceso de selección para ocupar las plazas de director de Estudios del Sistema Financiero, director de Estudios Hacendarios e investigador B
Para participar en cualquier plaza se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:
No haber sido, durante los últimos cinco años, miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato a ocupar un puesto de elección popular.
No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público o estar sujeto a procedimiento administrativo de responsabilidades.
No haber sido condenado por delito doloso que haya ameritado
pena privativa de la libertad.
Haber cumplido veinticinco años de edad al día
de la designación.
Analizar los diversos componentes del sistema financiero, sus participantes y agentes, abarcando la banca de desarrollo y su influencia en la promoción del empleo y desarrollo económico, los grupos financieros, integrantes del sistema financiero de fomento, sociedades financieras de objeto limitado, Afore, organismos reguladores e intermediarios financieros no bancarios y su relación con la economía y las finanzas públicas; así como el análisis de la política monetaria, el papel del Banco de México y sus efectos en la economía y las finanzas públicas. De igual manera, analizar los componentes de deuda, su influencia en la generación de los pasivos contingentes y revisar componentes de la deuda, interna, externa, del sector privado, pública en sus distintas clasificaciones, así como los pasivos contingentes del sector público, tales como Pidiregas, pasivos de sistemas de pensiones y otros.
De igual modo, apoyará la elaboración de impactos presupuestarios derivados de las iniciativas de ley propuestas por legisladores.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional) en economía, finanzas públicas o áreas afines.
Coordinar la sistematización, procesamiento y análisis de información sobre aspectos de estudios hacendarios, ingresos públicos, así como del paquete económico e informes oficiales emitidos por el Poder Ejecutivo, mediante la realización de estudios, series estadísticas, proyecciones y cálculos de distintos indicadores para apoyar el trabajo parlamentario en esta materia. De igual modo apoyará la elaboración de impactos presupuestarios o recaudatorios derivados de las iniciativas de ley propuestas por legisladores.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional) en economía, finanzas públicas o áreas afines.
Funciones específicas del puesto
Realizar estudios y análisis en materia del sistema financiero, especialmente en materia de banca de desarrollo, crédito y ahorro y funcionamiento de mercados financieros y sus organismos reguladores. Realizar proyecciones y cálculos financieros y econométricos y hacer uso de herramientas de estimación y proyección que permitan el análisis materia del sistema financiero. Valuación de instrumentos financieros. Realizar estudios acerca del impacto del sistema financiero en el entorno macroeconómico, en el ahorro público y privado, la inversión. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de finanzas públicas y del sector.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, economía o área afín.
Funciones específicas del puesto
Realizar estudios específicos sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, sus componentes, ramos, sectores y operación.
Realizar la sistematización, procesamiento y análisis de información sobre aspectos de presupuesto y gasto público, así como del paquete económico e informes oficiales emitidos por el Poder Ejecutivo, mediante la realización de estudios, reportes, series estadísticas, modelos, proyecciones y cálculos de distintos indicadores, para apoyar el trabajo parlamentario en esta materia. De igual modo apoyará la elaboración de impactos presupuestarios derivados de las iniciativas de ley propuestas por legisladores.
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, políticas públicas o economía.
Funciones específicas del puesto
Realizar estudios y análisis especializados acerca del sector energético y de la política energética en nuestro país, principalmente en el sector petrolero y eléctrico. Realizar proyecciones económicas y financieras que permitan la valuación de indicadores del sector, estimación del precio del petróleo y proyección de pasivos de dichas paraestatales. Realizar estudios y proyecciones acerca de los proyectos de inversión y necesidades futuras del sector. Evaluar el impacto en finanzas públicas de cambios en el régimen fiscal, la estructura y el marco normativo de las paraestatales y la distribución de recursos entre niveles de gobierno. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de finanzas públicas y del sector.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, políticas públicas o economía.
Funciones específicas del puesto
Realizar proyecciones y cálculos financieros y econométricos y hacer uso de herramientas de estimación y proyección que permitan el análisis en finanzas públicas. Realizar la sistematización, procesamiento y análisis de información sobre aspectos de finanzas públicas, así como del paquete económico e informes oficiales emitidos por el Poder Ejecutivo, mediante la realización de estudios, reportes, series estadísticas, modelos, proyecciones y cálculos de distintos indicadores, para apoyar el trabajo parlamentario en esta materia. De igual modo apoyará la elaboración de impactos presupuestarios derivados de las iniciativas de ley propuestas por legisladores. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de finanzas públicas.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, políticas públicas o economía.
Realizar estudios y análisis acerca de la seguridad social y el sistema de pensiones mexicano. Realizar proyecciones y cálculos actuariales, demográficos, financieros y econométricos y hacer uso de herramientas de estimación y proyección que permitan la valuación de pasivos del gobierno, requerimientos financieros y pasivos contingentes. Valuación de instrumentos financieros. Realizar estudios acerca del impacto macroeconómico, en el ahorro público y privado, la inversión y entorno de los sistemas de pensiones y la seguridad social. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de finanzas públicas y del sector.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, políticas públicas o economía.
Realizar estudios y análisis, proyecciones y cálculos acerca del sistema de coordinación fiscal, federalismo fiscal, así como de las transferencias y subsidios a estados y municipios, aportaciones y participaciones a entidades. Realizar estudios comparados sobre las finanzas públicas. Valuación de impactos económicos y fiscales de cambios en el sistema de coordinación fiscal, federalismo fiscal y de la hacienda pública. Analizar el marco legal referente y las estadísticas relacionadas con las participaciones y aportaciones del gobierno federal a las entidades federativas y la deuda y finanzas públicas de los estados. Atender aquellos requerimientos y consultas en esta materia.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, políticas públicas o economía.
Realizar análisis técnico-jurídico sobre las iniciativas de ley o decreto en materia de finanzas públicas. Proponer metodologías y procedimientos en la elaboración de análisis técnico-jurídico que tengan como propósito identificar necesidades de análisis en materia de impacto presupuestario. Elaborar reportes relativos a las actualizaciones del marco jurídico en materia de finanzas públicas. Llevar un registro de las iniciativas de ley o decreto que incidan en las finanzas públicas.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en derecho, derecho parlamentario, administración pública, economía o ciencias políticas o área afín.
Realizar estudios, proyecciones y análisis en materia de deuda pública. Específicamente en materia de deuda interna, externa, nacional, estatal y municipal. Analizar aquellos aspectos ligados a su funcionamiento, composición y participantes. Asimismo, analizar las repercusiones económicas en sectores y su relación con la economía, la política fiscal, mercados financieros y las finanzas públicas. Llevar a cabo un seguimiento detallado de las estadísticas y marco normativo en materia de deuda pública. Elaborar reportes en la materia.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, políticas públicas o economía.
Funciones específicas del puesto
Realizar proyecciones y cálculos financieros y econométricos y hacer uso de herramientas de estimación y proyección que permitan el análisis en finanzas públicas. Realizar la sistematización, procesamiento y análisis de información sobre aspectos de finanzas públicas, así como del paquete económico e informes oficiales emitidos por el Poder Ejecutivo, mediante la realización de estudios, reportes, series estadísticas, modelos, proyecciones y cálculos de distintos indicadores, para apoyar el trabajo parlamentario en esta materia. De igual modo apoyará la elaboración de impactos presupuestarios derivados de las iniciativas de ley propuestas por legisladores. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de finanzas públicas.
Perfil y requisitos
Académicos:
Acreditar maestría (título y/o cédula profesional o documento comprobatorio) en finanzas, finanzas públicas, políticas públicas o economía.
1. Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos generales, académicos y laborales previstos para el puesto y agotar satisfactoriamente cada una de las etapas que se establecen en la presente convocatoria.
En caso de que la Cámara de Diputados convoque simultáneamente a concurso de selección para cubrir vacantes en diferentes unidades administrativas, los aspirantes solamente podrán participar en uno de ellos. En el caso de los investigadores B, es posible concursar hasta en un máximo de 5 plazas, eligiendo el aspirante las tres de mayor prioridad.
2. Documentación requerida
Los aspirantes para ser considerados como participantes en el concurso deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación, en el orden que se indica:
Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada para su cotejo, y dos copias para la Cámara de Diputados: acta de nacimiento, documento que acredite el nivel académico requerido para cada caso: cédula o título profesional, identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), cartilla liberada (en el caso de varones hasta 40 años).
Currículo debidamente requisitado y firmado en todas y cada una de sus hojas, sin tachaduras o enmendaduras, con fotocopias de los documentos correspondientes a las actividades a que dicho currículo haga referencia (dos juegos).
Para acreditar cursos y/o programas de formación o especialización: presentar original y dos copias de constancias o diplomas emitidos por la institución o dependencia que los avalan.
Para acreditar la experiencia laboral se deberán presentar cartas que la certifiquen por parte del empleador, contrato o documento que especifique el cargo o puesto ocupado por el interesado, nivel administrativo y las fechas en que ocupó dicho cargo o puesto. De igual forma, el interesado deberá anexar carta donde se señalen las funciones desempeñadas, así como los nombres de dos directivos, el teléfono y dirección de la institución, dependencia o empresa donde ocupó el cargo (dos copias).
Asimismo, el aspirante deberá presentar 3 cartas de recomendación que muestren probidad o idoneidad para el puesto (dos copias).
Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, así como de no estar inhabilitado para el servicio público o sujeto a procedimiento administrativo de responsabilidades y de que la documentación presentada es auténtica (dos copias).
La Cámara de Diputados se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso, y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.
En caso de no presentar la documentación en original o copia certificada para su cotejo y la fotocopia correspondiente el día señalado en la presente convocatoria, la Cámara de Diputados está facultada para descalificar a los postulantes que caigan en este supuesto.
Para las plazas de investigador B se podrá acreditar la maestría cuando sea la designación, en caso contrario se declarará desierta la plaza.
3. Etapas del proceso de selección
3.1. Registro de candidatos
El formulario de inscripción estará disponible para su llenado en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx, del 12 al 23 de mayo de 2008, únicamente, el cual deberá requisitar, imprimir y entregar junto con la documentación que especifica en el punto 2 de la presente convocatoria. Al imprimir el formulario, los aspirantes recibirán un número de folio que los identificará a lo largo del proceso de selección y el cual deberá presentar junto con sus documentos probatorios
El formulario de inscripción también podrá llenarse al momento de presentar la documentación.
La recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente convocatoria se llevará a cabo los días 2, 3, 4, 5, 6 de junio de 2008, en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ubicado en el Palacio Legislativo (avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969) edificio I, planta baja (salones de eventos), en horario de 10:00 a 17:00 horas. El periodo de registro y recepción de documentos será improrrogable.
Los formularios y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidas ni tomadas en cuenta.
Al concluir la entrega de formularios de inscripción con currículo y documentación comprobatoria, el interesado recibirá el calendario de actividades que señalará las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas del proceso de selección.
Una vez agotadas la etapas de registro de aspirantes y recepción de documentos, se publicará listado que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes inscritos al presente concurso, dicha publicación se realizará en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx, y también estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en la Dirección General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Los aspirantes que habiendo requisitado su formulario de registro no se presenten a la entrega de documentación probatoria, no serán considerados para la etapa de revisión y valoración documental.
3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currículos recibidos y documentación comprobatoria
Al concluir la etapa anterior, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas procederán a revisar y valorar los formularios de inscripción con currículo y la documentación comprobatoria entregada por los interesados para determinar si cumplen o no con lo dispuesto por esta convocatoria. Al efecto, formularán una lista integral de resultados de la revisión y valoración de solicitudes, de los aspirantes registrados y la someterán a la consideración del secretario de Servicios Parlamentarios.
Una vez agotado el plazo de revisión y valoración, se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes que podrán presentarse a la realización de las evaluaciones técnicas (de conocimientos), psicométricas y de otros conocimientos que correspondan.
La lista se publicará en la página electrónica de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx, y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de las evaluaciones mencionadas en el párrafo anterior. De igual forma, las listas estarán disponibles en la Dirección General de Recursos Humanos.
Para el caso de que una vez realizada la revisión y valoración referida en este apartado, no queden preseleccionados cuando menos seis aspirantes, se declarará desierto el concurso, en cuyo caso la Cámara procederá en su oportunidad a emitir nueva convocatoria. .
3.3. Evaluaciones
La evaluación psicométrica será practicada por la Dirección General de Recursos Humanos, quien de igual forma, instrumentará el procedimiento para practicar las evaluaciones respectivas en materia de inglés y cómputo, en este caso con el auxilio de la Dirección General de Tecnologías de la Información.
La aprobación de las evaluaciones psicométricas con un rendimiento mínimo de 8, otorgarán a los aspirantes el derecho de continuar en el concurso y acceder a las evaluaciones de inglés, paquetería de cómputo y técnica.
Los aspirantes que no se presenten en las fechas y horas señaladas para las evaluaciones psicométricas y de paquetería de cómputo y de inglés, quedarán automáticamente descalificados para acceder a la etapa de evaluación de conocimientos.
La evaluación de conocimientos se realizará a través de un jurado externo designado por el secretario general a propuesta de la mesa directiva del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que propondrá tres instituciones académicas para que se les solicite designen a un representante para integrar el jurado referido, mismo que será presidido por la persona que designe el secretario general por conducto del secretario de Servicios Parlamentarios y será conformado por personas de reconocido prestigio en el ámbito académico.
Este jurado se encargará de definir la metodología de dicha evaluación, así como de la formulación de los exámenes que correspondan. Las evaluaciones podrán ser orales o escritas. El director general del Centro de Estudios será el secretario técnico del jurado.
Constituye impedimento para formar parte del jurado externo el tener vínculos de parentesco o relación que implique conflicto de intereses con quienes los proponen y en su caso los aprueban, así como con los participantes en el proceso de selección.
El jurado designado, con apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados aplicará a los aspirantes preseleccionados, en la fecha y hora que al efecto se señale, las evaluaciones correspondientes.
Una vez concluidas las tres etapas de la evaluación de conocimientos, el jurado procederá a la brevedad posible a entregar un informe de resultados de las evaluaciones técnicas de todos los aspirantes, misma que se integrará a los resultados obtenidos en las demás evaluaciones (psicométrico, de idioma y de cómputo) a efecto de emitir un resultado que permita definir hasta diez aspirantes con mejor desempeño, los cuales podrán acceder a la etapa final del concurso de selección.
Una vez agotada la etapa de evaluación de conocimientos y a partir de los resultados obtenidos, se publicará en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx, listado que contendrá los números de folio que identifique a hasta diez aspirantes que hayan obtenido los promedios más altos de calificaciones, los cuales deberán asistir a una entrevista en la fecha y hora que al efecto se les señale. El comité entrevistador, conformado por un integrante del Comité del Centro de Estudios; el director general del Centro de Estudios y un representante de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados emitirán una evaluación de cada caso, utilizando una escala de 0 a 10.
Los aspirantes que no se presenten en las fechas y horas señaladas para las evaluaciones de conocimientos técnicos y de entrevista, quedarán automáticamente descalificados.
El resultado final de las evaluaciones de los aspirantes que hayan accedido a la última etapa del concurso de selección se integrara con base en la siguiente ponderación:
Evaluación técnica (de conocimientos): 70 por ciento (calificaciones de 0 a 10).
Dicho informe incluirá los datos curriculares y los resultados finales integrados de las evaluaciones, en orden de mayor a menor calificación de cada uno de los aspirantes, así como la opinión en cada caso sobre la aptitud o no para el puesto.
El veredicto para todas y cada una de las etapas del proceso de selección será inapelable.
El número de folio del ganador se publicará en la página web de la Cámara de Diputados y adicionalmente se señalarán los correspondientes a los aspirantes segundo, tercero y cuarto lugar, ello con objeto de que queden en reserva ante la posibilidad de que el ganador no acepte la contratación, o en su caso, se presente nueva vacante del mismo nivel y perfil dentro de los siguientes seis meses, en cuyo caso serán considerados en el orden respectivo.
Para el caso de que ninguno de los aspirantes obtenga como calificación promedio de 8, se declarará desierto el concurso.
Mecanismos de desempate
Para el caso de empates entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en orden de prelación lo siguiente:
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso de la presente convocatoria, se ha implantado un módulo de atención telefónica en el número: 5628-1300, extensiones: 51065, 51062 y 56009, el cual estará funcionando de 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido el concurso.
Palacio Legislativo, abril de 2008.
Atentamente
Licenciado Emilio Suárez Licona
Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios
Parlamentarios
Licenciado Jorge Valencia Sandoval
Director General de Recursos Humanos
Doctor Héctor Juan Villarreal Páez
Director General del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS, EL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, AL CONCURSO DE SELECCIÓN
PARA OCUPAR LAS PLAZAS VACANTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CONVOCANTE
H. Cámara de Diputados
Convocatoria
Proceso de selección abierto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al acuerdo parlamentario que crea e integra al Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, aprobado el 18 de diciembre de 2006, al los acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de fecha 26 de abril de 2007 y 13 de marzo de 2008; la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta al proceso de selección para ocupar las plazas vacantes de dos directores de proyecto, dos investigadores A y dos investigadores B
Para participar en cualquier plaza, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:
No haber sido, durante los últimos cinco años, miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato a ocupar un puesto de elección popular.
No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público o sujeto a procedimiento administrativo por responsabilidades.
No haber sido condenado por delito doloso que haya ameritado
pena privativa de la libertad.
Haber cumplido veinticinco años de edad al día
de la designación.
Dirigir, coordinar y supervisar trabajos, estudios e investigaciones sobre temas sociales y de opinión pública; dar seguimiento y evaluar el desempeño de los investigadores a su cargo para garantizar el rigor metodológico, la estructura, coherencia y calidad del contenido de los productos elaborados por ellos; diseñar y proponer proyectos de investigación individuales y para grupos multidisciplinarios; proponer, coordinar y supervisar la realización de estudios e investigaciones en materia de opinión pública, así como otros temas de índole social de la agenda legislativa; coordinar y dar seguimiento a la elaboración de documentos de trabajo, fichas técnicas, artículos y otros productos en los que se difunda el trabajo realizado; recabar, sistematizar, validar y difundir información en materia de opinión pública, generada por instituciones especializadas en el ramo y que cumplan con los estándares técnicos que establezca el centro de estudios; diseñar, instrumentar, procesar, analizar y presentar estudios de opinión pública a través de encuestas nacionales en vivienda y telefónicas ad hoc que realice el centro de estudios para el logro de sus objetivos, integrar y mantener actualizadas las bases de datos electrónicas en los temas que le competen, para la elaboración de trabajos, así como para la consulta de los legisladores y órganos de gobierno de la Cámara, y participar en congresos, reuniones, foros, seminarios, mesas de trabajo y otras actividades orientadas a presentar y difundir el trabajo institucional.
Requisitos y perfil
Académicos:
Acreditar maestría (título) en: demografía, sistemas de información, econometría, estudios de opinión pública, o estadística social.
Acreditar doctorado (título) en estadística, econometría, ciencias de la computación, o economía.
Acreditar publicaciones en revistas relacionadas con la materia. Deseable.
Comprobar que, al menos durante cinco años de la experiencia laboral acreditada, ha participado en proyectos de opinión pública o en la evaluación de programas y políticas gubernamentales a través de encuestas ciudadanas de satisfacción o en análisis y evaluación estadística.
Acreditar participación en congresos internacionales, cursos o seminarios de educación continua.
Acreditar un mínimo de tres años de experiencia
docente en maestría o doctorado.
Acreditar haber dirigido proyectos de investigación
en tecnologías de la información.
Definición de niveles de significancia y márgenes de error para el diseño de encuestas de opinión.
Diseño de cuestionarios para encuestas de opinión.
Manejar paquetes estadísticos (preferentemente SPSS) y bases de datos electrónicas.
Manejar paquetes de cómputo en nivel avanzado: Microsoft Office (Word, Excel y Power point, Access).
Acreditar conocimiento del idioma inglés: comprensión de lectura y redacción.
Conocimiento y manejo de bibliografía especializada y de fuentes de información nacionales e internacionales.
Redacción de documentos de toda índole, esto es, desde notas informativas y documentos ejecutivos hasta ponencias y artículos académicos.
Capacidad para conducir un equipo de trabajo multidisciplinario: distribución, supervisión y evaluación del trabajo.
Capacidad de concertación y de promoción
de acuerdos y convenios.
Análisis, sistematización, procesamiento
e interpretación de información.
Definición de prioridades, planificación,
organización y seguimiento de actividades.
Elaboración de trabajos y actividades simultáneas
en períodos de corto y largo plazo.
Trabajar individualmente y con equipos multidisciplinarios.
Trabajar bajo presión y con base en metas preestablecidas.
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de los investigadores del centro; coordinar y supervisar la difusión de los trabajos, estudios e investigaciones que lleva a cabo el centro de estudios, entre los legisladores, las comisiones legislativas y los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, así como entre los medios de comunicación y los especialistas en los diferentes temas; dirigir, coordinar y supervisar el establecimiento de relaciones institucionales con instituciones académicas, académicos e investigadores, así como organismos afines al centro de estudios, nacionales y extranjeros y promover la vinculación de las comisiones legislativas con ellos; los Congresos locales y con centros similares de otros países, para intercambio de información, estancias de investigación y coediciones; coordinar la atención de las solicitudes de información, estudios e investigaciones en materia social, de desarrollo y de opinión pública, formuladas por escrito, por las comisiones legislativas y órganos de gobierno de la Cámara de Diputados; promover, coordinar y supervisar la celebración de cursos, seminarios, foros, y presentaciones de las publicaciones temáticas en los que participan especialistas en temas sociales, de desarrollo y de opinión pública, tanto externos como del propio centro de estudios; y participar en congresos, reuniones, foros, seminarios y mesas de trabajo.
Requisitos y perfil
Académicos:
Acreditar participación en cursos o seminarios en liderazgo y gestión.
Acreditar un mínimo de de cuatro años de experiencia laboral como director de área u homologado en la administración pública federal, estatal y/o municipal.
Comprobar que, al menos cinco años de la experiencia laboral acreditada, ha laborado en áreas de relaciones públicas, relaciones internacionales, o culturales, a nivel nacional e internacional.
Comprobar que, al menos cinco años de la experiencia laboral acreditada, ha participado en la coordinación, organización técnica y apoyo de eventos de alto nivel en los ámbitos nacional e internacional.
Acreditar la participación en ponencias y conferencias.
Contar con reconocimientos a lo largo de su trayectoria
profesional.
Proponer y desarrollar proyectos.
Manejar paquetes de cómputo a nivel intermedio: Microsoft Office (Word, Excel y Power point).
Acreditar conocimiento del idioma inglés: comprensión de lectura y redacción.
Capacidad para conducir un equipo de trabajo multidisciplinario: distribución, supervisión y evaluación del trabajo.
Capacidad de concertación y de promoción
de acuerdos y convenios.
Análisis, sistematización, procesamiento
e interpretación de información.
Definición de prioridades, planificación,
organización y seguimiento de actividades.
Elaboración de trabajos y actividades simultáneas
en períodos de corto y largo plazo.
Trabajar individualmente y con equipos multidisciplinarios.
Trabajar bajo presión y con base en metas preestablecidas.
Recabar, sistematizar y analizar información para, con base en ello, elaborar fichas técnicas, estudios, investigaciones, artículos, ponencias y otros documentos relacionados la seguridad pública, justicia y derechos humanos, de la agenda legislativa; configurar, analizar y actualizar bases de datos; participar en congresos, reuniones, foros, seminarios, mesas de trabajo y otras actividades orientadas a presentar y difundir el trabajo institucional.
Requisitos y perfil
Académicos:
Acreditar especialización o maestría (título) en cualquiera de las siguientes disciplinas: política y gestión pública y gobierno, o derechos humanos.
Acreditar doctorado (título) en derecho constitucional, gestión estratégica, administración avanzada o políticas públicas. Deseable.
Acreditar publicación de libros y artículos en revistas especializadas. Deseable.
Acreditar un mínimo de cuatro años de experiencia laboral en el sector legislativo federal.
Comprobar investigaciones y publicaciones en temas sociales.
Acreditar un mínimo de cinco años de experiencia docente en instituciones de educación superior.
Acreditar participación en congresos, cursos o seminarios sobre opinión pública, derechos humanos, justicia o derecho constitucional.
Diseñar encuestas de opinión pública sobre justicia, derechos humanos o seguridad pública.
Proponer y desarrollar proyectos de investigación: trabajo en campo y/o con fuentes primarias en temas sociales.
Manejar paquetes de cómputo a nivel básico:
Microsoft Office (Word, Excel y Power point).
Acreditar conocimiento del idioma inglés: comprensión
de lectura y redacción.
Definición de prioridades, planificación,
organización y seguimiento de actividades.
Elaboración de trabajos y actividades simultáneas
en períodos de corto y largo plazo.
Trabajar individualmente y con equipos multidisciplinarios.
Trabajar bajo presión y con base en metas preestablecidas.
Académicos:
Acreditar maestría (título) en cualquiera de las siguientes disciplinas: política y gestión pública, economía y gobierno, o derechos humanos.
Acreditar estudios de doctorado (comprobante de estudios mínimo un año) en derecho constitucional, gestión estratégica, administración avanzada o políticas públicas. Deseable.
Acreditar publicación de libros o artículos en revistas especializadas. Deseable.
Diseñar y aplicar evaluaciones a los programas y políticas públicas gubernamentales aplicados en el ámbito social, de desarrollo y opinión pública tales como política social, opinión pública, desarrollo regional y federalismo, seguridad pública y procuración de justicia, política interior, política internacional, y competitividad y desarrollo.
Proponer y desarrollar proyectos de investigación: trabajo en campo o con fuentes primarias en temas sociales.
Manejar paquetes de cómputo a nivel intermedio: Microsoft Office (Word, Excel y Power point).
Acreditar conocimiento del idioma inglés: comprensión de lectura y redacción.
Definición de prioridades, planificación,
organización y seguimiento de actividades.
Elaboración de trabajos y actividades simultáneas
en períodos de corto y largo plazo.
Trabajar individualmente y con equipos multidisciplinarios.
Trabajar bajo presión y con base en metas preestablecidas.
Sistematizar información, configurar, analizar y actualizar bases de datos; recabar y procesar información para, con base en ella, elaborar fichas técnicas, estudios, investigaciones, artículos, ponencias y otros documentos relacionados con temas sociales de la agenda legislativa y de opinión pública; participar en reuniones, foros, seminarios y otros eventos orientados a presentar y difundir los trabajos realizados.
Requisitos y perfil
Académicos:
Acreditar maestría (título) en cualquiera de las siguientes disciplinas: sistemas de información, economía, planificación o estadística social.
Acreditar estudios de doctorado (comprobante de estudios).
Acreditar publicaciones en revistas especializadas.
Comprobar que, al menos dos años de la experiencia laboral acreditada, ha sido en el diseño de proyectos de investigación en temas sociales.
Acreditar un mínimo de cuatro años de experiencia
académica o docente.
Acreditar participación en congresos, cursos,
seminarios o foros.
Proponer y desarrollar proyectos de investigación en temas sociales, políticos y de opinión pública.
Manejar paquetes de cómputo a nivel intermedio: Microsoft Office (Word, Excel y Power point).
Acreditar conocimiento del idioma inglés: comprensión de lectura y redacción.
Sistematizar información, configurar, analizar y actualizar bases de datos; recabar y procesar información para, con base en ella, elaborar fichas técnicas, estudios, investigaciones, artículos, ponencias y otros documentos relacionados con temas sociales de la agenda legislativa y de opinión pública; participar en reuniones, foros, seminarios y otros eventos orientados a presentar y difundir los trabajos realizados.
Requisitos y perfil
Académicos:
Acreditar maestría (título) en cualquier
disciplina social.
Acreditar publicaciones en revistas especializadas.
Comprobar que, al menos dos años de la experiencia laboral acreditada, ha sido en el diseño de proyectos de investigación y/o en análisis sociales.
Acreditar un mínimo de dos años de experiencia
académica o docente.
Acreditar participación en congresos, cursos o
seminarios.
Proponer y desarrollar proyectos de investigación en temas sociales, políticos y de opinión pública.
Manejar paquetes de cómputo a nivel intermedio: Microsoft Office (Word, Excel y Power point).
Acreditar conocimiento del idioma inglés: comprensión de lectura y redacción.
Requisitos de participación:
En caso de que la Cámara de Diputados convoque simultáneamente a concursos de selección para cubrir vacantes de diferentes unidades administrativas, los aspirantes solamente podrán participar en uno de ellos y por una sola plaza, por lo cual la inscripción en más de un concurso será causa automática de descalificación en ambas.
Los aspirantes para ser considerados como participantes en el proceso de selección, deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación, en el orden que se especifica:
Currículum debidamente requisitado y firmado en todas y cada una de sus hojas, sin tachaduras o enmendaduras, con fotocopias de los documentos que acrediten la información referente a experiencia laboral y técnica a que se haga mención.
Presentar en original o copia certificada para su cotejo, acta de nacimiento; documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto, en este caso: cédula y título profesional de licenciatura, título de maestría y/o comprobante de estudios o título de doctorado y/o comprobante de estudios; identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptan: credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional).
Para acreditar cursos y programas de formación o especialización: presentar original de constancias o diplomas emitidos por las instituciones o dependencias que los avalen.
Para acreditar publicaciones: copia fotostática y referencia editorial.
Para acreditar las capacidades técnicas y habilidades requeridas para el puesto: presentar al menos dos cartas de recomendación que las avalen.
Para acreditar la experiencia laboral: presentar hoja se servicios de la institución, cartas que la certifiquen por parte del empleador, contrato o recibo de pago que especifique el cargo o puesto ocupado por el interesado, nivel administrativo y las fechas en que ocupó dicho cargo o puesto. De igual forma, el interesado deberá anexar carta donde se señalen las funciones desempeñadas, así como los nombres de dos directivos, el teléfono y dirección de la institución, dependencia o empresa donde ocupó el cargo.
Para acreditar experiencia académica, docente y dirección de proyectos, presentar los comprobantes expedidos por la institución correspondiente.
Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, así como de no estar inhabilitado para el servicio público o sujeto a procedimiento administrativo de responsabilidades y de que la documentación presentada es auténtica.
En caso de no presentar esta documentación en original o copia certificada para su cotejo y la fotocopia correspondiente el día señalado en la presente convocatoria, la Cámara de Diputados está facultada para descalificar a los postulantes que incurran en este supuesto.
3. El proceso de selección se desarrollará
en las siguientes etapas:
3.1. Registro de candidatos;
3.2. Revisión y valoración de solicitudes
de inscripción con currícula recibidas;
3.3. Evaluaciones.
3.1. Registro de candidatos
El formulario de inscripción estará disponible para su llenado en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/registro del 6 al 13 de mayo de 2008, únicamente, el cual deberá requistar, imprimir y entregar junto con la documentación que se especifica en el punto 2 de la presente convocatoria. Al imprimir el formulario, los aspirantes recibirán un número de folio que los identificará a lo largo del proceso de selección y el cual deberá presentar junto con sus documentos probatorios.
El formulario de inscripción deberá de estar completo al momento de presentar la documentación.
La recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente Convocatoria se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de mayo de 2008, en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados ubicado en el Palacio Legislativo (avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969) edificio I planta baja (salones de eventos), en horario de 10:00 a 17:00 horas. El periodo de registro y recepción de documentos será improrrogable.
Los formularios y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidas ni tomadas en cuenta.
Al concluir la entrega de formularios de inscripción con currículum y documentación comprobatoria, el interesado recibirá el calendario de actividades que señalará las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas del proceso de selección.
Una vez agotadas la etapas de registro de aspirantes y recepción de documentos, se publicará listado que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes inscritos al presente concurso, dicha publicación se realizará en la página Web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/convocatorias, y también estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Los aspirantes que habiendo requisitado su formulario de registro no se presenten a la entrega de documentación probatoria, no serán considerados para la etapa de revisión y valoración documental
3. 2. Revisión y valoración de formularios de inscripción con currícula recibidas
Al concluir la etapa anterior, la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública procederá a revisar y valorar los formularios de inscripción con currículum y la documentación comprobatoria entregada por los interesados, para determinar si cumplen o no con lo dispuesto por esta convocatoria. Al efecto, formulará una lista integral de resultados de la revisión y valoración de formularios de los aspirantes registrados y la someterá a la consideración del secretario de Servicios Parlamentarios.
Una vez agotado el plazo de revisión y valoración, se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes preseleccionados que podrán presentarse a la realización de las evaluaciones psicométricas, técnica y de otros conocimientos, en la fecha y hora establecidos, sin excepción.
La lista se publicará en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/ convocatorias, y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de las evaluaciones mencionadas en el párrafo anterior. De igual forma, las listas estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Para el caso de que una vez realizada la revisión y valoración referida en este apartado, no queden preseleccionados cuando menos diez aspirantes por plaza a concursar, se declarará desierto el concurso para la plaza convocada, en cuyo caso la Cámara procederá en su oportunidad a emitir una nueva convocatoria.
3.3. Evaluaciones
Primera etapa. Evaluación psicométrica
La evaluación psicométrica será practicada a través de la Dirección General de Recursos Humanos.
En esta etapa los participantes deberán acreditar un rendimiento mínimo de 80 sobre 100 por ciento de la evaluación psicométrica que realice la Dirección General de Recursos Humanos.
Los participantes que acrediten dicha evaluación tendrán derecho de acceder a la siguiente fase, que consiste en las pruebas de evaluación técnica y de otros conocimientos.
Los participantes que no se presenten en la fecha y hora señalada para la evaluación psicométrica, quedarán automáticamente descalificados.
Segunda etapa. Evaluación técnica y de otros conocimientos
La evaluación técnica se realizará a través de un jurado externo.
La Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública hará la propuesta al presidente del Comité del CESOP, respecto a dicha composición, la misma recaerá en tres personas de reconocido prestigio profesional o académico.
El presidente del comité designará de los integrantes que componen el jurado y a la persona que fungirá como presidente, procurando que sea el de mayor experiencia.
Para atender a las actividades y funciones específicas se ponderará dicha evaluación de la siguiente manera:
Director de Proyecto 1
Cómputo: 10 por ciento
Idioma (inglés): 10 por ciento
Cómputo: 10 por ciento
Idioma (ingles): 10 por ciento
Cómputo: 10 por ciento
Idioma (ingles): 10 por ciento
La evaluación técnica y de otros conocimientos deberá ser aprobada con una calificación mínima de ochenta (en una escala de 0 a 100). Un promedio ponderado de los resultados dará la calificación final de la evaluación técnica.
Una vez concluida la etapa antes descrita, el jurado procederá a la brevedad posible a entregar un informe de resultados de las evaluaciones técnicas de todos los aspirantes a efecto de emitir una calificación final, la cual será inapelable.
Los participantes que no se presenten en la fecha y hora señalada para la evaluación técnica y de otros conocimientos, quedarán automáticamente descalificados.
Los 10 participantes mejores calificados en esta evaluación pasarán a la etapa de entrevista, la cual se publicará en la página Web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/convocatorias.
Tercera etapa. Comité de entrevista
Dicho Comité estará integrado por un representante de la Dirección General de Recursos Humanos, el director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública y por el presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Una vez integrado el comité de entrevista, los participantes que hayan pasado a esta etapa, sostendrán una entrevista en donde se evaluará aptitud, actitud, disposición para el trabajo, habilidad para la comunicación y personalidad, y cuya calificación tendrá una ponderación del 10 por ciento (en una escala de 0 a 100) y la cual se integrará a la suma de la evaluación técnica y de otros conocimientos.
La Dirección General de Recursos Humanos conjuntamente con la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública remitirán el informe final de resultados, en el cual se incluye el listado de los candidatos que reúnan la calificación y el perfil requerido para ocupar el puesto, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que por conducto de la Secretaría General, la cual lo someterá a opinión y autorización de los órganos de gobierno correspondientes. Dicho informe incluirá los datos curriculares y los resultados finales integrados de las evaluaciones, en orden de mayor a menor calificación de cada uno de los aspirantes, así como la opinión en cada caso sobre la aptitud o no para el puesto.
Los expedientes de los concursantes así como los resultados obtenidos por éstos, estarán a disposición de los miembros del Comité del CESOP para ser consultados cuando lo requieran en la Dirección General de Recursos Humanos.
El número de folio del ganador se publicará en la pagina web de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx/convocatorias y adicionalmente se señalarán los correspondientes a los aspirantes en segundo, tercero y cuarto lugar, ello con objeto de que queden reserva ante la posibilidad de que el ganador no acepte la contratación, o en su caso, se presente nueva vacante del mismo nivel y perfil dentro de los siguientes seis meses, en cuyo caso serán considerados en el orden respectivo.
Los participantes que no se presenten en la fecha y hora señalada para la evaluación de esta etapa, quedarán automáticamente descalificados.
Para el caso de que ninguno de los aspirantes obtenga como calificación promedio 80 (escala de 0 a 100), se declarará desierto el concurso.
Los resultados de todas y cada una de las etapas del proceso de selección serán inapelables.
Mecanismo de desempate
Para el caso de desempate entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en el orden de prelación lo siguiente:
B. Perfil académico más adecuado al puesto
que corresponda;
C. Mayor experiencia en cargos similares o superiores;
D. Mayor nivel académico;
Sólo para el caso de director de proyecto2 se
cambia el inciso D por el siguiente:
E. Mayor experiencia en cuerpos legislativos;
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente concurso, se ha establecido un módulo de atención telefónica en el número 56 28 13 00, extensiones 51066 y 51065, y el teléfono 50 36 00 00 extensión 55230, el cual estará funcionando de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Los datos personales de los aspirantes y participantes seleccionados son confidenciales, aun después de concluido el proceso.
Palacio Legislativo, abril de 2008.
Atentamente
Licenciado Emilio Suárez Licona
Encargado de la Secretaría de Servicios Parlamentarios
Doctor Francisco Guerrero Aguirre (rúbrica)
Director General del Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública
Licenciado Jorge Valencia Sandoval
Director General de Recursos Humanos
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS, EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS, AL CONCURSO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR LAS PLAZAS VACANTES
EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CONVOCANTE
H. Cámara de Diputados
Convocatoria
Concurso de oposición abierto
De conformidad por lo dispuesto en el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al acuerdo parlamentario que crea e integra el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, aprobado el 18 de diciembre de 2006; a los Acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de fecha 26 de abril de 2007 y 13 de marzo de 2008; la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos emite la siguiente
Convocatoria pública y abierta al concurso para ocupar las plazas de director de Estudios de Rentabilidad y Competitividad Sectorial, director de Propuestas Estratégicas, subdirector de Prospectivas, jefe de Departamento de Sistemas de Información Estratégico Rural y jefe de Departamento de Planeación Informática
Requisitos generales
Para participar en el concurso de cualquiera de las plazas se deberá cubrir lo siguiente:
No haber sido durante los últimos cinco años, miembro de la dirigencia nacional, estatal, o municipal de algún partido político o candidato a ocupar un puesto de elección popular.
No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público o sujeto a procedimiento administrativo por responsabilidades derivadas de un cargo.
No haber sido condenado por delito grave que haya ameritado pena privativa de la libertad.
Haber cumplido veinticinco años de edad al día de la designación.
Director de Estudios de Rentabilidad y Competitividad Sectorial
Diagnosticar, proponer, dirigir, coordinar, vigilar y supervisar el análisis, estudios e investigaciones sobre rentabilidad y competitividad agropecuaria, forestal y acuícola, así como proporcionar asesoría técnica en la materia y promover acciones de colaboración e intercambio institucional en apoyo al trabajo legislativo. Coordinará la integración del marco teórico metodológico para el análisis e investigación de los temas que demanden los legisladores. Supervisará la elaboración de un sistema de indicadores de rentabilidad y competitividad, comparable a nivel nacional e internacional. Coordinar y supervisar el análisis sobre el Sistema Nacional de Financiamiento Rural Múltiple para proponer mecanismos de acceso al financiamiento a los actores del sector rural. Recopilar normas y estándares sobre prácticas comerciales competitivas referidas a la producción agropecuaria y el desarrollo rural sustentable. Además, deberá cumplir otras funciones establecidas en el reglamento interno del CEDRSSA y en el manual general de organización de la Cámara de Diputados en relación con la Dirección de Estudios de Rentabilidad y Competitividad Sectorial.
Perfil y requisitos
Académicos:
Tener publicaciones relativas a los temas del ámbito de competencia de la dirección, de preferencia con énfasis en el desarrollo rural y la soberanía alimentaria.
Acreditar experiencia académica a nivel licenciatura con participación en actividades relacionadas con investigación, tales como congresos, seminarios, cursos, diplomados, entre otros.
Conocimientos en materia de derecho parlamentario y/o técnica legislativa y/o análisis e investigación parlamentaria.
Manejo de paquetería de cómputo básica
(Microsoft Office) y bases de datos.
Inglés a nivel de traducción y comprensión
oral y escrita.
Diagnosticar, proponer, dirigir, coordinar, vigilar, y supervisar el análisis, estudios e investigaciones de prospectiva sobre temas de propuestas estratégicas relacionados con el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, así como proporcionar asesoría técnica en la materia y promover acciones de colaboración e intercambio institucional en apoyo al trabajo legislativo. Coordinará la integración del marco teórico metodológico para el análisis e investigación de los temas relacionados con propuestas estratégicas que demanden los legisladores. Supervisar el análisis e investigaciones prospectivas en coordinación con las direcciones que forman parte del CEDRSSA. Coordinar el análisis y proyecciones socioeconómicas sobre las tendencias del sector agroalimentario nacional e internacional. Analizar la evolución y perspectivas de la situación del medio ambiente y de los recursos del mar. Coordinar el análisis y elaboración de propuestas estratégicas de políticas públicas e iniciativas legislativas para el sector rural. Además, deberá cumplir otras funciones establecidas en el reglamento interno del CEDRSSA y en el manual general de organización de la Cámara de Diputados en relación con la Dirección de Propuestas Estratégicas.
Perfil y requisitos
Académicos:
Tener publicaciones relativas a los temas del ámbito de competencia de la dirección, de preferencia con énfasis en el desarrollo rural y la soberanía alimentaria.
Acreditar experiencia académica a nivel licenciatura con participación en actividades relacionadas con investigación, tales como congresos, seminarios, cursos, diplomados, entre otros.
Conocimientos en materia de derecho parlamentario y/o técnica legislativa y/o análisis e investigación parlamentaria.
Manejo de paquetería de cómputo básico
(Microsoft Office) y bases de datos.
Inglés a nivel de traducción y comprensión
oral y escrita.
Proponer y realizar análisis, estudios e investigaciones relacionadas con el desarrollo rural sustentable con énfasis en su prospectiva, así como proporcionar asesoría técnica en la materia de su competencia y promover acciones de colaboración e intercambio institucional en apoyo al trabajo legislativo. Realizar investigaciones con una visión interdisciplinaria para el mejor cumplimiento de sus funciones. Además, coadyuvar en todas las funciones asignadas a la Dirección de Propuestas Estratégicas que se indican en el reglamento interno del CEDRSSA y en el manual general de organización de la Cámara de Diputados.
Perfil y requisitos
Académicos:
Conocimientos en materia de derecho parlamentario y/o técnica legislativa y/o análisis e investigación parlamentaria.
Manejo de paquetería de cómputo básica
(Microsoft Office) y bases de datos.
Inglés a nivel de comprensión.
Recopilar, analizar y evaluar la información de las bases de datos de Sistemas de Información estratégica, relacionada con el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria en el ámbito internacional y sobre política agrícola internacional. Además, coadyuvar en todas las funciones asignadas a la Subdirección del Sistema de Información Estratégico Rural que se indican en el reglamento interno del CEDRSSA y en el manual general de organización de la Cámara de Diputados.
Perfil y requisitos
Académicos:
Habilidades requeridas:
Verificación y selección de información
en bases de datos.
Planeación y organización del trabajo.
Habilidades para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis y capacidad
para establecer prioridades.
Detectar e integrar las necesidades específicas de software y hardware informático y gestionar la asignación y resguardo de los mismos, así como dar el mantenimiento, preparación y monitoreo de los servidores de bases de datos de almacenamiento y consulta. Además, coadyuvar en todas las funciones asignadas a Subdirección de Sistemas de Información Estratégico Rural que se indican en el Reglamento Interno del CEDRSSA y en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados.
Perfil y requisitos
Académicos:
Conocimientos en materia de derecho parlamentario y/o técnica legislativa y/o análisis e investigación parlamentaria.
Manejo de paquetería de cómputo básica
(Microsoft Office) y bases de datos.
Inglés a nivel técnico y comprensión.
1. Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos generales, académicos y laborales previstos para el puesto y agotar satisfactoriamente cada una de las etapas que se establecen en la presente convocatoria.
En caso de que la Cámara de Diputados convoque simultáneamente a concurso de selección para cubrir vacantes en diferentes unidades administrativas, los aspirantes solamente podrán participar en uno de ellos y por una sola plaza, por lo cual la inscripción en más de un concurso será causa automática de descalificación en ambas.
2. Documentación requerida
Los aspirantes para ser considerados como participantes en el concurso deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación, en el orden que se indica:
Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada para su cotejo, y dos copias para la Cámara de Diputados: acta de nacimiento, documento que acredite el nivel académico requerido para cada caso: cédula o título profesional, identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), cartilla liberada (en el caso de varones hasta 40 años).
Currículo debidamente respaldado con documentos firmados en todas y cada una de sus hojas, sin tachaduras o enmendaduras, con fotocopias de los documentos correspondientes a las actividades a que dicho currículo haga referencia (dos juegos).
Para acreditar cursos y programas de formación o especialización: presentar original y dos copias de constancias o diplomas emitidos por la institución o dependencia que los avalan.
Para acreditar publicaciones: copia fotostática y referencia editorial.
Para acreditar la experiencia laboral se deberán presentar cartas que la certifiquen por parte del empleador, contrato o documento que especifique el cargo o puesto ocupado por el interesado, nivel administrativo y las fechas en que ocupó dicho cargo o puesto. De igual forma, el interesado deberá anexar carta donde se señalen las funciones desempeñadas, así como los nombres de dos directivos, el teléfono y dirección de la institución, dependencia o empresa donde ocupó el cargo (dos copias).
Para acreditar experiencia académica presentar comprobantes expedidos por la institución correspondiente.
Asimismo, el aspirante deberá presentar tres cartas de recomendación que muestren probidad o idoneidad para el puesto (dos copias).
Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, así como de no estar inhabilitado para el servicio público o sujeto a procedimiento administrativo de responsabilidades y de que la documentación presentada es auténtica (dos copias).
La Cámara de Diputados se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso, y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.
En caso de no presentar la documentación en original o copia certificada para su cotejo y la fotocopia correspondiente el día señalado en la presente convocatoria, la Cámara de Diputados está facultada para descalificar a los postulantes que caigan en este supuesto.
3. El proceso de selección se desarrollará en las siguientes etapas
3.1. Registro de candidatos
El formulario de inscripción estará disponible para su llenado en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/registro del 6 al 13 de mayo de 2008, únicamente, el cual deberá requisitar, imprimir y entregar junto con la documentación, que se especifica en el punto 2 de la presenta convocatoria. Al imprimir el formulario, los aspirantes recibirán un número de folio que los identificará a lo largo del proceso de selección y el cual deberá presentar junto con sus documentos probatorios.
El formulario de inscripción también podrá llenarse al momento de presentar la documentación.
La recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente convocatoria se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo de 2008, en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria ubicado en el Palacio Legislativo (avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, edificio I, planta baja (salones de eventos), en horario de 10:00 a 17:00. El periodo de registro y recepción de documentos será improrrogable.
Los formularios y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidas ni tomadas en cuenta.
Al concluir la entrega de formularios de inscripción con currículum y documentación comprobatoria, el interesado recibirá el calendario de actividades que señalará las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas del proceso de selección.
Una vez agotadas las etapas de registro de aspirantes y recepción de documentos, se publicará listado que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes inscritos al presente concurso, dicha publicación se realizará en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/convocatorias y también estará disponible tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria.
Los aspirantes que habiendo requisitado su formulario de registro no se presenten a la entrega de documentación probatoria, no serán considerados para la etapa de revisión y valoración documental.
3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currículo recibidas y documentación comprobatoria
Al concluir la etapa anterior, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria procederán a revisar y valorar los formularios de inscripción con currículo y la documentación comprobatoria entregada por los interesados para determinar si cumplen o no con lo dispuesto por esta convocatoria. Al efecto, formularán una lista integral de resultados de la revisión y valoración de solicitudes de los aspirantes registrados y la someterán a la consideración del secretario de Servicios Parlamentarios.
Una vez agotado el plazo de revisión y valoración se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes que podrán presentarse a la realización de las evaluaciones técnicas (de conocimientos), psicométricas y de otros conocimientos que correspondan, en la fecha y hora establecidas, sin excepción.
La lista se publicará en la página web de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx/convocatorias y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de las evaluaciones mencionadas en el párrafo anterior. De igual forma las listas estarán disponibles en la Dirección General de Recursos Humanos así como en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
Para el caso de que, una vez realizada la revisión y valoración referida en este apartado, no queden preseleccionados cuando menos seis aspirantes, se declarará desierto el concurso, en cuyo caso la Cámara procederá en su oportunidad a emitir nueva convocatoria.
3.3. Evaluaciones
La evaluación psicométrica será practicada por la Dirección General de Recursos Humanos quien, de igual forma, instrumentará el procedimiento para practicar las evaluaciones respectivas en materia de inglés y cómputo, en este caso con el auxilio de la Dirección General de Tecnologías de la Información.
La aprobación de las evaluaciones psicométricas, con un rendimiento mínimo de 8 sobre 100 por ciento, otorgarán a los aspirantes el derecho de continuar en el concurso y acceder a las evaluaciones de inglés, paquetería de cómputo y técnica.
Los aspirantes que no se presenten en las fechas y horas señaladas para las evaluaciones psicométricas y de paquetería de cómputo y de inglés quedarán automáticamente descalificados para acceder a la etapa de evaluación de conocimientos.
La evaluación de conocimientos se realizará a través de un jurado externo designado a propuesta de la mesa directiva del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el que será presidido por la persona que designen y conformado por personas de reconocido prestigio en el ámbito académico.
El Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria propondrá tres instituciones académicas para que se les solicite designen a un representante para integrar el jurado referido en el párrafo anterior.
Este jurado se encargará de definir la metodología de dicha evaluación, así como de la formulación de los exámenes que correspondan. Las evaluaciones podrán ser orales o escritas. El director general del centro de estudios será el secretario técnico del jurado.
Constituye impedimento para formar parte del jurado externo el tener vínculos de parentesco o relación que implique conflicto de intereses con quienes los proponen y, en su caso, los aprueban, así como con los participantes del proceso de selección.
El jurado designado, con apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, aplicará a los aspirantes preseleccionados, en la fecha y hora que al efecto se señale, las evaluaciones correspondientes.
Una vez concluidas las tres etapas de la evaluación de conocimientos, el jurado procederá a la brevedad posible a entregar un informe de resultados de las evaluaciones técnicas de todos los aspirantes, que se integrará a los resultados obtenidos en las demás evaluaciones (inglés y de cómputo) a efecto de emitir un resultado que permita definir hasta diez aspirantes con mejor desempeño, los cuales podrán acceder a la etapa final del concurso de selección.
Una vez agotada la etapa de evaluación de conocimiento, y a partir de los resultados obtenidos, se publicará en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/convocatorias un listado que contendrá los número de folio que identifique hasta diez aspirantes que hayan obtenido los promedios más altos de calificaciones, los cuales deberán asistir a una entrevista en la fecha y hora que al efecto se les señale. El comité entrevistador, conformado por un integrante del Comité del Centro de Estudios; el director general del Centro de Estudios y un representante de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, emitirán un evaluación de cada caso, utilizando una escala de 0 a 10.
Los aspirantes que no se presenten en el lugar, fecha y hora señalada para la entrevista, quedarán automáticamente descalificados.
El resultado final de las evaluaciones de los aspirantes que hayan accedido a la última etapa del concurso de selección se integrará con base en la siguiente ponderación.
Dicho informe incluirá los datos curriculares y los resultados finales integrados de las evaluaciones, en orden de mayor a menor calificación, de cada uno de los aspirantes, así como la opinión en cada caso sobre la aptitud o no para el puesto.
Los expedientes de los concursantes así como los resultados obtenidos por éstos, estarán a disposición de los miembros del Comité del CEDRSSA para ser consultados cuando lo requieran en la Dirección General de Recursos Humanos.
El veredicto para todas y cada una de las etapas del proceso de selección será inapelable.
El número de folio del ganador se publicará en la página web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/convocatorias, y adicionalmente se señalarán los correspondientes a los aspirantes en segundo, tercero y cuarto lugar, ello con objeto de que queden en reserva ante la posibilidad de que el ganador no acepte la contratación, o en su caso, se presente una nueva vacante del mismo nivel y perfil dentro de los siguientes seis meses, en cuyo caso serán considerados en el orden respectivo.
Para el caso de que ninguno de los aspirantes obtenga como calificación promedio de 8, se declarará desierto el concurso.
Mecanismos de desempate
Para el caso de empates entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en orden de prelación lo siguiente:
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso de la presente convocatoria, se ha implementado un módulo de atención telefónica en el número 56 30 00 00 extensiones 55017 y 55022 y 56 28 13 00 extensiones 51065 y 51062 el cual estará funcionando de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido el concurso.
Palacio Legislativo, abril de 2008.
Atentamente
Licenciado Emilio Suárez Licona
Secretario Interino de Servicios Parlamentarios
Licenciado Jorge Valencia Sandoval
Director General de Recursos Humanos
Doctor José Sergio Barrales Domínguez
Director General del Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
DE LA TERCERA COMISIÓN –HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS– DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A la reunión de instalación y primera de trabajo, que se llevará a cabo el martes 13 de mayo, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del PRI situada en el Senado de la República, Xicoténcatl 9, planta baja.
Atentamente
Diputado Raúl Cervantes Andrade
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO
A la reunión de trabajo que se llevará a cabo el martes 13 de mayo, a las 13:00 horas, en el salón F del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión de trabajo que sostendrá con académicos especialistas en desarrollo urbano el martes 13 de mayo, a las 14:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Obdulio Ávila Mayo
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la decimonovena reunión plenaria, que se realizará el martes 13 de mayo, a las 16:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
Anexo
Predictámenes de la Tercera Subcomisión
3.1. Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia respecto a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unida de Salud y de Justicia someten a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones.
II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo "Consideraciones" las comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 7 de noviembre de 2006, la diputada Silvia Luna Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la citada indicativa a las Comisiones Unidas de Salud y Justicia para su estudio y dictamen.
II. Contenido
El objetivo principal de la iniciativa en estudio es establecer las sanciones a quien o quienes participen en la engorda ilegal de ganado con productos conocidos como beta análogos, en la cadena de comercialización de carne contaminada; incluyendo considerar dichas acciones como delito dentro del Código Penal Federal.
III. Consideraciones
La iniciativa en comento fue presentada con una finalidad muy loable y comprensible, debido al incremento de casos de personas que han sido afectadas por consumir productos de animales que han sido engordados con beta análogos.
La preocupación de la promovente es legítima y con ese motivo fueron presentadas diversas iniciativas que perseguían el mismo objetivo.
Cómo poder Legislativo y de acuerdo a lo que señala el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos corresponde la facultad de legislar en materias de salubridad general.
En este orden de ideas, la iniciativa en comento, cumple con los requisitos de constitucionalidad, sin embargo, al momento de ser presentada, la Comisión de Agricultura y Ganadería ya estudiaba la minuta que creaba la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, con la que se pretendía poner fin a prácticas como las señaladas en la exposición de motivos de la promovente.
La mencionada Ley fue publicada con en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Julio de 2007 y señala en su artículo 174 lo siguiente:
Artículo 174. Al que ordene el suministro o suministre a animales destinados al abasto alguna sustancia o alimento prohibidos a los que hace alusión esta Ley y demás disposiciones de salud animal, será sancionado con tres a siete años de prisión y de diez mil a cincuenta mil días de salario mínimo de multa.
De lo anterior se infiere que el objetivo planteado por la promovente, se encuentra cubierto por la Ley Vigente y de aprobarse la iniciativa en sus términos, originaría una duplicidad en la sanción, lo cual únicamente se vería reflejado en una falta de aplicación de la norma.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones
Unidas de Salud y de Justicia de la LX Legislatura, con las atribuciones
que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a
su consideración el siguiente:
Acuerdo
Artículo Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 7 de noviembre de 2006.
3.2. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social de la LIX Legislatura fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada por la diputada Evelia Sandoval Urbán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44 Y 45 Y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.
II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones" la Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 14 de Julio de 2004, ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue presentada, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por la diputada Evelia Sandoval Urbán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En la misma fecha la mesa directiva turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En su exposición de motivos, la diputada manifiesta que los docentes padecen de una deterioro lento y progresivo de la salud de sus órganos fonéticos.
También señala que son víctimas de lo que llama síndrome de agotamiento, pérdida de auto estima, insomnio y enfermedades físicas como la laringitis que afecta progresivamente los órganos fonéticos, teniendo efectos como la disfonía. Por estos motivos, aduce que debido a estas razones es que, considera necesaria la reforma a los ordenamientos jurídicos señalados con anterioridad.
En lo que se refiere a la Ley General de Salud, iniciativa incluye diversas reformas; como adicionar dos fracciones, la X recorriéndose las demás pasando la actual fracción XXVIII a ser XXIX al artículo 3 y la VIII recorriéndose las demás pasando la actual fracción X a ser la XI al artículo 27; y se reforman la fracción II del apartado A y la fracción 1 del apartado B del artículo 13; y el primer párrafo y la fracción I del artículo 133.
III. Consideraciones
Las políticas públicas son cursos de acción que lleva a cabo el gobierno con la finalidad de resolver problemas públicos. A su vez, para que un problema público sea sujeto y objeto de consideración en la agenda gubernamental, debe reunir tres requisitos fundamentales, a saber: que sea objeto de atención amplia y amplio conocimiento de la mayoría del público; que a los ojos de la ciudadanía, dicho problema, merezca atención gubernamental; y que el asunto en cuestión sea, efectivamente, competencia de alguna autoridad gubernamental.
Luego entonces, una de las tareas que corresponde al legislador es la construcción y cimiento del marco jurídico que responda, adecuada y eficazmente, a los problemas públicos, y que por supuesto, dicho marco sirva de base a un eficaz diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que construye el gobierno.
Es por ello, que en la parte que corresponde al legislador respecto a la definición de problemas públicos, debe ser muy cauteloso y, por tanto, abordar y definir aquellos problemas públicos que con toda certeza afectan la vida nacional, ya que no todo asunto o problema que aqueja a un sector se puede traducir en un problema público y obligar a insertarlo en la agenda del gobierno, o de otros poderes federales y, mucho menos, considerarlo como un asunto merecedor de materia legislativa.
Y esto, precisamente, es lo que ocurre con el problema tratado en la iniciativa en estudio, ya que en ésta se trata un problema, la disfonía padecida por los docentes, el cual esta Dictaminadora considera no ser un problema público, que amerite su inserción en la agenda legislativa, tal y como lo propone la Diputada Sandoval Urbán, máxime cuando la normatividad vigente, como es el caso de la Ley General de Salud y las demás leyes a que se refiere la iniciativa, aborda en lo general y en lo específico, la problemática de los riesgos de salud en el trabajo.
En lo que se refiere a la adición de una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Salud; cabe destacar que el encabezado de dicho artículo se refiere a lo que para términos de la misma debe entenderse como materias de salubridad general. Es, precisamente este carácter general, el que se ve vulnerado con la propuesta de adición de la diputada; ya que las materias establecidas no están dirigidas a un gremio en específico, incluir la laringitis y la disfonía de carácter profesional para los docentes, hace a un lado al resto de la población que pudiera padecer estas enfermedades.
La disfonía y la laringitis, por otra parte, siendo enfermedades recurrentes en la población, no se encuentran dentro de las principales causas de morbi mortalidad del país; razón por la que no creemos pertinente la adición en comento.
En el mismo error incurre la iniciativa al pretender adicionar una fracción VIII al artículo 27, que señala los servicios básicos de salud; entre los cuales se encuentran; la educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; la atención materno-infantil; etcétera. Como nos podemos dar cuenta, la ley, prevé situaciones de carácter general y no debe estar dirigida a un gremio.
Según las cifras que emite la Secretaría de Salud, las cinco causas de mortalidad general son la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebro vasculares, las enfermedades crónicas del hígado y ciertas enfermedades del periodo perinatal. Si bien dentro de las causas de muerte se encuentran algunas enfermedades respiratorias así como el tumor maligno en traquea, bronquios y pulmón; éste tipo de padecimientos no son, de ningún modo privativos del gremio magisterial.
Es obvio señalar, nuestro desacuerdo con la propuesta de reforma a la fracción II del inciso A) del artículo 13, así como de la fracción I del inciso B) del mismo artículo, lo anterior debido precisamente a que no consideramos pertinente la adición planteada en la iniciativa al artículo 3o.
En relación con la reforma al artículo 133, del Título Octavo, denominado "Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes", y que es parte del Capítulo I, referente a las disposiciones comunes; nuestra postura es en contra de la iniciativa, debido a que el artículo en comento versa sobre la prevención de accidentes y control de enfermedades; es decir, a todo tipo de accidentes y de enfermedades; no es prudente ni aconsejable restringir, como lo manifiesta la reforma, controlar únicamente las enfermedades profesionales. La misma carencia se puede inferir de la reforma a la fracción 1 del mismo artículo.
Aunado a lo anterior es necesario hacer mención que la iniciativa en estudio fue presentada antes de la publicación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo de 2007, lo cual hace evidente que las reformas planteadas a este ordenamiento resultan obsoletas.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura, con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:
Acuerdo
Artículo Único. Se desecha la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos
de la Ley General de Salud, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal del Trabajo y la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada por
la diputada Evelia Sandoval Urbán, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional el 14 de Julio de 2004.
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A la primera mesa de trabajo para el análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2006, denominada Sector financiero, finanzas públicas y funciones de gobierno, que tendrá verificativo el miércoles 14 de mayo, a las 10:30 horas, en la zona C del edifico G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 14 de mayo, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio F, primer piso).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 14 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Tomás del Toro del Villar
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER LAS POLÍTICAS Y LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA VINCULADA A LOS FEMINICIDIOS DEL PAÍS
A la reunión de trabajo que sostendrá con la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas –de la Procuraduría General de la República–, maestra María Guadalupe Morfín Otero, el miércoles 14 de mayo, a las 14:00 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Diputada María Sofía Castro Romero
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la novena reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 22 de mayo, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A la reunión ordinaria que se efectuará el viernes 23 de mayo, a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputada Silvia Luna Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Al proceso de presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", respecto del cual la recepción de candidaturas comprenderá del miércoles 30 de abril al viernes 29 de agosto.
La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el decreto que instituye la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" y su reglamento
Convoca
A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y las secretarías de Estado, a los gobiernos de las entidades federativas, a las universidades públicas y a las privadas, a las asociaciones técnicas, científicas y culturales, y demás instituciones representativas de la sociedad, para que propongan la candidatura de quien consideren merecedor de recibir la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"
Instituida para reconocer al ciudadano o a la ciudadana mexicana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la república, destacando por sus hechos cívicos o políticos.
Lo anterior, por el acuerdo que tome la Cámara de Diputados en sesión pública, en atención al dictamen que presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Conforme a las siguientes
Bases
I. Las propuestas deberán ser dirigidas a los Secretarios de la Cámara de Diputados, sita en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, México, DF, edificio A, segundo piso, y habrán de contener los siguientes datos:
III. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto inapelablemente por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Atentamente
Diputada Ruth Savaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente
Al Seminario internacional sobre calidad de vida, que se efectuará el lunes 12 de mayo, de las 9:00 a las 19:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
A la conferencia Sistema de pensiones, que dictará el doctor Tapen Sinha el martes 13 de mayo, a las 12:00 horas, en el vestíbulo del edificio I.
Atentamente
Doctor Héctor Juan Villarreal Páez
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 11, Excedentes petroleros y desarrollo regional, que se llevará a cabo el martes 13 de mayo, de las 12:00 a las 14:00 horas, en salón 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DEL CONSEJO EDITORIAL
A la presentación del libro Más allá del acceso a la información: transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho, coordinado por el doctor John Ackerman, que tendrá verificativo el martes 13 de mayo, a las 19:00 horas, en Casa Lamm, situada en Álvaro Obregón 99, colonia Roma.
Presentarán el libro Eduardo Huchim, Ernesto Villanueva, José Alfonso Suárez del Real, Gabriel Torres y el coordinador; y fungirá como moderador Jaime Labastida.
Atentamente
Diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil
Presidenta
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación de los resultados de las encuestas de opinión pública 2007, Construcción de ciudadanía social y cultura de derechos, que se llevará a cabo el miércoles 14 de mayo, de las 17:30 a las 19:00 horas, en el salón 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
Al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos del 2 de junio al 20 de octubre, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo piso).
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales o antropología), servidores públicos de los tres ámbitos, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar conocimientos y desarrollar habilidades en la gestión del cambio político, en el contexto de la reforma del Estado.
Informes e inscripciones desde esta fecha y hasta el 23 de mayo de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420 1760, extensiones 1248 y 5089, 55 3666 5185, 55 3225 1261; en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, frente al edificio G.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Evaluar los conceptos fundamentales y las propuestas
de los modelos de reforma del Estado en México.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de la mañana, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo del diplomado contará de seis módulos de trabajo, en torno de los siguientes temas:
En el diplomado participarán como ponentes investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y de establecer metodologías que permitan evaluar objetivamente dicho proceso y construir herramientas metodológicas de evaluación y desarrollo de líderes de cambio político.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo I. El proceso de negociación
para la reforma del Estado
Fechas: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 y 23 de junio.
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