Mónica Arriola, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 185 del Capítulo Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Tal como es señalado por ordenamientos como la Declaración de los Derechos de los Impedidos y el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, las personas con algún tipo de discapacidad deben gozar de los mismos derechos que todos los seres humanos. En este entendido, la presente iniciativa tiene el propósito de reformar el artículo 185 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para cambiar las palabras "incapacidad" por "discapacidad", e "incapacitados" por "imposibilitados", ya que si nuestra meta como país es alcanzar una democracia basada en una política social incluyente y verdaderamente humana, no debemos seguir haciendo uso de términos incorrectos que afectan la eficaz, efectiva y expedita aplicación de la ley.
De acuerdo con la definición dada por la Organización de Estados Americanos (OEA): "la discapacidad es una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social".1
Adoptando esta definición, y con el objetivo de evitar la exclusión social, política y jurídica de las personas con algún tipo de discapacidad, la sociedad actual debe de cuidar y poner mayor énfasis y atención en la adaptación que estas personas van denotando respecto al entorno que las rodea.
Tanto el gobierno como la sociedad debemos de evitar catalogarlas bajo una misma clasificación, en tanto que los motivos de su discapacidad pueden ser tan diversos como la propia y característica pluralidad del país.
Las causas de la discapacidad pueden presentarse también bajo diferentes frecuencias y con distintas consecuencias. Serán más marcadas dependiendo de las circunstancias socioeconómicas en que la persona discapacitada se encuentre, y conforme a la manera en que el gobierno y la sociedad procuren su bienestar.
La discapacidad refleja las condiciones de vida de una sociedad, así como la efectividad de las políticas instauradas por el gobierno. Como bien señala la resolución acerca de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, es responsabilidad de los Estados adoptar medidas adecuadas para eliminar los obstáculos para las personas con algún tipo de discapacidad. Luego entonces, es nuestro deber garantizar que los niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de ciudadanos, puedan ejercer los mismos derechos y tener las mismas obligaciones que el resto de la población.
En México, el problema radica precisamente en la insuficiente atención que se ha prestado al tema. En el ámbito jurídico, ciertamente las personas con algún tipo de discapacidad física son atendidas tanto en la Constitución como en el Cofipe; pero no de la forma más adecuada.
El Cofipe, en su artículo 185, señala que:
Ante tal escenario, el término que debería aplicarse en la ley no es el de incapacidad sino el de discapacidad, entendiendo claramente que la persona discapacitada también puede estar incapacitada en lo referente al ámbito del derecho, mas es primero discapacitada en lo concerniente al área física.
Asimismo, y siendo coherentes con el sentido que ahora estamos dando a este párrafo, no debemos hablar de incapacitados físicamente, sino de imposibilitados físicamente para acudir a las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
La persona es vista como minusválida. De acuerdo con la ley, minusválida es toda persona con limitaciones para realizar por sí misma las actividades necesarias para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, limitación que pudo provocarse por enfermedad, nacimiento o accidente.2
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 185 del Capítulo Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Único. Se reforma artículo 185 del Capítulo Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 185
1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional que se encuentren imposibilitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su discapacidad. En su caso, la dirección ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. El 7 de junio de 1999.
2. Enciclopedia médica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de marzo de 2008.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
9 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA
ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Mónica Arriola, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar que se turne a la Comisión de Educación y Servicios Educativos la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 9 de la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Como legisladora de Nueva Alianza, preocupada por la consolidación de una política democrática, incluyente y representativa, estoy convencida de que el bienestar general debe ser un objetivo primordial del ejercicio y la práctica política, reconociendo siempre que la democracia y el desarrollo social son acciones que se entrelazan y refuerzan mutuamente para generar prosperidad.
Uno de mis compromisos primordiales es actualizar y fomentar entre los ciudadanos el respeto por las leyes e instituciones que de ellas emanan, por ello propongo una reforma que garantice la equidad en el acceso a la educación, reconociendo con ello que el concepto de equidad es "mucho más sensible a las diferencias de los seres humanos; la igualdad se refiere a iguales oportunidades a nivel formal. Así puede haber una igualdad formal de acceso a la educación; pero equitativamente, para garantizar una igualdad de oportunidades, se debe apoyar con mayores recursos a los grupos más vulnerables".1
Una de las prioridades del Estado debe ser cumplir con el principio de equidad en el acceso a la educación. Recordemos que el papel de la escuela, como detonante de equidad es central en sociedades como la nuestra.
El asunto es tan importante y trascendente que "los sujetos excluidos del sistema educativo también lo son de la inserción laboral; en las últimas décadas se ha destacado que quienes no tienen una educación de calidad, definida como la adquisición de competencias deseables formalmente iguales, no alcanzan la plena ciudadanía, al estar impedidos para ejercer plenamente sus derechos y la participación en los bienes sociales y culturales.
La condición de ciudadano comprende el currículum básico indispensable que todos los ciudadanos han de poseer al término de la escolaridad obligatoria. Esto se define como capital cultural mínimo y activo competencial necesario para moverse e integrarse en la vida colectiva; es decir, aquel conjunto de saberes y competencias que posibilitan la participación activa en la vida pública, sin verse excluido o con una ciudadanía negada".2
En Nueva Alianza compartimos la visión de que "una justicia distributiva en educación debe tender a la equidad, en el sentido de repartir los medios para favorecer a los desfavorecidos, no a la distribución igualitaria de recursos entre todos los alumnos. En suma, la equidad en educación debe girar en relación con la cuestión de la justicia escolar en función de cómo resuelve la situación de los peor situados, en una redistribución proporcional a las necesidades".3
En este sentido, y como legisladora comprometida, promuevo la igualdad, la equidad, la libertad y la dignidad de los ciudadanos, por lo que entendemos que el derecho constitucional a la educación y su pleno cumplimiento, respetando el principio de equidad, debe posibilitar a los mexicanos el alcanzar mejores niveles de bienestar.
Nueva Alianza toma en cuenta la importancia del desarrollo de capital humano y del papel que hombres y mujeres tenemos en la construcción del presente y futuro de nuestro país. Por ello nuestra relación con el mundo y la fortaleza de ésta, debe estar habilitada por la equidad en la educación.
La madurez y el desarrollo científico y tecnológico de México dependen en gran medida de esto, y por ello debe garantizarse desde la Ley General de Educación, para que la equidad como concepto fuerza, alcance niveles óptimos y consistentes con nuestro entorno y desarrollo social, económico y político.
Garantizar la equidad en el acceso a la educación es prioritario para nosotros, ya que a través de ella implantaremos las condiciones necesarias para que en adelante nos integremos al mundo de una manera menos costosa, socialmente hablando, y mucho más benéfica para nuestros ciudadanos.
Si las instituciones y nosotros, como Poder Legislativo, no brindamos a todos los mexicanos el derecho a una educación y acceso equitativo a ella, no responderemos a los cambios acelerados en la economía y al entorno social, perdiendo con esto la gran oportunidad de alcanzar mejores niveles de bienestar y la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico y social a los cuales aspiramos.
Recordemos que en los últimos años hemos perdido sistemáticamente competitividad en el contexto de la globalidad, en los procesos de integración económica y en la competencia internacional.
Por todo lo anterior y preocupados por una mejor inserción de nuestro país en el contexto internacional, promovemos esta reforma a fin de garantizar equidad en la educación y proporcionar a todos los mexicanos mayor acceso a ella.
Estamos plenamente conscientes de los beneficios que traen los procesos de globalización económica y de integración regional, los cuales deben acelerar el desarrollo económico y humano, pero debemos garantizar que estos procesos no generen fenómenos severos de exclusión social, por ello debemos garantizar la equidad en el acceso a la educación para todos los mexicanos.
La economía de mercado es la manera más eficiente para organizar las relaciones económicas, pero también reconocemos la existencia de imperfecciones en la práctica de este régimen de intercambio, mismas que deben ser subsanadas con la ineludible participación del Estado, quien debe ser el encargado de garantizar el desarrollo social con equidad e igualdad de oportunidades, asegurando sobre todo el acceso equitativo a una educación de calidad a todos los mexicanos.
En Nueva Alianza asumimos la importancia que tiene el desarrollo integral de la Nación, reafirmando la necesidad de apoyar a las poblaciones menos desarrolladas de México, para lograr condiciones de equidad y desaparecer la brecha de desarrollo existente entre las diversas regiones del país.
En México vivimos un gran problema de inequidad en la educación y estamos convencidos de que la educación es el mejor medio para alcanzar la libertad y garantizar la justicia social, así como la igualdad de oportunidades, en la perspectiva de una sociedad que ubique al desarrollo científico y tecnológico, como la columna vertebral y espacio estratégico para el desarrollo económico y social
La educación es un compromiso y una responsabilidad compartida por la sociedad y el Estado. Es un derecho fundamental de todos los mexicanos y, en consecuencia, debe ser una política que responda a los principios de obligatoriedad, laicidad y el acceso para todos a servicios educativos con equidad.
La política educativa es un instrumento compensador de los procesos de exclusión social y debe posibilitar la integración social, por ello propongo la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación
Único. Se reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Ley General de Educación
Artículo 9o. Además de impartir con equidad la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Rojas, M.T. (2004). "Formas de comprender el problema
de la equidad escolar: una mirada desde las racionalidades de los actores
sociales", en Praxis, número 4, páginas 6 a 18.
2. Bolívar, Antonio. "Equidad educativa y teorías
de la justicia", en Revista Electrónica Iberoamericana sobre
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2005, volumen 3, número
2, página 42.
3. Ídem, página 44.
4. Documentos básicos del Partido Nueva Alianza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de marzo de 2008.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO
LA LEYENDA "MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68", SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
MARICELA CONTRERAS JULIÁN Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL
REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada Maricela Contreras Julián y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro la leyenda "Movimiento Estudiantil del 68", al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
"Nadie sabe el número exacto de los muertos,
ni siquiera de los asesinos,
ni siquiera el criminal.
(Ciertamente, ya llegó a la historia
Este hombre pequeño por todas partes,
Incapaz de todo menos del rencor)
Tlatelolco será mencionado en los años
que vienen
como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea,
pero esto fue peor,
aquí han matado al pueblo:
no eran obreros parapetados en la huelga.
eran mujeres y niños, estudiantes,
jovencitos de quince años,
una muchacha que iba al cine,
una criatura en el vientre de su madre,
todos barridos, certeramente acribillados
por la metralla del Orden y la Justicia Social.
A los tres días, el ejército era la víctima
de los desalmados,
y el pueblo se aprestaba jubiloso
a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a
México."
Jaime Sabines
Tlatelolco, 68
El año de 1968 fue un año axial, un nuevo espíritu de cambio recorre el mundo: Praga, París, Chicago, Tokio, Belgrado, Santiago de Chile, Roma y la Ciudad de México se cimbraron ante una nueva generación que reclamaba nuevas formas de participación democrática y que cuestionaron la manera de hacer política. Esgrimieron un nuevo discurso que enarbolaba el conocimiento que adquirieron en las universidades, con ideales como el de la libertad y la solidaridad con los trabajadores del mundo. ¡La imaginación al poder! fue una de sus más conocidas consignas, con la que denunciaba el desgaste y la decadencia del quehacer político en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.
En México el 2 de octubre de 1968, prefigura la gran crisis del gobierno del partido único. Suceden al 2 de octubre de 1968 las reformas electorales que dan lugar a la nueva composición democrática que se expresa en esta soberanía.
¡2 de octubre no se olvida!: una frase que encierra el significado de lo que se le ha denominado el parteaguas en la historia del México contemporáneo y que trae consigo uno de los episodios más oscuros del ejercicio de poder en el país. Esta frase ha sido el eco de miles de expresiones en nuestro país que se han conjugado para brindar su aporte en todo el proceso democrático que aún estamos viviendo en México. Recordemos las palabras con que se teje la crónica de Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco:
Elena Poniatowska, La Noche de Tlatelolco
En el panorama internacional no podía ser menos convulso: se tenía un reciente recuerdo de la revolución cubana, inicia la mistificación de Ernesto Che Guevara por su muerte trágica en la aventura boliviana, se incrementa el repudio a los Estados Unidos de América por el intervencionismo en Latinoamérica así como en Vietnam, al mismo tiempo que crece la defensa de los derechos de los negros con el liderazgo de figuras como Malcom X, heredero de la causa de Martin Luther King.1
Concluida la II Guerra Mundial, México se alinea ideológica y estratégicamente con la política de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Abandona el proyecto de autosuficiencia económica nacionalista. Cierra los internados de Chapingo y el IPN, varias escuelas normales rurales y reprime a las organizaciones estudiantiles que buscaban democratizar sus espacios educativos. Modifica el proyecto social educativo por una orientación más liberal.
En los niveles medio superior y superior se deja el modelo que buscaban privilegiar el desarrollo y la ampliación de la matricula de educación superior a los sectores marginados y prioriza el apoyo a las carreras liberales por sobre las técnicas. Para controlar los movimientos sociales, se reforman en 1951 las leyes que tipifican el delito de disolución social en el Código Penal y se encarcela bajo estos cargos a los primeros presos políticos. Es entonces cuando emerge la resistencia estudiantil y obrera.
Por su parte, José Agustín en su Tragicomedia mexicana apunta lo siguiente respecto al año de 1968:
La situación de la UNAM, por ejemplo, es privilegiada, según las estadísticas que proporciona Margarita García Flores, jefa de prensa de la UNAM en 1968 y 1969. El 86 por ciento de sus estudiantes dependen de algún familiar. De acuerdo con la ocupación del jefe de familia del estudiante, el 77 por ciento del alumnado pertenece a la clase media y sólo el 18 por ciento de los muchachos son hijos de campesinos y obreros. El 72 por ciento provenía de familias con ingresos entre mil 300 y 7 mil pesos mensuales que, comparados con el ingreso promedio nacional, eran buenos.
No le ocurría así a la población del Politécnico, cuya situación económica era más difícil: los estudiantes del Poli no tienen ingresos tan estables. Sin embargo ambos grupos coincidieron en actitudes críticas y políticas libres de compromiso alguno; el único compromiso del estudiante politécnico y universitario era consigo mismo y con sus estudios; con las ideas recibidas y que actuaban en ellos como factor de cambio, al darles una nueva visión del mundo.
Octavio Paz, en Posdata, menciona que "El movimiento estudiantil se inició como una querella callejera entre bandas rivales de adolescentes. La brutalidad policíaca unió a los muchachos. Después, a medida que aumentaban los rigores de la represión y crecía la hostilidad de la prensa, la radio y la televisión, en su casi totalidad entregadas al gobierno, el movimiento se robusteció, se extendió y adquirió conciencia de sí… Los estudiantes eran los voceros del pueblo… de la conciencia general."
Si los cuerpos policiacos no hubieran intervenido con la brutalidad con la que lo hicieron el 22 de julio del 68 en la plaza de la Ciudadela, no se hubiera desatado todo una serie de acontecimientos de represión que culminaron en la otra Plaza, la de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre.
La desafortunada intervención de batallones del cuerpo de Granaderos, en el conflicto entre estudiantes politécnicos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoterena, después de un partido de futbol, es esa gota que derramó el vaso en toda la cadena de represión que se estaba viviendo en el país.
Como era de esperarse y la acumulación de fuerzas que se había dado antes del 68 con los movimientos sociales y estudiantiles que se presentaban dentro y fuera del país, siguió una serie de movilizaciones por parte del sector estudiantil, las cuales fueron respondidas con brutalidad policíaca e insensibilidad por parte de las autoridades, las cuales llamaron "enemigos de México" a todos aquellos que se unieron a las demandas consignadas en el pliego petitorio de seis puntos:
2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, así como también del teniente coronel Armando Frías.
3. Desaparición del Cuerpo de Granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes.
4. Derogación de los artículos 145 y 145 Bis del Código Penal Federal (delito de disolución social), instrumentos jurídicos de la agresión.
5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante.
6. Deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército.
Mítines, conferencias, marchas, brigadas informativas, pintas y un sinfín de actividades más fueron desplegadas por la comunidad estudiantil para exigir el cumplimiento del pliego petitorio; solidaridad de todos los sectores de la sociedad con el movimiento estudiantil era la constante, como también lo fue la violencia con la que respondía el gobierno en turno y el encarcelamiento de personas que participaban en este movimiento.
No hubo mayor respuesta de las autoridades que la represión, la cual se coronó con la ocupación de Ciudad Universitaria por parte del Ejército el 18 de septiembre de 1968. En ella más de 700 personas fueron detenidas, a eso le siguió el 23 de septiembre, el Casco de Santo Tomás que cayó en poder del Ejército, después de 10 horas de resistencia estudiantil a los embates sanguinarios de la policía. Las vocacionales 7 y 4 fueron ocupadas el 25 de septiembre.
Paradójicamente, días antes se había organizado una multitudinaria marcha del silencio encabezada por el rector Javier Barrios Sierra, en la que se pedía la atención del pliego petitorio del movimiento estudiantil; todos los sectores de la sociedad ahí estaban representados e iban caminando en silencio por Paseo de la Reforma para exigir el cese de la violencia del gobierno; la respuesta fue la ocupación militar de Ciudad Universitaria y otros planteles de educación superior; ante este reprobable acto, Javier Barros Sierra declaró:
Estoy tan aterrada ante Tlatelolco que a veces me pregunto si es verdad. No hago un juicio moral sobre Tlatelolco, lo único que puedo decir es que no entiendo ¿Por qué? No entiendo tampoco porqué se guarda silencio. Personalmente, por lo que he podido ver, creo que el sistema tiene grandes fallas. Un día, un profesor de la universidad me dijo: "No olvide jamás que aquí todos somos funcionarios". Por lo visto, todos están metidos en el sistema y creo que éste es uno de los problemas de México.
O que ya en la presidencia de la república Luis Echeverría, para recuperar la "confianza" perdida en el gobierno, utilizara un discurso de "nacionalismo revolucionario", llamando al apoyo del "tercer mundo", su eslogan de "apertura democrática" y "arriba y adelante". Destaca también su denuncia en el sentido de que el modelo económico de "desarrollo estabilizador" había reconcentrado la riqueza del país entre unas cuantas familias y que su gobierno impondría el modelo de "desarrollo compartido" que beneficiaría a las mayorías, aunque en la práctica sólo fuera eso: un vago discurso.
No podría explicarse también los beneficios al sector educativo, pues Echeverría multiplicó el presupuesto y creó gran cantidad de escuelas: el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, las Unidades de Estudios Superiores, las telesecundarias, entre otras.
De igual forma, los discursos de Luis Echeverría sonaron y asustaron mucho a los empresarios, pues pretendió frenar cientos de huelgas obreras, movilizaciones estudiantiles y campesinas, sobre todo, a la guerrilla urbana que encabezó la Liga 23 de Septiembre y las guerrillas rurales de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas en Guerrero; aunque nadie le creyó sus "buenas intenciones" de hacer un "buen gobierno".
Las libertades conquistadas a partir del 68 tienen una gran trascendencia: se debilitó y comenzó a desaparecer el autoritarismo, el despotismo del marido sobre su mujer, del profesor sobre los estudiantes, del jefe sobre sus empleados, del empresario sobre sus obreros, del dirigente político o sindical sobre sus subordinados.
Se hizo presente la lucha de la mujer por el libre uso de su cuerpo, se planteó la despenalización del aborto y el usos de anticonceptivos; se inicio el debate sobre los derechos de las niñas y los niños; se generó la lucha de las lesbianas y los homosexuales por el reconocimiento de sus derechos; se planteó la necesidad de contar con una política a favor de los que menos tienen.
Elena Poniatowska, "El Movimiento estudiantil de 1968", en Letras Libres.
¡2 de octubre no se olvida! y seguirá sin olvidarse, pues existe una deuda de justicia y verdad con el pasado.
A 40 años de ese 2 de octubre, las palabras de Rosario Castellanos se hacen presentes y esperemos que eso influya en el ánimo de todas y todos los legisladores que conforman la LX Legislatura para que se rinda un merecido reconocimiento al Movimiento Estudiantil del 68 y pueda inscribirse con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados dicha leyenda.
"Recuerdo, recordamos
Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordemos
Hasta que la justicia se siente entre nosotros."
Rosario Castellanos
Memorial de Tlatelolco
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda "Movimiento Estudiantil del 68"
Artículo Único. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Movimiento Estudiantil del 68".
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la Sesión Solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.
Tercero. Las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados realizaran lo conducente a efecto de que se organice y celebre una ceremonia cívica el 2 de octubre de 2008 en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, Distrito Federal, con motivo de la conmemoración del cuarenta aniversario de dicho acontecimiento, donde se invitará a las y los legisladores de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Nota
1) Movimiento Estudiantil de 1969, Angélica Gutiérrez
Torres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008
Diputados: Maricela Contreras Julián, José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbricas).
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la Iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 58 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social; Al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En enero de 2004 fue aprobada la vigente Ley Federal de Desarrollo Social, con el objetivo de coordinar jurídicamente los mecanismos pertinentes para reducir la desigualdad y eliminar la pobreza, en aras de un esfuerzo sistemático y sostenido por el Estado.
Aquélla tuvo el antecedente en el mismo sexenio gubernamental de una nueva práctica de evaluación periódica de las intervenciones sociales que se convirtió en el programa Oportunidades desde 2001, aunque en realidad a partir de las últimas tres décadas se tomó conciencia de dar un cambio en la estrategia de desarrollo del país, donde el Estado reduzca su participación en la vida económica para concentrarse más en funciones de redistribución.
La realidad es que los desafíos no trascendidos se siguen expresando en desigualdad entre personas y entre regiones, en cuanto a igualdad de oportunidades; un importante segmento de la población continúa viviendo en condiciones de inaccesibilidad a sus derechos elementales, como la alimentación.
En esta ley no es posible identificar la relevancia de la articulación de acciones de desarrollo social de los diversos órdenes de gobierno y de promover un criterio de equidad que dé atención prioritaria a los grupos más vulnerables de la población.
Sin una política social de Estado, resulta difícil plantearse la plena vigencia de los derechos sociales que, además, erradique tratos discriminatorios.
El concepto generalizado en materia de desarrollo social opera como una vertiente de la Ley General de Planeación, sin una desagregación sectorial que posibilite llegar a esos sectores históricamente desprovistos de un marco básico de derechos económicos, sociales y culturales, como marcan criterios mínimos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para todos los países miembros.
Más allá de la sola mención del principio de no discriminación, contenido en la fracción VII del artículo 3o. de la presente ley, es decir, estableciendo simplemente un párrafo de buenas intenciones, sin peso alguno, para el diseño e implantación de programas sociales incluyentes, dirigidos a mejorar las condiciones de inaccesibilidad de derechos y oportunidades de los grupos sociales vulnerabilizados.
Dicha ley, además, carece de un esquema vinculatorio con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación porque, como han expresado diversos constitucionalistas, como el doctor Miguel Carbonell, contribuyendo a que la Ley General de Desarrollo Social no refleje derechos sino sólo visiones asistencialistas, programáticas y procesos de burocratización.
Tampoco se definen los "criterios de equidad" para la asignación de los recursos del gasto social, que marca el artículo 5o. respecto a los "grupos sociales en situación de vulnerabilidad", lo cual no es sólo difuso sino que queda al libre arbitrio de los servidores públicos su delimitación.
Se ignoran insumos importantes de diferente enfoque, como los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación que la Sedesol presentó desde junio de 2005; o el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas publicó en 2003 y sus respectivas actualizaciones en este año.
La política de desarrollo social no está cumpliendo los estándares mínimos, que dice cubrir en sus informes como Estado parte en los compromisos internacionales asumidos en la materia.
Siendo conscientes de la calidad de México como país integrante del Consejo de Derechos Humanos en la ONU y tomando como eje los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados desde 2000, se tendrían que redefinir las vías institucionales y no pasar por alto los vacíos jurídicos que la Ley General de Desarrollo Social tiene, si lo que se pretende es subsanar los rezagos de carácter estructural mencionados.
Por otro lado, el ejercicio del gasto social por regiones y su correspondiente Fondo Social de Contingencia no pueden estar desvinculados de una visión de progreso social integral porque, incomode o no, constituye una práctica discriminatoria institucionalizada.
Asimismo, los estudios sobre mejores prácticas legislativas en materia social han dejado claro que la asistencia social, formada por la asistencia pública y la privada, no debe englobarse en cuerpos normativos de desarrollo social, ya que constituye un área del desarrollo con instancias y mecanismos propios.
Esta apreciación notoria en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, Promoción Humana y Desarrollo Social de Oaxaca contrasta con la existencia de sólo ocho estados de la república que disponen de leyes específicas de desarrollo social.
De ahí la relevancia de desprender la visión asistencialista de la Ley General de Desarrollo Social, en especial porque históricamente esta área ha sido usada como fuente ilegítima para el financiamiento de campañas electorales. Tal situación ha hecho creciente la demanda de transparencia y la rendición de cuentas desde la ciudadanía, a través de los mecanismos de blindaje de programas sociales. Es decir, los alcances de la ley quedan finalmente supeditados a una cuestión de ética en el desempeño de la función pública.
Asimismo, la federación tiene que mantenerse como la responsable de que los pisos básicos de servicios sociales sean iguales en calidad en todo el país, por eso el imperativo de fijar criterios claros y equilibrados desde la ley misma, para aminorar los efectos de asimetrías por entidad a partir de las diferentes ofertas sociales, generadoras de problemáticas como la migración en búsqueda de mejores condiciones de desarrollo.
La visión debe abrirse en dos vías del desarrollo social, es decir, como medidas dirigidas al ejercicio progresivo de derechos sociales de la población, y también como medidas para superar problemáticas específicas de determinados grupos mediante la focalización, generalmente referida al combate de la pobreza.
Se considera una exigencia de primer orden incorporar representaciones institucionales en los consejos de desarrollo social y de evaluación de la política en la materia, que posibiliten coordinar acciones de equilibrio, que además integren a los grupos sociales excluidos actualmente, en condiciones equitativas al menos, de acceso al desarrollo social.
La perspectiva de desarrollo social debe operar en forma transversal a lo largo de toda la administración pública federal, y precisa de una base mínima de reconocimiento de derechos humanos, consignados en los dos pactos internacionales en la materia suscritos por México.
En ese entendido, de una corresponsabilidad real y efectiva con la ciudadanía, sustentada en un marco de actuación que dote de facultades para incidir en acciones que reflejen las demandas sociales, se pretende asegurar una perspectiva de inclusión social, que se describe a continuación y que forma parte del presente proyecto de decreto.
Se adiciona un párrafo al Título Cuarto, Capítulo V, artículo 58, referente al Consejo de Desarrollo Social, para que se integre también un consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para garantizar la focalización sectorial.
Asimismo, se agrega una fracción IV al artículo 82, a fin de articular el principio de no discriminación por sectores vulnerables en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En consecuencia, se propone a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social
Artículo Único. Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 58. Los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social. Se integrará también un consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para garantizar la focalización sectorial.
Artículo 82. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:
II. Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
III. Un secretario ejecutivo designado por el Ejecutivo federal; y
IV. Un representante del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Artículo Único. La presente reforma entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.
Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez
(rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
32 Y 83 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GARCÍA NORIEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
La diputada Guadalupe García Noriega, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, 71, fracción II; 72, 73, fracciones XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto con base a la siguiente
Exposición de Motivos
En octubre de 2007 entró en vigor la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), convirtiéndose en la primera ley general expedida por la actual legislatura del Congreso de la Unión.
La LGPAS surge de la reforma económica y productiva de la nación; busca la integridad y equidad del sector pesquero y acuícola, tanto público como privado. Entre los principales aportes de la LGPAS, con respecto a la Ley de Pesca de 1992, sobresalen una mejor vinculación institucional y delimitación de competencias en los 3 niveles de gobierno; una mayor planeación estratégica, robustecimiento y transparencia de las instituciones pesqueras; disposiciones más estrictas en términos de inspección y vigilancia; énfasis en la finalidad alimentaria de la pesca y la acuacultura, entre otros beneficios.
En función de la sobreexplotación que enfrentan actualmente las principales pesquerías del país, la LGPAS parte de que sólo con el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas se podrá asegurar su acceso a las generaciones venideras; por ello se reconoce la necesidad de la ordenación de la pesca y acuacultura y se les considera como actividades prioritarias para el desarrollo nacional.
Actualmente, 80 por ciento de las pesquerías marinas mundiales están sobreexplotadas o colapsadas;1 aún así, algunas pueden recuperarse y tener mejor producción si se aprovechan de forma sustentable.
La información actualizada en materia pesquera y acuícola es esencial para la sustentabilidad de las actividades del sector, ya que, por un lado, permite que los productores cuenten con información técnica suficiente y oportuna de los recursos, para que hagan un aprovechamiento eficiente de ellos. Por otro lado, la información actualizada advierte al sector de manera oportuna sobre las pesquerías que se encuentran en peligro de colapso. Esto último es sumamente importante, ya que las poblaciones de especies susceptibles, como la langosta, pueden colapsarse en tan sólo un año si no se manejan de manera adecuada.2
Otros ejemplos recientes de pesquerías amenazadas son el mero y el pulpo rojo, en Yucatán. En enero de 2008, el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) advirtió sobre el peligro de colapso en ambas.3 Es urgente aplicar medidas inmediatas, ya que en la región existen 885 permisos para pesca de mero y 761 para pesca de pulpo, en Yucatán, que seguirán realizando sus actividades sin conocimiento de esta situación, lo cual podría provocar daños permanentes en las pesquerías afectadas.
Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes de esta situación de emergencia en todo el país. Con la finalidad de frenar el colapso de la pesquería del pulpo rojo en Campeche, el Grupo Parlamentario del PVEM agendó, en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del 14 de febrero de 2008, una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por medio de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), y a la presidencia municipal de Champotón, Campeche, a realizar jornadas de inspección y vigilancia en los términos que marcan la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas relativas a la pesca; y en caso de detectar el uso de prácticas ilegales de pesca, aplicar las sanciones correspondientes con el objetivo de garantizar la protección del pulpo rojo, Octopus Maya, y evitar el colapso de la especie.
Esta misma labor de protección se requiere en la mayoría de las pesquerías del país, no solamente las de Campeche; para ello es necesario encontrar medidas de aplicación nacional.
Los ejemplos revisados anteriormente indican que es urgente contar con información actualizada constantemente, en materia de recursos pesqueros y acuícolas, para poder determinar a tiempo cuándo se encuentran en riesgo y cómo tomar medidas que eviten su colapso irreversible. Estos datos deben presentarse y actualizarse en la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.
Carta Nacional Pesquera (CNP)
Es un documento de consenso; contiene información sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros en aguas nacionales; es vinculante para las autoridades pesqueras. Se actualiza por medio de proyectos de investigación del Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca (Inapesca) y aportaciones de diversos sectores.
De acuerdo al informe de labores de 2007 de la Sagarpa,4 en 2006 fueron actualizadas 84 fichas de la CNP y para 2007 se contemplaba la actualización de 79, además de 4 fichas nuevas. Las versiones de la CNP disponibles para consulta, en la página electrónica de Conapesca,5 son actualmente:
Carta Nacional Acuícola (CNA)
Contiene los indicadores de cultivo por especie, desarrollos biotecnológicos y vocación de zonas de cultivo. A diferencia de la CNP, este instrumento es solamente informativo, no vinculante. En 2007 inició la elaboración de la CNA, pero aún no está disponible para consulta pública por Internet. Las fichas acuícolas se encuentran actualmente contenidas en la CNP.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 (PEF de 2008), este año se otorgó un presupuesto sin precedentes a la Sagarpa, el cual asciende a un total de 64 mil 447 millones 300 mil pesos. De esta cantidad, 232 millones fueron asignados al Inapesca como presupuesto de operación;6 es decir, un aumento de 12.5 millones de pesos, con respecto al monto otorgado al instituto en el PEF de 2007.
Los anexos del PEF de 2008 señalan que el Inapesca tiene la prioridad de vincularse con institutos y universidades que le permitan desarrollar investigaciones relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, incluida la elaboración de la CNP y la CNA.
A pesar de que el proceso de elaboración de ambas cartas involucra varias actividades (conformación de grupos de trabajo, convocatoria pública nacional, recopilación, organización de información, entre otros), la ampliación de recursos en el PEF de 2008 permitirá al Inapesca realizar sus funciones de manera más eficiente.
Aunque por ahora la CNA tiene carácter únicamente informativo, la acuacultura está creciendo a un ritmo anual de 5 por ciento y ocupa 40 por ciento del valor comercial total del sector acuícola-pesquero,7 por lo cual es necesario considerar, desde ahora, que la CNA tendrá, en un futuro cercano, el carácter vinculante.
Así pues, es necesario garantizar la actualización anual de la CNP y la CNA, ambas en forma integral. Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone establecer esta periodicidad en la LGPAS mediante la presente iniciativa.
Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 32 y 83 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Artículo Único. Se reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en los artículos 32, párrafo 2, y 83, párrafo 2, para quedar como sigue:
Artículo 32. …
La elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera estará a cargo del Inapesca, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas de la secretaría y las contribuciones del sector académico y productivo que deberán hacerse del conocimiento del Comité Asesor Técnico Científico del Inapesca. Las actualizaciones integrales de la Carta Nacional Pesquera deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales, sin que el total de la carta pierda su validez.
Artículo 83. ...
La secretaría aprobará y expedirá la Carta Nacional Acuícola y sus actualizaciones anuales, y las publicará en el Diario Oficial de la Federación. Podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales, sin que el total de la carta pierda su validez.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.
Notas
1. Myers, R. and B. Worm, 2003. Rapid worldwide depletion
of predatory fish communities. Nature 423: 280-283 (15-05-2003).
2. Brackground of the lobster fishery. Febrero
2008. En: www.lobsterconservation.com/thelobsterfishery.
3. Casanova, William. "El mero está a punto del
colapso", en Diario de Yucatán. 18-01-08. En: www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$4109060000$3730067&f=20080118.
4. Sagarpa. Informe de labores de 2007. En: www.sagarpa.gob.mx/infohome/pdf/labores_sagarpa.pdf.
5. Conapesca. Carta Nacional Pesquera. En: www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_carta_nacional_pesquera_.
6. Presupuesto de Egresos de la Federación de
2008. "Estrategia programática". Ramo 08: Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2008/temas/tomos/08/r08_ep.pdf.
7. Rosas, Francisco. "La acuacultura aumenta su valor
comercial 40%", en El Universal. 25-07-07. En: http://estadis.eluniversal.com.mx/finanzas/59063.html.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de marzo de 2008.
Diputado Guadalupe García Noriega (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VALDÉS CHÁVEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presenta a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se propone reformar los artículos 163, 245, 248 y adicionar un numeral al artículo 259 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre la representación de los partidos políticos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Grupo Parlamentario de Convergencia considera que la jornada electoral constituye, sin duda, la etapa crucial del proceso, pues es cuando ocurre la emisión del sufragio ciudadano, cuya preferencia determina la composición de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
El Instituto Federal Electoral, conforme al artículo 69, numerales 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), deberá regir todas sus actividades por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, siendo el órgano democrático que vigila, promueve y estimula la participación ciudadana en todos los aspectos de un proceso electoral, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Convergencia considera que la cuestión de los representantes partidarios ante los órganos electorales en todos sus niveles, es uno de los elementos esenciales para consolidar la certidumbre en los resultados de una elección, por lo que propone, por mi conducto, modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque la situación actual que guarda la normatividad para el registro de dichos representantes, pero sobre todo para sustituirlos, constituye un obstáculo para el cumplimiento puntual de los fines referidos.
Al observar los datos que proporciona el Instituto Federal Electoral sobre la jornada electoral del 2 de julio de 2006, documento recientemente publicado, sobre el registro y presencia de representantes de casilla de los partidos políticos y coaliciones, en las 130 mil 488 casillas aprobadas, se acreditaron 1 millón 240 mil 860 representantes propietarios y suplentes de partidos políticos, dentro del plazo establecido en el artículo 198, numeral 1, del ordenamiento federal electoral, de los cuales, sólo asistieron 393 mil 126 ciudadanos acreditados que avalaron con su firma las actas de la jornada respectiva, lo que representa el 31.68 por ciento del total de los acreditados.
La cobertura final por partido político, conforme
a la asistencia de sus representantes ante 130 mil 477 casillas instaladas
el 2 de julio de 2006 fue la siguiente:
Lo anterior significa que poco más de las dos terceras partes de los representantes acreditados originalmente no estuvieron en las casillas en que fueron registrados para cubrir la jornada electoral.
Es alarmante la ausencia de los representantes partidarios de las casillas, porque esa anomalía se tradujo en la falta de presencia de los partidos políticos y coaliciones, ante la ausencia del 68.32 por ciento del total de los representantes acreditados.
Ahí radica el objetivo esta iniciativa, modificar el procedimiento de acreditación y sustitución de los representantes de los partidos políticos ante mesa directiva de casilla, para dar mayor certidumbre y legitimidad a los resultados electorales, al permitir a los partidos políticos –como sucede en los otros ámbitos de representación electoral– la acreditación, el cambio y la sustitución en cualquier momento, inclusive durante los comicios, de los representantes ante la mesa directiva de casilla, que sea útil para unificar los criterios que se utilizan hasta hoy en el Cofipe, en el cual, respecto al Consejo General sí prevé, en su artículo 74, fracción décima, que los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes; al igual que en los consejos locales, distritales y municipales, conforme al artículo 126,numeral 3.
Aprobar las modificaciones específicas a los artículos señalados líneas arriba, y más concretamente al artículo 198, fracción I, beneficiaría directamente a todos los partidos políticos representados en esta soberanía, y, desde luego, garantizaría la participación democrática de los ciudadanos.
Por ello, Convergencia propone esencialmente que los representantes partidistas de casilla, siguiendo el espíritu respecto del Consejo General, así como de los consejos locales, distritales y municipales, puedan ser sustituidos inclusive durante la jornada electoral.
Estas modificaciones benefician a todos los partidos políticos con problema de falta de representación en determinadas casillas por la ausencia o inasistencia de los ciudadanos acreditados con anterioridad conforme a los plazos que exige actualmente la ley electoral, lo cual nos impulsa a proponer a esta soberanía que resolvamos ese problema que afecta la credibilidad.
Con la reforma propuesta se evitarán conflictos postelectorales y crearán mejores condiciones para la credibilidad en los resultados y la organización de los procesos por parte del Instituto Federal Electoral, en la búsqueda de mayor certeza y equidad para los partidos políticos y candidatos contendientes. Alcanzaremos así resultados verificables, fidedignos y confiables, que nos permitan eliminar prácticas inadecuadas.
La presencia efectiva de los representantes partidarios acreditados y su sustitución evitará violaciones o irregularidades que demeriten la credibilidad de los procesos electorales. Ampliar los plazos y modificar las condiciones de su acreditación, inclusive el día de la jornada electoral, beneficiará a todos los partidos políticos.
En este mismo sentido, es importante también considerar la modificación del artículo 163 del Cofipe, que a la letra dice: "Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante", toda vez que la aplicación de éste deja en estado de indefensión total a los partidos políticos, al no contar con un representante que defienda los intereses de sus candidatos en el órgano electoral en donde estuviese acreditado.
Por ello, se propone que al faltar el representante de un partido político ante el consejo que se trate, se requiera al partido político a sustituirlo, sin que por estas inasistencias deje entonces de formar parte del mismo durante el proceso electoral.
Por lo tanto debe darse el derecho de que los partidos políticos puedan sustituir a sus representantes en cualquier momento, inclusive durante el desarrollo de la jornada electoral.
La perfectibilidad de nuestros procesos democráticos exige tolerancia. Allanar todos los obstáculos a los ciudadanos para su participación, es uno de los deberes primordiales de los legisladores.
Es indispensable proporcionar los medios que sirvan para encauzar la eficiencia de nuestro sistema electoral. Por eso mismo consideramos que es un deber impostergable de las diputadas y de los diputados de esta honorable Cámara dar respuesta positiva a esta iniciativa de reformas para dar auténtica certeza al cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral, por lo cual me permito someter a esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 163, 245, 248 y adiciona un numeral al 259 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Único. Se reforman y adicionan los artículos 163, 245, 248 y 258 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 163
2. …
3. …
2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales, los cuales podrán ser sustituidos en cualquier momento, inclusive durante el desarrollo de la jornada electoral.
3. …
4. …
1. …
Se añade el numeral 8
8. Recibir en cualquier momento del desarrollo de la jornada electoral la sustitución de los representantes que los partidos políticos acrediten, tomando solamente como válido el último nombramiento recibido.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se emita un exhorto a las legislaturas locales con el fin de que a la mayor brevedad modifiquen las condiciones de los representantes políticos, teniendo como base la presente iniciativa de ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.
Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
1, 2, 6, 7, 8 Y 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA,
A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado federal por el distrito 2 de Ahome, Los Mochis, de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Durante años la tortura en México ha sido un tema crucial de difícil combate, las reformas legales contra la tortura no han sido suficientes para lograr erradicar esa deshumanizante práctica.
El gobierno ha respondido con medidas aisladas a los sucesivos casos que sobre tortura existen, tratando a cada uno como un hecho ilícito independiente, en lugar de examinar esta práctica como síntoma de un momento crónico, al no abordar la causa principal del problema México ha permitido que persista este fenómeno sin un efectivo control de las autoridades.
En su mayoría, los casos de tortura no son atendidos, investigados, ni estudiados de manera correcta por parte de la autoridad competente para ello, lo que ocasiona la difícil comprobación de dicho ilícito, perjudicando a las víctimas que sufren la tormenta de una tortura.
La tortura practicada por autoridades policíacas e investigadores del Ministerio Público para obtener confesiones, pruebas y pistas para obtener otros testimonios debe ser un problema que se tiene que combatir de manera urgente. México no ha ignorado totalmente el problema. A principios de los años noventa, el Congreso aprobó varias reformas legales contra la tortura que en la práctica no han podido tener efectos positivos.
La Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991 ha sido creada para sancionar a este ilícito; sin embargo, no establece medidas contundentes y eficaces para erradicar el problema, por lo que en el presente proyecto de decreto se propone reformar varias disposiciones a esta ley especial.
Con base en la difícil tarea de comprobar que una persona ha sido torturada tanto física como psicológicamente por los métodos tan sofisticados que se utilizan para no dejar huella, se propone que la en la ley se establezca la obligación de aplicar en todos los casos de denuncias del delito de tortura en todos los estados de la república sin excepción alguna, las normas establecidas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o Protocolo de Estambul, sin perjuicio de emplear otros métodos e instrumentos tanto nacionales como internacionales que favorezcan y sirvan para la comprobación de tal ilícito en juicio.
El Protocolo de Estambul, presentado a la alta comisionada de las Naciones Unidas el 9 de agosto de 1999, es un dictamen médico psicológico considerado como una de las herramientas más eficaces para investigar, detectar y documentar casos de tortura, el cual fue creado en Estambul, Turquía, mediante una reunión de especialistas en la materia, por lo que las directrices que lo conforman están reflejados en la Organización de las Naciones Unidas. El manual es reconocido como un estándar internacional que permite ser veraz en el análisis de la tortura física o psicológica, ofrece parámetros médicos y también orientación para realizar la investigación de probables casos de crueldad ejercida por el Estado.
El instrumento internacional en comento ofrece seguridad jurídica tanto a la víctima como a los servidores públicos, a los primeros, garantizándoles el resultado de las investigaciones y en consecuencia la persecución del delito cometido en su contra por la legislación mexicana, sancionando al infractor y reparándole en su caso el daño causado conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y al segundo, evitando el abuso de denuncias en su contra por la supuesta comisión del ilícito sin que éste se haya realizado. Por tanto, este mecanismo permite demostrar si el servidor público ajustó su actuación conforme a derecho o si ha torturado a persona alguna.
Con la finalidad de prevenir y erradicar los actos de tortura en nuestro país, se han implementado cursos-taller en algunos estados de la república como Campeche, en el penal de Islas Marías, así como en otras entidades, a fin de que el Protocolo de Estambul sea utilizado por la autoridad para comprobar las prácticas de tortura, sin embargo, no en todos las entidades se conoce y utiliza dicho protocolo para investigar y documentar de manea efectiva los casos en que una persona ha sido sometida a este tipo de actuaciones.
La Procuraduría General de la República ha implantado las reglas del Protocolo de Estambul, pero es aplicado para algunos casos únicamente (caso Nahum Acosta, en 2004), sin que se generalice su utilización para todo tipo de denuncias, por lo que para evitar la actuación discrecional de la autoridad se propone que por ley sea de aplicación obligatoria en todos los estados de la república y para todos los casos denunciados.
De igual forma, se propone que la autoridad competente de oficio, de manera inmediata y gratuita, otorgue copia del dictamen derivado de la aplicación del Protocolo de Estambul, así como de certificados médicos, a personas detenidas, que sean examinadas por los médicos legistas.
Con la finalidad de que exista coherencia en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se pretende la modificación de su artículo primer, para agregar que como objeto de ésta, además de lo que en el texto actual se contempla, también se considere el establecimiento de elementos que comprueben el delito de tortura, y ello se ha de lograr a través de la aplicación del multicitado Protocolo de Estambul, pues no basta con que se diga que se previene y sanciona cuando no existen instrumentos eficaces para comprobarla y en consecuencia castigarla.
Con motivo del combate al crimen organizado se han implantado operativos y diversas medidas urgentes que en múltiples ocasiones violentan la dignidad física y psicológica de las personas que son detenidas o presuntos indiciados, torturándolos para obtener resultado en las investigaciones, pero ello, no debe ser motivo para que la autoridad y los cuerpos policíacos actúen de manera contraria a derecho y al respeto de los derechos humanos de los inculpados y en general de toda persona que sea presunta implicada en un ilícito.
Con base en lo anterior, proponemos mediante el presente proyecto de decreto se agregue en el artículo sexto de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura que no se consideren como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura además de las contempladas en el texto actual, el combate al crimen organizado o cualquier otra circunstancia análoga que ponga en peligro la dignidad física o psicológica de las personas.
El Estado, por su parte, está obligado a investigar todos los alegatos de tortura de manera pronta, efectiva e imparcial, y garantizar el exámen de un médico independiente en todos los casos, evitando con ello que los resultados analizados por los médicos legistas dependientes del Estado, minimicen las lesiones y daños causados.
En el artículo octavo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se establece que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba, sin embargo, existen severas dificultades y falta de mecanismos efectivos para que los agraviados puedan reunir los elementos mínimos para documentar y comprobar que han sido torturados por los métodos tan sofisticados que se utilizan para no dejar huella, por ello y ante la difícil situación en la comprobación de tal ilícito, reitero mi intención de que se aplique el Protocolo de Estambul en todos los casos denunciados por la comisión del delito de tortura, y se tome como elemento fundamental para su comprobación, aquellos casos en los que la detención o traslado de las personas se prolonguen por causas injustificadas.
Motivado de lo anterior, las policías tendrán la carga de la prueba debiendo demostrar el motivo por el cual, no se puso al detenido de manera inmediata a la disposición de la autoridad competente.
Lo que México necesita para superar el problema de la tortura es una reforma integral que impida el uso de confesiones obtenidas bajo coacción en los juicios, tanto en la teoría como en la práctica. Y esto es precisamente a través de una serie de modificaciones que se pretenden en el presente proyecto de decreto en colateral con las reformas al artículo 20 de la Constitución General de la República aprobadas por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el pasado 26 de febrero del año en curso referentes al sistema judicial en materia penal, pues la más importante de estas disposiciones es la que suprime el valor probatorio a todas las confesiones que no se realicen directamente ante un juez. Este requisito elimina, prácticamente, el principal incentivo para que los policías e investigadores torturen a los detenidos, es decir, la posibilidad de que una confesión forzada se utilice para condenar a la víctima, junto con otra disposición que exige que los jueces estén presentes en todas las audiencias judiciales.
Por ello, proponemos en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que no tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante autoridad policíaca, ni la rendida ante el Ministerio Público. Tampoco la rendida ante autoridad judicial o desahogada en juicio sin la asistencia del defensor, y, en su caso, del traductor. Lo anterior, de conformidad con los principios generales establecidos en el apartado A, del artículo 20 de la Constitución General de la República.
En conclusión, el dictamen de aplicación del Protocolo de Estambul, ya no puede dejarse a la aplicación discrecional de la autoridad, así como tampoco a la espera de ser solicitado por un detenido que denuncie tortura, puesto que la amenaza impedirá que la víctima lo solicite, por lo que de oficio debe seguirse este ilícito tan denigrante para la sociedad y los propios derechos humanos.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
Artículo Primero. Se reforma el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la prevención, el establecimiento de elementos que comprueben el delito de tortura, así como la sanción de la misma y se aplicará en todo el territorio nacional en materia de fuero federal y en el Distrito Federal en materia de fuero común.
Para efectos de la comprobación del delito de tortura tanto en materia federal como en materia de fuero común en todas las entidades federativas de la república, se atenderá a lo establecido en la fracción V del artículo segundo de la presente ley.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:
Artículo 2. Los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:
V. La aplicación para los casos de denuncias del delito de tortura en todos los estados de la república sin excepción alguna, de las normas establecidas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o Protocolo de Estambul, sin perjuicio de emplear otros métodos e instrumentos tanto nacionales como internacionales que favorezcan y sirvan para la comprobación de tal ilícito en juicio.
VI. Proporcionar de oficio, de manera inmediata y gratuita, copia del dictamen derivado de la aplicación del Protocolo de Estambul, así como de certificado médicos, a personas detenidas, que sean examinadas por los médicos legistas.
Artículo 6. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones, combate al crimen organizado o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.
Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:
Artículo 7. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, por un facultativo de su elección. El Estado está obligado a investigar todos los alegatos de tortura de manera pronta, efectiva e imparcial, y garantizar el exámen de un médico independiente en todos los casos.
El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente.
La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.
Artículo Quinto. Se reforma el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:
Artículo 8. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba.
Cuando exista dificultad para certificar los casos de tortura, debe considerarse como elemento fundamental para su comprobación, aquellos casos en los que la detención o traslado de las personas se prolonguen por causas injustificadas. Las policías tendrán la carga de la prueba debiendo demostrar el motivo por el cual, no se puso al detenido de manera inmediata a la disposición de la autoridad competente.
Artículo Sexto. Se reforma el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:
Artículo 9. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante autoridad policíaca, ni la rendida ante el Ministerio Público. Tampoco la rendida ante autoridad judicial o desahogada en juicio sin la asistencia del defensor, y, en su caso, del traductor. Lo anterior, de conformidad con los principios generales establecidos en el apartado A, del artículo 20 de la Constitución General de la República.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.
Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para el desarrollo integral y sustentable de la Sierra Nororiental de Puebla.
Exposición de Motivos
El desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar las comunidades, acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales, de tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se vigorice la gestión del Estado y de los municipios y, al mismo tiempo, se garanticen a las próximas generaciones, por lo menos, las mismas bases para su progreso.
En la coyuntura actual, que se distingue por la alternancia y, a la vez, por un renovado pluralismo político en los estados y los municipios, la promoción del desarrollo regional y la planeación de los programas y las obras de los tres órdenes de gobierno asumen un papel de enorme trascendencia.
Ciertamente, para hacer concurrir las visiones, los afanes y, desde luego, los recursos de los tres órdenes de gobierno hará falta, antes que nada, voluntad política, pero también instrumentos que faciliten los acuerdos que permitan un despliegue eficaz e incluyente de los programas de gobierno. Por ello se propone que en el marco del sistema de planeación se promueva la ejecución de programas para el desarrollo integral e incluyente de las regiones prioritarias.
México enfrenta un enorme reto para erradicar la situación de pobreza y marginación de una parte importante de su población. De los aproximadamente 104 millones de habitantes que tiene el país, más de 50 por ciento se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En el sector rural, la proporción de la población humilde es mayoritaria, pues según las mediciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los cerca de 26 millones de habitantes rurales, 70 por ciento carece de ingreso suficiente para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, salud, educación y vestido, y 35 por ciento no recibe un ingreso que le permita pagar al menos sus gastos en alimentación, por lo que se encuentra en clara vulnerabilidad alimentaria.
Puebla se divide en siete regiones socioeconómicas. Esta distribución declinó por razones de planeación y por ser unidades de desarrollo más homogéneas y con alto grado de identidad histórica.
La región II comprende la Sierra Nororiental de Puebla, que tiene marcados contrastes sociales y agudos desequilibrios en la distribución e intensidad de las diferentes actividades productivas. Se requiere, en consecuencia, la aplicación de medidas urgentes que permitan dar una salida adecuada a las tensiones y conflictos que se gestan en su seno, como consecuencia de la carencia de bienes, servicios, satisfactores básicos y –sobre todo– de empleo e ingreso. Pero la región cuenta también con infraestructura y, principalmente, con recursos humanos y naturales, que la dotan de gran potencial para su desarrollo.
1. Antecedentes
El 20 de enero de 2004 se publicó el decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social. El artículo 29 establece que se consideran zonas de atención prioritaria las regiones cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de marcadas insuficiencias y rezagos. Asimismo, señala en el artículo 30 que la Cámara de Diputados hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tal declaratoria no se ha realizado, toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local.
Así, el gobierno de Puebla incluyó en el Plan Estatal de Desarrollo 2004 -2010 estrategias específicas para el desarrollo de las regiones de la entidad, particularmente de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca, y Tehuacán y Sierra Negra, que son las zonas de atención prioritaria por su mayor grado de marginación.
Precisamente el presidente Felipe Calderón presentó la estrategia 100 por 100, para los 100 municipios más marginados del país. El programa incluye 9 de Puebla, de los cuales 1 es de la Sierra Nororiental, Hueytlalpan.
Si bien es positivo por su inmediatez y focalización, este programa resulta insuficiente porque no ataca de manera integral los problemas estructurales que tienen que ver, además de la pobreza, con la producción, el empleo y el ambiente.
La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de microrregión y el de zona de atención prioritaria estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal o sectorial (ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, etcétera) con las potencialidades y los obstáculos para el desarrollo de cada zona o región.
Por todo ello, y ante la exigencia social de la población de los distritos que representamos, presentamos este primer punto de acuerdo, que habrá de extenderse al resto de las regiones de Puebla, a la vez que pugnaremos por el ejercicio pleno de la facultad que otorga a esta soberanía el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo social.
2. Breve diagnóstico
La región de la Sierra Nororiental poblana limita al norte y al este con Veracruz, al sur con la región Valle Serdán, y al oeste con la región Sierra Norte del de Puebla. La región agrupa 28 municipios y abarca en su conjunto una superficie de 2 mil 641 kilómetros cuadrados.
Se sitúa en las cuencas de la región hidrológica (RH-27) Tuxpan-Nautla, según la clasificación hecha por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es la zona más lluviosa del estado, pues registra precipitaciones de entre mil 500 y 3 mil mm al año. La población de Cuetzalan es la de mayor precipitación (4 mil-6 mil mm). Hay un escurrimiento anual aproximado de 6 mil 97 Hm3, lo que representa 60 por ciento del escurrimiento virgen de todo el estado, y del cual 4 mil 333 Hm3 fluyen hacia Veracruz.
Esta región, la segunda en importancia en el estado, cuenta con más de mil 593 localidades, distribuidas en 35 municipios, con una población total de 628 mil 962 habitantes, de los que corresponde 51.7 por ciento a mujeres y 48.2 por ciento a hombres; representan 11.6 por ciento de la población absoluta en el estado, que tiene un total de 5 millones 383 mil 133. De 2000 a 2005 se observó un incremento marginal en la región, pero con la tendencia en los últimos 30 años de ser la tercera región con mayor crecimiento de población rural y urbana.
Sierra Nororiental
Población total
2000 2005
Acateno 9 mil 199 8 mil 419
Atempan 18 mil 565 22 mil 150
Ayotoxco de Guerrero 2 mil 761
3 mil 39
Caxhuacan 7 mil 04 7 mil 883
Cuetzalan del Progreso 3 mil 931
3 mil 814
Chignautla 21 mil 571 26 mil
87
Huehuetla 45 mil 10 45 mil 781
Hueyapan 16 mil 130 15 mil 616
Hueytamalco 10 mil 206 11 mil
105
Hueytlalpan 28 mil 345 26 mil
115
Huitzilan de Serdán 5 mil 465
4 mil 661
Atlequizayan 11 mil 670 12 mil
88
Ixtepec 6 mil 589 6 mil 745
Jonotla 4 mil 942 4 mil 678
Nauzontla 3 mil 617 3 mil 443
Tenampulco 7 mil 60 6 mil 721
Teteles de Ávila Castillo 5 mil 556
5 mil 548
Teziutlán 81 mil 156 88
mil 970
Tlatlauquitepec 47 mil 106 47
mil 151
Tuzamapan de Galeana 6 mil 176
5 mil 857
Xiutetelco 30 mil 426 34 mil
575
Xochitlán de Vicente Suárez 11 mil 760
11 mil 744
Yaonáhuac 6 mil 649 7
mil 152
Zacapoaxtla 49 mil 242 50 mil
447
Zapotitlán de Méndez 5 mil 267
5 mil 178
Zaragoza 13 mil 810 14 mil 452
Zautla 19 mil 447 18 mil 567
Zoquiapan 2 mil 949 2 mil 625
En la región se destacan por su dimensión poblacional y económica Teziutlán, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Huehuetla.
La población aumentó de 482 mil 309 habitantes en 2000 a 500 mil 611 en 2005, lo cual significa que se incrementó con 183 mil 20 habitantes.
En la zona hay 16 municipios clasificados como indígenas, donde se asientan dos etnias: la nahua y la totonaca (Masferrer, 2003). Esta población indígena presenta rezagos importantes en educación, salud y vivienda: el analfabetismo en las localidades que la forman es de 42 por ciento, mientras que la media estatal es de 16.6 por ciento; las comunidades indígenas sólo cuentan con 42 médicos por cada 100 mil habitantes, o sea, menos de la mitad del promedio estatal, y 57.8 por ciento de las viviendas de estas comunidades no cuenta con agua entubada ni con drenaje.
Sierra Nororiental
Población total
2000 2005
482 mil 309 500 mil 611
Se destaca que 75 por ciento de las localidades tiene una población menor de 530 habitantes. Éstas se encuentran concentradas en la parte noroeste y, con menos intensidad, en la zona suroeste de la región (esta última presenta un número menor de localidades con más de 500 habitantes). En sentido opuesto, las localidades con mayor número de habitantes se localizan cerca de alguna cabecera municipal de importancia, como Teziutlán, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec. Las localidades con mayor número de población se encuentran sobre, o cerca de, la carretera federal Puebla-Teziutlán y la interserrana. Por tanto, podría establecerse una relación entre el tamaño de la población y los accesos a vías de comunicación y centros urbanos.
Pese a este esfuerzo, la cobertura de servicios básicos es reducida, con relación a las demás regiones del estado. Enseguida se observa la cobertura de los servicios básicos en las viviendas particulares habitadas, como piso de tierra, energía eléctrica, drenaje, agua entubada y sanitarios:
Sierra Nororiental
Viviendas particulares habitadas
2000 2005
Total 93 mil 828 106 mil 721
Piso de tierra 39 mil 768 25
mil 606
Sanitario 76 mil 883 95 mil 906
Agua entubada 65 mil 984 84 mil
550
Drenaje 43 mil 322 68 mil 402
Electrificación 82 mil 283
99 mil 82
En materia de salud, se cuenta con aproximadamente 300 médicos generales. La población total derechohabiente para 2000 era de 75 mil 535 y para 2005 ascendió a 181 mil 550. Si bien es considerable el avance obtenido, resulta insuficiente a la luz de dos factores: el tamaño de su población, que se considera de las más grandes del estado de Puebla; y el insuficiente número de médicos para la atención del total de la población.
La suma de estos elementos ha hecho que más de dos tercios de la población de sus municipios califiquen con grados de marginación alto y muy alto.
Aun cuando un porcentaje importante de la población vive en condiciones de marginación distintas de la señalada, es importante mencionar que persisten situaciones de polarización social en estos municipios. Sin embargo, ha decrecido el analfabetismo en la región, pero aún no es suficiente para poder integrar al desarrollo económico a la comunidad restante.
Sierra Nororiental
Población de 15 años y más
2000 2005
Total 284 mil 687 316 mil 422
Alfabetizada 219 mil 798 254
mil 240
Analfabeta 64 mil 645 61 mil
920
No especifica 244 262
La población económicamente activa en la Sierra Nororiental representa alrededor de 50 por ciento. La infraestructura carretera ayuda al mayor flujo de trabajadores de una localidad a otra o incluso a otros municipios. Además, las mayores concentraciones de población activa se encuentran en las zonas cercanas a las ciudades más importantes de la región, como Teziutlán, Tlatlauquitepec y Cuetzalan, donde la mayor diversificación de la base económica hace posible que las personas mayores de 12 años se empleen relativamente con más facilidad que en otras zonas de la sierra.
En el otro extremo, la zona suroeste cuenta con el mayor número de localidades con porcentajes bajos de población económicamente activa, en municipios como Zautla, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, donde la poca diversificación de la base económica y el proceso migratorio podrían explicar los porcentajes bajos de sus localidades.
La región de la Sierra Nororiental de Puebla es eminentemente rural, de producción agrícola, donde es notorio el proceso de deterioro del ambiente; ejemplo de ello es el saqueo de los recursos forestales. Ante esa situación, es imprescindible impulsar un proyecto de investigación para elaborar un diagnóstico, donde la búsqueda del beneficio regional sea articulada con una participación social intensa.
La mencionada marginación, de carácter secular, que ocurre en esta región afecta gran número de pueblos, lo que tiene como consecuencia un grave atraso en el desarrollo. Esta situación de alta incidencia de la pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y alimentación, que sintetizan las precarias condiciones de vida de la población, aunada a las limitadas expectativas de alcanzar mejores niveles de bienestar, obligan al abandono de las tierras y a optar por la migración.
Sierra Nororiental
Población migrante de cinco años y más
2000 2005
Total 411 mil 545 438 mil 30
Residente en la entidad 399 mil 549
430 mil 155
Residente en otra entidad 10 mil 534
6 mil 431
Residente en otro país 157
241
Otros factores contribuyen a inducir la migración, como
• Estructuras de precios que lesionan la economía
de los productores.
• Ingresos limitados e insuficientes para el sustento
de las unidades familiares.
En fin, los problemas sociales y productivos de naturaleza estructural reclaman la urgente coordinación de los tres órdenes de gobierno y una estrategia integral capaz de remover los obstáculos que impiden el bienestar generalizado y perdurable de la región.
Por lo anterior, y en uso de las facultades que nos confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Puebla a incluir en el ejercicio de los programas propios y los concurrentes las siguientes obras y programas prioritarios:
Segundo. Que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal, del estado y de los 28 municipios de la región, realice el foro para el desarrollo integral y sustentable de la Sierra Nororiental de Puebla, a más tardar en la segunda quincena de mayo, con sede en Teziutlán y Zacapoaxtla, Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.
Diputados: Wenceslao Herrera Coyac, Alberto Amador
Leal (rúbricas).