• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

• De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, y General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de los Códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal Federal.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Halcón, en grado de Estrella de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Halcón, en grado de Cruz de Comendador con Estrella, que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Araceli López Vázquez y Santiago Ballina García para prestar servicios en las Embajadas de las Repúblicas de Bulgaria y de Japón en México, respectivamente.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Yazmín Yamel Donlucas Badillo, Óscar Antonio Aguirre Meza, André Caire Contreras y Vanessa Lizeth Vázquez López para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

• De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional, con punto de acuerdo relativo a la instalación de astas monumentales en los estados de la república.

• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a efecto de que el Canal 22 amplíe el número de horas dedicadas a la transmisión de programas que fomenten el cuidado del ambiente.

• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a la implantación de acciones preventivas en el estado de Chihuahua por las bajas temperaturas.

• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a la realización de actos solemnes cada 30 de septiembre en memoria de don José María Morelos y Pavón.

• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos al refuerzo del programa Paisano.

• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos al fortalecimiento del Programa de Apoyo Económico a los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a los programas por implantar en la temporada de huracanes.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar la norma oficial mexicana de emergencia de avistamiento de tiburón ballena y los manuales de observación.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar y corregir con la mayor brevedad los indicadores de desempeño de los programas para el ejercicio presupuestal de 2008.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al ayuntamiento de Manzanillo, al gobernador de Colima, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, y demás entidades federativas involucradas a respetar las disposiciones para cumplir el programa de ordenamiento ecológico-territorial de la subcuenca de la laguna Cuyutlán.

• De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se desechan cincuenta y cinco iniciativas de la LIX Legislatura que reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, abrogado por el nuevo Cofipe, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se desechan treinta y seis iniciativas de la LX Legislatura que reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, abrogado por el nuevo Cofipe, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas señalas en el título de este dictamen.

La comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 fracción XII y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el viernes 14 de diciembre de 2006, los Secretarios dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y el Código de Comercio, que sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión el diputado José Gildardo Guerrero Torres del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; asimismo con fecha jueves 22 de febrero del 2007, los Secretarios dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambas iniciativas sometidas en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite en ambos casos "túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. Mediante oficio CE/0044/06, de fecha viernes 14 de diciembre de 2006, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de la iniciativa presentada por el diputado José Gildardo Guerrero Torres del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y, de la misma manera, mediante oficio CE/281/07, de fecha jueves 22 de febrero de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de la iniciativa presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cuarto. Los legisladores proponen lo siguiente:

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y el Código de Comercio presentada por el diputado José Gildardo Guerrero Torres:

De acuerdo con los antecedentes indicados, la Comisión de Economía de la LX Legislatura, con las atribuciones antes señaladas, presenta a la consideración de esta soberanía el presente dictamen bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que es clara la necesidad del sistema jurídico de adecuarse a la actualidad económico-social del país por lo que en el sector económico específicamente el empresarial, cada vez se ve más rebasado el derecho vigente, no siendo adecuado ni suficiente para solucionar los conflictos y problemáticas que se suscitan así como las nuevas y complejas relaciones comerciales y actos de la misma índole, lo anterior se ve reflejado no sólo en un rezago del desarrollo de actividades económicas sino en materia jurídica mercantil.

Segunda. Que de acuerdo al lo establecido en el artículo 5o. de la Carta Magna se garantiza la libertad de trabajo, no manifestando restricciones más allá de la licitud, en cambio es obligación del Estado crear instrumentos jurídicos y adecuaciones normativas que agilicen, hagan más eficiente y más competitiva la economía, por lo que debe considerarse la modificación y adecuación del marco normativo que rige el ámbito societario-empresarial en México, buscando incentivar las actividades económicas, productivas o comerciales que pretendan desarrollar las personas en lo particular, con una simplificación de las normas y requisitos, que en muchas ocasiones entorpecen y limitan la actividad económica.

Tercera. Que el Código de Comercio en su artículo 3o. menciona a las personas que deberán reputarse en derecho "comerciantes", sujetándolas a la aplicación de las leyes mercantiles, es el caso además de la Ley de Concursos Mercantiles que en su artículo 4o. fracción II, refiere al Código de Comercio respecto de los comerciantes, por lo que brinda certeza jurídica respecto de ser sujetos de concurso mercantil de acuerdo a la naturaleza de sus actos.

Cuarta. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley Pyme) en su primer artículo dispone que su objeto sea "promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas…", fomentar el empleo, el bien estar social y económico, además su artículo 4o. fracción II inciso b), establece como objetivo la "creación de una cultura empresarial…" con lo que se refleja el compromiso de fortalecer a las empresas, incrementar el autoempleo evitando los trámites engorrosos y obstáculos al empresario emprendedor.

Quinta. Que uno de los principales objetivos de las personas jurídicas es constituir un centro de imputación de responsabilidades distinta de la o las personas que la conforman, por lo que el reconocimiento de la personalidad jurídica debería fundarse en la organización de la actividad misma, el objeto y naturaleza y no en la pluralidad de los sujetos que la conforman, por lo que el reconocimiento de la personalidad jurídica debería fundarse en la organización de la actividad, el objeto y naturaleza y no en la pluralidad de los sujetos que la conforman como se extrae de las paginas 263 a 324 del libro colectivo Responsabilidad y abuso en la Actuación Societaria dirigido por Ricardo A. Nissen y otros autores, de Editorial Ad Hoc, Buenos Aires 2002, específicamente de las reflexiones intituladas Personalidad Jurídica Inoponibilidad del doctor Efraín Hugo Richard de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, España.

Sexta. Que hablar de una sociedad de un solo miembro o persona parece plantear una contradictio in terminis; ya que el término sociedad hace referencia a la pluralidad de personas, así, el artículo 229 fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) señala como causa de disolución de las sociedades que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establece la propia ley, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, analógicamente es como hablar de comunidad o copropiedad con único comunero o propietario y como en dicha relación jurídica el artículo 976 del Código Civil señala que cuando "la consolidación o reunión de todas las cuotas en sólo copropietario" cesa la copropiedad convirtiéndose sólo en propiedad.

Séptima. Que no obstante lo anterior, la sociedad unimembre o unipersonal existe, funciona y es cada día más aceptada en el mundo; observando la esencia o naturaleza del negocio o actividad, la pluralidad cede debido a la necesidad de la realidad económica, por lo que el derecho se deberá ajustar a las exigencias de las nuevas prácticas comerciales entendiendo además que se podría tratar más bien, sólo de un problema terminológico y que podemos sobrevenirlo si atendemos al negocio y naturaleza jurídicos más que al concepto original, manteniendo sólo al vocablo para la regulación de las instituciones jurídicas y que es aplicable por el hecho de fijarse solamente en la técnica de organización y no por la naturaleza de la misma.

Octava. Que las figuras tradicionales de sociedades mercantiles hoy en día resultan cada vez más incipientes y limitantes para aplicarse a los cambios y necesidades que se desarrollan actualmente, lo que se ve reflejado en un retroceso no sólo jurídico sino económico en México, toda vez que no se incentiva y facilita la actividad empresarial, y que el fin económico del "socio" muchas de las veces no es sino utilizar la figura de la persona moral, con un patrimonio separado y con la posibilidad de negociarlo o utilizarlo para emprender actividades y tareas que le estarían vedadas en lo personal, atendiendo a la teoría del patrimonio de afectación, se puede entender que cada patrimonio es producto de actividades distintas y por ende esta cada uno destinado a cumplir distintos objetivos, además también se esta a la necesidad de certeza patrimonial, evitando el riesgo de todo su patrimonio, por lo que se ve en la necesidad de coincidir con la figura societaria, llegando a encuadrarse en el supuesto del negocio indirecto, que no es más que una simulación de los requisitos de ley.

Novena. Que la exigencia de pluralidad y obligación mutua a que constriñe el artículo 2688 del Código Civil por lo que hace al contrato social de las sociedades mercantiles, se ve contrariada por la propuesta de una sociedad o empresa unipersonal o unimembre, sin embargo esta figura jurídica hoy en día es una realidad cada vez más aplicable a las necesidades económico-sociales sustentable de manera estatutaria, y defendible a partir de diversas opiniones como es la del estudioso de la materia Tulio Ascarelli¹ quien pretendió explicar y justificar su existencia a través del negocio indirecto, o sea la utilización y aplicación de la legislación para que cumpla simplemente los fines, lo que llevaba a la utilización de testaferros, prestanombres, y siendo únicamente el obligado el "socio real o único".

Décima. Que la reciente legislación sobre sociedades en países de tradiciones jurídicas innovadoras como Italia, Francia, Argentina, Brasil, Suecia, Chile, admiten las sociedades o empresas unipersonales ejemplo de lo anterior, encontramos la sociedad de fundación unipersonal en Alemania, sociedad de responsabilidad limitada unipersonal en Italia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica y Luxemburgo, así como la empresa unipersonal en Colombia, liberando obstáculos jurídicos aplicados por la costumbre y doctrina, permitiendo una mayor inversión e incentivación a los negocios jurídicos comerciales, incrementando el autoempleo, el desarrollo económico y tecnológico.

Undécima. Que en el caso de legislaciones de países latinoamericanos, más cercanos a la realidad económica, se han aceptado alternativas similares, como es el caso de la empresa individual con limitación de responsabilidad, por ejemplo Chile con su ley 19.587, Paraguay con la Ley 1034 y Colombia a través de la Ley 222 que aceptan y permiten este tipo de sociedades mejor denominadas como empresas.

Duodécima. Que al respecto la legislación ha tenido claras intenciones de ir minimizando el número de socios requeridos para la conformación de una sociedad mercantil, en éste sentido encontramos que en el anteproyecto del nuevo Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos de 1947², se suprimía la exigencia de un número mínimo de socios, lo cual implícitamente permitía las sociedades de un solo socio, posteriormente en otros anteproyectos se sostenía la misma postura de tal forma que se reformaron los preceptos que establecían la disolución de la sociedad por quedar ésta a manos de un solo socio, además en 1992 la Ley General de Sociedades Mercantiles sufrió una reforma a su artículo 89, de tal forma que para efectos de constituir una sociedad mercantil ya no se requiera de 5 socios si no de 2, lo que permite ver que la tendencia de acuerdo a las necesidades es disminuir el requisito de un mínimo de dos socios.

Decimotercera. Que el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo define a la empresa como "la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios…", o que sea considerado un acto de comercio como se interpreta del artículo 75 del Código de Comercio o como un negocio atendiendo a la naturaleza del mismo como se desprende de la interpretación de los usos dados al término en artículos como el 309 del mismo ordenamiento.

Decimocuarta. Que respecto del término "empresa", algunos autores señalan que:

Adalberto Chiavenato, la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos"³, y refiere que "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social"⁴.

Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, en su libro Hacer Empresa: Un Reto, consideran que a la empresa se le puede considerar como "un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y o distribución de bienes y o servicios, enmarcados en un objeto social determinado"⁵.

Así una organización social es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas y en el que cada miembro cumple una determinada función para lograr los objetivos fijados.

Decimoquinta. Que entonces una empresa es la institución, o agente económico que realiza el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o servicios, o ambos, buscando la obtención de utilidades, y con una unidad económica organizada en el mejor de sus casos mediante una organización u organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales, por lo que el empresario será la persona, personas u órgano individual o colegiado, socios, que aporten capital o sea el inversionista, y realicen por si o por representantes legales las funciones propias de la dirección, organización, planificación y control, pudiendo ser además el agente difusor del desarrollo económico. Así la empresa de propiedad colectiva es aquella cuyos propietarios, socios, son un número de personas que participan conjuntamente en los beneficios, para ello se observa la disociación entre la propiedad en manos de accionistas, socios, y los que controlan administrativamente, equipo directivo.

Decimosexta. Que los artículos 1, 5, 7 10, de la LGSM identifican y fundamentan los tipos de sociedades que se reconocen legalmente, asimismo regulan su forma de constitución, representación y personalidad jurídica, por lo que es necesario realizar el análisis y, en su caso, modificación o adecuación de estos preceptos legales, para hacer una correcta integración de la figura jurídica en estudio.

Decimoséptima. Que atendiendo al espíritu y objetivo principal de las dos iniciativas objeto del presente dictamen y habiendo analizado cada uno de los argumentos vertidos en sus exposiciones de motivos y consideraciones así como los elementos de los respectivos decretos, esta comisión dictaminadora considera prioritaria para el ámbito jurídico mercantil la necesidad de una figura jurídica con las características propuestas en los proyectos de decreto de ambos legisladores, por lo que es menester retomar de ambos, aspectos técnicos y jurídicos de forma y fondo para que dé cómo resultado una figura jurídica eficiente y de aplicación coherente con la realidad económica del país.

Decimoctava. Que por técnica jurídica ésta comisión considera que la legislación adecuada para incluir esta nueva figura jurídica es la LGSM, toda vez que en ella se regula lo concerniente a la vida societaria empresarial en México y ésta modalidad de sociedad de conformación unipersonal que se propone, no esta excluida de las prerrogativas y obligaciones de una sociedad en lo general.

Decimonovena. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que la reforma atiende a la necesidad de establecer una figura jurídica eficiente y de aplicación coherente con la realidad económica del país, promoviendo el ámbito empresarial emprendedor y por ende la creación de empleo y desarrollo económico, por lo que atendiendo el objetivo principal y espíritu de cada una de las propuestas legislativas, y habiendo realizado un exhaustivo análisis de cada uno de los argumentos, motivos y consideraciones de ambos decretos, y conjuntado cada uno de los elementos jurídicos de ambos proyectos de ley, esta comisión dictaminadora aprueba la propuesta de un esquema societario con las características propuestas.

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que los motivos y objetivo de los dos proyectos legislativos que se dictaminan en éste documento persiguen el mismo fin, esta comisión hace suyos los motivos expresados en cada uno de los proyectos de decreto y a efecto de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica correctos, se manifiesta por la necesidad de aprobar con modificaciones la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y el Código de Comercio presentada por el diputado José Gildardo Guerrero Torres del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el viernes 14 de diciembre de 2006 y la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en fecha jueves 22 de de febrero de 2007, mediante el siguiente proyecto de

Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo Único. Se reforman los artículos, 5o., 7o., 10, 58, 70, primer párrafo; 87, 89, fracciones I y II; 90, 92, 103, 229, fracción IV y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 1o. y el capítulo IV Bis denominado "De las Empresas Unipersonales" con los artículo 86 Bis, 86 Bis 1, 86 Bis 2, 86 Bis 3, 86 Bis 4 y 86 Bis 5, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1o. …

Artículo 7o.Si el contrato social o en su caso estatutos no se hubiere otorgado en escritura ante notario público o póliza ante corredor público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6o., cualquier persona que figure como socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

En caso de que el instrumento público que contenga el contrato social o estatutos no se presentare dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro del instrumento público que contenga el contrato de sociedad o estatutos, contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones.

Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y contrato social o estatutos.

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mercantil mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la formalización ante notario o corredor público de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.

El fedatario público hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad o de la empresa unipersonal, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos o contrato social le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.

Si la sociedad según sea el caso, otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, el notario o corredor público deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello.

Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es, la que se constituye con uno o más socios o accionistas, que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales o capital puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cesibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley.

En el caso de la modalidad empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se estará a lo dispuesto por el capitulo IV y IV Bis de esta ley.

Artículo 70. Cuando así lo establezca el contrato social o estatutos, el o los socios o accionistas, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones.

…

Capítulo IV Bis
De las Empresas Unipersonales

Artículo 86 Bis. Se entiende por empresa unipersonal, la que se constituye y puede existir con un solo socio o accionista. Pueden optar por constituirse mediante esta modalidad de unipersonalidad las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.

Las clases de empresas unipersonales son:

Las sociedades que opten por constituirse por la modalidad de empresas unipersonales, agregarán a su denominación o razón social, según corresponda, las palabras empresa unipersonal o su abreviatura, que según sea el caso será "EUR" para las empresas unipersonales de responsabilidad limitada o "EAU" para las empresas anónimas unipersonales.

Artículo 86 Bis 1. En la constitución de una empresa unipersonal o en la declaración de tal situación como consecuencia de haber pasado un único socio o accionista a ser propietario de todas las participaciones sociales o acciones, en la pérdida de tal situación o el cambio del socio o accionista único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las participaciones o acciones, se harán constar en escritura pública o póliza según corresponda, misma que se inscribirá en el Registro Público de Comercio.

Artículo 86 Bis 2. De las decisiones del socio o accionista único.

En la empresa unipersonal el socio o accionista único ejercerá las funciones de órgano de administración, en cuyo caso, sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o accionista, por su gerente general o por la persona que éste designe como representante orgánico de la sociedad.

Artículo 86 Bis 3. De la contratación del socio o accionista único con la empresa unipersonal:

Transcurridos seis meses desde la constitución de una sociedad la mediante la modalidad de empresa unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Público de Comercio, el socio o accionista único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. Una vez inscrita la empresa unipersonal, el socio o accionista único no responderá de las deudas contraídas con posterioridad al acto registral.

Artículo 86 Bis 5. Para el caso de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada son aplicables, en lo conducente los artículos contenidos en el capítulo IV de la presente ley.

En el caso de las empresas anónimas unipersonales son aplicables, en lo conducente, los artículos contenidos en el capítulo V de la presente ley.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o varios socios o accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

En el caso de que la sociedad anónima sea constituida por la modalidad de empresa unipersonal, se estará a lo dispuesto por el capítulo IV Bis de esta ley.

Artículo 89. …

Artículo 92. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, el o los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6o., excepción hecha de los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la fracción V.

Artículo 103. Son fundadores de una sociedad anónima o de una empresa anónima unipersonal cuando se constituya bajo esa modalidad:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días de diciembre de 2007.

Notas
1) Tulio Ascarelli, Principios y problemas de la sociedad anónima, Imprenta Universitaria, México 1951, páginas 7 y 56, y Anomalías Societarias, Editorial. Evocatus, 1992, página 35.
2) Victor M. Castrillón y Luna, La Recodificación Sustantiva del Derecho Mercantil, página 15, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/7/dtr/dtr1.pdf
3) Adalberto Chiavenato, Iniciación a la Organización Técnica Comercial, Mc Graw Hill, página 4
4) Idem.
5) Pallares Zoilo, Romero Diego y Herrera Manuel Hacer Empresa: Un Reto, Cuarta Edición, Fondo Editorial Nueva Empresa, 2005, Pág.41.

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica en contra), Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín Zambrano Elizondo.
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, Y DE LOS CÓDIGOS FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y PENAL FEDERAL

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el pasado 5 de septiembre de 2006, la Secretaría de Gobernación dirigió a los Secretarios de la Cámara de Diputados, un documento que contiene las observaciones que el presidente de la república hace al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De conformidad con el artículo 72, incisos c) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia se abocaron al análisis de las observaciones señaladas por el Ejecutivo federal al proyecto de decreto objeto de veto.

De esta manera y conforme a los resultados de las deliberaciones y el análisis realizado por los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia reunidos en pleno, se presenta a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. El 14 de febrero de 2006, el diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2006, fue aprobada con 310 votos en pro y turnada a la Cámara de Senadores.

3. En la sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 27 de abril de 2006, la colegisladora recibió la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos y fue aprobada en el Pleno por 87 votos en pro y turnada al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales.

Observaciones

El Ejecutivo federal se suma a la preocupación de combatir el fenómeno delictivo denominado "clonación" de tarjetas de crédito, de débito y de servicios, el cual no se reduce a lo restringido de la acepción coloquial, ya que se extiende a diversas conductas delictivas relacionadas con el uso indebido de cheques; esqueletos y formatos de éstos, así como de otros instrumentos de pago.

Asimismo, señala que es por demás justificable, ya que resulta evidente que, si bien es cierto, los avances tecnológicos, con mayor énfasis en el marco de la informática, son un detonante del desarrollo, no debe soslayarse que han sido utilizados por la delincuencia para privar de sus patrimonios a los usuarios de medios de pago electrónico, en específico de tarjetas de crédito, de servicios y de débito.

Lo anterior conlleva necesariamente a instrumentar acciones eficaces para el combate de este problema y su tipificación como delito, a fin de que la legislación penal no resulte rebasada al dejar abiertos resquicios en beneficio de los delincuentes.

Ante esto, el Ejecutivo Federal reconoce el esfuerzo y compromiso de los legisladores para dotar a las autoridades ministeriales de instrumentos jurídicos adecuados para dar cumplimiento al mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, lo que se pretendería lograr con la actualización que, en términos generales, se busca de los tipos penales previstos en el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y la adición de los preceptos 112 Ter, 112 Quáter y 112 Quintus a dicho ordenamiento, así como la incorporación de los artículos 432 a 435 a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del texto aprobado por el Congreso de la Unión, ya que dichas normas penales tipificarían las diferentes formas en que se materializa el delito patrimonial en comento.

No obstante lo anterior, de la revisión minuciosa que las instancias competentes en la aplicación procesal de las materias reguladas en el proyecto de Decreto referido han llevado a cabo, el Poder Ejecutivo considera que algunos rubros afectarían significativamente la operación y los resultados esperados de las reformas y adiciones promovidas, en tanto que otros de sus aspectos podrían afectar garantías individuales, sin que existan razones y fundamentos que lo sustenten.

1. Régimen de delincuencia organizada

La política criminal adoptada por el Estado para combatir a la delincuencia organizada, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley de la materia, implica una limitante a las garantías individuales de los involucrados, entre otras, las que señalan los artículos 16 y 22 constitucionales, relativos a la duplicidad del plazo de retención ministerial, del decomiso y de la aplicación de bienes a favor del Estado, en virtud de la gravedad del fenómeno delictivo.

Adicionalmente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada incorporó figuras jurídicas de carácter procesal de mayor severidad que las previstas en la legislación adjetiva ordinaria, en específico, el arraigo hasta por noventa días, la intervención de comunicaciones privadas, la protección de personas y el uso de agentes infiltrados, por citar algunos ejemplos.

Lo anterior, en contrapartida, implica que dicho régimen especializado sólo se deba aplicar de manera excepcional a los delitos que se cometen bajo un esquema de delincuencia organizada y que afectan la seguridad pública y nacional.

En resumen, se estima que al poner sobre la balanza los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales previstos en el proyecto de decreto y, por otro, la limitación de garantías individuales, mediante el empleo de un régimen excepcional, no se considera conveniente adicionar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tales delitos, ya que no existe justificación para ello.

2. Asignación de recursos

El dictamen no cumple el requisito previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria relativo a la valoración del impacto presupuestario del proyecto de decreto de mérito.

El 30 de marzo del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria de diversos artículos constitucionales en materia presupuestaria. Dicha ley, conforme a su transitorio primero, entró en vigor el 1 de abril del año en curso, por lo que sus disposiciones deben observarse a partir de dicha fecha.

El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala:

No obstante lo anterior, el dictamen del Senado de la República correspondiente al proyecto de decreto, motivo de las presentes observaciones, el cual fue aprobado por las comisiones respectivas en fecha posterior –26 de abril de 2006– a la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no incluye ni hace referencia alguna a la valoración del impacto presupuestario del proyecto de decreto de mérito conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la referida ley.

Por lo tanto, el trámite legislativo no fue observado en la aprobación del dictamen relativo al proyecto de decreto que nos ocupa, por lo que se estima que deberá cumplirse con el requisito previsto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de que se cuente con mayores elementos para determinar la viabilidad presupuestaria del referido proyecto, para lo cual se considera necesario tener en cuenta lo siguiente:

3. Inseguridad jurídica

El artículo 240 Bis del Código Penal Federal señala que es un delito llevar a cabo, sin consentimiento de quien está facultado para ello, la producción, la introducción al país, la enajenación (aún gratuita), la alteración, la adquisición y la posesión o detentación sin causa legítima, de tarjetas o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios, para disposición de efectivo o esqueletos de cheque, y el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito previsto en el proyecto, menciona que se sancionará, entre otros, al que sin tal consentimiento o causa legítima, produzca, introduzca al país, enajene (aún gratuitamente), altere, adquiera, posea o detente tarjetas de crédito, de débito, así como cheques, formatos o esqueletos de cheques, emitidos por instituciones de crédito.

Asimismo, el artículo 415 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, previsto en el proyecto aprobado por el Congreso de la Unión (artículo 432 del texto remitido al Ejecutivo federal), sanciona las mismas conductas, respecto de tarjetas de crédito, de servicios o en general de instrumentos utilizados en el sistema de pagos para la adquisición de bienes y servicios emitidos por entidades comerciales no bancarias.

De ello, se desprende que las conductas antes señaladas se encontrarían tipificadas en diferentes ordenamientos, con la misma pena privativa de libertad pero con multa diferente en el caso del Código Penal Federal, discrepancia que, si bien podría resolverse desde un punto de vista jurídico, mediante la aplicación del principio de especialidad previsto en el artículo 6o. del Código Penal Federal, podría dar lugar a argumentaciones de inseguridad jurídica e inexacta aplicación de la ley penal.

En efecto, tales argumentaciones podrían dar pauta a que una vez que exista sentencia condenatoria el responsable alegue la violación del principio de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aduciendo que la conducta delictiva que se le atribuye se encuentra prevista en un precepto diverso de aquél que se le aplica, criterio que, si bien no se comparte, podría dar lugar a que un juez de alzada decretara su libertad por considerar ilegal su consignación, negando la posibilidad de juzgarlo de nueva cuenta por existir cosa juzgada.

En adición a lo anterior, se considera que podrían generarse serias confusiones respecto de la procedencia de la prisión preventiva, ya que actualmente sólo las conductas previstas en las fracciones I y II del artículo 240 Bis del Código Penal Federal son consideradas graves por el artículo 194, fracción I, inciso 17) del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por ende, las conductas delictivas a que se refiere la fracción III del citado artículo 240 Bis del Código Penal Federal, que sanciona la posesión o detentación sin causa legítima de tarjetas o documentos para el pago de bienes y servicios, para disposición de efectivo o esqueletos de cheque, no son consideradas conductas graves.

Tal situación resulta contradictoria con la propuesta del proyecto de adicionar al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales los artículos 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 415 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del texto aprobado por el Congreso de la Unión (artículo 432 del texto remitido al Ejecutivo federal), los cuales sancionan, en sus respectivas fracciones II, las mismas conductas respecto de los mismos objetos que el artículo 240 Bis, fracción III, del Código Penal Federal.

4. Inconsistencias en el proceso legislativo

Cabe mencionar que el proyecto de decreto remitido por el Congreso de la Unión a la Secretaría de Gobernación no es coincidente con el aprobado el 25 y 27 de abril de 2006 en las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, ya que el primero contempla la adición de los artículos 432 al 435 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y el segundo adiciona los artículos 415 a 418 del mismo ordenamiento.

Por lo anterior, procede observar el proyecto de decreto remitido por el honorable Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal, ya que el mismo no coincide con lo aprobado por el Pleno de ambas Cámaras, y si alguna de las Cámaras modificó el proyecto enviado por la colegisladora, debió devolverlo con las observaciones pertinentes, en términos del artículo 72, Apartado D constitucional, y no enviarlo al Ejecutivo federal.

La problemática referida podría dar lugar, en su oportunidad, a la promoción de juicios de amparo en contra de la reforma, bajo el argumento de posibles violaciones al proceso legislativo. Esta posibilidad, en opinión del Ejecutivo federal, pondría en riesgo los principios de seguridad jurídica que debe colmar cualquier ordenamiento legal.

Consideraciones de las Comisiones Unidas a las observaciones del Ejecutivo federal

Primera. Estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de conformidad con el artículo 72, incisos c) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las comisiones que dictaminan comparten la preocupación de la LIX Legislatura y del Ejecutivo federal de combatir el fenómeno delictivo denominado "clonación" de tarjetas de crédito, de débito y de servicios, mismo que se extiende a diversas conductas delictivas relacionadas con el uso indebido de cheques; esqueletos y formatos de éstos, así como de otros instrumentos de pago.

En este sentido, se hace necesario instrumentar acciones eficaces para el combate de este problema y su tipificación como delito, con el propósito esencial de que la legislación penal no resulte rebasada al dejar abiertos resquicios en beneficio de los delincuentes.

Sin embargo, estas Comisiones Unidas también estiman conveniente atender todas y cada una de las observaciones del Ejecutivo federal en cuya virtud se proponen las adecuaciones necesarias al proyecto de decreto en los términos que a continuación se señalan.

Segunda. Por lo que hace a la observación número 1. Régimen de delincuencia organizada, en efecto, no se considera conveniente adicionar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada los delitos mencionados en la iniciativa de ley, toda vez que no existen elementos que permitan acreditar que los responsables de tales ilícitos sean organizaciones criminales con las características propias de la delincuencia organizada; en esa virtud, se suprimieron las referencias a normar el tema de clonación de tarjetas como delincuencia organizada.

El principal objetivo de la iniciativa es reestructurar el delito de falsificación y uso indebido de tarjetas e instrumentos para el pago de bienes y servicios a nivel federal (clonación de tarjetas), así como tipificarlo como un delito especial en la Ley de Instituciones de Crédito, así como en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y clasificarlo como delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales, con el propósito de que los delincuentes, no gocen del beneficio constitucional de salir libres bajo fianza, lo que no se afecta al prescindir del régimen de delincuencia organizada.

Tercera. Por lo que se refiere a la observación número 2. Asignación de recursos, la cual determina que el dictamen de la Cámara de Senadores no contiene la valoración del impacto presupuestario del proyecto de decreto de mérito, es menester señalar que la observación del Ejecutivo federal, si bien menciona que las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión deberán llevar a cabo en sus dictámenes, la valoración del impacto presupuestario de la iniciativa de conformidad con el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, también vincula esta valoración directamente con el impacto que implicaría atender los asuntos materia de la iniciativa a través de una unidad administrativa dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, que pudiera atender el aumento de la carga de trabajo, como consecuencia de la reforma planteada respecto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En ese sentido, toda vez que, de conformidad con el presente dictamen se suprime de la reforma el apartado correspondiente al Régimen de Delincuencia Organizada, la reforma ya no implicaría una erogación mayor de recursos económicos a cargo de la Procuraduría General de la República.

En ese contexto, no se aumentaría la carga de trabajo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ni tampoco habría necesidad de crear una unidad especializada con un titular, dos coordinadores generales, cuatro Fiscalías y veinte agentes del Ministerio Público de la federación y demás recursos humanos.

Al considerar la supresión de la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y no asignar recursos para la creación de una unidad especializada, la iniciativa no causaría la valoración del impacto presupuestario a que alude el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuarta. Por lo que respecta a la observación número 3. Inseguridad jurídica, consistente en la duplicidad de tipos penales en diferentes ordenamientos legales, se deroga el artículo 240 Bis del Código Penal Federal y el inciso 17, de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Lo anterior, con la finalidad de evitar interpretaciones que permitan a los procesados obtener sentencias absolutorias argumentando violación a los principios constitucionales de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal.

Además con el propósito de desalentar la comisión de los delitos previstos y sancionados por los artículos 112 Bis, 112 Ter, 112 Quáter y 112 Quintus de la Ley de Instituciones de Crédito; 432, 433, 434 y 435 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se propone reformar los incisos i) y j), así como adicionar los incisos k) y l) a la fracción I del artículo 85 del Código Penal Federal, a fin de que a los sentenciados por alguno de los mencionados delitos, no se les conceda la libertad preparatoria, siempre que quien lleve a cabo la comisión del delito forme parte de una asociación, banda o pandilla en los términos del artículo 164, o 164 Bis del Código Penal Federal.

Sin embargo, se considera necesario precisar en los artículos transitorios, que los delitos previstos en los artículos 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 240 Bis del Código Penal Federal, seguirán siendo vigentes para las conductas cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del proyecto de decreto, a fin de evitar interpretaciones tendientes a considerar que dichas conductas dejen de estar tipificadas.

Asimismo, a fin de proporcionar mayor claridad al término "tarjetas de servicio", se establece un concepto que las define como las tarjetas emitidas por empresas comerciales no bancarias con las características mencionadas en el último párrafo del artículo 432 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El proyecto de decreto presenta algunas inconsistencias de carácter formal que se estima adecuado subsanar en el presente dictamen.

Dichas inconsistencias consisten en que:

La referencia al "propósito de obtener recursos económicos, información confidencial o reservada", en los artículos 112 Bis, fracción V de la Ley de Instituciones de Crédito y 432, fracción V de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es innecesaria, ya que si lo que se pretende es proteger la información de los instrumentos de pago, resulta irrelevante el propósito que el sujeto activo tenga para sustraer, copiar o reproducir la información contenida en dichos instrumentos y, en cambio, dificulta el actuar de la autoridad ministerial, por la subjetividad del elemento en comento.

Por lo anterior estas Comisiones Unidas proponen la supresión de la referencia aludida.

Quinta. Por lo que se refiere a la observación número 4. Inconsistencias en el proceso legislativo, en la cual se menciona que el proyecto de decreto remitido por el Congreso de la Unión al Ejecutivo federal no coincide con el aprobado el 25 y 27 de abril de 2006 en el propio Congreso, ya que el primero contempla la adición de los artículos 432 al 435 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y el segundo adiciona los artículos 415 a 418 del mismo ordenamiento, es pertinente mencionar que dicho cambio se dio en virtud de las adecuaciones que hizo el propio Congreso de la Unión en el ámbito de sus facultades, en virtud de que otra iniciativa de reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, relativa a la regulación de las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) se estaba ventilando en esa misma época en el Congreso simultáneamente, lo que provocó que se empalmaran los artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los procesos legislativos de ambas iniciativas.

Ahora bien, con el presente dictamen, que contempla la numeración correcta de los artículos, queda solventada esta observación, toda vez que únicamente hubo adecuación en la numeración de los artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas no en su contenido.

Lo anterior, en virtud de que el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2006 (Decreto de Sofomes), contempla, entre otros aspectos, la adición de los artículos 408 a 431 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En ese contexto, la presente iniciativa adiciona un Título Tercero a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, denominado "De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito", compuesto por un Capítulo Único que incluye los artículos 432, 433, 434 y 435.

Finalmente, es importante precisar que, en aras de enriquecer las observaciones que formula el Ejecutivo y de hacer congruentes los preceptos legales que conforman el decreto en estudio, estas Comisiones Unidas adicionaron algunos conceptos, tales como el de "tarjetas de servicio", para dar mayor certeza jurídica al gobernado, Asimismo, se adiciona el término "o en general cualquier otro instrumento de pago, de los utilizados", al artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de no reducir los supuestos de comisión del delito, a los instrumentos de pago emitidos por instituciones de crédito.

Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas dictaminadoras someten a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforma el artículo 112 Bis y se adicionan los artículos 112 Ter, 112 Quáter, 112 Quintus de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 112 Bis. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, respecto de tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques o en general cualquier otro instrumento de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o del extranjero:

Artículo 112 Quáter. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello:

Artículo Segundo. Se adiciona un Título Tercero a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, denominado "De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito", compuesto por un Capítulo Único que incluye los artículos 432, 433, 434 y 435, para quedar como sigue:

Título Tercero
De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito

Capítulo Único

Artículo 432. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, respecto de tarjetas de servicio, de crédito o en general, instrumentos utilizados en el sistema de pagos, para la adquisición de bienes y servicios, emitidos en el país o en el extranjero, por entidades comerciales no bancarias:

Artículo 433. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientos mil días multa, al que posea, adquiera, utilice, comercialice o distribuya, cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo primero del artículo 432 de esta Ley, a sabiendas de que estén alterados o falsificados.

Artículo 434. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello:

Articulo Tercero. Se reforma la fracción VIII, se adiciona la fracción VIII Bis y se deroga el inciso 17) de la fracción I, todos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

Artículo Cuarto. Se reforman los incisos i) y j) de la fracción I, del artículo 85; se adicionan los incisos k) y l) a la fracción I del artículo 85, y se deroga el artículo 240 Bis, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 85. …

Artículo 240 Bis. Se deroga.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor e día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los delitos previstos en los artículos 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 240 Bis del Código Penal Federal vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Lo anterior sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del citado Código Penal Federal.

Tercero. Para los supuestos, sujetos y efectos del artículo anterior, los delitos previstos en el artículo 240 Bis del Código Penal Federal, se seguirán calificando como graves en los términos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para todos los efectos legales procedentes.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Horacio Emigdio Garza Garza (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres, José Antonio Almazán González, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert, María de Jesús Martínez Díaz, José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich, Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica en abstención), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica en abstención), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica en abstención), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2936, que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para fortalecer la certificación voluntaria de predios, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, en nombre propio y de los senadores que la suscribieron, integrantes de diferentes grupos parlamentarios con representatividad en esta soberanía.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso a), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracciones XII, XIV, XXIV, XXXIX, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión plenaria celebrada el 27 de noviembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGEEPA, para fortalecer la certificación voluntaria de predios, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, en nombre propio y de los senadores que la suscribieron, integrantes de diferentes grupos parlamentarios con representatividad en esta soberanía.

2. En la misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, para análisis y dictamen correspondiente.

3. En la sesión celebrada el martes 11 de diciembre de 2007, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, presentaron ante el Pleno del Senado de la República el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGEEPA, para fortalecer la certificación voluntaria de predios, el que fue aprobado por 99 votos a favor y una abstención.

4. En esa fecha, la referida minuta fue turnada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos dispuestos en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En sesión celebrada el 12 de diciembre de 2007 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva de esta soberanía recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGEEPA, para fortalecer la certificación voluntaria de predios, que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la minuta

La minuta con proyecto de decreto en estudio pretende fortalecer la figura de "certificación voluntaria de predios destinados a la conservación", a fin de que sean considerados formalmente áreas naturales protegidas (ANP) y sirvan para complementar la política nacional en la materia, por lo cual propone reformar diversos artículos de la LGEEPA por lo que a la materia de áreas naturales protegidas respecta.

Se reforma el artículo 46 de la multicitada ley, el que contiene los tipos de ANP legalmente reconocidos por la federación, modificando el texto de la fracción X, a efecto de que las zonas de preservación ecológica municipales no se limiten exclusivamente a las áreas urbanas, e incorporando una nueva fracción XI en dicho artículo, la cual reconoce como ANP las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. También se reforma el segundo párrafo de este artículo, para clarificar que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son de competencia federal. Asimismo, se incorpora al tercer párrafo del artículo en comento la mención de que los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia legal, podrán establecer ANP cuando los espacios de mérito reúnan alguna de las características de los tipos de áreas protegidas de competencia federal, incluidas las "áreas destinadas voluntariamente a la conservación", o cuando haya elementos de relevancia propios de cada entidad federativa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación local en la materia.

Debido a que esta reforma es integral, adiciona un artículo 55 Bis a la ley, el cual además de establecer las descripciones de los tipos de ANP, considera los criterios que motivarán el reconocimiento de "áreas destinadas voluntariamente a la conservación".

Por otro lado, y considerando que el texto del artículo 55 Bis que se pretende adicionar retoma el contenido del segundo párrafo del artículo 59, este último queda derogado.

En el caso del numeral 74 de la LGEEPA, se actualiza la remisión que éste hace a "los certificados a que se refiere el artículo 59" de dicha ley, toda vez que su regulación se remite al nuevo artículo 77 Bis.

Se incorpora una nueva Sección V al capítulo de "áreas naturales protegidas", la cual se denomina "Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación". En dicha sección se adiciona el artículo 77 Bis, el cual establece las disposiciones mínimas sobre este tipo de ANP. De esa forma, el promovente define las personas que podrán solicitar el reconocimiento de sus predios como "áreas destinadas voluntariamente a la conservación" y los requisitos para presentar la solicitud.

Consideraciones

La creciente preocupación de la comunidad mundial por tratar de establecer mecanismos de cooperación internacional tendentes a la preservación de la riqueza biológica y la diversidad de la tierra derivó en que en 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, se firmara el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo artículo 8, inciso a), señala que cada parte contratante deberá establecer "un sistema de áreas protegidas" o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. Nuestro país formo parte de este convenio, el cual fue debidamente suscrito y ratificado.

México, junto con un reducido grupo de naciones, alberga aproximadamente 50 por ciento de la diversidad biológica del planeta. Las características orográficas y climáticas del territorio han permitido que en él confluya una enorme variedad de ecosistemas, que van desde las selvas bajas caducifolias y desiertos hasta los bosques mesófilos de montaña. Esta gran estructura ecológica representa un reto de gestión para la nación, ya que resulta de toral importancia garantizar su conservación y continuidad, por lo cual como país firmante del Convenio sobre la Diversidad Biológica, México adquirió el firme compromiso de considerar en su sistema jurídico ambiental la figura de "áreas naturales protegidas". Sin embargo, esta figura ya operaba en el país desde varias décadas atrás. Nuestra vigente LGEEPA incorpora las ANP como uno de los principales mecanismos de política ambiental para la conservación de los ecosistemas de alto valor ecológico, dedicando en el Título Segundo un capítulo exclusivo a las ANP y definiéndolas en el artículo 44 como "las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados…"

Con esta figura, el país actualmente cuenta con 161 zonas decretadas por la federación como ANP, las que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Representan una superficie de 22 712 284 millones de hectáreas, 11.56 por ciento del territorio nacional.¹

De manera general y al amparo del artículo 44 de la LGEEPA, los procesos de declaratoria de ANP son concebidos como actos unilaterales de la autoridad. Sin embargo, debemos destacar que esta ley no es restrictiva, ya que también considera, en el artículo 59, la figura de "certificación voluntaria de predios destinados a la conservación" a petición de particulares y no del Estado.

Como se ha mencionado, la certificación voluntaria de predios se sustenta jurídicamente en el artículo 59 de la LGEEPA, el cual determina que los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas cuentan con facultad legal para solicitar a la secretaría un reconocimiento en el cual conste que sus predios serán destinados a acciones de preservación de ecosistemas y su biodiversidad. Al respecto, y como bien señala el promovente de la minuta en estudio, a la fecha la certificación voluntaria de predios, aplicada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 59 de la LGEEPA y sus disposiciones reglamentarias, ha permitido que se cuente con más de 160 mil hectáreas de superficie destinada a acciones de conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, la certificación voluntaria de predios destinados a actividades de preservación no se considera formalmente como ANP, lo que provoca que el instrumento carezca del sustento jurídico necesario. La situación ha resultado en perjuicio de los estímulos económicos que se destinan a las ANP y de la atención que la autoridad competente pueda prestar.

Por tanto, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la colegisladora en que es fundamental promover y fortalecer desde el ámbito legal la certificación voluntaria de predios, ya que este mecanismo ha logrado un verdadero efecto positivo en la sociedad, y ha demostrado ser muy eficaz para la autoridad, ya que su constitución no representa una erogación económica significativa, además de que fomenta los lazos de cooperación entre el Estado como entidad soberana y la sociedad para la preservación y conservación de los ecosistemas mexicanos.

Ahora bien, del análisis realizado a todas y cada una de las reformas que adicionan, derogan y modifican diversas disposiciones de la LGEEPA y que integran la minuta en estudio, esta comisión dictaminadora debe manifestar que, desde un punto de vista económico, la certificación voluntaria de predios no representa una carga presupuestal para la secretaría, ya que a diferencia de las ANP, en las áreas certificadas antes descritas la secretaría sólo tiene la responsabilidad de verificar que las solicitudes de certificación se adecuen a las disposiciones legales, y brindar la asesoría técnica y de gestión necesaria para que cumpla los fines establecidos en la ley, en pleno respeto de la capacidad de carga de los ecosistemas. También se evita la sustanciación de procedimientos litigiosos, ya que en estos casos la nación no impone modalidades a la propiedad privada sino que los gobernados, motu proprio, las determinan, ayudando también a que la autoridad omita el uso de recursos materiales y humanos en la vigilancia de estos predios.

Esta propuesta incentiva la participación ciudadana mediante la cooperación y coordinación en las acciones de preservación, conservación y, en su caso, restauración del equilibrio ecológico de estas áreas.

Ahora bien, la primera reforma en estudio versa sobre el contenido del artículo 46 de la LGEEPA, por lo cual los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estimamos correcto su planteamiento y estamos de acuerdo en su aprobación. En primera instancia, la modificación del texto que integra la fracción X nos permitirá lograr que las actualmente denominadas "zonas de preservación ecológica de los centros de población" no se limiten a los centros urbanos y puedan ser creadas en zonas rurales dentro de las jurisdicciones de los municipios que correspondan.

Así también, la legislación considera diversos tipos de ANP, los cuales se definen según las características biológicas y el estado de conservación de cada zona, enumeradas en las fracciones que integran el artículo 46, por lo que resulta totalmente convincente la propuesta hecha por el promovente al adicionar una nueva fracción XI a este artículo, en la cual se determinen expresamente las áreas destinadas voluntariamente a la conservación como áreas naturales protegidas, ya que con tal hecho se dota de mayor certidumbre jurídica a esta figura. Asimismo, y de conformidad con la integralidad de esta reforma es acertada la inclusión de la nueva fracción XI dentro del texto de los párrafos segundo y tercero del Artículo 46, pues con tal hecho se les reconoce no sólo como áreas naturales protegidas, sino también como áreas protegidas de carácter federal.

Así también, se considera correcta la modificación del párrafo cuarto del mismo artículo, ya que la misma no entraña en sí, cuestiones de fondo, ni altera el sentido del texto vigente, por el contrario lo único que logra es hacerlo congruente con la reforma de la citada fracción X del artículo 46.

La adición de un artículo 55 Bis es por demás adecuada, ya que –como bien señala la colegisladora en las consideraciones de la minuta en estudio– la ubicación del artículo guarda perfecta congruencia con la secuencia del articulado que le precede (artículos 48 a 55), pues con excepción de los artículos 49 y 54, los demás definen los diferentes tipos de áreas naturales protegidas de carácter federal y determinan los criterios ambientales que deberán reunir todas y cada una de ellas para ser catalogadas en alguno de los tipos descritos en el artículo 46. La determinación que se propone de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación corresponde a los criterios señalados en el párrafo segundo del vigente artículo 59, que hasta el momento supone el principal fundamento jurídico de estas zonas, respetando además la consideración que actualmente la propia ley les da, como "áreas productivas dedicadas a una función de interés publico", que claramente es la conservación y el aprovechamiento sustentable.

El artículo 59 plantea derogar el segundo de sus párrafos: en el entendido de que su contenido ha sido retomado y detallado integralmente en todas las reformas que se han planteado, resulta imperiosa su derogación, a fin de evitar duplicación de contenidos.

Por otra parte, el artículo 74 se refiere a la integración del Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a los decretos y certificados que lo integrarán. En este sentido, la reforma en estudio pretende la modificación en el texto del artículo 74, a fin de inscribir en el registro nacional de ANP a los certificados de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, propuesta que en ningún momento se contrapone con lo establecido en el texto vigente de este artículo, simplemente lo adecua a la reforma realizada en los demás artículos que integran esta minuta.

Ahora bien, refiriéndonos a la propuesta de crear una nueva Sección V, denominada "Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación", ésta se integra por un solo artículo, el 77 Bis, cuya propuesta es también de nueva creación, el cual acertadamente retoma lo contenido en el derogado párrafo segundo del artículo 59, y determina quiénes serán los facultados para destinar voluntariamente sus predios a la conservación. En la primera fracción se establece el mecanismo mediante el cual se formarán las áreas de referencia, señalando que un certificado expedido por la Semarnat las dotará de tal carácter. Sin embargo, también se incorpora un elemento de novedad y que de conformidad con los objetivos de la reforma refuerza su figura jurídica al establecer que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación serán consideradas áreas naturales protegidas. Esta fracción I, a su vez, se integra por ocho incisos y dos párrafos, en los cuales correctamente se señalan los requisitos que deberán cumplir los interesados para obtener el certificado. De este modo, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que los requerimientos y el proceso administrativo propuesto salvaguardan perfectamente la correcta constitución de las áreas y el fin perseguido. Entre los aspectos relevantes que se consideran en este artículo está que los certificados tendrán vigencia mínima de 15 años, con lo cual se garantiza una temporalidad para el manejo y la conservación del área.

Otro aspecto positivo de esta iniciativa es que tiende a fomentar entre la ciudadanía la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, ya que por medio de esta figura se da acceso a diferentes tipos de instrumentos económicos, los cuales se definen según las características biológicas y el estado de conservación de cada predio, e incluso se considera un sello de sustentabilidad expedido por la secretaría en las áreas donde se realice el aprovechamiento sustentable de los recursos, lo cual sin duda dará valor agregado a los productos resultado de dichos aprovechamientos, contribuyendo positivamente a la economía de los propietarios de los inmuebles en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las áreas naturales protegidas son uno de los mecanismos más importantes para lograr la preservación y conservación de los ecosistemas mexicanos. Sin embargo, debemos reconocer que tal y como se encuentran constituidas en nuestro sistema jurídico, presentan muchas deficiencias, lo que ha dificultando a la autoridad el aumento del territorio protegido en México. Por otro lado, resulta esperanzador que nuestra legislación prevea una figura considerada hasta el momento como alterna a estas áreas y que son los predios destinados voluntariamente a la conservación, que a pesar de estar débilmente sustentados se han convertido en una opción más para el Estado en la búsqueda de la conservación de la biodiversidad mexicana. Por ese motivo, y en atención a que en la actualidad hay una verdadera demanda de la ciudadanía para acceder a esta figura, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce la necesidad de fortalecer jurídicamente los predios destinados voluntariamente a la conservación, por lo que acepta en todos y cada uno de sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGEEPA, para fortalecer la certificación voluntaria de predios.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso a), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracciones XII, XIV, XXIV, XXXIX, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios

Artículo Único. Se reforman las fracciones IX y X, y se adiciona una fracción XI, así como se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 46; se adiciona un artículo 55 Bis; se deroga el segundo párrafo del artículo 59; se reforma el artículo 74; se adiciona una Sección V, denominada "Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación", al Capítulo I, "Áreas Naturales Protegidas", del Título Segundo, "Biodiversidad"; y se adiciona un artículo 77 Bis, todos ellos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:

Los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, en los términos que señale la legislación local en la materia, podrán establecer parques, reservas estatales y demás categorías de manejo que establezca la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características señaladas en las fracciones I a VIII y XI del presente artículo o que tengan características propias de acuerdo con las particularidades de cada entidad federativa. Dichas áreas naturales protegidas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación, salvo que se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo.

Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías, conforme a lo previsto en la legislación local.

En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.

Artículo 55 Bis. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son las que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en los artículos 48 a 55 de la presente ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 45 de esta ley. Para tal efecto, la Secretaría emitirá un certificado, en los términos de lo previsto en la Sección V del presente capítulo.

Dichos predios se considerarán áreas productivas dedicadas a una función de interés público.

El establecimiento, la administración y el manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se sujetarán a lo previsto en la Sección V del presente capítulo.

Artículo 59. Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas podrán promover ante la Secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contratos con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso, promoverá ante el Ejecutivo federal la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el manejo del área por el promovente, con la participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta ley.

Artículo 74. La Secretaría integrará el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas de interés federal, y los instrumentos que los modifiquen. Deberán consignarse en dicho registro los datos de la inscripción de los decretos respectivos en los registros públicos de la propiedad que correspondan. Asimismo, se deberá integrar el registro de los certificados a que se refiere el artículo 77 Bis de esta ley.

Cualquier persona podrá consultar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Sección V
Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación

Artículo 77 Bis. Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, las personas morales, públicas o privadas, y demás personas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación predios de su propiedad establecerán, administrarán y manejarán dichas áreas conforme a lo siguiente:

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de trescientos días, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas necesarias del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que las disposiciones correspondientes sean acordes con el presente decreto.

Artículo Tercero. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias del presente decreto, seguirán en vigor las que han regido hasta la fecha, en lo que no las contravengan.

Artículo Cuarto. Los certificados de predios destinados voluntariamente a la conservación emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto tendrán validez para los efectos del reconocimiento como área natural protegida, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 Bis del presente decreto.

Asimismo, conservarán su número y fecha de registro, pero su renovación deberá ajustarse a las disposiciones del presente decreto.

Artículo Quinto. Los procedimientos de certificación de predios destinados voluntariamente a la conservación que hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de la presentación de la solicitud correspondiente, pero su renovación deberá ajustarse a las disposiciones del presente decreto.

Nota
1. Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, febrero de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, a 14 de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2004

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 87, 88, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 23 de mayo de 2007, el diputado César Horacio Duarte Jáquez, en nombre propio y de los senadores Fernando Baeza Meléndez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

3. Con fecha 22 de noviembre de 2007, la Comisión de Recursos Hidráulicos presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.

4. En sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2007, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.

5. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió al Senado de la República la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.

6. El 12 de diciembre de 2007, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto, con modificaciones, y lo turnó a la Cámara de Diputados mediante la minuta correspondiente.

7. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para análisis y dictamen.

Esta comisión dictaminadora procedió al estudio de la minuta objeto del dictamen, tomando en cuenta el siguiente

Contenido de la minuta

La Cámara de Senadores coincide en las consideraciones vertidas por la Cámara de Diputados en el dictamen señalado en el numeral 3 de los antecedentes del cuerpo de este documento.

Asimismo, considera que a escala nacional el universo de usuarios del agua irregulares puede alcanzar hasta una tercera parte del total de los usuarios.

Que es necesario prever el incremento del déficit y la sobreexplotación de los acuíferos mediante una regularización que permita la actualización del Registro Público de Derechos de Agua.

Que es indispensable proporcionar seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, promover la productividad y el desarrollo social e impulsar el crecimiento económico sentando bases para el aprovechamiento sustentable del agua y evitar una crisis productiva y social.

Que resulta necesario incentivar a los usuarios para llevar a cabo la regularización administrativa de sus concesiones o asignaciones.

Con base en las consideraciones anteriores, la colegisladora aprobó el siguiente

Resolutivo

Artículo Único. Se adiciona para ser incluido como párrafo segundo del artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, para quedar como sigue:

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con las consideraciones vertidas por el Senado de la República, y considera procedente la modificación planteada en el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos presenta a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, para quedar como sigue:

Ley de Aguas Nacionales

Transitorios

Décimo Cuarto. ...

Asimismo, la comisión contará con un plazo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para llevar a cabo una campaña de regularización administrativa de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales cuya vigencia haya concluido. Los concesionarios que no gestionen la regularización de sus títulos en el plazo establecido serán sancionados por la comisión de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Este beneficio sólo será aplicado a los poseedores que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones y permisos en materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales antes de los decretos presidenciales de 1995 y 1996 relativos a la materia que demuestren fehacientemente la operación del aprovechamiento y se sujeten a los ordenamientos jurídicos aplicables y a la disponibilidad y sustentabilidad de la cuenca.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica en abstención), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán, Alma Lilia Luna Munguía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica en abstención), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnada la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carlos Armando Biebrich, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscrita por el proponente y por los diputados Emilio Gamboa Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia; Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata; María Elena Álvarez Bernal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; José Murat Casab, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Hugo Olivares Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Joel Ayala Almeida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, tras analizar su contenido, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 29 de marzo de 2007, el diputado Carlos Armando Biebrich, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él y un grupo de diputados de distintos grupos parlamentarios, referidos líneas arriba.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2223-I, del jueves 29 de marzo de 2007.

La Mesa Directiva de esta Cámara determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Contenido de la iniciativa

Conforme a la exposición de motivos de la iniciativa, el problema planteado se podría sintetizar en que nuestro sistema de representación política ha prohijado minorías representativas, cuyo número y peso específico dificulta la toma de las decisiones que requieren de una mayoría de votos.

La causa a la que atribuye el problema es la acusada tendencia de nuestro sistema a construir un universo de minorías representativas.

La propuesta de solución que hace es crear, dentro de la organización de la Cámara de Diputados, una instancia eficaz que contribuya a la tolerancia, prudencia y el reforzamiento de una visión constructiva del papel del Congreso en el desarrollo nacional a partir de consensos.

Los argumentos en los que sustenta su propuesta son:

La Cámara de Diputados enfrenta el reto de hacer operable un mandato de minorías que sea capaz de reflejar los consensos que se necesitan para la reforma de los marcos jurídicos de las políticas públicas del gobierno mexicano.

Desde hace más de un lustro, esta representación nacional ha sido dominada por las minorías relativas.

Esta predominancia, con seguridad, seguirá en el futuro previsible, lo cual exigirá de los grupos parlamentarios cada vez más capacidad de negociación para atender con eficacia las exigencias del cambio social y de su respectiva seguridad jurídica.

Las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados tendrán que mostrar, por encima de su ventaja numérica, una visión constructiva acerca del desarrollo y de la gobernabilidad del país, que permita dar paso al entendimiento y a los comunes denominadores.

Esto no se logrará si prevalece sólo el principio de proporcionalidad en el que descansa el reparto y el ejercicio de las funciones legislativas en el Congreso federal.

En el recién concluido periodo de sesiones, este principio mostró severas limitaciones, propiciando fluctuaciones entre disensos de los que nos avergonzamos los legisladores y consensos que quisiéramos predominaran en nuestra tarea legislativa.

Es urgente una eficaz instancia dentro de la organización de la Cámara de Diputados, que contribuya a la tolerancia, a la prudencia y, particularmente, a reforzar una visión constructiva del papel del Congreso en el desarrollo nacional a partir de consensos.

Una forma de reducir al mínimo estas insuficiencias de gobernabilidad, en este escenario de minorías relativas, radica en reconocer institucionalmente el valor de la trayectoria y la experiencia de los miembros de las fracciones parlamentarias que hayan ejercido las facultades legislativas, administrativas y de conducción de la responsabilidad de gobierno.

Tanto el sistema norteamericano como el de la Unión Europea recogen el papel de quienes poseen la experiencia y sapiencia del cargo de la representación. La rica experiencia europea permea de los gobiernos provinciales, como el Parlamento de Baviera, Alemania, donde su presidente es auxiliado activamente por el consejo decano.

Consideraciones

Corresponde a esta Cámara conocer y resolver esta iniciativa, atento a lo dispuesto en los artículos 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictaminar esta propuesta legislativa conforme a lo que disponen los artículos 39, párrafo 3, y 45, párrafo 6, incisos e) y f), y párrafo siete, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa presentada reúne los requisitos formales y los que la práctica parlamentaria ha habituado.

La comisión que dictamina considera que, en efecto, la voluntad popular ha construido una representación nacional altamente privilegiada en su diversidad pero atomizada en su representación, por lo que la toma de resoluciones o acuerdos en la Cámara de Diputados se ve enriquecida en la pluralidad de opiniones, pero esta riqueza discursiva retarda y pospone la toma de decisiones y eso hace que, ante la sociedad, aparezca lenta.

Pese a ello, los integrantes de este órgano deliberante consideramos que es preferible un Congreso que aparente poca operatividad pero que refleje una representación fiel de su sociedad antes que una representación nacional monolítica pero despótica y ajena al sentir de los ciudadanos.

En tal razón, es totalmente aconsejable asumir medidas como las recomendadas que apunten al fortalecimiento del diálogo y la construcción de las bases necesarias para la toma de acuerdos y su instrumentación.

Creemos que esta propuesta contribuirá a construir el camino del entendimiento y facilitará la información para que el órgano de gobierno de la Cámara tome su decisión en temas político legislativos, sin necesidad de distraerlo con reuniones interminables.

Cabe hacer mención que ese es precisamente el propósito que motivó al legislador a facultar al Pleno para hacer comités: relevarlo de todas aquellas tareas que no son la toma de resoluciones. Así es como opera en temas como el administrativo con el Comité de Administración, y en materia de gestión, con el Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Si bien se considera buena la pretensión, la comisión que dictamina aprecia necesario hacer algunas adecuaciones que armonicen con la estructura actual del precepto que se pretende reformar y se adecue con el resto del cuerpo de la ley, sin desvirtuar la naturaleza de la propuesta legislativa.

De esta manera se propone que el párrafo que se adiciona se inserte en cuarto lugar, en vez del quinto, y recorra a ese lugar el actual párrafo cuarto; toda vez que ese párrafo (cuarto actual) no se refiere a comités sino a grupos de amistad, y colocar un nuevo párrafo después de éste se presentaría disonante.

Asimismo, los integrantes de este órgano consideraron conveniente suprimir la presencia de los diputados jóvenes en este comité de decanos, en razón de que sería contradictorio al propósito original de la propuesta que es abrevar de la experiencia y conocimientos políticos de quienes ya han transitado el camino que se está por andar.

Por otro lado, se considera conveniente separar la Mesa de Decanos del comité de decanos, pues si bien son órganos integrados por las mismas personas, tienen naturaleza, funciones y temporalidades distintas.

En razón de todo lo antes expreso, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias resuelve la aprobación de la iniciativa con las reformas planteadas por las razones que se esgrimen y, en consecuencia, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 46, recorriéndose el actual, para pasar a ser quinto párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 46.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en febrero de 2008.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez, Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Armando García Méndez, René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez, Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO PARA QUE EL LICENCIADO FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL HALCÓN, EN GRADO DE ESTRELLA DE GRAN CRUZ, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ISLANDIA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Halcón, en grado de Estrella de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

Consideraciones

Que de la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Que la solicitud no implica la aceptación o el uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

Que en el marco de visitas de jefes de Estado o de gobierno a otros países, es una práctica protocolaria proceder a un intercambio de condecoraciones. El objetivo es mostrar el aprecio por Estados extranjeros, así como reconocer los esfuerzos para acercar a los países involucrados.

Que en el marco de la visita de Estado que el presidente de la República de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson, efectuará a nuestro país en marzo del año en curso, manifestó su intención de otorgar la condecoración de la "Orden del Halcón", en grado de "Estrella de Gran Cruz", al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Que el otorgamiento de la condecoración al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tiene como objetivo formular un reconocimiento a México y a él, en su calidad de presidente, y reforzar aún más las relaciones bilaterales entre México e Islandia.

Que esta comisión concuerda con los razonamientos del Senado de la República en la aprobación de la solicitud, remitida a la Cámara de Diputados en calidad de minuta con proyecto de decreto.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C del artículo 37, constitucional, se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Halcón", en grado de "Estrella de Gran Cruz", que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

Salón de sesiones de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.- México, DF, a 10 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO PARA QUE LA LICENCIADA MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL HALCÓN, EN GRADO DE CRUZ DE COMENDADOR CON ESTRELLA, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ISLANDIA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Halcón, en grado de Cruz de Comendador con Estrella, que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

Consideraciones

Que de la revisión del expediente se desprende que la peticionaria acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Que la solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

Que en el marco de visitas de jefes de Estado o de gobierno a otros países, es una práctica protocolaria proceder a un intercambio de condecoraciones. El objetivo es mostrar el aprecio por Estados extranjeros, así como reconocer los esfuerzos para acercar a los países involucrados.

Que en el marco de la visita de Estado que el presidente de la República de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson, efectuará a nuestro país en marzo del año en curso, manifestó su intención de otorgar la condecoración de la Orden del Halcón, en grado de Cruz de Comendador con Estrella, a la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, esposa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Que esta comisión concuerda con los razonamientos del Senado de la República en la aprobación de la solicitud, remitida a esta Cámara de Diputados en calidad de minuta con proyecto de decreto.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que se establece en la fracción III del Apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Halcón, en grado de Cruz de Comendador con Estrella, que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

Salón de sesiones de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, México, DF, a 10 de marzo de 2008.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carvajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monrraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ARACELI LÓPEZ VÁZQUEZ Y SANTIAGO BALLINA GARCÍA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE LAS REPÚBLICAS DE BULGARIA Y DE JAPÓN EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

En oficios con fechas 20 de febrero y 4 de marzo de 2008, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Araceli López Vázquez y Santiago Ballina García puedan prestar servicios, de carácter administrativo, en las Embajadas de la República de Bulgaria y de Japón, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Araceli López Vázquez para prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República de Bulgaria en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Santiago Ballina García para prestar servicios como asistente del Departamento Político en la Embajada de Japón en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Dieguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS YAZMÍN YAMEL DONLUCAS BADILLO, ÓSCAR ANTONIO AGUIRRE MEZA, ANDRÉ CAIRE CONTRERAS Y VANESSA LIZETH VÁZQUEZ LÓPEZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LOS CONSULADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; HERMOSILLO, SONORA; Y NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 14 y el 25 de febrero, y el 3 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Yazmín Yamel Donlucas Badillo, Óscar Antonio Aguirre Meza, André Caire Contreras y Vanessa Lizeth Vázquez López puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de marzo se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Yazmín Yamel Donlucas Badillo para prestar servicios, como auxiliar de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Óscar Antonio Aguirre Meza para prestar servicios, como auxiliar de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano André Caire Contreras para prestar servicios, como asistente de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Vanessa Lizeth Vázquez López para prestar servicios, como asistente de pasaportes y ciudadanía, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso o la Unión.- México, DF, a 12 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE DEFENSA NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE ASTAS MONUMENTALES EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional de la LX Legislatura, les fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a la instalación de astas monumentales en los estados de la república.

Estas comisiones unidas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

En su exposición de motivos, el texto del punto de acuerdo establece:

Consideraciones

El fortalecimiento de los valores es uno de los principales compromisos del Estado para fortalecer la identidad nacional, la democracia, y el estado de derecho; así, entonces, y como efecto de lo anterior, la conducta, creencias y actitud de las colectividades es un reflejo de los valores que se les han inculcado.

El respeto al marco constitucional y la preservación de las instituciones constituidas son dos condiciones fundamentales para identificarnos realmente como nación.

Nación, patria y Estado son conceptos que se concentran y materializan en nuestra enseña nacional, síntesis de nuestra identidad, cultura e instituciones; por otro lado, el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales son los símbolos patrios que distinguen a los Estados Unidos Mexicanos.

México es un país libre y soberano y la libertad es necesario apreciarla por las cosas que con ella se logran; por tanto, un símbolo patrio como nuestra bandera debe ser respetado por todos los miembros de la sociedad mexicana.

Nuestros símbolos patrios reúnen la cohesión social de los mexicanos, fortaleciendo el conocimiento de la historia, la cultura, los valores y las tradiciones nacionales. Hablar de valores nacionales debe remitir no sólo a su conocimiento, sino también a su reconocimiento en la vida diaria, pasando del significante al significado, de la forma al fondo.

En este sentido, el culto y respeto a nuestra bandera, con la instalación de astas monumentales, será un signo de veneración al emblema que representa a la nación mexicana, además de impulsar jornadas cívicas de conmemoración y exaltación de los símbolos patrios.

Por otro lado, el artículo 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que

Nuestra bandera, como símbolo patrio, representa la cohesión como comunidad cultural y proyección de la identidad nacional colectiva. La instalación de astas monumentales en las entidades de la República, ayudará al reforzamiento de los valores nacionales que fomente una conciencia nacional y de voluntad de cada individuo de la pertenencia a la nación mexicana.

Los símbolos patrios son una herencia que une a los pueblos, el respeto debido a ellos hace que la sociedad esté basada en la solidaridad, recordando nuestra identidad y proyección hacia el futuro. La carencia de sentimientos patrióticos, como el deseo de libertad para todos, harían perder la esencia de los símbolos patrios como instrumentos de cohesión social.

Por otro lado, se estima oportuno tomar en cuenta algunos aspectos técnicos necesarios en el análisis de la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen:

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobernadores de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas para que, en el ámbito de su competencia y en la medida de sus posibilidades económicas, consideren la instalación de un asta y bandera monumental en las capitales de las entidades de la federación mencionadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica en abstención), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Murguía (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), César Flores Maldonado, José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Javier González Garza, Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez, Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Carlos Rojas Gutiérrez, David Sánchez Camacho (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A EFECTO DE QUE EL CANAL 22 AMPLÍE EL NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE FOMENTEN EL CUIDADO DEL AMBIENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a la transmisión de programación con temas ambientales en televisión cultural.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil siete, el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a consideración de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a adecuar el decreto de creación de Televisión Metropolitana, SA de CV (Canal 22), a fin de que en su barra de programación se transmitan, cuando menos, 48 horas semanales de programación con contenido ambiental, con el fin de crear conciencia, educar y difundir los problemas de temas ambientales en México.

Asimismo, considera realizar un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el consejo directivo de Televisión Metropolitana sean incluidos la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, a fin de garantizar la calidad de los contenidos de los programas de medio ambiente.

II. En la misma fecha, diecisiete de octubre de dos mil siete, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. Con fecha cinco de marzo de dos mil ocho, se presentó al pleno de la Comisión de Gobernación el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado.

Contenido de la propuesta

Consideraciones

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que el Canal 22 amplíe el número de horas dedicadas a la transmisión de programas que fomenten el cuidado y la protección del ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA IMPLANTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LAS BAJAS TEMPERATURAS

Honorable asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a la implantación de acciones preventivas en el estado de Chihuahua, debido a las bajas temperaturas de la temporada invernal 2007-2008.

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha trece de diciembre de dos mil siete, el diputado César Duarte Jáquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal gire instrucciones a las autoridades competentes con el objeto de prevenir tragedias por las nevadas y bajas temperaturas que se pronostican para el Estado de Chihuahua.

Asimismo, el proponente considera realizar un exhorto al secretario de Gobernación para que emita las declaraciones de emergencia para los municipios afectados y sean liberados los recursos del Fondo Nacional del Desastres para subsanar y prevenir los efectos negativos de las bajas temperaturas en el estado de Chihuahua.

II. En la misma fecha, trece de diciembre de dos mil siete, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

III. Con fecha cinco de marzo de dos mil ocho, en sesión celebrada por el pleno de la Comisión de Gobernación, se presentó el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos el siguiente

Contenido de la proposición

1. El proponente señala que las condiciones recientes del clima global y, específicamente del fenómeno meteorológico de La Niña, ocasionan que las temperaturas del Ecuador tengan valores negativos. Como afirma en las consideraciones de la proposición, el Centro de Prevención de Climas de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional señalan que el fenómeno se mantendrá todo el invierno.

2. Continúa señalando el proponente que, de acuerdo con información de Protección Civil del estado de Chihuahua, en el pasado mes de noviembre, tres municipios resultaron afectados por las nevadas y las bajas temperaturas, por lo que el gobierno de la entidad solicitó la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de San Juanito, Bocoyna y Madera que han registrado temperaturas por debajo de los 10 grados; el diputado proponente también afirma que los municipios de Balleza, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, así como la región de El Vergel, se encontraban en las mismas condiciones al padecer las inclemencias del frío.

3. Con el fin de prevenir los efectos de la temporada invernal, el diputado Duarte Jáquez estima necesario realizar un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que gire sus instrucciones a las autoridades competentes a fin de prevenir tragedias ocasionadas por las bajas temperaturas y nevadas que se pronostican en esta temporada invernal para el estado de Chihuahua, así como solicitar al Secretario de Gobernación la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios que fueron afectados por las intensas nevadas anteriores al cuatro de diciembre y sean liberados los recursos del Fonden correspondientes.

Consideraciones

1. El Servicio Meteorológico Nacional emitió el reporte para el invierno 2007-2008 por el que pronostica un número de frentes fríos menor a los de la pasada temporada 2006-2008; en este sentido, se prevén condiciones de normal a ligeramente por debajo de lo normal (más frías) durante los meses de noviembre a febrero y para el mes de marzo de 2008 se estimaron temperaturas menos frías en el territorio nacional.

2. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la intensidad del invierno 2007-2008 se realizó en base al análisis del número de días con temperaturas menores a cero grados centígrados, considerándose el umbral para la presencia de heladas, mostrándose que los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008 se tendrían condiciones de un invierno muy frío, mientras que en los meses de noviembre de 2007 y febrero de 2008 se tendrán condiciones de invierno frío.

3. Por otro lado, de acuerdo con el pronóstico del invierno 2007-2008 de la Oficina de Análisis de Impacto de la Unidad de Protección Civil del estado de Chihuahua, la entidad tendrá riesgos como heladas, nevadas o cambios drásticos de temperatura, pronosticando para las seis regiones de Chihuahua los días con heladas y nevadas como se enuncia a continuación: región serrana, 144 días con heladas y 14 días con nevadas; región centro, 119 días con heladas y 6 días con nevadas; región sur, 129 días con heladas y 10 con nevadas; región norte, 115 días con heladas y 5 días con nevadas; región este, 39 días con heladas y tres días con nevadas y la región tropical, 25 días con heladas y 8 con días con nevadas.

4. Con base en los antecedentes de las pasadas temporadas invernales registrados por la Unidad Estatal de Protección Civil, los municipios que podrían ser más afectados en la temporada 2007-2008 por nevadas, lluvias, granizo o aguanieve serían los de Bachiniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, Buenaventura, Casas Grandes, Caruchi, Cuauhtémoc, Cusihuarichi, Chinipas, Galeana, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, San Francisco de Borja, Temosachi y Urique.

5. Ante los pronósticos de la temporada invernal 2007-2008, el gobierno del estado ha elaborado el subprograma de protección civil que permita el desarrollo de estrategias que permitan disminuir los hechos que lastimen la integridad de la población de la entidad, involucrando a los sectores público y privado, con el objetivo fundamental de redoblar esfuerzos para prevenir daños en la población.

6. Por otro lado, el subprograma de recuperación elaborado por el gobierno de Chihuahua enmarca las acciones a realizar entre la reconstrucción y vuelta a la normalidad con el apoyo de los tres niveles de gobierno para la reparación y el reforzamiento de la población afectada, considerándose la erogación de recursos estatales, a través de las diversas dependencias del gobierno de la entidad y los recursos federales cuando no sean suficientes los estatales para reparar los daños ocasionados a través del Fondo de Desastres.

7. Sin embargo, debido a las nevadas registradas los días 24 y 25 de noviembre de 2007, el 30 de noviembre se emitió el boletín de prensa de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación por el que se declaró la situación de emergencia por la ocurrencia de nevada en doce municipios del Estado de Chihuahua para liberar los recursos del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a solicitud del gobernador del estado. Dicha declaratoria fue publicada el 14 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia:

10. Sin embargo, aún cuando esta temporada invernal 2007-2008 no ha concluido y la entidad ha registrado las temperaturas más bajas en el país, esta comisión estima que las autoridades municipales, estatales y federales deben redoblar sus esfuerzos con el fin de proteger y atender a la población afectada en la presente temporada invernal y reducir el número de víctimas fatales en el territorio del estado de Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, refuerce e intensifique las medidas llevadas a cabo para atender a las personas afectadas en el estado de Chihuahua que han padecido los efectos de la presente temporada invernal.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua para que, en el ámbito de su competencia, redoble los esfuerzos necesarios con el fin de proteger y atender a las personas que han padecido los efectos de la presente temporada invernal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA REALIZACIÓN DE ACTOS SOLEMNES CADA 30 DE SEPTIEMBRE EN MEMORIA DE DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la Cámara de senadores, el titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados y a los Congresos estatales para que, en el ámbito de sus competencias, realicen actos solemnes el 30 de septiembre de cada año, en ocasión del aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

Contenido de la proposición

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que el 30 de septiembre de cada año, realice actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.

Segundo. Se exhorta al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el 30 de septiembre de cada año, realice actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.

Tercero. Se exhorta a los gobernadores de los estados de la federación y al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que el 30 de septiembre de cada año realicen actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.

Cuarto. Se exhorta a las legislaturas de los estados de la federación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que el 30 de septiembre de cada año realicen actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL REFUERZO DEL PROGRAMA PAISANO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y la coordinación intersecretarial que vigila el programa Paisano, refuerce e intensifique la supervisión de éste.

Asimismo, exhorta a la Coordinación Intersecretarial del Programa Paisano para que, en los ámbitos federal, estatal, municipal y con las organizaciones sociales, se implanten e intensifiquen las acciones que protejan y den seguridad a los connacionales que regresan a nuestro país durante el periodo vacacional de fiestas decembrinas.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

Contenido de la proposición

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la coordinación intersecretarial que vigila el programa Paisano, continúe reforzando el funcionamiento de dicho plan, particularmente en los periodos vacacionales.

Segundo. Se exhorta a la comisionada del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de su competencia, informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre los resultados de la aplicación del programa Paisano durante la temporada decembrina 2007-2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a la asignación y liberación de recursos parta fortalecer el programa de apoyo a los ex trabajadores migratorios mexicanos.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

Con fecha trece de diciembre de dos mil siete, el diputado Isidro Chávez Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada de administrar el Fideicomiso de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a liberar los 510 millones de pesos adicionales que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para fortalecer el programa social a través del cual se otorga a un (sic) apoyo económico a los ex trabajadores migratorios mexicanos.

Asimismo, solicita que la Cámara de Diputados considere, durante las discusiones relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, una partida presupuestal de un mínimo de 2 mil 500 millones de pesos, con objeto de cubrir la deuda con los ex trabajadores migratorios mexicanos que prestaron sus servicios en Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1946 o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que les sobrevivan.

En la misma fecha, trece de diciembre de dos mil siete, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

Con fecha cinco de marzo de dos mil ocho, en sesión celebrada por el pleno de la Comisión de Gobernación se presentó el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado.

Contenido de la propuesta

Destaca la propuesta que el programa Bracero estuvo en vigor de 1942 a 1964; durante ese periodo se inscribieron 4 millones de mexicanos, aproximadamente.

Afirma que "una agencia en Estados Unidos de América se encargó de retener el 10 por ciento del salario de los trabajadores para formar el Fondo de Ahorro Campesino. Posteriormente, esos ahorros fueron transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México, que se transformó en Banrural, hoy Financiera Rural".

Sin embargo, argumenta la exposición de motivos, esos recursos ahorrados nunca fueron devueltos a los trabajadores migrantes debido a que ninguna instancia gubernamental asumió la obligación de restituírselos. Tal situación llevó a la promulgación de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, del 28 de abril de 2005.

Sin embargo, muchos ex trabajadores migratorios y sus organizaciones quedaron fuera de la lista de beneficiarios del fideicomiso, lo que se suma, de acuerdo con las consideraciones ofrecidas en la exposición de motivos, a la desorganización de las mesas receptoras de documentación instaladas en las delegaciones estatales de la Secretaría de Gobernación y la falta de precisión sobre los documentos idóneos para acreditar el derecho a ser inscritos en el padrón. El resultado fue que sesenta por ciento de los ex trabajadores migratorios mexicanos con legítimos derecho a recuperar parte de sus ahorros quedó excluido de estos beneficios.

En ese sentido, el objeto de la proposición con punto de acuerdo es exhortar a la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada de administrar el Fideicomiso de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a liberar y asignar los 510 millones de pesos adicionales que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para fortalecer el programa social a través del cual se otorga un apoyo económico a los ex trabajadores migratorios mexicanos.

En segundo término, se solicita a la Cámara de Diputados que considere, durante las discusiones relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, una partida presupuestal de un mínimo de 2 mil 500 millones de pesos, con objeto de cubrir la deuda con los ex trabajadores migratorios mexicanos que prestaron sus servicios en Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964 o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que les sobrevivan.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:

Consideraciones

La Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005 y su objeto es regular la administración del fideicomiso, que tiene por finalidad otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por la ley en comento.

Dicho fideicomiso es el mecanismo institucional por el que la Secretaría de Gobernación integra un padrón de ex trabajadores migratorios. La inclusión en el padrón está sujeta a la acreditación previa de los interesados (ya fuesen trabajadores o familiares con legítimo derecho a recibir estos recursos) mediante pruebas documentales que probaran efectivamente que habían laborado en Estados Unidos de América.

Sin embargo, la integración del padrón fue motivo de posicionamientos encontrados e inconformidades de quienes quedaron fuera de la lista; a esto se sumó la desorganización en las mesas receptoras de documentación y la falta de precisión respecto a los documentos para validar la inscripción en el padrón.

Un importante número de trabajadores migratorios mexicanos participantes del programa Bracero en Estados Unidos de América se inscribieron en este padrón y exigen la devolución del dinero derivado del fondo de ahorro. Dichas cantidades y sus rendimientos representan sumas importantes que no han sido entregadas en su totalidad a los titulares o a sus beneficiarios.

Únicamente el 40 por ciento ha tenido acceso a los fondos del fideicomiso, el cual asciende a un pago único por 38 mil pesos por ex trabajador; sin embargo, se ha considerado que el pago a los ex trabajadores migratorios mexicanos debería ser superior a esa cantidad.

El 4 de abril de 2006 se presentó en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 6o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El 25 de abril del mismo año fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la ley antes mencionada.

Dicha reforma actualmente se encuentra en el Senado con carácter de minuta y en espera de dictamen, la cual ha sido turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados pretenden abrir una segunda etapa de inscripción en el padrón de ex trabajadores migratorios y reconocer como medio de prueba fehaciente cualquiera de las siguientes acreditaciones: credencial de trabajador emigrante expedida por la Secretaría de Gobernación o la mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos o, en su defecto, otros comprobantes que acrediten la personalidad del trabajador.

Esta Comisión considera que se tiene una deuda económica, histórica y social con los braceros. Debemos reivindicar su esfuerzo devolviendo a los que aún viven o a sus familiares lo que les corresponde por derecho y justicia.

Ellos dieron los mejores años de su vida laboral y fueron generadores de divisas y, actualmente, los pocos sobrevivientes de edad muy avanzada viven en condiciones precarias, por lo que es un acto de justicia retribuirles lo que les corresponde.

En este sentido, y atendiendo al reclamo de los ex trabajadores migratorios mexicanos, se destaca que la Cámara de Diputados aprobó, el 12 de noviembre de 2007, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado el 13 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, con una ampliación de 400 millones de pesos adicionales para el fondo reconociendo lo prioritario del tema.

En el decreto que se ha mencionado, se prevén recursos aprobados del fondo para pago de adeudos a braceros rurales del año 1942 a 1964 por 700 millones de pesos, por lo que esta Comisión considera que ha quedado satisfecho el segundo petitorio de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

Por otro lado, y en virtud de que aún deben asignarse los recursos a los ex trabajadores migratorios mexicanos de acuerdo con lo establecido en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), publicadas el 27 de octubre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, esta comisión considera viable el exhorto a la dependencia coordinadora y al fideicomitente para fortalecer el programa de apoyo económico a los ex trabajadores migratorios mexicanos a través de la liberación de los recursos asignados en los Presupuestos de Egresos de la Federación para 2007 y para 2008.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de titular de la dependencia que preside el Fideicomiso de Apoyo Social para ex Trabajadores migratorios mexicanos, a fortalecer el programa de apoyo económico de los ex trabajadores migratorios mexicanos a través de la liberación de los recursos asignados en los Presupuestos de Egresos de la Federación para 2007 y para 2008.

Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación, como titular de la dependencia encargada de integrar el padrón de ex trabajadores migratorios mexicanos para que, en el ámbito de su competencia, fortalezca y agilice la aplicación del programa de apoyo económico a los ex trabajadores migratorios mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LOS PROGRAMAS POR IMPLANTAR EN LA TEMPORADA DE HURACANES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a los planes y programas que se implantarán en la temporada de huracanes.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

La legisladora proponente sostiene que "de acuerdo con un estudio realizado para el Instituto Nacional de Ecología por investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, en México alrededor de una quinta parte de la población está asentada en lugares de alto riesgo ante eventos de inundación y se encuentra entre los países de más alto riesgo por el paso de sismos, ciclones y huracanes, en virtud de sus colindancias con el Golfo de México, el océano Atlántico y la parte conectada al mar Caribe, siendo las regiones más afectadas por estos fenómenos naturales, el Golfo de Tehuantepec, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, la península de Yucatán".

Asimismo señala que "en México, el 60 por ciento de los daños causados por fenómenos naturales, son provocados por inundaciones asociadas con huracanes, lo que afecta a 45 por ciento de la población total del país, que habita en zonas costeras, donde 738 municipios corren el riesgo de sufrir inundaciones. En nuestro país, cada año se levantan nuevas comunidades en lugares de alto riesgo; es decir, comunidades de futuras víctimas. Se estima que en México existen 20 millones de personas en riesgo por inundaciones y huracanes.

Ante esta alarmante situación, y debido a la falta de una verdadera política de prevención de desastres naturales, los daños materiales provocados por fenómenos meteorológicos, acrecentados por el cambio climático, van en aumento, por lo que la implantación por parte del gobierno de políticas que creen conciencia e instruyan a la ciudadanía sobre la prevención de estos hechos e involucren la participación de los estados y municipios, se hacen imperantes. Subrayamos en este punto que la Organización Meteorológica Mundial estima que resulta hasta seis veces más barato invertir en políticas preventivas, que en la reconstrucción de los daños.

Desafortunadamente, a pesar de que está aumentando la vulnerabilidad de México ante estos fenómenos meteorológicos, las políticas de reconstrucción son la única medida elegida por el gobierno mexicano para remediar los desastres naturales. Esta política, además de costosa, es errónea, debido a que no está encaminada a prevenir o reducir la vulnerabilidad de las personas frente a estos eventos cada vez más intensos. La única respuesta del gobierno federal ha consistido en el apoyo del Ejército Mexicano a la población, mediante el Plan DN-III E, su desalojo temporal de las áreas vulnerables durante episodios extremos, los apoyos provenientes del extranjero y la asignación de un presupuesto al Fondo Nacional de Desastres (Fonden) de mil 126 millones de pesos, a todas luces insuficiente.

Mientras se continúe aplicando políticas reactivas, sin involucrar a la ciudadanía y a los estados y municipios, mientras la capacitación y adiestramiento para enfrentar estos fenómenos sea insuficiente y no exista una forma transparente y expedita para apoyar a las comunidades damnificadas, la tragedia superará una vez más nuestra capacidad de reacción para atender a las víctimas".

En este sentido, el objeto de la proposición con punto de acuerdo es solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los planes y políticas de prevención, atención y a apoyos que se otorgarían a las comunidades afectadas en la temporada de huracanes 2007.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes

Consideraciones

Los huracanes son fenómenos meteorológicos que consisten en sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica, cuyos vientos rotan a más de 118 kilómetros por hora en dirección contraria a las manecillas del reloj en el hemisferio Norte. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.

El cambio climático que produce el calentamiento de los océanos es preocupante; la frecuencia con la que se producen estos fenómenos meteorológicos es de un promedio anual de 10 a 15, llegando a tener la categoría cinco, el máximo en la escala Saffir-Simpson.

Cada año se ratifica la tendencia ya observada desde 2004 de un incremento en la fuerza, concentración y número de eventos climáticos anómalos o por encima de las medias históricas. Por primera vez en 154 años de registro de huracanes; en el 2005 hubo 26 eventos con nombre, el mayor número de huracanes (13) con efectos devastadores en México, Centroamérica e islas del Caribe y la costa norte del Golfo de México, Louisiana, Missouri, Mississippi y Texas.

Con un impacto global que oscila entre 200 y 210 mil millones de dólares, durante el año 2005 se registraron más de 4 mil 600 personas fallecidas y más de seis millones de personas afectadas. Excluidos los daños registrados en Estados Unidos, las estimaciones preliminares del monto de daños y pérdidas en América Latina y el Caribe superan los 6 mil millones (de los cuales 2 mil 222 corresponden a Mesoamérica y el Caribe).

En 2007 se evidenció nuevamente tanto el impacto global de los desastres como la necesidad de tener medidas de contingencia, prevención, alerta y preparación para múltiples amenazas y eventos extremos con períodos largos de retorno.

En nuestro país, pero sobre todo el año 2005, demostró cómo la intervención en el medio natural puede tener consecuencias desastrosas si la vulnerabilidad construida no es adecuadamente atendida y si no existe la necesidad de adoptar la reducción del riesgo como una política nacional explícita en la agenda del desarrollo.

También se evidenciaron otras debilidades cuando el huracán Wilma devastó Cancún y afectó la Riviera Maya de México, ya afectada de manera importante en julio por el meteoro Emily. Ciertamente las pasadas temporadas de huracanes son el indicador para los próximos años como medida de acción en términos de gestión del riesgo, mitigación frente a desastres y adaptación a procesos cuyos ciclos rebasan los ciclos vitales de las actuales generaciones. En México, Stan evidenció vulnerabilidades sociales y ambientales hoy de nuevo exacerbadas.

Todos estos desastres y sus efectos hacen ver que la actividad hidroclimática muestra un franco incremento con secuelas negativas, que refuerzan la urgencia de adaptación por parte de los países a este cambio climático y la necesidad de reducir la vulnerabilidad frente a amenazas crecientes y múltiples, dentro del contexto de las políticas de desarrollo de competitividad, mejora de la productividad y cumplimiento de las Metas del Milenio.

Por sus condiciones geomorfológicos, un buen número de países de la región requieren adoptar planes de ordenamiento territorial y normas de asentamientos humanos, códigos de construcción y estándares de seguridad para enfrentar múltiples amenazas. Sin embargo, esto resulta difícil de concretar cuando dichas amenazas se transforman en desastres.

De ello, esta comisión concluye que es necesario de buscar en la república los instrumentos de reducción y recursos financieros que sean verdaderas herramientas de compensación frente a pérdidas esperables.

Se coincide en señalar que la falta de una adecuada cultura de protección civil constituye un serio problema.

Es preocupante que estas deficiencias también se reflejen en las acciones en materia de capacitación y adiestramiento en todos los niveles del Sistema Nacional de Protección Civil, al igual que en la formación de profesionales en la materia.

Como muestra de ello, en 2002 se suspendió un programa de equipamiento a las unidades de protección civil del país, lo que ha generado el atraso en la actualización del equipo tecnológico para la prevención de estos fenómenos, contando únicamente con los apoyos estatales que resultan insuficientes.

La finalidad y preocupación de la propuesta es compartida por los integrantes de esta comisión, los cuales estimamos necesario que la Secretaría de Gobernación informe a esta Cámara de Diputados sobre los resultados de la aplicación de los planes y programas de protección civil durante la temporada de huracanes de 2007; igualmente, se considera oportuno solicitar a la misma Secretaría que informe a esta Cámara de Diputados sobre planes y programas de prevención que serán aplicados en la temporada de huracanes del año 2008.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinadora General del Sistema Nacional de Protección Civil, que informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre los resultados de la aplicación de los programas de protección civil durante la temporada de huracanes del año 2007.

Segundo. Se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinadora General del Sistema Nacional de Protección Civil, que informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre planes y programas preventivos que serán aplicados en la próxima temporada de huracanes del año 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A PUBLICAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA DE AVISTAMIENTO DE TIBURÓN BALLENA Y LOS MANUALES DE OBSERVACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3084, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar la norma oficial mexicana de emergencia de avistamiento de tiburón ballena y manuales de observación de tiburón ballena.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar la norma oficial mexicana de emergencia de avistamiento de tiburón ballena y manuales de observación de tiburón ballena.

2. En dicha sesión, la proposición con punto de acuerdo en comento fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el expediente número 3084, para estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto que esta representación popular emita un atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que, en el ejercicio de sus facultades y competencias, emita las normas jurídicas conducentes en la regulación del aprovechamiento no extractivo de tiburón ballena dentro del mar territorial mexicano. En la exposición de motivos, el promovente manifiesta que el tiburón ballena es la especie de pez mas grande en el mundo, y a pesar de esto se conoce muy poco sobre su comportamiento, distribución y biología; sin embargo, representa un atractivo turístico muy importante para los países en que se distribuye. Desafortunadamente, las prácticas vinculadas con su observación han perjudicado en demasía a la especie y los ecosistemas en que habita, por lo cual el promovente estima pertinente que el gobierno federal regule este tipo de actividades.

Una vez realizados el estudio y análisis correspondientes de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera pertinente señalar lo siguiente:

El primer reporte científico del tiburón ballena (Rhincodon typus) fue realizado por Andrew Smith, en la bahía Table, Sudáfrica, en 1828, como bien señaló el promovente, éste es el pez más grande del planeta, tiene un cuerpo masivo, fusiforme, que puede alcanzar tamaños de entre 15 y 18 metros;¹ su coloración es gris o azul oscuro en el dorso, con manchas circulares y líneas horizontales y verticales claras blancas o amarillentas con un vientre blanco. Cada individuo presenta un patrón único que permite su identificación individual, pues no se modifica con el crecimiento.

Los tiburones ballena tienen esquilones a lo largo del cuerpo, siendo muy prominentes los laterales. A diferencia de otros tiburones, su boca está en el extremo anterior de su cabeza y ocupa todo el ancho del cuerpo. Los ojos son muy pequeños y están ubicados en los extremos laterales, sus aletas pectorales son poderosas, las pélvicas son muy pequeñas, sobre las cuales se encuentra la primera aleta dorsal, y la caudal es muy grande, semicircular y muy poderosa, y es la que sustenta la propulsión.²

Esta especie es de movimiento lento, cercano a la superficie del agua, y a diferencia de otros tiburones, el tiburón ballena no se alimenta de carne, ya que se alimenta filtrando grandes cantidades de agua donde retiene una amplia variedad de plancton y necton, incluyendo pequeños crustáceos como krill, larvas de cangrejos y copeados, pequeños peces, como sardinas, anchovetas, macarelas y ocasionalmente presas de mayor tamaño como pequeños atunes y calamares.³

Su desplazamiento y agregaciones se asocian a corrientes de alta productividad primaria y zonas de surgencia de nutrientes.

Se reporta que, pese a la gran talla de los adultos, cuando tiene 1 año de edad es muy pequeño, entre 40 y 50 centímetros. La escasa información disponible hace suponer que el tiburón ballena llega a la madurez sexual a los 30 años y que su longevidad es de más de 100 años. Una vez rotos los huevos, los tiburones nacen midiendo entre 60 y 70 centímetros. En esta etapa de la vida, las crías son vulnerables al ataque de otros peces, por lo que muchos de ellos nunca llegan a ser adultos y tener propias crías. En cuanto a su tasa de crecimiento, no se conoce mucho ni se han realizado suficientes estudios morfométricos.⁴

Esta especie habita en todos los mares tropicales y templados del mundo y se conoce por desplazarse a lo largo de grandes distancias. Sin embargo, no se sabe cuántos tiburones ballena viven en el mundo y es poco lo que se sabe acerca de muchos aspectos de su biología, como sus rutas de desplazamiento o sus lugares de reproducción.

Los lugares donde se reúnen estos peces, así como la periodicidad y temporalidad de permanencia en las costas, se encuentran determinados por la disponibilidad de alimento (presencia de plancton y necton en la zona).

México es uno de los países que tienen el privilegio de contar con la visita de estos magníficos animales. Se les puede encontrar en el Caribe mexicano de mayo a agosto y en la península de Baja California en Bahía de los Ángeles, Bahía de la Paz y en Banco Gorda, en la zona de San José del Cabo.⁵ En la zona sur y sureste de la Bahía de la Paz, se les puede encontrar durante abril-junio y octubre-enero.

Las características de esta especie la hacen susceptible de diversos aprovechamientos a lo largo de las costas del mundo; incluso, en algunos países orientales son cazados y vendidos en restaurantes como platillos exóticos y costosos, lo que ha provocado la declinación de ciertas poblaciones, por lo que este tipo de aprovechamientos han sido regulados en algunas naciones. En México, esta especie de pez es considerada amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2001, "Para la protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo".

La actividad de aprovechamiento no extractivo que se realiza con la población también está regulada en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley General de Vida Silvestre.

El tiburón ballena se encuentra en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, donde se sugiere el control estricto de la especie para evitar su extinción. El apéndice 2 de la Convención de Bonn sobre la Conservación de Especies Silvestres Migratorias aplica también al tiburón ballena, considerando que éste se puede beneficiar de acuerdos internacionales para su manejo.

Es considerado vulnerable en la lista roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También se encuentra en la lista de especies de peces transzonales y de poblaciones sumamente migratorias y en riesgo, que requieren políticas de conservación, según la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar. México, como parte contratante del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se estableció en la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1992, se compromete a promover la biodiversidad y el uso sostenible, equitativo y justo de sus beneficios.

Sin embargo, y pese a que nuestro país cuenta con un régimen normativo para regular el aprovechamiento no extractivo de la fauna silvestre, se ha reportado que debido a la falta de vigilancia de las autoridades federales, como la Conanp o la Profepa, los prestadores de servicios turísticos se realizan un aprovechamiento inadecuado de la especie, violando los lineamientos establecidos por la autoridad para dicha actividad, saturando con turistas las lanchas de observación, acosando a los animales e irrumpiendo en horas inadecuadas en su hábitat. Como bien señala el promovente, todas estas conductas se multiplican en los periodos vacacionales o fines de semana por una desenfrenada competencia entre los prestadores de servicios turísticos en las áreas donde arriba el tiburón ballena, las cuales resultan perjudiciales para el bienestar de la especie: perturban su hábitat, y afectan su comportamiento y sus hábitos alimenticios.

La necesidad de regular particularmente el aprovechamiento no extractivo del tiburón ballena ha sido, tal que el 21 de mayo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de lineamientos y especificaciones para la certificación de los servicios de aprovechamiento no extractivo de tiburón ballena en sus áreas de distribución, a fin de certificar sus servicios y dar certeza tanto a las autoridades como a los usuarios de que la actividad se desarrolla de manera sustentable, lo que derivó en que a finales de 2007 se publicara el plan de manejo tipo para realizar aprovechamiento no extractivo del tiburón ballena en México. Éste se basa en el conocimiento que se tiene sobre la biología de la especie, investigaciones en curso y la información generada por los prestadores de servicios turísticos. De esa manera, el objetivo principal de este plan de manejo es conservar, manejar y aprovechar sustentablemente al tiburón ballena y su hábitat en México.

Sin embargo, y por lo señalado, los integrantes de esta comisión legislativa estimamos pertinente que el contenido de dicho plan es materia de una norma oficial mexicana, como plantea el promovente del asunto en estudio, a fin de dar el carácter legal necesario para esta actividad, como sucedió con la NOM-131-SEMARNAT-1998, que contiene los lineamientos y las especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que dicha norma oficial deba ser emergente, ya que en este caso se encontrará sujeta a una cierta temporalidad en su vigencia y aplicación, lo cual obra en detrimento del interés que se busca salvaguardar, por lo que esta comisión ha decidido modificar el exhorto a fin de solicitar que sea una norma oficial mexicana la que deba elaborar y publicar la secretaría.

Por lo expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del honorable Congreso de la Unión sometemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la participación de grupos de expertos, elabore y publique una norma oficial mexicana que contenga los lineamientos y las especificaciones para el aprovechamiento no extractivo de tiburón ballena (Rhincodon typus), así como para la protección y conservación de sus áreas de distribución.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, implante operaciones de vigilancia para verificar los aprovechamientos no extractivos de tiburón ballena (Rhincodon typus) en Yum-Balam-Contoy, Quintana Roo; en Bahía de los Ángeles, Baja California; y en la Bahía de la Paz y en Banco Gorda, en la zona de San José del Cabo, Baja California Sur, a efecto de reducir el posible daño a los ejemplares y a su hábitat.

Notas
1. Kukuyev, 1996.
2. Proyecto tiburón ballena en el Atlántico mexicano, Conanp.
3. Compagno, 1984; Last y Stevens, 1994, citado en Colman, 1997.
4. Biología, Proyecto tiburón ballena en el Atlántico mexicano, Conanp.
5. Ramírez-Macías. Variations of the mitochondrial control region sequence in whale sharks (Rhincodon typus) from the Gulf of California, Mexico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REVISAR Y CORREGIR CON LA MAYOR BREVEDAD LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2008

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2834, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a la brevedad, realice la revisión y corrección de los indicadores de desempeño de los programas a su cargo para el ejercicio presupuestal de 2008, presentando por el diputado Antonio Xavier López Adame del PVEM.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

Primero. En la sesión celebrada el 22 de noviembre de 2007, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a la brevedad, realice la revisión y corrección de los indicadores de desempeño de los programas a su cargo para el ejercicio presupuestal de 2008.

Segundo. Con esta misma fecha, dicha proposición con punto de acuerdo, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales temas en los últimos años, ligado directamente con la gestión pública, es la importancia de rendición de cuentas, resaltando tanto la responsabilidad por los resultados de las políticas públicas, sus programas y su aplicación, así como la necesidad de disponer de mecanismos e instrumentos que permitan evaluar el desempeño y con ello, obtener mejores resultados a fin de realizar una buena toma de decisiones.

En este sentido, la administración pública ha debido avanzar en los procedimientos para mejorar la transparencia, la gestión institucional, así como la ejecución del gasto público, en un contexto donde el logro de las actividades según las metas establecidas, sea el objetivo principal, el cual debe ir encaminado a satisfacer las necesidades de la sociedad de una manera eficiente y eficaz.

En nuestro país, en el año 2006, se expidió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en la cual se incluyo en su artículo 2o., fracción LI, la definición del Sistema de Evaluación del Desempeño como:

En este sentido el artículo 27 de la ley señala:

Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la secretaría, la cual contendrá como mínimo:

La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del presupuesto y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones aplicables.

Se desprende de lo trascrito en párrafos anteriores que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), es un instrumento utilizado por la administración pública federal, para que a través de los indicadores de desempeño, se obtenga información sustentada y precisa del impacto que los programas tienen en la sociedad, a fin verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los mismos, por lo cual, dichos indicadores de desempeño, tienen un papel fundamental para determinar la eficiencia de la política pública, ya que sirven de base para el SED, el cual a su vez, sirve de apoyo al momento de formular el presupuesto de egresos. Ahora bien, en este contexto, la ley que regula la materia, establece tres tipos de indicadores: los de desempeño, los estratégicos y los de gestión, que serán expresados en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.

En este sentido, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría (CEDRSSA), que depende de esta honorable Cámara de Diputados, realizó un estudio el pasado 15 de octubre de 2007, sobre Indicadores propuestos por la Semarnat en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, en el cual se manifiesta que "Los indicadores contenidos en el PPEF 2008 son el resultado de atender las disposiciones emitidas por la SHCP en torno a la formulación de un presupuesto orientado a resultados. Es conveniente señalar que es el primer ejercicio de esta naturaleza que se realiza en la administración pública federal.

Se puede considerar que estos indicadores son preliminares y están en proceso de formulación por las razones siguientes:

Ahora bien, el que varios de los programas ejecutados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no cuenten con indicadores de desempeño, que permitan medir su eficacia y eficiencia, impide obtener una visión real del cumplimiento de las metas establecidas, por lo cual no se puede evaluar de manera cierta el impacto de éstos en la sociedad, ni permite estar en posibilidad, en caso de ser necesario, de redefinir los objetivos y las estrategias originalmente establecidos.

La comisión ordinaria coincide con la propuesta del diputado promovente, sobre la necesidad de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice la revisión y, en su caso, corrección de los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, mismos que formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de que permitan tener una visión objetiva y clara de la ejecución del gasto público, para que al momento de tomar decisiones estas sean acertadas, y el Estado cumpla de manera satisfactoria, con su meta principal, que es el bien común.

Al respecto esta dictaminadora se permite comentar que el equipo técnico de esta comisión consultó a la Semarnat sobre la definición de sus indicadores de desempeño. Al respecto, se informó que a partir del lunes 18 de febrero y hasta el 19 de marzo del año en curso, se llevarán a cabo diversas reuniones con el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de las Mujeres y la propia Semarnat a fin de establecer nuevos indicadores de desempeño acordes al Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 y al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. Asimismo, se aclaró que se trata de un proceso de largo plazo por lo que en el año 2008 sólo contarán con indicadores los programas que tienen reglas de operación, sin embargo la meta es que en el año 2009 todos los programas, sin excepción, cuenten con nuevos indicadores de desempeño.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera pertinente modificar el resolutivo propuesto a fin de que la Semarnat informe a esta soberanía de manera detallada el mecanismo que adoptará paras establecer sus indicadores de desempeño y cómo serán evaluados.

Finalmente, y por lo expuesto, los abajo firmantes, nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que emita indicadores de desempeño, que permitan evaluar de manera eficiente y eficaz el grado de cumplimiento de las metas, los objetivos y los impactos de los programas y las políticas gubernamentales en materia ambiental.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a la brevedad posible, informe a esta soberanía de manera detallada el mecanismo que adoptará para establecer los indicadores de desempeño de los programas que ejecuta, así como su forma de evaluación.

Notas
1. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.
2. CEDRSSA, Indicadores propuestos por la Semarnat en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 15 de octubre de 2007, páginas 12 y 13. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.
3. Ídem, páginas 13 y 14.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, AL GOBERNADOR DE COLIMA, A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE ENERGÍA, Y DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS INVOLUCRADAS A RESPETAR LAS DISPOSICIONES PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO-TERRITORIAL DE LA SUBCUENCA DE LA LAGUNA CUYUTLÁN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Manzanillo, al gobernador de Colima, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, y demás entidades federativas involucradas, a que respeten las disposiciones para cumplir con el programa de ordenamiento ecológico-territorial de la subcuenca de la laguna Cuyutlán.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión legislativa, con base en las facultades conferidas en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIII , y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de plenaria de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 25 de abril de 2006, el diputado Francisco Diego Aguilar, integrante, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Manzanillo, al gobernador de Colima, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, y demás entidades federativas involucradas, a que respeten las disposiciones para cumplir con el programa de ordenamiento ecológico-territorial de la subcuenca de la laguna Cuyutlán.

2. Con esta misma fecha, por mandato de la Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, y, debido a que dicho asunto no pudo ser dictaminado en tiempo y forma, esta comisión se permite elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Nuestro país cuenta con poco más de 11 mil kilómetros de litoral, de los cuales, alrededor del 68 por ciento corresponde a las costas e islas del Océano Pacífico y del Golfo de California, y 32 por ciento a las costas, islas y cayos del Golfo de México y del mar Caribe. Además, cuenta con 500 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, con 16 mil kilómetros cuadrados de superficie estuarina y con más de 12 mil kilómetros cuadrados de lagunas costeras.

Los hábitat acuáticos y costeros completan la extraordinaria riqueza ambiental del país, ya que cuentan con ricos ecosistemas lagunares y una gran biodiversidad. Arrecifes, lagunas costeras, pantanos y manglares configuran complicados sistemas ecológicos, que no sólo representan a los ambientes de mayor productividad biológica, sino que vierten además importantes volúmenes de nutrientes a los océanos, dando lugar a diversas cadenas tróficas marinas.¹ Además de representar una importante fuente de agua dulce para las poblaciones adyacentes por recarga de acuíferos.

Sin embargo, estos ecosistemas presentan intervalos de distribución muy pequeños y se encuentran cercanamente asociados a condiciones ambientales muy restringidas, como pisos altitudinales, niveles de inundación o patrones climáticos muy particulares, lo cual los hace particularmente vulnerables, siendo afectados por las fuerzas acumulativas de las transformaciones globales de deforestación, sobrepastoreo, desertificación, y es muy posible que su vulnerabilidad aumente en el futuro.

Desafortunadamente, algunos ambientalistas consideran que los humedales costeros, en especial los manglares, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo.

La proposición con punto de acuerdo en estudio hace referencia en la destrucción ambiental de la cual está siendo objeto la zona costera del estado de Colima, particularmente de la laguna costera de Cuyutlán, en la cual se sitúa casi toda la extensión estuarina del estado, contando con una gran riqueza natural por la gran cantidad de biodiversidad y endemismos que allí se localizan, representando uno de los ecosistemas lagunares más importantes del estado. Como muestra de lo anterior, en 1994 los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá auspiciaron el proyecto de un atlas de aves acuáticas y costeras en México, cuyo resultado demostró "que de los 98 sitios muestreados, la laguna de Cuyutlán es el segundo sitio de mayor importancia para aves acuáticas migratorias del estrecho del Pacífico mexicano, que se extiende de Culiacán, Sinaloa, hasta la frontera de Guatemala".

La laguna de Cuyutlán se localiza al noroeste de la costa de Colima, entre los 18°57’ y 19°05’ latitud norte, y los 103°57’ y 104°20’ longitud oeste; abarca los linderos de los municipios de Tecomán y Armería hasta la bahía de Manzanillo, ocupa un área promedio de 7 mil 200 ha, con una longitud de aproximadamente de 37 kilómetros; su capacidad de almacenamiento es de 700 mil metros cúbicos, con una profundidad de 0.2 a 4.4 metros. Esta laguna se encuentra permanente comunicada al mar a través del túnel próximo al puerto de Manzanillo, la toma de agua para la Comisión Federal de Electricidad del llamado Canal de Ventanas, por el canal artificial Tepalcates y de manera efímera por el estero de Palo Verde.²

Tal y como lo refiere el promovente del presente acuerdo, esta laguna se encuentra sometida a actividades de alto impacto ambiental que promueven su deterioro, muchos de las cuales son derivadas de cambio de uso de suelo para la ejecución de proyectos de "desarrollo" mal entendido, tanto dentro del cuerpo de la laguna como en sus alrededores, entre las que se encuentran las siguientes:

1. El cambio de uso de suelo autorizado por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Colima, referente a 98.05 has de manglar, incluyendo 30 has de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación portuaria del puerto de Manzanillo en la laguna de San Pedrito, misma que contó con diversas irregularidades jurídicas de origen, ya que fue sustentada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuando por la naturaleza de estos ecosistemas se debió de sustentar también por la Ley General de Vida Silvestre, además de que no fue tomada en cuenta en ese momento la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

2. El otorgamiento de una prórroga para la presentación de información adicional sobre la manifestación de impacto ambiental, presentada por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

3. La conducta pasiva de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al no dar el trámite conducente un recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Ricardo Díaz Virgen a la autorización de cambio de uso de suelo de 98.05 has de manglar otorgada por la secretaría.

4. La autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la instalación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.

Desafortunadamente, la ejecución de este tipo de proyectos ha alterado el balance hidrológico de la Laguna, principalmente por el relleno. Aunado a esto, la laguna de Cuyutlán se encuentra gravemente impactada, como consecuencia del crecimiento no regulado de actividades primarias, la agroindustria, los asentamientos urbanos, la minería y particularmente la industria eléctrica y petrolera. El vertimiento de aguas residuales municipales ha reducido significativamente su capacidad de dilución y depuración del río Armería. Estas actividades de "desarrollo" han desplazado a la pesca ribereña que sustenta a decenas de familias en la región.

Es nuestra obligación velar por el cumplimiento del mandato constitucional para llevar a cabo la rectoría del desarrollo nacional, garantizando que éste sea integral y sustentable, respetando siempre los "criterios de equidad social y productividad […] sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente".

Por ello, es fundamental promover en la región el desarrollo en armonía con la conservación de los recursos naturales, y, para ello, hay que aprovechar los instrumentos de planeación que permiten alcanzar la sustentabilidad.

Esta zona cuenta con el "ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán", el cual constituye uno de los instrumentos de planeación sustentable más eficaces de la política mexicana y cuyo principal objetivo, de acuerdo a lo señalado por el artículo 20 Bis 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es "regular", fuera de los centros de población, los usos del suelo, con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos.

Como hemos mencionado, la legislación mexicana establece restricciones para la construcción de complejos industriales de alto impacto dentro de los ecosistemas, particularmente los que se encuentran contemplados dentro alguna categoría de protección por cualquiera de los tres órdenes de gobierno o en los cuales exista algún mecanismo de planeación ambiental.

De seguir con estos proyectos sin una visión regional de cuenca y sustentable, la destrucción de la laguna de Cuyutlán causaría la pérdida de un importante depósito de biodiversidad para el mundo, se pondría en riesgo la supervivencia de aves acuáticas, las pesquerías y las comunidades locales que dependen de un humedal en buenas condiciones para su sustento económico, por lo que es necesario unirse al esfuerzo global de conservar los últimos reductos de manglares para beneficio de las futuras generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a cancelar la apertura de 400 metros de longitud y el dragado de 16 metros de profundidad de una boca en el vaso II de la laguna Cuyutlán, en tanto no se autorice la correspondiente evaluación de impacto ambiental, de conformidad a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en la materia.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar la legalidad en el otorgamiento de la autorización de cambio de uso de suelo de 98.05 has de humedal para la ampliación portuaria en la laguna de San Pedrito, municipio de Manzanillo, Colima, otorgada a la administración portuaria integral de Manzanillo, por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Colima.

Tercero. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar que la planta de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico, situada en la comunidad de Campos, municipio de Manzanillo, Colima, cuente con la autorizaciones federales correspondientes y cumpla con las medidas de mitigación que le hayan sido fijadas.

Notas
1. Información extraída del manual de la Convención de Ramsar. (http://www.ramsar.org/lib/lib_manual2006s.htm) y del 2o. informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: El agua, una responsabilidad compartida". (http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents_es.shtml).
2. López S, F. Estudios físicos y proyecto de comunicación de la laguna de Cuyutlán con el mar. Tesis de licenciatura. Facultad de Ingeniería, UNAM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica en contra), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa por la que se reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología.

En sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 2005 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Beatriz Mójica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa por la que se reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género, para su estudio y posterior dictamen.

Con fecha doce de febrero de dos mil ocho, los integrantes de la Comisión de Equidad y Género aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

Con fecha cinco de marzo de dos mil ocho, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

II. Contenido de la iniciativa.

La iniciadora expone que la igualdad jurídica como principio rector de nuestro sistema normativo ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales, que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema jurídico, pero que fundamentalmente han permitido establecer las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica equidad.

Manifiesta que si bien el Estado Mexicano reconoció el principio fundamental de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en 1974, mediante la reforma al artículo 4o. Constitucional, no fue sino hasta el 2002 cuando se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en el artículo 175, apartado tercero, que los partidos políticos nacionales deben reflejar en sus estatutos que las candidaturas propietarias a diputados y senadores no excedan del 70% para un mismo género.

Además de que la reforma al Cofipe no hizo sino poner en evidencia el trato discriminatorio que seguía existiendo para la mujer; por ello la última reforma de junio de 2002 dispone que los partidos políticos deban asumir el compromiso de promover la equidad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección popular, abriendo en el Cofipe la posibilidad de que ningún género tuviera una representación mayoritaria al 70%; sin embargo, el espíritu de la ley se vio afectado por ciertas prácticas en algunos partidos políticos, observándose que sólo los titulares de las listas fueron del género con representación minoritaria, que desafortunadamente hemos sido las mujeres y a los pocos días, misteriosamente renunciaron a sus cargos para dar paso a sus suplentes de género diferente, lo cual dio lugar a muchas especulaciones.

Por ello resalta la importancia que cuando se haga uso de una acción afirmativa dentro de las listas de candidatos a diputados federales y senadores se contemple el conjunto de la formula, es decir, la titularidad y la suplencia de tal manera que en ningún momento el género menor representado en el H. Congreso de la Unión se vea aún más disminuido en su representación.

III. Consideraciones.

Las Comisiones dictaminadoras coinciden con la proponente en la importancia de establecer en la legislación electoral el derecho de las mujeres a ocupar espacios de elección popular y de cargos de dirección, en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De ahí que reconozcan el esfuerzo de diversas Diputadas de la LX Legislatura por incluir el tema de la participación política de la mujer en los cargos de elección popular y en los órganos directivos de los partidos políticos.

Por otra parte, señalan que con fecha 14 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto mediante el cual se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales expedido el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, expidiendo uno nuevo. Lo anterior, a partir del proceso de Reforma Electoral que se llevó a cabo en el H. Congreso de la Unión.

En el análisis y discusión de la participación política de la mujer, estuvieron presentes Diputadas de diversos grupos parlamentarios, donde cada una manifestó su postura al respecto y puso sobre la mesa las propuestas en el tema. De ello, el acuerdo que por mayoría se obtuvo fue el que se plasmó en los siguientes artículos del nuevo Código que a continuación se anotan:

En ese sentido, se manifiesta que, si bien se logró un avance en materia de participación política de las mujeres al introducir disposiciones desde la perspectiva de género en el nuevo Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, debe estarse pendiente de la aplicación efectiva de dichas normas; además de que deben darse los pasos para lograr la paridad de género en términos de lo establecido por diversos instrumentos internacionales de los que México es signatario.

Por lo que las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género estiman que el propósito que llevó a la promovente a presentar la Iniciativa de mérito, es considerado en las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado el 14 de enero en el Diario Oficial de la Federación, de ahí que se someta a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga, que reforma disposiciones de Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a cinco de marzo de dos mil ocho.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica en abstención), Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en abstención), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica en contra), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho, Aracely Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHAN CINCUENTA Y CINCO INICIATIVAS DE LA LIX LEGISLATURA QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 1990, ABROGADO POR EL NUEVO COFIPE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE ENERO DE 2008

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, cincuenta y un iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentadas durante la LIX Legislatura.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Durante el período del 12 de septiembre de 2003 al 23 de agosto de 2006, fueron turnadas a la Comisión de Gobernación, por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, cincuenta y cinco iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990.

Consideraciones

Primera. De acuerdo a lo establecido en la Ley para la Reforma del Estado, publicada el 13 de abril de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, integrada por los diputados y senadores del Congreso de la Unión, valoraron y analizaron los proyectos relativos a la reforma del Estado en materia electoral, por lo que el 13 de septiembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. En congruencia con la reforma constitucional, los integrantes del Congreso de la Unión se abocaron al análisis de las iniciativas para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en vigor desde 1990. En este sentido, el 14 de enero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que abrogó al de 1990.

Tercera. En este sentido, el presente dictamen tiene por objeto concluir con el procedimiento legislativo ya que las iniciativas presentadas durante la LIX Legislatura que se enuncian en este documento, fueron consideradas e incorporadas sustancialmente en el decreto que expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que al haber sido abrogado el Código de 1990, han quedado sin materia para los efectos del apartado G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarta. Como se ha señalado en el apartado de antecedentes, las iniciativas objeto de este dictamen inciden, de manera coincidente, en distintos tópicos del derecho electoral. Independientemente de sus particulares posiciones en la materia, en todas se encuentra el mismo propósito: superar los retos que impone la convivencia política y democrática de los mexicanos.

En efecto, las iniciativas que se dictaminan ponen especial énfasis en el mejoramiento de las normas jurídicas relacionadas con los procedimientos electorales, el sistema de partidos y los organismos ciudadanos encargados de conducir las actividades comiciales. Entre los asuntos que se atienden por las iniciativas en cuestión, se tienen los siguientes:

En consecuencia, y al encontrarse referidas estas iniciativas a disposiciones constitucionales reformadas y a un ordenamiento abrogado, esta Comisión queda imposibilitada para producir –en sustancia y forma- el acto de dictamen legislativo.

Sexta. No obstante que formalmente se han modificado las bases constitucionales y normativas sobre las cuales formular este dictamen, esta Comisión de Gobernación ha ponderado su objeto y ha estimado que una buena parte de sus propuestas han quedado recogidas en el nuevo COFIPE.

En cuanto a la publicidad y propaganda gubernamentales –iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua– el artículo 41 constitucional en su Base III, Apartado C establece que "durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia". En el mismo sentido se reformó el artículo 2º del COFIPE.

En lo relativo a la integración del Instituto Federal Electoral –iniciativa de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena– tanto la Base V del artículo 41 constitucional como el Libro Tercero del COFIPE establecen de manera amplia y detallada cuál será la organización e integración del IFE.

Sobre el horario de apertura de casillas –iniciativa del diputado José Mario Wong Pérez– el COFIPE se refiere, en su Libro Quinto, Título Tercero, artículo 259, numeral 2, a la jornada electoral, estableciendo como hora de instalación de las casillas, las 8:00 horas.

Acerca de los observadores electorales –iniciativa del diputado Quintín Vázquez García– el artículo 5, numeral 4, del COFIPE establece las reglas a que deberán sujetarse los observadores electorales.

En lo que concierne al "voto en blanco" –iniciativa de los diputados Eliana García Laguna y Rafael García Tinajero– el artículo 274 en su numeral 2, dispone que es voto nulo "aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político".

En relación con la credencial para votar con fotografía –iniciativa del diputado René Meza Cabrera– el COFIPE hace referencia, en múltiples ocasiones a la "credencial para votar con fotografía".

Por lo que se refiere al destino de los bienes de los partidos políticos que pierdan el registro –iniciativa del diputado Jorge Kawaghi Macari– el COFIPE en su artículo 103, ya dispone normas y procedimientos para que los recursos y bienes de los partidos políticos que pierden su registro pasen al dominio de la Federación, una vez que cumplan con sus obligaciones laborales y de otra índole.

En relación con la interpretación del COFIPE –iniciativa del diputado Jorge Kawaghi Macari– el código establece en el artículo 3, numeral 2, que ésta "se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución".

Lo referente a la publicación y difusión de encuestas y sondeos, –iniciativa del diputado Emilio Zebadúa González–, el artículo 237, numeral 6 del COFIPE establece que "durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal.

En materia de derechos y obligaciones de las Agrupaciones Políticas Nacionales –iniciativa del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, el Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo Segundo del COFIPE, y los artículos 83, numeral 1, inciso b), fracción V; 341, numeral 1, inciso b) y 354, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento, se refieren a todo lo relacionado con las agrupaciones políticas nacionales, estableciendo diversos derechos, prerrogativas y obligaciones. El artículo 34, numeral 1 del COFIPE ya contempla que "las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición". Asimismo, los artículos 77, numeral 6, 83, fracción V, 341 y 354, se refieren a la fiscalización de los recursos de estas agrupaciones y a las sanciones que se les pueden aplicar.

Lo concerniente al voto de los mexicanos en el extranjero –iniciativa del diputado Rafael Flores Mendoza, recordemos que al dictaminar la propuesta del nuevo COFIPE, esta Comisión determinó mantener sin cambios el libro dedicado al tema, ya que se consideró que es necesario un análisis exhaustivo de los resultados de la experiencia de la elección del año 2006.

Por lo que toca al acceso a radio y televisión –iniciativas de los diputados Pablo Gómez Álvarez, Quintín Vázquez García, Jesús Vázquez González–, el nuevo COFIPE en el libro segundo, título tercero, capítulo primero, establece un nuevo modelo de acceso a radio y televisión para los partidos políticos.

Las nuevas disposiciones contemplan el acceso de los partidos a dichos medios tanto en las precampañas como durante las campañas; dispone lo necesario para la asignación de tiempo entre los partidos y por tipo de campaña, tanto en elecciones federales como locales.

Asimismo, se le otorgan facultades al Instituto Federal Electoral como autoridad única en esta materia, a través del Comité de Radio y Televisión, determinará las pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos, realizará la asignación entre los mismos, conforme a los criterios constitucionales (30% igualitario y 70% proporcional), realizará los trámites necesarios para hacer llegar los materiales a todas las estaciones y canales y vigilará el cumplimiento de las pautas por parte de los concesionarios y permisionarios.

El Código faculta al IFE para expedir, con aprobación del Consejo General, el reglamento aplicable a la administración de los tiempos en radio y televisión.Se establece además que el tiempo de radio y TV destinado a los fines propios del IFE, así como otras autoridades electorales locales, será administrado por el propio IFE, con la participación de los institutos locales, en su caso.

Con respecto al establecimiento de normas actualizadas que garanticen el proceso democrático –iniciativa del diputado Jesús Martínez Álvarez– esta Comisión considera que las reformas constitucionales en materia electoral y el nuevo COFIPE que se mencionan en este dictamen son, en conjunto, el marco jurídico actualizado que garantiza un proceso electoral democrático.

Lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos –iniciativas del diputado José Antonio Cabello Gil– el artículo 78, del COFIPE establece un nuevo sistema de financiamiento público con el objeto de reducir los recursos públicos destinados a los partidos políticos para gastos de campaña, quedando en un 70 por ciento en elecciones intermedias y 50 por ciento en elecciones presidenciales. Se establece que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, "el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal." "El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior."

Sobre el tema de campañas electorales –iniciativas de los diputados José Antonio Cabello Gil y Jorge A. Kahwagi Macari– el nuevo sistema de financiamiento público, permitirá reducir los recursos públicos destinados a los partidos para gastos de campaña: 70% en elecciones intermedias y 50% en elecciones presidenciales. Asimismo, para las campañas federales se introducen en el Cofipe los plazos constitucionales respecto de sus plazos de duración (90 y 60 días, según se trate del año de elecciones generales o intermedias) y los nuevos criterios para la determinación del tope de gastos por tipo de campaña, que en el caso de la presidencial experimentará una reducción sustancial, como corresponde a la reforma en materia de financiamiento de campaña. En correspondencia con lo anterior, se ajustan los plazos de registro de candidatos. En relación con el tema propuesto por el diputado Kahwagi, el COFIPE ya establece en su artículo 229, numeral 3, que "no se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones".

Las propuestas vinculadas a los plazos para registro de candidaturas –iniciativa del diputado José Antonio Cabello Gil–, han quedado recogidas en el nuevo COFIPE, pues establece los plazos en que deberán registrarse los candidatos a los diferentes cargos de elección popular de la siguiente manera (artículo 223):

"Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: a) En el año de la elección en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, todos los candidatos serán registrados entre el 15 al 22 de marzo y b. En el año de la elección en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, los candidatos por ambos principios serán registrados entre el 22 al 29 de abril, por los órganos señalados en las fracciones I y II del inciso anterior".

Acerca de los debates entre candidatos –iniciativa del diputado Jorge A. Kahwagi Macari–, el nuevo COFIPE ya regula la organización, transmisión, difusión y demás aspectos relacionados con los debates entre candidatos. El artículo 70 establece que:

La propaganda electoral –iniciativas de las diputadas Claudia Ruíz Massieu Salinas y Laura Elena Martínez Rivera– ha quedado regulada en la Constitución Política y en el COFIPE. El Apartado C del artículo 41 constitucional y en el mismo sentido los artículos 38 inciso p) y 233 numeral 2 del COFIPE disponen que "en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas". Por otro lado, también queda regulado el hecho de que podrá colgarse o fijarse propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario. Respecto a la propuesta de la diputada Martínez Rivera, el artículo 236 del COFIPE prohíbe colocar propaganda en elementos del equipamiento urbano.

Las propuestas sobre derechos y obligaciones de los partidos políticos –iniciativa del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, han quedado plasmadas en el libro segundo, título segundo, capítulos tercero, cuarto y quinto del nuevo COFIPE cuando se regula el régimen de derechos y obligaciones de los partidos políticos y se definen los ámbitos que constituyen su vida interna.

Sobre coaliciones –iniciativa del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, el nuevo COFIPE establece en los artículos 93, numeral 2 y 95 al 99, normas para flexibilizar los requisitos para su integración y para que cada partido aparezca en la boleta electoral con su propio emblema. De esta manera, los votos contarán para cada partido y se sumarán para el candidato de la coalición.

Se establece además que los partidos coaligados podrán convenir que para el caso de que uno –o más– de ellos no obtenga por sí mismo el 2 por ciento que la Constitución y el COFIPE establecen como requisito para conservar registro y participar en la distribución de diputados por el principio de representación proporcional, el o los partidos coaligados que hayan alcanzado una votación superior a ese porcentaje mínimo, podrán trasladar de su votación la parte necesaria para que los primeros cumplan el requisito señalado, sin exceder el dos por ciento. Lo anterior con la condición de que el partido beneficiario de la transferencia haya obtenido, por sí mismo, al menos el uno por ciento de la votación nacional.

Los asuntos vinculados con precampañas y procesos internos de selección de candidatos –iniciativas de los diputados Jorge A. Kahwagi Macari y Luis Monárrez Rincón, el nuevo código introduce en el libro quinto, título segundo, capítulo primero, la regulación detallada de las precampañas electorales, que forman parte de los procesos internos de selección de candidatos. Al efecto, se establecen los plazos de duración de las precampañas, en consonancia con la norma constitucional que dispone un máximo de sesenta días para las precampañas en el año de la elección presidencial y de 45 días en el año de la elección intermedia.

Establece asimismo los criterios para la determinación de los topes de gasto de precampaña, así como las normas comunes que los partidos deberán observar para la organización y desarrollo de sus procesos internos.

Por lo que corresponde al uso de material biodegradable en la propaganda electoral -iniciativa del diputado Jorge Legorreta Ordorica, el nuevo COFIPE ha introducido restricciones a la colocación de propaganda impresa en lugares públicos y en el equipamiento urbano y se establece que sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa, lo anterior se encuentra previsto en el artículo 234, numeral 1 y 236, numerales 1 y 2.

Otras iniciativas materia de este dictamen abordan disposiciones que –con toda seguridad– formarán parte del trabajo parlamentario que en breve iniciará el Congreso de la Unión para adecuar diversas leyes federales en los que tiene efecto la reforma constitucional de noviembre del año pasado.

Tomando en consideración que con las reformas a la Constitución publicadas el 13 de noviembre del 2007 y la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) publicado el 14 de enero del 2008, han sido modificadas las bases constitucionales, normativas y sobre las cuales formularon las iniciativas antes examinadas, y; considerando que su propósito sustancial quedo recogido en la nueva legislación electoral federal, esta Comisión ha resuelto desecharlas ante la imposibilidad de producir el acto de dictamen legislativo en sustancia y forma.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Las iniciativas con proyecto de decreto relacionadas y descritas en el cuerpo del presente dictamen, presentadas durante la LIX Legislatura, quedan sin materia en virtud de que las disposiciones a que se refieren corresponden al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa, abrogado por el nuevo COFIPE publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de dos mil ocho.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a cinco de marzo de dos mil ocho.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica en abstención), Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en abstención), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en abstención), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica en contra), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHAN TREINTA Y SEIS INICIATIVAS DE LA LX LEGISLATURA QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 1990, ABROGADO POR EL NUEVO COFIPE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE ENERO DE 2008

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, diversas iniciativas que tienen por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 85, 87, 88 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de las iniciativas en comento, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Con fecha cinco de marzo de dos mil ocho, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes y habiendo analizado el contenido de las Iniciativas, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primera. De acuerdo a lo establecido en la Ley para la Reforma del Estado, publicada el 13 de abril de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, integrada por los diputados y senadores del Congreso de la Unión, valoraron y analizaron los proyectos relativos a la reforma del Estado en materia electoral, por lo que el 13 de septiembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. En congruencia con la reforma constitucional, los integrantes del Congreso de la Unión se avocaron al análisis de las iniciativas para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en vigor desde 1990. En este sentido, el 14 de enero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que abrogó al de 1990.

Tercera. Uno de los temas sustanciales del trabajo parlamentario de la presente Legislatura al Congreso de la Unión lo ha constituido, sin duda, la adecuación del marco jurídico para fortalecer nuestro Sistema Político Electoral y las instituciones democráticas nacionales.

De ahí que la suscrita Comisión de Gobernación haya estado atenta a los propósitos que animan a las treinta y seis iniciativas anteriormente relacionadas y que –en razón a su contenido– ha determinado dictaminarlas de manera conjunta.

Para tal efecto, los integrantes de la Comisión responsable de este dictamen han realizado el debido intercambio de comentarios tomando como base el diálogo sostenido entre legisladores de los ocho grupos parlamentarios durante el proceso legislativo de reformas constitucionales y de expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Cuarta. En este sentido, el presente dictamen tiene por objeto concluir con el procedimiento legislativo ya que las iniciativas que se enuncian en este documento, fueron consideradas e incorporadas sustancialmente en el decreto que expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que al haber sido abrogado el Código de 1990, han quedado sin materia para los efectos del apartado G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinta. En este sentido, las iniciativas versan de manera coincidente sobre cuestiones de orden electoral que, si bien tienen perspectivas variadas entre sí, a todas las anima el propósito de superar los retos que impone la convivencia política y democrática de los mexicanos.

En ese contexto, todas las proposiciones legislativas examinadas confluyen en la necesidad de mejorar los procedimientos comiciales, fortalecer el sistema de partidos y acrecentar la autonomía y capacidades de los organismos electorales, abordando los siguientes aspectos:

En efecto, la reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre del 2007 y el decreto por el que se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que fue publicado el 14 de enero del año en curso, han modificado las bases constitucionales, normativas y sobre las cuales se hicieron las propuestas de reforma o adición.

Por tanto, al encontrarse referidas estas iniciativas a un ordenamiento abrogado, esta Comisión queda imposibilitada para producir –en sustancia y forma– el acto de dictamen legislativo.

Séptima. Sin perjuicio de que formalmente han quedado sin materia las iniciativas en comento, esta Comisión de Gobernación ha ponderado la finalidad de las mismas y ha estimado que una buena parte de sus propuestas han quedado recogidas en el nuevo COFIPE.

En efecto, por lo que hace al tema de depósito de paquetería, documentación y expedientes electorales, los artículos 290 y 302 del COFIPE establecen el procedimiento para la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes que contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos Distritales, disponiendo que el depósito se hará en un lugar dentro del local del Consejo Distrital, así como la obligación de los presidentes de los Consejos Distritales en relación con el depósito de los expedientes de casilla.

En cuanto a las relaciones laborales del personal del servicio profesional electoral y de la rama administrativa del IFE, el artículo 208, numeral 1 del COFIPE establece que "todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución".

El tema del número de casillas especiales, el artículo 244, numeral 3, del COFIPE establece que "en cada distrito electoral se podrán instalar hasta cinco casillas especiales." Por lo hace al asunto de la ubicación de casillas e integración de mesas directivas de casilla, el nuevo COFIPE se refiere a este tema en el Capítulo Cuarto, del Título Segundo, del Libro Quinto, específicamente en los artículos 240, 241y 242.

Lo referente a la publicación y difusión de encuestas y sondeos antes de una elección, el artículo 237, numeral 6 del COFIPE establece que "durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal.

Las propuestas sobre formación de militantes de partidos políticos, el artículo 26, numeral 1, inciso c, establece que el programa de acción de los partidos políticos determinará medidas para "formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política".

Los cambios propuestos sobre el Catálogo General de Electores y Padrón Electoral, los artículos 128, numeral 1, inciso a), y 182, ambos del COFIPE, establecen las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en materia de elaboración y actualización del catálogo general de electores y del padrón electoral.

En cuanto a la obtención y pérdida del registro de partidos políticos, el artículo 32, numeral 1 establece que "al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código."

En lo relativo a la facultad del IFE de imprimir materiales electorales, el artículo 41 constitucional, Base V, que "el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales…" Asimismo, el artículo 130, inciso c, del COFIPE, dispone que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene entre sus atribuciones "proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada".

En materia de derechos y obligaciones de las Agrupaciones Políticas Nacionales, el Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo Segundo del COFIPE, se refiere a todo lo relacionado con las agrupaciones políticas nacionales, estableciendo diversos derechos, prerrogativas y obligaciones. El artículo 34, numeral 1 del COFIPE ya contempla que "las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición". Asimismo, los artículos 77, numeral 6, 83, numeral 1, inciso b), fracción V, 341, numeral 1, inciso b) y 354, numeral 1, inciso b), se refieren a la fiscalización de los recursos de estas agrupaciones y a las sanciones que se les pueden aplicar.

Lo concerniente al voto de los mexicanos en el extranjero, recordemos que al dictaminar la propuesta del nuevo COFIPE, esta Comisión determinó mantener sin cambios el libro dedicado al tema, ya que se consideró que es necesario un análisis exhaustivo de los resultados de la experiencia de la elección del año 2006.

Por lo que toca al acceso a radio y televisión, el nuevo COFIPE establece un nuevo modelo de acceso a radio y televisión para los partidos políticos en el libro segundo, título tercero, capítulo primero.

Las nuevas disposiciones contemplan el acceso de los partidos a dichos medios tanto en las precampañas como durante las campañas; dispone lo necesario para la asignación de tiempo entre los partidos y por tipo de campaña, tanto en elecciones federales como locales.

Asimismo, se le otorgan facultades al Instituto Federal Electoral como autoridad única en esta materia, a través del Comité de Radio y Televisión, determinará las pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos, realizará la asignación entre los mismos, conforme a los criterios constitucionales (30% igualitario y 70% proporcional), realizará los trámites necesarios para hacer llegar los materiales a todas las estaciones y canales y vigilará el cumplimiento de las pautas por parte de los concesionarios y permisionarios.

El Código faculta al IFE para expedir, con aprobación del Consejo General, el reglamento aplicable a la administración de los tiempos en radio y televisión. Se establece además que el tiempo de radio y TV destinado a los fines propios del IFE, así como otras autoridades electorales locales, será administrado por el propio IFE, con la participación de los institutos locales, en su caso.

Lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos, el artículo 78, del COFIPE establece un nuevo sistema de financiamiento público con el objeto de reducir los recursos públicos destinados a los partidos políticos para gastos de campaña, quedando en un 70 por ciento en elecciones intermedias y 50 por ciento en elecciones presidenciales. Se establece que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, "el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal." "El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior."

Por lo que se refiere al financiamiento privado, se ha reducido el monto máximo que los partidos pueden recibir por concepto de financiamiento privado. Con respecto al financiamiento de simpatizantes, el artículo 78, numeral 4, inciso c), fracción I, del COFIPE establece ciertas reglas: cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior; las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial, entre otras.

Sobre el tema de gastos y duración de campañas, el nuevo sistema de financiamiento público, permitirá reducir los recursos públicos destinados a los partidos para gastos de campaña: 70% en elecciones intermedias y 50% en elecciones presidenciales.

Asimismo, para las campañas federales se introducen en el Cofipe los plazos constitucionales respecto de sus plazos de duración (90 y 60 días, según se trate del año de elecciones generales o intermedias) y los nuevos criterios para la determinación del tope de gastos por tipo de campaña, que en el caso de la presidencial experimentará una reducción sustancial, como corresponde a la reforma en materia de financiamiento de campaña. En correspondencia con lo anterior, se ajustan los plazos de registro de candidatos.

Las propuestas vinculadas a los plazos para registro de candidaturas, han quedado recogidas en el Artículo 223, numeral 1, incisos a) y b), en el nuevo COFIPE, pues establece los plazos en que deberán registrarse los candidatos a los diferentes cargos de elección popular de la siguiente manera:

Lo concerniente al secreto bancario, fiduciario y fiscal, se recoge en el nuevo COFIPE, en los artículos 78, numeral 4, inciso e, 79 numerales 3 y 4 y 81 inciso r, donde se elimina el derecho al secreto bancario, fiduciario y fiscal respecto de los partidos políticos.

Las propuestas sobre derechos y obligaciones de los partidos políticos, han quedado plasmadas en el libro segundo, título segundo, capítulos tercero, cuarto y quinto del nuevo COFIPE cuando se regula el régimen de derechos y obligaciones de los partidos políticos y se definen los ámbitos que constituyen su vida interna.

El tema de la transparencia y acceso a la información de los partidos, ha sido contemplado en el artículo 38, numeral 1, inciso t) y en el libro segundo, título segundo, capítulo quinto, artículo 341, numeral 1, incisos a) y b) del nuevo código al momento de prever obligaciones en la materia para los partidos políticos, el tipo de información que debe ser pública y los procedimientos para cumplir dichas obligaciones.

Sobre coaliciones, el nuevo COFIPE establece en los artículos 93, numeral 2 y 95 al 99, las normas para flexibilizar los requisitos para su integración y para que cada partido aparezca en la boleta electoral con su propio emblema. De esta manera, los votos contarán para cada partido y se sumarán para el candidato de la coalición.

Se establece además que los partidos coaligados podrán convenir que para el caso de que uno –o más– de ellos no obtenga por sí mismo el 2 por ciento que la Constitución y el COFIPE establecen como requisito para conservar registro y participar en la distribución de diputados por el principio de representación proporcional, el o los partidos coaligados que hayan alcanzado una votación superior a ese porcentaje mínimo, podrán trasladar de su votación la parte necesaria para que los primeros cumplan el requisito señalado, sin exceder el dos por ciento. Lo anterior con la condición de que el partido beneficiario de la transferencia haya obtenido, por sí mismo, al menos el uno por ciento de la votación nacional.

En cuanto a los consejeros electorales, se trata de otro tema ya regulado en el nuevo COFIPE, en el artículo 110, como en lo relativo a los plazos de mandato de los consejeros electorales y del consejero presidente del Consejo general del IFE y la renovación escalonada de los mismos. Asimismo, se prevé la concurrencia, con voz pero sin voto, de consejeros del Poder Legislativo en el Consejo General del IFE.

Los asuntos vinculados con precampañas y procesos internos de selección de candidatos, el nuevo código introduce la regulación detallada de las precampañas electorales, que forman parte de los procesos internos de selección de candidatos. Al efecto, se establecen los plazos de duración de las precampañas, en consonancia con la norma constitucional que dispone un máximo de sesenta días para las precampañas en el año de la elección presidencial y de 45 días en el año de la elección intermedia.

Establece asimismo los criterios para la determinación de los topes de gasto de precampaña, así como las normas comunes que los partidos deberán observar para la organización y desarrollo de sus procesos internos.

Por lo que corresponde al uso de material biodegradable en la propaganda electoral, el nuevo COFIPE ha introducido restricciones a la colocación de propaganda impresa en lugares públicos y en el equipamiento urbano y se establece que sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa, lo anterior se encuentra previsto en el artículo 234, numeral 1 y 236, numerales 1 y 2.

Y acerca de las medidas propuestas para garantizar la equidad de género, encontramos que el artículo 38, numeral 1, inciso s) del nuevo COFIPE garantiza condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, ha dejado como obligación a los partidos políticos, el garantizar la paridad entre los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

Tomando en consideración que con la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) publicado el 14 de enero del 2008, han sido modificadas las bases sobre las cuales formularon las iniciativas antes examinadas, y; considerando que su propósito sustancial quedo recogido en la nueva legislación electoral federal, esta Comisión ha resuelto desecharlas ante la imposibilidad de producir el acto de dictamen legislativo en sustancia y forma.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Gobernación, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Las iniciativas con proyecto de decreto relacionadas y descritas en el cuerpo del presente dictamen, presentadas durante la LX Legislatura, quedan sin materia en virtud de que las disposiciones a que se refieren corresponden al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa, abrogado por el nuevo COFIPE publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a cinco de marzo de dos mil ocho.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica en contra), Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en contra), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en abstención), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica en abstención), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica en contra), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).