La suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, sólo a efecto de que se turne a comisión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Congreso de la Unión que exhorte a la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación a emitir la resolución definitiva en el expediente número 75/06, radicado ante la misma comisión, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
1. Con fecha trece de octubre de dos mil seis se presentó demanda laboral ante la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, por la actora Hazel Luz Idalia Mier Arriaga, en su carácter de secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Puebla, la que, una vez ampliada la demanda, con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, se acordó su radicación con el número 75/06.
2. La parte demandada es el licenciado Rafael González Castillo, en su carácter de juez sexto de Distrito en el estado de Puebla.
3. La acciones ejercidas por la parte actora fueron las de reinstalación, basificación y pago de salarios caídos, que fueron apoyadas por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el acuerdo número 30/2005.
4. El demandado contestó y amplió la demanda, corriendo traslado a la parte actora con la copia de la misma contestación.
5. Seguido el juicio y una vez desahogadas las pruebas aportadas por cada una de las partes, con todas y cada una de las formalidades legales aplicables al caso, por auto de veintiuno de mayo de dos mil siete se concedió a las partes el término de tres días para formular los respectivos alegatos.
6. Con fecha primero de junio de dos mil siete se ordenó realizar el proyecto de laudo correspondiente.
7. Ante el incumplimiento por la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación en la emisión del proyecto del laudo y del mismo laudo, pese a que han pasado ya varios meses.
De acuerdo con lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, a efecto de que sólo se turne a comisión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación a resolver con la mayor brevedad el expediente número 75/06.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2008.
Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA FELICITA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL
POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PASADAS ELECCIONES Y SU CONSIGUIENTE
REELECCIÓN, Y LE DESEA UNA GESTIÓN FAVORABLE POR EL BIEN
DE ESPAÑA Y DE SUS CIUDADANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO
LANDERO GUTIÉRREZ Y MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez y María Eugenia Campos Galván, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que esta LX Legislatura felicita al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero por los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, celebradas en España, el pasado domingo 9 de marzo del presente, deseándole una favorable gestión por el bien de España y sus ciudadanos.
Consideraciones
Desde el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo de 1977, entre México y España, cuando la dictadura franquista terminaba y comenzaban a crearse los espacios para instaurar la democracia, en especial, con la promulgación de la Ley de Asociación, que daría la pauta para crear partidos políticos de manera legal en España y, con la puesta a discusión sobre la legislación electoral en México; ambos países se involucraron en circunstancias similares que buscaban fortalecer la política interna de forma legal, plural y efectiva.
Posteriormente ambos países mostraron avances que les permitieron oficializar las relaciones económicas, migratorias y comerciales que se habían afectado y debilitado.
Instaurada la democracia, ambos gobiernos han mantenido una relación estrecha y de mutuo respeto, compartiendo ideales y valores propios de una democracia como la tolerancia, el respeto y la equidad, de manera independiente a la ideología del partido que se encuentre en el gobierno, es por ello que compartimos y respaldamos la declaración hecha por Rodríguez Zapatero en referencia a la gobernabilidad sin crispaciones, ya que sólo de esta manera se generan pactos de Estado que permiten legislar en claro beneficio para el país.
Asimismo, valoramos la intención que ha sido manifestada en diversas ocasiones por el presidente español, sobre la importancia que representa México para las inversiones sustentables españolas, así como fortalecer la economía mexicana en beneficio de ambas naciones, dando impulso a la mutua cooperación económica, educativa, cultural, turística y de combate al terrorismo.
Es pertinente que los representantes del pueblo mexicano manifestemos nuestro interés por el acontecer de nuestra hermana nación española, tanto en el sector económico, social y político, que en pasadas fechas ha tomado especial relevancia por la propia importancia que conllevan las elecciones presidenciales.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados felicita al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por lo resultados obtenidos en las pasadas elecciones del 9 de marzo de 2008 y su consiguiente reelección, deseándole una gestión favorable por el bien de España y sus ciudadanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2008.
Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez,
María Eugenia Campos Galván (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA FORMULACIÓN DE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SENER, A PEMEX Y A
LA CFE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MURAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
El sector energético representa uno de los cimientos que han permitido a nuestro país lograr un crecimiento económico sostenido. En lo que respecta a la administración de estos recursos energéticos es importante resaltar que es una atribución exclusiva del Estado, ya que así se encuentra establecido en nuestra Carta Magna, en su artículo 27 constitucional, por tanto, los energéticos son propiedad de la nación.
De igual forma, en lo referente a los casos particulares del petróleo y los demás hidrocarburos, en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución se establecen como áreas estratégicas sobre los cuales el Estado mantendrá la propiedad y el control.
Los problemas que afectan el sector energético nacional han ocasionado que durante la última década dicho rubro haya mostrado un ritmo de crecimiento menor al del resto de la economía, como consecuencia del diseño de políticas públicas sectoriales deficientes que no permiten incrementar el nivel de la inversión en dicho sector, dificultando con ello su desarrollo y poniendo en riesgo su viabilidad.
En México, existen dos paraestatales en las que la ineficiencia de las políticas gubernamentales, particularmente de los últimos años, ha ocasionado graves daños a la economía nacional: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ambas empresas los resultados obtenidos a la fecha son precarios y, de igual forma, las acciones implantadas para mejorar su eficiencia son cuestionables.
Es por demás conocida la problemática que aqueja al sector energético nacional y de la necesidad imperativa de realizar adecuaciones que permitan al sector continuar siendo el referente principal de la economía nacional. En este sentido, se han implantado acciones que tienen por objeto subsanar las deficiencias que se presentan en Pemex y en la CFE, principalmente.
En relación con lo anterior, cabe destacar que se han implantado mecanismos de cofinanciamiento que tienen por objeto incentivar el nivel de inversión privada en este sector, un ejemplo de ello son los contratos de servicios múltiples que Pemex y la CFE han firmado con particulares a fin de contratar diversos servicios relacionados con el petróleo, la electricidad y los derivados de ambos.
Este mecanismo para proporcionar concesiones a particulares lo comenzó a implantar el gobierno federal a partir del año 2001, y a la fecha Pemex ha firmado cinco contratos de servicios múltiples con particulares por un monto superior a los 8 mil 300 millones de pesos.
En el caso del petróleo, empresas internacionales han sido las que mayores beneficios han obtenido de los procesos de licitación realizados por la paraestatal, entre las que se encuentran Repsol, la cuál cuenta con el contrato más cuantioso hasta la fecha; Lewis Energy Group, Petrobras, Teikoku Oil Co., y D&S Petroleum, entre otras.
Con los contratos de servicios múltiples se están delegando actividades de perforación, extracción y conducción a particulares, lo cual es a todas luces contrario a la Constitución, porque se violenta el sentido del párrafo sexto del artículo 27, pues permite a los particulares realizar actividades propias de la explotación de hidrocarburos, que están expresamente reservadas al Estado mexicano, a través de Petróleos Mexicanos.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se han suscrito contratos de servicios múltiples con Iberdrola; General Electric; Electricite de France; entre otras, en los que se incluye la generación de energía, la distribución y la comercialización de la misma dentro del territorio nacional.
En diversas ocasiones en esta tribuna se han presentado manifestaciones en desacuerdo con la implantación de los contratos de servicios múltiples, ya que son una forma de privatización hormiga del sector energético.
Dichos contratos atentan en contra de la soberanía de México, ya que se está dejando en manos de particulares lo que por obligación le corresponde realizar a la nación. Además de que los periodos de contratación son superiores a diez años, tiempo durante el cual no es posible garantizar el abasto de un recurso no renovable como el petróleo.
Desde el sexenio anterior el compromiso del Ejecutivo sobre que el petróleo y la electricidad no serán privatizados se ha quedado sólo en el discurso, ya que en la realidad se está haciendo lo contrario. El proceso de privatización se está dando de manera paulatina, mediante está modalidad de los contratos de servicios múltiples.
A la fecha no se conocen los beneficios concretos de los contratos de servicios múltiples, por ello es importante que los titulares de Pemex y de la CFE den cuenta al Congreso sobre el estado que guardan éstos, a fin de poder evaluar su viabilidad y alcance, y así poder informar a la sociedad de los resultados.
Somos un país afortunado, al contar con recursos energéticos que, explotados de una manera eficiente y sustentable, pueden ser la base del desarrollo de la nación, por lo que no debemos permitir que el patrimonio de millones de mexicanos sea administrado de manera discrecional y por encima de lo establecido en la Constitución.
En razón de lo anteriormente expuesto, solicito su apoyo y someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y a los responsables del tema del gas que:
2. Comparezcan, con la mayor brevedad, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, los titulares de la Secretaría de Energía, de Pemex y de la CFE, con el objeto de que expliquen de manera amplia a los legisladores el estado que guardan dichas entidades.
3. Previo a la comparecencia, envíen a esta soberanía un informe de los temas más relevantes del sector energético, con objeto de que los diputados cuenten con los elementos suficientes que les permitan desarrollar un diálogo abierto sobre bases sólidas.
Diputado José Murat (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CONDENAN LAS ACTITUDES REPRESIVAS, VIOLENTAS E IRRACIONALES CONTRA HABITANTES
DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO
JUAN MANUEL SANDOVAL MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para condenar las agresiones, la violencia, la tortura, el abuso de autoridad, la privación ilegal de la libertad y la violación de la libre expresión ejercidos por la Policía Municipal, la dirección del organismo público Sapasac y el presidente municipal de Coacalco de Berriozábal, México, en contra de ciudadanos el sábado 8 de marzo del presente.
Antecedentes
1. El pasado sábado 8 de marzo, un grupo de nueve personas, entre ellas dos mujeres, fue detenido, a señalamiento expreso del director del organismo responsable del agua Sapasac por aproximadamente 60 policías de Coacalco de Berriozábal, México, mientras distribuían un volante informativo que menciona las carencias de agua en la localidad. El volante es idéntico al que se encuentra sobre sus curules. La actividad referida forma parte de las labores que se realizan de manera ordinaria entre los trabajos de la oficina de enlace del diputado federal Juan Manuel Sandoval Munguía, de suerte que todos los detenidos figuran en el equipo de trabajo de su servidor.
Al llegar a la barandilla de la Policía Municipal de Coacalco, el ciudadano Víctor Raúl Jiménez Robles, por cierto mi asistente, fue salvajemente golpeado por dos de los "policías". En la agresión, quienes se ostentan como policías mostraron su alto nivel de preparación al golpear de manera salvaje al ciudadano referido sin dejarle marcas visibles.
Al constituirme en el lugar que pretende ser las oficinas de la Policía Municipal y exigir al director de Seguridad Pública Municipal, Fathy Hurtado, una explicación de la conducta de los golpeadores, me refirió que él seguía instrucciones del presidente municipal, David Sánchez Isidoro, del Partido Revolucionario Institucional.
Cuatro horas después, y sin mediar explicación, los nueve detenidos fueron liberados, no sin antes ser amedrentados por los golpeadores con repetirles la paliza si continuaban desarrollando las actividades de la oficina de enlace del diputado federal referido.
Al respecto, los lesionados y agredidos han acudido ante el Ministerio Público a formular la denuncia correspondiente, con el acta número COA/I/942/2008.
No es la primera vez que ciudadanos de Coacalco son agredidos por la Policía Municipal. David Sánchez Isidoro se ha caracterizado por aterrorizar a través de la violencia física a quienes pretender ejercer la libertad de expresión, de forma que los habitantes de Coacalco de Berriozábal hemos vivido como víctimas constantes de las conductas represoras de ese personaje.
2. En Coacalco tenemos problemas importantes de inseguridad atípicos respecto al resto de la república porque, irónicamente, los personajes más temidos, antes que los delincuentes, son los que fungen como policías municipales y que se encuentran al mando y disposición del presidente municipal, David Sánchez Isidoro.
3. Las golpizas y torturas en las instalaciones de las diferentes policías forman parte de la subcultura de décadas pasadas y que la ciudadanía y los políticos tanto nos hemos afanado en erradicar. Por tanto, por la salud de la ciudadanía mexiquense y particularmente de los habitantes de Coacalco, creo que esta soberanía debe formular una condena unánime contra las actitudes pandilleras de David Sánchez Isidoro y sus golpeadores institucionales, los integrantes de la Policía Municipal.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de esta soberanía, del segundo periodo del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. La condena de las golpizas y torturas que ejerce la Policía Municipal de Coacalco de Berriozábal, México.
Segundo. Un pronunciamiento por la inmediata destitución y disposición ante la justicia de los elementos policiacos que propinaron la golpiza a Víctor Raúl Jiménez Robles.
Tercero. Un llamado al gobernador del estado de México para que interceda de inmediato para el rescate de la tranquilidad de los vecinos del municipio referido.
Cuarto. Se condenan las actitudes represivas, violentas e irracionales del presidente municipal de Coacalco de Berriozábal, México, David Sánchez Isidoro, contra habitantes del mismo municipio.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROTEGER, APOYAR Y ASESOR MEDIANTE LA
SRE A LAS VÍCTIMAS MEXICANAS DEL ATAQUE EFECTUADO POR EL EJÉRCITO
COLOMBIANO EN TERRITORIO ECUATORIANO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se someta a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El domingo 1 de marzo del año en curso, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez atacó mediante un bombardeo un campamento en territorio ecuatoriano. Resulta que entre los fallecidos se encuentran algunos connacionales, de quienes hasta la fecha se conocen los nombres de Juan González, Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado. Asimismo, fue herida la mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez.
Según la información disponible hasta el momento, los mexicanos fallecidos –y la herida– eran estudiantes de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). De acuerdo con información del gobierno ecuatoriano, los cinco jóvenes viajaron a Ecuador el 31 de enero, en un vuelo de la aerolínea Copa que arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Ecuador, realizaron entrevistas académicas a políticos y dirigentes sociales ecuatorianos, visitaron universidades e hicieron turismo. El 23 y 24 de febrero participaron en el seminario internacional Vigencia del pensamiento bolivariano, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Quito. Del 25 al 27, los estudiantes participaron en el segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, en la Universidad Politécnica y en el Teatro Nacional. El 28 se trasladaron a Lago Agrio; y de ahí, al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) en la selva ecuatoriana, adonde arribaron la noche del 29 de febrero.
En la madrugada del 1 de marzo, el campamento fue atacado en dos ocasiones, según relató la única sobreviviente mexicana, Lucía Andrea Morett.
Junto con ella sobrevivieron dos jóvenes de origen colombiano, quienes fueron rescatadas un día después por elementos del Ejército de Ecuador y llevadas a un hospital militar en Quito, donde se les brindaron la atención médica requerida y ayuda humanitaria. Lucía sufrió heridas en el abdomen, un hombro, un glúteo y un tobillo, producidas por esquirlas.
En los días posteriores se hizo público el fallecimiento de los cuatro estudiantes mexicanos.
Los alumnos de la UNAM y del IPN realizaban una investigación sobre movimientos sociales en Latinoamérica. La versión ha sido confirmada por Gustavo Larrea, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador.
El subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal de México, Alejandro Rubio, precisó que la dependencia a que pertenece no tiene elementos que vinculen a los estudiantes mexicanos con las FARC.
Por otra parte, el presidente de Ecuador ha señalado que se analiza la situación legal que enfrentará la mexicana, pues reconoce que no se encontraba armada al momento de su rescate. Precisó que, "claramente", en su caso "hay atenuantes humanitarios", ya que "fueron heridas y abandonadas en el lugar del combate".
Lucía Andrea Morett Álvarez recibió el 8 de marzo la visita del fiscal ecuatoriano Henry Estrada, quien inició la diligencia correspondiente para determinar en los próximos días su situación.
Los cuatro fallecidos –y la lesionada, Lucía Andrea Morett Álvarez– contaban con pasaje de regreso a México para el 2, 5 y 11 de marzo, lo que hace imposible, como han señalado de manera insidiosa diversos medios de comunicación, que el motivo de su presencia en el campamento tuviera relación con algún tipo de entrenamiento militar.
Los cinco jóvenes que se encontraban en el lugar del ataque estaban en condición de civiles, eran estudiantes, investigadores y activistas por los derechos humanos y por la paz.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que de inmediato, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se brinden el apoyo, la asesoría y los medios necesarios a las familias de las víctimas fallecidas, Juan González, Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado, para que logren de manera eficaz la repatriación de cadáveres, así como asistencia consular auténticamente comprometida con los derechos y la seguridad de la herida y hospitalizada, Lucía Andrea Morett Álvarez.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión rechaza el uso de estereotipos y señalamientos equívocos de algunos medios de comunicación que deforman la imagen de la Universidad Nacional Autónoma de México al vincular a sus estudiantes como activistas de la guerrilla colombiana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2008.
Diputados: Camerino Eleazar Márquez Madrid,
Juan Nicasio Guerra Ochoa, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Jesús
Humberto Zazueta Aguilar, Maricela Contreras Julián, Adriana Díaz
Contreras (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL, DE ASUNTOS INDÍGENAS,
DE COMUNICACIONES, Y DE TRANSPORTES A REALIZAR UN FORO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados Alberto Amador Leal, Guillermina López Balbuena y Wenceslao Herrera Coyac, presentan proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria de telecomunicaciones de México ha crecido rápidamente desde los años ochenta, debido a la popularidad de varios métodos de tecnología que proveen información a los ciudadanos mexicanos.
La invención del teléfono móvil, combinado con el desarrollo de la televisión satelital, la Internet, y otras tecnologías avanzadas, han fortalecido esta parte de la economía mexicana convirtiéndola en una fuerza dentro del país.
Es importante señalar que a través del Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones, se han realizado dos licitaciones para la atención de 12 mil 618 localidades rurales, agrupadas en 335 áreas de servicio local, la primera licitación, efectuada el 5 de febrero de 2005, y la segunda, el 4 de septiembre de 2006, con una vigencia de contrato para ambas de 10 años; no obstante la cobertura, no se ha logrado atender la totalidad de localidades con mayor grado de marginación en el país. A la fecha sólo una empresa otorga el servicio en las comunidades.
Asimismo el índice de producción del sector de telecomunicaciones correspondiente al cuarto trimestre de 2007 revela que el aumento en la producción del sector es 8.9 veces el crecimiento general de la economía nacional, medido por el comportamiento del producto interno bruto.
México se encuentra en un buen momento debido al éxito de empresas privadas y mixtas que ofrecen variedad a los consumidores de productos telecomunicativos, donde se destaca la próxima instrumentación del programa de bandas de frecuencias 2008, que supone el desarrollo de más infraestructura a lo largo de todo el país, lo que a su vez provocara un mayor acceso y demanda de servicios de telecomunicaciones, específicamente los fijos, móviles, de banda ancha inalámbrica y de enlaces cortos.
Las nuevas tecnologías de información han establecido una diferencia entre los habitantes que tienen acceso al uso de estos recursos y los ciudadanos que no pueden hacerlo, como resultado de esta desigualdad surge una disparidad de información que tienen unos habitantes y otros para tomar decisiones.
Mientras los que tienen acceso a más información y datos pueden tomar sus decisiones reduciendo sus riesgos y desarrollar con mayor certidumbre productos y negocios, los que no cuentan con esta infraestructura se ven relegados y marginados en todos los ámbitos decisorios.
Una alternativa para acortar esa brecha es incluir municipios con altos índices de marginación para que tengan acceso a estas nuevas tecnologías. Para ello se requiere iniciar un programa de infraestructura tecnológica en estas zonas que se presentan como importantes áreas de oportunidad.
Podemos concluir que un país sin acceso a la Internet está fuera del tren del desarrollo, no puede ser un país globalizado; la integración nacional en este sentido está muy lejos de quedar garantizada.
Por lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, de Comunicaciones, y de Transportes realicen un foro en materia de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios con un alto índice de marginación.
Segundo. Exhortar a los gobiernos federal y de los estados, así como a las empresas telefónicas a participar en la organización y promoción de dichos foros.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 11 de marzo de 2008.
Diputados: Alberto Amador Leal, Guillermina López
Balbuena, Wenceslao Herrera Coyac (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE DURANGO A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN
EL MANEJO ADECUADO DE LAS 99 MIL TONELADAS DE CEMENTO DONADAS AL PUEBLO
DE DURANGO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ
Y PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los suscritos, diputados Joaquín Humberto Vela González y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en atención a los siguientes
Considerandos
Primero. En 2005 y 2006, el gobierno de Durango recibió en donación de la Congregación Mariana Trinitaria 99 mil toneladas de cemento, con objeto de mejorar las condiciones urbanas y de vivienda de los duranguenses más pobres. Y para garantizar el logro de este objetivo social se firmó un convenio entre el gobierno estatal y la congregación.
Segundo. Sin embargo, el gobierno no respetó dicho convenio y en lugar de destinar el cemento a los propósitos de generar desarrollo social, con deshonestidad canalizó ese material de construcción para apoyar las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral federal de 2006 y en el local de 2007, en el que el PRI ganó todas las diputaciones de mayoría y casi todos los ayuntamientos. Además, mucho de este cemento fue a parar a las viviendas de los servidores públicos y otro fue vendido en negocios locales.
Tercero. Los señalamientos que hacemos son el producto de la revisión física y documental realizada por los auditores de la Congregación Mariana Trinitaria, la cual se vio obligada a presentar en enero último una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal. En la misma denuncia, la congregación evidencia que sólo 12 mil toneladas habían sido comprobadas del total de las 99 mil donadas.
Cuarto. El 14 de febrero de 2008, el apoderado legal de la congregación, Éric Alberto Heras Velásquez, envió a la contralora de Durango un oficio donde ratifica al gobierno del estado como responsable de la comprobación de las 99 mil toneladas de cemento. Además, volvió a rechazar en su totalidad la comprobación que el gobierno estatal había entregado a esa fecha, por lo que le remitió en calidad de observaciones las inconsistencias detectadas por los auditores de la congregación. En ese oficio, la congregación señala que la documentación presentada por el gobierno de Ismael Hernández Deras no reúne los requisitos de ley y que ésta "dista mucho de ser una comprobación transparente, eficaz y jurídicamente y administrativamente sustentada". Por ello, la congregación exige que se cumpla una comprobación en términos legales; y que en caso de negativa, se finquen responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en tales omisiones.
Cuarto. Este documento exhibe la falsedad y la corrupción del gobierno de Ismael Hernández Deras y desmiente la campaña publicitaria de la contralora del estado y presidenta nacional de los contralores estatales, María de Lourdes Nevárez Herrera, quien afirmó a los medios de comunicación locales que ya se había "comprobado 97 por ciento de las toneladas de cemento que fueron donadas al gobierno del estado por la Congregación Mariana Trinitaria".
El Partido del Trabajo considera que la contralora ha incurrido en responsabilidad por mentir a los duranguenses, en un intento por ocultar los desvíos y el manejo electoral que el gobierno de Durango cometió con miles de toneladas de cemento, sobre todo para influir indebidamente en las elecciones de 2006 y de 2007.
Por ello, desde esta tribuna respaldamos la exigencia de la Congregación Mariana Trinitaria de que el gobernador cumpla la comprobación de las 99 mil toneladas. El asunto ya fue planteado en el Congreso de Durango por los legisladores del Partido del Trabajo y mayoriteada en contra por los diputados del PRI, donde se solicitó la siguiente información:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno de Durango a demostrar en los hechos su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos que administra, entregando los documentos que justifiquen conforme a la ley el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento que fueron donadas al pueblo de Durango.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2008.
Diputados: Joaquín Humberto Vela González
(rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DF A EXPLICAR LA ORDEN DE DESTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERADOS MONUMENTOS
HISTÓRICOS, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Obdulio Ávila Mayo, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 42, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que explique la orden de destrucción de edificios considerados monumentos históricos, situados en el centro de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Como acertadamente ha definido la UNESCO, el patrimonio, la diversidad y la creatividad cultural son las nuevas riquezas del mundo moderno. El patrimonio cultural constituye la herencia que nos han transmitido nuestros ancestros y concentra lo más significativo de un grupo de personas, de un pueblo o de una nación.
2. La identidad de una nación se determina por el cúmulo de vestigios que han dejado huella las distintas culturas que definen su presente y su pasado. Por ello, cuidar y preservar estos vestigios que representan lo que hemos sido y lo que somos, es una obligación y una responsabilidad con los que nos antecedieron y con nuestros descendientes. El patrimonio cultural no pertenece exclusivamente a los que ahora lo detentamos, corresponde a una cultura que avanza y que nos distingue de otros pueblos, implica reconocernos en el pasado para proyectar hacia donde queremos llegar.
Es importante poner a salvo el patrimonio histórico, ya que este es un factor fundamental que actúa como un estímulo para nuestra memoria y cristaliza en sus manifestaciones la especificidad de una cultura así como una vocación universal.
3. La Ciudad de México, principalmente el centro histórico, alberga monumentos prehispánicos y coloniales sumergidos en la gran metrópoli, así como edificios construidos entre el siglo XVI y antes del siglo XX, con notables expresiones de las arquitecturas neoclásica, romántica y ecléctica. El centro histórico fue declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad en 1987, y existe desde 1980 un decreto de zona de monumentos históricos que establece en su artículo primero que se declara como una zona de monumentos históricos, tomando en cuenta que es un núcleo que constituye parte del entorno cultural del país, siendo también un atractivo de captación turística por las riquezas que atesora, lo que coloca en orden prioritario la conservación y preservación de tal patrimonio monumental.
4. Después de anunciar el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, el Gobierno del Distrito Federal comenzó con la demolición de inmuebles ubicados en la delegación Cuauhtémoc. En los decretos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de junio y el 5 de septiembre de 2007, se encuentra la ubicación y descripción de cada uno de los 34 predios expropiados por "causas de utilidad pública" y se argumenta que "es necesario recuperar y aprovechar inmuebles que por sus características y ubicación son idóneos para mejorar el entorno urbano y promover el desarrollo de las personas en esta capital".
5. Se tiene la presunción de que en la demolición de los 16 predios ubicados en Regina 97; República de Argentina 93 y 95; Meabe 9, 9-A, 11, 11-A, 13, 13-A; República de Argentina 75; Manzanas 18; República de El Salvador 184; Plaza Santísima; Plaza del Estudiante 20; Mesones 27; y Apartado 8, se han realizado actos violatorios de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, y que también van en contra del decreto de 1980 que declara como zona de monumentos históricos al centro histórico de la Ciudad de México.
Aunado a lo anterior, en los decretos expropiatorios no se indicó que se harían trabajos de demolición en los inmuebles considerados como monumentos históricos y tampoco fue notificado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de las adecuaciones o intervenciones a los inmuebles que pudieran afectar el patrimonio cultural, por lo que dicho instituto interpuso, en los meses de noviembre y diciembre del 2007, tres denuncias ante la Procuraduría General de la República en contra del Gobierno del Distrito Federal.
7. Es importante mencionar que el edificio Regina 97 estaba siendo considerado por el INAH para su restauración, cuando el gobierno capitalino decidió expropiarlo injustificadamente, pues se encontraba en medio de un litigio, ya que el propietario da cuenta que la expropiación no le fue notificada, además que no contaba con la autorización del INAH, ya que el 10 de octubre de 2007, mediante oficio 401-22-D1342, la arquitecta Ana María Lara Gutiérrez, directora de Licencias, Inspecciones y Registros de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, informó al supervisor de Obras Especiales de la Dirección General de Obras Públicas del gobierno de la Ciudad de México que, de conformidad con el dictamen emitido por la Junta Interna de Monumentos "no se autorizaba la demolición del inmueble Regina 97" por tratarse de un monumento histórico, asimismo se sugería que se presentara un proyecto de restauración integral, así como un proyecto de adecuación para el nuevo uso, el cual no debía de alterar la estructura original del inmueble , ni dañar su estructura.
Considerandos
1. De conformidad con lo anterior, se desprende que el gobierno capitalino está atentando contra el patrimonio cultural de la propia Ciudad de México, ya que no se apegó a lo establecido en la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que establece en su artículo 36, fracción I, que se consideran monumentos históricos, aquellos inmuebles construidos del siglo XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas culturales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos, ubicándose el edificio de Regina 97 en dicha fracción, por ser un inmueble construido entre el siglo XVIII y el XIX, utilizado para fines benéficos.
2. Por otro lado, los artículos 6 y 9 de dicha ley establecen que los propietarios de monumentos históricos deberán de conservarlos y, en su caso, restaurarlos, previa autorización del INAH, lo cual no respetó el gobierno capitalino.
3. De conformidad con lo anterior, se desprende que se actualizan diversas irregularidades, las cuales son objeto de denuncias administrativas en contra de los servidores públicos que ordenaron la demolición de los inmuebles citados, ya que de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, comprende en su artículo 47, fracción I y fracción XXII, que los servidores públicos deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, así como abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.
4. Es claro que las autoridades capitalinas violentaron diversas disposiciones jurídicas, por lo que además de proceder denuncias administrativas, proceden denuncias penales por actualizarse el supuesto del artículo 52 de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artístico, el cual menciona que aquel que destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Así también, el Código Penal Federal sanciona esta falta en el artículo 397, fracción IV, que establece la pena de cinco a diez años de prisión y de cien a cinco mil pesos a los que causen daño a bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos.
5. Es claro que se suscitaron diversas incongruencias jurídicas por la demolición de los 16 edificios del centro histórico; por mencionar las más relevantes, en primer término, la autoridad notificó ilegalmente la expropiación del inmueble Regina 97, no se permitió al propietario la restauración del mismo ni se respetó el dictamen emitido por la Junta Interna de Monumentos.
6. En ese sentido, los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos deben conservarlos, por lo que no es posible realizar sin permiso federal obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que pudieran afectar las características de los monumentos históricos o artísticos.
7. Por lo la circunstancia cultural en la que se encuentra la Ciudad de México y por la carencia de recursos suficientes para las políticas culturales y educativas, la existencia de fenómenos como la voracidad de las empresas inmobiliarias, el desorden del crecimiento demográfico y urbanístico, y la necesidad urgente de recuperar el espacio público como eje humanizador y verdaderamente moderno de una política de desarrollo urbano que ponga acento principal en el bienestar de la gente y en la reconstrucción de los nexos comunitarios, hacen de la preservación del patrimonio cultural un punto fundamental en la agenda de la políticas públicas para las grandes ciudades.
8. Debemos considerar que el crimen cultural que el Gobierno del Distrito Federal llevó a cabo, al demoler los inmuebles históricos, fue una decisión consciente, pero que evidencia la ignorancia y el desprecio por el acervo cultural del centro histórico de quienes debieran protegerlo.
Según constan las declaraciones publicadas por el periódico El Amanecer (Nacional, 20 de febrero) y en la nota periodística del 28 de enero de Notimex, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, comentó que los predios eran sólo "muros y piedritas", mientras que la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México insiste en que éste es un tema que "ya pasó".
La destrucción irreversible y la invasión bárbara de la que hoy es víctima el centro histórico, no sólo por parte de ambulantes y delincuentes sino de las mismas autoridades, no son cosa del pasado sino que podrían acarrear una sanción por parte de la UNESCO e, incluso, podría perderse la categoría de patrimonio cultural de la humanidad.
Lo más grave es que estos actos de ilegalidad han sentado precedente, y no para ser más cautelosos o responsables, porque si para quiénes deben salvaguardar la herencia histórica y cultural, los monumentos históricos, por ser antiguos, representan un montón de piedritas, no nos sorprenda que mañana las pirámides también sean sustituidas por modernas plazas comerciales, predios rentables para las grandes urbanizadoras o simplemente porque, de manera arbitraria, el Gobierno del Distrito Federal lo juzgue conveniente.
Varias veces, en la historia, hemos sido testigos de cómo el hombre por su intransigencia, fanatismo, vandalismo, avaricia o por mera ignorancia ha arrasado con sus raíces culturales, con los testigos mudos de la historia. Nos escandalizamos cuando el 9 de marzo del 2001 los Budas de Bamiyan, en Afganistán, eran destruidos por los talibán-afganos; cuando los extremistas, el 9 de noviembre de 1993, volaron el Puente Viejo de Mostar de la antigua Yugoslavia, por las diferencias entre musulmanes y serbios.
Por ello, no es posible guardar silencio o dejar pasar estos actos que con el argumento de "rescatar el centro histórico" están acabando con él. Resulta incomprensible que estos inmuebles históricos que habían sobrevivido a los sismos de 1957 y de 1985, e incluso al olvido de las autoridades, hayan sido borrados de la historia por decreto.
Por lo anterior pongo a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe pormenorizado de estos hechos, a dar seguimiento a las investigaciones penales y administrativas correspondientes y a buscar que se sancione severamente a los responsables de la demolición de los edificios considerados monumentos históricos, situados en el centro histórico de la Ciudad de México.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA SAGARPA
QUE INFORME SOBRE EL PAPEL QUE DESEMPEÑÓ PARA PERMITIR LA
SALIDA DE SEMILLAS MEXICANAS A NORUEGA POR EL CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO
DE MAÍZ Y TRIGO, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DÍAZ CONTRERAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
El 23 de enero de 2008 nos enteramos mediante una nota del diario La Jornada, "Preservarán semillas mexicanas en una bóveda noruega", de que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) había enviado a Noruega alrededor de 47 mil muestras de semillas de trigo y 10 mil de maíz.
Lo relevante del caso no sólo se refiere a que dichas semillas serían colocadas en la "bóveda global de semillas de Svalbard", localizada en una montaña de hielo, con el propósito de salvaguardarlas en caso de un desastre natural o humano, sino que dicho envío representaba un tercio de la colección entera del centro y que las muestras de semillas de maíz representan 90 por ciento de la diversidad del grano existente en el continente americano, variedades de maíz criollo e híbrido y semillas de teozintle.
De acuerdo con la nota periodística, durante los próximos dos años se terminará de enviar el total de muestras que tiene el centro de investigación, que consiste en 130 mil muestras de semillas de trigo y 25 mil de maíz que el centro ha conservado en 40 años de existencia. Al respecto, el diario Milenio señala que este proyecto es fruto de un acuerdo internacional para tener reservas de las distintas variedades genéticas de un mismo cultivo para poder regenerarlas en caso de guerras u otras amenazas, como catástrofes o nuevas enfermedades.
Esa acción está a cargo del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, formado por compañías privadas, agencias internacionales y organizaciones internacionales, entre otras, que se encargan de financiar el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. Se espera concentrar en la bóveda alrededor de 200 mil variedades de semillas provenientes de Asia, África, Latinoamérica y Oriente Medio, entre las que destacan arroz, frijol, sorgo, lenteja, garbanzo, plantas forrajeras y agroforestales.
Es plausible el interés de salvaguarda que tiene el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre este tipo de recursos fitogenéticos. Sin embargo, nos preocupan el destino y el uso posterior que puedan dar a las semillas, cuyos propietarios son la nación, los pueblos indígenas y las comunidades locales que se han encargado de desarrollar esas variedades de acuerdo con las condiciones climáticas y con un cúmulo de experiencia y conocimiento de varias generaciones.
Nos preocupa que estos materiales fitogenéticos se hayan extraído del territorio nacional sin que haya compromiso alguno del Cimmyt para informar de manera oficial sobre el uso que el fideicomiso dará a las semillas. Tampoco queda claro qué va a pasar en caso que nuestro país requiera una de sus muestras una vez que hayan salido del territorio nacional.
Es preocupante que ante una noticia de tal importancia para la seguridad y soberanía alimentaria, la honorable Cámara de Diputados se entere a través de los medios de comunicación.
La noticia preocupa en dos sentidos: en dos años el Cimmyt terminará por desmantelar el banco de germoplasma, que ha recibido una cantidad considerable de muestras de maíz, principalmente de nuestro país, en 40 año; y, en segundo lugar, el propio centro de investigación señala que los bancos de germoplasma no son sólo museos para la preservación de semillas, es decir, reconocen que hay un interés por el estudio del germoplasma para descubrir e innovar otras variedades de granos resistentes a factores climáticos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se solicita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Sagarpa que informe sobre el papel que desempeñó dicha institución para permitir la salida de semillas mexicanas a Noruega por el Cimmyt, en razón de que un número representativo de esas muestras de maíz es parte de la riqueza de germoplasma del país y es de suma importancia conocer el destino y uso que se les dará.
Palacio Legislativo, a 25 de marzo de 2008.
Diputada Adriana Díaz Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A RECLASIFICAR COMO TIPO A LAS CARRETERAS 136 Y 140,
A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La primera carretera formal en México fue construida en 1926, con una longitud de 120 kilómetros entre las ciudades de México y de Puebla. Para finales del año 2000 la red carretera nacional tenía una longitud total de 333 mil 247.1 kilómetros, de los cuales 106 mil 571.5 corresponden a carreteras libres, 5 mil 933.1 a autopistas de cuota, 160 mil 185.1 a caminos rurales y alimentadores y 60 mil 557.4 a brechas.
El país cuenta a la fecha con una infraestructura de comunicación terrestre sumamente importante y con un alto costo de inversión, lo cual constituye un patrimonio que se debe conservar para beneficio de los usuarios y del país. Pero aún es insuficiente, sobre todo a nivel regional.
Actualmente existen carreteras con edades de 50, 60 y hasta 80 años, que ya cumplieron con el fin de su vida útil, que usualmente es de 20 años para pavimentos asfálticos y de 30 años para los de concreto hidráulico.
Aunado a ello, la situación del transporte carretero a partir de los años noventa cambió drásticamente, aumentando el flujo vial. Tenemos que al cierre del año 2000 se contaba con una flota vehicular cercana a 452 mil vehículos, de los cuales cerca de 57 mil corresponden al transporte de pasajeros y alrededor de 395 mil al de carga. Ese año se transportaron 2 mil 660 millones de personas y 413 millones de toneladas de carga en todo el territorio nacional.
Las carreteras en nuestro país presentan graves problemas, ya que 60 por ciento de ellas pone en riesgo la vida de usuarios y más de 90 por ciento está en malas condiciones. De los 42 mil kilómetros de red carretera federal libre de cuota existente en el país, 32 mil 440 kilómetros presentan baches y desniveles, sólo los 7 mil 560 kilómetros restantes están en buenas condiciones.
El transporte de carga se ve afectado por las malas condiciones de las carreteras. Al constituir un servicio que transporta productos a todos los estados de la república, incluyendo otras naciones, se les debe apoyar firmemente. Además, es preciso reconocer que es una importante fuente de empleo en nuestro país.
Este tipo de transporte utiliza principalmente dos tipos de carreteras. En primer término, tenemos las de tipo A, que son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, siendo carreteras de 4 carriles y dos carriles, para un tránsito promedio diario anual de mil 500 a 3 mil, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos.
En segundo término, tenemos las carreteras tipo B, que son aquellas que forma la red primaria y, atendiendo a sus características geométricas y estructurales prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito, siendo carreteras de dos y 4 carriles, para un tránsito promedio diario anual de 500 a mil 500 vehículos, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos.
La circulación en este tipo de carreteras permite que los vehículos de transporte de carga no se vean afectados en su economía al tener que pagar las altas cuotas de las autopistas. Es preciso que la red de carreteras tipo A se fortalezca, porque son las que más se necesitan para enlazar a todo el país y a las regiones.
Es el caso de las carreteras número 136 y 140, que comprenden los tramos Veracruz, Xalapa, Perote, Totalcom del estado de Veracruz; Zacatepec, de Puebla; el Carmen, Huamantla, Apizaco, Calpulalpan, de Traxcala, y Texcoco del estado de México, que se encuentran clasificadas como tipo B y donde es viable, urgente y necesario que se reclasifiquen como tipo A, ya que del total del tramo carretero comprendido entre estos estados el 76.1 por ciento es de 4 carriles y el 23.9 por ciento de 2 carriles, por lo que es posible que permitan la circulación de una manera más óptima y que reciban mayores recursos para su ampliación.
Asimismo, del tramo carretero que comprende Veracruz, diariamente salen del puerto, en promedio, mil 800 unidades, de las cuales mil transitan en esta carretera y 800 son doblemente articuladas.
Con esta reclasificación se impulsaría el desarrollo regional de 4 estados del país, como estrategia de competitividad y bienestar, solidarizándonos con una parte fundamental de la población que labora en el transporte de carga y con la necesidad de mejorar la competitividad carretera.
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición, conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras 136 y 140, de tipo B, sean reclasificadas como tipo A para apoyar al transporte de carga, parte fundamental de nuestra economía, informando por escrito a esta soberanía del tratamiento que se haya dado a esta proposición.
Palacio Legislativo, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A EFECTUAR POR LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA AGILIZAR LA CIRCULACIÓN
VIAL Y DISMINUIR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE PUEBLA DE ZARAGOZA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS CONTRERAS
COETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura José Luis Contreras Coeto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al del municipio de Puebla de Zaragoza a aplicar, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas necesarias para agilizar la circulación vial y disminuir el tráfico vehicular en el centro histórico de la capital de la entidad, en razón de los siguientes
Considerandos
Primero. Puebla de los Ángeles, también conocida como Angelópolis, y hasta el año 2002 como Puebla de Zaragoza, es la capital del estado del mismo nombre y fue declarada por la UNESCO, en 1987, patrimonio de la humanidad. Actualmente, es la tercera ciudad más importante del interior de la república y cuenta con una población cercana a los 2 millones de habitantes.
Segundo. En el transcurso de las últimas décadas, la ciudad de Puebla ha sufrido un proceso de expansión acelerado y, a la par, se ha concentrado en la zona centro de la ciudad histórica tanto el desarrollo económico y la infraestructura urbana como las actividades industriales y culturales.
Esa concentración de las principales actividades productivas, económicas, culturales, educativas, de gobierno, de bienes y servicios ha creado la necesidad imperante de transportarse de las zonas y municipios conurbados hacia el centro urbano.
Lo que ha generado infinidad de consecuencias, ya que el crecimiento y expansión de la ciudad no se han logrado de manera ordenada y planificada en su totalidad, por lo que hoy una de las particularidades de la ciudad de Puebla es el severo retraso en cuanto a la eficiencia de su sistema vial.
Tercero. Son esencialmente estas demandas de traslado las que originan la desorganización y la concentración tanto de vehículos de transporte público como particular, cuyo destino principal es el centro histórico.
Cuarto. La problemática se postra mostrando un escenario con diversos problemas urbanos de índole vial comenzando por el parque vehicular, ya que en los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de vehículos privados se ha convertido en una de las principales causas de saturación de tránsito, pues la red vial resulta insuficiente ante tal incremento y no permite su adecuado flujo. Esto conlleva a que los recorridos se vuelvan largos no solo en las llamadas horas pico, lo que se traduce socialmente en gastos mayores de energéticos, dinero y tiempo.
Asimismo, el crecimiento del transporte publico y de taxis no se ha quedado atrás, por el contrario, ha sido desmedido, lo que ha derivado en la creación de múltiples rutas, sobrepasando actualmente la infraestructura destinada al ascenso y descenso de pasajeros, lo cual tiene como consecuencia que el transporte público realice estas actividades en lugares no autorizados y que obstaculizan la fluidez del tránsito vehicular, originando la saturación en el centro histórico.
Quinto. La insuficiencia de estacionamientos públicos es otra gran causa de la saturación vehicular en el centro histórico de la ciudad de Puebla, ya que ante la escasa oferta, los automóviles utilizan como aparcamiento las aceras de las calles y avenidas limitando un carril para la circulación, a pesar de la limitada existencia de lugares para estacionarse en el corazón de la ciudad.
Sexto. Otras condiciones que contribuyen al trafico en el primer cuadro de la ciudad de Puebla son el cierre de algunas calles como consecuencia de que algunas fachadas del centro histórico corren el riesgo de derrumbarse y se encuentran apuntaladas con enormes vigas de madera, que invaden los arroyos vehiculares y obligan a los conductores a tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.
A lo anterior se suma el problema del comercio ambulante, el cual ha proliferado en los últimos años, ya que quienes lo ejercen, al carecer de espacios establecidos para realizar sus actividades, se ven en la necesidad de concentrarse y comerciar sobre las banquetas e incluso sobre los arroyos de circulación, obstaculizando, de igual manera, las vialidades.
Séptimo. La problemática del tráfico vehicular trae aparejada otra no menos importante, la contaminación, ya que precisamente al generarse el congestionamiento vial los vehículos circulan a una velocidad demasiado lenta y, como consecuencia, producen emisiones perjudiciales para el ambiente y la salud de los ciudadanos poblanos.
Octavo. Diversas circunstancias, como la saturación de la mayoría de las vialidades, el tráfico vehicular intenso debido a la concentración del transporte privado y público, así como los sitios improvisados para el ascenso y descenso de pasajeros y el comercio ambulante, son factores negativos que recaen sobre la imagen urbana del centro histórico de la popular Angelópolis, y favorecen al deterioro y empobrecimiento de la zona de monumentos, ocasionando que el sistema de vialidad en el centro de la ciudad de Puebla se distinga por ser desorganizado y conflictivo, y con una fuerte probabilidad de alejar al turismo nacional y al extranjero.
Noveno. Es menester que tanto el gobierno estatal como el local, auxiliados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aboquen a resolver las deficiencias relacionadas con el tráfico vehicular en el centro histórico de la ciudad de Puebla, ya que, como se ha expuesto, el congestionamiento vial se ha originado como consecuencia problemas paralelos, tales como el aumento incontrolado del parque vehicular público y privado, la conglomeración de éste a pesar de los reducidos espacios, la falta de estacionamientos, el cierre de vialidades, el comercio ambulante, y la falta de una rigurosa aplicación del Reglamento de Tránsito tanto para el automovilista por no respetar las zonas destinadas para estacionamiento y de cruce peatonal, como para el peatón, por no cruzar en las zonas designadas para ella.
Todos estos conflictos no son aislados, por el contrario, van de la mano, y en conjunto tienen consecuencias para la población que radica en esa demarcación y para la comunidad turística, ya que los tiempos muertos que se emplean en los traslados a bordo de vehículos afectan a estas personas, al tratar de encontrar un lugar a modo de estacionamiento o simplemente para atravesar el centro histórico, haciendo que las distancias y los tiempos de los recorridos sean prolongados o, en su defecto, se ocasionen accidentes de tránsito como choques o el atropello de peatones.
Décimo. Esta problemática es real, tangible y, hasta el momento, imposible de resolver de fondo a pesar de las medidas y programas implementados por las autoridades responsables, por lo que es necesario fundamentar la integración de un plan cuyo objetivo sea resolver el caos vial, problema citadino que afecta la convivencia de los poblanos, siempre contemplando las necesidades presentes y previendo las demandas futuras, de tal manera que no se convierta en un proyecto obsoleto en un corto plazo en el que se logren beneficios, principalmente agilizar el tránsito dentro del centro histórico, el ingreso y salida de éste, desde y hacia las diversas zonas exteriores de la ciudad y zonas conurbadas, optimizando las condiciones en que los conductores participen de la circulación vial, proporcionando vías de circulación eficientes y de calidad que impliquen menores pérdidas de tiempo en los recorridos de un lugar a otro, al mismo tiempo que se mejore la imagen urbana en la zona centro de la ciudad, deteriorada por la desorganización, y siga siendo orgullosamente reconocida como patrimonio de la humanidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al municipal de Puebla de Zaragoza para que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, efectúen las medidas necesarias para agilizar la circulación vial y disminuir el tráfico vehicular en el centro histórico de la capital de la entidad.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 25 de marzo de 2008.
Diputado José Luis Contreras Coeto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
DE ESTA SOBERANÍA DE LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA SEDESOL DEL
GDF PARA QUE EXPLIQUEN EL MONTO DE LOS RECURSOS NO ENTREGADOS A ÉL
POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES, A CARGO DEL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El gobierno federal, en voz de Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Desarrollo Social, ha aceptado ante los medios la existencia de pobreza extrema en el Distrito Federal, declaración contradictoria con el argumento federal sostenido desde hace casi 10 años para privar a esta entidad de las participaciones federales de al menos tres fondos del Ramo 33 y recibir precarios montos del resto de los fondos constitutivos del ramo.
Desde 1998, año de creación en la Ley de Coordinación Fiscal, de los primeros cinco fondos constitutivos del Ramo 33, el gobierno federal ha insistido falazmente en la inexistencia de "pobres" en el Distrito Federal, razón por la cual históricamente se ha excluido a la capital nacional de las participaciones federales de fondos tan importantes como el de Aportaciones para la Infraestructura Social, el de Aportaciones para la Educación Básica y el de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Como consecuencia de la aceptación tácita del gobierno federal de estos hechos, el pasado 5 de marzo del presente año, el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, declaró a los medios que el gobierno de la ciudad exigiría a la federación la retribución de 100 mil millones de pesos derivados de las aportaciones de diversos fondos federales que habrían dejado de entregarse a la entidad desde 1998, principalmente bajo el argumento antes mencionado.1
Esta situación denota una clara actitud de discriminación no sólo a los habitantes menos favorecidas del Distrito Federal, sino a la totalidad de la población de la entidad misma que se ve afectada de manera directa, al no poder contar los recursos que legítimamente les correspondería para atender necesidades medulares para el desarrollo económico y social de la entidad, tales como la creación de infraestructura básica, la educación o la salud.
El mes pasado, febrero de 2008, con el voto en contra de Acción Nacional, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se adhirió a la controversia constitucional presentada por el gobierno de la entidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, por las cuales se disminuyen los recursos federales que deberían ser asignados a la capital del país.2
Con estas reformas el coeficiente de participación del Distrito Federal (11.3 por ciento), estaría disminuyendo 0.7 por ciento respecto a 2007 que fue de 12 por ciento, lo que equivale a una disminución de 3 mil millones de pesos.
Aunque en términos absolutos las participaciones federales entregadas al Distrito Federal crecen en relación con 2007, el concepto comienza a perder su carácter resarcitorio, "tanto recaudas, tanto te corresponde", que fue el objetivo inicial y primordial en la coordinación fiscal y en la creación de los fondos integrados en el Ramo 33, los cuales contribuyen a reparar en proporción directa la pérdida económica derivada de la no imposición de impuestos locales.
Ante esta situación, resulta urgente cambiar las reglas de operación de los fondos de aportaciones federales y la incorporación del Distrito Federal a todos los programas federales de desarrollo social.3 La actual fórmula usada para el cálculo de las aportaciones del Fondo General de Participaciones, aplicada desde 1990 a la fecha ha reducido de 20 a 11 por ciento en términos reales el monto de los recursos destinados a los fondos a los que tiene acceso el Distrito Federal.4
Solamente la pérdida de recursos por Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le ha implicado al Distrito Federal una pérdida de más de 5 mil 325 millones de pesos; a esto habrá que añadir que para este año 2008, no se asignaron a la entidad recursos para proyectos como la "Cruzada nacional mujer y salud", "Violencia de género" o "Atención a pueblos indígenas".
A estas pérdidas habrá que sumar las que resultan de la exclusión de la capital de las aportaciones para programas federales como el de Ahorro, Subsidio y Crédito para tu Vivienda (Tu Casa), el de Apoyo Alimentario, el Programa para el Desarrollo Local (microrregiones), el Programa de Coinversión Social, el Fondo Nacional para el Fomento a la Artesanía (Fonart), el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, el de Opciones Productivas y el Programa Tres por Uno para Migrantes, los cuales suman pérdidas para la entidad por casi 140 millones de pesos.
La Ciudad de México es un motor para el crecimiento y el desarrollo económico nacional.5 No existen razones técnicas para excluir al Distrito Federal o restringirle los recursos que legítimamente le corresponderían de los fondos del Ramo 33 y un número importante de los programas federales orientados al desarrollo social.6
Mientras los habitantes de la ciudad se mantienen como los contribuyentes que más recursos fiscales aportan a la federación, proporcionalmente reciben cada vez menos. El Distrito Federal es una entidad a la que se le toma como población base para el cálculo de la distribución de algunas participaciones federales a poco más de 8 millones de habitantes, cuando en realidad presta servicio y da atención a más de 16 millones; coincido entonces con el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal cuando menciona que para casos sui generis como el de la Ciudad de México, la fórmula para la distribuir recursos con base en la población ya no es suficiente, por lo que se debería considerar un esquema específico para las zonas metropolitanas a fin de propiciar mayor equidad en la distribución de los recursos federales.7
El Distrito Federal es la única entidad donde los recursos que capta para la hacienda pública federal son mucho mayores de los que recibe. A diferencia de la mayoría de las entidades, el Distrito Federal mantiene su gasto público con más del 50 por ciento de recursos propios, mismos que desde el año 2000 han registrado un crecimiento sostenido superior a 4 por ciento anual, mientras que en la mayoría de las entidades los recursos propios representan menos del 10 por ciento, por lo que más del 90 por ciento de su gasto proviene de las aportaciones federales.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 93, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se cita a comparecer ante la Comisión del Distrito Federal, al ciudadano Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, y al ciudadano Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, para que expliquen el monto de los recursos no entregados al Distrito Federal por concepto de participaciones de fondos federales y los motivos de la exclusión.
Notas
1. La Jornada, 5 de marzo de 2008.
2. La Jornada, 7 de febrero de 2008.
3. La Jornada, 8 de noviembre de 2007.
4. La Jornada, 7 de septiembre de 2007.
5. El Distrito Federal representa actualmente 23 por
ciento del PIB nacional, recauda 61 por ciento del ISR y 49 por ciento
del IVA y será el que mayor recaudación aporte por concepto
de impuesto empresarial a tasa única. La Jornada, 15 de septiembre
de 2007.
6. Comunicado de prensa del Gobierno del Distrito Federal
del 6 de septiembre de 2007.
7. La Jornada, 7 de septiembre de 2007. Entrevista
con Mario Delgado Carillo al término de su participación
en el foro La reforma fiscal y las organizaciones de la sociedad civil.
Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica),
Claudia Cruz Santiago.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA UAM Y DEL SITUAM A LLEGAR A UN PACTO
SATISFACTORIO PARA AMBAS PARTES Y FINALIZAR CON LA MAYOR BREVEDAD LA HUELGA,
A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La educación permite a las personas desarrollar o perfeccionar sus habilidades, conocimientos, sus facultades intelectuales y morales. La educación beneficia a las personas y a las sociedades.
Para las personas, el beneficio reside en la mejor calidad de vida a la que pueden acceder, y para las sociedades está la innegable mejoría en las condiciones económicas sostenidas y generadas por una población instruida.
Naturalmente, los países se ven beneficiados por el crecimiento económico, pero sobre todo deseamos destacar que se benefician por el desarrollo de los valores compartidos entre la sociedad, lo cual permite construir el capital social que enfatiza la cohesión social.
Con la educación superior se concluye una etapa en la vida académica, que permite a las personas insertarse con mayor probabilidad de éxito en el mercado laboral, o bien continuar con la especialización en diversas áreas de estudio y eventualmente formar parte de los expertos que constituyen la punta de lanza y la vanguardia en las ideas e innovación de la sociedad.
Las ventajas de la educación superior en las personas son innegables. Por ello es que la educación pública se impone como una de las prioridades en la agenda nacional. Cuando esta presenta alguna dificultad como la que estamos viviendo en estos momentos, la atención que le debemos se transforma en una franca preocupación de todos los que –de alguna manera– nos encontramos al frente de las responsabilidades que el pueblo de México nos ha conferido.
La Universidad Autónoma Metropolitana tiene cuatro unidades, en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco. Esta gran universidad con un enorme prestigio construido a lo largo de sus 35 años de existencia, atiende a más de 40 mil alumnos en más de 50 planes de estudio de nivel superior, y se ha destacado por ser una de las tres principales instituciones de educación superior pública en el país, junto con la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.
Desafortunadamente, desde febrero de este año estalló una huelga que la tiene paralizada y amenaza con perpetuarse de manera indefinida. Por un lado el Sindicato Independiente de los Trabajadores de la UAM solicita un aumento del 35 por ciento a sus salarios, mientras que por otro lado, las autoridades de la propia universidad han manifestado en repetidas ocasiones que su presupuesto sólo les permite ofrecer el 4.25 por ciento de aumento directo al salario base y el 1.2 por ciento en prestaciones.
La Cámara de Diputados no desea manifestarse a favor de ninguna de las partes. Lo que los legisladores de la Cámara sí desean hacer, es exhortar encarecidamente a las partes del conflicto a que privilegien el diálogo por encima de sus diferencias. A que prevalezca la voluntad para negociar, bajo condiciones de respeto mutuo, ausente de todo tipo de violencia, con sensatez en los argumentos y con la vista puesta en el futuro de México.
El prestigio de una institución académica se construye lentamente, a través de los años y con el esfuerzo de los docentes, los trabajadores administrativos, los alumnos, los investigadores, en fin, el prestigio es producto del trabajo de toda la comunidad, del compromiso y del esmero que hayan puesto en cada una de sus tareas.
Y así como el crédito y el renombre se construye con ahínco, a través de largas jornadas, la reputación puede diluirse vertiginosamente a consecuencia de un conflicto no asociado directamente con la calidad que una institución es capaz de brindar a su alumnado.
Existe evidencia de que el daño al renombre de una institución, incide en la probabilidad de éxito de los alumnos por insertarse en el mercado de trabajo; genera un injustificado desprecio y soslayo por parte de la sociedad y de los empleadores; tanto por aquellos que dejan de elegir a la institución como una opción viable para continuar con sus estudios, como por aquellos que absorben el capital humano que se genera en las universidades.
Asimismo, un buen número de alumnos ante el escenario de una huelga prolongada, optan por truncar su vida académica y buscan suerte en la vida laboral para la que no necesariamente cuentan con las mejores herramientas y habilidades que les permitan acceder a un mejor nivel de vida.
Reconocemos el derecho de los trabajadores para defender las condiciones económicas enmarcadas en su contrato. Pero también observamos que los conflictos laborales que se extienden por el tiempo sin visos de conclusión, tampoco favorecen de manera satisfactoria los reclamos de los trabajadores.
La Cámara de Diputados desea manifestar su desacuerdo con las tirantes relaciones, de las que hemos sido testigos estas últimas semanas, entre el SITUAM y las autoridades. La descalificación de unos y otros, sólo es capaz de enardecer un conflicto laboral extenuante que no redunda en beneficio de ninguna de las partes, ni de la propia sociedad mexicana.
La educación enaltece la condición del ser humano, permite reflexionar, compartir ideas, conocer las razones y los argumentos del otro, nos enseña a respetar, a discutir y a dirimir las diferencias.
Las universidades son el espacio natural e idóneo para el intercambio de ideas y la discusión sensata. La UAM debe honrar su calidad de pilar en la educación superior de México. Y es por ello que hoy la Cámara de Diputados hace un llamado a la serenidad y conciencia de las partes involucradas en el conflicto laboral, para que encuentren puntos de coincidencia que los lleven a un acuerdo satisfactorio.
Por lo expuesto, se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, a conciliar sus posturas para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y así dar por concluida la huelga que afecta a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y a México.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana a instrumentar la impartición de clases extramuros a los alumnos a fin de evitar la pérdida del ciclo escolar.
Dado en el Palacio Legislativo, a 25 de marzo de 2008.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEGOB, A LA SEMAR, A LA SEMARNAT Y AL INEGI QUE REALICEN
UN INVENTARIO NACIONAL DE ISLAS, ARRECIFES Y CAYOS, E INFORMEN A ESTA SOBERANÍA
SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN EN LOS MARES ADYACENTES, A CARGO
DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante del LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta soberanía el punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática la realización de un inventario nacional de nuestras islas, arrecifes y cayos e informe a esta honorable soberanía de la situación que guardan las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes al territorio nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El territorio insular mexicano es uno de los activos nacionales más olvidados por la autoridades del país, es un espacio nacional que brinda enormes oportunidades para el desarrollo económico mexicano.
En nuestro país falta una conciencia nacional sobre la existencia de un México insular, debemos recordar que estos territorios forman parte de nuestra masa continental, que son por derecho de nuestra propiedad y que como tal debemos conocer y administrar.
En los artículos 42 y 48 constitucionales se establece el estatus que guarda el territorio insular:
I. El de las partes integrantes de la federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes
y cayos en los mares adyacentes;
III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo,
situadas en el Océano Pacífico;
IV. La plataforma continental y los zócalos
submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.
…
Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.
La Secretaria de Gobernación publicó en 1991 una cartografía de las islas mexicanas, sin embargo no indican, en ninguno de los estudios, el número total de las islas, arrecifes y cayos, en este estudio describen los antecedentes históricos de las islas del Caribe mexicano, de las islas norponiente de Yucatán, de la isla del Carmen, de las islas del litoral veracruzano, de la isla de Clipperton o de la Pasión (perdida en 1931 por un laudo arbitral internacional por medio del cual se le otorgó su jurisdicción a Francia, bajo el falso argumento de no ejercicio de acto alguno de la autoridad mexicana en dicha isla), de las Islas Marías, de las islas Revillagigedo, de las Islas del Coral y los Jardines, de las islas del litoral del Pacifico y por último de las islas del septentrional occidental.
Un aspecto por destacar es la definición precisa de isla, la cual se entiende como un porción de tierra rodeada por mar, lago o río; con respecto a los cayos se definen como pequeñas islas donde normalmente no viven humanos por su reducido tamaño; mientras que los arrecifes son bancos de profundidad pequeña bajo la superficie del mar y pueden ser de distinto origen inorgánico o ser causados por la acumulación de coral. Esta falta de precisión en los términos referentes al territorio insular deben, mediante el registro del inventario delimitarse con claridad a fin de medir adecuadamente toda esa enorme porción de tierra que nos pertenece, y con ello contar con una estadística geográfica insular confiable para el país.
Es preocupante que no tengamos un inventario confiable del total de las islas, cayos y arrecifes, eso muestra el desinterés y abandono en el que se encuentra nuestro territorio insular, convirtiéndose en tierra de nadie, los motivos de esta apatía se deben a la diferenciada lógica de prioridades nacionales del gobierno federal, de restricciones presupuestarias, la falta de una legislación en la materia y de vacíos e imprecisiones jurídicas.
Un avance en sustancial en la soberanía nacional será aquel en el cual tengamos la voluntad para conocer todo nuestro territorio insular y aprovechar plenamente su potencial marítimo productivo y establecer las bases para un desarrollo nacional, que vea más allá de la tierra firme y considere seriamente a nuestras islas como territorios estratégicos para fomentar la industria marítima, fortalecer a la marina mercante y en general propiciar un activo comercio internacional.
Por lo anterior, pongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable soberanía solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un informe sobre el estado que guardan actualmente las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes de la República Mexicana.
Segundo. Esta honorable soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que, de manera coordinada, realicen un inventario de nuestras islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes a nuestro territorio nacional, a fin de conocer el número preciso, su ubicación geográfica exacta, territorio, potencial económico, número de islas habitadas e impacto en el medio ambiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2008.
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A CUMPLIR EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO
DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR,
A CARGO DEL DIPUTADO DAVID LARA COMPEÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura David Lara Compeán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de acuerdo con sus facultades dé cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en razón de los siguientes
Considerandos
1. Que en el artículo 9 de la Ley Federal de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se constituye el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; a su vez en el artículo cuarto transitorio se estipula que este comité deberá quedar debidamente instalado a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de esta ley. Sin embargo, dicho comité no se ha instalado a pesar de que la ley entró en vigor en agosto de 2005.
2. Que la administración del comité estará a cargo de una junta directiva y un director general. La junta directiva estará conformada por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representantes de la cámara azucarera, y representantes de las organizaciones nacionales de abastecedores de caña de azúcar. El director general del comité será designado por el Ejecutivo federal.
3. Que a pesar de que se argumenta por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que la instalación de este comité tendría un alto costo económico, este órgano descentralizado es necesario para la coordinación y realización de todas las actividades previstas en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Esto brindará más transparencia y certidumbre a los industriales y productores de caña de azúcar, así como a la sociedad en general.
4. Que la siembra de la caña de azúcar es una actividad de suma importancia para el desarrollo comercial tanto en América como en Europa, puesto que es una de las principales fuentes de calorías en la dieta de todos los países. En México, el consumo total de la caña de azúcar es de 200 mil toneladas por año, 44 kilogramos por habitante.
5. Que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción y el segundo lugar en América Latina y tiene una participación con exportaciones máximas de 250 mil toneladas.
6. Que este cultivo tiene una superficie de 750 mil hectáreas en el territorio mexicano, abarcando la costa del Pacífico, área central, Golfo de México y la península de Yucatán. Con un total de 58 ingenios azucareros son 15 los estados productores de caña de azúcar, siendo Veracruz, Jalisco, San Luís Potosí y Oaxaca los de mayor producción.
7. La participación de producción de caña de azúcar en el producto interno bruto nacional es de 0.5 por ciento. De esta actividad se benefician 227 municipios del país. La actividad económica en torno a este cultivo, involucra a 12 millones de personas; que a su vez genera 440 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos.
Dado el impacto que tiene este cultivo en nuestra sociedad, teniendo en cuenta el área sembrada, la generación de empleos y la importancia de todos los productos derivados del proceso y con el objetivo de aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece la apertura del mercado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y diversificar la oferta mediante la producción de biocombustibles, sucroquímica y la cogeneración de energía eléctrica, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, de acuerdo a sus facultades, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 25 de marzo de 2008.
Diputado David Lara Compeán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES DEL NUEVO
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EL
CAMPO LLEVA MANO, A CARGO DEL DIPUTADO IRINEO MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Irineo Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo en relación al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Consideraciones
Como es de su conocimiento, compañeras y compañeros legisladores, durante este periodo ordinario de sesiones he venido presentado diversos temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el sector agrícola de nuestro país, que juzgo de la mayor trascendencia. En esta tribuna se han registrado distintas participaciones de legisladores de prácticamente todas las fracciones parlamentarias y no sólo en esta legislatura, sino desde que entro en vigor, en 1994, el TLCAN.
Muchos legisladores se han esmerado en argumentar las bondades de este acuerdo comercial, pero hay quienes hemos señalado los efectos negativos que ha tenido para la economía nacional, y, de manera muy especial, para el sector agrícola en su conjunto.
Pero más que sólo señalar los efectos negativos y las condiciones en que se encuentra el sector agrícola de nuestro país y, con ello, más de la cuarta parte de la población mexicana que aún vive en dicho sector, el honorable Congreso de la Unión debe de avanzar en la elaboración de leyes que impulsen el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, pues es esta una obligación ineludible que nuestros representados nos han conferido mediante su voto.
En la discusión que se ha generado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hay un tema que hemos dejado de lado, tanto en su análisis, como en sus implicaciones en el sector agrícola, que es una real y efectiva programación de los recursos públicos destinados a dicho sector.
En Estados Unidos, por ejemplo, cada cinco años, y mediante el Congreso se renueva su política federal agrícola; en el año 2002 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Agrícola; Farm Hill 2002-2007, con la cual se aumento en 51 mil millones de dólares los recursos destinados a los subsidios del campo, para quedar en un total de 297 mil millones de dólares en dicho quinquenio.
Durante este periodo, en particular en el año 2002, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada por el honorable Congreso de la Unión, el Gobierno mexicano dio inicio al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como por lo señalado en los artículos 4 y 20 de la Ley de Planeación.
Este ejercicio fue una acción de política pública inédita en la administración publica en aquel entonces, cuyo objetivo fue la coordinación y concurrencia de distintos programas federales, mediante la participación colectiva de distintos despachos de la administración publica federal, con el objetivo optimizar los recursos públicos que se destinan al sector agrícola año con año, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con la propuesta de trabajo que se ha presentado respecto al periodo 2007-2012, respecto al nuevo programa especial concurrente, los programas que integran las vertientes de atención especializadas, son los siguientes: competitividad, social, financiera, infraestructura, laboral, medio ambiente, educativa, salud, agraria.
En ese programa concurrirán los esfuerzos en materia agrícola de las siguientes dependencias: las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Desarrollo Social, de la Reforma Agraria, de Educación Pública, de Energía, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, y la de Turismo; el Instituto Mexicano del Seguro Social; los Tribunales Agrarios, y la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas.
Cabe señalar que el trabajo colectivo de estas 17 instancias de gobierno se coordina por medio de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
De acuerdo con el nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, El Campo Lleva Mano, se pretende avanzar en accesibilidad, eficiencia y mejores condiciones para lograr una mejor coordinación interinstitucional, para garantizar un avance seguro y efectivo para el desarrollo de quienes viven en el campo y que demandan esta atención.
De acuerdo con el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, se observa que en el Eje 2, denominado "Economía competitiva y generadora de empleos", en particular en la estrategia 7.1, se refiere al tema en cuestión, y señala la conveniencia de converger y optimizar los programas y recursos que incrementen las oportunidades de acceso a servicios en medio rural y reduzcan la pobreza (programa especial concurrente).
Los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural significan un esfuerzo sin precedente, por lo que es necesario incrementar su eficacia para promover el desarrollo de la sociedad rural. Para ello se deberá ordenar de manera más racional y eficiente los diferentes programas de las dependencias con incidencia en el campo.
Es decir, en nuestro país desde el año 2002 empezó una discusión integral sobre las acciones de gobierno, instancias responsables y una planeación integral de los recursos que se destinaran al campo, situación que no es inadecuada, pero si es insuficiente, es momento, que empecemos la discusión interanual de los recursos que se destinaran al campo por un periodo más amplio, a solo un año.
Hoy día, el Congreso estadounidense discute los recursos que destinara al sector agrícola para los próximos 5 años, en dicho país se atribuye a la agricultura el 1 por ciento del PIB y a los agricultores el 2 por ciento del total de la población, mientras que en México, a la agricultura se atribuye el 4 por ciento del PIB, y el 25 por ciento de la población.
Cabe mencionar que en dicha propuesta el proyecto HR 2419 de Ley Agrícola, nutrición y bioenergía, los subsidios federales para el sector son de entre el 13 y el 15 por ciento del presupuesto agrícola total, los cuales fluctúan entre 16,5 y 24,3 billones de dólares anuales.
Todo lo anterior, compañeros legisladores, es para argumentar la necesidad de discutir e impulsar como una solución integral a los problemas del campo no sólo la canalización de mayores recursos y el mejor uso y distribución de los mismos, sino plantear una política de mediano y largo plazos para la canalización de recursos públicos al sector agrícola; no debemos continuar año con año discutiendo el programa especial concurrente, sino que lo debemos proyectar a un periodo intersexenal, para que deje de estar a los vaivenes políticos y restricciones presupuestarías según los precios del petróleo o la poca recaudación fiscal que prevalece en nuestro país.
Representa varias ventajas generar una política de este tipo, en primera instancia se podrían atender de manera adecuada diversos proyectos productivos que por su magnitud, rebasan la calendarización de un año; se podrían programar la atención a pequeños, medianos y grandes productores mediante esquemas multianules de financiamiento, con el fin de incentivar la capitalización y productividad de estos, para que estén en condiciones reales en el mercado externo e interno, entre muchos otros.
Además una acción de gobierno de este tipo, demuestra la maduración que de un tema se tiene, en relación a su atención y manera de solucionarlo, en nuestro caso nos plantearía una solución a diversos problemas y vicios que aún seguimos arrastrando, y que tienen por efecto, los problemas que aún aqueja a nuestros campesinos; por todo lo anterior, se presenta el siguiente;
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable que informe a esta honorable Cámara de Diputados de los avances en cuanto al nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; el Campo Lleva Mano.
Segundo. Se solicita a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable que informe a esta honorable Cámara de Diputados, en cuanto a su programa de trabajo y análisis en materia del presupuesto previsto para el periodo 2006-2012.
Diputado Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA SCT UN ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO SOBRE LA APLICACIÓN
DE GEOSINTÉTICOS EN LAS CARRETERAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO
JAVIER GUDIÑO ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Francisco Javier Gudiño Ortiz a la LX legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a realizar un estudio de factibilidad técnico-económico sobre la utilización de los geosintéticos como material para las carreteras del país.
Exposición de Motivos
México es un país que cuenta con una densa red carretera, constituida por 48 mil 456 kilómetros, de los cuales a la libre le corresponden 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas de cuota 7 mil 568 kilómetros, donde 65 por ciento es de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y el restante 35 por ciento de la red concesionada.
El sistema de carreteras del país enfrenta situaciones bastante complejas; por un lado, muchas de ellas están envejeciendo y su deterioro es muy rápido y, por otro, el presupuesto de mantenimiento y conservación es insuficiente ante una densa red carretera que va en expansión, por tal motivo se requieren materiales que fortifiquen y proporcionen mayor resistencia y duración.
Las carreteras se proyectan y construyen para determinado periodo de vida útil u horizonte de proyecto en servicio, para una cantidad de años fija. Al concluir éstos, se debe reparar para aumentar su vida útil, si las condiciones lo ameritan, o rehacerla, según sea el caso.
Cabe mencionar que los factores que afectan la duración de la superficie de una carretera asfáltica nueva son: la fatiga por flexión, el envejecimiento natural, la formación de ahuellamientos, la abrasión, el desprendimiento, la formación de grietas por efecto de la temperatura y las grietas de reflexión.
Uno de los principales contribuyentes del deterioro de los caminos es el agua que se encuentra debajo del pavimento, la cual reblandece el suelo de la subrasante, lo que a su vez destruye la capacidad estructural del pavimento.
Un pavimento con una base que se sature en un tiempo de 10 por ciento de diseño, tendrá solamente el 50 por ciento de la vida útil de un pavimento donde el agua se mantiene fuera de la base. Gran parte de esta agua entra por las fisuras y poros de la superficie del pavimento y se daña en su estructura por la filtración.
Una posible solución al problema de las carreteras respecto a su resistencia y duración, es la utilización de los geosintéticos.
Los geotextiles son una malla compuesta por fibras sintéticas cuyas funciones principales se basan en su resistencia mecánica a la perforación y tracción, y a su capacidad de drenado, y tiene la función de proporcionar separación, filtración, drenaje refuerzo y protección a las carreteras, y aportan los siguientes beneficios:
• Impiden la mezcla del suelo natural con tierra o materiales de aportación o entre diferentes materiales de relleno.
• Permiten circular sobre la subbase en proceso de ejecución de las obras.
• Mantienen inalterable las propiedades del material de aporte
• Mantienen confinados los elementos finos del subsuelo evacuando el agua por subpresión sin pérdida de dichos elementos finos.
El geosintético puede ser una solución para aplicarlos a las carreteras, al constituirse como un material que aumenta la seguridad ante la falla de base local en la construcción de caminos, no permitiendo la formación de ahuellamientos debido a la alta carga de ejes de vehículos pesados, además de que sus funciones en la reducciones de la filtración del agua y las grietas reflectivas, ahorrando de esta forma los ciclos costosos de la repavimentación.
La utilización de los geosintéticos en la construcción de carreteras se ha visto incrementada de forma considerable en los últimos años en el mundo. Por esta razón, estos materiales están tomando un protagonismo cada vez más relevante, por las diferentes aplicaciones que tienen en las obras de construcción, y las experiencias han sido numerosas y han resultado positivas en el caso de países como Estados Unidos, Alemania, España, Japón, Canadá, entre otros.
Estos materiales presentan una serie de ventajas que son la principal causa de su espectacular aumento en su aplicación en todo el mundo a lo largo de las dos últimas décadas. Entre sus ventajas destacan su facilidad de puesta en obra, es un producto económico, permite ahorro de tiempos de ejecución, posibilita soluciones medioambientales correctas, etcétera.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un estudio de factibilidad técnico-económica sobre la aplicación de los geosintéticos en las carreteras y, asimismo, entregue a esta soberanía, en 60 días, el resultado sobre si es viable el aplicar estos materiales a las carreteras del país.
Palacio Legislativo, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE ASA UN INFORME DE LOS TRABAJOS QUE ADMINISTRADORA
GUTSA, SA DE CV, REALIZÓ EN LA TERMINAL NÚMERO 2 DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO COPIA CERTIFICADA
DE LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE DICHA EMPRESA Y ASA, A CARGO DEL DIPUTADO
PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Pablo Trejo Pérez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) está considerado como el aeropuerto metropolitano más grande de Latinoamérica en cuanto al número de pasajeros que anualmente transporta.
Durante el año 2005, registró un total de 24 millones115 mil 552 pasajeros, obteniendo así el lugar 45 entre los aeropuertos más transitados del mundo, mientras que en el año 2006, el número de pasajeros se incrementó a 24 millones 727 mil 296 y el año pasado, registró un total de 25 millones 881 mil 622 viajeros.
Debido a la saturación que presentaba el AICM, propiciada por el incremento de la demanda de pasajeros, se determinó construir la terminal 2, con el fin de obtener una mayor eficiencia del sistema de pistas y rodajes, así como ofrecer servicios de calidad a los usuarios.
Desde el inicio de las obras de la terminal 2, en febrero de 2005, se observó que se incrementarían significativamente el número de operaciones a realizarse en el AICM, por lo que se prevé que para el año 2015, alcanzará una capacidad máxima instalada para atender a 32 millones de pasajeros anuales, mientras que la terminal 2 atenderá inicialmente a 8 millones de pasajeros anuales y su demanda podría incrementarse hasta 12 millones de pasajeros, de acuerdo a la información contenida en el informe de labores 2006-2007 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Considerandos
La terminal 2 del AICM comenzó sus operaciones en octubre de 2007, en ella se alberga un edificio terminal, dedo norte, dedo sur, patio hotel; estacionamiento cubierto para 2 mil 459 automóviles y estacionamiento descubierto con mil 500 cajones; 23 posiciones de contacto con aeropuentes y 7 remotas; plataformas; cinco rodajes, un turbosinoconducto; sistema de transporte interterminal (aerotrén); estación de autobuses, aerocares y base de taxis; asimismo, el proyecto cuenta con nuevas vialidades de acceso desde el Circuito Interior (distribuidor 1) y desde el Viaducto (distribuidor 2).
Considerando lo anterior, una terminal aérea de tal magnitud, requiere contar con los servicios de infraestructura y de seguridad óptimos para garantizar a los usuarios su plena satisfacción.
De acuerdo a las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y señaladas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2005, existen empresas particulares que no cumplieron en tiempo y forma con lo estipulado en los contratos firmados con Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ASA), entre ellas, la empresa Administradora Gutsa SA de CV.
En el caso del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2005, la ASF refiere que el contrato de obra pública número 311-O5-OF01-1O del 7 de noviembre de 2005, tuvo por objeto realizar los trabajos de suministro, habilitado y montaje de estructura metálica de los edificios: dedo norte, dedo sur, edificio terminal y patio-hotel de la terminal 2 del AICM. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública internacional el 7 de octubre de 2005, por conducto de la Gerencia de Administración de Proyectos a Administradora Gutsa, SA de CV, con un importe de 597 millones 452 mil 380.42 pesos y un periodo de ejecución de 304 días, que posteriormente fue reprogramado.
En dicho contrato se estipulaba diversas actividades que debía realizar la empresa, sin embargo, la ASF constató que desde el inicio de la obra hasta la fecha en que se realizaron los recorridos de obra, y mediante la revisión de los registros de hallazgos realizados por la empresa CAPSA, las empresa contratista Gutsa, SA de CV, no realizó un adecuado manejo de los residuos peligrosos, en su almacenamiento, transporte y disposición final de los mismos, ni llevó a cabo el etiquetado de los contenedores y recipientes que contienen los residuos peligrosos.
La ASF informa que desde el inicio de la obra, la empresa Gutsa SA de CV, no dispuso de sistemas de extinción contra incendios, ni señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos, en contravención de lo establecido en diversos artículos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos y de las normas oficiales mexicanas números NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-003-SCT/2000, más otras normas emitidas por la Semarnat.
Adicionalmente, la empresa Gutsa SA de CV no efectuó el mantenimiento preventivo periódico de todos los vehículos y maquinaría utilizada durante la construcción de la terminal 2, según se constató con los hallazgos realizados por la empresa CAPSA, violando de esta forma diversas disposiciones Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Como es evidente, la empresa Administradora Gutsa SA de CV incurrió en diversas omisiones en el cumplimiento de dicho contrato, que sin duda pone en riesgo la seguridad de los usuarios del AICM.
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al director general de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ASA) un informe detallado de los trabajos que la empresa Administradora Gutsa, SA de CV, que incluya montos y tiempos de ejecución, que realizó desde el inicio del proyecto de la terminal 2; así como copia certificada de cada uno de los contratos firmados entre dicha empresa y ASA, en particular, lo correspondiente a la construcción de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A DAR CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDA LA OBRA DE LOS TRAMOS
CARRETEROS PUENTE PRIETO-CANOAS-PÁNUCO Y TAMPICO-VALLES, A CARGO
DEL DIPUTADO PEDRO PULIDO PECERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se gira atento exhorto al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé cuenta del estado que guarda la obra del tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Panuco; así como el mismo tramo Tampico-Valles, debido a que se encuentran en un estado crítico y no se percibe la restauración de dichas obras, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I. Acción Nacional se funda con la intención de ser una organización permanente, con un cuerpo de doctrina, con una filosofía política y social que dentro de sus principios, defiende la seguridad de las personas, puesto que de esto depende el bien común de nuestra sociedad.
II. Es por ello, que en nuestro carácter de representantes populares, los diputados tenemos que permitir que los factores que rodean y contribuyen al desarrollo de las personas, se den de manera adecuada; en ese sentido, tenemos que estar atentos a la actuación de quienes tienen la responsabilidad de asegurar el mantenimiento y el adecuado y seguro funcionamiento de las carreteras de nuestro país, para garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía.
III. En ese tenor, es importante señalar que en materia de comunicaciones y transportes la autoridad responsable es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dado que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36, establece "XXII. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;" y "XXIV. Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;"
IV. Con la finalidad de evitar accidentes, puesto que tan solo en el transcurso del mes de febrero, fui testigo, de que por el deplorable estado en el que se encuentra dicha carretera, los automovilistas han sufrido percances en sus vehículos provocando accidentes y hasta han sido presa de delincuentes al tener que ir a baja velocidad por las malas condiciones de la misma.
V. No obstante lo anterior, se tiene el conocimiento de que se destinó en el Presupuesto de 2007 la cantidad de 100 millones de pesos, y en el Presupuesto de 2008, la cantidad de 50 millones de pesos con el fin del mantenimiento a dicha obra Puente Prieto-Canoas-Panuco.
VI. Es por ello, que en Acción Nacional, teniendo como principio fundamental el bien común de todos los individuos "…no promueve la ventaja de un grupo o clase alguna, sino simplemente el beneficio de todos, cualquiera sea el carácter o la función que las comunidades realicen en la sociedad."1 Solicitamos a las autoridades correspondientes que den soluciones a los ciudadanos quienes diariamente transitan por las carreteras antes citadas y que en muchos casos se pone en riesgo la seguridad de los transportistas.
Por lo expuesto a este honorable Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se gira atento exhorto al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé cuenta del estado que guarda la obra del tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Panuco; así como el mismo tramo Tampico-Valles, debido a que se encuentran en un estado crítico y no se percibe la restauración de dichas obras.
Notas
1. Proyección de principios de doctrina-2002:
http://www.pan.org.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 12 de marzo de 2008.
Diputado Pedro Pulido Pecero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO, A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y A LA SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE DE JALISCO A DECLARAR ZONA EN ESTADO DE EMERGENCIA AMBIENTAL
EL RÍO SANTIAGO, Y A APLICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO,
A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GUDIÑO ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Francisco Javier Gudiño Ortiz, diputado federal del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a su consideración el siguiente punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Jalisco, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de la entidad a declarar zona en estado de emergencia el río Santiago; así también, a aplicar los recursos necesarios al mantenimiento de éste, como asunto de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El río Santiago, que nace en el lago de Chapala, fluye por lo municipios de Juanacatlán y El Salto, donde existe un cascada de 20 metros aproximadamente y donde se forma una espuma color café que vuela por cualquier rincón refiriéndose como el punto de mayor contaminación; los que vivían en la orilla han preferido irse, pues no pueden vivir en ese estado de deterioro por la grave contaminación.
La contaminación del río Santiago no es novedad; es un tema que ha fluido como sus aguas desde hace décadas; y aunque tampoco es la primera vez que se aborda este tema, lamentablemente no será la última; en la actualidad se vive un grave problema en la zona.
El pasado 26 de enero Miguel Ángel López Rocha fue encontrado por su mamá, en el interior del baño, desmayado; tras haber sido aventado a las aguas del río Santiago su vida iba a cambiar, desde entonces permanece en estado de coma, a partir de ese momento la contaminación del Santiago volvió a ocupar los primeros sitios como tema de interés.
Ese olor que sólo perciben quienes viven en su cercanía se extendió por toda la ciudad; esas nauseas que generan sus fétidas aguas motivaron una serie de declaraciones que sólo dejaron expuesta la cloaca que siempre ha estado bajo nuestros pies y en la que se han vertido miles de buenas intenciones que sólo la contaminan más.
Diversas organizaciones han documentado ante distintas instancias, el registro y el aumento de enfermedades cancerígenas y padecimientos en la piel, vías respiratorias y gastrointestinales, las organizaciones ambientales lamentan que no haya propuestas serias para resolver el problema.
Las autoridades continuamente prometen el saneamiento del río y resolver el problema a través de la construcción de un canal alterno que transporte las aguas negras hacia las futuras plantas de tratamiento; se anunció que las obras arrancarían antes de que inicie el temporal de lluvias, pero a poco más de cinco meses de dicha promesa aún no se han sentado las bases de una convocatoria para la edificación de las plantas tratadoras.
Toca el turno a la autoridad encargada de la materia de tomar las medidas precautorias para el saneamiento del río Santiago, para así poder disminuir las afectaciones y la contaminación de la cuenca.
Si aquí no se hace nada, y mientras se realizan estas medidas paliativas, se busca la declaratoria de emergencia ambiental para la cuenca, en cuanto se construyan las plantas de tratamiento, correspondientemente todo eso y más seguirá siendo un tema polémico, ya que seguirá cobrando vidas como la del joven Miguel Ángel López Rocha (por quien pediría un minuto de silencio).
Lo que les pediría es que se haga algo por el río, por todos los niños que viven por ahí, poner un límite, no dejarlo a la desidia o así nomás, porque son vidas las que están en peligro y luego de inocentes.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y de obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de la entidad a declarar zona en estado de emergencia ambiental el río Santiago; así también, a aplicar los recursos necesarios al mantenimiento de éste.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS DE ESTA
SOBERANÍA A INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO QUE ANALICE LOS RECURSOS
DESTINADOS AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EN EL APARTADO "AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO", A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN STEFANONNI
MAZZOCCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura Martín Stefanonni Mazzocco, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta soberanía a que integre un grupo de trabajo que se aboque al análisis y seguimiento del Fondo Nacional de Infraestructura, en su apartado de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Se exhorta asimismo al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a explicar el funcionamiento del Fondo Nacional de Infraestructura, así como los mecanismos a través de los cuales los municipios y organismos operadores municipales y no municipales pueden acceder a los recursos del citado fondo; con base en las siguientes
Consideraciones
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece, dentro del eje de política pública, la meta de incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos los hogares mexicanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.
Conforme a esto, el 18 de julio de 2007 el presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presentó el Programa Nacional de Infraestructura, en el cual se establecieron los objetivos y acciones que impulsará el gobierno federal con objeto de incrementar la cobertura, calidad y competitividad del sector hidráulico, de tal forma que al finalizar el sexenio México esté dentro de los treinta países líderes en la materia. Para esto se asignaron 154 mil millones de pesos al rubro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que representan el 6.1 por ciento de la inversión pública total destinada a este programa.
El 6 de febrero de 2008, el presidente de la república anunció la creación del Fondo Nacional de Infraestructura como vehículo de coordinación entre las agencias de gobierno en la asignación de recursos en proyectos de inversión y como un medio para establecer los mecanismos para seleccionar y determinar prioridades con criterios de rentabilidad social y económica en materia de infraestructura de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística. Esto permite, poner en marcha las estrategias y proyectos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y así alcanzar las metas fijadas para el sexenio.
Para el uso de estos recursos es necesario considerar que un gran número de municipios y organismos operadores, tanto municipales como no municipales, no disponen de las plantas para el tratamiento de sus aguas residuales; así como de los ingresos suficientes para cubrir las cuotas por concepto de derechos de descarga a la federación, ya que llegan a representar hasta el 40 por ciento de sus ingresos.
Asimismo, que la gran mayoría de esos organismos municipales y no municipales no disponen de los recursos suficientes para la construcción, ampliación o modernización de sus plantas de tratamiento de aguas residuales, aspecto que coadyuvaría a alcanzar la meta de presidencial de tratar el 60 por ciento de las aguas residuales descargadas al final del sexenio.
Por último, que la mayoría de los municipios que no cuentan con los recursos para ampliar su infraestructura hidráulica se encuentran en regiones cuyos mantos acuíferos observan un alto grado de explotación, como es el caso de la región Lerma-Santiago-Pacífico, donde además el 59 por ciento de la población radica en localidades de menos de 20 mil habitantes, pero que contribuyen con el 46 y el 39 por ciento de la producción nacional de trigo y sorgo, bajo la modalidad de riego, respectivamente, los cuales representan productos básicos y estratégicos para la alimentación del país.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que integre un grupo de trabajo que se aboque al análisis y seguimiento del Fondo Nacional de Infraestructura, en su apartado de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Banco Nacional de Obras, a explicar el funcionamiento del Fondo Nacional de Infraestructura, así como los mecanismo a través de los cuales los municipios y organismos operadores municipales y no municipales de las regiones con acuíferos sobreexplotados y menores de 20 mil habitantes y con elevado uso del agua con fines agrícolas, puedan acceder a recursos de ese fondo, para que a la vez puedan continuar de una manera sustentable con sus labores de producción agropecuarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR MEDIANTE LA SEMARNAT LA REALIZACIÓN
DE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y LOS MUNICIPALES, LA
GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO DE LA CONAGUA Y EL CONSEJO DE CUENCA DEL
RÍO SANTIAGO PARA SOLUCIONAR EL TRATAMIENTO DEL AGUA CONTAMINADA
DE ÉSTE, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO EDUARDO MORENO ÁLVAREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Mario Eduardo Moreno Álvarez, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que solicita que se gire atento oficio al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se considere la pertinencia de hacer una mesa de trabajo con los gobiernos estatales y municipales que forman parte del río Santiago, la Gerencia Regional Lerma-Santiago de la Comisión Nacional del Agua y el Consejo de Cuenca del Río Santiago, para que busquen un esquema de trabajo eficiente que permita encontrar e impulsar las posibles soluciones al tratamiento del agua contaminada del río Santiago, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
"Un medio ambiente sano es una aspiración
de la humanidad, ya que es fundamental
en el desarrollo integral y en la calidad
de vida de las personas de las generaciones
presentes y futuras"1
I. En ese tenor, Acción Nacional se funda con la intención de ser una organización permanente, con un cuerpo de doctrina, con una filosofía política y social que dentro de sus principios, defiende la protección del medio ambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena tanto como la deben tener las generaciones que les preceden.
Además, el aspecto ambiental del desarrollo debe darse dentro de los límites naturales de regeneración de los ecosistemas, evitando la degradación y contaminación de aire, agua y suelo. Debido a que sin una base de capital natural no se puede generar un crecimiento económico de largo plazo, ni tampoco mejorar la calidad de la vida humana.
II. Es por ello que en nuestro carácter de representantes populares, los diputados tenemos que permitir que los factores que rodean y contribuyen al desarrollo de las personas, se den de manera adecuada; por ello, es indispensable que "la sociedad y todos los órdenes de gobierno actuemos de forma coordinada y permanentemente para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas al ambiente",2 ya que "el buen aprovechamiento de los recursos naturales no depende sólo de cuestiones técnicas y económicas, sino que está vinculado a los sistemas políticos y a sus instituciones."3
III. Así también, debemos, como legisladores, hacer todo lo que está en nuestras manos para impulsar el desarrollo de una política ambiental de prevención, que proteja a nuestra familia, nuestra comunidad y en general el entorno en el que habitamos, para que se preserve y salvaguarde lo más importante que poseemos, nuestra vida.
Por ello, debemos recordar lo que a cada quien nos corresponde, pero no sólo eso, sino ser capaces de contribuir y proponer mejores estrategias y formas de desempeñarnos, mediante programas innovadores y oportunos que creen una conciencia de prevención y protección al ambiente.
IV. Con la finalidad de evitar lamentables hechos como lo acontecido en el municipio de El Salto, Jalisco, donde el pasado mes de enero del año en curso se registró en el Hospital General de Occidente un infante de nombre Miguel Ángel López Rocha, quien entró en estado de coma, presuntamente por una intoxicación tras haber caído al río Santiago, porque al parecer bebió del agua que se encontraba contaminada con metales pesados.
Por eso, y fundamentándonos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos, todos en materia federal, así como en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente y en la Ley Estatal de Salud, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, se propone esta iniciativa de acuerdo legislativo, para que las autoridades encargadas trabajen en conjunto por encontrar y dar soluciones al tratamiento del agua del río en cuestión.
Aunque se tiene el conocimiento de que el gobierno estatal ya está tomando cartas sobre el asunto, mediante la preparación de un proyecto para tratar las aguas del río Santiago, se considera necesario dar una pronta y definitiva solución a la gente que convive con los problemas que el río les ocasiona.
V. Además, si bien es cierto que corresponde a la federación regular y controlar las actividades consideradas como altamente riesgosas y la generación, manejo y disposición final de residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas y la vigilancia y promoción de dichas disposiciones, de acuerdo con lo que señala el artículo 5o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y que las atribuciones que dicha ley otorga a la federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como establece el artículo 6o. del ordenamiento antes citado, también lo es el hecho de que, aunque no es facultad directa de los gobiernos locales y municipales, si lo es de ellos como indica el artículo 9o., fracción VII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que a la letra señala lo siguiente: "las entidades federativas tienen la obligación de promover, en coordinación con el gobierno federal y las autoridades competentes la creación de infraestructura para el manejo de residuos peligrosos…"
Asimismo, que en materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de los estados y de los municipios el manejo de las descargas de aguas residuales, como se establece en los artículos 119 Bis y 120, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
VI. En ese sentido, reconociendo el tema como de utilidad pública, ya que el artículo 3o. fracción III, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, considera de utilidad pública lo referente a las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción que los elementos naturales puedan sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al ambiente de residuos; la ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección del medio ambiente y remediación de sitios contaminados, cuando éstas sean imprescindibles para reducir riesgos a la salud; las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación por residuos peligrosos; y, las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos.
VII. Es por ello, que Acción Nacional, teniendo como principio fundamental el bien común de todos los individuos "…no promueve la ventaja de un grupo o clase alguna, sino simplemente el beneficio de todos, cualquiera sea el carácter o la función que las comunidades realicen en la sociedad."4 Así que en esa tesitura, solicitamos a las autoridades correspondientes que más que encontrar pretextos para trabajar en conjunto encuentren coincidencias y den soluciones a quienes representan y por quienes tienen una función y un propósito qué desempeñar.
Por lo antes expuesto a este honorable Congreso y con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se gire atento oficio al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se considere la pertinencia de hacer una mesa de trabajo con los gobiernos estatales y municipales, la Gerencia Regional Lerma Santiago de la Comisión Nacional del Agua y el Consejo de Cuenca del Río Santiago, a fin de que busquen un esquema de trabajo eficiente, que permita encontrar e impulsar las urgentes soluciones al tratamiento del agua contaminada del río Santiago.
Notas
1. Proyección de Principios de Doctrina-2002;
http://www.pan.org.mx
2. Op. cit.
3. Op. cit.
4. Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE PUEBLA A PROHIBIR Y PREVENIR, EN COORDINACIÓN
CON LA CONAGUA Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE TEPEACA Y ACAJETE, LA DESCARGA
DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR Y A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
EL SANEAMIENTO DE AGUAS EN LA BARRANCA DEL ÁGUILA, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ LUIS CONTRERAS COETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura José Luis Contreras Coeto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a efecto de que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y los municipios de Tepeaca y de Acajete, se aplique la normatividad en la materia, se prohíba y prevenga la descarga de aguas residuales sin tratar y se destinen recursos económicos suficientes para el saneamiento de aguas en la Barranca del Águila, en razón de los siguientes
Considerandos
Primero. El municipio de Tepeaca es uno de los que integran Puebla y se sitúa en la parte central de la entidad. Al norte colinda con Nopalucan; al sur, con Cuapiaxtla de Madero, Tecali de Herrera y Santo Tomás Hueyotlipan; al oriente, con Acatzingo; y al poniente con Acajete, Cuautinchán y Tecali de Herrera.
Segundo. Al sureste de Tepeaca se encuentra un profundo y angosto valle, conocido como "Barranca del Águila". Ese escurrimiento forma parte de las cuencas fluviales localizadas al sureste del volcán La Malinche y fluyen por el valle de Tepeaca, el cual se extiende más de 30 kilómetros al este de la ciudad de Puebla y del volcán La Malinche, desembocando aguas pluviales y de deshielo rumbo a la cañada de Tehuacán, la depresión de Valsequillo y, finalmente, integrándose al río Atoyac.
Tercero. La Barranca del Águila es uno de los escasos lugares con agua permanente en la región. A través de ella fluyen aguas de carácter estacional (primordialmente en verano-invierno), provenientes en su mayoría del volcán La Malinche; el resto del año y sólo para la zona de Tepeaca, los escurrimientos incrementan su caudal gracias a la existencia de manantiales permanentes. Aquí, el agua subterránea que fluye a la superficie se concentra en el lecho de la barranca y forma pozas o marmitas, incrementándose la importancia de este lugar como un antiguo centro de abastecimiento acuífero con carácter permanente.
Cuarto. Del municipio de Acajete desemboca el drenaje sobre el lecho de la Barranca del Águila, así como de las demás industrias asentadas sobre la rivera de dicha barranca, muchas destinadas a la fabricación de piedra caliza y productos pétreos. Los residuos son arrojados al lecho de la barranca, lo que genera la erosión y contaminación de la zona natural, ya que éstas desembocan sin tratamiento y sin cumplir norma oficial alguna para el tratamiento de aguas residuales.
Quinto. El sector campesino de la localidad ha sido afectado, ya que la Barranca del Águila también recibe la descarga de aguas residuales provenientes de viviendas, debido a que las tuberías de drenaje tienen como destino final el lecho de la Barranca del Águila, en perjuicio de sus cultivos, por lo que impera la necesidad de un sistema de drenaje sanitario; de otra manera, seguirán contaminándose los mantos freáticos.
Sexto. Por lo anterior es de suma importancia que el gobierno del estado de Puebla, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y los municipios de Tepeaca y de Acajete, aplique la normatividad en la materia, prohíba y prevenga la descarga de aguas residuales sin tratar, y sin dilación destine recursos económicos suficientes para el saneamiento de aguas en la Barranca del Águila, lugar que por su importancia acuífera es merecedor de una pronta atención y solución al problema de contaminación en que se ve inmerso y que afecta de manera directa a la población que reside en la zona, tanto en la economía, derivado de la contaminación de los cultivos, como en la salud, derivado del impacto ambiental que esto genera.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y los municipios de Tepeaca y de Acajete, se aplique la normatividad en la materia, se prohíba y prevenga la descarga de aguas residuales sin tratar, y se destinen recursos económicos suficientes para el saneamiento de aguas en la Barranca del Águila.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 25 de marzo de 2008.
Diputado José Luis Contreras Coeto (rúbrica)
Silvio Gómez Leyva, en mi carácter de diputado federal de la LX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo la efeméride relativa al 202 aniversario del natalicio de Benito Juárez García.
San Pablo Guelatao, Oaxaca, lo vio nacer en 1806, años más tarde logró sus estudios de derecho en el Instituto de Ciencias y Artes. Su interés por los problemas nacionales lo impulsaron a incursionar en la política desde muy joven, pues a los 25 años llegó a ser regidor del ayuntamiento de Oaxaca y diputado local a los 27 años.
A los 41 años fue gobernador de su estado, procuró el equilibrio económico y ejecutó obras públicas: caminos, reconstrucción del palacio de gobierno, fundación de escuelas normales; levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca; reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el tesoro.
Con la caída de Santa Anna y al llegar a la presidencia de México Juan Álvarez, Juárez fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1855 donde expidió la tan controvertida Ley Juárez, con la que se abolieron los fueros y privilegios que tenían los militares y el clero por encima de otras personas.
En 1857 fue nombrado ministro de Gobernación, posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Comonfort. Sin embargo, este último desconoció la Constitución de 1857 al dar un golpe de Estado, encarcelando a diversos ciudadanos, entre ellos a Juárez. Este acto desencadenó la Guerra de Reforma.
Al ser liberado el 11 de enero de 1858 asumió la presidencia en Guanajuato por ministerio de ley. En julio de 1859, expidió las Leyes de Reforma, que declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre matrimonio civil y sobre registro civil; la de panteones y cementerios, y el paso de los bienes de la Iglesia a la nación.
Al concluir la Guerra de Reforma fue elegido constitucionalmente para continuar en la presidencia. Debido a la intervención francesa, en mayo de 1863 tuvo que dejar la Ciudad de México, ejerciendo su gobierno desde diferentes puntos del país. Regresó a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de que Maximiliano fuera juzgado y fusilado.
En octubre de 1867 fue reelegido presidente de la república; se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el Ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos.
Finalmente, murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión recordamos con tristeza, y a la vez con gran orgullo a Benito Juárez García, Benemérito de las Américas por el ejemplo heroico que legó a las futuras generaciones de mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a 25 de marzo de 2008.
Diputado Silvio Gómez Leyva (rúbrica)