Los suscritos, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo y Liliana Carbajal Méndez, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proyecto de decreto para inscribir con letras de oro, en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, el nombre de Octavio Paz, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Como parte de una reivindicación legislativa y con el derecho a insistir, consideramos que Octavio Paz, el ensayista, el intelectual, la voz ausente en estos momentos políticos, nos merece hacer una reflexión en torno a una parte de su obra y su impacto en el devenir histórico de México, conectando el Laberinto de la soledad (1950) con Posdata (1970), El ogro filantrópico (1979), Tiempo nublado (1983) Pequeñas crónicas de grandes días (1990), hasta Itinerario (1994). No abundamos en toda su obra porque prácticamente resulta una tarea compleja desde el ámbito congresional.
Podemos afirmar que desde su incursión en la Guerra Civil Española (1937) viró su pensamiento comunista –muy en boga en esos tiempos– haciendo una severa crítica a Stalin en su ensayo Los campos de concentración soviéticos (1951), ya que no concebía que los cambios sociales se produjeran por métodos violentos, algo que chocó con su visión ética de la política, que una de las definiciones podría ser "la verdad frente al compromiso", quizá haciendo alusión al prólogo del libro de Alberto Ruy Sánchez, Tristeza de la verdad: André Gide regresa de Rusia.
Posteriormente sus posiciones se fueron deslizando hacia el liberalismo económico y político hasta llegar a plantear que la única salida política que tenía México era la democracia (basta leer Posdata).
Regresando a sus planteamientos iniciales y particularmente en el Laberinto de la soledad, Paz sintetizó desde una visión antropológica lo que era el mexicano, así como también su reflexión histórica sobre el país, a través de los procesos de Independencia, de Reforma y de Revolución, que consideró como "rupturas y continuidades" de distintos órdenes políticos y económicos y muy probablemente las continuidades culturales, como el pensamiento neotomista y la contrarreforma española.
Postdata era un libro obligado después de su renuncia a la Embajada de México en la India, el único servidor público que dimitió ante la crisis moral del régimen de la revolución mexicana, silenciado en el interior del país, pero con mucha mayor sonoridad su renuncia en el extranjero. Para abundar en esto último, cito una parte de la carta de renuncia que le envió Octavio Paz al Secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores:
De acuerdo con lo anterior, es pertinente mencionar que el propio ensayista afirmaba que había nacido "moderno", esta revelación se da porque la crítica le era inherente a su condición de estar inserto en la modernidad, lo que se evidencia en su combatividad frente a los regímenes totalitarios y autoritarios.
En El ogro filantrópico, un texto importante sobre su visión del Estado mexicano; éste fue represor (1968 y 1971), pero con un brazo social que pretendía beneficiar a la mayoría de mexicanas y mexicanos bajo un régimen autoritario, el cual fue influenciado por el cesarismo revolucionario en la herencia del tlatoani, el Estado para Paz era una fatalidad que había que combatir, claro, bajo una visión antiestatista que residía en la propia sociedad mexicana, esto era incomprensible en esa época, puesto que el propio Estado era el ordenador de la sociedad misma.
Asimismo, observó un presidencialismo con una fuerte tradición patrimonial y clientelar. De la misma forma, enfocó sus críticas hacia la modernización y al desarrollo como mitos o ilusiones, al no tener ningún impacto en la sociedad.
En Tiempo nublado su crítica al socialismo se convirtió en una premonición, allí comparó al PRI con el partido comunista soviético, aunque al final el primero gobernó más tiempo frente a la implosión que tuvo la Unión Soviética en 1991. Asimismo, defendió la libertad económica y política, ya en la etapa de la guerra fría se fue acercando a los Estados Unidos sin dejar de ser crítico de su papel hegemónico.
En el libro Pequeñas crónicas de grandes días, Paz analizó el desmoronamiento de la guerra fría, la desaparición del mundo socialista, con estos hechos el tiempo le da la razón y se profundiza su pensamiento político. A su vez, realizó una revisión de los partidos políticos mexicanos y exaltó el pluralismo como una nueva forma de civilizar la política mexicana.
Itinerario es una vuelta al Laberinto de la Soledad, dejando de ser el peregrino en su patria, allí hace una revisión y un rescate de las grandes corrientes de pensamiento del Siglo XX, del liberalismo y el socialismo, afirma que hay que privilegiar la libertad y la igualdad para diseñar la filosofía política del Siglo XXI.
Por otra parte, Paz afirmó en su ensayo La democracia: lo absoluto y lo relativo, que "…No soy historiador ni sociólogo ni politólogo: soy poeta", pero como lo definió Jesús Silva Herzog Márquez "…La política fue la sombra permanente de sus dos pasiones: la libertad y su aguijón, la crítica. Por ello a Octavio Paz tanto le apasionó, aunque indirectamente la política".
Después de repasar parte de su obra ensayística y valorar sus aportaciones al país en cada una de las etapas históricas a través de sus obras, las cuales dejaron una sólida herencia cultural, consideramos que el nombre de Octavio Paz debe inscribirse con letras de oro en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, porque contribuyó a construir un México moderno y a impulsar la democracia desde 1970, se centró en la fortaleza de la sociedad para enfrentar al Estado autoritario en 1979 (lo que hoy se le llama sociedad civil) y propuso el pluralismo en 1990 como una forma de convivencia política, es decir el pensamiento paciano dibujó desde hace más de tres décadas al México del año 2000.
Por lo que nos preguntamos ¿que más actos heroicos para construir al Estado mexicano en la actual democracia?
Refuerzo lo anterior con lo que escribió Jesús Silva Herzog Márquez "…Quizá valga la pena decirlo de una buena vez y no andarse con rodeos: nadie entendió al monstruo político posrevolucionario, nadie anticipó los caminos de la democratización de México, nadie previó con tanta claridad el ritmo de su cambio y la coloratura de sus amenazas como Octavio Paz. Con mucho mayor lucidez que todos los catedráticos universitarios…"
Finalmente, puedo afirmar que su coherencia intelectual y su propia historia nos enseñaron que Octavio Paz aprendió a ser Octavio Paz.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Proyecto de Decreto
Único. Inscríbase el nombre de Octavio Paz con letras de oro en el Muro de Honor del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados.
Transitorios
Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de junio de 2008.
Diputados: Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Liliana Carbajal Méndez, Pablo Trejo Pérez, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Alejandro Chanona Burguete, Nelly Asunción Hurtado Pérez, Beatriz Collado Lara, Felipe Díaz Garibay, Emilio Ramón Flores Domínguez, Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbricas)
Senadores: Rosalinda López Hernández, Mario López Valdez, Cleomino Zoreda Novelo, Carlos Lozano de la Torre, Fernando Elizondo Barragán, Gustavo Madero Muñoz, Beatriz Zavala Peniche, Santiago Creel Miranda, Adriana González Carrillo (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias. Junio 25 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, EN NOMBRE DEL DIPUTADO ALEJANDRO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25
DE JUNIO DE 2008
El que subscribe, Alejandro Martínez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 70, 71, fracción II, 73 y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con el estudio más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicado en 2007, se señala la gravedad de la situación de los recursos forestales en el mundo. En la actualidad existe poco menos de 4 mil millones de hectáreas de bosques y selvas que cubren únicamente alrededor del 30 por ciento de la superficie terrestre mundial. De acuerdo con este organismo, en los últimos 15 años, es decir, en el período de 1990 al 2005 el mundo perdió el 3 por ciento de su superficie forestal total lo que representó una disminución promedio de alrededor del 0.2 por ciento anual.
Para enfrentar esta creciente pérdida, la cual se considera uno de los más grandes desafíos que enfrenta actualmente la humanidad, la mayoría de los países han manifestado una enorme preocupación, demostrado su interés y declarado una amplia voluntad política para fortalecer el sector forestal mediante la implantación de políticas públicas tendentes a detener y revertir este proceso, a la vez que han realizado una profunda revisión y adecuación de su legislación en esta materia.
De manera complementaria, han optado por tomar una serie de medidas para adecuar, fortalecer y mejorar su estructura administrativa en la perspectiva de contar con un sólido gobierno forestal con una visión de mediano y largo plazo.
Algunos de los ejes sobre los que descansan los esfuerzos más importantes de los gobiernos nacionales en materia forestal, son los siguientes:
2. Protección de la diversidad biológica. Para garantizar la protección y la conservación de la diversidad biológica a nivel de ecosistema, de especies, de sus recursos genéticos y asegurar que se mantenga la diversidad de la vida.
3. Fortalecimiento de la función productiva. Los bosques proporcionan una amplia variedad de productos forestales maderables y no maderables. De aquí la importancia de garantizar un suministro sostenido de estos productos para satisfacer la demanda de las presentes generaciones sin que esto ponga en riesgo su desabasto para las futuras generaciones.
4. Ampliación de las funciones protectoras. Los bosques contribuyen a conservar los suelos, regulan el ciclo hidrológico, reducen la contaminación originada por el ruido, almacenan importantes cantidades de carbono, constituyen el hábitat que hace posible la existencia de la biodiversidad, proveen servicios escénicos y mejoran la calidad del paisaje, son proveedores de áreas de recreación y esparcimiento, reducen los riesgos y los efectos de inundaciones y avalanchas, entre otros de los importantes valores ambientales que proveen estos recursos. Ante la grave crisis ecológica planetaria, es indispensable ampliar estas funciones de los ecosistemas forestales a fin de garantizar la calidad de vida de la humanidad.
5. Impulso de las funciones socioeconómicas. Los recursos forestales continúan siendo parte importante de las economías nacionales y locales, donde estos existen. Proporcionan empleo, generan valor mediante la elaboración y comercialización de productos forestales y producen energía. Albergan y protegen lugares y paisajes que encierran un elevado valor cultural, espiritual o recreativo incluyendo los sistemas de manejo comunitario e indígena y los conocimientos tradicionales.
En contraste, la producción anual comercial registrada en los últimos años, no alcanza los 8 millones de metros cúbicos. En consecuencia, México ha acrecentado su dependencia de la importación de productos forestales para satisfacer su demanda interna.
En términos de la pérdida de su cubierta forestal, el país ocupa el tercer lugar en deforestación en América Latina. La última evaluación de este indicador preparado por la FAO, estimó entre 1990-2000 una pérdida de 351 mil 445 hectáreas por año, considerando únicamente bosques y selvas.
Para el período 2000-2005, se calculó una tasa promedio de 260 mil hectáreas por año. Esta última proyección se hizo suponiendo que la tasa de deforestación para 1990-2000 se mantendría constante pero que se vería atenuada por los programas que el gobierno federal aplica para contra restar sus efectos.
No obstante los esfuerzos en materia de reforestación, hechos por el gobierno federal, la información más reciente nos muestra que en el país se ha mantenido una pérdida anual de más de medio millón de hectáreas de superficie forestal, y se considera que de mantenerse esta tasa de deforestación, para el año 2010 se habrá perdido cerca del 83 por ciento de la vegetación natural.
En términos generales, desde hace ya varias décadas se observan severos rasgos de la destrucción de los recursos forestales. Este fenómeno no es nuevo. Prácticamente se inició con la llegada de los españoles al territorio nacional. Desde esa época, el desarrollo y el crecimiento económico del país han estado ligados históricamente a la destrucción permanente de los recursos naturales.
Basta recordar el papel que jugo el uso de la madera para construir los bergantines que les permitieron arribar a los conquistadores a la región del Anáhuac donde se asentaba el imperio azteca, para su conquista.
Por mencionar una etapa más, la que correspondió a la época virreinal o de saqueo del oro, la plata y otros minerales preciosos. Esta actividad se apoyó en el abundante uso de vigas y de polines de madera para apuntalar las minas.
La actividad minera, constituyó sin duda, en el eje de la actividad económica en esa época.
Más recientemente, no se podría entender el inicio del México moderno, sin el trazo y la construcción de la red de ferrocarril que tuvo lugar en el norte, específicamente en Chihuahua y Durango dos de los estados forestalmente hablando más importantes del país.
El desarrollo de esta importante actividad, estuvo apoyada nuevamente en el uso de durmientes de madera provenientes de los majestuosos bosques de pino que en ese momento aún se conservaban sin explotar de manera selectiva. A partir de ese impacto, los bosques que aún se mantiene en estos estados, se consideran de segundo, tercer e incluso de cuarto crecimiento.
Una muestra viva de la situación descrita anteriormente, la constituye la impresionante ruta de ferrocarril Chihuahua-Pacífico que atraviesa el macizo montañoso de la Sierra Tarahumara en Chihuahua y que desemboca al estado de Sinaloa.
La deforestación y el deterioro de los recursos forestales se ha traducido en una significativa disminución en los caudales de agua, el aumento en la contaminación del aire, la pérdida del hábitat de la biodiversidad, un mayor índice de erosión y degradación de los suelos, la disminución del paisaje, inundaciones nunca antes vistas como las de Tabasco y Chiapas en los últimos meses de 2007, entre otros de los múltiples efectos de estos severos fenómenos.
Este deterioro avanza a ritmos alarmantes y se origina a partir del permanente cambio de uso del suelo, del aumento de la tala clandestina, la práctica indiscriminada y sin regulación de los desmontes, la incidencia de incendios naturales o provocados por la acción humana y la aparición de un mayor número de plagas y enfermedades en los bosques naturales.
En términos económicos, la producción forestal ha perdido importancia en términos de su valor agregado, de la balanza comercial, del número de empleos y de las condiciones de vida de los habitantes de las regiones y comunidades forestales, en donde se asientan miles de comunidades indígenas que se consideran entre las de mayor pobreza y marginación en el país.
Ante esta evidente y preocupante realidad, la política forestal ha sido inconsistente y no ha sido lo suficientemente sólida para contrarrestar el preocupante ritmo de deterioro forestal. Los ordenamientos jurídicos vigentes y los cambios hechos a la administración pública forestal en los últimos años no se han traducido en eficaces resultados, de manera que pudiéramos afirmar que realmente se ha frenado la perdida de la frontera forestal o que se haya detenido la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Lo que resulta aún más grave, es la imposibilidad para regular e impedir la creciente expansión de la mancha urbana y suburbana que se observa a lo largo y ancho del país.
Es por ello que la presente iniciativa se propone hacer frente a esta, que se considera grave y preocupante, situación que pone en riesgo el bienestar presente y futuro de todos los mexicanos.
En consecuencia, se propone que se manifieste la voluntad política y se reconozca en el texto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, a la actividad forestal como un asunto de seguridad nacional y en consecuencia se le otorgue a la vez el carácter de productos estratégicos a las materias primas, a los productos forestales y a los servicios ambientales que provienen de los ecosistemas forestales de manera natural mediante su manejo sustentable. Este es en esencia, el espíritu de la presente iniciativa.
La propuesta, por supuesto, no es nueva. Desde hace varios años y particularmente en los últimos dos períodos de gobierno, se ha manejado en el discurso político la idea de considerar el tema forestal como un asunto de seguridad nacional, pero esto en la práctica no ha ocurrido.
En la realidad, las acciones de política pública que se han implantado a la fecha no se han correspondido con la magnitud de la grave crisis forestal que se vive en el nivel de lo nacional.
Es decir, la propuesta ha quedado únicamente en la retórica y en el discurso político gracias a una acción mediática, ya que la situación forestal en el país no ha cambiado substancialmente en los últimos años, sino incluso se ha agravado.
Un balance del último período de gobierno muestra que las prioridades de la política forestal han sido equivocadas al dirigir el 60 por ciento de los recursos destinados al sector a programas como el de reforestación (Pronare) que ha arrojado bajos índices de sobrevivencia de los árboles reforestados, el combate de incendios con pobres resultados dada su magnitud y mayor ocurrencia, y finalmente al establecimiento de plantaciones forestales comerciales (Prodeplan), cuyos resultados a un poco más de 10 años de establecido, no ha logrado convertir a México en una potencia tal como se contempló originalmente.
Mientras tanto, la promoción del manejo forestal sustentable y el apoyo a las comunidades campesinas y ejidos (dueños del 80 por ciento de los bosques) a través del Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) han recibido menos del 20 por ciento de estos recursos.
Históricamente, los modelos de aprovechamiento y de conservación de los recursos forestales se han apoyado en la exclusión de los dueños y pobladores de las áreas forestales del país, lo que se ha traducido en graves impactos para los pobladores de los bosques y selvas, en sus precarias condiciones de vida y en su capacidad organizativa.
Una propuesta para revertir esta situación es la promoción y la adopción de un modelo alternativo de desarrollo forestal sustentable con una visión de mediano y largo plazo apoyado en una estrategia de producción, protección y fomento de los recursos forestales mediante un manejo forestal comunitario, cuyo eje fundamental sea la gestión social forestal a partir de los intereses y las propuestas de los dueños de las tierras forestales.
En esta propuesta de política forestal de Estado, con esta visión y alcance se contempla además la participación amplia, plural e incluyente de todos los actores sociales, productores, industriales, académicos, investigadores, organizaciones no gubernamentales, y de la sociedad civil en general.
Es en este contexto que se ubica la presente iniciativa. Si realmente se desea no únicamente detener si no también revertir de manera urgente el deterioro de los recursos forestales en el país, es necesario implantar urgentemente políticas enérgicas y decididas que contemplen planes, programas, proyectos y estrategias de largo aliento y con una visión de futuro.
En consecuencia, el primer eje de la presente iniciativa es el relativo a la declaratoria de la actividad forestal como un asunto de seguridad nacional.
En congruencia con la declaratoria de adoptar en el texto de ley este reconocimiento a este importante sector de la economía y de la ecología en su conjunto, de manera complementaria se propone otorgar en el texto de ésta la categoría de productos estratégicos a las materias primas forestales y a los productos forestales en correspondencia con la categoría de productos básicos y estratégicos que se le otorga a once productos agrícolas en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considerados de esta manera por ser parte de la dieta de la mayoría de la población en general y cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.
El concepto de "seguridad" proviene del latin securitas que a su vez se deriva del adjetivo securus, el cual esta compuesto por se, sin y cura, cuidado o procuración, lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse.
La seguridad nacional es un concepto que ofrece dificultades para definirlo aún en el contexto militar, que es en primera instancia donde este concepto adquiere mayor significación. Esta nació como una necesidad del ser humano para protegerse de los peligros provenientes de su relación con el medio ambiente y de la sociedad.
Considerada de esta manera, la seguridad nacional es el conjunto de acciones realizadas por los integrantes de un Estado y sus instituciones para obtener y conservar las circunstancias propicias para el logro de su proyecto nacional.
Una vez que surgieron los Estados, la seguridad nacional asumió su naturaleza política, al concretarse a asegurar la supervivencia de esa organización. Con el paso del tiempo se ubico a esta como un fenómeno social circunscrito al proceso político.
Entre las características esenciales que limitan el concepto de seguridad nacional, destacan las siguientes:
3. Tiene una dinámica propia.
4. Es una función estatal.
5. Nace con la organización del Estado.
6. Se manifiesta en el pleno ejercicio de la soberanía
e independencia.
7. Su meta básica es la consecución de los
objetivos nacionales.
8. Representa un estado de garantía.
9. Es la capacidad de conservación y supervivencia
que posee cada estado.
10. Existe en función del desarrollo de una nación.
11. Busca la estabilidad y consecución de los objetivos
nacionales.
12. Esta dirigida a superar los problemas nacionales.
El otro eje del que se ocupa la presente iniciativa, es el relativo al reconocimiento del carácter estratégico de las materias primas, los productos forestales y los servicios ambientales en el propio texto de la LGDFS.
El concepto de estratégico puede tener un significado a corto plazo, pero más usualmente, al igual que para la seguridad nacional, lo tiene para el mediano y largo plazo. El carácter de estratégico esta asociado al peso o la ponderación que un producto determinado tiene en el contexto de la economía en su conjunto o de una región, y esta se mide en relación con su aporte a ésta.
De manera que, complementariamente a lo anterior, el otorgarle este carácter a las materias primas, a los productos forestales y a los servicios ambientales permitiría hacer realidad la declaratoria de una verdadera política forestal de Estado, en donde se reconoce que para garantizar la calidad y el bienestar de vida de los mexicanos y asegurar la provisión de bienes y servicios ambientales provenientes del espacio forestal, es condición necesaria y suficiente emprender decididas y urgentes acciones de política pública, hacer las adecuaciones al marco jurídico correspondiente, así como una puntual revisión de la eficacia de la administración pública forestal, todo ello con el propósito de recuperar el carácter forestal que originalmente tuvo el país a la llegada de los españoles.
En adelante con el reconocimiento, tanto de la actividad forestal como un asunto de seguridad nacional y con el otorgamiento de carácter estratégico a las materias primas, a los productos forestales y a los servicios ambientales, se colocaría al sector forestal del país en el primer nivel de la toma de decisiones y de asignación de recursos presupuestales, no únicamente por su contribución económica y social, si no cada vez más por su contribución a la restauración, recuperación y mantenimiento del equilibrio ecológico.
En relación con este mismo tema, en la LIX Legislatura se presentó al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar la fracción XX Bis y reformar la fracción XXII, del artículo 3o., así como reformar los artículos 179 y 183, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el propósito de otorgar en el texto de esta ley el carácter de productos básicos y estratégicos a las materias primas y productos forestales.
Dicha iniciativa fue turnada para su dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, mismas que en su oportunidad analizaron y desecharon.
No obstante esto último, y en virtud de considerar la importancia y estar de acuerdo con el espíritu que motivo la iniciativa, dichas comisiones sugirieron que esta propuesta se trasladara al texto de la ley correspondiente con las adecuaciones convenientes. Con la propuesta de la presente iniciativa, se da seguimiento a esta sugerencia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a continuación someto a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo primero. Se reforman y adicionan el primer párrafo del artículo 1; la fracción V del artículo 3; la fracción I del artículo 12; la fracción XXVII del artículo 13; la fracción I del artículo 16; la fracción I del artículo 22; y el primer párrafo del artículo 29, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto declarar la actividad forestal como un asunto de seguridad nacional y reconocer como producto forestal estratégico a las materias primas, a los productos forestales y a los servicios ambientales, …
Artículo 3. …
V. Fortalecer y ampliar la participación de los productos forestales estratégicos en el crecimiento económico nacional.
II. a XXXVII. …
XXVII. Fortalecer y ampliar la participación de los productos forestales estratégicos en el crecimiento económico estatal.
XXVIII. a XXXII. …
Para ello la comisión ejercerá las siguientes atribuciones:
II. a XXXIX. …
Artículo segundo. Se adiciona la fracción XX del artículo 7 y se recorre en su orden la actual fracción XX para quedar como fracción XXI para quedar como sigue:
Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
XX. Producto forestal estratégico. El bien y servicio ambiental obtenidos del resultado de un proceso de transformación de materias primas forestales o que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales y a los que mediante la aplicación de una política pública expresa se otorgan una serie de apoyos económicos para su producción, protección, conservación, fomento, reconversión, comercialización e industrialización a fin de darle un mayor peso o ponderación en el contexto de la economía en su conjunto o de una región en particular. Esta se mide en relación con su aporte a la misma.
XXI. a XLIX. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de junio de 2008.
Diputados: Alejandro Martínez Hernández, Emilio Flores Domínguez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural. Junio
25 de 2008.)
QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DIEGO COBO TERRAZAS,
ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME, DEL PVEM, Y ROBERTO MENDOZA FLORES Y
BENJAMÍN HERNÁNDEZ SILVA, DEL PRD, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008
Los legisladores que suscriben, Diego Cobo Terrazas, Antonio Xavier López Adame, Roberto Mendoza Flores y Benjamín Hernández Silva, diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten ante esta honorable asamblea la presente iniciativa de reforma con proyecto de decreto, y solicitan que sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente nos encontramos inmersos en una grave situación de deterioro ambiental tanto en el ámbito global como local, lo cual no sólo hace peligrar el futuro de las generaciones venideras, sino también el presente inmediato. Lo que sucede en cualquier parte del mundo, por muy lejano que parezca, afecta a su pequeño espacio, y debido a las relaciones de interdependencia y simbiosis que existen entre todos los seres vivos del planeta, la preservación del ambiente se ha vuelto un punto preponderante en la actualidad.
La protección del ambiente y los elementos naturales que lo integran es un asunto de orden público e interés social, que obliga a las naciones del planeta a implementar preceptos legales tendientes a la regulación de las conductas humanas con el objeto de preservar el equilibrio ecológico de los ecosistemas y su diversidad biológica. Así la evaluación de impacto ambiental constituye uno de los instrumentos preventivos más importantes sobre la materia.
Este instrumento de política ambiental, forma parte de una gran cantidad de Convenciones y Tratados Internacionales de los que nuestro país ha sido parte. En México opera desde finales de los setenta, ya que en un principio fue concebida como una evaluación preliminar de proyectos de infraestructura hidráulica, aunque se tiene noticia de estudios realizados previamente, sobre todo para tesis profesionales y trabajos de investigación, sin embargo, la primera vez que nuestro país consideró jurídicamente a la evaluación de impacto ambiental fue en 1982 dentro de la Ley Federal de Protección al Ambiente1, pero no es hasta 1988 (año en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como su Reglamento en materia de Impacto Ambiental2) que arranca formalmente el procedimiento de evaluación del impacto ambiental como tal.
Han pasado casi 20 años desde que la administración pública de nuestro país comenzó a operar el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental y, aún cuando aquella Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicada en 1988, sufrió una gran cantidad de reformas (la más importante en 1996), el legislador siempre ha respetado el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental, tratando en todo momento de reforzar dicho instrumento; para así, hacer más efectiva su aplicación.
La vigente LGEEPA ubica a la figura "evaluación de impacto ambiental" (EIA) como uno de sus instrumentos de política ambiental; la define en el artículo 28 como "el procedimiento a través del cual la secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente".
La importancia de este instrumento no ha sido únicamente desde el punto de vista jurídico, sino también institucional, lo cual se refleja en la estructura de los organismos que han sido responsables de aplicarlo. En un principio, su ejercicio correspondía a la Dirección de Impacto Ambiental adscrita a la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología; en la actualidad, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales existe una Dirección General, que se especializa en llevar a cabo los procedimientos de evaluación a las manifestaciones de impacto ambiental que son sometidas a su consideración.
El espíritu del legislador para incorporar en nuestro sistema normativo la figura de la manifestación de impacto ambiental y su evaluación, fue plasmar normativamente las tendencias y los principios de la nueva política ambiental, fundándola en el principio de "prevención", asociado a la sustentabilidad; esto fue resultado de una comprensión lógica acerca de que es mejor prevenir que corregir, debido a que con frecuencia, los costos asociados a medidas correctivas son mayores, que los asociados a medidas preventivas.
Desafortunadamente, se considera que la EIA como instrumento de política ambiental con aplicación específica e incidencia directa en las actividades productivas, ha perdido su carácter preventivo, pues en los últimos años, son cada vez más constantes y notorias las irregularidades jurídicas que presentan los procedimientos de evaluación y autorización de las manifestaciones de impacto ambiental, igualmente resulta preocupante el que muchos de ellos no cumplan con los requisitos que la ley exige, y aún así, sean autorizados en su totalidad ó de manera condicionada.
Las denuncias sobre presuntas responsabilidades de servidores públicos que diversas organizaciones no gubernamentales, e incluso instituciones académicas, han presentado ante la Secretaría de la Función Pública ponen en evidencia la ineficacia de la autoridad ambiental, al realizar la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental que son puestas a su consideración.
Cada vez es más frecuente la problemática relacionada con autorizaciones emitidas sobre una base estrictamente intuitiva, aplicando medidas de mitigación sin conocer si quiera los impactos ambientales reales, al carecer en muchas ocasiones de criterios técnicos, regulación y procedimientos coherentes, supeditándose en la mayoría de las veces, a un mero trámite administrativo por cumplir, que será autorizado sin ninguna consideración preventiva de los impactos ambientales que pueda ocasionar; sin embargo, debemos reconocer que nuestra legislación cuenta con vacíos jurídicos, que la hacen flexible y benevolente, razón por la cual pese a que en algunas ocasiones los proyectos sean ambientalmente inviables, jurídicamente son posibles.
Se reconoce la naturaleza dinámica de los fenómenos ambientales y las características de las acciones humanas, por lo que resulta difícil pensar en la inexistencia de conflictos al tomar decisiones e incorporar medidas preventivas para corregir niveles de deterioro dentro de nuestro actual procedimiento de EIA, se han considerado varias vertientes para el perfeccionamiento de dicha figura, las cuales van desde el cambio de su conceptualización, con el fin de enfatizar y afianzar su carácter preventivo, hasta la incorporación de un mayor número de supuestos jurídicos que permitan a la autoridad sustentar la negativa a un proyecto, considerando también la necesidad de incorporar a la LGEEPA sanciones por incumplimiento a la normatividad en la materia.
La vía idónea de renovar el proceso de la EIA es la adecuar la legislación que la sustenta, por lo cual se considera pertinente plantear una serie de reformas a la sección V del capítulo IV de la LGEEPA.
En primera instancia y como se ha mencionado, es primordial modificar la redacción del artículo 28 del ordenamiento referido, a fin de que la conceptualización actual de la EIA enfatice y afiance su carácter preventivo, y no justificativo.
El texto vigente del artículo 28 establece que la evaluación de impacto ambiental "es el procedimiento a través del cual la secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades". Al analizar la redacción de dicho texto podemos establecer que las obras o los proyectos sujetos a la EIA pueden ser autorizados, siempre y cuando se establezcan condicionantes que reduzcan su impacto negativo al ambiente, pero no se prevé la posibilidad expresa de que éstos puedan ser desechados, ya sea por su inviabilidad o por provocar un impacto significativo al ambiente.
La propuesta de reforma que ponemos a consideración propone modificar esta redacción para adicionar al texto que la evaluación de impacto ambiental será un procedimiento de carácter preventivo, multidisciplinario, y en su desarrollo la secretaría podrá autorizar, negar o condicionar la ejecución de la obra o actividad sujeta a evaluación, cuidando en todo momento que se respete la capacidad de carga de los ecosistemas, para lo cual se propone la siguiente redacción:
Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento preventivo mediante el cual la Secretaría realiza un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario de los posibles efectos negativos que sobre el ambiente pudiera generar la ejecución de las obras o actividades contenidas en una manifestación de impacto ambiental, valorando su autorización o desecho. Sólo podrán ser autorizadas de manera condicionada aquellas obras o actividades cuyo impacto ambiental no rebase los limites y condicionantes legalmente establecidos, la capacidad de carga de los ecosistemas o comprometa la evolución y continuidad de los procesos naturales del sitio, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la secretaría:
Resulta evidente la pobreza en el contenido de las manifestaciones de impacto ambiental (MIA), que exige la Ley vigente, ya que el artículo 30 de la LGEEPA señala:
"Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente."
Debido a la pobreza de este artículo, el Ejecutivo federal, por medio de la publicación del reglamento en la materia, ha establecido puntualmente un mayor número de requerimientos para aquellos prestadores de servicios que se encargan de elaborar e integrar las MIA. Con objeto de que las manifestaciones de impacto ambiental se conviertan en documentos que contengan de manera integra el impacto que de manera significativa y potencial pueda generar una obra o actividad, así como la forma de evitarlo y atenuarlo; se propone la incorporación de un mayor número de requerimientos, los cuales a continuación son enunciados:
Descripción detallada de la obra o actividad y vinculación con los ordenamientos jurídicos en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo.
Descripción detallada del ecosistema o ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad, considerando el conjunto de los elementos que los conforman, señalando el estado de conservación que guardan, así como la problemática ambiental y, las tendencias de desarrollo y deterioro de la zona.
Descripción de las especies de vida silvestre que se encuentren consideradas dentro de alguna de las categorías de protección especial y que tengan su distribución natural dentro de los ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad;
Descripción y evaluación de por lo menos dos proyectos alternativos que se hayan considerado, así como sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Debe incluirse el análisis de las relaciones entre los costos económicos y sociales de cada alternativa, así como los efectos ambientales.
Identificación, descripción y evaluación de los posibles efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas.
Las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.
La presentación de un programa de gestión integral de los residuos que se generen como consecuencia de la construcción, operación y, en su caso, clausura y posclausura de estas obras.
La presentación de un programa de restauración ecológica, del ecosistema, paisaje o área afectada. Dicho programa deberá ir acompañado del seguro o garantía suficiente que asegure su cumplimiento.
Un programa de monitoreo ambiental de las variables a controlar previo al inicio de la obra o actividad, durante ejecución, operación, en su caso la clausura y post-clausura.
Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.
Sin embargo, también se propone la inclusión de nuevos requisitos, como el hecho de que los ecosistemas deban ser descritos de manera integral, considerando a todos los elementos que los conforman e inciden directa o indirectamente en su correcto funcionamiento, esto en razón de que en la práctica muchas de la manifestaciones de impacto ambiental que son sujetas al proceso de evaluación carecen de descripción detallada de los ecosistemas donde se pretenden realizar las obras o actividades. Es común que los prestadores de servicios encargados de elaborar las MIA sólo se remitan a la bibliografía existente para describir dichos ecosistemas, sin hacer verdaderos estudios de campo.
Para el caso resulta de toral importancia que la investigación documental se acredite mediante visitas de campo, ya que no siempre los datos bibliográficos son del todo certeros, actualizados o confiables, lo que se traduce en que se desconozcan en su totalidad las especies que se encuentran en las zonas de influencia, y por tanto se omita considerar a los ecosistemas de una manera integral atendiendo a todos sus elementos.
De acuerdo con este supuesto se plantea que las MIA deban necesariamente describir todas y cada una de las especies de vida silvestre sujetas a alguna categoría de protección especial que se distribuyan dentro de la región objeto del proyecto, a fin de valorar el efecto que tendrá la obra o actividad sobre las poblaciones. Con ello se abre la opción de que cuando se trate de microendemismos la secretaría, con el ánimo de preservar la especie de que se trate, evite autorizar las manifestaciones.
Ahora bien, conceptualizando a la evaluación de impacto ambiental como un instrumento preventivo y no justificativo, es necesario que quienes pretenden obtener una autorización de impacto ambiental pongan a disposición de la secretaría, proyectos alternativos al solicitado, así como los costos económicos, sociales y ambientales de cada uno de ellos, con el fin de que la autoridad se encuentre en posibilidad de evaluar la idoneidad de cada uno de ellos, buscando el de mayor viabilidad procurando su mínimo o nulo impacto ambiental negativo sobre los ecosistemas, con esto se justifica que el promovente realizó una valoración de las posibles variables que cada uno de los proyectos implicarían dentro de los ecosistemas de influencia, considerando su posible incidencia negativa.
Por el carácter dinámico que debe tener este instrumento, se considera adecuado que las MIA no sólo consideren los efectos presentes que las obras o actividades que se encuentra sujetas a la autorización provocaran, sino también los impactos acumulativos y futuros sean estos directos o indirectos.
Se debe destacar que la legislación marco en materia ambiental de nuestro país, no prevé que quien realice actividades relacionadas con las industrias del petróleo, petroquímica, del cemento, eléctrica, exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación, tenga la obligación expresa de realizar actividades de restauración dentro de las zonas impactadas por estas acciones.
Por lo anterior, y con el objetivo de asegurar que aquellas obras o actividades que afectan los ecosistemas y su morfología, corrijan los impactos paisajísticos, se disminuya la pérdida de diversidad de vida silvestre, así como la afectación de suelos, mantos freáticos, aguas superficiales, el diputado Roberto Mendoza Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de abril de 2007 presentó iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 30 Bis, 30 Bis 1, 108 y 109 Bis de la LGEEPA. Entre otras reformas planteó la adición de un artículo por el que se establecía como obligatorio que al solicitar la EIA se presente un programa de restauración, así como una garantía para asegurar su cumplimiento.
Las disposiciones contenidas en esta reforma tienden a fortalecer la preservación de los ecosistemas y fomentar el desarrollo sustentable. Por esta razón los grupos parlamentarios que suscriben la presente iniciativa decidieron retomar el espíritu de la reforma presentada por el diputado Roberto Mendoza Flores.
La aspiración de sustentabilidad del desarrollo debe respaldarse, en el mantenimiento de las actividades humanas por debajo de los umbrales de resistencia de cada ecosistema. Así, las consecuencias de su aprovechamiento se mantendrían en posibilidad de ser atenuadas por el propio ecosistema, sin comprometer su capacidad de carga. Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo 25 la responsabilidad del Estado por velar que el desarrollo sea sustentable, es necesario incorporar los mecanismos jurídicos necesarios dentro de los ordenamientos legales, encargados de regular directamente las actividades económicas que potencialmente podrían causar una desequilibrio ambiental, para que esta garantía Constitucional sea efectivamente operante.
Además, se plantea obligar a los promoventes a la presentación de un seguro o garantía para asegurar el cumplimiento del programa de restauración. Este mecanismo encuadra en los considerados como instrumentos económicos, los cuales se encuentran incluidos en la sección II del capítulo IV del título primero de la ley en comento, definidos como "instrumentos financieros", ya que sus objetivos están dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, y deben ser asumidos por las personas que generan actividades económicas que afectan al ambiente.
Se considera pertinente imponer la obligación de la exhibición de esta garantía a cargo de los promoventes, a fin de otorgar a la secretaría la certidumbre financiera de que en caso de no cumplir el primero sus obligaciones, el Estado no será quien tenga que erogar los costos que dicha omisión genere.
Otro de los elementos que se pretenden adicionar es que quienes deseen obtener una autorización en materia de impacto ambiental, deban presentar un programa de gestión de residuos, con independencia de la clasificación en que se encuentren. Con ello se evitaría o minimizaría la generación de pasivos ambientales y, por consecuencia, el índice de sitios susceptibles de ser remediados.
Este programa debe considerara la gestión de los residuos generados durante todas las etapas de la obra o actividad y que van desde su construcción hasta la operación y, en su caso, clausura o posclausura. La naturaleza y volumen de los residuos generados con independencia de si tienen o no características CRETIB, representa un importante y potencial riesgo al equilibrio ecológico de los ecosistemas, así como la salud humana de aquellos que habitan en las zonas adyacentes.
La EIA no debe cesar con la simple emisión de la autorización por parte de la Secretaría, por lo que consideramos oportuno establecer un programa de monitoreo ambiental de las obras o actividades que se autoricen en la EIA, a fin de apoyar de manera retroalimentativa su proceso general.
El propósito del monitoreo es dar seguimiento a la obra o actividad, facilitando a la autoridad el verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las fases de construcción, operación y fin de la propuesta de acción establecida, de acuerdo con los aspectos administrativos y los pronósticos indicados en la evaluación.
También permite revisar los impactos producidos por el manejo adecuado de los riesgos e incertidumbres, para modificar la actividad o desarrollar medidas de control en caso de efectos perjudiciales no previstos al ambiente o la salud y determinar la precisión de los impactos producidos y la efectividad de las medidas de mitigación.
Finalmente, para garantizar el acceso a la información derivada de estos procesos de monitoreo ambiental, los responsables de su ejecución deberán presentar ante la secretaría la información derivada de dicho monitoreo ambiental, en el momento en que ésta se genere, la cual deberá ser pública en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás leyes aplicables.
La etapa relativa a la consulta pública es definitivamente uno de los aspectos más importantes de la evaluación de impacto ambiental, ya que representa el mejor mecanismo de participación ciudadana dentro de su proceso. La consulta pública puede constituir una salida importante a los conflictos que por lo regular su suscitan entre los gobernados y la Secretaría al momento de autorizar el impacto ambiental de ciertas obras o actividades que repercuten directa o indirectamente en el ambiente de las zonas habitadas.
La consulta pública constituye uno de los avances más significativos en materia ambiental y de participación ciudadana, su sustento jurídico actualmente se encuentra en el artículo 34 de la LGEEPA, así como en los artículos 4, 26, 40, 41 y 43 de su reglamento en materia de impacto ambiental.
Sin embargo, es importante destacar que el sistema de consulta pública que plantean ambos ordenamientos jurídicos, con el pasar de los años, ha denotado una serie de irregularidades y vacíos que en mucha ocasiones obran en favor de los promoventes de las obras o actividades. En la actualidad la apertura a consulta pública de las EIA se encuentra condicionada a una petición a cargo de una persona residente de la comunidad de que se trate debidamente acreditada, lo que se traduce en una suerte de legitimación para tal petición, que además debe cubrir los siguientes requisitos:
b) La obra o actividad de que se trate.
c) Las razones que motivan la petición.
d) El nombre o razón social y domicilio del solicitante.
e) La demás información que el particular
desee agregar.
Adicionalmente, una vez abierto el proceso de consulta pública, la temporalidad y los términos establecidos por la ley y el reglamento para su desarrollo, son demasiado cortos; lo que dificulta acreditar las consideraciones que originan la petición, mismas que en teoría deberían encontrar su sustento en la información contenida dentro de la MIA.
Resulta preocupante lo recurrente que es la autoridad al reservarse y en algunos casos omitir la publicación de la totalidad de las obras o actividades sujetas a la EIA, mermando con esto el acceso a la información y la posibilidad de la ciudadanía a realizar un correcto análisis de los citados proyectos.
Es necesario garantizar la total transparencia de estos procesos, siendo primordial el que la autoridad garantice la participación ciudadana dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, ya que esto no sólo constituye una vía para prevenir conflictos sociales sino que, permite que las resoluciones de la autoridad se encuentren mejor consensuadas.
No debe seguir siendo imperativo que sólo puedan solicitar la apertura de estos procesos aquellos que potencialmente se podrían ver directamente afectados en su salud o el entorno inmediato a su residencia, por el contrario se debe considerar la participación activa de aquellos grupos o personas interesadas que no siendo afectados directamente, observan que la ejecución de las obras o actividades representa potencialmente impactos negativos sobre alguno de los componentes ambientales, o ecosistémicos, dentro de estos podríamos ubicar a las organizaciones de base, organizaciones ambientalistas, ONG, grupos de acción ciudadana, especialistas, académicos, entre otros.
En la práctica para muchas personas que habitan en el interior de la república e incluso para aquellas que pertenecen a los núcleos urbanos, el acceso a los listados de las obras o actividades sujetas a los procesos de evaluación de impacto ambiental resulta difícil, ya que como todos sabemos su publicación en la gaceta ecológica de la Secretaría dentro de su página electrónica oficial (de conformidad con la fracción I del artículo 34 de la LGEEPA).
Desafortunadamente resulta complicado obtener dichos listados y una vez que se accede a dichas listas, estas sólo contienen el nombre de la obra o actividad, la entidad federativa en donde se realizará y un número de clave, sin existir documentos anexos con algún extracto de la obra que contenga sus características para poder determinar los posibles impactos ambientales que generará su ejecución.
Si bien es cierto en algunas ocasiones la secretaría publica un resumen ejecutivo y la manifestación de impacto ambiental en un link denominado "consulta tu tramite", no mucha gente tiene acceso a esta información debido a su desconocimiento, si consideramos que la autoridad únicamente otorga el termino de diez días para poder solicitar en tiempo y forma la apertura a consulta pública de los proyectos, es muy común que precluya el derecho de presentar la citada solicitud.
Podríamos concluir que las citadas irregularidades se traducen en:
Limitación del tiempo del aviso para su realización.
Limitación de la consulta pública sólo
a personas de la comunidad.
Mecánica de la reunión que no permite el
intercambio de opiniones.
Realización de la consulta en áreas lejanas
a la población afectada.
Realización de la consulta sólo a petición de parte.
La consulta pública puede configurar la oportunidad institucional más importante para garantizar el máximo flujo informativo posible entre actores de la sociedad y sus propias autoridades con relación a una decisión acotada.
Por esta razón se plantea una propuesta de reforma por la que se modifica el texto del actual artículo 34 y se crea el artículo 34 Bis, a fin de prever una serie de formalidades en la apertura a consulta pública, tratando de garantizar que toda persona tenga acceso a los listados de proyectos, a los resúmenes de los mismos y a las manifestaciones de impacto ambiental; asimismo, establecer una obligatoriedad a cargo de la autoridad para que en todas y cada una de las evaluaciones de impacto ambiental que realiza exista la apertura a consulta pública, ya que esta no debe ser una facultad potestativa de la autoridad ambiental, previo a una solicitud.
El Estado debe buscar que el estudio de impacto ambiental esté siempre a disposición del público, sin que éste asuma los costos de la Información principal y básica que necesita para elaborar sus argumentos al respecto. También se deben establecer algunos criterios para determinar qué importancia le va a dar la autoridad competente a las observaciones realizadas por la comunidad, y cómo lo va a fundamentar.
Las reformas a los artículos 34 y la adición del 34 Bis de la LGEEPA quedarían de la siguiente manera:
Integrado el expediente a que se refiere el párrafo anterior, la manifestación de impacto ambiental deberá ser puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.
Los promoventes de la obra o actividad de que se trate podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. En tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para que las personas puedan identificar el sitio exacto donde se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances del proyecto y los impactos ambientales previstos.
Artículo 34 Bis. Integrado el expediente y puesta a disposición del público en general la manifestación de impacto ambiental, la secretaría dará inicio a su consulta pública, conforme a las siguientes bases:
I. Dentro de un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir de la fecha en que la secretaría integre el expediente, pondrá a disposición del público en la entidad federativa que corresponda la manifestación de impacto ambiental; asimismo, dentro de este término el promovente deberá publicar a su costa un extracto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate.
II. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves, daños a la salud pública, a los ecosistemas o se afecten especies sujetas a alguna categoría de riesgo, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente ley, la secretaría, en coordinación con las autoridades locales, organizará una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;
III. Cualquier interesado, dentro del plazo de treinta días contados a partir de que la secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y
IV. La secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo, fundando y motivando técnica y jurídicamente la aceptación o, en su caso, rechazo, y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones que se hayan formulado."
Según lo establecido en la normatividad vigente, una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría deberá emitir una resolución, pudiendo esta, ser autorizada totalmente, de manera condicionada o, en su caso, negada; estableciendo sólo tres supuestos mediante los cuales se podrá aludir a la negación, cuando:
La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies.
Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.
Resulta necesario adicionar un mayor número de supuestos, mediante los cuales la secretaría pueda sustentar una negativa a la autorización en materia de impacto ambiental. Debido a eso la presente iniciativa propone la adición de cuatro supuestos más a la fracción II del artículo 35 de la LGEEPA, de los cuales los más relevantes se refieren a dos principios básicos del derecho ambiental, que son el principio preventivo y el principio precautorio. El primero de ellos consistiría en que cuando existan estudios científicos que demuestren que la obra o actividad de que se trate, pueda provocar graves impactos ambientales, la secretaría opte por negar la autorización. El segundo de los incisos que se pretenden adicionar busca que cuando a obra o actividad genere un daño tal, que propicie la pérdida de uno o varios elementos ambientales, afecte su estructura o función, o modifique las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema, pueda ser negado.
Aludiendo el estudio y análisis de la problemática expuesta, resulta necesario efectuar una serie de reformas a la LGEEPA, que modifiquen el concepto de la evaluación de impacto ambiental a fin de dotarla de un carácter preventivo y no justificativo, así como modificar algunas cuestiones de fondo en lo que a su procedimiento respecta, con el objeto de establecer un mayor número de requisitos para la elaboración de la manifestaciones de impacto ambiental y contar con un estudio detallado que permita a la autoridad emitir una resolución certera.
También es necesario fortalecer la participación ciudadana dentro de los procedimientos evacuatorios de impacto ambiental, estableciendo una obligatoriedad a cargo de la secretaría para realizar la consulta pública de todos y cada uno de los proyectos que son sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con el objeto de garantizar la participación social, con el fin de fortalecer a la evaluación de impacto ambiental como un instrumento de mayor certidumbre jurídica, fomentando el respeto a la garantía de libre acceso a la información pública y la participación ciudadana.
Es necesario contar con resoluciones consensuadas y mejor sustentadas, que persigan el verdadero objeto de éste instrumento de política ambiental como una de las herramientas esenciales para prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente garantizar el respeto al enfoque preventivo con el cual fue conceptualizada.
Por lo anterior, los suscritos diputados federales, respetuosamente nos permitimos someter ante esta honorable Comisión Permanente, la siguiente iniciativa de reforma con proyecto de
Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Único. Se modifican los artículos 3o., incorporándose a éste dos nuevos conceptos, el primero para ocupar el lugar de la actual fracción XIII, recorriéndose en su orden las actuales fracciones XIV hasta la fracción XXIV, en la actual fracción XXV se incorpora el segundo de los nuevos conceptos, recorriéndose en su orden las siguientes facciones hasta llegar a ocupar la fracción XXXIX; 28, 30, 34, 35, 35 BIS 1, 35 BIS 3, 170; y se adiciona el artículo 34 BIS; todos ellos de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
XIII. Duna. Acumulación de sedimento o arena en forma de médano, provocada por la acción natural del viento o el agua.
XIV. a XXIII. …
XXIV. Oasis. Cuerpos de agua naturales insertos en zonas desérticas o áridas, con vida silvestre particularmente asociada.
XXV. a XXXIX. …
Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento preventivo mediante el cual la secretaría realiza un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario de los posibles efectos negativos que sobre el ambiente pudiera generar la ejecución de las obras o actividades contenidas en una manifestación de impacto ambiental, valorando su autorización o desecho. Sólo podrán ser autorizadas de manera condicionada las obras o actividades cuyo impacto ambiental no rebase los límites y condicionantes legalmente establecidos, la capacidad de carga de los ecosistemas, o comprometa la evolución y continuidad de los procesos naturales del sitio, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la secretaría:
V. Aprovechamientos forestales en selvas bajas caducifolias, medianas, altas perenifolias, bosques mesófilos de montaña, bosques riparios y aquellos que afecten especies de difícil regeneración o enlistadas en alguna categoría de riesgo;
VI. Obras y actividades en islas, dunas, pastos marinos, puntas rocosas, bajos rocosos y oasis.
VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas, en cuyo caso se deberá evaluar la trazabilidad de las obras o actividades; a fin de prevenir evitar o reducir.
VIII. a XIII. …
…
…
Las condicionantes que se señalan en el primer párrafo de este artículo deberán minimizar el impacto ambiental; preservar, restaurar y en su caso mejorar el equilibrio ecológico, además de evitar la generación de pasivos ambientales en la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades por realizarse. En cualquier momento la autoridad podrá revocar o suspender la autorización de impacto ambiental para la construcción u operación por incumplimiento de cualquier condicionante que establezca la secretaría. En los casos en que durante la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades autorizadas se presentaran impactos no previstos, la secretaría podrá imponer condicionantes adicionales para prevenir, mitigar los daños al ambiente o restaurar el equilibrio ecológico e incluso exigir la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental.
Cuando se evalué el impacto ambiental sobre el cambio de uso del suelo en áreas forestales para la realización de obras o actividades agropecuarias, la secretaría deberá prevenir y evitar los posibles riesgos que el uso de organismos genéticamente modificados pudiera ocasionar al ambiente y la biodiversidad.
b) Descripción detallada de la obra o actividad y vinculación con los ordenamientos jurídicos en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;
c) Descripción detallada del ecosistema o ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad, considerando el conjunto de los elementos que los conforman, señalando el estado de conservación que guardan, así como la problemática ambiental y las tendencias de desarrollo y deterioro de la zona;
d) Descripción de las especies de vida silvestre que se encuentren consideradas en alguna de las categorías de protección especial y que tengan su distribución natural dentro de los ecosistemas en que se desarrollará la obra o actividad;
e) Descripción y evaluación de por lo menos dos proyectos alternativos que se hayan considerado, así como sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales; incluyendo el análisis de las relaciones entre los costos económicos y sociales de cada alternativa, así como los efectos ambientales;
f) Identificación, descripción y evaluación de los posibles efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas;
g) Las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente;
h) La presentación de un programa de gestión integral de los residuos que se generen como consecuencia de la construcción, operación y en su caso clausura y posclausura de estas obras.
i) La presentación de un programa de restauración ecológica, del ecosistema, paisaje o área afectada; el cual deberá contener como mínimo lo establecido dentro de las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 78 Bis de la presente ley, así como el coste estimado de los trabajos de restauración; dicho programa deberá ir acompañado del seguro o garantía suficiente que asegure su cumplimiento.
j) Un programa de monitoreo ambiental de las variables a controlar previo al inicio de la obra o actividad, durante ejecución, operación, en su caso la clausura y posclausura, y
k) Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.
Cuando las obras o actividades contenidas en la manifestación de impacto ambiental deban realizarse total o parcialmente dentro de una zona federal, los promoventes deberán adjuntar a la manifestación de impacto ambiental el correspondiente título de concesión para el uso o aprovechamiento de la zona federal expedido en su favor por la autoridad competente.
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.
Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, o durante su construcción, operación, clausura y posclausura, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de diez días, les notifique si es necesaria la presentación de información adicional o una nueva manifestación de impacto ambiental, para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta ley.
Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el reglamento de la presente ley.
La secretaría deberá publicar en su Gaceta Ecológica el listado de solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental que le sean presentadas.
En ningún caso podrán entrar en operaciones las obras o actividades que no hayan cumplido la totalidad de las condicionantes establecidas por la secretaría, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigilará en todo momento el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente durante la construcción, operación, clausura y posclausura de la obra o actividad de que se trate.
Artículo 34. Una vez que la secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.
Integrado el expediente a que se refiere el párrafo anterior, la manifestación de impacto ambiental deberá ser puesta a disposición del público en general a través de la página electrónica de la secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.
Los promoventes de la obra o actividad de que se trate podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. En tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para que las personas puedan identificar el sitio exacto donde se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances del proyecto y los impactos ambientales previstos.
Artículo 34 Bis. Integrado el expediente y puesta a disposición del público en general la manifestación de impacto ambiental, la secretaría dará inicio a su consulta pública, conforme a las siguientes bases:
II. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o se afecten especies sujetas a alguna categoría de riesgo, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente ley, la secretaría, en coordinación con las autoridades locales, organizará una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;
III. Cualquier interesado, dentro del plazo de treinta días contados a partir de que la secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y
IV. La secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo, fundando y motivando técnica y jurídicamente la aceptación o, en su caso, rechazo; y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones que se hayan formulado.
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la secretaría emitirá, fundada y motivada, técnica y jurídicamente la resolución correspondiente en la que podrá:
II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, solicitando la modificación del proyecto o el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales a las propuestas, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación, clausura, posclausura y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista; o
III. Negar la autorización solicitada, cuando:
a) Se contravenga lo establecido en esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables;
b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies se incorporen a alguna categoría de riesgo, la aumenten o afecte una especie ya considerada dentro de estas categorías;
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate;
d) Existan estudios científicos que demuestren que la obra o actividad de que se trate pueda provocar graves impactos ambientales;
e) La obra o actividad de que se trate tenga por objeto la producción agropecuaria mediante el uso de organismos genéticamente modificados de los cuales nuestro país sea centro de origen;
f) La obra o actividad de que se trate represente un daño grave o irreversible al ambiente, de acuerdo con lo establecido en el principio precautorio y demás disposiciones jurídicas aplicables, y
g). La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emita su opinión en contra de la ejecución de dicha obra o actividad.
La resolución de la secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate.
Artículo 35 Bis 1. Las personas que presten servicios de impacto ambiental serán responsables solidarios del promovente ante la secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.
Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales. En este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba.
Artículo 35 Bis 3. Cuando las obras o actividades señaladas en el artículo 28 de esta ley requieran, además de la autorización en materia de impacto ambiental, contar con autorización de inicio de obra; antes de otorgar esta última se deberá verificar que el responsable cuente con la autorización de impacto ambiental expedida en términos de lo dispuesto en este ordenamiento.
Asimismo, la secretaría, a solicitud del promovente, integrará a la autorización en materia de impacto ambiental, los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se requieran para la realización de las obras y actividades a que se refiere este artículo.
El incumplimiento u omisión de lo establecido en la presente sección por parte de un servidor público de la secretaría será objeto de responsabilidad, de conformidad con lo establecido en las deposiciones jurídicas aplicables.
Capítulo III
Medidas de Seguridad
Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:
II. y III. …
…
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.
Tercero. El Poder Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformen los reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la materia, a fin de que se ajusten a lo previsto en el presente decreto.
Notas
1. Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de enero de 1982.
2. Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de enero de 1988.
Dado en la Cámara de Senadores, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de junio de 2008.
Diputados: Diego Cobo Terrazas, Antonio Xavier López Adame, Roberto Mendoza Flores, Benjamín Hernández Silva (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Junio 25 de 2008.)
QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES
Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, RECIBIDA DE LA DIPUTADA NELLY ASUNCIÓN
HURTADO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008
La suscrita, Nelly Asunción Hurtado Pérez, en su carácter de diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción 11,72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción 11, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.
Exposición de Motivos
Situación actual
Al finalizar el primer trimestre de 2008, el sector asegurador estaba conformado por 95 instituciones, de las cuales una era institución nacional de seguros, una sociedad mutualista de seguros y el resto instituciones de seguros privadas.
De las 95 instituciones, 6 estaban incorporadas a algún grupo financiero, mientras que 47 presentaron capital mayoritariamente extranjero con autorización para operar como filiales de instituciones financieras del exterior. Adicionalmente, 8 instituciones presentaron capital mayoritariamente extranjero, perteneciendo simultáneamente a algún grupo financiero.1
Al 31 de diciembre de 2007, 53 compañías del sector asegurador operaron seguros de Vida,2 mientras que 62 compañías operaron seguros de no-vida.3 De esta forma, 52 compañías operaron daños; 43, los seguros de vida sin incluir los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social; 36, accidentes y enfermedades; y, de forma exclusiva, 10, los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social; 13, los seguros de salud, y 1, los seguros de garantía financiera. Es importante aclarar que 23 compañías operaron exclusivamente daños; 7, vida; y 2, accidentes y enfermedades.4
El total de las primas emitidas por el sector asegurador, al cierre del cuarto trimestre de 2007, ascendió a 193 mil 606 millones de pesos; de los cuales, el 98.3 por ciento (190 mil 330 millones de pesos) correspondió al seguro directo, mientras que el restante 1.7 por ciento (3 mil 276 millones de pesos) se debió a primas tomadas en reaseguro. Así, el sector asegurador registró en la prima directa un incremento en términos reales de 12.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior..5
Al cierre de septiembre de 2007, el índice CR5, que se obtiene como la suma de las cinco participaciones de mercado más grandes, se ubicó en 50.9 por ciento. Dicho índice se conformó por la participación de las siguientes compañías: Metlife México, SA, 14.2 por ciento; Grupo Nacional Provincial, SA, 13 por ciento; Seguros ING, SA de CV, 11 por ciento; Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, 6.8 por ciento; y Seguros BBVA Bancomer, SA de CV, Grupo Financiero Bancomer, 5.9 por ciento.
En lo que respecta a los resultados financieros del sector de seguros, se indica que al finalizar el cuarto trimestre de 2007, el sector asegurador presentó una utilidad técnica de 9 mil 607.8 millones de pesos, lo que representó un incremento en términos reales de 28.6 por ciento respecto a diciembre de 2006.
De manera adicional, el sector asegurador mostró una utilidad neta del ejercicio de 12 mil 570.2 millones de pesos, lo cual implicó un incremento en términos reales de 19.5 por ciento, con respecto a diciembre de 2006.
Como se observa con los datos anteriores, el sector de seguros en México presenta positivos avances, aunado a que mantiene un potencial de crecimiento mucho mayor para los futuros años, sin embargo, este posible avance podría estar limitado por diversas anomalías que se han detectado, que afectan directamente al público usuario de seguros.
Diagnóstico
A lo largo de las últimas décadas, el mercado asegurador mexicano ha experimentado cambios significativos, adaptándose a las circunstancias de un entorno generado por la liberalización y la desregulación. En este sentido, se observa un marco de mayor apertura, dinamismo y competencia que se ha reflejado en el número de competidores que integran el mercado asegurador.
El sector asegurador mexicano ha experimentado cambios importantes en su estructura, que han implicado la incorporación de filiales, de algunas empresas a grupos financieros y de la salida de otras del mercado.
Las transformaciones experimentadas en el sector asegurador a lo largo de los últimos años también se han reflejado favorablemente en los niveles de concentración del mercado.
No obstante que en la última década el sector asegurador ha experimentado una significativa transformación de su estructura y marco regulatorio, existen diversas áreas que deben ser impulsadas con objeto de incrementar el papel del sector en el sistema financiero mexicano y lograr los objetivos de, por una parte, proporcionar estabilidad al funcionamiento económico y, por la otra, constituir un mecanismo eficiente para la generación de ahorro interno de mediano y largo plazos y canalizarlo hacia el financiamiento de actividades productivas, a través de su función como inversionista institucional.
El sector asegurador juega un papel de singular importancia para el desarrollo económico del país, ya que cumple con dos funciones primordiales. Por una parte, la actividad aseguradora proporciona al gobierno, a las empresas y a la población en general protección patrimonial contra los quebrantos que puedan producir eventos contingentes, dando de esa forma estabilidad al funcionamiento económico, a través de su función de cobertura y compensación de riesgos.
Y por la otra, a través de los seguros de personas, la industria de los seguros constituye un mecanismo eficiente, no sólo de protección personal sino también de generación de ahorro interno de mediano y largo plazos como ya se ha mencionado con anterioridad.
Problemática
Se ha detectado que hay una seria problemática generada principalmente porque diversos protagonistas del sector de seguros no están regulados por las legislaciones, lo que ha provocado constantes quejas por fraude o mal información, esto se detalla a continuación:
Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas que, mediante la celebración de un contrato de agencia con una entidad aseguradora, se comprometen a realizar la actividad de mediación entre los tomadores del seguro y asegurados, de una parte, y las entidades aseguradoras autorizadas para ejercer la actividad aseguradora privada de otra.
Por otro lado, se encuentran los corredores de seguros, quienes realizan la actividad mercantil de mediación en seguros privados sin mantener vínculos que supongan afección con entidades aseguradoras o pérdida de independencia respecto a éstas, y ofrecen asesoramiento profesional imparcial a quienes demanden la cobertura de los riesgos a que se encuentran expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o sus responsabilidades.
Necesariamente, la actividad de corredor de seguros debe tener un tratamiento distinto al de un agente de seguros.
En el caso del agente de seguros, por su relación que lo vincula con la compañía aseguradora, el primero asumirá el papel de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal de los asegurados a los que presta el servicio de mediación con la entidad aseguradora y a los que accede como consecuencia de la prestación de ese servicio de mediación.
De esta forma, la entidad aseguradora se convierte en el responsable de contener los datos de los asegurados, mientras que el agente de seguros es el encargado de su tratamiento. En consecuencia, entre la entidad aseguradora y el agente de seguros deberá existir un contrato de acceso a datos por cuenta de terceros en el que se establezcan claramente las obligaciones de uno y otro y se especifique que el agente únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
En caso contrario, el encargado del tratamiento será considerado responsable del tratamiento, debiendo responder de las infracciones que hubiera podido cometer personalmente.
Respecto de los corredores de seguros, la cuestión es totalmente distinta en atención a la naturaleza de la relación mercantil que les une con la entidad aseguradora. Dado que los corredores de seguros mantienen absolutamente su independencia de la compañía aseguradora, hay un verdadero responsable de los datos de sus propios clientes a los que presta el servicio de mediación y asesoramiento en materia de seguros, en su caso, como es el encargado del tratamiento, también será considerado como el responsable del tratamiento de la información y deberá responder a las infracciones que hubiera podido cometer personalmente, en caso de dolo o irresponsabilidad.
En este caso, el corredor de seguros deberá recabar el consentimiento expreso del afectado para ceder sus datos de carácter personal a la entidad aseguradora que vaya a otorgar la cobertura sobre la persona, patrimonio, intereses o responsabilidades del asegurado; una vez obtenido el consentimiento, deberá informar al afectado del tratamiento de sus datos de carácter personal de quién es el responsable del fichero, de qué finalidad tiene la recogida de los datos, de quién o quiénes van a ser los destinatarios de sus datos y ante quién y mediante qué procedimiento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Tomando en consideración lo antes mencionado, es necesario tener muy en cuenta las diferencias entre una y otra figura de mediador de seguros para saber exactamente cuáles son las obligaciones de cada uno referente al tratamiento de los datos de carácter personal de sus clientes, sin olvidar en ningún caso sus obligaciones sobre su actividad profesional. La presente iniciativa tiene como uno de sus objetivos establecer estas diferencias, sin embargo, ambas figuras deberán tener las mismas sanciones en caso de actuar con dolo o irresponsabilidad.
Surge un tercer personaje el cual es llamado el cerrador. Por enroler o cerrador se entiende que es una persona que, sin contar con la debida autorización por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), realiza un trabajo al amparo de un agente de seguros, o de una institución de seguros para la atención a un mercado masivo o de descuento por nómina.
Al respecto, se ha dado la modalidad de que un agente de seguros persona física o persona moral, contacte o logre el convenio de descuento por nómina o la instalación de un módulo en un centro comercial, en donde éste agente, al consolidar dicho convenio, procede a contratar a una serie de personas como jubilados, estudiantes o amas de casa, etcétera; para que ellos, a su vez (sin una capacitación específica), realicen la explicación y venta de los seguros, como si fuera un producto empaquetado y con cargo a la nómina o a tarjeta de crédito.
No cabe duda de que es ésta una idea empresarial innovadora de la que incluso las autoridades tienen conocimiento, pero que al carecer de medios para ejercer una labor de inspección más cercana a este tipo de prácticas han dejado de lado su reglamentación, sujetándose a la política de esperar las reclamaciones en caso de una mala atención, dolo o fraude, por parte de estos personajes que podríamos decir operan en el limbo del mercado de seguros.
A continuación se plantean algunos problemas que se presentan en la intermediación del contrato de seguro, cuando esta actividad se realiza con anomalías:
Realizan la venta vía telefónica, vía Internet o mediante algún otro medio, a través de sus mismos empleados, sin darles capacitación para hacerlo; por tanto, no cuentan con el conocimiento y los elementos necesarios para una correcta asesoría de compra-venta, y promueven un seguro de vida, aunque lo que en realidad se contrata son otro tipos de seguros, como por ejemplo los de seguros de accidentes personales.
El contacto por vía telefónica, por vía mail o mediante la Internet, entre otras formas, no da lugar a una evaluación correcta de la condición del prospecto, por lo que no se hace una correcta evaluación del riesgo a cubrir.
No existe de por medio una solicitud requisitada y firmada por el cliente que dé sustento a la celebración del contrato de seguro.
No se adjudica responsabilidad alguna a los vendedores de estas empresas por lo errores que se cometan al momento de la creación del contrato, debido a que no son agentes de seguros autorizados por la ley, por tanto, ésta no los regula ni supervisa.
La supervisión y sanciones previstas en la ley no tienen alcance a estas empresas o personas, por tanto los supuestos asegurados quedan en estado de indefensión, cuanto al momento de presentar su reclamo se demuestra legalmente que no existió el contrato de seguro, debido a que en la mayoría de estos casos los contratos se hacen con errores en la persona que contrata, ya sea por error en la identificación de la persona o en la condición asegurable.
Las reclamaciones no pueden prosperar a favor de los reclamantes debido a que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no puede aplicar sanciones pues no son sujetos que estén bajo el marco legal de la actividad aseguradora.
De enero a diciembre de 2006, la Condusef recibió 4 mil 785 reclamos contra compañías de seguros, de las cuales 4 mil 575 correspondieron a operaciones realizadas sin la participación de un agente de seguros, conforme a la AMASFAC. En el sector de seguros hay una clara oposición a que se vendan pólizas por personas carentes de capacitación y, sobre todo, de ética, en bancos y tiendas departamentales, debido a que el concepto de agente de seguros desaparecería e intervendrían otro tipo de personajes no regulados.
Los legisladores mexicanos han aprobado constantes iniciativas de reforma al cuerpo legal en materia de seguros, en un intento por proteger a los usuarios de este importante servicio financiero. La legislación, sin embargo, muestra una total ambigüedad al vigilar a los agentes de seguros, pero principalmente a las instituciones para las que trabajan, así como a las personas morales que promueven seguros adicionales, como un complemento del producto que venden o servicio que prestan.
Existe una normativa muy específica en materia de seguros, que pretende regular, supervisar y vigilar que la actividad aseguradora se lleve a cabo conforme a derecho. Sin embargo, hay exclusión en la supervisión y vigilancia que se otorga a las personas morales que han celebrado contratos mercantiles con las instituciones de seguros para a intermediación de éstos, originando ambigüedad y confusión en los contratantes de seguros.
Debido a lo anterior, se propone lo siguiente:
Reformar el artículo 41 de la LGISMS, con el objetivo de definir de manera más específica las actividades de las personas morales indicadas en este artículo.
Establecer sanciones específicas para aquellas personas morales definidas en el artículo 41 de la LGISMS que incurran en las faltas establecidas en la ley. Actualmente no hay ninguna responsabilidad para estas personas.
Decreto por el que se reforman los artículos 1o., 23, 41, 139, 139 Bis y 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
Artículo Primero. Se reforma el artículo.
Artículo 1o. La presente ley es de interés público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros; las actividades y operaciones que éstas podrán realizar; así como las de los agentes de seguros, los corredores y los cerradores de seguros, aunado a la operación de las personas morales indicadas en el artículo 41 de la presente ley, en protección de los intereses del público usuario de los servicios correspondientes.
Artículo 23. Para los efectos de esta ley, se considerarán agentes de seguros a las personas físicas o morales que intervengan en la contratación de seguros mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones, y en el asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor conveniencia de los contratantes.
La intermediación de contratos de seguro que no tengan el carácter de contratos de adhesión está reservada exclusivamente a los agentes de seguros; la intermediación de los que tengan ese carácter también podrá realizarse a través de las personas morales previstas en el último párrafo del artículo 41 de esta ley, considerados como corredores de seguros y cerradores de seguros.
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Las autorizaciones tendrán el carácter de intransferibles y podrán otorgarse a las siguientes personas cuando satisfagan los requisitos que se establezcan en el reglamento respectivo:
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Para los efectos de esta ley, se considerarán corredores de seguros quienes realizan la actividad mercantil de mediación en seguros privados sin mantener vínculos que supongan afección con entidades aseguradoras o pérdida de independencia respecto a éstas y ofrecen asesoramiento profesional imparcial a quienes demandan la cobertura de los riesgos a que se encuentran expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o sus responsabilidades. El corredor de seguros será el principal responsable de los datos de sus propios clientes a los que presta el servicio de mediación y asesoramiento en materia de seguros, en su caso, como él es el encargado del tratamiento, también será considerado como el responsable del tratamiento de la información y deberá responder a las infracciones que hubiera podido cometer personalmente, en caso de dolo o irresponsabilidad.
Para los efectos de esta ley, se considerarán cerradores de seguros quienes realizan un trabajo al amparo de un agente de seguros o de una institución de seguros, o institución financiera, o tienda departamental o de las personas morales establecidas en el artículo 41 de la presente ley, para la atención del mercado masivo de seguros.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas establecerá, mediante disposiciones de carácter general, qué requisitos se necesitarán para laborar corredores y cerradores de seguros, qué regulación tendrán, así como sus derechos y obligaciones ante las empresas que ofrezcan cualquier servicio de seguros, cualquiera que sea su naturaleza y ante el público usuario de seguros.
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Artículo 41. Las instituciones de seguros sólo podrán pagar comisiones y cualquier otra compensación por la contratación de seguros a agentes de seguros sobre las primas que efectivamente hayan ingresado a la institución.
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En los seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión, excepto los que se refieran a seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, la contratación podrá realizarse a través de una persona moral mediante un corredor o un cerrador de seguros, sin la intervención de un agente de seguros. Las instituciones podrán pagar o compensar a las citadas personas morales, a los corredores o cerradores de seguros, servicios distintos a los que esta ley reserva a los agentes de seguros; para ello, deberán suscribir contratos de prestación de servicios cuyos textos deberán registrarse previamente ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la que dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción de la documentación podrá negar el registro cuando a su juicio los contratos no se apeguen a las disposiciones jurídicas aplicables y podrá ordenar las modificaciones o correcciones necesarias, prohibiendo su utilización hasta en tanto no se lleven a cabo los cambios ordenados. En caso de que la citada comisión no formule observaciones dentro del plazo señalado, se entenderá que los documentos han quedado registrados y no existirá inconveniente para su utilización.
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II. Tratándose de personas morales que no se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción anterior, su operación se sujetará a las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas conforme a lo siguiente:
a) Establecerán los casos en que el corredor o un cerrador de seguros, así como los empleados o apoderados de la persona moral que celebren con el público operaciones de promoción o venta de productos de seguros, recibirán capacitación obligatoria por parte de las instituciones de seguros o, bien, obtener la evaluación y certificación correspondiente ante la propia comisión, considerando para ello la naturaleza de las actividades que, conforme a su objeto social, realice la persona moral y las características o complejidad de los productos de seguros de que se trate; y
b) Determinarán los requisitos y medidas que deberán cumplir para prevenir y evitar conflictos de interés que puedan derivarse de la venta de productos de seguros de más de una institución por parte de una misma persona moral o de varias personas morales, cuando se encuentren bajo el control patrimonial o administrativo de una misma persona o grupo de personas.
Las instituciones, los agentes de seguros personas morales y las personas morales, así como los corredores o los cerradores de seguros a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán dar a conocer al público información sobre su operación en la forma y términos que determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas mediante disposiciones de carácter general.
Las personas morales, así como los corredores o cerradores de seguros a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas respecto de las operaciones a que se refiere dicho párrafo.
Artículo 139. Las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en esta ley, así como a las disposiciones de que ella emanen, serán impuestas administrativamente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de acuerdo a lo siguiente:
II. ...
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VII. Multa de 100 a 8 mil días de salario a la institución de seguros, a sus empleados o a los agentes de seguros, así como a las personas morales, mediante un corredor o un cerrador de seguros, establecidos en el artículo 41 de la presente ley, que en alguna forma ofrezcan o hagan descuentos o reducción de primas u otorguen algún otro beneficio no estipulado en la póliza, como aliciente para tomar o conservar un contrato de seguro;
VIII. Multa de mil a 8 mil de salario, independientemente de las responsabilidades civiles o penales en que incurran, a los agentes de seguros o funcionarios o empleados de una institución o sociedad mutualista de seguros, así como a las personas morales mediante un corredor o un cerrador de seguros establecidos en el artículo 41 de la presente ley, que proporcionen datos falsos o detrimentes adversos, respecto a las instituciones o sociedades mutualistas de seguros o en cualquier forma hicieren competencia desleal a instituciones o sociedades mutualistas de seguros;
...
Artículo 139 Bis. En adición a lo previsto en el presente capítulo, a las instituciones de seguros autorizadas en los términos de esta ley para operar el seguro a que se refiere el artículo 8o., fracción 11, de la presente ley, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas les aplicará administrativamente las sanciones que a continuación se indican, cuando de manera directa, conjuntamente con sus agentes o por interpósita persona, mediante un corredor o un cerrador de seguros establecidos en el artículo 23 de la presente ley, cometan las infracciones que respecto de cada una de ellas se señalan;
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A los agentes de seguros, así como a las personas morales mediante un corredor o un cerrador de seguros establecidos en el artículo 23 de la presente ley, que incurran en alguna de las infracciones a que se refiere la fracción I anterior, en forma individual o conjuntamente con las instituciones de seguros, se les aplicará una multa de 250 a 3 mil días de salario.
Los agentes de seguros, así como a las personas morales mediante un corredor o un cerrador de seguros establecidos en el artículo 23 de la presente ley, que cometan alguna de las infracciones previstas en la fracción 11 de este artículo, en forma individual o conjuntamente con las instituciones de seguros, serán sancionados con multa de 500 a 5 mil días de salario.
...
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Artículo 140. Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 141 al 146 y 147 al 147 Bis 2 de esta ley, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule petición, previa opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; también se procederá a petición de la institución o sociedad mutualista de seguros ofendidas, o de quien tenga interés jurídico.
...
...
...
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las citadas reglas generales, emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros, así como a las personas morales mediante un corredor o un cerrador de seguros establecidos en el artículo 23 de la presente ley, deberán observar al respecto.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. CNSF, (2008). Resumen informativo trimestral de los
sectores asegurador y afianzador, marzo de 2008.
2. Incluye a las compañías que operan vida
y los seguros de pensiones derivados de las leyes de la seguridad social.
3. Seguros de no-vida incluye a las instituciones que
operan accidentes y enfermedades y daños.
4. CNSF, (2008). Boletín de análisis sectorial.
Cifras a diciembre de 2007.
5. CNSF, (2008). Ídem.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de mayo de 2008.
Diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Junio 25 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y RECIBIDA EN
LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
25 DE JUNIO DE 2008
Los que suscriben, Carlos Augusto Bracho González (PAN), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (PAN), Carlos Alberto García González (PAN), Mariano González Zarur (PRI), José Luis Gutiérrez Calzadilla (PRD), Rubí Laura López Silva (PAN), Eduardo Ortiz Hernández (PAN), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (PAN), Eduardo Sánchez Hernández (PRI), José Luis Varela Lagunas (Convergencia) y Verónica Velasco Rodríguez (PVEM), diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Comité de Competitividad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país las actividades de la fiscalización superior están estrechamente vinculadas a la historia del México independiente. Desde la promulgación de la Constitución en 1824 se crea la Contaduría Mayor de Hacienda, la cual es el antecedente institucional de la actual Auditoría Superior de la Federación, y cuyas principales funciones quedaron delineadas desde entonces: realizar el examen y la glosa de la contabilidad de los ramos de Hacienda y Crédito Público del presupuesto federal.1
Los cambios que se presentaron a lo largo del siglo XX hicieron necesario que la fiscalización ocupara un papel fundamental en el desarrollo de la vida nacional. La modernización del país y las reformas estructurales que permitieron el avance de las comunicaciones, el desarrollo del sistema financiero y político, el crecimiento de la economía y la evolución de la sociedad marcaron el camino para la transformación de la legislación nacional.
El desarrollo de la democracia en México trajo consigo un conjunto de transformaciones que derivaron en una nueva conformación del sistema político lo que dio paso a la pluralidad y el consenso dando así la pauta para la toma de decisiones sobre el futuro de la Nación en beneficio de la sociedad en su conjunto.
A finales del siglo pasado, el tema de la fiscalización superior en México tomó una importancia destacada, durante la LVII Legislatura se realizaron reformas constitucionales a los artículos 73, 74, 78 y 79 y se creó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Las reformas tuvieron como premisa fundamental buscar instrumentos más efectivos de fiscalización para vigilar que se diera un uso honesto y eficiente de los recursos federales, creando, para tal efecto, una entidad de fiscalización superior que, como órgano adscrito a la Cámara de Diputados, contara con atribuciones específicas en materia de control gubernamental.
Recientemente, la LX Legislatura realizó nuevas reformas con objeto incrementar la calidad del gasto, prever erogaciones plurianuales en inversión para infraestructura, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, dichas reformas fueron publicadas el 7 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Con las adecuaciones a las Constitución se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación con base en los principios de anualidad, legalidad, definitivita de imparcialidad en la fiscalización, haciéndola extensiva a los recursos federales que reciban, administren o ejerzan los estados, los municipios y el Distrito Federal, los particulares y cualquier fondo o fideicomiso que administre o ejerza recursos públicos.
Asimismo, se adelantan los plazos para la presentación de la cuenta pública y su revisión, con el objeto de que la rendición de cuentas se realice con mayor oportunidad y sus resultados sean aprovechados de mejor manera para retroalimentar el proceso presupuestario.
Sin embargo, pese a que el marco normativo en materia de fiscalización ha evolucionado a favor de una mayor transparencia en el ejercicio del gasto público, resulta necesario dotar a la Auditoría Superior de la Federación de mayores atribuciones que le permitan llevar a cabo sus actividades en un entorno más favorable.
Descripción de la iniciativa
Ampliación del periodo del auditor superior sin derecho a reelección
Se propone modificar el periodo del titular de la Auditoría para lograr que su desempeño se amplíe por un año adicional para evitar que en lo futuro coincida con la renovación del Poder Ejecutivo.
El periodo del auditor superior de la federación sería de nueve años, sin derecho a reelección, lo que permitiría a la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados contar con un año para analizar el perfil del nuevo titular y preparar los procedimientos de convocatoria pública, análisis de los candidatos y elección, con los tiempos suficientes.
Se considera que establecer un término de nueve años, sin reelección, para el ejercicio del cargo de auditor superior de la federación es suficiente para planear y llevar a la práctica las auditorías para revisar al Estado federal mexicano y los recursos que se trasladan al nivel local, lo que permitiría revisar los seis años de una administración pública federal y tres años de otra administración, lo cual parece más que eficiente.
Informe de resultados de la Cuenta Pública
Con la publicación del decreto del 7 de mayo de 2008, la Cuenta Pública debe presentarse a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente, y la entidad de fiscalización superior de la federación deberá presentar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, con esta reforma se acortan los tiempos tanto para la presentación de la Cuenta Pública como del informe del resultado.
No obstante, y con el propósito de que la anticipación de los plazos tanto para la presentación de la Cuenta Pública como para la entrega del informe del resultado realmente logren el objetivo que se pretende con las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del gasto público, es necesario que esas reformas se complementen con una modificación a dicha Constitución, para regular la posibilidad de que la entidad de fiscalización superior de la federación inicie la revisión de los recursos presupuestales, financieros así como de desempeño del ejercicio fiscal concluido a partir del 15 de enero del año siguiente al cierre del ejercicio respectivo, con base en un programa de auditorías, visitas e inspecciones preliminar.
De esta forma, la Auditoría Superior de la Federación estará provista de las facultades necesarias para llevar a cabo una eficiente supervisión del manejo de las finanzas públicas federales, lo cual para un país democrático es de suma importancia, debido a que uno de los mecanismos que permiten el desarrollo de la democracia es precisamente la rendición de cuentas oportuna, que permita además anticipar la entrega del informe del resultado al día 30 de octubre.
Ampliación de las facultades de fiscalización de la Auditoría
La fiscalización en nuestro país aún enfrenta grandes obstáculos, entre ellos las actitudes de oposición y cuestionamiento por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, lo que representa un obstáculo en el desarrollo de la revisión de la Cuenta Pública.
Lo señalado con anterioridad se ejemplifica en dos casos: en el primero de ellos el Consejo de la Judicatura Federal interpuso una controversia cuestionando el papel de la Auditoría Superior de la Federación, al mencionar que dicha entidad no contaba con las atribuciones legales suficientes que le permitieran revisar sus cuentas, en particular la relacionada con el presupuesto destinado al programa del Servicio Profesional de Carrera e instituciones dependientes de Presidencia, organismos autónomos como el IFE y la propia Suprema Corte.
El otro caso de inconformidad se presenta por parte del Ejecutivo federal quien emitió la Controversia Constitucional 74/2005, donde impugnó nuevamente actos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación en exceso de sus facultades constitucionales. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 14 de enero de 2008, señala que es procedente y fundada la controversia constitucional y se declara la invalidez del oficio asf/1565/05 impugnado emitido por la Auditoría Superior de la Federación el doce de octubre del año de dos mil cinco, así como de sus efectos y consecuencias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente la acción del Ejecutivo respecto a la solicitud de situación excepcional que le requirió la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión Reguladora de Energía, al considerar que las situaciones excepcionales no pueden darse fuera del ejercicio revisado, ya que las mismas hubieran sido revisadas como procesos concluidos o como elementos de la revisión de la cuenta pública anual, y en ningún supuesto se faculta a la Auditoría para la apertura de cuentas anteriores a las del año de que se trate, ni aun en los casos en que los conceptos o procesos se desarrollen de manera sucesiva en diversos ejercicios.
Con objeto de que el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Superior no se vea limitado como ocurrió con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta necesario llevar a cabo una reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para señalar que, sin perjuicio del principio de anualidad y en los supuestos de situaciones excepcionales, la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar directamente los conceptos denunciados con independencia a qué cuenta publica correspondan, lo que permitirá que los actos denunciados no queden al arbitrio de la aplicación de los procedimientos administrativos que pudieran iniciarse con motivo de alguna queja o denuncia que llegara a realizar cualquier persona, como fue expresado por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la discusión que se presentó para la emisión de la referida resolución.
Esta propuesta para otorgar a la Auditoría Superior de la Federación atribuciones para que pueda revisar directamente los concepto denunciados en el caso de las situaciones excepcionales determinadas por la ley, representa un mecanismo para evitar actos de corrupción o ilegalidad que dañan seriamente a la sociedad, los cuales conllevan a la impunidad gubernamental, por ello es necesario dotar a la entidad de fiscalización superior de la federación, de todos los instrumentos constitucionales y legales.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que las propuestas planteadas en la presente iniciativa permitirán que la fiscalización en México se realice con objetividad, imparcialidad, con arreglo a la ley, de manera pronta y oportuna, sometemos a consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del párrafo tercero; y se reforman el último párrafo de la fracción I, el primer párrafo de la fracción II, ambas del párrafo tercero y el cuarto párrafo, todos del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 79. ...
...
…
...
...
La entidad de fiscalización superior de la federación iniciará la revisión de la Cuenta Pública a partir del 15 de enero del año siguiente al cierre del ejercicio respectivo para lo cual contará con un programa de auditorías, visitas e inspecciones preliminar. Una vez que reciba la Cuenta Pública elaborará el programa definitivo de auditorías, visitas e inspecciones incorporando las que hubiere iniciado y las que deriven de la Cuenta Pública.
…
Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción y al principio de anualidad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá, en el ejercicio en curso o anteriores, revisar directamente los conceptos denunciados y rendir un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes o promover otras responsabilidades ante autoridades competentes.
II. Entregar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de octubre del año siguiente al cierre del ejercicio revisado, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.
...
…
…
…
…
…
III. …
IV. …
…
La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo nueve años sin reelección. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.
…
…
…
Primero.- El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El actual titular de la Auditoría Superior de la Federación permanecerá en su cargo un año más, a efecto de realizar el ajuste conducente de 9 años propuesto en el presente decreto.
Nota
1. Auditoría Superior de la Federación
http://www.asf.gob.mx
Diputados: Mariano González Zarur, Ernesto Ruiz Velasco de Lira, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Carlos Augusto Bracho González, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Carlos Alberto García González, Rubí Laura López Silva, Eduardo Ortiz Hernández, Eduardo Sánchez Hernández, José Luis Varela Lagunas, Verónica Velasco Rodríguez (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Junio 25 de 2008.)
QUE REFORMA LA FRACCIÓN
XXI DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO JOSÉ GILDARDO GUERRERO
TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES
25 DE JUNIO DE 2008
José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal a la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Exposición de Motivos
Actualmente es inconcebible el mundo del entretenimiento sin la presencia habitual de los videojuegos, pues han extendido su presencia más allá de las consolas caseras para adentrarse cada vez más en nuestras vidas, a través de las computadoras personales y la televisión, principalmente.
A partir de su nacimiento, en los años 70, las compañías de videojuegos se han visto envueltas en batallas por ganar la preferencia del mayor número de consumidores para sus consolas, así pues, las primeras que llegaron a México fueron el Odyssey de la compañía Magnavox, y el Pong de Atari-Sears. Sin embargo la introducción masiva de estos productos no tuvo lugar hasta la década de los años ochenta, con el Sistema de Entretenimiento desarrollado por la compañía Nintendo.
Así pues, en la década de los noventa Sony inició su incursión en la industria de los videojuegos, con el Play Station, que leería juegos en formato de CD y no de cartucho, lo que la situó hasta el día de hoy como la mejor compañía de videojuegos del mundo y, finalmente, en el año 2001 Microsoft lanzó el Xbox y posteriormente el Xbox 2, productos con los que actualmente disputa el segundo lugar en ventas de consolas de videojuegos con la compañía Nintendo.
A la par de los avances de la industria dichas consolas y sus videojuegos se han integrado en el gusto de los mexicanos, y a la fecha existen estadísticas y estimaciones que indican que más del 40 por ciento de la población en nuestro país es videojugadora. (Asociación Mexicana de Videojuegos).
Por su parte existe una tendencia de crecimiento continua aproximadamente del 8 por ciento anual en las ventas de videojuegos a nivel mundial, lo que sin duda también se ha reflejado en nuestro país, pues aunque no existan estadísticas o números exactos que nos permitan corroborar la información, es innegable el incremento de niños y adolescentes seguidores de los videojuegos.
Esta situación, si bien es preocupante por los inconvenientes y consecuencias de la ludopatía, así como por el sedentarismo de los adolescentes y sus consecuencias para la salud, se ve agravada, pues los videojuegos actuales han desplazado a segundo término el propósito de desarrollar destrezas y habilidades en la población, para enfocarse principalmente en la demanda del cliente, que busca videojuegos de carácter violento, con lo cual se abona indirectamente a fomentar la llamada cultura de la violencia.
Y nada más para dar un ejemplo, el sitio electrónico Gamesspot News dedicado a la promoción y clasificación de los videojuegos, refiere que los videojuegos con mayor demanda comercial en el mundo, son también los más violentos (Resident Evil, Gran Theft Auto; Godo f War, Narc, Killer 7, etcétera).
Esta situación de fomento de la violencia que generan los videojuegos fue reconocida en Estados Unidos de América desde los años noventa, debido a lamentables incidentes relacionados con videojuegos, como la masacre en Columbine el 20 de abril de 1999, con lo que se acordó clasificar los videojuegos a través de la sistematización denominada Entretainment Software Rating Board, la cual contiene 5 clasificaciones: eC (niños pequeños) E (Todas edades) T (Adolescentes), M (Adultos) Ao (Sólo adultos).
De igual forma, como muestran las tendencias mundiales, el reconocimiento de esta situación es insoslayable para los legisladores del mundo, pues como informan diversos medios de comunicación, algunos países –entre ellos Alemania o Reino Unido, se encuentran en el estudio de diversos proyectos de reformas, a través de las cuales se propone penar a los desarrolladores, vendedores o jugadores que incluyen violencia cruel en los videojuegos; o penalizar a aquel vendedor que venda videojuegos con contenidos violentos a menores de edad, superando así la tendencia que considera a los videojuegos como expresiones artísticas que no deben ser censuradas, en pro al respeto a la libertad de expresión.
Esta iniciativa se considera pertinente, pues si bien en México afortunadamente no hemos enfrentado situaciones como la masacre en Virginia cometida por Cho Seung-Hui, es evidente la necesidad de reforzar el entramado social y buscar a toda costa no fomentar la violencia, no permitir que nuestro hijos jueguen desde temprana edad con reproducciones de armas de juego, equipo militar, bombas de destrucción masiva biológicas y químicas o destacen con las manos a personajes humanos representados con dibujos animados.
Por lo cual se propone otorgar a la Secretaría de Gobernación, la facultad de vigilar que los videojuegos se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, la paz y moral pública y la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público, con lo cual esta secretaría se hará de los medios para establecer la clasificación por edades de videojuegos que considere más adecuada.
Determinando a través de las facultades reglamentarias del Ejecutivo, la autoridad o dirección que tendrá a su cargo realizar la clasificación por edades de los mismos y sancionar el incumplimiento al proceso de clasificación o la indebida clasificación que se realice.
Lo anterior con fundamento en el artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación que a la letra establece:
"La Secretaría de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo federal que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."
Cabe destacar que con esta nueva facultad podrá realizar, tomando como referente el procedimiento que se establece en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión.1
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo Primero. Se reforma la fracción XXI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo 27. …
XXI. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y videojuegos se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;
XXII. a XXXII. …
Artículo Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1. Artículo 24. Para los efectos de los artículos
59 Bis, párrafo último, y 72 de la Ley Federal de Radio y
Televisión, la Dirección General de Radio, Televisión
y Cinematografía, clasificará las películas, telenovelas,
series filmadas y teleteatros grabados de la siguiente manera:
"A", aptos para todo público, los cuales podrán
transmitirse en cualquier horario;
"B", aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán
transmitirse a partir de las veinte horas;
"B-15", aptos para adolescentes mayores de 15 años
y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna
horas;
"C", aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse
a partir de las veintidós horas, y
"D", aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse
entre las cero y las cinco horas.
La Secretaría de Gobernación, previa opinión
del Consejo Nacional de Radio y Televisión, emitirá los criterios
generales de clasificación. Estados criterios deberán ser
publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán
aplicados por la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía para la clasificación de películas,
telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.
La Secretaría de Gobernación, podrá
autorizar la transmisión, a cualquier hora e independientemente
de su clasificación, en casos específicos y cuando a su juicio
existan circunstancias que así lo ameriten, como la calidad artística
del programa, el tipo de auditorio a que va dirigida, su temática
u otras razones similares.
Palacio Legislativo de San Lázaro; a 31 del mes de julio de 2008.
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Junio
25 de 2008.)
QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS
24 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Y 55 DE LA LEY REGLAMENTARIA
DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES
EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO DE LA TORRE
JARAMILLO, EN NOMBRE PROPIO Y DE DIPUTADOS DEL COMITÉ DE COMPETITIVIDAD,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 25 DE JUNIO DE
2008
Los que suscriben, Carlos Augusto Bracho González (PAN), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (PAN), Carlos Alberto García González (PAN), Mariano González Zarur (PRI), José Luis Gutiérrez Calzadilla (PRD), Rubí Laura López Silva (PAN), Eduardo Ortiz Hernández (PAN), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (PAN), Eduardo Sánchez Hernández (PRI), José Luis Varela Lagunas (Convergencia) y Verónica Velasco Rodríguez (PVEM), diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Comité de Competitividad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, y el artículo 55 de Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, con arreglo a la siguiente
Exposición de Motivos
El servicio social es la actividad no escolarizada de los alumnos de un centro de educación superior, consistente en la prestación de sus servicios a la comunidad en algún asunto relacionado con el programa educativo que cursan. Se trata de una función no escolarizada, creada bajo un espíritu laudable, que busca primordialmente beneficiar a la sociedad contribuyendo, de alguna forma, a un mejor desarrollo, tanto de quienes lo prestan, como de quienes se benefician de él y del Estado en su conjunto.
Esta actividad social, desempeñada principalmente por el estudiante de nivel superior, deriva del conjunto de acciones que éste es capaz de desarrollar, con base en los conocimientos adquiridos, y tiene como fin adquirir una conducta de responsabilidad y conciencia social.
Entre los objetivos del servicio social se encuentran: vincular a las universidades y a sus alumnos con las necesidades del país; extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad; consolidar la formación académica y capacitación profesional de los alumnos, y fomentar, en quien lo presta, una conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenece.
Las ideas sociales de la Revolución Mexicana, respecto al servicio social, fueron plasmadas en los artículos 4o. y 5o. de la Constitución mexicana, bajo el principio de que los profesionistas deben ser útiles a la sociedad. En 1920, José Vasconcelos señalaba: "La técnica y el arte tienen como mira final servir al hombre del pueblo. La universidad dejará de producir profesionistas decimonónicos: individualistas, egocentristas y simuladores. En cambio, se forjará al profesional capaz y solidario". Como reflejo de estas políticas sociales desde los años 20, se desarrolla un proceso de integración de programas de servicio social en las universidades1.
El servicio social encuentra su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contempla esta actividad, en el párrafo cuarto del artículo quinto, el cual establece que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
Artículo 5o. …
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
…
Asimismo, en el artículo 53 de Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal se señala que el servicio social es "el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado".
Esta actividad, regida por la Ley General de Educación y por los ordenamientos estatales en materia educativa, así como por las normas y reglamentos de las instituciones encargadas de impartir educación de nivel superior, tiene la loable misión de brindar, a quienes lo prestan, la oportunidad de aportar los conocimientos y las habilidades de su perfil académico o especialidad, a las dependencias públicas y privadas donde sean requeridos sus servicios.
El compromiso que adquieren los estudiantes de educación superior, a través del servicio social, les brinda la oportunidad de retribuirle a la sociedad la oportunidad que ésta les otorga de formar parte de un sector privilegiado de la población con acceso a una educación a nivel licenciatura, ingeniería o técnica.
La Comisión Nacional de Servicio Social2 señala que el servicio social es una estrategia de la educación superior que incide, por una parte, en el desarrollo social, especialmente en regiones altamente marginadas y, por la otra, en la formación académica del estudiante y en la construcción de los valores necesarios para la convivencia y la democracia3
Sin embargo, la comisión ha detectado problemas, entre ellos destacan:
Los programas de servicio social no necesariamente orientan sus acciones con base en problemas prioritarios. A nivel nacional, sólo el 20 por ciento de los prestadores se canalizan a programas sociales en zonas prioritarias.
Falta articular en los programas de servicio social la participación conjunta de alumnos, profesores y administrativos, así como la de los diferentes niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
En virtud de lo anterior, es indispensable que el servicio social sea una herramienta de apoyo para el Estado mexicano, y que realmente contribuya a compensar los desequilibrios sociales del país. Máxime cuando nos encontramos inmersos en la globalización, donde los sectores con mayores rezagos sociales son los que se encuentran en condiciones más desventajosas, por lo que los compromisos con ellos adquieren una mayor magnitud.
Es por ello que deben crearse mecanismos compensatorios para atender las necesidades de los grupos desplazados de las estructuras de empleo y una atención más consistente de los rezagos sociales acumulados5.
Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desigualdad y pobreza es el elevado nivel de rezago educativo de su población. En 2005 existían 30 mil 810 mexicanos que se encontraban en rezago educativo, entendiéndose éste como la población de 15 años y más que se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones: sin instrucción, con algún grado de estudios técnicos, con primaria completa y secundaria incompleta6 Lo anterior implica que 46 de cada 100 mexicanos mayores de 15 años no han concluido la educación secundaria.
De acuerdo con información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, anualmente entre 500 y 750 mil personas que en algún momento desertaron de la educación básica o nunca ingresaron a ella, al cumplir 15 años se incorporan al rezago educativo.
El artículo tercero constitucional establece que la educación básica obligatoria está conformada por la educación preescolar, primaria y secundaria y constituye un derecho de todos los individuos.
…
Ante esta situación, se hace necesario buscar instrumentos idóneos que apoyen y auxilien al Estado en su labor educativa, principalmente en lo que se refiere al abatimiento del rezago educativo. En este sentido es fundamental aprovechar el potencial de los estudiantes que ya se encuentran en situación de prestar su servicio social para que aporten sus conocimientos y experiencia en esta trascendental tarea.
En tal virtud, la presente iniciativa tiene como principal objetivo aprovechar al servicio social como instrumento para disminuir el rezago educativo, adicionando el artículo 24 de la Ley General de Educación y el artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para que el cincuenta por ciento de las horas que un estudiante preste como parte de su servicio social, sea destinado a colaborar con las autoridades educativas en los términos que ellas y la normatividad vigente establezcan.
Se propone además que las instituciones de educación superior celebren convenios de colaboración con las autoridades educativas de los ámbitos federal, estatal y municipal, en donde queden establecidos los términos en los que los alumnos prestarán la parte correspondiente de su servicio social para llevar a cabo actividades que permitan disminuir el rezago educativo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación y el artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal
Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 24. ...
Del total de horas establecidas para prestar el servicio social, los beneficiados directamente por los servicios educativos destinarán un porcentaje del cincuenta por ciento a realizar actividades tendientes a disminuir el rezago educativo en las personas mayores de 15 años que no han concluido su enseñanza básica. Al efecto, las instituciones de educación superior celebrarán convenios de colaboración con las autoridades educativas federales, locales y municipales.
Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 55. ...
Del tiempo establecido en el párrafo anterior para prestar el servicio social, los estudiantes deberán destinar un porcentaje del cincuenta por ciento a realizar acciones que permitan disminuir el rezago educativo en las personas mayores de 15 años que no han concluido su enseñanza básica. Al efecto, las instituciones que impartan educación profesional celebrarán convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública.
...
Transitorio
Artículo Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1) Gloria Inés Bertín Ramírez. Semblanza
histórica sobre el servicio social. El Servicio Social Institución
para el Desarrollo Municipal. ANUIES-Sedesol. México, 2000.
2) En 1997, por acuerdo de la X Reunión del Consejo
de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la Asociación,
se constituyó la Comisión Nacional de Servicio Social, la
cual reúne a las instituciones involucradas directamente con el
servicio social de la educación superior: la representación
de los presidentes de los seis consejos regionales y el secretario general
Ejecutivo de la ANUIES; los titulares de la UNAM; el IPN y las entidades
de carácter público: Sedesol, SEP y Ssa, así como
el titular de la institución sede de la presidencia de la Comisión
Interinstitucional de Servicio Social.
3) Programa Nacional de Extensión de la Cultura
y los Servicios. Aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea
General de la ANUIES, México, 2000.
4) Sánchez Soler, María Dolores y Mungaray
Lagarda, Alejandro. Problemática del Servicio Social y Propuestas
para su Mejoramiento. ANUIES, México, 2000.
5) Mungaray Alejandro y J.M Ocegueda, El Servicio
Social y la Educación Superior Frente a la Pobreza Extrema,
ANUIES-Sedesol-SEP, México, 1999.
6) Primer Informe de Gobierno, de Felipe Calderón
Hinojosa.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de junio de 2008.
Diputados: Mariano González Zarur, Ernesto Ruiz Velasco de Lira, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Carlos Augusto Bracho González, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Carlos Alberto García González, Rubí Laura López Silva, Eduardo Ortiz Hernández, Eduardo Sánchez Hernández, José Luis Varela Lagunas, Verónica Velasco Rodríguez, Beatriz Collado Lara (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Junio 25 de 2008.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
55, FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MA. DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ CASTILLO,
EN NOMBRE DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008
El que suscribe, José Inés Palafox Núñez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción V al artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley General de Cultura Física y Deporte se creó con la finalidad de dirigir y regular el deporte de nuestro país. Asimismo, estableció la importancia de una institución como lo es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, organismo descentralizado encargado de formular, proponer y ejecutar la política nacional respectiva, así como proponer los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos de los estados, a fin de impulsar el desarrollo del deporte y del deportista.
En ese sentido, estimamos que si bien la ley vino a establecer una serie de disposiciones importantes en el ámbito de la cultura física y el deporte, también es cierto que toda ley es perfectible y en la medida en que transcurre el tiempo se pueden observar contradicciones incluso entre disposiciones del mismo ordenamiento.
El objetivo de la ley en mención, entre otros, es el de fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, deportivo-recreativas, del deporte en la rehabilitación y de la cultura física-deportiva. Es por eso que, en ese sentido, reconoce a las federaciones deportivas mexicanas con el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, en tal virtud, en dicha legislación se les dan a éstas derechos y obligaciones dentro de los que se encuentran, entre otros, el de ser registradas como tales en el registro nacional de cultura física y deporte.
De lo anterior se desprende una contrariedad en las disposiciones de dicha legislación en el citado tema, en virtud de que el registro de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, fracción XVI, y 44, se deberá dar por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a las Asociaciones Deportivas Nacionales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que cumplan con el requisito conforme a su objeto social, de promover, de practicar, de investigar, de difundir, de impulsar y de contribuir al desarrollo del deporte, sin fines preponderantes económicos.
Es importante resaltar que el artículo 51 establece que dicha ley reconoce a las federaciones deportivas mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto para las asociaciones por este ordenamiento, es aplicable a éstas.
No obstante que las asociaciones deportivas están afiliadas a una federación deportiva internacional, el hecho de que a las federaciones mexicanas se les solicite adicionalmente a dicha afiliación, que además ésta sea reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, tal hecho constituye una contradicción entre diversas disposiciones, incluso la inaplicabilidad de otras, tal como se menciona en esta exposición de motivos.
Es evidente que en el artículo 55 de la citada ley se prevé una limitación a las federaciones mexicanas que soliciten el registro como Asociaciones Deportivas Nacionales, específicamente en la fracción V, la cual reza de la siguiente manera:
V. Contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales;
En tal virtud, al obligar a dichas federaciones mexicanas a contar con una afiliación de una federación internacional, que obligatoriamente ésta sea reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, provoca una desigualdad con todas aquellas Asociaciones Deportivas Nacionales que aún y que estén afiliadas a una federación internacional de la disciplina deportiva de que se trate, si ésta no se encuentra a su vez reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales simplemente no es susceptible de ser considerada como Asociación Deportiva Nacional, resultando inaplicable lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de dicho ordenamiento legal, que entre otras cuestiones contempla ser la máxima instancia técnica de su disciplina; asimismo, a todas luces resulta contrario a la finalidad de la atribución de la Conade, prevista en la fracción XVI del artículo 29 de dicha ley.
Por lo manifestado, es necesario reconocer y homologar la intención de la legislación deportiva, en el sentido de apoyar y registrar a todas y cada una de las Asociaciones Deportivas Nacionales, cuyo objeto sea el establecido en los artículos 29, fracción XVI, y 44 de la ley de mérito, sin que contengan disposiciones que limiten la participación en el ámbito de la cultura física y del deporte, para los diferentes actores que en él participan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto que reforma la fracción V del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte
Único. Se reforma la fracción V del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 55. …
V. Contar con la afiliación a una federación internacional de su respectiva disciplina deportiva.
VI. a VII. ...
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará las adecuaciones reglamentarias necesarias, de acuerdo a lo establecido en este decreto, a más tardar a los 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de éste.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de junio de 2008.
Diputado Federal José Inés Palafox Núñez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Junio
25 de 2008.)
QUE REFORMA LAS LEYES MONETARIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES
DE CRÉDITO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YOLANDA RODRÍGUEZ
RAMÍREZ, EN NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
25 DE JUNIO DE 2008
Los suscritos, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Martha Rocío Partida Guzmán, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las Leyes Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y General de Títulos y Operaciones de Crédito, al tenor de la presente
Exposición de Motivos
Si las migraciones del campo a la ciudad fueron uno de los fenómenos sociodemográficos más importantes del país en la mitad de la década del siglo XX, no es menos cierto que la migración de uno a otro país es un fenómeno que, por efecto de la globalización, es igual de importante que el primero.
No sólo la explosión demográfica explica el movimiento de personas, sino que los desempleados o mal remunerados que habitan las ciudades, habiendo perdido la autosuficiencia productiva al abandonar la agricultura, deben buscar otras alternativas para sobrevivir. De este modo, ciudades ubicadas en países con un mayor grado de desarrollo que el nuestro se constituyen en polos de atracción para quienes buscan mejores horizontes.
El rasgo distintivo de este proceso migratorio, similar al de otros países en vías de desarrollo, es que, por primera vez desde por lo menos hace dos siglos, el flujo de personas se dirige hacia los países desarrollados.
Estos migrantes, habiendo dejado a parte o toda su familia en el país, envían una cantidad de los recursos provenientes de su trabajo en el exterior para contribuir a mejorar los patrones de gasto e inversión de sus familias. Por ello, migración y remesas son fenómenos que se encuentran intrínsecamente relacionados.
De hecho, si bien la decisión de migrar puede o no estar vinculada con la de enviar remesas a la región de origen a algún otro lugar donde se mantengan relaciones de parentesco, amistad u otras, para que existan las remesas, debió de haber ocurrido antes un proceso migratorio. Así, no es extraño que los flujos de remesas aumenten conforme se acrecienta la migración internacional.
En tal sentido, las remesas se han convertido en las últimas décadas en un flujo de divisas de suma importancia para la economía mexicana. Este flujo constituye uno de los principales rubros en el renglón de las transferencias corrientes de la balanza de pagos y funge como una verdadera inyección de recursos en sectores específicos de la economía nacional.
Los trabajadores mexicanos residentes en Estados Unidos, además de contribuir de manera importante al crecimiento de la economía de ese país, representan el sostén económico de sus familias y de las regiones de las cuales son originarios mediante el envío de las remesas.
Estos recursos han venido creciendo paralelamente con la migración, beneficiando a un número cada vez mayor de familias y personas. Sus magnitudes están alcanzando dimensiones cada vez más significativas, que revelan su importancia como fuente de divisas y como sostén esencial para los integrantes de millones de hogares en los países de origen de la migración.
La creciente relevancia de las remesas se compara en nivel de importancia con los ingresos que obtiene el país por las actividades turísticas o las exportaciones petroleras y no petroleras. De acuerdo con información publicada por el Banco de México, los ingresos por remesas constituyen la tercera fuente de divisas del país y ocupa un lugar sólo después de las exportaciones petroleras y manufactureras.
Las remesas representan ventajas para la seguridad económica, pues al enviarse directamente a las familias, el dinero no puede ser robado o malgastado, como pasa con los intermediarios y los flujos son menos volátiles que la ayuda o la inversión.
Para el sector financiero y productivo los recursos de los migrantes también constituyen múltiples beneficios, pues son una oportunidad de extender los servicios bancarios y fomentar ahorro, seguro y préstamos y, con frecuencia, proporcionan el capital semilla para impulsar una amplia variedad de actividades productivas en zonas rurales y urbanas.
Las remesas ayudan a las familias más pobres a aumentar sus ahorros, mantener la tasa de escolaridad de sus hijos y hacer frente a situaciones económicas inesperadas.
Las cifras del Banco de México revelan que las remesas crecieron 219 por ciento, en el periodo comprendido entre 2000 y 2005, con una tasa de crecimiento promedio anual de 26.6 puntos porcentuales. En 2005, México recibió un total de 20 mil 35 millones de dólares, por concepto de remesas; en 2004, esa cifra ascendió a 16 mil 613 millones de dólares.
El aumento de las remesas en tan sólo un año, fue de 3 mil 422 millones de dólares, equivalente al 20.6 por ciento; se realizaron 58 millones 700 mil transacciones, por un monto promedio de 341 dólares, y los dólares enviados desde Estados Unidos a México equivalieron al 25 por ciento de la masa salarial.
El total de las remesas enviadas a México en 2006 ascendió a 23 mil 54 millones de dólares. Estas cifras muestran la importancia que las remesas han adquirido para la economía de muchos mexicanos, sin las cuales sus ingresos, y por lo tanto su bienestar, serían menores.
Alrededor de la mitad de las remesas se dirigen a los 884 municipios de intensidad migratoria muy alta, alta y media, donde viven poco más de 20 millones de habitantes, mientras que la mitad restante se dispersa en mil 466 municipios de intensidad migratoria baja y muy baja, los cuales se encuentran habitados por cerca de 77 millones de personas.
En este sentido vale la pena hacer notar que los 100 municipios que registran las remesas per cápita más elevadas son predominantemente rurales, en ellos viven 2.2 millones de habitantes y hacia ellos se dirige poco más de uno de cada seis dólares que ingresan al país por concepto de remesas, según datos de Consejo Nacional de Población.
Pero no obstante la importancia de estos datos, en los primeros meses de 2008 tan sólo en Michoacán el Consejo Estatal de Población reportó una disminución de estos recursos por más de tres mil millones de pesos, que se destinaban principalmente a la salud y la educación.
Este fenómeno se debe principalmente a que se ha comenzado a romper el círculo de la migración, pues en lugar de volver a sus lugares de origen, los migrantes se llevan consigo a sus familias, además de la disminución de la economía de los Estados Unidos.
En tal sentido, se requiere, además de una correcta regulación de estos recursos, con la finalidad de optimizar el manejo y la eficiencia del gasto de éstos, cuya recepción represente mayores beneficios para quienes los reciben y menores para quienes los envían, pues al aumentar el poder adquisitivo de las familias mexicanas se elevan sus niveles de bienestar, se facilita el acceso a la salud y a la educación y se fomenta el ahorro.
Tales beneficios traen como consecuencia una población mejor educada, que demandará la aplicación de mejores políticas públicas y mayor capacidad institucional, que sin duda influirán de manera positiva en el desarrollo de nuestro país.
Con la iniciativa que se somete hoy a consideración de esta Comisión Permanente se pretende que las familias receptoras de los envíos de dinero provenientes de familiares que tienen actividades económicas en el extranjero, obtengan mayores beneficios.
En este sentido, se sugiere reformar el artículo 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que las obligaciones de pago en moneda extranjera provenientes de las remesas, si no son mayores a veinticinco mil pesos, puedan ser solventadas en moneda extranjera, a solicitud del beneficiario, en caso de ser superiores a esta cantidad, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago.
También, en el mismo sentido, se adiciona un párrafo tercero al artículo 269 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con la finalidad de que las remesas en efectivo hechas en moneda extranjera que no sean mayores a veinticinco mil pesos puedan ser cobradas por el beneficiario en moneda extranjera, si así lo solicita. Si son superiores a esta cantidad, se entregará e1 equivalente en moneda nacional, de conformidad con los tipos de cambio vigentes que determine el Banco de México.
Finalmente se propone que los depósitos provenientes de las remesas queden libres del gravamen que representa el impuesto a los depósitos en efectivo.
A pesar del efecto positivo de las remesas en la región, éstas no son un substituto de las políticas económicas de los países. Es importante utilizar políticas complementarias, pero también es importante aprovechar las ventajas de los flujos de remesas como alternativas sanas de financiamiento al desarrollo, con medidas realistas y que no obstaculicen el importante apoyo de los migrantes a sus familias y a su país.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Primero. Se reforma el artículo 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 8o. La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta. En el caso de las remesas, si no son mayores a veinticinco mil pesos, podrán ser solventadas en moneda extranjera, a solicitud del beneficiario; en caso de ser superiores a esta cantidad, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago.
...
...
...
Segundo. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 269 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 269. ...
...
Las remesas en efectivo hechas en moneda extranjera que no sean mayores a veinticinco mil pesos, podrán ser cobradas por el beneficiario en moneda extranjera, si así lo solicita. Si son superiores a esta cantidad, se entregará el equivalente en moneda nacional, de conformidad con los tipos de cambio vigentes que determine el Banco de México. Los depósitos provenientes de las remesas estarán exentos del impuesto a los depósitos en efectivo.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Remítase a la honorable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de junio de 2008.
Diputados: Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Martha Rocío Partida Guzmán (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Junio 25 de 2008.)
Fundamento jurídico
Se emite el presente programa anual con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, párrafo 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y décimo segundo, inciso c), del acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados.
Introducción
En el programa de trabajo correspondiente a 2007, la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados se planteó incidir en la vida sustantiva de la Ciudad de México.
Se partió del momento que vive la ciudad, entre retos y definiciones tanto en su estructura urbana, producto de un modelo de desarrollo que tuvo que ir adecuándose al crecimiento y posterior estancamiento poblacional, como respecto a la pérdida de la centralidad departamental con que funcionó durante décadas.
Se reconoció el potencial acumulado en el siglo pasado por dicho centralismo, no obstante no haber sido decidido por los habitantes del Distrito Federal, en materia de concentración económica, potencial educativo y cultural, y desarrollo social y humano; es decir, la Ciudad de México como la urbe con el aparato económico más poderoso y diversificado del país, con prestigiados centros de investigación y educación, con el mercado interno más variado y vigoroso del país, con disposición de medios de comunicación nacionales e internacionales, y como sede de las principales oficinas de la administración pública federal.
Igualmente, se hizo hincapié en el momento de definición y construcción de un nuevo proyecto para la ciudad, un proyecto que tendría que integrar la suma de voluntades, consensos y experiencias, y no sólo consistir en la expresión de un ejercicio técnico-legislativo.
La Ciudad de México y sus ciudadanos han ido conquistando su carácter autónomo y de entidad federativa con la creación de órganos de gobierno propios, como la Asamblea Legislativa, el Gobierno del Distrito Federal y las jefaturas delegacionales, integrados conforme al principio del voto universal, directo y secreto.
Tomando como punto de partida esa situación, el programa de trabajo del año pasado se propuso incidir para que el Congreso de la Unión definiera la pertinencia de promulgar una constitución de la Ciudad de México, de reformar integralmente el Estatuto de Gobierno o de elaborar uno nuevo.
La intención era concentrarse en definir los ámbitos de competencia, facultades y atribuciones de los órganos locales en relación con los que emanan de la federación; fortalecer la autonomía política y financiera para que la autoridad en la capital cumpliera su función de proporcionar servicios eficientes y de calidad, garantizar el bienestar social y la calidad de vida de los capitalinos, así como garantizar los derechos sociales universales, la diversidad étnica, cultural y sexual, la defensa del entorno, mediante los mecanismos de participación democrática.
Obviamente, en este segundo año de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, tanto la situación como los objetivos generales se mantienen vigentes.
Se ha logrado ya la instalación de una mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal. Su reto es generar el diseño institucional que responda a la situación especial que tiene la ciudad por ser asiento de los poderes federales, definiendo su naturaleza jurídica como nuevo estado de la república, como ciudad capital o como Distrito Federal, en las mismas condiciones que las demás entidades federativas, pero atendiendo la complejidad poblacional, urbana y metropolitana, entre otros de sus aspectos, de la ciudad.
Por lo anterior, el objetivo de este año se centra en generar el consenso para dar otro gran paso en la reforma democrática del Distrito Federal, que sigue generando la posibilidad de que sus órganos respondan adecuadamente a las necesidades, a las demandas y al potencial de desarrollo de los capitalinos.
Objetivos
Para 2008 nos proponemos los siguientes objetivos:
a) Derechos individuales y colectivos locales garantizados desde el documento jurídico que rija a la ciudad;
b) Autoridades administrativas, legislativas y judiciales con mejores condiciones para funcionar de manera eficiente, transparente y democrática; y
c) Diseño de distribución de competencias federación-capital que permita a la federación ejercer sus funciones en la sede en que se encuentra, al mismo tiempo que proporcione a la Ciudad de México condiciones de autonomía similares a las de los estados.
2. Contribuir a la cultura democrática mediante la realización de encuentros de análisis, consulta y debate sobre legislación y políticas públicas en el Distrito Federal, tanto de competencia federal como local.
Realizar las reuniones ordinarias, emitir los informes y, en general, cumplir las obligaciones que establecen la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior y los acuerdos parlamentarios que rigen la actividad de las comisiones de la Cámara de Diputados.
Determinar las iniciativas de reforma que serán sometidas a discusión en la mesa interparlamentaria para la reforma política, para su reserva de discusión y dictamen en dicha instancia. Establecer si alguna de las iniciativas presentadas en las Legislaturas LlX y LX de las no reservadas será sometida a consideración durante el presente año.
Convocar a especialistas, académicos e investigadores, legisladores, instituciones públicas y privadas, servidores públicos y personas interesadas, a participar con sus opiniones, propuestas y experiencias.
Se realizarán por lo menos dos foros: uno sobre políticas públicas y otro sobre marco normativo modelo para la ciudad.
Difundir materiales de análisis o documentos que enriquezcan el debate y sirvan para determinar acuerdos y reformas legislativas, sobre el diagnóstico, funcionamiento y propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad de México, directa o indirectamente, mediante un mejor diseño institucional.
Se publicarán por lo menos dos libros de temas relacionados con la entidad, su historia y situación actual en diversos ámbitos.
Dar a conocer el contenido de las publicaciones mediante el análisis y comentarios de especialistas y figuras reconocidas en el estudio de los temas abordados.
De cada uno de los materiales publicados se realizará un acto para su presentación ante invitados especiales y ciudadanos interesados en general.
Con el fin de analizar los temas sustantivos de la ciudad, se propone la realización de un diplomado sobre políticas públicas federales y locales en el Distrito Federal, en el que se aborde la problemática de la ciudad relacionada con el ámbito federal o su carácter de capital federal.
Establecer vínculos y mantener reuniones de trabajo de carácter oficial entre los integrantes de la Comisión del Distrito Federal y los titulares de las dependencias de la administración pública federal y local vinculadas con las facultades y objetivos de la comisión.
Mantener y fortalecer el espacio interparlamentario hasta el arribo de una reforma de consenso para el Distrito Federal.
Mantener permanentemente actualizada la página de Internet de la Comisión del Distrito Federal, con los nombres de los diputados que la integran, su agenda de trabajo, convocatorias y actas de reuniones, proposiciones con puntos de acuerdo e iniciativas turnadas, dictámenes, publicaciones y cualquier otro tema de interés relacionado con la comisión.
Agenda legislativa
Para este periodo se trabajará sobre los siguientes temas de la Agenda:
2. Concluir el análisis y dictamen de proposiciones con puntos de acuerdo pendientes de la LlX Legislatura y seguir tramitando los que se sigan presentando durante la actual.
Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, presidente; María
Gabriela González Martínez, Christian Martín Lujano
Nicolás, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Mauricio Ortiz Proal,
secretarios (rúbricas).
A las 17 horas con 30 minutos, del 5 de septiembre de 2007, se reunieron los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en el salón E del edificio G, del Palacio Legislativo de San Lázaro, la cual es presidida por el diputado Marcos Matías Alonso, así como el licenciado Saúl Vicente Vázquez, quien funge como secretario técnico, a fin de celebrar la sexta reunión plenaria de la comisión, bajo el siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, da la bienvenida a los integrantes de la comisión y le pide al secretario, diputado Wenceslao Herrera Coyac, que verifique el quórum.
El secretario verifica la lista de asistencia y confirma que con la presencia de 19 diputados integrantes de la comisión, existe el quórum legal para dar inicio a la sexta sesión plenaria.
2. Lectura del orden del día
Se aborda el siguiente punto que es el referente a la lectura del orden del día y se somete a la aprobación del Pleno. La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, secretaria de la comisión hace una precisión al orden del día, comenta como la plenaria de hoy se va a realizar en dos partes, sugiere que después de que se traten los asuntos de la comisión, se haga un receso para que después el licenciado Luis H. Álvarez dé el informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se somete a consideración del pleno y se aprueba de manera económica.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
El siguiente punto es la lectura y aprobación del acta de la quinta sesión plenaria, se obvia su lectura en virtud de que dicho documento ya se había enviado por correo electrónico a los integrantes de la comisión, se somete a la consideración del pleno. Se aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior.
4. Informe relativo a la celebración del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, del 10 al 12 de septiembre
En el punto relativo a la celebración del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, el diputado Marcos Matías Alonso, hizo un breve resumen de la información de cómo y por qué se llegó a celebrar este congreso, y refiere que en el apartado de asuntos generales de la quinta sesión plenaria celebrada el 7 de junio de 2007, se acordó realizar foros temáticos, sobre temas específicos como es el acceso de los pueblos indígenas a medios de comunicación, los cuales se acordó programarlos a la brevedad posible. Por ello la comisión ha realizado hasta la fecha dos foros sobre el mismo tema.
El primero fue el 14 de junio, después de la declaratoria de inconstitucionalidad del 6 de junio del año en curso, de la Suprema Corte de Justicia a varios de los artículos de la Ley de Radio Televisión y de Telecomunicaciones, dijo, y reconociendo esta declaración en cuanto a la omisión del Poder Legislativo en generar las reformas legislativas que garanticen a los pueblos indígenas el contar con sus propios medios de comunicación según establece el artículo 2o. constitucional.
El segundo foro, tuvo como contexto el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Asuntos Indígenas, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y algunas organizaciones civiles, IWGIA, AMARC y Educa, realizaron el foro: Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas, el mismo día, en el Club de Periodistas en la Ciudad de México. Marcos Matías Alonso reflexionó que en realidad la conmemoración fue la oportunidad para discutir y colocar el debate nacional e internacional de los pueblos indígenas el tema de los medios de comunicación indígenas. Prosiguió el diputado Marcos Matías Alonso, diciendo que entre los objetivos de este foro está la revisión del cumplimiento de México, de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas, además de conocer el punto de vista de periodistas y comunicadores indígenas y comunitarios.
De este segundo foro surgió una declaratoria de la cual se mencionan algunos puntos:
Se debe establecer un régimen simplificado para el acceso de pueblos y comunidades indígenas a operar medios de comunicación dado que los requisitos establecidos actualmente resultan complejos e inaccesibles.
Es indispensable que se establezcan medidas legislativas y de políticas públicas que garanticen el acceso de los medios comunitarios a la convergencia tecnológica.
Se establezcan las condiciones necesarias para contar con un órgano plenamente autónomo e imparcial que regule el otorgamiento de frecuencias de radio, televisión y telecomunicaciones.
El diputado Marcos Matías Alonso invitó a los legisladores a reflexionar, a que pongan lo mejor de su parte, para que las propuestas y los resultados de los foros se recojan y se traduzcan en propuestas legislativas para beneficio de los pueblos indígenas.
En su turno, el diputado Wenceslao Herrera Coyac, hizo referencia a los acuerdos del 14 de junio de 2007. 1) La Comisión de Asuntos Indígenas expresa su reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su determinación de no invadir las facultades del Congreso, lo que sin duda fortalece el principio de división de poderes, sustento del régimen político. 2) En este marco, se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales a que dictamine, a la brevedad, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2o. constitucional, presentada por los diputados Lourdes Alonso Flores y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, que tiene por objeto impulsar la conversión tecnológica de los medios de comunicación comunitarios y culturales. 3) Se exhorta a los Poderes Ejecutivos federal y estatales a consolidar y ampliar la red de medios de comunicación públicos y comunitarios que permitan la difusión y el enriquecimiento de las culturas y las lenguas de los pueblos originarios de México. 4) Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer una moratoria para que, en lo que legisla en la materia, no se impida la operación de las radios comunitarias, y; 5) Se acordó impulsar el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, a la mayor brevedad.
Dijo que es necesario simplificar los requisitos legales para las radios comunitarias, y se requiere la participación de las universidades públicas en el proceso de formación de cuadros para la comunicación intercultural, otro aspecto que debe contemplar la planeación de espacios radioeléctricos, televisivos, cibernéticos y otros que las nuevas tecnologías de información y comunicación quedaron manifiestas en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y otros organismos de las Naciones Unidas. Por ello, dijo, la legislación debe incluir formas de financiamiento y autosuficiencia de las estaciones comunitarias que les permita su sostén sin que dependan necesariamente del Estado,
Al continuar su participación dijo que en la nueva Ley de Radio y Televisión se debe asegurar el derecho a tener medios comunitarios propios y no se restrinja exclusivamente a los pueblos indígenas, sino que se amplíe a comunidades en general que están a lo largo y ancho del país y que también tienen necesidades de comunicación.
Para finalizar su participación, comentó que la Cámara de Diputados debe impulsar el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, a propuesta de comunicadores y legisladores indígenas.
Conminó a los legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, al igual que recordó que esta comisión asume la responsabilidad de impulsar el debate y formular las iniciativas de reforma a las leyes que corresponda para que México cuente con normas que hagan compatibles los legítimos intereses de la empresas de medios de comunicación con los intereses y necesidades de los grupos sociales.
En este punto, tocó el turno a la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, secretaria de la comisión, para informar a los diputados del próximo Congreso Nacional de Comunicación Indígena, que se llevaría a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2007, en el Palacio Legislativo.
Informó que el primer día la cita es en el auditorio del edificio E, a las 9:00 horas, tenemos ya confirmados como ponentes a los ex senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlet Díaz, y al licenciado Miguel Ángel Granados Chapa, con exposiciones magistrales en el tema de comunicación y proceso legislativo. Continuó diciendo que aproximadamente a las 15:00 horas se instalarán mesas de trabajo: la mesa 1 estará ubicada en el auditorio norte, con el tema Derecho a la información y a la comunicación indígena; la mesa 2, en el salón legisladores, con el tema Financiamiento y supervivencia de los medios de información y comunicación indígena; la mesa 3, en el auditorio sur, con el tema: Medios de comunicación indígena y desarrollo de los pueblos, como un ejercicio cotidiano.
El 11 de septiembre continúa el desarrollo de las 3 mesas de trabajo, sólo que cambiaron de ubicación: la mesa 1, en el auditorio norte; la mesa 2, en la zona C del edificio G; la mesa 3, auditorio sur. Posteriormente, se darán las conclusiones de las mesas de trabajo.
Finalmente, el 12 de septiembre la cita es en el auditorio del edificio E, a las 9:00 horas, con el objetivo de analizar y discutir las conclusiones, se tiene contemplado la participación de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y aproximadamente a las 15:00 horas se clausuran los trabajos de este congreso.
Al tomar la palabra, el diputado Marcos Matías Alonso solicitó el apoyo de los diputados en la parte técnica, en las mesas de trabajo, en la relatoría de cada mesa, en la coordinación de las conclusiones que deberá presentar cada mesa de trabajo, las cuales deberán insertarse en una conclusión general.
El diputado Humberto Alonso Razo pidió que se les informe a los coordinadores de los grupos parlamentarios la trascendencia del acto. El diputado Marcos Matías Alonso informó que ya se había informado a dos coordinadores, al diputado Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, y a Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, que se va a oficializar la invitación a todos los legisladores a través de la Mesa Directiva de la Cámara el siguiente día.
En su intervención, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo propuso que la Comisión de Asuntos Indígenas se instalara en sesión permanente durante los tres días que dure el congreso, con el objetivo de que los integrantes estuvieran al pendiente de los invitados que vienen de cada estado de la república.
5. Informe y presentación de la propuesta legislativa de la Comisión de Asuntos Indígenas sobre la reforma del Estado
En este punto se trató lo referente a la propuesta legislativa de la Comisión de Asuntos Indígenas sobre la Reforma del Estado en México.
En su intervención, el diputado Marcos Matías Alonso aclaró que este concentrado de propuestas en materia legislativa de varias legislaturas, se ha venido pidiendo la anuencia del pleno de la comisión, para seguir trabajando en ella, así como establecer los contactos necesarios, para ello hizo referencia al punto 6 del acta de la última plenaria de la comisión, en la que dice: "el pleno de la comisión dio su anuencia para que la mesa directiva continúe con los trabajos, en relación con el tema de los pueblos indígenas y la reforma del Estado en México, con la participación de los asesores de los integrantes".
El diputado Marcos Matías Alonso se refirió a los cinco foros regionales, de conformidad con la temática establecida en la Ley para la Reforma del Estado, con los siguientes temas y sedes:
Tema por orden de ley Sede Fecha de inicio
I. Régimen de Estado y gobierno
Querétaro, Querétaro Julio 4
II. Democracia y Sistema Electoral
Veracruz, Veracruz Julio 5
III. Federalismo Guadalajara,
Jalisco
Junio 25
IV. Reforma del Poder Judicial
Monterrey, Nuevo León Junio 26
V. Garantías Sociales
Acapulco, Guerrero Julio 2
Asimismo informó a los legisladores de los resultados de los foros en los que participó la comisión. Dijo que en el caso del foro Democracia y sistema electoral, celebrado en Veracruz, se hizo entrega de un borrador de conclusiones por parte de la presidencia. Al igual, en el foro Garantías sociales, también se hizo entrega de las propuestas resultantes del evento por parte de esta presidencia
Al proseguir, comentó que el folleto de Los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la reforma del Estado es una síntesis de varias propuestas de legisladores que se encuentran en la Cámara de Diputados aún no dictaminadas, por ello, la comisión realizó un concentrado con el objetivo de que los legisladores las conocieran, y contaran con los elementos necesarios para proponer a la comisión algunos de los temas más relevantes, a su vez se hagan llegar a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, para que se traduzcan en reformas a las leyes federales.
Al respecto, en su intervención, el diputado Francisco Fraile García propuso que se realizaran reuniones de trabajo entre legisladores y funcionarios de las diferentes dependencias de acuerdo a su competencia, para que se tomen en cuenta la opinión de expertos en cada materia.
El diputado Felipe Díaz Garibay comentó que el objetivo de este documento debe ser el de garantizar que los beneficios queden plasmados de manera permanente para los indígenas y, por consiguiente, incorporarlos al desarrollo del país.
La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, además de sumarse a la propuesta del diputado Francisco Fraile García, propone que se presente ante el Pleno de la Cámara una proposición con punto de acuerdo, y que este documento sea recibido por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, ello garantizaría que los temas de la comisión seleccionados, se tomarían en cuenta en la reforma del Estado.
El diputado Víctor Aguirre Alcaine manifestó una inquietud referente a qué integrantes de la comisión están incorporados a los trabajos de la reforma del Estado en México y si alguno esta incorporado, quiere saber cómo van los trabajos. Lo anterior debido a que esta reforma del Estado tiene sus tiempos. Comenta que si no se apresura la comisión a dar resultados, las propuestas quedarían fuera de la reforma del Estado. En otro aspecto, propone que el folleto que se entregó no sea el documento que se envíe a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. Solicitó un plazo de 15 días para analizar el documento y de esta manera enviar observaciones a la comisión, o, en su caso, propuestas.
El diputado Marcos Matías Alonso se sumó a la propuesta del diputado Francisco Fraile García de tener reuniones de trabajo con las diferentes dependencias, pero también, aclaró, que la comisión le dio un plazo a los legisladores para remitir sus propuestas el cual venció el 5 de junio del 2007, pero comentó que realizaremos la entrega del documento a la brevedad posible, por ello se acordó por el pleno de la comisión dar el plazo solicitado por el legislador de 15 días como fecha límite para recibir las observaciones a la propuesta de la comisión.
6. Informe de las actividades relevantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Palabras del director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Luis Héctor Álvarez, en reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 5 de septiembre de 2007.
Diputado Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados; señoras y señores diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas de la honorable Cámara:
Agradezco la invitación que se me hizo para reunirme nuevamente con ustedes.
A unos días de que el presidente de la república entregó a esta soberanía su primer informe de labores, es ocasión propicia para analizar con ustedes el estado que guarda la gestión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Son cuatro los objetivos, ligados a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, que orientan nuestros programas y proyectos, a saber:
Consolidar el sistema de consulta y fortalecer la participación indígena, en el diseño, operación y evaluación de políticas públicas, como mecanismo indispensable para incorporar su propia visión de desarrollo.
Coordinar acciones y recursos con instituciones federales, estatales y municipales, y con organizaciones sociales y privadas, para la superación de rezagos, la promoción del desarrollo integral y sustentable, con pleno reconocimiento del patrimonio cultural y la vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Operar programas y acciones para el desarrollo integral, sustentable e intercultural en las comunidades y grupos prioritarios de atención.
Por su parte, a la CDI se le asignaron 2 mil millones de pesos adicionales, con lo cual su presupuesto anual llegó a cerca de 7 mil millones.
Dichos recursos se han ejercido en el marco de diversos programas, que ahora detallo.
El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), tiene como objetivo contribuir al desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, mediante la ejecución de obras que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y posibilidades de desarrollo.
Para operar las acciones del PIBAI, se realizan acciones de coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno, lo cual permite sumar esfuerzos y recursos en la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en la construcción de obras de comunicación vial y electrificación.
Para el presente año, se aprobó un presupuesto inicial de más de 4 mil millones de pesos, el cual ha sido modificado por dos convenios; uno, que ha transferido recursos a la Comisión Nacional del Agua por 450 millones de pesos, para diversas obras de agua potable y saneamiento, y otro que transfirió recursos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por más de 533 millones, para la ejecución de obras de infraestructura vial en comunidades y pueblos indígenas.
Por otra parte, se han suscrito 23 acuerdos de coordinación con gobiernos estatales, que avalan 795 obras de infraestructura por más de 3 mil millones de pesos. Y, en este mes, se suscribirán ocho acuerdos más, por 236 millones, con lo que quedará comprometido el total del presupuesto.
Los estados de Chiapas, con más 564 millones de pesos; Oaxaca, con casi 428; Veracruz, con más de 346; Hidalgo, con 313 y Guerrero, con 281 millones, ejercen el 60 por ciento del presupuesto.
Así, al 31 de agosto, se han ejercido cerca de mil 465 millones de pesos; de los cuales, más de 983 han sido transferidos a otras instancias gubernamentales y más de 480 se han orientado a través de acuerdos de coordinación con gobiernos estatales.
El Programa de Albergues Escolares Indígenas contribuye a elevar el nivel de escolaridad en niños y jóvenes indígenas, brindándoles alimentación y hospedaje, promoviendo la participación comunitaria en materia de salud, equidad de género y derechos humanos.
Se cuenta con mil 80 albergues escolares que dan atención a 27 mil 500 niñas y 32 mil 500 niños, en 21 entidades, así como 150 albergues comunitarios que dan atención a 8 mil 460 estudiantes en 12 estados.
Al 31 de agosto, se han ejercido más de 400 millones de pesos, de una inversión total autorizada para este año de 550 millones, de los cuales 80 se destinan a rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de los albergues.
Por otra parte, el Programa de Fondos Regionales Indígenas es un instrumento que atiende necesidades de financiamiento en el renglón de actividades productivas. Dichos fondos apoyan a organizaciones formales de productores indígenas, administradas por ellos.
Los recursos se orientan a proyectos productivos y para cubrir necesidades de asistencia técnica y administrativa. Del total de los recursos del programa, se destina alrededor del 30 por ciento al apoyo de mujeres indígenas debidamente organizadas.
En la actualidad, operan 250 fondos en 25 estados de la república. En el presente ejercicio fiscal se autorizaron 295 millones de pesos para atender mil 800 proyectos, en beneficio de más de 25 mil indígenas. Al 31 de agosto, se han ejercido 205 millones de pesos.
A su vez, el Programa Organización Productiva Para Mujeres Indígenas tiene el objetivo de coadyuvar en los procesos de organización de las mujeres indígenas, fomentando su participación en proyectos que incrementen su autoestima y desarrollo.
Dichos proyectos están destinados a comunidades de hasta 10 mil habitantes, de alta marginación, con el 29 por ciento de hablantes de lengua indígena.
Este año, se apoyarán más de mil 600 proyectos, en beneficio de 20 mil mujeres, con recursos del orden de 120 millones de pesos, de los cuales se han ejercido más de 94.
El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Productividad tiene la finalidad de apoyar a comunidades con proyectos productivos integrales, lo cual implica una mezcla de recursos con gobiernos estatales y municipales, así como con dependencias del gobierno federal.
La meta de este año es apoyar más de 600 proyectos, en beneficio de 26 mil 700 personas, dando prioridad a los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano.
Para llevar a cabo estas acciones se cuenta con un presupuesto autorizado de 115 millones de pesos, de los cuales, al 31 de agosto, se han ejercido cerca de 40.
Con relación al Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, orientado a contribuir al desarrollo indígena a través de acciones en materia de turismo alternativo y comunitario, se prevé al término del año apoyar 135 proyectos, en beneficio de 5 mil personas, con un presupuesto de 170 millones de pesos.
Por su parte, el Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, se fijó la meta anual de contribuir al fortalecimiento de procesos culturales autogestivos, con énfasis en el aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes.
Este año se apoyarán 910 proyectos, en benefició de 17 mil personas de 379 municipios, con un presupuesto de 40 millones de pesos. Al 31 de agosto, se han ejercido 16 millones de pesos.
Con relación al Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia, cuyo objetivo principal consiste en transferir recursos financieros a organizaciones sociales para que realicen actividades de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, este año se apoyará a 414 organizaciones, con un presupuesto de 37 millones de pesos, de los cuales se han ejercido cerca de 20.
Fortalecer el reconocimiento de la cultura indígena es también una de las metas de la CDI. Por eso, a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, y de un programa editorial, se busca promover y fomentar expresiones que ayuden al desarrollo integral humano y a la convivencia democrática, en un marco social multicultural, con profundas raíces históricas.
Hay en el país 20 emisoras que operan en banda de amplitud modulada en 15 estados de la república, con una cobertura de 6 millones de hablantes de alguna de las lenguas indígenas. Actualmente, se transmite en 32 lenguas.
Para la operación de las radios, difusión y producción intercultural se cuenta con un presupuesto anual de más de 46 millones de pesos, de los cuales se han ejercido, a la fecha, más de 31 millones.
Se han impulsado, además, proyectos especiales que atienden necesidades puntuales de los pueblos y comunidades indígenas en aspectos relacionados con salud, derechos jurídicos, atención a población desplazada por razones de conflictos, conservación de recursos naturales y fortalecimiento de capacidades.
El proyecto Atención a Tercer Nivel gestiona atención médica especializada ante dependencias y entidades competentes, para la atención de pacientes indígenas. Se proporcionan apoyos, entre otros, para alimentación y hospedaje en las capitales de los estados, prótesis, gastos médicos, estudios, análisis, cirugías y hospitalización.
En materia de derecho, se promueve la excarcelación de indígenas, mediante gestiones interinstitucionales. Es moralmente inadmisible que un indígena permanezca privado de la libertad, sólo por carecer de recursos económicos para recuperarla.
Por eso, adicionalmente, se han suscrito convenios con la Secretaría de Seguridad Pública federal y con dependencias similares en los estados, para fortalecer acciones y proporcionar información que dé cuenta de las características socioculturales de los internos.
También se cuenta con el proyecto de atención a indígenas desplazados, el cual apoya a la población en esa circunstancia para que obtenga un espacio físico propio y se facilite su reinserción en actividades económicas.
En cuanto al proyecto de conservación y manejo de recursos naturales en zonas indígenas, el objetivo es que la población indígena conserve sus recursos a través de la operación de proyectos de manejo sustentable.
Al 31 de agosto de 2007, se han ejercido recursos para los proyectos especiales que he referido por más de 19 millones de pesos.
El compromiso de incorporar plenamente a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país, requiere de la acción coordinada de las diversas entidades del gobierno federal y de los tres órdenes de gobierno.
Por eso, se han efectuado reuniones de trabajo con las Secretarías de Desarrollo Social; Comunicaciones y Transportes; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; con la de Hacienda y Crédito Público y con el IMSS-Oportunidades.
En el renglón de fortalecimiento al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, el pasado 12 de julio se asistió en la ciudad de Querétaro a la firma del expediente técnico Peña de Bernal, lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí-chichimecas de Solimán en el semidesierto queretano, mediante el cual se gestiona ante UNESCO su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad.
Por otra parte, se instaló, el 21 de abril pasado, el Consejo Consultivo de la CDI para el periodo 2007–2008, el cual ha realizado cuatro sesiones; en la primera de ellas, se llevó a cabo la elección de su comisión coordinadora, su comisión de honor y de su presidente.
En las subsiguientes reuniones, se han elaborado los programas de trabajo y las propuestas para la integración del Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2007–2012, que fueron presentadas a la Dirección General y a integrantes de la Junta de Gobierno el pasado 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
También se han realizado las siguientes actividades:
Seguimiento a la consulta sobre la conservación de los lugares sagrados del pueblo huichol. Se realizaron reuniones en Jalisco, Durango y Nayarit, así como un taller de revisión de la propuesta de Plan de Manejo del Sitio Sagrado Natural de Wirikuta, en Matehuala, San Luis Potosí.
En coordinación con la Semarnat, se dio seguimiento a la consulta sobre ordenamiento ecológico marino del Golfo de California. Se presentó el informe para revisión de la comisión para la participación indígena en el ordenamiento ecológico marino del Golfo de California, en la que participan representantes de los pueblos: Cucapá, Seri, Mayo, Yaqui y Huichol.
Se dio seguimiento y se integró el informe sobre la consulta migración de la población indígena.
La superación de los flagelos de la pobreza y la discriminación que aquejan a nuestros pueblos indígenas requiere de la suma de esfuerzos.
Tengo la firme convicción de que el intercambio de puntos de vista podrá derivar en líneas de acción específicas, para fortalecer la atención a las comunidades indígenas del país.
Dichos pueblos y el gobierno de la república, así como los diferentes Poderes de la Unión, debemos sumar nuestra energía y disposición para hacer realidad plena el acceso a mejores condiciones de vida para todos.
Por eso, ratifico ante ustedes que es decisión y firme compromiso del gobierno del presidente Felipe Calderón propiciar, a través de un diálogo político respetuoso, los acuerdos necesarios para avanzar juntos en la superación de los rezagos que padecen millones de mexicanos, que han sabido mantener viva la esperanza de un México mejor y que deben contar con el apoyo de todos nosotros.
Por su atención y comentarios, muchas gracias.
El diputado Víctor Aguirre Alcaine, interviene al cuestionar a la Presidencia de la Comisión sobre el formato para realizar la reunión de trabajo. Pregunta si es una reunión de trabajo o es una comparecencia del titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado Marcos Matías Alonso, presidente de esta comisión le aclara que el formato ya se había acordado con la mesa directiva de la comisión, y que esta reunión de trabajo ya se había planeado con dos meses de anticipación, pero que coincidió con los tiempos del Informe. Una vez aclarada esta inquietud, se sigue con el formato que previamente se había aceptado por la comisión.
7. Primera ronda de preguntas por parte de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Una vez terminada la exposición del licenciado Luis Héctor Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se empieza con la primera ronda de preguntas por parte de los diputados integrantes de la Comisión.
Preguntas
2. Diputado Wenceslao Herrera Coyac, PRI: Preguntó que cuáles fueron las obras autorizadas para Puebla, y si el caso de los Arrecifes en Mendoza ya estaba aprobado el Presupuesto, porque solo tenía parte de la obra terminado. Se refirió a las Universidades Interculturales, dijo, ¿cuál va a ser el futuro de las universidades interculturales?
3. Diputada Josefina Noriega, PVEM: La diputada preguntó ¿cuál es el presupuesto asignado para el cuidado del medio ambiente? También cuestionó al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, acerca de qué se está haciendo para reubicar a los desplazados de Montes Azules
4. Diputado Felipe Díaz Garibay solicitó un listado de los convenios que se han firmado con cada dependencia para los pueblos indígenas.
5. Diputado Jorge Salum preguntó acerca de los servicios de salud otorgados a los pueblos indígenas por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
2. Que se le iba a hacer llegar un listado de las obras autorizadas para Puebla y que ya estaba aprobado el Presupuesto, para el caso de los Arrecifes, en este período, que era cuestión de tiempo para volver a iniciar los trabajos. Respecto a las universidades interculturales, respondieron que hay 10 en marcha, que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, transfiere recursos a las dependencias en cuestión y que también se firman Convenios para fortalecer a las universidades interculturales.
3. El licenciado Carlos Abreu, encargado de la Oficina de Enlace Gubernamental de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, le contestó que existe un proyecto con la Conafor de 48 millones de pesos y que también a través de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hay 2 convocatorias. En el caso de los desplazados, dijo que se está analizando un programa de vivienda para reubicarlos en otro territorio.
4. El licenciado Carlos Abreu respondió que se han firmado diferentes convenios con las dependencias de gobierno, pero que ello es de acuerdo a las características de cada comunidad o pueblo indígena.
5. Carlos Abreu, encargado de la Oficina de Enlace Gubernamental de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respondió, que los servicios de salud no dependen de la CDI, pero que cuando existe una emergencia, se coordinan con la Secretaría de Salud.
El diputado Carlos Martínez sugirió al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se haga un estudio con diagnostico a cada comunidad indígena, y que con base en ello se realice una evaluación para poder implantar los programas que se asignen a cada comunidad.
La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo preguntó si los programas que maneja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, responden a las desigualdades de la sociedad o se necesitan reevaluar, o hacer nuevos programas.
El diputado Humberto Alonso Razo solicitó un listado de las obras que se han ejercido en cada estado en materia de agua.
El diputado Jesús Mena solicitó más becas para los estudiantes indígenas.
El diputado José Guadalupe Rivera comentó que la huasteca potosina esta dañada y que quiere saber de los convenios que se han firmado con San Luis Potosí, para invertir en esa región.
La diputada Gloria Valenzuela manifestó su preocupación hacia los pueblos o comunidades aislados que están a punto de extinción, los cuales no están siendo atendidos por los gobiernos.
10. Respuestas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
2. El licenciado Prisciliano Jiménez, titular de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respondió que los programas que maneja la comisión se están evaluando, y están analizando la manera de hacer nuevos proyectos de estos programas de acuerdo a las comunidades indígenas, para que éstos respondan a las necesidades actuales y beneficien a la mayor parte de indígenas.
5. Que se han firmado diferentes convenios y se va a remitir toda la información.
6. Al diputado Valenzuela le respondieron que no existe un programa especialmente para ellos, pero se considera prioritaria su atención dentro de los próximos programas.
Una vez que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, a las 9 horas con 25 minutos se da por terminada la reunión de trabajo el día de inicio de la sesión, firmando al calce los que en ella intervinieron.
12. Conclusiones y acuerdos.
Acuerdos
2. Se va a enviar un listado al diputado Humberto Alonso Razo de las obras que se han ejecutado en cada estado en materia de agua, pero se va a coordinar con la Comisión Nacional del Agua.
3. El licenciado Carlos Abreu aceptó el reto de llevar a cabo las evaluaciones por región, propuesto por el diputado Alberto Martínez.
4. El diputado Marcos Matías comentó, al finalizar la reunión de trabajo, que se suma a la inquietud de la diputada Gloria Valenzuela, referente a los desplazados, y enfatizó que los acuerdos a los que se llegó son previos, que posteriormente se tienen que ir trabajando en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La Comisión de Asuntos Indígenas
Diputados: Marcos Matías
Alonso, presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica),
Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera
Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios;
Víctor Aguirre Alcalde, Lourdes Alonso Flores (rúbrica),
Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova
(rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez,
Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza
(rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina
López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil
(rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual
Bellizzia Rosique, Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe
Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz
Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, María
Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González
(rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum
del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela
García, Alberto Vázquez Martínez.
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA REUNIÓN PLENARIA, REALIZADA EL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2007
A las 12:35 horas del jueves 25 de octubre de 2007, se reunieron en el salón 1 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX legislatura de la Cámara de Diputados, la cual es presidida por el diputado Marcos Matías Alonso, así como el licenciado Saúl Vicente Vázquez, quien funge como secretario técnico, a fin de celebrar la séptima reunión plenaria de este órgano legislativo, bajo el siguiente
Orden del Día
IV. Dictámenes y predictámenes sobre el rezago legislativo y de la actual legislatura, para su análisis y, en su caso, aprobación.
a) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción V del artículo 2o., y la fracción III del
artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (LIX Legislatura).
b) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de
la Microindustria y la Actividad Artesanal (LX Legislatura).
c) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman
la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República y el Código
Federal de Procedimientos Civiles (LX Legislatura).
d) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
(LX Legislatura).
e) Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Agraria (LIX Legislatura).
V. Propuesta de la Comisión para la Reforma del Estado:
a) Artículo Único. Se adiciona el artículo 2o. en su quinto párrafo; se reforma y adiciona el apartado A, primer párrafo; se reforma el último párrafo de la fracción I y IX del apartado B; y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IX del apartado B, recorriéndose el siguiente párrafo en ese mismo orden; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. en su primer párrafo y se adiciona un párrafo tercero al mismo artículo; se adiciona la fracción IV del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI. Dictamen sobre presupuesto 2008, para su análisis y aprobación, en su caso.
VII. Instalación de las subcomisiones de trabajo de la comisión.
VIII. Asuntos generales.
Pide al diputado José Guadalupe Rivera Rivera que verifique el quórum. Éste verifica la lista de asistencia y confirma que, con la presencia de 16 integrantes, existe el quórum legal para iniciar la cuarta sesión plenaria.
II. Se aborda el punto referente a la lectura del orden del día. Se procede a dar lectura al orden del día. Se propone que el acuerdo referente al presupuesto de 2008 se pase al punto IV, antes de los dictámenes. Se pone a consideración del pleno y es aceptada la propuesta. Se aprueba en sus términos.
Una vez aprobado el orden del día, el diputado José Guadalupe Rivera Rivera procede a continuar con la reunión.
III. Se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior de la plenaria. El diputado José Joaquín Díaz Mena hace la aclaración de que se corrija el nombre de Javier Abreu por el de Xavier Antonio Abreu Sierra y que se pongan los nombres completos de los integrantes de la comisión; una vez hecha la aclaración, se somete a consideración la aprobación del acta. Se aprueba en sus términos.
IV. Se aborda la propuesta de la comisión en lo referente a la ampliación del Presupuesto de 2008. El diputado Marcos Matías Alonso informa que el diputado Carlos Rojas se reunió con la mesa directiva el martes 23 de este mes para dar su opinión y apoyar a la comisión en la elaboración de la propuesta, y hace una breve exposición de cómo se integro el documento y porqué se está solicitando; 1) Para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una ampliación presupuestal de 7 mil 270.3 a 10 mil 130.3 millones de pesos a 10 mil millones de pesos; 2) Erogaciones de las dependencias y entidades para atender a la población indígena de 30 mil 964.7 millones de pesos a 42 mil 702.7 millones de pesos; 3) También se propone se considere un aumento en la Secretaría de Educación Pública para los pueblos indígenas, de 450.05 a 820 millones de pesos; 4) Se propone un aumento en el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para pueblos indígenas, de 25.41 a 27.1.
También se propone se transparenten los recursos asignados de manera transversal para la población indígena, señalados en el anexo 6 del decreto, y de conformidad con el inciso j) de la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Comentó que en la propuesta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a la Cámara de Diputados la distribución de reasignaciones aprobadas por ésta, entre sus ramos, programas y fondos del anexo 6 del presente decreto.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá destinar clave presupuestal a la asignación que hace el presente decreto al concepto universidades interculturales, adscribiendo éste a la Secretaría de Educación Pública.
Durante el análisis de la propuesta, los legisladores expusieron sus puntos de vista.
Diputado Francisco Fraile. Pregunta si existen estudios en las diferentes dependencias en las que se vea si se está haciendo una previsión con el presupuesto, de forma que se tenga una realidad de saber si se gastó o no lo que fue asignado para los pueblos indígenas.
Diputado Felipe Díaz Garibay. Manifiesta su opinión de acuerdo el diputado Francisco Fraile. También comentó que se ha dirigido en busca de apoyo para una organización de mujeres indígenas al gobierno de Michoacán, y que no ha recibido el apoyo esperado ni del gobierno del estado ni de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Diputado Wenceslao Herrera Coyac. Está de acuerdo con el diputado Francisco Fraile. Comenta que tal parece que los pueblos indígenas ahora están peor que antes, porque les asignan recursos, por ejemplo, para infraestructura, y cuando llegan las máquinas faltan permisos o cualquier cosa que detiene la obra; pero el problema es que si ya se habían designado 300 millones para la obra, no se sabe en dónde quedaron, debido a que la obra ya no se realizó.
Diputado José Joaquín Díaz Mena. Comenta que el presupuesto asignado a la educación bilingüe ha ido a la baja, y, como punto de comparación, se tiene que en 2002 se asignaron 83 millones, en 2003 se autorizaron 60 millones y en 2007 se otorgaron 35 millones, lo cual indica que el presupuesto asignado a la educación bilingüe ha ido disminuyendo.
Los diputados Elda Gómez Lugo, Yary del Carmen Gebhardt Garduza e Ismael Ordaz Jiménez están de acuerdo en que el subejercicio de los recursos se transparente, porque no se sabe en dónde y cómo se ejercieron los recursos, y que se informe al menos a la comisión. También están de acuerdo en que no prevalezca la discreción.
Diputada Lourdes Alonso Flores. En su intervención dice "antes de tomar una decisión hay que conocer y revisar el presupuesto anterior, el cómo se gastó el recurso, si se gastó o no".
Diputada Josefina Noriega. "Es necesario conocer como se repartió el recurso anterior, para con bases poder tener una decisión".
El diputado Marcos Matías Alonso se adhiere a las opiniones del pleno y manifiesta que si el pleno lo autoriza se convoca al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a una reunión de trabajo con los integrantes ésta. También informa que un día antes le llegó información de la CDI y que la revisaría para ver si es la información que los legisladores están solicitando, respecto al presupuesto de 2007, y, si corresponde, la enviará a cada diputado.
El pleno se pronuncia antes de aprobar la propuesta, por solicitar al señor Luis H. Álvarez como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, en su calidad de responsable del gasto transversal ante las diferentes dependencias del Ejecutivo, la reunión de trabajo con los legisladores, con el objetivo de que informe de la manera cómo se distribuyó el Presupuesto asignado a los pueblos indígenas para 2007.
El presidente solicitará al señor Luis H. Álvarez la reunión de trabajo. Asimismo, solicita la anuencia de los diputados para continuar con la propuesta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; dice "el tiempo ya se nos vino encima y es necesario continuar con la propuesta de ampliación presupuestal para el 2008".
Los legisladores dan la anuencia para continuar con el trámite de la propuesta, en el entendido que el próximo martes 30 de octubre de 2007 se llevará a cabo la reunión de trabajo con el señor Luis H. Álvarez.
Finalmente, el diputado Marcos Matías Alonso solicita a los diputados que si tenían observaciones que incorporar a la propuesta las hicieran llegar durante el transcurso del día para modificar el documento y, una vez realizadas las observaciones, lo firmara la mesa directiva para darle trámite con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
V. En el siguiente punto, dictámenes y predictámenes, sobrerezago legislativo y de la actual legislatura, para su análisis y aprobación, en su caso:
b) La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (LX Legislatura). Se aprueba.
c) La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles (LX Legislatura). Se aprueba.
d) La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LX Legislatura). Se aprueba.
e) La minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Agraria (LIX Legislatura). Sujeto a modificaciones por parte de la Comisión de la Reforma Agraria.
Una vez que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, a las 12:45 horas, se da por terminada la reunión de trabajo del día de inicio de la sesión, firmando al calce los que en ella intervinieron.
Acuerdo
Único. Se autoriza la anuencia para que la mesa directiva continúe con la propuesta de ampliación del Presupuesto en materia indígena para 2008, bajo reserva de que se lleve a cabo una reunión con el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se celebrará el martes 30 de octubre del año en curso.
La Comisión de Asuntos Indígenas
Diputados: Marcos Matías
Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo
(rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José
Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica),
secretarios; Víctor Aguirre Alcalde, Lourdes Alonso Flores (rúbrica),
Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova
(rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez,
Élmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt
Garduza (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina
López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil
(rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual
Bellizzia Rosique, Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe
Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz
Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, María
Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González
(rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum
del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela
García, Alberto Vázquez Martínez.
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2007
A las 15:35 horas del martes 4 de diciembre de 2007 se reunieron, en la sala de juntas de la Coordinación de Hidalgo del Partido Revolucionario Institucional del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados. La reunión fue presidida por el diputado Marcos Matías Alonso, así como por el licenciado Saúl Vicente Vázquez, quien funge como secretario técnico de la comisión, a fin de celebrar la octava reunión plenaria de este órgano legislativo, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Pase de lista y verificación de quórum
El presidente, diputado Marcos Matías Alonso, dio la bienvenida a los integrantes de este órgano legislativo. Pidió a la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo que verificara el quórum. Ella confirmó la presencia de 21 integrantes, por lo cual existía quórum para iniciar la octava sesión plenaria.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Se leyó el orden del día y se aprobó en sus términos.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
Se dispensó la lectura del acta de la sesión plenaria anterior por votación unánime.
4. Información sobre el presupuesto de 2008 para pueblos indígenas
El diputado Marcos Matías Alonso informó al pleno sobre el presupuesto para 2008 en materia indígena. Comentó que conforme a la propuesta enviada a la Comisión de Presupuesto, por una parte se había planteado una ampliación presupuestal a la CDI; sin embargo, quedó prácticamente igual al del año pasado, debido principalmente a que en ese momento la CDI presentaba un subejercicio de los recursos asignados. Y por otra, el presupuesto transversal logró un incremento, siendo lo más relevante que se consiguió el desglose del anexo 6 del Presupuesto de Erogaciones de la Federación (PEF), que corresponde a lo asignado en materia indígena.
"Por primera vez podemos tener una idea más clara y precisa de cuánto tiene cada dependencia para atender a nuestro pueblos", comentó el diputado Marcos Matías, y expresó su reconocimiento por el esfuerzo de cada uno de los diputados integrantes. Este presupuesto tomó en cuenta la equidad social, la equidad de género y el desarrollo social.
El diputado Marcos Matías invitó al pleno a que emita sus comentarios y propuestas sobre cómo coordinar la vigilancia a la aplicación correcta de estos recursos.
El diputado Silvio Gómez Leyva comentó que hay precisar en el Ramo 20, "Desarrollo social" los recursos específicos para pueblos indígenas. También comentó que ahora el reto de los integrantes de la CAI es supervisar cómo se ejerce ese recurso.
El diputado Gustavo Mendívil expresó su reconocimiento al trabajo de la CAI en materia de transversalidad, y lo que sigue es estar pendiente del presupuesto. Propuso solicitar a hacienda un informe trimestral de ejercicio presupuestal.
Comentó la importancia de poder incidir en la reglas de operación, por lo que al respecto propuso buscar un mecanismo que acerque a las comunidades a los recursos y a las reglas de operación no sólo de la CDI, sino de varias instituciones.
Diputado José Luis Varela: Pidió a la Mesa Directiva que realice labor de difusión, para que los municipios tengan conocimiento del presupuesto y así puedan exigir con mayores elementos.
El diputado Carlos Martínez Comentó que la CAI debe estar satisfecha de lo alcanzado, y pidió retomar su propuesta hecha al licenciado Luis H. Álvarez de conformar una comisión para revisar y evaluar en los estados si esos recursos se aplican a las entidades, que en una reunión de trabajo pasada, el licenciado Luis H. Álvarez había aceptado.
La diputada Elda Gómez Lugo felicitó al presidente por lograr el presupuesto e hizo hincapié en la necesidad de revisar el marco jurídico sobre el cual se ejercen los recursos.
El diputado Ramón Landeros explicó que corresponde seguir tres pasos fundamentales uno, Vigilar que el recurso se destina a quien debe ser destinado; dos, que este recurso tenga el impacto esperado; y res, ver las reglas de operación.
La diputada Martha Cecilia Díaz preguntó si no hay más cuestiones o comentarios. Al no haber más participaciones, tomó la palabra para resaltar tres puntos:
2. A propuesta del diputado Carlos Martínez, preparar una comparecencia del titular de la CDI para entre otros puntos ver las reglas de operación.
3. A propuesta de la diputada Elda Gómez, que la CAI revise el marco jurídico que garantice la transversalidad.
Respecto a la iniciativa de reforma del Estado sobre pueblos indígenas, el diputado Marcos Matías comentó que ésta es la primera de las iniciativas que la CAI está preparando sobre derechos indígenas en el marco del importante proceso político que es la reforma del Estado. Para hacer la presentación, le pidió al licenciado Marcelino Díaz de Jesús que hiciera breves comentarios a la misma, explicando su contenido, quien procedió a hacer la presentación.
La diputada Martha Cecilia Díaz invitó al pleno a hacer comentarios.
El diputado Felipe Díaz primero hizo una corrección en la exposición de motivos, donde se expresa que la Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1945, y que en realidad fue en 1948. Agregó que en la redacción debe incluirse el criterio de autoadscripción, pues el INEGI tiene criterios no muy claros al respecto, lo que provoca confusión en la aplicación de los programas y discriminación, ya que hay indígenas a los que el INEGI no los considera como tal aunque ellos mismos sí se asuman como tal.
El diputado Marcos Matías pidió al pleno su anuencia para comenzar a cabildear la iniciativa en el Congreso.
La diputada Elda Gómez solicitó que fueran incluidos los nombres de los integrantes en la iniciativa.
Al respecto, el diputado Marcos Matías consultó al pleno si se adhieren a la iniciativa, aprobando que se comience con el proceso de cabildeo.
El pleno aprobó por unanimidad la propuesta.
6. Información del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria sobre diversas disposiciones de la Ley Agraria, y nota de extrañamiento de la CAI
La diputada Martha Cecilia Díaz informó al pleno sobre el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria sobre diversas disposiciones de la Ley Agraria, el cual no incluye los comentarios que la CAI hizo al respecto, por lo cual la mesa directiva de la CAI preparó una nota de extrañamiento. La diputada leyó la nota para luego pedir su aprobación al pleno. En dicho documento se pide atentamente a la Comisión de Reforma Agraria (CRA) que reconsidere e incluya los comentarios enviados por la CAI, ya que se trata de conceptos centrales. Una vez leído el documento y a pregunta de la diputada Martha Cecilia Díaz, el pleno aprobó el texto para ser enviado a la CRA.
7. Asuntos generales
Se trataron dos asuntos generales. El primero es una invitación para que el miércoles 5 de diciembre los diputados que así lo consideren asistan a una reunión de trabajo con el titular de la CDI, donde se abordarán tres puntos: uno, el presupuesto; dos, propuestas de proyectos de los diputados; y tres, las reformas constitucionales.
Al respecto se pidió a los diputados que hicieran saber a la secretaría técnica su asistencia.
El segundo, para comentar que respecto al viaje a Chihuahua programado para el 10 de diciembre, debido a que la Junta de Coordinación Política no está autorizando las salidas, habrá que tomar las providencias del caso.
Una vez desahogados los puntos del orden del día, a las 18:15 horas se da por terminada la reunión de trabajo. Firman al calce los que en ella intervinieron.
Acuerdos
Segundo. Buscar un mecanismo que acerque a los pueblos indígenas las reglas de operación de los programas.
Tercero. Preparar una comparecencia del titular de la CDI para, entre otros puntos, ver las reglas de operación.
Cuarto. Revisar el marco jurídico que garantice la transversalidad.
Quinto. El pleno da su anuencia para que se presente como iniciativa de la Comisión de Asuntos Indígenas, que reforma los artículos 2o., 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputados: Marcos Matías
Alonso, presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica),
Humberto Wilfredo Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera
Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios;
Silvio Gómez Leyva, Víctor Aguirre Alcalde, Lourdes Alonso
Flores (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica),
Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo,
Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Élmar
Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza,
Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena
(rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica),
Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), María Guadalupe Josefina
García Noriega (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís,
Tomás José Luis Varela Lagunas, Felipe Díaz Garibay
(rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica),
Francisco Antonio Fraile García, María Dolores González
Sánchez, Ramón Landeros González (rúbrica),
Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salud del Palacio, María
Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Alberto Vázquez
Martínez.
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL JUEVES 6 DE MARZO DE 2008
A las 14:35 horas del jueves 6 de marzo de 2008 se reunieron en la sala C del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI) de la LX legislatura de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Marcos Matías Alonso, así como el licenciado Saúl Vicente Vázquez, quien funge como secretario técnico, a fin de celebrar la novena sesión plenaria de este órgano legislativo, bajo el siguiente
Orden del Día
7. Iniciativas:
a) Sobre recursos naturales y territorios (artículo
27 constitucional).
b) Sobre representación política de los
pueblos indígenas.
8. Congreso Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas.
9. Foros de la comisión sobre recursos filogenéticos,
y sobre minería y pueblos indígenas.
II. Se aborda el siguiente punto, que es el referente a la lectura del orden del día. Se procede a leer el orden del día y se aprueba en sus términos.
Una vez aprobado el orden del día, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo procede a continuar con la reunión.
III. En este punto, se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior de la plenaria, por votación unánime, y se aprueba en sus términos.
IV. En el punto siguiente la diputada Martha Cecilia Díaz somete a la consideración de los integrantes de la comisión la solicitud que hace el diputado Marcos Matías Alonso de autorizar a la mesa directiva para que sostenga una reunión previa con el secretario de Desarrollo Social (Sedesol) y a partir de ésta, poder planear una reunión o plantear una agenda mínima para una sesión con el pleno de la comisión.
El diputado Marcos Matías Alonso insiste ante los diputados en que esta reunión que se está programando puede ser altamente fructífera, en tanto que se solicita la reunión con doble carácter: como titular de la Sedesol, pero también, y sobre todo, como presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), en donde confluyen las instituciones, las secretarías, para ver el tema de las transversalidad.
La diputada María Guadalupe García Noriega enfatizó la relevancia de la reunión. Comentó que es indispensable que se tenga clara la orientación que se quiere dar a la reunión, y en este sentido el tema de las reglas de operación es fundamental.
Se aprobó por votación unánime que la mesa directiva sostenga una primera reunión con el licenciado Ernesto Cordero Arroyo, en su calidad de titular de Sedesol y de la Junta de Gobierno de CDI, para luego, tener una reunión del pleno de la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI).
V. En el punto cinco, el diputado Marcos Matías Alonso informó y recordó que este dictamen, ya había sido aprobado en una sesión plenaria antepasada. Fue aprobado en sentido positivo; sin embargo, se recibió una recomendación, una consulta de uno de los diputados miembros de la comisión, para detener un poquito el proceso, hasta en tanto no se hiciera una consulta exhaustiva y que esta propuesta no tuviera alguna inconstitucionalidad que detuviera el proceso.
Explicó también que se hicieron las consultas y el acuerdo con el diputado que había generado esta preocupación.
El diputado aceptó, y los asesores también así como la mesa directiva consideraron que es necesario que se ratifique el mismo acuerdo en un espíritu positivo a la propuesta de la diputada Valenzuela.
Entonces, se concluyó que no hay ningún problema de inconstitucionalidad de la propuesta y la mesa directiva concluyó que es necesario ratificar en sus términos, tal y como había sido aprobado el dictamen.
La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo somete a votación el dictamen; se aprueba ratificar en sentido positivo el dictamen de la CAI a la iniciativa de la legisladora María Gloria Valenzuela.
VI. El diputado Marcos Matías informa que con fecha 5 de diciembre, en la plenaria pasada, se aprobó una propuesta para impulsar la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, en los artículos 2, 26 y 115. Con fecha del 13 de diciembre, esta propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esto, agrega, en el periodo ordinario del Congreso. En lo que respecta a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, se ha planteado en el Grupo de Garantías Sociales, en el cual se han sostenido varias reuniones. Hasta este momento lleva el consenso necesario. Falta todavía para que pueda pasar a la plenaria y que, si se aprueba, pues será un consenso más al tema de los pueblos indígenas.
También informó en el tema fue planteado en el Grupo sobre Federalismo, y en la última plenaria de éste, en el cual también se han ido construyendo los consensos.
Al no haber comentarios sobre lo informado por el diputado Marcos Matías, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo continúa con el siguiente punto.
VII. El diputado Wenceslao Herrera Coyac hizo la presentación de dos iniciativas:
Propone una serie de enmiendas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo central de dotar de recursos económicos a los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo.
b) La segunda versa acerca de la representación política de los pueblos indígenas. Con esta iniciativa el diputado Wenceslao Herrera Coyac plantea que es importante que donde haya una población grande de hablantes del idioma maya o del totonaco puedan tener la oportunidad de ser representados por gente de sus pueblos en el Congreso de la Unión.
El licenciado Saúl Vicente, secretario técnico de la comisión, comenta respecto a esta iniciativa, que recoge lo que el diputado Marcelo Tecolapa había planteado en la anterior legislatura con una similar, que forma parte del rezago legislativo.
El grupo de asesores finalmente considera que esta iniciativa, como está planteada, recoge las preocupaciones, las propuestas de las demás que se han presentado y acordaron que debería ser retomada.
El diputado Marcos Matías Alonso, dada a importancia del tema, pide que los demás integrantes de la comisión expresaran su opinión, ya que es un tema relevante, forma parte del rezago legislativo. Expresa que si se hace un buen resumen de las propuestas pasadas, se podría madurar una de gran envergadura sobre este tema de la representación política.
En esta legislatura lo han planteado los diputados Pedro Montalvo Gómez, del estado de Veracruz, Elda Gómez Lugo, Holly Matus Toledo y las legislaturas pasadas.
Para nosotros, comenta el diputado Marcos Matías Alonso, no deja de ser un tema relevante, pero es un tema espinoso para los partidos políticos. Sugiere que, como principio general, la Comisión pudiera manifestar su respaldo y su apoyo a esta propuesta, como un primer nivel.
Si el diputado Wenceslao Herrera lo permite, que pudiera ser retomada como parte de una propuesta de la CAI, por la sencilla razón, como ha expuesto el secretario técnico, de que la propuesta trata de resumir las de los legisladores pasados y de recoger lo mejor de su intención y generar una que pueda convencer al Estado, al país y a los partidos políticos.
Estamos, dice, ante una autoría colectiva, ante una preocupación más, que se va a sumar lo que han dicho los diputados Elda Gómez Lugo, Holly Matus Toledo, Pedro Montalvo Gómez, Wenceslao Herrera Coyac, Marcelo Tecolapa Tixteco.
Sugiere consultar a los diputados si puede manifestar su respaldo primero.
Segundo, que los asesores de los diputados revisen si realmente refleja las propuestas, las mejores propuestas de todos los legisladores que lo han planteado y que en consulta con la mesa directiva, con todos, para buscar la mejor coyuntura política y lanzar en su momento o generar el consenso político de esta propuesta que permita dar un paso y alcanzar las otras propuestas que ya se vienen trabajando.
La diputada Martha Cecilia Díaz comenta que en su grupo parlamentario y en el esquema de su trabajo normalmente lo hacen a la inversa; es decir, primero revisan las propuestas que se les hacen, las discuten y sacan una sola posición.
Por cuestiones de procedimiento, en nombre de su grupo parlamentario pidió que se quede al seno de la Comisión, que puedan revisarlo y en la siguiente sesión pronunciarse al respecto.
Consulta entonces a los integrantes si aprobaban esta propuesta, en el sentido de que hoy se recibe la iniciativa, se revisa en cada grupo parlamentario y en la siguiente sesión se pronuncien al respecto.
La propuesta es aprobada en sus términos.
VIII. Acerca del siguiente punto, el Secretario Técnico comentó la importancia de difundir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Comisión acuerda apoyar la realización del Congreso Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas
IX. En cuanto a los foros sobre recursos fitogenéticos y sobre minería y pueblos indígenas, el diputado Marcos Matías Alonso explica primero acerca de una iniciativa que ha sido turnada a la CAI para dictamen, por lo que sería muy prudente poder escuchar las distintas voces acerca de esa propuesta y que la comisión se pueda pronunciar al respecto.
En el segundo caso, comenta que ha sido un tema recurrente en los trabajos diarios de la comisión, ya que constantemente se han acercado comunidades indígenas con este problemas sobre mineras que no respetan las leyes, contaminan, abusan de sus trabajadores y no generan ningún beneficio a la comunidad, por lo que en la CAI se ha pensado en un acto para abordar dicha problemática.
Los diputados de la comisión acuerdan apoyar la realización de dichos foros.
X. En asuntos generales se trataron dos puntos:
El diputado Wenceslao Herrera entrega un proyecto de cómo insertar en los festejos de ambos centenarios el tema de pueblos y comunidades indígenas.
b) Proyecto para la reunión del Parlamento Indígena de América.
La diputada Elda Gómez Lugo sugiere que en el próximo proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluya y etiquete un recurso específico para la celebración de los bicentenarios y los pueblos indígenas.
Una vez que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, a las 16:45 horas se da por terminada la reunión de trabajo el día del inicio de la sesión, firmando al calce los que en ella intervinieron.
Acuerdos
2. Se aprueba ratificar en sentido positivo el dictamen de la CAI a la iniciativa de la diputada María Gloria Valenzuela.
3. Se recibe la iniciativa del diputado Wenceslao Herrera Coyac acerca de la representación política de los pueblos indígenas; los diputados la revisarán en cada grupo parlamentario y en la siguiente sesión se pronunciarán al respecto.
4. Se acordó apoyar la realización del Congreso Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas así como el foro sobre minería y los foros sobre recursos fitogenéticos.
5. Se apoyará también la inserción del tema indígena en los planes y programas de festejos del bicentenario del inicio de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.
Diputados: Marcos Matías
Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo
(rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José
Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica),
secretarios; Víctor Aguirre Alcalde, Lourdes Alonso Flores (rúbrica),
Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova
(rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez,
Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza
(rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina
López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil
(rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual
Bellizzia Rosique, Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe
Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz
Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, María
Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González
(rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum
del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela
García, Alberto Vázquez Martínez.
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVA A LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA, REALIZADA EL JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2008
A las 11:00 horas del 14 de febrero de 2008, en el salón B del edificio G, primer piso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, de conformidad con la convocatoria entregada previamente a cada diputado y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 13 y del 14 de febrero, para el desahogo del siguiente orden del día:
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal
Asistieron y firmaron la lista correspondiente los siguientes diputados:
Gerardo Villanueva Albarrán (presidente), María Gabriela González Martínez (secretaria), Victorio Rubén Montalvo Rojas (secretario), Christian Martín Lujano Nicolás (secretario), Eduardo Sánchez Hernández (secretario), Obdulio Ávila Mayo, Dora Alicia Martínez Valero, Rosaura Denegre Vaught Ramírez, Edgar Armando Olvera Higuera, Alejandro Sánchez Domínguez, Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Claudia Lilia Cruz Santiago, Guadalupe Socorro Flores Salazar, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, María Elena Torres Baltazar, Raúl Cervantes Andrade y Lourdes Eulalia Quiñónez Canales.
En virtud de que se contó con el quórum legal correspondiente, se inició la sesión, a la que en total asistieron 18 diputados.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
Se puso a consideración de los diputados y de las diputadas de la comisión el orden del día. Al no haber observaciones, se sometió a votación y se aprobó unánimemente.
III. Lectura y, en su caso, aprobación de actas de sesiones anteriores
2. Se dispensó la lectura de la minuta de la sexta reunión ordinaria, entregada con antelación a los integrantes de la comisión, y previa consulta sobre observaciones respecto de su contenido fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.
3. Se dispensó la lectura del acta de la séptima reunión ordinaria, entregada con antelación a los integrantes de la comisión, y previa consulta sobre observaciones respecto de su contenido fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.
a) Respecto de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a derogar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil del Distrito Federal, presentada por el diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y turnada a esta comisión el 13 de septiembre de 2005, durante la LIX Legislatura.
Se dispensó la lectura del dictamen, en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la comisión, y se puso a consideración. Al no haber quien hiciera uso de la palabra, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad.
b) Respecto de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, presentada por el diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y turnada a esta comisión el 13 de septiembre de 2005, durante la LIX Legislatura.
Se dispensó la lectura del dictamen, en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la comisión, y se puso a consideración. Al no haber quien hiciera uso de la palabra, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad.
c) Respecto de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal y a la jefa delegacional de Tláhuac a interceder a favor de la escuela primaria Narciso Ramos Galicia para evitar que se sigan afectando sus instalaciones, presentada por el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y turnada a esta comisión el 10 de noviembre de 2005, durante la LIX Legislatura.
Se dispensó la lectura del dictamen, en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la comisión, y se puso a consideración. Al no haber quien hiciera uso de la palabra, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad.
d) Respecto de la proposición con punto de acuerdo relativo al comercio informal y el ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y turnada a esta comisión el 21 de febrero de 2006, durante la LIX Legislatura.
El presidente de la comisión, Gerardo Villanueva Albarrán, informó que, a solicitud de los diputados Victorio Montalvo Rojas y Christian Lujano Nicolás, se retiraba ese dictamen para la reformulación de sus puntos resolutivos.
e) Respecto de la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, que remita a la Comisión del Distrito Federal de este órgano legislativo un informe pormenorizado sobre el proyecto de construcción de la torre Bicentenario; asimismo, se solicita a la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes un informe pormenorizado respecto de la situación actual del inmueble situado en la calle de Pedregal número 24, colonia Molino del Rey, en la delegación Miguel Hidalgo, presentada por el diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y turnada a esta comisión el 8 de agosto de 2007, en la presente legislatura.
Se dispensó la lectura del dictamen, en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la comisión, y se puso a consideración. Al no haber quien hiciera uso de la palabra, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad.
f) Respecto de las proposiciones con punto de acuerdo siguientes:
2) Para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón que mantengan el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango y suspendan cualquier autorización de cambio de uso de suelo con fines inmobiliarios; y
3) Relativo a las barrancas localizadas en el Distrito Federal, presentadas por el diputado Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y por la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; respectivamente, y turnadas a esta comisión el 28 de febrero de 2005, el 25 de enero de 2006 y el 22 de noviembre de 2007.
g) Respecto de la proposición con punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República para crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, remitido el 15 de mayo de 2007.
Se dispensó la lectura del dictamen en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la Comisión y se puso a consideración.
Intervino el presidente de la comisión, Gerardo Villanueva Albarrán, para explicar algunos de los antecedentes del dictamen, entre los que se encuentra la proposición presentada por el diputado Obdulio Ávila Mayo, del PAN, remitida a la Junta de Coordinación Política y el intento que hicieron tanto el de la voz como el diputado Eduardo Sánchez, entonces secretario de la Comisión del Distrito Federal, para que se dictaminara.
El diputado Christian Castaño Contreras intervino para señalar que la senadora María de los Ángeles Moreno ya convocó a la conformación de las mesas de trabajo para la reforma y que este dictamen fortalecerá la participación de la comisión en esas mesas.
El diputado Victorio Montalvo Rojas manifestó que es importante participar en esas mesas porque el proceso de reforma del Estado va a incluir el Distrito Federal y se corre el riesgo de aislarse y únicamente votar los dictámenes que se envíen. La Comisión debe asumir su responsabilidad participando activamente.
Al no haber quien más hiciera uso de la palabra, se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
2. Nuevos dictámenes a consideración
b) Respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a no desaparecer la Secretaría de Cultura del DF, y a incrementar sustancialmente el presupuesto que se habrá de asignar a esa dependencia para el próximo año, presentada por el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y turnada a esta comisión el 17 de agosto de 2005.
Se dispensó la lectura del dictamen en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la comisión y se puso a consideración.
Intervino el diputado José Alfonso Suárez del Real para apoyar el sentido del dictamen y destacar que el antes Instituto de Cultura fue convertido en una secretaría, lo que implica mayor estructura y presupuesto para las actividades culturales de la Ciudad de México.
Al no haber quien más hiciera uso de la palabra, se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
c) Respecto de las proposiciones con punto de acuerdo:
2) Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a destinar recursos a un programa de emergencia para el combate de la pobreza extrema que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, presentados por el diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y turnados a esta comisión el 12 de octubre de 2006 y el 17 de enero de 2007, respectivamente.
d) Respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal que establezca los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, presentada por la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y turnada a esta comisión el 11 de abril de 2007.
Se dispensó la lectura del dictamen en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la comisión y se puso a consideración.
Intervino la diputada María Gabriela González Martínez, quien indicó que celebra que el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal ya se encuentre funcionando, pero que valdría la pena solicitarle un informe sobre sus actividades.
Al no haber quien más hiciera uso de la palabra, se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
e) Respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal a asignar recursos para realizar un peritaje integral y revisiones estructurales de los edificios del conjunto urbano Presidente Adolfo López Mateos Nonoalco-Tlatelolco, presentada por el diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y turnada a esta comisión el 30 de octubre de 2007.
Se dispensó la lectura del dictamen en virtud de que se entregó previamente a cada uno de los miembros de la comisión y se puso a consideración.
El diputado Alejandro Sánchez Domínguez intervino para apoyar la proposición.
El diputado Armando Barreiro intervino para informar que ya estaba realizando reuniones con el secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal a fin de realizar las revisiones estructurales en los edificios del conjunto habitacional. Sin embargo, es importante, dijo, que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen para fortalecer la realización de los peritajes y las obras que de ellos se desprenda.
IV. Asuntos generales
El diputado Obdulio Ávila Mayo manifestó que presidentes de comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como el de la de Asuntos Político-Electorales, le han solicitado que se aborden los temas de la reforma electoral y la ampliación del periodo ordinario de sesiones en la Asamblea, por lo que, opinó, podrían quedar fuera de la reforma política, pues no aprecia disenso al respecto.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán respondió que el tema de la ampliación del periodo ordinario no tendría problema, pero que la reforma electoral requería mayor cuidado, pues implicaba la definición de los órganos políticos del Distrito Federal.
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la octava reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán,
presidente; María Gabriela González Martínez, Christian
Martín Lujano Nicolás, Victorio Rubén Montalvo Rojas,
Eduardo Sánchez Hernández, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVA A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL MARTES 3 DE JUNIO DE 2008
A las 9:00 horas del 3 de junio de 2008, en la zona C del edificio G, primer piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, de conformidad con la convocatoria entregada previamente a cada integrante, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 3 de junio, para llevar a cabo la novena reunión de la comisión.
I. Lista de asistencia y declaración de quórum
Asistieron y firmaron la lista correspondiente, los diputados Gerardo Villanueva Albarrán, presidente; María Gabriela González Martínez, Mauricio Ortiz Proal, secretarios; Adrián Fernández Cabrera, Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Alejandro Sánchez Domínguez, Armando Barreiro Pérez, María Elena Torres Baltasar, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Claudia Lilia Cruz Santiago, Valentina Batres Guadarrama y Guadalupe Socorro Salazar.
En virtud de que no se contó con quórum, el presidente dio el carácter de reunión informativa a la sesión y la inició.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
Se presentó a los integrantes el orden del día propuesto.
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la comisión
Se dispensó la lectura del acta de la octava reunión ordinaria, entregada con antelación a los integrantes de la comisión, y se consultó sobre observaciones en cuanto a su contenido. No hubo comentarios al respecto.
IV. Aprobación de dictámenes
Se consultó a los presentes si existía alguna observación sobre los dictámenes agendados para discusión.
La diputada María Gabriela González Martínez comentó que entregaría un escrito con observaciones sobre del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar las medidas necesarias para frenar el desmedido crecimiento del comercio ambulante e incrementar las políticas públicas necesarias para el desarrollo económico de la ciudad, así como a la Asamblea Legislativa a establecer el marco normativo requerido para desincentivar el crecimiento de la economía informal; y solicitó que se consideraran sus comentarios antes de someter el dictamen a votación.
Se acordó que se revisarían las observaciones de la diputada y se integrarían a la discusión de la próxima reunión de mesa directiva de la comisión.
V. Presentación del programa de trabajo de 2008
Se presentó el programa de trabajo de 2008 y se sometió a consideración de los integrantes de la comisión. El diputado Alejandro Sánchez Domínguez expresó su interés en proponer a académicos que participen como ponentes en los foros programados.
No hubo objeciones respecto a este tema y se acordó que, de existir alguna propuesta en particular, se entregaría en la comisión.
VI. Asuntos generales
Se informó sobre el trámite. que se ha dado a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados puestos a consideración por la Comisión del Distrito Federal.
Se informó sobre la formación de los grupos de trabajo temático del Grupo Interparlamentario para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal, y se solicitó a los integrantes que quisieran participar en alguno de ellos que lo notificaran a la presidencia de la comisión, a fin de realizar el trámite correspondiente.
Sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión.
La Mesa Directiva de la Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán,
presidente; María Gabriela González Martínez, Christian
Martín Lujano Nicolás, Victorio Rubén Montalvo Rojas,
Eduardo Sánchez Hernández, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA, EFECTUADA EL MARTES 10 DE JUNIO DE 2008
En la ciudad de México, a las 13:00 horas, se reunieron los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Salud para celebrar la vigésima reunión de trabajo en la sala de juntas de la convocante, asistiendo los siguientes diputados:
Ector Jaime Ramírez Barba, presidente; Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Fernando Enrique Mayans Canabal, María Oralia Vega Ortiz, Antonio Xavier López Adame, Juan Abad de Jesús, secretarios; para el desahogo del siguiente orden del día:
Acuerdos
Se aprobaron en sus términos 11 predictámenes para presentarlos en la próxima reunión plenaria.
Se entregó el estatus de los asuntos turnados a las subcomisiones.
Sin más asuntos por tratar, se concluyó la reunión a las 15:00 horas del martes 10 de junio de 2008.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL MARTES 10 DE JUNIO DE 2008
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a las 16:00 horas del martes 10 junio de 2008, en el salón B del edificio G, se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Salud:
Ector Jaime Ramírez Barba, presidente; Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Fernando Enrique Mayans Canabal, María Oralia Vega Ortiz, Antonio Xavier López Adame, secretarios; Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
Desarrollo y acuerdos
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
A la cuarta reunión plenaria extraordinaria, que se llevará a cabo el jueves 3 de julio, a las 9:30 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la vigésima primera reunión de mesa directiva, que se efectuará el martes 8 de julio, a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la convocante.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la vigésima primera reunión plenaria, que se efectuará el martes 8 de julio, a las 16:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A la reunión que se llevará a cabo el miércoles 9 de julio, a las 10:00 horas, en las zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado Ramón Ceja Romero
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN, NUEVOS SUJETOS Y NUEVOS DERECHOS
A la quinta reunión de mesa directiva, que tendrá verificativo el miércoles 9 de julio, a las 13 horas, en el salón A del Edificio G.
Atentamente
Diputado Delio Hernández Valadés
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el jueves 10 de julio, a las 10:00 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante, situadas en el edificio D, segundo piso.
Atentamente
Diputado Rafael Ramos Becerril
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión ordinaria que se efectuará el jueves 10 de julio, a las 12:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Al proceso de presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", respecto del cual la recepción de candidaturas concluirá el viernes 29 de agosto.
La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el decreto que instituye la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" y su reglamento
Convoca
A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y las secretarías de Estado, a los gobiernos de las entidades federativas, a las universidades públicas y a las privadas, a las asociaciones técnicas, científicas y culturales, y demás instituciones representativas de la sociedad, para que propongan la candidatura de quien consideren merecedor de recibir la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"
Instituida para reconocer al ciudadano o a la ciudadana mexicana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la república, destacando por sus hechos cívicos o políticos.
Lo anterior, por el acuerdo que tome la Cámara de Diputados en sesión pública, en atención al dictamen que presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Conforme a las siguientes
Bases
I. Las propuestas deberán ser dirigidas a los Secretarios de la Cámara de Diputados, sita en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, México, DF, edificio A, segundo piso, y habrán de contener los siguientes datos:
III. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto inapelablemente por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Atentamente
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente
Al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, comprendidos de las 8:00 a las 10:00 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo piso).
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales o antropología), servidores públicos de los tres ámbitos, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar conocimientos y desarrollar habilidades en la gestión del cambio político, en el contexto de la reforma del Estado.
Informes e inscripciones desde esta fecha y hasta el 23 de mayo de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420 1760, extensiones 1248 y 5089, 55 3666 5185, 55 3225 1261; en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, frente al edificio G.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Evaluar los conceptos fundamentales y las propuestas
de los modelos de reforma del Estado en México.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de la mañana, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo del diplomado contará de seis módulos de trabajo, en torno de los siguientes temas:
En el diplomado participarán como ponentes investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y de establecer metodologías que permitan evaluar objetivamente dicho proceso y construir herramientas metodológicas de evaluación y desarrollo de líderes de cambio político.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Atentamente
Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 16, Descentralización pública del gasto, que se efectuará el miércoles 2 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
A la presentación de El control judicial de la constitucionalidad y el juicio de amparo en México, libro de Luciano Silva Ramírez, que se realizará el miércoles 2 de julio, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Diputado César Camacho Quiroz
Presidente
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS
Al Taller para la elaboración de proyectos de inversión productiva, comercial y de servicios, por efectuarse el jueves 3 de julio, a las 10:00 horas, en el auditorio norte, situado en el edificio A.
El taller se realizará en coordinación con el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad.
Atentamente
Diputado Juan Hugo de la Rosa García
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA
Al diplomado Gobernabilidad, equidad y desarrollo: las migraciones del México urbano que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo entre el viernes 4 de julio y el sábado 8 de noviembre, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en el edificio A, segundo piso.
Presentación
El siglo XXI se caracteriza por importantes movimientos migratorios en dos planos: en el internacional los países otrora colonias de diversas metrópolis reciben amplios grupos de personas que, además de buscar mejores formas de vida en países desarrollados se movilizan en función de la cultura que les heredaron las naciones coloniales, toda vez que la lengua, la historia común, la alimentación, las costumbres e incluso la religión favorecen su integración, aunque fuere en un nivel relativo por el frecuente rechazo de dichas sociedades a recibirlos en su estructura económica y social.
No obstante lo anterior, se prevé que estas corrientes modifiquen el mapa geopolítico del planeta en su conjunto, toda vez que tan sólo por el creciente problema del hambre que afecta en su vertiente extrema a la tercera parte de la población mundial o por el desempleo absoluto que abarca a casi 200 millones de personas, se estima que entre América Latina, Asia y África tienen un universo superior a 300 millones de personas susceptibles de abandonar sus comunidades y países hacia el norte del globo terráqueo.
En nuestro continente, la realidad migratoria más apremiante es el flujo de sudamericanos y mexicanos que trascienden la frontera mexicano-estadounidense, con un volumen anual de casi 500 mil personas, según estimaciones del Instituto Internacional de las Migraciones. Estos datos abarcan la emigración ilegal, aunque la de carácter documentado es sumamente importante en sus efectos económicos, sociodemográficos y culturales, poniendo como ejemplo que en esa misma frontera se efectúan cerca de 3 millones de cruces al año, lo que explica la oposición de los estados del sur de Estados Unidos al cierre total de la frontera mediante un muro metálico, lo que provocaría pérdidas cuantiosas para el comercio de ambos países.
La otra vertiente migratoria, la interna, acentuada principalmente por los rápidos procesos de urbanización, de secundarización y de terciarización de la economía que se producen desde la década de los años 70 del siglo pasado, cambió el número de ciudades importantes y transformó las metrópolis en megalópolis, pero su cambio más relevante será en la concepción cultural, administrativa y jurídica con que se ha diseñado la arquitectura geográfica del Estado Moderno. En este sentido, los estudios de urbanismo, movimientos poblacionales y hábitat de instituciones públicas, privadas y de investigación de todo el mundo coinciden en que la idea de región, estados, provincias y municipios está totalmente rebasada y que, tras el debilitamiento de la nación y de las unidades secundarias, como fruto de la globalidad, emerge como conglomerado humano central el de las ciudades.
Lo anterior significa que las ciudades, a diferencia de los municipios, asumen las funciones clásicas del desarrollo urbano, los servicios y la administración y les agregan responsabilidades de gestión, integración cultural, proyecto común, interculturalidad, gestión intergubernamental propia, entre otras. El advenimiento de las ciudades entra en contradicción con el modelo municipal, de tal modo que las grandes urbes, como la Ciudad de México, generan regiones diferenciadas, aisladas y en verdadero conflicto, semejantes a guetos urbanos, que carecen de una identidad y proyecto común.
Esto hace necesaria la evolución del tratamiento académico, político y legislativo de las migraciones en todo el territorio, ya que los efectos de los flujos directos o indirectos de migrantes que provocaron una región polvorín en toda la frontera norte mexicana se está reproduciendo en el altiplano, el centro y el sur de todo el país.
Este fenómeno es relativamente nuevo para las políticas públicas y para su tratamiento en el ámbito legislativo. De ahí el acierto de que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados crease la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para las Migraciones Internas.
En seguimiento de nuestro programa de trabajo, hemos entablado un proceso de coordinación y consulta con diversas entidades públicas y de investigación que permitan acciones concretas como un diagnostico objetivo, el impulso al estudio de estos fenómenos desde una perspectiva nueva, el análisis del marco jurídico aplicable y una convocatoria amplia a toda la sociedad para participar en nuestros trabajos.
Como fruto de ello, se ha convenido con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través de su Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas, que posee experiencia de investigación y docentes de elevada calidad en estos temas, para impulsar el diplomado Gobernabilidad, equidad y desarrollo: las migraciones del México urbano, que permita atraer a nuestra Institución el aporte de los académicos, en conjunción con la invitación a instituciones federales, estatales y municipales para profundizar en su estudio, con el valor añadido de que ofrece un valor curricular ampliamente consolidado como mecanismo de actualización profesional continua, que tiene amplia aceptación y validez como alternativa ante estudios de ciclo largo como las maestrías.
Con este proyecto, nuestra institución consolida su decisión de ser un espacio abierto para la ciudadanía y para nuestras instituciones educativas, que también fortalezca con seriedad, responsabilidad y calidad técnica nuestro trabajo legislativo, en atención a la compleja agenda pública surgida de los fenómenos contemporáneos y la demanda social, que exige nuevos tratamientos, nuevas normas y nuevas políticas públicas, en materia territorial, urbana poblacional y migratoria.
Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión y la administración de los fenómenos de las migraciones, el desarrollo urbano, gobierno metropolitano, y desarrollo regional y social.
Informes
Del 19 de mayo al 3 de julio de 2008 de 10:00 a 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300, extensiones 3856, 3836, 58215, 58216 y 58217; 01 800 718 4291, 04455 3666 5185, 04455 3225 1261; y en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com, así como en la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, edificio F, planta baja, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Analizar y proponer una política integral eficaz sobre migraciones internas en México y, al mismo tiempo, evaluar las acciones y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales que se generan para lograr dicho objetivo.
Metodología
Se realizarán cinco módulos, con 20 sesiones de trabajo, los viernes de 15:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en el edificio A, segundo piso.
La dinámica de trabajo para el diplomado será a través de cinco módulos de trabajo, en los cuales se analizarán los siguientes temas: "Los procesos de urbanización y metropolización", "Perspectivas de desarrollo regional", "Migración interna, integración y expulsión", "Empleo y bienestar en los nuevos procesos migratorios", "Emigración e inmigración, remesas y desarrollo local", "Políticas para la migración interna, gobernabilidad, democracia y coordinación federalista".
Los ponentes que participarán serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar las acciones de gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.
Evaluación
80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo I. Los procesos de urbanización
y metropolización.
Fechas: 4, 5, 18 y 19 de julio.
Ejes temáticos
Ejes temáticos
Ejes temáticos
Ejes temáticos
Ejes temáticos
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 17, Impacto de la actividad turística en el desarrollo local, que se llevará a cabo el martes 8 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación de resultados de las encuestas de opinión pública sobre justicia levantadas en 2007, por realizarse el miércoles 9 de julio, de las 17:30 a las 19:00 horas, en el salón 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Al seminario El parlamento eficaz en la democracia moderna, comunicación y legisladores, en coordinación con el Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami, que se llevará a cabo del miércoles 16 al viernes 18 de julio, de las 9:00 a las 19:00 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 18, Acciones para posicionar el trabajo legislativo en la opinión pública, que se efectuará el miércoles 16 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas, en salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación de la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que tendrá verificativo el miércoles 30 de julio, de las 17:30 a las 19:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General