El suscrito, diputado federal Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a informar sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá y sobre las condiciones de protección y procuración de justicia que se otorga a los mismos.
Consideraciones
Los mexicanos no sólo van a Canadá a esquiar. No, también van a solicitar asilo.
De acuerdo a los archivos de inmigración de Canadá, una cifra de 10 mil mexicanos viaja a ese país por turismo o educación; en tanto que una cifra de 5 mil 490 mexicanos viaja para solicitar asilo. Es decir, que por cada dos mexicanos que llegan a Canadá como turistas, llega otro que busca ser asilado.
Sin lugar a dudas, aquí hay un problema más profundo de lo que en apariencia se percibe.
De acuerdo al Consejo Canadiense de Inmigración y Refugio, México ocupó el primer lugar en solicitudes de asilo durante 2006 y 2007. Nuestra nación representa el 23 por ciento o más de la quinta parte de todas las solicitudes de asilo que recibe Canadá.
Es preocupante que de cada cinco personas que solicitan asilo en aquella nación, uno sea mexicano.
En la estadística canadiense, los ciudadanos mexicanos presentaron el año pasado, 5 mil 490 solicitudes de asilo, en tanto que China, que ocupó el segundo lugar presentó mil 700 solicitudes y Colombia en tercer sitio, registró mil 450 solicitudes.
México supera a aquéllas dos naciones en 2 mil 340 solicitudes, es decir en un 43 por ciento.
Las condiciones que imperan en el país de discriminación y exclusión social, aunado a la violencia cotidiana, al crimen organizado, a la corrupción y a la participación de los agentes de la justicia en actos delictivos, están detrás de las argumentaciones de asilo que se presentan.
No juzguemos duramente a nuestros compatriotas y entendamos sus motivos. El indicador de estabilidad política y ausencia de violencia en México, que reporta el Banco Mundial señala un rango porcentual de 52 por ciento en 2006, frente a 94 por ciento en Canadá. Esta cifra mide por supuesto la violencia interna1.
Por lo que se refiere al indicador del estado de derecho, que mide las percepciones sobre el nivel de criminalidad, la confianza en el sistema judicial y la aplicación de la ley; México reportó un rango de 41 por ciento, frente a 96 por ciento de Canadá.
Qué decir de la corrupción, que nos ubica en un vergonzoso 46 por ciento, frente a 94 por ciento de Canadá.
Ahora entendemos porque Canadá no sólo es atractivo como destino turístico.
Compañeras y compañeros legisladores. Los argumentos que son presentados por los mexicanos en la solicitud de asilo, difícilmente son acreditables en los supuestos de la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados. Por ello, alrededor del 80 por ciento de esas solicitudes son rechazadas; en tanto que un porcentaje similar es aprobado para países como Etiopía, que cumple enteramente los criterios de asilo.
Sabemos poco del perfil de cada solicitante. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? Sólo sabemos que argumentan que el Estado mexicano se ha visto incapaz de protegerlos, incluso en su más elemental derecho a la vida.
Huyen de un país y son rechazados en otro. En tanto son sujetos a un proceso que los tiene en vilo e incrementa sus temores. Pero ahí también, pareciera que el Estado mexicano falta a su deber de procurarles y cobijarles con la protección consular.
Son ciudadanos doblemente desamparados: al interior de su país y al exterior.
Este asunto es una responsabilidad del Estado y un compromiso de esta soberanía, ratificado de manera constante en los exhortos que hace por la vida humana y por el bien de los ciudadanos. No podemos perder 5 mil 490 vidas.
Por ello, me permito someter a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta soberanía sobre la situación de los mexicanos solicitantes de asilo en Canadá, así como las acciones oficiales que se conduzcan en relación a estos casos.
Segundo. Se exhorta el Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República se informe a esta soberanía sobre las condiciones de protección y procuración de justicia en los casos de los solicitantes de asilo en Canadá.
Nota:
1. Sobre estos indicadores consúltese, Alejandro
Chanona Burguete, Indicadores Sociales, Políticos y Económicos.
TLCAN-UE. Un enfoque comparado, México, UNAM-GERNIKA, Centro de
Estudios Europeos, 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PESQUERÍA DEL PULPO EN CHAMPOTÓN, CAMPECHE, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GARCÍA NORIEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
María Guadalupe García Noriega, diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pulpo rojo, Octopus maya, es uno de los recursos pesqueros más importantes de la península de Yucatán: 98 por ciento de la pesquería de pulpo nacional proviene de esta zona. Un estudio reciente de la Sagarpa indica que la mayor concentración de la especie se halla en la línea costera entre Champotón y la ciudad de Campeche.1
Para conservar las poblaciones de pulpo, la cuota de captura no debe exceder de 13 mil toneladas durante toda la temporada; sin embargo, la producción estimada para 2007 fue de solamente 10 mil 200 toneladas debido a la creciente escasez del recurso.2
En Campeche, desde 1949 la captura de pulpo se realiza sólo con embarcaciones de la flota costera o artesanal; a pesar de esto, el Comité Estatal de Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas advirtió sobre el riesgo de colapso en la reproducción del pulpo rojo, debido al uso de artes de pesca ilegales en toda la costa, desde Champotón hasta Isla Arena, que realizan algunos pescadores ribereños.3
Las artes de pesca ilegales a que se hace referencia son tubos de PVC cortados y unidos con cordel, así como botellas de plástico y llantas, que son arrojados al mar para que los pulpos los utilicen como nido. Posteriormente, los recipientes son retirados mediante buceo, interrumpiendo el ciclo de reproducción del pulpo.
Uno de los principales municipios de Campeche es Champotón, cuyo litoral es de aproximadamente 124 kilómetros, equivalentes a 24 por ciento del total con que cuenta la entidad. Es destacado por su actividad pesquera de una importante variedad de especies marinas, como el pámpano, el charal, la sierra, el cazón, el cangrejo, la jaiba, el tiburón, la raya y el pulpo. Cuenta además con la mayor flota ribereña para la captura de una especie en particular, el pulpo, cuyo impacto es significativo para el desarrollo socioeconómico del municipio, pues miles de familias dependen de ella.
Recientemente, el Frente Común de Pescadores de la Bahía de Champotón, AC, hizo un llamado a los pescadores de la región para preservar el pulpo rojo y denunciar a quienes utilicen artes de pesca ilegales. La misma organización detectó la necesidad de exhortar a las autoridades a mantener vigilancia continua durante la veda y castigar rigurosamente a los infractores.
Es necesario entender que en la pesca se utilizan diversos sistemas de captura, de artes y equipos de pesca, todo ello asociado al desarrollo de materiales pesqueros, la transferencia de tecnología y la experiencia de los sectores productivos. Luego entonces, hay pescadores que seleccionan y usan artes que no siempre responden a las necesidades de las pesquerías ni a las especificaciones de construcción y características establecidas en la ley y las diferentes normas oficiales mexicanas, pues con la intención de obtener mayores capturas utilizan algunos métodos o técnicas que si bien permiten obtener capturas mayores y ahorrar esfuerzo de búsqueda o tiempo, provocan deterioro de recursos pesqueros de especies asociadas o de su ambiente, poniendo en riesgo su aprovechamiento sustentable.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dispone sobre el particular, en el artículo 132, fracción XVII, que serán infracciones de lo establecido en la presente ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven utilizar o transportar instrumentos, artes o métodos de pesca prohibidos o no permitidos por la secretaría.
El artículo 8, fracción XXIX, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala que corresponde a la Sagarpa, a través de la Conapesca, "determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación de los ordenamientos".
La misma ley señala en el artículo 14, fracción VIII, que a los municipios corresponde "participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción".
En refuerzo de lo anterior, hay dos normas oficiales mexicanas relacionadas con la pesca: la NOM-008-PESC-1993, que establece la talla mínima de captura en 110 mm de longitud de manto y la cuota de captura por especie, y especifica los tipos de artes de pesca autorizados; y la NOM-009-PESC-1993, que fija el periodo de veda, del 16 de diciembre al 31 de julio, y tiene como objetivo proteger el principal periodo de reproducción del Octopus maya.
En este marco legal y en su estricto cumplimiento, es posible evitar el colapso de la pesquería del pulpo, pero urge la intervención de las autoridades para garantizar una adecuada vigilancia y sanción de los infractores.
Por ello se presenta este punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades que, en estricto cumplimiento legal, realicen la inspección y vigilancia necesarias y, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes para evitar el uso de prácticas ilegales de pesca en detrimento de todos los pescadores ribereños y de la sustentabilidad del litoral del municipio de Champotón.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración del honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Sagarpa, por medio de la Conapesca, y a la presidencia municipal de Champotón, Campeche, a realizar jornadas de inspección y vigilancia en los términos que marcan la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas relativas a la pesca; y en caso de detectar el uso de prácticas ilegales de pesca, aplicar las sanciones correspondientes con el objetivo de garantizar la protección del pulpo rojo, Octopus maya, y evitar el colapso de la especie.
Notas
1. Instituto Nacional de Pesca,
Sagarpa. Evaluación de la población de pulpo (Octopus
maya) en la península de Yucatán durante la temporada
de veda 2002 www.inp.sagarpa.gob.mx/Dictamenes/pulpoDic.PDF
2. Notimex. Estiman en 10 200
toneladas captura de pulpo en Campeche y Yucatán este año,
21 de julio de 2007, www.agricultura.com.mx/cgi-bin/modules.php?name=News&file=article&sid=5499
3. Frente Común de Pescadores
de la Bahía de Champotón, AC. El pulpo, recurso marino
en riesgo, 16 de noviembre de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de febrero de 2007.
Diputada María Guadalupe García Noriega
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC,
Y A FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO A DAR EN DONACIÓN
EL INMUEBLE EN QUE SE HALLA LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE
OTUMBA, MÉXICO, A AMIGOS DE FERROCARRIL EN OTUMBA, ASOCIACIÓN
CIVIL, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
El suscrito, diputado federal Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario de Alternativa de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último, para que realicen las diligencias legales y administrativas necesarias para otorgar en donación el bien inmueble en el que se ubica la antigua estación del ferrocarril de Otumba, estado de México, en favor de la asociación civil Amigos del Ferrocarril en Otumba, constituida por ex trabajadores jubilados, pensionados y sucesores en línea directa de ferrocarrileros, con base en las siguientes
Consideraciones
La identidad de los pueblos se integra por sus manifestaciones, lenguas, usos y costumbres, artesanías y tradiciones que forman parte de su acervo policultural. Asimismo, la cultura de nuestros pueblos se manifiesta de diversas formas. Una de ellas se encuentra en edificaciones y mobiliario arqueológico, arquitectónico, industrial e histórico.
En este contexto, el patrimonio ferrocarrilero constituye un valuarte en la historia de México y sobre todo porque influyó decisivamente en el proceso de industrialización, la intercomunicación y ampliación de los mercados regionales; cambió por completo el paisaje de los pueblos y se incorporó como actor económico y cultural de la dinámica nacional.
Ante la modernización de los sistemas de transporte y comunicación así como la falta de inversión, el gobierno le apostó a liquidar el sistema ferrocarrilero afectando a los trabajadores y muchas economías locales que dependían del paso del ferrocarril. Es así como se dejó al mejor postor a través de la venta y/o concesión la utilización de una red de transporte que hoy por hoy beneficia a unos cuantos y ha dejado en la miseria a muchos.
Derivado de la mencionada acción de gobierno muchas de las estaciones de ferrocarril que no fueron concesionadas por no interesar a los inversionistas están siendo objeto de bandalismo y destrucción, sin que medien autoridades de los tres niveles de gobierno que se preocupen o atiendan esta realidad del patrimonio nacional.
La suerte de algunas estaciones, afortunadamente, no es la misma, ya que organizaciones sociales como Amigos del Ferrocarril en todo el país han visualizado la infraestructura ferrocarrilera como un elemento enriquecedor de la oferta turística nacional y sobre todo como parte integral del patrimonio histórico y cultural de México, asimismo han posicionado a la infraestructura ferroviaria como elemento de identidad y simbolismo en algunas ciudades y comunidades del país.
Ante la oportunidad que representa poner en valor la historia y tradición de la estación del ferrocarril de Otumba, estado de México, ex trabajadores, jubilados, pensionados y sucesores en línea directa constituidos en la asociación Amigos del Ferrocarril en Otumba, AC, se encuentran en pleno derecho para reclamar la donación de la estación con fundamento en el decreto presidencial del 4 de junio de 2001, por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, que en su artículo segundo, párrafo 4, expresa textualmente:
Actualmente los municipios que integran el valle de Teotihuacan están impulsando su desarrollo a partir del turismo, situación que compromete a autoridades y ciudadanos en conservar, rescatar y poner en valor los recursos naturales, culturales e históricos, con el propósito de diversificar la oferta turística de la cual dependerá el crecimiento y desarrollo de por lo menos seis municipios.
Ante el interés por rescatar la riqueza histórica y arquitectónica del patrimonio ferrocarrilero que dio vida al valle teotihuacano, la asociación Amigos del Ferrocarril de Otumba, AC, desde hace cuatro años se ha dado a la tarea de resguardar y rescatar la estación del ferrocarril de Otumba, en la que actualmente bajo supervisión del Instituto para la Conservación del Patrimonio Ferrocarrilero y el respaldo de organizaciones civiles de la región, se realizan exposiciones y eventos culturales que impulsan el rescate del acervo cultural y artístico de la región.
Derivado de la demanda social de organizaciones civiles y pobladores del valle de Teotihuacan, estado de México, que trabajan por el desarrollo y consolidación de productos turísticos que otorguen identidad al corredor turístico Nopaltepec-Acolman, me permito someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a los titulares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último, para que realicen las diligencias legales y administrativas necesarias para otorgar en donación el bien inmueble en que se ubica la antigua estación del ferrocarril de Otumba, en favor de la asociación civil Amigos del Ferrocarril en Otumba, integrada por ex trabajadores jubilados, pensionados y sucesores en línea directa de ferrocarrileros.
Segundo: Comuníquese el presente punto de acuerdo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, para su resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Armando García Méndez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA UTILIZACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO EN LAS TIENDAS DE
AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DIEGO COBO TERRAZAS
Y FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Los diputados Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad millones de productos son vendidos anualmente en las tiendas departamentales y de servicios, y son entregados al comprador en bolsas de plástico, las cuales en muchos de los casos son destinadas a ser desechadas como basura.
Las bolsas de plástico que comúnmente utilizamos en los centros comerciales, se fabricaron con base en combustibles fósiles, los cuales pueden tardar hasta cuatrocientos años en degradarse y además, al descomponerse desprenden sustancias tóxicas al ambiente y a la salud humana.
El consumo de bolsas plásticas en las tiendas departamentales, origina un problema ambiental grave, derivado de la mala gestión de los residuos que se genera, en particular el de las bolsas de polietileno. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que el origen de las bolsas conlleva un fuerte impacto ambiental sobre todo, por las actividades relacionadas con la industria petroquímica.
Algunas tiendas de autoservicio, ya han iniciado mecanismos de sustitución de bolsas por más amigables con el ambiente, ya siendo de materiales biodegradables o solicitando a los consumidores que acudan con bolsas que pueden reutilizar.
Estas bolsas de plástico, pueden generar severos daños a la fauna marina, siendo una de las causas de mortalidad de quelonios y algunos mamíferos marinos que las tragan y mueren por problemas derivados de obstrucciones intestinales.
Asimismo, el uso y destino de las bolsas de plástico constituye una de las principales fuentes de residuos sólidos urbanos vertidos en ríos y cuerpos de agua.
Muchas de estas bolsas de plástico al ser dispuestas en tiraderos a cielo abierto, son quemadas, liberándose sustancias tóxicas como las dioxinas y furanos.
Por lo anterior, tomando en cuenta que en el mercado existen, un sin número de opciones distintas para empacar los productos que los consumidores transportan, es que se propone invitar a la Asociación Nacional de de Tiendas de Autoservicio y Departamentales a coadyuvar con la política de las 3 R (Reduce, Reutiliza, Recicla) y en particular con la reducción en la generación de este residuo.
Cabe mencionar que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, es una organización de servicio que siempre ha promovido el desarrollo del comercio y es líder en la promoción de medidas de responsabilidad social empresarial en el país.
Siendo que actualmente se conforma por poco más de 91 cadenas de autoservicio, departamentales y especializadas, y por tanto que representa la estructura más accesible para realizar compras de la ciudadanía, su participación es fundamental en la solución de este problema.
Es oportuno mencionar que esta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, siempre ha colaborado en forma constante con organismos cúpula como Canaco, CCE, Coparmex y Concamin, entre otros, para hacer más eficiente el intercambio de ideas para transformar a México en un país, con un comercio más eficiente y justo.
Es por ello que hemos considerado que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, como la asociación más representativa de la promoción de la responsabilidad social de las empresas, podrá ser la mejor portavoz para promover la cultura de respeto al ambiente mediante el uso de bolsas biodegradables o bien la oportunidad de utilizar bolsas de materiales que permitan ser reutilizadas, y acabar de raíz con el problema.
Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos de urgente y obvia resolución, el siguiente acuerdo para hacer un llamado a las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para iniciar medidas tendientes a sustituir el uso de bolsas de plástico y refrendar su compromiso con el cuidado del ambiente.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se recomienda respetuosamente a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a implantar medidas y acciones tendientes a disminuir y erradicar el uso de bolsas plásticas en sus tiendas afiliadas, a fin de reducir la generación de residuos y su impacto ambiental.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de febrero de dos mil siete.
Diputados: Diego Cobo Terrazas, Francisco Elizondo
Garrido (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y A PEMEX A DAR PRIORIDAD AL INICIO DE LA RECONFIGURACIÓN
Y AMPLIACIÓN DE LA REFINERÍA ANTONIO DOVALÍ JAIME,
EN SALINA CRUZ, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Carlos Altamirano Toledo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Todos los legisladores sabemos que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, la Cámara de Diputados autorizó una erogación adicional a la prevista en el proyecto por un monto de 29 mil 220 millones de pesos. Eso se logró con el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas.
2. Estos recursos adicionales tienen un destino determinado, pero no se tiene precisión sobre su uso particular. De esta forma 4 mil 348 millones serán para bienes muebles e inmuebles; 15 mil 620 millones se prevén par obra pública y 9 mil 251 millones para mantenimiento.
Sin embargo, compañeros diputados es necesario que el destino y utilización de esos recursos se canalice, de forma inmediata, a los proyectos que permitan capitalizar a la empresa más importante de México y que genera una parte fundamental de los ingresos del país.
3. Pemex en la carátula del Presupuesto para 2008 refleja una elevada liquidez al registrar una disponibilidad final de 457 mil 187 millones de pesos, monto sin precedente y que sólo sirve para que el gobierno federal equilibre en apariencia sus finanzas públicas, aunado a esto se estima que habrán ingresos adicionales por los elevados precios internacionales de la mezcla mexicana de exportación.
Ante esta circunstancia, lo racional no es destinar los recursos ni al gasto corriente ni a compensar el endeudamiento, sino a capitalizar a la empresa y reducir la dependencia de la importación de gasolina.
4. Toda vez que la actividad petrolera ha desplazado y destruido la actividad pesquera en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, es necesario dar prioridad a la inversión en la refinería Antonio Dovalí Jaime para su reconfiguración; de forma que pueda ampliarse, modernizar sus líneas y atenuar el impacto ambiental que representa, así como a coadyuvar al impulso económico del Istmo de Tehuantepec.
5. Esta inversión es relevante porque la refinería de Salina Cruz es la más grande del sistema petrolero con capacidad para procesar 330 mil BPD de crudo, con instalaciones para almacenar petróleo crudo y obtener productos intermedios y finales. Además, su ubicación es estratégica para el país y forma parte de la región sur–sureste que requiere grandes inversiones para poder despegar en su desarrollo y no retrasarse más en relación al centro y norte de México.
Así, esta decisión es claramente pertinente por contribuir al desarrollo general de la actividad petrolera, por la importancia nacional de la refinería en el conjunto del sistema y por el impacto positivo para el empleo y la economía de uno de los estados más pobres del país.
6. De esta forma es necesario que el Ejecutivo, programe y ejecute de forma prioritaria la reconfiguración de sus instalaciones en Salina Cruz, Oaxaca, considerando que esta fue puesta en marcha en 1979 y que en ella se procesa el crudo proveniente del Golfo de México para obtener productos que son trasladados al resto del país por medios marítimos e incluso exportados al resto del mundo.
Teniendo en cuenta los elementos anteriormente mencionados y considerando que por su relevancia sea considerado de urgencia u obvia resolución, conforme lo establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento ante esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Pemex a dar prioridad al inicio de la reconfiguración y ampliación de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, utilizando los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos asi como los ingresos excedente que obtenga la entidad en el ejercicio de 2008.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR POR CONDUCTO DE LA SAGARPA UNA
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS PARA DAR A CONOCER EXHAUSTIVAMENTE
LA FIGURA DE "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" ENTRE LOS AGENTES ECONÓMICOS
QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL SECTOR RURAL,
A CARGO DEL DIPUTADO GREGORIO BARRADAS MIRAVETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Gregorio Barradas Miravete, diputado del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a su consideración la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (Sagarpa), a iniciar una campaña de difusión en los medios que se considere pertinentes para dar a conocer exhaustivamente la figura de prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural, bajo las siguientes
Consideraciones
Uno de los mayores retos de los apoyos de desarrollo social dirigidos al campo mexicano es coadyuvar a que el beneficiario de éstos desarrolle en el mediano plazo la capacidad de ser autosuficiente y fungir como motor de crecimiento económico en su comunidad.
Para ello es esencial que el beneficiario esté capacitado para distinguir las áreas de oportunidad y los alcances de desarrollar proyectos de inversión que permitan canalizar productivamente la concurrencia de los recursos públicos y, en determinado momento, los provenientes de otros sectores productivos.
Para dar cauce al desarrollo de las capacidades de la población rural susceptible de beneficiarse de acciones de programas inscritos en la estrategia de política pública dirigida al campo, específicamente dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el gobierno federal, a través de la Sagarpa, ofrece una serie de estrategias que permiten a los beneficiarios de sus principales programas identificar áreas de oportunidad, diseñar, ejecutar, monitorear y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos.
En este contexto, el prestador de servicios profesionales (PSP) ha adquirido relevancia durante los últimos años, al fungir como figura clave para ayudar al beneficiario de los principales programas del sector de desarrollo rural a focalizar sus proyectos, procesos productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales.
Las acciones de esta figurara se han circunscrito mediante la provisión de subsidios a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría, a su vez inscritas en una red abierta que promueve la competencia entre los PSP certificados en cuanto a su perfil y desempeño.
Para la consecución del proceso descrito existe un área administrativa en la Sagarpa, la Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural, que considera dentro de su planeación estratégica el desarrollo y ejecución del Subprograma de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca), el cual funge como programa integral de apoyo a la oferta y demanda de servicios profesionales para el desarrollo rural, con visión de toda la cadena productiva, orientado a la generación de valor para los productores, capaz de incrementar la producción primaria, provocar procesos de reconversión productiva y organización, y propiciar procesos de desarrollo comunitario.
Este subprograma está inscrito dentro del componente de desarrollo rural del Programa de Adquisición de Activos Productivos: Alianza para el Campo. Las acciones de capacitación descritas se complementan con las líneas de acción que se desarrollan a partir del Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (Cecader), a través del cual se ha creado una red de PSP certificados.
Concretamente, la figura de PSP se refiere a personas físicas y morales que otorgan servicios de asesoría técnica para determinar la viabilidad financiera y la factibilidad técnica de proyectos productivos ejecutados por personas físicas (campesinos) u organizaciones de la sociedad civil en el sector rural.
Las principales funciones de los PSP consisten en:
• Brindar capacitación a empresas y personas del sector rural;
• Ayudar a identificar el proyecto de desarrollo, diseñarlo, evaluar y dictaminarlo, así como efectuar los ajustes al mismo y validación del servicio; y
• Evaluar los recursos disponibles para la puesta en marcha del proyecto, planear la ejecución del proyecto ya rediseñado a partir del proyecto de prefactibilidad, controlar y dar seguimiento al mismo, así como validar el servicio.
En particular, para integrar este padrón las variables relevantes provienen de una evaluación del desempeño de los servicios que ofrecen estos profesionales que lleva a cabo el Cecader, tomando como principal parámetro de referencia las asesorías otorgadas por éstos en el Prodesca de la Alianza para el Campo.
El Cecader tiene cobertura nacional a través de seis coordinaciones estatales a cargo de instituciones de nivel medio superior prestigiadas y relacionadas con el sector rural como Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de Postgraduados, específicamente como instancias de coordinación regional y nacional; y con 26 oficinas estatales.
Las instituciones que fungen como coordinaras estatales son la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con el apoyo logístico descrito se realiza año con año la supervisón de más de 7 mil servicios.
Esta base, además de brindar una especie de certificación de los PSP, concretamente a través de la validación de su perfil profesional por las instancias operativas del Prodesca en los estados permite a los grupos u organizaciones económicas o rurales buscar y contactar al profesionista que les pueda otorgar un servicio acorde a sus necesidades.
En términos generales, se observa que este tipo de figura representa una fortaleza para las personas físicas y morales que buscan desarrollar un proyecto financiado por alguno (o todos en corresponsabilidad) de los tres órdenes de gobierno, pues cuenta con las herramientas técnicas y el conocimiento de estructura organizacional y estratégica de los programas públicos.
Por lo anteriormente expuesto, a través de esta la figura de los SPS se genera al mismo tiempo un área de oportunidad para las personas organizaciones de la sociedad civil que buscan presentar una propuesta técnica para acceder a los apoyos monetarios inscritos no sólo para Prodesca de Alianza para el Campo, sino para cualquier programa inscrito en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2008, pues este programa agrupa los principales políticas públicas dirigidas al sector rural.
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía, en el ámbito de la colaboración entre poderes, exhorta al poder Ejecutivo federal a que, en el marco de sus atribuciones (en cumplimiento con los artículos 35 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Reglamento Interior de la Sagarpa, respectivamente), a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lleve a cabo una campaña de difusión en los medios que ésta considere pertinentes, para dar a conocer exhaustivamente la figura de prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Gregorio Barradas Miravete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ALDF A APLICAR A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL
UN ESQUEMA GRADUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR CATASTRAL, A CARGO
DEL DIPUTADO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado Eduardo Sánchez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Código Financiero del Distrito Federal, para aumentar en un 4.1 por ciento los impuestos, entre ellos, el impuesto predial.
Se estableció que habría una recaudación por tributación local de 19 mil millones 451 mil pesos; 7 mil millones 894 mil pesos provendrían del impuesto sobre la nómina, 6 mil millones 837 mil pesos, por el cobro de predial y 3 mil millones 755 mil pesos, por el cobro sobre adquisición de inmuebles. Se subrayó que en el caso del predial y la tenencia vehicular, se regirían por el ajuste inflacionario.
De acuerdo a lo especificado por el Gobierno del Distrito Federal, esta alza en el impuesto predial se derivó de una estrategia que busca actualizar los valores del suelo a los valores de mercado. Es importante destacar que esto no es una política nueva, ya que esta medida se ha aplicado de manera sistemática por lo menos desde 2004. En efecto, un comparativo del Código Financiero aprobado en los últimos 4 años, revela que a lo largo de ese periodo se han reducido cada vez más los beneficios fiscales, pero por otro lado se han aprobado nuevas fórmulas que han generado tarifas cada vez más elevadas en este impuesto para sectores específicos de la población.
A finales de 2005, avalado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se creó una figura denominada "enclave de valor", a través de la cual, zonas residenciales y fraccionamientos rodeados de zonas populares comenzaron a pagar más por el valor de su propiedad, pues durante años se habían beneficiado de las bajas tarifas de las que gozaban sus vecinos de menores recursos.
En ese año se crearon los primeros 5 enclaves, pero en 2006 ya eran 34, y comprendía zonas como residencial Olivar del Sur, Villas Montes, residencial Camelinas, residencial La Paz, residencial de los Leones y Cumbres de San Francisco, que pagaron valores de mil 649 pesos por metro cuadrado de terreno.
De igual manera, hubo readecuaciones en el impuesto predial en colonias como residencial Tarango y Lomas de Axomiatla, en Álvaro Obregón; Chamizal, Bosques de las Lomas y Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa; y en la colonia Villa Charra, en Tlalpan, donde los contribuyentes pagaron entre mil 533 y 4 mil 800 pesos por metro cuadrado.
También en 2006, los nuevos criterios en el cobro de predial comenzaron a afectar a los capitalinos que ampliaron o mejoraron las condiciones de sus viviendas y que no habían reportado a la Tesorería. En reformas incorporadas ese año el Código Financiero, se autorizó al gobierno de la ciudad cobrar adeudos de 5 años anteriores, tomando en cuenta parámetros como el valor de los muebles de baño, el material de construcción utilizado como mampostería, tabique o adobe y hasta el tipo de acabados, como el costo de una alfombra o el uso de loseta y azulejo en pisos y paredes.
Posteriormente, las autoridades locales plantearon la necesidad de eliminar el impuesto base-renta, una fórmula por la cual se elevaba en 10 veces el valor de un inmueble y que generó una ola de amparos; debido a que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional ese factor, el gobierno de la ciudad debió pagar 200 millones de pesos en juicios perdidos.
Varios estudios señalan que desde el 2002, los ingresos por este gravamen han disminuido en términos reales, llegando incluso a una caída alarmante del 8.2 por ciento en 2004; 6 mil 319 millones de pesos con respecto a lo recaudado en el 2003; 6 mil 572 millones de pesos. En el documento se dice que esta caída se debe a los amparos interpuestos en contra del factor 10 de la base-renta, aunado a una mayor elusión y evasión por parte de particulares, aun cuando se afirma ha aumentado el padrón de contribuyentes.
Para este 2008, se eliminó el factor 10 que fue declarado inconstitucional desde 2008, y asimismo, anuncian dos medidas para fortalecer los ingresos del impuesto predial a través de la simplificación de la estructura tarifaria y la implementación del Programa de Modernización del Catastro de la Ciudad de México.
Sin el impuesto base-renta, las autoridades locales han planteado la actualización de los valores del suelo de las colonias a los valores comerciales, supuestamente como parte de una política de modernización catastral y para estimular la actividad inmobiliaria. Por esa decisión, alrededor de 200 mil predios, que tienen un valor superior a un millón 500 mil pesos, registran incrementos importantes.
Este último se suma a otros tantos programas similares que se han implantado desde hace más de siete años y da como resultado lo siguiente:
De acuerdo con el secretario de Finanzas, de los 1.7 millones de inmuebles habitacionales que hay en el Distrito Federal, sólo 200 mil es donde se está actualizando el valor del suelo de forma más significativa y que corresponden a predios con valor por arriba de 1.5 millones de pesos. Para la actualización se tomó como referencia, según señala, modificaciones en la construcción, el crecimiento económico de las zonas y los servicios existentes.
En los restantes 1.5 millones de cuentas de predial, las tarifas se elevaron entre 10 y 50 pesos.
Se argumenta que con estas 200 mil cuentas se pretenden obtener más de 2 mil millones de pesos de los 6 mil 837 millones de pesos de meta recaudatoria para el 2008.
El Gobierno del Distrito Federal pretende endosar los citados aumentos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, argumentando que ahí se aprobaron, cuando la realidad es que los aumentos no coinciden con las tablas de los tabuladores que les fueron presentadas a los legisladores, con base en las cuales se autorizó el alza en esos montos. Resultando que al momento de llegar las boletas del cobro del predial a la ciudadanía, éstas son otras y en porcentajes muy altos.
Lo anterior ha motivado que habitantes de las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán y Cuauhtémoc, anunciaron que promoverán amparos e integrarán un frente común contra el alza del impuesto predial, señalando que reúnen las boletas prediales de años anteriores para promover los recursos legales que dejen sin efecto la reclasificación de sus viviendas y el aumento del valor catastral de sus inmuebles.
En algunos casos, el impuesto ha aumentado hasta 400 por ciento, por lo que ya mantienen contacto con representantes vecinales de 25 colonias, con la firme decisión de que no permitirán que se les afecte de esa manera.
El problema se ahonda cuando los ciudadanos asisten a las oficinas de la Tesorería del Distrito Federal para reclamar el "aumento excesivo", y no reciben respuesta a su problema, derivado de que los empleados de la Tesorería no saben cómo se decidieron los aumentos.
Esta decisión de aumento desproporcionado al predial no es culpa de quienes integran la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino que el gobierno capitalino viola un acuerdo realizado durante la discusión y aprobación del Código Financiero local, a través del cual se estableció que el incremento al impuesto predial sería de forma gradual y conforme a la actualización del padrón catastral.
Por todo lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo los cambios necesarios en el Código Financiero, para que las personas físicas con casa habitación que resulten afectadas por la actualización del valor unitario de suelo y construcción, cubran el impuesto predial a su cargo en forma gradual a partir de enero de 2008, durante un periodo de cinco años como máximo; asimismo, que se actualice el padrón de contribuyentes a través de la modernización del catastro.
Segundo. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a reconsiderar los incrementos al impuesto predial, para que no se afecte la economía de las familias de la ciudad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL
CONGRESO DE LA UNIÓN Y LA MESA DIRECTIVA DE ESTA SOBERANÍA,
A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a cumplir los acuerdos aprobados por el Congreso de la Unión; y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a explorar los mecanismos necesarios para que se dé cabal cumplimiento a dichos acuerdos.
Consideraciones
Durante mucho tiempo, la presentación de puntos de acuerdo en esta soberanía ha rebasado por mucho la de iniciativas, así como el proceso de dictamen correspondiente, sobre diferentes temas que a veces no tienen impacto alguno y en la mayoría de los casos el destinatario de las excitativas, por no tener obligación legal de cumplirlas, hace caso omiso de ellas.
En la pasada legislatura se presentaron 2 mil 923 puntos de acuerdo, de los cuales se dictaminaron solamente 423, y se recibió respuesta en 152 casos.
Habrá quienes piensen que el punto de acuerdo no es más que una carga al trabajo legislativo, que provoca rezago y distrae del quehacer legislativo orientado a la elaboración de leyes y funciones de control.
No obstante, el punto de acuerdo forma parte de la tradición parlamentaria en nuestro país. El punto de acuerdo es un pronunciamiento del Poder Legislativo que produce efectos de definición respecto de problemas o soluciones de índole nacional o local, acordados por los diputados en su carácter de representantes de la nación, que intervienen para coadyuvar a resolver los problemas que vulneran los derechos y el bienestar de la población, o bien, para destrabar conflictos o agilizar soluciones.
Desafortunadamente, es notorio el desinterés con que el Poder Ejecutivo se conduce frente a los acuerdos adoptados por el Legislativo. Ese desdén se refleja en la omisión o el deliberado silencio ante las excitativas y los pronunciamientos que, desde esta tribuna, se hacen para que se atienda algún problema.
El punto de acuerdo es un mecanismo que permite a los representantes de la nación no sólo abordar problemas sino impulsar correctivos a injusticias, omisiones, irregularidades, incumplimientos o abiertas violaciones de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la división de poderes y con fundamento en el artículo 51 de la Constitución.
1. Por ejemplo, la Comisión Permanente, en sesión del 31 de julio de 2007, aprobó punto de acuerdo por el que se solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos que informaran sobre las medidas de seguridad en los centros de trabajo de las empresas subcontratistas de Pemex en la sonda de Campeche, exhortando a fortalecer los mecanismos de revisión, supervisión y control de tales medidas.
El 29 de agosto de 2007, en respuesta al referido punto de acuerdo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que mantenía vigilancia para prevenir accidentes; sin embargo, el 23 de octubre de 2007, la colisión de la plataforma Usumacinta contra el pozo petrolero Kab 101 ocasionó una fuga de aceite y gas y la muerte de 22 trabajadores.
En este caso, la solicitud pretendía precisamente llamar la atención sobre las condiciones en que los trabajadores desarrollan sus actividades y que se adoptaran las medidas necesarias, en su caso, para evitar accidentes. La respuesta evidenció la irresponsabilidad de la autoridad en materia del trabajo, así como la complacencia de Pemex con la subcontratación de empresas que no tienen la menor consideración hacia sus trabajadores.
En el caso de Pemex, hasta enero de 2008 la paraestatal no hizo llegar escrito a la Comisión Permanente, después de cinco meses, donde se limitó a exponer las disposiciones legales en materia de seguridad aplicables a los trabajadores.
2. Otro ejemplo: en la sesión del 9 de enero de 2008, la Comisión Permanente aprobó punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito de sus competencias, a enviar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un plazo no mayor de 15 días, un informe detallado del monto total recaudado por concepto de donativos nacionales y extranjeros para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, así como el destino que se dio a tales recursos.
Sin embargo, hasta el 5 de febrero, una vez rebasado en exceso el plazo de 15 días naturales otorgado para atender el punto de acuerdo citado, la secretaría de Hacienda y Crédito Público no hizo llegar a la Presidenta de la Comisión Permanente nota informativa respecto a los donativos recaudados a nivel central por esa dependencia, así como los reportados por los organismos desconcentrados y las entidades coordinadas del sector, en atención al numeral primero del punto de acuerdo citado; es decir, en lo relativo al informe detallado solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se da cuenta de que se recaudó por esa dependencia un total de 1.098 miles de pesos y un acopio de víveres por 55.33 miles de kilogramos.
Anexan también la entrega de lo recaudado por la Secretaría de Hacienda a la Cruz Roja Mexicana: 55.33 toneladas de víveres y 181.1 miles de pesos, pero no se informa qué se hizo con el resto del dinero, 916.7 miles de pesos.
En los documentos remitidos a la Comisión Permanente tampoco se incluye el informe de lo recaudado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y del destino que dio a esos recursos, ni se da a conocer el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los montos recaudados por los bancos y el uso que se dio a esos recursos.
3. Asimismo, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el 16 de enero de 2008 punto de acuerdo por el que se acuerda la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, doctor Jesús Reyes Heroles González-Garza, para que informara sobre el programa de inversión sexenal de la paraestatal y los compromisos contractuales transexenales adquiridos por el sector; y, en tercer lugar, para que explicara los criterios mediante los cuales se otorgan los contratos a las empresas en la sonda de Campeche, cómo supervisa las condiciones de trabajo en que operan, las medidas adoptadas para prevenir los accidentes señalados por falta de mantenimiento de sus instalaciones, los atentados contra sus ductos y la insuficiencia de las medidas de seguridad de las empresas que subcontrata.
Con oficio del 17 de enero de 2008, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, hizo del conocimiento del secretario de Gobernación el sentido de dicho punto de acuerdo y solicitó comunicarlo a los funcionarios, para los efectos procedentes.
La Presidenta de la Comisión Permanente, a pregunta expresa del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, en la sesión de clausura del 1 de febrero informó que el director general de Pemex no podía atender la solicitud de comparecencia porque se encontraba en Davós, Suiza.
Todo lo anterior demuestra la falta no sólo de interés sino de voluntad política del Ejecutivo federal frente al Congreso de la Unión y el silencio a modo de éste.
La división de poderes que consagra la Constitución tiene, entre otros propósitos, permitir que se dé entre los poderes una forma de cooperación o colaboración de la que derive la cumplimentación o el perfeccionamiento de sus actos, que se presenta no sólo cuando el Congreso aprueba una ley y el Ejecutivo la promulga y ejecuta, sino que hay otros elementos de control y, sin serlo formalmente, los acuerdos del Legislativo, vía puntos de acuerdo, que deberían ser atendidos puntualmente en un ánimo de cooperación.
El estado de derecho y la democracia exigen al Poder Legislativo una actuación permanentemente responsable y eficaz de control. El Legislativo está llamado a ejercer por esta vía parlamentaria un verdadero contrapeso del Ejecutivo.
Por ello, Convergencia considera que, en el fondo de esta falta de interés por atender los asuntos que el Legislativo remite al Ejecutivo mediante la aprobación de puntos de acuerdo, se encuentra la necesidad de replantear la relación política entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Con su desdén, el Ejecutivo desaira a la sociedad. Esta representación popular debe exigir mayor respeto de su trabajo, y analizar las medidas suficientes que hagan que los otros dos poderes atiendan los exhortos que se realizan.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el marco del respeto a la división de poderes y en un ánimo de cooperación, atienda y dé cumplimiento puntual a los puntos de acuerdo de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Segundo. Se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que explore los mecanismos necesarios para que, de parte del Ejecutivo federal, se dé cabal cumplimiento a dichos puntos de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados que requiera a la presidencia del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que rinda un informe sobre los hechos que a continuación se detallan:
Considerando que en la labor legislativa debe preponderar el orden institucional sobre las atribuciones y asuntos encomendados a las comisiones y comités de la honorable Cámara de Diputados, me permito hacer una denuncia sobre la falta de consistencia de la labor desempeñada por la presidencia del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; lo anterior, en apego a las necesidades que mi grupo parlamentario tiene para atender los asuntos en materia de finanzas públicas. En este sentido, solicité el año pasado mi adscripción formal como representante de mi partido ante ese órgano, mismo que a la fecha ha evidenciado la falta de convocatoria a reuniones de trabajo para todos los integrantes del comité, cometiéndose el error de tratar asuntos exclusivamente por la mesa directiva e inclusive en los últimos meses de manera individual y en ocasiones arbitrariamente por el presidente de ese órgano.
El comité es una instancia que debe conformar la agenda de trabajo en los asuntos más relevantes de la actividad parlamentaria y no tomar con uso partidista los recursos del propio centro; debemos oponernos a la partidización de los centros de estudios y debemos impulsar su profesionalización. En el colmo de estos hechos, me entero el día jueves pasado en los pasillo de este salón, la pretensión de que la presidencia del comité busca remover al director del Centro de Estudios, y quien sabe bajo que puntos de acuerdo se empezó a argumentar sin la toma de opinión de los miembros del comité y lo que es más grave aún, después de que en comisiones, en el Pleno de esta Cámara, en los pasillos y en las plenarias de los grupos parlamentarios, sólo se ha escuchado el buen trabajo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, no han existido más que reconocimientos de los grupos parlamentarios hacia el centro y sus trabajadores e, inclusive, del propio Poder Ejecutivo. Pretender la remoción del titular del centro es una cosa incongruente e incomprensible, contraria a dar cumplimiento a un servicio profesional de carrera implantado en la LVII Legislatura y omitido por las subsecuentes, especialmente la actual, en la que se han repartido las posiciones como vil botín. Hay hasta familiares ostentando cargos que deberían ser concursados.
Quizá valga la pena reflexionar verdaderamente cuales de los órganos técnicos o administrativos trabajan con verdadera honestidad y responsabilidad o son útiles a la labor que demandamos los legisladores. Qué partido, qué diputado no se ha sentido satisfecho con la labor desempeñada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que por cierto este año conmemora diez años de su creación. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la actividad desempeñada por el comité, pues parecería ser que va en contra de su institucionalidad y en la necesidad de fortalecer al Centro de Estudios dentro de la Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente
Punto de acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a que el presidente del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dé un informe de las actividades desempeñadas por el mismo y de sus pretensiones; convoque a sus reuniones considerando la invitación a la totalidad de sus integrantes, se tomen acuerdos razonados para el fortalecimiento del Centro de Estudios, se instituya el servicio civil de carrera, se cuide la objetividad, el apartidismo y la neutralidad de la labor del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y se dé seguimiento a las labores que por ley debe desarrollar el CEFP en materia de impactos presupuestarios, revisión de ingresos y demás colaboraciones que le señala la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES A RUBRICAR EL PACTO NACIONAL POR LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2007, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE EQUIDAD Y GÉNERO
Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la LX legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a las y los gobernadores de las entidades federativas a que suscriban el Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La firma del Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007 tuvo lugar el pasado 5 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Diputados y constituyó una suma de voluntades políticas para hacer énfasis en que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental y constituye la piedra angular de una sociedad democrática que aspira a la paz, a la justicia social y el respeto a los derechos humanos.
El pacto fue suscrito por legisladoras y legisladores federales, incluidos algunos coordinadores de nuestros grupos parlamentarios. Integrantes de la comisión que suscribe el presente nos hemos dado a la tarea de visitar algunas entidades federativas para conminarlos a que se sumen a este importante documento.
Este pacto ha sido una apuesta por la igualdad y constituye un esfuerzo conjunto de diversos actores que asumimos el compromiso de realizar acciones para armonizar la legislación federal y local en materia de presupuestos con perspectiva de género; para legislar por el derecho a la salud integral de las mujeres; a vigilara la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dotando a esos ordenamientos de los recursos necesarios; todo ello, a la luz de nuestra Constitución Política y de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
En ese sentido, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 4 de octubre de 2007 esta soberanía aprobó el dictamen de la Comisión de Equidad y Género mediante por el que se exhorta a las legisladoras y legisladores federales y locales a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyos resolutivos fueron:
Segundo. Remítase a los congresos locales copia del presente dictamen y de la proposición con punto de acuerdo que le dio origen, para los efectos que haya lugar.
Las y los que suscribimos este punto de acuerdo pensamos en que el pacto ha ido cumpliendo sus objetivos, ya que ha sentado las bases para construir lazos y realizar acciones que permitieron incorporar en la agenda legislativa diversos proyectos y programas para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género.
Sin embargo, consideramos que deben sumarse esfuerzos y voluntades políticas para lograr un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres; en ese tenor, la participación de los encargados de diseñar y aplicar las políticas públicas en nuestro país es decidida para lograr este fin.
Por ello, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género estimamos oportuno que la Cámara de Diputados emita un exhorto a las y los titulares de los poderes ejecutivos de los Estados, a efecto de que suscriban el Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007, ya que su participación será un complemento para cumplir cabalmente con los puntos que en referido documento se señalan.
Además, dicho exhorto se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer y sería una forma de manifestar la importancia del respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país y avanzar en una agenda legislativa y de gobierno por la igualdad entre mujeres y hombres.
De igual forma, la Comisión de Equidad y Género destaca que tomó esta iniciativa a raíz de un punto de acuerdo presentado por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, mediante el cual exhortaba al gobierno del estado de México a suscribir el pacto del que hemos hecho mención.
Bajo esa consideración, las y los que integramos esta comisión estimamos oportuno formular un exhorto en general para las y los titulares de los Poderes Ejecutivos locales.
Por ello, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las y los gobernadores de las entidades federativas a efecto de que suscriban el Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Por la Comisión de Equidad y Género
Diputadas y diputados: Maricela Contreras Julián,
María Esperanza Morelos Borja, Nelly Asunción Hurtado Pérez,
Laura Angélica Rojas Hernández, Rocío del Carmen Morgan
Franco, Martha Margarita García Müller, Mirna Cecilia Rincón
Vargas, Martha Angélica Tagle Martínez, Aurora Cervantes
Rodríguez, Claudia Lilia Cruz Santiago, Irene Aragón Castillo,
Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Elda Gómez Lugo, Lizbeth
Evelia Medina Rodríguez, Maribel Luisa Alva Olvera, Holly Matus
Toledo, Gerardo Priego Tapia (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SAE A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A COMERCIALIZAR BIENES
A LOS MUNICIPIOS, COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES,
A CARGO DEL DIPUTADO CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, diputado federal licenciado Cruz Pérez Cuéllar, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de ésta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Las disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, promulgada el 17 de junio de 2003, dieron lugar a la creación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como organismo descentralizado coordinado por el sector hacendario y encargado de la administración, enajenación y destino de bienes, empresas y activos financieros, regulado por el reglamento y estatuto respectivos.
La labor de este organismo público es especialmente significativa, si consideramos que sus facultades y atribuciones le permiten realizar una contribución potencial importante al fortalecimiento de las finanzas públicas, al sistema financiero y a los derechos de propiedad; y complementar las oportunidades de desarrollo de las entidades federativas y municipios, así como del sector social representado por instituciones no gubernamentales.
Dentro de las competencias que tiene el SAE se encuentra la de enajenar bienes mediante los procedimientos de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa conforme a la ley de la materia.
Específicamente por adjudicación directa, con base en el artículo 68 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, ésta reconoce a los gobiernos de entidades federativas o municipios como adjudicatarios directos.
La gran cantidad de bienes bajo administración del SAE se acumula diariamente. La adjudicación directa de una parte de los mismos, debe ser eficaz e impedir el deterioro de los bienes y los enormes gastos que hace el gobierno federal para administrar estos bienes. Se busca que puedan tener un destino orientado a satisfacer las necesidades de la población.
Exposición de Motivos
Los municipios de nuestro país requieren contar con medios suficientes para cumplir sus objetivos y atender las necesidades de sus gobernados, particularmente en materia de servicios públicos, servicios asistenciales, médicos, educativos y programas sociales que mejoren la calidad de vida de sus pobladores.
Dentro de los mecanismos con que pueden contar los municipios para procurarse de recursos se encuentran los bienes e inmuebles que puede destinarles el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y en particular del SAE.
De conformidad con las modificaciones a la Ley Federal para la Administración de Bienes del Sector Público publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2005, en el cual se establece que solamente podrán ser donados bienes de comercio exterior que se utilicen par ala prevención o atención de los efectos derivados de desastres naturales y los destinados para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad, por lo que la recepción de bienes en donación se encuentra limitada a estos supuestos.
Por lo anterior, es necesario fomentar las ventas directas a estados y municipios que realice el SAE que les permita beneficiar a su población ya que, o no tienen acceso a los esquemas de donación o el tiempo en recibir los bienes donados depende de la disponibilidad de bienes que para tal efecto tenga el SAE.
El SAE, dentro de su actividad de ley, requiere mecanismos, criterios y programas para la venta directa de bienes muebles a estados de la federación y municipios que permitan la comercialización efectiva de bienes en cumplimiento de su objetivo de orden público de dar destinos a los bienes que gestiona, en apoyo a la administración pública de los gobiernos locales de la federación.
La federación destina cuantiosos recursos para la administración de bienes que, una vez que el SAE vende, no se reflejan en beneficios directos a los gobiernos locales y, por tanto, a sus gobernados, por lo que se refiere a implementar nuevos mecanismos para apoyar directamente y sin burocracia a la gestión gubernativa.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, el suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario Acción Nacional de la LX Legislatura, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Primero. Se conmina al SAE a vender bienes inmuebles o muebles mediante adjudicación directa de acuerdo a las disposiciones de la ley a los municipios.
Segundo. Se solicita que las adjudicaciones directas a los municipios, se consideren de orden público e interés general, por lo que deberá desarrollar un programa para la venta directa de bienes muebles e inmuebles para los municipios, que deberán ser destinados exclusivamente para la implementación de programas de gobierno, sociales, asistenciales y educativos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE VALES PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS
POR LAS INUNDACIONES EN TABASCO, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a instruir para que se realice donde no se ha hecho y se corrija donde ya se realizó el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por 10 mil pesos canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en Tabasco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante la magnitud del desastre natural acaecido en Tabasco, el Ejecutivo federal y el local de dicha entidad durante noviembre de 2007 pusieron en marcha el censo estatal de viviendas afectadas por las inundaciones, de la cual ya se han entregado paquetes de vales hasta por 10 mil pesos canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación.
En la puesta en marcha de dicho programa, el Ejecutivo federal anunció otras medidas con apoyo de la Canadevi, el Infonavit, y el Fondo de Vivienda del ISSSTE, a fin de trasladar a lugares seguros a las familias que vivían o se encontraban en sitios de alto riesgo.
Como parte del proceso de recuperación, adicionalmente se planteó que se ejecutara un programa crediticio hasta por 10 mil pesos por persona, que permita a micro y pequeños empresarios empezar a levantar de nuevo sus negocios, entre los que se cuentan talleres de herrería, tiendas, carnicerías, paleterías, tortillerías y vulcanizadoras.
Sin embargo, a la fecha los resultados de dicho censo para la aplicación de los programas y las medidas referidos han presentado fallas que resultan más visibles y lamentables en los municipios más marginados y afectados por las inundaciones, como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan y Huimanguillo, ya que si bien los 17 municipios del estado resultaron afectados por las lluvias y en todos ellos habría que revisar la aplicación de éste, en los que se cita es urgente su ejecución.
El secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Cordero Arroyo, admitió que hubo fallas en el censo de entrega de vales a los damnificados tabasqueños por las inundaciones ocurridas en la entidad. El funcionario explicó que las fallas del censo y de la entrega de vales por 10 mil pesos para reponer enseres dañados a los tabasqueños se originaron por la falta de experiencia para instaurar este programa "inédito".
Desde un principio, el censo y la entrega de vales generaron inconformidades por las largas y lentas filas realizadas por los damnificados para inscribirse en los módulos de la Sedesol. Luego, para remediar la situación se integraron brigadas, que acudían directamente a las casas, pero dejaron sin registro zonas y viviendas afectadas. Y otras viviendas las inscribieron, pero no se emitían los vales; o cuando éstos eran expedidos, en las tiendas los rechazaban por no aparecer validados en la base de datos.
Los tabasqueños acabamos de sufrir una de las peores catástrofes nacionales y necesitamos la respuesta inmediata para dar solución al desastre que ocasionó en la entidad, por lo que no es sensato decir, como hizo la secretaria ejecutiva de la gubernatura, que quienes no sean beneficiados es porque no tienen derecho. Debe hacer cada cual su trabajo y resolver lo que le toca resolver.
Por ello, ante la grave situación que enfrentan los habitantes de Tabasco, que ha dejado a más de la mitad de la población con afectaciones severas tras las fuertes lluvias y los desbordamientos de los ríos que se encuentran en el estado, surge la necesidad de que los legisladores impulsen que de manera pronta y expedita se brinde el apoyo que la población tabasqueña necesita; y, en tal sentido, que se revise el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por 10 mil pesos canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en Tabasco.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De obvia y urgente resolución
Único. Se exhorta a que el Ejecutivo federal instruya para que se realice donde no se ha hecho y se corrija donde ya se realizó el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por 10 mil pesos canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en Tabasco, como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EXPEDIR MEDIANTE LA COMISIÓN
NACIONAL DE NORMALIZACIÓN UNA NOM EN MATERIA DE CONSUMO EXCESIVO
DE BOTANAS Y REFRESCOS, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS GLORIA REQUENA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, Tomás Gloria Requena, se permite presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Normalización elabore y expida, con la mayor brevedad, una norma oficial mexicana que obligue a los fabricantes de botanas y refrescos a incluir en la etiqueta de sus productos la leyenda "el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud", con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con especialistas, padecimientos como la hipertensión, diabetes e infarto agudo al miocardio experimentaron un incremento en nuestro país de alrededor del 60 por ciento en los últimos 20 años, lo que disparó la incidencia de enfermedades crónicas y, por ende, la tasa de mortalidad. Un ejemplo es la diabetes, cuya tasa de mortalidad en México es una de las más altas en el mundo, con 70 por cada 100 mil habitantes, en comparación con Estados Unidos de América, donde es de 20 por cada 100 mil.
Según datos de la presidencia, durante los últimos ocho años el consumo de refrescos se incrementó en un 37 por ciento, mientras que el consumo de frutas y verduras disminuyó en un 29 por ciento.
A estas cifras se añade el hecho de que el 21 por ciento de las personas con ingresos altos y sólo el 9.2 por ciento con ingresos bajos, practican alguna actividad física o deporte; en consecuencia, el índice de sobrepeso en México pasó de 60 por ciento en 1999 a 70 por ciento en 2005; de estas personas el 26 por ciento son menores en edad escolar cursando la educación primaria, y el 36 por ciento en educación secundaria, lo anterior conforme a datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud emitida por el Instituto Nacional de Salud Publica en 2006.
En los años noventas, los alumnos ingerían poco más de dos mil calorías diarias y empezaron a subir de peso hasta llegar a consumir en la actualidad tres mil ochocientas, para 2010 serán unas cuatro mil quinientas calorías aproximadamente, fundamentalmente por la ingesta de alimentos industrializados y bebidas que proporcionan alta cantidad.
Este dato es importante porque nos da como resultado, primero, que los niños que en 1999 tenían once años, en el año 2007 tienen diecinueve años, los que tenían cinco años en 1999 actualmente tienen trece años, y en ambos grupos la tendencia es pasar de niños obesos a adolescentes obesos.
Desde luego que no se soslaya el hecho de que las condiciones económicas por las que el país atraviesa han contribuido que en el seno del hogar tanto el papá como la mamá tengan que trabajar y que esta situación produzca un vació en el cuidado de la alimentación de sus hijos, ocasionando con ello la compra e ingesta de productos que causan obesidad fuera de los planteles escolares.
No obstante, a pesar de que generalmente los padres cumplen con su obligación alimentaría, los hábitos alimenticios de los menores se ha modificado sensiblemente en las últimas décadas.
Factores como el sedentarismo, así como un mayor consumo de alimentos grasos y de alto contenido calórico, la ingesta refrescos gaseosos así como de una gran cantidad de jugos que contienen altos concentrados de azúcar, han incidido en que estos pequeños consumidores presenten sobrepeso e incluso obesidad infantil, con los consecuentes trastornos de salud.
Este padecimiento esta relacionado con un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías, el cual puede tener múltiples causas, entre ellas están los estilos de vida, la educación.
Casi la totalidad de los niños obesos en primaria y secundaria, que están en la etapa previa o en la pubertad y presentan pseudoacantosis nidricans, trastorno de la pigmentación de aparición juvenil y asociado usualmente con sobrepeso y alteraciones endocrinas, principalmente intolerancia a la glucosa (Instituto Nacional de Salud Pública).
Según datos publicados por el investigador Federico Siguero en su texto Obesidad, la epidemia del siglo XXI, en México el 87 por ciento de estos pequeños sufre hipertensión moderada a severa, 70 por ciento de altos niveles de triglicéridos, y 57 por ciento de altos niveles de colesterol.
La obesidad es la enfermedad mas frecuente en niños, seguida de la diabetes. El incremento de ambas va en paralelo y mientras no disminuya la primera, tampoco lo hará la segunda.
De seguir la tendencia actual, no habrá gobierno alguno al que le alcancen los recursos para tratar a los obesos que desencadenan diabetes, hipertensión o alguna otra complicación.
Conclusión
Tenemos el deber, como legisladores, de impulsar acciones de educación y promoción a la salud, que causen un impacto en la sociedad, en donde se informe sobre los riesgos de salud que implica la ingesta en exceso de determinados productos y fomentar el consumo de los que reúnan las condiciones nutricionales adecuadas.
Por tanto para sustentar que la ingesta no controlada en cuanto refrescos, jugos y productos que contribuye en gran medida a que el número de calorías obtenidas sea mayor al requerimiento diario de las personas, es necesario que se apoye el desarrollo de una investigación epidemiológica a nivel nacional, que permita conocer en cuánto y cómo contribuye la ingesta de estos productos a ocasionar trastornos de salud.
Se obtendría también la información suficiente para conocer el consumo de productos con gran cantidad de carbohidratos, ya que observamos y sabemos que el refresco y algunos alimentos denominados "chatarra", consumidos en exceso y sin control producen obesidad, pero no se ha registrado cuánto y en qué cantidades, ya que actualmente forman parte ya de la dieta diaria de una gran cantidad de mexicanos, principalmente niños en edad escolar.
Con la incorporación de esta leyenda "el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud", se pretende alertar a los consumidores, a los niños en particular en edad escolar y a sus padres, de los efectos que pueden ocasionar el consumo continuo de dichos productos.
Lo más importante que debemos considerar es que esta información permita con un lenguaje sencillo y accesible elegir entre el consumo de alimentos que causan obesidad y los que por su contenido nutrimental contribuyen a condiciones de vida adecuadas para un satisfactorio desarrollo integral de los menores.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Normalización elabore y expida una norma oficial mexicana que obligue a los fabricantes de botanas y refrescos a incluir en la etiqueta de sus productos la leyenda "el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A CONDONAR MEDIANTE CAPUFE EL PEAJE EN LA CASETA DE
PUENTE DE NAUTLA, VERACRUZ, A LOS HABITANTES DE LA CABECERA, CONGREGACIONES
Y EJIDOS PERTENECIENTES A ESE MUNICIPIO; Y A ACTUALIZAR EL PADRÓN
DE BENEFICIARIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ
DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, María de Jesús Martínez Díaz, diputada federal de la Sesenta Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, y el numeral 34, apartados A y B, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de este Pleno, la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la condonación del 100 por ciento al cobro de peaje en la caseta del puente de Nautla, Veracruz, a todos y cada uno de los habitantes de la cabecera, congregaciones y ejidos, pertenecientes al municipio de Nautla, así como también se lleve a cabo la actualización del padrón de beneficiarios.
Exposición de Motivos
Históricamente la democracia es un proyecto de organización política y administrativa de la sociedad, cuya finalidad se identifica con dos principios sustantivos: la primacía del interés público y la libertad del mercado. Es por eso el interés de la que suscribe en que los habitantes del municipio de Nautla, Veracruz, queden exentos del cobro de peaje en la caseta mencionada, ya que la mayoría de la población económicamente activa realiza sus labores al otro lado del puente de manera diaria y tienen que pagar esta cuota, gravándose en demasía sus escasas ganancias. Actualmente el descuento es sólo del 50 por ciento que en la realidad de los habitantes les perjudica mucho e impacta demasiado en su economía.
Asimismo quiero exponer, que dicha caseta se edificó de manera temporal hace más de 20 años, con la intención que permaneciera durante el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada en dicha construcción, y es la fecha donde sigue funcionando y perjudicando a los que habitan ese municipio y necesitan transitar por ahí, como a los usuarios del transporte público por las tarifas tan altas, así como a los propietarios de dichos transportes que deben considerar los gastos dentro de sus costos de operación. No sólo se afecta a los habitantes de la cabecera municipal, sino también a los que viven en las congregaciones y ejidos pertenecientes al municipio, ya que la comercialización de sus productos, así como sus fuentes de trabajo se encuentran de un lado o del otro con respecto a la caseta de cobro y deben, por consiguiente, atravesar, y a su vez, pagar el peaje en algunos casos y en otros pagar las tarifas tan altas del transporte público.
Démosle a nuestra gente productiva incentivos para que permanezcan produciendo a este país, y no sean de los que por necesidad siguen emigrando al país vecino del norte. Hagamos una política con gran sentido humano y generoso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y debido a que ésta es una exigencia y necesidad de los ciudadanos del municipio de Nautla, someto al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, otorgue la condonación del 100 por ciento del cobro de peaje en la caseta del puente de Nautla, a todos y cada uno de los habitantes de la cabecera, congregaciones y ejidos, pertenecientes al municipio de Nautla, en el estado de Veracruz, así como también lleve a cabo la actualización del padrón de beneficiarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputada María de Jesús Martínez
Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INTEGRAR
UNA MESA DE TRABAJO TENDENTE A RESOLVER LOS PROBLEMAS LIMÍTROFES
Y AGRARIOS ENTRE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO
MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, representante del décimo distrito de Chiapas en esta sexagésima legislatura con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la integración de una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del gobierno federal, Congreso de la Unión y los ejecutivos y legislativos de Chiapas y Oaxaca, para resolver de forma definitiva los problemas limítrofes y agrarios entre dichos estados.
Consideraciones
El 12 de septiembre de 1824 en Ciudad Real (hoy San Cristóbal de las Casas), la Junta Provisional Gubernativa, declaró a Chiapas legítimamente integrado a México y éste hecho fue proclamado solemnemente el 14 de septiembre de ese mismo año.
Este significativo evento en la historia chiapaneca y nacional fue el resultado de una intensa discusión que comenzó con el siglo XIX acerca de si Chiapas debía continuar como parte de Guatemala, dada su ubicación geográfica y sus lazos culturales o se integraba al pacto federal mexicano. El antecedente inmediato se encuentra el 28 de agosto de 1821 cuando en reunión extraordinaria celebrada por las autoridades y los vecinos de Comitán, se declara la independencia de Chiapas y su adhesión al Plan de Iguala. Pedro José Solórzano cura del pueblo de Huixtán y miembro de la diputación chiapaneca, viajó a la Ciudad de México para gestionar la incorporación de Chiapas a éste país, hecho que se consumó el 16 de enero de 1822 de acuerdo con un decreto firmado por Agustín de Iturbide.
Sin embargo, el debate no quedó zanjado y la abdicación de Iturbide provocó una nueva discusión acerca de un Chiapas mexicano o un Chiapas independiente. El 26 de octubre de 1823 la Junta Suprema Provisional proclamó el Plan de Chiapas Libre en la Ciudad Real, para que la provincia se constituyera en entera libertad en la forma que creyera conveniente. Al año siguiente se organizó un plebiscito al respecto y la mayoría de los sufragantes votó por la anexión a México, este hecho quedó finalmente reconocido el 14 de septiembre de 1824.
Con esta breve sinopsis histórica se pone de manifiesto la profunda vocación mexicana de los chiapanecos. Los mayores decidieron ser parte de este país y en respuesta a su digna determinación sus descendientes han recibido a lo largo de casi dos siglos una serie de agravios y abandonos que no se entienden sino circunscritos en una lógica despótica y centralista del Estado mexicano. Uno más de los muchos agravios en contra de Chiapas se registró en el año de 1967, cuando mediante dos decretos presidenciales se desconocieron las fronteras históricas entre Chiapas y México, adjudicando indebidamente más de 180 mil hectáreas chiapanecas como parte de Oaxaca.
La cronología de los hechos se sintetiza en lo siguiente: desde hace 40 años la zona noroeste del municipio chiapaneco de Cintalapa ha sufrido una serie de agresiones por parte de comuneros chimalapas oaxaqueños, esto en virtud de que el 16 de marzo de 1967, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (antecedente de la actual Secretaría de la Reforma Agraria) emitió dos resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales, una a favor de la comunidad de San Miguel Chimalapa, que le reconoce y titula una superficie de 136 mil hectáreas. (50 mil corresponden a Chiapas) y la otra a favor de la comunidad de Santa María Chimalapa que le reconoce y titula 460 mil hectáreas (130 mil corresponden a Chiapas).
Al realizarse la ejecución de ambas resoluciones presidenciales estas abarcaron una superficie de 180 mil hectáreas dentro de Chiapas, en las cuales se ubican 30 núcleos agrarios, más de 280 títulos de propiedad en manos de aproximadamente 400 propietarios y 74 ocupantes de terrenos nacionales. A la fecha ambas resoluciones presidenciales y sus planos definitivos se encuentran vigentes toda vez que no se ha procedido o iniciado procedimiento alguno para corregir los errores y omisiones que contienen.
Aunado a lo anterior en 1990 el gobierno y el Congreso de Oaxaca cambiaron la redacción del artículo 28 de su constitución local referente a los límites del estado, basados en las resoluciones presidenciales de 1967, con lo cual abarcan casi en su totalidad la superficie de las comunidades chiapanecas que habitan en la zona limítrofe.
Hasta la fecha este problema sigue sin solución y por ello se somete a la opinión de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Por el cual la Cámara de Diputados convoca para que en los próximos 30 días naturales se integre una mesa de alto nivel con la presencia del gobierno federal, los titulares de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de Chiapas y Oaxaca, la Cámara de Senadores y la Comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del sur-sureste de México de la Cámara, a fin de resolver de manera definitiva los problemas limítrofes y agrarios entre dichos estados.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS INMIGRANTES CENTROAMERICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ EDMUNDO
RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, integrante de la LX Legislatura, someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Vengo el día de hoy a denunciar a esta tribuna un hecho lamentable y una terrible violación cometida en contra de inmigrantes centroamericanos, dentro de nuestro territorio.
Un hecho que de ninguna manera podemos dejar pasar por alto, toda vez que no podemos señalar con una mano las arbitrariedades y abusos cometidos en contra de nuestros connacionales en los estados unidos y con la otra disparan arteramente armas de fuego en contra de quienes emigran de países hermanos en busca de nuevas y mejores oportunidades.
En días pasados el Instituto Nacional de Migración, apoyado por el Ejército, Marina y diferentes corporaciones policiacas, realizó operativos en busca de migrantes. El 2 de febrero en Oaxaca y el 3 en Veracruz lograron detener 304 indocumentados, en su mayoría hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
Algunos indocumentados que lograron escapar denunciaron ante los medios de comunicación que los elementos del Ejército y los cuerpos policíacos les dispararon.
"Desde que el tren venía parando empezaron a disparar al aire y después nos disparaban a los pies, a uno de nosotros le dieron un rozón en la oreja", señaló un inmigrante hondureño. En tanto que otros denunciaron que después de corretearlos los golpearon y tiraron al piso sobre las espinas.
Recuerdo bien los reclamos cuando en las fronteras estadounidenses se utilizaron balas de goma en contra de los migrantes, hoy no podemos quedarnos callados cuando se utilizan balas mortales en contra de un ser humano.
Es preciso entender que la migración es un fenómeno social de enorme trascendencia en la vida nacional de México. Somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migrantes y sus familias. En este contexto, el tema migratorio debe ser una prioridad nacional.
No es posible pronunciarnos en esta tribuna de manera enérgica, para condenar y rechazar los actos de violencia, racismo y xenofobia que reciben los que intentan migrar al país del norte y tolerar en casa esos mismos actos con un cinismo institucional que avergüenza a la nación en su conjunto.
México ha vivido en carne propia las peores manifestaciones de violencia y discriminación; nuestros migrantes han sido víctimas de un trato inhumano y degradante. Lo anterior, nos obliga a instrumentar medidas humanitarias y a crear programas especiales que atiendan a los inmigrantes que se encuentran en nuestro territorio.
No debemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Es necesario ser congruentes pues no podemos reclamar a otros países lo que nosotros mismos no hacemos en el nuestro.
En razón de lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, para el cual pido todo su apoyo y solidaridad.
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados manifiesta su total repudio por los hechos ocurridos en el municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, el pasado 2 de febrero en contra de inmigrantes centroamericanos.
Segundo. Esta Cámara de Diputados hace un llamado enérgico al Instituto Nacional de Migración, con objeto de que se conduzca de acuerdo con la ley y pleno respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes, cualesquiera que sea su condición.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar tan lamentables sucesos y, en su caso, realizar las denuncias correspondientes para evitar que escapen de la justicia los responsables y se realice un seguimiento exhaustivo sobre las condiciones y el tratamiento a que han estado sujetos los indocumentados detenidos el 2 y 3 de febrero en los estados de Oaxaca y Veracruz.
Cuarto. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a realizar las acciones y convenios necesarios con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que en los siguientes operativos existan permanentemente representantes de dicho organismo, a efecto de vigilar el pleno respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado José Edmundo Ramírez Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A REVISAR MEDIANTE EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA CODIOCSA DE XALAPA, SA
DE CV, PARA LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA CARRETERA ATZALAN-TLAPACOYAN,
VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ
DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, María de Jesús Martínez Díaz, diputada federal de la Sesenta Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59, 71 y 78, del Reglamento para el Gobierno Interior; y el numeral 34 apartados A y B, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el doctor Luis Téllez Kuenzler, gire instrucciones en esa dependencia a su digno cargo, para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura, revise el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan–Tlapacoyan, en el estado de Veracruz; se verifique si está cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad, si el monto asignado a la obra corresponde con los trabajos por realizar, asi como la verificacion del plazo de terminación de la obra establecido en el contrato.
Exposición de Motivos
Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del centro SCT-Veracruz, ingresó el proyecto de conservación periódica del tramo carretero Atzalan-Tlapacoyan con una distancia de 30 kilómetros y una inversión de 22.5 millones de pesos, y hasta el momento los trabajos no han tenido un avance ni del 40 por ciento, y toda vez que este es el segundo contrato que se realiza para la misma obra, ya que el año anterior fue rescindido por incumplimiento en la ejecucción de la obra, por parte de la constructora Solunar, SA de CV, y al parecer se repiten los hechos, ya que la obra debería de iniciarse en el mes de marzo y entregarse en el mes de diciembre del 2007 y es la fecha que no hay resultados en la obra y ya sobrepasaron la fecha de entrega. Considero que es demasiado tiempo en trabajos, los cuales son de manera intermitente y no llega la fecha en que la obra se entregue terminada.
En consecuencia, y por este motivo, es que propongo el presente punto de acuerdo para exhortar a que se revise el contrato, ya que deacuerdo al contrato vigente ya cumplieron con su fecha de entrega y aún no culminan dicha obra, y mas aún, el avance es mínimo. Asimismo solicito se realice una una supervisión de campo para comprobar si cuenta con las especificaciones técnicas y de calidad necesarias y requeridas en una obra de ese tipo, y conocer si el monto asignado al contrato corresponde a la obra que se encuentra en proceso, y así poder determinar quién está incumpliendo en este contrato, si es la dependencia por medio del centro SCT-Veracruz, o es la compañía a quien se le otorgó el contrato y así poder fincar responsabilidades, a quién corresponda, ya que el atraso en la obra perjudica a todos los transportistas y ciudadanía en general que transitan por esa ruta, que por cierto es la única que conecta de manera directa a estos municipios y tambien comunica con una de las zonas citrícolas y comerciales más importantes del estado de Veracruz, quienes comercializan primordialmente con la capital del país, como son los municipios de Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Tecolutla, Gutierrez Zamora, entre otros.
Unico. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante su titular el doctor Luis Téllez Kuenzler, a girar instrucciones en esa dependencia a su digno cargo, para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura, revise el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan–Tlapacoyan, en el estado de Veracruz; se verifique si está cumpliendo con las especificaciones tecnicas y de calidad, si el monto asignado a la obra corresponde con los trabajos por realizar, así como la verificación del plazo de terminación de la obra establecido en el contrato.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputada María de Jesús Martínez
Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UNA MESA DE ANÁLISIS
PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO
NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Convergencia, del Trabajo, y Alternativa Socialdemócrata y Campesina de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde el jueves 31 de enero de 2008, la gran mayoría de las organizaciones campesinas y sindicales del país realizaron la Movilización Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, con la presencia de casi 200 mil personas que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo. Los sectores concurrentes, campesino, obrero, sindical, popular, universitario y de la sociedad en general, acudieron con la demanda central de renegociar el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Como es por todos conocido, después de 14 años de aplicación del TLCAN, el pasado 1 de enero se llegó a la liberación total de las fronteras, se acabó todo tipo de aranceles (que en su mayoría nunca se cobraron) para los cuatro productos más sensibles: maíz, frijol, leche y caña de azúcar.
La protesta campesina ha sido recurrente e insistente: nadie puede olvidar las protestas realizadas desde la firma del tratado, o la movilización campesina del 31 de enero de 2003, el ayuno en el Ángel de la Independencia, las tomas de los puentes fronterizos, que desembocaron en las Mesas del diálogo para el futuro del campo y la culminación en el Acuerdo Nacional para el Campo, cuyo cumplimiento por el gobierno federal es fuertemente cuestionado. En los meses recientes se presentó por algunas organizaciones una adenda a dicho acuerdo, teniéndose como respuesta el desdén del gabinete federal.
Nadie puede negar que la aplicación de las políticas públicas derivadas del TLC ha incrementado nuestra dependencia alimentaria, ha debilitado el sector rural y ha incrementado la migración a Estados Unidos a más de 500 mil mexicanos por año y que, en contrapartida, sólo se han beneficiado un pequeño número de empresas transnacionales.
La respuesta gubernamental a todos estos hechos se ha concentrado en una serie de promocionales que aparecen en la radio y la televisión, donde se difunde que gracias al TLC mejoramos nuestro nivel de vida, ahora tenemos nuestra camionetita (dice el promocional), hasta exportamos, cuando la gente está migrando por falta de trabajo. Otra parte de los anuncios publicitarios dice que estamos igual y que podemos hacer lo mismo que los estadounidenses o japoneses; nada más falso: con recursos públicos, con recursos del pueblo, la Sagarpa pretende imponer una idea falsa del campo, una idea que sólo conviene a sus intereses y aspiraciones políticas.
La Cámara de Diputados, por otra parte, ha planteado una serie de acuerdos que han sido incumplidos por el gobierno federal: el 15 de febrero pasado, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo donde se establece un exhorto para que la Sagarpa instale una mesa de análisis sobre las repercusiones y posibles mecanismos de negociación del Capítulo Agropecuario del TLC. A la fecha, el Ejecutivo ha hecho caso omiso de este acuerdo.
El pasado 4 de enero se presentó un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión muestra preocupación ante la apertura total del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y resuelve exhortar al Ejecutivo federal a establecer con la mayor brevedad una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones campesinas, en el marco del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de analizar la conveniencia de revisar el Capítulo Agropecuario del TLCAN y establecer medidas que permitan resolver la situación del sector.
Por todo lo anterior, los diputados que suscribimos la presente proposición con punto de acuerdo, de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, del Partido del Trabajo, y del Partido Alternativa Socialdemócrata, sometemos a esta soberanía la aprobación de los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que mediante la Secretaría de Gobernación se establezca una mesa de diálogo con los productores con base en las demandas de la marcha del 31 de enero.
Segundo. Se hace un extrañamiento al gobierno federal por el incumplimiento del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del 15 de febrero de 2007 y de la Comisión Permanente del 4 de enero de 2008, en los que se plantea establecer una mesa de análisis, diálogo y negociación sobre el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, formada por el titular de la Sagarpa, el secretario de Economía, legisladores, organizaciones de productores y campesinas y otros actores sociales.
Tercero. En el afán de tener un diálogo provechoso, se exhorta a la Sagarpa a suspender la campaña de difusión que mantiene en favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Cuarto. Se instruye al secretario general de la Cámara de Diputados para que acuda al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para solicitar información detallada y completa del número de promocionales sobre el TLCAN difundidos por el gobierno federal, su costo, el origen de los recursos y la autoridad promovente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputados: Carlos Navarro López (rúbrica),
Cuauhtémoc Velasco Oliva, Gustavo Pedro Cortés, Isidro Pedraza
Chávez, Félix Castellanos Hernández, Alejandro Martínez
Hernández, Celso Pulido Santiago, Adriana Díaz Contreras.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CONSAR QUE PRESENTE ANTE LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTA SOBERANÍA LA DOCUMENTACIÓN DONDE
CONSTE LA AUTORIZACIÓN DE COMISIONES SOBRE SALDO QUE APLICAN LAS
AFORE, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, donde se solicita a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar), presente el o los documentos donde conste la autorización de comisiones sobre saldo que aplican las Afore, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El 27 de marzo de 2007 se presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa de ley que reforma, entre otros, el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El espíritu de esta reforma, que fue aprobada el 19 de abril del 2007 por el Congreso de la Unión, misma que entrará en vigor en el próximo mes de abril, siempre fue y sigue siendo disminuir la carga de las altas comisiones que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) aplican a las cuentas individuales de los trabajadores.
Por ello la reforma contempló sólo utilizar los saldos de las cuentas, prohibiendo su aplicación en los flujos. Esto que para nosotros resulta ser un acierto a favor de los trabajadores, aparentemente no lo es por la voracidad de las administradoras y el desdén de las autoridades.
Resulta paradójico que las comisiones que ahora cobran muchas administradoras contemplen incrementos desmedidos que habla de la voracidad de ciertas instituciones financieras. Cito algunos ejemplos: la Afore Siglo XXI, en el 2006, manejaba una comisión por saldo era de 0.20 por ciento, en octubre del 2007 ya era de 1.5 por ciento, un incremento de 650 por ciento; Banamex, en el 2006, tenía una comisión por saldo de 0.34 por ciento, para el 2007, 1.48 por ciento, esto significa un incremento de 335 por ciento; HSBC de 0.30 por ciento en el 2006, a 1.20 por ciento en el 2007, un incremento del 300 por ciento; GNP Futuro de 0.50 por ciento en el 2006 a 1.60 por ciento en el 2007, aumento de un 220 por ciento.
Como integrante de Comisión de Seguridad Social mucho me indigna este proceder amoral de las ya de por si desprestigiadas Afore. Pero más me llama la atención la complacencia de la autoridad que, ante este vil atraco al dinero de los trabajadores, no alce la voz y corrija este atropello.
La ley los faculta para ello. La máxima autoridad de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para Retiro es la Junta de Gobierno integrada entre otros, por el secretario de Hacienda, el presidente de la Consar, el secretario del Trabajo y Previsión Social, y el gobernador del Banco de México.
El artículo 37 de la Ley del SAR señala que "las administradoras (Afore) deberán presentar a la Junta de Gobierno de la comisión su estructura de comisiones para su autorización, la cual, una vez analizada la solicitud, podrá exigir aclaraciones, adecuaciones o, en su caso, denegar la autorización respectiva si las comisiones sometidas a su autorización son excesivas, conforme a los criterios que determine la Junta de Gobierno para los intereses de los trabajadores o se encuentren fuera de los parámetros de mercado. La propia Junta de Gobierno de la comisión emitirá criterios o recomendaciones sobre el nivel y la estructura de las comisiones".
Como se puede observar, existen los instrumentos institucionales de mercado para corregir esta situación. Este es un asunto que merece la mayor atención de esta honorable Cámara de Diputados.
Vale la pena mencionar que de acuerdo al último informe del mes de diciembre del 2007 de los Agregados Monetarios del Banco de México, el importe total del Sistema de Ahorro para el Retiro es de un billón 354 mil millones de pesos, de los cuales un billón 230 mil millones de pesos administran las Afore. Es una barbaridad de dinero para que la autoridad no pueda regular este atropello a la clase trabajadora.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
I. Se solicita a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, remita a la brevedad a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados el o los documentos donde conste la autorización de esa junta para que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, apliquen las comisiones sobre saldos a las cuentas y subcuentas individuales de los trabajadores.
II. Exhortar al Ejecutivo federal para que investigue esta situación que afecta directamente al ahorro que los trabajadores hacen para asegurar su bienestar en el futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR, A LA SSP Y A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS
A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS PROGRAMAS IMPLANTADOS PARA
EVITAR EL TRÁFICO DE ARMAS DESDE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado federal Ángel Rafael Deschamps Falcón, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el mundo existen 640 millones de armas y cada minuto una persona muere asesinada por una de ellas, en el mercado negro del país se puede encontrar todo tipo de armas, hasta las de uso exclusivo del Ejército, AK47, ametralladoras, granadas de mano, rifles de alto poder y cuyos costos oscilan entre los 500 y 80 mil pesos. Para combatir los niveles de violencia especialistas aseguran que es importante disminuir el uso de armas, controlando de raíz el tráfico de las mismas por las aduanas, ya que de acuerdo con la normatividad jurídica, es competencia de la Administración General de Aduanas, planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilícitas en materia de comercio exterior.
En junio del año pasado y durante la 46 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, realizada en la ciudad de Austin, Texas, fueron temas fundamentales de la agenda bilateral: el tráfico de armas junto con el fenómeno de la inmigración y el narcotráfico, en dicha reunión, el embajador estadounidense Antonio Garza mostró su preocupación y reiteró el compromiso de trabajar con el gobierno mexicano para combatir este ilícito.
México es un país receptor pero no exportador de armas que ilegalmente se introducen a nuestro territorio, contamos con una Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula los aspectos relacionados con el marcaje, la fabricación, el registro, las licencias y el control del armamento y aun cuando existe un Registro Federal de Armas, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la posesión ilegal de armas constituye en México un delito de gran incidencia en el país. Tan sólo, en la pasada administración y de acuerdo con un estudio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ingresaron al país cuatro millones 380 mil armas de fuego.
Las acciones que en la actualidad esta llevando a cabo el gobierno federal para atacar el crimen y la inseguridad, debe ser complementado con otras medidas y mecanismos para seguir trabajando de manera frontal contra el crimen organizado y aun cuando la relación con Estados Unidos es muy compleja, debemos buscar los mecanismos institucionales con nuestro vecino del norte para evitar este paso indiscriminado de armamento procedente de los Estados Unidos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Administración General de Aduanas para que en el ámbito de colaboración entre los poderes, informen a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde los Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2007.
Diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y A LAS QUERELLAS PRESENTADAS
SOBRE EL ROBO DE CORRESPONDENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Silvia Oliva Fragoso, en mi carácter de diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática en la LX legislatura, suscribo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Servicio Postal Mexicano información sobre las medidas de prevención y de las querellas presentadas sobre el robo de correspondencia al tenor de las siguientes
Consideraciones
El robo de correspondencia, es hoy en día, unos de los tantos problemas graves que enfrenta el Servicio Postal Mexicano (Sepomex); la sustracción de valores es un problema grave, a tal grado que la complicidad entre unos trabajadores y otros es alta.
En Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, un cartero del Servicio Postal Mexicano se dice hurtó 10 toneladas de cartas provenientes de Estados Unidos América a lo largo de varios años para buscar cheques o dólares en efectivo enviados por mexicanos radicados en Estados Unidos de América a sus familiares, sospechándose que hay más personal cómplice del escandaloso suceso.
Todo empezó con una denuncia pública al noticiario del canal 5 de televisión local, en el que se dio a conocer que un hombre que trabajaba para el Servicio Postal Mexicano almacenaba en su domicilio miles de cartas.
La delegación estatal de la PGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, inició un acta circunstanciada y posteriormente varios afectados e incluso empleados de Sepomex presentaron las querellas correspondientes radicadas en las agencias Séptima, Sexta y Quinta federales.
El titular de la Procuraduría General de la República en el estado, Rolando Alvarado Navarrete, dijo que el caso es investigado desde que se dio a conocer y deberán establecer qué fue lo sustraído, las cantidades y al parecer también se habla de documentos cobrables.
El 1 de febrero del año 2008, una veintena de elementos de la Agencia Federal de Investigación acudieron a la vivienda, la cual entraron en busca de la correspondencia que ya se habían llevado los de Sepomex. Por su parte, el portavoz de la PGR en Ciudad Juárez, Ángel Torres, dijo que Sepomex presentó una denuncia en contra de un grupo de empleados y confirmó el rescate de miles de cartas robadas desde hace casi 10 años, y explicó que este es el caso más escándalo de robo de correspondencia de que se tenga memoria.
Una de las nuevas modalidades en el robo de la correspondencia, es la sustracción de la correspondencia de los domicilios por personas contratadas para dicho fin, a estas personas se les paga por llevar la correspondencia a los sujetos que van a intentar hacer uso ilícito de la información ahí contenida y de la información de la correspondencia se sustrae información para realizar diversos ilícitos, llevando así a una sustracción de información privada y por ende un delito que es el robo de correspondencia junto con el de robo de información personal.
Así, en la Carta Magna en su artículo 16 párrafo noveno versa:
I- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y
II. Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido".
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
"Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa."
Lo anterior deja claro que el gobierno mexicano, castiga a quien intervenga comunicaciones privadas.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente que el Servicio Postal Mexicano informe a esta soberanía respecto a los programas aplicados para la prevención del robo de correspondencia en la República Mexicana.
Segundo. Se solicita respetuosamente al Servicio Postal Mexicano que informe a esta soberanía sobre las querellas presentadas respecto de los últimos 4 años, sobre el robo de correspondencia en la República Mexicana.
Tercero. Se exhorta al Servicio Postal Mexicano a intensificar sus programas de vigilancia y eficiencia postal para prevenir el robo de correspondencia en la Republica Mexicana.
Nota
Periódico 20 Minutos. "un cartero en México
robo 10 toneladas de cartas procedentes de EUA". http://www.20minutos.es/noticia/198018/0/cartero/ladron/mexico/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR MEDIANTE LA SAGARPA EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, A CARGO DEL DIPUTADO FABIÁN
FERNANDO MONTES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito Fabián Fernando Montes Sánchez, diputado del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, en cumplimiento con el artículo tercero transitorio de la Ley de Productos Orgánicos, para exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir el Reglamento de la ley referida, bajo las siguientes
Consideraciones
La agricultura orgánica nace en Europa en la década de los 50 del siglo XX, en México la producción orgánica inicia en 1963 con la producción de café orgánico en la costa de Chiapas. Para 1982 este sistema de producción adquiere auge al ser adoptado por miles de pequeños productores de café del estado de Oaxaca.
El sistema de producción orgánico se caracteriza por la producción de alimentos sin la aplicación de agroquímicos de síntesis artificial, promoviendo la conservación de los recursos naturales como suelo, agua, la biodiversidad de flora y fauna. Este tipo de producción ha tenido buena aceptación por muchos agricultores y consumidores en países europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón, principalmente, preocupados por consumir productos con alto contenido nutricional y de buena calidad.
Actualmente en el mundo se cultivan más de 33 millones de hectáreas de forma orgánica (datos de 2005 provistos por la consultoría Nielsen), el 70 por ciento de esta superficie se concentra en siete países: Australia, Argentina, Italia, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Uruguay y Alemania; asimismo de las hectáreas descritas se obtienen alrededor de 75 mil productos diferentes, tales como hortalizas, cereales, café, frutas, fibras, jugos, vinos, cerveza, cosméticos y, recientemente, diversos productos pecuarios.
En términos generales, los productos orgánicos han aumentado su participación en el mercado porque representan una opción viable para todos los agentes económicos que intervienen desde su proceso de producción hasta su distribución al consumidor final. Al respecto, este tipo de productos se correlaciona positivamente con cuestiones de salud de la población, al garantizar la inocuidad y trazabilidad de los alimentos, brindando certidumbre al consumidor sobre la no transmisión de nuevas enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos, con temas de desarrollo sustentable al garantizar un desarrollo armónico con el medio ambiente, con solidaridad a grupos sociales desfavorecidos y con provisión de nuevas oportunidades de negocio.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, entre 1996 y 2006 en México la agricultura orgánica ha crecido significativamente; al respecto durante el período el número de productores orgánicos presentó una tasa de crecimiento media anual superior al 25 por ciento, la de la superficie cultivada una del 33 por ciento y las divisas una del 27 por ciento, cifras que se traducen en 100 mil productores, 300 mil hectáreas certificadas y 300 mil dólares de divisas, respectivamente, durante 2006.
Los estados de la República Mexicana con una mayor superficie dedicada al cultivo de estos productos son Chiapas, Oaxaca y Querétaro, al concentrar cerca del 58 por ciento del total de superficie sembrada entre 2004 y 2005, porcentaje equivalente a 170 mil hectáreas.
En este contexto, la creciente demanda de productos orgánicos, principalmente de alimentos, por parte de los consumidores, ha inducido el incremento de productores, procesadores y comercializadores de este tipo de productos. Para dar certeza al consumidor del proceso productivo de los productos en cuestión, a partir de 1991 se hizo obligatoria la certificación de una tercera parte independiente de los productores. De esta forma se oficializan los procesos de inspección y certificación de productos orgánicos, mismos que regulan las autoridades competentes de los principales países consumidores de éstos, entre ellos los europeos, Estados Unidos y Japón.
En el mismo sentido, para brindar certidumbre a las autoridades competentes del desempeño de los agentes de certificación de productos orgánicos, en 1998 se hizo obligatoria en Europa la acreditación de estos organismos por conducto de una instancia de acreditación reconocida como el International Acreditation Forum, que se encarga de vigilar permanentemente el desempeño de los organismos de certificación que "certifican" productos orgánicos producidos o importados por países europeos.
En México la importancia relativa de los sistemas de producción, comercialización, distribución y certificación de productos orgánicos se reconoce mediante el desarrollo de programas y proyectos sectoriales específicos ejecutados por diversas instancias y entidades del sector público como la Sagarpa, a través de Alianza Contigo 2005, Bancomext, la Secretaría de Economía, vía el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad, Fonaes, los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura y la Financiera Rural.
Asimismo, el reconocimiento formal de la producción de orgánicos se materializa el 7 de febrero de 2006 con la publicación de la Ley de Productos Orgánicos en el Diario Oficial de la Federación, la cual considera entre sus principales objetivos las funciones de promoción y regulación de parámetros y criterios de reconversión; producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación; y certificación de productos producidos orgánicamente.
Aunadas a las funciones descritas, a través de la ley en cuestión se busca dar cauce al establecimiento de prácticas a las que deberán sujetarse las materias primas y demás productos intermedios que se obtengan del medio ambiente cumpliendo con criterios de sustentabilidad; y verificar que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos que contribuyan a que el sector involucrado se desarrolle conforme a principios de justicia social, poniendo énfasis en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas favorezcan la reconversión productiva.
Otro de los objetivos a alcanzar al expedir la ley es la instauración de estándares aceptables de verificación y certificación orgánica para establecer un sistema de control, que coadyuve a facilitar la producción, distribución y comercialización en los mercados internos como en los externos de productos orgánicos. Para consolidar los objetivos previstos, se creará un organismo de apoyo y asesoría para la Sagarpa donde confluya la participación de los sectores de la cadena productiva orgánica e instituciones gubernamentales competentes en la materia.
La aprobación y emisión de la ley anteriormente descrita constituye un avance relevante para los productores nacionales dedicados a esta actividad, ya que les brinda un marco que delimita los objetivos y estrategias necesarias para producir, comercializar, distribuir estos productos bajo un estricto proceso de certidumbre para el consumidor; sin embargo se requiere la instauración del consejo asesor en la materia y la definición de las líneas estratégicas y operativas a través de las cuales se coordinarán los agentes involucrados en los procesos descritos.
Al respecto, la Ley de Productos Orgánicos en su artículo tercero transitorio prevé que: "El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento y demás disposiciones complementarias correlativas a esta ley dentro de los seis meses posteriores a su entrada en vigor".
En este tenor, se requiere publicar el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos. Con la emisión de este instrumento se busca brindar a los productores de productos orgánicos un marco de planeación operativa para su actividad, impulsando y fortaleciendo los esquemas de producción a través de los procesos de verificación y certificación de los mismos.
Es por lo anteriormente expuesto que pongo a la consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía, en el ámbito de la colaboración entre poderes, exhorta al poder Ejecutivo federal a que, en el marco de sus atribuciones, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dé cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Productos Orgánicos, y expida, a la brevedad posible, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Fabián Fernando Montes Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS POLICÍAS FEDERALES Y A SUSTITUIR EFECTIVOS MILITARES EN LABORES
DE COMBATE DEL NARCOTRÁFICO, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
SANDOVAL RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscribe la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que implante un programa efectivo de profesionalización de las policías federales y sustitución de efectivos militares en labores de combate al narcotráfico, bajo las siguientes
Consideraciones
En fechas recientes el país ha sido objeto, nuevamente, de la atención internacional con las categóricas declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, quien afirmó: "la participación de militares en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo e incluso podría ser peligrosa, ya que los soldados son entrenados para el uso excesivo de la fuerza". Esta situación se ha presentado ya en los estados de Baja California y Tamaulipas en donde, flagrantemente, las fuerzas armadas del país han asumido las funciones que, constitucionalmente, corresponden a las policías de los tres niveles de gobierno y al Ministerio Público.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha señalado en diversas ocasiones su reconocimiento a la labor desarrollada por las Fuerzas Armadas nacionales para evitar que el país se convierta en un "narcoestado".
Estamos concientes, no obstante, de que en el territorio nacional la situación de emergencia es preocupante para todos los que ejercen alguna responsabilidad pública. Sin embargo, también es cierto que esta soberanía destina, año con año, miles de millones de pesos para profesionalizar a las policías de todos los niveles en el país.
Resulta indispensable, en consecuencia, que el gobierno federal tome medidas urgentes y efectivas para operar programas de profesionalización de estas corporaciones, con el objetivo único de regresar a la normatividad del orden constitucional. Es por ello que planteamos la retirada paulatina y programada de los miembros del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea de las tareas de combate al narcotráfico que corresponden, ineludiblemente, a las policías federales, estatales y municipales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exigimos al titular de la administración pública federal para que implante, de manera inmediata, un programa de profesionalización eficiente y efectivo para las policías de los tres niveles de gobierno.
Segundo. Exhortamos al jefe supremo de las Fuerzas Armadas para que, en un lapso no mayor de 18 meses, retire de las labores de combate al narcotráfico, a los elementos de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y A LOS TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL A REALIZAR UN AHORRO MONETARIO DEL PEF DE 2008,
A FIN DE QUE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES SEAN TRASLADADOS A LAS FUERZAS
ARMADAS MEXICANAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y EL SOSTENIMIENTO
DE SUS SERVICIOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE JUSTINIANO GONZÁLEZ
BETANCOURT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Jorge Justiniano González Betancourt, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por el Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Las Fuerzas Armadas Mexicanas a lo largo de la historia han demostrado ser el pilar indefectible que sostiene la libertad, soberanía, institucionalidad y seguridad de todos los mexicanos. Son un solo cuerpo, una sola organización, un solo orden, formado por mexicanos y mexicanas patriotas que ponen su vida entera a favor de la nación; para ellos México se entiende, y cito, "Como el lugar que he jurado defender hasta la muerte". Comienzan con el presidente de la república, en su carácter de comandante supremo, y terminan con el último de los mexicanos concebidos; es por ello que el artículo 73 de la Ley Suprema de México establece en su fracción XIV, que: "el Congreso tiene facultad para levantar y sostener a las Fuerzas Armadas de la Unión a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Área Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio".
Derivado de este artículo, y conscientes de la responsabilidad que tenemos todos nosotros, diputados y diputadas como congresistas hacia con las Fuerzas Armadas mexicanas, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó en su oportunidad exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la misma Cámara a efecto de que al elaborar el dictamen correspondiente al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal, se incrementara el Ramo 07, destinado a la Defensa Nacional por un monto de 7 mil 726 millones 146 mil 660 pesos, necesarios para la adquisición de recursos que mantengan y mejoren las actividades de nuestro instituto armado.
Como consecuencia de lo anterior la propia comisión de presupuesto implantó en el artículo 45 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación la siguiente disposición:
A últimas fechas la presencia del Ejército Mexicano como el instrumento más eficaz y eficiente, del pueblo de México para la resolución de los problemas que aquejan al país, se ha demostrado sin lugar a dudas.
Al Ejército mexicano lo mismo se le llama para atender los efectos de una inundación en Tabasco y Chiapas, que para frenar el avance voraz del crimen organizado. Para nadie es desconocido que el Ejército Mexicano es el primero en atender estas circunstancias, sobra decirlo, tan graves y dañinas para el pueblo de México. Sacrificándolo todo, incluso hasta la propia alimentación mediante un ahorro en sus raciones diarias de comida a favor de la población mexicana afectada, nuestros soldados enfrentan inteligentemente estos desastres. Todos los estados de la república mexicana, desde Yucatán hasta Baja California; desde Coahuila hasta Guerrero, todos han recibido el apoyo del Ejército Mexicano; y yo alzo la voz el día de hoy en la máxima tribuna del país para decir: señores es hora de que todos correspondamos a nuestras Fuerzas Armadas mediante un ahorro en los recursos federales del Presupuesto de Egresos, y así proporcionar lo necesario para la adquisición de:
Radios Falcon de intercomunicación.
Combustibles, lubricantes y refacciones correspondientes.
3 aviones casa 295 para reponer 3 aviones Hércules C-130, de auxilio a la población.
Radares de largo alcance necesarios para complementar el sistema de detección y control del espacio aéreo en el sureste del país y fortalecer la soberanía del espacio aéreo nacional.
2 helicópteros UH-60L para el combate al narcotráfico.
Nuevo vestuario y equipo de campaña; y lo más importante señoras y señores:
1. Incrementar la compensación técnica al servicio de los elementos de tropa del país.
2. Abastecer suficientemente la atención médica a los militares y sus familias, lo que tendrán, ambas cosas una repercusión moral alentadora en nuestro Ejército Mexicano en su conjunto.
Vengo ante ustedes para defender valores en los que creo y que me fueron inculcados por el más grande de los Ejércitos del mundo, el nuestro señores; porque un Ejército no se mide por la capacidad bélica que posee, sino por su modestia, altruismo solidaridad y heroísmo.
También los exhorto a ustedes para que fomenten en sus respectivas entidades federativas a que se realicen ahorros económicos, y juntos vigilemos que estos se vayan directamente a nuestras Fuerzas Armadas. Cumplamos realmente con la directriz a que nos compele el artículo 73 de la Constitución General de la República.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los gobernadores de los estados de la república, y a los titulares de la administración pública federal, para que en la medida de lo posible, realicen un ahorro monetario de los recursos recibidos del Presupuesto de Egresos para 2008 de la federacion y de esta manera, estos mismos ahorros se trasladen directamente a las Fuerzas Armadas Mexicanas para la adquisición de equipo y mantenimiento del servicio que prestan, esto en cumplimiento del articulo 45 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008.
Solicito a la Presidencia se inserte esta proposición íntegramente en el Diario de los Debates, adicionado con el acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que incremente el Ramo 07 Defensa Nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN A
REALIZAR MEDIANTE LA SEMARNAT Y LA SECRETARÍA DE SALUD ESTUDIOS
SOBRE EL IMPACTO QUE GENERAN A LA POBLACIÓN Y AL AMBIENTE LAS EMPRESAS
PEDRERAS; Y A EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTENER Y REVERTIR
LOS DAÑOS PROVOCADOS POR ELLAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA MARGARITA
GARCÍA MÜLLER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Martha Margarita García Müller, presenta ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud a realizar los estudios para determinar el impacto ambiental y de salud de las pedreras en Nuevo León. Se exhorta asimismo al Gobernador de ese estado a que, en coordinación con las autoridades competentes, lleve a cabo las acciones necesarias para contener los daños provocados por las pedreras, con base en las siguientes
Consideraciones
La exposición a contaminantes atmosféricos, en especial a las partículas suspendidas, es motivo de preocupación constante. Existen diversos estudios que muestran una asociación entre la exposición de la población y el aumento en indicadores de morbilidad y mortalidad, además de los efectos citotóxicos y genotóxicos que generan. Adicionalmente, los mismos estudios señalan que parece no existir un umbral para la respuesta ante la exposición a dichos contaminantes. Lo anterior implica que se desconoce la concentración mínima por debajo de la cual no se detecten impactos a la salud.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, las partículas suspendidas son contaminantes constituidos por material líquido y sólido de muy diversa composición y tamaño, que se encuentran en el aire. El origen de las partículas suspendidas son diversos procesos tanto naturales como antropogénicos y sus efectos en la salud están relacionados directamente con las características físicas y químicas de las partículas suspendidas, entre ellas, la concentración, el tamaño, la composición, etcétera.
De manera especial, deben monitorearse aquellas partículas conocidas como fracción inhalable, que son las que miden menos de 10 µm (micrómetros) también llamadas PM10. Esto es importante ya que estas partículas al ser inhaladas se depositan dentro del árbol respiratorio en diferentes sitios, como fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos y sacos alveolares del pulmón y, pueden llegar a ocasionar graves daños a la salud de la gente expuesta a ellas.
Es decir, las partículas de polvo menores a 10 µm (micrómetros) pueden ser las causantes de graves daños a la salud de los residentes, dado que afectan partes sensibles de las vías respiratorias, como son los alvéolos, que constituyen el punto anatómico donde se realiza la función de intercambio gaseoso (la respiración), alterando los mecanismos defensivos del organismo, actuando como un factor de predisposición para las enfermedades respiratorias y facilitando el ingreso de microorganismos como bacterias o virus, que son la causa necesaria o indispensable para producir las llamadas "infecciones respiratorias agudas", que pueden ser tanto altas como bajas, según el segmento del organismo perturbado.
De igual forma, estas partículas pueden contener o transportar metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos u otros elementos nocivos, los cuales pueden provocar daños en la salud en el largo plazo debido a exposición crónica de la población.
El área metropolitana de Monterrey (AMM), integrada por los municipios de Apodaca, Cadereyta, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, presenta problemas de contaminación ambiental como resultado de las emisiones de vehículos, domésticas y principalmente industriales, que se traducen, entre otros contaminantes, en partículas suspendidas. Dentro del rubro industrial, son grandes contribuyentes a la contaminación atmosférica las empresas pedreras.
Desde el inició de las operaciones de monitoreo del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, se han reportado violaciones a la norma anual de PM10 de 50 ìg/m3. NOM 025-SSA-1993) en el AMM. Se han alcanzado valores promedio que superan en más del 60 por ciento esta norma e inclusive en Santa Catarina en más de un 100 por ciento. La siguiente tabla muestra las concentraciones promedio reportadas del año 2000 al 2005. Se observa que en general en toda el AMM se excede la norma anual de partículas. Diversos estudios muestran que la exposición crónica a PM10 causa una disminución en la capacidad respiratoria de los niños y a lo largo de varios años problemas serios en salud que se reflejan en la edad avanzada. El costo social puede llegar a ser muy alto por atención médica de no tomar medidas correctivas en toda el AMM.
De acuerdo con el reporte del estado de la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey de diciembre de 2007, los contaminantes que tuvieron excedencias a la norma oficial mexicana fueron las partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros.
Asimismo, durante el mes de diciembre del 2007, el contaminante que reportó mayores valores en cuanto a puntos del IMECA, fueron las partículas menores a 10 micrómetros, con 191 puntos. Recuérdese que valores mayores a 175 puntos de ese índice se consideran como precontingencia ambiental, por lo cual se tuvo que declarar la precontingencia en los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García y García, Nuevo León.
De manera específica, el problema se presenta con mayor fuerza en el municipio de Santa Catarina donde existen altos índices de contaminación producto de estas empresas, en donde de diciembre de 2006 a enero de 2007, la concentración de partículas menores a 10 micras sobrepasaron el límite máximo permisible durante varias horas del día, provocando que la calidad del aire en este lapso de tiempo se catalogara entre mala y muy mala. La problemática para la población ha llegado a niveles tan graves que inclusive ya se ha solicitado la reubicación de cinco empresas de este ramo.
Diversos estudios muestran que el 36.7 por ciento de los vecinos de la zona donde se ubican las pedreras padecen de rinofaringitis alérgica, mientras que el 17.7 por ciento sufren de conjuntivitis. También se han presentado casos de enfermedades de la piel, cardiovasculares y de las vías respiratorias, como asma pulmonar crónica y en los casos más graves, cáncer.
Específicamente un estudio realizado por el Hospital Universitario en el municipio, revela que la contaminación producida por los trabajos de las empresas pedreras, es la causante de enfermedades respiratorias y algunos problemas de la piel en los habitantes del municipio. Dicho estudio se realizó en las colonias cercanas a la zona donde laboral seis de estas empresas, en el cerro de Las Mitras, en el territorio de Santa Catarina, en donde las quejas de la ciudadanía hacia este tipo de industria es constante.
De hecho, en el municipio de Santa Catarina la mortalidad por enfermedades infecciosas respiratorias se ubica en los rangos de 6.2 a 29.4 habitantes por cada cien mil y, en comparación con el resto del estado, la proporción de personas que mueren por enfermedades respiratorias agudas es el más alto.
Cabe señalar que estas empresas ya han cumplido su ciclo.
• También han producido deterioros en las viviendas, comercio y aun en los procesos de producción de algunas fabricas de la zona, provocando el freno al desarrollo económico del municipio.
• El decreto dio el mandato de reservar tierras, más de 2000 hectáreas planas, como zona de amortiguamiento, limitando por esa razón el uso de suelo, afectando el crecimiento del municipio, que es propio para vivienda y comercio o industria no contaminante y esto provoca que los empresarios busquen otros lugares para establecerse y poner en marcha sus inversiones.
Fueron trasladadas al municipio de García, Nuevo León, en el cerro San Miguel, lo que contribuyó a disminuir la contaminación en esos municipios. Sin embargo, las pedreras que afectan a Santa Catarina cuando el viento cambia de dirección también contaminan fuertemente los municipios de San Pedro y Monterrey, siendo el de Santa Catarina el que muestra mayores afectaciones.
El Programa de Administración de la Calidad del Aire en Monterrey 1997-2000, se planteó como objetivo el proteger la salud de los habitantes del área metropolitana de Monterrey mediante acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación del aire tanto por agentes químicos como físicos.
De acuerdo con el reporte de avances de dicho programa de mayo del 2005, una de las medidas llevadas a cabo fue el establecer convenios con las pedreras para controlar y reducir las emisiones de partículas. Si bien ha habido voluntad de atender la problemática, las acciones no han resultado del todo contundentes ni se han concluido, por lo que la situación aún prevalece.
Considerando lo anterior, sabemos que es posible tomar medidas responsables para la ejecución de los procesos productivos de empresas como éstas. Tal es el ejemplo del Programa de gestión de la calidad del aire de ciudad Juárez 1998-2002, en el cual se planearon diversas acciones entre las que se cuentan la reglamentación, por parte de las autoridades estatales y municipales, de actividades de extracción de piedra a través de censos para conocer el número de empresas dedicadas a esta actividad y los volúmenes de extracción anuales, con el objetivo de calcular las emisiones generadas y establecer controles sobre dichas prácticas.
En mi calidad de representante popular de Nuevo León, tengo peticiones de muchos ciudadanos que solicitan se reubique a las pedreras por la gran cantidad de polvos, contaminación y problemas de salud que les provoca. Como diputada de este distrito es mi compromiso y mi obligación moral levantar la voz y hacer un llamado a las autoridades federales y estatales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, evalúen la situación del municipio de Santa Catarina con seriedad y formalidad, con el objetivo de encontrar soluciones que pongan fin a los riesgos a que cada día está expuesta la población.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Salud, se realicen los estudios pertinentes para determinar el impacto ambiental y de salud que provocan las empresas pedreras asentadas en Nuevo León, y en particular en el municipio de Santa Catarina.
Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a que, en coordinación con las autoridades competentes, lleve a cabo un diagnóstico o las acciones necesarias para contener y revertir los daños a la población y al medio ambiente, generados por las pedreras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2008.
Diputada Martha Margarita García Müller (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INAH A IMPLANTAR EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER, CONSERVAR Y DIFUNDIR
LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEPEXI EL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI
DE RODRÍGUEZ, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS CONTRERAS COETO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura, José Luis Contreras Coeto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, implanten los medios necesarios para la protección, conservación y difusión de la zona arqueológica Tepexi el Viejo, municipio de Tepexi de Rodríguez, en razón de los siguientes
Considerandos
Primero. El municipio de Tepexi de Rodríguez es uno de los que conforman el estado de Puebla, y se ubica en la parte sur de su territorio. Colindan al norte con el municipio de Molocaxax y Todos Santos Xochitlán, al Sur con Ahuatempan y San Jerónimo Xayacatlán, al Oriente con San Juan Ixcaquixtla, Juan N. Méndez y Coyotepec, y al Poniente con Zacapala y Ahuatempan.
Segundo. Este municipio, a su vez, acoge la localidad de Tepexi el Viejo, considerada como zona arqueológica, se localiza ocho kilómetros al poniente de la población de Tepexi de Rodríguez, conduce a ésta un deficiente camino de terrecería, población desarrollada por los popolocas y mixtecos cerca del río Axamilpa durante el periodo posclásico, que va de los años de 1200 a 1500 después de Cristo.
Tercero. Tepexi el Viejo fungió como uno de los principales sectores dirigentes en el territorio, participando como cabecera de un señorío popoloca que controlaba el sur de Puebla, pero al aparecer los mexicas, éstos los conquistaron. Posteriormente los aztecas se apoderaron de Tepexi en 1503, convirtiéndose, desde ese momento, en pueblo tributario de la Triple Alianza: Tenochtitlán-Texcoco-Tlacopán, y es cuando la fortaleza toma definitivamente las características de guarnición militar.
Cuarto. Tepexi el Viejo fue un lugar esencialmente destinado al asentamiento militar, más que dedicado al culto. Se encuentra en lo alto de una elevación, rodeado en sus tres lados por barrancas de aproximadamente ciento cuarenta metros de profundidad, cuenta con una gran muralla de piedra que llega a tener una altura de más de 20 metros que lo rodea formando así una impresionante fortaleza. Los pliegues del terreno fueron aprovechados para construir cinco niveles entrelazados con escalinatas y accesos, así mismo en los recintos se aprecian muros con aplanados de cal. Además, entre los basamentos se han localizado espacios habitacionales, tumbas, plataformas y estructuras piramidales.
La fortaleza tiene sólo un acceso natural hacia el sur. Fuera del recinto amurallado, aproximadamente a seis kilómetros, aun se encuentran restos arqueológicos de cinco pequeños asentamientos relacionados con el principal; dos sitios más quedan al sur, junto al acceso natural al sitio: uno de ellos solo presenta restos cerámicos, muy erosionados por ser campo de cultivo moderno; el otro presenta construcciones aún levantadas, erigidas con el mismo sistema que las del recinto amurallado. Esta región también se caracteriza por la presencia de restos fósiles.
Quinto. El acceso a esta zona arqueológica es por la carretera federal número 150, la cual se dirige a Tepeaca; nueve kilómetros después se toma la desviación que lleva al municipio de Tepexi de Rodríguez; dos kilómetros adelante, al pasar la ranchería Moralillo, parte una brecha que lleva a Tepexi el Viejo. La única manera de llegar es tomando esta vereda de terracería, lo que denota el desinterés por parte de las autoridades competentes de promover la zona prehispánica en comento.
Si bien es cierto que en el estado de Puebla existen diversos monumentos históricos y arqueológicos, también lo es que existen otras, no demeritando su grado de importancia, merecedoras de atención, cuidado y difusión como Tepexi El Viejo, fortaleza popoloca considerada como un auténtico vestigio arqueológico, sin embargo el clima ha ocasionado serios daños en su estructura y en algunos de sus muros. Por otro lado, a pesar de que la zona cuenta con custodios, estacionamiento provisional y permanecer abierta al público de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, el sitio se encuentra descuidado y el resguardo del lugar no es constante dejándolo desamparado y susceptible de saqueos.
Sexto. Tepexi el Viejo, enclavada en la Sierra Mixteca en su porción poblana, constituye un yacimiento arqueológico de gran importancia, mismo que se debe preservar con más ahínco, así como impulsar su difusión para que el público tenga acceso a este recinto y esté en posibilidad de conocer las técnicas de construcción y la vida cotidiana del enclave militar mexica y, en general, adquiera un conocimiento mas amplio de esta civilización prehispánica, así como de las diferentes culturas que florecieron en el estado de Puebla.
Séptimo. Por lo anterior, es de considerable relevancia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno estatal poblano hagan a un lado su indiferencia por este sitio trascendental que clama su preservación y se den a la tarea de difundir la zona arqueológica Tepexi El Viejo, del municipio de Tepexi de Rodríguez, que por ser la cuna de una de las culturas importantes desarrolladas dentro del estado de Puebla es digna de aprecio y divulgación, ya que hasta la fecha proporciona novedosa información para la comunidad científica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, implanten los medios necesarios para la protección, conservación y difusión de la zona arqueológica Tepexi El Viejo, municipio de Tepexi de Rodríguez.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 14 de febrero de 2008.
Diputado José Luis Contreras Coeto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR MEDIANTE LA CONAGUA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
DE TRANSFERENCIA DE AGUA HACIA LA COMARCA LAGUNERA DE DURANGO Y COAHUILA,
A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS DE LEÓN TELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los suscritos, diputados Federales, Jesús de León Tello, Carlos Augusto Bracho González y María del Carmen Fernández Ugarte, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la alta consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La comarca lagunera geográficamente se ubica en el centro-norte de la República Mexicana. Son parte de esta comarca 16 municipios pertenecientes a los estados de Durango y Coahuila, contribuyendo cada uno con 11 y 5 municipios respectivamente. De acuerdo a datos del INEGI, en la comarca lagunera se ubican más de 1.3 millones de personas, de las cuales el 73 por ciento corresponde a población urbana y el resto a población rural.
La comarca debe su origen y nombre a las 13 lagunas que con anterioridad existieron. La más grande de ellas la Laguna de Mayrán, alimentada por los cauces de los ríos Nazas y Aguanaval. El progreso ha dictado pauta en la región y se han construido diferentes presas como Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, mismas que regulan el agua que fluye hacia la comarca, por lo que casi todas las lagunas han desaparecido. La situación en la comarca es preocupante debido a la fuerte sobreexplotación de los mantos freáticos de la región.
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en la región existe un fuerte desequilibrio en materia de agua, producto de la extracción de mil 20 millones de metros cúbicos de agua, en comparación con los 519 metros cúbicos de recarga del líquido al subsuelo.
Por otro lado, hace 50 años, de los pozos profundos de la comarca se extraían entre 80 y 100 litros de agua por segundo, a una profundidad de sólo 20 metros. Hoy día es necesario llegar a los 200 o 300 metros de profundidad para extraer únicamente de 30 a 40 litros por segundo.
En general, en nuestro país se vive una situación de presión constante sobre el recurso hídrico. Con base en datos de la OCDE, a pesar de que durante el periodo 1941-2004 la precipitación promedio anual fue de 773 mm sobre el territorio nacional, que equivalen en promedio a mil 513 metros cúbicos de agua al año, el 73 por ciento regresa a la atmósfera, y del restante, es muy poco el volumen de agua que en realidad puede aprovecharse por el hombre, ya que en el país se sufre de una deficiencia en la infraestructura de almacenamiento y regulación para captación del agua de lluvia.
En el mundo se estima que en un periodo de 25 años, la mitad de la población enfrente serias dificultades para acceder al agua dulce y satisfacer sus necesidades de consumo y otros usos, como el riego. Hoy día, aproximadamente el 40 por ciento de la población mundial sufre una escasez grave de agua. Considerando las crecientes variaciones climáticas acaecidas por el fenómeno del calentamiento global, es muy posible que las condiciones se agraven y deterioren enormemente en los años subsecuentes. Nuestra nación no está exenta de enfrentarse a dificultades de este tipo y de otros, derivadas de la condición ambiental degradada.
Dada la posición de desabasto del agua en la comarca lagunera, numerosas fuentes productivas como molinos de trigo, despepitadoras, fábricas de tejido, entre otras, se encuentran paradas o abandonadas, al no contar con agua para operar.
En la comarca existen aproximadamente 2 mil 500 pozos que contribuyen a la explotación del acuífero. Dados los bajos niveles de agua que hoy día prevalecen en el territorio en comento, los niveles de arsénico en el vital líquido se están concentrando de manera muy peligrosa. Así, los habitantes de la comarca lagunera se ven expuestos a consumir agua contaminada con arsénico.
De acuerdo al Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, se han registrado afectaciones a más de 25 mil laguneros de diversas comunidades de Coahuila y Durango a causa del arsénico. Sabemos que entre los daños estudiados y registrados por la ingesta y exposición a tan peligroso metaloide, se encuentran los cancerígenos, de malformaciones genéticas, problemas circulatorios, gangrena en las extremidades inferiores, entre otros.
Una propuesta de solución a la grave problemática que se presenta, podría ser el plan MEVA. Dicho plan, cuya autoría corresponde al contador público Mario Enrique Vázquez Ávila, nominado al Premio Mundial del Agua Estocolmo 2007, consiste en la transferencia de agua de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango, aprovechando los excedentes de agua que van a dar al mar desde el crestón de la Sierra Madre y trasladarlos a la comarca lagunera.
De manera específica, se propone encauzar el agua de los ríos Piaxtla y San Lorenzo, evitando que el caudal llegue al mar sin ser aprovechado, dando con esto origen a una oportunidad desperdiciada de atracción de aproximadamente 2 mil millones de metros cúbicos anuales de agua de estos ríos. El agua se trasvasaría hacia la presa Lázaro Cárdenas y de ahí a la comarca lagunera, por el cauce del río Nazas.
Con estas acciones se estaría en posibilidad de lograr un repunte agrícola y pecuario derivado del aprovechamiento del agua en la zona. Adicionalmente a los beneficios de recuperación de la comarca lagunera y de la reposición del acuífero, se tendrían los beneficios derivados del uso, explotación y aprovechamiento del caudal transferido en proyectos como la producción de electricidad en las hidroeléctricas de la zona.
En diversos comunicados de organismos internacionales, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, se ha expresado que el plan MEVA es realizable, factible y necesario. Por lo anterior, solicito a las autoridades competentes evalúen un proyecto que organismos internacionales ya han evaluado y consideran viable, con el objetivo de brindar herramientas de decisión para la posible puesta en marcha del mismo y el beneficio de los ciudadanos de la laguna y del país en general, al revertir el desabasto de agua y disminuir la presión por el vital líquido.
Por lo previamente expresado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, realice los estudios de factibilidad pertinentes para determinar la viabilidad de la transferencia del agua de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango, a la comarca lagunera de Durango y Coahuila.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de Febrero de 2008.
Diputados: Jesús de León Tello, Carlos
Augusto Bracho González, María del Carmen Fernández
Ugarte (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA CONAGUA LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA SERIE DE REPRESAS
EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS VALLES, TAMPAÓN Y SANTA MARÍA
DEL RÍO, EN SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID LARA
COMPEÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura David Lara Compeán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que realice los estudios necesarios en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río, para determinar la posibilidad de construir una serie de represas. Esto, con el objetivo de contener las avenidas de agua para poder regar los campos agrícolas en épocas de estiaje que se han presentado en forma cíclica año con año.
Ello, en razón de los siguientes
Considerandos
1. Que el estado de San Luis Potosí se encuentra dividido en tres regiones: altiplano, media y Huasteca. Es esta última se encuentran los recursos hidráulicos más abundantes del estado, constituidos por arroyos de caudal permanente, una importante cantidad de manantiales, lagunas y la cuenca del río Pánuco, que es una de las más importantes del país.
2. Que el río Santa María, en la Huasteca potosina, recibe las aguas del Río Frío o Gallinas, y toma el nombre de Tampaón, por el norte de Ciudad Valles, en las cercanías del Pujal recibe las aguas del río Valles. Para el máximo aprovechamiento de estos recursos hidráulicos en los meses de estiaje, marzo, abril, mayo y junio, es necesario construir una serie de represas que almacenen el agua.
3. Que por estiaje se entiende el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas épocas del año, debido principalmente a la sequía. El estiaje de un río depende de la escasez de precipitaciones; también se debe a la mayor insolación y, por ende, al mayor potencial de evapotranspiración (de las plantas) y de la evaporación más intensa de los cursos del agua.
4. Que una represa es una construcción que tiene la finalidad de detener o desviar el curso natural de un río. Consiste en una muralla o dique que atraviesa el cauce de un río, generalmente en un estrechamiento y aguas abajo de una zona con pendiente pronunciada (rápidos o cascadas), realizada con tierra, piedras, troncos o cemento.
5. Que a partir de 2003 se implantó en la zona huasteca el tandeo agrícola, donde 50 por ciento de los usuarios riega 5 días, mientras que el otro 50 por ciento deja de hacerlo, con lo que se ha podido mantener un volumen de agua suficiente para el uso público urbano y no dañar la fauna del río. Sin embargo, esto no es suficiente para atender plenamente las principales actividades de la región, la agricultura y la ganadería, las cuales aportan a la PEA estatal 20 y 21 por ciento, en ese orden.
6. Que los cultivos que se siembran en la región son maíz, sorgo, café, naranja, mango, papaya, limón, frijol y caña de azúcar. La siembra de caña de azúcar es una actividad de suma importancia para la economía de México: ocupa el segundo lugar en producción en Latinoamérica, por debajo de Brasil. San Luis Potosí ocupa el tercer lugar en producción en el país, por debajo de Veracruz y Jalisco. Cuenta con 70 mil hectáreas de caña contratadas en 4 ingenios: Ciudad Valles, Tamasopo, La Incada y El Naranjo.
7. Que en cuanto a la ganadería, 56 por ciento del territorio mexicano está destinado a esta actividad y aunque el estado de San Luis Potosí no figura entre las entidades con más producción del país, es la segunda actividad económica en el estado; en la zona huasteca se concentra más de la mitad de la producción de ganado bovino.
8. Que en mi función como diputado federal es mi compromiso atender las necesidades de mi distrito, para el bienestar de la gente que represento. Es de suma importancia impulsar la economía del estado, ya que cuenta con gran potencial de productividad.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, realice los estudios necesarios en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río para determinar la posibilidad de construir una serie de represas. Esto, con el objetivo de contener las avenidas de agua para poder regar los campos agrícolas en épocas de estiaje que se han presentado en forma cíclica año con año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2008.
Diputado David Lara Compeán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES
SE ERIJA UN CENOTAFIO EN HONOR DE DON MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN
Y ALCALÁ, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE RUBÉN NORDHAUSEN GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Jorge Rubén Nordhausen González, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio en honor de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá nació el 23 de agosto de 1799, en Bolonchenticul, población de la región de los Chenes de la parte noreste del actual territorio de Campeche. En la época del nacimiento del señor Rejón, toda la península integraba una sola entidad federativa, llamada Yucatán.
Desde la separación de Campeche, en 1857, la región de los Chenes pasó a formar parte de este estado. Y es una de las dos ciudades más importantes del municipio de Hopelchén. A la fecha, Bolonchén lleva agregado el apellido Rejón, en honor del ilustre jurista.
Por esa razón, Yucatán y Campeche se sienten muy orgullosos de considerar como uno de sus más preclaros hijos a don Manuel Crescencio Rejón y Alcalá.
Y hoy, ante el olvido de que nuestro coterráneo se encuentre en la Rotonda de las Personas Ilustres, los legisladores campechanos del Partido Acción Nacional promovemos el presente punto de acuerdo.
Don Manuel Crescencio Rejón escribía y firmaba con tan sólo esos dos apelativos, y un solo patronímico, con la salvedad de que prescindía de la "s" en el nombre de Crescencio.
Así está su firma en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, de enero de 1824, que desemboca el 4 de octubre de ese mismo año en la primera Constitución federal.
La trayectoria de Manuel Crescencio Rejón es sin duda destacable en cualquiera de sus facetas.
Fue ministro de Relaciones Exteriores, embajador, legislador, periodista y un excelente abogado.
El 19 de agosto de 1843, Antonio López de Santa Anna llamó a Rejón para ocupar por primera vez el encargo de ministro de Relaciones Exteriores.
Posteriormente fue designado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante las Repúblicas del Sur e Imperio del Brasil, y consejero de gobierno encargado de los asuntos exteriores.
Se destacó por su lucha contra la pena de muerte en el país por considerarla contraria a la humanidad.
Propuso que fueran abolidas las condiciones degradantes a que estaban sujetos los indígenas de Yucatán.
En su papel como legislador se destacó por ser un promotor de reformas políticas encaminadas a la consolidación de la democracia, y propuso la implantación de la votación directa para la elección de los integrantes del Congreso y de las autoridades del Ejecutivo.
Luchó incansablemente por la creación de la Universidad de la Ciudad de Mérida.
Crescencio Rejón también fue destacado patriota.
En mayo de 1822 atacó y criticó a Agustín de Iturbide por proclamarse emperador. Esa situación tuvo como consecuencia que al disolver Iturbide el Congreso, Rejón fuera a parar a prisión.
Cuando Iturbide renunció y se marchó al destierro, se volvió a plantear en el Congreso la posibilidad de crear una nueva Constitución. En este proyecto participó don Manuel Crescencio Rejón. Propuso la redacción de diversos artículos, realizando en la tribuna destacadas y apasionadas defensas de éstos.
Entre sus aportaciones se encuentran las bases para la independencia del Poder Judicial, así como la ampliación de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia.
Rejón también participó en la creación de la Constitución Yucateca, en 1841.
Defendió la soberanía e integridad nacionales frente a la agresión extranjera.
Nunca comulgó con quienes aceptaron la mutilación del territorio para enajenarlo a Estados Unidos de América.
Una vez concluida la guerra con Estados Unidos, Rejón publicó sendas observaciones contra los tratados de Guadalupe-Hidalgo de 1848 por considerarlos contrarios a la Constitución en vista de que cedían más de la mitad del territorio mexicano, y cancelaban las hostilidades sin autorización del Congreso.
Rejón fue un periodista de primer nivel.
Participó constantemente en la redacción de diversos periódicos liberales de la época.
Para él, la libertad de expresión era no un principio abstracto sino una forma de vida.
Manuel Crescencio Rejón se distinguió, más que nada, especialmente durante su juventud, en diversos asuntos que le dan suficientes méritos para que ingrese en la Rotonda de las Personas Ilustres, donde –inexplicablemente– a la fecha no ha sido llevado.
Esos acontecimientos en la vida de Rejón son
Su participación como redactor y firmante del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en enero de 1824.
Su decidida participación en la redacción de la Constitución federal de 1824 para mantener la independencia de los tres poderes.
Se significó en su lucha por mantener el Poder Judicial separado del Ejecutivo.
Su lucha por mantener el federalismo de la nación, y una de las tantas derrotas que sufrió en la vida, y una más de las que supo soportar, lo llevaron después de separarse del doctor Valentín Gómez Farías, de quien era secretario, a Campeche, donde logró participar como diputado al Segundo Congreso Constituyente de Yucatán, donde redactó la exposición de motivos de la sabia y liberal Constitución yucateca de 1841, y sentó las bases de su mayor obra: el juicio de amparo.
Fue diputado y senador.
Don Manuel Crescencio Rejón es reconocido como el padre del juicio de amparo.
El derecho positivo mexicano estableció desde el siglo pasado un juicio al que pueden recurrir los particulares para defenderse de los actos de autoridad que violan sus garantías individuales.
El amparo es, a la vez, un juicio en defensa de la legalidad y de la Constitución.
Esa institución, orgullosamente mexicana, fue establecida desde el siglo XIX en la Constitución yucateca de 1841.
En el ámbito federal, fue impulsado por el ilustre jalisciense don Mariano Otero, quien logró que se incluyera en el Acta de Reformas de 1847.
Como se dijo, inexplicablemente don Manuel Crescencio Rejón no está aún en el sitial de honor que le corresponde por ser uno de los forjadores de nuestra nación. Quizás ello se deba a que sus restos mortales, que fueron depositados en la fosa número 3 en el panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, ya desaparecieron de ese lugar, ignorándose a la fecha dónde se encuentran.
Por lo anterior, y por la ausencia de los restos del señor Rejón, debemos recomendar aquí que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio, como acontece con los restos ausentes de Juan A. Mateos y Jesús Reyes Heroles.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo del decreto por el que se establecen las bases y los procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, es facultad del Ejecutivo federal decretar la inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres y las honras póstumas a personas que hubieran tenido en vida los merecimientos por sus acciones heroicas, sus virtudes cívicas o políticas o sus aportaciones destacadas en los campos de las ciencias, las artes o de la cultura.
Con fundamento en el artículo 7 del referido decreto, cualquier ciudadano o institución mexicanos podrán proponer al titular del Poder Ejecutivo federal el o los candidatos cuyas acciones lo hagan merecedor de la declaración de hombre o mujer ilustre.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se decrete la construcción de un cenotafio en honor de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, a falta de restos mortales.
Segundo. Se informe al secretario de Gobernación, en su carácter de presidente del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, del contenido del presente punto de acuerdo, para que proceda conforme a las facultades que le confiere el referido decreto.
Tercero. Invítese al Poder Judicial, por conducto del ministro presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se sume a este homenaje.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Jorge Rubén Nordhausen González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A FORMAR –MEDIANTE LA SUBSECRETARÍA DE POBLACIÓN,
MIGRACIÓN Y ASUNTOS RELIGIOSOS, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN–
UN NUEVO GRUPO BETA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARÍA DOLORES GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de obvia y urgente resolución, con base en lo siguiente.
Antecedentes
Nuevo Laredo es un municipio vital para la economía del país. La actividad de comercio internacional que se realiza en el paso fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas representa el 40 por ciento del total nacional. Hasta antes de la ola de violencia que el narcotráfico desato, Nuevo Laredo se mantenía con un buen ingreso y desarrollo económico proveniente del turismo de EUA, además del comercio establecido en ambos lados de la frontera, que es su principal entrada de ingresos. La cantidad de recursos que se generan alrededor del flujo de transporte carretero y ferroviario que entran y salen por esta frontera, representa una importante posibilidad laboral y económica, de esto resulta un gran atractivo para la delincuencia organizada.
La ola de violencia en esta ciudad ya ha cobrado la vida de 145 personas por asesinato en lo que va del año 2007. 42 de los cuales han sido contra migrantes, la Comisión de Derechos Humanos lleva a cabo investigaciones sobre algunos de los 81 casos de secuestro que se han suscitado en la frontera entre Tamaulipas y EUA. Fraguados por grupos policiales y otros 15 por diversos delincuentes contra migrantes.
La violencia ha llegado a tal grado, que el consulado de EUA en Nuevo Laredo detuvo sus actividades. Ello provoca no solo pérdidas económicas, también la reducción de hasta un 30 por ciento de los servicios consulares, entre ellos, las 3 mil visas que mensualmente se expiden aquí, ya que el miedo orilla a las personas a recurrir a consulados en otros municipios o hasta en otros estados.
Frente a esto, la población de Nuevo Laredo no tiene protección alguna, mucho menos los migrantes que a diario pasan por esta zona fronteriza. Ello resulta evidente cuando vemos las cifras, en donde se estima que en el sexenio pasado murieron más de 400 personas ahogadas en el río Bravo, 77 casos sucedieron en 2006, 38 en 2007, Todos ellos sucedieron en la zona del río que comprende Nuevo Laredo, cuyos cuerpos fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad.
Tamaulipas tiene una de las fronteras con más tránsito migratorio del país. Tan sólo este año se registraron 11 mil 202 trámites migratorios en todo el estado. Nuevo Laredo y Matamoros son los municipios con mas actividad de este tipo. Hasta el 2005 se reporta que fueron arrestados 389 mil 720 indocumentados en la zona fronteriza de Nuevo Laredo con EU. En el 2006, la repatriación de mexicanos de EU fue de 25 mil 376 en todo el estado, 14 mil 772 de los cuales pertenecen a Nuevo Laredo y 6 mil 271 a Matamoros. Nuevo Laredo tiene el primer puesto en estadísticas migratorias de repatriación, y lo mismo podría suponerse de las 23 mil 785 operaciones de rescate y protección a migrantes por parte del Grupo Beta de Matamoros, ya que podrían ser el doble en el caso de Nuevo Laredo, como sucede en el caso anterior. Ello nos habla de la urgente necesidad de rescate y asesoría legal para evitar el abuso de las autoridades y la delincuencia.
Es evidente la urgencia que presenta la formación de un Grupo Beta en Nuevo Laredo. Tomando en cuenta que los problemas descritos son mayores y mas intensos que en aquellos lugares en los que ya existe uno de estos grupos, la pronta solución de ello, permitirá que en esta zona fronteriza, todo aquel migrante que pase por esta, y la población residente pueda obtener ayuda legal y médica, proteger sus derechos humanos y su integridad física y ver disminuida la inseguridad y el miedo que esta provoca.
El aumento incesante de la migración y los problemas que se presentan para la población involucrada en ella, las vejaciones de las que es objeto y, por otro lado, la delincuencia generalizada demandan la creación de este grupo. Es innegable que las implicaciones han rebasado los límites de seguridad que el gobierno local puede proporcionar. El trabajo de los Grupos Beta es imprescindible en la frontera con EUA. El efecto contrario será afrontar los riesgos y daños que puedan presentarse si permitimos que los problemas sigan creciendo, además de que las soluciones serán mas costosas en el futuro.
El objetivo de los Grupos Beta es promover la seguridad y salud de los migrantes en zonas de riesgo, así como proteger sus derechos humanos. Estos equipos están capacitados en técnicas de orientación, búsqueda y rescate terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de derechos humanos, asistencia social y sistemas de comunicación. Sus orígenes se encuentran en los años 90, década en la que se dio un gran movimiento de mexicanos hacia EUA, debido al crecimiento de la pobreza en todo el país. Es entonces, en 1990, cuando el Instituto Nacional de Migración crea el primer Grupo Beta, encontrando un sustento legal en el Reglamento de la Ley General de Población, en los artículos 137 y 138 en donde aparecen como Grupos de Protección al Migrante.
Actualmente los movimientos migratorios han llegado a límites nunca antes vistos. México se convirtió en el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta. Ello tiene enormes implicaciones económicas, sociales y políticas. Hoy buscamos dar protección a los migrantes y la población de la zona fronteriza entre Nuevo Laredo y EUA.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y por conducto del Instituto Nacional de Migración a formar un nuevo Grupo Beta en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De esta manera, se intensificaran los resultados positivos en la protección y rescate de los migrantes, no sólo mexicanos sino también aquellos que pasan por México de manera transitoria. Asimismo, se extenderá la protección de los migrantes con este proyecto (Grupos Beta) lograran avances mayores y de mejor calidad en cuanto a la protección de las zonas fronterizas del país.
Diputada María Dolores González Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A PROMOVER EL DÍA
DE LA FAMILIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ
LAGUNES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
Sin duda la familia se constituye por un conjunto de personas de diferentes sexos y edades, vinculadas entre sí por lazos consanguíneos, jurídicos o consensuales, y cuyas relaciones se caracterizan por su intimidad, solidaridad y duración. Como institución representa un conjunto de normas y vínculos definidos culturalmente y destinados a cumplir ciertas funciones sociales.
Históricamente, la familia ha desempeñado un papel trascendental como célula básica de la sociedad. Entre las distintas funciones que cumple en la vida social se destacan especialmente: asegurar la estabilidad de la pareja, la permanencia y la seguridad jurídica que permite su convivencia; la reposición o reproducción de los miembros de la comunidad; la crianza, manutención y desarrollo biológico de los hijos; la socialización primaria de éstos con arreglo a las normas culturales de la sociedad y la asignación a los mismos de un estatus social inicial.
La familia tiene como fines naturales la continuación responsable de la especie humana; comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y el perfeccionamiento de la persona y de la sociedad, y proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida humana ordenada y suficiente.
Y es que no sólo proporciona alimentación, vestido, vivienda y patrimonio a todos sus miembros de manera óptima e inmediata; es además, fuente de valores, solidaridad, convivencia y apoyo en momentos cruciales de la vida personal.
En Acción Nacional estamos convencidos que la familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Es el espacio primario de la responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas.
Precisamente por ese lugar tan significativo que ocupa la familia, se le ha considerado como un vínculo privilegiado en la transmisión de los más altos valores en los niños, jóvenes y en las nuevas generaciones. Es decir, la familia es una comunidad de perfeccionamiento humano, célula básica de la sociedad y fortaleza de toda la nación, ya que ésta es la primera comunidad natural de solidaridad donde las personas desarrollan afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. A partir de la familia se edifica toda estructura y debe ser protegida como factor de desarrollo social y económico.
El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos. Algunos de los valores más importantes para vivir en familia son: unión, honestidad, solidaridad, amor, respeto y tradición.
Recordemos que la familia es el entorno más favorable para la evolución de la autoestima y la verdadera identidad personal; el lugar por excelencia para el fomento del aprendizaje de los esquemas de convivencia social más elementales y para la experiencia del amor, donde los miembros experimentan la aceptación incondicional.
No obstante, en la actualidad la familia se encuentra en una etapa de profundas transformaciones, que atañen tanto a sus funciones, sus roles y su estructura, estos cambios se encuentran vinculados a la transformación demográfica, al aumento de los divorcios, el crecimiento de las familias monoparentales y a la incorporación de la mujer al mercado laboral y el incremento de la violencia intrafamiliar, entre otros. Desde esta perspectiva, estos son algunos fenómenos que han contribuido al cambio de las pautas organizativas del núcleo familiar.
La familia se encuentra inmersa en la problemática social que la impacta directamente, la inseguridad y el avance de ciertas actividades ilícitas ponen aprueba la fortaleza y unidad de sus miembros. Ante fenómenos como el crecimiento de las adicciones y las actividades delictivas, la familia se constituye en el primer núcleo de apoyo y protección que permite enfrentar dichos fenómenos con mayor eficacia.
En este contexto, la familia se ve influida y afectada en su dinámica interna. No permanece estática frente a estos cambios y fenómenos sociales. Pero requiere de fortalecer su figura y las interrelaciones que se generan en su interior. Alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y con profundos valores humanos pasa necesariamente por la unidad familiar.
Por todos estos factores que rodean a la familia y el papel que representa en la sociedad, el gobierno federal asumió el compromiso de fomentar la unidad familiar y estableció la celebración del "Día de la Familia" el primer domingo de marzo de cada año.
Compañeras y compañeros legisladores, impulsemos y fortalezcamos esta celebración como un reconocimiento al valioso del papel de la familia como núcleo básico de la sociedad, y el mejor lugar para el desarrollo personal y por lo tanto social que permita seguir construyendo un mejor país.
Por ello y de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos resuelto proponer el presente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a que difundan y promuevan al primer domingo de marzo de cada año como el "Día de la Familia".
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a efecto de que promuevan acciones y programas a favor de la familia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 14 de febrero de 2008.
Diputada María Victoria Gutiérrez Lagunas
(rúbrica)
Diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que formule atenta excitativa a la colegisladora, a efecto de que realice el análisis, discusión y aprobación de la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica.
El 20 de octubre de 2005 se presentó ante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, a cargo los diputados María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
El 19 de abril de 2006, las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público emitieron el proyecto de dictamen.
El 25 de abril de 2006 se realizó la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa, resultando aprobada por 310 votos en pro, 2 en contra y 3 abstenciones.
Consideramos de gran trascendencia la propuesta legislativa, ya que como en su misma exposición de motivos se manifiesta, tiene entre muchas finalidades, el fomento de los procesos de innovación productiva y tecnológica de las empresas, así como propiciar el desarrollo de las actividades y sectores económicos basados en el uso intensivo y la aplicación comercial de conocimientos científicos y tecnológicos, con el propósito de elevar la productividad y competitividad de la economía del país e impulsar el aumento sostenido del ingreso nacional y del bienestar general.
Otra de las virtudes de este proyecto es el énfasis que se pone en la asignación de los recursos bajo el criterio de las ventajas comparativas que gozan las distintas regiones del país y su madurez de desarrollo para ser objeto del apoyo que pretende la ley.
En otras palabras, se establecen los mecanismos a través de los cuales la autoridad federal y las estatales realizarán un diagnóstico de las entidades federativas el cual arrojará la información suficiente para catalogar los distintos sectores prioritarios que serán objeto del fomento de la ley. Con ello se pretende focalizar los recursos a las actividades y las regiones que contribuyan en mayor medida en el desempeño competitivo y el desarrollo de la economía nacional en el mediano y largo plazos.
Asimismo, se pretende propiciar el desarrollo de las actividades y sectores económicos basados en el uso intensivo y la aplicación comercial de conocimientos científicos y tecnológicos, nos permitirá incrementar el número de científicos e inventores, así como elevar la productividad y competitividad de la economía del país, para impulsar el aumento sostenido del ingreso nacional y, por ende, del bienestar general. El desarrollo científico y tecnológico es motor de cambio social y progreso económico en el mundo.
Han transcurrido más de diez y nueve meses de haber sido recibido por el Senado de la Republica el dictamen de proyecto de iniciativa y a la fecha continúa sin el análisis, discusión y aprobación.
Considerando de suma importancia que dicha propuesta reciba la debida atención y estudio, solicito a la presidencia de esta Cámara de Diputados que emita la presente excitativa y sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA SUSANA MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Susana Monreal Ávila, diputada federal por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitó al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, para que cumplan con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que dictaminen la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, bajo los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 4 de abril de 2006, se presenta iniciativa al Pleno de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado federal Rafael Flores Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para reformar el artículo 6, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. El objetivo de la iniciativa es abrir una segunda etapa para la inscripción de ex trabajadores migratorios en el padrón, así como reconocer otro tipo de documentos fehacientes que acrediten su legal estancia laboral en Estados Unidos.
2. La Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta al Pleno, proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y fue aprobado en la Cámara de Diputados con 289 votos en pro y 4 abstenciones, el miércoles 26 de abril de 2006. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 1995-II.
3. El 27 de abril de año 2007, la Cámara de Diputados turnó la referida minuta a la Cámara de Senadores, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. Publicada en su Gaceta Parlamentaria 171, año 2006, del 3o. ejercicio del segundo periodo ordinario.
4. Con fecha 10 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió procedente conceder el amparo y protección de la justicia a ex trabajadores migratorios por contar con la documentación correspondiente que los acredita como trabajadores empleados en Estados Unidos de América; como consecuencia del amparo, la Corte consideró inconstitucional la fracción I, de los numerales 4 y 6, de referida ley.
5. El 31 de agosto del año 2007, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, presente una excitativa para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, dictaminaran la multicitada minuta.
6. Las comisiones citadas en el párrafo anterior, dictaminaron la referida minuta el jueves 25 de octubre del año próximo pasado, remitiéndola a la hornorable Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 2370.
Siendo una minuta de gran impacto social, les solicito, compañeros diputados, que en el ánimo de una buena voluntad política, se emita su respectivo dictamen, en virtud de que demasiados ex trabajadores migrantes mexicanos están en espera de lo que por derecho les pertenece.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente excitativa que a la letra dice:
Único. Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictaminen la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y cumplan con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), en virtud de que excedió en demasía los 5 días para su dictaminación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2008.
Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Con fundamento en los artículos cuarto y décimo quinto del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito atentamente que se sirva turnar, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su incorporación a el orden del día de la sesión del Pleno de esta LX Legislatura del día 14 de febrero de 2008, la presente excitativa.
Antecedentes
La iniciativa fue presentada el día 22 de febrero de 2007 por el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Economía.
En sesión celebrada el día 25 de octubre de 2007 se dio paso a los dictámenes de primera lectura, entre los cuales se encontraba el dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, dispensándose la lectura de los mismos. Después de la votación económica, la diputada Presidenta Ruth Zavaleta Salgado declaró: quedan de primera lectura.
El día 29 de noviembre de 2007 se incluyó en el orden del día el dictamen a discusión de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica; sin embargo, mediante comunicación signada por la Comisión de Economía, se solicitó que fuera retirado de dicho orden para que se incluyera en la sesión del 6 de diciembre de 2007.
En sesión de ese día, la diputada Presidenta señaló que se había comunicado que los compañeros de la Comisión de Competencia Económica nuevamente pidieron se pospusiera la discusión del dictamen de referencia para el siguiente martes 11 del mismo mes y año. Sin embargo, este asunto no se pudo abordar durante el transcurso de la sesión, en virtud de la votación al dictamen de la Comisión de Gobernación del proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El día 12 de diciembre del año pasado la presidenta de la Comisión de Economía, diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, pidió, en nombre de esa comisión, que el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica quedara fuera del orden del día sin que regresara a la comisión y se pospusiera para el siguiente periodo de sesiones la discusión del mismo. Se consultó a la asamblea y la diputada Presidenta declaró que se posponía la discusión de este dictamen para el siguiente periodo.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito respetuosamente
Único: Formule excitativa a la Comisión de Economía para que presente el dictamen a discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO FELIPE GONZÁLEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidenta de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía que realice una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados para que presente con la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Antecedentes
1. El 28 de abril de 2005 se expidió la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará El Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.
2. El 27 de a abril de 2006 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
3. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta con proyecto de decreto antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.
4. El 25 de octubre de 2007 el Senado de la República devolvió a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, turnándose para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sin que hasta el momento se haya presentado el dictamen correspondiente.
Consideraciones
Derivado del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el Programa Bracero, se respaldó al primero, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con mano de obra de trabajadores mexicanos entre 1944 y 1967.
Dentro de las prestaciones de estos trabajadores Braceros, se creó un Fondo de Ahorro, mismo que las autoridades estadounidenses afirman entregaron al Gobierno Mexicano de aquello años. Dichos recursos se remitieron al Banco Agrícola (Banrural), sin que éstos se destinarán a los trabajadores Braceros, por lo que en la actualidad solicitan el cumplimiento de esos ahorros, alegando que se cometió una arbitrariedad y una injusticia con los ahorros de toda su vida laboral.
Ahora, estos ex trabajadores, exigen al Gobierno Federal actual que se responsabilice de esta deuda y solucione su demanda, sin embargo, esta administración no puede más que sensibilizarse a este respecto y tratar de brindar los apoyos a quien lo amerite, de acuerdo con las posibilidades presupuestales anuales etiquetadas para tal fin.
El Fideicomiso creado a través de la Ley ha tratado de solucionar estas demandas, por ello, la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios mexicanos, solicitando como requisito para el registro, la exhibición de documentos que acreditaran que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante los años que comprenden de 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir los recursos.
Pese a ello, la integración de este padrón fue motivo de constantes y crecientes inconformidades de muchos ex braceros y de sus organizaciones debido a que por diversos motivos, no quedaron registrados en el listado de beneficiarios.
Hoy nos enfrentamos a la problemática de que existen muchas personas, titulares y beneficiarios sin registro y con legítimo derecho a recibir el apoyo que el gobierno federal ha venido otorgando, lo anterior debido a diversos factores, pero el más recurrente es la falta de reconocimiento de la existencia de otro tipo de documentos que acreditan que el trabajador laboró en esa época.
La minuta, entre otras modificaciones, amplía los requisitos formales para ser beneficiarios, incorporando el Social Security, derivado del contrato de Trabajo del Programa Bracero, durante los años 1942-1964, toda vez que con ello se aumentaría el universo de los trabajadores con posibilidades de acreditarse.
Igualmente, se reforma el artículo 8, para que la relación de las aportaciones que realice el Fideicomiso, se publique en el Diario Oficial de la Federación así como en medios masivos de comunicación, permitiendo la transparencia en el manejo de los recursos, y la oportunidad para los beneficiarios de verificar los avances en el trámite de entrega de los apoyos.
Por todo lo anterior, ciudadana Presidenta, atentamente me permito solicitar a usted:
Único. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados para que con la mayor brevedad dictamine la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos .
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.
Diputado Felipe González Ruiz (rúbrica)
Un día como hoy del año 1959 se fundó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), resultado de la necesidad de reducir los altos niveles de analfabetismo y pobreza que padecían las familias mexicanas.
El principio de gratuidad de la educación impartida por el Estado, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no era cumplido a cabalidad toda vez que los libros de texto eran excesivamente costosos, de mala calidad e inaccesibles para la mayor parte de los mexicanos. Al respecto cabe destacar que algo es gratuito cuando lo puedes tomar o disfrutar sin que alguien se sienta despojado.
De estas preocupaciones, nació la idea de crear la Conaliteg, con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, fuera un medio que posibilitara el diálogo y la equidad en la escuela. Su fundador fue el Presidente López Mateos quien respondió a las críticas realizadas a este proyecto, señalando que: "todos son niños, y todos son parte de nuestro pueblo".
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, los niños son la parte medular e imprescindible de la cual debemos valernos para lograr un verdadero cambio social a través de una educación de calidad que incluya a todos los sectores, principalmente a los más vulnerables.
En México, el analfabetismo entendido como la incapacidad de leer y escribir, debido generalmente, a la falta de aprendizaje, aunado al alarmante número de niños y jóvenes que no tiene acceso a la educación, constituyen un problema grave que debe ser prioridad en las políticas sociales del Estado y de los diversos actores involucrados.
Se ha dicho reiteradamente que los niños y jóvenes son el futuro de toda nación; sin embargo, creemos que en la medida que se realicen acciones aplicables a nuestro diario vivir, no tendremos que esperar el paso del tiempo para ver resultados tangibles. Las acciones trascendentales deben ser consensuadas y siempre en beneficio de los más vulnerables.
Por ello, nos congratulamos en celebrar un aniversario más de la creación de la Conaliteg, toda vez que cualquier decisión que se tome a favor de los educandos para lograr un país más equitativo en servicios e infraestructura, es digna de celebrarse.
Diputada Blanca Luna Becerril (rúbrica)