Consideraciones
1. El 3 de febrero de 2008 se llevaron a cabo las elecciones para renovar ayuntamientos y diputaciones en Quintana Roo. Las elecciones se celebraron en 8 municipios y 15 distritos. El proceso se caracterizó por ser una elección de Estado, al más viejo estilo priista, encabezada por el gobernador de la entidad Félix González Canto.
2. El municipio de Benito Juárez fue ganado por la coalición denominada "Con la Fuerza de la Gente" integrada por el PRD, el PT y Convergencia. De conformidad con las cifras de la coalición, apoyadas en la totalidad de las actas, ésta ganó por una diferencia superior a los mil votos. Al cerrarse el PREP, nuestra coalición tenía, también, ventaja sobre su más cercano oponente: la coalición PRI-PVEM.
3. En el cómputo que se realiza en este momento en el Instituto Electoral de Quintana Roo sobre un total de 581 casillas en el municipio de Benito Juárez, se han contabilizado hasta el momento 340 casillas y faltan por computar 241. Con este cómputo, que representa el 58 por ciento de la totalidad, la coalición PRD-PT-Convergencia tiene una diferencia de mil 754 votos. Diferencia que, dadas las tendencias electorales del municipio es irreversible.
4. No obstante, es preciso denunciar las maniobras en el conteo y el manoseo descarado por parte de las autoridades electorales, con el objeto de reducir esa diferencia. De hecho en la legislación electoral solamente se consideran las siguientes causales para la apertura de paquetes electorales: cuando exista diferencia de votos en las actas, cuando el acta está dentro del paquete electoral y cuando haya sido impugnada con sustento en la legislación. Sin embargo el cómputo se desarrolla de manera discrecional. A petición verbal del representante del PRI y con la aprobación de 3 de los 5 consejeros se abren paquetes de manera ilegal, lo que incrementa el cúmulo de irregularidades en el proceso. La decisión de abrir los paquetes fue con el objeto de tachar boletas por otro partido y así conseguir su anulación, para disminuir la diferencia en nuestro favor. Es decir, cuando se abrieron los paquetes solicitados por el PRI fue evidente que estos ya habían sido manipulados, anulando votos de nuestra coalición.
5. Vale recordar que el PRI nos emplazó públicamente a compulsar actas e, inclusive, llegar al conteo de voto por voto casilla por casilla. Sin embargo al tomarles la palabra y aceptar, dieron marcha atrás. Así optaron por la maniobra de un cómputo amañado e ilegal.
6. Conviene señalar que Quintana Roo no cuenta con consejeros electorales independientes e imparciales ya que están controlados por el gobernador de la entidad.
Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia porque se respete el mandato popular expresado en las urnas el pasado 3 de febrero en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que le da el triunfo a la Coalición la Fuerza de la Gente, encabezada por Gregorio Sánchez Martínez. Asimismo llama a las autoridades electorales de la entidad a que respeten la legalidad y la certeza del proceso y mantengan una posición imparcial en la contienda.
Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de febrero de 2008.
Grupo Parlamentario del PRD (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL Y PLURAL, DE CARÁCTER PERMANENTE, QUE TENGA POR OBJETO VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES QUE SE REALICEN DURANTE EL LAPSO DE LA PRESENTE LEGISLATURA, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hago uso de esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, para referirme al proceso electoral que recientemente hemos vivido en Baja California Sur.
Aclaro que, de manera alguna el tono de mi intervención es de encono o confrontación, tampoco de chantaje o manipulación y mucho menos para revertir los resultados electorales. Sé bien que éste no es el espacio para resolver controversias jurídicas, ya sean de tipo penal o electoral.
Pero esta tribuna, compañeras y compañeros, sí es para resolver, reflexionar y conducir la vida política nacional. Porque esta Cámara no puede mantenerse al margen de la realidad nacional, no puede quedarse impávida ante los sucesos que lesionan la vida en sociedad y no puede dar la espalda a uno de los más graves problemas por los que atraviesa el país, sobre todo porque lastima en lo profundo a nuestra nación, impidiéndole arribar a mejores estadios de desarrollo y democracia.
La democracia sin reglas ni principios no es democracia, es descomposición política, es impunidad, es ingobernabilidad. El triunfo electoral como producto de la ilegalidad, de la corrupción y de la manipulación no es un triunfo, es una arbitrariedad que arroja beneficios sólo a quien la comete.
En tono enérgico y alejado de todo protagonismo, denuncio hoy que Baja California Sur se encuentra secuestrado por una mafia encabezada por Agundez y Cota Montaño, que el perverso contubernio entre el gobierno local, el organismo electoral y la dirigencia del PRD en esa entidad han lesionado la democracia, han atentado contra los derechos de los ciudadanos, han sembrado la cultura de la ilegalidad y han corrompido a un sector de la sociedad y a uno de la militancia perredista; lo han hecho de manera artera, dolosa y cínica. Se han aprovechado de la necesidad, han sembrado el terror entre la gente y han abusado del poder que detentan, olvidándose que es público y que el pueblo se los ha conferido.
La lista de agravios es larga: un padrón electoral rasurado; funcionarios con vehículos oficiales, incluidas patrullas y policías, acarreando electores; secuestros, robos, detenciones indebidas, lesiones, amenazas de muerte con armas de fuego, daño en propiedad ajena, utilización recursos públicos para comprar votos, dinero sucio producto de actividades ilícitas para captar voluntades, reparto de estupefacientes, amenazas y un sin fin de atrocidades fueron los recursos utilizados para mantener el poder y el control de lo público y de lo privado, de lo lícito y de lo ilícito.
Nada de esto nos platicaron, en carne propia lo vivimos, diputadas y diputados, a nosotros mismos nos bajaron de nuestros vehículos y fuimos amagados con armas de fuego, nuestros candidatos y operadores políticos corrieron con igual o peor suerte, los despojaron de sus pertenencias, los golpearon y destrozaron palos y navajas sus vehículos, apedrearon sus casas y amedrentaron a sus familias.
Por la vía del chantaje, de la corrupción y de la amenaza hicieron que muchos ciudadanos abandonaran las casillas, que otros no ejercieran su derecho a votar y que muchos más lo hicieran coercionados por una opción que no era la suya.
Varios grupos de delincuentes fueron trasladados al estado, captados en toda la república: malvivientes, ladrones, asesinos y dealers; así formaron el famoso Grupo Tijuana y así lograron nuevamente apoderarse de un estado, que sin lugar a dudas merece mejor fortuna y mejores gobernantes.
Es preocupante lo evidente que resulta a los ojos de la ciudadanía, la creciente descomposición política y social, que amenaza con desbordarse si las instituciones del Estado no actúan con responsabilidad; la escasez de justicia y la creciente impunidad es en verdad dramática y nadie es capaz de detener el lodo que se desborda y corre sin freno por las calles de este país.
Es momento, compañeros, con verdadera ética y auténtico compromiso, actuar en consecuencia. No podemos permitir que se haga caso omiso de las responsabilidades, no podemos permitir que un grupo de delincuentes secuestre a una entidad sin que esta Cámara no pronuncie su rechazo enérgico y su preocupación genuina.
Cerrar los ojos, silenciar nuestra voz y dar la espalda no es el camino; no importa a qué partido pertenezcamos, lo trascendente es que tengamos el valor de ver lo evidente y de actuar con ética y congruencia.
Es nuestro deber exigir al secretario de Gobernación que tome cartas en el asunto; la política interior es su materia y queda claro que la ingobernabilidad y la omisión ha sido el sello característico de este sexenio y del pasado. ¿Dónde están los acuerdos políticos, dónde está el imperio de la ley, dónde está el gobierno?
La política de dejar hacer y dejar pasar no ha funcionado ni ha contribuido al bienestar ciudadano ni al desarrollo de ninguna nación. La indolencia, el cinismo y la complicidad no son la respuesta que esperan los ciudadanos.
Es momento, compañeros que logremos consensos en beneficio de México, que renovemos pactos y que todas las fuerzas y actores políticos actuemos con ética y con responsabilidad, de ahí que les pido votemos a favor del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea una Comisión especial y plural de carácter permanente que tenga por objeto vigilar y dar seguimiento a los procesos electorales que se realicen durante el tiempo que dure la presente legislatura. Esta comisión deberá involucrar en sus trabajos a ciudadanos, organismos públicos nacionales e internacionales que gocen de autoridad moral para observar dichos procesos y contar con los recursos necesarios para garantizar su cabal funcionamiento.
Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación a conducir la política interior del país con responsabilidad, eficiencia y ética, en aras de conducir a las instituciones públicas, partidos políticos y ciudadanos por los causes de la legalidad, actuando de cara a la nación, con transparencia, ejerciendo a cabalidad el encargo público que ostenta.
Tercero. Esta Cámara manifiesta su total rechazo por lo acontecido en Baja California Sur, durante el reciente proceso electoral y se exhorta al gobierno del estado y a sus funcionarios públicos a actuar en los límites de la legalidad y el derecho.
Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)