Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2438-II, martes 5 de febrero de 2008

Proposiciones Excitativas
 
 
 
 
 
 
 

Proposciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A FORMULAR UN LLAMADO ENÉRGICO A LOS ACTORES POLÍTICOS DEL PAÍS PARA QUE SE DIRIJAN CON RESPETO HACIA LAS MUJERES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados a realizar un exhorto a los diversos actores políticos a dirigirse con respeto a la mujeres que participan en política, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Permítanme iniciar esta participación recordando las palabras de un destacado panista, don Abel Vicencio Tovar, quien afirmó en 1980 que "ningún partido político moderno puede permitirse discriminaciones por el sexo de sus militantes. Quienes sostengan que la mujer sólo puede desempeñar cierto tipo de tareas y estar confinada a ciertas áreas, está mutilando la pluralidad de la sociedad y privando a su organización de la riqueza que aporta su eficiente actividad y el punto de vista femenino que la enriquece y complementa".

Lo anterior cobra relevancia en momentos en los cuales las mujeres volvemos a sufrir los embates de quien sin ningún criterio denuestan nuestro trabajo y participación en los diversos ámbitos de la vida nacional, pero particularmente en el terreno político.

Pareciera que se olvida, que ha sido con la participación activa y corresponsable de las mujeres, como miembros de esta sociedad, que nuestro país ha enfrentado los retos de su desarrollo y transformación. Las mujeres nunca hemos estado ajenas a los grandes problemas nacionales, siempre hemos estado presentes aportando lo que nos corresponde para lograr una sociedad más justa y democrática.

Lo hemos hecho venciendo serios obstáculos, después de décadas de lucha avanzamos en la construcción de una sociedad más equitativa donde la mujer tenga el reconocimiento y los espacios de participación para su pleno desenvolvimiento. Sin embargo, aún existen quienes no pueden vencer los paradigmas de género en sí mismos y no logran comprender que en el terreno político, hombres y mujeres somos iguales, no solo en el discurso sino en el trato cotidiano.

Diversas expresiones nos permiten constatar que todavía hoy, los estereotipos de género permanecen en la psique de algunos colegas.

Basta recordar las desafortunadas expresiones que hiciera el gobernador Moreira a la ex secretaria de Desarrollo Social.

El liderazgo de las mujeres se ha ganado con capacidad, conocimiento y experiencia, no somos producto de nuestra gracia o sexualidad, aportamos lo mejor de nosotras para jugar un papel destacado en el campo de la política y lo estamos logrando.

Por ello, no podemos permitir, que a ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, se le falte al respeto de manera directa o velada. Máxime, cuando ésta representa un poder del Estado mexicano.

Para nadie es desconocido que nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Ruth Zavaleta, ha sido objeto de expresiones poco respetuosas no sólo a su persona, sino a su investidura. Lamentablemente no es la primera vez que se falta al respeto y descalifica verbalmente a las legisladoras y mujeres que participan en la política. En este tipo de ataque se recurre al doble sentido y a un lenguaje sexista y denigrante que no se usa entre hombres y que tienen visos muy claros de discriminación y violencia contra la mujer.

Hoy se recrudece la campaña de denostación a través de Internet, donde circulan por blogs ligados a "cierto político" expresiones e imágenes que denigran la imagen y el trabajo legislativo al ridiculizar a nuestra Presidenta. Ante estas expresiones debemos manifestar nuestro total repudio y realizar un llamado para que quienes han difundido dichas imágenes, suspendan inmediatamente su campaña.

Porque cuando ofenden a una, nos ofenden a todas.

En esta tribuna nos hemos manifestado contra toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo o cualquier otro tipo, las hemos rechazado e incluso demandamos que en su caso sean sancionadas. No podemos permanecer impasibles mientras las mujeres de este país continúan siendo objeto de discriminación y violencia; de descalificaciones y denostaciones que atentan contra la dignidad de su persona.

Honremos nuestra convicción de que sólo en una sociedad incluyente y equitativa, mujeres y hombres, podremos construir un destino común con dignidad y respeto.

Por lo anterior los invitamos a aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a realizar un llamado enérgico a los actores políticos en nuestro país, a conducirse en sus actos y declaraciones con pleno respeto a las mujeres que participan en política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el cinco de febrero de 2008.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PROCESO ELECTORAL EN HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO LORENZO DANIEL LUDLOW KURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal por Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 y demás relativos aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Cámaras de Diputados, y de Senadores que mediante sus Juntas de Coordinación Política consideren crear una comisión especial de observación plural de legisladores que acuda a Hidalgo durante el proceso electoral que se celebrará el 17 de febrero de 2008, de la misma manera se exhorte al titular del Ejecutivo del estado se abstenga de implementar programas sociales, suspender las piedras e inauguraciones para no usar la obra pública con fines electorales; y que los funcionarios del gobierno de Hidalgo dejen de entrometerse en el proceso electoral próximo a celebrarse.

Resolutivos

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo a que suspenda los programas sociales hasta después del 17 de febrero del presente año.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo a que suspenda la colocación de primeras piedras e inauguraciones para no usar la obra pública con fines electorales.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo a que indique a sus funcionarios se abstengan de intervenir en el proceso electoral.

Cuarto. Se realice un convenio para que en Radio y Tv de Hidalgo en sus noticieros y programas haya equidad en las entrevistas con todos los candidatos y se elabore una agenda de entrevistas acordada por todos los interesados.

Palacio Legislativo, a 1 de febrero de 2008.

Diputado Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT Y A LA SEMARNAT A CANCELAR EL PROYECTO DE MUELLE PARA CRUCEROS EN LA BAHÍA DE ZIHUATANEJO, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El movimiento Pueblo en Defensa de la Bahía de Zihuatanejo, conformado por ciudadanos preocupados por conservar la belleza y recursos naturales de la bahía de Zihuatanejo, han llevado a cabo una serie de protestas y denuncias por los propósitos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de construir un muelle de cruceros en la bahía.

Como antecedente se tiene que la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la licitación pública nacional 00009012-017-07 para la contratación del proyecto de construcción de dicho muelle dentro de la bahía de Zihuatanejo, en particular, para la realización de los estudios y proyectos correspondientes.

Ahora se sabe que el proyecto de construcción de un muelle para cruceros en Zihuatanejo, Guerrero, está terminado desde el mes de octubre del 2007, pero oficialmente no lo han dado a conocer.

Este proyecto de construcción portuaria no es nuevo, inició hace 15 años y nunca ha contado con laaceptación de la sociedad, misma que se ha organizado e impedido su realización; defendiendo el principal atractivo del destino y la fuente de ingresos de los habitantes, la bahía de Zihuatanejo, la hermosa y pequeña bahía.

La ejecución del proyecto construcción de un muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo representa entre otros aspectos:

1. Dragar la bahía en un área de 120 metros de ancho, generando un volumen de dragado de cerca de 190 mil metros cúbicos.

2. El material del dragado será vertido en mar abierto.

3. Para ganar terrenos al mar realizarán un relleno de más de 700 metros cuadrados.

4. Abastecer de agua potable a los cruceros que arriben, en promedio 350 metros cúbicos, cuando existe grave escasez de agua en varias colonias del puerto.

5. El material de desperdicio sería depositado "temporalmente" en la laguna de Las Salinas, un área donde todavía existen varias especies de mangle, cocodrilos y aves y que es el único vaso receptor de agua pluvial que queda en Zihuatanejo, por lo que la obra devastaría está área natural.

 La inviabilidad del proyecto de muelle en la bahía de Zihuatanejo es de carácter legal, económico y ambiental.

Cabe señalar que en el 2002 uno de los resolutivos que el Consejo Consultivo de la Semarnat emitió respecto a la bahía de Zihuatanejo recomienda "revocar la autorización de impacto ambiental a la Inmobiliaria Punta del Mar, SA de CV, así como las subsecuentes revalidaciones de la misma para la construcción y operación del proyecto Puerto Mío en la bahía de Zihuatanejo y se ordene la demolición del espigón o rompeolas, se impida la realización de detonaciones submarinas y la construcción del muelle de cruceros dentro de la bahía".

Estas recomendaciones se amplían al proyecto Montecristo, con lo cual la Semarnat expresa el grave daño que causan este tipo de obras al entorno ecológico de Zihuatanejo, que vendrían a ser más graves con la obra de construcción de un muelle en la bahía.

A los responsables del proyecto de cruceros les convendría saber que dichas recomendaciones están vigentes y que si bien el proceso legal que se sigue para dar cumplimiento a las recomendaciones, puede ser tardado y tortuoso, se entiende que las autoridades medioambientales no pueden pasarlas por alto dando trámite a otro proyecto similar, máxime cuando se trata de una dependencia pública, como la SCT, que por principio debe ser escrupulosamente celosa del respeto a la legislación ambiental.

Es por ello, legisladoras y legisladores, y en atención a su sensibilidad que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al doctor Luis Téllez Kuenzler, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se cancele cualquier proyecto de construcción de muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo y se revoquen las autorizaciones que se hayan otorgado para tal fin.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al maestro Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que promueva acciones de restauración ecológica de la bahía de Zihuatanejo en Guerrero y analice y promueva el beneficio de declarar a está bahía como área natural protegida.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2008.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB, A LA SRE Y A LA SEDESOL A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE APOYO A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR QUE VIVE EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ Y GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El envejecimiento de la población es un fenómeno contemporáneo que paulatinamente se extiende a todas las naciones, indistintamente de su posición geográfica o económica. Actualmente hay 654 millones de adultos mayores en el planeta, que representan 10.2 por ciento de la población mundial, y se espera que en el 2030 sean mil 348 millones.

Europa es la región más envejecida con 20.6 por ciento de su población con 60 años o más de edad, seguida de Estados Unidos y Oceanía, con 16.6 y 13.7, respectivamente. Los países con mayor proporción de adultos mayores son Japón (25.5), Italia (24.5), Alemania (24.3), Grecia (23.7), Suecia (23.7), Canadá (17.7), Uruguay (17.6), Australia (17.2), Nueva Zelanda (16.4 ) y Cuba (15.3 por ciento).

México vive un intenso fenómeno de transición demográfica por el que nuestra desde los últimos treinta años. Hoy el segmento poblacional de los adultos mayores, se estima en 7.9 millones de habitantes de los cuáles, 3.5 millones tienen más de 70 años. En los próximos 26 años esta población se triplicará y se prevé que esta dinámica continúe acelerándose hasta alcanzar un ritmo promedio anual de 4.3 por ciento a finales de la segunda década del presente siglo.

Las personas con sesenta o más años residen predominantemente en hogares de tipo familiar y a pesar de ello, la participación económica de los adultos mayores se mantiene en niveles relativamente altos. Más de una tercera parte de ellos (36.2 por ciento) se mantienen activos económicamente y es muy notorio el diferencial que se da entre hombres y mujeres, ya que ellos tienen tasas de actividad de 58.1 por ciento mientras que las mujeres sólo alcanzan 17.7 por ciento

El 18.7 por ciento de los hogares mexicanos (4.2 millones) se encuentra jefaturado por un adulto mayor, de este número el 33 por ciento son hogares cuyo jefe de familia es una mujer. Ante estas cifras, la población de adultos mayores se ha convertido en un tema que debe ser central en las agendas políticas y sociales del siglo XXI, pues es necesario reconocer que son ciudadanos que con su esfuerzo y trabajo constituyeron las sociedades en las que hoy vivimos y siguen contribuyendo en buena medida con su esfuerzo y experiencia a la construcción de las sociedades en las que vivirán las futuras generaciones.

En México hasta hace una década se tomó conciencia del fenómeno y se ha incorporado el tema en las políticas públicas para revertir en la medida de lo posible, las consecuencias de este cambio demográfico. Sin embargo sus acciones limitadas por su alcance institucional y presupuestal, sólo toman en cuenta a la población que vive en el territorio nacional y deja de lado a los adultos mayores que emigran a los Estados Unidos con la finalidad de obtener mejor calidad y condiciones de vida, sin considerar que se trata de mexicanos que siguen requiriendo el apoyo solidario de su sociedad.

Según cifras de la Secretaría de Gobernación, de los diez millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, 710 mil tiene entre 60 y 74 años, de éstos, el 26 por ciento se encuentran económicamente activos. La gran mayoría de estos mexicanos envejecieron en Estados Unidos y han contribuido mediante el envío de remesas a la economía mexicana durante los últimos treinta años y con su trabajo al crecimiento de la economía norteamericana, pues actualmente la población estadounidense nacida en los años cuarenta, está alcanzando ya la edad de retiro y el trabajo que desempeñaban es cubierto por la población inmigrante.

No obstante que el 48 por ciento de los migrantes mexicanos de 60 años o más ya cuenta con la ciudadanía estadounidense y tiene garantizados sus derechos y beneficios sociales, aún existen aproximadamente 140 mil adultos mayores residentes en dicho país que experimentan condiciones de extrema fragilidad ante cualquier enfermedad o por la situación económica o migratoria en la que viven, pues al no contar con la matrícula consular, que es el documento mediante el cual oficialmente pueden identificarse en ese país, ven coartadas sus posibilidades para recibir cualquier tipo de atención, acceder a oportunidades laborales o realizar trámites migratorios, sin contar la discriminación de la cual son víctimas por ser mexicanos y además adultos mayores.

Es inaceptable que mexicanas y mexicanos que siguen contribuyendo con su esfuerzo al crecimiento económico de México, a pesar de su edad avanzada, lo hagan en condiciones de vulnerabilidad y carezcan de las condiciones mínimas para su subsistencia y bienestar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Social a diseñar, implantar y coordinar un programa de atención a personas adultas mayores en los consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, a efecto de que reciban orientación jurídica, atención sanitaria y educativa, así como una oferta básica de actividades recreativas y culturales que fortalezca su identidad como mexicanos.

Segundo. Se solicita que las acciones tomadas se informen por escrito a esta soberanía y que los recursos necesarios se obtengan de la transferencia entre ramos y partidas, en los términos que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria faculta al Ejecutivo, integrándose también una propuesta específica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2009.

Diputados: Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA EL EJECUTIVO FEDERAL QUE –POR CONDUCTO DE LA SHCP– PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN ESTUDIO SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE TENDRÍA EN EL PAÍS UNA POSIBLE RECESIÓN ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LAS MEDIDAS QUE SE INSTAURARÍAN CON EL BANCO DE MÉXICO PARA REMEDIAR LOS EFECTOS ADVERSOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado federal Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo que, por medio del Secretario de Hacienda, presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en el país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que con el Banco de México se instaurarían para remediar sus efectos adversos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un freno en el crecimiento de la economía estadounidense, que según expertos puede derivar en una recesión, es sin duda una amenaza a nuestro propio desarrollo económico.

Los procesos financieros globales, los flujos internacionales de bienes y servicios, la apertura de la economía mexicana y, sobre todo, la integración económica con Estados Unidos de América son elementos suficientes para temer consecuencias adversas sobre el aparato productivo nacional.

La caída de la Bolsa Mexicana y muchas otras en los últimos días es prueba contundente de lo que puede ocurrir.

Resultaría irresponsable decir que es posible paliar los efectos desfavorables mediante imaginarios motores económicos o hablar de un blindaje de hojalata. Más sabio sería adoptar las medidas pertinentes que en el corto plazo permitan sostener la actividad económica. Más sabio aun sería que tales medidas, y en general una política económica emergente, fuesen comunicadas y consensuadas con esta soberanía.

Y aquí vale la pena tomar ejemplo de las instituciones estadounidenses que ya están tomando y comunicando decisiones para enfrentar lo que parece inevitable.

La Reserva Federal instauró un recorte a su tasa de interés de referencia, a un nivel no visto en 20 años. Claro, allá su banco central sí tiene la obligación de velar por la creación de empleos y no sólo el control de la inflación. También su Ejecutivo propuso al Congreso un paquete de estímulos fiscales por 150 mil millones de dólares. Por cierto, tales medidas ya causaron alzas de las bolsas, incluida la mexicana.

En contraste, los mexicanos hemos recibido afirmaciones optimistas de que no pasará nada. Pero no vemos el fundamento de tal convicción, ni las medidas que en cumplimiento de su responsabilidad tomará el Ejecutivo.

Dicen las autoridades que la economía está sólida, que tenemos una reforma fiscal exitosa, que el Presupuesto es el adecuado. Y por supuesto contamos con el alto nivel de precios del petróleo.

Se habla de dos poderosos motores: la inversión en construcción de vivienda y en infraestructura pública. En consecuencia, pregunto: ¿no es necesario tomar medidas adicionales? ¿No debería haber un paquete de medidas para estimular el mercado interno, del cual por cierto están excluidos millones de mexicanos?

El gobierno debería ya estar reconociendo que la reforma fiscal recaudatoria que propuso no es la adecuada para hacer frente a una desaceleración económica; debería aceptar que la escalada de precios que provocó con sus aumentos agrava el problema. El Banco de México también ya debería estar anunciando menores tasas de interés, entre otras medidas.

Hay que recordar que los supuestos sobre los que se construyó el Presupuesto de 2008 preveían un crecimiento en Estados Unidos de 2.8 por ciento. Hoy, los analistas esperan que máximo crezcan 1 por ciento.

No es aventurado decir que el estimado de crecimiento de la economía mexicana que hizo Hacienda, de 3.2 por ciento, tenga que revisarse a la baja.

Un analista económico nos señala que el PIB de la industria de la construcción equivale a 5.1 por ciento del PIB total, y para contribuir efectivamente a contrarrestar los efectos de la recesión en Estados Unidos necesitaría crecer a un ritmo de entre 9 y 10 por ciento, lo que no parece probable en las actuales condiciones.

Por otro lado, el presupuesto que aprobamos para infraestructura es insuficiente para los propósitos que le endosa el Ejecutivo.

No debe perderse de vista que, más allá de las cifras, las perspectivas económicas o los debates entre analistas, lo que está en juego aquí es el futuro cercano de los millones de mexicanos que pueden perder el empleo o de los que ya están desempleados.

Empero, ya sabemos que para muchos tecnócratas esta última es una variable que no tiene importancia porque para ellos hasta el pago de salarios es una medida populista.

No obstante, esta soberanía tiene la obligación de velar por el bienestar de aquellos a quienes representamos; y ante la inminente recesión de la economía estadounidense, es necesario que conozcamos a profundidad las consecuencias previsibles para la economía nacional y las medidas para contrarrestarlas.

Por ello presento a la aprobación de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo que, por medio del secretario de Hacienda, presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en nuestro país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que con el Banco de México se instaurarían para remediar sus efectos adversos.

Palacio Legislativo, a 5 de febrero de 2008.

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UN PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA ECONÓMICA, DONDE INCLUYA UN PAQUETE DE REFORMAS ECONÓMICAS Y FISCALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Quien suscribe, diputado federal Joaquín Humberto Vela González, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a establecer un plan nacional de contingencia económica, donde se incluya un paquete de reformas que consideren la reducción y la eliminación de impuestos, la disminución de las tasas de interés, el incremento del gasto en inversión pública y la reducción de las tarifas de luz y de los precios del gas, del diesel y de las gasolinas.

Hay un dicho que reza que "cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía", lo cual no está alejado de la realidad.

Como es de su conocimiento, ante la crisis financiera de Estados Unidos de América, derivada de la cartera vencida hipotecaria, su gobierno decidió implantar un plan anticíclico que comprende el incremento del gasto público, la reducción de las tasas de interés a 3.0 por ciento, la disminución y eliminación de impuestos y la inyección de recursos gubernamentales, para el rescate de los deudores hipotecarios, de 146 mil millones de dólares.

El paquete de rescate, que establece ayudas por 146 mil millones de dólares a familias y a empresas, incluye una devolución de 600 dólares a los contribuyentes, un reembolso de 300 dólares por niño menor de 17 años y mayores deducciones y exenciones fiscales a su planta productiva.

Pero en tanto el gobierno de Estados Unidos decide implantar un plan anticíclico, con el propósito de reactivar su economía, en nuestro país el gobierno federal decidió todo lo contrario: incrementó y estableció nuevos impuestos de carácter recesivo, inflacionarios y agresivos contra la producción, contra el empleo y contra la competitividad, como el IETU, y el aumento del precio de los combustibles.

En adición, el gobierno profundizó la política monetaria restrictiva del Banco de México, reflejada en las elevadas tasas de interés de la banca comercial, de tal manera que nuestros problemas, ya de por sí graves, de desempleo, de inversión y de crecimiento, se habrán de agudizar hasta una crisis de proporciones inimaginables.

Con la recesión, debido a nuestra elevada dependencia económica, mal llamada "integración a la economía estadounidense", se generará una caída inmediata en nuestras exportaciones, la inversión, la producción y el empleo, no por nada la reducción de las expectativas de crecimiento de los últimos días, dadas a conocer por el Banco de México y la Secretaría de Economía, todavía muy optimistas, de 3.75 a 2.8 por ciento.

Obviamente en forma adicional al cambio en su política monetaria y fiscal, Estados Unidos no tardará en implantar mayores medidas proteccionistas ante México, tendentes a defender su planta productiva y sus fuentes de empleo, recrudeciendo la política migratoria.

Por tal motivo se hace imprescindible establecer un plan de contingencia, y no esperar pasivamente a que nos afecte la crisis de Estados Unidos, en la creencia de un falso blindaje dado por el nivel de reservas y la producción de crudo.

Requerimos medidas de política económicas reales, que repercutan, incentiven y fortalezcan el mercado interno, la planta productiva nacional y el empleo, y consideramos que una forma de lograrlo es implantar un paquete fiscal y monetario que promueva el consumo, la inversión y la generación de empleo.

Por lo anterior proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a establecer un plan nacional de contingencia económica, donde se incluya un paquete de reformas que consideren la reducción y la eliminación de impuestos, la disminución de las tasas de interés, el incremento del gasto en inversión pública y la reducción de las tarifas de luz y de los precios del gas, del diesel y de las gasolinas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2008.

Diputado: Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Ricardo Cantú Garza Rivera (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez, Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR A INVESTIGAR LOS DELITOS DE PEDERASTIA Y PORNOGRAFÍA INFANTIL RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE NÚMERO 2/2006, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE DE NUEVA ALIANZA

Mónica Arriola, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para que la Procuraduría General de la República inicie la investigación de los delitos de pederastia y pornografía infantil, a que se refieren los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls Hernández y Juan Silva Meza, en las páginas 4, 8, 17 y 18 de la versión taquigráfica del 27 de noviembre del año en curso, relativa al expediente 2/2006, de la investigación ordenada el 25 de enero de 2007, por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los hechos que pudieran ser violatorios de las garantías individuales de la ciudadana Lydia Cacho Ribeiro, con base en los siguientes

Considerandos

1. El 22 de febrero de 2006, el senador vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y las diputadas, presidenta y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del propio Congreso, solicitaron a este alto tribunal, que ejerciera la facultad de investigación prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del caso de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro.

2. Una vez tramitada dicha solicitud de investigación al interior de la Suprema Corte de Justicia, con el número 2/2006, el 18 de abril de 2006, el Pleno por votación dividida de 6 contra 4 votos, resolvió que sí procedía ejercer la facultad de investigación prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, debido a la existencia de elementos para investigar si el gobernador poblano violentó de manera grave los derechos de la periodista Lydia Cacho, por lo que designó a los magistrados Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín a investigar el caso.

3. Como resultado de la investigación mencionada, el 19 de septiembre de 2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de siete votos, desechó el proyecto presentado por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, argumentándose de insuficiencia en la citada investigación. En esa misma sesión y de conformidad con las atribuciones de la Presidencia del órgano colegiado, se acordó una nueva comisión investigadora a cargo del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, con la finalidad de presentar un nuevo proyecto de dictamen que contendría elementos suficientes para determinar, si existieron violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

4. El 25 de enero de 2007, el órgano colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el informe de la comisión que, encabezado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, demostró la existencia de ciertas irregularidades y que además no se demuestran en el mismo, incidencias tan particulares en el que se haya dado una violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho con motivo de su detención en diciembre del 2005.

Por lo anterior, el Pleno aprobó por unanimidad, la integración de la comisión que debe continuar con esta investigación, dirigida por el ministro Juan Silva Meza, en los siguientes términos: "el objetivo fundamental de la investigación se debe centrar en la existencia o no, de un posible concierto de autoridades del estado de Puebla para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho, y si dentro de la investigación directamente relacionados con ella, los comisionados encuentran hechos o situaciones diversos que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales, podrán tomarlos en consideración". Página 57 del expediente relativo al ejercicio de la facultad de investigación solicitada por las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ponencia del señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo).

5. En la versión taquigráfica del 27 de noviembre del año en curso, relativa al expediente 2/2006 de la investigación ordenada el 25 de enero de 2007, por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los hechos que pudieran ser violatorios de las garantías individuales de la ciudadana Lydia Cacho Ribeiro. Se aprobó con una votación de seis votos a favor y cuatro en contra, que en la extensión de dicha investigación no se comprendiera la existencia de las redes de pederastia.

6. En consecuencia, el 29 de noviembre de 2007, el Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró resuelto el asunto al considerar que no se demostró la existencia de violación grave de garantías individuales en términos del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El expediente 2/2006 contiene párrafos que no es posible soslayar por lo siguiente:

"Palabras del ministro presidente en el proyecto que nos presenta el señor ministro ponente, hay un amplio capítulo sobre investigación de pederastia y pornografía infantil". Página 4.

Señor Ministro Valls Hernández: … respecto a esta violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales de menores de edad, me parece relevante destacar que si bien en la resolución de este honorable Pleno, se autorizó a la comisión a investigar diversas violaciones de garantías individuales, ello en todo momento se entiende referido a que estuvieran directamente relacionadas con la investigación principal, derivada de la publicación de que la señora hace sobre la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil. Página 8.

Ministro Silva Meza: …conforme a la naturaleza de los hechos a investigar, si estamos investigando redes de pederastia, si estamos investigando pornografía, etcétera, con un órgano no ministerial, no especializado en la investigación, sino con el compromiso constitucional de atender esta facultad tan importante, fundamental, de control constitucional político de las autoridades que da el 97 constitucional, para esos efectos se acudió, como decía el ministro Aguirre Anguiano a todo tipo de medios e inclusive a obtener la información en las entidades federativas que se dice en Puebla, Quintana Roo, con las declaraciones; con los testimonios obtenidos de los procuradores de justicia; con la información recibida en la Procuraduría General de la República; copia de averiguaciones previas, listas de sitios web donde aparecen estas publicaciones de trata de menores que existen en el país; el informe del comisionado específico de la ONU para estos efectos también consta en autos; diligencias donde se declararon, con presencia de abogados, con presencia de psicólogos, con presencia de las madres de las víctimas de este tipo de delitos que constan en autos, que están respaldando esta investigación, que están en los videos que han sido sometidos a su consideración; todos ellos para que no fuera solamente una investigación de localizar alguna información de Internet y decir: esto revela un problema grave, cada una de estas informaciones está perfectamente relacionada; está sustentada en un archivo electrónico de este aspecto de la investigación que tenía un lugar primordial, en tanto que éste era el problema, que de ser cierto, podría constituir un problema de Estado en la nación mexicana. Esto, aunado a que se violan garantías individuales de una periodista, que en una obra literaria, hace la denuncia correspondiente de la existencia de redes de pederastia, de protección a la misma, de aliento donde pueden estar interviniendo agentes de gobierno. Esto es, ya la autoridad política en la denuncia de estos hechos. Eso es lo que motiva a la comisión". Páginas 17 y 18.

7. Tomando en consideración los artículos 113, 194, 200, 201, 202, 202 Bis, 203, 205, 206, 206 Bis y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En consecuencia, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, inicie la investigación de los delitos de pederastia y pornografía infantil, a que se refieren los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls Hernández y Juan Silva Meza, en las páginas 4, 8, 17 y 18 de la versión taquigráfica del 27 de noviembre del año en curso, relativa al expediente 2/2006, de la investigación ordenada el 25 de enero de 2007, por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los hechos que pudieran ser violatorios de las garantías individuales de la ciudadana Lydia Cacho Ribeiro.

Informe a esta honorable soberanía de los avances y resultados de dicha investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2008.

Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A ELABORAR Y PUBLICAR EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES UNA NORMA OFICIAL SOBRE EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN DE LA MALEZA ACUÁTICA EN LAGOS Y EMBALSES, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Gustavo Macías Zambrano, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con las autoridades competentes, elabore y publique una norma oficial para regular el control de la maleza acuática, basado en las siguientes

Consideraciones

El rol que tiene la flora en la vida acuática es fundamental ya que convierte en alimento la energía química almacenada por ella, además, las plantas acuáticas son benéficas para los peces en la medida del balance ecológico que proveen. Las plantas acuáticas constituyen la reserva alimenticia básica para diversas formas de vida animal de ese medio, y les proveen de protección en el ambiente en que se desarrollan.

A pesar de lo anterior, algunas especies de plantas acuáticas pueden considerarse nocivas en situaciones determinadas, por ejemplo, cuando por su explosivo crecimiento se convierten en malezas acuáticas. En México, muchas de estas plantas no son nativas y han sido introducidas, tal es el caso del lirio acuático y salvinia molesta.

La proliferación de estas plantas está asociada a una alta tasa reproductiva, una gran capacidad de adaptación, la ausencia de enemigos naturales que ejerzan control sobre ellas y las concentraciones de nutrientes en los cuerpos de aguas residuales derivados de actividades agrícolas, urbanas e industriales, vertidos en los lagos y embalses donde crecen estas malezas.

Las malezas acuáticas pueden ser agrupadas de acuerdo al lugar de su desarrollo dentro del agua en especies flotantes, especies sumergidas, plantas emergentes y algas.

En nuestro país existe una problemática clara derivada de la proliferación de malezas acuáticas que interfieren en el uso y aprovechamiento de los recursos hidráulicos nacionales. Los efectos negativos de estas especies se perciben en diversos aspectos como las actividades agrícolas, la salud humana, la pesca, la recreación, el medio ambiente y en general el bienestar de la población. Por tales motivos, el control de la propagación de las malezas acuáticas en lagos y embalses es fundamental.

A nivel agrícola, las afectaciones se dan en la obstrucción de los sistemas y canales de riego, mermando el flujo y la distribución del agua. De manera adicional, la presencia de estas especies favorece las filtraciones y la evaporación excesiva, así como la acumulación de sedimentos. Así mismo, estas plantas son responsables de la obstaculización del flujo en los drenes y condicionan el ensalitramiento de los terrenos.

Con base en información vertida en el XV Congreso Mexicano de Botánica, en los distritos de riego de México, el 20 por ciento de los canales, el 50 por ciento de los drenes, el 50 por ciento de los caminos de acceso, el 15 por ciento de la superficie de las presas se encuentran sometidos a estrés por la presencia de malezas acuáticas.

En materia de salud, la existencia incontrolada de las malezas acuáticas se constituye en hábitats propicios para el desarrollo de mosquitos y riesgos para las poblaciones asentadas en los alrededores de estos cuerpos de agua, ante la posibilidad de presencia de dengue y malaria.

En cuestiones de afectación ambiental, en presencia de estas malezas, se inhibe la capacidad de auto depuración de los ambientes acuáticos ya que se coartan los factores naturales de degradación de contaminantes, con lo cual empeora la calidad del agua. De manera adicional, y debido al estancamiento del agua, el oxígeno disuelto en el agua provoca la muerte de la fauna acuática que incide negativamente en el desarrollo y sostenimiento de las especies aviarias, inevitablemente, la cadena alimenticia se fragmenta.

En materia económica, se restringen las actividades recreativas y pesqueras por el azolvamiento de los embalses y las obras hidráulicas necesarias para la actividad económica no operan con normalidad. Sumado a lo anterior, se dan pérdidas de agua por evotranspiración de hasta 2.5 ó 3 veces más que si el embalse estuviese limpio. Esto tiene consecuencias sobre los niveles de agua que llegan a las plantas potabilizadoras y, por ende, a las poblaciones dependientes de estos cuerpos de agua.

Existen diversos mecanismos para controlar estas malezas. Entre ellos se encuentran la remoción manual, mecánica y química (aplicación de herbicidas). Se utiliza cada una de ellas dependiendo de las necesidades y condiciones topológicas propias de los cuerpos de agua.

Los esfuerzos por controlar estos efectos dañinos para el país se han realizado a nivel nacional. Por ejemplo, en el 2005, derivado del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano firmado por el Ejecutivo y el estado de Jalisco, a través de la CNA y el estado, se puso en marcha el programa Control de Malezas Acuáticas en Cuerpos de Agua.

En el caso de Jalisco, el control se llevó a cabo a través de los tres métodos, siendo el método mayormente empleado la aspersión de herbicidas en 5 mil 690 hectáreas. El producto químico utilizado fue el glifosato acuático, cuyo principio activo es la sal isopropilamina de la N-glycina. Este producto fue evaluado para determinar su toxicidad por parte del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, institución perteneciente al Instituto Nacional de Ecología. El resultado muestra que el glifosato es menos tóxico que la nicotina, el DDT y los insecticidas, entre otros.

Por otro lado, de acuerdo a evidencias documentadas, el glifosato para malezas acuáticas y su formulación es inocuo para la vida de las especies mayores, menores y personas, siempre que se aplique en concordancia con las instrucciones del fabricante y los señalamientos de la autoridad ambiental en materia de la dosis autorizada por unidad de área de malezas acuáticas.

Si bien estos mecanismos de control son eficientes y seguros, la presencia de estas plantas es reincidente y constantemente es necesario realizar acciones tanto de eliminación, control y prevención de las malezas acuáticas.

Actualmente no existe en la normatividad un esquema de lineamientos bajo los cuales se realice la regulación técnica que establezca las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables para el proceso de control de la proliferación de las malezas acuáticas. Es evidente que ante la carencia de este instrumento, los mecanismos de control y evaluación que poseen las autoridades en materia ambiental y de salud son limitados y ante la necesidad de continuar llevando a cabo acciones para controlar las malezas, las autoridades se ven rebasadas.

Se requiere contar con una norma oficial mexicana que regule los mecanismos de control para la proliferación de malezas acuáticas en lagos y embalses.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y demás autoridades competentes, elabore y publique una norma oficial mexicana para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2008.

Diputado Gustavo Macías Zambrano (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE COMUNICADORES Y CIUDADANOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA CRUZ SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quienes suscriben, diputados Raymundo Cárdenas Hernández, Claudia Cruz Santiago, Aleida Alavéz Ruiz, Ramón Pacheco Llanes y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La libertad de expresión es una de las piedras angulares en la vida e instituciones democráticas, cuando se viola el derecho a la libertad de expresión se atenta contra la vida democrática de un país. A su vez, la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, puesto que existe una vinculación indisoluble entre la libertad de expresión y la libertad de información.

De hecho, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de San José de Costa Rica en 1969, refiere en su artículo 13, "Libertad de pensamiento y expresión", los principios que orientan la defensa de la libertad de expresión y su vinculación con la libertad de información:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley para asegurar:

a) El respeto a los derechos o a la reparación de los demás o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso en los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

 En el comunicado de prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez, señaló que: "El pluralismo requiere poder expresar distintas opiniones a través de diferentes medios de comunicación, y que éstas puedan hacerse llegar al mayor número posible de destinatarios. La democracia requiere del libre debate de ideas y opiniones, aún cuando resulten ingratas o perturben al gobierno". Agregó que "una opinión pública informada constituye un importante medio de control democrático de los gobiernos".

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran consagrada la libertad de expresión e información como derechos constitucionales en los artículos 6o. (referido a la manifestación de las ideas y el derecho a la información) y el 7o. (referido a la libertad de escribir y de publicar escritos). La protección de ambos derechos es fundamental para la vida democrática de nuestro país, ya que una sociedad informada puede ejercer sus opciones y que la opinión pública se forma de la pluralidad de perspectivas y de la riqueza de la información recibida. Los regímenes autoritarios y totalitarios, manipulan la opinión pública, uniforman las voces de periodistas e informadores, y controlan la información.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara en sus observaciones preliminares sobre su visita oficial a México en agosto de 2003, lo siguiente:

El periodismo es una de las principales manifestaciones de la libertad de expresión, y por lo tanto es obligación del Estado garantizar a los comunicadores de todos los medios un ejercicio profesional digno y seguro. Sin embargo, no existe en México una normatividad federal en ese sentido, por lo cual la labor de los periodistas se ve amenazada y la libertad de expresión, lesionada.

Los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, que incluyen tanto abstenerse de acciones que afecten el pluralismo como adoptar acciones positivas para garantizarlo. Una de las situaciones que afecta el pluralismo es la concentración y los monopolios, públicos o privados, en la propiedad de los medios.

La relatoría considera importante que los Estados adopten acciones tales como la promulgación de leyes antimonopolio en la propiedad y control de los medios de comunicación, y la adopción de legislación que establezca concursos abiertos, públicos y transparentes para la asignación de frecuencias radioeléctricas, así como la atribución de competencia a órganos independientes para la adopción de decisiones sobre la materia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se había pronunciado, en su informe del año 2000, en el sentido de que la protección de la libertad de expresión debe considerar el pluralismo, la tolerancia y la apertura mental, sin las cuales no existe una sociedad democrática.

Según la Corte Interamericana de Derecho Humanos, los últimos dos años, 2006 y 2007, fueron los peores en más de 15 años. Solamente en 2007 se abrieron 84 expedientes de quejas por agravios a periodistas, por el ejercicio de su profesión y se documentaron 88 casos adicionales que se hicieron públicos en diversos medios, los cuales "podrían constituir violaciones a las garantías fundamentales de los comunicadores".

La impunidad y el incumplimiento del gobierno mexicano de sus compromisos internacionales en la defensa y protección de los derechos humanos, agrava la situación que atraviesa la labor de los comunicadores, en especial el periodismo al ejercerse libremente y con la convicción de presentar ante la opinión pública hechos que pueden desagradar a grupos de poder. En el documento elaborado por Cencos, artículo 19, "Señalamientos sobre el incumplimiento del Estado mexicano en materia de libertad de expresión" se cita la declaración de José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch en el que señala la falta de voluntad política del gobierno mexicano: "…si bien la oficina de la fiscalía especializada ha desaparecido, la necesidad de atender el legado de los abusos del pasado se mantiene (…) México debe encontrar la manera de cumplir su obligación de investigar y castigar dichos casos."

Además la CNDH advirtió de que entre los hechos denunciados sobresalen el homicidio, las lesiones y la desaparición forzada de personas, en tanto que por su frecuencia sobresalen las intimidaciones y las amenazas, incluso de muerte, hechas por vía telefónica, por correos electrónicos y de manera personal.

Ahora, en la sustitución de la periodista Carmen Aristegui en la conducción y dirección del espacio radiofónico Hoy por Hoy, nos encontramos con la posible violación de la libertad de expresión y del derecho a la información, en la medida en que un concesionario trata de imponer una línea editorial, sobre la libertad de expresión de la periodista Carmen Aristegui, y termina imponiendo con esta línea editorial una limitación al derecho a la información de los mexicanos. Recordemos que los concesionarios se expresaron en esta soberanía cuando sintieron que se limitaba su libertad de expresión con la reforma electoral recientemente aprobada, que fueron escuchados y que ejercieron libremente sus derechos, ahora pereciera una paradoja, dos de estos concesionarios, Prisa y Televisa, tratan de imponer una línea editorial sobre derechos constitucionales. De hecho, la empresa española Prisa, no podría llevar a cabo esta imposición de su línea editorial, ya que la Ley Orgánica 2/1997 del 19 de junio garantiza, desde la fuerza normativa de la Constitución española de 1978, la exigibilidad jurídica a poderes públicos y particulares de asegurar a los profesionales de la comunicación la libertad de expresión, el derecho a la información, desde la cláusula de conciencia, como derecho constitucional que garantiza a los profesionales de la comunicación la independencia de su labor, así como la posibilidad del mismo para rescindir su relación profesional en casos determinados, y la facultad de éstos para negarse motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a sus principios éticos en comunicación, sin que medie sanción o castigo.

Por otra parte comunicado del Grupo Televisa publicado en diversos medios impresos señala lo siguiente:

Grupo Televisa rechaza injerencia alguna con la terminación de la participación de Carmen Aristegui en W Radio.

Líneas abajo explica:

Desde la asociación de Grupo Televisa con grupo Prisa en 2001 las decisiones editoriales en Televisa Radio se han acogido a los códigos y los lineamientos del consorcio español.

Con estos argumentos Televisa no sólo deslinda de cualquier responsabilidad en cuanto a la salida de la periodista Carmen Aristegui sino que hace saber que el manejo editorial en sus concesiones radiofónicas está a cargo de funcionarios de la empresa extranjera española Prisa lo cual implica una violación a los artículos 14 y 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión y al artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera por lo cual esta soberanía exige revisar a cabalidad el cumplimiento de dichos ordenamientos.

El espacio radiofónico conducido por Aristegui ha sido ampliamente reconocido, incluso esta soberanía en la sesión del día 9 de enero del presente se pronunció en ese sentido, puesto que este espacio informativo se ha distinguido por su pluralidad y su sentido crítico al presentar la información noticiosa; fueron diversos los temas delicados que abordó objetiva y responsablemente de manera reiterada en su programa y que constituían lesión a muchos intereses tanto políticos como económicos, por lo que existe la posibilidad real de que aquéllos que se sintieran perjudicados por la información manejada por la periodista ejercieran presión para su salida. Tal situación constituiría una grave violación a la libertad de expresión de la periodista y al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos de este país, de recibir información veraz, objetiva y oportuna del acontecer nacional e internacional. El programa Hoy por Hoy daba espacio a todas las voces, respetaba el derecho de réplica, ejercía un periodismo profesional, con lo cual materializaba el derecho a la información de los mexicanos y la libertad de expresión de amplios sectores sociales, por lo cual el gobierno mexicano está obligado a investigar las causas reales de su desaparición. Sobra enumerar los múltiples reconocimientos que se le otorgaron nacional e internacionalmente.

Es por tales motivos que proponemos que el recién nombrado, secretario Juan Camilo Mouriño, quien declaró asumir el compromiso de defender y resguardar las libertades fundamentales de los mexicanos, particularmente con la libertad de expresión, informe a esta soberanía las acciones que realiza a favor de la protección y respeto de tales derechos fundamentales, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el mismo sentido informen al Congreso de la Unión, sobre sus acciones a favor del derecho de información de todos los mexicanos, así como el de la libertad de expresión de los profesionales de la comunicación, al aplicar la ley; esta institución de gobierno, ha de explicarnos la manera en que ha otorgado las recientes concesiones y si ha atendido las múltiples observaciones en torno a la monopolización de las frecuencias del espectro radioeléctrico y lo que esto provoca en la lesión de los principios de equidad y el ejercicio de derechos fundamentales.

Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue si se violaron derechos fundamentales de la periodista Carmen Aristegui y de los mexicanos que exigen veracidad, pluralidad y objetividad en la información, no líneas editoriales que uniforman y limitan el derecho a ser informado. Todas las dependencias del Estado mexicano tienen el compromiso de guardar y hacer guardar los derechos fundamentales de los mexicanos, el marco constitucional y nuestro sistema jurídico vigente. Cualquier acción en sentido opuesto, sea de grupos de poder o del gobierno en funciones, es atentatorio a nuestra democracia y al estado de derecho, debe ser corregido y sancionado de acuerdo a las leyes en la materia.

Por lo anteriormente argumentado, es que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informen sobre las acciones que llevan a cabo para salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos, tanto en el ámbito del otorgamiento de concesiones como en el ejercicio de estos derechos en los medios de comunicación.

Segundo. Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue sobre la posible violación de la libertad de expresión y la correspondiente violación del derecho a la información de los ciudadanos mexicanos, particularmente en el caso de la periodista Carmen Aristegui, y que en el caso de constituirse algún acto u omisión que represente una violación de derechos constitucionales, se proceda en consecuencia.

Tercero. Esta soberanía solicita la revisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes así como de la Secretaría de Economía sobre la posible violación al artículo 14 y 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión y así como el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera por el manejo del modelo editorial en concesiones radiofónicas mexicanas por parte de funcionarios de la empresa extranjera Prisa.

Palacio Legislativo a 15 de enero de 2008.

Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández, Claudia Cruz Santiago, Aleida Alavéz Ruiz, José Alfonso Suárez del Real, Ramón Pacheco Llanes (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA SOBERANÍA A VIGILAR EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LAS CONDICIONES LABORALES QUE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE ESTE RECINTO OFRECEN A SUS TRABAJADORES, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO DÁVILA ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Humberto Dávila Esquivel, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al Comité de Administración de la Cámara de Diputados a vigilar, en el marco de sus competencias, las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto brindan a sus trabajadores, con base en las siguiente

Consideraciones

En las últimas semanas diversos periódicos nacionales han dado cuenta de las irregularidades e inconsistencias que algunas empresas concesionarias que prestan servicios a la Cámara de Diputados están cometiendo.

Trabajadoras y trabajadores de las empresas Alfa, que actualmente cuenta con el contrato de limpieza en el recinto, y de la empresa denominada Fonda San Ángel, que da el servicio de restaurante en la terraza, han denunciado la violación de sus derechos laborales.

Las violaciones a los derechos humanos y laborales, incluyendo graves abusos y arbitrariedades en que incurren dichas empresas, se han vuelto parte de la vida diaria de las personas que se ven obligadas a contratarse con estas compañías que a pesar de que fueron denunciadas con anterioridad por grupos parlamentarios como el de Convergencia, siguen cometiendo dichas transgresiones.

La reducción de salarios, los despidos injustificados, la falta de pago de horas extras y diversas prestaciones, como aguinaldos y vacaciones, además de la obligación de la firma de contratos temporales que evitan la acumulación de antigüedad por parte de los trabajadores, son algunos de los atropellos que enfrentan los trabajadores.

En este sentido, a comienzos de este año, "la empresa Alfa recortó en 600 pesos el salario de los más de 500 empleados de limpieza, quienes ahora reciben sólo 900 pesos a la quincena. Además de la entrega de 500 pesos como aguinaldo en lugar de la cantidad proporcional a los 40 días que les corresponde".1 "Entre las condiciones que esta empresa impone a sus trabajadores destaca una: si los trabajadores llegan temprano todos los días, les dan 100 pesos adicionales al mes, pero si faltan un día les quitan no solamente el bono, si no que se les descuenta el día completo y también la prima dominical, es decir por un día de inasistencia se les reduce hasta en 200 pesos el sueldo".2

Por su parte, en materia de restaurantes, según datos del periódico El Universal, se constató la existencia de afectaciones laborales desde el funcionamiento de empresas anteriores, como la denominada Promotora Fiesta Satélite, que operaba dentro de la Cámara el espacio de restaurante denominado La Terraza. "Esta compañía pagaba a sus meseros 750 pesos a la semana, de los cuales la mitad se las daba en efectivo y el resto en vales de despensa. Los trabajadores no contaban con prestaciones mínimas como el Seguro Social. Después del cambio de concesión, la nueva empresa, conocida como Fonda San Ángel, contrato a varios de las y los trabajadores del consorcio anterior; sin embargo éstos vieron reducido su sueldo a sólo 560 pesos de lunes a viernes, con derecho a sumar 52 pesos más si trabajan el sábado en labores de limpieza o en el otro restaurante de la empresa. Si no deciden laborar en sábado, la empresa aplica una reducción de 80 pesos, con lo que el sueldo se queda en 480 pesos".3

No conformes con ello, el área de Resguardo y Seguridad de la Cámara también enfrenta conflictos importantes, pues varios de sus trabajadores no cuentan, a pesar de la antigüedad, con derechos de sindicalización. "De acuerdo con Orlando Serna, integrante de un grupo de 19 empleados de seguridad de la Cámara de Diputados que se niegan a firmar su baja –en mil pesos– para ser recontratados, denunció que hay aprestos para contratar a una empresa de seguridad privada y, con ello, solucionar cualquier conflicto laboral".4

Según datos de la investigación número 67 de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, "nuestro país tiene una de la más altas cifras de trabajadores ocupados sin prestaciones en todo el mundo, con más de 26 millones 468 mil personas que no ejercen ninguno de los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo".5

La investigación, en la que también participaron María Luisa Gazpar, Fructuoso Matías, David Ángel Lozano, Beatriz Aguirre, Héctor Maya y Luis Lozano Arredondo, planteó que de los 105 millones 300 mil mexicanos que éramos en el 2005, sólo 43 millones 398 mil personas tenían empleo y de ellos sólo 15 millones 613 mil tenían prestaciones laborales, de los cuales sólo 10 millones 767 mil eran empleos permanentes.

Los derechos laborales en México constituyen una pieza esencial en la determinación del estado que guardan otros derechos, tales como el derecho a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, puesto que éstos son impactados en la medida en que la población económicamente activa tiene acceso al ejercicio libre y pleno de sus derechos humanos laborales; mismos que se expresan, principalmente, en la posibilidad de tener acceso a un trabajo digno y un salario suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe o jefa de familia.

La falta de empleo en nuestro país y la reducción, desaparición e incumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores es una constante. A pesar de que nuestra Carta Magna, en su artículo 123, establece claramente que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…", es cada vez más frecuente la subcontratación de mano de obra mediante contratistas, la cual arrasa con los derechos de los trabajadores. En esta modalidad de contratación no existe responsabilidad alguna con los trabajadores, ya que éstos, al firmar contratos con duración solamente de uno, tres o seis meses, hacen que se eliminen derechos como antigüedad, seguridad social, sueldos dignos y la libertad de afiliarse a un sindicato, entre otros.

La situación que vive el personal de las empresas concesionarias de la Cámara de Diputados es un claro ejemplo de lo que sucede en el resto del país. En este sentido, aún y cuando los patrones responsables de dar las prestaciones laborales mínimas a los trabajadores que llevan a cabo estos servicios son los concesionarios, es nuestro deber como legisladores y ciudadanos solicitar, al momento del procedimiento de licitación, no sólo información sobre las condiciones del servicio a proporcionarse, sino las prestaciones con las que contarán las personas encargadas de llevarlos a cabo.

Para Nueva Alianza, al igual que para muchas voces que ya se han hecho oír, es inadmisible que en este recinto se acepte que quienes nos apoyan en los servicios de limpieza, restaurante y seguridad se encuentren en una situación así. En la realización de los derechos humanos laborales se encuentra la realización de la justicia social, por ello sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se exhorta al Comité de Administración de la Cámara de Diputados a vigilar, en el marco de sus competencias, que las condiciones laborales de las y los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios a este recinto, sean conforme a derecho y en su caso, se pugne, desde la licitación por condiciones dignas de trabajo.

Notas:
1 Los datos fueron obtenidos de la nota de Enrique Méndez "Trabajadores de limpieza en San Lázaro sufren recorte salarial", La Jornada, viernes 11 de enero de 2008, y de declaraciones del propio personal de la empresa, quienes pidieron permanecer en el anonimato.
2 Ricardo Gómez y Andrea Merlo, "…Tampoco responden ante abuso laboral", El Universal, domingo 13 de enero de 2008.
3 Ibídem.
4 Moisés Sánchez Limón, "Denuncian trato inhumano a personal de limpia en el Congreso", La Crónica, viernes 11 de enero de 2008.
5 Patricia Muñoz Ríos, "No ejercen derechos laborales más de 26 millones de trabajadores en México", La Jornada, 26 de septiembre de 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2008.

Diputado Humberto Dávila Esquivel (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA LVI LEGISLATURA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A INVESTIGAR RESPECTO A LA INVASIÓN Y PROLIFERACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN DIVERSAS POBLACIONES COMUNALES O EJIDALES DE LA ENTIDAD DECLARADAS ÁREA NATURAL PROTEGIDA, CON LA CATEGORÍA DE PARQUE ESTATAL, SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA RÍO SAN LORENZO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR ARREDONDO IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El abajo firmante, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, somete a esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el que se solicita se investigue la invasión y proliferación de construcciones en las tierras de los núcleos de población comunal y/o ejidal de los poblados de San Mateo Atarasquillo, Santa María Atarasquillo, Santiago Analco, la Cañada de Alférez y San Miguel Ameyalco, municipio de Lerma, estado de México, tierras que fueron declaradas área natural protegida con la categoría de parque estatal, Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo, bajo el tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el municipio de Lerma, que es parte central del estado de México, existe la zona Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo-Atarasquillo, la cual es una zona importante de recarga para el acuífero de la cuenca del río Lerma, debido a su densa cobertura forestal, que favorece la alta retención e infiltración de agua de lluvia y sus escurrimientos, por su elevada permeabilidad, además de que es el hábitat de especies endémicas, y de una fauna que ha sido objeto de estudio e investigación para su protección y desarrollo; debido a tales características, en la gaceta de gobierno número 4, de fecha 8 de enero de 1980, el Ejecutivo estatal decretó la creación del parque ecológico turístico y recreativo Zempoala-La Bufa, que se denominaría "Parque otomí mexica del estado de México", en aquél entonces con la utilidad pública de forestación y reforestación, control de corrientes pluviales, absorción de aguas, prevención de inundaciones y erosiones, mejoramiento de suelos, desarrollo de programas silvícolas, de saneamiento y aprovechamiento forestal, agrícolas y ganaderos de montañas, infraestructura turística, prohibición de construcciones que dificulten su buen funcionamiento y restricción de asentamientos humanos; posteriormente con la finalidad de incrementar el patrimonio ecológico y preservar las fuentes de agua en el estado de México, el gobernador, mediante la declaratoria publicada en la Gaceta del Gobierno, número 89, de fecha 12 de mayo de 2006, estableció la referida zona, como área natural protegida con la categoría de parque estatal, Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo; no obstante lo anterior y debido a una manifestación pública realizada el pasado 15 de octubre, en la plaza cívica del palacio municipal de Lerma, por los núcleos de población comunal y/o ejidal de San Mateo Atarasquillo, Santa María Atarasquillo, San Miguel Ameyalco, Santiago Analco y Cañada de Alférez, se tuvo conocimiento de que el Ejecutivo municipal, a través del tesorero del ayuntamiento de Lerma, Isaías Facundo Fernández Colín (quien también es el líder y representante de algunos vecinos del poblado de Salazar), y su hijo Javier Fernández Ceballos, quien hasta hace poco fungió como secretario particular del presidente municipal, con el apoyo del área de desarrollo urbano del gobierno municipal, han impulsado la invasión y proliferación de construcciones en las tierras del núcleo de población comunal de San Mateo Atarasquillo, lo que se explica por el valor inigualable que tienen tales terrenos, ya que al mismo tiempo que son una belleza natural, se encuentran ubicados entre la Ciudad de México y Toluca.

De no investigarse la problemática planteada, podría traer consecuencias lamentables para el municipio y la población en general; ya que la cuenca en comento, es la mayor recaudadora de agua en el estado de México y a su vez uno de los principales suministros del vital líquido para el Distrito Federal, por lo que el daño sería incalculable, esto independientemente de las riñas o conflictos que en cualquier momento pueden desatarse entre los presuntos servidores públicos involucrados en la invasión y la comunidad afectada.

Ahora bien, de ser cierta la invasión referida, debe aplicarse el rigor de la ley, máxime tratándose de servidores públicos, quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las normas y no abusar de los puestos que tienen para violarlas, pasando por encima de éstas sin obtener un castigo; en ese entendido debe solicitarse tanto a la LVI Legislatura del estado de México, como al gobierno del estado una investigación minuciosa de la situación y de encontrar elementos consignar ante las autoridades competentes a los culpables, situación que se vuelve más grave ya que la invasión de una zona protegida para el resguardo de agua debe de sancionarse severamente, sobre todo en estos tiempos en los que muchas comunidades del estado de México sufren por la escasez del vital liquido, siendo el río Lerma, uno de los mayores proveedores de éste.

Es por estas razones que acudo a esta representación popular, para coadyuvar en la solución de una problemática que ha estado presente en los últimos meses sin respuesta por parte del gobierno municipal de Lerma. Los invito a sumarse a este exhorto para que encontremos una pronta solución a este conflicto que nos representa más que un abuso por parte de unos servidores públicos.

Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto tanto al gobernador del estado de México como a la LVI Legislatura de esa entidad, para que a través de sus respectivas contralorías investiguen si efectivamente la zona Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo-Atarasquillo, declarada área natural protegida con la categoría de parque estatal, Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo, ha sido invadida y proliferada de construcciones; y si éstas han sido impulsadas por miembros del ayuntamiento del Lerma o por servidores públicos de éste. Y de encontrar ciertas tales deducciones, aplicar en la medida de sus atribuciones todo el rigor de la ley a las personas que resultaren responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2007.

Diputado Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT A GARANTIZAR EL SERVICIO DE CALIDAD EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según datos de la Secretaría de Turismo, entre enero y noviembre del 2007 arribaron a nuestro país 21 millones 551 mil turistas internacionales, lo que significó 11 mil 547 millones de dólares, cuyo principal beneficio se reflejó en el saldo de la balanza turística, con un crecimiento del 14.9 por ciento, al registrar 4 mil 100 millones de dólares.

Los aeropuertos internacionales del país representan la puerta de entrada para miles de turistas que visitan México, entre los que destacan el de Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Campeche, Campeche; Guadalajara, Jalisco; La Paz, Baja California Sur, y el de la Ciudad de México.

Por el flujo de pasajeros, el internacional de la Ciudad de México (AICM) es el principal, de hecho es el aeropuerto metropolitano más grande de Latinoamérica. En e 2007 se registró un total de 25.8 millones de pasajeros, ganando así el lugar 45 entre los aeropuertos más transitados del mundo.

En la parte del turismo nacional debemos tener presente que del total del flujo de pasajeros, el doméstico participa con 64 por ciento de los vuelos, lo que en términos reales, junto con los turistas que se trasladan vía terrestre, representan el 87 por ciento del total de la actividad. La gran mayoría de los turistas nacionales se trasladan vía terrestre. Sin embargo, en los últimos dos años, el flujo turístico nacional que se traslada vía aérea se ha incrementado considerablemente, debido a la introducción de las aerolíneas de bajo costo y las nuevas oportunidades de rutas.

El pasado 15 de enero se puso en función la nueva terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pronosticándose que para finales del presente mes estaría trabajando al 100 por ciento.

A partir del incremento en la demanda y de la importancia del Aeropuerto de la Ciudad de México, fue necesario crear una red que pudiera dar respuesta al creciente flujo, constituida por los aeropuertos de Toluca, de Cuernavaca y de Puebla. Como prueba se tiene que el aeropuerto de la ciudad de Toluca ha crecido más de mil por ciento y le ha quitado una presión de 2 millones de pasajeros al de la Ciudad de México.

A pesar de estos avances para ofrecer un servicio de calidad a los pasajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias del país, estamos conscientes que las deficiencias aún son muchas y algunas muy graves, lo que deteriora la imagen de México, como un país hospitalario y turístico.

Los Cabos, Baja California Sur, representa un centro turístico de gran importancia para el país, siendo el segundo con mayor arribo de turistas; sin embargo, las instalaciones presentan serias deficiencias y el trato que se da al turista, tanto nacional como extranjero, es inadecuado debido a la falta de una infraestructura apropiada.

Otro ejemplo de los problemas de los aeropuertos, fue el incidente que se presentó recientemente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, entre los aviones de la línea comercial Aeroméxico, recientemente vendida.

Tal como han denunciado diversos grupos ciudadanos y de empresarios, es fundamental ampliar la base aeroportuaria del centro del país, ya que la Terminal dos sólo es un remedio temporal para los próximos 7 o 10 años.

La perspectiva que ha señalado para el 2008 la Secretaría de Turismo como objetivo, es que ingresen entre 23 y 24 millones de visitantes, por lo que es fundamental garantizar servicios de calidad en los aeropuertos del país.

Las y los diputados estamos convencidos que el turismo es una actividad que por su naturaleza es transversal, con una serie de actividades y sectores económicos del país, qué mejor ejemplo que el de las comunicaciones y los transportes.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como los que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES EN LAS LABORES DE RESCATE Y DEL EVENTUAL TRASLADO, DESGUACE O DISPOSICIÓN FINAL DEL TRANSBORDADOR EL ARCÁNGEL, A CARGO DEL DIPUTADO CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 13 de octubre de 2007 se difundió por la prensa nacional la noticia de que el trasbordador El Arcángel, después de romper amarras en el muelle de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, había encallado en un banco de arena.

Este hecho no fue más que la culminación de una serie de irregularidades y problemas en un intento de poner en operación una embarcación chatarra con más de treinta años de antigüedad. En seguida trascribo algunos hitos de esa historia negra y que son del dominio público:

• Marzo 22 de 2007. Los ejecutivos de la naviera San Miguel, SA de CV, anuncian que la dirección de Marina Mercante de la Coordinación General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio anuencia al transbordador El Arcángel para que preste servicio de transporte de carga en Cozumel, esto pese a que el barco tiene 31 años de haber sido construido.
• Abril 13 de 2007. Ángel González Rull, director general de Puertos y otros altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvieron presentes en las maniobras de prueba de atraque del buque. Uno de los motores falló y el atraque se dificultó en condiciones meteorológicas favorables.

• Abril 15 de 2007. El Arcángel estuvo a punto de encallar en dos ocasiones ese domingo, en el punto de atraque numero tres contra las rocas; y en la posición de atraque cuatro, donde las corrientes lo arrastraron hasta el balneario Playa Casitas, donde cientos de bañistas miraban atónitos la escena.

• Mayo 8 de 2007. A las 5 de la mañana El Arcángel dio su viaje inaugural de Cozumel a Calica, luego de más de un año del anuncio de la creación de la naviera San Miguel la embarcación por fin entró en operaciones.

• Junio 8 de 2007. Por más de una hora el trasbordador de carga El Arcángel intentó atracar en el muelle de carga de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo sin éxito. Los pasajeros entrevistados al descender afirmaron que el retraso se debió a una falla en los motores. Una fuente al interior del sector Naval Militar filtró información de que el barco en menos de un mes que tiene operando, ha derramado aceite en el mar durante las travesías entre Calica y Cozumel.

• Agosto 5 de 2007. El Arcángel preparaba su salida en el turno de las 19 horas y al momento de encender las máquinas sonó una alarma proveniente del motor estribor lo que propicio que los pasajeros y sus vehículos descendieran del navío. Ese mismo mes la Capitanía de Puerto de Cozumel emite una recomendación por escrito a la naviera.

• Agosto 10 de 2007. Los ejecutivos de la empresa dan a conocer que enviarán el barco a reparar a Cuba.

• Octubre 13 de 2007. Después de romper amarras el transbordador encalla en un banco de arena.

 Desde esa fecha hasta el día de hoy el transbordador sigue encallado y, por la actitud de empresarios y autoridades, todo parece indicar que la solución y el riesgo que representa para la vida marina y para el turismo van para largo.

Cabe mencionar que la embarcación no hace honor a su nombre, toda vez que al parecer contiene en sus motores y tanques, tanto aceite como combustibles que, en una operación de rescate mal llevada a cabo (y vaya que las han tenido), puede afectar la vida marina y las actividades productivas en una zona con un intenso desarrollo turístico como lo es Cancún.

Por otra parte es necesario que la autoridad responsable (Semarnat y la Profepa) verifique las condiciones de seguridad en su eventual traslado, desguace o disposición final, toda vez que se tiene información de la posible utilización de asbesto, material prohibido y peligroso, en su construcción.

Por lo expuesto anteriormente, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dé seguimiento puntual a las labores de rescate, así como el eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia para evitar daños a los recursos naturales o a los ecosistemas, e informe de las medidas tomadas a esta honorable Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2007

Diputado Cruz Pérez Cuellar (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMOVER AL TITULAR DE LA SAGARPA, INGENIERO ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben, Carlos Ernesto Navarro López, Alejandro Martínez Hernández, Isidro Pedraza Chávez y Celso David Pulido Santiago, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal la remoción urgente del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado jueves 31 de enero cientos de miles de campesinos de todo el país se manifestaron en contra de las políticas económicas que el gobierno federal ha venido implementando desde hace muchos años. El modelo económico vigente desde principios de la década de los ochenta ha ocasionado que se incremente la desigualdad social en nuestro país. Al día de hoy tenemos más millones de mexicanos pobres, la mayoría de ellos pertenecientes al medio rural.

Es así como podríamos señalar que una de las características más acentuadas de la segunda mitad del Siglo XX fue el empobrecimiento del campo y la consecuente pérdida de soberanía alimentaria.

Sí bien es cierto, que históricamente ha sido el medio rural el ámbito que más marginación ha sufrido; la crisis de pobreza, abandono y la concentración de riqueza en unos cuantos agroempresarios se ha agudizado a raíz de la firma de del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Se sabe que aun y con la urgente renegociación, incluso si se excluyera a nuestro país de la aplicación del Capítulo Agropecuario del Tratado, esto no conduciría, por sí solo, a la solución de los problemas; pero es un elemento crucial.

Es necesario implantar una estrategia con sentido de Estado para sentar las bases del desarrollo rural sustentable, teniendo como base la producción nacional agroalimentaria para que, cuando menos en un lapso de una década, podamos comenzar a revertir estructuralmente el nivel de deterioro alcanzado.

Pese a la importancia que tiene el campo mexicano, más aun, pese a la crispación social que se vive por el negro panorama económico en el ámbito internacional, y ante la desregulación total del maíz y el frijol principalmente, las señales del Ejecutivo federal son alarmantes, ya que no existe más política que la continuidad; es decir, buscan seguir expropiando paulatinamente la riqueza de la tierra a favor de las grandes transnacionales.

Calderón desde un principio dio muestra de su desdén por el medio rural, nombró en la Secretaría de Agricultura al señor Alberto Cárdenas Jiménez, el cual carecía de cualquier merito para hacerse cargo de ese despacho.

Desde un principio las fracciones parlamentarias del PRD en el Congreso de la Unión advertimos sobre la incapacidad del titular de la Sagarpa.

Junto con innumerables actores sociales, líderes campesinos y organizaciones de productores, manifestamos que era necesario un secretario provisto de un perfil conciliador, capaz de dialogar, conocedor de los asuntos del campo y principalmente, que se comprometiera a instrumentar medidas a favor del sector rural.

Las demandas fueron ignoradas, sistemáticamente desde que asumió el cargo, Cárdenas Jiménez se ha dedicado a cumplir, uno por uno, los vaticinios de su falta de habilidad para conducir la Secretaría de Agricultura.

El señor Cárdenas Jiménez no es, ni ha sido un interlocutor serio con el sector campesino ni con los grupos parlamentarios representados en el Congreso.

Se ha distinguido por una actitud autoritaria e impositiva, los diferentes intentos de diálogo los ha condicionado a la aceptación de sus condiciones y políticas.

No tiene capacidad moral para presidir un Secretaría que en estos momentos cobra una importancia vital para la paz social de nuestro país.

Su desempeño en distintas reuniones ante la representación legislativa ha sido censurado hasta por sus propios compañeros de partido, muchos de ellos legisladores vinculados al campo de forma seria.

Cárdenas Jiménez no tiene los elementos para conducir la política agropecuaria de nuestro país, careciendo de la capacidad para implementar las políticas públicas orientadas al sector rural. El retraso en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 ocasionó serios problemas sobre todo a los productores que más necesitan el apoyo financiero que destina el pueblo de México a ese sector, el cual fue ampliado y reestructurado, respecto de la propuesta original que envió el Ejecutivo, por la actual legislatura.

En la elaboración del diseño del plan sectorial de la Secretaría de Agricultura se incumplieron las disposiciones sobre soberanía alimentaria establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la cual hasta la fecha el Ejecutivo no ha publicado el reglamento.

En reiteradas ocasiones se ha negado tan siquiera a debatir, mediante la instalación de una mesa de diálogo, la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio, aún cuando ha sido exhortado mediante tres puntos de acuerdo aprobados por mayoría de los integrantes de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

El 20 de diciembre del año pasado los diputados del Grupo Parlamentario del PRD que asistimos a la comparecencia nos vimos obligados a abandonar la reunión donde se buscaba la simplificación de las reglas de operación, debido a que no tomó en cuenta, sin siquiera conocerla, una propuesta formulada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y diversas Organizaciones de Productores, elaborada previamente por consenso durante intensas reuniones de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a remover de inmediato al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir lo establecido en el Acuerdo para el Campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a martes 5 de febrero de 2008.

Diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Alejandro Martínez Hernández, Isidro Pedraza Chávez, Celso David Pulido Santiago.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EXPEDIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE ESTABLEZCA LINEAMIENTOS PARA PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES MENTALES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud para que expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presupuesto que regularmente se ha destinado para la atención de la salud mental en nuestro país representa un 0.85 por ciento de lo proyectado para este rubro. Esta cifra contrasta con la recomendación dada por la Organización Mundial de la Salud, que es de un 10 por ciento del presupuesto total para Salud.1 Estos números reflejan el poco interés que tradicionalmente ha tenido nuestro país en materia de salud mental.

Existe voluntad en la administración federal actual para frenar esta tendencia. El pasado 21 de abril de 2007 el presidente Felipe Calderón anunció que se destinarían 100 millones de pesos para integrar una Red Nacional Psiquiátrica y de Salud Mental. La puesta en marcha de esta política pública involucra la creación de diversas unidades médicas con el fin de atender los trastornos mentales más recurrentes como son: neurosis, depresión y conductas suicidas.

Sin lugar a dudas este hecho, representa un gran avance para el tratamiento de estos padecimientos. Sin embargo, debemos atender a otro rezago de similar importancia. Ante el descuido y desinterés por la salud mental en nuestro país, el marco regulatorio en la materia ha carecido de rigurosidad y de precisión en cuanto los alcances, límites y prospectivas de la salud mental en México.

La salud mental es una de las principales amenazas para el desarrollo y progreso de México. Enfermedades como la depresión se han convertido paulatinamente en un problema de salud pública; se estima que para el año 2020 será la segunda causa de años de vida saludable perdidos a escala mundial y la primera en países desarrollados.2

En México la relevancia de las problemáticas mentales es de urgente atención, la Secretaría de Salud estima que al menos una quinta parte de la población mexicana padece en el curso de su vida algún trastorno mental.

Actualmente, la demanda por los servicios de salud mental va en claro aumento. Según datos del Programa de Acción en Salud Mental del año 2002, cuatro millones de adultos presentan depresión; medio millón padece esquizofrenia, un millón de personas tiene epilepsia; y, al menos un diez por ciento de la población mayor de 65 años padece Alzheimer. A estos padecimientos debemos agregar la aparición de nuevos trastornos de conducta, tales como la anorexia y bulimia, que progresivamente se van extendiendo e implican una amenaza para el desarrollo psicosocial de nuestro país.

De continuar la tendencia, podemos prever que en los próximos diez años la demanda de servicios de salud mental en México constituirá una de las principales presiones para el sistema de salud. La solitaria implementación de un programa de salud mental como el ya referido, no garantiza una efectiva atención a este importantísimo problema de salud pública. A la par de estas acciones se debe contar con un marco regulatorio capaz de contener todas las presiones y aristas que implica tan delicada atención.

No existe dentro de la Ley General de Salud un tratamiento adecuado para el rubro de salud mental. Los artículos 72 a 77 señalan las prerrogativas tendientes a regular las enfermedades mentales en nuestro país, el contenido de estos artículos resulta laxo frente a la lucha titánica que progresivamente se irá gestando contra las enfermedades mentales.

Aunada a esta carencia, dentro de la Ley General de Salud tampoco existe una norma oficial que per se contemple todos los aspectos relativos a las enfermedades mentales. Estamos en tiempo propicio para dotar de seguridad normativa a nuestro Sistema de Salud en materia de enfermedades mentales.

Se requiere establecer claramente los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales; de igual forma esta norma debe establecer una definición particular de enfermedad mental y una lista clasificatoria de las mismas; y por último sería deseable que la NOM estableciera los criterios a seguir para otorgar información y atención especial a los pacientes que las presenten.

La facultad de emitir reglamentos y normas oficiales es exclusiva del Poder Ejecutivo. De conformidad con lo señalado en el artículo 13, inciso A, apartado I, es al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Salud, a quien le corresponde la facultad de dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en materias de salubridad general.

Por todo lo anterior, y con el propósito de abonar en una adecuada regulación y operación del sistema de salud, pongo a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales.

Notas:
1 Programa de Acción en Salud Mental, Secretaria de Salud, www.ssa.gob.mx
2 Belló M, Puentes-Rosas E. et al. Prevalencia y diagnóstico de depresión en población adulta en México. Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2005, página 47.

Dado el martes 5 de febrero de 2008 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR UNA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LA COMUNIDAD TRIQUI EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete, como asunto de urgente resolución, a la consideración de esta asamblea la presente propuesta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra la mujer y las niñas no sólo constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades individuales, es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.

La violencia es un mal que a pesar de que se presenta en todos los grupos sociales sin distinción, tiene muy poco tiempo de haber sido reconocido como un problema social que destruye a los individuos y a sus familias.

El fenómeno de la violencia no sólo se cultiva a nivel del microsistema de las familias, sino que se legitima a través de las instituciones educativas, recreativas, religiosas, laborales, judiciales y de seguridad, al reproducirse en estas el modelo vertical y autoritario que sirve para el aprendizaje de las conductas violentas en el nivel individual.

Es difícil sacarlo a la luz, ya que las personas prefieren no hablar ni escuchar nada referente a este cáncer social, participando así en una especie de conspiración del silencio que favorece la perpetuación de la violencia.

La violencia contra las mujeres conlleva impunidad e injusticia, lo cual nos coloca en estado de vulnerabilidad e indefensión.

En México, a pesar de que el gobierno federal tiene la obligación de garantizar la protección y seguridad de las mujeres, la violencia se ha incrementado, sobre todo en los casos donde están involucrados los agentes del Estado, como ejemplos de violaciones de los derechos humanos de las mujeres podemos citar el caso de Lydia Cacho, la violación de 13 mujeres por parte de 20 soldados del Ejército Mexicano, la violación, tortura y asesinato de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz.

Estos casos se suman a una larga lista, pero el caso más reciente de violación a los derechos humanos de las mujeres sucede en el estado de Oaxaca donde las triquis sufren las consecuencias de los conflictos políticos y las pugnas de poder entre grupos étnicos que las convierte en botín de las disputas.

Actualmente, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años, respectivamente, ambas maestras de educación primaria bilingüe, están "extraviadas" desde hace seis meses, cuando caminaban entre las localidades oaxaqueñas de Villa Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca, situadas en la comunidad de El Rastrojo.

Las instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia, así como la Procuraduría de Justicia de Oaxaca han hecho caso omiso en la averiguación de su paradero e incluso han argumentado que la complejidad del conflicto les impide proceder legalmente y cumplir sus obligaciones: Se ha omitido la acción pública en conflictos étnicos en donde las mujeres son víctimas directas.

La desaparición de las hermanas Ortiz Ramírez tuvo lugar en un contexto de violencia social en la zona, que según los organizadores es uno de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres en las que las mujeres son tomadas como botín político.

Un recuento histórico hecho por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) menciona que desde la instalación en 1978 de un retén militar en San Juan Copala, ha venido aumentado la violencia hacia las familias que carecían de poder político y las violaciones sexuales a mujeres triquis, quienes no denunciaban por temor a ser rechazadas por sus familias o esposos. De ahí sólo se documentó la violación de 14 mujeres, 9 más fueron detenidas por militares, se les torturó e hizo confesar delitos que no cometieron.

En la última década el conflicto triqui se ha recrudecido y las mujeres han resultado las más vulneradas. En el caso de las violaciones sexuales, la Limeddh dio a conocer los nombres de dos jóvenes agredidas sexualmente, una de 14 años en julio de 2006 y otra de 17 años ocurrida en octubre de 2007, como las únicas que se atrevieron a presentar denuncias de los hechos.

A esas agresiones se suman los hechos de violencia contra otras menores de edad, como Sofía Bautista Martínez, quien tras recibir un balazo en la cabeza luego que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala, salvó la vida, pero presenta parálisis facial.

Ante la situación de extrema violencia contra las mujeres el primero de febrero del año 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos 22 y 23 de dicha ley establecen que la alerta de genero es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, la cual tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implantar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres; y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas por implantar.

 Por otra parte el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece los requisitos que han de cumplirse para que se de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres a saber cuando: los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

De lo anterior se desprende que en la comunidad triqui, la cual habita en una zona montañosa, la más pobre del estado de Oaxaca, se reúnen los requisitos para que la Secretaria de Gobernación emita la declaratoria de Alerta de Género, toda vez que en dicha localidad están ocurriendo delitos del orden común contra la vida, la libertad y la integridad de las mujeres, lo cual ha impedido el ejercicio pleno de sus derechos, así mismo a seis meses las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, organizaciones de derechos humanos lanzaron el 18 de enero del año en curso una campaña por la presentación inmediata con vida: ¡Sin no están ellas… no estamos todas!, misma que podría llevar incluso a solicitar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por la desaparición de mujeres en Oaxaca.

Por lo expuesto someto a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación para que en términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emita la declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca, y en su caso notifique la declaratoria al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de febrero de 2008.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LOS PROGRAMAS NACIONALES CONTRA LA FARMACODEPENDENCIA, Y A REVISAR LOS CRITERIOS EMPLEADOS PARA DISTRIBUIR Y VENDER ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas nacionales contra la farmacodependencia y a revisar los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y substancias psicotrópicas con el fin de evitar el uso no prescrito de las mismas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La dinámica de la vida moderna ha traído grandes beneficios en nuestra forma de ver e interactuar con el mundo; sin embargo, también ha trastocado profundamente la intensidad con la que afrontamos la cotidianeidad. El estrés, la fatiga, agotamiento y bajo rendimiento son algunas de las facturas que nuestro ajetreado modus vivendi se está cobrando.

Ante estos fenómenos adversos, la ciencia y la sociedad de consumo han encontrado la solución para mantenernos vigentes, de buen humor y con nuestra capacidad en plenitud. Estoy hablando de la proliferación de antidepresivos, ansiolíticos, relajantes y demás substancias psicotrópicas.

La aparición de los primeros antidepresivos, hacia finales de la década de 1950, marcó el inicio de una nueva relación entre la vida cotidiana, la salud mental y la industria farmacéutica. A partir de este descubrimiento, la investigación e inversión farmacéutica para enfermedades y trastornos mentales ha ido progresivamente al alza. Es insoslayable el mérito e impacto que tienen estos avances en nuestras vidas; no obstante, debido al impacto que ejercen sobre el sistema nervioso central, también han sido objeto de uso indebido, constituyéndose en una amenaza para la salud pública.

No olvidemos que el uso y prescripción de estos fármacos se encuentra propiamente regulado por la Secretaría de Salud. El artículo 73, fracción II, señala lo siguiente: "la Secretaría de Salud, con las instituciones de salud y gobiernos estatales fomentarán y apoyarán la realización de programas para la prevención del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia". Del mismo modo, se prevé en los Capítulos V y VI del Título Décimo Segundo, las reglas para el control sanitario de estupefacientes y psicotrópicos.

La Ley General de Salud marca los lineamientos que se habrán de seguir para la expedición, comercialización y manejo de estas sustancias controladas. No obstante, existen datos que nos demuestran que la aplicación de la normatividad vigente es laxa y poco rigurosa, dando pie a que se de una interpretación muy discrecional del propio marco regulador, atentando así contra la salud pública y de la lucha contra las adicciones.

El abuso de medicamentos psicoactivos se ha convertido paulatinamente en una de las formas más sutiles de adicción en nuestro país. Las consecuencias naturales al ritmo con que se enfrenta la vida diaria, han producido cambios cualitativos en nuestra existencia. El desgaste, la ansiedad, angustia y demás efectos negativos de la actividad cotidiana son oportunamente tratados con fármacos que intervienen a nivel nervioso central, coadyuvando a una rápida recuperación del paciente. Lamentablemente, el uso de estas substancias muchas veces es visto como la panacea al origen de todos nuestros problemas, derivando en una medicación a veces innecesaria y descontrolada que puede provocar hábito en aquellos que las emplean.

Aunado a lo anterior, debemos enfatizar que el actual modelo de prescripción, control, suministro y venta de substancias psicotrópicas se encuentra totalmente rebasado por la facilidad con que se pueden obtener los fármacos. La falsificación de recetarios; el robo de los mismos; la prescripción inducida de estos medicamentos; la falta de rigurosidad en los libros de registro de las farmacias, son tan sólo unos de los indicadores que nos muestran la ineficacia de nuestro marco de regulación.

Cabe señalar que México, particularmente nuestra frontera, es un paraíso para los comerciantes de sustancias controladas en Estados Unidos, que aprovechan las facilidades tanto de farmacias, distribuidoras, así como las lagunas de nuestras normas oficiales para vender fármacos cuya adquisición está rígidamente controlada del otro lado de la frontera.

La problemática es clara, no existe transparencia ni un patrón de confiabilidad en materia de control sanitario. La situación precisa de un análisis y revisión exhaustiva de nuestros reglamentos y normas oficiales a fin de garantizar un estricto control de estupefacientes y substancias psicotrópicas.

La dependencia a drogas de uso médico no prescrito es un problema que progresivamente se agrava. La encuesta nacional sobre adicciones del año 2002 muestra la dimensión del problema. El uso de estos medicamentos fuera de prescripción médica es más común en zonas urbanas; los medicamentos más utilizados son: en primer lugar los tranquilizantes; en segundo lugar los sedantes y por último las anfetaminas y otros estimulantes.

La prevalencia de esta práctica se da sobre todo en el grupo de personas de 35 a 65 años, que es uno de los segmentos más lábiles al estrés y a la necesidad de mantenerse activos y productivos. Por otro lado, la encuesta refleja el problema a que nos hemos referido anteriormente: la facilidad e ineficacia del actual régimen de prescripción y venta de medicamentos psicoactivos: "las fuentes de obtención de las drogas médicas fuera de prescripción, son principalmente los médicos, asociado con un consumo en mayor cantidad, tiempo o por razones diferentes a las indicadas y las farmacias".1

En Acción Nacional resaltamos los logros en la atención y tratamiento de padecimientos mentales; reconocemos el impacto positivo que tiene la industria farmacéutica en nuestro nivel y calidad de vida; sin embargo, estamos conscientes de que el control sobre los productos psicotrópicos requiere de una precisa y acuciosa regulación. A su vez, reconocemos los avances en la lucha contra las adicciones, no obstante se deben reforzar los programas ya existentes para combatir a la farmacodependencia.

Por todo lo anterior, con el propósito de vigorizar la lucha contra la farmacodependencia y de abonar a una efectiva regulación y control de las drogas para uso médico, pongo a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas nacionales contra la farmacodependencia.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y substancias psicotrópicas con el fin de evitar el uso no prescrito de las mismas.

Nota:
1 Encuesta Nacional de Adicciones 2002, Secretaría de Salud y Consejo Nacional contra las Adicciones.

Dado el martes 5 de febrero de 2008 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS DERIVADAS DE LA VISITA EFECTUADA EN 2002, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de diputados, LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto como asunto de urgente resolución a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes

Como parte de los trabajos que realizó la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia– de la Comisión Permanente en el pasado período de receso, la cual fue integrada por 6 legisladores del Partido Acción Nacional, 4 del Partido del Revolucionario Institucional, 4 del de la Revolución Democrática y 1 del Verde Ecologista de México, acordamos, por unanimidad, en la sesión de trabajo del 15 de enero de 2008, presentar ante el Pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, sin embargo ante el limitado tiempo de la Comisión de receso ya no fue posible su discusión por lo que como parte del cumplimiento de nuestra labor legislativa presento a nombre de los legisladores que, en su momento, integramos la Primera Comisión la presente propuesta bajo las siguientes

Consideraciones

Del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002, visitó el país el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, para hacer una valoración de los rezagos en los grandes temas pendientes en cuanto al sistema de justicia mexicano.

En el informe sobre su visita a México el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias reconoce algunos avances generales realizados por México, pero también señala su preocupación por la relación entre las detenciones arbitrarias y el sistema de averiguación previa; la flagrancia equiparada; la corrupción; los operativos de seguridad; el régimen de ejecución de la pena; el arraigo y las deficiencias de la defensa de oficio. Asimismo señala su preocupación por las deficiencias del amparo para combatir la detención arbitraria, el sistema de justicia para menores, la impunidad de responsables de detención arbitraria y la administración de justicia por parte de tribunales militares.

Las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo reafirman las que ya habían formulado tanto la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, como los relatores sobre Tortura e Independencia de Jueces y Abogados, y el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos todos ellos de Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Particularmente importante es la recomendación de que las desapariciones forzadas cometidas por militares deben ser de competencia de la jurisdicción civil ordinaria.

Asimismo, resulta contundente la recomendación en el sentido de que se observe una "estricta separación entre tareas militares y tareas policiales en funciones de orden público". A pesar de que recomendaciones similares han sido emitidas por la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los cuerpos policiacos de seguridad pública como la Policía Federal Preventiva continúan militarizándose.

Las observaciones realizadas por el grupo de trabajo revelaban el carácter representativo de los problemas que en materia de detenciones arbitrarias existen en México.

Cuando el Estado procesa penalmente a alguno persona, se pone a prueba el compromiso por la defensa y protección de los derechos humanos. Cuando los encargados de hacer cumplir la ley someten al detenido a torturas o malos tratos, cuando se fabrican pruebas y se condenan inocentes, cuando los juicios son injustos, el sistema de justicia de cualquier país se pone en duda, "la injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes", señala Martin Luther King.

Es por esto que se requiere entender la detención arbitraria como un concepto que abarca, no sólo la detención de una persona fuera de los casos que prevé el articulo 16 de la Constitución mexicana, sino los supuestos de privación de la libertad por virtud de una sentencia cuyo régimen impide la libertad anticipada y las normas inadecuadas en materia de reconocimiento de inocencia.

La forma de centrar la política exterior mexicana en la defensa de los derechos humanos consiste en la armonización del derecho interno con el cuerpo de derecho internacional de derechos humanos, está relacionada con el deber de cumplir los propios compromisos que se derivan de organismos o mecanismos internacionales cuando éstos se pronuncian sobre violaciones a derechos humanos en el país.

En el ámbito concreto de la justicia penal internacional la mejor manera de cooperar en materia de derechos humanos es adecuar el derecho mexicano a los estándares internacionales como lo precisa el Estatuto de Roma; y esta será una de las principales tareas que enfrente el Congreso Mexicano en los días por venir.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que remita, de manera urgente, el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que visitó nuestro país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 y que se encuentran pendientes de cumplimiento desde esas fechas, así como remitir dicha información a esta soberanía.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de febrero de 2008.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SFP A INVESTIGAR A LA CFE POR LA VIOLACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUBSIDIO DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE MARÍA MANUELL-GÓMEZ ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal, Dolores de María Manuell-Gómez Angulo de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar acuciosamente la violación en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hubiere podido incurrir por el incumplimiento al convenio de colaboración para el subsidio de las tarifas eléctricas en Mexicali, con fundamento en las siguientes:

Consideraciones

1. En Mexicali, padecemos el clima más cálido y extremoso de todo el país, ya que en la temporada de verano se superan las temperaturas de hasta 40 grados centígrados, por ello, quienes habitamos ahí, estamos conscientes de lo importante que es el uso de refrigeración eléctrica y de tomar medidas preventivas para sobrepasar esta época del año.

El uso constante de los aparatos eléctricos de refrigeración obliga a un uso en kilowatts hora elevado, en comparación con el resto de la población del país, elevándose también las cuotas que debemos cubrir por el consumo de la energía eléctrica.

2. Desde hace algunos años, el gobierno federal aporta un subsidio a las tarifas eléctricas a quienes habitamos en el municipio de Mexicali, por las temperaturas que se alcanzan aplicándose la tarifa denominada 1F.

Con fecha 30 de abril del año 2005, la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Baja California y la Comisión Federal de Electricidad, celebraron un convenio de colaboración, a efecto de que la Secretaría de Gobernación gestionará los recursos necesarios, durante la temporada de verano de ese mismo año, para que se otorgara un apoyo específico al precio de las tarifas de suministro de energía eléctrica al municipio de Mexicali.

3. La Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad mediante acuerdo número cinco/2006 con fecha 28 de febrero de 2006; autorizó 296.1 millones de pesos, por concepto de apoyos otorgados por CFE a las tarifas domésticas en los estados de Baja California, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Es entonces, con fecha 28 de abril de 2006, que se signó el convenio de colaboración relativo al apoyo que brindaría el gobierno federal para ese año en comento, diferente al del 2005 previamente citado, así este convenio dentro de sus cláusulas establece que el apoyo del que trata dicho convenio sería calculado con base a una tabla descrita en un anexo A, el cuál relata los rangos en que se deberán cobrar las tarifas eléctricas, dicho apoyo se le otorgaría a los usuarios que consumieran hasta 2 mil 500 kilowatts por mes durante la temporada de verano del año 2006.

Se hizo la estimación oficial, dentro de las cláusulas del propio convenio de colaboración para que el apoyo otorgado a los usuarios, fuera aproximado a los 230 millones de pesos.

En la parte final de dicho convenio se establecía que podría prologarse hasta por 3 años, previo consenso de las partes y en caso de existir alguna duda o controversia, las partes lo resolverían de común acuerdo a través del Comité de Seguimiento y Evaluación, en caso de subsistir las discrepancias, se someterían a los tribunales federales.

4. Con fecha 16 de octubre del 2006 se firmó entre la CFE, el gobierno federal y el gobierno de Baja California, un convenio modificatorio de colaboración, el cual establece la modificación de la vigencia del apoyo que se otorgaría al municipio de Mexicali signada en el anterior convenio, estableciendo que la vigencia de este sería hasta dentro de 3 años, es decir, 2009, dejando las cláusulas subsecuentes idénticas.

Se debería de haber respetado el anexo A dónde se establecen los rangos y los cobros por el consumo de energía eléctrica, sin embargo la Comisión Federal no aplicó bien ese subsidio en el pasado verano del presente año.

5. En fechas pasadas el Congreso local del estado de Baja California aprobó una iniciativa de acuerdo económico, a efecto realizar un exhorto al gobernador del estado para que este realizara las gestiones necesarias ante los demás actores que signaron el convenio de colaboración a respetarlo y mediante el cual se deberían haber aplicado los rangos y las tarifas en el Anexo A.

¡Compañeras y compañeros, debemos reconocer que la administración pública tiene defectos y errores, sin embargo esos defectos deben ser reconocidos por las cabezas de sector ya que invariablemente representan un perjuicio contra la población!

La presente proposición trata de fortalecer la denuncia formal que en fechas anteriores he presentado ante el órgano interno de control en la Comisión Federal de Electricidad, en su región noroeste, ya que si bien es cierto que en el 2006 dicha empresa aplicó de manera correcta el subsidio, para el verano de este 2007, aplicó de manera incorrecta ese subsidio, y dejó de otorgar alrededor de 40 millones de pesos en subsidio a la sociedad mexicalense.

Estoy cierta que los funcionarios deben tener certeza que quienes somos representantes, denunciaremos las irregularidades que nos perjudican y que laceran nuestra economía familiar, debemos reconocer el esfuerzo que el gobierno federal ha hecho en Baja California al apoyar con la aplicación del subsidio, sin embargo, se deben aclarar las causas por las que se está viendo ensombrecido este apoyo y las excelentes acciones del gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública Federal, a efecto de que realice una exhaustiva investigación, sobre el incumplimiento del convenio de colaboración celebrado el 28 de abril, así como al convenio modificatorio del mismo, signado el 16 de octubre, ambos en 2006, entre la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Baja California y la Comisión Federal de Electricidad, así como las violaciones de los funcionarios públicos, en las que hayan podido incurrir.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2007

Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SFP, A LA SRE Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY DE NACIONALIDAD RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO COMO TITULAR DE LA SEGOB, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete como asunto de urgente resolución a la consideración de esta asamblea la propuesta al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de todos conocido, el pasado 16 de enero se designó al ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación.

Dicha designación ha sembrado dudas en la opinión pública sobre la falta de cumplimiento con el marco jurídico nacional para que dicho ciudadano ocupe la titularidad del despacho de Gobernación.

Estas dudas han sido propiciadas por el propio Juan Camilo Mouriño, pues ante peticiones de ciudadanos que requerían conocer sobre su nacionalidad, éste sencillamente se negó a entregar la información, por lo que el caso tuvo que llegar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en mayo de 2007 exigió a la Presidencia de la República enviara la documentación migratoria del servidor público de referencia.

Ante la inminente resolución del IFAI, previa concesión graciosa de Mouriño Terrazo, se obsequió a los peticionarios copia del acta de nacimiento.

Aunado a lo anterior, según información difundida por el diario de Campeche El Sur se informó que en agosto de 1996 Camilo Mouriño ingresó a territorio mexicano con el pasaporte 8800581, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España mediante su consulado en Miami, por lo que mediante ese acto Mouriño Terrazo perdió la nacionalidad mexicana.

Lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 37, inciso b, fracción primera de la Constitución, referente a los supuestos en que se pierde la nacionalidad mexicana "por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero".

Es de destacarse que las solicitudes planteadas con anterioridad y el día de hoy, sobre la nacionalidad del ciudadano Juan Camilo Mouriño, no deben considerarse como confidenciales o reservadas, pues dichos documentos deben ser de acceso público como ha sostenido el IFAI, máxime si el ciudadano referido ha sido diputado federal y candidato a presidente municipal.

El artículo 30, Apartado A, fracción II de nuestra Constitución establece:

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A. Son mexicanos por nacimiento:

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;

 Así también el artículo, 17, inciso b), del Código Civil español dispone: Artículo 17.

Son españoles de origen:

b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España.

 Es de destacarse que ambas constituciones señalan que los ciudadanos que tengan nacionalidad por nacimiento o por origen no podrán ser privados de ésta, a menos que renuncien de manera expresa.

En ese sentido, queda claro que desde el nacimiento, el ciudadano Mouriño Terrazo cuenta con la doble nacionalidad y en consecuencia se le considera ciudadano y súbdito de la Corona española.

El nombramiento del ciudadano Mouriño como titular de la política interior debe cumplir con los requisitos establecidos tanto en el artículo 32 de la Constitución mexicana así como responder con la documentación que refieren los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, a saber:

Artículo 16. Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana, cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades correspondientes deberán exigir a los interesados la presentación de dicho certificado.

En el caso de que durante el desempeño del cargo o función adquieran otra nacionalidad, cesarán inmediatamente en sus funciones.

Artículo 17. Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, podrán solicitar a la secretaría el certificado de nacionalidad mexicana, únicamente para los efectos del artículo anterior.

Para ello, formularán renuncia expresa a la nacionalidad que les sea atribuida, a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente de aquél que le atribuya la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, protestarán adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero.

El certificado de nacionalidad mexicana se expedirá una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos de esta ley y su reglamento.

 Por la certeza y legalidad del servicio público mexicano, es indispensable que se de cuenta al Congreso de estos hechos como elemento mínimo de compromiso con la transparencia y respeto al estado de derecho.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Secretarías de la Función Pública, de Relaciones Exteriores y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informen a esta soberanía, de manera expedita, sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto del nombramiento del ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación.

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los cinco días del mes de febrero del año dos mil ocho.

Diputada Aleida Alavez Ruiz
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A EQUILIBRAR EL ACUÍFERO PRINCIPAL DE LA COMARCA LAGUNERA, EN COAHUILA Y DURANGO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS VICENTE FLORES MORFÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que tome las acciones conducentes para equilibrar el acuífero principal de la comarca lagunera en los estados de Coahuila y Durango, el cual someto a consideración de esta soberanía bajo las siguientes

Consideraciones

El agua es un recurso indispensable para la vida de todos los seres vivos. México se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad en sus recursos hídricos en el contexto del cambio climático global1.

La comarca lagunera de los estados de Durango y Coahuila se ubica en el centro del desierto chihuahuense, en una de las zonas con menor precipitación y mayor evo transpiración de México.

El acuífero llamado Principal, ubicado en la comarca lagunera se encuentra severamente sobreexplotado. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua2 se extraen de este acuífero mil 88 millones de metros cúbicos anuales, mientras sólo se recargan 518 millones de metros cúbicos en promedio por año.

Este uso irracional del agua está atentando contra las posibilidades de bienestar de los habitantes de la comarca lagunera de hoy y de mañana al convertir un recurso que pudiera ser renovable en no renovable.

Las interferencias en el ciclo hidrológico, en particular la sobreexplotación del acuífero principal y el represado y canalizado de los ríos Nazas y Aguanaval –que disminuye las aportaciones al acuífero– han traído como consecuencia un deterioro de la calidad del agua del subsuelo, que contiene cantidades elevadas de arsénico3.

Una investigación de finales de la década pasada encontró que sólo 5 por ciento de las muestras de agua de pozo en la Laguna contenían menos arsénico que el recomendado por la Organización Mundial de la Salud para agua potable (10 ìg/l) y que las concentraciones de arsénico alcanzaban valores de hasta 740 ìg/l4.

Se reconoce hoy día que el arsénico en el agua es una bomba de tiempo en términos de salud pública pues se calcula que uno de cada diez habitantes, de los 140 millones que sufren este problema, habrá de morir por causa de un cáncer o de otra de las enfermedades provocadas por el arsénico5.

El arsénico en el agua de bebida ha sido ligado recientemente con el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Esta conexión ha sido documentada en investigaciones realizadas en poblaciones de Bangla Desh, Taiwan y la comarca lagunera de Coahuila, uno de los estados mexicanos con mayor incidencia y mortalidad por diabetes mellitus tipo 26.

La Organización Mundial de la Salud informa de la existencia de estudios que ligan a la exposición crónica al arsénico con las enfermedades hipertensivas, cardiovasculares y reproductivas7.

El arsénico en el agua de bebida y el consecuente impacto en la salud ha sido nombrado el envenenamiento masivo más grande en el mundo8.

El riesgo de contraer cáncer, diabetes y otras enfermedades aumenta al aumentar la concentración del arsénico en el agua de bebida.

Según investigaciones recientes predicen que "la concentración del arsénico en el agua de bebida de la comarca lagunera continuará si continúan las condiciones actuales de sobreexplotación del acuífero"9.

Todo esto ha generado inquietudes y preocupaciones en los habitantes de la Laguna, pero no entre las empresas responsables o entre las autoridades encargadas del manejo del agua, del cuidado del medio ambiente o de la atención a la salud.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que haga valer los títulos de concesión para evitar que los usuarios de aguas subterráneas del acuífero principal de la comarca lagunera sigan extrayendo volúmenes de agua mayores a los que legalmente tienen derecho.

Segundo. Lleve a cabo las acciones necesarias para lograr el cabal equilibrio entre las extracciones y las recargas del acuífero principal y en general, desarrolle las actividades conducentes a reconstituir el ciclo hidrológico en las cuencas de los ríos que surten a dicho acuífero (ríos Nazas y Aguanaval) con objeto de recuperar los niveles de calidad del agua para asegurar la protección a la salud de más de un millón de habitantes de la comarca lagunera.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a que aplique las sanciones correspondientes a aquellos concesionarios que, por las extracciones de agua por encima de su título de concesión, hayan dañado el medio ambiente.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que aplique las sanciones correspondientes a esos mismos concesionarios que, al sobreexplotar su título de concesión, deterioran la calidad del agua de bebida, aumenta el arsénico y se afecta gravemente la salud de más de un millón de habitantes de la comarca lagunera.

Notas:
1. http://cambio_climatico.ine.gob.mx/sabycono/sabyconoporque.html#hidrologia
2. Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica. Documento por el que se da a conocer el estudio técnico de actualización del conocimiento geohidrológico en la zona comprendida por el acuífero "Principal–Región Lagunera" en los estados de Coahuila y Durango. Torreón, mayo de 2003.
3. M.A. Ortega. Origin of high concentrations in arsenic at the la Laguna region, Northern Mexico, and implications on aquifer management. Abstract P-5, 32nd International Geological Congress, 18-19 agosto, 2004, Florencia, Italia.
4. I. Rosas, R. Belmont, A. Armienta, y A. Báez. Arsenic concentrations in water, soil, milk and forage in Comarca Lagunera, Mexico. Water, Air, Soil Pollut., vol. 112, 1999, pp. 133-149.
5. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6970000/6970653.stm
6. J.A. Coronado-González, L.M. Del Razo, G. García Vargas, F. Sanmiguel Salazar, J. Escobedo-de la Peña. Inorganic exposure and type 2 diabetes mellitus in Mexico. Environmental Research, vol. 104, 2007, pp. 383-389.
7. Organización Mundial de la Salud. Arsenic in drinking water. Fact Sheet, número 210, revisada en mayo de 2001, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs210/en
8. A. Meharg. Venomous earth: How arsenic caused the world’s worst mass poisoning. Macmillan, Londres, 2005.
9. P.W. Boochs, M. Billib, J. Aparicio y C. Gutiérrez. Management of the arsenic system Lagunera – México". Eos Transactions AGU, 88 (2007), Joint Assembly Supplement, Abstract H42A-05.

Diputado Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS A INVESTIGAR LOS POSIBLES ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y HOSTIGAMIENTO LABORAL EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, A CARGO DE LA DIPUTADA SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La discriminación es un atentado contra la libertad, la igualdad y la justicia, que impide el desarrollo y la felicidad del individuo y la comunidad toda.

Nuestra Constitución federal en su artículo primero, párrafo tercero, expresamente señala:

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". La preservación de la dignidad del ser humano es fundamental para su salud física, mental y social; para la consecución de su plenitud. Por tanto, el Estado está interesado en prevenir, reparar y sancionar las conductas que discriminan, que marginan, al implicar, en mayor o menor medida, la destrucción de lo más valiosos de una nación: los seres humanos que la integran.

En nuestro país, variando su fuerza y tipo según las diversas regiones del país, los atentados contra la dignidad de los mexicanos es un fenómeno pertinaz de enorme alarma. Las diferencias se usan como armas de disminución, negación y represión.

Este cáncer ha llegado a tales extremos, que se tuvo que crear en el Distrito Federal, un tipo penal para ponerle freno, medida a lo que deben sumarse, con mayor énfasis, todas las demás medidas de índole educativo, de justicia social y político indispensables. Hasta que llegue el momento en que cada persona valga por sus propias características y por sus méritos, a cuyo respeto y desarrollo todos debemos contribuir. Sólo así formaremos un país más humano y fuerte. La discriminación divide, la democracia une. Entonces daremos gracias y valoraremos las diferencias con que la naturaleza y la sociedad nos enriquece; nadie estorba, nadie sale sobrando.

Con objeto de atacar estas conductas discriminatorias y, como una ley reglamentaria del artículo primero constitucional, se promulgó el 11 de junio de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, creándose para su aplicación el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

2. La discriminación toma dimensiones de mayor gravedad cuando se lleva a cabo en una institución como el IMSS, cuyo perfil debe ser esencialmente humano, distribuidor de igualdad, justicia social y legalidad.

3. Contrariando lo anterior, médicos de la especialidad de cirugía maxilofacial del Centro Médico Nacional La Raza han estado ejerciendo una discriminación sistemática en contra de todas las médicas que participan en la selección para ser residentes, por su sola calidad de mujeres, con el objeto de obstaculizarles su ascenso laboral. Lo cual no sólo es inconstitucional, criminal, sino indignante. Vemos al médico, que debe dar la vida, actuando con vulgaridad y prepotencia, para impedir el desarrollo de las médicas. La misoginia en su esplendor. Con esto, además se afecta la calidad de los servicios que brinda el IMSS al pueblo de México.

4. Pese a las amenazas de que han sido objeto tres doctoras, Ana María del Villar Robles (matrícula 10049142), Lizbeth Soto Olmos (matricula 99374354) y Carolina Barrera Herrera (matrícula 10952314), han denunciado ante esta representación popular la condenable conducta desarrollada por estos médicos.

5. Desde que estas doctoras llegaron al propedéutico el 2 de enero del año 2007, fueron víctimas de maltrato y hostigamiento laboral por parte del jefe de residentes del servicio de cirugía maxilofacial, doctor Fernando Moctezuma Navarrete y por los demás residentes por instigaciones del mismo. Este doctor Fernando las amenazó diciéndoles que no iban a quedar en la residencia, que tenían todo en su contra, uno por ser mujeres, que este Centro Médico La Raza era para hombres, y dos, por ser trabajadoras del IMSS, que además la doctora Del Villar ya estaba vieja por tener 40 años. Que si llegaban a quedar en la residencia, él se encargaría de que en tres meses las corrieran.

6. En esos 15 días que estuvieron las doctoras de mención en el curso propedéutico sufrió agresiones verbales, les decían que "las mujeres son unas burras, pendejas, ¿qué hacen aquí?". Las tenían todo el día de pie, sin tomar alimentos ni acudir a sus necesidades fisiológicas, no les permitían utilizar el elevador y les hacían subir hasta el décimo piso por las escaleras. Les criticaban su arreglo personal y les ponían apodos. El resto de residentes les dejaban de hablar.

7. Cuando el grupo de residentes salía a provincia a las campañas médicas, con la complacencia del jefe del Servicio, doctor Miguel Leandro Peña Torres, en varias ocasiones los residentes varones, bajo amenazas, obligaban a las doctoras a comprarles cartones de cerveza o pretendían forzarlas a tomar bebidas embriagantes.

6. Pese a todas estas presiones y amenazas, estas doctoras ganaron el derecho a la residencia y el día que se presentaron al inicio de la misma, 1o. de marzo del 2007, el ya referido doctor Miguel Leandro Peña Torres, jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial, les dijo frente a todo el grupo, como un acto más de violencia y discriminación que habían sido impuestas por el sindicato y que él no las había escogido para estar en esa sede, incitando a los residentes varones a que las agredieran con actitudes, expresiones y todo tipo de actos de discriminación por género.

7. En el mes de mayo de 2007 se perdió una lámpara frontal en el consultorio 6, extravío que se atribuyó a la doctora Lizbeth Soto Olmos, lo que era una calumnia ya que al momento del supuesto robo ella se encontraba tomando clases en la facultad de posgrado de la UNAM, no obstante lo cual fue obligada a reponer con sus recursos dicha lámpara. Este hecho evidentemente fue un acto más de hostigamiento laboral en su contra de estas profesionistas.

8. Eran excluidas de las entregas de guardia y no podían atender a ningún paciente bajo el argumento de que las mujeres no tienen conocimiento ni experiencia, se suprimían sus nombres de las hojas de guardia para acusarlas de inasistencias o abandono, de manera repetida las dejaban solas en las guardias pues los residentes varones no llegaban o lo hacían con aliento alcohólico, se dormían, o se iban a jugar futbol. Eran castigadas con postguardias.

9. En las sesiones de anatomía sufrieron el mismo trato de humillación delante de todos. El doctor Miguel Peña insistía frecuentemente en instarlas a renunciar a la residencia, decía "por Dios, tengan dignidad y váyanse"; a los demás residentes, aunque no supieran la respuesta a sus preguntas, no los hostigaba.

10. El día 12 de noviembre, la doctora Ana María del Villar Robles estando de vacaciones fue requerida indebidamente a presentar un examen el día 15, al efecto se trasladó de la ciudad de Tepic, Nayarit, donde reside, a la ciudad de México, Distrito Federal. Sobre las vacaciones que disfrutaba esta doctora tenía pleno conocimiento el doctor Miguel Peña. Y bien, a los 3 días, las tres doctoras fueron informadas de que habían reprobado el examen.

11. Cuando la doctora Ana María del Villar Robles regresó de vacaciones el 26 de noviembre, solicitó verbalmente al doctor Miguel Peña que le enseñara el examen, que quería saber en qué había fallado, a lo cual se negó y le espetó que estaba reprobada. La doctora Lizbeth Soto Olmos corrió una suerte similar, ya que, mediante amenazas y engaños, fue obligada a renunciar a la residencia.

12. La determinación de separar a estas doctoras de la residencia se realizó no conforme al resultado global de sus calificaciones, sino únicamente partiendo del resultado del último examen, totalmente amañado.

13. Además de los ya referidos, los residentes Juan Carlos Enríquez (residente 4), Juan Carlos Romero (residente 2) y Raúl López (residente 2), también hostigaron sistemáticamente a estas doctoras.

14.- Lo importante es concluir que en el Centro Médico La Raza existe una política sistemática para discriminar y hostigar laboralmente a las doctoras por su sola calidad de mujeres. Es inadmisible que en estos tiempos, y en una institución como el IMSS, exista este tipo de misoginias aberrantes e inconstitucionales.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte al director general del IMSS, maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, para que se proceda de inmediato a realizar una revisión escrupulosa y objetiva del desempeño académico de las doctoras Ana María del Villar Robles, Lizbeth Soto Olmos y Carolina Barrera Herrera, residentes 1 de la especialidad de cirugía maxilofacial del Centro Médico Nacional La Raza, y en su caso se les reincorpore a la residencia, pero asignándoseles a otra sede.

Segundo. Se exhorte al director general del IMSS a dar inicio a los procedimientos para el deslinde de las responsabilidades que legalmente procedan, incluidas las de carácter penal en contra de los doctores Miguel Leandro Peña Torres, Fernando Moctezuma Navarrete, Juan Carlos Enríquez, Juan Carlos Romero, Raúl López y demás personal involucrado en los actos de discriminación y hostigamiento laboral en contra de las doctoras antes señaladas.

Tercero. Se exhorte al director general del IMSS para que tome las medidas necesarias para que en el Centro Médico La Raza y en todo el instituto se ponga fin a todo tipo de conductas discriminatorias en contra de las trabajadoras, en general de las mujeres, en pleno respeto de sus derechos humanos, incluidos los laborales.

Cuarto. Se informe a esta soberanía del debido cumplimiento que se dé a este punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2008.

Diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA, AL GOBIERNO DE COAHUILA Y AL MUNICIPIO DE TORREÓN A REUBICAR A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN LAS COLONIAS ALEDAÑAS A LA COMPAÑÍA MET-MEX PEÑOLES, PUES SE CONSIDERAN INHABITABLES POR SER ZONAS DE ALTO RIESGO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS VICENTE FLORES MORFÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Antecedentes y Consideraciones

Ante la presencia de más de dos mil nuevos casos de niños envenenados, que son habitantes de Torreón Coahuila, de las colonias de alrededor de la compañía Met-Mex Peñoles, y que viven en suelos contaminados con plomo en cantidades hasta de 8 mil partes por millón, suelos que –a pesar de las medidas para remediarlo que realiza Met-Mex Peñoles desde 1999–, son inhabitables en las zonas de alto riesgo y que, por lo tanto, son la fuente de contaminación por plomo, cadmio y arsénico que han perpetrado daño a la salud pública.

Punto de Acuerdo

Primero. Para el rescate de la salud pública y la prevención del envenenamiento de las generaciones futuras, exhortamos a las autoridades competentes: Secretaría de Salud, Semarnat, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de Coahuila, así como al del municipio de Torreón que se inicien –de manera inmediata y coordinada– la reubicación de los niños y sus familias que viven en el área de riesgo, que corresponden a las colonias Primero de Mayo, Eduardo Guerra y Luis Echeverría, por las lesiones causadas en el cerebro, en el desarrollo físico y mental, anemias, trastornos auditivos, en el comportamiento, y déficit de atención entre otros, sin omitir que la exposición a cadmio y arsénico que acompañan al plomo en su proceso industrial que representan riesgos como el cáncer entre otros.

Segundo. Que se cambie el derecho de uso del suelo alrededor de la fuente de contaminación Met-Mex Peñoles, en función directa a las concentraciones de los metales y metaloides, relacionados (plomo, cadmio y arsénico). Distribución radiada para el uso de suelo. Los terrenos evacuados constituirán una zona de amortiguamiento industrial para la protección de la salud pública.

Tercero. Este exhorto no es limitativo y deberá extenderse a todas las zonas urbanas que reúnan las características técnicas que fundamentan las zonas de alto riesgo para el envenenamiento por plomo, cadmio y arsénico.

Se anexan documentos que fundamentan estos hechos que demuestran el ataque a la salud pública, sobre todo haciendo énfasis a los grupos más vulnerables como son los niños, así como los niveles de contaminación a la ciudad de Torreón.


 
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE JUSTICIA, DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A REALIZAR UNA DEFENSA INTEGRAL Y PÚBLICA DE LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERE EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Carlos Altamirano Toledo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con la siguiente

Exposición de Motivos

1. El proceso de cambio institucional en materia de seguridad pública y justicia debe ser abordado con prudencia y ánimo reflexivo.

Las discusiones del mes de diciembre pasado, tanto en esta Cámara como en la de Senadores, reflejan que el Legislativo es sensible ante la necesidad de mejorar los instrumentos públicos que contribuyan a la atención de estos problemas.

2. Sin embargo, múltiples y autorizadas voces se han alzado para señalar que en conjunto de la reforma hasta ahora propuesta existen riesgos para el desarrollo democrático del país.

Entre esas opiniones están las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expertos penalistas y académicos, así como diversos grupos de la sociedad civil, que no deben ser menospreciadas, sino escuchadas y, en su caso, rebatidas.

3. Por otra parte, la reforma en materia de legislación secundaria tendrá gran relevancia y amplitud. Si se asume que los temas planteados en las discusiones de diciembre del 2007 son los asuntos que, en un sentido u otro, tendrían que ser objeto de cambios constitucionales, el volumen y complejidad de los consecuentes cambios legales es amplio.

De forma enunciativa, debe considerarse la revisión de

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
El Código Federal de Procedimientos Penales
El Código Penal Federal
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

La Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
El Código de Comercio
El Código Federal de Procedimientos Civiles
La Ley Federal de Defensoría Pública
La Ley de Coordinación Fiscal.

 Además, tendrían que crearse norma nuevas, como la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley General de Justicia Comunitaria y la Ley que Regule el Uso de la Fuerza para la Seguridad Pública.

4. Es posible que el procedimiento para efectuar esos cambios sea el mecanismo tradicional; sea que el Ejecutivo envié un proyecto o que los legisladores, principalmente los integrantes de las comisiones, generen iniciativas particulares.

Sin embargo, parece que ese no es el mecanismo más recomendable. Lo pertinente es que se conforme una mesa de trabajo, plural y pública, en la que se analicen en una visión integral, los distintos proyectos que existen en las diversas materias.

De otra forma se corre el riesgo de que el Legislativo realice su tarea sin el sano y correspondiente proceso de oxigenación con la opinión pública; además del riesgo de que por dar respuesta apresurada a exigencias coyunturales, se generen acuerdos políticos, que llevados a la ley, signifiquen atropellos a los derechos ciudadanos o que carezcan de la coherencia y armonía requerida.

5. La sociedad mexicana está en un proceso complejo y contradictorio de transición en sus instituciones. Sin duda todos los aspectos tienen trascendencia: desde los electorales, hasta los sociales y los relativos a la forma de gobierno, pero lo concerniente a la seguridad pública y la justicia debe ser abordado con particular detenimiento.

Lo que está en juego es, ni más ni menos, que los derechos y la relación entre los individuos y el poder sancionador del Estado, y el fortalecimiento o deterioro de las relaciones entre los ciudadanos en el marco de la ley.

Por lo anterior y considerando la relevancia y trascendencia de los cambios en estas materias, el sucrito presenta ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados reitera su compromiso con la transformación de las instituciones y el marco constitucional y legal en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Segundo. Considerando la amplitud, complejidad y trascendencia de estos cambios, la Cámara de Diputados exhorta a las comisiones justicia, seguridad pública, derechos humanos y a los grupos parlamentarios para que al desahogar la valoración y elaboración de modificaciones en materia de justicia y seguridad pública realicen un proceso integral, plural y público.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2008.

Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
 
 
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA SE, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A EXPEDIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE REGULE LA DISPOSICIÓN FINAL DE PILAS Y BATERÍAS IMPORTADAS Y DE LAS FABRICADAS EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS ESPINOSA PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal José Luis Espinosa Piña del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los principios rectores para la adecuada gestión integral de los residuos es la prevención de la contaminación. Ello tiene sustento en los derechos fundamentales al medio ambiente y a la protección de la salud, los cuales están incorporados en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna ("toda persona tiene derecho a la salud").

Asimismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) incluye entre sus principios de política ambiental, en la fracción XII de su artículo 15, que "toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar". Más aún, de conformidad con lo que se establece en el artículo 1o. de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR): "sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos,1 de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación […]".

Recientemente, se han logrado, en distintos países, acuerdos tendientes a prevenir la contaminación mediante la reducción del uso de metales pesados en productos de consumo.2 Igualmente, diversos sectores de la sociedad mexicana han mostrado su preocupación por la contaminación que pudieran ocasionar las pilas y baterías con metales tóxicos como el mercurio o cadmio desechadas en rellenos sanitarios o tiraderos municipales. Por ello, es importante armonizar las disposiciones nacionales en materia de comercialización de pilas y su manejo como residuo, en función del posible impacto que puedan tener en el medio ambiente.

Actualmente, la regulación mexicana en materia de residuos indica que las siguientes pilas y baterías, se consideran residuos peligrosos una vez que se desechan: "las baterías eléctricas a base de mercurio o níquel cadmio" (artículo 31 LGPGIR); las pilas y baterías listadas en la NOM-052-ECOL-1995 (pilas de níquel-cadmio o de zinc-plata); así como las que posean características Creti.3

Cabe señalar que, según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hace más de una década los fabricantes internacionales de pilas y baterías comenzaron a desarrollar tecnologías que han permitido poner al alcance de los consumidores, productos que no contienen dichos metales tóxicos. A pesar de que se siguen implementando acciones de prevención, aún es considerable la presencia de pilas recargables a base de níquel-cadmio y mercurio en el mercado mexicano. En ese sentido, de acuerdo con la Semarnat, las pilas que se venden en el mercado informal, las cuales provienen generalmente de China, contienen mercurio y tienen una durabilidad de tres a cinco veces menor que las pilas legalmente importadas.4

En este orden de ideas, el principal problema de nuestro país radica en que no existe una norma específica que regule los tipos de pilas que ingresan al mercado mexicano y, por lo tanto, no se tiene certidumbre respecto al manejo adecuado de baterías que al ser desechadas, se convierten en residuos peligrosos.

Debido a esta faltante en el marco jurídico ambiental mexicano, no se puede lograr una adecuada prevención de la contaminación del medio ambiente debido a que no existen criterios que regulen la generación o la importación de los productos que nos ocupan, incumpliéndose así el objeto de la Ley General para la Gestión y Prevención Integral de los Residuos. Por esta razón, resulta apremiante que la autoridad tome acciones claras y definitivas para prevenir la contaminación de suelo y mantos acuíferos que se pudieran originar por la disposición final incorrecta de las pilas clasificadas como residuos peligrosos.

A manera de referencia, en Europa se ha venido restringiendo la fabricación e importación de pilas en cuanto a los contenidos de mercurio y cadmio. Como muestra de ello, la última modificación a la directiva europea sobre pilas y baterías publicada en septiembre del 2006 indica lo siguiente: "A fin de lograr sus objetivos medioambientales, la presente directiva prohíbe la puesta en el mercado de determinadas pilas y acumuladores que contengan mercurio o cadmio". La misma directiva excluye de la prohibición:

1. Las pilas de botón con un contenido de mercurio no superior al 2% en peso.
2. Dispositivos de emergencia y de alarma, incluida la iluminación de emergencia;

3. Equipos médicos, o
4. Herramientas eléctricas inalámbricas.

 En virtud de lo expuesto respecto al caso mexicano y lo establecido en el artículo 7o., fracción II, de la LGPGIR, según la cual, es facultad de la federación "expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra", resulta pertinente alentar a los órganos de gobierno para establecer una norma oficial mexicana que clasifique y regule el uso de pilas y baterías.

La norma oficial mexicana está definida en el artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal para la Metrología y Normalización, según el cual, dicha norma es "la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades competentes […] que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación".

Más aún, de acuerdo con el artículo 40, fracción I, de la misma ley, reconoce como finalidad de la norma oficial mexicana el establecimiento de "las características o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales."

Al contar con una norma oficial mexicana de esa especie, las autoridades estarán dando certidumbre respecto a las características específicas y el riesgo que presenten las pilas que entren al mercado mexicano. Asimismo, facilitarán la aplicación de mecanismos de control para asegurar el manejo adecuado de los residuos.

Ahora bien, en México todavía no se da la fabricación de pilas; por tanto, la manera más eficiente para controlar el daño ecológico de este tipo de productos es mediante la regulación de las importaciones. La Ley mencionada en el párrafo anterior, reconoce en su artículo 7o., fracción XII, la facultad de la federación para "autorizar la importación, exportación o tránsito de residuos peligrosos por el territorio nacional […]", con ello se reconoce el control de la Federación sobre el manejo de residuos peligrosos provenientes de nuestro país o del exterior, sentando las bases de un marco normativo nacional congruente con lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México forma parte y las medidas necesarias para la conservación del medio ambiente.

La norma propuesta permitiría al órgano de gobierno encargado, autorizar la importación de pilas que, una vez utilizadas, se conviertan en residuos peligrosos únicamente cuando se cumplan las siguientes dos condiciones:

a) Que se justifique el uso de las pilas en cuestión por no existir un producto sustituto que no represente un peligro para el medio ambiente; y

b) Que el importador o comercializador responsable garantice el destino que se le dará al producto una vez terminada su vida útil, mediante registro de plan de manejo o el resto de instrumentos contenidos en la LGPGIR vigente. En breve, con esto se aseguraría que las pilas tengan una disposición final adecuada.

 Gracias a ello, la sociedad mexicana podrá tener la certeza de que las pilas que ingresen al país no representen un riesgo para el medio ambiente.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Salud, y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida y ponga en vigor una Norma Oficial Mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías importadas o, en su caso, fabricadas en México, y que garantice las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la protección al medio ambiente.

La LGEEPA establece, en su artículo 3o., fracción XXXII, como residuos peligrosos todos aquellos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.

Notas:
1. Algunos de esos acuerdos son, en la Unión Europea, la Directiva 2006/66/CE del Parlamento y Consejo Europeos (6 de septiembre de 2006); en Brasil, la Resolución 257 del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama), del 30 de junio de 1999, y en Estados Unidos, la Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act, aprobada el 13 de mayo de 1996.
2. Creti significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental e inflamable. Es el acrónimo de la clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos. Se le menciona en la NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos; además de los parámetros de cada una de las características Creti para considerar un residuo como peligroso.
3. Comunicado de prensa número 103/07 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, DF, 19 de julio de 2007. Consultado en http://www.semarnat.gob.mx/saladeprensa/boletindeprensa/Pages/bol07-103.aspx a las 14:27 horas del 12 de noviembre de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de febrero de 2008.

Diputado José Luis Espinosa Piña (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y A PEMEX PETROQUÍMICA A INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE RECONFIGURACIÓN DE LAS REFINERÍAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Carlos Altamirano Toledo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con la siguiente

Exposición de Motivos

1. En contraste con las presiones a favor de la privatización de Pemex, el PRD ha dejado en claro su posición a favor de mantener la soberanía nacional sobre la riqueza petrolera.

La declinación de los volúmenes menores de exportación no tiene por que llevar en automático a dejar de considerar los recursos del petróleo como un patrimonio público que como tal debe utilizarse en beneficio de la nación.

Estoy convencido de que en el marco de la Constitución, es posible corregir las deficiencias que enfrenta Pemex. Que la Constitución no es obstáculo para superar los rasgos de retrazo tecnológico y enfrentar la corrupción. Que sin modificar la Constitución es posible superar reorganizar y capitalizar la administración de la empresa, manteniendo para el país los recursos derivados de la explotación y del procesamiento de los productos petroleros.

2. Este año Pemex tendrá recursos excedentes por el alto precio del petróleo en el mercado mundial, que en esta soberanía se aprobó en 49 dólares por barril y que en la actualidad de vende en 80 dólares. Hay estimaciones de que para este año los recursos de Pemex significarán un monto de 400 mil millones de pesos.

Pero el drama es que esa cantidad de recursos estará destinada a compensar la caída en la captación de los ingresos tributarios y, sobre todo, a compensar el gasto que significa el pago de deuda pública.

Es importante que pronto superemos la camisa de fuerza que se le ha impuesto a Pemex para que la empresa deje de subsidiar el espejismo de una finazas sólo "sanas" en apariencia.

3. Aun con la rigidez actual, Pemex tendrá que invertir en su desarrollo como empresa. Lo que le planteamos al Ejecutivo es que demos prioridad a la inversión en petroquímica y no sólo a la extracción de materia prima., pues es un absurdo exportar petróleo crudo e importar petroquímicos y gas.

El PRD propone que en vez de destinar los recursos de Pemex al gasto corriente o a compensar el pago de deuda, se dirijan a la inversión productiva y tecnológica, de forma que cuando el precio del petróleo o el volumen de ventas disminuyan, el país haya ganado con la capitalización y la generación de empleos.

4. El tema que hoy presento es las reconfiguraciones de las refinerías, que es el proceso de actualización y mejora sustancial de las actividades de la petroquímica. Representan la concreción de una política de capitalización del sector y al mismo tiempo es la mejor manera de reducir los impactos ambientales.

Pemex ha planteado reiteradamente el tema, pero la ausencia de recursos ha sido la constante que ha limitado y postergado el proceso de modernización la renovación de las 6 plantas petroquímicas del país.

Por eso le planteamos al Ejecutivo, que en la planeación y programación de las actividades de Pemex le brinde prioridad a la inversión en petroquímica y en particular a las reconfiguraciones.

Por ejemplo, la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, requiere agilizar su proceso de reconfiguración si se considera que fue puesta en marcha en 1979 y que en ella se procesa el crudo proveniente del golfo de México para obtener tanto productos intermedios como productos finales que después son trasladados al resto del país por medios marítimos.

5. Pero no basta con aumentar los recursos. En el espíritu de transparencia en la gestión pública no cabe duda de que la información a la sociedad y a las autoridades municipales y estatales, a los legisladores es el mejor camino para conducir los asuntos públicos.

Las autoridades locales y las comunidades del Istmo no saben a ciencia cierta qué va a pasar con las inversiones, en la que a todas luces es la actividad más importante para toda la región del sur-sureste de México.

Por la dimensión del impacto económico que tiene la actividad petrolera en Salina Cruz, es muy importante que las autoridades y las comunidades estén informadas directamente por la empresa paraestatal y no que tengan que buscar información en terceras fuentes.

Es muy relevante, para efectos de planeación y colaboración, que los habitantes y gobiernos del Istmo de Tehuantepec, de Salamanca, de Cadereyta y de las 6 plantas de refinación tengan acceso a información confiable y actualizada.

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente mencionados se presenta ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Pemex Petroquímica a incrementar la inversión en petroquímica, particularmente en la reconfiguración de las 6 plantas del país.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a Pemex que elabore informes periódicos de los avances de los programas de reconfiguración de las refinerías del país para que sean dados a conocer a los gobiernos municipales y a la comunidad de cada una de las regiones en que se desarrolla la actividad petroquímica.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2008.

Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A DICTAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES PARA QUE EN LA CEREMONIA CÍVICA DEL 24 DE FEBRERO –QUE RINDE HONORES AL LÁBARO PATRIO– SE LEA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA LA ARENGA A LA BANDERA, DEL MAESTRO ANDRÉS HENESTROSA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA NIEVES NORIEGA BLANCO VIGIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal María Nieves Noriega Blanco Vigil, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, fracción III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaria de Educación Pública para que en la ceremonia del 24 de febrero que rinde honores a la bandera se lea en las escuelas de educación básica la Arenga a la Bandera del Maestro Andrés Henestrosa, conforme a las siguientes

Consideraciones

Nuestro lábaro patrio tiene su origen en la bandera trigarante que se elaboró conforme al Plan de Iguala, donde las ideas de religión, independencia y unión fueron representadas por los colores blanco, verde y rojo, colocados en franjas diagonales y con una estrella al centro de cada una de ellas. Posteriormente, en noviembre de 1821 se emitió el decreto que dispuso que la bandera sería tricolor, verde, blanco y encarnado, con franjas verticales y figurando en el centro la efigie de un águila coronada. Sin embargo, la reglamentación para su uso y difusión se fue perfeccionando durante el siglo XX.

Nuestra Enseña Nacional es el producto de la evolución y las luchas que ha sostenido nuestro país, en diferentes etapas, por alcanzar su pleno desarrollo como nación; es uno de los símbolos de nuestra nacionalidad que, convertido en lienzo tricolor, nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia.

Así entonces la Bandera se iza a toda asta cuando se trata de celebrar fechas de importantes acontecimientos históricos en la vida nacional; y a media asta, en las conmemoraciones luctuosas, lo mismo que en todas las escuelas de los niveles obligatorios; en México se rinden honores a la bandera todos los lunes, además de las fechas en las que se realiza alguna ceremonia cívica, particularmente el 24 de febrero.

México es un país poseedor de un pasado enmarcado por la historia y de hombres notables por esta razón me permito hacer la siguiente exposición para solicitar se lea la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, quien fuera escritor, narrador, ensayista, político e historiador pues hablar de Henestrosa es hablar de un capítulo histórico que plasma la nacionalidad, el valor y el aprecio de la cultura indígena, de la historia mexicana y de nuestras raíces más profundas, su sangre y su alma indígenas

Andrés Henestrosa nació el 30 de noviembre de 1906 en la ciudad de Ixhuatán, Oaxaca, estado en el que realizó sus primeros estudios para luego viajar a la ciudad de México, donde se preparó para ser maestro, además estudio leyes y letras. Su infatigable tarea de erudición, bibliofilia e historia lo llevan a ser uno de los escritores mexicanos con mayor profundidad.

Entre sus trabajos destacan sus investigaciones sobre el indigenismo y, en particular, sobre la lengua zapoteca; sus principales obras incluyen Los hombres que dispersó la danza, Retrato de mi madre, Caminos del corazón, Cuatro siglos de literatura mexicana, Los cuatro abuelos, colmando de ideas plenas de talento y sabiduría su maravilloso legado, así pues su obra ha seguido una línea paralela a la de sus libros, al exaltar a su pueblo y su pasado indígena; defendido, estudiando y dando valor a las expresiones de su país. Andrés Henestrosa es uno de los más grandes intelectuales de México, como lo reconociera el Premio Nobel Octavio Paz.

En 1946 el maestro Henestrosa dirige el departamento del INBA de 1952 a 1958, fue diputado federal de 1958 a 1961 y de 1964 a 1967, y senador de la república de 1982 a 1988, uniendo de este modo sus dos grandes repúblicas, la literaria y la política. En 1992 recibe el Premio Internacional Alfonso Reyes, en 1993 la Medalla al Mérito Benito Juárez, la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes (2002), y en su honor fue instaurada la Medalla Andrés Henestrosa de Escritores Oaxaqueños, en 1992. Gran conocedor del idioma a sus cien años se convirtió, como él mismo decía, en un "árbol centenario" que gozó de absoluta lucidez.

Asimismo el prolífico autor escribió la Arenga a la Bandera, que expone y enriquece a través de las letras el respeto a nuestros símbolos patrios, heredando con su bella prosa un conjunto de valores que enmarcan nuestra identidad nacional, resultado del tránsito de México por la historia y del amor a la patria.

Henestrosa, que expresó en vida su propia visión de amor y respeto por la nación mexicana, es hoy un hombre emblemático y estandarte de la cultura mexicana. Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, que me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a leer en las escuelas de educación básica, durante la ceremonia del 24 de febrero que rinde honores al Lábaro Patrio, la Arenga a la Bandera del Maestro Andrés Henestrosa, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la comisión ordinaria, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil ocho.

Diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CFE A SUSCRIBIR UN CONVENIO QUE COMPENSE LAS AFECTACIONES QUE GENERAN LAS LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIONES EN ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del estado de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura, con fundamento los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo a partir de la siguientes

Consideraciones

1. Desde hace 36 años, el núcleo agrario del ejido Chivela en Ixtaltepec, Oaxaca ha sufrido afectaciones por parte de la CFE sin que esta empresa paraestatal haya otorgado indemnización por los daños que origina la operación y mantenimiento de 3 líneas eléctricas, así como la consecuente depreciación de las tierras.

El daño y afectación al precio de las propiedades que reclaman los propietarios y beneficiarios de las parcelas consiste en lo siguiente:

Ya no es posible plantar ningún tipo de árbol frutal o aprovechable pues estos se han talado para mantener una brecha forestal, el personal de CFE ingresa a las propiedades sin autorización, estropeando las cercas, dejando que el ganado salga lo cual propicia accidentes en la muy cercana carretera Transítsmica y al abandonar los aisladores en el campo se provocan incendios en los pastizales.

2. Los ejidatarios y propietarios de Chivela recurren a la Cámara de Diputados pues aunque la CFE ha realizado levantamientos topográficos, no ha tomado en consideración los daños acumulados durante las 3 décadas que han operado las instalaciones, ni ha diferenciado el valor por tipo de propiedad, sin distinguir solares urbanos, parcelas y propiedades de usufructo privado.

Es tal el problema que los campesinos han decidido, junto con el comisariado ejidal, no permitir el mantenimiento de las líneas para lograr un convenio que garantice el pago de una indemnización justa.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se conmina a la Comisión Federal de Electricidad a suscribir un convenio que compense las afectaciones que generan las líneas de alta y media tensión en los núcleos agrarios del ejido Chivela, La Mata y Aguascalientes en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2008.

Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A APLICAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TEAPA, JALAPA, TACOTALPA, NACAJUCA, JALPA, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO Y CENTRO, DE TABASCO, QUE RESULTARON SEVERAMENTE AFECTADAS POR LAS LLUVIAS; A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar de manera inmediata lo dispuesto en el artículo 61 del decreto del Presupuesto de Egresos en las comunidades de Tabasco afectadas severamente por las lluvias en los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la magnitud del desastre natural acaecido en Tabasco resulta de urgente necesidad la aplicación inmediata de la ampliación en la cobertura de los programas asistenciales existentes a nivel nacional para los municipios más marginados y afectados por las inundaciones en dicha entidad, como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro.

Lo ocurrido en Tabasco provocó inundaciones y daños sin precedentes en más del 80 por ciento de su territorio.

Tabasco vive el peor desastre en su historia, y lo más lamentable y urgente es que hasta el momento su población sigue viviendo en situaciones de riesgo, pues aún no se han restablecido las condiciones que permitan el desarrollo y vida cotidiana en la entidad.

Millones han resultado afectados y han perdido todo: bienes, casa, trabajo. Las inundaciones provocaron la pérdida de la totalidad de las cosechas de maíz, fríjol, arroz, yuca, camote, plátano, cacao y coco.

Tabasco necesita un trato especial y urgente, que no puede esperar. Este es un problema que requiere de la atención y visión de legisladores que en momentos de necesidad actúa de manera pronta y expedita. Es claro que pese a los esfuerzos que hasta el momento se han hecho para dar solución y ayuda a Tabasco y a los tabasqueños, las mismas han sido insuficientes y han rendido hasta el momento escasos frutos.

Ante la grave situación que enfrentan las y los habitantes de Tabasco, que ha dejado a más de la mitad de la población con afectaciones severas tras las fuertes lluvias y los desbordamientos de los ríos que se encuentran en el estado, surge la necesidad de impulsar

La problemática que se vive en Tabasco es mayúscula y con la aplicación del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales se atenuara, por lo que es urgente se aplique conforme se dispone en el artículo 61 del Decreto de Presupuesto de Egresos, que a la letra dice:

En cuanto al programa de atención para adultos mayores, los recursos adicionales asignados al mismo, que ascienden a la cantidad de 3 mil 700 millones de pesos serán destinados para la atención de adultos mayores que habiten en comunidades de 10 mil habitantes. Asimismo, en el caso de que la población objetivo que habite en las comunidades mencionadas haya sido atendida, los recursos excedentes se utilizarán para extender el programa a comunidades que rebasen 10 mil habitantes, buscando en la medida de lo posible un objetivo de comunidades de hasta 20 mil habitantes.

La situación que se vive en el Tabasco es grave, en el caso de los adultos mayores de 70 años se agrava aún más, ya que aparte de padecer de manera particular los rezagos sociales, y contingencias de la naturaleza, de sus comunidades, se encuentran en una etapa de su vida en la que las posibilidades de contar con una fuente de ingresos es muy baja.

Es por ello que, siendo el objetivo principal del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales mejorar las condiciones de vida de ese sector, solicito que la cobertura ampliada se apliqué, en el caso de Tabasco, de manera inmediata.

Cabe hacer mención de que en este programa se contempla como población a todos los adultos mayores de 70 años y más que no reciban apoyo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de Atención a Adultos Mayores, ni de otros programas federales con beneficios similares a los de este programa.

Es menester resaltar que de los criterios de elegibilidad y requisitos que contemplaba el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales se elimino el de "habitar en una localidad de hasta 2 mil 500 habitantes", quedando los siguientes:

• Tener 70 años de edad o más.
• Habitar en zonas rurales.

• No ser beneficiario del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de Atención a Adultos Mayores, ni de otros programas con beneficios similares a los de este Programa.

• Llenar una solicitud de apoyo en las oficinas de las delegaciones, ante los promotores del programa u otras instancias adicionales que señale la Sedesol.

 La cita de estos requisitos se hace necesaria para explicitar la flexibilidad que para el caso concreto de los adultos mayores de 70 años y más de Tabasco se solicita.

Ya que debemos tomar en consideración la imperiosa y urgente necesidad de aplicar todas las medidas y realizar todos los esfuerzos necesarios para las comunidades severamente afectadas de Tabasco por lo que propongo que se apliqué de manera inmediata la ampliación en la cobertura del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales a comunidades de Tabasco que resultaron severamente afectadas por las lluvias que se encuentran en los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro. Con la finalidad de brindar recursos económicos, a la población que más lo requiere en el entendido de que los 17 municipios del estado resultaron afectados por las inundaciones.

Con la aplicación inmediata de la ampliación en la cobertura a las comunidades de más de 2 mil 500 habitantes en la aplicación del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales a los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro, comunidades que son marginadas y resultaron severamente afectadas por las lluvias se busca apoyar al pueblo tabasqueño que en este momento requiere de todas las medidas que sea posible aplicar para salir avante ante la tragedia que le ha tocado vivir.

Es claro que pese a los esfuerzos que hasta el momento se han hecho para dar solución y ayuda a Tabasco y a los tabasqueños, las mismas han sido insuficientes y han rendido hasta el momento escasos frutos. Lo es también que la presente es un esfuerzo, más que busca coadyuvar en la solución al problema que viven las y los tabasqueños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución.

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que aplique de manera inmediata lo dispuesto por el artículo 61 del decreto del Presupuesto de Egresos en las comunidades de Tabasco que resultaron severamente afectadas por las lluvias que se encuentran en los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2008.

Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
 
 






Excitativas
A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, formule una excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud para que a la brevedad presenten al pleno de esta Soberanía el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capitulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo.

Su servidor Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera el pasado 26 de abril de 2007, presenté ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona un Capitulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, pero a casi un año de haberse presentado dicha iniciativa y que ha transcurrido en exceso el plazo que tienen las comisiones para dictaminar los asuntos de su competencia, de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, le solicito excitar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para que dictaminen la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en relación con la regulación de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores sexuales de este país, en el sentido de integrar y proteger a las sexo servidoras y los sexo servidores dentro de Ley Federal del Trabajo.

Por lo que esta excitativa, señora Presidenta, va en el sentido de solicitar su intervención, para que dicha iniciativa sea dictaminada por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud ya que lo que se esta proponiendo en la misma es que las y los sexo servidores puedan defender sus derechos con un marco laboral actual, ya que es importante legislar en su favor de manera expresa para que no quede duda alguna de que son titulares de derechos laborales y de la seguridad social que la constitución establece y también para consagrar modalidades jurídicas propias ante las características particulares de este trabajo.

Para ofrecer un mejor esquema de seguridad social se propone reconocer a estos sexo servidores la calidad de trabajadores con derecho a todo el marco tutelar que nuestro estado de derecho establece: jornada laboral definida, justa retribución, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, indemnizaciones de ley, descanso semanal, entre otras. Una vez reconocido todo esto tendrán derecho a acceder a la protección de la seguridad social, no con un régimen especial y limitado, sino dentro del régimen obligatorio del Seguro Social con acceso a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, pensiones y guarderías. Por lo tanto la adición del Capítulo Especial propuesto a la Ley Federal del Trabajo, servirá para dotar a este sector laboral de todos los beneficios laborales que la legislación prevé.

Hay otro grupo de las y los trabajadores sexuales que trabajan de manera independiente, en cuyo caso con dicha reforma se propone que puedan incorporarse al régimen obligatorio o voluntario del IMSS como trabajadoras independientes, según ellas lo decidan.

Las y los trabajadores sexuales sujetos a una relación de trabajo accederán en los términos de ley a las prestaciones del Infonavit y del SAR.

Por lo expresado y ante la falta de dictamen por parte de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, es que solicitamos a la Presidencia de esta soberanía para que proceda a excitar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud para que presenten el dictamen correspondiente, a la iniciativa presentada el 26 de abril de 2007, que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capitulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo.

Le pido su compresión, diputada Presidenta, para que esta excitativa sea publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 febrero del 2008.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)