Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2657-I, miércoles 17 de diciembre de 2008.


Comunicaciones Memorial de particulares Oficios Iniciativas Proposiciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comunicaciones
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretarios de la Comisión Permanente
Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 193 aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, el próximo 22 de diciembre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores de la Comisión Permanente que asistirán al acto cívico de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Licenciada María Guadalupe Lozada León
Coordinadora
 
 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

México, DF, a 12 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Me es grato comunicar, por su muy digno conducto, a la Cámara de Diputados que, en la sesión pública solemne celebrada hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró, con efectos al 15 de diciembre actual, su segundo periodo de sesiones correspondiente al año en curso.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (rúbrica)
Presidente
 
 

México, DF, a 12 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Me es grato comunicar, por su muy digno conducto, a la Comisión Permanente que, en la sesión pública solemne celebrada hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró, con efectos al 15 de diciembre actual, su segundo periodo de sesiones correspondiente al año en curso.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (rúbrica)
Presidente
 
 
 

DEL SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS

México, DF, a 16 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento de lo previsto en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto en el artículo 116, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted tenga a bien someter a consideración de la asamblea me sea concedida licencia para separarme de mi encargo como senador de la República por tiempo indefinido a partir del 18 de diciembre del año en curso.

Al reiterarle mi consideración distinguida, mucho agradeceré se exprese un mensaje de agradecimiento a mis compañeros legisladores por las atenciones brindadas y el apoyo que se sirvan dar a la presente.

Atentamente
Senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica)
 
 








Memorial de particulares
POR EL QUE EL CIUDADANO ISRAEL CAVAZOS GARZA SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, EN GRADO DE ENCOMIENDA, QUE LE OTORGA SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Ciudad Guadalupe, Nuevo León, a 9 de octubre de 2008.

Honorable Congreso de la Unión
México, DF

El embajador de España en México, en carta cuya copia adjunto, me participa que el rey me ha concedido la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Debido a ello, respetuosamente estoy solicitando el permiso para recibir y portar tan honrosa condecoración.

Acompaño, como me ha sido indicado, acta de nacimiento en copia certificada, currículo abreviado, y copias del pasaporte y de la credencial de elector.

Un saludo afectuoso.

Israel Cavazos Garza (rúbrica)
 
 







Oficios
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL QUE REMITE INFORMACIÓN RELATIVA AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2008, DESAGREGADA POR TIPO DE FONDO

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a noviembre de 2008, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a noviembre de 2207.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)
Secretario de Hacienda y Crédito Público


 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS EUGENIA MARGARITA HUÍZAR ROBLES, BRUNO FRANCISCO FERRARI GARCÍA DE ALBA, JOSÉ IGNACIO MADRAZO BOLÍVAR, LEONEL GODOY RANGEL, FELIPE ROBERTO SOLÍS OLGUÍN, SERGIO VELA MARTÍNEZ Y FRANCISCO EDUARDO DEL RÍO LÓPEZ PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE, EN DIFERENTES GRADOS, LES OTORGA EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante los oficios números PRO-15114, PRO-15115, PRO-15116 y PRO-15119, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las siguientes personas puedan aceptar y usar las condecoraciones que a continuación se mencionan:

Nombre: Eugenia Margarita Huízar Robles.
Condecoración: Orden de Dannebrog, en grado de Caballero.
Otorgante: Gobierno del Reino de Dinamarca.

Nombre: Bruno Francisco Ferrari García de Alba.
Condecoración: Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase.
Otorgante: Gobierno del Reino de Dinamarca.

Nombre: José Ignacio Madrazo Bolívar.
Condecoración: Orden de Dannebrog, en grado de Comendador.
Otorgante: Gobierno del Reino de Dinamarca.

Nombre: Leonel Godoy Rangel.
Condecoración: Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz.
Otorgante: Gobierno del Reino de Dinamarca.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes originales de las solicitudes de los interesados dirigidas al honorable Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas de las actas de nacimiento, copias simples de sus currículos, identificaciones oficiales y de las notificaciones en las que se comunica la intención de otorgarles las condecoraciones de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficios números PRO-14998, PRO-15006 y PRO-15037, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las siguientes personas puedan aceptar y usar las condecoraciones que se mencionan:

Nombre: Felipe Roberto Solís Olguín.
Condecoración: Orden de Dannebrog, en grado de Caballero.
Otorgante: Gobierno del Reino de Dinamarca.

Nombre: Sergio Vela Martínez.
Condecoración: Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase.
Otorgante: Gobierno del Reino de Dinamarca.

Nombre: Francisco Eduardo del Río López.
Condecoración: Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz.
Otorgante: Gobierno del Reino de Dinamarca.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes originales de las solicitudes de los interesados dirigidas al honorable Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas de las actas de nacimiento, copias simples de sus currículos, identificaciones oficiales y las notificaciones en las que se comunica la intención de otorgarles las condecoraciones de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CINCO POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS ENRIQUE JUVENCIO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, JAVIER AGUIRRE ONAINDIA, BRUNO FRANCISCO FERRARI GARCÍA DE ALBA, RAMÓN REMIGIO LUJÁN Y SALDÍVAR Y LUIS OROZCO INCLÁN PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE, EN DIFERENTES GRADOS, LES OTORGAN LA ARMADA DE LA REPÚBLICA DE COREA; LOS GOBIERNOS DEL REINO DE ESPAÑA, DE LA REPÚBLICA DE ITALIA, Y DEL REINO DE NORUEGA; Y LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14994, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el teniente de corbeta CG Enrique Juvencio Hernández Méndez, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Honor, que le otorga la Armada de la República de Corea.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15007, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Javier Aguirre Onaindia, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15005, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Bruno Francisco Ferrari García de Alba, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República de Italia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-5010, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Ramón Remigio Luján y Saldívar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Real Orden Noruega al Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de Noruega.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15117, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el capitán de navío CG DEM Luis Orozco Inclán pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial y la cinta con una Estrella Dorada de la Junta Interamericana de Defensa que le otorgan la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, copias simples de su currículo, identificación oficial y la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CINCO POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS FAUSTO FERNANDO CÓRDOVA ZAMORANO, ARTURO KIN MORALES ISLAS, CÉSAR DE LA SANCHA VILLA, ALFONSO CARRILLO MENDOZA, ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA, CARLOS MARTÍN DELGADO GUZMÁN, JOSÉ FRANCISCO FLORENTINO MORALES CÁZARES, FERNANDO COLCHADO GÓMEZ, BERTINA DÍAZ DE JESÚS Y ROSA ISELA LÓPEZ VÁZQUEZ PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE, EN DIFERENTES GRADOS, LES OTORGAN EL EJÉRCITO Y LA FUERZA AÉREA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EL GOBIERNO Y LAS FUERZAS MILITARES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA, EL MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL EJÉRCITO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficios números PRO-15093 y PRO-15004, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las siguientes personas puedan aceptar y usar las condecoraciones que a continuación se mencionan:

Nombre: Coronel ingeniero constructor Fausto Fernando Córdova Zamorano.
Condecoración: Libertador General don José de San Martín.
Otorgante: Ejército del gobierno de la República de Argentina.

Nombre: Subteniente FACV Arturo Kin Morales Islas.
Condecoración: Medalla de la Fuerza Aérea Argentina.
Otorgante: Fuerza Aérea del gobierno de la República Argentina.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes, originales de las solicitudes de los interesados dirigidas al honorable Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas de las actas de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificaciones oficiales y de las notificaciones en las que se comunica la intención de otorgarles las condecoraciones de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficios números PRO- 14996 y PRO- 15009, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las siguientes personas puedan aceptar y usar las condecoraciones que a continuación se mencionan:

Nombre: General brigadier DEM César de Sancha Villa.
Condecoración: Orden del mérito militar General José María Córdova, en grado Gran Oficial
Otorgante: Gobierno de la República de Colombia.

Nombre: Capitán de Corbeta CG Alfonso Carrillo Mendoza.
Condecoración: Medalla militar Escuela Superior de Guerra, Categoría única Por Servicios Distinguidos.
Otorgante: Fuerzas Militares del gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes, originales de las solicitudes de los interesados dirigidas al Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas de las actas de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificaciones oficiales, y de las notificaciones en las que se comunica la intención de otorgarles las condecoraciones de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficios números PRO- 15000 y PRO-15002, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las siguientes personas puedan aceptar y usar las medallas que a continuación se mencionan:

Nombre: General de brigada DEM Alberto Martínez Herrera.
Condecoración: Medalla Fraternidad Combativa.
Otorgante: Gobierno de la República de Cuba.

Nombre: Capitán de navío CGDEM Carlos Martín Delgado Guzmán.
Condecoración: Medalla Fraternidad Combativa.
Otorgante: Gobierno de la República de Cuba.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes, originales de las solicitudes de los interesados dirigidas al honorable Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas de las actas de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificaciones oficiales, y de las notificaciones en las que se comunica la intención de otorgarles las medallas de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficios números PRO-14997 y PRO-1999, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las siguientes personas puedan aceptar y usar las medallas que a continuación se mencionan:

Nombre: General brigadier diplomado de Estado Mayor José Francisco Florentino Morales Cázares.
Condecoración: Medalla Monja Blanca de Primera Clase.
Otorgante: Ministro de la Defensa Nacional del gobierno de la República de Guatemala.

Nombre: Coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez.
Condecoración: Medalla Monja Blanca de Segunda Clase.
Otorgante: Ministro de la Defensa Nacional del gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a sus expedientes, originales de las solicitudes de los interesados dirigidas al honorable Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas de las actas de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificaciones oficiales, y de las notificaciones en las que se comunica la intención de otorgarles las medallas de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficios números PRO-15001 y PRO-15003, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las siguientes personas puedan aceptar y usar las medallas que a continuación se mencionan:

Nombre: Bertina Díaz de Jesús
Condecoración: Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria.
Otorgante: Ejército del gobierno de la República de Nicaragua.

Nombre: Rosa Isela López Vázquez.
Condecoración: Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria.
Otorgante: Ejército del gobierno de la República de Nicaragua.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes, originales de las solicitudes de los interesados dirigidas al honorable Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas de las actas de nacimiento, así como copias simples de su curricula vitae, identificaciones oficiales y de las notificaciones en las que se comunica la intención de otorgarles las medallas de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE EL INFORME DE RESULTADOS DE LOS VIAJES QUE REALIZÓ A DIVERSOS PAÍSES EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA

México, DF, a 16 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía el Informe de resultados de los viajes que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, realizó a los siguientes países:

Participación en el Sexagésimo Tercer Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del martes 23 al jueves 25 de septiembre de 2008, en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

Participación en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, del miércoles 29 al viernes 31 de octubre de 2008, en San Salvador, El Salvador.

Asistencia a la reunión del Grupo de Veinte Ministros de Finanzas y de Gobernadores de Banca Central (G-20), en la ciudad de Washington DC, los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2008; en atención a la invitación que le formulara el presidente de Estados Unidos de América.

Gira de trabajo a las Repúblicas de Chile, Perú y Argentina, del jueves 20 al martes 25 de noviembre de 2008.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, TRES CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1787, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Margarita Arenas Guzmán, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/SEIP/0746/2008, suscrito por el ingeniero Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los elementos de los cuerpos de seguridad pública.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Por este medio y en atención de su oficio número SEL/300/4436/08, en el que hace referencia al punto de acuerdo "Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al (...) secretario de Seguridad Pública federal (...) que analicen la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendentes a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de seguridad pública (...)", aprobado por el Pleno del honorable Congreso de la Unión el 21 de octubre del año en curso, me permito señalar lo siguiente:

Derivado de las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año en curso, se elaboraron diversos proyectos de ley, entre los que destaca la iniciativa del Ejecutivo federal con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual prevé la creación de academias e institutos de capacitación ministerial, pericial y policial responsables de aplicar los programas rectores de profesionalización y los procesos de evaluación de los aspirantes y servidores públicos, así como el cumplimiento de los perfiles genéricos de puesto de las instituciones de procuración de justicia e instituciones policiales en los tres órdenes de gobierno.

Sobre el particular se tiene previsto, en el Título Octavo, el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el cual se forma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente ley, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Se integra por el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, así como los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de procuración de justicia e instituciones policiales de la federación y las entidades federativas.

Corresponde a la federación, por conducto del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza

I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias;

II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;

III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública;

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública;

V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que, en el ámbito de seguridad pública, operen instituciones privadas que así lo soliciten;

VI. Verificar periódicamente que los centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el propio centro nacional establezca;

VII. Apoyar a los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública;

VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de evaluación y control de confianza;

IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados ministerial, policial y pericial y aprobar sus características; y

X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

El centro nacional contará con un órgano de gobierno, integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo federal proveerá en la esfera administrativa a la organización y al funcionamiento del centro nacional.

Los certificados que emitan los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública o instituciones privadas sólo tendrán validez si el centro emisor cuenta con la certificación vigente del centro nacional, en cuanto a sus procesos y su personal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública intervengan instituciones privadas, éstas deberán contar con la certificación vigente del centro nacional. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

Las instituciones de seguridad pública de la federación y entidades federativas establecerán, en los términos de las disposiciones aplicables, centros de evaluación y control de confianza, encargados de operar y calificar los procesos de evaluación de los integrantes de dichas instituciones, así como comprobar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad de éstos, para garantizar la calidad de sus servicios.

Dichos centros funcionarán según las políticas, los lineamientos y los procedimientos establecidos por el centro nacional y deberán estar certificados por éste.

Los centros de evaluación y control de confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta ley tanto en los procesos de selección de aspirantes como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Los centros de evaluación y control de confianza tendrán las siguientes facultades:

I. Aplicar los procedimientos de evaluación y de control de confianza conforme a los criterios expedidos por el centro nacional;

II. Proponer lineamientos para la verificación y el control de confianza de los servidores públicos;

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos;

IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;

V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;

VI. Comprobar los niveles de escolaridad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública;

VII. Aplicar el procedimiento de certificación de los servidores públicos, aprobado por el centro nacional;

VIII. Expedir y actualizar los certificados conforme a los formatos autorizados por el centro nacional;

IX. Informar a las autoridades competentes sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;

X. Solicitar que se efectúe el seguimiento individual de los integrantes de las instituciones de seguridad pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;

XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;

XII. Proporcionar a las instituciones la asesoría y el apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;

XIII. Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las instituciones de seguridad pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;

XIV. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o el rechazo de los aspirantes a ingresar en las instituciones de seguridad pública; y

XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Ingeniero Facundo Rosas Rosas (rúbrica)
Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-4-1664 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Santiago Gustavo Pedro Cortés, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSP/SEIP/0748/2008, suscrito por el ingeniero Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los operativos efectuados en Chihuahua.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Por este medio, y en atención a su oficio número SEL/300/4437/08 en el que hace referencia al punto de acuerdo: "Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, (...) en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes del gobierno de Chihuahua, fortalezcan su presencia y eficacia en los operativos efectuados en el estado." Aprobado por el Pleno del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 21 de octubre del año en curso, me permito señalar lo siguiente:

El incremento de la violencia en estado de Chihuahua, principalmente en los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua, responde a la disputa que mantienen grupos locales de los cárteles de Juárez y Sinaloa, la cual se profundizó desde diciembre del 2007.

En consecuencia, han aumentado significativamente los delitos de alto impacto, tales como, homicidios y privación ilegal de la libertad en la modalidad de levantones, acentuados principalmente en el municipio de Juárez.

En esta coyuntura, el 28 de marzo de 2008, inició el Operativo Conjunto Chihuahua, en el que participan la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades locales, tendiente a frenar el fenómeno de narcotráfico y delitos conexos.

Dicho operativo cuenta con un estado de fuerza de 767 elementos y 146 vehículos.

Con las acciones del Operativo Conjunto Chihuahua se ha logrado asegurar:

15 mil 758.56 kilogramos de mariguana; 8.02 kilogramos de cocaína; 216 litros de hachís; 2.82 kilogramos de heroína; 0.05 kilogramos de metanfetaminas; 205 unidades psicotrópicas y 5.53 kilogramos de semillas de mariguana.

237 armas, 130 armas largas y 107 cortas, 28 mil 152 cartuchos, 6 cartuchos antiaéreos, 301 cargadores, 13 granadas y 12 miras telescópicas.

190 vehículos asegurados y 165 recuperados.

189 equipos de comunicación, radios y teléfonos.

26 mil 476 piezas de material apócrifo.

140 mil 814 pesos mexicanos y 73 dólares.

18 chalecos antibalas, 31 chalecos tácticos, 9 esposas, 1 fornitura, 13 uniformes y 37 prendas de ropa táctica.

Se logró la detención de 392 personas en flagrancia y 64 indocumentados.

Se realizaron 252 mandamientos judiciales y 48 cateos.

Se realizan también trabajos en el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Chihuahua, cuya principal función es el intercambio de información, para que sea operada por sus integrantes o participantes, según sea su atribución. Estos esfuerzos se complementan con la denuncia ciudadana a nivel estatal y federal.

Por lo que respecta a Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, han evaluado a 676 elementos de seguridad pública, en los municipios:

Chihuahua. 21.
Ciudad Cuauhtémoc. 22.
Ciudad Juárez. 596.
Delicias. 16.
Hidalgo de Parral. 21.
En recientes fechas, autoridades federales y estatales se reunieron para redefinir el Operativo Conjunto Chihuahua, y así poder implementar nuevas acciones, entre las cuales se destacan: 1. Las autoridades locales, con el apoyo de las autoridades federales, realizarán una campaña de información y concientización, a fin de promover la cooperación de la ciudadanía, para que:

• Denuncie oportunamente los delitos cometidos, para el suministro de información oportuna a través de la vía telefónica, para que dicha información se consolide como elemento fundamental en la reducción de delitos.

• Informe a la autoridad de la existencia de actividades sospechosas.

2. Se intensificarán las acciones y los recorridos de las Bases de Operación Mixta, en las cuales participarán dependencias estatales, municipales y federales, principalmente en Juárez.

3. La Secretaría de la Defensa Nacional fortalecerá el programa de canje de armas por despensa, con el fin de eliminar la posesión de armas en particulares y evitar la comisión de delitos.

4. Se reforzarán las prisiones estatales, con elementos de la Policía Federal y el Ejército, como una acción preventiva para impedir conflictos y motines.

5. La Policía Federal realizará la rotación de mandos para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada.

6. La Secretaría de Seguridad Pública habilitó el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal Preventiva, el cual cuenta con un sistema de enlace ciudadano encargado de coadyuvar en materia de seguridad pública, mediante la recepción de denuncias y quejas de ciudadanos vía electrónica, telefónica y personalizada, cuyo sistema genera un folio con el cual el ciudadano puede darle seguimiento. Las denuncias que se presenten pueden ser canalizadas a denuncias@ssp.qob.mx, o, 088 01 800 44 03 690 (sin costo).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para agradecerles su interés en el tema, ya que sólo con acciones en las que todos los sectores políticos y sociales se involucren en un esquema de corresponsabilidad, podemos ofrecer resultados a la ciudadanía.

Atentamente
Ingeniero Facundo Rosas Rosas (rúbrica)
Subsecretario
 
 

México, DF, a 4 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1077 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Antonio Xavier López Adame, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/SRN/ 0162/2008 suscrito por el biólogo José Ramiro Rubio Ortiz, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la vigilancia en instalaciones de Petróleos Mexicanos en materia de impacto ambiental y al resarcimiento de los daños ambientales ocasionados.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 25 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/4781/08, a través del cual hace del conocimiento del ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la LX Legislatura, en donde se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se vigile y evalúe que Petróleos Mexicanos cumpla con la condiciones impuestas dentro de las autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas a su favor, así como que se determine el monto del daño económico que Petróleos Mexicanos ha causado a los ecosistemas como consecuencia de la realización de sus actividades.

Al respecto, y en alcance al oficio PFPA/SRN/0007/2008 de fecha 23 de enero de 2008, dirigido al licenciado Armando Salinas Torre, entonces subsecretario de Enlace Legislativo, donde se informó del requerimiento hecho a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sobre las acciones realizadas en materia de impacto ambiental durante el período 2002-2007 en instalaciones de Petróleos Mexicanos; comunico a usted, que a la fecha, se reportan 700 acciones de vigilancia y verificación del cumplimiento de los términos y condicionantes de las autorizaciones en materia de impacto ambiental, así como un monto total de 62 millones 832 mil 89 pesos, en multas impuestas en los resolutivos de los procedimientos administrativos instaurados. Se anexa desglose por entidad federativa.

Asimismo, con relación al resarcimiento del daño ambiental causado por la para estatal en el estado de Tamaulipas, le informo que la delegación de esta autoridad en la entidad, ha proporcionado puntual seguimiento a las actividades que desarrolla la empresa, situación que se muestra en el cuadro anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Biólogo José Ramiro Rubio Ortiz (rúbrica)
Subprocurador de Recursos Naturales


 
 





Iniciativas

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 23 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribe iniciativa y somete a consideración de esta soberanía proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

Las comisiones ordinarias son el corazón del Congreso de la Unión; dan trámite y cause a los trabajos legislativos, a las iniciativas y puntos de acuerdos aterrizados en dictámenes.

Los referidos dictámenes a veces requieren apoyarse de una opinión o resolución fundada y motivada de alguna otra comisión dictaminadora, con la finalidad de enriquecer y dotar de elementos necesarios a otra comisión.

Desafortunadamente, se han emitido dictámenes sin opiniones, comisiones que no la entregan y ¿con qué seriedad se están creando nuevas reformas? Y no se mencione el rezago legislativo que tenemos. En el primer periodo ordinario de sesiones de esta LX legislatura se destacó por el aumento sin precedentes en la introducción de iniciativas de ley, que combinado con el ritmo de atención a éstas expone una inminente saturación de los órganos dictaminadores de la Cámara de Diputados.

La introducción de iniciativas en el primer período de sesiones se ha venido incrementando sistemáticamente desde hace varias legislaturas. Sin embargo, en esta legislatura representa un aceleramiento importante. En 35 sesiones plenarias los diputados presentamos 266 iniciativas, 7.5 en promedio por cada sesión. Y aprobamos 34 de las 266 iniciativas presentadas en el periodo sólo el 13 por ciento.

Por lo que debemos atender el rezago legislativo, pero debe ser atendido con responsabilidad y seriedad, analizado puntualmente, apoyándonos de las opiniones que emitan las otras comisiones.

Pero nos encontramos en un dilema: si nosotros como legisladores buscamos que dicha opinión tenga un carácter imperativo al dictamen, en terminología, incurriríamos en un error, pero lo más importante motiva más aún el atraso legislativo que estamos viviendo.

No busco evidenciar las comisiones que no han entregado la multicitada opinión, porque se trata de fortalecer el trabajo legislativo y se tome con responsabilidad.

Por ello propongo reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las opiniones o resoluciones que emitan las comisiones ordinarias a las que les dieron turno una iniciativa deban ser entregadas con el dictamen y, en caso contrario, las comisiones dictaminadoras expresarán en su dictamen el nombre de la comisión o comisiones que se negaron a emitir dicha opinión, y los integrantes de éstas serán acreedores a un descuento del 5 por ciento de un mes de dieta, autorizando a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que instruya a la instancia financiera correspondiente hacer el respectivo descuento, anunciándolo en un día de sesión ordinaria.

Para otorgar armonía jurídica se modifica el inciso P) del artículo 23, facultando al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a que instruya a realizarse dicho descuento.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Capítulo Sexto
De las Comisiones y los Comités

Sección Primera
De las Comisiones

Artículo 39

1. Las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Las opiniones o resoluciones a que se refiere el párrafo anterior deberán ser entregadas con el dictamen; en caso contrario, la comisión dictaminadora expresará en su dictamen el nombre de la comisión o comisiones que se negaron a emitir dicha opinión, y los integrantes de éstas serán acreedores a un descuento del 5 por ciento de un mes de dieta, autorizando la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en día de sesión ordinaria a la instancia financiera correspondiente.

Artículo 23

1.

a) a o) …

p) La que dispone el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley, las que le atribuyan este ordenamiento, la Constitución General de la República, y los demás ordenamientos relativos y aplicables a la actividad parlamentaria.

Artículo Transitorio

Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 17 de diciembre de 2008.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
 
 


QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 229 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, EN NOMBRE DEL DIPUTADO ELÍAS CÁRDENAS MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se permite someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 229 Bis dentro del Código Penal Federal respecto a la falta de cuidado, negación y práctica indebida del servicio médico, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

1. El 3 de junio de 1996, por acuerdo presidencial se creó dentro del sistema nacional de salud la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), cuyo propósito principal es contribuir a resolver las controversias que surgen de la relación médico-paciente y formular recomendaciones para la mejora de la práctica médica. Surge como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, institución pública que ofrece medios alternos para la solución de controversias entre usuarios y proveedores de servicios de salud; promueve la prestación de los servicios de calidad para garantizar la seguridad de los pacientes, utilizando procedimientos que operen bajo estándares de calidad nacional e internacional con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos. Sin embargo las principales críticas a la Conamed han sido que las resoluciones tienden a favorecer a los médicos, y cuyos criterios aplicados a casos concretos han sido poco novedosos. Lo más preocupante desde el punto de vista jurídico es que para calcular la reparación del daño se apoya en la Ley Federal del Trabajo, en donde los montos se establecen con base en los salarios mínimos.

2. Por lo que al hacer un estudio sistemático y jurídico en el actual Código Penal Federal no se hace mención sobre los delitos que conlleven a la falta de cuidado, negación y práctica indebida del servicio médico. Sin embargo, al hacer un estudio comparativo de normas secundarias se encontró que el Código Penal para el Distrito Federal, cuenta con un capítulo, que regula el: Abandono, negación y práctica indebida del servicio médico; y que para mayor abundamiento transcribo:

Capítulo III

Abandono, negación y práctica indebida del servicio médico

Artículo 324. Se impondrán prisión de uno a cuatro años, de cien a trescientos días multa y suspensión para ejercer la profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al médico en ejercicio que:

I. Estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a éste, no lo atienda o no solicite el auxilio a la institución adecuada; o

II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño más grave y, por las circunstancias del caso, no pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de salud.

Artículo 325. Al médico que habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente, o no cumpla con las obligaciones que le impone la legislación de la materia, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Artículo 326. Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa al médico que:

I. Realice una operación quirúrgica innecesaria;

II. Simule la práctica de una intervención quirúrgica; o

III. Sin autorización del paciente o de la persona que ante la imposibilidad o incapacidad de aquél pueda legítimamente otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital".

3. De lo anterior se desprende que existe una diferencia entre lo ausente o la negación y la negligencia, impericia, falta de cuidado, omisión o descuido; ya que en el primer supuesto, el médico responsable pudiese hipotéticamente manifestar infinidad de evasivas, pretextos, excusas que conllevarían a generar un perjuicio en la integridad física del paciente por su ausencia o simple negación en asistir para garantizar la salud del ser humano. Es por ello que como legisladores debemos y tenemos la obligación de salvaguardar las garantías que enmarca nuestra constitución, ya que si bien podemos observar, que en el actuar del médico responsable por la falta de cuidado, negación o práctica indebida del médico pudiese hipotéticamente manifestar infinidad de evasivas, pretextos, excusas que traerían como consecuencia a generar un perjuicio en la integridad física del paciente por su ausencia o simple negación. Ante estas y otras circunstancias, el médico responsable que compromete cuidado, tiempo y posible sanación en el paciente, se vería limitado ante una disposición normativa en el Código Penal Federal, para poder excusarse con facilidad de su responsabilidad como tal; toda vez que tratándose de una práctica indebida en su actuar práctico-técnico lo orillaría a profesionalizarse constantemente y a responsabilizarse moral, física y jurídicamente ante las instituciones públicas y privadas del sector salud, que le brindan los espacios necesarios para ejercer su profesión; garantizando así al paciente el derecho a la salud y la protección a su garantía individual que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. párrafo tercero que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución".

Consideraciones

A finales del siglo XX la presentación de los servicios médicos; el reconocimiento a la protección de la salud como un derecho social; la participación de la sociedad como un autocuidado; así como la socialización de la medicina y el avance de la ciencia y tecnología para la salud, el médico, en su ejercicio profesional, tiene el deber jurídico de aplicar y mantener una técnica profesional adecuada, para responder ante el paciente y la sociedad.

La sociedad reacciona contra hechos que la dañan; ofenden o ponen en riesgo su integridad, mediante castigo que imponen las normas vigentes a sus autores; siempre y cuando éstos hayan actuado mal o deliberadamente; es decir, penalmente responsables; por tanto, la responsabilidad penal reclama indagar la culpabilidad del ser antisocial o cuando menos, comprobar el carácter socialmente peligroso que dicho sujeto o actos puedan significar, para imponer penas y adoptar medidas restrictivas en contra de quienes son responsables.

En el terreno de la responsabilidad médica, podemos hablar de un complejo normativo; en el ámbito penal, en normas que dimanan de la Ley General de Salud, en normas contenidas en la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, más conocida como Ley General de Profesiones, en los Códigos de Ética Médica, en disposiciones reglamentarias y los preceptos del derecho disciplinario referidos al ámbito de la profesión médica.

Es necesario mencionar a la iatrogenia, ya que es la enfermedad causada por el médico al momento de atender a un paciente y en ese lapso de tratamiento, el médico responsable o auxiliar produce por negligencia, impericia, omisión o descuido una enfermedad diferente a la que debió de tratar, por ejemplo:

• Medicamentos o fármacos recomendados por él médico que pueden estar contraindicados y dar lugar a daños en otras áreas y órganos del paciente.

• La actividad quirúrgica y la utilización inadecuada de medios o instrumentos médicos.

Es decir, efecto indeseable para el paciente, el cual podría evitarse si el médico responsable o auxiliar fueran más cuidadosos, prudentes y si tuvieran mayores conocimientos o paciencia ante los enfermos deseosos de corregir su estado emocional a causa de su enfermedad.

La profesión médica implica obligaciones de carácter ético y profesional para quienes la ejercen, de tal manera que su trasgresión omisiva o culposa debería dar origen a sanciones penales o civiles; esto es, que el médico tiene la obligación de poner todo el cuidado y diligencia en la atención o de quien intervenga, bajo su autorización y vigilancia a su o sus pacientes, con el fin de procurar su curación o mejoría; a contrario sensu si existiese por parte del médico falta de cuidado, negación o práctica indebida causando perjuicios irreparables en la salud de quien requiere de su atención, incurriría en una conducta ilícita, que va desde la simple culpa hasta la más grave condena y que indudablemente ante la actual legislación penal o civil solamente recaería en el responsable el indemnizar a la víctima, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

De lo anterior, considero que la falta de cuidado, negación, práctica indebida, negligencia, impericia, omisión o descuido, debe ser considerada como un delito grave por las consecuencias físicas y morales que traerá dicha conducta de un médico ante su paciente.

Si bien es cierto que el Código Penal Federal establece sanciones para el delito de abandono; también es cierto que no subsana el interés jurídico deseable del agraviado que establece el artículo 4o. constitucional referente al derecho que tiene toda persona a la protección de la salud; toda vez, que en la actualidad el tipo penal no sanciona la falta de cuidado, negación, práctica indebida, negligencia, omisión o descuido, del médico, así como del personal adscrito de cualesquiera institución de salud pública o privada.

La penalidad propuesta estaría encaminada en garantizar el bien jurídico tutelado que es la vida y salud personal así como el buen desempeño de los médicos y de quienes se encuentran a cargo de la vigilancia y atención del paciente.

Por lo que la consideración legal respecto de la falta de cuidado, negación, práctica indebida, negligencia, omisión o descuido, del médico estaría plenamente tipificado en nuestra legislación penal federal de la siguiente forma:

Proyecto de Decreto

Único. Se adiciona el artículo 229 Bis al Código Penal Federal, quedando de la siguiente forma:

Título Duodécimo
Responsabilidad Profesional

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 229. El artículo anterior se aplicará a los médicos que habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada, y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente.

Artículo 229 Bis. Se impondrá de tres a siete años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa al médico que:

I. Por falta de cuidado, negación, práctica indebida, negligencia, impericia, omisión o descuido; ponga en peligro la vida del paciente, cause la pérdida de un miembro, afecte la integridad de una función vital, corporal o pierda la vida. Artículo 230. Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta cien días multas y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes: I. Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;

II. Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

III. Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo a 17 de diciembre de 2008.

Diputado Elías Cárdenas Márquez (rúbrica)
 
 






Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SAGARPA A OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS DESTINADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN DE FRIJOL; Y A INFORMAR POR ESCRITO A ESTA SOBERANÍA ACERCA DEL CALENDARIO Y CUMPLIMIENTO RESPECTIVOS, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado César Duarte Jáquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El frijol y el maíz, son productos básicos para la alimentación de la mayoría de los mexicanos. El frijol contiene un gran porcentaje de proteínas, aminoácidos y componentes esenciales para la salud y el maíz es una fuente importante de carbohidratos, ambos pueden ser adquiridos a bajo costo por gran parte de la población.

2. Lo anterior trae como consecuencia que el cultivo del frijol siga siendo estratégico para el país, no obstante, que el consumo per cápita de esta leguminosa haya disminuido en los últimos años a 12 kg. por persona al año.

Para satisfacer la demanda nacional, se requieren 1.3 millones de toneladas de frijol por año. En tal sentido, se siembran anualmente 2 millones 150 mil hectáreas de este grano, distribuidas principalmente en los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, en su mayor parte bajo condiciones climatológicas adversas.

3. El cultivo del frijol genera una derrama económica directa de alrededor de 8 mil millones de pesos por la venta de aproximadamente 1.2 millones de toneladas que se producen por año. En México existen alrededor de 570 mil productores, que generan un total de 76 millones de jornales, que a su vez equivalen a 382 mil empleos directos en el medio rural.

Para el año 2009, en el cual se espera tener una producción de 85 mil toneladas de frijol, los productores de frijol invertirán cerca de 20 mil pesos por hectárea, ya que se elevaron los costos del agua, fertilizante, semilla, agroquímicos, mano de obra, e incluso la renta de los terrenos. En el ciclo agrícola 2007/2008, se invirtieron 14 mil pesos por hectárea. Lo cual representa un incremento en la inversión del 39%.

4. Los productores de frijol, se enfrentan cotidianamente a graves problemas de comercialización y la falta de competitividad del sistema producto frijol se agrava por las grandes asimetrías y la amplia brecha tecnológica y de subsidios en relación a los socios comerciales del TLCAN; asimismo, por los altos costos de los insumos (semillas, combustibles, fertilizantes, maquinaria, entre otros); el deterioro continuo de los precios reales; los escasos apoyos gubernamentales para la investigación, asistencia técnica, comercialización, valor agregado y para la aplicación de paquetes tecnológicos.

5. En tal sentido y respondiendo a esta compleja problemática, se han venido aprobando en los últimos siete ejercicios fiscales recursos para apoyar a esta importante rama productiva. Para el 2007 y 2008 el sistema producto frijol recibió apoyos por 2 mil millones de pesos anuales; en apoyo a la competitividad, comercialización, agroindustria y reconversión productiva.

6. No obstante lo anterior, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha negado estos importantes apoyos para este periodo, a pesar de los notables incrementos para la siembra de este producto estratégico, argumentando que no será necesario otorgar estos apoyos para este año lo cual atenta contra la paz social del campo, la economía de quienes viven de esta actividad y la soberanía alimentaria del país. En este orden de ideas, las asociaciones de productores en diversas ocasiones han solicitado reuniones con el titular de dicha secretaría, sin que hasta el momento existan canales de comunicación para este sector productivo.

Compañeras y compañeros legisladores: el cultivo de frijol es una actividad estratégica para mantener nuestra soberanía alimentaria, ante la problemática antes referida y la desgravación total de las importaciones de frijol de Estados Unidos y Canadá que se dio a partir del primero de enero de 2008, producto del TLCAN, es prioritaria la entrega oportuna de los apoyos económicos a la comercialización del frijol en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para otorgar en tiempo y forma los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al rubro de comercialización de frijol, informando de su calendarización y cumplimiento por escrito a esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA A PAGAR LOS SALARIOS VENCIDOS Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS 65 TRABAJADORES ADSCRITOS A ESA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRAN LUCHANDO POR MEJORES CONDICIONES LABORALES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada federal, Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete ante esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, para exhortar a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y a la directora general de Educación Indígena, Rosalinda Morales Garza, a pagar los salarios vencidos y demás prestaciones a que tienen derecho los 65 trabajadores adscritos a la Dirección General de Educación Indígena que se encuentran luchando por mejores condiciones laborales.

Antecedentes

El 25 de septiembre de 2007 el coordinador administrativo de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) notificó a los trabajadores que permanecían laborando en el edificio situado en la calle de Azafrán 486, colonia Granjas México, delegación Iztacalco, de esta ciudad, que a partir del 27 de ese mes y año debían trasladarse a laborar en el edificio ubicado en avenida Cuauhtémoc 614, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez; les fue entregada la circular 2 del 27 de septiembre de 2007, firmada por el director general de Educación Indígena.

Los trabajadores de la DGEI informaron a los directivos de la dirección general y a los apoderados de la Secretaría de Educación Pública, que permanecerían laborando en el mismo lugar, hecho que habían ya abordado en las sesiones conciliatorias celebradas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que dicho tribunal resolviera, en definitiva, sobre la seguridad estructural del edificio en cuestión; toda vez que la seguridad estructural de la nueva sede es dudosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 44, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que refieren medidas de seguridad e higiene para los trabajadores.

Los trabajadores, cobijados por la ley, interpusieron una demanda de amparo, resolviendo en definitiva el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que se concedía el amparo a los trabajadores inconformes, revocó la circular que les notificaba que debían cambiar su sede laboral, y ordenó a la DGEI que emitiera otro acto que cumpliera con la ley.

Asimismo, la Cuarta Sala del Tribunal Laboral dictó laudo condenando a la Secretaría de Educación Pública a respetar los derechos de los trabajadores y a pagarles las quincenas que la DGEI les adeuda, desde octubre de 2007, a los 65 trabajadores. La Secretaría de Educación Pública se inconformó con este laudo, determinando el Decimosegundo Tribunal Colegiado, aceptó revisar la procedencia del amparo a la Secretaría de Educación Pública, para el único efecto de que la Cuarta Sala emita otro laudo en el que funde y motive su sentencia; es importante apuntar que independientemente del resultado que se obtenga en los diversos juicios laborales, existe un hecho contundente e irrefutable, no existe razón alguna para seguir deteniendo indebidamente el pago de los trabajadores, puesto que ya un tribunal federal determinó que la Secretaría de Educación Pública está obligada a hacerlo.

Lo lamentable de este caso es que la Secretaría de Educación Pública, como venganza hacia los trabajadores, hizo uso del juicio de amparo para no pagarles su salario y postergar el cumplimiento de una decisión de un tribunal federal, sólo por revanchismo. El juicio de amparo está diseñado para proteger a los particulares del abuso del poder; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública lo utiliza para tener secuestrados los derechos laborales de los 65 trabajadores de la DGEI, cuya única falta ha sido pugnar por mejores condiciones laborales.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a la directora general de Educación Indígena, Rosalinda Morales Garza, a que se les pague de inmediato su salario y demás prestaciones laborales a que tienen derecho a los 65 trabajadores inconformes de la DGEI, ya que no existe ninguna razón jurídica para seguir negándoles indebidamente los pagos a que tienen derecho.

Segundo. Se exhorta a la directora general de Educación Indígena, Rosalinda Morales Garza, a conducirse institucionalmente y respetar los derechos de los trabajadores adscritos a esa dirección general, así como a no tomar represalias en contra de ningún trabajador por el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 17 diciembre de 2008.

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL QUE INSTAURE LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE IMPLANTAR ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL PAÍS QUE ACTUALMENTE UTILIZAN FOGÓN ABIERTO PARA COCINAR, A CARGO DEL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Una de las imágenes que llega automáticamente a nuestra mente cuando se habla del sector campesino o indígena, es la referida a una persona cargando un peso descomunal de leños. Hay una relación intrínseca de la imagen con respecto a las condiciones socioeconómicas de estos sectores, debido a que éstos, utilizan la madera seca como mecanismo de supervivencia. Es alarmante el hecho de que actualmente, alrededor de la cuarta parte de la población mexicana, entre 25 y 28 millones de habitantes cocina con leña; 19 millones de habitantes usan este energético como combustible único para cocinar, según los más recientes datos del Inegi y alrededor de 8 millones la usan en combinación con gas LP. El mayor uso de la leña se concentra en los hogares rurales y semi-urbanos.

Es importante destacar que estos datos, invalidan la idea de que su uso se ubica en sectores minoritarios de la población. De acuerdo con datos oficiales, la población indígena de México es de 12.7 millones de personas, lo que representa el 13 por ciento de la población nacional. Existen diversos criterios para cuantificar a este sector; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –antes Instituto Nacional Indigenista (INI)– consideró que la estimación elaborada por el Consejo Nacional de Población, a partir de los datos censales recabados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ha sido adecuada para disponer de una cuota máxima del tamaño de la población indígena del país. Las entidades cuya proporción de población indígena es mayor a la nacional son: Yucatán (59 por ciento), Oaxaca (48 por ciento), Quintana Roo (39 por ciento), Chiapas (28 por ciento), Campeche (27 por ciento), Hidalgo (24 por ciento), Puebla (19 por ciento), Guerrero (17 por ciento) y San Luis Potosí y Veracruz (15 por ciento, cada uno).

Es lamentable que el reconocimiento y valoración del pasado indígena, que históricamente se ha dado en México, no ha correspondido a la capacidad de ofrecer a los indígenas condiciones mínimas de salud, educación y bienestar, así como de expresión de sus culturas en igualdad de condiciones que el resto de los mexicanos.

Por otra parte, es relevante considerar las cifras relativas a la población campesina que utiliza leños como fuente de energía. De acuerdo con la Revista mensual Aserca, en su edición La Población rural en México, el capital más importante de la agricultura, el porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950 representaba poco más del 57 por ciento del total de la población del país; en 2005, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en casi 24 por ciento. No obstante, el espacio rural sigue siendo de vital importancia en muchos aspectos. En términos demográficos se estima que más de la mitad de la población mundial habita en el sector rural (53 por ciento); de igual forma, la agricultura sigue siendo la actividad económica que genera mayor empleo en los países pobres.

En el caso del país, una cuarta parte de la población se ubica en localidades rurales, esto es 24.7 millones de personas, de las que 49.6 por ciento corresponde a hombres y 50.4 por ciento lo constituyen mujeres. El mayor número de población es femenina. No es un caso particular del mundo rural, sino una tendencia que se observa también en las localidades urbanas como resultado del crecimiento de la expectativa de vida en el país. Recuérdese que en el caso de las mujeres, ésta es de 77.4 años, mientras que en los hombres de 72.4 años, es decir, la diferencia de 5 años más de vida en las mujeres, se expresa de manera clara en las cifras de población.

En opinión de Aserca, la población rural y su participación en las entidades federativas pueden abordarse desde dos niveles:

1) Las entidades federativas que cuentan con mayor población rural absoluta son Veracruz con 2.8 millones, lo que representa 11.4 por ciento del total de población rural del país; Chiapas con 2.1 millones, que representa 8.6 por ciento; Oaxaca con 1.9 millones, que representa 7.7 por ciento; México 1.7 millones, que representa 7.2 por ciento, Puebla con 1.6 millones, que representa 6.5 por ciento y Guanajuato con 1.5 millones, que representa 6.1 por ciento.

2) Las entidades federativas con mayor proporción de población rural son Oaxaca con 55.4 por ciento de la población total de la entidad, seguido de Chiapas con 54.3 por ciento, Hidalgo con 50.6 por ciento, Zacatecas con 46.6 por ciento, Tabasco con 46.2 por ciento y Guerrero con 44.6 por ciento.

Al conjuntar los datos y en referencia con la población total, más de un cuarto de la población mexicana utiliza leña como fuente de energía, para preparar su comida, como medio de convivencia social y fuente de trabajo.

Desafortunadamente, su utilización lleva implícito altos costos ambientales, de salud y eficiencia laboral.

Para la gente que vive en un medio rural, la leña es un recurso natural muy necesario para sobrevivir. La leña es una fuente de vida; se utiliza para preparar la comida diariamente y mucha gente pasa una gran parte del día ocupándose de la leña.

A veces hay que ir muy lejos para conseguir la leña, y además hay que cortarla, cargarla, secarla y prepararla para que sea útil en la cocina. Sin embargo, el uso de la leña no es solo un recurso o herramienta de sobrevivencia, también es parte de un sistema integral de vivienda que proporciona luz, calefacción, protección de insectos, etcétera y la manera en que la que se usa afecta mucho a la convivencia, comodidad, estilos de preparación de platos y economía.

En muchas regiones del mundo cada vez hay menos leña y hay que ir más lejos para buscarla. Esto ha sido resultado del crecimiento del uso de terrenos para la agricultura, el crecimiento de poblaciones y sus necesidades de leña para cocinar, más explotación de los bosques como recursos forestales por las economías nacionales e internacionales, y distribuciones desiguales de recursos en el mundo. Los mayores consumidores de leña en el mundo son África y Asia. Entre los países de América Latina, los: principales consumidores son Guatemala, Honduras, Nicaragua, y El Salvador. El fuego abierto es muy ineficiente y durante la combustión de la madera se pierde mucha energía.

Para las familias que viven en estos medios, la contaminación dentro dé una casa es a veces peor que la contaminación en las grandes ciudades y es uno de los principales problemas ambientales en el mundo. Los estudios epidemiológicos han indicado que la presencia de los contaminantes dentro de la casa está ligada a las infecciones respiratorias en los niños, infecciones de los pulmones como el asma y bronquitis crónico, cáncer de los pulmones, problemas en el parto e inclusive una tasa más alta de niños nacidos muertos y niños que nacen de bajo peso. Además de la inhalación del humo que puede causar problemas respiratorios, la presencia de un fuego abierto en la casa es peligroso para los niños porque corren un riesgo más alto de quemarse.

El lado oscuro del fuego abierto para cocinar es muy grande. Las mujeres abren fuego como la forma cultural para preparar sus comidas en las zonas rurales; es la forma tradicional y ancestral de hacerlo, sin pensar en otras alternativas. El lugar en donde se coloca el fuego es agradable para sentarse y hablar, pero también es peligroso y muy dañino. Las personas están expuestas a sufrir quemaduras severas y consumen más monóxido de carbono, que aquellas que viven en ciudades tan contaminadas como la de México.

Diversos estudios señalan que la intoxicación por monóxido de carbono es la principal causa de muertes no intencionadas en el mundo. Esta sustancia es producida por la combustión incompleta de combustibles fósiles, en donde se incluye la madera. Se conceptualiza de esta manera, debido a que es parte de resultados insuficientes de aire para las mezclas de combustible. El CO no tiene olor, sabor o color y es imposible saber cuándo hay una peligrosa acumulación de los niveles de CO (sin instrumentos).

Se producen cantidades peligrosas de monóxido de carbono, y se acumulan cuando el combustible no es quemado correctamente como en un fuego abierto, o cuando las habitaciones están mal ventiladas. Es un veneno letal para los pulmones y se va desplazando al flujo sanguíneo, propiciando la interrupción del suministro normal de oxígeno que pone en peligro las funciones del corazón, el cerebro y otras funciones corporales vitales.

En los Estados Unidos, los municipios tienen diferentes criterios en los que basan las estimaciones de la calidad del aire, sin embargo, la mayoría se rigen por la Agencia de Protección Ambiental. La mayoría de los códigos de EUA utiliza el término "bueno" para describir el aire con menos de 9 partes por millón (ppm) de monóxido de carbono (CO), "justo" para describir con aire entre el 9 y 15 ppm, y "pobres" para describir con aire superior a 15 ppm de CO. Algunas organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, han llegado a medir en los hogares de comunidades indígenas o rurales de México y Centro América, concentraciones de 160 ppm donde la cocción se realiza en fuegos abiertos.

La contaminación provocada por la combustión de leños al interior de los hogares de bajos ingresos, no es el único peligro a que se exponen los miembros de estas familias. También son víctimas de quemaduras, cuando se incendian sus casas o parte de su cuerpo por la constante exposición al fuego. Pueden sufrir lesiones en los ojos, cuando las pequeñas partículas saltan al momento de soplar en el fuego. Lo mismo ocurre con el cabello. Debido a que estas familias, tienen un gran número de niños, es probable que los pequeños sufran quemaduras al caer al fuego. Debemos recordar que las casas son bajitas y los niños deben aprender a jugar o caminar para no quemase. Muchas veces los niños o mujeres se queman cuando se derrama el agua hirviendo. Las madres trabajan en las mismas condiciones de hacinamiento.

Estos hogares sufren con grandes problemas respiratorios. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco niños no vive 5 años de edad. Asimismo, afirman que la principal causa de muerte en este rango de edad es la infección respiratoria aguda, debido a la pesada respiración de humo. Desde el día en que nacen los niños y que son cargados en las espaldas de su madre, tienen que respirar aire contaminado. Las victimas de infecciones respiratorias no son tan visibles como aquellas referidas a las quemaduras.

Por estas razones, algunos gobiernos y principalmente organismos no gubernamentales, han buscado mejores condiciones para disminuir la quema de leños y la producción de contaminación en estos hogares. Al respecto se han elaborado algunas estufas que han sido denominas "salvavidas", porque han reducido de manera considerable los riesgos de cocinar con leña. En algunos casos, después de instaladas estas estufas, las concentraciones de CO son de 3 a 5 ppm.

Existen diferentes modelos de estufas a base de leños, pero merece mención especial aquellos instalados como prueba piloto en la comunidad Antigua Guatemala y la referente al proyecto de desarrollo sustentable en el que se ‘ha adaptado la Estufa Lorena para su uso en comunidades indígenas en la Huasteca Potosina, en el estado de San Luis Potosí.

En el primer caso, se instalaron las estufas ecológicas Onil que reducen hasta en 70 por ciento el consumo de madera, lo que libera a las mujeres del trabajo de recoger leña y la emisión de contaminantes. Las estufas Onil, tienen un costo promedio de entre 83 y 125 dólares y son financiadas por la Iniciativa Privada y las organizaciones no gubernamentales, quienes son las encargadas de subsidiarias y distribuirlas en comunidades de bajos recursos. Estas estufas son fabricadas con una base de cemento, hormigón y fibra.

En Guatemala se han instalado 41 mil estufas, aunque la meta es distribuir más de un millón de esos artículos en ese país, con apoyo de empresas y organizaciones internacionales. Aproximadamente unas 40 mil familias han disminuido sus gastos en la compra de leña, para cocinar sus alimentos con el uso de estufas mejoradas Onil, las cuales son promovidas por la Helps International, fundación que trabaja en ese país con proyectos como éstos desde hace 23 años. El modelo disminuye el riesgo de padecer enfermedades respiratorias y visuales por el humo de la combustión de leña. La comercialización de las estufas mejoradas inició en 2001, luego que Donald O’neal, un ciudadano estadounidense que colabora en las jornadas médicas de Helps, perfeccionara el diseño. Las quemaduras, así como las enfermedades de la vista y respiratorias eran frecuentes en la población que atendíamos, por lo que nos preocupamos en buscar una solución y la encontramos.

Aparte de mejorar la calidad de vida en las comunidades, al evitar el uso de fuego en áreas abiertas, la fabricación de las estufas ha generado empleo, ya que se trata de un proyecto autosostenible, no de caridad, indicó el presidente de la fundación, Stephen Miller. Con la reciente apertura de una fábrica en Chiquimula, en donde se producen 500 equipos, ahora tienen capacidad para producir 3,100 estufas por mes. Las estufas llegan a las comunidades a- través de alianzas con las municipalidades y más de 120 grupos y organizaciones. El objetivo de Helps es involucrar a las amas de casa cómo promotoras y distribuidoras, lo cual representaría un ingreso adicional para las familias.

Además de las estufas, esta fundación incorporó a su portafolio purificador de agua y una "cocedora" (que mantiene el calor de los alimentos y continúa el proceso de cocción sin utilizar fuego).

Se concibe que este modelo resulta eficiente, seguro y conveniente por su material. El hormigón es el cuerpo de la estufa y está moldeada con fibra de vidrio, proporcionando un bajo costo y una larga duración. Con el fin de que toda la energía de la madera pueda ser convertida en gases calientes, se debe quemar completamente el vapor de aceite que normalmente se emiten en forma de humo. Mantener el fuego en una cámara de combustión aislado, permite tener el calor adecuado para consumir el vapor de petróleo. Para que la estufa funcione adecuadamente se aísla de piedra pómez de origen volcánico, que es un muy buen aislante de alta temperatura y muy barato.

Una vez que la energía de la madera se ha transformado de manera eficiente a los gases calientes, estos deben ser transferidos de manera eficiente ala olla. Debido a que se realiza una combustión completa, hay una eficiente transferencia de calor, producida por la quema de la madera, que se reduce hasta en un 60 o 70 por ciento.

Es importante mencionar que la organización Helps, proporciona el diseño de la estufa a otras organizaciones no gubernamentales interesadas en sus programas. Además, Helps Internacional, ha sido reconocida en distintos países, por sus proyectos ecológicos: India, Pakistán, Kenia y Guatemala han hecho mención especial de su tecnología basada en fuentes de energía renovables para proporcionar beneficios sociales y económicos para las comunidades locales, así como la protección del medio ambiente.

La estufa Onil creada por Don O’Neal, fue seleccionada como finalista entre más de 100 tipos de proyectos de energía sostenible en el mundo y recibió 17 mil dólares como reconocimiento a sus proyectos, por ser líder en la lucha contra enfermedades respiratorias y horribles quemaduras, así como también en la conservación de los bosques al evitar la tala inmoderada de árboles.

Esta estufa es un revolucionario diseño, que brinda amplios beneficios y servicios a los hogares más pobres; protege en especial a las mujeres y a los niños de quemaduras y enfermedades de los pulmones y proporciona tiempo libre por la disminución en la recolección de leña.

Sin duda alguna, la conservación de los recursos naturales es un tema que debería preocupar a las autoridades no solamente ambientales, sino a la sociedad civil en general, máxime dónde la tasa de deforestación pone en peligro a los ecosistemas.

En países como México, dónde un alto porcentaje de la población rural dependen en gran medida de la leña para cocinar, se debería apoyar la construcción de estufas ahorradoras de energía, que son hoy en día, una de las mejores alternativas para solucionar la tala inmoderada para la extracción de leña a una escala menor, por lo que su reducción en el consumo per cápita de leña, ayuda a preservar el bosque.

Por otra parte, en diversas comunidades de San Luis Potosí se han construido y utilizado las estufas realizadas a base de lodo y arena, llamadas "Lorena". Su utilización se ha extendido a aquellas zonas dónde la población depende en gran medida de la madera, como Chiapas, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Chihuahua, entre otros. Estas estufas han generado bienestar para sus pobladores, especialmente para las mujeres y los niños quienes permanecen por más tiempo en el hogar.

La Huasteca Potosina es una zona montañosa del centro oriental de México. La principal fuente económica en la zona es el cultivo de café (en la zona más alta) y la producción de piloncillo (en los valles y zonas más bajas). En los municipios donde trabaja Sedepac (Servicio, Desarrollo y Paz, AC) y la sociedad cooperativa La Igualdad de Xilitla, el 85 por ciento de las casas utilizan leña para cocinar con fuego abierto sobre un brasero de lodo y piedras.

En la Huasteca Potosina de México, Sedepac junto con la sociedad cooperativa agropecuaria La Igualdad de Xilitla, SCAIX, están promoviendo la estufa Lorena como parte del proyecto de tecnologías apropiadas en la región. En este programa también trabajan con tanques de ferrocemento y letrinas secas. No hay nadie más involucrado en el proyecto sino la gente que va a recibir la estufa, los promotores de la SCAIX y durante unas semanas del verano unos 50 jóvenes que participan en el proyecto de verano de Sedepac. Aunque la estufa Lorena (específicamente el diseño Lorena de SCAIX-Sedepac), no es la más eficiente de las estufas, es la que se puede hacer con mas éxito en esta región, logrando a la vez las metas de ahorrar leña, ahorrar tiempo y esfuerzo para la recolección de la misma, disminuir el humo en la casa y la posibilidad de sufrir quemaduras y enfermedades, además de ser el diseño menos costoso y que utiliza los materiales y recursos de la región.

En el proyecto de San Luis Potosí se parte de la idea de que la estufa y su implementación no van a funcionar si la gente no ve la utilidad en ella, ni entienden como funciona o como hacer el posterior mantenimiento. La familia disfruta de mejores condiciones de salud y limpieza por las condiciones que se dan al cocinar en una estufa ahorradora de leña en relación al sistema de fogón abierto. La familia dispone de mayor tiempo para dedicar a actividades productivas con solo utilizar la estufa ahorradora de leña para la cocción de sus alimentos. Existe una considerable reducción en el deterioro del bosque, con la reducción en el consumo de leña que se logra con el uso de la estufa ahorradora de leña tipo plancha.

También se ha extendido el uso de otras estufas, llamadas "patsari" que en el dialecto de los purépechas significa "la que cuida" y que ha cambiado la vida de las mujeres que residen en las comunidades rurales mexicanas, esto gracias a los científicos el Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la Universidad Autónoma de México y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, AC, (Gira). De acuerdo con un diagnóstico de este mismo Centro de Investigaciones, por años la salud de mujeres, niñas y medio ambiente ha corrido peligro por cocinar con leña en lugares cerrados, sin embargo el proyecto de generación de la estufa eficiente de leña preserva la salud de mujeres por lo menos en seis estados del país. Según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el 62.4 por ciento de viviendas particulares habitadas por población indígena en México cocinan con leña.

La implementación de estufas mejoradas es una forma de combatir el problema de deforestación, mejorar la salud de las personas que cocinan con leña, disminuir el impacto ambiental de la combustión de la madera y aliviar una parte del trabajo diario que se asocia con la recolección de la leña. Durante estos años, muchos programas fracasaron porque los productores se centraron en la eficiencia de la estufa, sin tener en cuenta como la gente iba a adaptarse a la nueva tecnología. El caso de San Luis Potosí resalta porque los habitantes de las comunidades indígenas o campesinas se comprometieron con el proyecto y han sido partícipes de su construcción.

Las familias más pobres son quienes continúan con la utilización de productos y sub productos del bosque para cocinar sus alimentos, con los daños colaterales que ello conlleva, como son: deforestación, problemas de salud y disminución de recursos económicos de la familia que podrían ser destinados a la nutrición y vestido por la necesidad de comprar leña y otros sub productos

Hay muchos proyectos de estufas mejoradas y hay una gran variedad en la forma de construirlas e implementar la tecnología. A diferencia de otros países como India y China, en donde se partió de un solo modelo, en América Latina se ve una producción muy variada, incluso dentro de un determinado país. Por ejemplo, en México hay varias organizaciones que están implementando la estufa mejorada por todo el país. En el estado de Oaxaca se hace la estufa con adobe, porque en esta región el adobe es más barato y más rápido. Hay otros estados donde han aprovechado la fabricación local de azulejos para luego ponerlos en la parte exterior de la estufa y así mantener mejor el calor. No obstante, a pesar de los esfuerzos por modificar el fogón abierto, hay muchos hogares en México que siguen sin acceso a las nuevas estufas ecológicas, por lo tanto, se requiere de un esfuerzo decidido a nivel local, estatal y nacional para dotar a estas comunidades de este servicio.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República que se instauren medidas pertinentes para la implantación de "estufas ecológicas" en las comunidades indígenas y campesinas del país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.

Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión instruye al secretario de Desarrollo Social para establecer convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales que fomentan la construcción de "estufas ecológicas", con la finalidad de proveer a más familias indígenas y campesinas de este mecanismo de utilización de energía renovable.

Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA A LA JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO QUE ENVÍE CON CARÁCTER URGENTE, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE OCHO DÍAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS ALCANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS DEPRIMIDOS EN REFORMA-PALMAS Y FERROCARRIL DE CUERNAVACA-EJÉRCITO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HA NEGADO A DAR INFORMACIÓN, Y A DISIPAR DUDAS Y TEMORES DE LOS VECINOS DE LA DEMARCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente solicita a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo que envíe un informe detallado, con carácter urgente, en un término no mayor de ocho días, sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional, en la Ciudad de México, y los motivos por los cuales se ha negado a dar información, escucharlos, así como disipar dudas y temores de los vecinos de esa demarcación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Deseo expresarles que el sentido de la presente proposición con punto de acuerdo es el que se plantea, ante la imposibilidad procesal en el ámbito legislativo para citar a comparecer con la mayor brevedad a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, pese a los graves motivos que más adelante expongo.

El privilegio que enmarca un cargo de representación popular encuentra su fundamento en la obligación de servir a los ciudadanos. Todo cargo de elección popular tiene su fundamento en la voluntad de los ciudadanos. Ésta es la esencia de la democracia.

"Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", establece el artículo 39 de la Constitución.

"Es obligación de las autoridades del Distrito Federal, en su ámbito de competencia, garantizar el respeto de los derechos de las y los habitantes y de las y los ciudadanos del Distrito Federal…", puntualiza el artículo 3o. de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. En términos del artículo 8 del mismo ordenamiento, los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos a la delegación en que residan; ser informados sobre toda acción de gobierno de interés público; presentar quejas y denuncias por irregularidades de la actuación de los servidores públicos; emitir opinión y formular propuestas para la solución de problemas de interés público; y ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración pública del Distrito Federal, entre otros.

Igualmente, "los jefes delegacionales, de conformidad con las normas que resulten aplicables, darán audiencia pública por lo menos dos veces al mes a los habitantes de la delegación, en la que éstos podrán proponer la adopción de determinados acuerdos… o recibir información sobre determinadas actuaciones…", prescribe el artículo 114 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, vemos con preocupación cómo en Miguel Hidalgo la jefa delegacional hace caso omiso de las demandas ciudadanas y se niega a dialogar con los vecinos y a proporcionarles toda la información que les permita conocer el sustento de las obras que emprende, cuando de manera ostensible resultarán afectados su entorno urbano, la ecología de la zona por la destrucción de áreas verdes, la sobresaturación de los servicios e incluso el deterioro de su patrimonio por la depreciación de sus casas.

Vemos en la delegada una actitud muy cerrada: no quiere dialogar con los vecinos, no quiere darles información, no quiere escucharlos, no quiere disipar dudas.

Los siguientes son sólo algunos ejemplos:

1. La Delegación Miguel Hidalgo pretende llevar a cabo el Proyecto Integral Palmas, que consta de seis obras: los deprimidos Palmas-Reforma-Bosques, Cofre de Perote, Cerro de Pichacahua, Monte Tabor, Monte Altai, Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. Estas obras tendrán un costo aproximado de 330 millones de pesos, de los cuales la delegación tiene dispuestos 80.

Con esta obra, según la jefa delegacional, se pretende liberar los seis puntos de mayor conflicto vial que impiden la fluidez de los vehículos que circulan en dirección al poniente de la capital. Sin embargo, en las últimas semanas hemos sido testigos de las inconformidades que dicha obra ha despertado por parte de vecinos de Lomas de Chapultepec, a las que ahora se han sumado vecinos de otras colonias de la misma delegación Miguel Hidalgo.

Los vecinos han señalado que las obras viales Palmas-Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional provocarían

Alteración del trazo de Palmas y Reforma, con túneles y puentes elevados, dañando irreversiblemente una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México.

Colapso de las vialidades del poniente del Distrito Federal con las obras simultáneas en Constituyentes, Periférico Norte, Revolución, Ferrocarril de Cuernavaca y Palmas-Reforma.

Avasallamiento de camellones y árboles, incluidas especies protegidas de árboles.

Desaparición de los retornos de Palmas y Reforma para dar lugar a un eje vial, como en Constituyentes.

Incremento del tráfico vehicular por el fenómeno de tráfico inducido, según la opinión de expertos.

Riesgo de accidentes, pues en Ferrocarril de Cuernavaca no hay planos de los ductos de Pemex y de conductos de gas.

Esto ha generado reacciones de vecinos de Miguel Hidalgo, quienes se preguntan: ¿por qué se niega la delegada a discutir el proyecto y a mostrar los estudios que lo soportan?

La respuesta de la autoridad delegacional ha sido la evasión del diálogo, el silencio e, incluso, el desdén.

2. El desmesurado crecimiento de construcciones en las colonias Irrigación, Granada y Nueva Granada ha generado sobresaturación del tránsito, y de abastecimiento energía eléctrica y de agua. Los vecinos han denunciado que en avenida Presa Falcón, empresarios del consorcio español LAR tienen proyectado construir una torre corporativa de 50 pisos, otras dos de 22 y 24 niveles, destinadas a 3 mil viviendas de lujo, oficinas, cines y centros recreativos.

El grado de saturación a que están llegando algunas colonias ha expuesto a los vecinos a riegos graves: el pasado 6 de noviembre una fuga de mecaptano en la colonia Granada originó el desalojo masivo de habitantes y la clausura de la obra. Curiosamente, al día siguiente se reanudaron los trabajos de excavación.

La respuesta de la jefa delegacional ha sido la evasión de su responsabilidad.

3. En la colonia Tlaxpana, la problemática es similar, sólo que ahí a la saturación del tránsito vehicular hay que agregar el secuestro de las calles por vehículos de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y la inseguridad pública, situaciones a las que la jefa delegacional elude entrarle, argumentando que están fuera de su competencia.

Cuando pretendió cerrar la calle de Atzayacatl, en la misma colonia Tlaxpana, supuestamente para colocar unos juegos infantiles, no quiso escuchar a los vecinos hasta que se topó con oposición, pues esa calle agiliza y libera el flujo vehicular hacia el Circuito Interior.

Los anteriores casos ponen en evidencia el desinterés de la actual jefa delegacional en Miguel Hidalgo ante las demandas y peticiones vecinales, pues basta revisar una de sus facultades a la luz del artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal:

Las delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica… En Convergencia creemos que es lamentable que un servidor público no responda a las demandas, que conteste con evasivas, que olvide a quiénes debe su posición actual y que pase por alto un mandato constitucional como el contenido en el artículo 8o., relativo al derecho de petición.

Por ello, repito, lo idóneo sería que la delegada compareciera ante esta soberanía a explicar y, para disipar dudas, dé la cara, respetando el legítimo derecho de los habitantes de esa demarcación a conocer la información técnica de toda obra que los va a afectar, atienda las solicitudes de solución de sus demandas y de inmediato tienda puentes de comunicación con los vecinos para la mejor solución de los problemas e inicie con la mayor brevedad un diálogo vecinal.

Sin embargo, ante la imposibilidad procesal de hacerlo en el ámbito legislativo, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo que envíe un informe detallado, con carácter urgente, en un término no mayor de ocho días, sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional y los motivos por los cuales se ha negado a darles información escucharlos y disipar dudas y temores de los vecinos de esa demarcación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de diciembre de 2008.

Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A FIN DE QUE INFORME RESPECTO A LAS MEDIDAS Y ACCIONES REALIZADAS Y LAS QUE EMPRENDERÁ EL GOBIERNO FEDERAL PARA CONSTRUIR Y LICITAR LEGAL Y TRANSPARENTEMENTE LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DEL PUERTO DE MANZANILLO, ASÍ COMO A LA CARENCIA DE ACCIONES RELATIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO MANZANILLO 2, EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN, SUSCRITA POR SENADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PAN Y PRD

Quienes suscribimos, Rogelio Rueda Sánchez, senador de la República de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Martha Leticia Sosa Govea y Jesús Dueñas Llerenas, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, y Carlos Sotelo García, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo, para que comparezca ante la Tercera Comisión de esta soberanía, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace ya tiempo la ciudad y puerto de Manzanillo tiene una gran importancia estratégica no solo para el estado de Colima, sino para el país. Ahí se asienta una central termoeléctrica con capacidad superior a los mil megawatts, tiene su sede el Comando naval del Pacífico, existe una importante terminal marítima de hidrocarburos, será la sede de una gran terminal de gas natural licuado, entre otras instalaciones en las que desde luego destaca su puerto.

El Puerto de Manzanillo es al día de hoy el que maneja el mayor volumen de carga contenerizada en el país, es decir la de mayor valor económico relativo. El crecimiento del comercio internacional y del puerto mismo, sin embargo, ha evidenciado la imperiosa necesidad de que crezca con rapidez la infraestructura portuaria de Manzanillo.

Es en ese contexto que el Ejecutivo federal decidió el que tal crecimiento se expresara en dos vertientes principales. En primer término se decidió la ampliación de las instalaciones del actual puerto a efecto de construir una nueva terminal de contenedores en la zona norte del actual recinto portuario.

La misma tendría una superficie superior a los 60,000 metros cuadrados y tendría por necesidad legal que ser licitada para su posterior adjudicación a la empresa operadora que resultara ganadora.

Está por demás señalar que la construcción y asignación de tal terminal tendría marcadas repercusiones en más de un ámbito. Se planea tener un segundo centro de vigilancia e inspección aduanera, se tendrían que construir nuevas vialidades para desahogar la salida y entrada de mercancías, y habría la necesidad de ampliar la infraestructura ferroviaria de logística interior y desahogo, entre otras consecuencias.

En tal contexto el impacto que esto tendrá en la ciudad no será menor, y es un aspecto sobre el cual habría de tenerse el mayor cuidado en todo momento. Se habla de ampliaciones ferroviarias que acentuarían el ya de por sí añejo problema de los cruces intraurbanos que tanto afectan a la ciudad y que al día de hoy todavía no se ha resuelto.

Asimismo, se pretende iniciar esta terminal por su parte más septentrional, en vez de aquella que resulta más inmediata a la que hoy en día opera y que por tanto ocasionaría menores molestias. Esto lo que implica es comenzar justo en donde más se afectaría a numerosas colonias que son vecinas del recinto portuario sin siquiera haber realizado una evaluación de las afectaciones, y haber tomado previsiones lógicas tales como la planeación de una franja de amortiguación entre los límites del puerto y las viviendas colindantes, lo cual resulta de la mayor importancia si consideramos un volumen masivo de tráfico marítimo que a su vez supone una operación portuaria que implica las 24 horas de más de 350 días al año en promedio.

A lo anterior ahora se suma la reiterada queja de organizaciones ciudadanas diversas en Manzanillo dirigidas a lo que, en su percepción, se aprecia como un apresuramiento por parte de la Administración Portuaria de Manzanillo por construir con gran rapidez, en detrimento de los asentamientos vecinos, como consecuencia de compromisos adquiridos con alguna operadora portuaria.

Por tal motivo resulta apremiante el que el titular del sector le explique a esta soberanía el estado actual de los avances en la ampliación del actual puerto.

La segunda vertiente principal de crecimiento del puerto fue la acertada determinación del Ejecutivo federal por construir un nuevo puerto, Manzanillo II, que se asentará en el vaso de la laguna de Cuyutlán.

Tal decisión que celebramos, y que nos obliga a ser vigilantes de su cumplimiento, fue considerada e incluida entre las principales obras contempladas en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del Ejecutivo federal, y que sin duda resulta de la mayor importancia para la viabilidad económica del país.

En el citado programa se prevé que la construcción de Manzanillo 2 quede finalizada en el presente sexenio, aspecto en el cual deja desfasado tanto por sus mayores alcances como por su mayor actualidad al Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Manzanillo, documento este último que a pesar de tal desfasamiento prevé la realización de acciones diversas tendientes a la construcción del nuevo puerto.

Entre ellas puede citarse la anexión de la laguna de Cuyutlán al recinto portuario ampliando el actual polígono, así como la realización de estudios de impacto ambiental, técnicos, socioeconómicos, y de conectividad carretera y ferroviaria, ninguno de los cuales ha sido siquiera iniciado.

Si consideramos la complejidad propia de un proyecto de esta naturaleza, así como el tiempo que para su realización determinó el Ejecutivo federal, resulta evidente el atraso en que las autoridades están ya incurriendo.

Por esta otra razón resulta aún mayor la apremiante conveniencia y necesidad de que el titular de la SCT comparezca ante la correspondiente comisión de esta soberanía a explicarnos la situación así como las acciones que al respecto pretende realizar.

Manzanillo, y en términos generales el estado de Colima quieren acudir con puntualidad a su compromiso con el desarrollo nacional. Sin embargo, desea un desarrollo que sea inclusivo, cuidadoso con la gente, y oportuno en su consecución.

Con base en las razones expuestas, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, y Comunicaciones y Obras Públicas de esta representación nacional al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para informar y explicar las medidas y acciones realizadas y por emprender por parte del gobierno federal a efecto de construir y licitar legal y transparentemente la nueva terminal de contenedores del Puerto de Manzanillo, así como para explicar la carencia de acciones relativas a la construcción del Puerto Manzanillo 2 en la laguna de Cuyutlán.

Senadores: Rogelio Rueda Sánchez, Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas, Carlos Sotelo García (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y A LOS ESTATALES A ESTABLECER, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIDAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE ESE GRUPO EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2009, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS EMILIO GAMBOA PATRÓN, JAVIER GONZÁLEZ GARZA, MARIO VALLEJO ESTÉVEZ Y EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI, EN REPRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI Y DEL PRD

Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Instituto Federal Electoral y los institutos electorales estatales a que, en el marco del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establezcan las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en el proceso electoral de 2009, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 4 que el voto de los ciudadanos es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; lo que asegura que cualquier ciudadano cuente con las garantías suficientes para poder ejercer su voto en las condiciones previstas en la ley; y en consecuencia, su participación en la toma de decisiones y del ejercicio del poder, al elegir libremente a sus gobernantes.

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas estima que en México el 10 por ciento de la población total vive con una discapacidad. En este contexto, hemos sido testigos de un papel cada día más activo de las propias personas con discapacidad y de organismos sociales que exigen pleno respeto de sus derechos humanos, sociales ó económicos, y también, de sus derechos político-electorales.

Como es del conocimiento público, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma en México entró en vigor el 3 de mayo, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que incluye el reconocimiento de sus derechos políticos en el artículo 29, denominado participación en la vida política y pública, que de forma puntual señala: "Los Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás, y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores, y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones."

Al respecto del cumplimiento legal del citado artículo, es necesario puntualizar que la reforma electoral al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del 14 de enero de 2008, no incluyó en el texto disposiciones que permitan la adecuada reglamentación de los citados compromisos internacionales, por lo que, en el futuro, será necesaria una reforma que actualice nuestra legislación electoral.

Por lo anterior, y a pesar de los esfuerzos, propuestas y señalamientos de personas con discapacidad y de sus organizaciones ante el gobierno, los órganos legislativos, y los institutos electorales del ámbito federal o locales, en materia electoral, aún no existen procedimientos para que ejerzan plenamente todos sus derechos políticos como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco se cuenta con los apoyos técnicos, humanos y materiales, que les faciliten ejercer, al menos, su derecho a votar en cualquier casilla electoral del país.

Consideraciones

En la presente proposición hacemos nuestras las valiosas aportaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano de Discapacidad en México; cuyo objetivo es impulsar la aplicación del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; nos permitimos compartir algunos datos que esta organización ha investigado sobre la materia.

En el ámbito federal, la exigencia de las personas con discapacidad ha llegado a los órganos legislativos, y de éstos, sendos llamados del Senado de la República y de la Cámara de Diputados al Instituto Federal Electoral, son los que han propiciado acciones, aún parciales, para salvaguardar sus derechos político electorales.

El Instituto Federal Electoral ha respondido a la exigencia de que en los procesos electorales las personas cuenten con las previsiones técnicas y metodológicas que les permitan el ejercicio del sufragio; como por ejemplo, la accesibilidad en las casillas de votación, la utilización de plantillas y urnas inscritas en braille para las personas con discapacidad visual; mamparas con la altura y acceso adecuados. Sin embargo, aún no se cumple con la indispensable difusión, a fin de que las personas sordas, ciegas, con baja visión y sordociegas conozcan sus derechos y obligaciones en materia político electoral mediante información impresa en braille y en audiograbaciones.

Si bien el Instituto Federal Electoral ha respondido durante los procesos electorales de 2003 y 2006, aún se considera que éste debería regirse por las disposiciones internacionales, que de estar plasmadas en la legislación electoral, evitarían la incertidumbre de que en cada elección se le deba recordar a la autoridad electoral lo que ya debería ser una facultad y responsabilidad.

En el ámbito local, debemos enfatizar que el retraso legal y administrativo en la materia es prácticamente total para las entidades del país.

Sólo cuatro entidades federativas, Baja California, Distrito Federal, Puebla y Tamaulipas, cuentan con reformas en sus códigos electorales que reconocen los derechos políticos de las personas con discapacidad.

En la Ciudad de México, el Instituto Electoral del Distrito Federal ha sido pionero en la instrumentación de medidas planeadas para el proceso electoral del 2000. Más adelante, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Electoral del Distrito Federal, con lo que los procesos electorales de 2003 y 2006 se ajustaron a disposiciones legales, aunque también parcialmente, pero orientadas al respeto de sus derechos político electorales y la planeación de materiales, difusión y procesos de capacitación.

Por lo que corresponde al ejercicio del sufragio, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone la regulación de procedimientos, instalaciones y materiales electorales, cuidando aspectos de accesibilidad física y de comunicación para el desplazamiento y una mejor comprensión por parte de las personas con discapacidad. Refiere, asimismo, que el voto debe ser secreto, lo cual ésta previsto en el inciso 2 del artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, las personas con discapacidad han promovido una reforma a la legislación electoral federal y estatal, con el propósito de que en las casillas de votación:

Se cuente con facilidades y preferencia de acceso para cualquier persona con discapacidad ó de la tercera edad, incluso aquellas que lo hacen con un perro guía.

Se elaboren mascarillas en sistema braille, que estén disponibles en todas las casillas electorales, para que las personas con discapacidad visual pueden votar con total autonomía.

Se capacite a los funcionarios de casilla para brindar auxilio a cualquier persona con discapacidad.

Se establezcan mecanismos de difusión e información a la población con discapacidad, a través de medios impresos y electrónicos.

Se implemente el uso de tecnologías como máquinas de votación para personas ciegas, sistema braille, audiograbaciones, etcétera; así como el uso de materiales o instrumentos que faciliten el sufragio a toda persona con alguna discapacidad.

Estas propuestas, acordes con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reflejan la necesidad de que el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales estatales, instrumenten acciones que permitan a este amplio sector de la población participar activamente en la consolidación de la vida democrática, y puedan votar en circunstancias de igualdad y sin ningún tipo de discriminación.

Por lo que se refiere a la cuestión presupuestaria, consideramos que el artículo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, que señala:

"Artículo noveno. El gobierno federal promoverá el desarrollo de las personas con discapacidad, a fin de alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, a través del fortalecimiento de la perspectiva hacia las personas con discapacidad en la implementación de las políticas públicas, en particular, en aquellas instancias dedicadas al impulso del avance de su desarrollo social", sustentaría la petición del Instituto Federal Electoral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de una ampliación presupuestal para implementar las medidas que éste considere pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados sometemos a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto a su autonomía, exhorta, al Instituto Federal Electoral y a los institutos electorales estatales, a que en el marco del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establezcan las medidas necesarias, con la participación y las recomendaciones de los organismos sociales de y para personas con discapacidad, que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación a las personas con discapacidad en el proceso electoral de 2009.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 17 de diciembre de 2008.

Diputados: Emilio Gamboa Patrón, Javier González Garza (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INSTAURAR MEJORES MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS, A AGILIZAR SU SISTEMA INFORMÁTICO Y A SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS QUE HAN OBSTACULIZADO LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUILLERMINA LÓPEZ BALBUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada federal Guillermina López Balbuena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaria de Gobernación a instaurar mejores mecanismos para la recepción de la documentación de los ex trabajadores migratorios y agilizar su sistema informático, así como a sancionar a los funcionarios que han obstaculizado la recepción de la documentación, con base en lo siguiente

En 1942, los gobiernos de México y de Estados Unidos firmaron el programa Bracero. Cerca de 5 millones de campesinos mexicanos sustituyeron la mano de obra de los estadounidenses que emigró a la guerra en Europa y Asia. Este programa incluyó la creación de un fono de ahorro, que les retuvo porcentaje del salario a los trabajadores. Lo retenido se depositó en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que lo entregaría a los jornaleros a su regreso al país, pero eso nunca ocurrió y a la fecha no se sabe dónde quedaron los recursos del fondo.

En 2005, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de un fideicomiso para pagar una compensación por el fondo perdido. En la primera etapa se registraron alrededor de 42 mil trabajadores agrícolas. En abril de 2008 aprobamos reformas de la ley que crea el fideicomiso. Recientemente se publicó la convocatoria para el registro. Por ello, en esta segunda etapa se espera que se registren más de 250 mil ex braceros.

Sin embargo, y pese a que la propia Secretaría de Gobernación ya se sobreentendía tenía instaurados la logística, el personal y los mecanismos para agilizar los trámites, se observó que esta dependencia, como es recurrente en esta administración, sólo juega con los ciudadanos, y ahora tocó a los miles de ex braceros que acudieron a registrarse.

En varias mesas receptoras instaladas al efecto se escucharon las excusas de los encargados de Gobernación: "Las computadoras para registrarlos han fallado", o "El sistema se cayó". Tras ofrecer disculpas públicamente y argumentar que la solución no estaba en sus manos, los representantes de la Secretaría de Gobernación responsabilizan a sus superiores por las fallas ocurridas.

Lo lamentable e intolerable es escuchar de los funcionarios de Gobernación que no estaba listo el sistema de cómputo y entregar un contrarrecibo a los ex braceros al momento de que éstos presentaran sus documentos, expresando: "Se nos pasó ese detallito", que mientras miles de ex braceros se mantenían con la expectativa de iniciar su trámite.

Compañeros, les informó que algunos ex trabajadores o familiares habían llegado desde una noche antes de la apertura de las mesas receptoras. Por tal motivo, debemos exigir que la Secretaría de Gobernación atienda con más seriedad a los mexicanos y que no juegue con ellos. Aun más: es reprochable que la propia dependencia trate a los ex braceros como objetos, proponiéndoles que quienes lo decidieran se quedaran en una bodega del edificio y esperar hasta la fecha en que ser reinstalarían las mesas.

Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a subsanar los errores de logística observados en la apertura de las mesas receptoras de los documentos de los trabajadores migratorios de 1942-1964; a instaurar mecanismos de calidad informática y recepción de datos; y a capacitar a su personal encargado de la recepción de la documentación.

Segundo. Se inicie un procedimiento administrativo en el cual se investigue a los funcionarios encargados de las mesas receptoras, y se deslinden las responsabilidades hasta la imposición de sanciones, por los malos tratos realizados a los ex trabajadores y familiares que acudieron en cumplimiento de la convocatoria a entregar sus documentos.

Tercero. Se hace un exhorto al secretario de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, a emitir una disculpa pública a todos los ex trabajadores migratorios y sus familias por los malos tratos recibidos del personal a su cargo, y asuma su responsabilidad de subsanar con la mayor brevedad el procedimiento para la recepción de los documentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de diciembre de 2008.

Diputada Guillermina López Balbuena (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A AUTORIZAR QUE SE DOTE DE 350 MILLONES DE METROS CÚBICOS ADICIONALES A LA REGIÓN LAGUNERA PARA EL CICLO AGRÍCOLA DE 2009, A CARGO DEL SENADOR RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ Y JAVIER GUERRERO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los diputados que suscriben, ingeniero José Rubén Escajeda Jiménez y licenciado Javier Guerrero García, así como el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de urgente u obvia resolución.

Antecedentes

El campo mexicano es uno de los sectores mas afectados durante las crisis económicas que ha vivido el país. Ante las perspectivas del próximo año nada alentadoras, organizaciones de productores, ramas de producción entre otros, suman esfuerzos por mantener un nivel de competitividad ante el complejo escenario, no solo nacional sino del mundo entero.

La región lagunera del país, representa un centro productivo y de desarrollo altamente estratégico para el campo mexicano. El exhorto planteado a la Conagua, que tiene bajo su responsabilidad el suministro, captación, distribución entre otras actividades de un recurso vital para las actividades agropecuarias como lo es el agua, está fundado en una realidad que organizaciones y productores campesinos viven día a día, debido a la insuficiente dotación del líquido.

Actualmente las presas de Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, a causa de las intensas lluvias registradas en los meses de septiembre y octubre, se encuentran a más del 100% del límite preestablecido, es decir, en promedio cuentan con un volumen de 3,365 millones de metros cúbicos. Para este próximo ciclo agrícola 2009, la Conagua ha autorizado la liberación de 1,050 millones de metros cúbicos para la Región Lagunera, presentando así la oportunidad ante un excedente de agua, de aprovechar este escenario para el desarrollo de los proyectos productivos autorizados para este mismo ciclo, así como para la conservación de infraestructura productiva y social.

Las organizaciones y productores de la Región Lagunera demandan una ampliación de 350 millones de metros cúbicos de agua, alcanzando un total de 1,400 millones para este ciclo que vendría a representar la cantidad requerida no solo para cubrir las necesidades del mismo sino para potencializarlas. Esta ampliación podría darse a través de dos vías: la primera, de la Presa Lázaro Cárdenas se obtendrían 254 millones y de la presa Francisco Zarco, los 96 millones de metros cúbicos restantes.

Los argumentos que la Conagua está ofreciendo para no autorizar esta concesión, es que el uso de este recurso lo distribuye con un "criterio de sustentabilidad", pero los números nos marcan una realidad diferente. En 1991 la presa Lázaro Cárdenas, contaba con un volumen de 3,520 millones de metros cúbicos, actualmente tiene almacenados 3,127 millones de metros cúbicos, es decir, un almacenamiento menor en relación al promedio de décadas pasadas poniendo la realidad de esta presa en los niveles del año 1968. A lo anterior, se suma la corrupción que rodea el tráfico de este vital líquido y el acaparamiento que los grandes productores de leche hacen beneficiándose de una forma desproporcionada en relación a los pequeños y medianos productores laguneros.

Uno de los aspectos más graves es que se sigue programando una superficie y se riega otra, lo que se ejemplifica con los siguientes datos:

La dotación de un volumen adicional de 350 millones de metros cúbicos, provocará una menor extracción de agua del subsuelo al regar superficie de bombeo con agua de río, recargando los acuíferos por el retorno de agua vía superficie de cultivo, transparentando la operación del distrito de riego. Esta ampliación logrará una mejora en las cosechas de los cultivos de nogal, algodón y forraje así, como un mejor rendimiento en la producción de algodón con un promedio de 6 toneladas por hectárea.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua a autorizar la dotación de 350 millones de metros cúbicos adicionales a los mil 50 metros cúbicos aprobados por resolución presidencial para el ciclo de 2009, teniendo así un total de mil 400 millones de metros cúbicos, en beneficio de organizaciones y productores campesinos de la región lagunera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de diciembre de 2008.

Diputado Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica)

Diputado Javier Guerrero García (rúbrica)

Senador Ramíro Hernández García (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD A CELEBRAR UN CONVENIO DE COORDINACIÓN CON SUS SIMILARES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE DETECCIÓN DEL VIH-SIDA O ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN TODA LA REPÚBLICA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUILLERMINA LÓPEZ BALBUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada federal Guillermina López Balbuena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a celebrar un convenio de coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades federativas y del Distrito Federal, para llevar a cabo una campaña de detección del VIH-sida o enfermedades de transmisión sexual en toda la república, con base en lo siguiente.

Ante el eventual retorno masivo de migrantes procedentes de nuestro país vecino no sólo podría traer repercusiones al entorno laboral sino también en el sector de salud pública, ante la posible llegada de portadores de VIH-sida o de otras enfermedades de transmisión sexual.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que hasta el momento en México y en los países de Centroamérica no han sido analizadas las consecuencias que puede tener la llegada de miles de migrantes a sus lugares de origen en el aspecto de salud pública. Manifestando que los problemas de salud asociados con la migración han estado siempre presentes, cuando se ven cambios en los flujos migratorios, la incidencia en materia de VIH-sida y enfermedades de transmisión sexual; éste es uno de los problemas que más ha llamado la atención en el caso de los migrantes.

En tanto, el Instituto Nacional de Salud Pública indica en un estudio realizado que puede darse una mayor incidencia en migrantes, sobre todo en jóvenes, en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, en especial VIH-sida. Según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, en 2007 se reportaron más de 7 mil 684 casos nuevos.

Actualmente en nuestro país no existe un programa de coordinación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal para la detección de VIH-sida y de enfermedades de transmisión sexual, que permita prevenir cualquier contingencia relacionada con este rubro, ya sea para evitar y prevenir contagios o para revisar las condiciones de salud en que regresarán los connacionales.

Es urgente que el gobierno federal realice un profundo estudio para diseñar políticas públicas orientadas a establecer medidas preventivas en materia de salud para los migrantes mexicanos.

Las mujeres mexicanas no tienen por qué sufrir en cuestiones de salud debido a ser contagiadas por la transmisión de enfermedades de carácter sexual. Es oportuno que para ello que el gobierno implante una campaña de difusión entre la población femenil para que sean respetados sus derechos a tener una vida sexual con protección. Que exijan a sus parejas se realicen los estudios necesarios para evitar cualquier contagio por motivo de enfermedad de tipo sexual y, en su caso, utilicen métodos de protección.

Por lo anteriormente expresado, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Salud a celebrar un convenio de coordinación con sus homologas de las entidades federativas y del Distrito Federal para que se implante a nivel nacional campañas de detección y prevención de VIH-sida y enfermedades de transmisión sexual, principalmente entre la población migrante.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Salud a implantar una campaña de difusión en favor de los derechos de las mujeres a efecto de que exijan a sus parejas realizarse los estudios para detectar el VIH-sida y utilicen métodos de protección para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Palacio Legislativo, a 17 de diciembre de 2008.

Diputada Guillermina López Balbuena (rúbrica)