• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 4o., con un segundo, tercero y cuarto párrafos; y 10, con un segundo párrafo, a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX- Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.

• De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

• De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos, 3o. 4o. 7o. y 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos presentada por el Dip. Alfonso Izquierdo Bustamante.

Destaca la exposición de motivos que el éxito de un país radica en la necesidad de integrar gobiernos ágiles, responsables, con la capacidad de respuesta y con las herramientas necesarias para enfrentar los retos que impone el desarrollo. Las condiciones de desarrollo de cada localidad queda en manos de las entidades federativas y los municipios que permita un nuevo pacto federal que habilite a cada orden de gobierno a ejecutar las acciones que respondan de manera efectiva a satisfacer las necesidades de la población que redunden en una mejor calidad de vida.

Por lo tanto, continúa la exposición de motivos, es necesario fortalecer el federalismo en México, respetando las autonomías estatales y municipales, reconociendo la capacidad de autodeterminación y ejecución de los órdenes de gobierno, habilitándolos para que sean artífices de su desarrollo.

En relación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el proponente considera que, en su contenido, deben ser fortalecidos los principios del federalismo por lo que estima necesario precisar que en la realización de juegos con apuestas y sorteos que se realicen en las entidades de la federación o en el Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación cuente con la opinión calificada del titular del poder u órgano Ejecutivo de la entidad federativa, así como la opinión de la autoridad municipal o delegacional que corresponda, para que el solicitante pueda realizar juegos con cruce de apuestas.

En este sentido, propone la reforma del artículo 7o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para que, en la realización de juegos con apuestas y sorteos que se lleven a cabo en las entidades federativas o en el Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación deberá contar con la opinión calificada del titular del poder u órgano Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, así como de la autoridad municipal o delegacional que corresponda.

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos presentada por el Dip. José Manuel Del Río Virgen.

Señala el iniciador que la modernización y actualización del marco jurídico vigente es una responsabilidad irrestricta de los legisladores federales, acentuándose más ante las necesidades de las entidades de la Federación.

En materia de juegos y sorteos, el Estado es garante de la legalidad de los mismos. Enfatiza que en México no están permitidas las apuestas en casinos, pero hay la posibilidad de apostar en carreras de caballos y peleas de gallos, específicamente en palenques en el territorio nacional.

En este sentido es "esencial que las autoridades locales coadyuven en la autorización, supervisión, vigilancia, control y desarrollo de los eventos que incluyen carreras de caballos y peleas de gallos con cruce de apuestas puedan contar con el instrumento jurídico que les permita cumplir con la obligación de protección y salvaguarda, brindando con ellos certeza y seguridad jurídica. Si bien la Secretaría de Gobernación cuenta con la cooperación de las autoridades federales, las locales y la fuerza pública para la aplicación de sus determinaciones en materia de juegos con cruce de apuestas y sorteos, el proponente considera que la dependencia de la Administración Pública Federal "no tiene el personal, instalaciones y la capacidad para supervisar este tipo de competencias", es decir los eventos donde existen los juegos con cruce de apuestas.

Por lo anterior, se propone el otorgamiento de facultades a Estados y municipios para que intervengan en la designación de servidores públicos locales que puedan verificar la actividad de organizadores y responsables, de manera que cuenten con el permiso correspondiente y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales. En caso de detectar irregularidades a la legislación correspondiente, el iniciador señala que los funcionarios mencionados podrán proceder a la suspensión de los eventos, dando parte a las autoridades federales competentes.

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos presentada por el Dip. Adolfo Mota Hernández.

Señala el iniciador que la respuesta rápida de las demandas ciudadanas han exigido una mayor participación de las entidades federativas en las decisiones de la República. Afirma, por lo tanto, que la colaboración entre el gobierno federal y los estatales cada vez es más estrecha en la búsqueda de acciones eficaces en el menor tiempo posible.

En este sentido, considera que se permita una participación mayor a las entidades federativas y a los municipios en la vigilancia, control y desarrollo de eventos donde se realicen juegos con cruce de apuestas que requieran de mayor seguimiento por parte de las instancias reguladoras y de seguridad de los tres órdenes de gobierno como son las carreras de caballos y las peleas de gallos.

Por lo anterior, el objeto de la iniciativa es reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos con el fin de que las autoridades de los Estados y de los municipios colaboren con la Secretaría de Gobernación en la supervisón, control, vigilancia y desarrollo de eventos donde se realicen juegos con cruce de apuestas y puedan nombrar al personal con facultades para verificar la autorización debida de la autoridad federal en la materia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales federales, estatales y municipales correspondientes. El personal estatal o municipal nombrado podrá proceder, de ser necesario, a suspender los eventos respectivos al detectar cualquier anomalía o violación a la legislación respectiva enterando, de forma inmediata, a la autoridad competente.

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 3o. y 4o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos presentada por el Dip. Javier Martín Zambrano Elizondo.

Destaca la exposición de motivos los diferentes antecedentes legislativos que en materia de juegos y sorteos se han presentado para reformar el actual ordenamiento, el cual no ha tenido reforma alguna desde 1947.

El iniciador menciona la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos que fue presentada por el Dip. Isaías González Cuevas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional durante la LVII Legislatura y que buscó regular el juego con cruce de apuestas y el establecimiento de casinos y de casas de apuestas en los Estados de la República donde la apertura de los mismos significara la creación del empleos y de desarrollo social. La misma iniciativa propuso un marco de descentralización, es decir, que el proceso de adjudicación de licencias sólo se iniciara a solicitud del municipio interesado en el establecimiento de casinos y con la opinión que previa y favorablemente emitiera el gobernador de la entidad.

Destaca, de igual forma, la reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos promulgado por el Ejecutivo Federal en 2004 donde se regula la concesión de permisos para operar juegos con cruce de apuestas y sorteos así como de establecimientos y lugares donde se realicen dichas actividades. Tales permisos son otorgados por la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, continúa la exposición de motivos, en los Estados de la República, particularmente en los municipios, las autorizaciones que se otorgan a los permisionarios para operar locales donde se realicen los juegos con cruce de apuestas y sorteos han acarreado a las autoridades locales "un sin fin de problemas y quejas de la ciudadanía" que ve afectada su calidad de vida con la instalación de los establecimientos mercantiles, "muchas veces inadecuadas o contrarias a las costumbres del lugar".

En este sentido, la iniciativa propone la participación de las autoridades municipales, como los cabildos, a fin de que sean quienes "autoricen la posibilidad de que establecimientos de juegos con apuestas se asienten en su circunscripción territorial para garantizar a la "ciudadanía del lugar que una autoridad próxima y cercana, como son las autoridades locales, diga la última palabra en términos de la convivencia del asentamiento de la casa de juegos en el lugar".

En este tenor, se proyecta la adición de un segundo párrafo al artículo 3o de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para señalar que en todo establecimiento en que se practiquen juegos con apuestas o sorteos de cualquier clase, incluyendo los realizados por medios mecánicos, deberán observarse las disposiciones y reglamentos municipales, además de las disposiciones de desarrollo urbano correspondientes, a fin de que se ajusten a las leyes previamente autorizadas por los municipios; igualmente, se propone la reforma del artículo 4o con el fin de incluir que uno de los requisitos para el funcionamiento de lugares donde se realicen juegos con cruce de apuestas y sorteos será la autorización otorgada por el ayuntamiento del municipio.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) EN LO GENERAL

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4o., CON UN SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS Y 10, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 4o., con un segundo, tercer y cuarto párrafos y 10, con un segundo párrafo a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

ARTICULO 4o. ...

Para el otorgamiento de permisos para la realización de juegos con apuestas y sorteos que se lleven a cabo en las entidades federativas, la Secretaría de Gobernación deberá contar con la opinión fundada, motivada y calificada del titular del poder u órgano Ejecutivo correspondiente de la entidad federativa de que se trate, así como de la autoridad municipal o delegacional que corresponda.

Los establecimientos o lugares abiertos o cerrados en que se practiquen juegos con apuestas y sorteos, deberán observar las leyes de las entidades federativas y las reglamentaciones y disposiciones municipales o delegacionales para proceder a su instalación y funcionamiento.

Para que proceda el otorgamiento del permiso, donde se pretenda la construcción, instalación o funcionamiento de los establecimientos o lugares abiertos o cerrados en que se practiquen juegos con apuestas y sorteos de cualquier clase, será necesario exhibir las autorizaciones, fundadas y motivadas, que en el ámbito de su competencia expidan las autoridades de las Entidades Federativas, los Ayuntamientos y las Delegaciones, tratándose del Distrito Federal.

ARTICULO 10. ...

Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o de las delegaciones, tratándose del Distrito Federal, podrán nombrar al personal respectivo para cooperar con la Secretaría en el cumplimiento de las determinaciones que ésta dicte conforme a esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito federal a dos de diciembre de dos mil ocho.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras, Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte, Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por el que se que adiciona párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, y 135 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 57, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes del proceso legislativo

a) El 5 de diciembre del año 2008 el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión turnó para su estudio y dictamen Minuta enviada por el Senado de la República, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Con fecha 9 de diciembre del año 2008, en sesión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por unanimidad de los presentes, por lo que se pone a consideración de esta Cámara de Diputados, para su discusión y resolución constitucional.

II. Valoración de la Minuta

La Minuta enviada por el Senado a esta Cámara, en su calidad de origen, tiene por objeto desarrollar en el máximo nivel de nuestra normatividad el derecho a la protección de los datos personales.

Los argumentos que expone la Minuta en cuestión, plantean lo siguiente:

En esta Comisión coincidimos esencialmente con la propuesta para adicionar un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución, en los términos propuestos por la colegisladora Cámara de Senadores.

Coincidimos, en virtud de los razonamientos expuestos en el dictamen correspondiente, los cuales tienen como objeto la protección de los datos personales y los correlativos derechos al acceso, rectificación, cancelación u oposición en torno al manejo de los mismos por parte de cualquier entidad o persona, pública o privada, que tenga acceso o disponga de los datos personales de los individuos.

Asimismo, estamos de acuerdo en los términos del dictamen por razón de que esta Cámara aprobó en sesión de 20 de septiembre de 2007, la protección de los datos personales.

Esto es así, ya que como lo menciona la minuta en estudio, a esta Cámara se le remitió una minuta sobre el mismo tema, la cual fue aprobada con la citada fecha, pero como consecuencia de una revisión constitucional, sistemática, lingüística y de técnica legislativa, con el ánimo de enriquecer dicha reforma, se propuso una nueva redacción, la cual se consideró más concisa y ordenada y se presentó en una nueva iniciativa presentada por los senadores Santiago Creel Miranda, Alejandro González Alcocer, Pablo Gómez y Pedro Joaquín Coldwell y que hoy es objeto de este dictamen.

Por ello, las razones en que se coincide con la reforma constitucional propuesta por la legisladora son esencialmente las mismas que se vertieron en el dictamen anterior y que a la letra dice:

En la evolución de los derechos fundamentales pueden distinguirse, cuando menos, cuatro fases. Estos derechos nacen, en primer término como propuestas de los filósofos iusnaturalistas; John Locke sostenía que el hombre tiene como tal, derechos por naturaleza que nadie, ni siquiera el Estado, le puede sustraer y que ni él mismo puede enajenar. Los derechos humanos representan, dentro de esta concepción, derechos innatos, inalienables e imprescriptibles. De este modo los pensadores de la Ilustración fundaron sus críticas al áncièn régime, sobre la base de la existencia de estos derechos, que era preciso reconocer. Para estás teorías filosóficas la libertad y la igualdad de los hombres no son un dato de hecho sino un ideal a perseguir, no una existencia, sino un valor, no un ser, sino un deber.

La segunda fase de esta evolución se produce precisamente cuando los derechos a la vida, a la libertad y a la igualdad son reconocidos por las declaraciones de derechos de Inglaterra, de 1689, y de los Estados que formaron las colonias inglesas en América, de 1776 a 1784, así como por la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

La tercera fase se inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituyéndose en el primer sistema de principios y valores esenciales aceptados y reconocidos por la mayor parte de los hombres, a través de sus gobiernos.

La última fase es la de la especificación de los derechos humanos que consiste en el paso gradual hacia una posterior determinación de los derechos, en razón de las características propias de sus titulares o de los propios derechos. En esta etapa se ubica los derechos del niño, de la mujer, de los consumidores, entre otros; se trata de una fase en desarrollo que busca responder a las exigencias de las sociedades contemporáneas.

Producto de la evolución antes mencionada nace, entre otros, el derecho a la protección de datos personales.

En esta Comisión resaltamos la relevancia de emitir un dictamen en el que se reconozca, al máximo nivel de nuestra pirámide normativa, la existencia de un nuevo derecho distinto y fundamental a la protección de datos personales, dentro del catálogo de garantías. Lo anterior, en razón de la evolución normativa experimentada en nuestro país, a partir de la regulación de la protección de datos personales en posesión del Estado regulada por la fracción II del artículo 6o. constitucional. La intención de reformar el artículo 16 para incluir la protección de los datos personales, es un camino que desde hace algún tiempo inició el legislador mexicano al tenor de los siguientes hechos:

Un primer paso, con alcances limitados en esta materia, se dio con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la cual por primera vez en México se reconoció la existencia de este derecho, en el contexto del acceso a la información pública.

Derivado del reconocimiento legal, que para efectos de acceso a la información se planteó, dio inicio un interesante desarrollo del derecho a la protección de datos en el ámbito administrativo, por primera vez en la historia de este país los particulares gozaban del derecho a acceder y rectificar los datos personales que obraran en los sistemas de datos personales del Estado.

El segundo y fundamental paso, al que ya hicimos alusión, se presentó con la aprobación de la reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que también por primera ocasión un texto constitucional hace referencia expresa al derecho a la protección de datos, en este caso, como un límite al derecho de acceso a la información.

Por ello, la propuesta que se presenta ante esta Cámara revisora, tiene como propósito consolidar el derecho a la protección de datos en nuestro país, extendiendo su ámbito de aplicación a todos los niveles y sectores, apuntalando, por una parte, la estructura edificada a través del artículo 6o. fracción II de la Constitución Federal y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos federales y, por la otra, reconociendo la existencia del mismo respecto de los datos personales en poder de particulares.

Este nuevo derecho, consiste en la protección a la persona, en relación con la utilización que se dé a su información personal, tanto por entes públicos como privados.

En términos de lo anterior, la estructura propuesta serviría de punto de partida para cualquier regulación que se emita en torno al derecho a la protección de datos, tanto en el ámbito público como en el privado, considerando que hasta ahora no se cuenta con una disposición a nivel constitucional en la que se establezcan el contenido y los alcances de este derecho, en cuanto a los principios, derechos y excepciones por los que se debe regir todo tratamiento de datos personales.

En cuanto al apartado de excepciones, al que se hace referencia en el texto que se dictamina, conviene destacar que el mismo encuentra su justificación en dos razones específicas, la primera, tiene como objeto dar certidumbre al gobernado respeto de los casos en los que será posible tratar sus datos sin que medie su consentimiento, con la protección constitucional. La segunda, tiene como finalidad dejar claro que este derecho encuentra límites frente a otros, en los que previa valoración de las circunstancias particulares, el derecho a la protección de datos puede ceder frente a los mismos, como sucede en el caso del derecho de acceso a la información pública gubernamental, en el que por razones de interés público determinados datos personales se encuentran exceptuados de la aplicación de algunos de los principios y derechos que sustentan la protección de datos.

En ese sentido, la iniciativa que se dictamina permitiría concluir el trabajo iniciado con la reciente reforma al artículo 6o. de la CPEUM, ya que se reconoce el derecho de acceso a la información pública y por su parte el artículo 16 establecerá el derecho a la protección de datos personales, que, aunque mencionado en la fracción II del 6o. se estaría dotando finalmente de contenido a este derecho fundamental.

Por otra parte, en el mundo se reconoce la necesidad de proteger la privacidad del individuo en lo que se refiere a la protección de sus datos personales en la medida en la que se desarrolla, a partir de 1960, la informática. De manera que el derecho debe responder a los retos que comporta el uso vertiginoso de las tecnologías de la información. Producto de la evolución antes mencionada nace, entre otros, el derecho a la protección de datos personales. De acuerdo con la doctrina, es posible distinguir tres fases a través de las cuales el derecho a la protección de datos alcanzó el desarrollo actual.

La primera generación de normas que regularon este derecho se contiene en la Resolución 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre derechos humanos y nuevos logros científicos y técnicos.

La segunda generación se caracteriza por la materialización del derecho de referencia en leyes nacionales, en ese sentido, en 1977 era aprobada la Ley de Protección de Datos de la entonces República Federal Alemana, en 1978 corresponde el turno a Francia mediante la publicación de la Ley de Informática, Ficheros y Libertades, aún vigente. Otros países entre los que se emitió regulación en la materia son Dinamarca con las leyes sobre ficheros públicos y privados (1978), Austria con la Ley de Protección de Datos (1978) y Luxemburgo con la Ley sobre la utilización de datos en tratamientos informáticos (1979).

Durante los años ochenta hacen su aparición los instrumentos normativos que conforman la tercera generación, caracterizados por la aparición de un catálogo de derechos de los ciudadanos para hacer efectiva la protección de sus datos, así como por la irrupción de las exigencias de las medidas de seguridad por parte de los responsables de los sistemas de datos personales. Es en esta década cuando desde el Consejo de Europa se dio un respaldo definitivo a la protección de los datos personales frente a la potencial agresividad de las tecnologías, siendo decisivo para ello la promulgación del convenio No. 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Sin duda, es necesaria una protección jurídica de los datos personales, ya que el tratamiento por mecanismos electrónicos y computarizados que se ha incorporado de manera creciente a la vida social y comercial, ha conformado una cuantiosa red de datos que, sin alcanzar a ser protegidos por la ley, son susceptibles de ser usados ilícita, indebida o en el mejor de los casos inconvenientemente para quienes afectan. Si a ello se le suma el importante papel que las bases de datos desempeñan en el mundo tecnificado y globalizado de hoy, permanecen pocos cuestionamientos al derecho que puedan tener las personas a protegerse frente a la intromisión de los demás en esferas correspondientes a su intimidad.

Según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el concepto de Datos Personales engloba a toda aquélla información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad (artículo 3, fracción II). Este es el concepto operativo que sirve de base para las instituciones públicas a nivel federal que son sujetos obligados y que tienen como materia de trabajo a los datos personales.

En esa tesitura, la minuta que envía el Senado para la protección de datos personales, es una continuación al reconocimiento constitucional de varios derechos en la esfera de las libertades individuales, que si bien pueden llegar a guardar una relación estrecha entre sí, se trata derechos distintos, a saber: el derecho a la información y el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales.

En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales presenta caracteres propios que le dotan de una naturaleza autónoma, de tal forma que su contenido esencial lo distingue de otros derechos fundamentales, específicamente, del derecho a la intimidad, en el que éste último tiende a caracterizarse como el derecho a ser dejado solo y evitar injerencias en la vida privada mientras que el derecho a la protección de datos atribuye a la persona un poder de disposición y control sobre los datos que le conciernen, partiendo del reconocimiento de que tales datos van a ser objeto de tratamiento por responsables públicos y privados. Los cambios tecnológicos de las últimas décadas justifican, en gran medida la necesidad de legislar al respecto, es necesario reconocer que el desarrollo de la informática y de manera más aguda cuando se desarrolla la Internet que se introduce un cambio cualitativo en la forma de organizar y transferir las bases de datos. Es indispensable proteger el valor económico que esto agrega a cualquier economía moderna, en armonía con la protección de los datos personales que garantiza al individuo seguridad jurídica en el manejo de los mismos.

En sintonía con lo anterior, consideramos necesaria la reforma propuesta por el Senado, con relación a la protección de los datos personales, pues sería una continuación del trabajo legislativo a favor del derecho de privacidad en el que los datos personales son una forma de su expresión.

Con la aprobación de esta Minuta, el ciudadano tendría el derecho de exigir la protección de sus datos personales, a través de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, denominados por la doctrina en el ámbito internacional, como derechos Arco (acrónimo derivado de los derechos citados).

De este modo, el titular de los datos personales podría, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, decidir sobre el uso de los datos que le conciernan e incluso ejercer derechos como los de oposición en aquellos casos en los que se traten datos personales obtenidos sin necesidad de contar con el consentimiento previo del titular de los datos, y de cancelación cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en ley, en particular, en el supuesto que los datos personales resulten inexactos, o incompletos, en cuyo caso se procedería a la cancelación, término que es sinónimo de la destrucción o supresión de los datos que se ubiquen en las hipótesis descritas.

Siguiendo con el tema de la reforma, el derecho de oposición al que se hace alusión, no es otra cosa que la facultad de impedir que determinados datos personales, cuya titularidad le corresponde, sean tratados para fines de publicidad o marketing, con lo que se estaría dando la posibilidad de generar listados a través de los cuales los proveedores de bienes o servicios, tendrían certidumbre de las personas interesadas en conocer sus bienes o servicios a través de los distintos medios publicitarios.

Con esta reforma se está reconociendo al gobernado el derecho a disponer de manera libre, informada y específica sobre el tratamiento de los datos personales que le conciernan, sobre la base del consentimiento el cual activa diversas modalidades de tratamiento, así como cursos de acción. En ese sentido, existen diversas formas en las que el consentimiento puede ser otorgado, situación cuya determinación dependerá de distintos factores como la naturaleza de los datos, la fuente de la que se obtuvieron, la finalidad del tratamiento, entre otros. Así, cabe distinguir entre consentimiento presunto, tácito, expreso y expreso y por escrito (sin que el consentimiento por escrito tenga que plasmarse en papel). En cualquiera de los casos señalados, la cuestión se centra en la prueba de la obtención del consentimiento. Es decir, tanto en el consentimiento tácito, principalmente, como en el expreso que no sea escrito, hay que implementar procedimientos estandarizados para la obtención de dicho consentimiento para que luego se pueda probar que se cuenta con el mismo. Dicha prueba recae en quien solicita el consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal, es decir, el responsable del archivo. Por tanto, deberá hacerse uso de vías que permitan acreditar que se solicitó del interesado una manifestación en contra para oponerse al tratamiento de sus datos, de manera que su omisión pueda ser entendida como consentimiento al tratamiento, dando un plazo prudencial para que el interesado o titular del dato pueda conocer que su omisión implica la aceptación del tratamiento.

A manera de ejemplo basta con citar el caso del tratamiento de datos personales con fines de publicidad o marketing, en los que habiéndose recabado el dato de una fuente de acceso público, se entiende consentido el tratamiento con dichos fines, hasta en tanto el titular del mismo no manifieste su oposición. Al observar lo anterior, se logra un equilibrio que favorece el crecimiento económico que permite un flujo dinámico de información y por ende, que facilita las transacciones comerciales en diversos segmentos de mercado.

El principio del consentimiento se vería complementado por los principios de información, calidad, seguridad y confidencialidad, a través de los cuales es posible al titular de los datos personales:

En ese sentido, se admite que la observancia de los principios de protección de datos personales puede estar sujeta a excepciones bajo ciertos supuestos y condiciones, tal es el caso de los asuntos relacionados con la salud, tanto del propio titular de los datos, como de de algún sector de la población relacionados con casos de salubridad general. En el primer caso, el principio del consentimiento al que se aludió en párrafos anteriores, no será necesario cuando esté en el interés terapéutico del propio paciente como titular del dato de salud; en ese sentido, sólo en aquellos casos en que una condición de salud impida que el titular esté conciente, entonces el personal médico y/o los familiares podrán tratar sus datos de salud. Dichas situaciones serán desarrolladas por la ley de la materia la cual establecerá las modalidades del tratamiento y la manera de acreditar la necesidad de conocer dicha información. Ahora bien, en los casos relativos a la salud pública, tampoco será necesario el consentimiento del titular cuando el interés general de tratar dichos datos evite, prevenga o permita controlar emergencias sanitarias, como la propagación de enfermedades, el establecimiento de cercos sanitarios entre otros, situaciones que serán desarrolladas bajo las condiciones y supuestos que la ley de la materia prevea, según ha quedado apuntado.

Por lo anteriormente expuesto y motivado de acuerdo con la Constitución, La Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, todos los ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...).
 
 

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; a 9 de diciembre de 2008.

La Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), presidente; José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero, Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, José Jesús Reyna García (rúbrica), Patricia Castillo Romero (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, secretarios; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Felipe Borrego Estrada, Lariza Montiel Luis (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Leticia Díaz de León Torres, Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar, Juan Francisco Rivera Bedoya, Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX- Ñ AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una iniciativa presentada por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, que adicionan una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los diputados que suscriben, integrantes de la comisión, realizaron diversos estudios y consultas a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, e integrar el presente dictamen con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros reunidos en pleno, presentan a esta asamblea el siguiente

Dictamen

I.- Antecedentes del proceso legislativo.

a) En sesión celebrada el día 9 de mayo de 2007 en la Comisión Permanente, el diputado Cruz Pérez Cuéllar, en nombre de los diputados Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; María del Pilar Ortega Martínez, Claudia Sánchez Juárez, Dora Alicia Martínez Valero y Rogelio Carbajal Tejada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, todos pertenecientes a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación.

b) Con fecha 4 de diciembre de 2008, en sesión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por unanimidad de los presentes, por lo que se pone a consideración de esta Cámara de Diputados, para su discusión y resolución constitucional.

II. Materia de la iniciativa.

La iniciativa materia del presente dictamen busca la consolidación, actualización, simplificación y homologación de la actividad registral, a través de otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una norma de carácter general y de observancia federal para todo el territorio, ley que se plantea que en todo momento sea respetuosa de la autonomía y soberanía de los estados, así como el ámbito de la federación.

Se afirma en la iniciativa que:

Que es precisamente derivado de esa diversidad en las regulaciones, aunada a una serie de problemas que se repiten en la mayoría de los estados, ha generado que esta institución no responda a las demandas de seguridad jurídica en la protección de los derechos de propiedad ni a los retos que enfrenta una sociedad en evolución, que demanda instituciones ágiles y modernas que contribuyan a fortalecer la inversión y que fomenten el crecimiento económico.

Entre los problemas que evitan el buen funcionamiento de los registros públicos de los estados menciona:

Que en la mayoría de las entidades federativas, las diversas legislaciones y reglamentos aun establecen como sistema registral el sistema de libros.

No cuentan con la tecnología adecuada para hacer más eficiente su labor.

En algunos estados, los sistemas electrónicos empleados por los registros carecen de fundamento jurídico y, por ello, no constituyen prueba plena de la inscripción efectuada.

El tiempo de respuesta de una inscripción puede oscilar actualmente entre dos o tres días hasta seis meses, dependiendo de la entidad en que se encuentre la oficina registral.

La capacitación inadecuada del personal directivo y operativo.

El sistema registral está desvinculado de los sistemas catastrales. Dice la iniciativa que los sistemas de registro de la propiedad documentan la propiedad legal, mientras que el catastro registra las características físicas e identifica los límites. Además, los registros son administrados por los gobiernos estatales y los catastros son del orden municipal. Su desvinculación genera frecuentemente diferencias en la delimitación de propiedades y contradicciones entre ambos registros.

Falta de uniformidad en el acceso a la información registral, lo que pueden contribuir a inhibir la inversión es la forma tan diversa de administrar los registros de propiedad y que no se tiene un sistema único de acceso a la información registral en el país debido a la regulación jurídica actual.

De lo anterior, se concluye en la iniciativa que se ocasiona una desvinculación con el proceso de desarrollo económico del Estado; la falta de programas de modernización; la falta de infraestructura, lo que propicia procesos registrales lentos, obsoletos, inseguros y, en algunos casos, con operaciones discrecionales, presupuestos reducidos, falta de programas constantes de profesionalización para registradores; legislación inoperante para el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en línea y desvinculación de otros registros; presencia de una evolución desigual de la actividad registral, tanto humana como tecnológica; y partir de una simple concepción de las oficinas registrales, como simples archivos, y meros datos, mermando el fin para el que fueron creados.

Para resolver los problemas que aquejan la actividad registral, la iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados y el Distrito Federal para la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, mediante la adición de la fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

Comenta que la redacción sugerida "de ninguna manera significa federalizar los registros públicos de la propiedad, ya que estamos convencidos de que ése no es el mejor camino, dado que ello podría limitar la competencia y la búsqueda de soluciones locales. Por el contrario, la redacción propuesta permite la expedición de una base jurídica que establezca las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los órdenes de gobierno federal y local, a fin de obtener mejores resultados, mediante la potencialización de esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno en materia registral inmobiliaria, más cuando actualmente se encuentra una dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos en materia de registro inmobiliario, que ha provocado políticas encontradas o dispares."

Por tanto, el objetivo que pretende es que el Congreso emita una ley en materia de operación de los registros públicos inmobiliarios, pero que implicará un desarrollo conjunto de las conductas y de las actividades de los gobiernos, en los ámbitos federal y local; que el reconocimiento de la concurrencia impone la distribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno federal y local, en relación con la materia, como ha sido en los casos más típicos en nuestra experiencia constitucional, como salud, educación, protección del ambiente, turismo, pesca y acuacultura.

Por ello, dice la iniciativa, es respetuosa de la soberanía y de la autonomía de los estados, ya que se seguirían conservando en favor de las entidades federativas diversas facultades en la materia, como el aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciben éstas, o la designación de los funcionarios de dichos registros, la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones, dejando prácticamente sólo al Congreso legislar los aspectos relativos a la forma y los términos del procedimiento de registro, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de éstos, y otras bases generales más.

La iniciativa tiene como objetivo:

Que mediante la expedición de un marco jurídico por el Congreso se unifiquen u homologuen los sistemas registrales en todo el país, lo que se traduciría en los siguientes beneficios:

Simplificar procedimientos y agilizar trámites, lo que traerá como resultado la reducción considerable de los tiempos y costos de operación.

Reducir los conflictos jurídicos que, a su vez, impacten en la disminución de costos que por impartición de justicia y solución de conflictos de esta índole.

Reunir en un solo sistema el registro del Distrito Federal, estatal o municipal, y –por ende– todos los referidos a una misma propiedad, independientemente de la operación unificada del Registro Público de Comercio, que ya se realiza en esas oficinas registrales.

Ofrecer al usuario realizar consultas a través de medios electrónicos en cualquier parte del país, ya que las bases generales normativas para el registro permiten una homologación, que darían al usuario la confianza de que el trámite registral se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional.

Reunir en las oficinas registrales de la propiedad los registros catastrales y de uso de suelo, con la consiguiente simplificación de trámites y la reducción de costos para los gobernados.

Con lo anterior, afirman los proponentes, se generaría la posibilidad de una base de datos para la planeación local y regional. Se incentivaría la inversión y atracción de capitales, ya que se tendría mayor transparencia en las actividades y los actos que se inscriben en el Registro Público de la Propiedad.

En el supuesto especial de los registros catastrales, añaden, la reforma que propoen es base necesaria a efecto de privilegiar la recaudación de impuestos locales, la cual en general se encuentra muy por debajo de los promedios internacionales.

III. Consideraciones de la Comisión.

Primera.- Para esta Comisión el poder público está obligado a ofrecer a la población condiciones de seguridad jurídica que garanticen la propiedad y posesión de los bienes y favorezcan la transparencia de las relaciones entre los particulares, a fin de impulsar el desarrollo económico y social del país.

Conviene aquí hacer un breve análisis de lo que significa la seguridad jurídica y la naturaleza y finalidades del registro público de la propiedad, a efectos de ilustrar la importancia del tema y de la propuesta que hacen los diputados proponentes.

A) La seguridad jurídica.

La palabra "seguridad" deriva del latín securitas, -atis, que significa "cualidad de seguro" o "certeza", así como "cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación."¹

La seguridad jurídica la define Delfos así: "es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad protección y reparación".² Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente.³

La seguridad jurídica puede entenderse desde dos puntos de vista, uno objetivo y otro subjetivo. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de que sus bienes serán respetados; pero esta convicción no se produce si de hecho no existen en la vida social las condiciones requeridas para tal efecto: la organización judicial, el cuerpo de policía, leyes apropiadas, etcétera. Desde el punto de vista objetivo, la seguridad equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública.

La seguridad jurídica es uno de los fines del derecho. Para los autores emparentados con el idealismo kantiano, incluido Kelsen, que niega la existencia de una ética material de bienes y fines, la seguridad viene a ser la característica esencial de lo jurídico.

Así, el objetivo de la seguridad jurídica es consolidar el Estado de derecho, cuya ausencia en cualquier sociedad preludia la descomposición de las relaciones humanas y, por ende, la anarquía.

B) El Registro Público de la Propiedad.

El Registro Público de la Propiedad surgió como resultado de las necesidades de la vida diaria, con objeto de evitar que las transmisiones y los gravámenes relativos a los bienes inmuebles se efectuaran en forma clandestina, lo que hubiera disminuido notablemente la estabilidad y garantía de esos bienes. Las necesidades del tráfico inmobiliario con seguridad jurídica, fueron imponiendo su existencia al poder público en su calidad de encargado de organizar su funcionamiento.

El Registro Público de la Propiedad es una institución administrativa, encargada de prestar un servicio público, el cual consiste en dar publicidad oficial sobre el estado jurídico de la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, así como de algunos actos jurídicos sobre los bienes muebles; limitaciones y gravámenes a que ambos están sujetos, y sobre la constitución y modificación de las personas morales: asociaciones y sociedades civiles;⁴ así como expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que se encuentren en dicho registro.

La finalidad del Registro es proporcionar seguridad jurídica al tráfico de inmuebles, mediante la publicidad de la constitución, declaración, trasmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles, dándole una apariencia jurídica de legitimidad y fe pública a lo que aparece asentado y anotado en el Registro Público.

En resumen, el registro tiene como finalidad impedir que los actos y contratos, cargas o gravámenes relacionados con los bienes, no sean ocultos, para no perjudicar a los terceros adquirentes de buena fe con cargas que pesen sobre la propiedad y que no se hayan inscrito; dar a conocer la verdadera situación jurídica de la propiedad de los inmuebles, haciendo constar públicamente la historia de sus transmisiones, las modificaciones que sufran; asentar sobre bases sólidas el crédito territorial; tratar de evitar los engaños en las enajenaciones, cargas y gravámenes sobre inmuebles, y proporcionar a los que intervienen en la adquisición, transmisión o modificación de la propiedad, una base firme que garantice la efectividad de su derecho.

A manera de explicación teórica y práctica del contenido y función del Registro Público de la Propiedad, se enuncian a continuación los principios registrales:

1.- Principio de publicidad.

El Registro Público de la Propiedad se creó para dar publicidad y seguridad jurídica frente a terceros, sobre la propiedad y posesión de bienes inmuebles; garantías sobre muebles y sobre la constitución de sociedades y asociaciones civiles.

Si esta institución no existiera, sería casi imposible investigar quién es el titular de un inmueble, y cuáles son los gravámenes que lo limita: se requeriría llevar a cabo la conocida como "prueba del diablo", o sea, el examen del título a través de todos sus antecedentes hasta llegar al propietario original.

El principio de publicidad puede examinarse desde los puntos de vista formal y material.

La publicidad formal consiste en la posibilidad de consultar personalmente los libros y folios, así como obtener del Registro Público de la Propiedad, las constancias y certificaciones de los asientos y anotaciones.

De lo anterior se desprende que no se requiere tener interés jurídico para examinar personalmente los libros y folios, como tampoco para solicitar y obtener constancias y certificados de lo asentado o anotado.

La publicidad material está concebida como los derechos que otorga la inscripción, y éstos son: la presunción de su existencia o apariencia jurídica, y la oponibilidad frente a otro no inscrito.

2.- Principio de fe pública registral.

Al director del Registro Público de la Propiedad le corresponde la fe pública registral. Los actos asentados, inscritos o anotados en los folios, son documentos públicos que tienen la presunción de veracidad y exactitud; hacen prueba plena juris et juris y pueden ser destruidos por vía de acción y no de excepción.

3.- Principio de legitimación.

La legitimación es la posibilidad que da la ley para realizar eficazmente, un acto jurídico. El principio de legitimación, conocido también como de exactitud, es uno de los más importantes de la actividad registral, pues es el que otorga certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad, transmisión, exactitud y veracidad de los bienes inscritos: "La legitimación es el reconocimiento hecho por la norma jurídica del poder de realizar un acto jurídico con eficacia".⁵

La legitimación nace con el asiento o anotación en el Registro, de tal manera que mientras no se pruebe la inexactitud de lo inscrito frente a lo real, prevalece lo que se encuentra asentado. Lo inscrito es eficaz y crea una presunción juris tantum de que el titular aparente es el real; pero si se trata de actos en los cuales se afecte el interés de un ajeno, la presunción se vuelve juris et jure, en protección a los adquirentes de buena, presumiendo que un derecho inscrito existe y pertenece al titular registral.

4.- Principio de rogación.

La inscripción en el Registro Público de la Propiedad se realiza a instancia de parte y nunca de oficio. Es potestativo solicitar la inscripción o cancelación de los derechos reales, posesión, gravámenes y limitaciones. Este principio está estrechamente ligado con el de consentimiento, pues en la mayoría de los caso, la petición de inscripción debe ser hecha por el titular registral.

5.- Principio de consentimiento.

Para que en los asientos del Registro Público de la Propiedad exista una modificación, es necesaria la voluntad del titular registral o de quien lo sustituya. En sentido negativo, nadie puede ser dado de baja en el Registro sin su consentimiento tácito p expreso.

6.- Principio de prelación, prioridad o rango.

Uno de los pilares de la seguridad proporcionado por el Registro Público, es la prelación o prioridad que tiene un documento y el derecho o contrato contenido en él inscrito o anotado previamente. La fecha de presentación va a determinar la preferencia y rango del documento que ha ingresado al registro.

Cuando coexisten derechos iguales presentados para su inscripción, entra en acción el principio de prelación.

7.- Principio de calificación.

Este principio denominado también de legalidad, consiste en que todo documento, al ingresar al Registro Público de la Propiedad, dentro de su procedimiento de inscripción, debe ser examinado por el registrador en cuanto a sus elementos de existencia y validez, es decir, si satisface todos los requisitos legales que para su eficacia exijan los ordenamientos jurídicos.

Sólo pueden inscribirse documentos auténticos y fidedignos que reúnan los requisitos de contenido y forma. En cuanto a la clasificación del contenido del documento, el registrador debe constatar que sea de los inscribibles en el Registro Público de la Propiedad.

8.- Principio de inscripción.

Para que un asiento o anotación produzca sus efectos, debe constar en el folio real o en el libro correspondiente; de esta manera el acto inscrito surte efectos frente a terceros.

9.- Principio de especialidad.

Este principio tiene como finalidad determinar perfectamente los objetos de inscripción, sus titulares, así como el alcance y contenido de los derechos.

10.- Principio de tracto sucesivo.

Las inscripciones de propiedades inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, se efectúan dentro de una secuencia o contratación entre adquisiciones y transmisiones sin que haya ruptura de continuidad.

Del anterior análisis esta Comisión concluye que la seguridad jurídica es uno de los fines del derecho, que se traduce en dar certeza a los gobernados respecto de sus bienes y derechos, y para dar esa certeza, el Estado está obligado a crear las leyes, en el caso específico, imponiendo la publicidad de ciertos actos cuya causa puede ser útil a todos, sea porque algunos actos son eficaces para todo el mundo o para personas determinadas que acaso tengan el carácter de terceros, y creando los órganos necesarios para hacer efectiva esa garantía, en este caso es el Registro Público de la Propiedad, quien actuando de acuerdo a los principios registrales enunciados, instrumenta en los hechos el principio constitucional de seguridad jurídica.

Así, la publicidad facilita el crédito, hace visibles las mutaciones más importantes de los patrimonios y toma norma de valor de los inmuebles. Con la publicidad puede establecerse a la vez un criterio para discriminar la buena de la mala fe de quien adquiera derechos sobre un inmueble ajeno y se aspira, asimismo a evitar el peligro de gravámenes ocultos sobre inmuebles.

Pero del examen que realiza la iniciativa del desempeño de los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas, se advierte que la función registral no se está realizando a cabalidad y con ello se hace nugatoria la garantía de seguridad jurídica de la población.

A lo anterior se suman las redes de corrupción existentes al interior y al exterior de algunos registros públicos que se aprovechan de las deficiencias en el funcionamiento de esos organismos para poder obtener beneficios ilícitos, cancelando hipotecas sin la petición correspondiente, registrando bienes sin la prelación obligada, etcétera; en suma, saltándose los principios registrales, causando con ello una mayor incertidumbre de la que ya de por sí producen los registros públicos ineficientes.

Por ello, es que esta Comisión coincide con el contenido de la iniciativa materia del presente dictamen, en un afán de regresar a los gobernados la certeza de que los registros públicos funcionan de manera efectiva y eficiente, proveyendo de la certeza que requieren los actos jurídicos que celebren los ciudadanos.

También se coincide con la solución jurídica expuesta por los proponentes que es que sea el Congreso Federal el que emita una ley general para cumplir con dos propósitos simultáneos:

Ahora, es importante precisar en qué consisten estas facultades concurrentes.

En el sistema jurídico mexicano, si bien se parte del principio rector contenido en el artículo 124 de la Constitución Federal que establece una competencia expresa a favor de la Federación y residual tratándose de los Estados, también es cierto que el propio Órgano Reformador de la Constitución, a través de diversas reformas a dicho ordenamiento, estableció la posibilidad del Congreso de la Unión para que éste fuera quien estableciera un reparto de competencias entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios e inclusive el Distrito Federal en ciertas materias, y éstas son precisamente las facultades concurrentes.

Esto es, que las entidades federativas, los Municipios y la Federación pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichas entidades, a través de una ley.

En efecto, en México se ha denominado leyes-generales o leyes-marco a aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos:

Por tanto, resulta necesario precisar la jerarquía de las leyes generales dentro del orden legal mexicano, para lo cual es preciso atender a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional que dice:

Así, tenemos que el principio de supremacía constitucional se traduce en el hecho de que la Constitución tiene el más alto valor normativo inmediato y directo sobre todas las demás normas de la jurisdicción federal y local. Dicho principio opera como ordenador del resto de la producción jurídica (leyes orgánicas, reglamentarias, ordinarias, locales, Constituciones de los Estados, reglamentos).

Luego, al establecer el artículo 133 en cita, que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de la Constitución y los tratados internacionales expedidos de acuerdo al propio ordenamiento, serán la Ley Suprema de toda la Unión, fija el carácter de subordinación de dichas leyes y tratados frente a la norma constitucional.

Asimismo, del dispositivo constitucional se advierte que hace alusión a las leyes que emanan del Congreso de la Unión (federales) y a las leyes locales o de los Estados. Las primeras, son las que van a ejercer los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las segundas, los tres Poderes de los Estados. Estos dos tipos de leyes son los que forman el orden federal y el orden local.

Empero, nuestro sistema constitucional no establece una preeminencia o superioridad de las leyes federales sobre las leyes de los Estados, pues ambas son de igual jerarquía ante nuestra Constitución, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior se apoya en lo dispuesto por los artículos 40 y 41 constitucionales, en relación con el artículo 133 del propio ordenamiento, pues el pueblo mexicano adoptó una forma de gobierno que es la Federación, compuesta por los Estados libres y soberanos de la República y por el Distrito Federal. Los dos órdenes de gobierno (el federal y el de los Estados) son coextensos y, en consecuencia, se rigen por disposiciones constitucionales y legales distintas, y que en su expresión conjunta dan como resultado una forma de organización jurisdiccional y política denominada Federación, es decir, esta última es la conjunción de estos dos órdenes: el federal y el local o estatal.

Por tanto, ninguno de estos dos órdenes de gobierno es superior al otro, sino que cada uno tiene su jurisdicción, que le atribuye la Constitución Federal.

Sin embargo, aun cuando técnicamente están a la par la Federación y los Estados en cuanto a su orden jurídico, como excepción a esta regla se encuentran las leyes generales, cuyo objeto, como se indicó, es la distribución de competencias en materias concurrentes, por lo que en este caso las leyes locales deben sujetarse a aquellas leyes, pues si bien es cierto que una misma materia queda a cargo de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que el Poder Legislativo Federal es quien tiene la facultad de establecer en qué términos participará cada una de estas entidades.

Dentro de estas materias concurrentes, se propone que se encuentre la relativa a la operación de los registros públicos de la propiedad, por lo que las normas que expidan los Estados, o bien, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre este tema, deben sujetarse a las leyes generales que en dicha materia expida el Congreso de la Unión.

Como lo propone la iniciativa se seguirá conservando a favor de las entidades federativas la regulación de diversas facultades en la materia, tales como el aspecto tributario que sobre los ingresos del registro perciben éstas, o la designación de los funcionarios de dichos registros, la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones, dejando prácticamente sólo al Congreso Federal, legislar los aspectos relativos a la forma y términos del procedimiento de registro, mecanismos de coordinación para la capacitación de los mismos, y otras bases generales más.

Por todo lo anteriormente expuesto, con la intención de que sea eficazmente tutelada la garantía de seguridad de los gobernados, es que esta Comisión estima conveniente realizar la modificación constitucional propuesta.

Segunda.- Si bien es cierto que esta Comisión coincide con el fondo de la iniciativa materia del presente dictamen, discrepa en la redacción propuesta para el decreto, por las razones siguientes.

El texto del decreto propuesto en la iniciativa dice:

Independientemente de lo anterior, conforme al artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Cámaras están facultadas para realizar las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, por lo que en el supuesto de que esta reforma constitucional fuera aprobada de acuerdo con el artículo 135 de la CPEUM, y ya que actualmente se encuentran en trámite de aprobación por las legislaturas de los estados, diversas reformas al mismo artículo 73 de nuestra Carta Magna en sus fracciones XXIX, las Cámaras podrán modificar de fracción XXIX-Ñ a la que corresponda en su orden alfabético.

En segundo lugar, el texto propuesto se refiere el establecimiento de "las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados y el Distrito Federal". Esta Comisión estima que la mención en la redacción propuesta de "de las facultades concurrentes" es inadecuada al ser redundante.

De la lectura de los preceptos constitucionales en los que se prevén las facultades concurrentes se desprende lo siguiente:

En materia de educación:

El artículo 3o., fracción VIII, constitucional, establece lo siguiente:

El artículo 4o., párrafo tercero, constitucional establece.

El tercer párrafo del artículo 27 constitucional dice:

El artículo 73, fracción XXIII, de la Carta Magna, establece:

El artículo 73, fracción XXIX-G, de nuestra constitución, estipula:

El artículo 73, fracción XXIX-I, constitucional, establece:

Como se ve, las palabras "facultades concurrentes" no se encuentran inscritas en los preceptos comentados. Se mencionan solamente: distribuir convenientemente, concurrencia, bases de coordinación, bases sobre las cuales coordinarán sus acciones. En el caso de la redacción propuesta, dice: "Para expedir leyes que establezcan las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes"; entonces, si a la fórmula de "bases generales de coordinación" se le adiciona "de las facultades concurrentes" se estima que es redundante y por tanto innecesaria, ya que la concurrencia queda ya establecida en la frase "bases generales de coordinación", por lo que esta Comisión estima que se suprima de la redacción final del artículo.

En tercer lugar, la iniciativa propone en el texto del decreto del artículo, que la concurrencia se dará para "la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales", lo que se considera incorrecto.

En el cuerpo de la iniciativa se maneja el concepto de Registro Público de la Propiedad y es hasta el texto del decreto que maneja "los registros públicos inmobiliarios y de personas morales", sin que se dé una explicación al manejo de ese concepto así como de su significación, en vez del ya citado de "Registro Público de la Propiedad".

Se estima que es incorrecto el manejo de estos conceptos ya que la inscripción que hace el susodicho Registro Público de la Propiedad va más allá de simplemente bienes inmuebles y personas morales.

El doctor Javier Tapia Ramírez⁶, define al Registro Público de la Propiedad como:

Por ello la frase "registros públicos inmobiliarios y de personas morales" es incompleta y limitativa respecto a la institución que se plantea normar. El concepto de registro público de la propiedad, desarrollado bastamente a través de la doctrina, engloba todas las actividades que el mismo puede realizar, no acudiendo a la enumeración de sus actividades, sino a la institución per se. Por tanto, esta Comisión estima conveniente cambiar el texto propuesto en la iniciativa por el de "Registro Público de la Propiedad".

En cuarto lugar, el texto del artículo propuesto en la iniciativa es incompleto e incongruente con la iniciativa al dejar fuera uno de los niveles de gobierno, el municipal, y la actividad que este realiza y que tiene que ver con la actividad del Registro Público de la Propiedad, y es el catastro.

Menciona textualmente la iniciativa:

Es por lo anterior, que esta Comisión coincide con la iniciativa y estima necesario para una reforma integral de la operación del registro inmobiliario, que sean parte de este sistema de facultades concurrentes en materia registral, los municipios y sus catastros, y es por ello que deben ser considerados en la redacción del artículo del decreto.

Tercera.- Esta Comisión estima necesario que la operación de los registros públicos de comercio sea incluida en la presente reforma, por las siguientes razones:

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, se modificó el capítulo II del título segundo del Código de Comercio de 1889, relativo al Registro de Comercio.

La reforma de 2000, actualmente en vigor y que abarca los artículos 18 a 32 bis, determina cuáles son los actos inscribibles y cuáles las autoridades federales y locales que habrán de operar el registro mercantil en la República Mexicana, bajo lineamientos específicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación (artículo 18). Se advierte que el registro mercantil se halla incorporado al Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía, y que está constituido por un programa informativo, una base de datos central, treinta y dos bases de datos locales, interconectadas y respaldadas electrónicamente, ambos propiedad del gobierno federal. Además, la Secretaría de Economía es quien ha de implantar dicho programa informático mediante el que se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral. Dicha dependencia federal también establecerá los formatos, los datos, requisitos y demás información necesaria para el cumplimiento de la inscripción. Por otro lado, se prevé que en caso de discrepancia o presunción de alteración de la información del registro mercantil, entre la base de datos central y las de los Estados prevalecerá la primera, salvo prueba en contrario (artículo 20). Se regulan las atribuciones de los responsables de las oficinas del registro de comercio, tales como devenir depositarios de la fe pública registral mercantil, facilitar la consulta del registro, expedir certificaciones, operar el programa informático del sistema registral automatizado en la oficina a su cargo, etcétera (artículo 20 bis). Describe el contenido del folio electrónico: nombre, razón social o título; escrituras de constitución o cualesquiera otra modificación, poderes generales, etcétera (artículo 21). Fija las bases del procedimiento para la inscripción: recepción física o electrónica y generación de una boleta de ingreso; análisis de la forma precodificada, verificación de antecedentes registrales, y en su caso, preinscripción de la información; calificación; y emisión de la boleta de inscripción (artículo 21 bis). Establece el número de control expedido por el registro mercantil como criterio de prelación entre derechos sobre dos o más actos relativos a un mismo folio mercantil electrónico (artículo 21 bis 1). Mantiene la "homologación" registral entre la inscripción hecha en el de la Propiedad y en el de Comercio (artículo 22). Ordena la inscripción en el registro mercantil del domicilio del comerciante y, cuando están de por medio inmuebles y derechos reales, aquélla se realizará en el registro mercantil donde se ubiquen dichos bienes o derechos (artículo 23). Reglamenta la inscripción de sociedades extranjeras en el registro mercantil (artículo 24). Determina que los actos inscribibles consten en instrumentos públicos o privados, certificados por notario, corredor o autoridad judicial competente, según corresponda (artículo 25). Regula las condiciones bajo las que los inscribibles constan en documentos o sentencia provenientes del extranjero (artículo 26). Admite el principio de publicidad en su aspecto negativo (artículo 27). Faculta al cónyuge o al derechohabiente alimentario del comerciante para solicitar la inscripción de las capitulaciones matrimoniales cuando ésta las haya omitido (artículo 28). Declara el principio de publicidad material en su expresión afirmativa (artículo 29). Regula la expedición de certificaciones, previo escrito y pago de derechos correspondientes (principio de publicidad formal) (artículo 30). Prescribe que la Secretaria de Economía podrá autorizar el acceso a la base de datos del registro de comercio, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (artículo 30 bis). Prevé los en que los registradores podrán denegar la inscripción como una excepción al principio afirmativo de registro. Permite, además, subsanar los datos para la inscripción en caso de que existan defectos u omisiones (artículo 31). Autoriza la rectificación de los asientos en la base de datos por causa de error material o de concepto, sólo cuando haya divergencia entre el documento donde conste el acto y la inscripción (artículo 32). Puntualiza que la rectificación de errores de concepto de concepto sólo procede mediante consentimiento unánime de los interesados o por resolución judicial (artículo 32 bis).

De la anterior descripción del contenido de los artículos que integran el capítulo II del Código de Comercio se puede inferir:

Entonces, en este marco constitucional, en el que la exclusividad de legislar la materia mercantil, y por ende, la de operar el Registro Público de Comercio, corresponde a la Federación, ¿cómo cabe que el párrafo segundo, del artículo 18 del Código de Comercio otorgue la operación del Registro Público de Comercio tanto a la Secretaría de Economía y a las autoridades responsables del registro público de la propiedad de los estados y del Distrito Federal?

El artículo 18, párrafo segundo, del Código de Comercio en vigor, establece:

Esta Comisión estima que el fundamento de la operación de una misma institución por distintos órdenes de gobierno debe estar establecido en la Carta Magna y no en una ley secundaria. Además, al establecer la facultad concurrente en el texto constitucional, como ya se explicó en la consideración primera de este dictamen, el Congreso de la Unión emite una ley general o marco para regular las facultades de cada nivel de gobierno respecto a una misma institución.

Por todo lo anterior, y para regularizar esta situación que se da en nuestro sistema constitucional, y proporcionarle sustento constitucional a que distintos órdenes de gobierno operen el Registro Mercantil, es que se estima necesario incluir en la presente reforma al Registro Público de Comercio.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACIÓN XXIX-Ñ AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente Decreto.

México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2008.

Notas
1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "seguridad", en Diccionario de la lengua española, t. II, 22ª. Ed., Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 2040.
2. Delfos, Los fines del derecho, p. 47.
3. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "seguridad jurídica", en Diccionario jurídico mexicano, t. P-Z, Porrúa, UNAN, México, 2004, p. 3429 y ss.
4. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Derecho registral, 8ª. ed., Porrúa, México, 2003, p. 61.
5. Landaria, Caldenteney J., citado por Carral y de Teresa, Luis, Derecho notarial y derecho registral,
6. TAPIA RAMÍREZ, Javier, Bienes (Derechos reales, derechos de autor y registro público de la propiedad), Porrúa, México, 2004, p. 420.
7. Ob. Cit., Ibídem.

La Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), presidente; José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, José Jesús Reyna García (rúbrica), Patricia Castillo Romero (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretarios; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar, Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SEÑALA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS DE CINCO, DIEZ, VEINTE Y CINCUENTA CENTAVOS Y DE UNO, DOS, CINCO Y DIEZ PESOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE JUNIO DE 1992

9 de diciembre de 2008

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el diverso que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992.

Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

La Minuta de la H. Cámara de Senadores propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, con el objetivo de reducir los costos de producción por la acuñación de moneda metálica y aprovechar la mayor parte de la materia prima que se utiliza para la producción de cospeles empleados en la acuñación de las monedas.

Menciona la Minuta que la demanda de la moneda metálica ha mostrado un crecimiento anual promedio de 6%, en los últimos años. Asimismo, que el precio de los metales, como el cobre, níquel y zinc, utilizados en las aleaciones con las que se acuñan las monedas que nos ocupan, han presentado una volatilidad anual promedio de aproximadamente el 30%.

Señala la Minuta que las monedas que se proponen modificar mantendrán el mismo cuño, variando solamente el tamaño (que será ligeramente más pequeño) y, para el caso de veinte y cincuenta centavos, la aleación y por consecuencia el color. Adicionalmente, tendrán nuevos tipos de cantos que facilitarán la identificación para las personas invidentes.

Agrega la Minuta que las monedas de las denominaciones de diez, veinte y cincuenta centavos que hoy día se encuentran en circulación, coexistirán por un periodo transitorio con las monedas que se emitirían bajo las características establecidas en la referida iniciativa, por lo que dichas monedas conservarán su poder liberatorio hasta que el Banco de México las retire de la circulación.

Por lo anterior, la Colegisladora considera que es esencial la reforma y adiciones a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reducir los costos de producción por la acuñación de moneda metálica, al utilizar un metal diferente al actual, como lo es el acero inoxidable, cuyo costo ha mostrado un comportamiento más estable que el de los metales utilizados actualmente para las denominaciones que se propone cambiar y aprovechar la mayor parte de la materia prima que se utiliza para la producción de cospeles empleados en la acuñación de las monedas de uno, dos y cinco pesos; ya que al producir los arillos de dichas denominaciones en acero, se estaría obteniendo parte de los cospeles que se utilizarían para las monedas cuyas características se propone modificar.

Consideraciones de la Comisión

Esta dictaminadora considera que es de aprobarse la Minuta sobre la reforma y adición a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos proyecto de Decreto por el que se reforma el diverso que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, ya que tiene como propósitos fundamentales reducir los costos de producción por la acuñación de moneda metálica, al utilizar un metal diferente, acero inoxidable, cuyo costo ha mostrado un comportamiento más estable que el de los metales utilizados actualmente para las denominaciones que se propone cambiar, lo cual reviste gran importancia considerando el entorno internacional de los precios de los metales durante los últimos años. Así como el aprovechamiento de la mayor parte de la materia prima que se utiliza para la producción de cospeles utilizados en la acuñación de las monedas de uno, dos y cinco pesos; ya que al producir los arillos de dichas denominaciones en acero, se estaría obteniendo parte de los cospeles que se utilizarían para las monedas cuyas características se propone modificar.

De lo anterior, esta Comisión que dictamina estima conveniente la aprobación de la Minuta, toda vez que las monedas de las denominaciones de diez, veinte y cincuenta centavos que hoy en día se encuentran en circulación, coexistirían por un periodo transitorio con las monedas que se emitirían bajo las características establecidas en esta iniciativa, las cuales podrán comenzar a acuñarse a los tres meses siguientes de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el presente Decreto.

Esta Comisión considera adecuado que las monedas objeto de la presente minuta, mantengan el mismo cuño, variando solamente el tamaño (ligeramente más pequeño) y, para el caso de veinte y cincuenta centavos, la aleación y por consecuencia el color. Adicionalmente, se coincide en que tengan nuevos tipos de cantos (ranura perimetral, estriado discontinuo y estriado), que facilitarán la identificación para las personas invidentes, cumpliendo así lo establecido en el artículo 5 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo el cuño, es decir, las características físicas como la denominación y los diseños alusivos a la Piedra del Sol, permanecen como los actuales.

Asimismo, la dictaminadora estima necesario que las monedas actualmente en circulación, de diez, veinte y cincuenta centavos, conserven su poder liberatorio hasta que el Banco de México las retire de la circulación y, consecuentemente, junto con las nuevas, podrán entregarse, durante este plazo, de manera indistinta, para el pago de obligaciones en moneda nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

En adición, la que dictamina considera conveniente que una vez que las piezas actuales se retiren de la circulación y por lo tanto, pierdan su poder liberatorio, el Banco de México lo hará del conocimiento del público y establecerá un tiempo de canje a fin de evitar un daño en la economía de los ciudadanos, mediante un aviso que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión estima necesaria la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el diario oficial de la federación el 22 de junio de 1992, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992.

Artículo Único. Se reforma el ARTÍCULO TERCERO del "Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, para quedar en los términos siguientes:

"ARTÍCULO TERCERO. ...

MONEDA DE CINCO CENTAVOS

...

...

...

...

A) a C) ...

CUÑOS:

...

...

CANTO: ...

MONEDA DE DIEZ CENTAVOS

CUÑOS:

CUÑOS:

CUÑOS:

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las monedas a que se refiere el presente Decreto podrán comenzar a acuñarse a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Las monedas de diez, veinte y cincuenta centavos previstas en el Decreto referido en el Artículo Único, cuyas características se modifican, continuarán con el poder liberatorio que les señala el artículo 5o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que sean retiradas de la circulación por el Banco de México.

Cuarto. El Banco de México deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se indique que las piezas referidas en el artículo anterior ya han sido retiradas de la circulación, fijando el plazo necesario para realizar su canje.

Sala Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 9 de diciembre de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; Moisés Alcalde Virgen, José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO QUE AUTORIZÓ AL EJECUTIVO FEDERAL PARA FIRMAR, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO, EL TEXTO DEL CONVENIO SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

9 de diciembre de 2008

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

Dictamen

Descripción de la Minuta

En la Minuta se señala que el Fondo Monetario Internacional es un organismo financiero internacional creado en 1944 y del cual México es miembro desde su fundación, toda vez que el 31 de diciembre de 1945 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se autorizó al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

Por lo anterior, el Congreso de la Unión aprobó el citado Decreto, el organismo ha llevado a cabo un total de 12 revisiones generales de cuotas de los países miembros, con una periodicidad promedio de 5 años, en las cuales ha evaluado la necesidad de aumentar sus recursos y de modificar la distribución relativa de las cuotas.

En la Minuta se señala que desde la firma del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, el Congreso de la Unión ha reformado en diversas ocasiones el Decreto mencionado, a fin de incorporar las revisiones de la cuota. Dichas reformas han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de octubre de 1959, 13 de enero de 1965, 21 de noviembre de 1970, 31 de diciembre de 1976, 2 de enero de 1980, 12 de diciembre de 1983, 7 de enero de 1991, 5 de enero de 1999 y 8 de mayo de 2007.

Conforme a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó el 18 de septiembre de 2006 la Resolución No. 61-5, la cual establecía un aumento selectivo de cuotas, dirigido a aquellos países emergentes que, como resultado de su desempeño económico, registraban una importante desalineación de sus cuotas en relación a su participación en la economía mundial. Los países beneficiarios de este aumento (México, China, Corea y Turquía) fueron seleccionados a partir de indicadores tales como el Producto Interno Bruto (PIB), el nivel de reservas internacionales, el grado de apertura externa y la variabilidad de los ingresos en la cuenta corriente.

En la resolución se contempla un paquete de reformas para los dos años siguientes. Dicho paquete propone la instrumentación de un segundo aumento selectivo de cuotas basado en una nueva fórmula para asignar las cuotas a los países miembros de acuerdo a su importancia relativa en la economía mundial, un aumento en el número de votos básicos y el diseño de mecanismos para mejorar la representatividad de los países de bajos ingresos.

Con fecha 8 de mayo de 2007 el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el incremento de la cuota propuesta para México por una cantidad de 567 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Como resultado del mismo, la cuota de nuestro país pasó de 2,585.8 a 3,152.8 millones de DEG y su participación en las cuotas totales de la institución aumentó de 1.21 a 1.45 por ciento.

Ahora bien, en la Minuta se propone aprobar la enmienda al Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de ampliar las facultades de inversión de la institución, de conformidad con la Resolución 63-3 aprobada por la Junta de Gobernadores el 5 de mayo de 2008.

La resolución 63-2 contiene tres elementos:

Es importante destacar que, de ser aprobado el incremento de la cuota, el 25 por ciento deberá pagarse en DEG o en monedas de libre uso y el 75 por ciento restante en moneda nacional. El 25 por ciento del aumento de la cuota pagadero en divisas, forma parte de las reservas internacionales del país, al constituirse lo que se conoce como "tramo reserva", lo cual únicamente implica un cambio en la composición de dichas reservas y no significa un desembolso para el país. Por otra parte, la aportación del 75 por ciento en moneda nacional se realizaría a través de un depósito en la Cuenta No. 1 del Fondo Monetario Internacional en el Banco de México, el cual es un registro en una cuenta de orden dentro de la contabilidad del banco central, que no implica una erogación presupuestal ni para la Federación ni para el Banco de México. Tampoco disminuyen las reservas internacionales de este Instituto Central, ni se ve afectada su situación financiera, ya que el incremento de la cuota significa únicamente un intercambio de activos.

La otra enmienda propuesta al Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional, plasmada en la Resolución 63-3 y aprobada por la Junta de Gobernadores el 5 de mayo de 2008, busca contribuir al alcance de estos objetivos. Dicha enmienda propone ampliar las facultades de inversión de la institución, a fin de contar con fuentes de ingresos más predecibles y estables para financiar las diversas actividades del Fondo, tanto financieras como de provisión de bienes públicos.

El nuevo modelo de ingresos contempla también el establecimiento de un fondo con las ganancias de la venta de una parte del oro, 403 toneladas métricas, propiedad de la Institución, con el objetivo de generar ingresos adicionales, pero conservando su valor en términos reales. Las ganancias derivadas de dicha venta se depositarían en la Cuenta de Inversión del organismo, para aprovechar la ampliación de sus facultades de inversión y se invertirían en un fondo especial para generar un rendimiento que contribuya a fortalecer sus ingresos.

Como complemento a las medidas para fortalecer los ingresos, se aprobó un austero presupuesto de mediano plazo que tiene como elemento central la reducción de 100 millones de dólares por año en los gastos administrativos en términos reales. En este contexto, se reorientarán las actividades del organismo a las áreas en las que tiene ventajas comparativas y se administrarán los recursos de una manera más eficiente. Por otra parte, se mantiene el compromiso de atender las necesidades de los países miembros de menores ingresos, se incrementarán los recursos para la supervisión tanto regional como multilateral y continuarán los programas de capacitación.

Consideraciones de la Comisión

La que dictamina considera que es de aprobarse la Minuta, ya que México es miembros del Fondo Monetario Internacional, a partir de la suscripción del Convenio de Bretton Woods, E.U.A., aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945, nuestro país está obligado al cumplimiento de sus resoluciones, como es el caso de las Resolución No. 63-2 y la 63-3, aprobadas por la Junta de Gobernadores el 28 de abril de 2008 y el 5 de mayo de 2008, respectivamente, ya que se esta acuerdo con el contenido de la Minuta, toda vez que:

La revisión de cuotas permitiría que México permanezca en la décimo sexta posición de entre 185 países miembros, alcanzada con el primer incremento selectivo.

La representación de México, integrada por España, Venezuela y cinco países de Centro América, pasaría de la octava a la quinta posición, en términos de los votos totales, detrás solamente de las de Estados Unidos, Alemania, Japón y Bélgica.

El otorgamiento a México de este segundo incremento selectivo en su cuota representa un reconocimiento a la creciente importancia de nuestro país en la economía mundial en los últimos años.

El mayor poder de voto implicaría una mayor influencia de México en la toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional, incluyendo la definición de cambios estratégicos con posibles repercusiones globales.

La ampliación de la autoridad de inversión, junto con otras medidas para fortalecer el modelo de ingresos del Fondo Monetario Internacional, permitiría a esta institución contar con fuentes de ingresos más previsibles para financiar sus actividades, tanto financiera como de bienes públicos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisión Dictaminadora someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional

Artículo Primero. Se reforma el artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U.A., publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1945, para quedar como sigue:

"Artículo 3o. El Banco de México efectuará la aportación de los Estados Unidos Mexicanos al Fondo Monetario Internacional. La citada aportación será hasta por la cantidad equivalente a tres mil seiscientos veinticinco millones, setecientos mil derechos especiales de giro."

Artículo Segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto del Banco de México, para que, en representación de los Estados Unidos Mexicanos, actualice las aportaciones al Fondo Monetario Internacional por una cantidad de cuatrocientos setenta y dos millones novecientos mil derechos especiales de giro, conforme a los términos establecidos en la Resolución No. 63-2, de fecha 28 de abril de 2008, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo Primero de este Decreto.

Artículo Tercero. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que en representación del Gobierno de México, acepte las enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional conforme a las Resoluciones 63-2 y 63-3 aprobadas por la Junta de Gobernadores el 28 de abril de 2008 y el 5 de mayo de 2008, respectivamente.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto García González, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica en contra), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen, José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO

9 de diciembre de 2008

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta Proyecto de Decreto por el se que reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.

Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

La Minuta de la H. Cámara de Senadores propone reformar el artículo 2° de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, con el fin de que nuestro país aporte a las Decimocuarta y Decimoquinta Reposiciones de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento. Estas aportaciones constituyen un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Grupo del Banco Mundial, además de representar una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de la asistencia que brindan las instituciones financieras multilaterales y de ser un factor determinante en la generación de una corriente de recursos financieros concesionales que favorecen el proceso de desarrollo de los países que carecen de acceso a recursos financieros en el mercado internacional en términos razonables.

Señala la Minuta que la Asociación Internacional de Fomento ("AIF"), es un organismo financiero internacional filial del Banco Mundial, creado en el año de 1960, con el objetivo de ayudar a elevar el nivel de vida de los países miembros en desarrollo más pobres, a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales. La AIF se ha constituido durante estos últimos años como uno de los mecanismos más importantes de financiamiento concesionario para los países en pobreza extrema. Desde de su creación, ha otorgado créditos a 106 países por un monto aproximado de 182 mil millones de dólares.

Menciona la Minuta que la AIF es una de las mayores fuentes de asistencia para los países más pobres del mundo, 39 de los cuales se encuentran en África. Prácticamente todos los créditos de la Asociación no devengan intereses y el reembolso se extiende por un período de 35 a 40 años, incluido un período de gracia de 10 años. La AIF además otorga donaciones a los países en riesgo de quedar agobiados por la deuda y brinda asimismo, servicios financieros y de asistencia técnica a los países elegibles de recibir recursos para apoyar sus prioridades y necesidades.

Agrega la Minuta que con objeto de hacer más eficiente el uso y destino de sus recursos, la AIF realiza sus asignaciones con base en indicadores de desempeño, monitoreo y evaluación de resultados, las cuales son revisadas en el marco de cada reposición de recursos.

Indica la Minuta que México ha sido miembro de la Asociación Internacional de Fomento desde su establecimiento y sus relaciones con la misma quedaron señaladas en la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha Asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.

La Minuta en comento señala que la suscripción inicial de México fue 8’740,000.00 (ocho millones setecientos cuarenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, lo que correspondió al 0.874% del total. México ha participado en todas las reposiciones (trece reposiciones) a partir de la Quinta Reposición y a la fecha ha contribuido con 167.92 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Comenta la Minuta que para dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, la Asamblea de Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento, mediante resolución número 209, aprobó la Decimocuarta Reposición de Recursos (AIF 14) de este organismo, por un monto de 24,200’000,000 (veinticuatro mil doscientos millones) Derechos Especiales de Giro¹ (DEG), mismos que serán utilizados para cubrir su programa de operaciones durante el período comprendido entre los ejercicios 2005 y 2008. La Minuta señala que México contribuirá en esta Reposición con el 0.05% del total de las aportaciones de los donantes; esto equivaldría a 7’070,000 DEG.

Asimismo, la Asamblea de Gobernadores de la Asociación autorizó mediante resolución número 219 la Decimoquinta Reposición de Recursos (AIF 15), por un monto de 27,300’000,000 (veintisiete mil trescientos millones) DEG, mismos que serán utilizados para cubrir su programa de operaciones durante el período comprendido entre los ejercicios 2009 y 2011. De igual manera, la Minuta subraya que en esta ocasión México contribuirá con el 0.05% del total de las aportaciones de los donantes tomando como base lo que sería su contribución en la decimocuarta reposición, lo cual equivaldría a 10’180,000 DEG.

Cabe señalar, que dado que México registró una tasa de inflación menor al 10% durante el período 2001-2006, nuestra aportación en ambas reposiciones se realizará en moneda nacional, lo cual equivaldría para AIF 14 a 118 millones de pesos y para AIF 15 a 169.58 millones de pesos.

También señala la Minuta que las aportaciones de nuestro país a las Decimocuarta y Decimoquinta Reposiciones de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento, constituyen un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Grupo del Banco Mundial, además de representar una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de la asistencia que brindan las instituciones financieras multilaterales y de ser un factor determinante en la generación de una fuente de recursos financieros concesionales que favorecen el proceso de desarrollo de los países que carecen de acceso a recursos financieros en el mercado internacional en términos razonables.

Por último, la Minuta destaca que la Asociación Internacional de Fomento constituye un elemento fundamental dentro de la iniciativa de la comunidad financiera internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados, y la Iniciativa de Condonación de Deuda Multilateral, ya que la ejecución de estos mecanismos de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

Consideraciones de la Comisión

Esta dictaminadora considera que es de aprobarse la Minuta sobre la reforma al Artículo 2° de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, toda vez que las aportaciones de nuestro país a las Decimocuarta y Decimoquinta Reposiciones de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento, será un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Grupo del Banco Mundial.

Esta Comisión coincide en que en los recursos de la AIF provienen principalmente de las aportaciones que hacen los gobiernos de los países donantes.

La que dictamina destaca que el número de donantes ha aumentado con el tiempo, y que actualmente éstos suman 45 y comprenden países desarrollados y países en desarrollo de ingreso medio. Otras fuentes de financiamiento son los reembolsos de los créditos pendientes, los ingresos de las inversiones de la AIF y las transferencias que realizan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI).

La Comisión dictaminadora conviene en resaltar que la suscripción inicial de México fue de 8’740,000.00 (ocho millones setecientos cuarenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, lo que correspondió al 0.874% del total. México ha participado en todas las reposiciones (trece reposiciones) a partir de la Quinta Reposición y a la fecha ha contribuido con 167.92 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Es importante señalar que a partir de la sexta reposición, la Asociación Internacional de Fomento ha venido otorgando sus créditos en DEG, en tanto que las aportaciones de los países, en su mayoría, se solicitaban en Moneda Nacional; lo cual originó la merma del valor real de las reposiciones debido a las fluctuaciones cambiarias de las monedas de los países donantes. Por ello, la Asociación Internacional de Fomento solicitó el apoyo de los países para denominar sus contribuciones en DEG para evitar la pérdida de valor real de las contribuciones, así como brindar un marco de referencia estable para sus operaciones de financiamiento.

La que dictamina considera conveniente que México contribuya en las Decimocuarta y Decimoquinta Reposiciones de Recursos con el 0.05% del total de las aportaciones de los donantes; lo que equivaldría a 7’070,000 DEG y 10’180,000 DEG respectivamente.

Es importante subrayar que la Asociación Internacional de Fomento constituye un elemento fundamental dentro de la iniciativa de la comunidad financiera internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados, y la Iniciativa de Condonación de Deuda Multilateral, ya que la ejecución de estos mecanismos de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión estima necesaria la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el se que reforma el Artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, modificada por Decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993, 7 de mayo de 1997 y 01 de junio de 2001 para quedar como sigue:

Artículo 2. Se autoriza al Gobierno Federal para que por conducto del Banco de México efectúe las siguientes aportaciones a la Asociación Internacional de Fomento hasta por el equivalente en Derechos Especiales de Giro, que a continuación se indican:

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:
1. Los Derechos Especiales de Giro sirven como unidad de cuenta del FMI y otros organismos internacionales. Su valor está basado en una canasta formada por las principales monedas del mundo (dólar de los Estados Unidos de América, el euro, la libra esterlina y el yen japonés). Para fijar el valor del DEG de las reposiciones AIF 14 y AIF 15 se convino utilizar el tipo de cambio medio diario en un periodo de tiempo determinado.

Sala Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 9 de diciembre de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica en abstención), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; Moisés Alcalde Virgen, José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

9 de diciembre de 2008

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

La Minuta de la H. Cámara de Senadores propone reformar el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que considera como prioridad que la banca privada dote de más y mejores servicios a los usuarios de los servicios financieros, de manera sencilla y a tarifas competitivas.

Menciona la Minuta que en junio de 2007, se promulgó la nueva Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, aprobada por el Congreso de la Unión el 25 de abril de ese año, lo que sin duda significó un avance para beneficio de los usuarios de los servicios financieros, al ofrecer mayor transparencia respecto al cobro de comisiones sobre créditos, prestamos o financiamientos que otorgan las entidades financieras.

Sin embargo, señala la minuta, es necesario seguir adecuando la legislación, con el fin de fortalecer la protección de los intereses del publico usuario, para no dañar sus derechos patrimoniales fundamentales y para brindarles una mayor certidumbre jurídica, sobre todo en lo que se refiere a las actividades denominadas pasivas, que son aquellas a través de las cuales los bancos captan del público, por medio del ahorro o inversión, los capitales que se encuentran ociosos o sin ocupación productiva inmediata.

Agrega la minuta que comúnmente para la custodia de los ahorros se elige a las instituciones financieras y se firman con ellas un contrato en el cual se establecen la forma, los términos y condiciones, por lo que cuando se ahorra o se invierte, normalmente se espera que el dinero se encuentre en buenas manos, que se proporcione algún rendimiento para soportar lo mejor posible los embates de la inflación y se pueda disponer de él en el momento en que se necesite, ya sea el cuentahabiente titular o quienes este determine en ese contrato, pero nunca con la intención de que dicho patrimonio quede en manos de las instituciones financieras.

La Minuta en comento señala que en la Ley de Instituciones de Crédito, se prevé la figura de "beneficiario", que es la persona que se ve beneficiada por la entrega de los saldos en las cuentas de ahorro e inversión en caso de que el titular de la cuenta llegue a fallecer, por lo que al firmar un contrato para la designación de esos beneficiarios, el titular confía en que ello constituye una prueba plena de la expresión de su voluntad. Ello es así, toda vez que en cualquier momento puede nombrar nuevos beneficiarios, anular los que tiene designados o variar el porcentaje establecido para cada uno de ellos.

Subraya la Minuta que aunque tal designación se supondría que brinda tranquilidad o seguridad jurídica para quienes el titular designa como beneficiarios, se indica que la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 56 vigente, atenta en contra de la voluntad del titular y de su patrimonio, al establecer límites en la entrega del dinero y obligar que se siga un juicio sucesorio que en ocasiones resulta largo y costoso.

En ocasiones, señala la Minuta, al llenar los documentos que proporciona la institución bancaria no se toma el debido cuidado al designar los beneficiarios; o por no ser obligatoria solicitar este requisito, el personal de las instituciones bancarias lo omiten. En casos como estos, se agrega que debiera de ser un juez el que determine a quien entregar ese dinero; en caso contrario y cuando los beneficiarios y la voluntad del titular están plenamente determinados, el único requisito para la entrega debiera ser el demostrar plenamente que el titular ha fallecido.

En este sentido, la Minuta señala que el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, determina límites en la entrega del dinero que las instituciones financieras deben hacer a los beneficiarios, es decir, no se les proporciona la totalidad de los recursos existentes, sino tan solo la cantidad equivalente a 20 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, elevada al año o si la cantidad depositada es inferior a éste monto, se le entregará el 75% del total. Por lo que respecta al 25% restante, para determinar su asignación, se tiene que recurrir a un juicio sucesorio, con los costos e implicaciones jurídicas que esto conlleva.

Por lo anterior, la Colegisladora considera que es esencial la reforma al artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de fortalecer la protección de los usuarios para no dañar sus derechos patrimoniales.

Consideraciones de la Comisión

Esta dictaminadora considera que es de aprobarse la Minuta sobre la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene como objetivo la protección de los intereses del público usuario y brindarles una mayor certidumbre jurídica, sobre todo en lo que se refiere a las actividades denominadas pasivas.

De lo anterior, esta Comisión que dictamina estima conveniente la aprobación de la Minuta, toda vez que el respeto a los contratos es esencial para conseguir el desarrollo y solidez que el sistema financiero mexicano requiere.

Esta Comisión considera adecuado que en la Ley de Instituciones de Crédito, se prevé la figura de beneficiario, toda vez que dicha figura es la persona que se vera beneficiada por la entrega de los saldos en las cuentas de ahorro e inversión en caso de que el titular llegue a fallecer.

Asimismo, la dictaminadora estima necesario que en caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregue el importe correspondiente a quien el titular hubiera designado, expresamente y por escrito como "beneficiario" en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

En adición, la que dictamina considera conveniente que en el supuesto que no existieran beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión estima necesaria la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito

Único. Se reforma el artículo 56 del Capítulo II "De las Operaciones Pasivas" de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 56. El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 9 de diciembre de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto García González, Camerino Eleazar Márquez Madrid, José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salud (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen, José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica en contra), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera, Jorge Alejandro Salum del Palacio, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

La Comisión de Defensa Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 45 numerales 6, incisos "f" y "g" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87,88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente proyecto de dictamen, bajo los siguientes:

Antecedentes

El diputado promovente en sus argumentos centrales expone que:

"Las Leyes no se mejorarían nunca si no existieran numerosas personas cuyos sentimientos morales son mejores que las Leyes existentes", dijo alguna vez un filósofo inglés. Nosotros decimos, Es cierto. Y por eso y para eso, estamos aquí.

El atroz acontecimiento ocurrido casi exactamente hace un año, (9 de septiembre de 2007), en la carretera Monclova-Cuatro Ciénegas a la altura del ejido Celamanía, Nadadores, Coahuila, ha pasado a la historia de nuestro país como el más grave incidente carretero de los últimos tiempos. La vida de decenas de personas, (29), padres, madres, hijos, hijas, nietos abuelos, fue aniquilada en un instante. No hubo agonía, no hubo congoja, tampoco sazón o desazón previo; pero de igual forma no hubo cuidado, pericia, vigilancia, cumplimiento, sensatez, prudencia ni templanza, en quien condujo el trailer explosivo, en quien lo cargó, en quien le permitió pasar sin revisarlo, en quien no colocó los aditamentos de seguridad, en quien, en una palabra, no cumplió la Ley.

El día 18 de septiembre de 2007, poco después de la tragedia, fecha en la cual el diputado Jericó Abramo Masso subió a la tribuna más alta de la nación para presentar la iniciativa que hoy se dictamina, no lo hacia a titulo personal; cada persona herida en este evento, cada familia de quienes desgraciadamente fallecieron, y también, cada uno de los legisladores que integramos la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estamos seguros, compartimos los argumentos vertidos en el documento objeto de estudio; no obstante la alta responsabilidad de legislar nos impone dictaminar con integridad.

En la vida cotidiana, cada mañana, cada tarde, a cada rato escuchamos de un crimen cometido, de un atraco, de un robo, de una violación, de un secuestro; y por irónico que parezca existe una ley al respecto que lo estipula y sanciona, o dicho de otra manera que lo describe y que amenaza penal o de cualquier otra forma jurídica correspondiente tanto judicial como legalmente, a quien realice esa acción u omisión, y sin embargo como se dijo líneas atrás, todos los días acontece.

En este sentido entendemos muy bien lo planteado por el promovente al manifestar que "decir que las Leyes y las Normas ya lo contemplan es falso", ya que cuando aún existiendo la Ley, Reglamento, Norma, o demás que previene la comisión de una conducta antisocial esta se actualiza, estamos ante una Ley, Reglamento, Norma o demás, FALSA. No obstante es innegable que efectivamente existen numerosos ordenamientos legales que ya prevé n circunstancias específicas tendientes a evitar catástrofes como la de Cuatro Ciénegas en comento.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, dictaminada, votada, aprobada y remitida al Ejecutivo Federal para su publicación por el Congreso de la Unión del cual ahora nosotros formamos parte, establece en su artículo primero que tiene por objeto regular los servicios de autotransporte federal que operan en los caminos y puentes que entronquen con algún camino de país extranjero; que comuniquen a dos o más estados de la Federación o bien que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación, con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

Asimismo establece entre otras situaciones, las que a continuación se anotan:

En este sentido el Estado Mexicano cuenta con un Reglamento que contiene varias de las exigencias de la sociedad, a propósito del transporte de explosivos, y muy acorde con las propuestas expresadas por el legislador promovente: "El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos".

Este documento plasma, solo por apuntar algunos ejemplos:

De igual manera las Normas Oficiales Mexicanas, las que están sustentadas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y por los distintos cuerpos legales que a ellas remiten, reúnen numerosas disposiciones relacionadas con el transporte de explosivos y material peligroso:

En dicha reunión fue aseverado por el diputado Abramo:

Es muy importante señalar que el diputado Jericó Abramo Masso señaló aceptar la recomendación de miembros de esta Comisión de Defensa Nacional de eliminar el convoy militar del numeral 3 de su iniciativa propuesta, lo que posteriormente sustento mediante oficio s/n de fecha 24 de julio del actual enviado a la Presidencia del mismo órgano legislativo.

Por último en esta reunión expresaron su punto de vista respecto al objeto de trabajo las dependencias del Ejecutivo Federal invitadas, manifestando compartir la preocupación del Poder Legislativo Federal respecto a este tema; sin embargo consideraron de manera generalizada el que las propuestas contenidas en la iniciativa ya se encuentran cubiertas por distintos ordenamientos jurídicos.

Consideraron que la legislación vigente se adecua a la propuesta del legislador, sin omitir que pueden llevarse a cabo acuerdos de colaboración entre dependencias tanto estatales como federales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en la materia.

Por parte de la SCT se manifestó específica mente contar con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte, que reúne a autoridades de las distintas dependencias, quienes son expertos en la materia; es por eso que primero la SCT otorga los permisos y después la Sedena, y así la coordinación entre ambas dependencias existe en los hechos.

La representación de la Semar señaló que de establecerse medidas de seguridad para evitar que crucen los vehículos de transporte con carga explosiva o de alto riesgo por poblaciones, así como bloqueos de calles y carreteras por las cuales transiten, y valorando la cantidad de vehículos o empresas que se dedican a este tipo de transportes, se tendrían que construir carreteras especiales para el transporte de material peligroso, en donde no existieran, invadiendo las facultades que le competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el hecho de que el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos ya prevé regulación al respecto:

Los invitados asistentes de la Sedena expresaron en cuanto a conferir a la propia dependencia atribuciones para expedir permisos en materia de transporte, es conferirle una atribución con la que ya cuenta de conformidad con el artículo 60 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) vigente.

En referencia a la jornada laboral, se puntualizó que este aspecto es regulado hoy día por el artículo 62 Bis del Reglamento de Tránsito en Carreteras, expedido por la SCT, por lo que se tiene cubierta esta propuesta, añadiendo que existe una bitácora de horas de servicio del conductor, y que es el registro diario que contiene el tiempo efectivo de conducción; "los conductores deberán respetar las jornadas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en los tratados, acuerdos y convenios internacionales", de ahí que si no se respetaran esas jornadas con referencia en la Bitácora mencionada se deberá de retirar la licencia correspondiente al conductor de la unidad de transporte.

De todo lo expuesto anteriormente esta Comisión de Defensa Nacional establece las siguientes:

Conclusiones

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Artículo Único. Se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

"Artículo 61. La transportación que se derive de permisos concedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional a personas o negociaciones, para realizar alguna o algunas de las actividades señaladas en este Titulo, deberá ajustarse a las medidas de seguridad que se precisen en los permisos, así como, las que establezcan las Leyes, Reglamentos y Normas aplicables en materia de transporte de materiales peligrosos y explosivos.

Si por el incumplimiento de las medidas de seguridad que establece esta Ley y los ordenamientos aplicables a la transportación de materiales peligrosos y explosivos se causare un siniestro que produzca lesiones, muertes o destrucción de inmuebles, será suspendido o cancelado el permiso de manera inmediata al Titular de éste, sin ser limitativo para la aplicación de otras Leyes u ordenamientos respectivos".

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís, César Flores Maldonado, Javier González Garza, Jesús R. Morales Manzo, Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez, Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, David Sánchez Camacho (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 22, Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta H. Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Antecedentes

La Minuta materia del presente dictamen tiene por objeto reformar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22 y el primer párrafo del artículo 27, ambas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el párrafo segundo de la fracción III del artículo 22 se propone instituir que los comités (de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal), establecerán en sus políticas, bases y lineamientos los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos o servicios con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales.

Por su parte, se propone que en el primer párrafo del artículo 27 se establezca que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.

En síntesis, lo que se pretende es fomentar acciones en la adquisición del Estado para la preservación del medio ambiente.

Consideraciones

Primera. El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, el párrafo tercero del artículo en comento establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Segunda. El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las disposiciones de esa ley son orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Tercera. Esta Comisión dictaminadora coincide con lo que el Senado de la República aprobó en la Minuta de mérito, pues considera de vital importancia que se establezca en la ley de la materia, que en la especie es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, disposiciones que obliguen a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a considerar en las compras que realizan o en la prestación de servicios que solicitan, aspectos ambientales como los que se incluyen en los artículos que se pretenden reformar.

Cuarta. Por lo tanto, se coincide plenamente con la necesidad de tomar medidas para privilegiar el uso de tecnologías que permitan mitigar los efectos nocivos de los contaminantes y que busquen a su vez la eficiencia energética, por lo cual es pertinente que se le faculte a los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades para que establezcan en las políticas, bases y lineamientos que expiden, aspectos que prevean esta situación.

Quinta. Asimismo, la reforma propuesta y aprobada por el Senado de la República al artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es viable en cuanto a que se refiere que la protección al medio ambiente debe ser tomada en cuenta respecto a las adquisiciones, arrendamientos y servicios que el Estado se adjudica a través de las licitaciones públicas (regla general), además de las otras condiciones que dicho precepto legal también prevé.

Sexta. En resumen, la Comisión que suscribe considera que la propuesta contenida en la Minuta de mérito es benéfica para el sistema de adquisiciones del sector público en relación con la protección al medio ambiente, pues busca que el aspecto ambiental esté presente dentro de los procedimientos de contratación que lleva a cabo el Estado.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, ponen a su consideración el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Del Sector Público

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Jesús Arredondo Velázquez, Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez.