Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2653-I, jueves 11 de diciembre de 2008.

Comunicaciones Proposiciones de acuerdo Oficios Minutas Iniciativas Efemérides Dictámenes negativos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones
DE LA MESA DIRECTIVA

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presentes

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria el 10 de diciembre del año en curso, de las siguientes Comisiones:

Defensa Nacional

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la militarización, los derechos humanos y el estado de derecho en Sinaloa. Función Pública Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a comprometerse con la legalidad y la transparencia a fin de evitar el uso indebido de programas y recursos públicos para el desarrollo social durante el proceso electoral interno del PRD en Zacatecas.

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas y al SAE a realizar las acciones conducentes a comercializar bienes a los municipios como apoyo de la gestión de los gobiernos locales.

 Salud Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un estudio para determinar la relación entre la ingesta de comida de alto contenido calórico y escaso valor nutricional y su publicidad en los medios de comunicación masiva.

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de México que rinda un informe sobre la situación que guarda el hospital para enfermos crónicos Doctor Gustavo Baz Prada.

 Seguridad Social Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a considerar mayor inversión de recursos en San Fernando, Tamaulipas, para mejorar la calidad de los servicios de salud y subsanar las deficiencias en prestaciones sociales.

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar que presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía la documentación donde conste la autorización de comisiones sobre saldo que aplican las Afore.

 Trabajo y Previsión Social Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a emprender las acciones necesarias a fin de que en los actos que promueva considere por lo menos 5 por ciento de los espacios para las personas con discapacidad y sus organizaciones civiles.

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a establecer una mesa de diálogo para solucionar la huelga.

 Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
Presidente
 
 
 

DEL DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ STABROS

Palacio Legislativo, a 8 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 65, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el numeral 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y demás relativos y aplicables, solicito tener a bien someter a consideración del Pleno de la Cámara de diputados se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal por tiempo indefinido a partir del próximo 11 de diciembre del presente año, reservándome el derecho de revocar dicha licencia en el momento y por las causas que a mis intereses convengan.

Aprovecho para agradecer a usted y a todos mis compañeros legisladores las atenciones recibidas durante esta histórica legislatura, al tiempo de reiterarle a mi más alta consideración.

Atentamente
Jesús Ramírez Stabros (rúbrica)
Diputado Federal
 
 
 

DEL DIPUTADO JUAN ENRIQUE BARRIOS RODRÍGUEZ

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Meda Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente

Solicito atentamente tenga a bien someter ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en la sesión del jueves 11 de diciembre del presente año, mi solicitud de licencia para separarme por tiempo indefinido del cargo de diputado federal de la LX Legislatura a partir del 1 de enero de 2009.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención al respecto y me reitero como siempre a sus órdenes.

Atentamente
Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica)
Diputado Federal
 
 
 

DEL DIPUTADO ÁNGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Por este conducto, hago de su conocimiento que a partir del jueves 11 de diciembre del presente, me incorporo a mis actividades en el cargo de diputado federal a la LX Legislatura.

Agradezco la atención a la presente y le reitero un fraternal saludo.

Cordialmente
Diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica)
 
 






Proposiciones de acuerdo

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A NOMBRAR CON LA MAYOR BREVEDAD AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia del objeto del presente, que formulan a este órgano de gobierno los diputados Alejandro Chanona Burguete y Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, por lo que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en uso de las facultades que le concede el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nombre con la mayor brevedad al nuevo titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Palacio Legislativo.- México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de 2008.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE TURNE A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES LAS INICIATIVAS DE LEY O DECRETO Y LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO REGISTRADAS EN EL ORDEN DEL DÍA QUE NO ALCANCEN A SER DESAHOGADAS EN EL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LX LEGISLATURA

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Que en el transcurso del actual periodo de sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados ha realizado sus trabajos en el tenor que estableció el calendario de sesiones que elaboró la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que fue aprobado por el Pleno en su sesión del 9 de septiembre del mismo año.

2. Que, no obstante haber celebrado los trabajos programados, la actividad y el interés que los grupos parlamentarios manifestaron en sus actividades legislativas se incrementó considerablemente, lo cual se reflejó en el creciente registro de iniciativas de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo.

3. Que, en virtud de que en breve se llevará a cabo la clausura del actual periodo de sesiones, la gran cantidad de iniciativas y de proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día no podrán ser desahogadas ante el Pleno, por lo cual este órgano de gobierno, en el ánimo de darles curso y trámite para que dichos asuntos no queden como temas pendientes, somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través su Presidencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que turne a las comisiones correspondientes todas las iniciativas de ley o decreto y las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día que no alcancen a ser desahogadas en el actual primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Asimismo, la Presidencia de la Mesa Directiva publicará en la Gaceta Parlamentaria una lista donde señale el turno que se dictó a cada iniciativa o proposición.

Segundo. La diputada o el diputado que tenga interés en retirar su iniciativa o su proposición y que no se le dé trámite contará con un plazo de hasta siete días hábiles, a partir de la fecha de la sesión de clausura del presente periodo de sesiones, y deberá solicitarlo por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Tercero. Para las solicitudes de cambio o ampliación de turno, el plazo que señala la fracción I del artículo primero del acuerdo por el que se norman los trámites de cambio o ampliación de turnos de iniciativas o de proposiciones con punto de acuerdo presentadas en las sesiones plenarias, de fecha 21 de junio de 2005, surtirá efectos a partir de la publicación de la lista de referencia.

Cuarto. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2008.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR EL PROGRAMA ECONÓMICO DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL EFECTO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN, EL EMPLEO Y EL BIENESTAR DE LAS CLASES POPULARES

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

II. Que, como lo establece el inciso b) del numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, a la junta le corresponde proponer al pleno proyectos de pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;

III. Que el entorno económico internacional ha cambiado dramáticamente en los últimos meses. Los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, han caído en una recesión que, de acuerdo a la mayoría de los expertos, va a ser profunda y prolongada. Esto ha arrastrado a la mayor parte de los países desarrollados a la recesión, y a países en desarrollo que mantenían altos niveles de crecimiento a prever una fuerte reducción de éstos. Antes de este deterioro del entorno internacional, México ya era uno de los países que menos crecía, dentro de una región del mundo en desarrollo que, a su vez, era de las de más lento crecimiento.

El impacto de la recesión en Estados Unidos de América sobre México necesariamente será muy fuerte. El simple efecto de la recesión mundial sobre los precios del petróleo puede tener un impacto de 3 por ciento del PIB sobre la balanza de pagos y los ingresos públicos. Aunque las coberturas sobre los precios del petróleo fueron un acierto, y sin duda disminuyen el impacto en 2009, no resolverán el problema de menores ingresos a futuro, tanto por precio como por volumen. Adicionalmente, se están empezando a sentir los impactos de la recesión global sobre nuestros ingresos por turismo, remesas y exportaciones manufactureras, generando desempleo en las regiones más ligadas a estos rubros.

IV. Que la reacción, en general, de los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo ha sido, en primer lugar, de reconocer la gravedad de la situación, y en segundo lugar, de tomar medidas, en muchos casos heterodoxas, para enfrentarla. Los discursos del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy y del presidente electo de los Estados Unidos de América, Sarack Obama, son un buen ejemplo del reconocimiento de la gravedad de los problemas. Las medidas que se están tomando son, en general, para alentar la demanda interna y para mantener la competitividad de los productores nacionales, buscando evitar perder mercados y empleo. Como ejemplo de estas medidas tendríamos: paquetes de estímulo fiscal, reducción de las tasas de interés, reducción de precios de los energéticos, estímulos fiscales a la exportación, inversión y empleo y planes de apoyo a industrias específicas.

V. En México, como en los demás países del mundo, la crisis internacional afectará el crecimiento y la generación de empleos, por lo que el Ejecutivo ha anunciado e implantado algunas medidas anticíclicas que a varios les parecen tibias o insuficientes. Sin embargo, el estímulo fiscal presupuestado difícilmente va a compensar la disminución en la demanda externa; la política de tasas de interés está agrandando la brecha en el costo financiero en otros países; se sigue aumentando el costo de los energéticos, reduciendo aún más la competitividad de los productores nacionales; se reducen aranceles, con efectos negativos para la planta productiva y el empleo; en fin, no se ve un plan congruente enfocado a mantener la competitividad y aumentar el crecimiento y el empleo. Mantener y aumentar el empleo siempre ha sido crítico. En la situación actual de inseguridad y de muchas menores posibilidades de emigración, se vuelve aún más crítico.

VI. Por todo lo anterior, es indispensable imprimir un sentido de urgencia a la acción pública en 2009. En especial, debe buscarse que el programa económico del gobierno federal resumido en el Presupuesto de Egresos de la Federación se despliegue pronto en los planos donde la crisis puede adquirir ribetes de auténtica y grave emergencia.

Algunos de estos planos son:

1. Concentrar los programas emergentes de empleo, principalmente en las regiones expulsoras de trabajadores y en las zonas fronterizas donde se acumulan migrantes potenciales y repatriados.

2. Revisar los sistemas de supervisión financiera. El manejo de riesgos y las prácticas establecidas con frecuencia son inadecuados y escapan de los controles nacionales al realizarse en el exterior o a través de instituciones con matrices o filiales localizadas fuera del país. Es necesario implantar regulaciones más estrictas, establecer penalidades, tanto como garantías y estímulos, y en especial, convenir acciones conjuntas con los actores involucrados.

3. Canalizar créditos y otros mecanismos de alivio y promoción para las pequeñas y medianas empresas existentes, a través de la banca de desarrollo y en especial de Nacional Financiera. Debe buscarse que los organismos encargados sean los pertinentes para que la acción sea duradera y pueda reproducirse incluso más allá de la crisis. No sobra advertir sobre la importancia que puede adquirir un giro en los programas de compras del gobierno, destinado a favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Programas de capacitación y rehabilitación de la planta empresarial serían en este aspecto muy útiles.

4. Preparar un sistema de alerta temprana a partir de un calendario conjunto de vencimientos de la deuda privada y de la pública con el exterior, a fin de evitar shocks cambiarios y cubrir, exante, hasta donde sea posible, la escasez de divisas.

5. Disponer de fondos oportunos destinados a las cosechas de invierno en el campo, así como al avío para los ciclos que vienen. En particular, debe insistirse en el apoyo a la agricultura para el consumo básico, poniendo especial atención en los agricultores pequeños que están o pueden estar en transición hacia la producción de excedentes para el mercado. Esto podría además cumplir la doble función de defender las economías familiares de menores recursos y, en su caso, crear algunas condiciones favorables para recibir a algunos de los contingentes de mexicanos que se vean obligados a volver al país.

6. Ampliar y reforzar el cuidado de los núcleos más vulnerables. No debe olvidarse que la pobreza se urbaniza cada vez más y que los jóvenes se afirman como los actores principales de nuestro drama social. Es necesario poner en práctica programas de desayunos escolares con tendencia universalista, y abrir los hospitales públicos a todos sin distinción. Este sería un primer y fundamental paso para revisar la política de salud y darle una clara orientación universalizante. A la vez, debe ampliarse el programa de becas para la educación media superior y superior y plantearle a las universidades la conveniencia de que pongan en marcha programas de asistencia alimentaria para sus estudiantes, junto con la habilitación de espacios de convivencia y estudio fuera de las aulas. Programas de capacitación para el trabajo en barrios y comunidades urbanas y semiurbanas, en las instituciones educativas y en los edificios de gobierno respectivos, pueden crear un entorno productivo amable para los millones de jóvenes que asisten a diario a la reducción de sus expectativas.

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar la política económica, tomando en cuenta el drástico cambio en el entorno internacional, y a incrementar el programa de emergencia con el fin de vigorizar al aparato productivo y de mitigar el impacto de la crisis global en las clases populares en México, condiciones necesarias para retomar el camino del crecimiento y del empleo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2008.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata.
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE DESIGNA AL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS ANTE EL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DEL INEGI

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente acuerdo

Consideraciones

I. Que en sesión de la Junta de Coordinación Política, celebrada el lunes 24 de noviembre de 2008, se acordó que el servidor público que fungirá como representante por parte de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo Nacional del Inegi, recaiga en un diputado integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados. Acuerdo

Primero. Se designa al diputado Ernesto Ruiz Velasco de Lira del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como representante por parte de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo Nacional del Inegi.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a las instancias correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2008.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata.
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INVITA A LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL CONFLICTO DE CANANEA, SONORA, A CONTINUAR EN LA MESA DE NEGOCIACIONES PARA LLEGAR A UN ACUERDO QUE BENEFICIE Y REACTIVE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, invita al Sindicato, Empresa y Trabajadores, partes involucradas en el conflicto minero de Cananea, Sonora, a continuar en la mesa de negociaciones, con el objeto de llegar a un acuerdo que beneficie y reactive la economía de esa región.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de 2008.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A FIN DE EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE SALUD, DE DESARROLLO SOCIAL, DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE RELACIONES EXTERIORES, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, A INCORPORAR EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y FONDOS POR EJERCER EN 2009 CRITERIOS ESPECIALES PARA INCLUIR A LOS TRABAJADORES MIGRANTES EN RETORNO Y A SUS FAMILIAS

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia del objeto del presente, que formula a este órgano de gobierno el diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, y demás dependencias del gobierno federal a incorporar en las reglas de operación de los programas y fondos por ejercer en 2009 criterios especiales para las inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y sus familias.

Palacio Legislativo.- México, DF, a 8 de diciembre de 2008.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata
 

Proposición del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez para exhortar respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, y demás dependencias del gobierno federal a incorporar en las reglas de operación de los programas y fondos por ejercer en 2009 criterios especiales para la inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y sus familias

El suscrito, Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 un fondo de apoyo a migrantes, que contará con 300 millones de pesos destinados a atender la problemática social relacionada con los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se ven afectados por la crisis económica y se ven obligados a regresar a sus lugares de origen.

No es posible determinar en este momento el número de migrantes mexicanos que regresarán a territorio nacional en este año, pero lo está claro que las remesas que envían a sus familias en el país se han reducido hasta en 12 por ciento, a septiembre, según datos del Banco de México.

El Fondo de Atención a Migrantes es de carácter transversal, pues involucra acciones y programas de secretarías como la de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Salud, y de Hacienda y Crédito Público.

El Fondo de Apoyo a Migrantes permitirá que programas que ya funcionan de manera cotidiana en el gobierno federal incluyan a los migrantes y, en algunos casos, les brinden un tratamiento especial a fin de facilitar su incorporación en programas como el Seguro Popular, los programas de empleo, el ingreso de niños y jóvenes en el ciclo escolar sin importar el mes de retorno y sin exigirles requisitos que sean imposibles de cubrir por quienes provienen de escuelas en el extranjero.

Por tal motivo es indispensable que en las reglas de operación de dichos programas para el ejercicio fiscal de 2009 se incorporen lineamientos coherentes con el espíritu que guió a la Cámara de Diputados al aprobar ese fondo de apoyo a migrantes.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, y demás dependencias del gobierno federal a incorporar en las reglas de operación de los programas y fondos por ejercer en 2009 criterios especiales para la inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2008.

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica) 
 
 
 
 
 
 

Oficios
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 3 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1666, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Santiago Gustavo Pedro Cortés, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SSP/SSPFI/OADRS/UALDH 1919/2008, suscrito por el licenciado Blas Fortino Figueroa Montes, titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los Centros de Readaptación Social Federales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cárdenas Benavides (rúbrica)
Subsecretario
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

En atención a su oficio número SEL/300/4456/08, de fecha 23 de octubre del presente año, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual solicita se proporcione un informe de las acciones y resultados en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos en los Centros Federales de Readaptación Social, al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

1. En relación con las acciones implantadas y avances en materia de dignificación de vida de los internos en los Centros Federales de Readaptación Social, al respecto, esta dependencia reporta avances en la materia los cuales se informan, de acuerdo a cada uno de los centros federales.

2. Por lo que respecta al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano" se señala que, de conformidad con los artículos 1, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 47 y 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, las acciones implantadas en ese centro federal para la dignificación de la calidad de vida de la población interna consisten en que los internos cuentan con actividades técnicas programadas diariamente, como son actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas, recreativas, asistencias sociales, psicológicas y consultas médicas, que tienen como finalidad, entre otros, los siguientes objetivos:

• Que cada interno mejore sus aptitudes físicas y mentales;
• Que el interno adquiera hábitos de disciplina;
• Que el interno incremente su instrucción académica así como su nivel cultural;

• Que el interno desarrolle y/o incremente conocimientos de carácter cívico, higiénico, artístico, físico y ético que le permitan una mejor interacción ante la sociedad;

• Que el interno desarrolle, mantenga o fortalezca una adecuada relación interpersonal con su grupo familiar; y

• Que cada interno reciba la atención médica requerida que le permita gozar de buena salud, y estar en posibilidad de participar en las diferentes actividades programadas.

Paralelamente a las actividades anteriormente señaladas, se llevan a cabo las siguientes acciones:

a) Periódicamente se realizan campañas de salud dirigidas a la población interna, con el objetivo de velar por su salud física y mental; asimismo, se llevan a cabo las acciones destinadas a supervisar la calidad de los insumos recibidos de los proveedores, con apoyo de personal del área médica, además de que periódicamente se realizan tomas de muestra de los mismos para efecto de llevar a cabo exámenes de laboratorio que permitan detectar cualquier contaminación que pudiera existir, de la misma forma se realiza el procedimiento con los alimentos destinados a la población interna, con el objetivo de que esta se proporcione en los tiempos establecidos y con la higiene y calidad adecuada, contando con el respaldo de especialistas en nutriología adscritos a esta institución.

b) En lo que corresponde a los resultados de las acciones implantadas, informa que existe un crecimiento del nivel educativo en la población interna actual, registrándose únicamente un 2.5 por ciento de la población que se encuentra en el nivel de alfabetización. Asimismo, a cada interno se proporciona la atención médica, psicológica, social, educativa y de alimentación adecuada

3. En el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" se llevan a cabo las siguientes acciones destinadas a los internos:

a) Por lo que respecta a la atención médica se proporcionan consultas médicas generales dos veces por semana, así como también se brinda atención hospitalaria o cirugía. En caso de requerirse hospitalización ya sea por enfermedad médica o quirúrgica, se cuenta con las diferentes especialidades y equipo para resolver las eventualidades necesarias como son: medicina interna, cirugía general, ortopedia y traumatología, urología, gastroenterología, psiquiatría, anestesiología, oftalmología, radiología, odontología, laboratorio clínico, estas se realizan dos veces por semana y en caso de seguimiento las veces que se requieran.

De manera constante se realizan campañas de medicina preventiva con el fin de mantener un estado de salud físico aceptable, con control de peso y presión arterial a toda la población cada tres meses y el resto de las 10 patologías más frecuentes como medicina preventiva.

En coordinación con el departamento de producción de alimentos se lleva a cabo tratamiento en base a dietas para aquellos con enfermedades crónico degenerativas (diabéticos e hipertensos) y con dieta balanceada a toda la población.

Existen convenios con hospitales, como lo es el caso del Hospital Civil del Guadalajara, a fin de contar con el apoyo de ser necesario.

En el caso de consultas psicológicas se brindan a los internos tratamientos terapéuticos individuales una vez por mes o cuando sean necesarios, en las que se han obtenido en la mayoría de los casos evoluciones positivas y favorables.

b) En lo relativo a las actividades educativas, se proporciona tratamiento a la población interna en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y de licenciatura en algunos casos, coadyuvando con esto a la calidad educativa de cada uno de los internos, asimismo se cuenta con una plaza comunitaria donde los internos han aprendido el manejo de paquetería s de software informático básico.

De la misma forma se cuenta con una biblioteca actualizada, logrando aumentar el mejor acervo cultural a los internos, proporcionando préstamo de libros dos veces por semana, así como también se proporcionan clases de artes y se fomenta el deporte beneficiando el estado físico y mental de los internos.

c) En este centro federal los internos desarrollan diversas actividades en talleres, para lo cual se cuenta con diversos convenios laborales celebrados con diferentes empresas de la iniciativa privada, con lo que los internos aprenden diversos oficios que les permiten ayudar económicamente a sus familiares y solventar algunos de sus gastos personales.

d) Como parte del tratamiento técnico interdisciplinario de los internos, esta dependencia ha logrado fortalecer los lazos afectivos con los núcleos de apoyo de dichos internos y que son sus familiares, a través del buen desarrollo de la visita familiar e íntima, en apego a lo que establece la normatividad y las medidas de seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social.

e) Respecto a la alimentación de los internos, se informa que este centro, como en otros se cuenta con nutriólogos que realizan y supervisan una dieta equilibrada y balanceada para los internos, logrando con ello que dicha alimentación tenga todos los nutrientes necesarios para mantener en buen estado la salud de la población penitenciaria.

f) Es importante mencionar que a los internos desde el momento de su ingreso se les proporciona el uniforme adecuado para las diferentes actividades que estos realizan, así como ropa de cama adecuada y servicio de lavandería una vez por semana. De la misma forma el centro cuenta con 8 tiendas para la venta de artículos básicos, como son agua, jabón, papel higiénico, entre otros, cuya venta se realizan cada 10 días, siendo algunos productos controlados por parte del área médica en caso de que estos se encuentren bajo tratamiento médico, logrando la aplicación de disciplina y control de la población interna.

g) En relación con las estancias en que se encuentran los internos, éstas se consideran dignas, por lo que respecta a dormitorios, comedor y patios, dado que sus condiciones de uso son óptimas debido al mantenimiento que se proporciona constantemente.

Cabe señalar, que cualquier petición realizada por los internos a las autoridades del Centro, se gestiona debidamente, y se hace llegar al área correspondiente a efecto de que se brinde la atención necesaria en términos de lo que establece la normatividad que rige los centros federales, con ello se logra conocer y atender las .diversas necesidades de la población penitenciaria.

4. Por lo que hace al Centro Federal de Readaptación Social número 3 "Noreste", se destacan dentro de las acciones implementadas las siguientes:

a) Por el área de servicios médicos se, encuentra funcionando actualmente el programa de atención al paciente sano, donde se da asistencia periódica a la población interna, así mismo se realizan campañas de salud tales como vacunación a la población adultos mayores, vacunaciones varias, detección de hipertensión arterial, detección de diabetes mellitus, campañas de salud dental, además de velar por la integridad física y mental, entre otras.

b) Desde el momento del ingreso de los internos al centro federal se realizan evaluaciones pedagógicas de ingreso para emitir un diagnostico y solicitar el apoyo a instituciones educativas para certificar su instrucción académica; haciendo entrega de material de apoyo acorde a su nivel escolar, brindando asesorías así como acondicionamiento físico dirigido, acorde a sus posibilidades. De igual forma se programan a los internos actividades lúdicas y de terapia ocupacional.

De la misma forma se busca mantener el contacto familiar con el interno a fin de hacerle de su conocimiento que el acercamiento familiar donde se forzarán los lazos afectivos con los correspondientes núcleos, donde al mismo tiempo se busca formalizar la unión familiar tratando de legalizar la unión afectiva, así como llevar a cabo la visita familiar según lo indica la norma.

5. En el Centro Federal de Readaptación Social número "Noroeste" se han llevado a cabo diversas acciones a efecto de dignificar la calidad de vida de los internos, para ello se aumentó el tiempo de la actividad de lavado de ropa, que anteriormente era sólo de 10 minutos, una vez a la semana, actualmente se programan 20 minutos, con lo que los internos adquieren hábitos de higiene personal.

Asimismo, las llamadas telefónicas de los internos era de 5 minutos, cada 10 días, actualmente son de 10 minutos cada semana. Lo anterior se ha reflejado una mejoría en el estado anímico de la población, con el objeto de fortalecer sus lazos familiares. Las actividades laborales se han incrementado para todos los internos del centro, desarrollando actualmente actividades tales como empaque de jabón en polvo, limpieza y desmonte de áreas anexas a los módulos, aplicación de pintura y creación de áreas verdes.

A partir de lo que va de este año se desarrollan mayores actividades relacionadas con hábitos de limpieza, por lo que tres veces por semana se realiza el aseo de las estancias, y áreas de uso común, para fomentar hábitos de higiene y mantener un entorno más digno.

Para efecto de generar un buen efecto en el desarrollo anímico de los internos se han permitido actividades laborales y educativas programadas, programadas fuera de su estancia en los siguientes turnos: turno matutino, de 9:00 a 13:45, y en el turno vespertino de 16:00 a 19:00 horas.

Se realizaron ajustes en los procedimientos del ingreso de la visita familiar e intima de los internos, ya que los tiempos reales de visita eran de 2 horas, actualmente el procedimiento de ingreso permite que el tiempo real de convivencia entre los familiares e internos sean de 3 horas y media o incluso de 4 horas, tanto de visita familiar (en el área de vinculación social) como la visita íntima.

A partir del 15 de agosto del año en curso, se realizaron algunas adecuaciones en los comedores de cada uno de los módulos para que los internos tengan la oportunidad de apreciar algunos de los programas de televisión (olimpiadas, eventos deportivos, etcétera), en los horarios establecidos para las actividades libres (ludotecas, deporte libre, película, televisión, etcétera).

Actualmente se aplica el programa de educación básica INEA (alfabetización, primaria y secundaria) con el objeto de brindar educación, buscando erradicar la analfabetización y que los internos logren una superación personal, cursando y acreditando un nivel educativo con carácter oficial. En el periodo del 1 de abril al 7 de noviembre del presente año, 24 internos han concluido la primaria y 16 la secundaria. Se imparten cursos de capacitación con carácter académico (computación y lenguas extranjeras en la especialidad de inglés) con el objetivo de capacitar a la población interna y logren en aptitudes, habilidades y destrezas, cursando carreras técnicas avaladas por la SEP, con la finalidad de contar con una formación académica que coadyuve en su inserción social. En el periodo del 1 de abril al 7 de noviembre se graduaron 43 internos bilingües, recibiendo su certificación por parte del Cecati número 48.

Se implantaron talleres de terapia ocupacional dirigidos a los internos que no cuentan con apoyo familiar y recursos económicos, así como padecer de alguna incapacidad parcial o limitante física; los dos talleres que se imparten actualmente son modelado y pintura técnica, y expresión, los cuales tienen como objetivo desarrollar la creatividad, habilidades manuales y psicomotoras en el interno para alcanzar la capacidad de expresar emociones, además para que el interno aprenda a trabajar en equipo y tenga una interacción social positiva, uno de los resultados fue la expo-venta que se realizó en mayo en la explanada de la presidencia municipal de Tepic. Se agregó el programa de actividades en biblioteca y círculo de lectura, con el objetivo de fomentar el hábito de lectura para elevar el acervo cultural y mejorar las aptitudes mentales de la población interna.

Se implantaron actividades extraescolares, entre ellas se reinstaló en agosto la red satelital educativa Edusat, la cual cuenta con 14 canales que exhiben programas culturales, deportivos, informativos y recreativos que se proyectan a la población interna para reforzar los procesos educativos. Se cuenta con un centro de cómputo con 10 computadoras, así como una plaza comunitaria que cuenta con el mismo número de equipos.

Se imparte el programa nacional de activación física (Conade), con el objetivo de canalizar de manera positiva la energía de la población interna; fomentando valores como la cooperación y compañerismo, así como abatir el sedentarismo y problemas que conllevan el sobre peso.

Se implantó el programa de cine recreativo con el objeto de fomentar la sana convivencia entre la población interna por medio de actividades recreativas; las proyecciones son de forma semanal. En mayo del año en curso se realizó una quincena cultural para fortalecer los conocimientos adquiridos en las actividades académicas, ocupacionales, culturales y deportivas en el año por medio de juegos y actos recreativos. Los resultados fueron sumamente favorables. Las actividades se llevaron a cabo un maratón de conocimientos, una miniolimpiada, la presentación de una obra de teatro, exhibición de cine para fomentar y fortalecer los valores y símbolos patrios entre la población interna del centro federal.

Se incremento la actividad del culto religioso, con la finalidad de apoyar a la población interna del centro federal por medio de pastoral penitenciario, llevándose a cabo de manera semanal las actividades de estudio bíblico y misas religiosas.

En el periodo del 1 de abril al 7 de noviembre se han implantado por parte del área médica los siguientes programas:

a) Promoción para la salud. En este programa implantamos pláticas de medicina preventiva, impartiendo un tema por mes, evaluando el aprendizaje mediante la aplicación de cuestionarios.

b) Prevención de enfermedades se realizan actividades como aplicación de vacunas tales como sarampión y rubéola, neumococo, toroide tetánico e influenza, detecciones de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes mellitus, obesidad y dislipidemias, detección de enfermedades infectocontagiosas VIH, hepatitis B y C sífilis, así como campañas de desparasitación.

c) Tratamiento oportuno. En este programa se realiza la atención médica periódica (una vez al mes) a los pacientes que presentan algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, infectocontagiosa y mental, así como la consulta a sanos.

d) Rehabilitación. En este programa se atienden los efectos secundarios que las enfermedades pudieran causar en la población afectada, así como también la mejora de las limitantes físicas que se presenten.

Por lo que hace a las actividades laborales, de abril a la fecha se han beneficiado un promedio de 53 internos mensualmente en la capacitación de corte y confección industrial, llevada a cabo por personal del Cecati número 48, en cuanto a la capacitación del taller de carpintería que inició en octubre se están beneficiando un total 30 internos, inicialmente en esta instrucción impartida por personal del Cecati número 79, talleres en donde los internos adquieren habilidades y destrezas que se les reconocen oficialmente, las cuales les serán de gran utilidad cuando se reincorporen a la sociedad, de forma productiva pudiendo auto emplearse o de igual forma incorporarse al sector industrial.

En lo que se refiere a las actividades laborales y de capacitación se han atendido en promedio de 89 a 93 por ciento de la población interna, coadyuvando así en el tratamiento para la reinserción social de los internos de una forma productiva.

En el área de trabajo social se han implantado campañas constantes para la regulación del estado civil de los internos, y mejorando la sensibilidad y conciencia de referentes a la responsabilidad moral y social que tienen con sus familiares.

En términos de lo dispuesto en la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal, la cual incorpora al texto constitucional el término de reinserción social, actualmente se desarrolló la implantación del programa piloto de readaptación y próxima reinserción social, así como para los internos con capacidades especiales. Este programa que se implantó en septiembre del año en curso busca brindar a los internos próximos a compurgar su sentencia el mayor número de elementos para responder a las demandas del medio que los rodeará al reinsertarse en la sociedad, brindando con esto otra opción de vida con mejores herramientas para subsistir de mejor manera en sus aspectos emocional, económico y familiar, buscando evitar la reincidencia. Las actividades que se imparten a los internos son las siguientes:

I. Taller contra las adicciones, cuyo objetivo es que el interno adquiera los conocimientos de sí mismo, que le permitan aceptación y confianza. Esto, mediante ejercicios que le faciliten la sensibilización, el contacto y la expresión de sus emociones de manera adecuada dentro de su entorno social y favorecer relaciones interpersonales satisfactorias.

II. Taller de externación, cuyo objetivo es que el interno participe en actividades que le permitan reflexionar y vivenciar su experiencia en reclusión, identificando aspectos personales a mejorar encuadrándolo hacia su inserción positiva en la sociedad, haciendo énfasis en los aspectos de cambio en su familia y la sociedad en general.

III. Psicoterapia individual, cuyo objetivo es que el interno conozca y aborde la problemática personal que lo ha llevado a no adaptarse a su entornó y probablemente a la comisión del delito.

IV. Psicoterapia grupal, cuyo objetivo es que el interno mediante las experiencias de otros compañeros pueda identificar su problemática personal, así como aprender a desenvolverse y adaptarse en su grupo siguiendo las reglas de ese microcosmos.

V. Taller de desarrollo lingüístico motriz, cuyo objetivo es el conocimiento y aprendizaje de la lectoescritura, ajustada al uso de técnicas y métodos determinados, primordialmente para que el interno adquiera una escritura legible, comprensible y rápida.

VI. Taller de estimulación de habilidades cognoscitivas, cuyo objetivo es estimular y desarrollar las habilidades de pensamiento en el interno mediante ejercicio, con la finalidad de favorecer la adquisición de conocimientos en el proceso de aprendizaje.

VII. Taller de ortografía, cuyo objetivo es facilitar el estudio y la enseñanza de las reglas básicas de la ortografía española, así mismo contar con los elementos suficientes para redactar los diferentes tipos de escritos requeridos en la vida cotidiana.

VIII. Taller de los 7 hábitos altamente efectivos, cuyo objetivo es proporcionar a los internos herramientas para desarrollar hábitos que beneficien su calidad de vida, exhortando a trazarse metas y escribirlas para dar lo mejor de si permitiéndoles verse a sí mismos como la fuerza principal en sus vidas, sin importar su situación actual, extracción o nivel social.

IX. Taller de ventana al mundo, cuyo objetivo es proporcionar al interno conocimientos generales y aprendizajes formativos del mundo exterior, que fortalezca su socialización, habilidades y destrezas que contribuyan a los aprendizajes que cotidianamente está adquiriendo.

X. Taller de socialización y valores, cuyo objetivo es identificar los valores que permitan la superación individual y la interacción en la sociedad.

Se pretende que a corto plazo la participación y reflexión del interno provoquen un acercamiento con su grupo familiar, disminuir los conflictos con los compañeros y, a largo plazo, que su desarrollo personal e introyección de los valores le proporcione los recursos para la interacción a la sociedad.

Programa para los internos con capacidades especiales

En este programa se tienen implantadas actividades propias para ser ejecutadas por internos que cuentan con una limitante física. Actualmente, en ese centro federal, el personal de las áreas de seguridad y técnica trabajan teniendo como prioridad la seguridad del centro y el tratamiento que se aplica a los internos, logrando mantener a la población interna el menor tiempo posible en su estancia, lo que evita el ocio y el estrés en el interno, teniendo como resultado sujetos sanos física y mentalmente con estabilidad emocional y alta productividad laboral.

6. En lo que respecta al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en relación con la calidad de vida de los sentenciados, se reportan las siguientes acciones:

Programa de Medicina Preventiva y Fortalecimiento de la Salud de la Población Interna, mismo que se lleva a cabo con las siguientes acciones:

a) En servicios médicos

• Detección de diabetes;
• Hipertensión;
• Obesidad y control de peso; y
• Aplicación de vacunas contra hepatitis B, toroide tetánico, influenza y neumococo. b) Detección y control de enfermedades infectocontagiosas • Hepatitis tipo B;
• Hepatitis tipo C;
• Tuberculosis (controlada); y
• VIH. c) Programada de psicología • Programa de sexualidad;
• Programa de terapia conductual individual;
• Programa de terapia cognoscitivo conductual;
• Programa de clínica analítica; y
• Programa de intervención cognoscitivo conductual individual. Repertorios básicos, socialización y hábitos alimenticios e higiénicos. d) Programas de trabajo social • Introducción del interno al Ceferepsi;
• Relaciones humanas;
• Violencia familiar 1;
• Violencia familiar 2;
• Salud mental; y
• Familia y salud mental. e) Actividades recreativas • Juegos recreativos;
• Ludoterapia I;
• Ludoterapia II;
• Ludoterapia III; y
• Programa de comunicación y expresión (teatro guiñol). f) Actividades laborales • Cognoscitiva motriz;
• Primer nivel;
• Segundo nivel; y
• Tercer nivel. g) Acciones adicionales • Programa de invernaderos;
• Programa de acercamiento a la computación;
• Nivel básico;
• Paquetería;
• Programa de procesamiento y conserva de alimentos;
• Gelatina artística, chocolate artístico;
• Programa de mecanografía y capturista de datos;
• Programa de carpintería artística;
• Programa de joyería de fantasía;
• Programa de reparación de aparatos electrodomésticos e instalaciones eléctricas; y
• Anteproyecto para el cultivo de mijarra (tilapia). h) Actividades educativas • Apoyo pedagógico (educación especial);
• Apoyo académico individualizado;
• Preescritura;
• Primera parte de primaria;
• Segunda parte de primaria;
• Secundaria (primario, segundo y tercer grado);
• Bachillerato;
• Método educativo para la vida y el trabajo (met-inea);
• Salas de lectura;
• Mundo actual;
• Taller de lectura; y
• Biblioteca.
i) Acciones adicionales
• La recreación como estimulo hacia la motricidad;
• Expresión literaria y cine debate;
• Juego para personas con discapacidades;
• Movimiento en ritmo;
• Teatro;
• Música;
• Elaboración de estenografía;
• Creación de cuento y poesía; y
• Eventos cívicos y culturales. Como resultado de las acciones mencionadas en el presente programa se consideran las diferentes funciones y actividades a desarrollar por el personal especializado adscrito a ese centro federal, con la finalidad de favorecer el proceso rehabilitatorio de los interno-pacientes.

En materia de derechos humanos, cabe destacar que las quejas presentadas por los interno-pacientes o familiares han sido verificadas por los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes han contestado que estas se encuentran relacionadas con la psicopatología de los pacientes, por lo cual dicha comisión no ha emitido recomendaciones a este centro.

Con relación a la sobrepoblación, en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial no se presentan condiciones de hacinamiento, toda vez que se ha mantenido con un nivel de ocupación considerado como ideal, cada paciente cuenta con una cama para su uso personal y las estancias albergan de uno a tres internos como máximo, contando con un servicio sanitario y de regadera, las estancias cuentan con iluminación natural y artificial, ventilación y espacio que garantiza una estancia digna al interno.

Se les brindan alimentos tres veces al día (desayuno, comida y cena), los cuales son preparados bajo supervisión de nutriólogos y médicos, garantizando una alimentación balanceada, en cantidad suficiente, cuidando el aspecto, sabor, combinación, y temperatura adecuada en los casos específicos que se requiere, se suministran dietas de acuerdo al padecimiento de cada paciente (por hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso o bajo peso, etcétera)

A los internos se les proporcionan hasta tres mudas de ropa, la cual se les cambia al menos una vez al día o más si lo requieren; se incide en su higiene y aliño personal. Se realizan actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento con el fin de estimular sus capacidades y habilidades físicas y motrices, así como favorecer su socialización y el contacto con el medio exterior. Se fomenta la convivencia con su núcleo familiar a través de la localización de los familiares mediante la visita familiar o la comunicación vía telefónica o postal o postal, a fin de fortalecer las redes de apoyo y reforzar los lazos y vínculos afectivos.

En términos de evacuación y seguimiento en el Ceferepsi existen dos órganos colegiados integrado por especialistas en donde de manera semestral, y en algunos casos trimestral, se analiza y evalúa multidisciplinariamente el diagnostico, tratamiento y evolución de manera particular de cada interno-paciente, dejando constancia en las actas de consejo y archivo único, que para tal caso, se le apertura a cada uno de ellos.

7. En el caso de la colonia penal federal Islas Marías, al respecto se señala que representa el mejor ejemplo respecto al fomento de calidad de vida de los internos, toda vez que en esa colonia opera un sistema de semilibertad, en donde el interno tiene una mejor calidad de vida que en cualquier otro centro penitenciario; es decir, no existe el hacinamiento habitual de otros penales.

El archipiélago de las Islas Marías, debido a su geografía, flora y fauna, ha sido declarado por decreto presidencial como reserva de la biosfera, y justamente en este lugar se encuentra situada la colonia penal, por lo que debe señalar que la riqueza natural genera un impacto favorable en el estado anímico de los interno-colonos, lo que hace a este centro penitenciario único en el mundo, por ello que los internos que ingresan a la Colonia deben cumplir con el perfil que se establece en la normatividad que regula la materia, pues no todo tipo de internos pueden gozar de este beneficio.

En las Islas Marías se llevan a cabo las siguientes acciones en beneficio de la calidad de vida de los internos:

a) Al ingreso a la colonia penal, el Departamento de Educación, Deportes y Cultura realiza la entrevista inicial diagnóstica de cada uno de los internos, a fin de recabar la información pertinente para darle seguimiento a su tratamiento técnico progresivo correspondiente. En dicha entrevista se detecta su nivel de escolaridad, al respecto se solicita la documentación necesaria a las instituciones gubernamentales (SEP, Ceresos, INEA) para poder dar inicio o continuidad a su escolaridad. Se da continuidad a cada uno de los internos, incorporándolo al nivel educativo de acuerdo al diagnóstico. En la colonia penal existen espacios educativos para organizar círculos de estudio, a los que también acuden aquellas personas interesadas en certificar cada uno de los niveles educativos, para lo cual se destina a un asesor educativo en cada uno de los círculos de estudio.

Se mide el rendimiento académico del educando durante todo el proceso de aprendizaje partiendo de una evaluación inicial (como se menciono anteriormente), evaluación continua a través de cada una de las actividades educativas planteadas en el programa educativo del Instituto Sinaloense de la Educación para los Adultos y Preparatoria Abierta, y la evaluación final que se lleva a cabo de manera mensual y esas evaluaciones son enviadas a las instituciones correspondientes al nivel escolar de cada uno de los internos que se encuentran participando en el centro escolar.

Una vez que el educando concluyó cada uno de los niveles educativos (intermedio, avanzado y preparatoria), se gestiona su certificación en cada una de las instituciones correspondientes al nivel inscrito, documentos que le son entregados.

b) Por lo que corresponde a las actividades recreativas, se realiza todo tipo de medios escritos (carteles, volante, etcétera), con la finalidad de invitar a la población en general a participar en cada una de las actividades de carácter recreativo (conferencias, cines recreativos, bailes populares, verbenas populares, talleres de danza, teatro, dibujo, papel mache, piñatería, repujado, etcétera) que programa el Departamento de Educación, Deportes y Cultura. Por la participación en estas actividades, se elabora y se hace entrega a los internos y se deja una copia en su expediente.

De la misma forma, se hace la invitación a la población en general –de manera escrita, a través de volantes y carteles, así como de manera verbal, asistiendo al espacio en el cual llevan a cabo su control de asistencia con el área de seguridad–, para participar en actividades de carácter cultural como salas de lectura, biblioteca, exposiciones de pintura, dibujo y otras técnicas de pintura, cursos de desarrollo integral, conferencias culturales, demostraciones de danza folclórica, obras de teatro, etcétera. Además se gestiona ante otras instituciones culturales el apoyo para presentar obras de teatro con diferente temática, con la finalidad de que la población en general se sensibilice a través de cada una de estas actividades ante las situaciones que se van presentado en su vida cotidiana.

En relación con las actividades laborales, el responsable del área de observación y clasificación obtiene el perfil ocupacional del interno para analizar sus destrezas, aptitudes e instrucción formal, elaborando un registro de la historia laboral personal y desempeño en reclusión. Existen diversas actividades tales como taller de carpintería, serigrafía, taller de artesanías, almacenes, suministros, servicios generales y/o programas productivos (porcino, agrícola, ganadería, hortalizas, henequenera, curtido de pieles, pesca, apicultura y panadería.

Actualmente se trabaja en la reactivación de los convenios existentes con otras instituciones; tales como Icatsin y Sagarpa. Actualmente está operando la capacitación que brinda a la población en general, la Casa Telmex, existiendo hasta la fecha un total de 501 alumnos inscritos.

Por lo que hace al área de trabajo social, en dicha área se detecta la existencia o carencia del vínculo familiar, con la finalidad de fortalecer los lazos familiares (localización de miembros del grupo primario y secundario en su caso, y de ser necesario se requiere el apoyo ante la reincorporación social para que la familia tenga un soporte económico y pueda ser posible el encuentro con el interno. Detección de necesidades personales, familiares y de vivienda, para realizar la gestión pertinente ante las áreas correspondientes para que le sea asignada una vivienda de acuerdo al número de miembros de su familia.

Para el caso de la reinserción social, se llevan a cabo diversos trámites para trasladar a los familiares de los internos a la Colonia Penal y se de la visita y convivencia familiar, cuando los internos compurgan u obtienen el beneficio de libertad anticipada, de igual forma se solicita el apoyo a reincorporación social para solventar el gasto de transporte.

8. Respecto a la sobrepoblación que se refiere en el punto de acuerdo, se presenta el siguiente cuadro, que contiene la población actual en los Centros Federales de Readaptación Social, en el cual se indican los valores negativos equivalentes a la disponibilidad de espacios en estos Centros.

A nivel de oficinas centrales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través de la Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, se coordina el apoyo a los programas de los diversos centros federales que contribuyen al tratamiento técnico de la población penitenciaria, con la finalidad de coadyuvar en el proceso de reinserción social, colaborando con ello en su calidad de vida y dignificación de la vida interinstitucional del interno.

La Dirección de Prevención y Readaptación Social a través de las áreas que la conforman (Cultura y Recreación, Enlace Educativo y Programas Laborales) incide en el proceso de readaptación hoy denominado reinserción social, facilitando el enlace con instituciones que contribuyen en el tratamiento, como es promoción y difusión de eventos culturales, artísticos y deportivos, en coordinación con instituciones académicas para la aplicación de programas integrales educativos, así como promover el trabajo y la capacitación laboral de la población interna, siendo prioridad la de los centros federales.

La forma en que estas acciones inciden en la dignificación de la calidad de vida de la población penitenciaria en general, es proporcionándoles opciones para generar un proyecto de vida intra y extramuros, que evite se involucren en grupos y/o actividades ilícitas cuando aun están compurgando una sentencia o en espera de esta, en el caso de población procesada, y den un uso positivo al tiempo que les quede libre, después de cumplir con las actividades a las que están obligados por reglamento.

Por último, es importante destacar que esta dirección general, con la finalidad de abundar en las acciones para la reinserción social de elaborar el Proyecto Piloto Integral de Reinserción Social 2008-2012, cuyo objetivo es la de unificar las técnicas las técnicas en el tratamiento penitenciario en los centros federales, fundamentado en el artículo 18 constitucional, que además resulte ser la directriz a seguir por las direcciones de prevención y readaptación social.

En este mismo sentido , la realización de las reuniones regionales en materia de prevención, reinserción y reincorporación social, en este año han buscado la unificación no sólo de criterios sino de enriquecer los programas que se aplican al interior de los Centros de Readaptación Social federales, estatales y municipales, por medio de las aportaciones del personal que directamente labora con la población interna; asimismo se registraron propuestas para el programa piloto; esto, a fin de llevar a cabo un diagnostico de la situación en materia penitenciaria en cumplimiento de lo señalado en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Blas Fortino Figueroa Montes (rúbrica)
Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos
 
 

México, DF, a 20 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1909, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/ SEIP/ 0692/ 2008, suscrito por el ingeniero Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al combate de la delincuencia organizada en Baja California Sur.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 13 de noviembre de 2008.

Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Por este medio y en atención de su oficio número SEL/300/4437/08, en el que hace referencia al punto de acuerdo "Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de los titulares (...) de la Secretaría de Seguridad Pública federal evalúe la implantación, con carácter preventivo, de una operación conjunta de combate de la delincuencia organizada, en coordinación con la autoridades competentes del gobierno de Baja California Sur, que permita mejorar las condiciones de seguridad en esta entidad", aprobado por el Pleno del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 21 de octubre del año en curso, me permito señalar lo siguiente:

La implantación de las operaciones conjuntas obedece a distintas áreas y factores, como

1. Entidades federativas que reflejen alto índice delictivo.

2. Se tengan identificados el fenómeno de narcotráfico y delitos conexos.

3. Contar con personal operativo de las siguientes instituciones:

• Secretaría de Seguridad Pública federal.
• Secretaría de la Defensa Nacional.
• Secretaría de Marina.
• Procuraduría General de la República.

 En específico, Baja California Sur afortunadamente no tiene niveles de incidencia delictiva tan graves, como otras entidades donde se tienen implantadas las operaciones conjuntas, no obstante la Secretaría de Seguridad Pública Federal tiene un estado de fuerza de 294 elementos, a fin de poder ayudar a mejorar las condiciones en materia de seguridad, coordinándose con las autoridades locales de la siguiente manera:

Coordinación Elementos Vehículos

Seguridad regional     52 41
Fuerzas federales     186 11
Servicios ministeriales    56

Total 294 52

Adicionalmente, la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial mantiene comunicación con las entidades federativas donde no se tienen desplegadas operaciones conjuntas.

Respecto a Baja California Sur, se llevó a cabo una reunión de trabajo el 3 de noviembre del año en curso, con la participación del gobernador, del procurador de Justicia estatal, del secretario de Seguridad Pública estatal, del secretario General de Gobierno del estado y el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial.

Dichas autoridades manifestaron sus inquietudes y necesidades en materia de seguridad, por lo que se acordó un incremento de 60 elementos en el estado de fuerza para la entidad y se solicitó un filtro de revisión para el control de acceso al aeropuerto de Los Cabos, por lo que se iba a revisar la viabilidad jurídica de esta solicitud para dar posteriormente una respuesta.

Se presentó al coordinador estatal de la policía federal de Baja California, Leopoldo Salvador Dueñas Donnadieu, para lograr una adecuada coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales.

Lo anterior, de conformidad con el acuerdo número 05/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto del año en curso, donde se establecen las coordinaciones estatales de la policía federal, las cuales fungen como áreas de dirección que dependerán directamente del coordinador de seguridad regional de la policía federal, éstas tendrán bajo su mando, responsabilidad y supervisión las siguientes áreas:

1. Unidad modelo de inteligencia policial;
2. Fuerzas federales de apoyo;
3. Seguridad regional;
4. Puertos, aeropuertos y fronteras;
5. Unidad jurídica;
6. Enlace con el centro de mando;
7. Enlace de prevención y participación ciudadana; y
8. Enlace administrativo. Se realizan también trabajos en el Grupo de Coordinación Interinstitucional Baja California Sur, con la función principal de intercambiar información para que sea operada por sus integrantes o participantes, según su atribución. Estos esfuerzos se complementan con la denuncia ciudadana a escalas estatal y federal.

Respecto a Baja California Sur, la Secretaría de Seguridad Pública, con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ha evaluado a 209 elementos de seguridad pública en los siguientes municipios:

• 105 en La Paz; y
• 104 en Los Cabos. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para agradecerles su interés en el tema, ya que sólo con acciones en las que todos los sectores políticos y sociales se involucren en un esquema de corresponsabilidad podemos ofrecer resultados a los ciudadanos.

Atentamente
Ingeniero Facundo Rosas Rosas (rúbrica)
Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minutas

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo Único. Se reforman los artículos, 5, 7, 10 primer párrafo, 58, 70, primer párrafo; 87, 89, fracción I; 90, 92, 103, 229, fracción IV y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 1o. y el Capitulo IV Bis denominado De las Sociedades Unipersonales, con los artículo 86 Bis, 86 Bis 1, 86 Bis 2, 86 Bis 3, 86 Bis 4 y 86 Bis 5, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I. a VI. ...

Las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas podrán optar por constituirse a través de la modalidad de unipersonalidad mediante la denominación de sociedades unipersonales, en los términos del Capítulo IV Bis de esta ley.

...

 Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones. En la escritura o póliza constará el contrato social y, tratándose de sociedades unipersonales, el acta constitutiva, los cuales contendrán los estatutos correspondientes. El notario público o corredor público no autorizará la escritura o póliza, según corresponda, cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley.

Artículo 7o. Si el contrato social o en su caso el acta constitutiva, no se hubiere otorgado en escritura ante notario público o póliza ante corredor público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6o., cualquier persona que figure como socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

En caso de que el instrumento público que contenga el contrato social o acta constitutiva no se presentare dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro del instrumento público que contenga el contrato social o el acta constitutiva, contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones.

Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley, el contrato social o el acta constitutiva, según se trate.

...

...

...

Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es, la que se constituye con uno o más socios, que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales o capital puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cesibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley.

En el caso de la modalidad sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, se estará a lo dispuesto por los Capítulos IV y IV Bis de esta ley.

Artículo 70. Cuando así lo establezca el contrato social o el acta constitutiva, el o los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones.

...

Capítulo IV Bis
De las sociedades unipersonales

Artículo 86 Bis. Se entiende por sociedad unipersonal, la que se constituye y puede existir con un sólo socio o accionista. Pueden optar por constituirse mediante esta modalidad de unipersonalidad las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.

Las clases de sociedades unipersonales son:

I. Sociedad unipersonal originaria: es la constituida por un socio o accionista, sea persona física o moral, y

II. Sociedad unipersonal derivada: es aquella que fue constituida por dos o más socios como sociedad y que todas las partes sociales o acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio o accionista.

 Se consideran propiedad del único socio o accionista, las partes sociales o acciones representativas del capital de la sociedad unipersonal.

Las sociedades que opten por constituirse por la modalidad de sociedades unipersonales, agregarán a su denominación o razón social, según corresponda, la palabra unipersonal o su abreviatura, que según sea el caso será "S.R.L.U." para las sociedades de responsabilidad limitada unipersonales o "S.A.U." para las sociedades anónimas unipersonales.

Art. 86 Bis 1. En la constitución de una sociedad unipersonal o en la declaración de tal situación como consecuencia de haber pasado un único socio o accionista a ser propietario de todas las participaciones sociales o acciones, en la pérdida de tal situación o el cambio del socio o accionista único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las participaciones o acciones, se harán constar en escritura pública o póliza según corresponda misma que se inscribirá en el Registro Público de Comercio.

Artículo 86 Bis 2. De las decisiones del socio o accionista único.

En la sociedad unipersonal el socio o accionista único ejercerá las funciones de órgano de administración, en cuyo caso, sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o accionista, por su gerente general o por la persona que éste designe como ejecutor o apoderado de la sociedad para tal efecto.

Artículo 86 Bis 3. De la contratación del socio o accionista único con la sociedad unipersonal:

I. Los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad deberán constar por escrito o bajo la forma que exija la Ley de acuerdo con su propia naturaleza y, se transcribirán a un libro de actas que deberá llevar la sociedad unipersonal para tales efectos, que deberá ser firmado por el propio socio o accionista y deberá formalizarse ante notario público o corredor público e inscribirse en el Registro Público de Comercio, y

II. En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad unipersonal, no serán oponibles a la masa aquellos contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro de actas y no se hayan inscrito en el Registro Público de Comercio como lo menciona el numeral anterior.

 Artículo 86 Bis 4. De los efectos de la unipersonalidad derivada.

Transcurridos seis meses desde la constitución de una sociedad mediante la modalidad de sociedad unipersonal o de la unipersonalidad derivada sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Público de Comercio, el socio o accionista único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. Una vez inscrita la sociedad unipersonal, el socio o accionista único no responderá de las obligaciones contraídas con posterioridad al acto registral.

Artículo 86 Bis 5. Para el caso de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada son aplicables, en lo conducente los artículos contenidos en el Capítulo IV de la presente ley.

En el caso de las sociedades anónimas unipersonales son aplicables, en lo conducente, los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente ley.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o varios socios o accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

En el caso de que la sociedad anónima sea constituida por la modalidad de sociedad unipersonal, se estará a lo dispuesto por el Capítulo IV Bis de esta ley.

Artículo 89. ...

I. Que haya uno o más socios o accionistas, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos;

II. a IV. ...

 Artículo 90. La sociedad anónima en general, o en su modalidad de sociedad anónima unipersonal, puede constituirse por la comparecencia ante notario público o corredor público, de la o las personas que otorguen el acta constitutiva o el contrato social, o por suscripción pública.

Artículo 92. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, el o los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6o, excepción hecha de los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la fracción V.

Artículo 103. Son fundadores de una sociedad anónima:

I. Los mencionados en el artículo 92, y

II. El o los otorgantes del contrato constitutivo social cuando sean dos o más accionistas, o el otorgante del acta constitutiva cuando la sociedad se constituya como unipersonal.

 Artículo 229. ... I. a III. ...

IV. Cuando el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, salvo que la unipersonalidad se formalice en los términos y plazos establecidos en esta ley o se trate de sociedades constituidas bajo la modalidad de sociedades unipersonales.

V. ...

 Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario
 
 


CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 2, fracciones II y III, 3 fracciones I, IX, y XI; 6, sexto párrafo; 7; 7 bis, segundo párrafo, para quedar como apartado A, así como sus fracciones I, II y IV, asimismo, el tercer párrafo de dicho artículo para quedar como apartado B, así como sus fracciones III y VI; 7 ter, segundo párrafo, para quedar como apartado A, así como sus fracciones I, II, III, IV y VII, asimismo, el tercer párrafo de dicho artículo para quedar como apartado B, así como sus fracciones III, V y VI, y 18; se ADICIONAN las fracciones IV y V al artículo 2; un último párrafo al artículo 6; un segundo y tercer párrafos al artículo 18; las fracciones VII y VIII, al actual apartado B, del artículo 7 ter; los artículos 7 quáter; 7 quinques; 20; 21; un Título V, "De las sanciones y delitos" con los Capítulos I "De las Sanciones", con los artículos 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31, y II "De los delitos", con los artículos 32, y 33; y se DEROGAN el último párrafo del artículo 7 bis; el último párrafo del artículo 7 ter, y el artículo 11 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, así como el artículo Segundo transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. …

II. El Código de Comercio;

III. La legislación civil de la Entidad Federativa donde se realicen los actos jurídicos a que se refiere esta Ley;

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus Títulos Tercero, capítulos Sexto y Séptimo relativos a las notificaciones; Tercero A, referente a la mejora regulatoria, y Sexto, relativo al recurso de revisión, y

V. El Código Fiscal de la Federación, respecto de la actualización de multas.

 Artículo 3. ... I. Comisión. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

II. a VIII. ...

IX. Valuador Profesional. Es la persona que, previo acreditamiento del cumplimiento de los requisitos que determine la Comisión a través de las disposiciones de carácter general que emita en términos del artículo 7 y demás aplicaciones de esta Ley, se encuentra autorizada por la propia Comisión para realizar avalúos de inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda, además de que cumpla con alguno de los supuestos siguientes:

a) cuente con cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública;

b) cuente con cédula profesional de arquitecto, de ingeniero o de alguna carrera afín a la materia inmobiliaria expedida por la citada Dependencia, o

c) cuente con la habilitación como corredor público por parte de la Secretaría de Economía.

X. ...

XI. Unidad de Valuación. Es la persona moral que en su padrón cuenta, por lo menos, con cinco Valuadores Profesionales y se encuentra inscrita como tal en la Comisión en términos del artículo 7 de esta Ley, de acuerdo a las disposiciones que aquélla emita.

 Artículo 6. …

…

I. a VIII. …

…

…

La Entidad estará obligada a otorgar el Crédito Garantizado a la Vivienda en los términos y condiciones establecidos en la oferta vinculante, siempre y cuando, la Entidad compruebe: la identidad del solicitante; la veracidad y autenticidad de los datos que hubiese proporcionado el solicitante; la capacidad crediticia del solicitante conforme a las sanas prácticas y condiciones de mercado; la realización de un avalúo practicado por un Valuador Profesional autorizado, y el cumplimiento de las demás formalidades que requiera la Ley.

…

La Entidad estará obligada a poner a disposición del solicitante una copia del avalúo utilizado en el otorgamiento del Crédito Garantizado a la Vivienda respectivo.

 Artículo 7. Los avalúos de los bienes inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda deberán realizarse por Valuadores Profesionales autorizados al efecto por la Comisión, asimismo, dichos avalúos tendrán efectos fiscales para la determinación de los impuestos, derechos y contribuciones correspondientes y deberán ser aceptados por las autoridades fiscalizadoras federales y locales.

El acreditado tendrá el derecho a escoger al Valuador Profesional que intervenga en la operación, de entre aquellos que aparezcan en el listado que le presente la Entidad.

La Comisión deberá establecer mediante disposiciones de carácter general los términos y condiciones para obtener la autorización de Valuador Profesional; para la inscripción de la Unidad de Valuación; así como para la renovación de la autorización o de la inscripción de que se trate.

Las citadas disposiciones deberán establecer los requisitos de honorabilidad e historial crediticio satisfactorio con los que deberá cumplir cualquier interesado en obtener la autorización de Valuador Profesional, así como de capacidad técnica que será exigible, de manera adicional, tratándose de las personas a que se refiere el inciso b) de la fracción IX del artículo 3 de esta Ley; en el entendido de que podrán acreditarse dicha capacidad con base en programas y criterios adicionales de evaluación que reconozca la Comisión, impartidos por distintas instituciones autorizadas por la Secretaría de Educación Pública; los requisitos de capital social mínimo, gobierno corporativo y control interno que deberán observar los interesados en obtener la inscripción de Unidad de Valuación, así como señalar los medios de comunicación electrónica que habilitará la Comisión a efecto de que los interesados puedan presentar de manera remota las solicitudes de autorización o inscripción, según sea el caso. En todo caso, la autorización e inscripción referidas tendrán una vigencia de 3 años.

En el proceso de emisión y modificación de las mencionadas disposiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Comisión hará públicos los anteproyectos de disposiciones de carácter general, por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar, con la finalidad de hacerlos del conocimiento de las asociaciones o colegios en los que participen los sujetos obligados por esta Ley, y éstos puedan someter a la consideración de dicha Comisión comentarios respecto de los referidos anteproyectos.

Los Valuadores Profesionales deberán proporcionar los elementos necesarios para que la Unidad de Valuación que corresponda verifique el cumplimiento de los citados requisitos a efecto de que por conducto de dichas Unidades de Valuación se presenten a la Comisión las respectivas solicitudes de autorización.

En caso de que resulte negativa la procedencia de la solicitud para autorización como Valuador Profesional o de inscripción como Unidad de Valuación, los interesados podrán solicitar, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la resolución negativa, la revisión de su solicitud ante la Comisión quien deberá resolver sobre la misma.

La Comisión podrá establecer mediante disposiciones de carácter general la metodología para la valuación de los bienes inmuebles objeto de Crédito Garantizado a la Vivienda, las cuales fomentarán el uso de los medios electrónicos de comunicación y de la firma electrónica, así como la información periódica que, para el ejercicio de las facultades de supervisión, deberán entregar a la Comisión los Valuadores Profesionales y las Unidades de Valuación.

Serán causales de revocación de las autorizaciones para actuar como Valuador Profesional a que se refiere este artículo o bien la cancelación de la inscripción de la Unidad de Valuación, las siguientes:

I. Tratándose del Valuador Profesional:

a) Dejar de cumplir con los requisitos señalados en la presente Ley o en las disposiciones de carácter general que de ella emanen.

b) Estar inhabilitado o suspendido administrativamente o, en su caso, penalmente, para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.

c) Haber sido sujeto a procedimiento de averiguación o investigación de carácter administrativo por infracciones graves o penal, por violaciones a leyes financieras nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad o bien, sentencia condenatoria firme.

d) Haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso que le imponga pena por más de un año de prisión, o por delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido la pena.

e) Suspender la actividad valuatoria por un plazo continuo de dieciocho meses.

f) Incumplir de manera reiterada con las obligaciones o realizar actos que actualicen las prohibiciones que esta Ley o las disposiciones que de ella emanen le imponen.

g) Elaborar avalúos que no correspondan a la realidad o que incumplan con la metodología para la valuación de los bienes inmuebles que mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión, independientemente de que como consecuencia de ello pueda resultar un quebranto o perjuicio patrimonial para la Entidad o el acreditado.

II. Tratándose de la Unidad de Valuación:

a) Dejar de cumplir con los requisitos señalados en la presente Ley o en las disposiciones de carácter general que de ella emanen.

b) Ocultar, falsear o destruir información relacionada con los avalúos de los que sea responsable.

c) Incumplir de manera reiterada con las obligaciones o realizar actos que actualicen las prohibiciones que le impone esta Ley o las disposiciones que de ella emanen.

 Artículo 7 Bis. …

A. Los Valuadores Profesionales tendrán las siguientes obligaciones:

I. Guardar confidencialidad respecto a la información que conozcan y manejen con motivo de la realización de los avalúos, salvo que la utilicen con fines estadísticos o por mandato de una autoridad jurisdiccional;

II. De manera oportuna, poner en conocimiento de la Comisión y de la Unidad de Valuación respectiva, cualquier acto o situación que, en el ejercicio de la función valuatoria, pudiera traducirse en beneficio, daño o perjuicio para éstas, o para cualquiera de las personas involucradas en los avalúos que realicen;

III. …

IV. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

 B. Los Valuadores Profesionales no podrán: I. y II. …

III. Realizar avalúos al amparo de la autorización que les otorgue la Comisión, respecto de bienes diferentes a los Inmuebles;

IV. y V. …

VI. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

 Último párrafo. Se deroga.

Artículo 7 Ter. …

A. Las Unidades de Valuación tendrán las siguientes obligaciones:

I. Guardar confidencialidad respecto a la información que conozcan y manejen con motivo de la certificación de los avalúos, salvo que la utilicen con fines estadísticos o por mandato de una autoridad jurisdiccional;

II. Poner en conocimiento de la Comisión oportunamente, cualquier acto o situación que, en el ejercicio de la función valuatoria, pudiera traducirse en beneficio, daño o perjuicio para ésta, o para cualquiera de las personas involucradas en los avalúos que certifiquen;

III. Permitir a la Comisión realizar la supervisión y las auditorias relacionadas en materia de avalúos; así como los aspectos técnicos, contables, corporativos, formativos, metodológicos, informáticos y operativos de dichas unidades de valuación;

IV. Remover o, en su caso, sustituir a los Valuadores Profesionales y Controladores cuando así lo indique la Comisión o cualquier otra autoridad competente;

V. y VI. …

VII. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

 B. Las Unidades de Valuación no podrán: I. y II. …

III. Certificar dictámenes de valuación al amparo de la inscripción que les otorgue la Comisión respecto de bienes diferentes a los inmuebles;

IV. …

V. Certificar avalúos en los que pueda resultar algún beneficio ilícito para ellas, sus socios, directivos o empleados; o bien cuando estén implicadas personas con las que sus Valuadores Profesionales o Controladores, el cónyuge o los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles de éstos tengan enemistad manifiesta;

VI. Inscribir en su padrón o certificar avalúos de Controladores que estén inscritos en el padrón de otra Unidad de Valuación, así como inscribir en su padrón o certificar avalúos de Valuadores Profesionales que estén inscritos en más de cuatro Unidades de Valuación.

Para tales efectos, la Comisión pondrá a disposición de las Unidades de Valuación la información que les permita verificar lo anterior.

No obstante lo anterior, la Comisión podrá autorizar, previa solicitud del Valuador Profesional interesado, que una Unidad de Valuación certifique los avalúos de un Valuador Profesional que esté inscrito en el padrón de más de cuatro Unidades de Valuación, cuando se justifique dicha circunstancia en virtud de la poca densidad poblacional en la que operen tanto el Valuador Profesional, la Unidad de Valuación a la que esté inscrito, así como la Unidad de Valuación que se pretenda lo inscriba en su padrón a fin de que también certifique sus avalúos;

VII. Certificar avalúos que hayan sido solicitados o promovidos por el Desarrollador Inmobiliario de que se trate, o bien, en los que dicho Desarrollador haya intervenido en su realización o de cualquier otra forma, por sí mismo o por interpósita persona; salvo que dicho avalúo no tenga por objeto la obtención de un Crédito Garantizado a la Vivienda, caso en el cual, dicha Unidad de Valuación deberá incluir dentro de su certificación la leyenda siguiente: "El presente avalúo no podrá utilizarse para la obtención de un Crédito Garantizado a la Vivienda".

La prohibición a que se refiere la presente fracción no será aplicable en el caso en el que el Desarrollador Inmobiliario solicite el otorgamiento de un Crédito Garantizado a la Vivienda en su calidad de deudor, y

VIII. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

…

 Último párrafo. Se deroga

Artículo 7 quáter. Obligaciones y Prohibiciones de los Controladores.

A. Los Controladores tendrán las siguientes obligaciones:

I. Guardar confidencialidad respecto a la información que conozcan y manejen con motivo de los avalúos que firmen en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, salvo que la misma sea utilizada con fines estadísticos o por mandato de una autoridad jurisdiccional;

II. Informar a la Comisión y a la Unidad de Valuación respectiva, en un plazo de 10 días hábiles bancarios, contado a partir de que tengan conocimiento de cualquier acto o situación que en el ejercicio de sus funciones, pudiera traducirse en beneficio, daño o perjuicio para éstas, o para cualquiera de las personas que intervengan en los avalúos respectivos;

III. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, y

IV. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

 B. Los Controladores no podrán: I. Delegar o ceder, total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones que deriven del poder especial que les haya otorgado la Unidad de Valuación correspondiente para fungir como Controlador;

II. Ostentarse como Controladores en tanto no tengan el poder especial otorgado por la Unidad de Valuación correspondiente para fungir como tales, o que dicho poder haya sido revocado;

III. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación, respecto de bienes diferentes a inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda;

IV. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, de inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda, en los que aquélla, sus socios, directivos o empleados, así como su cónyuge, sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado, por afinidad o civiles, tengan algún interés;

V. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, en los que pueda resultar cualquier ilícito, y

VI. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

 Artículo 7 quinques. Las Entidades deberán abstenerse de otorgar Créditos Garantizados a la Vivienda, en los que el respectivo avalúo haya sido solicitado o promovido por el Desarrollador Inmobiliario de que se trate, o bien, cuando en la realización del avalúo, dicho Desarrollador haya intervenido de cualquier otra forma, por sí mismo o por interpósita persona; salvo que sea el propio Desarrollador Inmobiliario quien solicite el otorgamiento de un Crédito Garantizado a la Vivienda en su calidad de deudor ante la respectiva Entidad.

Artículo 11. Se deroga.

Artículo 18. La Comisión respecto de las entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, respecto de las demás Entidades que habitualmente otorguen Crédito Garantizado, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán y supervisarán el cumplimiento de la presente Ley y de las disposiciones que de ella emanen. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades con que cuenta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de su Ley.

Los Valuadores Profesionales, Controladores y la Unidad de Valuación, estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la Comisión, para lo cual deberán entregarle toda la información y documentación que ésta les solicite, dentro de los plazos que la misma establezca. La citada Comisión podrá realizar visitas de inspección a las referidas personas a efecto de revisar, verificar, comprobar y evaluar que las actividades que realicen se ajusten a la presente Ley y a las disposiciones que de ella emanen.

Asimismo, la Comisión podrá determinar mediante disposiciones de carácter general la información periódica que, para el ejercicio de sus facultades de supervisión, deberán entregarle los Valuadores Profesionales y las Unidades de Valuación, así como los plazos y medios para su entrega.

Artículo 20. La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. deberá desarrollar un centro de información estadística de la originación y comportamiento de los Créditos Garantizados a la Vivienda.

Para tal efecto, las Entidades y quienes sean titulares de los derechos de crédito tratándose de Créditos Garantizados a la Vivienda, deberán proporcionar a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., la información de los Créditos Garantizados a la Vivienda que otorguen o de los que sean titulares, en los plazos, términos, condiciones y características que ésta determine mediante disposiciones de carácter general y sin que de dicha información se pueda identificar al deudor del Crédito Garantizado a la Vivienda, en protección del derecho a la privacidad del mismo.

La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., podrá auxiliarse de las asociaciones gremiales integradas por las Entidades para la conformación de la base de datos que dé sustento al centro de información estadística, la cual tendrá el carácter de confidencial, por lo que sólo podrá ser compartida con las Entidades que proporcionen información para su integración, en los términos y condiciones que se establezcan en las disposiciones de carácter general que emita la citada Sociedad, sin que dicha base de datos pueda ser objeto de comercialización. Asimismo, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., en ningún caso podrá compartir la base de datos con información que permita identificar a los otorgantes de Crédito Garantizado a la Vivienda o a sus titulares.

Con la información de la base de datos que se integre para el desarrollo del centro de información estadística, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., deberá publicar mensualmente a través de su página de Internet, estadísticas relevantes sobre la originación y comportamiento de los Créditos Garantizados a la Vivienda.

La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., podrá sancionar el incumplimiento de este artículo, en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la citada Sociedad.

Artículo 21. La Comisión, en el ámbito de su competencia, podrá asignar calificaciones a las Unidades de Valuación, tomando en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos de la relación que exista entre los Créditos Garantizados a la Vivienda y los avalúos que hubieren formado parte del proceso de originación de dichos créditos, a fin de informar al público, a través de su página en Internet, sobre la capacidad técnica de dichas Unidades de Valuación.

Para tales efectos, la Comisión elaborará las referidas calificaciones con base en la información que obtenga en ejercicio de sus facultades de supervisión.

TÍTULO V
DE LAS SANCIONES Y DELITOS

Capítulo I
De las sanciones

Artículo 22. El incumplimiento o la violación a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión, conforme a lo siguiente:

I. Multa de 200 a 2,000 días de salario:

a) A los Valuadores Profesionales, Controladores y Unidades de Valuación que no cumplan con las disposiciones a que se refiere el tercer párrafo del artículo 18 de esta Ley.

b) A los Valuadores Profesionales, Controladores y Unidades de Valuación que no proporcionen dentro de los plazos establecidos para tal efecto, la información o documentación a que se refiere esta Ley.

II. Multa de 2,000 a 7,000 días de salario:

a) A los Valuadores Profesionales que no cumplan con las obligaciones o realicen los actos prohibidos en el artículo 7 bis de esta Ley.

b) A las Unidades de Valuación que no cumplan con las obligaciones o realicen los actos prohibidos en el artículo 7 ter de esta Ley.

c) A los Controladores que no cumplan con las obligaciones o realicen los actos prohibidos en el artículo 7 quáter de esta Ley.

III. Multa de 4,000 a 10,000 días de salario:

a) A las entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado a la Vivienda en contravención a lo previsto en el artículo 7 quinques de esta Ley.

b) A las entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado a la Vivienda, que se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades que ésta y otras disposiciones aplicables le confieren a la Comisión.

 Artículo 23. Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en el presidente y los demás servidores públicos de la misma, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas.

Para efectos de las multas establecidas en el presente Capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia, se podrá aplicar multa equivalente al doble de la establecida para esa infracción.

Artículo 24. La Comisión, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere esta ley, se sujetará a lo siguiente:

I. Se otorgará audiencia al infractor, quien, en un plazo de 10 días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, deberá manifestar por escrito lo que a su interés convenga, ofrecer pruebas y formular alegatos. La Comisión, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso. La notificación surtirá efectos al día hábil siguiente a aquél en que se practique.

II. En caso de que el infractor no hiciere uso del derecho de audiencia dentro del plazo concedido o bien, habiéndolo ejercido no lograre desvanecer las imputaciones vertidas en su contra, se tendrán por acreditadas las infracciones imputadas y se procederá a la imposición de las sanción administrativa correspondiente.

III. En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta, en su caso, lo siguiente:

a) La afectación a terceros o al sistema financiero;

b) La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en una infracción que haya sido sancionada y, en adición a aquélla, cometa la misma infracción, dentro de los 2 años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente;

c) La cuantía del Crédito Garantizado a la Vivienda, y

d) La intención de realizar la conducta.

 Artículo 25. La Comisión podrá, atendiendo a las circunstancias de cada caso, imponer la multa que corresponda al infractor en los supuestos señalados en la fracción I del artículo 22 de esta ley, o bien, solamente amonestarlo.

La Comisión considerará como atenuante en la imposición de sanciones administrativas, cuando el presunto infractor, de manera espontánea y previo al inicio del procedimiento de imposición de sanción a que se refiere la presente Ley, informe por escrito de la violación en que hubiere incurrido a la citada Comisión y corrija las omisiones o contravenciones a las normas aplicables en que hubiere incurrido o, en su caso, presente ante la misma Comisión un programa de corrección que tenga por objeto evitar que la persona regulada por esta Ley, se ubique de nueva cuenta en la conducta infractora. Asimismo, se considerará como atenuante la acreditación que el presunto infractor haga ante la Comisión de haber resarcido el daño causado, así como el hecho de que aporte información que coadyuve en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión en materia de inspección y vigilancia, a efecto de deslindar responsabilidades.

La Comisión podrá abstenerse de sancionar a las Entidades y personas sujetas a su supervisión en términos de esta Ley, siempre y cuando se trate de conductas infractoras señaladas en la fracción I del artículo 22 de la presente Ley y, además, justifiquen la causa de tal abstención y se refieran a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad ni constituyan delito o pongan en peligro los intereses de terceros o del propio sistema financiero.

Artículo 26. En el ejercicio de sus facultades sancionadoras, la Comisión, ajustándose a los lineamientos que apruebe su Junta de Gobierno, deberá hacer del conocimiento del público en general, a través de su portal de Internet, las sanciones que al efecto imponga por infracciones a esta Ley, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, para lo cual deberá señalar exclusivamente el nombre, denominación o razón social del infractor, el precepto infringido y la sanción.

Artículo 27. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 1,000 a 5,000 días de salario, a las Entidades distintas a las supervisadas por la Comisión, que infrinjan cualquier disposición de esta Ley cuya conducta no competa sancionar a la Comisión. En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo, la Procuraduría Federal del Consumidor deberá observar, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 24 de la presente Ley.

Artículo 28. La infracción a cualquier otro precepto de esta Ley o de las disposiciones que de ella deriven, distinta de las señaladas expresamente o en algún otro artículo de esta Ley y que no tengan sanción especialmente señalada en este ordenamiento, será sancionada con multa de 1,000 a 5,000 días de salario por la Comisión.

Artículo 29. La facultad para imponer las sanciones previstas en esta Ley, caducará en un plazo de cinco años, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de infracción.

El plazo de caducidad señalado en el párrafo inmediato anterior se interrumpirá al iniciarse los procedimientos relativos. Se entenderá que el procedimiento de que se trata ha iniciado a partir de la notificación al presunto infractor del oficio de sanción correspondiente, en términos del artículo 24 de la presente Ley.

Las multas que se impongan conforme a lo previsto en esta Ley deberán ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su notificación. Cuando las multas no se paguen dentro del plazo señalado en este párrafo, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los mismos términos que establece el Código Fiscal de la Federación para este tipo de supuestos.

En caso de que el infractor pague las multas dentro de los 15 días referidos en el párrafo anterior, se aplicará una reducción en un 20 por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa.

Artículo 30. En contra de las sanciones que se impongan en términos del presente Capítulo procederá el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 31. Corresponderá al Servicio de Administración Tributaria hacer efectivas, conforme al Código Fiscal de la Federación, las multas impuestas a en términos del presente Capítulo.

Capítulo II
De los delitos

Artículo 32. Aquellas personas que para obtener un Crédito Garantizado a la Vivienda o aquellas que se confabulen para tal efecto, soliciten, elaboren, emitan o presenten avalúos que no correspondan a la realidad, de manera que el valor de los bienes que se otorguen en garantía sea inferior al importe del referido crédito, serán acreedoras a las sanciones siguientes, según corresponda:

I. Se sancionará con prisión de tres meses a un año, cuando el monto del Crédito Garantizado a la Vivienda, no exceda del equivalente a 2,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

II. Se sancionará con prisión de uno a tres años, cuando el monto del Crédito Garantizado a la Vivienda exceda de 2,000 y no de 50,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

III. Se sancionará con prisión de tres a cinco años, cuando el monto del Crédito Garantizado a la Vivienda exceda de 50,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

 Los delitos previstos en el presente artículo sólo admitirán comisión dolosa. La acción penal que derive de los supuestos previstos en este artículo procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión, cuando el presunto responsable sea un Valuador Profesional o Controlador, o bien se procederá a petición del ofendido en cualquier caso. La acción penal prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Comisión o el ofendido tenga conocimiento de la conducta y del probable responsable y, si no tiene ese conocimiento, en cinco años que se computarán conforme a las reglas establecidas en el artículo 102 del Código Penal Federal. Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal Federal.

Artículo 33. Lo dispuesto en este Título, no excluye al infractor de la imposición de sanciones que conforme a ésta u otras leyes le fueren aplicables por la comisión de delitos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En un plazo de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., deberá establecer las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 20 que por este Decreto se adiciona.

Artículo Tercero. Las facultades que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto correspondían a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., y que por virtud del mismo se asignan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quedarán conferidas a ésta, una vez cumplido el plazo de 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no expida las disposiciones de carácter general que, en el ámbito de su competencia, establece el presente Decreto y éstas entren en vigor, continuarán vigentes las disposiciones que hubiere expedido la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., con anterioridad a este Decreto.

Artículo Cuarto. Las autorizaciones otorgadas por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., para actuar como Valuador Profesional, así como las inscripciones como Unidad de Valuación, continuarán vigentes en los términos otorgados por la citada institución de banca de desarrollo.

La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., proporcionará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un padrón que contenga la información relativa al estado que guardan las autorizaciones e inscripciones, así como la vigencia de las mismas, de los Valuadores Profesionales, Controladores y Unidades de Valuación, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Artículo Quinto. Las infracciones cometidas antes de que se concluya el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio del presente Decreto, se sancionarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de cometerse las citadas infracciones, por quien en términos de este Decreto se encuentre facultado al momento de conocer la conducta susceptible de ser sancionada, aplicando el procedimiento que se encuentre vigente al momento de que se conozca dicha conducta.

En los casos de aquéllos procedimientos iniciados antes y durante el plazo de 90 días naturales a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio del presente Decreto, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., estará facultada para conocerlos y sancionarlos hasta su conclusión, aún transcurrido dicho plazo.

Artículo Sexto. Las Unidades de Valuación que, a la entrada en vigor del presente Decreto, mantengan inscritos en su padrón de Valuadores Profesionales a quienes también lo estén en otra Unidad de Valuación, contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para ajustarse a lo previsto en el primer párrafo de la fracción VI del Apartado B del artículo 7 ter de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; por lo que con posterioridad a dicho plazo, dejarán de certificar los avalúos de los Valuadores Profesionales que formen parte del padrón de otra Unidad de Valuación, salvo que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la citada fracción VI del Apartado B del artículo 7 ter de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

Asimismo, las Unidades de Valuación, una vez concluido el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior, deberán hacer del conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el padrón de Valuadores Profesionales que tengan inscritos.

Artículo Séptimo. Transcurrido el plazo de un año a que se refiere el artículo Sexto Transitorio anterior y en caso de que no se haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción VI del Apartado B del artículo 7 ter de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., devolverá únicamente el importe recibido por la autorización correspondiente, previa solicitud de la Unidad de Valuación y del Valuador Profesional respectivo, siempre que le sea presentada en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de que concluya el plazo de un año antes mencionado.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario
 
 


CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforma adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se adiciona una fracción V al artículo 2, una fracción V Bis al artículo 3, una fracción XXI al artículo 5 recorriéndose la subsecuente; una fracción XXI al artículo 7 recorriéndose la subsecuente; una fracción XVI al artículo 8 recorriéndose la subsecuente; una fracción X al artículo 11 y se reforma el artículo 41, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como siguen:

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública:

I. a II. ...

III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético;

IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas, y

V. La formulación y ejecución de acciones para la prevención del cambio climático.

 Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por: I. a V. ...

V Bis. Cambio climático: Es aquel atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables;

VI. a XXXVII. ...

 Artículo 5. Son facultades de la federación: I. a XIX. ...

XX. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;

XXI. La formulación de acciones y medidas para la prevención y control del cambio climático, y

XXII. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

 Artículo 7. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: I. a XIX. …

XX. La atención coordinada con la federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo consideren conveniente las entidades federativas respectivas;

XXI. La formulación y ejecución de acciones para la prevención del cambio climático, en coordinación con la federación y municipios, y

XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

 Artículo 8. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: I. a XIV. ...

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;

XVI. La formulación y ejecución de acciones para la prevención del cambio climático, y

XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la federación o a los estados.

 Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: I. a VII. ...

VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento;

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven; y/o

X. La prevención y control del cambio climático;

...

...

 Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, así como la prevención y control del cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario
 
 


CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 2, 9 Y 13 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 9 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 9 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforman el artículo 2, las fracciones II y III del artículo 9, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:

Artículo 2. La comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los criterios de

I. Transversalidad de las políticas públicas con las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, a partir de la ejecución de programas y de acciones con enfoque pluricultural, atendiendo criterios etnolingüísticos, usos y costumbres y de asentamiento físico.

II. Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables del desarrollo de los pueblos indígenas en los estados y municipios.

 Para lo cual, la comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. Ser instancia rectora en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y acciones que las dependencias y entidades de la administración pública federal desarrollen en la materia;

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las disposiciones constitucionales;

III. Implantar medidas que permitan una mayor articulación e integralidad de las políticas públicas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas que realicen las dependencias de administración pública federal;

IV. Realizar tareas de colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;

V. Proponer y promover ante el Ejecutivo federal medidas de mejoramiento que requieran los pueblos y comunidades indígenas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Evaluar el diseño e instrumentación de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades;

VII. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas;

VIII. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas;

IX. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales;

X. Diseñar y operar, en el marco del consejo consultivo de la comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas, programas y acciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

XI. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;

XII. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la administración pública federal, o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

XIII. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos internacionales relacionados con el objeto de la comisión;

XIV. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como para las entidades federativas y municipios que los soliciten, a fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas con la participación que corresponda a sus municipios para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

XVI. Concertar acciones con los sectores social y privado para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;

XVII. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos en la definición, formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y acciones gubernamentales;

XVIII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad en lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIX. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances y efecto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal, estatal y municipal, en materia de desarrollo de los pueblos indígenas; y

XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

 ...

Articulo 9. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones conferidas en el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. ...

II. Definir los criterios, prioridades y metas de la comisión, tomando en consideración las opiniones y propuestas del consejo consultivo; y

III. Definir los lineamientos de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con los gobiernos estatales y municipales, y con las organizaciones de los sectores social y privado, tomando en consideración las opiniones y propuestas del consejo consultivo al efecto.

...

 Artículo 13. ...

Asimismo, el consejo analizará y hará propuestas en todo lo relacionado a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas.

Transitorio

Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario
 
 


CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 20, 26, 60, 61 Y 68 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 26, 60, 61 y 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 26, 60, 61 y 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Artículo Único. Se reforman el primero y cuarto párrafos del artículo 20, las fracciones XVI y XVII al artículo 61, y las fracciones XIV y XV del artículo 68; y se adicionan un último párrafo al artículo 20, un tercer párrafo al artículo 26, las fracciones VII y XVII al artículo 60, la fracción XVIII al artículo 61 y las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 68, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. La base de datos de las sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. Los Usuarios que entreguen dicha información a las sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; y, deberán contar con los documentos en que se acredite de manera fehaciente la existencia de la relación contractual con el cliente, así como de la existencia del incumplimiento que constituye la cartera vencida. Dicha información deberá incluir en su historial crediticio, los pagos oportunos o anticipados que haya efectuado el cliente respecto del mismo crédito.

…

…

Cuando el cliente realice el cumplimiento de una obligación, el usuario deberá proporcionar a la sociedad la información del pago correspondiente y la eliminación de la clave de prevención u observación correspondiente. El usuario deberá enviar dicha información dentro de los cinco días hábiles posteriores al pago. En el caso a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 Bis, los usuarios contarán con un plazo de hasta diez días hábiles para enviar la información actualizada a la sociedad.

…

Cuando los clientes se acojan a programas de recuperación de créditos de entidades financieras, empresas comerciales o Sofomes E.N.R. los usuarios deberán reportar a las sociedades de información crediticia dichos créditos como saldados, en caso de que hayan sido finiquitados.

Artículo 26. ...

…

Tratándose de personas físicas, en ningún caso la información contenida en los reportes de crédito podrá ser utilizada por los usuarios, para efectos laborales del cliente, salvo por mandamiento judicial o legal que así lo amerite.

Artículo 60. ...

I. a VI. …

VII. Cuando la sociedad incorpore en la base primaria de datos la información de cartera vencida proporcionada por los usuarios sin ajustarse a los términos de la fracción I del artículo 2o. de esta ley;

VIII. a XVI. …

XVII. Cuando la entidad financiera envíe información sin contar con el soporte documental a que se refiere el primer párrafo del artículo 2o de esta ley;

XVIII y XIX. …

 Artículo 61. ... I. a XV. …

XVI. La entidad financiera envíe nuevamente a la sociedad la información, previamente contenida en la base de datos de ésta y que se haya modificado o eliminado, a que hace referencia el artículo 46;

XVII. La sociedad que no elimine de la base de datos la información a que se refiere el artículo 23 en los plazos y condiciones señalados en dicho artículo; y

XVIII. La entidad financiera utilice información proporcionada por la sociedad con la finalidad de ser utilizada para efectos laborales, sin que exista resolución judicial que así lo amerite.

 Artículo 68. ... I. a XIII. ...

XIV. Incumplan con las disposiciones de carácter general que emita el Banco de México en términos del artículo 12 y del artículo 20, tercer párrafo;

XV. Se abstengan de actualizar ante la Sociedad, en el plazo señalado, el pago realizado por el cliente, según lo establecido en el artículo 20, cuarto párrafo;

XVI. Se abstenga de informar a la sociedad del cumplimiento de la obligación realizado por el cliente, en los términos del cuarto párrafo del artículo 20 de esta Ley;

XVII. Envíen información sin contar con el soporte documental a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 de esta ley; y

XVIII. Se utilice información proporcionada por la sociedad con la finalidad de ser utilizada para efectos laborales, sin que exista mandamiento judicial o legal que así lo amerite.

 Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.-México, DF., a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario
 
 


CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo Único. Se reforma el artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 72. El Premio Nacional de la Juventud será entregado a jóvenes cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, y su conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad.

El Premio Nacional de la Juventud se otorgará en dos categorías de edad:

A) De 12 años hasta menos de 18 años.

B) De 18 años hasta 29 años.

En ambas categorías, se concederá en las siguientes distinciones:

I. Logro académico;
II. Expresiones artísticas y artes populares;

III. Compromiso social;
IV. Fortalecimiento a la cultura indígena;

V. Protección al ambiente;
VI. Ingenio emprendedor;

VII. Derechos humanos;
VIII. Discapacidad e integración;

IX. Aportación a la cultura política y a la democracia y
X. Ciencia y tecnología.

 Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario
 
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO CARLOS MANUEL FUENTES Y MACÍAS PARA QUE PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

México, DF., a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Renán Cleominio Zepeda Novelo (rúbrica)
Secretario
 
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO MARIO VÁZQUEZ RAÑA, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA, PARA ACEPTAR Y USAR LA DISTINCIÓN DE LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL, QUE LE CONFIERE SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA, JUAN CARLOS R

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Mario Vázquez Raña, presidente y director general de Organización Editorial Mexicana, pueda aceptar y usar la distinción de la Gran Cruz de la orden del Mérito Civil, que le confiere su majestad el rey de España, Juan Carlos R.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Mario Vázquez Raña, presidente y director general de Organización Editorial Mexicana, pueda aceptar y usar la distinción de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que le confiere su majestad el rey de España, Juan Carlos R.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario
 
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO A LA CIUDADANA PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República Argentina.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República Argentina.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 9 de diciembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario
 
 
 
 
 
 
 
  


Iniciativas

DEL CONGRESO DE NUEVO LEÓN, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXI Legislatura del honorable Congreso de Nuevo León aprobó presentar ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto para reformar por adición de un tercer párrafo el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para lo cual acompañamos al presente copia del acuerdo numero 184, aprobado en la sesión de hoy, así como del expediente 5128 formado sobre el particular.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos correspondientes, agradeciéndole que nos haga saber el trámite legislativo dado a la presente iniciativa.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Monterrey, Nuevo León, a 26 de noviembre de 2008.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado Gilberto Treviño Aguirre (rúbrica)
Secretario

Diputado Arnulfo Martínez Valdez (rúbrica)
Secretario
 

Honorable Asamblea:

Los suscritos, diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Acción Nacional pertenecientes a la LXXI Legislatura al Congreso de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, acuden ante esta soberanía para presentar iniciativa de reforma por adición de un tercer párrafo el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, los estudios socioeconómicos más conservadores señalaban en 2002 que la mitad de la población vivía en un estatus de pobreza; y cerca de la quinta parte de ella, en pobreza extrema.

Lo anterior, derivado principalmente de la alta marginación e insuficientes oportunidades de empleo. Si bien el gobierno de la república ha realizado esfuerzos importantes por abatir esa situación, es justo reconocer que el grado tan alto de esta problemática requiere un trabajo de mediano y largo plazos con objetivos claros y mesurables para alcanzar mejores índices en beneficio de la población.

El resultado de este problema de marginación es el alto número de personas sin ingresos personales. Por su parte, de quienes sí cuentan con un empleo remunerado, 45.3 por ciento recibe menos de dos salarios mínimos, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, efectuada por el Consejo Nacional de Población.

Afortunadamente, nuestro estado se encuentra entre los de menor índice en esta encuesta por ingreso, ya que después de Baja California, que cuenta con 14.2 por ciento de personas ocupadas que reciben menos de dos salarios mínimos, sigue Nuevo León, con 23.5.

Sin embargo, hay estados cuya incidencia de bajos ingresos por persona con ocupación remunerada es alarmante, como Chiapas, con 78.1 por ciento, y Oaxaca, con 69.7 por ciento de la población laboral con ingresos menores de dos salarios mínimos.

Los datos anteriores revelan que un alto índice de mexicanos, principalmente en la zona sur del país, aunque en Nuevo León también contamos con esa problemática, que representa más de la quinta parte de la población estatal, cuenta con ingresos que no permiten satisfacer las necesidades básicas de una familia promedio, por lo cual no tienen acceso garantizado a los servicios básicos, como tampoco a una equilibrada alimentación, a la educación y a la vivienda, y desde luego tampoco a servicios públicos como agua y energía eléctrica.

Ahora bien, más allá de estos sectores de la población, todavía encontramos a quienes por su condición personal se encuentran imposibilitados para hacer frente a esta desigualdad, como es el caso de las personas jubiladas o pensionadas, las incapacitadas para trabajar o las mayores de 60 años de edad, cuya circunstancia ante la sociedad las hace todavía más vulnerables.

Hemos legislado en este Congreso, como seguramente a escala federal nuestros similares de la república, en leyes que benefician directamente a las personas que más lo necesitan, pero no debemos sentirnos satisfechos todavía, ya que la deuda social de nuestras comunidades y del propio gobierno con los más desfavorecidos no ha sido saldada.

Los grupos vulnerables, como los jubilados y los pensionados, las personas con alguna discapacidad y los mayores de 60 años, en muy contadas ocasiones cuentan oportunidades de desarrollo laboral y personal, ya que generalmente reciben los índices de marginación más desalentadores para un país como el nuestro, en vías de crecimiento y desarrollo en todos los aspectos.

Por ello, el equilibrio entre esa marginación que lamentablemente reciben y los apoyos gubernamentales vía el Ejecutivo, como los beneficios legislativos producto de las reformas de los representantes populares, debe ser tal, que logre la estabilidad principalmente económica para estos grupos.

Los que suscribimos el presente estimamos de vital importancia encontrar mecanismos legales que aligeren la carga de quienes por sus ingresos y la marginación de que son objeto no pueden atender adecuadamente las necesidades más apremiantes de sus familias, impulsando y apoyando las medidas que el Poder Ejecutivo realice para la generación de empleos, el acceso a servicios educativos para la niñez y para los adultos, la búsqueda de mejores precios y condiciones de la canasta básica para zonas marginadas, y el encauzamiento de reformas legislativas que garanticen los servicios básicos para la población, principalmente para quienes por su condición personal se encuentran en total desventaja y vulnerabilidad.

Por ello proponemos, con relación a la prestación de los servicios públicos, específicamente los de energía eléctrica, que las personas que se encuentren en los grupos altamente marginados, como los jubilados y pensionados, las personas con incapacidad para trabajar y los mayores de 60 años que no tengan ingresos propios, o bien, que sean menores de dos salarios mínimos, reciban el beneficio de la no suspensión o cancelación del servicio de energía eléctrica por falta de pago; esto, desde luego, cuando se trate de domicilios particulares, pues el daño que se puede ocasionar a estos grupos sería todavía mayor si no cuentan con tan apremiante servicio básico.

Este beneficio es importante, ya que les permitirá disponer de los pocos ingresos que reciben para la obtención de medicamentos para su atención médica, para la compra de alimentos, para gastos educativos y, en general, para satisfacer las necesidades mas apremiantes, que en muchas ocasiones no les permite cargar todavía con el gasto del servicio de energía eléctrica en ese momento, ya que en muchas ocasiones rebasa incluso el total de los ingresos de estas personas.

La propuesta evitará, a su vez, consecuencias críticas principalmente a la salud de estos grupos y sus familias, pues la energía eléctrica es un servicio básico para el buen funcionamiento de diversos aparatos necesarios, para atender los problemas médicos de muchos adultos mayores y de quienes presentan alguna incapacidad para laborar.

Con esta medida lograremos no solamente acortar la enorme brecha de la desigualdad social sino además, respecto a las personas más desprotegidas, otorgarles apoyos que directamente las benefician, ya que la inversión social de los recursos públicos en quienes realmente los necesitan no es un simple gasto económico sino, por el contrario, un verdadero acto de justicia.

Por todo lo expuesto, solicitamos de esta soberanía, en los términos de lo señalado en el artículo 71, fracción III, de la Constitución General de la República, hacer suya esta iniciativa para elevarla con ese carácter ante el honorable Congreso de la Unión, solicitando las modificaciones legales señaladas en los siguientes términos:

Decreto

Único. Se reforma por adición de un tercer párrafo el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:

I. a VI. …

…

No procederá la suspensión o corte del servicio cuando se justifique que los ingresos del propietario sean menores de dos salarios mínimos o no cuenten con ingresos propios, y se trate de jubilados, pensionados, personas incapacitadas para trabajar o mayores de 60 años de edad. Para este efecto se considerará el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

 Monterrey, Nuevo León, abril de 2006.

Diputados: Julián Hernández Santillán (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Sergio Cedillo Ojeda (rúbrica), Ángel Valle de la O (rúbrica), Fernando Kuri Guirado (rúbrica), Ranulfo Martínez Valdez (rúbrica), Alfredo Rodríguez Dávila (rúbrica), Francisco Javier Cantú Torres (rúbrica), Miguel Ángel García Domínguez (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Jesús Hinojosa Tijerina (rúbrica), Óscar Cano Garza (rúbrica), Noé Torres Mata (rúbrica), Laura Paula López Sánchez (rúbrica), Javier Ponce Flores (rúbrica), José Manuel Guajardo Canales (rúbrica), Ricardo Vázquez Silva (rúbrica), Norma Yolanda Robles Rosales (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Martín Abraham Alanís Villalón (rúbrica), Cesáreo Gutiérrez Elizondo (rúbrica), Ediberto de la Garza González (rúbrica).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efemérides
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARMENTARIO DEL PRD

El 10 de diciembre se conmemoró de manera conjunta el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Día de los Derechos Humanos en todo el mundo. Sin embargo, en México no tenemos muchos motivos para celebrar, pues a pesar de algunos avances en la materia, estos aún no han sido suficientes para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

Es evidente que en México se mantiene una gran brecha respecto de la voluntad para asumir compromisos en materia de derechos humanos a nivel internacional (que son muy valiosos) los discursos pronunciados por el Ejecutivo en los foros internacionales (en su mayoría progresistas) y las acciones concretas llevadas a cabo (en muchas ocasiones contrarias a los compromisos asumidos o ni siquiera realizadas).

Por ello debemos reconocer y lamentar que exista una discordancia entre la política interior en materia de derechos humanos y el activismo internacional que realiza el Estado mexicano para presentarnos como un Estado comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Cada poder, cada orden de gobierno debe de asumir su responsabilidad y contribución a esta situación. La omisión es también parte activa de esta situación.

A pesar del intenso trabajo que defensoras y defensores de derechos humanos han realizado con el objeto de garantizar los derechos humanos, los trabajos que desde los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno se han impulsado para garantizar la máxima protección de los derechos humanos han sido insuficientes, y en muchas ocasiones han sido regresivos.

Hoy, a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que y que obliga al Estado a …mantenemos discusiones que ya han sido sobrepasadas por el derecho internacional de los derechos humanos, como es cuestionar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, la falsa disyuntiva entre seguridad y los derechos humanos, los efectos de la pena de muerte, entre muchas otras más, que se han presentado en este Pleno.

Hoy en especial, quiero invitarlas e invitarlos a reflexionemos respecto a nuestro trabajo legislativo en materia de derechos humanos, a la luz de nuestras obligaciones de garantizar la máxima protección de los derechos humanos en las Legislaciones. La reforma constitucional relativa al sistema de justicia penal y seguridad pública aprobada el año pasado por ésta Cámara, creó dos sistemas y regímenes procesales penales: uno con garantías para la delincuencia en general y otro para la delincuencia organizada, así deja de lado nuestra obligación de garantizar e

Durante este año, a pesar de los trabajo realizados en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos en materia de derechos humanos, no hemos podido lograr un acuerdo de aprobación, sobre el reconocimiento de derechos en nuestra constitución, de temas que promovemos a nivel internacional y que presumimos nos interesan.

En materia de Seguridad y Justicia, la defensa y promoción de los derechos humanos ha quedado únicamente en el discurso de muchas diputados y diputados únicamente para legitimarse, sin embargo

De la reforma constitucional se desencadenarán una serie de cambios tanto en la legislación secundaria como en el diseño e implementación de una nueva política pública en materia de seguridad pública y justicia penal. Ambas labores deben atender los compromisos internacionales adoptados voluntariamente por el estado mexicano en materia de derechos humanos.

Aún tenemos la oportunidad de realizar esfuerzos sin precedentes para asegurar que todas las personas que se encuentren en nuestro país cuenten con leyes justas para su protección y que se les reconozcan todos los derechos humanos.

Tan ambigua es nuestro interés en resp que no hemos promovido que los organismos públicos de derechos humanos cuenten con los mecanismos necesarios para garantizar que sus recomendaciones sean vinculatorias. Obligar a las dependencias a cumplirlas, para garantizar que no se repitan las violaciones.

La realidad de la situación de los derechos en México nos debe de seguir preocupando y obligarnos a establecer en todas las agendas políticas preocupa, la prioridad de garantizarlos.

El reto importantísimo es la implementación, es decir, ponerlos en práctica, crear todos los mecanismos necesarios para hacerlos realidad, para que la gente verdaderamente pueda disfrutar de los derechos

Muchos de los casos han ido en retroceso de la vigencia. Para muchas personas, la Declaración Universal sigue siendo una promesa incumplida, ya que el deseo político del Estado mexicano de cumplir con sus obligaciones se mantiene lamentablemente detrás de sus promesas.

En un año, reflexionemos sobre las medidas que hemos adoptado para enfrentarnos a la violencia, a la tortura, a la represión y a las injusticias.

Hoy es también un día para reflexionar sobre nuestros errores individuales y colectivos al enfrentarnos a la violencia, el racismo, la xenofobia, la tortura, la represión de opiniones impopulares e injusticias de todo tipo.

En la creciente brecha de hoy en día entre los ricos y los pobres, los poderosos y los vulnerables, los tecnológicamente avanzados y los analfabetos, los agresores y las víctimas, se deben reafirmar enfáticamente la relevancia de la declaración y la universalidad de los derechos consagrados en ella.

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictámenes negativos
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA MILITARIZACIÓN, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ESTADO DE DERECHO EN SINALOA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 45, numeral 6, incisos f y g, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 3 de abril de 2008, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la militarización, los derechos humanos y el estado de derecho en Sinaloa, misma que fue turnada, en misma fecha, para análisis y dictamen a la Comisión de Defensa Nacional.

2. La Comisión de Defensa Nacional se dio al estudio de la proposición con punto de acuerdo de referencia, presentando, en su reunión plenaria del 9 de diciembre de 2008, el dictamen correspondiente, bajo la siguiente:

Valoración

A) En la proposición con punto de acuerdo, se solicita al jefe de las Fuerzas Armadas, al alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de Justicia Militar, al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al de la estatal a que, en el ámbito de sus propias responsabilidades, tomen las medidas pertinentes para garantizar el estado de derecho en dicha entidad federativa.

B) Se expone la necesidad de que las Fuerzas Armadas retornen a sus cuarteles, no obstante que su acción ha resultado invaluable para evitar que nuestro país se convierta en un narcoestado.

C) Agrega el documento que en su última visita, la señora Louise Arbour, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que "la participación de militares en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo e incluso podría ser peligrosa, ya que los soldados son entrenados para el uso excesivo de la fuerza".

D) Se considera en la proposición con punto de acuerdo, que la situación ha tomado tintes alarmantes; y que en los estados de Baja California y Tamaulipas este escenario "ha derivado en diversas violaciones a los derechos humanos de la población, y a varias disposiciones constitucionales, y en la imposición de un estado de excepción factual en que el ejército se arroga funciones reservadas constitucionalmente a otras instancias".

E) Se afirma que miembros del Ejército violan el principio de presunción de inocencia consignado en nuestro Código Penal Federal desde 1871, implantando un régimen de persecución implacable que atenta contra nuestras garantías constitucionales, y considera urgente que el Estado implante una política de profesionalización de los órganos policiacos en los tres niveles de gobierno, ya que su falta de efectividad a propiciado que los gobiernos tomen medidas cada vez más violentas para enfrentar a los diferentes carteles dedicados al narcotráfico; medidas que no únicamente afectan a los últimos eslabones de la delincuencia, sino que impactan a toda la sociedad.

F) Se señala que en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa; civiles fueron agredidos presuntamente por miembros del Ejército, lo que lleva, sin duda, a cuestionar la efectividad de las políticas de seguridad pública y nacional, que no han logrado disminuir la violencia con que actúan los carteles del narcotráfico; en las consideraciones se manifiesta de manera contundente el rechazo a que el Ejército Mexicano invada ámbitos fuera de su competencia.

 El punto de acuerdo en análisis contiene cuatro resolutivos: Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su más amplia solidaridad con los familiares de las víctimas de la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa. También expresa su más amplia solidaridad con los pueblos de Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz.

Segundo. Exhortamos a la Procuraduría de Justicia Militar a desempeñar sus labores con imparcialidad, apego a la legalidad y absoluta transparencia, en el caso de los militares procesados por los acontecimientos del pasado 26 de marzo en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Tercero. Exhortamos al jefe de las Fuerzas Armadas y al alto mando de la Defensa Nacional a garantizar la vigencia del estado de derecho en todos los municipios en que el Ejército y la Fuerza Aérea hayan desempeñando labores de lucha contra el narcotráfico.

Cuarto. Exhortamos al gobernador de Sinaloa, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Estatal, a realizar un seguimiento puntual del respeto a los derechos humanos en todos los municipios en que las Fuerzas Armadas se encuentran desempeñando labores de lucha contra el narcotráfico, con la finalidad única de evitar violaciones graves a las garantías individuales en esas entidades.

 Consideraciones A) En relación a los hechos, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados ha obtenido la siguiente información, relacionada con la averiguación previa número 9ZM/17/2008:

1. El 26 de marzo de 2008, aproximadamente a las 21:50 horas, personal de la base operativa Ruiz al mando del teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, integrada por un oficial y 14 elementos de tropa, pertenecientes a la vigésima C.I.N.E. (Culiacán Sinaloa), se percató de la presencia de un vehículo particular marca Hummer H2, color blanco, modelo 2007, placas de circulación TX-24591 de Sinaloa, que deambulaba en forma sospechosa, cuando solicitaro que se detuviera para hacerle una revisión los ocupantes hicieron caso omiso, por lo que se inició una persecución a la salida del poblado de Santiago de los Caballeros.

En determinado momento, el teniente Ruiz Martínez, quien iba en la cabina, accionó su arma a través de la ventanilla hacia los neumáticos del vehículo, lo que provocó que parte del personal militar que iba en la caja accionara sus armas de cargo hacia el vehículo civil; resultaron muertos cuatro civiles y dos militares, lesionados un civil y dos elementos de tropa.

2. Con motivo de estos hechos, el 2 de abril de 2008, el agente del Ministerio Público Militar, adscrito a la novena zona militar, determinó la averiguación previa número 9ZM/17/2008, ejercitando acción penal contra del teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes, y los soldados Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz y José Francisco Balam May, por el delito de violencia contra las personas causando homicidio y lesiones.

3. En relación al vehículo Hummer involucrado en los hechos, la señora Reynalda Morales Rodríguez, esposa del difunto Zenón López Medina, presentó ante el agente del Ministerio Público de la federación en Culiacán, Sinaloa, dentro de la averiguación previa número AP/SIN/CLN/306/2008/M-AR, la factura a su nombre que ampara la propiedad del vehículo. En el concepto de que el citado fiscal de la federación, mediante oficio número 607/2008 del 14 del actual, giró orden a la Agencia Federal de Investigación, para conocer el modus vivendi de la citada señora Morales Rodríguez, con el fin de determinar con qué recursos adquirió el referido vehículo, quedó pendiente el informo de los agentes de dicha corporación.

B) En relación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éste órgano legislativo ha obtenido la siguiente información correspondiente a la queja CNDH/2/2008/1287/Q.

1. La queja fue presentada por los señores Edel Medina López, Felipe Medina López y Sergio Geomel Chávez Alarcón. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó información respecto a la queja presentada por los citados civiles, por presuntos actos violatorios a los derechos humanos, imputados a personal militar del instituto armado, señalando los siguientes hechos:

Que aproximadamente a las 21:00 horas del 26 de marzo de 2008, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa; fueron agredidos por elementos del Ejército Mexicano, con disparos de arma de fuego, con un saldo de cuatro civiles muertos y otro lesionado.

2. La Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional rindió oportunamente al citado organismo nacional el informe relativo a dicha queja, copia de los resultados de los exámenes toxicológicos aplicados al personal militar involucrado en los hechos, copia certificada de los certificados de alcoholemia y toxicológicos practicados a un elemento militar, así como los informes rendidos por el personal involucrado en los hechos materia de la queja; los cuales se encuentran actualmente procesados.

3. Visitadores adjuntos adscritos a la segunda visitaduría y un perito médico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; acudieron a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Publico Militar adscrita a la novena zona militar, con la finalidad de llevar a cabo la consulta de la averiguación previa correspondiente.

4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó el acceso a la causa penal en instrucción, habiendo informado el juez militar que no era procedente, de acuerdo con los artículos 1, 2, 3, fracciones V, VI y XIV, inciso a, 14 fracción IV y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que dicho expediente tiene el carácter de reservado por ser de naturaleza judicial y encontrarse en etapa de instrucción.

5. En distinto orden de ideas, la Secretaría de la Defensa Nacional cubrió el pago de la indemnización por concepto de reparación de daño moral y material, a los deudos de los civiles muertos y al civil lesionado. Asimismo, implemento las acciones necesarias para cubrir los gastos médicos del civil que resultó lesionado, la reparación de los daños del vehículo civil involucrado, así como la gestión de becas para los hijos de los civiles fallecidos.

6. Por último, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, inciso 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 13, fracción IV, y 14, fracciones III y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la información relacionada con la averiguación previa y la causa penal que se encuentran en trámite tienen el carácter de reservado.

 Las consideraciones anteriores, derivadas del estudio de la proposición con punto de acuerdo de referencia, han llevado a presentar las siguientes

Conclusiones

La Comisión de Defensa Nacional, en amplio intercambio con la Secretaría de la Defensa Nacional, ha recibido, en diversas ocasiones, información respecto a las inquietudes que motivaron la presente proposición con punto de acuerdo, razón por la cual se considera que, en este específico punto, se han solventado los requerimientos de los señores diputados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional:

Acuerda

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la militarización, los derechos humanos y el estado de derecho en Sinaloa, presentada por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, el 3 de abril de 2008.

Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.

La Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Murguía (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Diódoro Carrasco Altamirano, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Alejandro Landero Gutiérrez, Marco Antonio Peyrot Solís, Javier González Garza (rúbrica), César Flores Maldonado, Jesús Ricardo Morales Manzo, Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez, Andrés Carballo Bustamante, Pedro Montalvo Gómez, Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE ZACATECAS A COMPROMETERSE CON LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA A FIN DE EVITAR EL USO INDEBIDO DE PROGRAMAS Y RECURSOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DEL PRD EN LA ENTIDAD

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del estado de Zacatecas a comprometerse con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas y recursos públicos para el desarrollo social durante el proceso electoral interno del PRD en Zacatecas, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, PAN, PVEM y PT.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2463-VII, el martes 11 de marzo del 2008 y presentada el 30 de abril de 2008, por la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

III. Recibida en la Comisión de la Función Pública, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido negativo, que fue sometido a la consideración y discusión del Pleno de dicha Comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2008, por 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

 Análisis de la proposición

La diputada proponente señala que la equidad y la transparencia son dos principios básicos de una elección democrática.

Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como principio rector en materia electoral, la equidad entre los partidos y candidatos contendientes.

Que con la reciente reforma electoral se retoma el espíritu democrático y se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y se determinan las formas, normas y requisitos para participar en procesos electorales internos, precampañas y elecciones estatales, municipales y federales.

Que los partidos políticos tienen como fin la participación del pueblo en la vida democrática, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal libre, secreto y directo.

Que en las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, destaca inequidad de algunos funcionarios, ex funcionarios, presidentes municipales y de la presidenta honoraria del DIF.

Que debe investigarse y aclararse esta situación, pues con la promoción indebida durante el proceso electoral afecta la igualdad de condiciones en la competencia y, en consecuencia, con su ejercicio se transgrede el principio de equidad.

Consideraciones

Primera. Que los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora estiman que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno deben regir su actuación por la exigencia de la más alta eficiencia y transparencia y por la rigurosa observancia de las disposiciones aplicables, y deben además abstenerse de favorecer a determinados candidatos durantes los procesos internos de los partidos políticos, o bien durante las elecciones constitucionales.

Segunda. La propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito por el que se solicita se exhorte al Gobierno del estado de Zacatecas a comprometerse con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas y recursos públicos para el desarrollo social durante el proceso electoral interno del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas, ha quedado sin materia, en virtud de que las elecciones correspondientes al proceso interno del citado instituto político ya se realizaron.

Tercera. En efecto, el 16 de marzo del 2008 se llevó a cabo el proceso electoral del Partido de la Revolución Democrática para elegir los órganos de dirección de ese partido a nivel nacional y estatal.

De manera concreta, a nivel estatal el 19 de abril de 2008 se dio el conteo final y como resultado de ello, el ingeniero Gerardo Romo Fonseca y el ciudadano Otilio Rivera Herrera obtuvieron el cargo de presidente y secretario general del PRD en Zacatecas, respectivamente, quienes ya tomaron protesta, no así por lo que respecta a los órganos de dirección a nivel nacional cuyo procedimiento se encontraba subjudice hasta hace poco tiempo. Por lo anterior, el exhorto que la diputada proponente solicitaba realizar a nombre de esta soberanía ha quedado sin materia.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con que cuenta, pone a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas a comprometerse con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas y recursos públicos para el desarrollo social durante el proceso electoral interno del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas, presentada por la diputada Susana Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese este asunto como asunto totalmente concluido.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Jesús Arredondo Velázquez, Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A COMERCIALIZAR BIENES A LOS AYUNTAMIENTOS, COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAE a realizar las acciones conducentes a comercializar bienes a los municipios, como apoyo a la gestión de los gobiernos locales.

Antecedentes

I. La Proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2445-III, el jueves 14 de febrero del 2008 y presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril del 2008 por el diputado Cruz Pérez Cuellar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública, con el número de expediente 3997.

III. Recibida en la Comisión de la Función Pública y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido negativo, el cual fue sometido a la consideración y discusión del Pleno de dicha Comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2008, por 16 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones.

 Análisis de la proposición

El diputado proponente señala que uno de los mecanismos con que pueden contar los municipios para procurarse de recursos son los bienes e inmuebles que puede destinarle el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Que de conformidad con las modificaciones a la Ley Federal para la Administración de Bienes del Sector Público publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2005, se establece que solamente podrán ser donados bienes de comercio exterior que se utilicen para la prevención o atención de los efectos derivados de desastres naturales y los destinados para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad, por lo que la recepción de bienes en donación se encuentra limitada a estos supuestos.

Que es necesario fomentar las ventas directas a estados y municipios que realice el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que permita beneficiar a su población ya que, o no tienen acceso a los esquemas de donación, o el tiempo de recepción depende de la disponibilidad de bienes que para tal efecto tenga el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes requiere mecanismos, criterios y programas para la venta directa de bienes muebles a estados de la Federación y municipios que permitan la comercialización efectiva de bienes en cumplimiento de su objetivo de orden público consistente en dar destinos a los bienes que gestiona, en apoyo a la administración pública de los gobiernos locales de la Federación.

Que la federación destina cuantiosos recursos para la administración de bienes que, una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes vende, no se reflejan en beneficios directos a los gobiernos locales y, por tanto, a sus gobernados, por lo que se requiere implantar nuevos mecanismos para apoyar directamente y sin burocracia la gestión gubernativa.

Por tanto, el diputado proponente considera pertinente solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes vender bienes inmuebles o muebles, mediante adjudicación directa a los municipios.

Consideraciones

Primera. El fin de la propuesta que se dictamina radica en que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes comercialice, mediante adjudicación directa, los bienes que tiene bajo su custodia como apoyo a la gestión de los gobiernos locales.

Segunda. La Comisión que suscribe estima oportuno precisar que el pasado 28 de mayo del 2008, el Senador Mario López Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo para solicitarle al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que realizara, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, las acciones conducentes para comercializar bienes a entidades federativas y municipios como apoyo a la gestión de los gobiernos locales.

Esta proposición fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente, cuyos puntos resolutivos a la letra señalan lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, informen a esta soberanía, dentro de los 30 días naturales siguientes, sobre los criterios, programas y acciones orientadas a promover la asignación directa de bienes administrados por el organismo, a favor de estados y municipios, en beneficio de la población correspondiente, exhortándoles a promover estas adjudicaciones cuando se relacionen con la implementación de programas de gobierno estatal o municipal, de orden social, asistencial o educativo

Tercera. En este orden de ideas, la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes aprobó las Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde se prevén disposiciones específicas sobre la adjudicación directa de bienes a las Entidades Federativas y Municipios, situación que es la que le preocupa al diputado proponente, la cual ya ha quedado satisfecha.

Por lo anterior, el exhorto que el diputado proponente solicita realizar a nombre de esta Soberanía ha quedado sin materia.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, ponen a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a realizar las acciones conducentes a comercializar bienes a los municipios, como apoyo a la gestión de los gobiernos locales, presentada por el diputado Cruz Pérez Cuellar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese este asunto como asunto totalmente concluido.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo, Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Jesús Arredondo Velázquez, Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez.