Gloria Lavara Mejía, diputada integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 20 de agosto de 2008, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, presentó en sesión de la Comisión Permanente, una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos ordenamientos secundarios, con la finalidad de reinstaurar en nuestro país la aplicación de la pena de muerte, sólo a los responsables de la comisión del delito de secuestro en los siguientes supuestos:

1. Cuando se cometa por servidores o ex servidores públicos de las corporaciones de seguridad pública, Ejército, Marina, y Ministerios Públicos Federales.

2. Cuando se mutile a la víctima durante el cautiverio.

3. Cuando se prive de la vida a la víctima durante el cautiverio.

La iniciativa de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para su dictaminación.

Por su parte, ante la urgente necesidad de abatir la inseguridad, el pasado 2 de diciembre, la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, aprobó que dicho órgano colegiado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentara una iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 14 y adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de restablecer la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas.

La aplicación de la pena de muerte es el resultado de la impunidad y el aumento alarmante de víctimas de secuestro, constituye un reclamo social que exige ser atendido, diversas encuestas ciudadanas demuestran que los Mexicanos están a favor de incrementar las penas como medida para inhibir la comisión de delitos, inclusive, algunas de ellas, evidencian el alto índice de aprobación que la pena de muerte tiene en nuestro país.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos la encuesta titulada "Incremento de Penas a Delitos Graves" (febrero de 2007), elaborada por Consulta Mitofsky, en donde el 74.8% de los mexicanos encuestados (1000 personas mayores de 18 años) estuvieron de acuerdo en aplicar la pena de muerte para los delitos graves y consideraron esta acción como una de las tres medidas que con mayor urgencia debía tomar el gobierno mexicano para combatir el crimen.

En este mismo sentido se encuentra la encuesta "Attitudes to the Death Penaltiy" (2007), elaborada por la empresa IPSO MORI a partir de mil encuestas realizadas en: Corea del Sur, México, Estados Unidos de Norte América, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Italia y España, en la cual 60% de los Mexicanos encuestados consideraron que si la pena de muerte fuera instaurada en nuestro país el número de asesinatos se reduciría y el 46% consideró la pena de muerte un castigo apropiado para los homicidas.

Lo anterior, en virtud de que se ha considerado que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo: el temor es un elemento que salva vidas inocentes. Los delincuentes (en otros países) han admitido que la pena capital fue la amenaza específica que les detuvo de cometer un delito bajo ciertas circunstancias, por temor a ser ejecutados.

Actualmente, nuestro país vive un momento de crisis en materia de seguridad, la población reclama acciones firmes y decididas para enfrentarla y no podemos ignorar que un importante sector de ella se ha pronunciado a favor de la instauración de la pena de muerte.

Las diputadas y diputados que integramos esta Cámara somos depositarios de la representación popular, nuestra obligación como representantes de los mexicanos consiste en canalizar esos reclamos a las instituciones encargadas de su análisis y discusión no pudiendo negarnos a debatir este controvertido tema.

Sin duda alguna, el Congreso de la Unión es el espacio idóneo para llevar a cabo el análisis y discusión de este controvertido tema, prueba de ello es que el Congreso en diversas ocasiones se ha convertido en el foro en el cual se han tomado decisiones que han incidido en el rumbo del país.

A ello ha contribuido, el proceso de democratización sucedido en México durante los últimos años, en razón de que la pluralidad de nuestro sistema político garantiza la diversidad ideológica, la tolerancia y el respeto a las instituciones. Bajo este aspecto, el Congreso juega un papel fundamental al momento de acordar las líneas estratégicas que guían el destino de la nación mexicana.

En ese orden de ideas, podemos tener la certeza que el Congreso de la Unión es el mejor espacio para la formulación de soluciones que generen cambios positivos en la sociedad.

Por ello, este Grupo Parlamentario considera indispensable que el Congreso de la Unión se convierta una vez más en un espacio de discusión donde se garantice el respeto a la diversidad de ideas y a la voluntad ciudadana. En tal virtud, consideramos urgente que este Poder Legislativo convoque a la celebración de Foros de Debate sobre la aplicación de pena de muerte en México y su eficacia como medida de sanción punitiva.

Este debate deberá convocar, entre otros actores, a los especialistas y sectores interesados, donde se escuchen todas las voces: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como a reconocidos juristas expertos en la materia, investigadores independientes, organizaciones civiles, donde se puedan expresar ante toda la nación, utilizando los tiempos oficiales del Estado en los medios de comunicación electrónicos, las posiciones a favor y en contra, como ocurre en todas las democracias consolidadas.

Consideramos que este debate contribuirá de manera definitiva a dar claridad sobre la aplicación de la pena de muerte como medida punitiva a secuestradores que privan de la vida a sus víctimas o que las mutilan y, con ello garantizar las transformaciones que en materia de seguridad demanda el pueblo de México.

Finalmente, mediante la celebración de estos foros de discusión contribuiremos a que esta Cámara se convierta en un espacio que garantice el goce y ejercicio de la libertad de expresión que tiene todo mexicano en términos del artículo 6 constitucional, con el fin de construir consensos que atiendan los reclamos ciudadanos.

La construcción del México moderno con base a un proyecto nacional demanda la participación decidida de la sociedad al reconocer que no basta que las decisiones se tomen dentro del viejo concepto de la democracia representativa, pues las personas también pueden opinar y participar en la adopción de las medidas fundamentales para garantizar el bien común.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la realización de foros de debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país y su eficacia como medida de sanción punitiva.

Dado en la Cámara de Diputados sede del honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)