Honorable Asamblea:
Los suscritos, diputados federales al calce firmantes, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la Comisión de Reforma Agraria de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 70, 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen con proyecto de decreto, con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 26 de febrero de 2008, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, en nombre de las integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta Cámara la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas.
II. La Mesa Directiva, con la misma fecha, turnó la iniciativa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Reforma Agraria.
III. Con fecha 26 de agosto de 2008, mediante el oficio número 438/08, la presidencia de la mesa directiva de la Comisión de Reforma Agraria envió a los integrantes de la comisión la iniciativa, para estudio y análisis, solicitándoles sus observaciones y opinión.
IV. Asimismo, se envió, solicitándoles su opinión, a las dependencias del Ejecutivo situadas en la esfera de aplicación de esta ley.
V. En relación con el punto anterior, emitieron opinión la Secretaría de la Reforma Agraria, la que expresa que el artículo 4o. constitucional establece la igualdad ante la ley del varón y la mujer, y en virtud del proceso de feminización en el campo, y de que la Ley de Asociaciones Agrícolas no considera explícitamente la participación de las mujeres, es necesario preverla; y considerando además que "la presente iniciativa no contraviene disposiciones constitucionales ni secundarias, debe aprobarse".
VI. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, nos envió la opinión del Instituto Nacional de las Mujeres, en el sentido de que la considera procedente en términos generales, pero propone modificar la redacción en virtud de que con la reforma propuesta sólo se plantea la creación de asociaciones agrícolas de mujeres, cuando lo más importante es la incorporación de las mujeres en este tipo de organizaciones, en igualdad de condiciones que los hombres.
VII. Después de haberse concedido el tiempo suficiente para el análisis y la recepción de opiniones, y de haberse analizado, discutido y consensuado en el pleno de la comisión, la iniciativa fue aprobada, en los siguientes términos:
Objeto de la reforma
El objeto de la iniciativa que motiva el presente dictamen es reformar la Ley de Asociaciones Agrícolas, a efecto de impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico rural, a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas constituidas por mujeres. Para tal efecto, prevé que las asociaciones agrícolas locales, organizaciones básicas de estas cadenas productivas, además de estar integradas por productores especializados, puedan constituirse por mujeres productoras; y que las uniones regionales agrícolas acrediten ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas la participación de mujeres en los cargos de delegadas propietarias y suplentes, para que en ella se encuentren representadas las asociaciones agrícolas formadas por mujeres.
Para ello, la reforma propone las siguientes modificaciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas:
2. Adicionar una fracción VIII al artículo 3o., en los siguientes términos: "VIII. Impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico, a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas constituidas por mujeres".
3. Adicionar un segundo párrafo al artículo 12, para quedar como sigue: "Las uniones regionales agrícolas también deberán acreditar ante esta confederación la participación de delegadas propietarias y suplentes, para que en ella se encuentren representadas las asociaciones agrícolas formadas por mujeres".
En el país, según cifras del último conteo oficial, vivimos más de 103 millones de personas, de las que 29 por ciento es considerada población rural, y en este sector se sitúa la mayor parte de mexicanos en pobreza alimentaria.
Esto es consecuencia de la prolongada crisis por la que, desde hace más de dos décadas, atraviesa el campo mexicano.
Uno de los sujetos agrarios y rurales sobre los que se ha acentuado el efecto de la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades de acceso a mejores niveles de vida, en el medio rural, son las mujeres. Y precisamente la mujer campesina lleva el papel de jefa de familia rural y sufre cotidianamente las formas de desigualdad o discriminación de derechos establecidos en la ley.
Según cifras del IX Censo Ejidal, 13 millones de mujeres, la mayoría pobres, viven en el medio rural; de éstas, 833 mil 805 son ejidatarias o comuneras, 331 mil 570 son posesionarias y 282 mil son propietarias privadas.
Por otra parte, sólo 18 por ciento de las mujeres es titular de tierras; mientras que en 30 por ciento de los hogares campesinos las mujeres son el único sostén de la familia, y en otro 30 por ciento contribuyen a su sostenimiento.
Además, en los últimos tiempos observamos cómo las mujeres, al frente de familias campesinas, cada vez se organizan más, y se insertan en tareas, programas y proyectos productivos, agrícolas, agropecuarios, artesanales y de otra índole, aportando su trabajo para el sostén y desarrollo familiar y de sus comunidades; pero también reclamando y haciendo valer cada vez más los derechos que les corresponden.
En especial, las mujeres, en virtud de la emigración de la mayoría de los jóvenes del campo, también consecuencia de la falta de oportunidades para éstos, asumen un papel cada vez más relevante en las tareas agrícolas, en la producción de alimentos fundamentalmente para el autoconsumo.
Como proceso, a nivel general, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las agricultoras aportan 50 por ciento del sustento mundial, y hasta 80 por ciento en los países en vías de desarrollo. Además, están en primera línea de la seguridad alimentaria, de la conservación de la diversidad de los cultivos, la ganadería y la riqueza del ambiente.
No obstante lo anterior, y aunque en los últimos tiempos tanto en la Constitución federal como en la legislación secundaria y, sobre todo, en la legislación internacional se ha venido reconociendo la igualdad de las mujeres frente a los varones, en la práctica, en las políticas públicas, en los presupuestos para los programas y en las actividades cotidianas organizativo-productivas se siguen presentando diversas y variadas formas de discriminación hacia ellas.
Una de las actividades más importantes, indispensables para el desarrollo del sector rural y para la inserción de las mujeres en éste, es la actividad organizativa. Para acceder a sus derechos plenos, las mujeres del campo requieren organizarse. Ya sea para proponer normas que las beneficien, para diseñar, gestionar e instaurar proyectos productivos, para gestionar recursos necesarios para su implantación y, en general, para acceder al desarrollo, las mujeres rurales necesitan la protección de la ley en igualdad de oportunidades que los varones, también en el aspecto organizativo.
Por ello es necesario que el Congreso de la Unión, específicamente las comisiones encargadas de los asuntos del campo, y en especial la Comisión de Reforma Agraria, asumamos con mayor conciencia y compromiso la situación de las mujeres rurales y, consecuentemente, emitamos disposiciones legales que, como en este caso, contribuyan a la igualdad de derechos de las mujeres, y con mayor razón cuando se trata de las mujeres doblemente discriminadas, como las del campo.
En virtud de lo anterior, esta comisión considera que la iniciativa objeto del presente dictamen es pertinente, atiende una necesidad concreta de carácter organizativo de las mujeres; es viable social, económica, política y jurídicamente, y no se contrapone sino que abunda y complementa el mandato al respecto contenido en la Carta Magna, por lo que se estima procedente su aprobación.
No obstante, consideramos también que la observación fundamental que hace el propio Instituto Nacional de las Mujeres en el sentido de fomentar la incorporación de las mujeres en las asociaciones agrícolas, en igualdad de oportunidades con los hombres, de igual manera es viable y no afecta el contenido ni el espíritu de la propuesta de la diputada autora de la iniciativa, sino que la amplía y complementa.
Por tanto, la presente reforma de la Ley de Asociaciones Agrícolas adiciona esencialmente dos nuevos elementos: que quede explícito en la ley que las mujeres, si lo desean, tienen la posibilidad de incorporarse, en igualdad de condiciones que los varones, a las asociaciones agrícolas y a la confederación que las agrupa, o bien, constituir asociaciones agrícolas de mujeres, también con delegadas en la Confederación Nacional de Productores Agrícolas.
Por todo lo expuesto y para proveer, en materia organizativa, al cumplimiento del artículo 4o. constitucional en cuanto a la igualdad de los varones y las mujeres ante la ley, y a lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria hemos coincidido en dictaminar en favor de la ampliación y protección de los derechos de las mujeres rurales, por lo que sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas
Artículo Único. Se reforma el artículo 5o., y se adicionan la fracción VIII al artículo 3o. y un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de Asociaciones Agrícolas, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Las asociaciones agrícolas constituidas en los términos de esta ley tendrán las siguientes finalidades:
VIII. Impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico, a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas, constituidas por mujeres, o en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Artículo 12. …
Las uniones regionales agrícolas también podrán acreditar ante esta confederación la participación de delegadas propietarias y suplentes, para que en ella se encuentren representadas las asociaciones agrícolas formadas por mujeres.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las uniones regionales agrícolas deberán acreditar, en un plazo de noventa días posteriores a la fecha de su constitución, a las delegadas propietarias y suplentes ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas, y las ya existentes, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2008.
La Comisión de Reforma Agraria
Diputados: Ramón Ceja
Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León
Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica),
Víctor Aguirre Alcaide, Ramón Salas López (rúbrica),
secretarios; Gerardo Aranda Orozco, Gregorio Barradas Miravete (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica),
Ricardo Franco Cazarez, José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica),
Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), José Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica),
Pedro Landero López, Alejandro Martínez Hernández
(rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Odilón
Romero Gutiérrez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica),
Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Héctor
Narcia Álvarez, Arely Madrid Tovilla, Víctor Ortiz del Carpio
(rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, José Luis
Blanco Pajón, Tomás Gloria Requena, Pablo Leopoldo Arreola
Ortega, Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MARINA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO
51 DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Marina se turnó, para estudio, análisis y dictamen, minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 18 de septiembre de 2007, el senador Sebastián Calderón Centeno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
2. Motivo por el cual, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, para análisis y dictamen correspondiente, la citada iniciativa.
3. En sesión plenaria del 22 de abril de 2008, las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos presentaron el dictamen correspondiente, que se aprobó con 73 votos, turnándose el expediente a la Cámara de Diputados.
4. El 24 de abril de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados da cuenta con el envío del expediente correspondiente, por lo que fue turnado a la Comisión de Marina para análisis y dictamen correspondiente.
Consideraciones
La minuta que motiva el dictamen tiene por objeto reformar la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, consistente en eliminar la causal relativa a estar sujeto a averiguación previa, la cual impide al aspirante a ser considerado en el lugar de selección para ascensos en la Armada de México.
Señala el proponente que una forma de superación profesional del personal de las Fuerzas Armadas lo constituye el ascenso a la jerarquía inmediata superior, una vez que se haya cumplido con los requisitos que para tal efecto establecen las leyes y reglamentos correspondientes.
Los ascensos en la Armada de México constituyen un proceso sustantivo para el desarrollo de su personal y de la propia institución. De igual forma, representa para el elemento que ostenta una jerarquía el estímulo que dentro del servicio naval le permitirá desarrollar su trayectoria de vida con una visión de futuro y estabilidad, obteniendo en su escalafón y jerarquía mayores prestaciones que van a forjar y asegurar su futuro como individuo, pero también mayores responsabilidades acorde al grado correspondiente.
En la ley actual en su artículo 51 se establece que en ningún caso serán contenidos ascensos al personal de la Armada de México que se encuentre sujeto a averiguación previa, proceso, prófugo o cumpliendo su pena condición del orden penal, motivo por el cual no puede ser ascendido, independientemente que esta disposición carece de razón y de sentido jurídico.
En virtud de lo anterior, la comisión coincide con la colegisladora en el sentido de que la primera etapa del procedimiento penal corresponde a la averiguación previa que se inicia con la presentación de una denuncia, querella o acusación ante el Ministerio Público, y termina con su resolución que puede ser en dos sentidos; en caso de considerar que están acreditados la presunta responsabilidad y la integración del cuerpo del delito, se consigna al presunto responsable ante el órgano jurisdiccional para su proceso penal; y en caso contrario, acordará el no ejercicio de la acción penal.
Por lo que la comisión dictaminadora somete a consideración de la honorable asamblea el presente
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México
Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:
Artículo 51. …
V. Sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal;
VI. a X. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
La Comisión de Marina
Diputados: Elías Cárdenas
Márquez (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps
Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica),
Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), secretarios; Efraín
Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica),
Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Leonardo Magallón
Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Nabor Ochoa
López (rúbrica), Pedro Pulido Pecero, Víctor Manuel
Torres Herrera (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Higinio
Chávez García, Cuitláhuac Condado Escamilla, Carlos
Ernesto Navarro López (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez,
José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Luis Ricardo Aldana
Prieto (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate, Mariano González
Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica),
Jorge Toledo Luis, Faustino Javier Estrada González (rúbrica),
Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Desarrollo Rural de la honorable Cámara de Diputados fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), para garantizar que las propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente, presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 9 de octubre de 2007.
Consideraciones
En la Constitución y en la LDRS se destaca la importancia de las organizaciones de productores de los sectores social y privado. Sin embargo, las propuestas de las organizaciones no se hacen efectivas al momento de tomar las decisiones que tienen que ver con la planeación y la puesta en marcha de las estrategias para el desarrollo rural.
Sin duda, la LDRS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, ha sido un valioso instrumento de planeación e implantación de políticas públicas tendente a promover, impulsar y orientar el desarrollo rural con una visión de integralidad y sustentabilidad.
La orientación de dicho ordenamiento no se circunscribe al aspecto productivo, económico y ambiental sino que, también, prevé, en el artículo 4o., que "para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural".
Para lograr lo anterior, como se establece en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la LDRS, para garantizar que las propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente, se requiere la participación de las organizaciones, en tanto que en la LDRS se prevé la participación social en la integración de los programas sectoriales y en las acciones relacionadas con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, por lo que se crean diferentes figuras orgánicas y jurídicas para cumplir los objetivos que le dieron origen.
Entre esas figuras surge la comisión intersecretarial, que "coordinará las acciones y los programas de las dependencias y las entidades relacionadas con el desarrollo rural sustentable".
También se considera la figura de los "distritos de desarrollo rural", concebidos como "la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la administración pública federal y descentralizada para la realización de los programas operativos de la administración pública federal que participan en el programa especial concurrente y los programas sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y los municipales y para la concertación con las organizaciones de productores y los sectores social y privado".
No obstante, aun cuando en la Constitución y en la LDRS se destaca la importancia de las organizaciones de productores de los sectores social y privado, lo cual podemos ejemplificar con el contenido del artículo 25 constitucional, que señala: "Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación", nos encontramos con que las propuestas de las organizaciones sobre el PEC no llegan a ser integradas.
Como se señala en la misma iniciativa, el artículo 27 constitucional, en la fracción XX, establece la relevancia que tienen para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de las organizaciones de los sectores social y privado. También destaca la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, ya que
I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;
II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país;
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
La LDRS es muy específica en cuanto a la planeación del desarrollo rural, destacando su carácter democrático:
El artículo 13, fracción I, de la LDRS señala que "la planeación del desarrollo rural sustentable tendrá el carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público, por conducto del gobierno federal; y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en los términos del tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los sectores social y privado, a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente constituidas y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural".
La presente iniciativa busca garantizar que en los procesos de planeación se mantenga y fortalezca el espíritu de la planeación democrática y participativa ordenado por las leyes, y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural, sin discriminación por motivos de afiliación política o intereses de cualquier otro tipo. También de gran relevancia que sus propuestas, previo análisis y argumentación científica, sean no sólo "consideradas" como lo establece actualmente el artículo 14 de la LDRS, sino que la comisión intersecretarial promueva la participación y cree, con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, mecanismos para garantizar que las proposiciones de las organizaciones sean planteadas al Ejecutivo para su incorporación en el programa especial concurrente.
Es atribución del Poder Ejecutivo, consagrada en el artículo 26 de la Constitución, conducir el proceso de planeación. Finalmente, es el Ejecutivo el encargado de la formulación y del todo proceso subsiguiente del Plan Nacional de Desarrollo, y de los programas sectoriales y especiales.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Rural somete el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 14. …
La comisión intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación de las organizaciones del sector social y del privado y creará con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable los mecanismos, como los tiempos, para que las proposiciones de las organizaciones que concurren a las actividades del sector puedan ser presentadas al Ejecutivo federal, para que de acuerdo con su pertinencia operativa y financiera puedan ser incluidas en el programa especial concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asuman los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como establecerá las normas y los mecanismos de evaluación y seguimiento de su aplicación.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto
Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonceca,
José Víctor Sánchez Trujillo, César Augusto
Verástegui Ostos, Modesto Brito González (rúbrica),
Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica),
Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad
de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica),
Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica),
Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez
Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler, María Guadalupe García
Noriega, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías
Zambrano, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica),
Antonio Medellín Varela, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán
(rúbrica), Francisco Murillo Flores, Isidro Pedraza Chávez
(rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Martín
Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica),
María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Juan Victoria Alva,
José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Irma Piñeyro
Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique.
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL GENERAL DE BRIGADA DEM PRESIDENCIAL ROBERTO DE LA VEGA DÍAZ PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN AL MÉRITO DEL EJÉRCITO, EN SU ÚNICA CLASE, QUE LE OTORGA EL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha el 21 de octubre del año en curso fue turnado para estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al general de brigada diplomado del Estado Mayor Roberto de la Vega Díaz para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito del Ejército, en su única clase, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano general de brigada diplomado del Estado Mayor Roberto de la Vega Díaz para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito del Ejército, en su única clase, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras
(rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador
Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica),
Layda Elena Sansores San Román, Antonio Xavier López Adame
(rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios;
Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica),
Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica),
María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier
Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez,
Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno
Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica),
María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo
Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego
Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica),
Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva
Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica),
Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS MARÍA DE LA ASUNCIÓN ESPINOSA ISLAS, MARÍA DE LOURDES ARANDA BEZAURY, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, JESÚS MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, MARÍA VICTORIA ROMERO CABALLERO, ALFONSO DE MARÍA Y CAMPOS CASTELLÓ, LUIS MANUEL ENRIQUE TÉLLEZ KUENZLER, JOSÉ AUSTREBERTO RUIZ GÓMEZ, JESÚS JAVIER CASTILLO CABRERA Y GUMARO CABRERA OSORNIO PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES DE LA ORDEN DE DANNEBROG, EN GRADOS DE CABALLERO, GRAN CRUZ Y COMENDADOR, QUE LES OTORGA EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 25 de noviembre del año en curso, le fueron turnados para su estudio y dictamen los expedientes con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos María de la Asunción Espinosa Islas, María de Lourdes Aranda Bezaury, Juan José Sabines Guerrero, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, María Victoria Romero Caballero, Alfonso de María y Campos Castelló, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, José Austreberto Ruiz Gómez; al general de brigada diplomado de Estado Mayor Jesús Javier Castillo Cabrera y al coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Gumaro Cabrera Osornio, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de Dannebrog, que en diferentes grados les confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional; y el segundo párrafo del artículo 60 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Primero. Se concede permiso a la ciudadana María de la Asunción Espinosa Islas para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Aranda Bezaury para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan José Sabines Guerrero para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Jesús Marcelo de los Santos Fraga para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Quinto. Se concede permiso a la ciudadana María Victoria Romero Caballero para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Sexto. Se concede permiso al ciudadano Alfonso de María y Campos Castelló para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Octavo. Se concede permiso al ciudadano José Austreberto Ruiz Gómez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Noveno. Se concede permiso al general de brigada diplomado de Estado Mayor Jesús Javier Castillo Cabrera para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Décimo. Se concede permiso al coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Gumaro Cabrera Osornio para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 25 de noviembre de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras
(rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador
Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica),
Layda Elena Sansores San Román, Antonio Xavier López Adame
(rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios;
Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica),
Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica),
María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier
Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy
Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno
Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María
del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega
(rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego
Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica),
Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos
Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez
Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier
Martín Zambrano Elizondo.
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CON LOS CONCESIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que garantice el servicio de calidad en todos los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 30 de abril de 2008, el diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:
Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto para que se vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como, los que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales; así pues al ser los aeropuertos vías generales de comunicación, la autorización, regulación y vigilancia de los servicios referidos son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.
2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:
Los aeropuertos internacionales del país representan la puerta de entrada para miles de turistas que visitan México, entre los que destacan son: el de Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Campeche, Campeche; Guadalajara, Jalisco; La Paz, Baja California Sur y el de la Ciudad de México entre otros.
Por el flujo de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es el principal, de hecho es el aeropuerto metropolitano más grande de Latinoamérica. En el año 2007 se registró un total de 25.8 millones de pasajeros, ganando así, el lugar 45 entre los aeropuertos más transitados del mundo.
En la parte del turismo nacional, debemos tener presente que del total del flujo de pasajeros, el doméstico participa con el 64 por ciento de los vuelos; lo que en términos reales, junto con los turistas que se trasladan vía terrestre, representan el 87 por ciento del total de la actividad. La gran mayoría de los turistas nacionales se trasladan vía terrestre. Sin embargo, en los últimos dos años, el flujo turístico nacional que se traslada vía aérea se ha incrementado considerablemente, debido a la introducción de las aerolíneas de bajo costo y las nuevas oportunidades de rutas.
El pasado 15 de enero se puso en función la nueva terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pronosticándose que para finales presente mes estaría trabajando al 100 por ciento.
A partir del incremento en la demanda y de la importancia del aeropuerto de la Ciudad de México, fue necesario crear una red que pudiera dar respuesta al creciente flujo, constituida por los aeropuertos de Toluca, de Cuernavaca y de Puebla. Como prueba se tiene, que el aeropuerto de la Ciudad de Toluca ha crecido más de mil por ciento y le ha quitado una presión de 2 millones de pasajeros al de la Ciudad de México.
A pesar de estos avances para ofrecer un servicio de calidad a los pasajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias del país, estamos conscientes que las deficiencias aún son muchas y algunas muy graves, lo que deteriora la imagen de México, como un país hospitalario y turístico.
Los Cabos, Baja California Sur, representa un centro turístico de gran importancia para el país, siendo el segundo con mayor arribo de turistas, sin embargo, las instalaciones presentan serias deficiencias y el trato que se le da al turista, tanto nacional como extranjero, es inadecuado debido a la falta de una infraestructura apropiada.
Otro ejemplo de los problemas de los aeropuertos, fue el incidente que se presentó recientemente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, entre los aviones de la línea comercial Aeroméxico, aerolínea recientemente vendida.
Tal como lo han denunciado diversos grupos ciudadanos y de empresarios, es fundamental ampliar la base aeroportuaria del centro del país, ya que la Terminal Dos sólo es un remedio temporal para los próximos 7 ó 10 años.
La perspectiva que ha señalado para el 2008 la Secretaría de Turismo como objetivo, es que ingresen entre 23 y 24 millones de visitantes, por lo que es fundamental garantizar servicios de calidad en los aeropuertos del país.
Las y los diputados estamos convencidos que el turismo es una actividad que por su naturaleza es transversal, con una serie de actividades y sectores económicos del país, qué mejor ejemplo que el de las comunicaciones y los transportes."
Así pues, y por razones de técnica legislativa y práctica parlamentaria, con fundamento en el artículo décimo segundo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se propone modificar el punto de acuerdo en los siguientes términos:
La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como para que vigile aquellos que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a fin de que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales.
Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como para que vigile aquellos que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a fin de que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado
Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica),
Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez
Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica),
secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López,
Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca
(rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica),
Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz,
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia
Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga
(rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica),
Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián
Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna
(rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica),
Gloria Rasgado Corsi, María Mercedes Maciel Ortiz, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis, Robinson Uscanga Cruz, Juan
Carlos Velasco Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS CARRETERAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y, UNA VEZ HECHO, IMPLANTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a realizar un diagnóstico e implantar las medidas conducentes a que los concesionarios den mantenimiento preventivo y correctivo a las autopistas del país, a cargo de los diputados federales Francisco Javier Paredes Rodríguez, Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 30 de abril de 2008, los diputados federales Francisco Javier Paredes Rodríguez, Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implante un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, obligando a los concesionarios a cumplir con los términos de las concesiones, asumiendo la reparación de los tramos afectados y realizar las modificaciones necesarias a los puntos de riesgo de carreteras que tienen en su operación; y llevar un programa de control y seguimiento periódico a las carreteras para que inmediatamente que sufran desperfectos se corrijan los deterioros, como también, los puntos conflictivos en donde los accidentes son frecuentes, minimizando el riesgo para los usuarios."
Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la implementación de un programa preventivo y correctivo, así como de reparación y mantenimiento de las carreteras nacionales lo que, en su momento, será competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que se mejoren las condiciones de operación y de seguridad para los usuarios de las carreteras mismas que, de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, constituyen una vías generales de comunicación.
2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:
Con respecto al aforo vehicular en las autopistas y puentes de cuota del país, el tránsito diario promedio anual en el 2005 fue de 905 mil 182 vehículos, de los cuales el 29 por ciento perteneció a la red concesionada, el 21 por ciento a la red Capufe y el 49 por ciento a la red FARAC; en el 2006 fue de 958 mil 849 vehículos, lo cual representó un incremento en 5.9 por ciento, en el caso concreto de la red concesionada esta se incrementó 13.9 por ciento.
Cabe mencionar que en las autopistas de México, su estado físico en algunos tramos carreteros se encuentran en francas condiciones de deterioro, ya que en ellas se ubican baches, vados, hundimientos, grietas, desniveles, escurrimientos y otras deformaciones, y en algunos casos se vuelven intransitables por los fenómenos meteorológicos como es el caso de huracanes, niebla, inundaciones y aludes entre otros. Además de que cuentan con deficientes servicios en materia de seguridad vial, apoyo mecánico, alumbramiento, señalamientos viales y sanitarios; aunados a lo anterior, las autopistas de cuota cuestan a los usuarios, y por tal motivo, deben de estar en óptimas condiciones técnicas y de seguridad, mostrando altos estándares de calidad.
Aunado a lo anterior, el aumento del aforo vehicular ha provocado que el deterioro de las carreteras sea mayor, que la falta de regulación en el caso del transporte de carga donde no se respeten pesos y dimensiones ocasione afectaciones graves a la base y sub-base de la carpeta, y esta se deforme, se debilite y por ende se rompa; además, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de los concesionarios ocasiona aún más su deterioro, y con ello el número de accidentes y daños materiales se vuelven constantes.
Cabe resaltar que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, junto con el Congreso de la Unión, le han dado gran importancia al tema de la infraestructura carretera, ya que el presupuesto autorizado que ejercerá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su Programa Carretero 2008, es de 40 mil millones de pesos, siendo mucho mayor al del año anterior, que fue de 26 mil 321 millones de pesos, esto significó un incremento de 51.1 por ciento en términos reales. Y en el rubro de Conservación de Carreteras para este ejercicio, se autorizaron 9 mil 630.1 millones de pesos, que en comparación al del año anterior que fue de 6 mil 846.3 millones de pesos, esto significó un incremento de 48.4 por ciento real. Estos recursos se canalizarán para la conservación rutinaria de 43 mil 770 kilómetros (total de la red) y 7 mil 231 puentes. Además de la reconstrucción de 85 puentes y atención a 65 puntos de conflicto, como también, a la conservación periódica de 7 mil 267 kilómetros.
Por lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Caminos y Puentes Federales implanta programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las carreteras del país, por consiguiente, es necesario saber las condiciones que guardan las carreteras concesionadas, y en caso de ser necesario exhortar a ésta para que haga los ajustes preventivos y correctivos de los tramos carreteros que están en malas condiciones, como también, evaluar los puntos críticos o de conflicto por su alto riesgo de accidentes, ya sea por las condiciones del clima, o por el mismo diseño de su construcción de las carreteras.
De esta manera, es urgente hacer los ajustes y modificaciones necesarias a las carreteras para reducir el riesgo y que estas tengan la calidad y proporcionen el servicio que requieren los automovilistas y transportistas."
4. En tales términos se propone dictaminar favorablemente la proposición en estudio, modificando ligeramente los términos del acuerdo para su mayor claridad y para quedar como sigue:
La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que realice un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República mexicana; una vez hecho lo anterior, implemente un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, obligando a los concesionarios a cumplir con los términos de las concesiones, asumiendo la reparación de los tramos afectados y realizar las modificaciones necesarias a los puntos de riesgo de carreteras que tienen en su operación; y llevar un programa de control y seguimiento periódico a las carreteras para que inmediatamente que sufran desperfectos se corrijan los deterioros, como también, los puntos conflictivos en donde los accidentes son frecuentes, minimizando el riesgo para los usuarios.
Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que realice un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República mexicana; una vez hecho lo anterior, implemente un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, obligando a los concesionarios a cumplir con los términos de las concesiones, asumiendo la reparación de los tramos afectados y realizar las modificaciones necesarias a los puntos de riesgo de carreteras que tienen en su operación; y llevar un programa de control y seguimiento periódico a las carreteras para que inmediatamente que sufran desperfectos se corrijan los deterioros, como también, los puntos conflictivos en donde los accidentes son frecuentes, minimizando el riesgo para los usuarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado
Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras,
Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López
Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica),
Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús
Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica),
Ramón Barajas López, Tomás del Toro del Villar (rúbrica),
Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García
(rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Felipe González Ruiz,
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia
Luna Munguía, Érick López Barriga (rúbrica),
Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín
Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes
Sánchez, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco
Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi,
María Mercedes Maciel Ortiz, Rafael Elías Sánchez
Cabrales, Jorge Toledo Luis, Robinson Uscanga Cruz, Juan Carlos Velasco
Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A RECLASIFICAR DEL TIPO B AL A LAS CARRETERAS 136 Y 140, A FIN DE APOYAR EL TRANSPORTE DE CARGA, PARTE FUNDAMENTAL DE LA ECONOMÍA, E INFORMAR POR ESCRITO DEL TRATAMIENTO DADO A ESTA PROPOSICIÓN
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a reclasificar como tipo A las carreteras 136 y 140, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 30 de abril de 2008, el diputado federal Pedro Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:
Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la reclasificación de carreteras federales, mismas que constituyen vías generales de comunicación en términos de lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal lo cual es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.
2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:
El país cuenta a la fecha con una infraestructura de comunicación terrestre sumamente importante y con un alto costo de inversión, lo cual constituye un patrimonio que se debe conservar para beneficio de los usuarios y del país. Pero aún es insuficiente, sobre todo a nivel regional.
Actualmente existen carreteras con edades de 50, 60 y hasta 80 años, que ya cumplieron con el fin de su vida útil, que usualmente es de 20 años para pavimentos asfálticos y de 30 años para los de concreto hidráulico.
Aunado a ello, la situación del transporte carretero a partir de los años noventa cambió drásticamente, aumentando el flujo vial. Tenemos que al cierre del año 2000 se contaba con una flota vehicular cercana a 452 mil vehículos, de los cuales cerca de 57 mil corresponden al transporte de pasajeros y alrededor de 395 mil al de carga. Ese año se transportaron 2 mil 660 millones de personas y 413 millones de toneladas de carga en todo el territorio nacional.
Las carreteras en nuestro país presentan graves problemas, ya que 60 por ciento de ellas pone en riesgo la vida de usuarios y más de 90 por ciento está en malas condiciones. De los 42 mil kilómetros de red carretera federal libre de cuota existente en el país, 32 mil 440 kilómetros presentan baches y desniveles, sólo los 7 mil 560 kilómetros restantes están en buenas condiciones.
El transporte de carga se ve afectado por las malas condiciones de las carreteras. Al constituir un servicio que transporta productos a todos los estados de la república, incluyendo otras naciones, se les debe apoyar firmemente. Además, es preciso reconocer que es una importante fuente de empleo en nuestro país.
Este tipo de transporte utiliza principalmente dos tipos de carreteras. En primer término, tenemos las de tipo A, que son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, siendo carreteras de 4 carriles y dos carriles, para un tránsito promedio diario anual de mil 500 a 3 mil, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos.
En segundo término, tenemos las carreteras tipo B, que son aquellas que forma la red primaria y, atendiendo a sus características geométricas y estructurales prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito, siendo carreteras de dos y 4 carriles, para un tránsito promedio diario anual de 500 a mil 500 vehículos, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos.
La circulación en este tipo de carreteras permite que los vehículos de transporte de carga no se vean afectados en su economía al tener que pagar las altas cuotas de las autopistas. Es preciso que la red de carreteras tipo A se fortalezca, porque son las que más se necesitan para enlazar a todo el país y a las regiones.
Es el caso de las carreteras número 136 y 140, que comprenden los tramos Veracruz, Xalapa, Perote, Totalcom del estado de Veracruz; Zacatepec, de Puebla; el Carmen, Huamantla, Apizaco, Calpulalpan, de Traxcala, y Texcoco del estado de México, que se encuentran clasificadas como tipo B y donde es viable, urgente y necesario que se reclasifiquen como tipo A, ya que del total del tramo carretero comprendido entre estos estados el 76.1 por ciento es de 4 carriles y el 23.9 por ciento de 2 carriles, por lo que es posible que permitan la circulación de una manera más óptima y que reciban mayores recursos para su ampliación.
Asimismo, del tramo carretero que comprende Veracruz, diariamente salen del puerto, en promedio, mil 800 unidades, de las cuales mil transitan en esta carretera y 800 son doblemente articuladas.
Con esta reclasificación se impulsaría el desarrollo regional de 4 estados del país, como estrategia de competitividad y bienestar, solidarizándonos con una parte fundamental de la población que labora en el transporte de carga y con la necesidad de mejorar la competitividad carretera."
4. En tales términos, esta Comisión considera adecuado y oportuno aprobar el punto de acuerdo que se dictamina en los siguientes términos:
La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras 136 y 140, de tipo B, sean reclasificadas como tipo A para apoyar al transporte de carga, parte fundamental de nuestra economía, informando por escrito a esta soberanía del tratamiento que se haya dado a esta proposición.
Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras 136 y 140, de tipo B, sean reclasificadas como tipo A para apoyar al transporte de carga, parte fundamental de nuestra economía, informando por escrito a esta soberanía del tratamiento que se haya dado a esta proposición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado
Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras,
Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López
Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica),
Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús
Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica),
Ramón Barajas López, Tomás del Toro del Villar (rúbrica),
Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García
(rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González
Ruiz, Víctor M. Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia
Luna Munguía, Erick López Barriga (rúbrica), Martín
Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández
(rúbrica), Fabián F. Montes Sánchez, Rogelio Muñoz
Serna (rúbrica), Francisco J. Paredes Rodríguez (rúbrica),
Gloria Rasgado Corsi, María Mercedes Maciel Ortiz, Rafael E. Sánchez
Cabrales, Jorge Toledo Luis, Robinson Uscanga Cruz, Juan Carlos Velasco
Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y A LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL SERVICIO DE TAXIS DE ESA CENTRAL AÉREA Y HACIA ELLA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo relativo al servicio de taxis en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional del la Ciudad de México, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 13 de diciembre de 2007, la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se propone:
Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la prestación del servicio de taxis para los usuarios de ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que, al ser este una vía general de comunicación, la autorización, regulación y vigilancia de los servicios referidos son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.
2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que la proponente hace consistir en lo siguiente:
En la actualidad en este aeropuerto se moviliza a más de dos millones de personas, para lo cual se sirve de diversos medios de transporte: metro, taxis y usuarios que llegan en sus automóviles.
Por lo anterior es esencial para garantizar la operación del AICM y de la satisfacción del servicio por los usuarios, la transportación terrestre segura y eficiente.
En pasados días, ante la próxima apertura de la terminal 2 del AICM se presentaron algunas protestas por una presunta concesión del servicio a empresas particulares.
Los taxistas inconformes expusieron que las autoridades aeroportuarias les advirtieron que podrían entrar más taxis, ante el notable incremento de pasajeros, pero ellos sostienen que deben ser respetados sus derechos de preferencia logrados en todos los años que han prestado el servicio de taxi.
Recientemente, la Comisión Federal de Competencia denunció que la suscripción de convenios de acceso entre aeropuertos y asociaciones de permisionarios puede facilitar la fijación de tarifas excesivas, tal y como sucede ahora en la terminal 2, donde se ha bloqueado la entrada para otorgar servicio al Sitio 300.
En octubre la Comisión Federal de Competencia, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía y cuyo objetivo primordial es proteger los procesos de competencia en todos los sectores económicos, emitió el oficio PRES-10-096-2007-182, opinión formulada con el fin de promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en los servicios que se prestan en el AICM.
El oficio PRES-10-096-2007-182, señala dos casos urgentes que en materia de competencia y de eficiencia económica en el AICM deben ser atendidos: el servicio de suministro de combustible y el servicio de transportación terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Actualmente tres compañías de taxi se disputan la prestación de servicios en lo que será la terminal 2 del AICM: el histórico Sitio 300, y los emergentes Protaxi Ejecutivo y Porto Taxi Ejecutivo.
La Comisión Federal de Competencia sugirió la eliminación de barreras regulatorias como paso importante para flexibilizar la oferta; por tanto, es indispensable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise las condiciones para el otorgamiento de los permisos para la transportación terrestre de pasajeros en los aeropuertos, a fin de permitir el ingreso de más unidades en las horas de mayor demanda y mayor competencia.
Finalmente para mejorar el funcionamiento general de los aeropuertos a partir de promover a través de la regulación más competencia en los servicios complementarios, como el de autotransporte terrestre de pasajeros de y hacia el aeropuerto (taxis); será conveniente revisar los convenios que el aeropuerto celebra con asociaciones de permisionarios, establezcan las condiciones de acceso y criterios de calidad y seguridad en el servicio y no contengan elementos que puedan convertirse en barreras de entrada o facilitar la fijación de tarifas excesivas para la prestación del servicio.
Por lo antes mencionado, es preciso que las autoridades involucradas en el ámbito de su competencia, realicen las gestiones necesarias encaminadas a garantizar la calidad en la prestación del servicio y evitar los abusos a las distintas empresas o asociaciones que realizan el transporte, en detrimento de todos los usurarios del AICM."
Así pues, y por razones de técnica legislativa y práctica parlamentaria, con fundamento en el artículo décimo segundo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se propone modificar el punto de acuerdo en los siguientes términos:
La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan la problemática que presenta el servicio de autotransporte público de pasajeros vía taxi de y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y, por otra parte, respeten las relaciones contractuales que se han creado con agrupaciones del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el sentido de que se establezcan criterios de calidad y servicio.
Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para qué, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan la problemática que presenta el servicio de autotransporte público de pasajeros vía taxi de y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y, por otra parte, respeten las relaciones contractuales que se han creado con agrupaciones del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el sentido de que se establezcan criterios de calidad y servicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado
Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica),
Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez
Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica),
secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López,
Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca
(rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica),
Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz,
Víctor M. Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna
Munguía (rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica),
Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín
Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián F. Montes Sánchez
(rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco
J. Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, María
Mercedes Maciel Ortiz, Rafael E. Sánchez Cabrales, Jorge Toledo
Luis, Robinson Uscanga Cruz, Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, FORMULE SIN DEMORA EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería presentada por el diputado Antonio Del Valle Toca del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 13 de diciembre de 2007, el diputado Antonio Del Valle Toca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se propone acordar:
Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la elaboración y publicación de un reglamento cuya materia se norma por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ordenamiento cuya aplicación es competencia del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:
2. Lo anterior se debe a que no existe una correcta distinción entre el servicio de carga con el de mensajería y paquetería, con lo que se presentan violaciones a la reserva en materia de carga doméstica para los mexicanos.
3. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal define dentro de su artículo 2o. a la carta de porte, servicios auxiliares, carga y paquetería de la siguiente manera:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ...
II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen;
...
VII. Servicios auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación;
VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
XI. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
4. Estas definiciones expresadas por la actual ley en observancia, han propiciado confusión y violaciones en materia de carga, servicios auxiliares, paquetería y mensajería ya que al no existir actualmente el reglamento de paquetería y mensajería que el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal expresa debe regir este tema, la paquetería y mensajería se rigen solamente en relación a los conceptos ya mencionados por dicha ley y por el reglamento de servicios auxiliares, por lo que consideramos necesario la realización y publicación del reglamento de la materia, para que de esa manera la paquetería y mensajería se encuentren mejor sustentadas jurídicamente.
5. Por lo anterior se presenta un serio problema en el ejercicio de las leyes y reglamentos aplicables, toda vez que bajo nuestra legislación el servicio de carga y el servicio de mensajería y paquetería son distintos, cada uno debería contar con una regulación expresa, tomando en cuenta que el servicio de carga ya cuenta con una legislación y reglamentación adecuada, la mensajería y paquetería carecen de esta reglamentación por lo cual es de suma importancia que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publique dicho reglamento para que de esa manera se regulen y reglamenten las claras restricciones sobre el tipo de inversión que puede participar en la prestación de cada servicio."
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Artículo 12. Cada Secretaría de Estado o Departamento Administrativo formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República.
Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado o el Jefe del Departamento Administrativo respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.
La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal formule sin demora el proyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería previsto por el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y, una vez formulado, se exhorta al Ejecutivo federal para que publique y promulgue dicho reglamento.
Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal formule sin demora el proyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería previsto por el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y, una vez formulado, se exhorta al Ejecutivo federal para que publique y promulgue dicho reglamento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado
Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica),
Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez
Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica),
secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López,
Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca
(rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica),
Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz,
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia
Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga
(rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica),
Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián
Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna
(rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica),
Gloria Rasgado Corsi, María Mercedes Maciel Ortiz, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis, Robinson Uscanga Cruz, Juan
Carlos Velasco Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL PROYECTO CARRETERO BOLAÑOS, EN HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo relativa al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla el Alto, Jalisco presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracciones XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 9 de septiembre de 2008, el diputado Diego Cobo Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:
Segundo. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informe las actuaciones de esa Comisión, por la denuncia presentada por la falsificación de la convocatoria y acta de asamblea de la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que garantice la indemnización por lo daños y perjuicios ocasionados a la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Cuarto. La honorable Cámara de Diputados, solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función para que a través del Órgano Interno de Control, se lleve a cabo una auditoría especifica a la Semarnat, para que se verifique que todas las autorizaciones otorgadas en materia de impacto ambiental, se hayan otorgado conforme lo establece la normatividad aplicable, al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, fincando las responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables por el daño ecológico y a los sitios sagrados de la comunidad.
Quinto. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que entregue a esta soberanía, la información de las inspecciones realizadas en el tramo carretero de Bolaños-Huejuquilla, así como la solicitud de la remediación por los daños ocasionados por las obras realizadas."
Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1. Esta comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir diversos exhortos relativos a un proyecto carretero que, conforme a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, es una vía general de comunicación y, en consecuencia su autorización, construcción, operación y supervisión es competencia del Ejecutivo Federal por conducto de las diversas dependencia federales involucradas.
2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:
El pasado 11 de junio de 2008, fue aprobado el punto de acuerdo, por la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de Ejercicio de la LX Legislatura.
En el punto de acuerdo se solicitó a la Semarnat un informe dentro del término de 30 días naturales siguientes, sobre las autorizaciones que hayan sido otorgadas al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, en el estado de Jalisco, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de dicho estado.
Asimismo, se solicitó a la Profepa informar, dentro de los 30 días naturales siguientes, los resultados de las visitas de inspección realizadas por esa Procuraduría en el tramo carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, en 2005 y 2008, así como los resultados de los procedimientos administrativos instaurados en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de Jalisco, relacionados con el mismo proyecto.
Por último, al gobierno del estado de Jalisco se solicitó diversa información del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla.
Como se dijo en el punto de acuerdo presentado anteriormente, la carretera está afectando un territorio que contiene uno de los mejores remanentes de bosque de pino encino de la Sierra Madre Occidental con alto valor ecológico, tanto por sus servicios ambientales como por su diversidad biológica. Esta zona fue clasificada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como Región Terrestre Prioritaria (RTP) "Sierra los Huicholes", Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) "El Carricito", así como Región Hidrológica Prioritaria (RHP) "Río Baluarte-Marismas Nacionales"
Asimismo afecta el Área de Protección de Recursos Naturales de la Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043 del estado de Nayarit, Subcuenca de los Ríos Atengo-Tlaltenango porción "Sierra de los Huicholes". En donde se localiza la comunidad indígena de los huicholes. Esta área natural protegida es amenazada con la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto al norte del estado de Jalisco.
A esto se adiciona, una situación que está generando mayor conflicto en la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el estado de Jalisco.
El pasado 8 de febrero del 2008, la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán, celebró su primera asamblea ordinaria del año. Durante la cual se analizó el proyecto carretero, cuyas obras de construcción se han desarrollado en distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro del territorio de la comunidad indígena.
Durante la asamblea se hizo notar que las empresas contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado de Jalisco (Sedeur), han invadido ilegalmente el predio de la comunidad ya que no cuentan con ninguna autorización de la misma, ni ha existido ningún decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización alguna, así como tampoco ninguna autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por parte de la Semarnat. Para la fecha citada ya se habían ocasionado daños a diversos bienes muebles e inmuebles de comuneros indígenas y afectaciones a sus sitios sagrados naturales que son patrimonio cultural. Igualmente, ya se habían hecho daños importantes al equilibrio ecológico incluyendo remoción de suelos, extracción de grava y otros materiales de construcción, derribado de árboles, afectaciones a manantiales y corrientes de agua.
Ahora bien en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 2007 se publicó el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas, que celebraron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el estado de Jalisco, el cual se firmó con el objeto de ejecutar el Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas.
En el acuerdo se contempló, de acuerdo a su cláusula segunda, que para la ejecución del citado Programa las partes manifestaban su conformidad con la cartera de obras que se encuentran enumeradas en su anexo 1, entre las que destacamos las siguientes:
1. Modernización y ampliación del camino Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto, tramo del Km 0+000 al Km 137+000; subtramo a modernizar: del kilómetro 61+000 al 136+300, en la cual se encuentra la región indígena Huicot o Gran Nayar.
2. Estudios y proyecto para la modernización del camino E.C. km. 61+000 (Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto) Cerro de La Puerta-Nostic-Mezquitic, tramo aproximado del Kilómetro m 0+000 al 51+000, en la cual se encuentra la región indígena Huicot o Gran Nayar.
3. Estudios y proyecto para la construcción del camino rural Tenzompa E.C. Km 98+000 Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto) La puerta del kilómetro 0+000 al 11+500
Estos proyectos debieron de ser consultados a las comunidades indígenas. Debido a la falta de esta consulta, la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, denunció la violación a la normatividad nacional como internacional vigente en el país, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en virtud de que no se realizó ninguna consulta a la comunidad. Denunciando igualmente la manera irregular en que las manifestaciones de impacto ambiental se han presentado y aprobado para el tramo carretero, ya que estas se realizaron de manera segmentada, cuando se trata de una unidad ambiental que forma la cuenca del río Bolaños, incumpliendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, debido a que la normatividad obliga a los promoventes a presentar proyectos integrales, lo que permite evaluar en su conjunto a la integridad del ecosistema tal como este existe, y no bajo divisiones artificiales. También se denunció la gravedad de los ilícitos pues la obra carretera afecta al área natural protegida de carácter federal: Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, así como las regiones prioritarias para la conservación identificadas por la Conabio. A lo anterior, se denuncia también que no existe la autorización de la comunidad para la realización de las obras y que no se han presentado las autorizaciones para el cambio de uso de suelo forestal, que señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El 14 de febrero 2008 mediante acuerdo de asamblea, la misma comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, reiteró su rechazo a la construcción de la carretera, así como las violaciones y atropellos que han sufrido. Asimismo, solicita a las autoridades del gobierno involucradas la documentación que ampare la legalidad de la obra en los terrenos de su propiedad, incluyendo los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y el permiso de aprovechamiento forestal; documentación que habían solicitado por escrito desde noviembre del 2007. Por último, exigen la reparación de los daños causados en su propiedad, incluyendo daños a manantiales y cuerpos de agua, extracción de materiales de construcción y derribo de árboles, así como la reforestación y restauración ambiental en todo el tramo afectado.
Recordando la exposición de motivos del punto de acuerdo presentado el pasado 21 de mayo, el personal de la Profepa realizó una visita de inspección en la zona, el 28 de febrero 2008 clausurando las obras y actividades relacionadas con la construcción de la carretera, en virtud de que la Sedeur removió sin autorización de la Semarnat la vegetación forestal, ya que se determinó que fueron cortados 187 pinos, 105 robles y 147 encinos, y no presentó el estudio de daños y afectaciones que le había sido señalada como medida de urgente aplicación. Además, se le impuso a la Sedeur varias medidas correctivas, tendientes todas a reforestar los terrenos afectados; a evitar la degradación del suelo y minimizar los impactos a los corredores biológicos de la zona. Sin embargo, esta clausura se da únicamente en el tramo 70+400 al 89+500, siendo que las obras de construcción continuaban en el resto de la carretera sin contar con las autorizaciones correspondientes, e incluso se desacató las clausuras previas impuestas por la Profepa.
El 5 de marzo 2008, el Juzgado Primero de Distrito de Materia Administrativa de Guadalajara, dentro del juicio de amparo 596/2008 promovido por la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, determinó conceder la "suspensión" que permanecerá en vigor hasta que se resuelva de fondo el asunto, con la intención de evitar daños irreparables a los bienes de la comunidad indígena que han sido ocupados de forma ilegal por las constructoras contratadas por el gobierno de Jalisco.
El 15 marzo 2008, según Johannes Neurath del Museo Nacional de Antropología y Paúl M. Liffman del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, la sepultura en sí es una razón suficiente para clausurar la obra de parte del INAH, ya que se destruyó un sitio de patrimonio tangible: una piedra sagrada.
Los expertos afirmaron también que el gobierno antes de iniciar estas obras tenía que haber consultado a los indígenas. De igual manera afirman tener que reportar lo visto ante el INAH.
En un informe conjunto el 31 de marzo 2007, relatores de la Organización de las Naciones Unidas condenaron que la legislación mexicana no defienda el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre la totalidad de sus territorios tradicionales, en específico los del pueblo huichol.
El relator especial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen y el relator especial sobre la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, pidieron al Estado mexicano que provea a los huicholes de mecanismos de defensa para mantener intactos sus espacios.
Los relatores no dejaron pasar la oportunidad para advertir la falta de garantías de los huicholes y la indefensión en la que viven en cuestión de sus propiedades, lo que ha sucedido con la construcción de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla.
En 2003 el relator sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades de los Pueblos Indígenas indicó que el pueblo huichol destacaba por su falta de seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra y la injerencia de intereses particulares en sus espacios.
Adicionalmente, la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, ha informado a las autoridades federales, estatales y municipales, que la asamblea de esa comunidad, encontró una convocatoria y el Acta de Asamblea huichola con mas de 480 firmas apócrifas, en donde se aprobaba que la carretera Amatitlan-Huejuquilla, atravesará las tierras comunales. Lo anterior fue denunciado el pasado 26 de febrero, informando que la asamblea de la comunidad indígena no otorgo su anuencia al proyecto carretero.
3. Es claro que la intervención oportuna y adecuada de las autoridades federales competentes en la materia, resulta de suma importancia para solucionar la problemática planteada por la proposición sometida a esta dictaminadora; lo cual redundará en una aplicación escrupulosa y adecuada de la normatividad vigente, a fin de evitar que, con la construcción de infraestructura carretera, se perjudiquen los ecosistemas y la cultura de las comunidades de la región, con los consecuentes perjuicios que esto traería para la sociedad en su conjunto.
Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta asamblea, sus actuaciones ante la situación del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, indicando las razones por las cuales se autorizaron las manifestaciones de impacto ambiental de manera segmentada y en modalidad particular, en un territorio que es evidentemente una sola unidad ambiental, además de ser una área natural protegida federal y una cuenca hidrológica prioritaria.
Segundo. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informe las actuaciones de esa Comisión, por la denuncia presentada por la falsificación de la convocatoria y acta de asamblea de la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Tercero. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que garantice la indemnización por lo daños y perjuicios ocasionados a la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Cuarto. La H. Cámara de Diputados, solicita respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública para que a través del Órgano Interno de Control, se lleve a cabo una auditoría especifica a la Semarnat, para que se verifique que todas las autorizaciones otorgadas en materia de impacto ambiental, se hayan otorgado conforme lo establece la normatividad aplicable, al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, fincando las responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables por el daño ecológico y a los sitios sagrados de la comunidad.
Quinto. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que entregue a esta soberanía, la información de las inspecciones realizadas en el tramo carretero de Bolaños-Huejuquilla, así como la solicitud de la remediación por los daños ocasionados por las obras realizadas."
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre de 2008.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado
Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica),
Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez
Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica),
secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López,
Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca
(rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica),
Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz,
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia
Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga
(rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica),
Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián
Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna
(rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica),
Gloria Rasgado Corsi, María Mercedes Maciel Ortiz, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis, Robinson Uscanga Cruz, Juan
Carlos Velasco Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR MEDIANTE LA SCT, CAPUFE Y EL FARAC LA LEY DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y EL REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DE LAS CARRETERAS FEDERALES Y ZONAS ALEDAÑAS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir mediante la SCT, Capufe y el FARAC la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas, a cargo del diputado federal Demetrio Román Isidoro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 13 de diciembre de 2007, el diputado federal Demetrio Román Isidoro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se propone:
Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de uso del derecho de vía de las carreteras y caminos federales, sean libres o de cuota y, en tal sentido, incrementar las condiciones de seguridad de los usuarios de las mismas cuya regulación y vigilancia de los referidos derechos de vía, son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.
2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:
La técnica moderna de construcción de vías rápidas, que asumen el carácter de autopistas de alta velocidad, ha hecho necesario dotarlas de un derecho de vía más amplio para facilitar la visibilidad y un margen de seguridad al usuario de la vía; sin embargo, predominan carreteras federales con los 20 metros que establece la referida ley.
No obstante que existe el marco jurídico para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas puedan llevar a cabo de una manera eficaz la preservación del derecho de vía de los caminos que se encuentran dentro de su jurisdicción respectivamente, y el procedimiento a seguir para las inspecciones relativas a los permisos, obras y señales informativas dentro del derecho de vía y la instalación de anuncios fuera de éste.
Así también, se señala el procedimiento para el desalojo del mismo, y precisa que las autoridades tienen facultad legal para intervenir en estos casos; en los hechos no se cumple la aplicación puntual de la normatividad; incumplimiento que da por resultado que en las carreteras federales, llámense libres o de cuota, no existan los señalamientos adecuados ni las medidas o providencias para evitar la invasión de semovientes en el derecho de vía y vehículos, afectando el tránsito de los caminos carreteras y autopistas; estas últimas, por ser de altas especificaciones, resultan mortales las intromisiones de tales elementos.
Así se demuestra en los altos índices de accidentes, que se encuentran estadísticamente documentados en los reportes de accidentes que realiza la Policía Federal Preventiva (antes Policía Federal de Caminos y Puertos).
Las estadísticas de los accidentes automovilísticos son alarmantes; si bien es cierto que en países desarrollados los índices de mortalidad en carretera se han reducido, México sigue ocupando los primeros lugares, sobre todo en la población joven y productiva.
La situación en México es poco favorable debido a la falta de inversión en el mantenimiento de vías de comunicación, la inseguridad vial, la educación y la poca voluntad de cumplir ciertas normas básicas por parte de los conductores.
Los accidentes se deben a la combinación de diversos factores que pueden estar fuera del dominio del conductor, como la situación de las calles y carreteras, entre otros.
La Cruz Roja Internacional y la Organización Media Luna calculan que durante el siglo XX murieron 30 millones de personas en un accidente automovilístico.
En el año de 1990 fue la novena causa de muerte, matando por lo menos medio millón al año, y dejando 15 millones de heridos e incapacitados en todo el mundo.
Se pronostica que para el año 2020 los accidentes automovilísticos alcanzaran el tercer lugar en la tabla de muerte e incapacidad física, mundial.
En los países en vías de desarrollo como el nuestro han aumentado los índices en un 70 por ciento, y más de 26 mil mexicanos mueren cada año, aproximadamente 400 mil accidentes automovilísticos en las carreteras federales del país, según las estadísticas del año 2004.
Esto, adicionalmente genera un problema de salud, pues de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, se invierten 4 mil millones de pesos en la atención a pacientes, y que son 2.3 millones que requieren de hospitalización anualmente, por lesiones en accidentes.
Asimismo en 2005 ocurrieron, en la red carretera vigilada por la Policía Federal Preventiva, que son más de 55 mil kilómetros, 29 mil 468 accidentes y hubo 31 mil 172 lesionados, 4 mil 581 muertos y daños materiales del orden de mil 365 millones 618 mil 454 pesos.
Existen en el país rutas clasificadas como peligrosas que es donde se debe de poner mayor énfasis en las medidas de seguridad y preservación del derecho de vía.
Es importante resaltar que, de 10 años a la fecha, no se ha detenido el incremento de accidentes, pues tenemos que, de los aproximadamente 60 mil accidentes que se registraron en 1996, para 2005 las cifras aumentaron a 230 mil accidentes, aproximadamente, teniendo un registro de 34 mil personas lesionadas; asimismo, en 1996 se registraron cinco mil personas fallecidas, aproximadamente, repitiéndose la misma cifra en el año del 2005, ubicándose casi a la par, datos estadísticos que nos ayudan a comprender la viabilidad del presente punto de acuerdo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable en materia de seguridad pública, bajo su eje rector denominado "Estado de derecho y seguridad".
En este eje se asume la búsqueda de que los habitantes del territorio nacional, en la vertiente de seguridad de tránsito, cuenten con la aplicación de las normas vigentes al circular por las vías generales de comunicación, y así tenemos, que el artículo 73, fracciones XVII y XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del Congreso para establecer, con la participación de los estados y municipios, las bases de coordinación en materia de seguridad publica.
Los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo han sido diseñados de manera congruente con las propuestas vertidas, como la presente.
Es de tomarse en cuenta que la Visión 2030, es una apuesta común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y posible por encima de las diferencias. La imagen del país en el que deseamos vivir dentro de 23 años da sentido y contenido a las acciones que, como gobierno y como sociedad emprendemos a partir de ahora, en materia de seguridad vial en las carreteras federales ya sea libres o de cuota y la conminación a los responsables en las áreas de gobierno a las que pertenecen, se vean inmiscuidos, con su aportación al desarrollo nacional, que sirva de reflejo para el actuar de los inversionistas que obtengan las concesiones para explotar las carreteras de cuota, cumplan con su cometido en ese aspecto, al ser un referente una guía, un anhelo compartido y a la vez un punto de partida para alcanzar niveles óptimos de seguridad carretera. Existe el firme propósito de que los logros que consigamos los mexicanos en los próximos seis años nos acerquen al país que queremos heredar a las nuevas generaciones.
Considerando
Que en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece lo que se debe de entender como derecho de vía, que se describe de la siguiente manera: "franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino; tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos.
La libertad de tránsito en vías generales de comunicación debe de ser de manera ágil, pronta, expedita y segura.
En el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas se establecen los lineamientos a seguir a través de un marco técnico, tendiente a fijar las directrices tanto legales como técnicas para su uso y restricción, y en su caso condicionantes de seguridad y, obviamente se determina la prohibición de instalación de anuncios y el establecimiento de paradores.
También se establece el otorgamiento de permisos para la construcción de accesos; establecimientos de paradores en terrenos adyacentes al derecho de vía, así como licencias para la construcción, modificación de obras en zonas que por su ubicación especial afecten la operación, visibilidad o perspectiva panorámica de las carreteras federales, en perjuicio de la seguridad de los usuarios.
No obstante esta normatividad está vigente, pero las autoridades mencionadas no han cumplido a fidelidad la misma, en detrimento de la protección y seguridad de los usuarios, por lo cual, cada día se incrementan los accidentes en dichas carreteras llámense federales, libres o de cuota.
Diariamente, y de acuerdo a los reportes de accidentes emitidos por la Policía Federal Preventiva y por las notas periodísticas, es como nos podemos enterar del riesgo cotidiano que los usuarios tienen en su seguridad física y la de sus bienes, al transitar por las vías federales libres y de cuota, al no preservar el derecho de vía, y cumplir con su normatividad, pues es invadido por semovientes, vehículos, construcciones y anuncios, que constituyen un peligro continuo y latente para su seguridad y de sus acompañantes.
La seguridad pública, en su vertiente de transito en vías generales de comunicación se traduce en niveles de bienestar que el Estado tiene la obligación de asegurar para evitar la pérdida de vidas de sus habitantes, afectaciones a su salud debido a lesiones y afectaciones económicas en su patrimonio derivado de los percances automovilísticos, situación que conlleva a procesos sociales que actúan en contra de la salud, economía y bienestar familiar, en detrimento de la calidad de vida de la población.
La seguridad pública, en su vertiente de protección a los usuarios de las vías de comunicación, requiere de una estrecha coordinación entre los diferentes entes de la administración pública federal, inmersos en esta actividad carretera, como lo son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.
Al ser una premisa establecida por el gobierno federal y encuadrada en el Plan Nacional de Desarrollo, se traduce en directrices a cumplir, a través de los esfuerzos conjuntos de los diversos niveles de gobierno, para mejorar la vialidad en las carreteras.
La perspectiva, detrás de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, es que, en el ámbito gubernamental, se aplique la función pública en aras de la seguridad vial carretera de sus habitantes a efecto de participar en la construcción de un México capaz de llegar más allá de sus expectativas actuales y posicionarlo como un actor importante en el escenario que se refleje en el actuar de protección de sus habitantes para generar perspectivas de inversión en los diversos polos de desarrollo nacional, confiados en la seguridad de transito de sus productos sin que sufran mermas económicas.
En la presente administración, será prioritario proteger a los usuarios de las carreteras e incrementar, bajo esquemas de protección y de manejo sustentable la seguridad de sus habitantes.
En este sentido, se apoyarán proyectos tendientes a lograr el objetivo de seguridad vial carretera para los usuarios de la red nacional; se promoverán esquemas de seguridad sustentables y se generará infraestructura, vías de comunicación, caminos rurales y lo que sea indispensable para dar un nuevo y fortalecido impulso a tal punto de seguridad.
El gobierno federal tendrá como prioridad aplicar una estrategia de gestión de seguridad carretera, eficiente, y expedita que garantice el cumplimiento de la legislación pertinente unificándola y hacerla aplicable y viable, sin recovecos que induzcan a su errónea interpretación y aplicación.
En este contexto, la gestión de seguridad carretera estará destinada fundamentalmente a propiciar la prevención, control y reversión de los accidentes carreteros, que generan pérdidas de vidas humanas y económicas, y a promover su conocimiento, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, se orientará al ciudadano en sus deberes y obligaciones al manejar para evitar incurrir en violación a la normatividad aplicable por cuanto hace al derecho de vía, sin menoscabo de las demás acciones que debe de tomar, en razón del cumplimiento a normas de tránsito.
La sustentabilidad de la seguridad vial carretera sólo puede lograrse con base en la corresponsabilidad y coparticipación de los diferentes actores dentro del núcleo social. Para ello es necesario que se cumpla con el marco legal inicialmente por los responsables gubernamentales y posteriormente por los ciudadanos que queden involucrados y comprometidos para ello.
Por otro lado y tomando en cuenta la situación específica que motiva la presentación del presente punto de acuerdo, se establece que:
Frente a un agudo crecimiento de la inseguridad de transito vial, se presentan situaciones que han traído consigo el poner énfasis y atención a esta vertiente de la seguridad."
4. En tales términos, si bien la intervención de las entidades públicas que se solicita sean exhortadas es de la mayor importancia para que se den los mejores resultados relativos al exhorto que, en su caso se realizare, no puede pasarse por alto el hecho de que también debe ser exhortada la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que la Policía Federal Preventiva, en el ejercicio de sus atribuciones, incremente sus esfuerzos a fin de lograr el cabal cumplimiento del Reglamento de Tránsito federal en la materia que nos ocupa y, en consecuencia, no se permita hacer un uso indebido del derecho de vía de las carreteras y caminos de jurisdicción federal; así pues, se propone modificar el punto de acuerdo en los siguientes términos:
La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al del organismo público estatal descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cumplir y hacer cumplir el marco normativo en materia de seguridad vial en carreteras y caminos de jurisdicción federal, ya sean libres o de cuota; para lo cual, se recomienda se apliquen las disposiciones jurídicas vigentes en la materia, a fin de preservar el derecho de vía en las mismas y ejercer un debido control y supervisión con la finalidad de disminuir el número de accidentes viales que hoy en día afectan a los usuarios de las vías generales de comunicación terrestres que integran la red de carreteras y caminos de jurisdicción federal.
Asimismo, la Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a fin de que instruya a los mandos de la Policía Federal Preventiva para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuve con las entidades públicas indicadas en el párrafo anterior e incremente sus esfuerzos a fin de lograr el cabal cumplimiento del Reglamento de Tránsito federal en la materia que nos ocupa y, en consecuencia, no se permita hacer un uso indebido del derecho de vía de las carreteras y caminos de jurisdicción federal.
Con base en lo anterior expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al del organismo público estatal descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a cumplir y hacer cumplir el marco normativo en materia de seguridad vial en carreteras y caminos de jurisdicción federal, ya sean libres o de cuota; para lo cual, se recomienda se apliquen las disposiciones jurídicas vigentes en la materia, a fin de preservar el derecho de vía en las mismas y ejercer un debido control y supervisión con la finalidad de disminuir el número de accidentes viales que hoy en día afectan a los usuarios de las vías generales de comunicación terrestres que integran la red de carreteras y caminos de jurisdicción federal; y
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a fin de que instruya a los mandos de la Policía Federal Preventiva para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuve con las entidades públicas indicadas en el párrafo anterior e incremente sus esfuerzos a fin de lograr el cabal cumplimiento del Reglamento de Tránsito federal en la materia que nos ocupa y, en consecuencia, no se permita hacer un uso indebido del derecho de vía de las carreteras y caminos de jurisdicción federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado
Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica),
Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez
Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica),
secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López,
Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca
(rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica),
Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz,
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia
Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga
(rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica),
Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián
Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna
(rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica),
Gloria Rasgado Corsi, María Mercedes Maciel Ortiz, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis, Robinson Uscanga Cruz, Juan
Carlos Velasco Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA AGILIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN NORBERT EN BAJA CALIFORNIA SUR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondientes, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a agilizar la evaluación de daños ocasionados por el huracán Norbert en diversos municipios de Baja California Sur a fin de que las comunidades afectadas puedan acceder con la mayor brevedad a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha catorce de octubre de dos mil ocho, el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a agilizar la evaluación de daños ocasionados por el huracán Norbert en diversos municipios de Baja California Sur a fin de que las comunidades afectadas puedan acceder con la mayor brevedad a los recursos del Fonden.
II. Con la misma fecha, catorce de octubre de dos mil ocho, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para estudio y dictamen correspondientes.
Contenido de la proposición
2. El huracán Norbert afectó Comondú, el norte de La Paz y el sur de Loreto. Conforme a la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo, las comunidades de las islas Margarita y Magdalena y los campos pesqueros de Bahía Magdalena, todos de Comondú, resultaron seriamente afectados. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad reportó que 100 mil usuarios quedaron sin energía eléctrica.
3. En este sentido, y considerando, de acuerdo con la exposición de motivos, que el paso de Norbert en Baja California Sur causó daños de distinta magnitud, el objeto de la proposición con punto de acuerdo es dirigir un exhorto al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, agilice la evaluación de daños ocasionados por el huracán Norbert en diversos municipios de Baja California Sur a fin de que las comunidades afectadas puedan acceder con la mayor brevedad a los recursos del Fonden.
Consideraciones
2. Efectivamente, la Secretaría de Gobernación, a través del boletín de prensa número 303-10 / 10 / 2008, del diez de octubre, emitió la declaratoria de emergencia para Loreto, Comondú y La Paz, en virtud del impacto del huracán Norbert, activándose los recursos del fondo revolvente del Fonden a fin de dar atención inmediata a la población.
3. La declaratoria de emergencia para esos municipios permitió que Baja California Sur accediese a los recursos del fondo revolvente del Fonden para atender las necesidades alimenticias, de salud y de abrigo de la población afectada por el fenómeno hidrometereológico.
4. Los recursos del fondo revolvente del Fonden, al haberse activado la declaratoria de emergencia, amparan los gastos para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de los damnificados; o bien, ante la posibilidad de afectaciones que puedan derivarse del impacto del huracán Norbert.
5. La declaración de emergencia fue publicada el veinte de octubre de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, en los siguientes términos:
Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, fracción IX, 29, 30, 33 y 37 de la Ley General de Protección Civil; en el artículo 10, fracciones XVIII y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; en el numeral 2, fracción I, del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales; y en el artículo 9 del acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente (lineamientos), y
Que mediante el oficio número CGPC/1743/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, la Coordinación General de Protección Civil, con objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto de su procedencia.
Que mediante el oficio número BOO.- 1803, de fecha 8 de octubre de 2008, la Conagua emitió opinión técnica respecto de dicho evento, la que en su parte conducente dispone lo siguiente: en opinión de la Comisión Nacional del Agua, conforme a la normatividad vigente, es procedente emitir la declaratoria de emergencia, por la inminencia de impacto, en las próximas 24 horas, del huracán Norbert en Loreto, Comondú y La Paz, Baja California Sur.
Con base en lo anterior, se procede en este acto a emitir la siguiente
Declaratoria de emergencia por la inminencia de impacto, en las próximas 24 horas, del huracán Norbert en tres municipios de Baja California Sur
Artículo 1o. Se declara en emergencia Loreto, Comondú y La Paz, Baja California Sur.
Artículo 2o. La presente se expide para que Baja California Sur pueda acceder a los recursos del fondo revolvente del Fonden de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 3o. La determinación de los apoyos por otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.
Artículo 4o. La presente declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, fracción IV, de los lineamientos.
México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil ocho.- La coordinadora general, Laura Gurza Jaidar.- Rúbrica.
6. Derivado de lo anterior, y después del impacto del huracán Norbert, el gobierno de Baja California Sur instaló el comité de evaluación de daños el cual, de acuerdo con el boletín de prensa difundido por el gobierno del estado el 15 de octubre, se formó por las autoridades estatales, por las municipales y por el director adjunto del Fonden.
7. En la mesa de evaluación descrita en el antecedente inmediato se ofrecieron reportes preliminares por los representantes estatales y los federales. En ese sentido se difundió que los daños ocasionados por el meteoro Norbert ascendían a 8.8 millones de pesos en la infraestructura hidráulica, 68.3 millones de pesos en vivienda, 5 millones de pesos en infraestructura educativa y 36.6 millones de pesos en la red carretera. Igualmente, el boletín de prensa de 15 de octubre del gobierno del estado dio a conocer que no habían sido cuantificados los daños en puertos, caminos y salud de las comunidades afectadas.
8. El 24 de octubre de 2008, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación emitió el boletín de prensa número 332-24 / 10 / 2008, en el que anunció el término de la declaración de emergencia, emitida el 10 de octubre, en tres municipios de Baja California Sur, toda vez que la situación anormal generada por el fenómeno natural disminuyó a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se reforzó con los apoyos de la federación, otorgando así la atención oportuna a la población.
9. Si bien se ha declarado el fin de la emergencia por el impacto del fenómeno hidrometereológico, el 23 de octubre de 2008 el gobierno del estado informó sobre la continuación de los trabajos de evaluación de las acciones de corto y mediano plazos que implantarán los tres niveles de gobierno para atender los daños ocasionados por el huracán Norbert en las comunidades de Baja California Sur.
10. Esta comisión considera que los daños sufridos en diversos municipios de Baja California Sur deben ser atendidos con eficiencia y eficacia, más cuando en el estado continúa la evaluación de las consecuencias por el paso del huracán Norbert, por lo que debe efectuarse con la mayor celeridad para destinar los recursos municipales, estatales o federales que pudieran corresponder para la reconstrucción de la infraestructura y el beneficio de las comunidades de Baja California Sur afectadas.
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar a través de la Coordinación General de Protección Civil la evaluación de daños ocasionados por el paso del huracán Norbert, a fin de entregar los recursos del Fondo de Desastres Naturales que correspondan para las comunidades afectadas en Comondú, La Paz y Loreto, Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a veinticinco de noviembre de dos mil ocho.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras,
Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador
Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores
San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, secretarios;
Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica),
Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María
del Carmen Fernández Ugarte, Javier Hernández Manzanares
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel
Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández,
María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo
Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia, Raciel Pérez
Cruz (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica),
Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos
Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica),
Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán
(rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA STPS A ELIMINAR A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS LAS ZONAS B Y C DE LA DIVISIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL EN ZONAS GEOGRÁFICAS POR SALARIO MÍNIMO
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a implantar como tabla única, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los montos salariales que rigen la zona "A" y que el porcentaje del incremento para 2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007 y, además, a promover acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que se apliquen medidas para inhibir el aumento de precios, presentado por el diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó el estudio y dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo, mismo que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, conforme a los siguientes
Antecedentes
2. En la citada sesión del Pleno, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, la mencionada proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Trabajo y previsión Social, mediante oficio DGPL60-II-1-1185, de fecha 13 de diciembre de 2007, que fue recibido el 11 de enero de 2008, a fin de que, con fundamento en los artículos 58, 60, 87, 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.
3. Para cumplir lo dispuesto en los artículos anteriormente citados del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión acordó llevar a cabo el análisis y la elaboración del dictamen de la citada proposición con punto de acuerdo, con el fin de someterla a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, al tenor de los siguientes
Primero. Que esta comisión es competente para conocer la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a implantar como tabla única, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), los montos salariales que rigen la zona "A" y que el porcentaje del incremento salarial para 2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007 y, además, a promover acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que se apliquen medidas para inhibir el aumento de precios, presentado por el diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior con fundamento en los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Esta dictaminadora acordó llevar a cabo el estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo presentada y considera conveniente cambiar "…2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007" por "…2009 se establezca con base al índice inflacionario de 2008" lo anterior para dar vigencia al presente punto de acuerdo.
Tercero. Que esta dictaminadora, para allegarse de elementos formales con los cuales sustentar los razonamientos vertidos en el presente dictamen, con objeto de motivar y fundar su resolutivo, solicitó mediante oficio número CTPS.0049.08 dirigido al secretario del Trabajo y Previsión Social la información y opinión respecto al contenido del punto de acuerdo propuesto. Lo anterior con fundamento en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante oficio número 1228, de fecha 14 de julio de 2008, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social dio debida respuesta a la solicitud de esta dictaminadora, con la información y opinión correspondiente relacionada con la propuesta de implantar como tabla única los montos salariales que rigen en la zona "A".
Quinto. Que en opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se reconoce la necesidad e importancia de avanzar en la convergencia de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas hacía un solo salario mínimo general, en función de la erosión de los diferenciales en los costos de vida entre los municipios que integran las distintas áreas geográficas.
Sexto. Que hasta el año de 2005 el Consejo de Representantes de la Conasami aplicó la estrategia de reducir de manera gradual las diferencias salariales entre las áreas geográficas con el propósito de llegar a converger a un solo salario mínimo general nacional. Esto se ha logrado a través del otorgamiento de aumentos salariales diferenciados por área, logrando que aquellos trabajadores de las áreas "B" y "C", avancen hacía ingresos similares a los del área geográfica "A", con el propósito de llegar a un solo salario mínimo general. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, de 2005 a 2008, dicho proceso de convergencia se detuvo al posicionarse con dicho planteamiento la representación de los trabajadores en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. A efecto de llegar a una fijación salarial, en cada uno de esos años, tanto la representación patronal como la del gobierno accedieron a no continuar con el proceso de convergencia. No obstante lo anterior se reitera que la posición de esta dictaminadora continúa siendo la de avanzar en el proceso de convergencia para que llegue a haber un solo salario mínimo general en todo el país, lo cual podría alcanzarse al final de la presente administración siempre que la representación obrera en el consejo de representantes así lo promueva y permita.
Séptimo. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene presente la importancia de lo planteado en la referida proposición con Punto de Acuerdo, por lo que en su comunicado a señalado que en su momento durante la próxima revisión y determinación de los salarios mínimos que deberán regir a partir del próximo año, se someterá a consideración del Consejo de Representantes de la Conasami, la conveniencia de modificar la actual integración de las áreas geográficas en que esta dividido el país.
Octavo. Que resulta evidente que, en opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, avanzar en la unificación de los montos salariales que rigen en las diferentes zonas geográficas en que se encuentra dividido el país, compartiendo los argumentos expresados en el cuerpo del punto de acuerdo de referencia.
Noveno. Que conforme a los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha manifestado, mediante el oficio respectivo, que en su momento durante la próxima revisión de los salarios mínimos que deberán regir a partir de 2009 se someterán a consideración del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos la conveniencia de modificar la actual integración de las áreas geográficas en que esta dividido el país para avanzar en una tabla única de salarios.
Décimo. Que en efecto el resolutivo de la proposición del punto de acuerdo motivo del presente dictamen es precisamente exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social a implantar, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en todo el país los montos salariales que rigen en la zona "A" y que el porcentaje del incremento salarial para 2008 se establezca con base en el índice inflacionario de 2007 y, además, a promover acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a fin de instaurar medidas para inhibir el aumento de precios. Las propuestas citadas pueden ser atendidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, durante la revisión salarial que se avecina en el mes de diciembre de 2008.
Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como dictaminadora, considera que es de resolverse y se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a eliminar, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las zonas B y C que se establecen actualmente en la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo e implantar como tabla única los montos salariales que rigen la zona A y que el porcentaje del incremento salarial para 2009 se establezca con base en el índice inflacionario de 2008 y, además, promueva acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público para que se instauren medidas para inhibir el aumento de precios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tomás del
Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica),
Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco
Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González,
Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte
Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García
(rúbrica), Miguel Gutiérrez Aguilar, Carlos Armando Reyes
López, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez,
Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez
(rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio
Román Isidoro, Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores
Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ana
Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en abstención),
Rogelio Muñoz Serna, Alfredo Barba Hernández (rúbrica),
Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Rosario
Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), José Luis Gutiérrez
Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar (rúbrica), Jesús
Ramírez Stabros (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR MEDIDAS QUE PROTEJAN LOS SALARIOS Y EL BIENESTAR DE LA CLASE TRABAJADORA MEXICANA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Dictamen
Antecedentes
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la asamblea del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones de los proponentes
1. Dentro de los escenarios desarrollados en el contexto de la actual crisis financiera y económica mundial, plantean los proponentes que sobresalen los impactos que vienen teniendo los aumentos de los precios de consumo popular en la economía mexicana, no obstante las medidas anunciadas por el gobierno federal para enfrentar la crisis generalizada. En cualquiera de esos escenarios, destacan las alzas de los precios de los alimentos.
Continúan en sus consideraciones los proponentes que debemos recordar que el Ejecutivo federal, anunció el miércoles 18 de junio del año en curso, conjuntamente con la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamin, el haber acordado el congelamiento de los precios de 150 productos hasta fin de año. El titular del Ejecutivo, al dar a conocer dicho acuerdo, señaló que la medida, comprendía alimentos enlatados como sardinas, atún, sopas, verduras, así como algunas marcas de aceite y otros productos alimenticios procesados.
En el mismo orden los articulantes aseguran que esta medida se vino a sumar a otros acuerdos alcanzados por el gobierno federal con sectores de producción de alimentos. Con anterioridad fueron anunciados acuerdos para estabilizar precios con productores y empacadores de arroz, fríjol y maíz, alimentos básicos de la dieta del mexicano. Se incluyeron también, acuerdos con molinos y elaboradores de la llamada "cadena del maíz", para mantener en poco más de medio dólar el kilogramo de tortilla de maíz, el alimento más importante de los mexicanos que por cierto, está presente en todas sus comidas.
Señalan los proponentes que las medidas tuvieron como propósito, enfrentar los incrementos de precios que registraron diversos alimentos a nivel internacional y que impacta en la inflación de la economía mexicana que afectan principalmente a los más pobres.
Sin embargo, matizan los articulantes, las disposiciones del gobierno federal de congelar precios en aproximadamente 150 artículos, en los hechos y ante los ojos de la población, pasó a ser meramente una acción mediática y no estructural, pues no se incluyeron a la mayoría de los productos que integran la canasta básica, y en consecuencia, no se resolvió la problemática alimenticia y del consumo popular, ante el avance de una crisis mundial que meses después, enfrenta el país.
Y aseveran los proponentes que por ello, es que la referida disposición gubernamental no trajo mayores beneficios.
Continúan los proponentes en su exposición de consideraciones que en México como en todo el mundo, la tendencia alcista principalmente de los alimentos, se ha acelerado a lo largo del año 2008. Instituciones dedicadas al estudio y análisis de las realidades socio-económicas, como el Banco Mundial, han señalado que estos fenómenos ponen en riesgo los avances y beneficios de los programas y esfuerzos internacionales para reducir la pobreza durante la última década. Otros organismos con iguales propósitos, señalan que el alza intensa y persistente de los precios, principalmente de los alimentos, aumentará los niveles ya alarmantes de la pobreza, la indigencia y la desnutrición: La Cepal, por ejemplo, se aventura a dar cifras duras: estima que aproximadamente 15 millones de personas en América Latina y el Caribe, se sumarán a las ya alarmantes estadísticas que padecen los flagelos de la pobreza y la desnutrición en el mundo.
Señalan los proponentes que casi el total del espectro de las instituciones dedicadas al estudio de los fenómenos socioeconómicos, estiman que las alzas de los alimentos no serán temporales, por lo que las decisiones que asuman los países dependerán en mayor o menor medida de "su capacidad fiscal para acomodar y ejecutar gastos adicionales, principalmente en alimentos frente a su balanza de pagos". Para nuestro país, una de las perspectivas más escalofriantes, es que los altos precios de los alimentos, persistirán al menos durante todo el próximo año. Es decir, el 2009.
Aseguran los proponentes que en lo que va del presente año, el 2008, todos los granos alimentarios (maíz, trigo, arroz, fríjol y oleaginosas), han tenido aumentos. Algunos casos superaron 100 por ciento de incremento.
Sintetizan los articulantes que por ello, en materia alimenticia, en los últimos 12 meses la inflación se ha tornado preocupante, no obstante las afirmaciones de las voces de las esferas oficiales, en sentido contrario. La "inflación", sea ésta la que registran los índices "oficiales y oficiosos" que se publican, según los datos que aporta el Banco de México, o la que, registra la experiencia que resiente la población en su realidad y cotidianidad concreta, está presente.
Valoran los proponentes que ante las dimensiones de la crisis mundial y sus efectos, en el ámbito interno de la economía mexicana, los análisis, estudios y proyecciones de diversos especialistas, nos reportan que el alza de los alimentos, los productos y servicios de consumo popular no tendrán tregua debido a las "presiones inflacionarias externas e internas", originadas por el aumento de otros precios. Baste señalar los incrementos en los precios de las gasolinas y sus efectos al resto de la economía.
Argumentan los proponentes que además, nos dicen, son resultado de los desajustes en el déficit de la balanza comercial y de la cuenta corriente que se elevarán este año como consecuencia de un menor ritmo en las exportaciones mexicanas en general; de la caída en el envío y su recepción de las remesas en México; del descenso en los flujos de recursos internacionales, así como de la menor producción y exportación de barriles de petróleo mexicano, en consideración además de la notable baja de sus precios alcanzados, todo ello a pesar de las medidas gubernamentales anunciadas y algunas instrumentadas.
Señalan enfáticamente los proponentes que ese es el panorama en la macroeconomía. En la llamada microeconomía, la que es más cercana a la gente común, desde enero de 2008 se ha venido experimentando un aumento considerable de la mayoría de los precios de los productos y servicios de la canasta básica nacional, lo cual afecta significativamente a la economía de los mexicanos, sobre todo la de los más necesitados.
También aseguran los proponentes que la escalada de precios de la llamada Canasta Básica es resultado del incremento paulatino de los insumos alimenticios y del precio de la gasolina que aumenta el riesgo y las presiones para que se eleven los precios de todos sus componentes de manera exponencial.
Consideran los proponentes que, como es sabido, la Canasta Básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que los trabajadores y sus familias satisfagan sus necesidades básicas. Se constituye en una garantía de carácter social contemplada en el artículo 123, apartado A, fracción VI de nuestra Carta Magna, la cual esta implícita en el concepto que señala que el salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural.
Puntualizan los proponentes que, de tal manera que la Canasta Básica es una figura indispensable para entender y satisfacer las necesidades de las y los trabajadores, de las familias mexicanas y de la sociedad en general.
Ciertamente, existen diferentes "canastas básicas". Podemos mencionar las que sirven para estudios y análisis referenciales de prestigiadas instituciones educativas, académicas y de investigación. Las de universidades como la UNAM, y las de otros organismos e instituciones. En todos los casos, las "canastas" registran un incremento en los precios de todos los productos que las integran. El resultado es que la baja del nivel de vida de los más pobres en México, continúa su descenso.
Amplían los proponentes que es importante destacar que en el caso especialmente de los alimentos, que integran a cualquiera de las canastas básica, han registrado incrementos muy superiores al aumento del salario mínimo legal. Un estudio de la UNAM, revela que el salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo en los dos años que van de la presente administración gubernamental federal.
Señalan los proponentes que los precios de los 42 productos de la canasta básica aumentaron en los primeros 6 meses de 2008, 8.5 por ciento en promedio, pero al considerar sólo los alimentos de esta canasta de consumo el incremento promedio fue de 15.37 por ciento, de acuerdo con los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor. En todos los casos de análisis y estudio, encontramos que el trabajador mexicano requiere laborar más horas de trabajo para adquirir los productos, bienes y servicios de las llamadas canastas básicas.
Acusan los proponentes que a diferencia de lo que plantean quienes han querido minimizar las alzas, podríamos seguir largamente con este recuento, sin embargo, resultaría ocioso, puesto que cualquiera puede comprobarlo por si mismo. Ya que estas alzas no son un asunto menor, consideremos, que además de golpear de forma lamentable la economía doméstica de los mexicanos, se esta generando una situación especulativa, donde algunos comerciantes están sacando provecho.
Ante la problemática económica y financiera, que perjudica a los más desprotegidos de México, existe un clamor generalizado, que señala la demanda de los sectores mayoritarios de la sociedad para que el Gobierno intervenga al respecto. El Ejecutivo federal, a través de –principalmente– la Secretaría de Economía, en uso de sus facultades, debe aplicar un estricto control de precios a los artículos de la Canasta Básica, porque no hay otra manera de frenar la carestía y la especulación; y por el otro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debe buscar la restitución del poder adquisitivo de los salarios dentro de los preceptos constitucionales. En forma coordinada, la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, debe asumir la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Acotan los proponentes, por ello, para efectos prácticos de esta propuesta que al mencionar canasta básica, nos estaremos refiriendo a la que define la Procuraduría Federal del Consumidor. Es decir, la canasta básica de la Profeco. Y brindan un capítulo denominado
Los salarios en México
Donde detallan los proponentes que en los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado, según los estudios disponibles y actualizados –sean estudios prácticos, académicos, oficiales y de todo tipo– en aproximadamente un 70 por ciento. Es más, existen algunos estudios recientes que revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna.
También hacen alusión a las alzas en los precios de algunos alimentos que fueron totalmente desproporcionados con respecto al aumento promedio de todos los productos y los ajustes de los salarios de las y los trabajadores en todo el país. A pesar de lo descrito, se tiene en la medición de los fenómenos, mediciones que por cierto, nunca coinciden con los índices del Banco de México y aquellos que efectivamente resiente la economía familiar en su realidad concreta.
En cualquiera de las canastas básicas, el gasto necesario para adquirir los mismos productos se ubica en mil 175.15 pesos. Es decir, presentan aumentos del orden del 58 por ciento.
Abundan los proponentes que esta situación se ha recrudecido en el caso de los alimentos que forman parte de la canasta básica, al observarse que el costo de los que integran a esa canasta presentan aumentos hasta del 63 por ciento en los últimos dos años.
En cuanto a salarios se refiere, debemos recordar que el constituyente mexicano de 1917 al aprobar el artículo 123 otorgó una de las garantías sociales más trascendentes para los trabajadores mexicanos como lo es el derecho a percibir una remuneración justa a su esfuerzo. Esta remuneración le debe permitir, como ya vimos, cubrir las necesidades básicas para él y su familia.
Sin embargo, hasta ahora, grandes sectores de trabajadores aún no alcanzan a satisfacer con sus salarios –menos cuando se trata del salario mínimo, en los empleos quiénes lo tienen en el sector formal de la economía– los requerimientos más elementales para aspirar a una vida digna.
Arguyen los proponentes que al ser obligación del Estado mexicano, velar porque todas las personas reciban por su trabajo, una remuneración equitativa y satisfactoria que les asegure una vida digna tanto a ellos como a sus familias, el Estado Mexicano está obligado a velar porque las remuneraciones cumplan con el propósito de crear condiciones dignas de existencia para todos los mexicanos.
También señalan los proponentes que por ello es que en cualquiera de los casos, todos sabemos y reconocemos que la situación salarial del país, genera un desequilibrio que mantiene a la clase trabajadora en situación de desventaja y en posiciones de evidente injusticia, como lo es el hecho de que todavía existan tres diferentes áreas geográficas que se mantiene artificiosamente con la argumentación tecnocrática que recetan los responsables de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nos referimos a la existencia anacrónica, injustificada e injusta de las áreas geográficas A, B y C que propician severas distorsiones y desigualdad al establecer y decretar aumentos que resultan simbólicos en cada una de esas tres áreas geográficas en que se tiene dividido al país en pleno siglo veintiuno y en el contexto de un mundo globalizado.
Realidad oprobiosa, máxime, cuando en las áreas geográficas B y C, es en donde los bienes y servicios son tan caros o más como en la llamada área A. Y en donde, desde la alimentación hasta los demás productos y servicios resultan caros y por lo tanto, inaccesibles para los grandes colectivos de trabajadores mexicanos.
Aseguran los proponentes que las zonas de vida cara, están en todo el país y especialmente, se han desarrollado en los principales centros turísticos de nuestro país, en donde los bienes y servicios adquieren por razones obvias, un precio que, en términos generales, es mayor al de otras regiones; aspecto de la realidad que es mucho más complejo cuando el nivel salarial es bajo y se traduce en un problema de notorio desequilibrio social y económico.
Ante la economía globalizada en la que está inserta la economía mexicana y sus efectos como venimos presenciando por la crisis mundial, los elevados costos de los bienes y servicios que tienen que adquirir para satisfacer sus necesidades básicas resultan prohibitivos a los trabajadores de las zonas A, B y C. Luego entonces, la actuación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como órgano facultado constitucionalmente para establecer los salarios que rigen cada año en el mercado laboral, más que un estímulo se ha constituido en un freno para la revisión salarial de la contratación colectiva en México.
Por ello, es que afirmamos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá reclasificar a la brevedad las áreas geográficas B y C para convertirlas en una sola, junto con la A. ¿Pero que sucede? Haciendo una revisión sobre este tema, en el Congreso mexicano se han dado más de medio centenar de proposiciones y puntos de acuerdo que comparten plenamente la inquietud por otorgar protección al consumo popular y poder adquisitivo al salario mínimo.
Consideran los proponentes que absolutamente, nadie niega la trascendencia que implica el deber del Estado de mejorar las condiciones salariales de la clase trabajadora mexicana, consagrado en el párrafo segundo de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política.
Y dado que no obstante lo logrado y avanzado en el terreno de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras, existen enormes como evidentes descontentos, uno de ellos significado por la permanencia de 3 áreas geográficas que resultan injustas y excluyentes de la justicia salarial.
Considerando además que, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, es la encargada de fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia que le establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un ambiente de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.
Que con ese propósito, por Ley, próximamente se realizarán los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, porque precisamente en estas fechas la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos comenzará a sesionar durante todo el mes de noviembre, previo a la fijación del salario mínimo que regirá a partir del día 1 de enero del año 2009.
Y considerando, señalan los proponentes, que dentro de las facultades y atribuciones de esta Honorable Cámara de Diputados está el coadyuvar a la generación de diálogos francos, directos y transparentes que logren consensuar y concertar resultados convenientes para la sociedad mexicana en su conjunto; y que cada vez es más deseable que el Estado, a través de un órgano constitucional con ese nivel y genuinamente tripartito, intervenga para fijar salarios mínimos generales.
En tal virtud, consideran los proponentes, queremos exhortar a las autoridades correspondientes a que frente a la escalada de precios, la persistente inequidad distributiva y la marcada desigualdad social se reconozca la necesidad de asumir una política pública que contrarreste el incremento de precios en la canasta básica que en lo que va de este año, el 2008, ha observado el encarecimiento de los productos de primera necesidad; pero también se tiene que hacer frente a la crisis alimentaria de orden mundial que, inevitablemente, ha generado y seguirá ocasionando, una escalada de precios y fenómenos inflacionarios que harán estragos en la economía de la clase trabajadora en los años por venir.
Concluyen los proponentes, y por ser preocupación de los integrantes de esta Cámara de Diputados la problemática descrita; y ser, responsabilidad del Titular del Ejecutivo asumir e implementar las acciones específicas de concertación, coordinación, planeación y realización de los trabajos respectivos para garantizar las condiciones que en su aplicación permitan resolver las necesidades más sentidas, particularmente las de alimentación, consumo popular y poder adquisitivo de los salarios de nuestra sociedad.
Debido a lo expuesto demandan los proponentes lo siguiente
Exhortar al Ejecutivo federal para hacer frente a un estado de emergencia económica en el que se encuentran millones de familias mexicanas e implemente a la brevedad, mecanismos de control de precios para los artículos de la canasta básica de la Profeco y se instaure de una vez el salario mínimo para toda la República Mexicana, acabando con la anacrónica existencia de 3 áreas geográficas salariales.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, para que implante las acciones necesarias a fin de que las secretarías, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, de conformidad con sus facultades, decreten un control de precios a los productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos que la componen. Proponemos que la canasta básica sea la definida por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita que el Procurador Federal del Consumidor redoble sus esfuerzos para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, conforme a sus facultades, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con base en la valoración de las actuales circunstancias económicas imperantes en el país, y no obstante el tiempo transcurrido que va más allá de una década, solicite a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el que pondere y resuelva la necesidad inminente de unificar en una sola área geográfica al país, en cuanto a las percepciones básicas del salario mínimo legal y de los salarios profesionales para que estos rijan en todo el territorio nacional, a través de las figuras de Salario Mínimo General y Salarios Mínimos Profesionales, y que, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, la fijación de dichos salarios para el año 2009, sea por encima del pronóstico de inflación esperada que estableció el gobernador del Banco de México, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, en su último informe.
Cuarto. Que ésta honorable Cámara de Diputados en la LX Legislatura del Congreso Mexicano, exprese públicamente su reconvención a la conducta asumida por el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos durante los últimos años, avalada únicamente por la representación del sector empresarial, porque insisten en violar el artículo 123 constitucional, en su fracción VI, al insistir en fijar salarios mínimos insuficientes alejados de toda realidad y racionalidad económica en perjuicio de los trabajadores mexicanos, con las consecuencias y responsabilidades que ello implica.
Quinto. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, se deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice el Poder Ejecutivo sobre los Puntos primero al Cuarto de este Acuerdo, principalmente la Secretaría de Economía, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, así como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en respuesta a estos exhortos.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
2. La comisión dictaminadora luego de revisar el análisis de los autores de la propuesta opina lo siguiente
En el apartado de Consideraciones del documento de referencia se afirma: "Recordemos que el Ejecutivo federal, anunció el día 18 de junio del año en curso, conjuntamente con la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamin, el haber acordado el congelamiento de los precios de 150 productos hasta fin de año. El titular del Ejecutivo, al dar a conocer dicho acuerdo, señaló que la medida, comprendía alimentos enlatados como sardinas, atún, sopas, verduras, así como algunas marcas de aceite y otros productos alimenticios procesados.
El 25 de mayo del 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció las acciones de apoyo a la economía nacional, acciones que puso en marcha a partir de ese día para hacer frente al alza internacional en los precios de los alimentos y de la energía, a fin de paliar los efectos de ese fenómeno internacional en nuestro país y evitar que afecte a las familias más pobres.
Las acciones anunciadas se sustentan en tres grandes ejes:
2. Medidas orientadas a impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo y
3. Medidas orientadas a proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias más pobres
Se eliminarán los impuestos a la importación de trigo, de arroz, de maíz blanco y de maíz amarillo;
Se establecen cuotas para la importación de frijol exentas del pago de arancel;
Se reduce el impuesto a la importación de lecho en polvo a la mitad de su nivel actual;
Se exenta el pago del arancel del sorgo y la pasta de soya con el propósito de bajar los costos de producción del sector pecuario;
Se buscarán alternativas junto con la industria alimentaria y tiendas de autoservicio para evitar alzas abruptas de los precios de alimentos básicos y la integración de una canasta alimentaria a precios accesibles;
Se elimina el arancel a la importación de fertilizantes nitrogenados y de todos los insumos químicos necesarios para su producción en el país;
Se canalizan créditos preferenciales en forma directa a los pequeños productores agrícolas para que compren el fertilizante que necesitan. Esto beneficia a más de 500 mil pequeños agricultores;
Se propone la comercialización de fertilizantes a precio accesible a través de la red social Diconsa en beneficio de los productores que viven en zonas marginadas;
Se dará un impulso sin precedente a la tecnificación del riego. El Presidente señaló que tan solo en 2008 se van a modernizar los sistemas de irrigación de 214 mil hectáreas, lo que supera más de tres veces el promedio anual de tecnificación actual. La meta es alcanzar un ritmo de 500 mil hectáreas tecnificadas por año hacia el año 2012;
Se brinda financiamiento a los productores para la compra de activos que eleven su competitividad. El presidente explicó que se ha integrado una bolsa de más de 20 mil millones de pesos para apoyar la compra de tractores, maquinaria y equipos, entre otros bienes;
Se fortalecen los programas federales más importantes como el Procampo, Progan, los programas de Alianza para el Campo y los especiales de apoyo a productos sensibles como el maíz, frijol, caña de azúcar y leche;
Se brinda un renovado impulso a los proyectos productivos del sector agroalimentarios;
Diconsa seguirá comercializando productos alimenticios a precios accesibles en las zonas más pobres del país, en especial el kilo de harina de maíz, Mi Masa que seguirá costando 5 pesos en esas tiendas;
El precio de la leche en las tiendas Liconsa se mantendrá en 4 pesos;
Se integrará una reserva estratégica de maíz para garantizar que las familias de las zonas marginadas tengan abasto suficiente a través de la red de tiendas comunitarias Diconsa;
Se incrementarán los programas de apoyo a la cadena maíz-tortilla y se fortalecerá el programa de modernización de tortillerías denominado Mi Tortilla;
Se crea el apoyo alimentario Vivir Mejor, que es un complemento en dinero para fortalecer los ingresos de las familias más pobres del país. Este incremento permitirá que las familias beneficiarias del Programa Oportunidades reciban ahora 365 pesos mensuales para complementar su gasto en alimentos. Así el promedio del apoyo por familia inscrita el Oportunidades pasará de 535 a 655 pesos mensuales;
Los beneficiarios del Programa Alimentario para Zonas Marginadas, de Sedesol y el programa alimentario de Diconsa recibirán un incremento similar para poyar su gasto en alimentos. El apoyo alimentario Vivir Mejor beneficiará este año a casi 5 millones 300 mil hogares, es decir, a casi 26 millones de mexicanos, y representará un esfuerzo presupuestal de 4 mil 500 millones de pesos;
El titular del Ejecutivo federal fue enfático al aseverar cero tolerancia contra especuladores y acaparadores e hizo un llamado a toda la sociedad, recalcando que son tiempos de unidad, solidaridad y patriotismo. Apeló en especial a la solidaridad del aparato productivo para contribuir a que los alimentos lleguen al consumidor final a los mejores precios y convocó a los medios de comunicación a que sigan informando a la sociedad dónde se pueden encontrar los mejores precios y denuncien abusos como causa que está por encima de colores partidistas, ideologías o de coyunturas políticas.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, mediante un comunicado de prensa, el 18 de junio del 2008, manifestó su respaldo a las acciones llevadas a cabo por la Presidencia de la República, para evitar el desabasto de alimentos en territorio nacional y en apoyo a la economía de los consumidores.
La Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, Canainca, afiliada a la Concamin, dio a conocer una lista de artículos que conforman la "canasta Canainca de productos de consumo generalizado, en los cuales la industria nacional se compromete a no presentar incremento en lo que resta del año, siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la productiva mexicana.
Esta Canainca aseguró que pese a que experimenta en la actualidad importantes aumentos en el precio de varios insumos y materias primas, en un esfuerzo de colaboración conjunta, los empresarios afiliados a Canainca, que representan el 95 por ciento del total de las empresas de conservas alimenticias en México, se comprometió a no presentar incremento en lo que resta del año.
En el caso de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles, el ofrecimiento que se hizo fue de conservar el abasto, sin variación de precios, al 31 de agosto de 2008.
Por lo que se refiere a la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo, ha aprovechado la caída del precio del trigo, en el mes de mayo, para estabilizar, durante junio y julio, el precio de las harinas. Estas acciones, por parte del sector industrial mexicano, tienen como único objetivo colaborar en apoyar la economía de los mexicanos.
Como se puede apreciar no es exacta la afirmación que al respecto se hace en las consideraciones del escrito inicial de proposición de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, de que fue el Ejecutivo federal, conjuntamente con la Concamin quienes acordar el congelamiento de los precios.
3. Por otro lado, en las Consideraciones del escrito inicial de propuesta de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, se reconoce que a las medidas tomadas por el gobierno federal se sumaron otros acuerdos alcanzados con los sectores de producción de alimentos. Sólo se hace referencia a los acuerdos para estabilizar precios con productores y empacadores de arroz, frijol y maíz y con molinos y elaboradores de la llamada cadena del maíz, para mantener un poco más de medio dólar el kilogramo de tortilla de maíz.
La verdad es que la presente administración ha llevado a la práctica las 19 acciones a las que se comprometió el 25 de mayo del 2008, para apoyar la economía de las familias mexicanas a saber:
El 27 de mayo del 2008 de publicó en el DOF el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de importación y de exportación y el decreto por el que se establecen diversos programas de promoción pectoral, Entre las fracciones arancelarias consideradas se encuentra la de leche en polvo;
El compromiso del sector detallista del país, representado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, para garantizar el abasto de alimentos y contribuir a la estabilización de los mercados de productos básicos –junio-;
El compromiso de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN de mantener congelado el precio de más de 150 productos de consumo básico hasta el 31 de diciembre del 2008, respaldado por la ANTAD para hacerlo efectivo a sus clientes –junio–;
La Industria Mexicana Fabricante de Aceites Embotellados se unió al esfuerzo en aceites embotellados sin variación de precios hasta el 31 de agosto del presente año –junio–;
La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, Conacca, anunció que a partir del 23 de julio inició la operación del Programa de Abasto Solidario: Vive, que ofrece productos básicos agropecuarios como jitomate, plátano, chiles, cebolla, limón, papa y naranja con descuentos entre 5 y 40 por ciento en comparación con las tiendas de autoservicios y los negocios en pequeño. Se acordó que en el programa participarían 6 millones de productores, 90 mil comerciantes mayoristas y más de millón y medio de comercios al menudeo –julio–;
El presidente de la Unión Nacional de Avicultores informó la oferta a 22 pesos kilo de piernas con muslo de pollo –septiembre–;
Wall Mart de México ofreció la garantía del precio más bajo en juguetes para Navidad y Reyes Magos, con sistema de facilidades de pago 10 por ciento del valor del juguete en compras mínimas de 200 pesos, 18 meses sin intereses en la compra mínima de 800 pesos, bonificación del 10 por ciento en la compra mínima de 500 pesos con compra fácil –un credito de Wall Mart- OCTUBRE;
El 27 de mayo se publicó en el DOF la nueva tarifas arancelarias entre las que se encuentran las consideradas en la industria de fertilizantes;
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, y la Corporación Financiera Institucional firmaron acuerdo para fortalecer canales de financiamiento para pequeñas y medianas empresas –agosto–;
El Secretario de Agricultura anunció el 9 de Julio del 2008 que el gobierno federal destinará 2 mil 149 millones de pesos para apoyar los esquemas de compra de fertilizantes, con lo que se apoya a más de 779 mil productores que cultivan 3 millones 743 mil hectáreas;
En San Luis Potosí se anunció la entrega de recursos por 98.2 millones de pesos para el pago de la energía eléctrica para riego en 3 mil 523 unidades de producción. Para diesel agropecuario recargado se darán recursos por 63.2 millones y la entrega de 15 mil 894 tarjetas que garantizan la entrega de 31 millones 586 mil 995 litros de diesel –agosto–;
Se entregan simbólicamente 148 millones de pesos para tecnificar cultivos para impactar favorablemente a 25 mil productores de los 22 ingenios que tiene Veracruz –agosto–;
En Quintana Roo, a través del Programa de Apoyos Municipalizados de Activos Productivos, se entregaron 33 millones 546 mil pesos, recursos que benefician a 4 mil productores. Con este dinero se podrá adquirir maquinaria y equipo, material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas e infraestructura –septiembre.
4. También se afirma en el documento de los diputados proponentes que: "Sin embargo, las disposiciones del gobierno federal de congelar precios en aproximadamente 150 artículos, en los hechos y ante los ojos de la población, pasó a ser meramente una acción mediática y no estructural, pues no se incluyeron a la mayoría de los productos que integran la canasta básica, y en consecuencia, no se resolvió la problemática alimenticia y de consumo popular, ante el avance de una crisis mundial que meses después, enfrenta el país.
Por ello, es que la referida disposición no trajo mayores beneficios".
De la información recabada por esta comisión, se advierte que el 29 de agosto del 2008, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, publicó el estudio económico de América Latina y el Caribe 2007-2008. Política Macroeconómica y Volatilidad. En dicha gráfica se observa que México es el país de América Latina que registra la tasa de inflación más baja de todos los países de la región (5.0 por ciento), en el período de junio de 2007 a junio 2008; asimismo, en el caso del incremento de precios de los alimentos, muestra que México registró un incremento del 9.0 por ciento, el segundo más bajo, después de Argentina 8.0 por ciento en la región. Estos resultados no se explicarían si las medidas adoptadas por el gobierno de México y demás organismos del sector privado y organizaciones campesinas y de trabajadores hubieran sido un fracaso.
En la página señalada del informe de Cepal se afirma "en el actual contexto expansivo que caracteriza a la mayoría de las economías de la región, la mejor manera de enfrentar el aumento de la inflación es mediante la política fiscal, evitando o disminuyendo los efectos indeseados en el nivel del tipo de cambio real".
En este sentido, las medidas instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México para preservar la estabilidad financiera cuyo propósito es propiciar que se restablezca a la brevedad el buen funcionamiento de los mercados financieros de nuestro país han sido diversas:
3. Modificaciones al programa de subasta de valores gubernamentales
para el cuarto trimestre del 2008
4. Modificaciones al Programa de Subasta de Valores del
IPAB para el cuarto trimestre del 2008
5. Subasta de recompra de bonos de protección al
ahorro
6. Subasta de intercambio (swaps) de tasas de interés
7. Programa de Endeudamiento con Organismos Financieros
Multilaterales
8. Facilidades regulatorias para las sociedades de inversión
9. Papel comercial del sector empresarial y del sector
financiero
10. Instrumentos de deuda emitidos a intermediarios financieros
del sector vivienda
Sobre el particular esta dictaminadora recabó datos que acreditan que el 6 de noviembre del 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO informó en Roma, Italia, que está previsto que la producción mundial de cereales alcance un nuevo récord este año, ya que los elevados precios han impulsado la siembra y se ha contado con condiciones meterelógicas en conjunto favorables. Agrega que "en respuesta a la mejora prevista en los suministros mundiales durante la presente campaña, los precios internacionales de la mayor parte de los cultivos alimentarios y forrajeros deberían bajar. De hecho, ya han bajado más de 50 por ciento respecto de los niveles sin precedentes alcanzados hace solo unos pocos meses, …, sin embargo, se expresa también la preocupación de que, "las repercusiones inmediatas de la crisis financiera se han manifestado en las desaceleraciones económicas, que ya ha tenido efectos notables en los precios del petróleo. La recuperación sostenida del dólar estadounidense y las preocupaciones acerca de la disminución de la demanda agravaron la crisis en los mercados agrícolas. La gravedad de la reciente caída de los precios es tal que las siembras para el próximo año se ven seriamente amenazadas, pues los agricultores necesitan tener la seguridad de que serán indemnizados por su trabajo y sus inversiones, en el caso de que las perspectivas para los precios agrícolas se presenten negativas en medio de unos costos elevados de los insumos. Si la producción cayera en picada el próximo año, no es difícil imaginar lo que podría suceder con los precios mundiales ni las repercusiones que podrían tener, dados los episodios de disturbios y de inestabilidad registrados recientemente".
En el caso particular de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, del pasado 21 de octubre, de conformidad con el avance de cosechas, se estima que el presente año se obtendrán 25 milones de toneladas de maíz en comparación con las 21.3 millones de toneladas que se obtuvieron al inicio de lapresente administración.
Ya se logró la segunda zafra histórica en el país al obtener una producción de 5.5 millones de toneladas de azúcar, producto de la molienda de caña en los 57 ingenios del país.
En producción de leche se alcanzarán los 10.3 millones de toneladas, carne, 5.4; huevo, 2.3; pescado, 1.2 y se estiman cosechar 62 millones de toneladas de forrajes, las que posteriormente, se traducirán en millones de toneladas de carne y leche para el consumo humano.
En frijol, se cosecharán más de un millón de toneladas, casi suficiente para abastecer el consumo nacional, por lo que no deberíamos importar prácticamente, trigo, la cosecha se estima en 4.1 millones; naranja, 4.4; limón, 1.9; mango, 1.7; aguacate, 1.1; jitomate, 2.4; chile, 2.4 y papa 1.7 millones de toneladas.
6. Con relación al tema de la canasta básica y su composición en cuanto a los bienes y servicios que la integran, cabe aclarar que el actual concepto de canasta básica que utiliza el Banco de México fue resultado de un acuerdo entre los sectores productivos; campesinos, trabajadores, empresarios y gobierno federal, así:
La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC;
Los bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico a finales de 1988 (campesinos, trabajadores, patrones y gobierno federal);
La canasta básica considera actualmente 80 conceptos genéricos (bienes y servicios) del INPC, los cuales representan el 33.7 por ciento del total del gasto de las familias mexicanas;
El cálculo de sus variaciones mensuales atiende a una metodología rigurosa y estadísticamente válida que parte de la estructura de la composición del gasto de las familias mexicanas; el cual se obtiene por medio de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Enigh elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi;
La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, no elabora ningún indicador válido para medir la inflación, en la presentación de su página institucional aclara que: Profeco mediante su programa Quien es Quien en los Precios recopila precios al menudeo de 2 mil a 3 mil productos, recolectándolos los cinco días hábiles de la semana en más de 1 mil 200 establecimientos de 26 ciudades del país.
Estos precios exclusivamente sirven como referencia de compra para el consumidor y por la metodología utilizada no permiten medir la inflación que se registra en el país, siendo el Banco de México la única autoridad facultada para determinarla"
Es evidente que cualquier cálculo que se realice con la pretensión de medir el comportamiento de los precios de una canasta básica que no aplique una mitología estadísticamente válida para determinar el comportamiento de sus precios, carece de objetividad y representatividad del fenómeno inflacionario que supuestamente se pretende medir, es por ello que la Profeco responsablemente reconoce que el objetivo de su Programa Quien es Quien en los Precios no tiene esta finalidad que se le ha pretendido atribuir, así como tampoco la tiene cualquier otra institución que no explique y permita comprobar la metodología que aplica para el cálculo de la supuesta canasta básica.
De conformidad con la información que elabora el Banco de México para el cálculo de la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los resultados en lo que va del año, enero-octubre, son los siguientes:
Variación acumulada del INPC
El Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, acumuló en los primeros diez meses del presente año una variación de 4.61 por ciento, nivel mayor en dos puntos porcentuales al observado en igual intervalo del 2007 (2.61 por ciento).
Índice de precios de la canasta básica
El Índice de Precios de la Canasta Básica registró una variación de 1.16 por ciento en octubre, con lo que acumuló en los primeros diez meses del año una variación de 5.76 por ciento, mayor en 3.60 puntos porcentuales a la que se alcanzó en el mismo intervalo de 2007 (2.16 por ciento).
Los genéricos, cuyos movimientos de precios determinaron, en mayor medida, de acuerdo al Banco de México, el incremento del Índice de la Canasta Básica en el lapso de enero a octubre de 2008, en comparación con igual período de 2007, se muestran a continuación:
Los aumentos acumulados de precios más relevantes, en el período indicado, con relación al mismo lapso de 2007, se presentaron en los siguientes grupos de bienes y servicios: aceites y grasas vegetales 25.31 por ciento, arroz y cereales preparados 23.05 por ciento, legumbres secas 21.40 por ciento y hortalizas frescas 16.83 por ciento. En contraposición los grupos que mostraron las mayores bajas en la variación acumulada de sus precios durante los primeros diez meses de 2008 fueron: frutas secas 17.89 por ciento, cigarrillos 10.28 y derivados de la leche 7.27 por ciento.
8. Con respecto a los salarios en México, se afirma en la propuesta de los legisladores del PRI que: "En los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado, según los estudios disponibles y actualizados –sean estudios prácticos, académicos, oficiales y de todo tipo- en aproximadamente un 70 por ciento. Es más, existen, continúan los proponentes, algunos estudios recientes que revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna".
Al respecto debemos comentar que:
El poder adquisitivo del salario mínimo en el 2008 equivale al 24.98 por ciento del correspondiente a 1976 (año en el que el salario mínimo alcanzó su máximo nivel histórico), es decir, en este lapso registró una pérdida de 75.02 por ciento.
Evolución del poder adquisitivo del Salario Mínimo (1976-2008)
Esta dictaminadora se propuso recabar datos respecto al tema de los salarios mínimos generales y profesionales, su fijación y sus impactos así como la pérdida del poder de compra de la clase trabajadora de conformidad con datos del propio Banco de México como a continuación se detalla:
1. En reunión de trabajo celebrada el miércoles 9 de julio del 2008 con el presidente de la Comisión Nacional de los Salario Mínimos según la versión estenográfica el titular de la citada comisión cito que: "Adicionalmente a esto tenemos que, de las 251 leyes federales, 8 códigos están integrados en ella, y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 168 casos se hace referencia a la figura del salario mínimo, es decir, en el 43.2 por ciento de todas estas 251 disposiciones". En cuanto a número de artículo, las 251 leyes y ordenamientos legales de nuestro país que contienen 19 mil 202 artículo. En 391 de ellos se hace referencia al salario mínimo para algún efecto legal
2. Asimismo, recabamos los datos del Banco de México para cerciorarnos de los impactos y evolución del poder adquisitivo del salario mínimo. Pudimos encontrar que la evolución del salario mínimo pasó del 100 por ciento en 1976 (cuando su poder de compra fue el mayor) a 82.75 por ciento en 1982 y a 47.29 por ciento en 1988, es decir, para 1988 se había perdido más de la mitad del poder de compra de los trabajadores. En 1994 el poder de compra de los salarios comparado con 1976 era de apenas 33.9 por ciento y en el 2000 de apenas el 25.76 por ciento comparado con el poder de compra de 1976. Para el año 2006 el poder de compra era del 25.48 por ciento del existente en 1976 y en 2007 25.31 por ciento. En el 2008 se registra el 24.98 por ciento del poder de compra de 1976 por lo que esta dictaminadora puede concluir que, en efecto, el poder adquisitivo del salario mínimo ha perdido una enorme capacidad de compra que se puede acreditar con estos datos, certificando el desplome de 1982 al 2000 que alcanzó el 25.76 por ciento del poder de compra de 1976.
Pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo (1976-2008)
Luis Echeverría Álvarez
32.11
José López Portillo y Pacheco
-22.22
Miguel de la Madrid Hurtado -39.14
Carlos Salinas de Gortari
-22.84
Ernesto Zedillo Ponce de León -23.82
Vicente Fox Quezada
0.86
Felipe Calderón Hinojosa
-2.48
Realidad oprobiosa, máxime, cuando en las áreas geográficas B y C, es en donde los bienes y servicios son tan caros o más como en la llamada área A. Y en donde, desde la alimentación hasta los demás productos y servicios resultan caros y por lo tanto, inaccesibles para los grandes colectivos de trabajadores mexicanos.
Sobre el particular la dictaminadora debe citar que de conformidad con el artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene los deberes y atribuciones siguientes:
III. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos. La resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación;
..."
Cabe reiterar que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se integra por once representantes de los Trabajadores, once representantes de los patrones y un representante gubernamental, el Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Desde mediados de la década de los setenta, el sistema de salarios mínimos ha experimentado diversas estrategias para su simplificación. Una de ellas culminó con la creación de las áreas geográficas a partir de marzo de 1988. El proceso de convergencia salarial aplicado por el Consejo de Representantes permitió que la diferencia entre los salarios mínimos generales de las áreas geográficas A y C se redujera en 13.70 puntos porcentuales, al pasar de 19.94 en 1988 a 6.24 por ciento en 2008; en tanto que la reducción entre las áreas A y B fue de 4.84 puntos porcentuales, ya que en 1988 era de 8.04 y para 2008 disminuyó a 3.20 por ciento.
Sin embargo, durante los últimos cuatro años, de 2005 a 2008, dicho proceso de convergencia se detuvo al posicionarse con dicho planteamiento la representación de los Trabajadores en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. A efecto de llegar a una fijación salarial por unanimidad en cada uno de esos años, tanto la representación patronal como la del gobierno accedieron a no continuar con el proceso de convergencia.
No obstante lo anterior, se reitera que la posición de esta dictaminadora continúa siendo la de avanzar en el proceso de convergencia para que llegue a haber un solo salario mínimo general en todo el país, lo cual podría alcanzarse al final de la presente administración siempre que la representación de los Trabajadores en el Consejo de Representantes así lo promueva y permitan.
Por otro lado respecto al decretar un control de precios a los productos de la canasta básica esta dictaminadora considera que, en todo el periodo en que la economía mexicana estuvo cerrada a la competencia del exterior, protegida por la leyes y la política pública, por más de cincuenta años, estuvo vigente en nuestra economía el sistema de control de precios en el siglo pasado.
Los consumidores padecieron periodos prolongados y reiterados de escasez de los bienes controlados, fundamentalmente de productos alimenticios básicos: tortilla, leche, pan, carne, huevo entre otros; para poder abastecerse de estos bienes se tenía que recurrir al mercado negro y pagar precios superiores a los oficiales, o bien sujetarse a otras prácticas comerciales que obligaban a comprar otros bienes a fin de poder conseguir los que se necesitaban.
La razón fundamental de los problemas de abasto de los productos sujetos a control de precios radica en el desaliento para intervenir y producir ese tipo de bienes, toda vez que resulta extremadamente complejo que la autoridad valide los incrementos de costos a los que los productores se enfrentan al operar en un mercado libre para el abastecimiento de sus insumos.
Los resultados fueron la escasez, el racionamiento por prácticas comerciales y la necesidad de que el gobierno subsidiaria los productos con precios controlados. Los controles de precios contribuyeron al déficit de las finanzas públicas, en demérito de otras funciones de responsabilidad exclusiva del gobierno del gobierno.
Los controles de precios a largo plazo se traducen en un mayor aumento de precios, en el momento que demuestran su inutilidad y se tienen que liberar.
Diversos factores contribuyeron a producir un acelerado crecimiento de los precios a partir de 1965, tendencia que persistió hasta 1987 en que la inflación anual fue superior al 160 por ciento y requirió del llamado proceso de concertación económica, época de los pactos, para poder volver a reencauzar la inflación y llevarla a nivel de un dígito. Toda la política de control de precios demostró claramente su inutilidad para contener la inflación y apoyar el consumo de las clases populares por lo que ésta dictaminadora considera procedente que, en lugar de decretar, se instruya a fin de que se fijen las bases para definir los precios a los productos.
Por último, pese a que el punto dos de la proponente también resulta improcedente ya que se trata de un órgano parajurisdiccional, esta comisión considera oportuno que sea el propio titular de Economía, de quien depende el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien no únicamente redoble esfuerzos para sancionar sino que acuda a este recinto para informar sobre las acciones que ha implantado la secretaría a su cargo por conducto de la Profeco.
Asimismo, la dictaminadora ha podido constatar que en múltiples ocasiones la percepción de la opinión pública respecto a un tema tan sensible como lo es el mermado por años poder adquisitivo, como lo es el control de precios de los productos de la canasta básica que adquieren millones de trabajadores en nuestro país y como lo es la necesidad de continuar con la convergencia de los salarios mínimos generales de las zonas salariales del país, es precisamente una percepción compatible con la inacción, dilación o falta de resultados, en una palabra, que poco se está haciendo respecto a este tema por lo que resulta procedente que el cuerpo del presente dictamen sea publicado íntegramente en la gaceta parlamentaria. Asimismo, son procedentes los puntos resolutivos de la proponente con algunos ajustes que hacen concurrentes tanto los criterios de los legisladores proponentes como de alegatos y consideraciones de hecho y de derecho aquí vertidos a fin de que los demás integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social tengan a bien valorar su dictamen en este sentido positivo.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, para que continúe implementando las acciones necesarias a fin de que las secretarías, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, de conformidad con sus facultades, incentiven las bases para definir los precios a los productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos que la componen.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita que el secretario de Economía comparezca ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social a fin de exponga la estrategia anti crisis y que informe los esfuerzos y acciones que la Profeco viene implantado para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, conforme a sus facultades, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con base en la valoración de las actuales circunstancias económicas imperantes en el país, solicite a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el que pondere y resuelva la necesidad de unificar en una sola área geográfica al país, en cuanto a las percepciones básicas del salario mínimo legal y de los salarios mínimos profesionales para que estos rijan en todo el territorio nacional, a través de las figuras de salario mínimo general y salarios mínimos profesionales, y que, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, la fijación de dichos salarios para el año 2009, sea por encima del pronóstico de inflación esperada que estableció el gobernador del Banco de México, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, en su último informe.
Cuarto. Que ésta honorable Cámara de Diputados en la LX legislatura del Congreso Mexicano, exprese públicamente su exhorto tanto a la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a fin de que se promuevan las modificaciones que permitan la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ya que en los últimos años, las acciones de ésta han sido avaladas únicamente por la representación del Sector Empresarial, y porque insisten en violar el artículo 123 constitucional, en su fracción VI, al insistir en fijar salarios mínimos insuficientes alejados de toda realidad y racionalidad económica en perjuicio de los trabajadores mexicanos, con las consecuencias y responsabilidades que ello implica, por lo tanto la responsabilidad de la Comisión de los Salarios Mínimos sea transferida a la Cámara de Diputados.
Quinto. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, se deberá comunicar a la Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice el Poder Ejecutivo sobre los puntos primero al cuarto de este acuerdo, principalmente la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en respuesta a estos exhortos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tomás del
Toro del Villar (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Murguía
(rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica),
Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio
Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica),
secretarios; Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco
Antonio Fraile García (rúbrica), Miguel Gutiérrez
Aguilar, Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón
Bello Pérez, Antonio Berber Martínez, Rolando Rivero Rivero
(rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica),
Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román
Isidoro, Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval
(rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ana Yurixi
Leyva Piñón (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna,
Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo
Castillo, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón
(rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica),
Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).