• De los Gobiernos del Distrito Federal, del estado de México, y de Morelos.

• De la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

• Del Servicio de Administración Tributaria.

• De la Dirección General de Pemex, con el que remite el informe de los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-octubre de 2008.

• De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente a octubre de 2008.

• De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma la fracción XII, inciso a), del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del PRI.

• De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Del Congreso de Colima, que adiciona un párrafo al artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

• Del Congreso de Colima, que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

• Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de los grupos parlamentarios.

México, DF, a 27 de noviembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso la Unión
Presente

Por instrucciones del secretario de Gobierno, licenciado José Ángel Ávila Pérez, adjunto oficio CJSL/1366/2008 y anexo de éste, mediante el cual la Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal informa sobre diversos aspectos relacionados con los procesos de modernización, homologación de la reglamentación, planes y programas en materia del registro público de la propiedad.

Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.60-II-2-1710, de fecha 25 de septiembre del año en curso, donde se comunicó por parte de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Luis Villanueva Herrera (rúbrica)
Asesor Jurídico del Secretario de Gobierno
 
 

México, DF, a 29 de octubre de 2008.

Licenciado José Ángel Ávila Pérez
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
Presente

Me refiero al oficio SG/LVH/1002/2008, de fecha 2 de octubre de 12008, signado por su asesor jurídico, relacionado con el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a acelerar los procesos de modernización y homologación de la reglamentación, planes y programas en materia de registro público de la propiedad.

Al respecto, adjunto nota informativa sobre las acciones realizadas como parte del proyecto de modernización del registro público de la propiedad y el comercio del Distrito Federal, a cargo de esta Consejería Jurídica.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Doctora Leticia Bonifaz Alfonso (rúbrica)
Consejera Jurídica y de Servicios Legales
 

Modernización del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales lleva a cabo el proceso de modernización del registro público de la propiedad y de comercio para hacer eficaz el registro de inscripción en los rubros de inmuebles y mercantiles; y así generar una plataforma jurídica, operativa y tecnológica buscando la homologación de la función registral nacional.

El Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en colaboración con la Secretaría de Economía y la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha implantado desde enero el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger), cuyos trabajos tienen como objetivo ampliar y elevar la competitividad de la actividad comercial de la Ciudad de México.

Mediante el Siger, en su primera etapa, se llevará a cabo la inscripción de actas constitutivas de sociedades mercantiles de nueva creación vía Internet, disminuyendo los tiempos sin afectar la certeza jurídica.

Asimismo, como punto inicial del proceso de modernización se levantó un inventario de los acervos registrales que posee el registro público de la propiedad, tanto de libros como de microfichas.

Se definieron 23 criterios en materia registral inmobiliaria derivados de reuniones de trabajo con miembros del Colegio de Notarios del Distrito Federal, a efecto de que tanto la redacción como la calificación de los instrumentos públicos a registrar, se den bajo los parámetros de certeza jurídica y buena fe. Con ello se transparenta la calificación registral y se agiliza la inscripción de los instrumentos, beneficiando al público usuario.

Se crearon dos órganos colegiados que contribuirán al desarrollo, evaluación y seguimiento de las acciones cotidianas en la operación del registro público, con lo que se da asistencia técnica para el cumplimiento del Programa Estatal de Modernización, cuya ejecución inició este año. El objetivo es restaurar, conservar y digitalizar el acervo documental, además de sistematizar los procedimientos y trámites registrales, mediante un sistema de cómputo de vanguardia.

El propósito es llevar al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal a ser el más eficiente de todo el país y estar a la altura de otros registros del mundo.

En este marco, el pasado 8 de septiembre se firmó el convenio de coordinación entre la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Consejería Jurídica Federal, para que de manera conjunta se diseñen e implementen los programas necesarios y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal responda a estándares internacionales.

El proceso de modernización del registro público de la propiedad y de comercio incluye modificar el marco jurídico que permitan otorgar certeza y seguridad jurídica; revisar y renovar los procesos registrales, lo cual consiste en el análisis funcional para la definición del lenguaje XML registral; actualizar las tecnologías de la información en el que se propone la planificación del proceso de migración de datos a una nueva base de datos así como la definición de requerimientos de capacidades y configuración de sistemas de equipamiento, adquisición de infraestructura de hardware, software de Back Office y certificación de la instalación.

En cuanto a la promoción de la profesionalización de los recursos humanos se plantea evaluar al personal en los aspectos: técnicos administrativos en materia registral, con la consecuente capacitación para el desarrollo del plan de carrera. Se establecerán nuevas políticas institucionales las cuales se realizarán a partir de la definición de la estrategia para la creación del instituto registral, con el desarrollo de la organización y procesos, creación de las políticas institucionales de funcionamiento de ese órgano.

Asimismo se propiciará hacer eficiente la gestión y uso del acervo documental para la propiciar un inventario de los orígenes de información registral; diseño de mecanismos de recuperación (microfilmes y libros) y la calificación de registros contra imágenes. Finalmente la modernización del registro público podrá generar una administración del cambio que permita que el registro público se convierta en un organismo que ofrezca los mejores servicios permitiendo la inscripción y publicidad de los actos que requieran satisfacer tal requisito para surtir efectos ante terceros.

El programa de modernización del registro público permitirá que se puedan optimizar recursos humanos, materiales, financieros e informáticos en servicio de todos los actores registrales y de sus usuarios, procurando así, la renovación integral de la institución.
 
 

México, DF, a 25 de septiembre de 2008.

Para: José Ángel Ávila Pérez
De: René Cervera García

Anexo al presente, para tu conocimiento y atención procedente, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional de Vivienda para que consolide sus acciones de promoción a fin de lograr niveles de sustentabilidad de ésta.

Sin otro particular, te envío un cordial saludo. (rúbrica)
 
 

México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente.

Por instrucciones del secretario de Gobierno, licenciado José Ángel Ávila Pérez, adjunto oficio SSDF/0856/2008, mediante el cual el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal informa diversos aspectos relacionados con la NOM 179-SSA1-1998, referente a la calidad mínima exigida para el agua de consumo humano.

Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.60-II-4-1669, del 21 de octubre del año en curso, en donde se comunicó, por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Licenciado Luis Villanueva Herrera (rúbrica)
Asesor jurídico del secretario de Gobierno
 
 

México, DF, a 11 de noviembre de 2008.

Licenciado José Ángel Pérez
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

En atención al comunicado que nos hace el licenciado Luis Villanueva Herrera, bajo oficio número SG/LVH/I098/2008, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a fortalecer la coordinación intersectorial, a efecto de asegurar que el agua para consumo humano cuente con la calidad mínima exigida en la NOM 179-SSA1-1998, emitido por la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal. Le menciono que:

La Secretaría de Salud del Distrito Federal participa activamente en el Programa Permanente de Vigilancia del Agua de Calidad Bacteriológica implementado por el Sistema Federal Sanitario en cumplimiento a la NOM-179-SSAl-1998.

A través de los servicios de salud pública en la entidad, realiza el monitoreo cotidiano y permanente del agua potable servida a la población en los sitios de almacenamiento y red de distribución del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, único organismo operador que presta el servicio de dotación en el Distrito Federal.

Los resultados obtenidos a través de este proceso en el presente año, se refieren por delegación en el cuadro siguiente:

Donde se aprecia que las áreas densamente pobladas de la población tienen un índice de protección con agua de calidad bacteriológica muy importante, por arriba del 90 por ciento y en el global la entidad rebasa el 96 por ciento.

El Sistema Federal Sanitario, en cumplimiento de la norma oficial mexicana, menciona que para que exista una adecuada dotación de agua potable para el consumo humano, los organismos operadores en las diferentes entidades federativas deberán proporcionar una calidad del agua servida por arriba del 80 por ciento de protección bacteriológica para el 2008.

La vigilancia que realiza esta secretaría sobre el organismo operador, demuestra que el esfuerzo realizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está por arriba de los índices esperados de protección a la población, y que el agua que se surte a los habitantes del Distrito Federal es de consumo humano.

No obstante, intensificaremos las medidas de coordinación intersectorial, a fin de que la vigilancia sobre el organismo operador resulte en la mejoría de la dotación de agua con calidad bacteriológica en las delegaciones que durante el presente año tuvieron índices por debajo del 90 por ciento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Doctor José Armando Ahued Ortega (rúbrica)
Secretario de Salud del Distrito Federal
 
 
 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Toluca de Lerdo, México, a 18 de noviembre de 2008.

Licenciada Martha Hilda González Calderón
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión
Presente

En atención a su oficio turnado en días pasados en el que la Cámara de Diputados solicita a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública estatales, analizar la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación a los cuerpos de seguridad pública; me permito remitir en anexo los comentarios sobre dicho asunto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Respetuosamente
Doctor Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
 

Con relación a la solicitud de opinión que hacen los diputados respecto a implantar medidas más estrictas para los candidatos a servidores públicos de seguridad pública

Consideraciones

El proceso de convocatoria, reclutamiento, selección, inducción, formación, es importante que esté diseñado y que en sus procesos internos de verificación y control, haya y este muy clara la detección oportuna de elementos que en un momento determinado sean infiltrados del crimen organizado, pero también, es importante que no se tomen medidas reactivas y que estas se reflejen como una acción persecutoria para los posibles candidatos o que se entre en una espiral de trámites sin sentido, que retrasen y obstruyan el de por si complicado proceso de reclutamiento y selección para áreas de seguridad.

Históricamente, la oferta para el reclutamiento de personal para las áreas de seguridad, es y ha sido entre los menos atendidos por parte de los solicitantes. Varias encuestas (datos de las ferias de empleo, agencias y despachos de selección de personal y hasta las empresas privadas para captar elementos para la seguridad privada), así como reportajes periodísticos, señalan que no es una de las primeras opciones ya que por prejuicios o percepciones equivocadas es un trabajo, primeramente de riesgo, mal pagado, sin posibilidades de crecer, horarios difíciles que afectan la convivencia familiar, poca o nula capacitación y desarrollo, etcétera.

En algunos casos, y experiencias en sectores, como la Secretaría de Seguridad Pública federal que, en sus procesos de convocatoria, han hecho campañas con amplio despliegue de publicidad, o el Ejército, que tiene módulos permanentes de reclutamiento cumplen con los suficientes candidatos y tienen que ajustar sus perfiles y requisitos para ampliar y captar a un mayor número de personas.

Asimismo, el dar seguimiento a todos estos candidatos que inician el proceso de selección, empiezan a ser filtrados a través de los estudios antropomórficos (peso, estatura, talla, entre otros) en donde los criterios para encontrar las medidas ideales a menudo contrastan con los estándares de la población a la que van dirigidos, por ejemplo, en el estado de México hay comunidades donde el promedio de estatura para hombres es de 1.65 metros y el mínimo solicitado es 1.68. Mismo caso, cuando aumentan requisitos básicos como visión, (uso o no de anteojos), audición, obesidad, espina desviada, pie plano, tatuajes, etcétera.

Se propone en las mejoras para los nuevos modelos, una escolaridad de preparatoria, bachillerato, técnica o equivalente (trunca o completa), cuando en ocasiones, los centros comerciales hacen convocatorias con menos requisitos y el mismo pago.

La aplicación de las baterías psicológicas, es un punto importante y delicado de considerar, ya que son instrumentos de medición con índices de confiabilidad y validez aceptable, pero no son infalibles ni predictores determinantes, en varios casos son un factor de estrés y generador de prejuicios ya que al no ser aceptados en el perfil requerido, para algunos es un estigma de que está mal y, por tanto, al ser rechazado generaliza el error a la institución. Aunado a este filtro, se ha incorporado últimamente el filtro del polígrafo o detector de mentiras, que se le da una predictividad determinante, que dan final a un proceso que si se midiera el costo por el tiempo y recursos invertidos en las anteriores pruebas es elevado.

Es parte del proceso, la aplicación de pruebas antidoping lo mismo las polémicas generadas por la solicitud de pruebas de no embarazo o de detección de enfermedades venéreas o de VIH-sida.

La verificación de documentos oficiales, (actas de nacimiento, matrimonio, RFC, CURP, escolares como certificados, títulos, cédulas la verificación tiene un costo tanto en la UNAM como en la SEP) la solicitud de antecedentes no penales, (cuando aún los registros en los estados no esta alineado, ni alimentado o actualizados a los registros federales) de antecedentes laborales, entrevista y estudio social, verificación de ingresos económicos anteriores etcétera. Son filtros específicos que se aplican y que tienen un costo y un desgaste en el proceso. Pues por donde recaiga el costo, la aplicación será un desgaste. Es decir, si la realiza la institución los costos del proceso se incrementan, si la realiza el candidato, llegará un momento donde abandone el proceso por los gastos que realiza en la búsqueda de empleo y el tiempo que le invierte a un proceso incierto.

Entre más tiempo tarde el proceso, más índice de deserción e incertidumbre acumulará el candidato. En los procesos largos, o que intervengan varías instancias, es común encontrar desinformación, duplicación de citas, duplicación de estudios, etcétera. Dejando en entredicho la transparencia, seriedad y calidad del proceso.

Cabe mencionar, que si el candidato está en contacto con muchos empleados y el procedimiento no es claro y transparente, la aparición de "coyotes", falsos gestores, etcétera, será un medio proclive a la corrupción.

El programa de inducción es también (y así tiene que ser considerado un filtro más, aunque este debe de iniciar cuando el candidato ya cumplió con los requisitos previos del perfil solicitado en selección. En la mayoría de los casos es un cambio radical el de pasar de un modelo civil al de seguridad, curiosamente es el más efectivo, cuando se realiza con transparencia y orden, pero el de más deserción si no hay trato y consideración, en ese proceso.

Así pues, la propuesta de incrementar requisitos y endurecer criterios o ambos, no sería la mejor opción, sino dar transparencia, celeridad al proceso, generar compromisos mutuos entre el candidato y la institución, fortalecer en esta medida la orientación a resultados, a la rendición de cuentas, para que la aplicación de medidas de control, no se consideren persecutorias sino parte de un proceso de calidad y mejora continua.

Por otro lado, y como éticamente no se puede ser juez y parte, tendrían que ser otras instancias, que no sean las que realizan el proceso de selección y formación, las que implantaran programas alternos de verificación y validación de información, acciones de inteligencia que no afecten la integridad de los empleados pero que den seguimiento al desempeño interno y externo.

A modo de conclusión, más que añadir pasos al proceso, la propuesta es optimizar los que ya se realizan, que se dignifique el trabajo y se convierta en un trabajo especializado y no en una última opción al desempleo, mayor fluidez y transparencia, que en una carrera de obstáculos a la que hay que vencer o burlar, y a un seguimiento de resultados aunado a un trabajo de inteligencia y verificación sin caer en la paranoia, la complacencia o en un régimen totalitario o de policía secreta.
 
 
 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Cuernavaca, Morelos, a 13 de noviembre del 2008.

Diputado Cesar Duarte Jáquez
Presidente de la LX Legislatura del Congreso de la Unión
Presente

Licenciado Rafael Martínez Flores, subsecretario de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Plaza de Armas sin numero segundo piso, colonia Centro de Cuernavaca, Morelos; ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que con relación a su oficio número DGPL60-II-6-2533 enviado al maestro Marco Antonio Adame Castillo, por medio del presente oficio vengo en tiempo y forma a producir contestación respecto del punto de acuerdo: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso dé la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Publica del gobierno federal, al gobierno de Morelos y al magisterio morelense a llegar a un acuerdo entre las partes que ponga fin al conflicto para permitir reanudar las clases al 100 por ciento; información que se rinde en los términos siguientes:

Cronología de la atención brindada

Ante el conflicto magisterial que ha impedido la regularización del ciclo escolar, y después de múltiples reuniones que he sostenido con el magisterio, con autoridades locales y federales, y representantes de diversos sectores de la sociedad, y ante el exhorto que formulo el Congreso de Morelos el gobernador del estado, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a los integrantes del llamado Comité Negociador del Movimiento Magisterial, a la opinión pública expongo;

Primero. Ratifico mi absoluta e indeclinable disposición a favor del dialogo, la legalidad y el respeto al magisterio, como medios para encontrar solución al conflicto. MI compromiso con la calidad de la educación, el bien y los derechos de la niñez y el desarrollo de nuestro Estado. Sobre estas bases, convoco a los maestros de Morelos a integrar una comisión representativa del Magisterio, para estar en condiciones de instalar de inmediato, las mesas y los espacios de negociación y diálogo permanente que resulten necesarios para arribar a la solución del conflicto.

Segundo. Consciente de las dificultades económicas que este conflicto está generando a las familias de los maestros, he instruido a las autoridades educativas, para que a partir de este día, todos los maestros reciban el pago completo de su salario. Al mismo tiempo, apelo a la responsabilidad del magisterio, paro que se apliquen les medidas pertinentes y se recupere el ciclo escolar.

Tercero. Hago patente mi disposición absoluta para trabajar con la comisión representativa que nombre el magisterio, en la definición de los mecanismos que permitan la revisión, el estudio y el análisis de la Alianza por la Calidad Educativa, y al mismo tiempo mi compromiso de garantizar que las medidas que se apliquen en el estado, de ninguna forma lesionen los derechos laborales de los maestros y contribuyan a mejorar le calidad de la educación en nuestro Estado.

Cuarto. En uso de las facultades que la Constitución del estado me confiere, expreso mi total disposición para evaluar el desempeño de las autoridades educativas de Morelos, a fin de que, una vez que sea regularizado el ciclo escolar, esté en condiciones de tomar las decisiones concernientes a favor de la educación y la buena marcha del sector.

Quinto. En apoyo a los comerciantes y empresarios del Centro Histórico de la ciudad de Cuernavaca que han sido afectados, como primeras medidas, he emitido el decreto que exenta de pago a los contribuyentes ubicados en el perímetro mencionado, de los impuestos locales sobre hospedaje y a la nomina, durante el período comprendido entre el mes de agosto y hasta el 31 de diciembre del año en curso. De igual forma, he instruido a la Secretaría de Turismo del estado, para que en coordinación con dicho sector y las cámaras que los representan, implante una campaña de promoción que reactive la actividad económica en el lugar.

El gobernador de Morelos expresa su confianza y respetó a todos los actores vinculados al conflicto magisterial. Apelo al diálogo y a la buena fe de todos, para que el regreso a clases ocurra de inmediato.

Lo anterior, sin perjuicio de todas y cada una de las actuaciones y acciones que institucionalmente se han desahogado en el mismo sentido y para la solución del conflicto; actuaciones oficiales que son del dominio publico por virtud de que se han difundido ampliamente a través de los medios masivos de comunicación tanto electrónicos como escritos estatales y nacionales.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Rafael Martínez Flores (rúbrica)
Secretario de Gobierno
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA

Culiacán, Sinaloa, a 11 de noviembre de 2008.

Diputada Martha Hilda González Calderón
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
Presente

En atención de su oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1789, de fecha 21 de octubre pasado, mediante el que hizo del conocimiento del gobernador constitucional del estado los puntos de acuerdo tomados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de octubre del presente año, y que se refieren básicamente a que las Secretarías de Seguridad Pública estatales analicemos la procedencia de la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos de los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendentes a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de seguridad pública, por acuerdo de la Secretaria de Seguridad Pública estatal expreso a usted los siguiente:

En nuestra entidad, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública del estado, para ser miembro de las instituciones policiales y las de custodia en readaptación social y en centros de internamiento para adolescentes se exigen los siguientes requisitos:

El curso en todas las modalidades tiene una duración de un año, durante el cual se realizan diversas valoraciones para determinar la aptitud y actitud del futuro integrante de los cuerpos de seguridad.

Consideramos por ello que los mecanismos hasta ahora aplicados son suficientes para lograr una adecuada selección; sin embargo, estamos abiertos a cualquier sugerencia que pudiera resultar de tan valioso ejercicio que esa honorable legislatura ha emprendido, pues seguramente con el intercambio de experiencias se darán mejores sistemas, que necesariamente también tendrán que ser motivo de una mejora continua.

Sin otro particular, reitero a usted mi distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ricardo Serrano Alonso (rúbrica)
Subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social
 
 
 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

México, DF, a 26 de noviembre de 2008

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Av. Congreso de la Unión No. 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza
CP 15969, México DF
Presente

Hago referencia a su oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1907 de fecha 21 de octubre del presente año dirigido al licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, en ese entonces Secretario de Gobernación, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar los programas y acciones implementadas para evitar el tráfico de armas a nuestro país.

Sobre el particular, me permito informarle que la Administración General de Aduanas está implementado diversas acciones que tienen como fin combatir la comisión de ilícitos como es el contrabando y la introducción ilegal de armas, a través del fortalecimiento de esquemas de cooperación con el sector privado y con autoridades nacionales y extranjeras, así como la modernización de las aduanas, con tecnología e infraestructura, donde destacan los siguientes proyectos:

Sin otro particular, quedó a sus órdenes y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Ingeniero Juan José Bravo Moisés (rúbrica)
Administrador general de aduanas
 
 

México, DF, a 24 de noviembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Conforme a lo establecido en el artículo 6o., fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, adjunto a usted los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-octubre, comparado contra el presupuesto original.

Aprovecho para comentarle que la información de ingresos netos que se le está enviando se presentará para su aprobación y registro correspondiente en el próximo Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Licenciado. Roberto Ortega Lomelín (rúbrica)
Coordinador Ejecutivo

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL QUE REMITE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2008

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente a octubre de 2008. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con octubre de 2007. De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para octubre de 2008. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a octubre del año en cuso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)
Secretario de Hacienda y Crédito Público

DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN XII, INCISO A), DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR EL SENADOR GERARDO MONTENEGRO IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

México, DF, a 27 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XII, inciso a), del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

El suscrito, Gerardo Montenegro Ibarra, senador de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Todas las sociedades contemporáneas, tienen sus propias manifestaciones culturales que les facilitan la convivencia entre sus miembros.

De este modo, la cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada; o bien, se puede decir que es toda la información y habilidades que posee el ser humano.

Así, para revitalizar los componentes de su cultura, de su sociedad y de su historia, los Estados aspiran a conformar una cultura nacional que dé unidad, valoración y conservación de sus recursos históricos, monumentales, arquitectónicos, artesanales y folklóricos, para ser más fuertes en lo interno y frente a los demás.

El Estado mexicano, fruto de la dominación colonial, constituye una sociedad multiétnica y pluricultural, compuesta por un conjunto de subculturas distintas, resultado, primero, del enfrentamiento de dos civilizaciones, mesoamericana india y cristiana occidental; y, después, de la penetración desigual del capitalismo industrial, que da origen al actual mosaico cultural complejo y heterogéneo que hoy vivimos.

Pero aún y cuando no exista una cultura nacional única o uniforme, pues todas las naciones tienen algún grado de diversidad, sí debemos compartir algunos valores fundamentales, con el propósito de lograr un mínimo de unidad dentro de nuestra diversidad.

Esto significa que la diversidad real, histórica y actual de México ni es un obstáculo para la unidad nacional, ni para el desarrollo y el avance de la sociedad en su conjunto, pero para responder a las crecientes necesidades culturales del país, requerimos apoyar la estructuración de proyectos culturales sustentados en la creación de redes de ciudades, de artistas, de investigadores, la creación de corredores culturales, de circuitos translocales y de medios comunicativos, a fin de estimular e impulsar la multiplicación de espacios de confluencia virtual o presencial para dar cauce a la creatividad, a la producción artística y al desarrollo de nuevos públicos, de nuevos vínculos entre cultura y sociedad.

Sin dejar de lado, que estas expresiones culturales posibilitarán el desarrollo artístico y cultural de las entidades federativas e inciden indiscutiblemente, en la generación de empleos en la mayoría de los casos permanentes, en la mejoría del desarrollo humano y de las condiciones socioeconómicas de las ciudades y regiones del país.

En razón de ello, nuestra propuesta de reforma, pretende reactivar a través de un estímulo fiscal la producción y apoyo de las asociaciones o sociedades civiles en la creación de circuitos de exposiciones artísticas y culturales itinerantes de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, para impulsar la producción, transmisión y consumo de los bienes culturales e inculcar en mayores públicos los ideales nacionales, consolidando así los patrones y valores culturales que nos sean comunes.

Porque de cualquier manera y al menos en igual medida que otros factores, la cultura explica el desarrollo o el atraso económico, el orden político, la desigualdad social y, hasta la misma condición humana en las sociedades.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción XII, inciso a), del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 95. Para efectos de esta ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2008.

Atentamente
Senador Gerardo Montengro Ibarra (rúbrica)
 
 

DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PRESENTADA POR EL SENADOR MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

México, DF, a 27 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de diputados, por lo que se anexa.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Mario López Valdez, senador de la República por el estado de Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 y el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El día de hoy acudo ante esta soberanía a exponerles las bondades y los beneficios para el desarrollo regional de nuestro país si decidiésemos apoyar a las administraciones estatales y municipales donde tenga presencia la industria minera mexicana, a través de la creación de un fondo integrado con recursos federales procedente de los derechos generados por extracción minera.

México históricamente ha sido un país minero debido a su enorme potencial, ya que al encontrarse localizado en una región volcánica, lo vuelve rico en minerales y su magnífica naturaleza los presenta acumulados en yacimientos al aire libre, en el subsuelo a diferentes niveles de profundidad o en el fondo del mar.

Nuestra tradición minera se remonta a la época prehispánica, tal y como lo muestra la explotación de yacimientos ubicados principalmente en las zonas de Taxco, Pachuca, Guanajuato y la sierra Gorda, en Querétaro, donde se encontraron vestigios de bocaminas.

Así, por el amplio potencial geológico y minero que abarca todo el territorio nacional, esta actividad socio-económica siempre estará presente en el devenir histórico del país.

Como ejemplo, hoy encontramos yacimientos de clase mundial, tanto en minerales metálicos como en no metálicos como son las salinas de Guerrero Negro, las más grandes del planeta; el yeso de la Isla San Marcos y de la costa oriental de la península de Baja California, con reservas de más de 70 años; la mina de Las Cuevas, considerada la más grande de fluorita en el mundo; Fresnillo, el yacimiento de plata más rico y más grande que haya descubierto la humanidad; Molango, el depósito más importante de manganeso en América del norte; y las minas de carbón de la Cuenca de Río Escondido, entre otras.

Más aún, desde hace años, el sector minero mexicano se mantiene como líder mundial en la producción de plata y otros minerales como la celestita, el sulfato de sodio, el bismuto, el cadmio, el mercurio, la barita, el grafito, el antimonio, el arsénico, la fluorita, el plomo, el zinc, el molibdeno, el feldespato, el azufre, el manganeso, la sal, el yeso y el cobre.

La minería es considerada como el primer eslabón de cualquier actividad industrial, toda vez que tiene un alcance social que se extiende a 24 de las 32 entidades federativas del país, con una incidencia directa en 83 millones de habitantes y que generó durante el segundo trimestre de este 2008, la nada friolera cantidad de 1 billón 349 mil 457 millones de pesos; cifra que, dicho sea de paso, representa el 11.3 por ciento del producto interno bruto nominal durante ese periodo, según datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, según datos oficiales, la industria minera nacional ofrece múltiples oportunidades de negocios para los inversionistas, como lo muestran los 2,156 millones de dólares captados por el sector en el 2007, ocupando el quinto lugar en inversión para la exploración a nivel internacional, sólo 8.8 millones de dólares por debajo del cuarto lugar (Rusia), y alcanzando el primer lugar de América Latina, arriba de países como Chile, Brasil y Perú.¹

El crecimiento es tal, que en el periodo enero-junio del 2008, se inscribieron 73 sociedades mineras en el Registro Público de Minería, 36 son 100 por ciento de capital social mexicano y 37 cuentan con participación extranjera, lo que ha permitido alcanzar un total acumulado de más de mil 828 sociedades mineras, debido esencialmente al aumento registrado en el precio de los principales metales en el mundo a partir del 2001, como la onza de oro que pasó de 271 dólares en 2001 a 425 en junio de este año, en tanto que la onza de plata subió de 4.37 a 7.41, o la libra de cobre que aumentó de 72.6 a 156.0 dólares.

Muestra de ello es Sinaloa, que exporta al mes un aproximado de 70 mil toneladas de minerales, gracias al rico subsuelo de sus municipios mineros de Concordia, Cosalá, Choix y Mocorito, donde se extraen abundantes recursos de hierro, oro, plata, cobre, plomo, zinc, cadmio y recientemente magnetita,² que han atraído abundantes inversiones de origen canadiense.

Es por ello, que esta fuente generadora de riqueza, debe reflejarse en el impulso socio-económico de las poblaciones donde se ubiquen los yacimientos y las actividades exploratorias, con la creación de obras de infraestructura que las beneficien.

En este contexto, esta propuesta de reforma aspira a que de la recaudación federal participable que obtenga la Federación por los derechos sobre la extracción de minería, adicione la constitución de un fondo de apoyo para las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que participen en la producción minero metalúrgica, por un monto que sea determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por siglos la minería ha aportado mucho a la economía de nuestro país, y debe seguir haciéndolo con mayor vigor mediante inversiones que no sólo incrementen la producción y la generación de empleos, sino que dichos beneficios impulsen el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de las economías locales y municipales.

Porque si de las entrañas de los estados y municipios sale riqueza en abundancia, en sus superficies es inadmisible que predomine la miseria, marginación y el atraso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. Adicionalmente, de los derechos sobre extracción minera se constituirá un fondo de apoyo para las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que participen en la producción minero-metalúrgica, por un monto que se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas
1. Secretaría de Economía, Segundo Informe de Gobierno.
2. Datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 27 de noviembre del 2008.

Atentamente
Senador Mario López Valdez
 
 

Colima, Colima, a 11 de noviembre 2008.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF

Por este conducto nos permitimos informarle que en sesión pública ordinaria, celebrada con esta fecha, los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima aprobaron un acuerdo presentado por el diputado Flavio Castillo Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el que con base en las facultades conferidas en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdan enviar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Lo que se le comunica, para los efectos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes, remitiéndose como anexo copia del citado acuerdo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado J. Francisco Anzar Herrera (rúbrica)
Secretario

Diputado Gonzalo Medina Ríos (rúbrica)
Secretario
 

Secretarios del Honorable Congreso del Estado
Presentes

Los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que conferidas en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentan a consideración de la honorable asamblea iniciativa con proyecto de acuerdo que adiciona un párrafo al artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes, y Autotransporte Federal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El transporte de cargas y mercancías es constantemente requerido por usuarios nacionales e internacionales con la intención de realizar operaciones comerciales propias o como intermediarios, con la intención trasladar éstas entre distintos puntos de la geografía nacional, o como parte de una maniobra de reubicación de maquinaria o equipo de trabajo. Este negocio es iniciado a través de un convenio que puede ser verbal o escrito, y con base en este acuerdo entre las partes, se fundamenta el contrato de traslado comúnmente conocido como carta de porte.

La mayoría de las veces que se realiza un traslado –por no decir casi siempre–, el dueño de la carga o contratante del servicio de transporte no se encuentra presente al momento de realizar la labor de carga, por tanto, no puede supervisar las maniobras ni está en sus posibilidades verificar que tanto la carga sea trasladada cumpliendo con las exigencias de pesos, dimensiones y capacidades máximas como tampoco tiene los conocimientos ni la información para asegurar que el vehículo cumple con todas las normas y reglamentos que en materia de transporte se deben cumplir.

Esta responsabilidad de dar cumplimiento al pie de la letra de todas las normas, reglamentos y leyes aplicables a los vehículos de carga que circulan por los caminos y los puentes federales, por sentido común, debe de ser exclusiva de los permisionarios de autotransporte de carga. El conocimiento de las normas, así como el de las condiciones físico-mecánicas de la unidad que utilizan para prestar el servicio de traslado, le obliga a ser quien sea el responsable de cumplimentar todas las normatividades de la materia.

Es incongruente, por tanto, que se responsabilice por igual al cliente de la operación de traslado quien desconoce la condición del autotransporte que contrata, dado que dicho desconocimiento especifico del vehículo le pudiera provocar contravenir algunas disposiciones de leyes de autotransporte sin saberlo, más aún, es difícil comprender que a dicho contratante le sea aplicada alguna sanción, tal como lo marca el artículo 10 del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, en el que se establece que el usuario y el permisionario serán corresponsables del cumplimiento de dicho reglamento, aclarando que aun cuando el propietario de la carga tenga toda la intención de cumplir la ley, basta con que al vehículo se le cargue un peso mayor al que está autorizado para que el contratante y el permisionario sean multados, lo cual es jurídicamente incorrecto, puesto que el hecho se consumó sin el consentimiento del cliente.

Para mayor claridad agrego el artículo 10 del reglamento.

En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se definen los conceptos de permisionario de autotransporte y las responsabilidades que tienen dichos permisionarios para con el dueño de la carga; sin embargo, existe un espacio legal que provoca indefinición en la responsabilidad que el propietario de la carga deba de tener respecto del cumplimiento de las normatividades de la materia, en consideración del presente legislador. En el caso que la carga a trasladarse no sea considerada dentro de la norma que regula el traslado de sustancias peligrosas, el usuario o contratante del servicio de transporte no debe de tener responsabilidad, en caso de que el vehículo que presta el servicio contravengas alguna de las normas, reglamentos o leyes del autotransporte federal.

Por lo cual, propongo agregar un párrafo al artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que diga lo siguiente:

Es obligación de los permisionarios, al ser contratados para el transporte de una carga, que tanto el vehículo como dicha carga cumplan con el peso, dimensiones y capacidad según lo establezcan los reglamentos y normas respectivas.

Con esta adición, se protegerá el patrimonio de los ciudadanos que requieren usar los servicios de transporte en el territorio nacional,

Para el suscrito, realizar esta reforma es cumplir el compromiso que proteja el interés de los mexicanos y contribuya al crecimiento económico del país. Con esta adición se protegerá el patrimonio de los ciudadanos que requieren usar los servicios de transporte en el territorio nacional, propiciando un marco jurídico más justo y que propicie la confianza en nuestras instituciones.

Por lo antes expuesto y fundado, en mi carácter de integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura estatal, presento a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero. La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 68. …

Es obligación de los permisionarios, al ser contratados para transporte de una carga, que tanto el vehículo como dicha carga cumplan con el peso, dimensiones y capacidad según lo establecido en los reglamentos y normas respectivas.

…

Artículo Segundo. De ser aprobado el acuerdo por la Quincuagésima Legislatura, el ejercicio del derecho de iniciativa conferido en el artículo 71, fracción III, y 135 de la Constitución federal, se remita a la Cámara de Diputados federal para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

De ser aprobado el presente acuerdo por la Quincuagésima Quinta Legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa conferido en el artículo 71, fracción III, y 135 de la Constitución federal, se remita a la Cámara de Diputados federal para los efectos a que haya lugar.

Colima, Colima, a 11 de noviembre de 2008.

Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Colima

Diputados: Flavio Castillo Palomino (rúbrica), Luis Gaitán Cabrera (rúbrica), Crispín Gutiérrez Moreno (rúbrica), Enrique Michel Ruiz, Pedro Peralta Rivas, Roberto Chapula de la Mora (rúbrica), Reené Díaz Mendoza (rúbrica), José Fermín Santana (rúbrica), Adolfo Núñez González, Imelda Lino Peregrina (rúbrica), Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Arturo García Arias (rúbrica), Jorge Octavio Iñiguez Larios, J. Francisco Anzar Herrera (rúbrica), Fernando Ramírez González, David Rodríguez Brizuela (rúbrica), Humberto Cabrera Dueñas, José López Ochoa (rúbrica), Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Aurora Espiándola Escareño (rúbrica), Martha Meza Oregón (rúbrica), Miriam Yadira Lara Arteaga (rúbrica), Gonzalo Medina Ríos, Gonzalo Sánchez Prado, J. Jesús Pascencia Herrera (rúbrica).
 
 

DEL CONGRESO DE COLIMA, QUE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Palacio Legislativo
Avenida Congreso de la Unión
Número 66 colonia El Parque
Delegación Venustiano Carranza
México, DF

Por este conducto nos permitimos informarle, que en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, los diputados de la LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima aprobaron un acuerdo –presentado por el diputado Roberto Chapula de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI– por el que, con base en las facultades que les confiere el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdan enviar una iniciativa que reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Lo que se le comunica, para los efectos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes, remitiéndose como anexo copia del citado acuerdo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Colima, Colima, noviembre 11 de 2008.

Diputado J. Francisco Anzar Herrera (rúbrica)
Secretario

Diputado Gonzalo Medina Ríos (rúbrica)
Secretario
 

Secretarios del Honorable Congreso del Estado
Presente

Roberto Chapula de la Mora, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III; y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I; y 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 de su Reglamento, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente iniciativa de acuerdo que contiene la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para lo cual se solicita que una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al honorable Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Con las facultades que me confieren los artículos antes mencionados de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, hago uso de tal derecho para presentar la iniciativa en cuestión, atendiendo los compromiso de beneficio social que nos fijamos como Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la agenda legislativa, entre las que destaca, velar la economía de los ciudadanos colimenses a través de la ejecución de acciones legislativas.

Los impuestos, como su nombre lo indica, son la imposición tributaria que realiza el Estado para cubrir el gasto público, es la mayor fuente de ingresos con la que cuenta el gobierno para hacerse de recursos que le permitan contribuir en el desarrollo económico del país, y así poder atender las demandas sociales. El Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos, se originó el 28 de diciembre de 1962, con la promulgación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, que fue derogada por la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que entro en vigor el 1 de enero de 1981.

La motivación de la creación del impuesto específico sobre el uso o tenencia, derivó en la necesidad de ingresar recursos extraordinarios al Estado para sufragar los gastos específicos originados por haber sido el país designado sede de los Juegos Olímpicos de 1968, sin embargo, y no obstante de tener de origen una vigencia de dos años, hasta la fecha se sigue cobrando pese al reclamo social generalizado.

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos genera un alto costo social, lo que origina que la mayoría de las personas no tengan acceso a la compra de un vehículo nuevo, por no poder costear anualmente este cuestionado impuesto por el uso, por consiguiente, recurren a la adquisición de vehículos usados y viejos para estar fuera de la base gravable, hecho que lejos de beneficiar al Estado mexicano, perjudica en el consumo de combustible y contaminación ambiental.

El Congreso de la Unión decretó la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, sin embargo, se prolongó su abrogación hasta el 1 de enero de 2012, como consta en el artículo cuarto transitorio de esa normativa. Este hecho, no obstante de ser loable la intención del gobierno federal de abrogar este impuesto, resulta que la entrada en vigor del decreto, no cumple el reclamo social, ya que es necesario recordar, que fue promesa de campaña del ahora presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y el abrogar el impuesto hasta el año 2012, representa un incumplimiento a sus promesas electorales.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera necesario realizar la abrogación inmediata de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, logrando con ello, minimizar el impacto de la crisis financiera que golpea a la sociedad mexicana que día a día paga la infinidad de contribuciones que le son exigidas.

El gobierno federal va más allá de abrogar inmediatamente la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, pues, pretende trasladar el impuesto en análisis a los estados que conforman la federación y con ello lavarse las manos en la búsqueda de obtener recursos para el gasto público. En el estado de Colima, reconocemos la decisión del gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, quien sensible a la economía de la familia colimense, aplazó el cobro del reemplacamiento previsto en la Norma Oficial Mexicana, hasta el 2010.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo que contiene la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto. El artículo tercero de este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. De aprobarse la presente iniciativa de acuerdo remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el efecto de iniciar el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Colima, Colima, a 11 de noviembre de 2008.

Los integrantes de la LV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima

Diputados: Roberto Chapula de la Mora (rúbrica), José Fermín Santana (rúbrica), J. Francisco Anzar Herrera (rúbrica), José de Jesús Plascencia Herrera, Gonzalo Isidro Sánchez Prado (rúbrica), José López Ochoa (rúbrica), Arturo García Arias (rúbrica), Flavio Castillo Palomino (rúbrica), Luis Gaitán Cabrera (rúbrica), Imelda Lino Peregrina (rúbrica), Aurora Espíndola Escareño (rúbrica), David Rodríguez Brizuela (rúbrica), Crispín Gutiérrez Moreno (rúbrica), Enrique Michel Ruiz (rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Humberto Cabrera Dueñas, Fernando Ramírez González, Miriam Yadira Lara Arteaga (rúbrica), Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Martha Alicia Meza Oregón (rúbrica), Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Gonzalo Medina Ríos, Reene Díaz Mendoza (rúbrica), Adolfo Núñez González.
 
 

En 1988 la Asamblea General de Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) hubiera adquirido proporciones de pandemia. En ese año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el l de diciembre como Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

La proclamación de este día por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas cobra especial relevancia en el México actual, y sobre ello considero imperativo hacer algunas reflexiones.

Con el propósito de conocer los avances y retos que enfrenta nuestro país y el mundo ante la epidemia generada por la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, en agosto del presente año México fue el país sede de la XVII Conferencia Internacional del Sida, la cual constituye el máximo evento mundial de salud, ya que moviliza y congrega a más de 25 mil participantes. Durante dicho evento se puso de manifiesto la necesidad de que los gobernantes y representantes populares nos comprometamos más con esta problemática.

Cada año de la presente legislatura, activistas, médicos y funcionarios nos han mostrado a los diputados las necesidades presupuestales requeridas para atender a las personas que viven con el virus o corren el riesgo de contraerlo. Cabe destacar la labor de la Comisión de Equidad y Género para coadyuvar a que los presupuestos otorgados desde la Cámara de Diputados se encuentren más cercanos a cubrir las necesidades de atención y prevención del VIH/Sida, mismas que distan considerablemente de ser cubiertas.

Aunque en el mundo se empieza a comprobar que es posible afrontar el temor, los estigmas y los prejuicios que se relacionan con el sida, me es preciso enfatizar la situación de las personas que viven con VIH/Sida en el campo laboral, ya que la epidemia es un problema que afecta tanto al trabajo en sí mismo como al lugar de trabajo, pone en peligro los medios de subsistencia, la productividad, los derechos laborales y el desarrollo humano.

Además, agrava problemas ya existentes, como la insuficiente protección social, las desigualdades de género o el trabajo infantil.

Por ello, es necesario intensificar la respuesta al VIH/Sida en el mundo laboral, estableciendo y ejecutando programas de prevención y atención en los sectores público y privado, y tomar medidas para crear un entorno de trabajo que apoye a las personas que viven con VIH/Sida.

En este sentido, es imperativo fortalecer o hacer cumplir las leyes, reglamentos y otras medidas, a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH; asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles acceso a la educación, derecho de sucesión, empleo, atención a la salud, servicios sociales, prevención, apoyo, tratamiento, información y protección jurídica, respetando su intimidad y confidencialidad; y elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociados a la epidemia.

El VIH/Sida menoscaba los derechos fundamentales en el trabajo, sobre todo debido a la discriminación y el rechazo de que es objeto la gente que vive con VIH/Sida o se ve afectada por el mismo; situación que en nuestro país se vive tanto en instituciones públicas como privadas, como lo es el caso de la denuncia pública que esta diputación realizó contra las autoridades del Grupo Financiero HSBC, por la violación a las garantías individuales que se encuentran establecidas en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de uno de sus trabajadores que vive con VIH.

Los empleadores, tanto de empresas nacionales como internacionales, deben atenerse a la legislación y la práctica nacionales relativas al principio de no discriminación en las condiciones de contratación y de trabajo que tengan alguna relación con el VIH/Sida, y procurar incluir disposiciones acerca de la protección y la prevención contra el VIH/Sida en los convenios nacionales, sectoriales y de empresa; en donde no se implanten ni consientan prácticas discriminatorias contra los trabajadores infectados o afectados por el VIH/Sida.

Nuestra responsabilidad, compañeros diputados, radica en realizar las reformas correspondientes a las leyes laborales, en armonía con los convenios y pactos internacionales; así como el acceso directo al lugar de trabajo con sus consiguientes oportunidades para la prevención, atención, apoyo y tratamiento del VIH.

La responsabilidad supone que los empresarios contribuyan a prevenir el VIH en los sitios de trabajo y en las comunidades en general. Supone que los trabajadores de la salud, los líderes comunitarios y las asociaciones religiosas escuchen y se interesen sin emitir juicios.

Compañeros diputados, quienes buscamos y luchamos por un México democrático con igualdad, justicia y equidad social, y quienes pensamos en un entorno científico y laico, contribuiremos, a pesar de las posiciones intolerantes, retrógradas y mercantilistas que continúan dañando a parte importante de la población más vulnerable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2008.

Atentamente
Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica)