Gaceta Parlamentaria, año
XI, número 2577, lunes 25 de agosto de 2008
Iniciativas
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Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada
por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo
Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente
del miércoles 20 de agosto de 2008.
-
Que reforma los párrafos
séptimo y noveno del artículo 12 de la Ley de Ingresos de
la Federación, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera, Aurora Cervantes Rodríguez y Pablo Trejo Pérez,
del Grupo Parlamentario del PRD, recibida en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
-
Que reforma la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Juan
Manuel Parás González, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada
en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles
20 de agosto de 2008.
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Que adiciona una fracción
al artículo 2o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez, en nombre de los diputados María Beatriz
Pagés Llergo Rebollar, José Alfonso Suárez del Real
y Aguilera, y Aurora Cervantes Rodríguez, de los Grupos Parlamentarios
del PRI y del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente
del miércoles 20 de agosto de 2008.
-
Que adiciona el artículo
35 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
con objeto de otorgar financiamiento público a las agrupaciones
políticas nacionales, recibida del diputado Carlos Altamirano Toledo,
del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma los artículos
25, 28, 74, 93, 108, 110 y 111 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y 39, 43 y 45 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el organismo
autónomo Petróleos Mexicanos, presentada por la diputada
María Oralia Vega Ortiz, en nombre del diputado Joel Guerrero Juárez,
del Grupo Parlamentario del Pri, en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma el artículo
4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado
Tomás Gloria Requena, en nombre propio, de la senadora Amira Gómez
Tueme y de los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Horacio
Garza Garza, Enrique Cárdenas del Avellano y Miguel Ángel
González Salum, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión
de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a
cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo
Parlamentario del PRI, recibida en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma diversas disposiciones
de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el
diputado José Luis Espinosa Piña, en nombre del diputado
Ricardo Franco Cazarez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión
de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de democracia sindical,
transparencia y rendición de cuentas, presentada por la diputada
Susana Monreal Ávila, suscrita por ella y por el diputado Juan Nicasio
Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la
Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma los artículos
32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, recibida del diputado
Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión
de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma las Leyes Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, y Federal de Telecomunicaciones;
y expide la Ley Federal contra el Delito de Secuestro, presentada por la
diputada Gloria Lavara Mejía, en nombre del Grupo Parlamentario
del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles
20 de agosto de 2008.
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Que reforma el artículo
381 Bis del Código Penal Federal, recibida del diputado Ariel Castillo
Nájera, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión
de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que adiciona el inciso h) a
la fracción II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar a los
ciudadanos para plantear acciones de inconstitucionalidad, presentada por
el diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia,
en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles
20 de agosto de 2008.
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Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez,
del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero,
presentada por la diputada Liliana Carbajal Méndez, en nombre de
legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la
Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
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Que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, del Código Penal Federal, de la Ley Federal
de Seguridad Privada, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Gloria Lavara Mejía,
en nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 20 de agosto de 2008.
Convocatorias
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De la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–
de la Comisión Permanente, a la decimoquinta reunión plenaria
que, con la participación de los secretarios Alberto Cárdenas
Jiménez, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación; Gerardo Ruiz Mateos, de Economía; y Ernesto
Codero Arroyo, de Desarrollo Social, así como del director general
de Leche Industrializada Conasupo, Jesús Galván Muñoz,
se verificará el lunes 25 de agosto, a las 11:00 horas.
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De la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–
de la Comisión Permanente, a la reunión que, con la asistencia
del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler,
se llevará a cabo el lunes 25 de agosto, a las 17:00 horas.
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De la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
a la reunión que se llevará a cabo el martes 26 de agosto,
a partir de las 9:00 horas.
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De la Comisión de Vivienda, a la decimonovena reunión
de mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 26 de agosto,
a las 9:30 horas.
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De la Comisión de Vivienda, a la decimoctava reunión
plenaria, que se llevará a cabo el martes 26 de agosto, a las 12:00
horas.
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De la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
a la reunión mensual que se realizará el miércoles
27 de agosto, a las 11:00 horas.
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De la Comisión de Economía, a la reunión
de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 27 de
agosto, a las 11:30 horas.
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De la Comisión de Economía, a la reunión
plenaria que se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto,
a las 14:30 horas.
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De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas,
a la séptima reunión plenaria, que tendrá verificativo
el jueves 28 de agosto, a las 9:00 horas.
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De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, al proceso de presentación de aspirantes a recibir
la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de
1913", respecto del cual la recepción de candidaturas concluirá
el viernes 29 de agosto.
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De la Comisión de la Función Pública,
a la reunión plenaria que se verificará el martes 2 de septiembre,
a las 10:30 horas.
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De la Comisión de Salud, a la vigésima tercera
reunión de mesa directiva, que se realizará el martes 2 de
septiembre, a las 14:00 horas.
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Del Grupo de Amistad México-Costa Rica, a la reunión
por efectuarse el miércoles 3 de septiembre, a las 9:00 horas.
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De la Comisión de Salud, a la vigésima tercera
reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre,
a las 16:00 horas.
Invitaciones
-
De la Comisión Especial para la Reforma del Estado,
al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma
del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
División de Educación Continua y Vinculación, de la
Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará
a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, de
las 8:00 a las 10:00 horas.
-
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
a la mesa de discusión y análisis número 18, La
alternancia municipal, que se efectuará el martes 26 de agosto,
de las 12:00 a las 14:00 horas.
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Del Comité y del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas, al seminario El sistema financiero mexicano, que
se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto, de las 9:00
a las 18:45 horas.
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Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
a la presentación del Reporte CESOP número 15, sobre
medio ambiente, que se llevará a cabo el miércoles 27 de
agosto, de las 17:30 a las 19:00 horas.
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De la Comisión de Cultura, a la conferencia Profecías
mayas, que tendrá verificativo el viernes 29 de agosto, a las
16:00 horas.
-
De la Comisión Especial de estudios de las políticas
para la migración interna, al diplomado Construyendo un nuevo
federalismo: transformación e integración del desarrollo
regional que, en coordinación con la Escuela de Graduados en
Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo del viernes
29 de agosto de 2008 al sábado 24 de enero de 2009.
-
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
al seminario internacional Comunicación para el Poder Legislativo:
la opinión pública, los medios y la coyuntura de crisis
que, en coordinación con The George Washington University, se llevará
a cabo los días 29 de agosto, y 4, 5 y 11 de septiembre, de las
10:00 a las 19:00 horas.
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De la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la
Jornada
sobre la investigación y desarrollo en computación en México,
a cincuenta años de la instalación de la primera computadora
en el país, que tendrá lugar el miércoles 3 de
septiembre, de las 9:00 a las 16:00 horas.
-
De la Comisión de Cultura, a la exposición
Manos
elocuentes, que permanecerá del lunes 8 al viernes 12 de septiembre
en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes
9, a las 12:00 horas.
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De la Comisión Especial de Citricultura, al foro Retos
y perspectivas para la industria de jugos en México y el mundo,
que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre, a partir
de las 9:00 horas.
-
De la Comisión de Turismo, al foro Valuación
y transparencia en los créditos garantizados, que se realizará
el miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 horas.
-
De la Comisión de Cultura, a la exposición
Visión
regia, que permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre
en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes
23, a las 12:00 horas.
-
De la Comisión de Cultura, a la Semana Palestina en
México, que permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre
en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes
23, a las 13:00 horas.
Iniciativas
QUE REFORMA
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
SUSTENTABLES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ
RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
La suscrita, diputada Bertha Yolanda Rodríguez
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos
71 fracción II y 72 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentables, al tenor de la presente
Exposición de Motivos
Si bien es cierto, que las mujeres están presentes
en todos los niveles y en todas las actividades económicas del país,
hasta hace poco su papel en las actividades pesqueras mexicanas había
pasado ampliamente desapercibido.
La actividad pesquera en su fase de captura está
asociada a una labor desarrollada por el sexo masculino, en parte debido
a las diferencias físicas entre uno y otro sexo. Sin embargo, la
participación de las mujeres en los procesos pesqueros es de vital
importancia para muchas comunidades.
A pesar de que aún existen conceptos inexactos
acerca de la imagen de las mujeres en la vida de las comunidades pesqueras
varias de ellas, reconocen la importancia de la participación activa
de las mujeres en la captura de algunas especies marinas, sobre todo de
aquellas que se vinculan o son consideradas como insumo en las pesquerías
de mayor importancia económica.
Lo anterior es un signo inequívoco de que la búsqueda
de mejores relaciones humanas, basadas en principios de igualdad, nos dirigen
como sociedad, a dar respuestas nuevas a procesos sociales distintos. Se
está generando un cambio social en el que los papeles tradicionales
empiezan a combinarse, a formar parte de la cotidianeidad de ambos sexos,
dejando atrás los estereotipos de lo que está o no permitido
hacer a las mujeres.
A pesar de estos avances, la importante contribución
del trabajo de las mujeres a la actividad pesquera, como en muchos otros
campos, hasta la fecha, y de forma generalizada, ha sido prácticamente
marginal. Sin embargo, representan una fuerza laboral importante en la
recolecta de especies de zonas estuarinas y la mayoría de las esposas
e hijas de pescadores los acompañan al mar como sus ayudantes, aprendiendo
de esta forma las técnicas de captura de diversas especies "comerciales",
ya que son de mayor valor económico. A estos espacios, que en épocas
anteriores eran considerados como dominio masculino, las mujeres han accedido
paulatina y lentamente.
Un ejemplo de lo anterior, es la comunidad de San Felipe,
en Yucatán, en donde la producción pesquera anual asciende
a cerca de 747 toneladas, ubicándose como el último lugar
dentro del estado, pero como el quinto respecto de la población
dedicada a este sector. En esta comunidad, la pesca de langosta, pulpo,
camarón, cangrejo y maxquil, se desarrolla por los miembros de la
Sociedad Cooperativa de San Felipe conformada por 230 hombres, en virtud
de que son los únicos que cuentan con el permiso oficial para hacerlo.
Esta exclusividad tiene su origen en los artículos
de la anterior Ley Federal de Pesca, la cual señalaba que se establecían
trece especies marinas de uso exclusivo para aquellos grupos de pescadores
organizados en Sociedades Cooperativas.
Con esta imposición se cerraba toda posibilidad
de explotación de recursos pesqueros de alto valor comercial al
sector privado y al sector social que no estuviese constituido bajo esta
figura asociativa. Hace varios años que dicho artículo fue
derogado. Sin embargo, pocos pudieron tener acceso a la pesca de la langosta,
debido a que se requiere contar con una concesión pesquera y aparentemente
han sido otorgadas en su totalidad, lo que deja a las mujeres sin oportunidad
para acceder a beneficios económicos derivados de esta actividad
y que su labor, pese a ser un elemento indispensable para la economía
de la comunidad, aún se reduce a ser complementaria y de auxilio
al trabajo masculino, realizado bajo condiciones y arreglos familiares.
No obstante estas limitaciones, en dicha comunidad hay
26 mujeres que son reconocidas como pescadoras de oficio. De ellas 11 tradicionalmente
se dedican a la pesca del maxquil, con el reconocimiento de los pescadores,
porque sólo ellas cuentan con la resistencia física para
trabajar jornadas completas de noche y en 2001, 12 mujeres pertenecientes
a la comunidad se constituyeron en Sociedad Cooperativa para solicitar
apoyos económicos gubernamentales, a fin de poner en marcha dos
unidades acuícolas, lo que les da el reconocimiento legal de pescadoras
y usuarias.
Lo anterior, plantea revisar el diseño y ejecución
de proyectos productivos orientados a promover el desarrollo socioeconómico
comunitario y regional, dando impulso a la participación activa
de las mujeres en estos procesos. Para lograr lo anterior, es indispensable
el reconocimiento del trabajo de las mujeres también en este sector,
como actoras principales en el desarrollo de la actividad pesquera y no
como participantes que contribuyen en labores complementarias del proceso.
En Europa se reformó la política pesquera
común, a efecto de ofrecer apoyos económicos a las mujeres
en su esfuerzo por consolidar su papel en la pesca. Si en México
unimos los esfuerzos de las organizaciones de mujeres y las autoridades
tanto a nivel nacional como local, contribuiremos a mejorar el papel desempeñado
por las mujeres en el sector de la pesca y en las localidades costeras.
Lo anterior ha permitido la participación de las
mujeres de la Unión Europea, en todos los niveles de la cadena de
producción de la industria pesquera, desde la captura de peces y
la explotación acuícola hasta la transformación y
la comercialización; son patrones de barco y desempeñan altos
cargos en organizaciones pesqueras; trabajan en el marisqueo y la transformación
de pescado; gestionan empresas familiares pesqueras, dirigen establecimientos
y trabajan en organizaciones públicas y privadas; son miembros sindicales,
gerentes y administradoras, investigadoras, instructoras y contables, miembros
de la tripulación, técnicos de radio, e integrantes de la
guardia costera.
Con la iniciativa que hoy someto a la consideración
de esta soberanía, se pretende dar impulso a la participación
de las mujeres en la actividad pesquera mexicana, a fin de que obtengan
beneficios directos por la importante y destacada labor que realizan. Se
proponen reformas y adiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables,
se adiciona un nuevo texto en la fracción V del artículo
11, a efecto de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, realice convenios o acuerdos de coordinación
con los gobiernos de las entidades federativas, para el impulso, la promoción
y el financiamiento de proyectos productivos en materia de acuacultura
comercial dirigidos a mujeres.
Se adiciona un nuevo texto en la fracción VII del
artículo 14, para facultar a los municipios, a impulsar y promover
la creación y financiamiento de proyectos productivos en materia
de acuacultura comercial dirigidos a mujeres.
De igual forma, se propone reformar la fracción
X del artículo 17, a efecto de que la Política Nacional de
Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los programas
y los instrumentos que se deriven de ésta ley, fomenten la participación
equitativa de las mujeres en el aprovechamiento de los recursos pesqueros
y acuícolas. Se reforma también la fracción VII del
artículo 20, para que en los programas de fomento de la pesca dirigidos
a las comunidades indígenas, se impulse la participación
equitativa de las mujeres.
Finalmente, se adiciona un nuevo texto en el inciso b)
de la fracción III del artículo 24, a efecto de que se creen,
impulsen y financien proyectos productivos dirigidos a mujeres, en materia
de pesca y acuacultura comercial.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a
la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Único. Se reforma la fracción X del
artículo 17, la fracción VII del artículo 20, y se
adiciona un nuevo texto en la fracción V del artículo 11,
recorriéndose el texto vigente de la actual y las demás fracciones
en orden consecutivo, un nuevo texto en la fracción VII del artículo
14, recorriéndose el texto vigente de la actual y las demás
fracciones en orden consecutivo y un nuevo texto en el inciso b) de la
fracción III del artículo 24, recorriéndose el texto
del actual y las demás fracciones en orden consecutivo, todos de
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
I. a IV. ...
V. El impulso, la promoción y el financiamiento
de proyectos productivos en materia de acuacultura comercial dirigidos
a mujeres y jóvenes;
VI. a VII. ...
Artículo 14. ...
I. a VI. ...
VII. Impulsar y promover la creación y financiamiento
de proyectos productivos en materia de acuacultura comercial dirigidos
a mujeres y jóvenes;
VIII. a IX. ...
Artículo 17. ...
I. a IX. ...
X. La participación, consenso y compromiso de los
productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de
forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas,
fomentando
la participación de las mujeres y jóvenes de manera equitativa.
Artículo 20. ...
I. a VI. ...
VII. Programas que fomenten la pesca de los habitantes
de las comunidades indígenas, impulsando la participación
de las mujeres y jóvenes de manera equitativa, utilizando sus
artes y métodos de pesca tradicionales;
VIII. a XIV. ...
Artículo 24. ...
I. a III. ...
a. ...
b. La creación, impulso y financiamiento de
proyectos productivos dirigidos a mujeres y jóvenes;
c. a m. …
IV. a V. …
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor transcurridos ciento ochenta días al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Remítase a la honorable Cámara
de Senadores, para sus efectos constitucionales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
a 20 de agosto de 2008.
Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez
(rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Pesca, con opinión
de la Comisión de Equidad y Género. Agosto 20 de 2008.)
QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS
SÉPTIMO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ALFONSO SUÁREZ
DEL REAL, AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ Y PABLO TREJO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Los que suscriben, José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera, Aurora Cervantes y Pablo Trejo Pérez, diputados
de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción
II y 78 fracción III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
por su conducto, somete a la consideración del Pleno.
Exposición de Motivos
Desde el año de 2004, los órganos desconcentrados
del subsector de cultura han dispuesto de la integridad de sus ingresos
por concepto de autogenerados. Sin embargo, el procedimiento que han seguido
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia es el que señala el artículo
12 de la Ley de Ingresos:
"Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias
o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos conceptos
que establece esta ley deberán concentrarse en la Tesorería
de la Federación el día hábil siguiente al de su recepción
y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en
los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal. Los ingresos que se enterarán a la Tesorería
de la Federación en los términos de este párrafo,
serán los netos de gasto de recaudación que autorice el Código
Fiscal de la Federación."
De este procedimiento, los organismos desconcentrados del
subsector cultura: INAH e INBAL reciben sus autoegenerados hasta cien días
después, y en el caso de algunos recursos de sus planteles educativos,
tardan hasta un año en recuperarse.
Se considera pues necesario, tanto para reducir costos
en el envío de dinero, como para la disposición de los recursos
autogenerados, que se incluya a los desconcentrados federales: INAH e INBAL,
en la misma condición de los desconcentrados educativos que están
exentos de enviar los recursos a la Tesorería de la federación.
Es importante que se considere que la mayor parte de los museos y zonas
arqueológicas se encuentran en municipios retirados de las vías
de comunicación, que no generan cuantiosos recursos y que les cuesta
más caro enviar sus magros recursos que el beneficio que les reporta
el mencionado ingreso. Además de lo anterior, es indispensable documentar
que aunque en la Ley de Ingresos 2008, establece en su párrafo décimo
la obligación de la Secretaría de Hacienda de:
"Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se
refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente
que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo
de diez días hábiles, contados a partir de que dichos ingresos
hayan sido concentrados en la Tesorería de la federación."
Este plazo como ya decíamos, se convierte a veces
en más de un año, lo que provoca en las instituciones culturales
una descapitalización que pone en riesgo muchas veces sus actividades
sustantivas.
El artículo 12 de la ley, establece en su séptimo
párrafo, la exención de la concentración de los recursos
autogenerados en la Tesorería de la Federación sólo
para algunas instituciones, no así las instituciones culturales.
"No se concentrarán en la Tesorería de
la federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad
social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán
ser recaudados por las oficinas de los propios Institutos y por las instituciones
de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos
y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal".
Lo anterior motiva esta propuesta para modificar el
párrafo noveno del artículo 12 de la ley en comento que dice:
"Los ingresos que obtengan las instituciones educativas,
planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan
servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de
investigación y de formación para el trabajo del sector público,
por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus
actividades sustantivas o por cualquiera otra vía, incluidos los
que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación,
formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados
por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades
y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias
aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de
este artículo."
Proponemos a esta comisión, tenga a bien considerar
y aprobar, en beneficio de las instituciones culturales la iniciativa con
proyecto de
Decreto, por el que se modifican los párrafos
séptimo y noveno de la Ley de Ingresos de la Federación,
para
quedar en los siguientes términos:
Artículo 12. Los ingresos que se recauden
por parte de las dependencias de la administración pública
federal o sus órganos administrativos desconcentrados…
…
…
…
…
…
…
No se concentrarán en la Tesorería de la
federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad
social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tampoco los órganos
desconcentrados de cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en su caso,
zonas arqueológicas y museos federales, los que podrán
ser recaudados por las oficinas de los propios institutos y por las instituciones
de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos
y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
…
Los ingresos que obtengan las instituciones educativas,
instituciones
culturales, planteles y centros de investigación de las dependencias
que prestan servicios de educación media superior, superior, de
postgrado, de investigación y de formación para el trabajo
del sector público, por la prestación de servicios, venta
de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquiera otra
vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades
de enseñanza y de investigación, formarán parte de
su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones
y se destinarán paran sus finalidades y programas institucionales,
de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio
de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión
Permanente, a 20 de agosto del 2008.
Diputados: José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica),
Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Agosto 20 de 2008.)
QUE REFORMA LA LEY DE DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN
MANUEL PARÁS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PRESENTADA
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Juan Manuel Parás González,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Cámara
de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, al tenor de
la siguiente
Exposición de Motivos
El marco jurídico que regula el campo mexicano
privilegia la búsqueda de la soberanía alimentaria. Tanto
la Constitución como las diferentes leyes relacionadas con la actividad
rural fueron concebidas por el legislador como instrumentos para fortalecer
el campo mexicano, que requiere un fuerte respaldo para enfrentar retos
de gran complejidad, como son las exigencias de la competitividad internacional,
el cumplimiento de los acuerdos comerciales suscritos por México,
el apoyo a la industrialización de bienes que eleven el ingreso
de los campesinos, el arraigo de la población en el campo, a partir
de su crecimiento, que propicie más empleos y mejores ingresos y,
en suma, garantizar que la producción alimenticia sea la base del
desarrollo de todas las demás actividades sociales y económicas
del país.
Reconocemos que México ha hecho un gran esfuerzo
de actualización de su marco legal y de sus políticas y programas
dirigidos al campo, aunque también debemos reconocer que todo ello
es insuficiente para llevar a este sector de la sociedad la justicia y
el bienestar que necesita. Como muestra de lo anterior, señalemos
que desde los años 90 se modificó más del 60 por ciento
de la legislación secundaria, como producto de la necesidad de adecuar
el marco nacional a los compromisos de los tratados de libre comercio.
Asimismo, se crearon leyes específicas como las dirigidas al café,
a los productos orgánicos, a la bioenergía, al desarrollo
rural sustentable y la Ley para el Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar, entre otras.
En materia financiera, esta Cámara ha dado un gran
ejemplo de compromiso para el campo, ampliando año con año
sus asignaciones presupuestales, vigilando e cumplimiento de su ejercicio,
denunciando y persiguiendo permanentemente los subejercicios o las reasignaciones
no autorizadas por el Congreso. En conjunto, el fortalecimiento de la función
presupuestaria del Congreso ha permitido revalidar y fortalecer los renglones
del gasto social y del desarrollo rural.
En ese sentido, los legisladores del PRI pensamos que
todo este conjunto de recursos legales y económicos se deben apoyar
también en el fortalecimiento de la organización social del
campo y, sobretodo, en dar cauces al acuerdo político, reconociendo
que la inestabilidad y el conflicto ha sido una de las causas estructurales
que, durante muchas décadas, impidieron la superación de
los rezagos de la mayor parte de las regiones del país y la pérdida
de competitividad.
Reiteramos que el acuerdo político es indispensable
para impulsar la producción agropecuaria. El desarrollo rural no
es sólo cuestión estadística o económica. Pesa
mucho la conciliación, el diálogo, la tolerancia y la inclusión
como forma de crear el tejido social y la capacidad organizativa que supere
diferencias y que permita compartir mejor el esfuerzo y sus beneficios.
Lo anterior es enteramente cierto en el caso del sector
cañero. Esta área fue fruto de controversias y ambiciones
que deterioraron su estabilidad y que impidieron reaccionar bien y a tiempo
ante los cambios en las formas de producción, el tipo de productos,
su contenido, las nuevas formas de comercialización y de financiamiento,
para aprovechar el impulso de la apertura económica.
La caña se cultiva en la mitad del territorio,
en 15 Estados, beneficiando a 227 municipios, con una derrama económica
cerca de 12 millones de personas. Se cultivan casi 700 mil hectáreas
en todo el país, aprovechándose dicha superficie en más
del 90 por ciento, mediante la operación de 58 ingenios azucareros.
Esto da por resultado la generación de 440 mil empleos directos
y más de 2.5 millones de empleos indirectos.
El total de la caña molida de azúcar rebasa
los 50 millones de toneladas y nuestra población consume una media
anual de 44 kilos por habitante.
Estos datos nos colocan en el séptimo lugar mundial
de producción y el séptimo en consumo. A pesar del crecimiento
de la producción y el consumo de otros edulcorantes como la fructuosa,
mientras que 5.2 millones corresponden a azúcar, de alta fructuosa
se consumen 200 mil toneladas al año. Pero hay que anticipar hacia
el futuro, en virtud de que la estructura de consumo cambia paulatina ero
irreversiblemente a nuevos productos edulcorantes y, en este renglón,
dependemos tecnológica y económicamente de la inversión
extranjera, como lo ejemplifica el caso de que la producción de
fructuosa recae en dos plantas, con una inversión de más
de 700 millones de dólares de procedencia externa al país.
El enorme esfuerzo que debe realizarse para elevar la
competitividad del sector azucarero, incrementar los empleos y mejorar
sus ingresos, requiere de una apertura clara y firme para integrar en una
alianza que sume esfuerzos, a las instituciones públicas y a las
organizaciones sociales, sin distingos.
En ese sentido, la Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar aprobada el 21 de julio de 2005 y sujeta a
una controversia por el Titular del Ejecutivo del anterior gobierno, hizo
posible su vigencia plena hasta diciembre de 2007. A pesar de las objeciones
del Ejecutivo, lo cierto es que contamos con una Ley amplia y plural, que
debe ser la garantía para la subsistencia y el fortalecimiento de
este sector estratégico para la economía y el bienestar nacionales.
Como ocurre con toda legislación, la realidad vive
cambios que es indispensable incorporar en su texto para reforzar su espíritu
original. En ese sentido, la Ley prevé la creación del Comité
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
que tiene las atribuciones de planear, concertar, coordinar, promover y
evaluar todas las políticas públicas relacionadas con este
sector. Para ello, se establece una Junta Directiva amplia, en donde están
representadas instituciones públicas como la Secretaría de
Hacienda, la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente y
del Trabajo, además de los representantes de la Cámara Azucarera
y de las organizaciones nacionales de abastecedores de caña de azúcar.
Al respecto, en este año se creó y reconoció
la conformación de la Asociación Nacional de Empresas Azucareras
que agrupa a 22 ingenios, productores del 28 por ciento del volumen total
nacional de caña de azúcar, lo que les otorga un alto nivel
de representatividad y que, sin embargo, no se encuentran presentes en
la definición de la política azucarera, en virtud de que
la Ley no los menciona por no haber estado constituidos en el período
de su elaboración.
En virtud de que esta Ley pretende ser incluyente, además
de sumamente específica, al detallar concretamente quienes integran
la Junta Directiva del mencionado Comité Nacional, nos parece necesario
promover la adición correspondiente para que se integren de la manera
más pronta al trabajo de concertación que se prevé
para el impulso del sector azucarero.
Por lo anterior, la presente Iniciativa propone agregar
una fracción III al artículo 3 de la Ley para reconocer a
la Asociación Nacional de Empresas Azucareras, además de
agregar una nueva fracción VII al artículo 12 de la misma
Ley para que esta Asociación forme parte de tan importante órgano
directivo y colegiado.
Con la aprobación de esta Iniciativa, preservaremos
y ampliaremos el carácter incluyente y conciliatorio que exige el
impulso al campo mexicano y que el Poder Legislativo ha procurado fortalecer
en todo el marco que regula el desarrollo rural de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración
la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto, que adiciona una fracción III al artículo
3, recorriendo las actuales y adiciona una fracción VII al artículo
12, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Único. Se adiciona una fracción III
al artículo 3, recorriendo las actuales y adiciona una fracción
VII al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. y II. …
III. Asociación Nacional: La Asociación
Nacional de Empresas Azucareras.
IV. a XXIII. …
Artículo 12. ...
I. a VI. …
VII. Representantes de la Asociación Nacional
de Empresas Azucareras, y
VIII. …
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
a 20 de agosto de 2008.
Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural. Agosto
20 de 2008.)
QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
AL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
SANDOVAL RAMÍREZ, EN NOMBRE DE LOS DIPUTADOS MARÍA BEATRIZ
PAGÉS LLERGO REBOLLAR, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Y AGUILERA, Y AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
DEL PRI Y DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Los que suscriben, diputados federales María Beatriz
Pagés Llergo Rebollar, José Alfonso Suárez del Real
y Aguilera, y Aurora Cervantes Rodríguez, integrantes de los Grupos
Parlamentarios del PRI y del PRD de la LX Legislatura, con fundamento en
los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estado Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo
2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las políticas de preservación, conocimiento,
investigación y enriquecimiento del patrimonio lingüístico
de nuestro país deben ser consideradas como prioritarias entre las
políticas de Estado. No se trata únicamente de las reglas
de construcción del lenguaje, sino de su valoración y consideración
fundamental para las identidades culturales; se trata de nuestro futuro
y nuestra viabilidad como nación. La simiente civilizatoria de nuestros
antepasados se expresa en la diversidad de lenguas que componen nuestras
identidades.
Solamente en la medida que en las políticas de
Estado se consideren la preservación, la difusión, el conocimiento
y la competencia verbal de nuestro patrimonio lingüístico,
viviremos una interculturalidad en que se exprese la pluralidad antropológica
y social que caracteriza a México. El lenguaje es el continente
desde el cual interactuamos en sociedad y establecemos el intercambio simbólico
con el mundo.
Los límites de mi lenguaje son los límites
de mi mundo. Éste es un aforismo que escribió el gran
filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, y que guarda un gran significado
si pensamos que la identidad y la conciencia de una nación son referidas
al mundo creado por los hablantes de las lenguas de que dispone dicha nación.
La perdurabilidad de una cultura depende de ése impulso originario.
En el caso de México, dicha perdurabilidad se expresa
en los símbolos de identidad, gran parte de ellos referidos a nuestras
culturas originarias: entre los que destaca el Escudo Nacional.
De la misma manera, las lenguas que conforman nuestro
patrimonio cultural, son representaciones simbólicas que dotan de
identidad a individuos y la nación. Cada grupo social se halla representado
en ellas, además de utilizarlas como medio de afirmación
cultural y de comunicación.
Es lamentable la forma en que esta riqueza cultural ha
padecido los efectos de la incuria. De las más de 200 lenguas que
don Manuel Orozco y Berra enlistó en su Carta etnográfica
en 1864, se han perdido casi dos tercios. De hecho, en el más reciente
Catálogo de las Lenguas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI) de 2008 se registran 11 familias y 68 agrupaciones
lingüísticas con 364 variantes. Esto representa una pérdida
significativa, ya que en los últimos 5 años se han perdido
por lo menos 2 lenguas, sin considerar que varias de las lenguas de dicho
catálogo se encuentran en peligro, por efecto de la migración,
además de la falta políticas que atiendan el registro, la
enseñanza, la investigación, la preservación y el
enriquecimiento de nuestro patrimonio lingüístico.
El Estado mexicano es responsable tanto de preservar este
patrimonio cultural (fundamental para el enriquecimiento de nuestras identidades)
como de impedir que, detrás de la incuria por el patrimonio de nuestros
pueblos originarios y sus lenguas, se exprese el racismo y las injusticias
a que esto conduce.
Por ejemplo, en los documentos y acciones o programas
de Estado, todas sus instituciones están obligadas a comunicarse
con nuestras comunidades en sus lenguas. Sólo la mentalidad colonial
se reconoce exclusivamente en el español. Incluso, en la enseñanza
del idioma español es necesario que se estudien y difundan los usos
y los términos que se han creado por influencia de nuestras lenguas
originarias; los giros y usos de los mexicanismos, nahuatlismos y mayismos,
entre otros.
La pérdida de las lenguas en el mundo es un problema
muy grave. Detrás de este fenómeno se manifiesta uno de los
efectos negativos de la globalización: la homogenización
cultural del mundo. Según la UNESCO, la situación es tan
alarmante que ocurre lo siguiente:
Más de 50 por ciento de las 6 mil lenguas existentes
en el mundo corre el riesgo de desaparecer.
Tres mil lenguas indígenas que se hablan en el
mundo se encuentran en peligro de extinción.
Aproximadamente 96 por ciento de las 6 mil lenguas practicadas
en el mundo son habladas sólo por 4 por ciento de la población
mundial.
Aproximadamente 90 por ciento de las lenguas del mundo
no están representadas en Internet.
Una lengua por término medio desaparece cada dos
semanas.
Aproximadamente 80 por ciento de las lenguas africanas,
por ejemplo, carecen de transcripción escrita.
Al perderse una lengua se pierden continentes mentales; dichas
representaciones verbales son necesarios para el conocimiento de la diversidad
humana. Los conocimientos contenidos en las expresiones verbales se pierden
inexorablemente al desaparecer la lengua de que derivan. Incluso la construcción
del mundo a que da lugar la organización lingüística
propia de cada lengua, de su gramática, es una pérdida para
la humanidad.
Por ejemplo, el historiador Lorenzana, en una de sus pastorales
refiere que en el Obispado de Oaxaca existe un idioma que sólo se
entiende de día, porque cada palabra va acompañada de algunos
gestos que no pueden percibirse cuando falta luz. De hecho, en la Geografía
de las lenguas y en la Carta Etnográfica de México, don
Manuel Orozco y Berra da cuenta de la extinción de más de
60 lenguas, cuestión que ya era preocupante en 1864.
En la actualidad, para evitar tal catástrofe cultural,
la UNESCO ha propuesto la Convención de Lengua Materna, la celebración
de 2008 como el Año Internacional de los Idiomas, además
de una nueva convención sobre plurilingüismo. De manera precisa,
en 2004 se establecieron algunas de las líneas fundamentales que
adoptaría la UNESCO para desarrollar un programa de lenguas, elaborado
en el documento 170Ex/17, emanado de la reunión 170. Dicho documento
contiene los tres puntos siguientes:
1. Las lenguas son el vehículo y el medio del
entendimiento entre las culturas y del diálogo entre las civilizaciones,
el signo visible de la riqueza de la diversidad cultural, el fundamento
del aprendizaje; son portadoras del patrimonio cultural inmaterial y son
el requisito previo de toda comunicación humana. Salvaguardar y
fomentar las lenguas tiene la máxima importancia para todo el quehacer
de la UNESCO, y deberían constituir en mayor medida la piedra angular
de la actividad de la organización en todas las esferas de competencia.
2. En los próximos años, la UNESCO debe
mejorar sus actividades para contribuir a las funciones antes enunciadas
que cumplen las lenguas. Para poder coordinar en toda la UNESCO las actividades
correspondientes podría crearse un equipo con base en el sector
de cultura, integrado por miembros del personal de los sectores de educación,
comunicación, cultura y ciencias. Dicho equipo coordinaría
las actividades presentes y futuras de los distintos sectores implicados.
3. Es menester que la UNESCO elabore una amplia estrategia
y un programa de lenguas. Ese programa podría llamarse "Las lenguas
al servicio del entendimiento sostenible, la salvaguardia y el fomento
de la diversidad cultural".
México, por una situación extraordinaria en
la historia de la humanidad, fue asentamiento de la civilización
mesoamericana. De acuerdo con el doctor Miguel León Portilla, el
concepto civilización no se contrapone al concepto cultura,
sino que es una formada más desarrollada de ésta. De hecho,
las culturas se derivan de las civilizaciones, de las cuales son civilizaciones
originarias: la china, la mesopotámica, la egipcia, la india, la
inca y la mesoamericana. La preservación y recreación de
nuestras lenguas originarias es el fundamento desde el que tendrá
vigencia el espíritu de nuestra civilización mesoamericana.
El fundamento constitucional que proponemos permitirá
implantar políticas en dos líneas generales: una vinculada
a las convenciones internacionales por las que se determinan las obligaciones
del Estado mexicano en el concierto internacional en el resguardo, respeto,
conocimiento, integración cultural y redefinición de las
identidades a partir de las lenguas que se hablan en nuestro país,
con la dignidad que corresponde a cada lengua y sin ningún asomo
de etnocentrismo alguno, por la que se establecerían los programas
y acciones en materia educativa; la otra, referente al español que
hablamos los mexicanos, con sus aportaciones creativas –muchas de ellas
recientemente incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española–
en que se documenten las voces y giros propios, producto de la influencia
de las lenguas originarias.
El Estado mexicano podrá desarrollar, más
allá de sus fronteras, acciones y programas de estudio, educación
e investigación de las lenguas originarias y del español
que se habla en México, por medio de sus consulados, de sus redes
de distribución como el Fondo de Cultura Económica, de manera
semejante en la que algunos países desarrollan políticas
de Estado para difundir y preservar sus lenguas, por medio de sus institutos:
los alemanes con el Instituto Goethe, los británicos con el British
Council y los españoles con el Instituto Cervantes.
Motivados por los argumentos expuestos, presentamos a
la soberanía esta iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción
al artículo 2o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona una fracción
al artículo 2o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 2. La nación mexicana es
única e indivisible.
La nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son los que
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
El español y las lenguas indígenas son
lenguas nacionales y forman parte de nuestro patrimonio cultural; es obligación
del Estado garantizar su preservación y su conocimiento, así
como promover su investigación y su fomento.
La conciencia de su identidad indígena deberá
ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las
disposiciones sobre pueblos indígenas.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo, a 20 de agosto de 2008.
Diputados: María Beatriz Pagés Llergo
Rebollar, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Aurora
Cervantes Rodríguez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Agosto 20 de 2008.)
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO
35 BIS AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES,
CON OBJETO DE OTORGAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LAS AGRUPACIONES
POLÍTICAS NACIONALES, RECIBIDA DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario
de Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio
de las facultades que le confiere los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
35 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Desde que fueron creadas las agrupaciones políticas
nacionales (APN) tenían como objetivo primordial iniciar la participación
política de la ciudadanía por vía distinta de la de
los partidos políticos. Hoy día permanece la necesidad de
espacios políticos de la sociedad que no se siente representada
por los partidos políticos.
Las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
provocaron que se anulara el financiamiento que dichas agrupaciones recibían,
que representaba sólo 2 por ciento de lo que reciben los partidos
políticos para sus actividades ordinarias, lo que significaba 40
millones de pesos al año para las 107 APN, y aproximadamente 30
mil pesos al mes para cada una.
Los recursos que recibían no se usaban discrecionalmente.
Por disposición legal estaban destinados a actividades editoriales,
de educación y capacitación política, así como
investigaciones socioeconómicas y de cultura política. Además,
los recursos eran fiscalizados por la misma instancia que audita a los
partidos políticos; es decir, el IFE. Ello garantiza su supervisión.
El país no ganó ni ganará nada cancelando
a las APN. Por el contrario, pierde riqueza en su pluralidad cancelando
una vía de organización ciudadana. Se canceló una
forma legal de expresión ciudadana que había estado vigente
durante una década, en la que han participado, escúchese
bien, medio millón de ciudadanos.
Debemos reconocer que los partidos políticos no
han dado importancia a las tareas cívicas, sino sólo se han
preocupado por su operación como maquinaria electoral. La importancia
de las agrupaciones políticas radica en que han abierto formas de
participación política distintas de los intereses de los
partidos tradicionales.
Atentar contra la pluralidad política significa
un mensaje incorrecto a la sociedad; es decirle al ciudadano que sus derechos
políticos de nada valen y sólo pueden expresarse dentro de
un partido político. Significa establecer que la política
en México es un monopolio y que los derechos ciudadanos sólo
reciben reconocimiento público si se obtiene el apoyo o se forma
parte de la clase política tradicional.
Además, al haber aprobado las modificaciones no
se escuchó la voz de las APN, pese a que éstas son entidades
establecidas legalmente; a pesar de que la práctica de realizar
foros antes de legislar ha mostrado sus beneficios en temas como la participación
de los medios de comunicación, y más recientemente, en materia
energética.
El hecho de que en esos temas hubiera consultas y en éste
no demuestra que cancelar el financiamiento a las APN fue una decisión
precipitada, en la que no hubo argumentos ni discusión ni posibilidad
de acuerdo.
¿Cuál fue la razón o el fundamento
de esta decisión? No se conoce otra que la mezquindad. ¿Dónde
y quién dictaminó, y con qué elementos, que la experiencia
de una década debía ser inhabilitada? Nadie responde.
Fue una determinación partidista, en la que parece
que los partidos temieran que ante el desencanto y la abstención
pudieran consolidarse nuevas opciones de participación ciudadana.
Eliminar las agrupaciones políticas sólo significará
que los partidos políticos serán los únicos con derecho
a hacer vida política en el país.
Los invito a que reflexionemos sobre el papel político
y los recursos de las agrupaciones para que sigan trabajando en la construcción
de ciudadanía y cultura política democrática.
Por lo expuesto, y en ejercicio de la facultad que me
confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción
II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno
la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 35 Bis al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con objeto de otorgar
financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales
Artículo Único. Se adiciona el artículo
35 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
para quedar como sigue:
Artículo 35 Bis.
1. Las agrupaciones políticas con registro, contarán
con financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales,
de educación, capacitación política e investigación
socioeconómica y política.
2. Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá
un fondo consistente en una cantidad equivalente a 2 por ciento del monto
que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes.
3. Este fondo se entregará anualmente a las agrupaciones
políticas en términos de lo previsto en el reglamento que
al efecto emita el consejo general.
4. Las agrupaciones políticas con registro, a fin
de acreditar los gastos realizados, deberán presentar a más
tardar en diciembre de cada año los comprobantes de dichos gastos.
Ninguna agrupación política podrá recibir más
de 20 por ciento del total del fondo constituido para este financiamiento.
Transitorios
Artículo 1. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo 2. La Cámara de Diputados,
por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación asignará
los recursos que sean necesarios para la entrada en vigor del presente
decreto, y el Instituto Federal Electoral tomará las determinaciones
necesarias para su aplicación.
Dado en el Congreso de la Unión, a 20 de agosto
de 2008.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Agosto
20 de 2008.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
25, 28, 74, 93, 108, 110 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 39, 43 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL ORGANISMO
AUTÓNOMO PETRÓLEOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
MARÍA ORALIA VEGA ORTIZ, EN NOMBRE DEL DIPUTADO JOEL GUERRERO JUÁREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado federal Joel Guerrero Juárez,
miembro de la LX Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las facultades que confieren los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que
reforma los artículos 25, 28, 74, 93, 108, 110 y 111 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39, 43 y 45 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión, para crear el organismo
autónomo Petróleos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos1
Partimos de observar una realidad muy compleja que se
ubica alrededor de la empresa pública y sus opciones de prevalecer
o encaminarse a mayores grados de desincorporación. La privatización
predomina en el paradigma de la economía de mercado, que parte del
supuesto de que el mercado es eficiente per se, por lo que deben ser transferidas
a las fuerzas de éste las funciones del Estado. En este sentido,
la globalización se refiere entre otras cosas a privatizar los mercados
vía la transferencia de las empresas públicas, infraestructura,
servicios del Estado, a manos del sector privado, privilegiando a las empresas
globales, reconfigurando a la sociedad en su conjunto, alterando las instituciones
y los intereses económicos y políticos.
En México es particularmente llamativo destacar
el hilo conductor de la venta de algunas entidades paraestatales. La primera
etapa abarca el cambio estructural como estrategia de privatización
en los años 1982-1988, que comprende la administración de
Miguel de la Madrid, y sienta las bases del adelgazamiento de la administración
pública. La segunda etapa corresponde a la modernización
económica como estrategia de privatización entre 1988-1994,
implementada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde se da
el mayor número de privatizaciones en términos de empresas
vendidas y recursos involucrados.
La tercera etapa comprende las concesiones y licitaciones
como continuación de la estrategia de privatización del sector
paraestatal, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), enfocado a las
empresas estratégicas y prioritarias del Estado. Y por último,
está la etapa de la administración de Vicente Fox que, en
seis años de gestión, continuo con la estrategia de sus antecesores
a través de la reforma estructural y cuya tarea fue tratar de concluir
el ciclo de privatizaciones de las empresas públicas estratégicas
que están en manos del Estado.
Las privatizaciones no sólo tratan de disminuir
el papel del Estado en la economía, sino que implican también
la reestructuración y reducción institucional y de personal
de la administración pública, que alude a la categoría
redimensionamiento de la administración y hacer de la misma un modelo
de eficiencia, eficacia y legitimidad, incorporando nuevas tecnologías
gubernamentales con valores, cultura y expectativas gerenciales, para responder
a los imperativos de los mercados abiertos, privatizados y globalizados.
Hay un tránsito del modelo burocrático de la administración
pública mexicana al modelo gerencial, de reingeniería y de
reinvención del gobierno, implementados por los distintos grupos
gubernamentales en las pasadas cuatro décadas, cuya principal característica
común es su marcada orientación al mercado y al cliente.
Sin embargo, hay también, un nuevo papel del Estado
en la etapa de post privatización, pues una vez concluido el ciclo
de privatizaciones en el marco de los ajustes de reestructuración
económica que se han aplicado a la vida del Estado, se hace imperativo
replantear el papel de éste a la luz de las nuevas realidades de
economías abiertas y mercados globalizados. Para ello, se debe distinguir
la nueva relación entre el Estado y el mercado en un mundo abierto,
interdependiente y competitivo; es decir, la naturaleza del nuevo papel
del Estado y de la empresa pública para dar cumplimiento a las expectativas
y necesidades de la sociedad. Ello con el fin de que el Estado y, por ende,
la administración pública, recuperen la legitimidad perdida
que deviene en la insatisfacción de los intereses colectivos, y
que se asocia con la ingobernabilidad.
En determinados momentos históricos la literatura
económica ha incurrido en el exceso teórico de sobredimensionar
las fronteras del Estado y del mercado en el ámbito de la vida pública,
que va de la subsunción pasiva del mercado al Estado (visión
estatista) a la subsunción pasiva del Estado al mercado (visión
neoliberal). En este sentido, la conflictualidad de la relación
de ambas categorías conduce a una encrucijada dogmática:
más Estado o más mercado, en la que la sociedad debe orientar
su sentido de conservación en la "libertad de elegir", eligiendo
la segunda opción. Con ello, hemos caído en una beatificación
de las bondades del mercado, que no permite ver sus fallas, alcances y
limitaciones en un enfoque más integral de eficiencia y desarrollo.2
En esta percepción ideologizada está implícita
la subestimación de las capacidades productivas y de aportes de
otras expresiones de la sociedad civil, que no fueran Estado ni
mercado, como la amplísima gama de estructuras creadas por la comunidad
para cumplir funciones esenciales para ella.3
El replanteamiento conceptual de la relación Estado-mercado
constituye hacer a un lado el "debate trampa" sobre el tamaño del
Estado, y creer que la reducción del mismo proveerá automáticamente
soluciones. La idea de que el funcionamiento del mercado conoce imperfecciones
que demandan la intervención estatal no es nueva. La escuela neoclásica
reconoce que las estructuras de mercado pueden generar sus propias fallas
y frente a éstas también la organización institucional
del Estado puede generar errores. Estos adeptos del Estado mínimo
mantienen la preeminencia del mercado sobre el Estado.
Las fallas del mercado tienen que ver con la información
imperfecta y costosa, mercados de capital imperfectos, competencia imperfecta,
realidades éstas de la economía de mercado. A ello, se agregan
los limites del mercado que se caracterizan por no tener visión
de futuro ni proyecto de país, por no ser democrático, es
decir, en el mercado sólo vota aquel que tenga ingreso; el resto
aunque tenga necesidades reales queda marginado del mercado; por ser depredador
de los recursos naturales y del medio ambiente, para satisfacer sus propias
necesidades de crecimiento; por ser egoísta en el sentido de no
distribuir equitativamente la riqueza ni combatir la pobreza.
Lester Thurow señala respecto a las debilidades
de los mercados libres que "… en las sentencias de Adam Smith, la búsqueda
individual de los beneficios promoverá el crecimiento económico
de una nación. Pero en la práctica se manifiesta un problema.
Con mucha frecuencia, la ‘mano invisible’ de Adam Smith se convierte en
la mano de un carterista. Los mercados libres y sin ataduras tienen la
costumbre de descubrir actividades muy rentables pero improductivas. La
experiencia práctica enseña que la maximización de
los beneficios no siempre conduce a la maximización de los productos".4
Por otra parte, las fallas del gobierno, se circunscriben
a que éste no tiene contrapesos ni limites jurídicos generando
que intervengan mal o indiscriminadamente en la economía de mercado,
con efectos perversos para la eficiencia y equidad.
Por tanto, las fallas que expresan el mercado y el gobierno,
en el contexto actual de economías abiertas y globalizadas, dejan
ver que por sí solos no son suficientes para la asignación
eficiente de recursos. Por ello, más allá de las referencias
ideológicas debe ser enfocada esta relación con base a la
complementariedad combinando las ventajas de ambos. Es decir, a la luz
de estas nuevas realidades la relación Estado-mercado, no debe verse
como dos polos opuestos y excluyentes, sino como una relación social
compleja y contradictoria, pero con pleno y permanente involucramiento
mutuo, en una constante de la historia del capitalismo.
De tal manera, la cosmovisión del Estado y el mercado
en la actualidad debe girar en torno a la concepción de ambos como
tipos de organizaciones con papeles distintos y como instituciones con
una misión en la sociedad,5
pues cuando se pasa de una economía estatista a una economía
de mercado, no sólo se reduce el papel de un agente económico
como el Estado, sino que se redefinen las reglas del juego las (instituciones)
y los jugadores (las organizaciones).6El
mercado como institución esta sujeto a leyes, reglamentos y ordenamientos
que regulan las transacciones comerciales y financieras, tanto domésticas
como internacionales, y por organizaciones, esto es, por los jugadores.
Al respecto, Ayala Espino señala: "el mercado es una organización
institucional compleja y no simplemente un lugar donde tienen lugar las
transacciones y las mercancías se intercambian. En los mercados
no sólo existen precios, bienes y servicios, compradores y vendedores,
sino también reglas y normas que regulan la operación justamente
para permitir que ocurran las transacciones y el intercambio de derechos
de propiedad".7
El Estado es una institución encargada de establecer
el orden legal y las reglas para la convivencia en la sociedad, Es decir,
"es la única organización con capacidad para secularizar
y universalizar las reglas que genera, y los individuos y grupos están
obligados a acatarlas. [Por tanto] el Estado es la única
organización institucional autónoma y con amplia capacidad
de generar iniciativas económicas y políticas".8
Así, el Estado es la institución encargada
de generar un marco regulatorio a través de leyes, reglamentos y
ordenamientos, que dan cuerpo al mercado como institución. Sin Estado,
el mercado sería un simple espacio de compradores y vendedores entendidos
como sujetos abstractos.
De este modo, el mercado es una institución donde
concurren diversos jugadores como organizaciones privadas (empresas, asociaciones,
gremios, grupos, individuos) y el Estado mismo, para intercambiar bienes
y servicios. El Estado, por tanto, "es el responsable de salvaguardar que
el mercado sea el ámbito de negociaciones, transacciones y de movimiento
para que la sociedad obtenga de él, los elementos indispensables
para su reproducción".9
Toca al Estado promover, alentar, coordinar e impulsar
con acciones estratégicas lo que la sociedad necesita, como refiere
Oszlak:
… las nuevas fronteras que se están dibujando
entre la sociedad y el Estado deben preservar, para este último,
un territorio y un papel irrenunciables: un ámbito de intervención,
un papel conciliador entre las demandas de estabilidad, crecimiento y equidad
en las que se funda, desde sus orígenes, el orden capitalista. La
redefinición de reglas de juego entre ambas esferas no debe implicar
la desaparición del Estado. Sin duda, su transformación cualitativa
y cuantitativa sería inevitable, pero la continuidad de su existencia
y la posibilidad de que siga desempeñando un papel socialmente relevante
y deseable requerirán que el propio proceso de transformación
esté inspirado en una concepción que rechace, simultáneamente,
las nociones antitéticas acerca de la inevitable supremacía
del mercado sobre el Estado, o de éste sobre aquél.10
En este esquema se identifica que entre Estado y mercado,
"existe una amplia gama de organizaciones que incluyen entre otras los
"espacios de interés público" entidades que cumplen fines
de utilidad colectiva pero no forman parte del Estado ni del mercado, la
nueva generación de cooperativas empresariales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones sociales voluntarias, organizaciones vecinales,
grupos ecologistas,11
entre otros. Se trata de sumar al papel complementario entre el Estado
y el mercado, las potenciales de la sociedad civil, que ambos tendían
a marginar, para responder de manera adecuada a las nuevas demandas que
se plantean y obtener el mejor resultado para el país, y sea factor
de desarrollo para el conjunto de la sociedad.
En suma, la nueva relación entre el Estado y el
mercado no es de antinomia, de polos opuestos y excluyentes, sino de apoyo,
complementación y delimitación clara de actividades, que
integre activamente a este esquema la cooperación de los diferentes
actores de la sociedad civil.
El nuevo papel del Estado
La globalización tomó imperativa la redefinición
de las funciones del Estado. Su nuevo papel es el de facilitar que la economía
nacional se vuelva internacionalmente competitiva, Ello no significa que
deba reducir su papel en el respectivo campo de actividad. Al contrario,
la regulación y la intervención estatal siguen siendo necesarias
en la educación, la salud, la cultura, el desarrollo tecnológico,
la inversión de infraestructura, la justicia, etcétera, planteando
que las mismas no sólo deben tender a compensar los desequilibrios
distributivos provocados por el mercado globalizado, sino principalmente
a capacitar a los agentes económicos para competir en el ámbito
internacional.12
Por ejemplo, los procesos de integración económica
exigen mayor competitividad en extensos campos de la administración
pública, la cual deberá adoptar nuevos sistemas decisorios
similares a los del mercado, si pretende sobrevivir. En tal sentido, deberán
revisarse los regímenes constitucionales y jurídicos existentes,
para integrar los cambios y hacer coexistir las nuevas funciones y modalidades
con el aparato tradicional de gobierno y administración, en las
nuevas circunstancias. También, es necesario introducir cambios
profundos en las tecnologías de gestión utilizadas en las
prácticas burocráticas y en los sistemas decisorios. Ello
con el propósito de generar una nueva cultura de la función
pública, en la que la actitud y el comportamiento de los funcionarios
sean congruentes con las nuevas orientaciones y tecnologías de gestión
empleadas.13
Y por ende, mejorar la adaptabilidad de los gobiernos nacionales a sus
entornos internacionales.
Cuestiones como la creación de monopolios privados;
la formación de oligopolios empresariales y su consecuente efecto
sobre la estructura de producción y las relaciones de poder entre
el Estado y corporaciones; la especulación financiera que escapa
a los márgenes de control de los sistemas financieros nacionales,
el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la formación
de grupos guerrilleros que debilitan la seguridad y estabilidad social
de los Estados, las diferentes modalidades de pobreza (alimentaria, capacidades
y patrimonio) y la extrema pobreza, la fuerza de trabajo desplazada del
empleo público y no absorbida por el sector privado; la migración
a los países desarrollados en busca de mejores niveles de vida dada
la falta de oportunidades en su propio país, son parte de la agenda
del Estado precisamente cuando es menor su capacidad para resolverlas e
intenta insertarse al mundo globalizado.
Albert Fishlow, Nicholas Stern y Simon Teitel, especialistas
en problemas de desarrollo, coinciden en que se debe revalorizar el papel
del Estado para recuperar y sostener el crecimiento económico. Fishlow,
se pronuncia por un Estado fuerte y activo, que ejerza un mayor control
estatal sobre los recursos, que establezca las prioridades del gasto e
imponga restricciones. Así, al minimizar los beneficios de la privatización,
considera que el sector público tiene un papel fundamental por jugar.
El sector público es fundamental por diversas razones:
a) "El aumento de la inversión pública
es esencial para expandir la inversión privada, el deterioro de
la infraestructura y la falta de servicios públicos reducen las
ganancias privadas;
b) Es necesario aumentar el gasto social en educación
y salud, así como ampliar los programas destinados a los más
pobres;
c) El sector público debe ofrecer mejores subsidios
y dirigir mejor los recursos, contar con la capacidad de deshacerse de
algunas actividades productivas y liberar el comercio; y
d) Los monopolios privados deben ser supervisados y las
actividades financieras no deben ser descuidadas."14
Stem considera que el Estado tiene un papel particular que
jugar en ‘la educación, la salud, la protección social y
el medio ambiente, así como, garantizar y mejorar el funcionamiento
de los mercados y de las actividades del sector privado, a través
de trabajos de infraestructura, de la elaboración de un marco legal
y reglamentario, que permita que la competencia se ejerza eficazmente,
y de intervenciones selectivas en la industria y la agricultura para estimular
la creación y la difusión de nuevos conocimientos.15
Simon Teitel hace referencia al nuevo papel del Estado
en Latinoamérica, considera que las naciones de esta región
sólo saldrán del estancamiento y crecerán económicamente
gracias a un sector público que desempeñe un papel más
relevante. Así, el Estado debe cumplir con tareas tradicionalmente
aceptadas como la regulación y control de la actividad económica,
además del suministro de otros bienes públicos como la educación,
la salud y los servicios asistenciales y sociales.16
Estos autores ponen de ejemplo la experiencia de los países
del sudeste asiático, donde la idea de intervención estatal
y desarrollo resultan inseparables, en una economía globalizada.
La estrategia dirigida por el Estado para el desarrollo, en diversas esferas,
incluida la promoción de sectores, el financiamiento, la promoción
de exportaciones, la protección, el desarrollo del capital humano,
entre otros, en las economías de Corea del sur, Taiwán, Singapur
y Hong Kong, e inclusive China.
Los países del sudeste asiático conciben
el Estado guiando a una sociedad orgánica hacia una competencia
efectiva en el mercado global, con el fin de aumentar el poder y la riqueza
del Estado y la sociedad, pero también concibe a esta competencia
teniendo lugar dentro de un contexto de ventaja comparativa no estática,
sino dinámica, donde el Estado ayuda a la sociedad a ascender cada
vez más en la escala de la tecnología, desplazándose
de las industrias de baja tecnología y bajos salarios hacia las
de alta tecnología y altos salarios.17
El éxito económico de estos países
se debe a que fueron capaces de controlar los términos en que se
involucraron en la economía global. Es decir, determinaron su propio
ritmo de cambio sin disminuir el papel del Estado. Cada uno se aseguró
al
creer que los beneficios se distribuyeran con equidad y rechazó
los dogmas básicos del Consenso de Washington, que postula un mínimo
papel del Estado, una rápida privatización y liberalización.
En cambio, aquellos países que han dejado que la inserción
en la globalización sea manejada por el Fondo Monetario internacional,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos, no han tenido buenos resultados.18
De este modo, la idea moderna del desarrollo se basa en
un concepto de Estado como el primum mobile del progreso socioeconómico.
Es decir, para la teoría del desarrollo, el Estado es el mecanismo
primario para superar ciertas limitaciones importantes inherentes en la
estructura de las economías domésticas y el medio ambiente
de la economía global.
El nuevo papel de la empresa pública
En el nuevo papel del Estado, las empresas públicas
estratégicas (petroleras, energía eléctrica, gas,
agua potable, entre otras) constituyen un instrumento importante para el
desarrollo de la economía nacional. La idea neoliberal de continuar
con la privatización de estas paraestatales, apoyándose en
la tesis de eficiencia de la economía de bienestar, para justificar
las políticas de laissez faire, que sólo benefician
al sector privado, debe ser desechada por los Estados nacionales. Y en
cambio, hacer los ajustes necesarios para que las empresas públicas
tengan un mejor desempeño en el ámbito económico como
cualquier empresa privada. Para ello, se debe otorgar a las empresas públicas
autonomía financiera y administrativa para elevar su eficiencia.
Desde el punto de vista neoestructuralista, la eficiencia
financiera de la empresa pública permitirá a ésta
competir en el mismo plano que la empresa privada, sea nacional o extranjera,
y con el sector social (caso de México: cooperativas, ejidos, comunidades
agrarias, empresas de sindicatos, entre otros).19
De este modo, tendrá que fijar objetivos y metas de utilidad financiera
a fin de poder hacer una eficiente asignación de recursos, minimizar
costos y maximizar utilidades. Naturalmente, este tipo de análisis
debe ser extendido a la organización interna de la empresa, que
se relaciona con la eficacia funcional de la gestión de la empresa
pública (capacidad gerencia, calidad de la gestión, integración
de la toma de decisiones funcionales, naturaleza de los cambios organizativos,
entre otros). Así, para fortalecer el papel de la empresa pública
es imperativo mejorar su administración y aclarar sus márgenes
de acción.20
Para Inostroza, la empresa pública y la empresa
privada tienen las semejanzas siguientes:
Operativas: los grandes complejos y plantas industriales
operan bajo las mismas reglas.
Organizativas: los diseños organizacionales modernos
y funcionales se aplican de manera similar.
Estructurales: estructuras de funcionamiento apropiadas
a la gestión moderna.
De dirección: funciones gerenciales equivalentes
a las organizaciones modernas.
De tipo endógeno: formas de enfrentar problemas
del medio ambiente y situaciones críticas.
De tipo restrictivo o limitantes: financieras y de presupuesto;
de supervisión y control, sindicales y de relaciones laborales,
de expectativas en ascenso y cambiantes de clientes, consumidores y usuarios,
y otros.
La actividad de la empresa pública también
tiene una función de orden social (eliminar la pobreza extrema,
prestar un servicio público de calidad, evitar conflictos sociales,
ampliar la cobertura del bienestar social). Ello demanda no exagerar en
la medición cuantitativa de redituabilidad de los resultados en
cuanto metas previstas y en función de los recursos desplegados,
sino en definir márgenes de tolerancia sobre los resultados esperados
de la empresa pública en función de sus fines sociales, de
su impacto y cambio social.
Por ende, la eficiencia en términos empresariales
de hacer más con menos, reduciendo el gasto público (que
atiende demandas sociales que la inversión privada no considera,
que genera tendencias de desarrollo productivo e industrial, etcétera),
no resiste el análisis de la realidad concreta, pues está
comprobado empíricamente que "con menos se hace menos".
En los últimos 20 años, los países
subdesarrollados han experimentado bajo la falacia de "hacer más
con menos", reducción de sus economías, empobrecimiento,
desempleo, menores niveles de bienestar, deterioro del medio ambiente,
descomposición social. Estos costos son atribuibles a la rigurosa
evaluación cuantitativa de la eficiencia económica neoliberal
que hace a un lado los indicadores cualitativos, identificándose
como eficientista.
Lo anterior ha conducido a la pérdida de legitimidad
del Estado, y en consecuencia, de la administración y la empresa
pública. Para recuperar aquélla es necesario redefinir la
naturaleza del Estado como factor de cohesión social, en el sentido
de la eficacia de su acción dirigida a lograr un efecto positivo
en el terreno de lo público de la sociedad y, con ello, ser congruente
con la existencia de la empresa pública que busca no sólo
resultados financieros seguros, sino la eficacia social a través
de promover impactos benéficos para la sociedad.
La empresa pública estratégica juega un
papel importante para la reindustrialización y la integración
de los países en vías de desarrollo al mercado global.
Lejos de transferirse al sector privado debe fortalecerse
financiera, tecnológica y administrativamente, para estar en condiciones
de competir internacionalmente y cumplir con las metas económicas,
políticas y sociales a nivel local, en el sentido de la eficacia:
redistribuir la riqueza, eliminar la pobreza y evitar los conflictos de
tipo social.
El Estado y la nueva legitimidad
Al privarse de los recursos y perder el consenso que antes
rodeaban sus formas de intervención el Estado debe crearse una legitimidad
alternativa que ya no se sustenta en los recursos que podía movilizar
anteriormente ni en su capacidad ejecutora21
para satisfacer el interés público, que incluso la empresa
pública se legitimaba por esa finalidad.
Para Lauffer, en el nuevo sistema de legitimidad, la legitimación
del Estado ya no vendría dada por los fines buscados, sino por los
métodos del ejercicio de poder; es decir, la racionalización
de su gestión, la eficacia de su acción, la participación
ciudadana y los usuarios de los servicios públicos.22
En este sentido, se podría afirmar que la crisis de legitimidad
del Estado contemporáneo es, de hecho, la crisis de legitimidad
de
la administración pública, como agotamiento de una estructura
administrativa que creció ante la explosiva complejidad de los sistemas
sociales, económicos y políticos.23
En este contexto, el Estado busca resolver la crisis de
legitimidad a través del rediseño del mismo, para dar cumplimiento
a las expectativas y necesidades de la sociedad, es decir, por medio de
la eficacia.
Para Oszlak, "el rediseño del Estado aparece… no
solamente como una exigencia para una gestión eficiente, sino además
como un medio de relegitimación social y política del mismo,
así como, por esa vía, como un mecanismo de recuperación
de cuotas de poder ahora doblemente necesarias frente a una distribución
de las responsabilidades sociales en la provisión de bienes y servicios
públicos, y la correlativa asunción de roles que exigen capacidad
de orientación, dirección, coordinación y sanción".24
Rose y Peters, consideran que ambos términos (legitimación
y eficacia) debían interconexionarse para, en un momento dado, sacar
a un gobierno de la "bancarrota política". Destino que encara un
gobierno que ha malgastado su economía, perdiendo apoyo popular
y efectividad económica, haciendo caer a los ciudadanos en la más
pura indiferencia.25
En cambio Linz, se refiere a la temporalidad de ambos
conceptos dinámicos, dado que la sociedad otorga o retira la legitimidad
día a día.26
Para Offe, se consigue un balance armónico si "la aceptación
de las reglas legitimadoras de los regímenes poliárquicos
se refuerza por los resultados materiales de las medidas y las políticas
del gobierno y si ambas son eficientes de la única manera que un
Estado capitalista puede ser eficiente (en la previsión, restauración
y mantenimiento con éxito de las relaciones productivas para todos
los ciudadanos y para la totalidad de sus necesidades).27
Luego entonces, para efectos de esta iniciativa que proponemos
a esta soberanía concluimos en la idea de que a través de
la modernización de la empresa pública se podrá remodelar
el Estado en escenarios de competencia económica intensa en la dinámica
globalizadora y menos se logrará en procesos de privatización
extremos si sólo se beneficia a pequeños grupos que tradicionalmente
han mantenido el poder económico en nuestros países.
El debate. Nacionalistas y globalizadores en los procesos
de reforma
En los distintos foros de debate y reflexión que
se abrieron para participar en la reforma que el ejecutivo federal presentó
ante el senado este año de 2008 se apreciaron distintas visiones
sobre el futuro y presente de la industria petrolera. En las discusiones,
acudimos a una confrontación teórica, por ejemplo, que pretendió
concentrarse en la constitucionalidad o no de las iniciativas. Se logró
el posicionamiento de dos escuelas que ven a la constitución en
forma distinta: constitucionalistas de derecha que justificaban el apego
de las propuestas de reforma a la constitución y los constitucionalistas
de izquierda que evidenciaban el desapego constitucional de las iniciativas
del gobierno federal. Para los primeros, se evidencio un reduccionismo
de que solo los especialistas en derecho constitucional pueden hacer la
interpretación de la carta magna, para los otros especialistas,
en cambio, queda claro que el instrumento que se interpreta es la expresión
política de la sociedad y como tal lo jurídico no puede estar
separado de estas conclusiones entre las fuerzas reales de poder sino que
está determinado por ellas. Al final se cayo en la conclusión
de que en caso de que las reformas aprobadas dieran paso a una controversia
la corte sería el órgano encargado de dirimir las diferencias
de un precepto que de antemano se sabía que es el tribunal supremo
el encargado de determinar si procede o no la reforma después de
consumado el acto político para unos, y para otros, el acto jurídico.
Llama la atención, también, el grado de desconfianza en los
poderes públicos, en este caso la corte que aún es observada
por sectores sociales e intelectuales en sus tradicionales rasgos de dependencia
con el ejecutivo federal. No obstante, la confrontación teórica
entre especialistas del derecho tanto los de derecha como los de izquierda
sirvió, aparentemente, también de refuerzo de conocimientos
de los legisladores más que llegar a una conclusión clara
sobre la constitucionalidad de las reformas propuestas por el gobierno
de Felipe Calderón. Ni hablar del virtuosismo proyectado por los
constitucionalistas que mostraron conocimientos y escuelas de interpretación
de especial relevancia. Fue el fetichismo del derecho que siempre se enfrenta
a la ciencia política, a la ciencia de interpretación de
una constitución que es antes que jurídica, política.
Así, observamos la segregación que existe
en la sociedad mexicana y no sólo en lo político sino en
los ámbitos intelectuales donde existen las reflexiones bastas y
necesarias como para justificar uno y otro proyecto. Ambos se dicen de
izquierda y también de derecha en argumentaciones plenas de retórica
donde se entremezclan constitucionalistas del instituto de investigaciones
jurídicas de la UNAM, el ITAM, la escuela libre de derecho como
panegiristas del régimen haciéndose para sí el monopolio
del conocimiento sobre la interpretación de la constitución
para postular que las leyes a reformar y las nuevas propuestas en el paquete
de iniciativas no se contraponen con los preceptos constitucionales. Aunque
no pueden evitar que otros estudiosos de otras disciplinas hagan las interpretaciones
políticas al respecto. Al contrario, se ubicaron los estudiosos
también de la UNAM pero no algunos del Instituto de investigaciones
jurídicas que plantean una posición distinta que sugiere
la falta de constitucionalidad de las reformas.
El debate así mismo, ha servido para que la población
más diferenciada y compleja con mayores grados de preparación
académica y más informada por los avances tecnológicos,
observe gobiernos que obtienen triunfos en elecciones prometiendo alcances
de desarrollo espectaculares incluso y en su desempeño instrumentan
proyectos de ajuste que afectan negativamente a las mayorías sociales
como una tendencia frecuente en el país. Es la idea de lo que se
denomina reformas estructurales que parece la panacea para progresar aunque
se concentren sus frutos en los grupos más acomodados de la sociedad.
Se siente que el nivel de bienestar no crece y las clases medias más
preparadas manifiestan su inconformidad lo cual las va alejando de las
directrices de un gobierno permanentemente cuestionado desde su ascenso
en el 2006 y que muestra su preocupación de alcanzar la legitimación
que le permita reivindicarse ante la sociedad o por lo menos con sectores
sociales que propicien su aceptación. Esto es, que a una legitimidad
cuestionada en las urnas, se suma la limitación de ejercicio en
los programas prometidos. Ello suma a la desconfianza y desconcierto de
expectativas que aún no ve logros concretos en su bienestar.
Existe pues una frustración de resultados que corren
casi en paralelo con opciones en riesgo de convertirse en propuestas populistas.
A la par, hay una sensación de que los procesos de globalización
no se asumen en reformas institucionales y proyectos alternativos que permitan
reforzar las bases gubernamentales y las mediaciones partidistas. Esto
es, hay tendencias que permiten apreciar ausencia de proyectos para coexistir
en la globalización por parte de todos los partidos y dificultades
del tradicional sistema de partido hegemónico para recuperar vigencia.
En paralelo, la globalización condiciona la toma de decisiones sobre
la economía nacional.
Luego entonces, un primer cuestionamiento a estas realidades
en las que perviven los mexicanos al acercarse al final de la primera década
del siglo XXI, es lo relacionado al camino que han seguido los gobiernos
mexicanos que no ha permitido realizar reformas suficientes en los poderes
del Estado ni a las instituciones relacionadas con éste lo cual
supone vivir en el esquema tradicional de presidencialismo extremo que
no ha permitido salir de los atrasos salvo para unos cuantos y esa tendencia
necesita revertirse con mayor participación ciudadana y reingenierías
que modifiquen de fondo a las instituciones y no en función de gradualismos
que solo aparentan transformaciones para que los grupos tradicionales de
poder no se muevan de su también tradicional rol de privilegio en
la estructura de poder económico y político. Ello tiene repercusión
directa con electores que observan que el gobierno y sus prácticas
no cambian e incluso, no se cumplen promesas en campaña pues los
representantes no tienen elementos ni en el congreso ni en el ejecutivo
que muestran incapacidades de gestión. Este fenómeno incide
también en posicionamientos que pretenden obligar al Estado a retirarse
de su papel de ente garantizador del interés nacional proyectando
estructuras de gobierno que mantienen su añeja imagen burocrática
y clientelar, corrupta que no es sustituida por otra imagen pues no hay
proyectos alternativos dadas las polarizaciones que generaron las elecciones
de 2006.
Tal fenomenología podría dar margen a que
los poderes públicos, que ahora coexisten en el pluralismo, pierdan
el control sobre los contenidos de la política que afecten la cohesión
social, la formación de capital humano, la igualdad de oportunidades,
el sentido de integración al ser nacional y el sentido de la ciudadanía
lo que puede dar paso a una escalada de desafección y rechazo. Entonces,
observamos tendencias negativas en esta retirada del Estado acompañada
con fuertes corrientes de ideologización neoliberal que considera
el Estado mínimo como el ideal para el desarrollo de modelo de globalización.
En el caso de los hidrocarburos, este fenómeno
es muy claro. El Estado parece estar destinado a su nivel mínimo
de intervención siguiendo las iniciativas del Ejecutivo pero, a
la vez, uno de los recursos naturales de la nación como lo es el
petróleo se empieza a ver como servicios que permitirán crear
igualdad o desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Luego entonces,
si bien algunos servicios pudieran ser compartidos con la iniciativa privada
en condiciones favorables para la nación se debe hacer compatible
un marco regulatorio que garantice que los beneficios de la exploración,
explotación, distribución y comercialización del petróleo
sea en beneficio de los ciudadanos mexicanos y no de una parte únicamente.
En este marco, el debate sobre el petróleo plantea
por un lado, alcanzar la legitimidad en el ejercicio del gobierno de Felipe
Calderón que fue elegido legalmente y cuestionado por algunos grupos
de la sociedad y, a la vez, evitar la regresión democrática
que permita ubicar al país en el camino del desarrollo real y no
demagógico e, incluso, en prácticas autoritarias al no poder
volver al régimen anterior con predominio extremo del presidencialismo.
A la vez, esta discusión ha evidenciado que existen actores que
no se sienten representados suficientemente en el gobierno calderonista
y usan como estrategia el cuestionamiento constante a las propuestas del
actual régimen para posicionar enfoques y reacciones alternos a
los del proyecto del gobierno panista en el poder.
Así, el gobierno federal mexicano busca plantear
una reforma que le propicie dinamizar el crecimiento económico y
mejorar su imagen ante la población a través de formulas
redistributivas del ingreso más concretas y amplias. En este sentido,
si no hay reformas al sector energético difícilmente el gobierno
de Calderón se podrá legitimar ante la ciudadanía
en este rubro de equilibrio de suministro de los rendimientos económicos,
en especial de la renta petrolera. De ahí que la reforma en materia
de petróleo sea una de las prioridades del gobierno para superar
su crisis de legitimidad y reafirmarse ante la sociedad en las próximas
elecciones que renuevan la cámara de diputados el próximo
año.
En los aspectos de política económica el
gobierno cuida los equilibrios macroeconómicos aunado a un débil
control de la inflación en un criterio marco de apertura de mercados
para ajustarse a la dinámica desigual de la relación entre
el subdesarrollo y los países más avanzados económicamente.
En la matriz de esta política se encuentran los proyectos de privatización
donde el gobierno de Calderón parece no deslindarse lo suficiente
de los intereses foráneos y de grupos económicamente poderosos
nacionales cayendo en la ironía con frecuencia que los proyectos
privatizadores caen en relaciones estrechas con intereses particulares
externos e internos.
De esa manera, al proyecto de Calderón en materia
de petróleo se cuestiona por su naturaleza de ligazón con
el sector externo sin el cuidado de revisar la variable de crecimiento
potencial que derivaría. Entonces, los acuerdos son difíciles
sobre caminos óptimos para aprovechar al máximo y dinamizar
la economía interna sin descuidar los equilibrios externos en la
inserción del país en la economía global. Este tema
no se logró aclarar en los debates que convocó el senado
relacionado con el tema del petróleo. Como tampoco queda clara la
duda de que la reforma pretendiera una recomposición en el poder
de las elites que se pueden ver desplazadas con nuevos aliados del régimen
con su caracterización de ser extranjeros pero poderosos.
Otra visión en los debates es que hay rezagos en
esa industria del petróleo que los ponentes del régimen y
los contrarios aceptan por igual incluso coincidiendo que estos rezagos
en la industria son cuellos de botella para cualquier propósito
de desarrollo. Por eso, las expectativas de readecuación de la empresa
tiene que ver con una idea clara de los impactos presupuéstales
del proyecto empresarial en Pemex y las posibilidades de buscar otras vías,
incluso, la privada para superar estos atrasos. La tesis descrita se atribuye
a una visión muy pragmática sobre el desarrollo sin consideraciones
ideológicas. Aquí, sin embargo, se confronta la diferenciación
constante entre crecimiento económico y redistribución del
ingreso. Y nuevamente en los debates se cayó en la paradoja de siempre:
todos parecen estar de acuerdo en la necesidad moral de incrementar la
justicia social pero no se deja claro el momento preciso para iniciar el
esfuerzo distributivo que conduzca a ella.
Lo que se observa es que son muy difíciles los
acuerdos para crear mecanismos eficientes de creación de riqueza
a través del petróleo y la redistribución de la renta.
Esto es, no hay un modelo propuesto que atienda a funcionamientos razonables
del mercado y del Estado sin abandonarlo todo al primero ni exagerar la
intromisión del segundo. El modelo a seguir de manera más
racional sería uno que no afectara salarios, ni redujera gastos
que afectan a la educación o salud o a las inversiones en infraestructura.
Ello, fortalecería la economía y la competitividad. Ambos
proyectos, el nacionalista y el neoliberal se adjudican tal pretensión
como proyecto propio.
Estos posicionamientos se prolongaron en distintos tonos
dentro de las temáticas que diseño el senado para hacer la
consulta a especialistas con relación a las iniciativas del gobierno.
Lo que si ha quedado claro es la institucionalidad confusa que presenta
la realidad mexicana que hacen aparecer a las instituciones poco confiables
en su funcionamiento y fuertemente contrastadas por la ciudadanía.
Ello habla de una falta de convergencia de objetivos entre distintos actores
y carencia de coincidencias en los diagnósticos sobre el sector
petrolero. Por ello, parecería que no hay posibilidades por el momento
de alcanzar consensos y definir espacios compartidos entre las opciones
políticas que se observan.
La empresa a modernizar y su contexto. La empresa pública
y el factor de autonomía
Es claro que existe una marcada necesidad de que la modernización
de Pemex pueda contribuir al desarrollo nacional. Para ello, se requiere
modificar la tendencia en su operación que en síntesis nos
muestra una gestión pública empresarial corrupta, deficiente,
inserta en conflicto de intereses como constante, con operación
fuera de la constitución, endeudada, con excelentes resultados por
otra parte en materia de utilidades. Otros aspectos negativos y positivos
nos lo muestran aspectos diversos.
Pemex es la tercera empresa productora de crudo en el
mundo, de acuerdo con el Anuario estadístico 2005 de la paraestatal,
después de las firmas Saudi Aramco, de Arabia Saudita, y de NIOC,
de Irán, que ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.
Durante los primeros siete meses de 2005, Pemex produjo 3.32 millones de
barriles diarios, con lo cual se mantenía indiscutiblemente como
una compañía líder en ese rubro. Según Pemex,
esta empresa se ubicó por encima de compañías petroleras
como Exxon Mobil, de Estados Unidos, y Pdvsa de Venezuela, además
del consorcio Royal Dutch/Shell, de Holanda y del Reino Unido. Por
lo que se refiere al comparativo entre las naciones productoras de crudo,
México ocupó el sexto sitio por encima de Noruega, Canadá,
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El primer lugar en ese rubro lo
tuvo Arabia Saudita, con una cifra superior a los 9 millones de barriles
al día, seguida de Rusia, Estados Unidos, Irán y China. Respecto
a sus ventas totales, Pemex se ubicó en el octavo lugar mundial,
con alrededor de 58 mil millones de dólares al año. El lugar
número uno en ventas "corresponde a la British Petroleum del Reino
Unido.
Este aspecto optimista sobre la empresa petrolera mexicana
nos refiere al contexto en que operan las transnacionales en todos los
países. Hay un indicio que caracteriza a cualquier transnacional
relacionada con sus niveles de ganancias que incorporan en circuitos financieros
que hace prevalezcan los desarrollos altos de países más
avanzados donde se encuentran las matrices de corporaciones transnacionales.
El problema es el nivel de ganancia y las posibilidades de que una empresa
nacional pueda competir con estas corporaciones o bien ser canal de contrataciones
para cuidar beneficios de esas operaciones. Aquí, se gravita en
la tradicional relación en que el transnacionalismo ha funcionado
incluyendo a las empresas transnacionales mexicanas que se disponen entrar
al negocio de la industria petrolera una vez que han logrado consolidarse
al amparo protector de los últimos gobiernos. En este sentido, observamos
algunas ventajas de que la constitución mexicana aún puntualice
la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos. Es un buen factor
para planear la relación del Estado con el transnacionalismo para
fortalecer a la empresa mexicana. Es decir, México aún no
pasa por los problemas de tener que disputarle a las empresas extranjeras
las regalías mal planeadas y que con frecuencia llegan a evadir
impuestos por conceptos de regalías y por impuesto sobre la renta
(ISR) y declaran como propio el petróleo que es propiedad de los
países donde operan presionando para fijar los precios internacionales.
Son prácticas que ya han impuesto diversidad de empresas a distintos
países que se ven sometidos a las leyes de estos empresarios insertos
en la estadunidense ChevronTexaco, la británica British Petroleum,
la española Repsol YPF, la francesa Total-Fina, la estatal brasileña
Petrobras, la holandesa Shell y la Corporación Nacional de Petróleo
de China entre otras. Incluso crean verdaderos carteles organizados para
presionar a los gobiernos que son reprobados por las consultoras internacionales
fomentadas por esas empresas. Las críticas con frecuencia se refieren
a la poca disposición de los gobiernos a los que señalan
por su ineficacia y responsabilidad en "la pérdida de miles de fuentes
de trabajo directas e indirectas que dependen de la actividad petrolera".
Amenazan con insistencia sobre la fuerte disminución de la inversión
privada en el sector de los hidrocarburos, así como la afectación
de la seguridad jurídica y la pérdida general de la credibilidad
de las instituciones de la nación en la que operan.
A un tiempo, las transnacionales se benefician de estas
relaciones en forma por demás exorbitante sobre todo con los altos
precios del crudo. Así la compañía petrolera BP (British
Petroleum) por los altos precios del crudo obtuvo en el primer trimestre
del año 2005 beneficios netos por 5 mil 490 millones de dólares,
un 30 por ciento más que en el mismo periodo de 2004. En tanto,
las mayores empresas petroleras de Estados Unidos defienden constantemente
en el Senado sus multimillonarias ganancias trimestrales de más
de 30 mil millones de dólares, en donde los legisladores demandaban
conocer cuándo bajarían los precios. Representantes de ExxonMobil,
Chevron y Conoco debaten, frecuentemente con los legisladores, quienes
critican las alzas en las utilidades de las compañías, mientras
la mayoría de los estadunidenses paga altos precios por los combustibles,
como la gasolina.
La refinación es sin duda la clave de las enormes
utilidades de transnacionales como ExxonMobil, Shell y British Petroleumy
es el eje de la seguridad energética y del éxito de países
como Corea, Singapur, Italia y Alemania que no tienen una gota de petróleo
en el subsuelo. Por eso, presionan para que los países con petróleo
se dediquen a la producción de crudo como materia prima que se desvaloriza
en los esquemas de dominio del comercio internacional muy desfavorable
para las naciones subdesarrolladas donde siempre hay cómplices y
amigos de los planes de expansión desmedida del transnacionalismo.
Así, México es subdesarrollado y sobran incentivos perversos
para no invertir en refinerías. Cada dos dólares invertidos
en refinerías son dos dólares que no se invierten en exploración
y producción. Es un barril de crudo menos que se exporta y son 30
dólares menos de ingresos inmediatos para Hacienda. También
es un barril menos de gasolina que nos vende algún poderoso consorcio
con influencia en Washington. Hacienda, por supuesto, recauda sobre ese
barril también. Así, se entiende por qué Pemex destinó
92 por ciento de sus inversiones a exploración y producción
en 2004 y sólo 4 por ciento a refinación.
En materia de gas se nos presenta un escenario donde se
impulsan monopolios regionales a través de empresas transnacionales
como Gas Natural donde sólo sus precios de reinstalación
son impuestos sin que ninguna autoridad defienda a estos consumidores cautivos
del monopolio de esa empresa que no se sabe sobre que fundamentos legales
concentra la venta de gas. Se supone que se burla a la ley trayendo gas
importado con base a precios establecidos en el mercado de Texas donde
se encarece ese producto. El mercado de gas LP también se encuentra
controlado por monopolios nacionales con las familias tradicionales distribuidoras
de este gas. Ahora nos acercamos a un sistema de integración energética
con Estados Unidos donde se instalan regasificadoras desde el centro y
norte del país para importar gas, almacenarlo y enviarlo a las plantas
en Estados Unidos o en la frontera norte para suministrar energía
al vecino país. De ahí, que la duda surja cuando se proyecta
privatizar los oleoductos e impulsar los proyectos transfronterizos con
benefactores de los mismos grupos en el poder político y económico
nacional, varios exfuncionarios que ya dejaron preparado el camino para
entrar en los grandes negocios de esa explotación y el uso de las
redes de transporte del gas. Los nuevos magnates mexicanos al igual que
surgieron los magnates rusos haciendo uso de recursos públicos y
bienes propiedad de la nación para usufructuarlos particularmente
con asociaciones con empresarios nacionales y extranjeros. Esta es una
duda que gravita en gran parte de la sociedad mexicana que se opone a la
privatización de Pemex sobre todo por las experiencias recientes
donde hijos de gobernantes, legisladores y ex funcionarios de Pemex se
adjudicaron contratos y ahora esperan operar como empresarios o como consultores
para realizar los negocios que dejan grandes ganancias particulares pero
no sociales.
Partamos de un concepto de autonomía que permita
a la industria petrolera desarrollarse sin necesidad extrema de privatizarse
sino que, por el contrario, se propicie el fortalecimiento de la empresa
estatal para convertirse en más competitiva en el contexto internacional
y más eficaz en los procesos de globalización protagonizados
particularmente por el transnacionalismo.
Para ello, se tienen que analizar algunas tendencias en
las estrategias de expansión y difusión de las empresas transnacionales.
En los últimos 20 años, México ha consumido el 80
por ciento de sus reservas probadas de gas natural. Con ése nivel
de consumo, el país se coloca como el que más ha reducido
sus reservas del hidrocarburo en el mundo, señala un estudio de
British Petroleum. Las estadísticas señalan que las reservas
probadas pasaron de 2.18 billones de metros cúbicos en 1983 a 0.42
billones de metros cúbicos estimados en 2004, una caída de
80 por ciento. El reporte detalla que con el ritmo actual de producción,
y en caso de que se descubran nuevos yacimientos, las reservas probadas
de gas natural en el país alcanzarán tan sólo para
11 años. Mientras el director de Planeación Estratégica
de Pemex, afirmaba que Pemex dejó de invertir y crecer desde 1983,
lo que se ha traducido en dos décadas perdidas que ahora muestran
las consecuencias.
Sin embargo, llaman la atención algunas sinergias
que pueden adecuarse en una empresa estatal competitiva. Por ejemplo, unas
37 empresas petroleras de Estados Unidos, Europa y Asia en el 2005 optaban
por seis bloques de gas costa afuera en el Golfo de Venezuela y al noreste
del occidental Estado de Falcón, en procesos de licitación
coordinados por el Ministerio venezolano de Energía. Los bloques
formaban parte del ambicioso proyecto gasífero ‘Rafael Urdaneta,
que impulsa la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Se apuntaron
a la licitación petroleras de Argelia, Argentina, Brasil, Canadá,
China, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda,
Italia, Irán, Japón, Noruega, Rusia y Venezuela. Se estimaba
inversión de 20 mil millones de dólares. "Vamos a ir por
ese gas y vamos a ir con la participación de ustedes", destacó
el también presidente de Pdvsa ante representantes de las petroleras,
al abrir la selección en el poblado de Los Taques, unos 370 kilómetros
al noroeste de Caracas. Según Pdvsa, las empresas que participan
en el proceso de licitación son la española Repsol, Amerada
Hess, Anadarko, Billington, British Petroleum British Gas, ChevronTexaco,
ConocoPhillps y El Paso Corp. También participan Eni, ExxonMobil,
Gazprom, Inelectra, Lukoil, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, Nimir, Occidental,
ONGC, Perenco, Petrobrás, Petrocanadá, Petropars, Pluspetrol,
Samsung y Shell, entre otras.
Se resalta que el proyecto gasífero considera bloques
con 500 kilómetros cuadrados costa afuera que tienen un potencial
estimado de 100 billones de pies cúbicos de gas no asociado (no
mezclado con otros hidrocarburos). Se previó que las empresas ganadoras
de los bloques tendrían 25 años para explorar y comercializar
gas bajo las leyes de hidrocarburos de Venezuela. "Ellas establecen un
marco fiscal de 20 por ciento en regalías y 34 por ciento en impuesto
sobre la renta.
Así, con esa claridad, la empresa estatal de Venezuela
puede emprender negocios sin riesgos y sin aportarles el producto y su
control a las transnacionales. Ambas empresas pueden ganar pero con claridad
de costos y ganancias. Se fortalece también la nación porque
gran parte de las ganancias van al control de esa empresa venezolana y
se conoce claramente cuanto gana la transnacional por esas operaciones
que deben ser cada vez más favorables a la empresa estatal en la
medida que vaya reconvirtiendo procesos tecnológicos. Además
se prevé primero satisfacer la necesidad interna de gas y después
el mercado externo pero con márgenes de claridad muy amplia en las
operaciones aunque solo para el gobierno dadas las características
en que se desarrolla la disputa por los recursos petroleros entre el gobierno
de Venezuela y las viejas clases controladoras del usufructo petrolero.
Aquí, se observa el proceso de composición de las elites
venezolanas a través de los contratos petrolíferos pues los
viejos grupos en el poder se van viendo desplazados al negociarse la explotación
petrolera y gasera con grupos extranjeros fortaleciendo al interior al
gobierno venezolano.
Se estimaba que la participación privada sería
de 35 por ciento. Las licencias servirán para paliar el "déficit
crónico" de demanda de gas en Venezuela, estimado en mil 500 millones
de pies cúbicos, de los cuales 500 millones se registran al occidente
del país. También servirían para impulsar la expansión
del Complejo Refinador de Paraguaná, el más grande del mundo.
Las empresas ganadoras de la licitación podrían presentar
proyectos de exportación de gas tres años después,
cuando los estudios de comercialización comprobaran que existen
excedentes en la oferta de los bloques. Primero tenían que satisfacerse
todos los requerimientos del mercado interno para luego aprobarse cualquier
proyecto de exportación. La idea de este proyecto reorientaría
la dieta de las refinerías nacionales para que procesaran y exportaran
mayores volúmenes de crudos pesados, que son los que produce principalmente
Venezuela.
Este concepto de fortalecimiento de la empresa estatal
no se entiende en las estrategias de Pemex. Para 2005, Petróleos
Mexicanos (Pemex ) preparaba un esquema de apertura que permitiría
compartir la producción de crudo con empresas petroleras extranjeras,
pero sin que éstas puedan contabilizar las reservas en sus estados
financieros, según lo revelaba Carlos Morales Gil, director general
de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). Precisaba
que el plan de oferta consistía en permitir que trasnacionales como
Shell, Exxon-Mobil, British Petroleum, Chevron-Texaco, Unocal, Statoil,
Repsol, Petrobras e incluso compañías más pequeñas
como BHP y Pionner puedan apoyar a Pemex, inicialmente, en el desarrollo
de al menos cuatro pozos que la empresa ha perforado en aguas profundas
del Golfo de México. Detalló que los nuevos pozos se encuentran
localizados en la misma franja, donde está ubicado el pozo Nab 1,
dentro del proyecto Campeche Oriente, primer descubrimiento mexicano en
aguas profundas. Los pozos que Pemex pretendía ofertar a las grandes
petroleras multinacionales son: Numan 1, Baksha 1, Bok 1 y Kayab 1. En
cuanto a su volumen original de estos cuatro pozos oscila entre 600 y mil
millones de petróleo crudo equivalente. El funcionario admitía
que Pemex tiene apenas tecnología incipiente para desarrollarlos.
Recordó que el pozo Nab 1 fue localizado por Pemex , pero perforado
por la empresa Diamond off shore, mediante la renta de sus equipos.
Lo anterior, "no quiere decir que ya podemos ir a aguas profundas, porque
perforar pozos en aguas profundas tiene cierta dificultad, pero lo que
implica mayor dificultad es desarrollarlas, es decir, tener instalaciones
en el fondo del mar y en eso hoy no tenemos experiencia". Carlos Gil, adelantó:
"Se está buscando un modelo de contrato que dentro del marco legal
nos permita acceder a esas tecnologías". Al preguntarle cuántos
pozos se ofertarán a las petroleras trasnacionales, el funcionario
respondió que todavía no se tiene determinado, pero explicó
que estos cuatro descubrimientos podrían formar parte de un paquete
inicial.
Retomemos este ejercicio comparativo para visualizar lo
que potencialmente podría generar una empresa estatal que propicie
la competencia y pueda, a la vez, fortalecerse sin comprometer la producción
propiedad de la nación, es decir, el petróleo, que además
permite a las transnacionales determinar, en buena medida, los precios
del crudo en los mercados internacionales pues estos se determinan a partir
de la constancia de reservas que para términos contables son las
que supuestamente comprometen los países productores con las transnacionales
que son refinadoras y las que más ganan en este sistema de mercados
internacionales donde las materias primas son muy baratas.
Ahora veamos como funciona la red de corrupción
en Pemex. Para 2005, Pemex informaba "hay un mexicano o una empresa mexicana
que recibe un préstamo de empresa extranjera sin aval, el crédito
no lo registran ante la Secretaría de Hacienda, y el particular
inicia con la apertura de estaciones de servicio". Desde luego: "Ante Pemex
acude como persona física, como empresa mexicana y cumple con todos
los requisitos, y ya en la operación comercial aparentan o simulan,
o hacen de hecho una tercera empresa que presta servicios a la franquicia".
Se insistió que existe la presunción de que estas empresas
operan o participan en las estaciones de servicio.
Lo anterior ilustra la falta de control que existe en
esta empresa paraestatal. Pero no sólo en estaciones de servicio
sino en el gas, manejo de desperdicios, pozos inactivos, buques, entre
otros aspectos que deben ser corregidos sin dejar de tocar los aspectos
de relaciones laborales y los pasivos de la empresa además del grave
problema del factor impositivo de hacienda que ahoga a la paraestatal Pemex.
Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las diez empresas
más importantes del sector en el mundo, está totalmente fuera
de los estándares internacionales con que trabajan al menos seis
compañías. En un estudio comparativo realizado por el Centro
de Investigaciones Estratégicas para México (Ciex), se contrastan
cifras de productividad, finanzas, reservas y deuda de la paraestatal contra
ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Chevron Texaco y la brasileña
Petrobras. En productividad Pemex tiene una baja productividad "alarmante";
las reservas de petróleo "agonizan", además de que es de
las empresas más endeudadas del mundo. "Si hoy Pemex decidiera pagar
su deuda tendría que vender 95 por ciento de sus activos comparado
con 34 por ciento de Chevron y de British Petroleum".
Los impuestos están ahogando a Pemex pues se le
carga 112 por ciento sobre las utilidades brutas o 61 por ciento en impuestos
de las ventas totales, "lo que es totalmente desproporcionado si lo comparamos
con las empresas más importantes del mundo". El Ciex –centro independiente
que forman académicos del ITESM, de la UNAM, de la Unitec y del
IPN– detalló en su investigación "Benchmarking de seis grandes
empresas petroleras" que en 2003 Pemex pagó 34 mil millones de dólares
de impuestos, mientras que sus utilidades antes de impuestos sumaron 30
mil millones. Lo anterior tiene grandes contrastes con las demás
empresas petroleras, ya que Shell pagó alrededor de 76 mil millones
de dólares y sus utilidades sumaron 89 mil millones. Pero la empresa
con mejor relación impuesto-utilidad bruta fue British Petroleum,
que erogó cinco mil 900 millones por impuestos y obtuvo 16 mil millones
de utilidades; es decir, sólo pagó al fisco 36 por ciento
de sus ganancias. En cuanto a productividad, Pemex está en el último
lugar de las seis empresas comparadas ya que obtiene alrededor de 48 dólares
de la correlación ventas-barril extraído, mientras que British
Petroleum gana 335 dólares; Shell 332 dólares; ExxonMobil
266 dólares; Chevron Texaco 170 dólares y Petrobras 65 dólares.
En ExxonMobil la relación de ventas por cada trabajador es de dos
millones 804 mil dólares, mientras que ese indicador para la firma
brasileña asciende a 706 mil dólares y para Pemex es de 412
mil dólares. Lo anterior es resultado de que en la paraestatal hay
35 mil trabajadores y las ventas totales suman 55 mil 652 millones; en
tanto que en ExxonMobil las ventas cuadriplican a las de Pemex, al sumar
246 mil millones de dólares, contando esa petrolera con 88 mil trabajadores.
Los gastos de exploración están cerca de la media de las
empresas, aunque las reservas "bajan dramáticamente". El Ciex, ejemplificó
ExxonMobil, invirtió 15 mil 525 millones de dólares y extrajo
928 millones de barriles, lo que da una relación inversión-producción
de 16.7 dólares. Pemex invirtió siete mil 273 millones de
dólares y extrajo mil 159 millones de barriles, y dejó la
correlación en 6.3 dólares; mientras que Petrobras invirtió
tres mil millones y sólo extrajo 503 millones de barriles. El Centro
de Investigaciones Estratégicas para México detalló
que de acuerdo con los estados financieros de 2002 y 2003 de las empresas
se obtuvo que la deuda de Pemex es de las más grandes con respecto
a los activos, pues representó en 2003 el 95 por ciento de sus activos.
De las empresas comparadas, Shell es la de mayor endeudamiento pues representa
55 por ciento de sus activos, seguida por Petrobras y ExxonMobil con 50
y 48 por ciento de sus activos, respectivamente, cifras hasta hace un par
de años según el estudio. En tanto, British Petroleum es
la que menos debe, al representar su deuda sólo el 34 por ciento
de sus activos; situación similar a Chevron Texaco, ya que sus pasivos
representan 35 por ciento de sus activos.
Ahora observemos las potencialidades de Pemex como empresa
pública estatal. Petróleos Mexicanos
(Pemex) fue la segunda empresa petrolera a escala mundial que en 2004 reportó
mayores utilidades, antes de impuestos, con 40 mil millones de dólares,
sólo por debajo de Exxon Mobil, pero casi el doble de lo registrado
por Shell y más de tres veces el monto de Conoco Phillips, informó
este jueves la paraestatal.
Entonces apreciamos con estos ejemplos las posibilidades
de fortalecer a Pemex con nuevas caracterizaciones de empresa estatal para
ser más competitiva y con mayores potencialidades de cuidar reservas,
satisfacer el mercado nacionales, impulsar los procesos derivados de producción
así como controlar el almacenamiento y distribución y venta
de los productos que genere la industria vista en forma integral incluyendo
transporte, refinación, petroquímica básica.
La creación de un organismo autónomo.
Fundamento jurídico
La creación de un organismo autónomo como
el que se propone con esta iniciativa obliga a escudriñar en la
teoría y en los estudios que orienten una decisión centrada
y fundamentada. La autonomía de esta nueva institución responde
a diversos principios en donde se debe atender a lo siguiente:
a) No tanto la independencia, como la no dependencia;
b) No tanto la autodeterminación, sino la no heterodeterminación;
c) No tanto la libertad, sino la no sujeción; y
d) No tanto la originariedad, sino la no derivación".
En un Estado en donde los partidos políticos no tenían
el rol de primera importancia que juegan en la actualidad, el control del
poder podía ejercitarse mediante el principio de división
de poderes que, como es de sobra conocido, estaba destinado a dividir el
conjunto de funciones estatales y de los poderes que las ejercitaban, en
donde los órganos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, se
controlaban, fiscalizaban y racionalizaban sus conductas de forma mutua.
No obstante, la dinamización que los partidos políticos
le han conferido a la vida pública, y la aparición de funciones
estatales atípicas que no logran ubicarse plenamente en uno de los
tres grandes rubros del ejercicio del poder, han sugerido la instauración
de nuevos órganos estatales, situados al margen de la división
tradicional de poderes, y dotados de plena autonomía organizativa,
de gestión y normativa para garantizarles un espacio de actuación
institucional ajeno a interferencias, y propiciar el ejercicio de sus atribuciones
desde criterios eminentemente técnicos y especializados, y al margen
de consideraciones de tipo político. Estos órganos, de conformidad
con sus características concretas han sido denominados "órganos
constitucionales autónomos" u "órganos extrapoder".28
Estos órganos nacen, además, como consecuencia
de la diversificación de funciones, la multiplicación de
estructuras y la especialización de actividades que produce una
organización estatal compleja y abigarrada como la que representa
el Estado contemporáneo. Por ende, la necesidad de establecer un
equilibrio político y constitucional se compagina con la inexorabilidad
de especializar las funciones, justificando con ello la existencia de órganos
que se ponen al margen o por fuera de la división de poderes para
llevar a cabo tareas que en otro momento se encontraban en manos de los
poderes tradicionales, pero que en base a su trascendencia, complejidad
y tecnificación han debido ser independizados para que se desarrollen
al margen de los intereses políticos, con el único fin de
velar por el respeto del orden constitucional y el interés público
que le subyace.29
De conformidad con lo señalado, para este autor
"órganos constitucionales" son aquellos a los que se confía
una actividad directa del Estado, y en cuya actividad gozan, dentro de
los límites del derecho objetivo que los coordina mutuamente, pero
que no los subordina entre sí, de una completa independencia recíproca.30
Aldo M. Sandulli, destacó un conjunto de elementos
a tomar en cuenta a la hora de "ubicar" a un órgano constitucional
en el ámbito de los órganos supremos del Estado.
De acuerdo con su opinión, el análisis debe
considerar en primer lugar, el grado de autoridad conferido a una institución,
característica que se observa en la naturaleza de las funciones
que tiene encomendadas, del nivel normativo en el que las mismas se ejercitan,
y de la eficacia de los actos o resoluciones en que se concreta su actividad.
En segundo lugar, señaló la necesidad de analizar el régimen
jurídico del propio órgano, es decir, su posición
o estatus dentro del esquema constitucional, para advertir con qué
calidad actúa en el sistema jurídico. En este contexto, un
órgano constitucional autónomo, por su propia naturaleza
debe estar investido de una posición de "supremacía" que
le permita afirmar, a la par, su "independencia".31
Correspondió a Constantino Mortati y a Enzo Cheli el mérito
de hacer una distinción de gran trascendencia para el análisis
de los órganos estatales.
Algunos que están configurados de forma inmediata
por la constitución, de tal forma que la norma fundamental se encarga
de mencionarlos expresamente, describir la función que realizan,
sus principales atribuciones, señalarles su estatus o jerarquía,
su composición, la forma de designación de sus titulares
y sus garantías.
Otros, en cambio, comparten únicamente con los
primeros su nominación expresa, la determinación de alguna
o algunas de sus atribuciones por el texto constitucional y su posición
de órganos de "vértice" dentro del sistema constitucional
lo que los hace insuprimibles por el legislador ordinario. La diferencia
avanzada por los autores se condensa en el hecho de que los primeros son
órganos constitucionales plenos, mientras que los segundos están
acotados, puesto que sólo comparten algunas de las características
de aquellos. Los primeros se consideran esenciales para la vida del Estado,
mientras que los segundos solamente coesenciales, ya que están destinados
a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Estado. Si bien se ubican
en el mismo peldaño normativo, el rasgo que les falta es el que
concierne a su ubicación constitucional, pues mientras los órganos
constitucionales autónomos son órganos al margen de la división
de poderes, los de relevancia constitucional dependen orgánicamente
de alguno de los poderes tradicionales.32
La distinción de los autores coadyuva a destacar
que el concepto de autonomía aplicado a los órganos constitucionales
debe caracterizarse por su completitud. Debe corresponder al máximo
de garantías necesarias para salvaguardar la independencia de instituciones
que por la función estatal que realizan deben contar con una ubicación
específica en el concierto de las instituciones estatales, por fuera
de la división tradicional de poderes.
La noción de órgano constitucional autónomo
ha venido construyéndose a la par de las transformaciones del derecho
constitucional derivadas del replanteamiento de algunas teorías
o principios considerados a principios del siglo XX como verdaderos dogmas
jurídicos.
En la delimitación de su concepto se ha sostenido
que órganos constitucionales autónomos son los que se ponen
como "inmediatos partícipes de la soberanía"; aquellos órganos
que surgen de modo "inmediato" de la constitución, o aquellos a
los que el concepto de "jerarquía" no puede aplicárseles.
Por este motivo, a lado de su denominación como órganos constitucionales
autónomos aparecen igualmente como órganos de vértice,
órganos supremos u órganos fundamentales del Estado.
La evolución a que ha sido sometido el concepto
de referencia, ha llevado a concluir, en términos generales, que
los elementos que distinguen a los órganos constitucionales autónomos
son los siguientes:
1. Representan un elemento necesario del ordenamiento
constitucional, en el sentido que su ausencia supondría la inmediata
detención de la actividad estatal.
2. Se erigen como un elemento indefectible del Estado,
en el sentido que desde el punto de vista institucional, su actividad no
puede ser sustituida por otros órganos constitucionales.
3. Tienen una estructura dictada desde la misma constitución,
de modo que queden netamente encuadrados en el contexto de la separación
de los poderes supremos del Estado, y dentro del sistema de equilibrios
constitucionales.
4. Gozan de una posición de paridad respecto a
los otros órganos constitucionales, con el objeto de garantizar
su común independencia.33
5. Participan en la dirección política del
Estado, de forma que con su actuar se concretiza la voluntad del Estado
en un sentido coherente y armónico con el conjunto de valores y
principios que inspiran al ordenamiento constitucional.
Los órganos constitucionales autónomos aparecen
bajo estos elementos como consecuencia necesaria de las funciones que se
les atribuyen dentro del sistema constitucional. Todos ellos de la máxima
trascendencia jurídica en tanto se vinculan con la dirección
política del Estado, con la tutela de su unidad de actuación
y su soberana potestad de imperio.
Sin embargo, el desempeño de estos órganos
al interior del sistema constitucional, de la mano de los recientes desarrollos
teóricos, han llevado a considerar nuevos elementos en la determinación
de estos órganos. Estos elementos son determinantes para la garantía
de un espacio institucional verdaderamente autónomo dentro del cual
puedan ejercer sus atribuciones, y para generar un vínculo de responsabilidad
que los constriña a conducirse de acuerdo con estándares
de transparencia y conforme a una estricta rendición de cuentas.
Hablamos de dos características adicionales:
6. La compresión de sus fuentes normativas, con
el objeto de que no exista una indebida interferencia de otro u otros órganos
de poder a través de la legislación, y el órgano mismo,
en uso de sus potestades normativas y con el referente primario de sus
necesidades de organización y funcionamiento, pueda dictar en completa
libertad las normas para el debido cumplimiento de las funciones que le
atribuye la constitución y su ley reguladora. En este contexto,
la reducción de la legislación que regula a los órganos
constitucionales autónomos a sus tres "sedes lógicas": la
Constitución, la Ley Orgánica y su Reglamento, representan
una necesidad institucional encaminada a la salvaguarda de su independencia.34
7. La transparencia y rendición de cuentas, bajo
la premisa de que un indebido ejercicio de sus atribuciones puede conducir
a generar nuevas burocracias que se corporativicen y actúen como
cotos vedados de poder.
Por ello, en concordancia con las premisas de un Estado democrático
de derecho, es necesario establecer los controles adecuados mediante el
principio de responsabilidad, a efecto de garantizar el adecuado ejercicio
de sus atribuciones, la transparencia en el manejo de los recursos públicos,
y la rendición de cuentas de cara al conjunto de poderes públicos,
y los que es más importante, de cara a la sociedad.35
De conformidad con los elementos que los caracterizan,
es posible destacar que los órganos constitucionales autónomos
son aquellos que están expresamente determinados por la constitución
para el cumplimiento de una función estatal, dentro de un espacio
institucional propio y reservado, bajo una garantía de independencia
que los aleja del ámbito de influencia del conjunto de poderes tradicionales.
Para ser más sintéticos, los órganos
constitucionales autónomos tienen principios distintivos que emanan
de su propia naturaleza y que han sido debidamente identificados por la
doctrina más consistente.36
Entre ellos destacan
La inmediatez
1. Se encuentran directamente creados por la constitución,
a través de su mención expresa, con la determinación
igualmente expresa de sus atribuciones principales, y de sus principios
básicos de organización.
El objeto
2. Se les encomienda la realización de una función
estatal, por lo cual el ejercicio de sus actividades se considera de orden
público.
Los criterios técnicos y de especialidad
3. Realizan su función según criterios estrictamente
técnicos y especializados.
El estatus
4. Se encuentran ubicados en la cúspide del sistema
constitucional, a la par de los poderes del Estado y de los demás
órganos constitucionales autónomos, con quienes mantienen
relaciones de coordinación y de no subordinación.
La autonomía
5. Tienen reconocida y asegurada su autonomía organizativa,
funcional y presupuestal, a efecto de que puedan cumplir con las funciones
que constitucionalmente tienen asignadas.
La independencia
6. Tienen asegurada la independencia del órgano
como tal, y de sus principales funcionarios, con el objeto de que no sean
sometidos a presiones o interferencias de ninguna especie.
La transparencia y rendición de cuentas
7. Son órganos que deben rendir cuentas de su actuar
de manera periódica. Sus titulares deben estar sujetos al régimen
de responsabilidades de los servidores públicos.
La concentración de su esquema de fuentes
8. En su actuación deben estar vinculados únicamente
a la constitución, a su ley orgánica o reglamentaria y los
reglamentos que ellos mismos expidan en uso de sus atribuciones normativas.
El control de sus actos
9. Sus actos son definitivos, pero en casos puntuales
deben estar sometidos a posterior control jurisdiccional.
Algunos de los principios anotados han sido adoptados por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la reciente determinación
jurisprudencial de las características de los órganos constitucionales
autónomos.
La interpretación del Alto Tribunal parte de consideraciones
previas en donde se destacan varios elementos:
En primer lugar, se alude a la idea de que coadyuvan al
equilibrio constitucional. La Corte ha sostenido que: "Surgen bajo una
idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando
así la teoría tradicional de la división de poderes
dejándose de concebir la organización del Estado derivada
de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin
perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones
o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades
encomendadas al Estado".
En segundo lugar, se destaca la especialización
de funciones, vinculada con la independencia y autonomía de los
órganos que la realizan: La Corte ha señalado que: "Se establecieron
en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de
actuación e independencia en su estructura orgánica para
que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que
ejerzan una función propia del Estado que por su especialización
e importancia social requería autonomía de los clásicos
poderes del Estado".
En tercer lugar, se subraya su pertenencia al Estado,
a pesar de la ubicación que puedan tener en el contexto constitucional.
La Corte ha mencionado que: "La creación de este tipo de órganos
no altera o destruye la teoría tradicional de la división
de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa
que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad
en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran
a la par de los órganos tradicionales". Conforme a estos presupuestos,
el alto tribunal definió las características esenciales de
los órganos constitucionales autónomos en México de
la siguiente manera:
a) Deben estar establecidos directamente en la Constitución
federal;
b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado,
relaciones de coordinación;
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional
y financiera; y
d) Deben atender funciones primarias u originarias del
Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.37
Las principales manifestaciones de la autonomía
La primera aplicación práctica del concepto
de autonomía a un órgano constitucional se realizó
en 1952 en Alemania, ante la necesidad de esclarecer la posición
constitucional del Tribunal Constitucional Federal dentro de su sistema
jurídico.38
El informe del "estatus" del Tribunal Constitucional representa
un documento de la mayor relevancia porque deriva la posición constitucional
del órgano en cuestión sobre la base de la autonomía
que le garantiza la constitución, y porque a partir de ese documento
se generalizan las principales vertientes en que la propia autonomía
se manifiesta. El informe del "estatus" determinó que la autonomía
de los órganos constitucionales se desarrollaba en tres vertientes:
a) Autonomía organizativa;
b) Autonomía presupuestaria; y
c) Autonomía normativa.
Lo significativo del caso es que a partir de ese momento
se produjo una generalización de los órganos constitucionales
autónomos en el seno de las constituciones promulgadas con posterioridad
a la Segunda Guerra Mundial, y se expandió igualmente la percepción
de las vertientes que conformaban, y conforman en la actualidad, sus notas
distintivas, a pesar de que un sector de la doctrina ha insistido en el
hecho de la única manifestación directa de la autonomía
es la normativa, en virtud que la capacidad de organización de una
institución, o la potestad de determinar su presupuesto y gestionarlo
necesitan, inexorablemente, de aquellas normas jurídicas que el
órgano en cuestión está en posibilidad de crear.39
a) Autonomía organizativa
La autonomía organizativa supone la capacidad de un
órgano constitucional para determinar su estructura y organización
interna.
Esta capacidad se refleja en dos subtipos de autonomía:
1. La autonomía gubernativa
2. La autonomía administrativa
1. La autonomía "gubernativa" representa la capacidad
de un órgano para ejercer el autogobierno. Esta manifestación
se expresa, fundamentalmente, en la posibilidad de crear órganos
y subórganos al seno de la institución, de tener un personal
propio para el cumplimiento de sus funciones, y en la necesidad de que
todos los cargos con funciones de dirección y gobierno dentro de
la misma sean elegidos en el seno del propio órgano, bajo criterios
de selección y contratación internos, sin que exista ningún
tipo de interferencia exterior en el nombramiento de sus funcionarios.
También en la aptitud para encomendar nuevas tareas a sus órganos,
subróganos y a su personal, a parte de las estipuladas en la ley.
Esta capacidad se relaciona con otras más que derivan
de la propia autonomía del órgano y que valoradas en su conjunto,
propician el autogobierno. Entre ellas destaca la potestad reglamentaria,
la elaboración del presupuesto, la determinación de la plantilla
del personal, las atribuciones en materia de seguridad y la potestad sancionatoria.
2. La autonomía "administrativa" se configura como
una garantía en el desarrollo independiente de las funciones del
órgano constitucional, que parte de presuponer la especialidad en
su administración por su estatus jurídico y la función
que desempeña.
En el ámbito de la administración, "significa
independencia de acción entre órganos u organismos de la
administración pública. Goza de ella el órgano que
no está subordinado a las decisiones de otro, por ley".40
Lo anterior supone, la capacidad de emprender la acción
administrativa de manera independiente y sin ninguna interferencia de un
agente u órgano de poder externo. Esta vertiente de la autonomía,
presupone, en principio, la existencia de una autonomía presupuestaria
que dote al órgano de un patrimonio propio, suficiente para el cumplimiento
de sus fines, que permanezca bajo la entera responsabilidad de su gestión
administrativa.
Por ende, a pesar de que pueden existir aparentes paralelismos
o aproximaciones que pudieran llevar a considerar la posibilidad de realizar
ejercicios de homogenización, lo cierto es que la especialidad de
la administración del órgano es uno de los elementos que
los distinguen y caracterizan, porque en su determinación no hay
que tomar en cuenta el régimen retributivo per se, sino que además
de eso se impone la necesidad de vincular dicho régimen con las
funciones que en concreto se desempeñan. Además, la especialidad
de la administración del órgano autónomo emana en
buena medida de las cualidades de sus funcionarios, ya que el rigor técnico
que se demanda de la función del órgano requiere perfiles
con mucha mayor objetividad, imparcialidad e independencia.
La especialidad de la administración se observa
en tres aspectos principales:
a) En el régimen jurídico y los mecanismos
para la selección de su personal;
b) En su régimen retributivo; y
c) En su sistema disciplinario.
b) Autonomía presupuestal
La autonomía presupuestal implica la capacidad del
órgano constitucional para determinar por sí mismo los montos
económicos necesarios para cumplir con las atribuciones que tiene
constitucionalmente conferidas, para gestionarlos de manera independiente
de conformidad con su objeto, y para fiscalizarlos a través de órganos
y procedimientos propios.
Esta vertiente de la autonomía se divide en tres
subtipos:
1. Autonomía de determinación presupuestal.
2. Autonomía de gestión.
3. Autonomía de fiscalización del gasto.
1. La autonomía de determinación presupuestal
supone una plena capacidad para establecer el presupuesto del organismo
de conformidad con sus estructuras y cometidos, sin que ningún órgano
pueda interferir en su conformación y posterior presentación
ante las instancias de decisión correspondientes.
Esta capacidad impide que el presupuesto de dichas instituciones
pueda ser condicionado en su diseño y formulación, o modificado
de forma previa por los órganos de intermediación hacendaria
dependientes del gobierno, lo cual quiere decir que, en principio, los
órganos de gobierno se encuentran vinculados por el contenido del
presupuesto que se les presenta, teniendo que limitarse a incorporarlo
en sus términos al Presupuesto de Egresos sin modificación
alguna.
El único órgano que no se encuentra vinculado
por el contenido del presupuesto presentado es el Poder Legislativo, pues
en función de las características esenciales del sistema
democrático y de configurarse como representante de la voluntad
popular, posee amplias y exclusivas facultades en materia de aprobación
del presupuesto nacional, estando en aptitud de aprobar en sus términos
el que presenten los órganos constitucionales autónomos,
o de realizarles modificaciones de conformidad con los requerimientos generales
del presupuesto del Estado.
2. La autonomía de gestión supone un ámbito
de libertad conferido a una institución para que pueda ejecutar
su presupuesto con miras a cumplir debidamente con el objeto para el que
fue creada, para que pueda ejercer sus facultades y alcanzar los objetivos
y metas estipulados en las normas que la regulan. Esto significa conferir
al órgano suficientes atribuciones para que puedan elegir y realizar
sus propios objetivos constitucionales, administrativos o económicos,
al margen de cual haya sido la fuente de su presupuesto.
Esta característica se vincula con la autonomía
presupuestaría y el ejercicio del gasto en la medida en que confirma
la plena capacidad de una institución para disponer de sus recursos
presupuéstales, en base a criterios propios vinculados al cumplimiento
de su objeto, de sus fines y funciones. Su capacidad para definir, en concordancia
con su vertiente organizativa, el tamaño de su estructura burocrática;
para determinar los montos de las remuneraciones y prestaciones de sus
funcionarios y empleados, para decidir la adquisición de bienes
y servicios, y en general, para disponer con plena libertad la ejecución
del presupuesto asignado de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia
y transparencia.
Esta capacidad impide que el ejercicio de la gestión
financiera, una vez aprobado el presupuesto, se encuentre limitado por
instrucciones u observaciones de cualquier entidad externa. De esta manera,
consiente una plena disponibilidad de sus ingresos sin condicionamientos
indebidos, para poder ejercer sus atribuciones. En consecuencia, las directrices
de ejecución del presupuesto, la autorización del gasto,
la realización de pagos, la contratación de servicios y la
fiscalización de la ejecución del presupuesto quedan bajo
la órbita de decisión del propio órgano.
3. La autonomía de fiscalización parte de
la necesidad de que sea el propio órgano quien determine, gestione
y administre sus recursos, y el que deba fiscalizarlos a través
de órganos técnicos y especializados que dependan orgánicamente
de la institución.
Lo señalado conduce a destacar que uno de los elementos
determinantes de la autonomía presupuestaria de los órganos
constitucionales autónomos consiste en que la fiscalización
de sus recursos la realice el propio órgano, lo cual se concretiza
en la capacidad de designar libremente al contralor o auditor interno.
Al margen de lo señalado, la autonomía presupuestal
se vincula también con otras vertientes de la autonomía constitucional
reconocida a ciertos órganos. Por ejemplo, con la autonomía
normativa y de organización, en específico con los reglamentos
de personal y de remuneraciones, puesto que posibilitan la concesión
de retribuciones especificas al personal en determinados momentos y circunstancias,
y siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos de modo previo.
La importancia de la autonomía presupuestal no
consiste en los montos económicos de las partidas aprobadas, sino
fundamentalmente en que se erige como una condición necesaria para
conseguir la independencia de un órgano en relación con los
poderes tradicionales. En este sentido, implica una elemental garantía
de independencia institucional.
c) Autonomía normativa
La autonomía normativa en relación a los
órganos constitucionales implica, en términos generales,
la potestad para darse sus propias normas; es decir, la capacidad que se
les confiere para ordenar y regular su propia organización, su funcionamiento
y los procedimientos de que se vale para el ejercicio de sus atribuciones.
La prerrogativa en cuestión no se ejerce en atención
a un interés privado del órgano, sino en función a
un interés público que deriva de la necesidad de asegurar
su funcionamiento independiente. En este contexto, la independencia del
órgano se configura a través de los límites impuestos
a su regulación jurídica desde órganos externos, como
los que tienen a su cargo la reforma de la constitución o de la
ley ordinaria, y de las capacidades de regulación autónoma
conferidas al mismo.
Su manifestación más evidente consiste en
la atribución de una potestad reglamentaria, cuyos productos, reglamento
interior, lineamientos y acuerdos, deben sujetarse al mismo procedimiento
de publicación del resto de las normas jurídicas estatales.
La producción normativa de un órgano constitucional
no representa solamente la capacidad de establecer normas de autoorganización
con efectos internos, cuya eficacia vincule en exclusiva a los órganos
y funcionarios de la institución; por el contrario, son normas con
efectos externos que vinculan no sólo al órgano que los produce
sino a todos aquellos entes o personas que por la función desarrollada
por el órgano, mantienen un conjunto de relaciones institucionales
con él. Son normas que no necesitan sanción o promulgación,
ni ser refrendadas o ratificadas por ningún otro órgano del
Estado. Por el órgano del que emanan, en muchas ocasiones se les
confiere un rango jurídico igual al de la ley.
La autonomía normativa supone la racionalización
normativa de la vida y el funcionamiento de los órganos constitucionales,
de conformidad con lo establecido por la constitución y por la ley
de referencia. Estas normas deben dictar únicamente lo que se considere
jurídicamente relevante para la existencia autónoma, la organización,
funcionalidad e independencia del órgano, dejando la concreta regulación
de sus perfiles en manos de normas de producción propias.
El ámbito de actuación de la potestad normativa
alcanza la autonomía organizativa y presupuestal en función
de que cualquier capacidad de decisión que se derive de ellas debe
estar adecuadamente regulada a través de normas jurídicas.
De conformidad con ello, es posible señalar que dicha autonomía
se divide en distintos subtipos, sin dejar de destacar la notable proximidad
existente entre ellas:
1. Autonomía organizativa.
2. Autonomía funcional.
3. Autonomía procedimental.
1. La autonomía organizativa representa la prerrogativa
conferida a un órgano para que mediante normas propias, proceda
a la estructuración orgánica de la institución, en
las vertientes de gobierno y administración señalas líneas
atrás, de conformidad con lo estipulado por la constitución
y la ley.
2. La autonomía funcional es una potestad próxima
a la autonomía organizativa, en tanto concede a un órgano
la posibilidad de regular su funcionamiento interno al margen de cualquier
interferencia exterior que pudiera encaminarse justamente a impedir su
adecuada funcionalidad. La proximidad es notoria desde el momento en que
se advierte que toda norma dirigida a crear o regular órganos de
gobierno internos debe estar acompañada de normas adicionales que
señalen las atribuciones que se les confieren para la adecuada realización
de sus tareas.
Esta característica es relevante en virtud que
permite que sea el propio órgano el que, teniendo en cuenta las
expectativas constitucionales a satisfacer, busque la mejor manera de regular
sus atribuciones con el objetivo de fijar las condiciones más óptimas
para la realización de sus fines y funciones, de conformidad con
la constitución y la ley.
Esta vertiente no debe confundirse con la autonomía
gubernativa o administrativa que igualmente racionaliza el ejercicio de
los órganos y subróganos de la institución, pues su
cometido se encamina a articular y delimitar las competencias administrativas
de dichos órganos. En cambio, la autonomía funcional se encamina
a regular las funciones sustantivas que dan lugar a la existencia del órgano
y que por su propia naturaleza son de mayor relevancia.
3. La autonomía procedimental es la condición
necesaria para determinar la existencia de una autonomía procedimental.
La primaria regulación que la constitución y la ley hacen
de las funciones que competen al órgano constitucional, conduce
a dejar en manos del propio órgano la regulación puntual
de los mecanismos o procedimientos bajo los cuales habrá de cumplir
sus tareas sustanciales.
Si el órgano realiza funciones de control, y la
constitución y la ley le especifican las líneas maestras
de los procedimientos de control a su cargo, la autonomía normativa
del órgano le confiere la posibilidad de completar dicha regulación
con el objeto de cumplir con sus atribuciones de manera altamente técnica
y especializada.
En este contexto, el carácter "técnico"
otorgado a los órganos constitucionales es uno de los elementos
que conforman su autonomía procedimental, en virtud de que impone
al órgano la obligación de complementar su regulación
normativa bajo criterios eminentemente técnicos y especializados,
y en sentido contrario, le obliga a dejar al margen cualquier consideración
de índole política que pudiera entorpecer el rigor con el
que realiza sus funciones.
La especialidad y alta calidad técnica reconocida
a los órganos constitucionales vinculados al principio de autonomía,
determina que en todo ejercicio de autorregulación se deseche cualquier
argumento que ponga en peligro la imparcialidad, independencia y objetividad
de la institución. Por ende, dicho carácter técnico
constriñe al propio diseño de los mecanismos de actuación
del órgano, haciéndolo compaginar con las características
de un control jurídico objetivo, contrario por supuesto a las premisas
de un control político que es siempre subjetivo.41
Un nuevo concepto de rendición de cuentas
Con la creación del organismo autónomodenominado
Petróleos Mexicanos se daría paso a la creación de
instituciones que permitan modernizar la administración pública
acorde con los procesos democratizadores que vive intensamente el país
en un tránsito no fácilmente predecible en sus conclusiones.
En este sentido, la rendición de cuentas del ámbito público
debe ser parte del perfeccionamiento de la democracia en México
en tanto que debe ir dirigida a las autoridades políticas de control
pero también a actores no estatales.
Así, el Congreso, a través de la Cámara
de Diputados sería el órgano primario de este ejercicio de
control sobre el organismo autónomo Petróleos Mexicanos abriendo
los espacios necesarios para que la sociedad civil pueda participar e impulsar
procesos de transparencia en las actividades de una nueva gestión
que ayude a superar los rezagos y distorsiones normativas y de operación
como lo es el espectro de corrupciones que por ahora muestran un organismo
propio del régimen anterior de extremo presidencialismo con esquemas
cerrados de administración. En este sentido, la claridad de operación
del nuevo organismo autónomo sería parte de la consecución
de los derechos públicos de una ciudadanía en constante movilización
por construir una nueva comunidad ciudadana que en esta etapa se vería
representada por el congreso de la unión en la medida en que éste
conceptúe la rendición de cuentas como un ejercicio ciudadano.
En este sentido, el nuevo organismo público Petróleos Mexicanos
sería parte de esa redefinición de ciudadanía que
se ejerce en un primer momento por el congreso pero que amplía posibilidades
para que cualquier ciudadano pueda complementar o conocer las deficiencias
y eficacias de este ente público.
Así, el Congreso recupera parte de sus reivindicaciones
readecuando sus articulaciones con la sociedad, cuidando sus intereses
en el funcionamiento de un organismo público que es parte sustantiva
de la sociedad mexicana no sólo por el peso sustantivo que tiene
en la economía nacional sino, también, por las posibilidades
de readecuar a un organismo que se caracteriza por ser recipiendario y
gestor de la riqueza de pocos grupos y extracción de las riquezas
nacionales hacia el exterior. A la vez, representa una de las empresas
que más esperanzas puede propiciar para la mayoría de los
mexicanos si se revierte esa tendencia de protección de privilegios
y se amplían beneficios a los bloques sociales más extensos
posibles en México coadyuvando, así, a la construcción
de un proyecto de nación no tan excluyente y degradante como el
que se ha edificado alrededor de Pemex.
Muchos aspectos parecen nebulosos. Comento algunos, los
contratos de servicios múltiples, los excedentes petroleros y su
uso, la participación de funcionarios y ex funcionarios en contrataciones
de Pemex, la integración energética con América del
Norte, redes de poder económico por parentesco, control de las cadenas
de producción y distribución con énfasis a compadrazgos
y el factor familiar, riquezas extralimitadas y exuberantes en pequeños
grupos de la sociedad a partir de su interacción con esa empresa,
beneficios y acuerdos no legales con empresas extranjeras que benefician
a bloques locales, funcionarios, empresarios extranjeros, corrupción
entre otras atrofias, algunas señaladas por el mismo auditor de
la federación cuando se presentó en las conferencias convocadas
por el senado y otras que son parte de la opinión pública
regular que se construye alrededor de la empresa más importante
para México y los mexicanos como lo es el siempre cuestionado método
de selección de consejeros en cualquier instancia de supuestos deseos
institucionales que pretenden ser autónomos pero quienes ejercen
el poder no logran superar la vieja cultura política del parentesco,
compadrazgo e imposición, afinidad de intereses y sensaciones de
empoderamiento imponiendo a consejeros no obstante el daño que le
causan al desarrollo de la democracia en el país.
Por eso debemos emprender un programa que rediseñe
el rol de la Cámara de Diputados en la rendición de cuentas
y el control de lo que es la paraestatal en la actualidad pero que pasaría
a operar como un organismo autónomo que tendría que informar
sobre sus responsabilidades y justificarlas en forma pública y transparente
como un ejercicio de difusión a la ciudadanía y estar completamente
sujeta a la sanción cuando las acciones de los funcionarios no correspondan
con sus obligaciones. En este sentido, la rendición de cuentas es
un proceso forma parte de la esfera pública y que estará
siempre sujeta al debate y escrutinio de la sociedad contribuyendo a mejorar
la calidad ciudadana evitando centralismos perniciosos a un régimen
republicano.
La rendición de cuentas que se debe ir imponiendo
se ajusta más a la visión de compartimentos entre valores
de justicia, ejercicio de derechos y responsabilidades recíprocas
que se finquen en valores comunes de claridad y respeto ciudadano y desechar
preceptos que transgreden derechos fundamentales de otros seres humanos.
Este es el sentido de una nueva rendición de cuentas que logre trascender
los viejos dogmas y procedimientos de hacer negocios y crear redes de riqueza
en pocas manos alrededor de Pemex y el transnacionalismo que se ha insertado
en los procedimientos y normas administrativas de esta empresa. El concepto
de rendición de cuentas debe asumir este reto de que las compañías
transnacionales adopten código de conducta para informar a la sociedad
donde operan sobre sus acciones y sus interrelaciones con funcionarios
de Pemex convertido en un nuevo organismo autónomo. El desafío
es muy amplio para coexistir favorablemente en la globalización
para lo cual se deben diseñar estrategias que se soporten en derechos
políticos de tal manera que la rendición de cuentas sea parte
del desarrollo de la ciudadanía a partir de la función controladora
de la cámara de diputados.
Distinguidos legisladores:
Con esta iniciativa que me permito presentarles a su alta
representatividad soberana y con base en el análisis descrito respecto
a las expectativas de los hidrocarburos y el control y manejo de sus derivados
y refinados incluso todos los aspectos que integran la industria del petróleo
en México, estoy aportando los siguientes aspectos orientados a
contribuir a la configuración de un nuevo paradigma que pueda regir
en el futuro para impulsar a la industria petrolera creando un organismo
con la suficiente autonomía que permita hacer más competitiva
la actividad industrial del petróleo asegurando que los beneficios
generados por esta relevante función del Estado contribuya al desarrollo
social y económico de todos los mexicanos disminuyendo las abismales
y preocupantes diferencias de status en las que se desenvuelve la convivencia
de una sociedad a la que se deben presentar alternativas viables y factibles.
Estoy convencido de que ya no se debe posponer la realización de
acciones concretas con impactos directos al bienestar de las familias que
hoy se desmoronan por los flagelos del desempleo y la falta de expectativas
correspondiéndose con el alto nivel de riqueza de pocos pero muy
pocos mexicanos.
Anotemos que el proyecto que les muestro y del cual pido
su reflexión y apoyo únicamente aborda la reforma a la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley orgánica
del congreso de la unión en el marco de las relaciones entre ejecutivo
y legislativo que deben reacomodarse día con día. Creo que
debemos ir al fondo del asunto en una perspectiva en que se debe plantear
la situación del país en el mundo y en la geopolítica
universal del petróleo, su futuro como combustible fósil
y sus repercusiones en el medio ambiente. No creo que necesariamente se
tenga que desaparecer a la empresa para iniciar nuevos esquemas de reorganización
en el proceso de industrialización petrolera que para efectos de
esta iniciativa incluye la exploración, extracción, explotación,
almacenamiento, comercialización, transporte, incluyendo oleoductos,
distribución, ventas de primera mano, derivados, refinados y petroquímica
básica.
En este sentido, no consideramos la reforma como la presentó
el ejecutivo federal que me parece ambiciosa al incluir cerca de 8 ordenamientos
sin pasar la constitución. Asimismo, creo que finalmente la reforma
como está planteada va a conseguir mayores desajustes entre las
distintas fuerzas políticas, grupos económicos y sociales
posponiendo concreciones de política pública. Va a ser una
reforma con pocos consensos probablemente y seguramente propiciará
movilizaciones en contra y a favor en donde se concluirá al ámbito
de decisión de la suprema corte de justicia de la nación.
Este es un escenario posible porque la constitucionalidad de la propuesta
del ejecutivo no es muy clara. Por eso, lo que propongo es que se busquen
los consensos sobre bases de una reforma constitucional en la que converjan
las distintas manifestaciones políticas en las cámaras de
senadores y diputados y ese sea el punto de partida para modernizar a Pemex
y con mayor cuidado delinear la reingeniería de los ordenamientos
derivados de la norma fundamental. Es alrededor de la reforma constitucional
donde son más factibles los acuerdos políticos y no en las
leyes donde se dispersa la creatividad de especialistas, intelectuales,
empresarios, políticos y la sociedad civil en su conjunto y de sus
organizaciones.
El planteamiento filosófico-político de
que debemos de partir es que ahora vivimos en un sistema de partidos pluralista,
donde las imposiciones de visiones sobre el mundo y nuestro futuro como
nación son muy diferenciadas. Ahora, antiguos patrones de cultura
ya no encuentran adecuaciones y funcionalidad para imponerse al conjunto
de la sociedad, incluso al conglomerado que toma las decisiones. El gradualismo
de las viejas elites para prevalecer al frente de las estructuras de dirección
políticas es intensamente impactado por la falta de unanimidad en
el pensamiento acerca de lo que el futuro del país debe ser. Por
eso, no debe haber temor de entrar a una reforma verdaderamente de fondo
desde la perspectiva constitucional pues nuestro máximo ordenamiento
es puesto a prueba en todos los aspectos de la vida civil y política
de manera constante ante el dinamismo de sectores sociales cada vez más
preparados y jóvenes en búsqueda constante de nuevas expectativas
que al parecer la añeja cultura de las negociaciones ya no puede
colmar. Así, con esta iniciativa pretendo aportar una idea alterna
de acercarnos a los acuerdos de fondo que el país requiere a sus
circunstancias que obligan adentrarse a navegar en latitudes más
allá del mundo de las elites y formas tradicionales de poder.
La iniciativa que propongo establece
1. Una nueva posición constitucional de Petróleos
Mexicanos donde la naturaleza jurídica del nuevo organismo que se
crea con esta iniciativa surge en la puntualización constitucional
de sus funciones que se relacionan al cumplimiento en lo relacionado a
una actividad estratégica precisada en los artículos 25,
27 y 28 constitucionales.
La relevancia constitucional de Petróleos Mexicanos
estaría dada con la reforma al artículo 28 que propone esta
iniciativa. En este precepto, se precisa la creación del organismo
autónomo Petróleos Mexicanos, determina sus funciones y competencias
y establece el estatuto constitucional que contiene las garantías
institucionales que corresponden a su titular. En este sentido, la constitución
limita la autonomía de Petróleos Mexicanos al circunscribirla
exclusivamente al desarrollo de la industria petrolera y sus niveles de
independencia queda claramente establecida con respecto a los otros poderes
públicos sin merma de las actividades de control que debe atender
el Congreso en estas figuras jurídicas administrativas.
La ley, entonces, no puede afectar la figura de autonomía
que queda establecida con esta reforma al artículo 28 de la constitución
y en todo caso la ley debe circunscribirse a delimitar la forma en que
se desenvolvería dicha autonomía especificando más
concretamente la integración, organización y atribuciones
del nuevo órgano, sus poderes de fiscalización, los tipos
de fiscalización, las modalidades de responsabilidad que puede imputársele,
las relaciones de Petróleos Mexicanos con el congreso de la unión
y los mecanismos de revisión de su actividad institucional.
La reforma del artículo 28 constitucional que se
propone señala la autonomía técnica y de gestión
en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga
la ley. Alude a ella, como la misma constitución lo hace por ejemplo
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (artículo
102 apartado B de la Constitución), el Banco de México (artículo
28 párrafo VI de la Constitución), el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (artículo
26 apartado B de la Constitución), o el Instituto Federal Electoral,
(artículo 41 fracción V de la Constitución), porque
a todas estas instituciones la constitución no las hace depender
de alguno de los poderes tradicionales. En su no dependencia orgánica
respecto de otra institución reside una de sus peculiaridades más
significativas de estos órganos.
1. La naturaleza jurídica del nuevo organismo
autónomo responde a su categoría que le otorga el derecho
público, esto es, Petróleos Mexicanos surge y es regulada
por la norma pública de excelencia: la constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene un objeto definitivamente público:
la administración de uno de los recursos estratégicos consagrados
en la constitución como propiedad exclusiva de la nación
y su autonomía no está dispuesta por una ley sino que se
encuentra garantizada directamente por la constitución.
2. Se atiende a la peculiaridad de la autonomía
del nuevo organismo pues se establece claramente la base de su gobierno
creando una consejo de administración que será el órgano
superior de dirección. Se atiende a una necesaria gradualidad pero
con mandato constitucional para pasar a la autonomía fiscal con
base a necesidades de la hacienda pública que debe emprender un
programa distinto al corto plazo para cumplir con la autonomía conferida
al nuevo organismo.
3. Se acota la tendencia de predominio de sectores tradicionales
con especial influencia en las decisiones de la empresa para evitar que
los conflictos de interés determinen la operación empresarial.
Así, el sindicato y los empresarios tendrán representación
en el consejo directivo con voz pero sin voto y los demás consejeros
serán seleccionados por un mecanismo donde participen más
los sectores académicos y científicos, no obstante que el
mismo Ejecutivo puede proponer a sus propios candidatos. Todos estarán
sujetos al escrutinio y análisis público de la sociedad civil
y sus organizaciones así como sectores científicos y académicos
dando pauta para que la cámara de diputados seleccione a los candidatos
que claramente tengan las mejores capacidades para dirigir la empresa en
un proceso transparente y sin dudas. Con ello, se evita, también
que en esta transición en la que el ejecutivo ya no va a ser el
protagonista central de control sobre la empresa, que ahora será
un organismo público autónomo, se trasladen los mismos vicios
a las fracciones parlamentarias de los diputados y que ahora sean los líderes
del parlamento quienes induzcan conflictos de intereses al seleccionar
a los consejeros cayendo en los vicios de control del presidencialismo.
Con ese procedimiento y criterios de selección se intenta garantizar
pasar del sistema clientelar de compadrazgos y parentesco a otro donde
prevalezca la profesionalización que requiere la modernización
del país en todos sus órdenes.
4. Se contempla la creación y operación
de distintos comités que habrán de acompañar la transición
desde la empresa descentralizada Pemex a otra autónoma denominada
Petróleos Mexicanos. Aquí, se considera un comité
que incluya la función de auditoria que exigen organismos internacionales
que regulan, lo queramos o no, la competitividad a nivel mundial y de los
mercados internacionales. La idea de partida es incluir el estudio de la
geopolítica de los precios internacionales y de la producción
mundial del petróleo para definir estrategias de producción,
conservación de reservas, ventas, mecanismos de regulación
de consumo, procesos de integración e intercambios con América
del Norte en función del interés nacional. De igual manera,
se visualiza delinear políticas en el sector en función de
las necesidades de refinación y readecuación de la infraestructura.
5. Se ha diseñado la propuesta de dirección
corporativa de tal manera que el director general de la empresa sea, al
mismo tiempo, el presidente del consejo de administración con lo
que se garantiza las simbiosis necesaria que se requiere en la transición
hacia la nueva empresa y la consolidación de su estructura de gobierno,
de gestión pública, de control.
6. Un aspecto innovador es la creación de un comité
de transparencia del gasto y de control de operadores de la industria petrolera
lo cual atiende a la oscuridad con la que opera la empresa actualmente
en tanto que se desconocen las redes de poder económico y empoderamiento
familiar o de pequeños grupos alrededor de la empresa. Se trata
de darle a este comité acceso a los medios de comunicación
masivos para que la sociedad conozca quienes son los que se están
beneficiando con la empresa y como actúan en las contrataciones
distinguiendo tenuemente la evidencia de no corrupción en la consecución
de contratos u otros bienes. Se atiende, así, a la idea de que Pemex
es una empresa donde gravitan ex funcionarios o empresarios que se han
enriquecido por los favores que han recibido de quienes en su momento ocuparon
cargos en la empresa de relevancia o bien de ex funcionarios que se incorporan
a corporaciones para vender los conocimientos y documentos adquiridos en
función de intereses propios y de otros particulares incluso extranjeros.
En tal sentido, se prevé que ningún funcionario pueda ofrecer
sus servicios a empresas similares o asociadas a la industria petrolera
sino hasta después de dos años de haber cumplido sus funciones
dentro de Petróleos Mexicanos. Se atiende, así mismo, a la
pena social que cree que a través de Pemex, entre otras dos o tres
empresas públicas, se han generado las mayores riquezas para pequeños
grupos. De igual manera, se intenta prever que las empresas con las que
operará el nuevo organismo público no desplieguen acciones
de corrupción como en la obtención de contratos en gasolineras,
la operación en las ventas de gas entre otras deformaciones tan
impactantes en la sociedad sobre todo de aquella que no se encuentra adecuadamente
representada por las formas en que la administración de un organismo
público se desenvuelve.
7. Petróleos Mexicanos contará con un contralor
que también será seleccionado por escrutinio público
y acotando el tráfico de influencias en su selección así
como evitando el conflicto de intereses. Los procedimientos de selección
son similares a los que se mencionan para la elección de consejeros
y miembros de los comités previstos en la nueva estructura.
8. Se especifican las funciones que tendrá este
nuevo organismo autónomo contemplando plazos de transición
para su libre gestión pública, autonomía fiscal y
presupuestal, sus relaciones con el congreso en especial con la cámara
de diputados, así como las prevenciones programáticas para
una adecuada planeación estratégica de producción,
preservación de reservas, montos y ventas estratégicas, sistemas
de oleoductos y planes de integración compartida con países
del norte del continente y Centroamérica así como vinculaciones
con otras naciones. Se contemplaría, a la vez, el aspecto de los
excedentes petroleros y las necesidades de reinvertirlos en un 60% para
infraestructura y fortalecimiento de la operación. Así, también
se prevé la planeación para el manejo de petroquímicos
y refinados armonizando esfuerzos entre los distintos órganos y
actores que intervienen en la exploración, explotación, transporte,
refinación y petroquímica cuidando la seguridad energética
del país.
9. Se prevé igualmente la innovación tecnológica
y el desarrollo de la ciencia así como el cuidado del medio ambiente
con criterios de desarrollo sustentable.
10. Se considera la realización de contratos por
parte de la nueva empresa evitando cualquier criterio que implique pago
en especie, retribuciones extraordinarias o compensaciones por estímulo
u otro concepto que implique riesgos para Petróleos Mexicanos o
la propiedad de la nación sobre los recursos de hidrocarburos establecidos
en el artículo 27 constitucional o en cualquiera de las etapas de
la industria petrolera.
11. En materia de rendición de cuentas se prevén
adecuaciones a la organización de la cámara de diputados
par dotar a la junta de coordinación política con facultades
para crear las comisiones que la dinámica política y social
obligue como sería el caso de la creación de este nuevo organismo
autónomo. De esta manera se integraría una nueva comisión
ex profeso para el control de las actividades de este nuevo organismo autónomo
que se crea con esta iniciativa que les propongo. Se trata de aprovechar
la oportunidad para impulsar un nuevo sistema de fiscalización y
rendición de cuentas que incorpore a la sociedad de manera intensa
dentro de una idea integral de derechos humanos.
12. Finalmente se considera la incorporación de
este organismo autónomo a lo establecido en el titulo cuarto de
la constitución en materia de responsabilidades de los servidores
públicos régimen al que quedarían sujetos los integrantes
de este nuevo organismo.
Acudo a esta soberanía del Congreso de la Unión
para presentar el siguiente proyecto de
Decreto que reforma los artículos 25, 28, 74,
93, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 39, 43 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
ARTÍCULO PRIMERO
Se reforma el artículo 25 constitucional, cuarto
párrafo que queda como sigue:
Artículo 25. …
El…
Al…
El sector público tendrá a su cargo, de
manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan
en al Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución,
manteniendo siempre el Estado la propiedad y el control sobre los
organismos que en su caso se establezcan.
ARTÍCULO SEGUNDO
Se reforma el artículo 28 constitucional agregando
12 párrafos después del quinto actual para quedar como sigue:
Articulo 28. …
En…
Las…
No…
El…
Para el caso del petróleo, su exploración,
explotación, almacenamiento, transporte por cualquier modalidad,
refinación y producción de petroquímicos y venta se
contará con un organismo público autónomo denominado
Petróleos Mexicanos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios en cuya integración participan la sociedad civil y organizaciones,
la comunidad académica y científica y los Poderes Ejecutivo
y Legislativo.
Petróleos Mexicanos contará con independencia
en sus decisiones y funcionamiento. Tendrá órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de control del desempeño, de ingresos
y egresos. El órgano superior de dirección será el
consejo directivo que se integrará con un consejero presidente y
ocho consejeros y concurrirán con voz pero sin voto un representante
del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana,
uno de los empresarios y otro de la comunidad académica cuya selección
se precisará en la ley reglamentaria. El presidente del consejo
será, a la vez, el director general de Petróleos Mexicanos.
El consejo contará con un secretario técnico y con seis comités:
de mejoramiento de la gestión pública, deuda, pasivos y auditoria,
mercados internacionales y geopolítica del petróleo, ciencia
y tecnología, inversiones y financiamiento, desarrollo sustentable
y transparencia del gasto y de control del padrón de operadores
de la industria petrolera.
Este último comité dispondrá con
la asignación presupuestal suficiente para mantener informada a
la sociedad en los medios de comunicación masiva sobre contratos
otorgados y los que se otorguen, personas beneficiadas, empresas operadoras,
rendimientos generados, remesas de transnacionales y beneficios nacionales,
intereses generados y transparencia de operaciones. Así también,
informará mensualmente a la auditoria superior de la federación
de la cámara de diputados del congreso de la unión.
La ley determinará las reglas para la organización
y funcionamiento de los órganos del consejo y los que dependan del
director general de Petróleos Mexicanos así como las relaciones
de mando correspondientes. Todos los consejeros e integrantes de comités
y funcionarios de la empresa estarán sujetos al régimen de
responsabilidades establecido en el título cuarto de esta constitución.
El consejero presidente durará en su cargo 6
años sin posibilidad de reelección. Los demás consejeros
durarán en su cargo 8 años, serán renovados en forma
escalonada y no podrán ser reelectos. Todos los consejeros serán
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
de la cámara de diputados, previa consulta a la sociedad, organismos
de la sociedad civil y sectores académicos y de investigación
otorgando la cobertura y oportunidad adecuada en medios de comunicación
masivos para conocer antecedentes y preparación de cada consejero
abriendo espacios de opinión pública a la sociedad.
La ley establecerá las reglas y el procedimiento
correspondientes para el caso de sustitución obligada de los consejeros
y fijará los requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar
estos cargos.
Los consejeros no podrán tener otro empleo,
cargo o comisión con excepción de aquellos con que actúen
en representación del consejo directivo y de los que desempeñen
en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación
o de beneficencia, no remunerados y siempre y cuando no afecten sus funciones
dentro del consejo.
Los miembros que integran los comités y el secretario
técnico serán elegidos por las dos terceras partes de los
miembros presentes del pleno de la cámara de diputados y durarán
en sus cargos seis años sin ser posible su reelección. Serán
igualmente, miembros de la comunidad académica o científica
sometidos a la auscultación de la sociedad a través de los
medios masivos de comunicación abriendo espacios de opinión
pública para que la sociedad, organismos de la sociedad civil, sectores
académicos y de investigación puedan verter sus puntos de
vista oportunamente acerca de la formación y trayectoria de quienes
pueden ser seleccionados para ocupar estos puestos.
Los consejeros, el secretario técnico y quienes
integren los comités no podrán ocupar cargos relacionados
con la industria del petróleo en los sectores privado y público
durante los dos años siguientes al término de su función.
Petróleos Mexicanos contará con un contralor
general que será seleccionado por la cámara de diputados
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, bajo
el mecanismo de auscultación abriendo espacios de opinión
pública en los medios masivos de comunicación para conocer
opiniones de la sociedad, organismos de la sociedad civil, comunidad académica
y de investigación sobre trayectoria, virtudes y defectos de los
candidatos. El contralor general, igualmente, estará sujeto a lo
establecido en el título cuarto de esta Constitución.
Todos los casos de selección serán iniciados
a través de convocatoria pública difundida por los medios
masivos de comunicación durante un mes los fines de semana. En ninguno
de los casos previstos para consejeros, secretario técnico, contraloría
general y miembros de los comités se permitirá parentesco
o afinidad con los miembros de gabinete del ejecutivo federal, empresarios,
quienes integren la junta de coordinación política, mesa
directiva o ejerzan cargo de representación popular en el congreso
de la unión. Se cuidará que los seleccionados no mantengan
un conflicto de intereses evidente que ponga en duda principios de transparencia,
honestidad y cuidado del patrimonio y bienes propiedad de la nación.
Petróleos Mexicanos tendrá a su cargo
en forma integral y directa:
a) Asegurar el aprovechamiento de toda la energía
calorífica de los procesos de refinación y hacer más
eficientes los procesos termodinámicos y de generación de
energía eléctrica.
b) Explotar los recursos continentales y en aguas someras
y aguas profundas considerando necesidades del mercado interno, condiciones
geopolíticas del petróleo, tiempos de exploración
y explotación así como las posibilidades financieras.
c) Adecuar instalaciones petroleras estratégicas
del país para preservar la seguridad energética nacional.
d) Reinvertir sesenta por ciento de excedentes petroleros
de conformidad a las reglas establecidas por la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión.
e) Mantener las reservas petroleras, plataformas de
producción y explotación de acuerdo a las directrices que
apruebe la Cámara de Diputados adoptando estimaciones adecuadas
en la exploración y desarrollo de recursos prospectivos, explotación
de campos abandonados, desarrollo del paleocanal de Chicontepec y exploración
y desarrollo en las aguas profundas del golfo de México.
f) Realizar el programa estratégico de ventas
de petróleo, gas, petroquímica y refinados previa aprobación
de la cámara de diputados y crear y controlar el sistema de recursos
estratégicos de petróleo y combustible.
g) Diseñar y llevar a cabo el programa de coordinación
energética con América del Norte y Centroamérica previa
autorización de la cámara de diputados.
h) Administrar y eficientar el sistema de oleoductos
nacionales para hidrocarburos, gas y refinados.
i) Armonizar los esfuerzos de los diferentes procesos
de exploración, explotación, transporte, refinación
y petroquímica para maximizar el valor económico de Pemex
como empresa integradora cuidando, en todo momento, la seguridad del Estado
mexicano, autosuficiencia en gas natural y crudo, refinación de
crudo y producción de gasolina, diesel y lubricantes.
j) Presentar a la cámara de diputados el presupuesto
anual de la empresa en los mismos términos.
k) Establecidos para el ejecutivo federal en el segundo
párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional
ajustándose a este artículo en lo relacionado con la cuenta
pública y proyectos de ingresos.
l) Ejecutar a corto, mediano y largo plazos, el programa
de autonomía fiscal, y presupuestal en coordinación con la
Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo.
m) Diseñar y ejecutar el programa de mejoramiento
de la gestión pública previa aprobación de la cámara
de diputados eficientando.
n) La normatividad interna evitando duplicidades de
funciones y procesos.
o) Diseñar y dirigir el plan de inversiones
y fortalecimiento de la infraestructura a corto, mediano y largo plazos.
p) Dirigir el programa de desarrollo sustentable.
q) Diseñar y realizar el programa de innovación
científica y tecnológica.
r) Fomentar el desarrollo de la ingeniería y
la técnica nacional y la ampliación racional de la infraestructura
para la sustentabilidad de Petróleos Mexicanos.
s) Transparentar las operaciones informando periódicamente
a la cámara de diputados y a la auditoria superior de la federación
promoviendo la rendición oportuna de cuentas ajustándose,
incluso, a lo establecido en la fracción IV del artículo
74 constitucional.
Para el cumplimiento de sus funciones Petróleos
Mexicanos podrá realizar contratos de servicios y adquisición
de bienes con la especificidad necesaria para realizar siempre pagos en
efectivo evitando cualquier acuerdo que implique pago en especie, retribuciones
extraordinarias o compensaciones por estímulos u otro concepto que
implique riesgos para Petróleos Mexicanos o la propiedad de la nación
sobre los recursos de hidrocarburos establecidos en el artículo
27 constitucional o en cualquiera de las etapas de la industria petrolera
que disponga la ley. De igual manera no se podrá acordar pagos por
riesgos que se tengan durante la realización de obras. En el caso
de proyectos altamente onerosos se cuidará la moderación
de perdidas eventuales compartidas entre partes contratantes y no sepermitirá
compartir los beneficios derivados de esos proyectos. De igual manera se
mantendrá la propiedad por parte del Estado de refinerías,
redes de ductos y sistemas de tanques de almacenamiento.
ARTÍCULO TERCERO
Se reforma el artículo 74 de la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IV
para quedar como sigue:
Artículo 74. …
I. a III. …
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación y de los organismos autónomos previo examen,
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado
una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse
para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año
anterior. La cámara de diputados a través de la comisión
respectiva podrá llamar a comparecer en cualquier momento al funcionario
de las entidades del poder ejecutivo o de organismos autónomos para
realizar aclaraciones necesarias al ejercicio en curso o a la cuenta pública
del año anterior.
El Ejecutivo federal y organismos autónomos
harán llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de
los organismos autónomos a más tardar el día 8
de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho o el director
del organismo autónomo correspondiente a dar cuenta de los mismos.
…
Se abroga: No podrá haber otras…
…
…
…
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación
de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos,
así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del
Ejecutivo o director del organismo autónomo que corresponda suficientemente
justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente,
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho o director
general del organismo autónomo correspondiente a informar de
las razones que lo motiven;
ARTÍCULO CUARTO
Se reforma el artículo 93 de la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos en sus tres párrafos
para quedar como sigue:
Artículo 93.
Los secretarios del despacho, los jefes de los departamentos
administrativos y los directores generales de los organismos autónomos,
luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán
cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a
los secretarios de estado, al Procurador General de la República,
a los jefes de departamentos administrativos, los directores generales
de organismos autónomos, así como a los directores y
administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas
de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos
ramos o actividades.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus
miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata
de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar
el funcionamiento de dichos organismos autónomos, descentralizados
y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados
de las investigaciones se harán del conocimiento del ejecutivo federal
o
del consejo directivo de los organismos autónomos en su caso.
ARTÍCULO QUINTO
Se reforma la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el Capítulo Cuarto, artículos
108, 110 y 111.
Artículo 108.
Para los efectos de las responsabilidades a que alude
este Título se reputarán como servidores públicos
a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios
y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración
Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los
servidores del Instituto federal electoral y de Petróleos Mexicanos
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran
en el desempeño de sus respectivas funciones.
Artículo 110.
Podrán ser sujetos de juicio político los
senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la
Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento
administrativo.
Los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República,
el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados
de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común
del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal,
el consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo
del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal electoral,
el consejero Presidente, los Consejeros y miembros de comités y
el Contralor de Petróleos Mexicanos, los Directores Generales
y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas
y fideicomisos públicos.
Artículo 111.
Para proceder penalmente contra los diputados y senadores
del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral,
los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los
jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito
Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, el procurador general
de la República y el procurador general de Justicia del Distrito
Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el consejero presidente,
los consejeros, los miembros de comités y el contralor de Petróleos
Mexicanos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su
encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría
absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a
proceder contra el inculpado.
ARTÍCULO SEXTO
Se reforma la Ley Orgánica del Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos en su capítulo sexto, sección
primera, artículo 39; en su sección segunda artículo
43, para crear la comisión del petróleo, como comisión
ordinaria para la elaboración de dictámenes, informes, opiniones
o resoluciones contribuyendo a que la cámara cumpla sus atribuciones
constitucionales y legales en materia de petróleo particularmente;
en su sección tercera, artículo 45, fracciones 1 y 4.
Así, en el artículo 39 se agrega una fracción
con el número XXVII denominada Petróleo, y se recorren las
comisiones anotadas desde el número XXVII a partir del XXVIII y
así sucesivamente para quedar como sigue:
Artículo 39
1. Las comisiones…
2. La Cámara de…
I. a III-XXVI…
XVII. Petróleo.
XVIII- XLI…
El artículo 43 queda como sigue:
Artículo 43
Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer
mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros
y el encargo de sus integrantes será por el término de la
misma. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para
estos efectos, no se computará la pertenencia las comisiones jurisdiccional
y las de investigación. El Pleno podrá acordar la constitución
de una comisión ordinaria en cualquier tiempo, cuando así
lo recomiende la tercera parte de los miembros de la junta de coordinación
política.
El artículo 45 queda como sigue:
3. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el
acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación
a las dependencias y entidades del ejecutivo Federal y organismos autónomos
cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa
relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los
ordenamientos aplicables.
2. …
4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponda
con los ramos de la Administración Publica Federal y organismos
autónomos harán el estudio del informe a que se refiere
el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según
su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten
las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir
mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores
públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de
las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia
requieran la presencia en la Cámara del titular de la Dependencia,
la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
que el Secretario del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo o
director
general del organismo autónomo correspondiente comparezca ante
el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 93 constitucional.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor un día después de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Notas
1. El estudio sobre la empresa pública y su importancia
en los procesos de globalización es retomado del capítulo
8 de Megatendencias en mercados globalizados. Génesis y praxis
interventora del Estado mexicano, de Camacho Arciniega, Ladislao. Praxis
Democrática, APN, México, octubre de 2007. Se respetan todas
las citas.
2. Villarreal, Hacia una nueva economía de
mercado institucional y participativa, Ediciones Castillo, México,
1998, página 232.
3. Kliksberg, Bemardo. Repensando el Estado para el
desarrollo social: más allá de dogmas y convencionalismos,
ponencia
central en materia de desarrollo social de la Reunión Mundial de
Expertos, convocada por la División de Gobernabilidad, Administración
Pública y Finanzas de Naciones Unidas, Nueva York, 27 de mayo a
3 de junio de 1997, página 11.
4. Véase Thurow, Lester. La guerra del siglo,
Vergara Editores, 1992.
5. Uvalle Berrones, Ricardo. Las transformaciones
del Estado y la administración pública en la sociedad
contemporánea, IAPEM-UAEM, México, 1998, página
44.
6. Villarreal, op. cit, página 233.
7. Ayala Espino, José Luis. Límites
del mercado. Límites del Estado, INAP, México, 1992,
página 15.
8. Ibídem, página 14 [subrayado mío].
9. Uvalle Berrones, op. cit., página 46.
10. Oszlak, Óscar. "Estado y sociedad: las nuevas
fronteras", en Kliksberg, Fernando (compilador). El rediseño
del Estado. Una perspectiva internacional, INAP-FCE, México,
1994, página 47.
11. Kliksberg, op. cit., página 13.
12. Bresser Pereira, Luiz Carlos. "Una reforma gerencial
de la administración pública en Brasil", en Revista CLAD,
página 64.
13. Oszlak, Óscar, op. cit., página
75.
14. Guillén Romo, Héctor. La contrarrevolución
neoliberal, Ediciones Era, México, 1997, páginas 206-207.
15. Ibídem, páginas 208-209.
16. Ibídem, página 210.
17. Kurth, James R. "La cuenca del Pacífico frente
a la Alianza del Atlántico: dos paradigmas de las relaciones internacionales",
en López Villafañe, op. cit., páginas 21-49.
18. Véase Stiglitz, Joseph. El malestar en
la globalización, Taurus, Madrid, 2002.
19. Inostroza, Fernández, Luis. Privatizaciones
megatendencias y empresas públicas, UAM-Azcapotzalco,
México, 1997, página 217.
20. Ortiz, Édgar; et al. "Estructura financiera
de las empresas paraestatales del subsector marítimo mexicano",
en Empresa pública. problemas y desarrollo, CIDE, México,
volumen 1, número 1, enero-abril de 1986, página 171.
21. Oslak, op. cit., página 39.
22. Citado por Cabrero Mendoza, Enrique. Del administrador
al gerente público, INAP, México, 1997, página
29.
23. lbídem, página 29-30.
24. Oszlak, op. cit., página 38.
25. Citado por Alcántara Sáez, Manuel.
"Los problemas de gobernabilidad", en Merino Huerta, Mauricio (coordinador).
Cambio
político y gobernabilidad, Colegio Nacional de Ciencias Políticas
y Administración Pública-Conacyt, México, 1992, página
36.
26. Véase Linz, Juan. La quiebra de las democracias,
Alianza
Universidad, Madrid, 1987.
27. Citado por Alcántara Sáez, op. cit.,
página 36.
28. Bidart Campos, Germán. El derecho constitucional
del poder, tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1967, página 129.
29. Confróntese Reinhold, Zippelius. Teoría
general del Estado (Héctor Fix Fierro, traductor), Porrúa,
México, 1989, páginas 289 y siguientes.
30. Romano, Santi. "Nozione e natura degli organi costituzionali
dello Stato", Scritti minori, tomo I, Diritto costituzionale,
Giuffrè, Milán, 1950, páginas 6-12.
31. Sandulli, Aldo M. "Sulla <posizione> della Corte
Costituzionale nel sistema degli organi supremi dello Stato", Scritti giuridici,
tomo I, Diritto Costituzionale, Jovene, Nápoles, 1990, páginas
404 y siguientes.
32. Respectivamente, Mortati, Costantino. Istituzioni
di diritto pubblico, tomo I, décima edición, CEDAM, Padova,1991,
página 213. Cheli, Enzo. "Organi costituzionali e organi di rilievo
costituzionale", Archivio Giuridico Filippo Srafini, julio de 1965,
páginas 112 y siguientes.
33. En este sentido, Barile, Paolo. "La Corte Costituzionale,
organo sovrano: implicazioni pratiche", en Giurisprudenza costituzionale,
Giuffrè, Milán, 1957, páginas 911-913.
34. Tomamos la idea de Zagrebelsky, Gustavo. La giustizia
costituzionale, Il Mulino, Bolonia, 1998, página 81.
35. Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución
para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional,
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2000,
página 244.
36. Entre ellos, Carpizo, Jorge. "El ministerio fiscal
como órgano constitucional autónomo", en Revista de Estudios
Políticos, nueva época, número 125, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, páginas
66 y siguientes. También Cárdenas Gracia. Una Constitución…,
op. cit. Caballero, José Luis. "Los órganos constitucionales
autónomos: más allá de la división de poderes",
en Jurídica, anuario del Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana, número 30, Themis, México, 2000, páginas
153 y siguientes.
37. Tesis de jurisprudencia número P./J. 20/2007,
rubro: Órganos constitucionales autónomos. Notas distintivas
y características. La tesis derivó de la controversia constitucional
31/2006, fallada en sesión de 7 de noviembre de 2006 y se encuentra
pendiente de publicación.
38. Rodríguez-Patrón, Patricia. La potestad
reglamentaria del Tribunal Constitucional, Iustel, Madrid, 2005, páginas
27 y siguientes.
39. Acúdase a Giannini, Autonomia, op. cit.,
páginas 356 y siguientes.
40. Nava Negrete, Alfonso; y Quiroz Acosta, Enrique.
"Autonomía administrativa", en Enciclopedia jurídica mexicana,
Porrúa- UNAM, México, 2004, página 438.
41. Véase Valadés, El control…, op.
cit., páginas 116 y siguientes.
Palacio Legislativo, a 20 de agosto de 2008.
Diputado Joel Guerrero Juárez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Agosto
20 de 2008.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
4o.-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
TOMÁS GLORIA REQUENA EN NOMBRE PROPIO, DE LA SENADORA AMIRA GÓMEZ
TUEME Y DE LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, HORACIO
GARZA GARZA, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO Y MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ SALUM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
De conformidad con los artículos 71, fracción
II, 72 y 78, fracción III, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el suscrito, diputado Tomás Gloria Requena, en nombre propio, de
la Senadora Amira Gómez Tueme y de los diputados Marco Antonio Bernal
Gutiérrez, Horacio Garza Garza, Enrique Cárdenas del Avellano
y Miguel Ángel González Salum, de Tamaulipas, integrantes
del Grupo Parlamentario del PRI, por conducto de la Comisión Permanente
y para efectos de su turno a la Cámara de Diputados, presenta la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo
4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del Fondo de
Extracción de Hidrocarburos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es del conocimiento general que la actividad petrolera
desempeña un papel estratégico en la economía global.
Los hidrocarburos, en particular el petróleo, representan un bien
de singular relevancia en los procesos económicos. Su comercialización
genera altos ingresos.
Sin embargo, tanto en México como en el mundo,
la actividad relacionada con la extracción, producción y
procesamiento del petróleo y del gas no siempre refleja mejores
condiciones de vida para las personas que viven en las poblaciones donde
se realizan esas actividades; por el contrario, impactan negativamente
a las otras actividades productivas de esas regiones, principalmente por
el deterioro del medio ambiente, que se traduce en erosión de los
suelos, disminución de la calidad del agua, emisión de gases
contaminantes y pérdida de la biodiversidad por la modificación
de los ecosistemas terrestres y marinos.
En nuestro país, en tanto entidad federal para
el desarrollo exclusivo de las actividades a cargo del Estado mexicano,
Petróleos Mexicanos ha incidido en conductas y actividades que presionan
significativamente la infraestructura y los servicios necesarios para su
funcionamiento y desarrollo, así como al medio ambiente, con lo
que se generan demandas para la asignación de recursos públicos
destinados a su atención y restauración, respectivamente.
Aunque reconocemos que Pemex busca establecer relaciones
más armónicas con las comunidades donde realiza sus operaciones,
toda vez que sus representantes están conscientes de que su presencia
significa un factor determinante para un desarrollo sustentable de la región,
si en realidad aspiramos a propiciar un equilibrio armónico entre
las actividades de Pemex y las demás actividades productivas de
las regiones, estados y municipios involucrados, resulta necesario establecer
nuevos mecanismos que permitan hacer patente un vínculo directo
entre el desarrollo específico de la industria petrolera en esos
ámbitos y el mejoramiento de las condiciones de vida para la población
donde se llevan a cabo.
De esta manera, corresponde a las dependencias competentes
de los tres órdenes de gobierno, a Pemex y a la sociedad en general,
coordinar los esfuerzos tendentes a evaluar, atender y remediar las afectaciones
de diversa índole que ocasiona la industria petrolera, con lo que
se determina un compromiso de corresponsabilidad entre quienes generan
y quienes reciben las consecuencias de esas actividades.
Hasta ahora observamos con interés que con motivo
de la reforma energética se han realizado debates y análisis
de las iniciativas y propuestas presentadas. Sin embargo, no hay planteamientos
federalistas sobre la forma directa en que las entidades federativas y
los municipios de las mismas, puedan legítimamente recibir beneficios
específicos directos derivados de la extracción, aprovechamiento
y transformación básica de los hidrocarburos que se realizan
dentro de su territorio, a pesar de que en el curso de su historia han
padecido múltiples impactos negativos, sin que la federación
los haya resarcido plenamente.
Si todos coincidimos en que es necesario realizar mayor
inversión económica en Pemex, con la consecuente creación
de empleos, y abrir la posibilidad a la construcción de refinerías
y el aumento en la capacidad de Pemex para realizar las tareas inherentes
a su objeto, entonces es absolutamente indispensable observar la problemática
detectada en las entidades federativas y sus municipios en materia tanto
de ampliación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento
como de deterioro al medio ambiente y las dificultades para asegurar la
sustentación del desarrollo. Ello implica reflexionar el aliento
a la participación de los beneficios de la industria petrolera para
esos ámbitos locales. Es la vía para hacer frente al gran
pasivo social que obligadamente debe ser resarcido.
En efecto, si bien el país ha tenido grandes beneficios
por extracción, aprovechamiento y procesamiento de hidrocarburos
en las zonas donde se ha desarrollado la industria petrolera, son muy pocos
los efectos positivos que se sienten a nivel local, a pesar de que la actividad
de Pemex y sus contribuciones representan más de un tercio de los
ingresos fiscales de la nación.
Con el ánimo de iniciar la corrección de
esta situación, en las reformas al sistema fiscal mexicano y en
particular a las normas de coordinación entre la federación
y las entidades federativas en el ámbito fiscal, la Ley de Coordinación
Fiscal incorporó a partir del presente año los denominados
"Fondo de Fiscalización" y "Fondo de Extracción de Hidrocarburos",
sin demérito de la recaudación prevista en la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios por enajenación de
gasolina o diesel. Las recaudaciones participables en términos de
estos conceptos se establecieron para fortalecer los ingresos y la capacidad
de las entidades federativas para hacer frente al cumplimiento de sus funciones
constitucionales, enfatizándose que el Fondo de Extracción
de Hidrocarburos se concentraría en las entidades federativas donde
se realizan actividades de esa naturaleza.
En particular debe destacarse que el Fondo de Fiscalización
(1.25 por ciento de la recaudación federal participable) y el Fondo
de Extracción de Hidrocarburos (0.46 por ciento del importe por
el derecho ordinario sobre hidrocarburos para las entidades federativas
donde se realizan actividades de extracción de petróleo y
gas) no tienen señalado un destino específico del gasto público.
No así en lo relativo a los ingresos de 9/11 partes
de la recaudación del impuesto especial sobre producción
y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel. En este caso
la aplicación de los recursos ha de ser en forma exclusiva para
inversiones en infraestructura vial, en infraestructura hidráulica,
en proyectos de movilidad urbana y en programas de protección y
conservación ambiental, destinándose al menos una octava
parte de esos ingresos a este último objeto.
No obstante el avance referido con el establecimiento
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, existe riesgo de que el
importe derivado del porcentaje del derecho ordinario de hidrocarburos
que integra el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, de por sí
bajo, disminuya año con año debido al cambio en el régimen
fiscal de Pemex, pues dicho derecho pasó de 79 por ciento en 2007
a 74 por ciento en 2008, y se prevé que llegará 71.5 por
ciento en 2014. Ello limitaría la disponibilidad de recursos destinados
a resarcir a los estados con actividad petrolera.
Como es sabido, los recursos del fondo en cuestión
se distribuyen mediante una fórmula elaborada en función
del volumen de extracción de hidrocarburos, siendo 75 por ciento
por crudo y 25 por ciento por gas natural; sin embargo, las diarias y cada
vez mayores actividades extractivas, como son la perforación de
nuevos pozos de extracción de gas y crudo, hacen que actualmente
no corresponda la relación de porcentajes de esas actividades en
el conjunto de las tareas extractivas.
Por tanto, cada día que pasa se hace evidente que
menos de medio punto porcentual de un derecho descendente resulta ser una
previsión muy baja para permitir a estados y municipios donde se
desarrollan actividades extractivas, una inversión adecuada para
resarcir los impactos de dicha industria y contribuir a su operación
en un entorno positivo.
Como se ha expuesto, el fondo considera como único
criterio compensatorio la extracción de hidrocarburos. La fórmula
no considera la exploración, la apertura y el desarrollo de nuevos
pozos puestos en reserva, ni los costos sociales y económicos que
generan otras actividades de Pemex, en particular, las asociadas a la producción
de petrolíferos y petroquímicos básicos, que por sus
impactos significativos en la infraestructura y el ambiente de donde se
realizan también deberían ser compensados.
Debido a esta deficiencia, entidades con una fuerte presencia
de Pemex simplemente no se benefician de este fondo, como Guanajuato, Hidalgo,
Nuevo León y Oaxaca. Al mismo tiempo otras, a pesar de su importancia
petrolera, tienen una participación muy baja en dicho fondo, como
Veracruz, con 6.7 por ciento de participación, y Tamaulipas, con
9.2 por ciento, a pesar de que en sus territorios no sólo se efectúan
actividades de exploración y producción petrolera y de gas,
sino también de producción de petrolíferos y petroquímicos
básicos. Eso sin contar la gran cantidad de accidentes sufridos
en sus regiones a lo largo de la historia de la industria petrolera de
nuestro país.
En consecuencia, el fondo debe superar la insuficiencia
conceptual para replantearse, de manera que prevea tanto los efectos, las
necesidades, los riesgos de las labores de exploración y extracción
de petróleo y de gas, como por las actividades y riesgos de la producción
de petrolíferos y de sustancias de la petroquímica básica.
A su vez, debe prever mayor porcentaje para compensar
a los estados y municipios donde se desarrolla la industria petrolera,
por los beneficios que la extracción de hidrocarburos y la producción
de petrolíferos y de petroquímicos básicos brindan
a las finanzas públicas nacionales, de tal suerte que se tomen en
cuenta los altos costos que pagan esas regiones por el deterioro ambiental,
la incidencia de accidentes y contingencias ecológicas derivadas
de las actividades petroleras y el desgaste de la infraestructura que generan
Pemex y sus organismos subsidiarios.
En tal virtud, a partir del establecimiento del Fondo
de Extracción de Hidrocarburos se propone su transformación
en "Fondo de Hidrocarburos", para considerar además de la extracción
de hidrocarburos, la nueva relación de exploración y apertura
de pozos en las entidades federativas donde se extrae el petróleo
y el gas; así como considerar también a aquellas entidades
donde se realizan actividades de producción de petrolíferos
y de transformación en el ámbito de la petroquímica
básica.
Esta propuesta se basa en diversas consideraciones inherentes
a la connotación nacional de los hidrocarburos y la industria petrolera,
así como a la contribución que al buen éxito de sus
actividades se realiza en las entidades federativas donde hay actividades
de exploración, extracción, producción y transformación
de hidrocarburos.
Si algún elemento de convicción general
existe en nuestro país con relación a los hidrocarburos es
que constituyen una riqueza nacional; una riqueza que pertenece a la nación
mexicana y, por ende, a todos y cada uno de los mexicanos.
Ese patrimonio público se encuentra distribuido
geográficamente en distintos ámbitos de nuestra República.
En particular, como se ha señalado, las actividades extractivas
de petróleo y de gas se llevan a cabo en el territorio de Campeche,
Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. Lo anterior entraña que
la preponderancia de la industria petrolera requiera inversiones, entre
otras, en cuanto a desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física
básica de caminos y vías de comunicación terrestres,
así como de dotación de servicios públicos en ámbitos
urbanos y rurales. A su vez, debemos hacernos cargo de que la industria
petrolera conlleva procesos que pueden afectar y han afectado la sustentabilidad
del desarrollo, por lo que en forma consecuente es indispensable invertir
en procesos de restauración y preservación del ambiente.
Cabe insistir, por otro lado, que la industria petrolera
entraña no sólo las tareas de extracción de hidrocarburos,
con su inicial exploración, sino también su transformación
mediante procesos de refinación y de petroquímica básica
a cargo del Estado mexicano. Por razones estratégicas de ubicación
geográfica, tanto por la cercanía y el traslado del petróleo
y del gas como por su relevancia para efectos de distribución a
la república y de exportación al extranjero, las instalaciones
de la industria petrolera en la que se producen petrolíferos y se
llevan a cabo procesos previstos en el concepto petroquímica
básica se construyen específicamente en algunas entidades
federativas de nuestra república.
Así, además de las entidades federativas
ya mencionadas en materia de extracción de petróleo, figuran
como entidades donde se efectúan actividades de producción
de gas Campeche, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; como
entidades donde se realizan actividades de producción de petrolíferos
Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz;
y, como entidades donde se ubican tareas de producción de petroquímicos
de Pemex, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco,
Tamaulipas y Veracruz.
Si bien el total de los ingresos por concepto del derecho
ordinario sobre hidrocarburos contribuye al financiamiento integral de
las finanzas públicas nacionales, se ha reconocido la pertinencia
de considerar un porcentaje de dichos ingresos para apoyar el desarrollo
de las entidades donde se llevan a cabo actividades extractivas de hidrocarburos,
a fin de contribuir a la inversión pública local, es factible
avanzar en el fortalecimiento del Fondo de Hidrocarburos previsto en la
Ley de Coordinación Fiscal, y en la vinculación de esos ingresos
a actividades específicas sancionadas en el propio ordenamiento.
Como se señaló, el Fondo de Extracción
de Hidrocarburos representa 0.46 por ciento de los ingresos anuales por
concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos que Petróleos
Mexicanos entera a la nación por conducto de la federación.
Ese fondo beneficia hoy en Campeche, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz
en términos de la fórmula prevista en el artículo
4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal; se distinguen sendos coeficientes
de extracción de petróleo y gas, y de producción de
gas asociado y no asociado.
Ahora se propone incrementar el número de entidades
federativas beneficiarias de estos recursos, al incluir a aquellas donde
se realizan actividades de transformación de los hidrocarburos y
la elevación a 2 por ciento del derecho ordinario sobre hidrocarburos
como ingreso distribuible al conjunto de entidades federativas donde se
realizan actividades extractivas y de producción de petrolíferos
y petroquímicos básicos. Cabe señalar que ese porcentaje
equivale a los ingresos fiscales federales de menos de cinco días
del derecho ordinario sobre hidrocarburos.
A su vez, se propone replantear la distribución
del fondo para que la mitad se asigne de acuerdo con el volumen de extracción;
se prevé cambiar la fórmula actual de 75 por ciento por crudo
y 25 por ciento por gas y connotar la nueva relación de apertura
y exploración de nuevos pozos, para llevarla a 60 por ciento por
crudo y 40 por ciento por gas; y que la otra mitad se asigne en 90 por
ciento en función de la producción de petrolíferos
y 10 por ciento en función de petroquímicos básicos,
toda vez que esos porcentajes corresponden aproximadamente al peso específico
de esas actividades en las cuentas económicas nacionales, aunque
tomando en cuenta que la petroquímica básica incrementa al
doble el riesgo para su población.
Así, al considerar no sólo la extracción
de hidrocarburos, sino también la producción de petrolíferos
y petroquímicos, se verían favorecidos estados y municipios
que actualmente no están incluidos en el fondo, tales como Guanajuato,
Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca, a pesar de la fuerte presencia de
las actividades de Pemex en su territorio.
De igual modo, los que ya reciben ingresos del fondo verían
incluida su participación en actividades productivas de petrolíferos
y petroquímicos básicos. Ello reflejaría de mejor
manera su importancia para las distintas vertientes de la industria petrolera
nacional.
En forma adicional, es conveniente establecer un mandato
legal preciso sobre el objeto del gasto del Fondo de Hidrocarburos. Hemos
argumentado que este fondo constituye un mecanismo de compensación
y apoyo a las entidades federativas por su contribución al buen
desarrollo de las actividades de la industria petrolera. Debe ser un ingreso
que objetivamente quede vinculado a la razón de su establecimiento.
Por ello, como ocurre con el señalamiento de otros
fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y, significativamente
el de los ingresos por enajenación de gasolinas y de diesel, se
plantea vincular los recursos del Fondo de Hidrocarburos a dos actividades
específicas de gasto: la inversión en programas de infraestructura,
equipamiento y prestación de servicios públicos, y la inversión
en programas de protección, conservación y restauración
del ambiente; se prevé que la inversión en el segundo objeto
referido no sea menor que 20 por ciento de los recursos recibidos con motivo
de este fondo.
Adicionalmente, con relación al destino de estos
recursos, se plantea que los ingresos derivados del Fondo de Hidrocarburos
no podrán utilizarse para sustentar el gasto corriente de las entidades
federativas y municipios que los reciban.
El hecho de que regiones y estados productores y transformadores
de petróleo cuenten con un mecanismo de apoyo fiscal federal directo
por el desgaste que implican las actividades de la industria petrolera
que se realizan en sus jurisdicciones, representa una manera idónea
de resarcir el impacto del medio ambiente y el deterioro en la infraestructura
y los servicios públicos.
Por lo anterior, presentamos a esta soberanía la
siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 4o.-B de la
Ley de Coordinación Fiscal
Único. Se reforma el artículo 4o.-B
de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 4o.-B. El Fondo de Hidrocarburos
estará formado con 2 por ciento del importe obtenido por el derecho
ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción,
en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal
de Derechos.
El fondo a que se refiere este artículo será
distribuido entre las entidades federativas que formen parte de las clasificaciones
de extracción de petróleo y gas, así como de producción
de petrolíferos y petroquímicos básicos, definidas
en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, de acuerdo
con la fórmula siguiente:
Tit=(0.3 C1it+0.2 C2it+0.45 C3it+0.05 C4it) FHIt
en donde FHIt se refiere al Fondo de Hidrocarburos
en el año por repartir.
es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo
y gas.
es el coeficiente relativo a la producción de gas
asociado y no asociado.
C3it=PPi,t-1
ÓPPi,t-1
i
es el coeficiente relativo a la producción de petrolíferos.
C4it =PQi,t-1
ÓPQi,t-1
i
es el coeficiente relativo a la producción de petroquímicos
básicos.
EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta
de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la clasificación
de extracción de petróleo y gas definida en el último
censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
EXGi,t-1 es el valor de producción de gas
natural asociado y no asociado de la entidad federativa i, en el
año anterior para el cual se realiza el cálculo, según
el Sistema de Información Energética;
PPi,t-1 es el valor de producción de petrolíferos
de la entidad federativa i, en el año anterior para el cual
se realiza el cálculo, según el Sistema de Información
Energética.
PQi,t-1 es el valor de producción de petroquímicos
básicos de la entidad federativa i, en el año anterior
para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información
Energética.
Ó es la sumatoria de la variable que le
sigue, sobre las entidades que formen parte de la clasificación
de extracción de petróleo y gas, así como de la clasificación
de producción de petrolíferos y petroquímicos básicos
definida en el último censo económico realizado por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
enterará a las entidades federativas las cantidades correspondientes,
a más tardar el 25 del mes posterior a la presentación de
los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de la Ley
Federal de Derechos. Asimismo, dicha dependencia efectuará el ajuste
que corresponda a los enteros mensuales provisionales, de acuerdo con la
declaración definitiva a que se refiere el artículo 254 de
dicha ley.
Los recursos que reciban las entidades federativas en
términos de este artículo deberán destinarse a la
inversión en programas de infraestructura, equipamiento y prestación
de servicios públicos; y a la inversión en programas de protección,
conservación y restauración del ambiente y de desarrollo
científico y tecnológico para ese propósito, incluidos
en ambos casos los estudios y proyectos correspondientes. De todos los
recursos de este fondo, al menos 20 por ciento se dedicará al segundo
objeto de inversión previsto en este párrafo.
Al menos 20 por ciento de los recursos percibidos con
motivo de este fondo por las entidades federativas se distribuirá
entre los municipios de las entidades, conforme a la determinación
de la legislatura del estado, y se destinarán a los objetos del
gasto previsto en el párrafo anterior.
En todo caso, los recursos de este fondo que correspondan
a las entidades federativas y a los municipios de éstas no podrán
destinarse a financiar su gasto corriente.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20
de agosto de 2008.
Senadora Amira Gómez Tueme (rúbrica);
Diputados
Tomás Gloria Requena (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez,
Horacio Garza Garza (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano,
Miguel Ángel González Salum (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Agosto 20 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, RECIBIDA
DEL DIPUTADO FERNANDO QUETZALCÓATL MOCTEZUMA PEREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Fernando Moctezuma Quetzalcóatl
Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración
de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, bajo la
siguiente:
Exposición de Motivos
La década de los años 90 fue un período
de enorme aceleración del proceso de globalización de la
economía y del comercio, así como de la consolidación
de diversos mercados internos y de generación de instrumentos e
instituciones internacionales que facilitan hoy el tránsito de bienes
y servicios, transformándonos como bien lo definió Marshall
McLuhan, en una "aldea global".
Este período de desarrollo económico, motivado,
entre otras causas, por los procesos ya mencionados, ha producido crecimientos
importantes y sostenidos en la demanda de transportes a nivel mundial.
En tal sentido, los medios de transporte de mercancías también
han evolucionado. Ello ha incrementado de forma estratégica el manejo
y transporte de bienes y mercancías de diversa índole, convirtiéndose
esta actividad, además de una fuente importante para la generación
de ingresos económicos, en un instrumento clave para el desarrollo
de la economía productiva y, al mismo tiempo, motivo de preocupación
para la seguridad y preservación del medio ambiente.
La utilización de antiguos y nuevos materiales
y sustancias peligrosas en la sociedad moderna, es algo frecuente, ejemplo
de ello son los combustibles empleados como fuente de energía en
diversos procesos industriales o en el transporte.
También existen otros tipos de elementos que intervienen
como materias primas en procesos productivos destinados a la fabricación
de fertilizantes, pinturas, telas, medicamentos, sustancias para higiene,
entre otros. El transporte de estas sustancias, ya sea por tierra, mar
o aire es de gran interés en todo el mundo, pues el que lleguen
a su destino en óptimas condiciones, en los tiempos acordados y
sin poner en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las personas, son
factores que influyen para que la industria y la actividad comercial genere
óptimos rendimientos económicos.
La movilización de estos productos entre los lugares
de producción y los de consumo, se efectúa a través
de los diferentes modos de transporte, pero principalmente por el transporte
por carretera. En el caso del desplazamiento de los vehículos por
las vías de comunicación, se han incrementado exponencialmente
los riesgos potenciales que pueden causar lesiones o la muerte a los que
realizan la operación de la movilización, a la población
así como daños a la salud colectiva y del medio ambiente.
Prueba de ello son los accidentes carreteros que se han dado por volcaduras
de pipas de gas y camiones que transportan gasolina. En México,
hay 8 mil 156 estaciones de servicio que actualmente distribuyen los combustibles
al público. Diariamente se transportan 112 millones de litros de
Magna, 60 millones de litros de diesel y 15 millones de litros de Premium.
En México se venden diariamente, 187 millones de litros de combustibles.
La población, en general, desconoce los peligros
potenciales que posee el transporte de mercancías peligrosas. Tan
sólo en Michoacán se generan diariamente 2 toneladas diarias
de desechos infecciosos; y en el Distrito Federal, la cifra asciende a
190 toneladas diarias que requieren de transportación para su manejo
y destino final. Por esta razón, el transporte y las operaciones
de carga y descarga de materiales, desechos y sustancias peligrosas deben
reglamentarse de manera actualizada a las nuevas condiciones químicas,
el acceso a centros urbanos y la evolución del propio transporte,
para minimizar los riesgos de posibles incidentes.
La contaminación producida por el manejo de sustancias
y residuos peligrosos, se traduce en la debilidad de una civilización
que ha promovido el crecimiento económico y la industrialización,
como prototipos de modernización y progreso económico. El
desarrollo de las sociedades se ha realizado a costa de la extracción
y destrucción acelerada de los recursos naturales y daños
a los ecosistemas, en muchas ocasiones irreversibles.
Lo anterior ha traído como consecuencia deficiencias
energéticas y el uso excesivo de materiales y sustancias químicas
de manejo peligroso, en los procesos productivos y de generación
de servicios, lo que ocasiona generación de residuos tóxicos
que son altamente riesgosos para la salud y la seguridad de la sociedad.
Por ello, las características físicas y
químicas de ciertos materiales y sustancias químicas involucradas
en las diversas actividades de la industria o los servicios, constituyen
factores de la mayor importancia para definir su grado de riesgo en su
manejo y muy en especial en su transporte.
El transporte y distribución de materiales, substancias
y desechos peligrosos en el territorio nacional por vía terrestre,
es una actividad que nace como producto del desarrollo de la industria
química, los progresos técnicos y los adelantos tecnológicos,
que dan lugar a la aparición de nuevos productos y materiales. No
obstante lo anterior, las deficiencias y mal estado de la infraestructura
de puentes, caminos y carreteras en nuestro país, generan niveles
altos de riesgo en el traslado, lo que se traduce en un peligro para las
personas, las comunidades y el medio ambiente.
Transportar desechos, materiales y sustancias peligrosas,
con bajos niveles de seguridad y desconocimiento de las autoridades, puede
convertirse en un potencial peligro para la salud de las personas y del
medio ambiente.
Lo anterior hace prioritaria la salvaguarda en todo momento
y bajo cualquier circunstancia del bienestar y protección de la
población, el medio ambiente, el patrimonio público y privado
y la actividad productiva y económica nacional. Por ello, el transporte
de estos productos debe hacerse siempre bajo el conocimiento de las autoridades
y cumpliendo con los ordenamientos legales y procesos determinados en la
normativa oficial mexicana.
La iniciativa que se propone hoy al pleno de esta honorable
asamblea, reforma y adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, se adiciona un nuevo texto en la fracción XI del artículo
8o, referente a los supuestos por los cuáles la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes otorga permisos, con la finalidad de incluir
el transporte de materiales y sustancias químicas, tóxicas,
peligrosas o explosivas, así como de desechos peligrosos.
Asimismo, se adiciona un nuevo texto en la fracción
XIII del artículo 17, en el cual se establecen las causales de revocación
de las concesiones y permisos por parte de la secretaría, a efecto
de incluir como una de ellas, el incumplimiento de las disposiciones legales
sobre el manejo de materiales y sustancias químicas, tóxicas,
peligrosas, explosivas y desechos peligrosos.
Finalmente se propone una reforma al párrafo segundo
del artículo 50, a efecto de que los términos y condiciones
a que se sujeta el servicio de autotransporte de materiales, remanentes
y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación,
se sujete a principios de responsabilidad social, seguridad pública,
seguridad en las vías generales de comunicación, reposición
equitativa de riesgo y daños sociales, corresponsabilidad, actualización
y planeación adecuada.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a
la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Único. Se reforma el artículo 50,
se adiciona un nuevo texto en la fracción XI del artículo
8o., recorriéndose el texto vigente de la actual y las demás
fracciones y párrafos en orden consecutivo, se reforma el decimoquinto
párrafo y se adiciona un nuevo texto en la fracción XIII,
recorriéndose el texto vigente de la actual y las demás fracciones
en orden consecutivo, todos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 8o. ...
I. a X. ...
XI. El transporte de materiales y sustancias químicas,
tóxicas peligrosas o explosivas y desechos peligrosos;
XII. ...
En los casos a que se refieren las fracciones I a III,
IV y XII del presente artículo, los permisos se otorgarán
a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y su
reglamento.
...
...
Artículo 17. ...
I. a XII. ...
XIII. Incumplir con las disposiciones legales sobre
el manejo de materiales, y sustancias químicas, tóxicas,
peligrosas, explosivas y desechos peligrosos.
XIV. a XV. ...
Artículo 50. ...
La secretaría regulará el autotransporte
de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen
en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones
que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos
y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán
en los reglamentos respectivos, sujetándose a los principios
de responsabilidad social, seguridad pública, seguridad en las vías
generales de comunicación, reposición equitativa de riesgo
y daños sociales, corresponsabilidad, actualización y planeación
adecuada.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Remítase a la honorable Cámara
de Senadores, para sus efectos constitucionales.
Sesión de la Comisión Permanente, del 20
de agosto de 2008.
Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda
(rúbrica)
(Turnada a la Comisión de
Transportes. 20 de agosto de 2008.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO JOSÉ LUIS ESPINOSA PIÑA, EN NOMBRE DEL DIPUTADO
RICARDO FRANCO CAZAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, Ricardo Franco Cazarez, diputado federal
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General
de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En la historia de la humanidad, el deporte y la cultura
física se han desarrollado primero como una necesidad para la subsistencia
de la especie y posteriormente como un motivo de unión entre los
pueblos, entre los ciudadanos pertenecientes a un mismo conglomerado social
y entre las familias de los deportistas. En el mundo precolombino, la necesidad
de prepararse en las artes de la guerra era probablemente el mayor impulso
que se daba al deporte como manera de resguardar la seguridad y la permanencia
de los pueblos.
Sin embargo, la importancia que se daba a las disciplinas
físicas trascendía de la esfera militar a la religiosa y
mística de todo un pueblo. Las instalaciones del famoso juego de
pelota eran también templos donde los jugadores podían demostrar
sus dotes físicas y místicas, tanto a la comunidad como a
los dioses. Estas instalaciones de carácter deportivo y religioso
se extendieron a buena parte de Mesoamérica, y hoy son motivo de
orgullo para nosotros y de admiración para los habitantes de otros
pueblos que vienen a visitarlas.
Lo anterior demuestra la gran importancia del deporte
para la formación en los valores humanos, puesto que contribuye
a desarrollar hábitos; le da sentido a la constancia, a la disciplina,
a la tenacidad, a la fijación de objetivos cada vez más ambiciosos;
y permite establecer claramente la relación entre el esfuerzo realizado
y los resultados que poco a poco se van alcanzando.
Pero es necesario reconocer que el deportista por sí
solo encuentra limitaciones importantes para su desarrollo, y requiere
de la solidaridad y la subsidiariedad para contar con los elementos que
le permitan desarrollar al máximo sus capacidades. En este sentido,
el Estado juega un papel preponderante en la promoción del deporte,
no sólo por lo que se refiere a la capacitación de profesionistas
que transmitan sus conocimientos y habilidades en la materia, sino como
el más importante constructor de las instalaciones necesarias para
la práctica del deporte y el adecuado mantenimiento de éstas.
El impuesto por la tenencia vehicular se planteó
con objeto de reunir los recursos necesarios para financiar los juegos
olímpicos –impuesto único en el mundo–, y que debía
desaparecer unos años después de 1968. Sin embargo, quedó
permanentemente establecido y se traspasó el derecho de cobro a
estados y municipios.
Lo más importante de esta carga fiscal es que se
originó precisamente para contar con dinero suficiente para pagar
los gastos de los juegos de referencia, la renovación y la construcción
de instalaciones deportivas. Después ese ingreso, o buena parte
de él, debía haberse destinado a la creación de nuevas
instalaciones deportivas y al mantenimiento de las existentes, si se considera
que empezó a recaudarse precisamente con ese propósito, lo
que difícilmente ha ocurrido en diversas entidades federativas o
ha sido insuficiente.
El año pasado la recaudación por este concepto
fue de 18 mil 813 millones de pesos, de los cuales 54 por ciento (10 mil
320 millones) fue captado por el Estado de México, el Distrito Federal,
Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, ese recurso casi no se ha empleado
para atender las causas que le dieron origen, y que sirvieron para que
nuestro país tuviera unas instalaciones deportivas que, en su momento,
se equipararon y compitieron con las mejores del mundo.
En la actualidad se observan casos en los que las instalaciones
deportivas no sólo son insuficientes sino que tienen un fuerte deterioro.
Un claro ejemplo se puede ver en buena parte de la infraestructura deportiva
heredada de los Juegos Olímpicos del 68, en la que se aprecia, en
unos casos, falta de mantenimiento lamentable, como en la Alberca Olímpica,
donde en 2001 no funcionaban las dos calderas que debían mantener
la temperatura del agua; en otros se aprecia deterioro tal que ha llegado
prácticamente a la inutilidad de los inmuebles o a usos diferentes
de aquellos para los que fueron construidos.
Por otra parte, es importante verificar el hecho de que
en algunos casos sí se ha dado la importancia que se requiere para
ampliar y mantener en buenas condiciones las instalaciones deportivas.
En 2001 había en el país tres centros deportivos de alto
rendimiento que se situaban en el Distrito Federal, el Estado de México
y en Jalisco, respectivamente, que atendían a mil 300 atletas en
la práctica de 10 deportes. Para 2005 ya había 10 centros
de ese nivel en todo el país, donde se atiende en la actualidad
a más de 4 mil 500 atletas, en la práctica de al menos 30
disciplinas.
Cabe señalar que de 2001 a 2005 se construyeron
nuevos centros para la práctica del deporte escolar y municipal,
que en conjunto sumaban hasta entonces 178, de los cuales 78 son escolares
y 100 municipales, que representan hoy mejora significativa en lo relativo
a facilitar esta sana práctica a los habitantes de los estados en
los que fueron edificados.
No obstante, de poco o nada sirven estas nuevas instalaciones
deportivas y las que hoy pudieran estarse proyectando si las autoridades
municipales, estatales, del Distrito Federal y federales no les dan el
mantenimiento debido, porque a la vuelta de unos años se tornan
obsoletas o, de plano, se convierten en ruinas que a veces sirven a propósitos
diferentes de los planeados.
De esta manera, esta parte del equipamiento urbano, indispensable
para el desarrollo social y personal, principalmente de los jóvenes,
en el que se han invertido recursos considerables, se convierte en ruinas
que, a diferencia del respeto y admiración que provocan las antiguas
instalaciones precolombinas, éstas se perciben como productos de
la irresponsabilidad y como una forma de desprecio por intereses importantes
de la comunidad.
En virtud de lo anterior, me permito someter a la consideración
de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adicionan los párrafos
segundo y tercero al artículo 82 de la Ley General de Cultura Física
y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 82. La Conade coordinará
con la SEP, los estados, el Distrito Federal, los municipios y los sectores
social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo
de las instalaciones de cultura física y deporte, y emitirá
para ello los lineamientos correspondientes.
En los convenios de coordinación, colaboración
y concertación que celebre la Conade con las autoridades competentes
de los estados, el Distrito Federal y los municipios, o con instituciones
del sector social y privado en materia de rehabilitación, conservación
y mantenimiento de instalaciones de cultura física y deporte, se
deberán incluir los mecanismos necesarios para llevar a cabo acciones
de supervisión, evaluación y vigilancia en la aplicación
de los recursos públicos.
La Conade realizará dichas acciones con absoluto
y estricto respeto de los principios de autoorganización que resultan
compatibles con la vigilancia y la protección de los intereses públicos,
y podrá suspender la ministración de los recursos cuando
no se apliquen total o parcialmente en las actividades y los proyectos
acordados en los convenios, en tanto se dé cumplimiento al objeto
de los éstos. Lo anterior con independencia de la normatividad y
las responsabilidades aplicables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte realizará las adecuaciones reglamentarias
necesarias a más tardar a los 90 días hábiles posteriores
a la entrada en vigor del presente decreto.
Diputado Ricardo Franco Cazarez (rúbrica)
(Turnada la Comisión de Juventud y Deporte. Agosto
20 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, -EN MATERIA DE DEMOCRACIA
SINDICAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-, PRESENTADA POR
LA DIPUTADA SUSANA MONREAL ÁVILA, SUSCRITA POR ELLA Y POR EL DIPUTADO
JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, Juan Nicasio Guerra Ochoa, diputado a la
LX Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
55 fracción II, y demás relativos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de la Cámara de Diputados, para
su estudio y dictamen respectivos, una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 371, fracciones IX y XIII,
y 373 y se adiciona el artículo 1005 Bis de la Ley Federal del Trabajo,
al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La democracia sindical es una asignatura pendiente de
la accidentada transición mexicana. Los valores de la democracia
como el pluralismo, la tolerancia y el respeto al voto, han encontrado
fuertes obstáculos para imponerse en México. El impulso de
una sociedad cada vez más activa e informada ha permitido que en
la configuración del poder público se refleje con mayor fidelidad
la diversidad de fuerzas que conforman el sistema político. Aún
falta mucho por hacer, sin embargo, se han dado los pasos iniciales en
la ruta de la verdadera democratización del país -en donde
el Congreso es una pieza clave-, y se han renovado algunas instituciones
con objeto de garantizarla.
No obstante, nada ha cambiado en el mundo sindical. La
alternancia observada en distintos niveles de gobierno, no ha sido acompañada
de decisiones políticas y legislativas que permitan a los trabajadores
organizados ejercer sus derechos colectivos plenos: de sindicación,
contratación colectiva y huelga. Lo más preocupante es que
las expectativas de cambio que abrió el fin de la hegemonía
del PRI, no se han traducido en el desmantelamiento de las viejas estructuras
sindicales corporativas y corruptas, que heredó ese régimen.
En la nueva etapa del cambio político mexicano se ha renovado esa
alianza corporativa, que erosiona las esperanzas democratizadoras y frena
el desarrollo de sindicatos auténticos, independientes y capaces
de enfrentar el reto productivo con reparto justo de beneficios entre empresas
y trabajadores.
Para el Grupo Parlamentario del PRD, México no
será plenamente democrático si las organizaciones de los
trabajadores no se democratizan y fortalecen. Si sus dirigentes no son
electos por el voto secreto, universal y directo de sus agremiados, a la
manera en que se elege a las autoridades y representantes populares municipales,
estatales y federales. Un país que se precie democrático,
no puede negar a sus trabajadores el derecho que les otorga como ciudadanos
al momento de elegir a sus gobernantes. El Congreso de la Unión
está obligado a sentar las bases jurídicas para que ese tránsito
se produzca y se ejerza la democracia directa en los sindicatos.
La transparencia y la rendición de cuentas, distintivos
de los vientos democratizadores en el orbe, también deben abrirse
paso en las agrupaciones sindicales, como requisito para que los trabajadores
mexicanos adquieran plena ciudadanía. Los sindicatos deben someterse
a estas reglas mínimas de la democracia moderna y dejar de ser,
como en muchos casos, cotos de líderes venales que se han enriquecido
a costa de sus representados. No podemos seguir permitiendo que la falta
de transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos sea la
causa principal de que existan líderes opulentos, que amasan fortunas
al amparo de la opacidad en el manejo de sus finanzas y la ausencia de
obligaciones precisas con sus agremiados, mientras que éstos tienen
apenas para vivir por los bajos salarios que se pagan. La trasparencia
y la rendición de cuentas son un antídoto contra la corrupción
imperante.
El objetivo de la reforma que se propone es, por lo tanto,
contribuir a la democratización sindical, en el marco de la transición
política en curso. Respetar, como un elemento esencial del cambio,
el principio de libertad sindical con pluralidad, autonomía y democracia,
que posibilite la participación libre y directa de los trabajadores
a través del sufragio universal para elegir a sus representantes.
La Organización Internacional del Trabajo ha considerado que el
voto secreto, universal y directo para elegir dirigentes, fortalece la
libertad sindical y es un mecanismo ejercido por los trabajadores en democracias
avanzadas. Las anteriores son dos razones más para proponer su adopción
en nuestra legislación laboral.
Esta propuesta de reformas se inspira en la configuración
de un nuevo modelo de organización sindical, dejando atrás
la herencia corporativa de la ley en vigor, en donde el Estado interviene
discrecionalmente en la vida sindical y niega o concede el ejercicio de
los derechos colectivos de los trabajadores. Hoy la legitimidad de las
dirigencias sindicales descansa en su poder de negociación con las
autoridades del trabajo para obtener su reconocimiento, o con la patronal,
y no en el respaldo de una elección democrática en donde
el voto universal y secreto sea esa fuente de legitimidad.
Adoptar este mecanismo abonará en el fortalecimiento
de la organización gremial al propiciar la transparencia en el ejercicio
de su actividad y modificar la fuente de poder de donde emanan las decisiones;
en su independencia y autonomía frente al gobierno, los patrones
y los partidos políticos.
La intimidación, coacción y compra de votos
o bien la imposición de las directivas sindicales ha sido un gran
lastre en la historia del sindicalismo mexicano, que como legisladores
estamos obligados a erradicar. Por ello, esta iniciativa se propone mediante
la adición al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo,
establecer que la elección de la mesa directiva se realizará
mediante voto universal, directo y secreto de los miembros del sindicato,
para evitar la coacción física o moral sobre los afiliados
y dar paso al ejercicio libre del derecho de asociación.
Por otra parte, el Congreso de la Unión ha tomado
determinaciones sustantivas en el ámbito de la transparencia y la
rendición de cuentas de las autoridades y de personas físicas
y morales, particularmente de aquéllas que entregan o reciben fondos
públicos. No son pocos los sindicatos que acceden, mediante convenio
o a través de la contratación colectiva, a recursos provenientes
del erario federal sin que sus agremiados o la sociedad sepan qué
uso y destino tuvieron.
El llamado Pemexgate es el ejemplo paradigmático
de la ilegalidad e impunidad con que se han conducido algunos líderes
sindicales en el uso faccioso de prestaciones laborales que se financian
con fondos públicos, y que se han utilizado para respaldar las campañas
políticas de candidatos. En sintonía con las reformas en
materia electoral, de transparencia y rendición de cuentas estamos
obligados a legislar para poner freno a estas prácticas ilegales
y corruptas que le han hecho un gran daño a nuestro proceso democratizador.
Las recientes reformas constitucionales en materia de
transparencia y rendición de cuentas obligan a reflejar en la legislación
secundaria ese mandato constitucional. Específicamente el artículo
6o. de la Constitución Política establece que
"Artículo 6o. …
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información,
la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito
de sus respetivas competencias, se regirán por los siguientes principios
y bases:
I. y II. …
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito
a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación
de éstos.
IV. …
V. Las leyes determinarán la manera en que los
sujetos obligados deberán hacer pública la información
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas
o morales.
VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de
acceso a la información pública será sancionada en
los términos que las leyes dispongan."
En abono de la transparencia en la administración
de las cuotas sindicales y los ingresos que mediante convenio o contratación
colectiva administran las directivas sindicales, se establece en el artículo
371, que los estatutos deberán contener, además de la época
de presentación de cuentas, un procedimiento expedito en las instancias
internas de justicia sindical para que los afiliados consigan, frente a
la omisión de esta obligación, su debido cumplimiento. Adicionalmente,
en el artículo 373 de la ley se establece que ante el incumplimiento
de la obligación de las directivas de rendir en asamblea cuenta
completa y detallada de la administración del patrimonio sindical,
los afiliados tendrán acción ante autoridad competente para
que la obligación se cumpla.
Asimismo, la negativa a presentar la información
sobre el patrimonio y las finanzas sindicales será sancionada conforme
a la Ley, para lo cual se propone adicionar con un artículo 1005
Bis el Título Dieciséis "Responsabilidades y Sanciones".
Por último se fija, en el régimen transitorio,
un plazo de seis meses a los sindicatos para que modifiquen sus estatutos
y normatividad interna con arreglo a las reformas que se proponen.
Desde nuestro punto de vista quienes se oponen a la democracia,
la rendición de cuentas y la transparencia sindicales son aquéllos
que durante muchos años se han servido de las organizaciones gremiales
para enriquecerse y lucrar políticamente, dejando a un lado los
compromisos de defensa de los intereses de los trabajadores y abusando
de la impunidad de que han gozado. Llegó el momento de demostrar
el compromiso con los trabajadores y con la verdadera democratización
del país.
Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con las
disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del
Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. Se reforman artículos
371, fracciones IX y XIII, y 373 y se adiciona un artículo 1005
Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:
I. a VIII. …
IX. Procedimiento para la elección de la directiva
y periodo de duración de ésta. La elección de la
directiva, deberá realizarse mediante voto universal, directo y
secreto de los miembros del sindicato;
X. a XII. ...
XIII. Época de presentación de cuentas,
que
deberá incluir ingresos por cuotas y los provenientes de convenios
o de la contratación colectiva, así como procedimiento expedito
ante las instancias internas de justicia sindical para que los afiliados
consigan, ante la omisión de esta obligación, su debido cumplimiento;
XIV. y XV. …
Artículo 373. La directiva de los sindicatos
debe rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa
y detallada de la administración del patrimonio sindical, así
como de los ingresos provenientes de cuotas, convenios o de contratación
colectiva. Esta obligación no es dispensable.
Ante el incumplimiento de la obligación consignada
en el párrafo anterior, los afiliados tendrán acción
ante autoridad competente para que la obligación se cumpla.
Artículo 1005 Bis. A las directivas de los sindicatos
que no cumplan con las disposiciones sobre transparencia y rendición
de cuentas en la administración de los recursos y el patrimonio
sindical y en general con las obligaciones previstas en el artículo
373, se les impondrá una multa por el equivalente de 155 a 500 veces
el salario mínimo general, con independencia de las demás
sanciones que las leyes establezcan.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Los sindicatos deberán adecuar
sus estatutos y normatividad interna con arreglo a las disposiciones del
presente decreto, a más tardar en un plazo de seis meses contado
a partir de su publicación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008.
Diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa, Susana Monreal
Ávila (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Agosto 20 de 2008.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO
PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de la década de los ochenta, en nuestro
país se sentaron las bases de un esquema de coordinación
fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativo, toda
vez que se expidió la Ley de Coordinación Fiscal, la cual
modificó sustancialmente la forma de repartirlas pues se consideró
que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse no sólo
en función de donde se generara la recaudación sino dependiendo
del grado de desarrollo regional, aunado a que se estableció la
colaboración administrativa entre los ámbitos de gobierno
federal y local a través de la celebración de convenios.
Dentro de la nueva Ley de Coordinación Fiscal quedó
regulado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con objeto
de evitar la doble tributación, señalar el ámbito
de competencia de la federación y de las entidades federativas,
y distribuir a los estados miembros una proporción de la recaudación
federal, mediante el establecimiento de convenios de adhesión.
Si bien es cierto que con el establecimiento del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal las entidades federativas cedieron
una parte de sus facultades impositivas, también lo es que se estableció
un orden fiscal más o menos homogéneo, toda vez que ganaron
mayores recursos el otorgamiento de participaciones federales provenientes
de ingresos tributarios y no tributarios, y también los obtenidos
por la producción y venta de petróleo.
Es durante la década de los noventa que los procesos
de descentralización de recursos destinados al combate a la pobreza
inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal: en 1998
se incorporan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
y en el Capítulo V de la ley de mérito los Fondos de Aportaciones
Federales, del ramo 33.
Con la incorporación de los Fondos de Aportaciones
Federales, la federación transfiere recursos a las haciendas públicas
de los estados, el Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para
cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación
Fiscal para los fondos siguientes:
I. Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal;
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud;
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social;
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
V. Fondo de Aportaciones Múltiples.
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos;
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal; y
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas.
Dentro de todos los fondos que conforman el ramo 33, el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social adquiere una especial importancia
para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de
recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración
de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política
social.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, es de señalarse que éste se encuentra dividido en
dos vertientes: estatal (FAISE) y municipal (FAISM), los criterios de distribución
son ponderados en una fórmula que calcula un índice global
de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios, se
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de
su población que se encuentren en condiciones de rezago social y
de pobreza extrema, en los siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura
básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento
de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural; y
b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras
y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
No obstante las bondades de dicho fondo, es de destacarse
que el Distrito Federal sigue en la actualidad excluido de los Fondos de
Aportaciones para la Infraestructura Social. En este sentido, la presente
iniciativa tiene por objeto incorporar al Distrito Federal y a sus demarcaciones
territoriales en este fondo, con objeto de que la población del
Distrito Federal se vea beneficiada con estas aportaciones federales bajo
la premisa fundamental de dedicar los recursos del fondo a obras y a acciones
de alcance o ámbito de beneficio regional o entre sus demarcaciones
territoriales. En este tenor es de destacarse que el Distrito Federal ha
dejado de percibir por este conducto 4 mil 250.1 millones de pesos, necesarios
para la creación de infraestructura básica.
Por ello resulta de vital importancia y de justicia social
que, tanto el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, sean
incluidas y beneficiadas del Fondo de Infraestructura Social. El argumento
de que no es un estado y no cuenta con municipios para excluirlo de dicho
fondo, no es una consideración jurídica lógica, ya
que desde 1977 el Distrito Federal ha sufrido una evolución en cuanto
a su régimen interno.
Sobre este punto en particular, es de señalarse
que el primer párrafo del artículo 122 es incompleto en su
pretensión de considerar que el artículo 44 de la propia
ley suprema fija la naturaleza del Distrito Federal, toda vez que el propio
artículo 44 no determina de manera completa la naturaleza jurídica
del Distrito Federal, puesto que sólo señala que es la sede
de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, el artículo 43 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Distrito Federal es una
parte integrante de la federación, lo que significa que adquiere
la categoría de entidad federativa, la cual es reconocida por los
artículos 26, 5360 y 73, fracción XXIX-A, entre otros donde
se abarcan igualmente a los estados y al Distrito Federal.
Con base en lo anterior, se desprende la categoría
de entidad federativa del Distrito Federal y, en consecuencia, se justifica
la incorporación de éste para participar en el Fondo de Infraestructura
Social, contenido en Ley de Coordinación Fiscal, desde el próximo
ejercicio fiscal a partir de la aprobación de la presente iniciativa.
Hay que agregar que los dos requisitos de procedibilidad
para participar en dicho fondo las cubre el Distrito Federal: por un lado,
la satisfacción de requerimientos y las obligaciones financieras
de las entidades, y la atención a necesidades en materia de seguridad
pública; y, por el otro, el reparto que establecía como indicador
al número de habitantes por entidad federativa.
El Distrito Federal concentra más del 8 por ciento
de la población nacional; es la de mayor concentración de
actividades económicas y de población, con sueldos menores
a dos salarios mínimos; aunado a que la inversión pública
requerida en materia de servicios, mantenimiento y expansión ha
ido en aumento y va en razón directa tanto de la población
flotante como la permanente.
Es de resaltar que de las 372 localidades en las que el
Consejo Nacional de Población (Conapo) divide al conjunto de delegaciones
del Distrito Federal, 42 por ciento de éstas se clasifican como
localidades de muy alta o alta marginación.
Del mismo modo, de acuerdo con la información del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), 5.4 por ciento de la población del Distrito Federal
se encuentra en situación de pobreza alimentaria (pobreza extrema)
y 0.43 por ciento de las viviendas particulares habitadas no disponen de
drenaje.
Por su parte, 2.6 por ciento de la población de
15 años o más del Distrito Federal es considerada analfabeta.
Los indicadores descritos son los criterios empleados
en las fórmulas y los procedimientos establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal para distribuir el fondo en comento, elementos que constituyen razones
suficientes para fundamentar y motivar la inclusión del Distrito
Federal en el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social.
Es de considerar que en el artículo 61 del decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2005 se creó como vertiente del Programa de Incentivos Estatales
el Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social, cuyos recursos
recibieron las entidades federativas y fueron destinados exclusivamente
para acciones sociales e inversiones que beneficiaban directamente a sectores
de la población que se encontraban en condiciones de pobreza y pobreza
extrema.
Tales recursos se distribuyeron entre todas las entidades
federativas aplicando la fórmula del Fondo de Aportaciones de Infraestructura
Social, correspondiéndole al Distrito Federal un coeficiente de
distribución de 1.75 por ciento, de acuerdo con el cálculo
realizado y dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social.
Lo anterior permite determinar objetivamente el coeficiente
del FAIS que le debería de corresponder al Distrito Federal y ratifica
el hecho de que la exclusión de origen de los recursos de este Fondo
obedece a razones ajenas a los criterios de pobreza extrema especificados
en la fórmula de distribución de este fondo, de conformidad
con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
De conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto
equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento
de la recaudación federal participable, según estimación
que de ésta se realice en el propio presupuesto, con base en lo
que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para
ese ejercicio.
Del total de la recaudación federal participable,
0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura
Social Estatal y 2.197 por ciento al Fondo para Infraestructura Social
Municipal.
El Distrito Federal, como capital de los Estados Unidos
Mexicanos, sede de los Poderes federales y entidad federativa, ha sido
objeto de reformas constitucionales paulatinas que en los últimos
20 años han tratado de incorporar elementos de corte democrático
para aminorar los reclamos ciudadanos, por ello es de elemental justicia
fiscal y federalista modificar la Ley de Coordinación Fiscal e incluir
al Distrito Federal, y a sus demarcaciones territoriales, dentro del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, ya que, aunado a las razones
anteriormente expuestas, las reformas propuestas redituarán en beneficio
directo de más de 800 mil mexicanos de muy escasos recursos que
habitan en la capital del país y coadyuvará a mejorar su
calidad de vida.
En virtud de lo anteriormente expuesto, los suscritos
sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 32, 33, 34
y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Único. Se reforman los artículos
32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de
la siguiente manera:
Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto
equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.55 por ciento
de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo
2o. de esta ley, según estimación que de ésta se realice
en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
Del total de la recaudación federal participable,
0.30906 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura
Social Estatal y del Distrito Federal y 2.24094 por ciento al Fondo para
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
Este fondo se enterará mensualmente, en los primeros
diez meses del año, por partes iguales a los estados y al Distrito
Federal por conducto de la federación, y a los municipios y
demarcaciones territoriales, a través de los estados y del Distrito
Federal, respectivamente, de manera ágil y directa, sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo
que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo
33 de esta ley.
Para efectos del entero a que se refiere el párrafo
anterior, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 7o. de esta ley.
Artículo 33. Las aportaciones federales
que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban
los estados y el Distrito Federal, los municipios y las demarcaciones
territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones
de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales: agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación
rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura
productiva rural; y
b) Fondo de Infraestructura Social Estatal y del Distrito
Federal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional
o intermunicipal.
En caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales,
éstos podrán disponer de hasta 2 por ciento del total de
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales que les correspondan para la realización
de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido
entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, el gobierno estatal y el del Distrito Federal
correspondiente, y el municipio y demarcaciones territoriales de
que se trate.
Adicionalmente, los estados, el Distrito Federal, municipios
y demarcaciones territoriales podrán destinar hasta 3 por ciento
de los recursos correspondientes en cada caso para ser aplicados como gastos
indirectos a las obras señaladas en el presente artículo.
Respecto de dichas aportaciones, los estados, el Distrito Federal, los
municipios y las demarcaciones territoriales deberán
I. a III. ...
IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo
Social la información que sobre la utilización del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el
caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán
por conducto de los estados y del Distrito Federal, respectivamente.
V. ...
Artículo 34. El Ejecutivo federal, a través
de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los estados y el
Distrito Federal, considerando criterios de pobreza extrema, conforme
a la siguiente fórmula y procedimientos:
I. a IV. ...
V. ...
Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza
extrema de la entidad federativa, se obtiene la masa carencial de la entidad,
determinada por la siguiente fórmula:
...
En donde:
MCEk = Masa carencial de la entidad federativa
k;
MCHjk = Masa carencial del hogar j en pobreza extrema
en
la entidad federativa k; y
jk = Número total de hogares pobres extremos en
la entidad federativa k.
Una vez determinada la masa I carencial de la entidad
federativa, se hace una agregación similar de todos los estados
y el Distrito Federal para obtener la masa carencial nacional.
Cada una de las masas carenciales de las entidades
federativas se divide entre la masa carencial nacional (MCN) para determinar
la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social le corresponde a cada entidad federativa, como lo
indica la siguiente fórmula:
...
En donde:
PEk = Participación porcentual de la entidad
k;
MCEk = Masa carencial de la entidad k; y
MCN = Masa carencial nacional.
Así, la distribución del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción
que corresponda a cada entidad federativa de la pobreza extrema a nivel
nacional, según lo establecido.
Para efectos de la formulación anual del proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal,
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará
en octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación,
las normas establecidas para las necesidades básicas (Zw) y valores
para el cálculo de esta fórmula, y estimará los porcentajes
de participación porcentual (Pek) que se asignará a cada
entidad
federativa.
Artículo 35. Los estados y el Distrito
Federal distribuirán entre los municipios y las demarcaciones
territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales con una fórmula
igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice
el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos
municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad
de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información
estadística más reciente de las variables de rezago social
a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita
la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán
las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada
una de ellas.
a) Población ocupada del municipio o demarcación
territorial que perciba menos de dos salarios mínimos respecto
de la población del estado o del Distrito Federal en similar
condición;
b) Población municipal o demarcación
territorial de 15 años o más que no sepa leer y escribir
respecto de la población del estado o del Distrito Federal
en igual situación;
c) Población municipal o demarcación
territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad
de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la
población estatal o del Distrito Federal sin el mismo tipo
de servicio; y
d) Población municipal o demarcación territorial
que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad,
entre la población del estado o del Distrito Federal en igual condición.
Con objeto de apoyar a los estados y al Distrito Federal
en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de
Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación,
en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate,
las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal
y de las demarcaciones territoriales para cada estado y el Distrito
Federal.
Los estados y el Distrito Federal, con base en
los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría
de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales, debiendo
publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión
a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así
como la fórmula y su respectiva metodología, justificando
cada elemento.
Los estados y el Distrito Federal deberán
entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales
los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en
que la federación lo haga a los estados y el Distrito Federal,
en los términos del penúltimo párrafo del artículo
32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los
gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por los
gobiernos estatales y del Distrito Federal, y publicarse por estos
últimos a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal,
en su respectivo órgano de difusión oficial.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión
Permanente, a 20 de agosto de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público. Agosto 20 de 2008.)
QUE REFORMA LAS LEYES ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES;
Y EXPIDE LA LEY FEDERAL CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO, PRESENTADA POR LA
DIPUTADA GLORIA LAVARA MEJÍA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
20 DE AGOSTO DE 2008
Gloria Lavara Mejía, integrante de la LX Legislatura
del Congreso de la Unión, en representación del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos
71, fracción II, 73, fracciones XXI y XXIII, y 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción
II, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta
honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, la cual solicita
que se turne a la Cámara de Diputados, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las conductas delictivas que más preocupa
a la sociedad mexicana es la comisión del delito de secuestro en
sus diversas modalidades. Aún cuando la Federación y las
entidades federativas están llevando a cabo acciones conjuntas,
la incidencia delictiva e impunidad en la comisión de este ilícito
va en aumento.
El incremento de su comisión y la impunidad atentan
gravemente contra nuestra sociedad, lo que denota una incapacidad institucional
para otorgar seguridad a los nacionales, incumpliendo así los órganos
competentes con el mandato constitucional de encargarse de la seguridad
pública. Por lo anterior, para nuestro país es de suma importancia
contar con mecanismos que le permitan hacer frente a la delincuencia.
La impunidad con que se cometen los secuestros ha contribuido
a la diversificación de las modalidades en la ejecución del
acto ilícito, ya que los grupos delictivos han perfeccionado su
modus operandi en los últimos años. Los secuestradores operan
de una manera más violenta, con una modernización en la organización
y en el uso de tecnología, ante los cuales el Estado ha sido superado.
Por otra parte, desafortunadamente los altos rendimientos
que se obtienen de los secuestros, han hecho que en corto tiempo este delito
sea considerado una actividad de poco riesgo que genera enormes ganancias,
bajo el amparo de la impunidad.
Lo más grave es que en la evolución de la
comisión del delito privación ilegal de la libertad, quienes
cometen estos delitos carecen de falta de respeto a la vida y dignidad
humana y ahora, no sólo afectan únicamente a personas con
gran capacidad económica sino a individuos de todos los estratos
económicos, por ello los índices delictivos en este rubro
van en aumento.
De acuerdo con información del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el número de secuestros denunciados
en todo el país llegó a 438 durante 2007 cifra que representa
un aumento de 35 por ciento respecto de los 325 casos registrados en 2006,
es decir, hubo un incremento de 113 plagios denunciados.1
De las cifras correspondientes al año pasado, las
entidades en las que más se denunciaron secuestros, y por los que
se pidió rescate, fueron: Distrito Federal, con 77 casos; estado
de México, 67 denuncias; Baja California, 41 notificaciones ministeriales;
Guerrero, 33, y Jalisco, con 20 querellas.
Por su parte, la Procuraduría General de la República
informó que hasta el mes de mayo del presente año tienen
registrados 326 secuestros cometidos en el país, lo que equivale
a dos por día y un aumento de 9.1 por ciento respecto al mismo periodo
de 2007. Los estados que registran el mayor número de secuestros
son Baja California, México, Distrito Federal, Michoacán,
Oaxaca, Veracruz y Guerrero.2
No obstante los datos estadísticos recabados por
el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Procuraduría
General de la República, respectivamente, aquéllos no se
aproximan a la realidad del secuestro en nuestro país, debido a
que de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, por cada caso denunciado
a las autoridades ministeriales, dos o tres personas más son secuestradas.
Así, ante la ineficacia que se ha demostrado en
el ejercicio de las funciones de seguridad pública, México
hoy ocupa el primer lugar en el número de secuestros a nivel mundial.3
Lo anterior describe, claramente, de que forma la delincuencia
está lacerando a nuestras familias y peor aún, a nuestros
jóvenes, quienes ahora se han convertido en un flanco para los secuestradores,
ya que de acuerdo con organizaciones no gubernamentales el secuestro de
menores se ha incrementado en 70 por ciento y sólo 10 por ciento
de los casos termina en una consignación.
Como representantes del pueblo no podemos permitir que
nuestra sociedad siga atemorizada ante la inseguridad pública que
estamos viviendo. Por ello, consideramos que dentro del ámbito de
nuestra competencia estamos obligados a adoptar, de manera inmediata, las
acciones necesarias para sumarnos al combate frontal contra la delincuencia.
En tal virtud, es urgente llevar a cabo reformas legales
con un mensaje claro, tanto para los delincuentes, como para las autoridades
competentes.
No seguir permitiendo que en el país prevalezca
el fomento de la delincuencia a través de la impunidad, principalmente
porque todo estado tiene como función mantener la tranquilidad social
y el orden público para proteger la vida e integridad de las personas,
así como de sus bienes.
Por lo anterior, los legisladores del Partido Verde con
el propósito de atender los reclamos sociales en materia de combate
al delito de secuestro, consideramos urgente: federalizar el delito y expedir
una Ley Federal en la materia.
Federalización del delito de secuestro
Actualmente, la prevención, investigación,
persecución y sanción del delito de secuestro son competencia
de las entidades federativas. La Procuraduría General de la República,
sólo conoce del mismo, cuando el delito se comete por miembros de
la delincuencia organizada y ejerce la facultad de atracción o,
en caso, de conexidad de delitos, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 475
del Código Federal de Procedimientos Penales.
Bajo esta premisa el combate al delito de secuestro se
vuelve complejo, si consideramos que existen 32 códigos penales
y uno federal, de igual manera existen 32 legislaciones adjetivas penales
y una federal, así como 33 leyes en materia de ejecución
de sentencias. A lo cual debemos agregar las leyes especiales y ley federal
en materia de delincuencia organizada.
En consecuencia, la determinación de la privación
ilegal de la libertad en sus diversas modalidades como un delito del fuero
común ha dado lugar
• A una falta de coincidencia en la descripción
de los tipos básico, atenuado y agravado con grandes diferencias
de una entidad federativa a otra.
• A la determinación de punibilidades diferentes
que en algunos casos permiten que el indiciado, procesado o sentenciado
pueda gozar, según corresponda, de la libertad bajo caución,
de la libertad preparatoria, de sustitutivos penales, de condena condicional,
tratamiento en externación o remisión parcial de la pena.
Lo anterior, incide definitivamente en la cooperación
de los tres niveles de gobierno, en la lucha contra el delito de secuestro,
dificultando el combate frontal a la delincuencia y generando, en consecuencia,
impunidad.
Fundamentalmente porque aun cuando existe un sistema nacional
de seguridad pública, los planes de acción para combatir
el secuestro tanto en la fase preventiva como de represión o de
castigo, no han sido homologados entre la federación, las entidades
federativas y los municipios.4
A lo que debemos agregar la deficiente integración de las averiguaciones
previas, ya que de acuerdo con cifras del Centro de Investigación
y Docencia Económicas, la probabilidad de que un criminal llegue
ante un juez es de 3.3 por ciento; 60 por ciento de las órdenes
de aprehensión no se cumplen y 99 por ciento de los delitos quedan
impunes.
Aunado a lo anterior, debemos considerar que desde 2001,
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acordó
establecer esquemas de planeación, coordinación y supervisión
a nivel nacional, a través de un Programa Nacional para el Combate
al Secuestro, que establece entre otros rubros la elaboración de
un diagnóstico nacional, la integración del Banco Nacional
de Información sobre Secuestros, la creación de un Grupo
Interinstitucional y de Coordinación en los tres niveles de gobierno,
así como unificar las penas en todo el país en contra de
los secuestradores.
Pese esas medidas, podemos decir que dado el aumento del
índice delictivo e impunidad, no ha habido resultados fehacientes
en
los últimos años, que permitan a la sociedad confiar
en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
El aumento de la comisión de delitos de privación
ilegal de la libertad en sus diversas modalidades ha superado la capacidad
legislativa de cada entidad federativa, ya que han sido pocas las legislaciones
locales que han actualizado la descripción típica y las sanciones
relativas al delito de secuestro.
Lo anterior se refleja en el repunte del secuestro en
todo el país, a partir de 2007, año en que la cifra ascendió
a 789 secuestros.5
Tan sólo el año pasado en el Distrito Federal fueron secuestradas
134 personas y hasta el primer semestre del presente año, van 103
personas.
En consecuencia, las medidas de seguridad adoptadas por
las entidades federativas en coordinación con la Federación
para combatir el secuestro no han dado resultados, ni atienden la problemática
de fondo.
Resulta, entonces, necesario adoptar medidas legislativas,
a fin de atender en parte los reclamos de la sociedad. La ciudadanía
no sólo exige mayor severidad en la imposición de penas para
quienes hacen de la violencia su modus vivendi, sino que ante la incapacidad
de las autoridades locales para enfrentar el delito de secuestro resulta
necesario que los órganos encargados de la procuración e
impartición de justicia en el ámbito federal tengan siempre
competencia en la investigación, persecución y sanción
de dicho ilícito.
Por ello es impostergable incluir en el catálogo
de delitos del orden federal al delito de secuestro, no sólo por
la incapacidad que han demostrado las autoridades locales en su investigación
y persecución, sino porque la comisión de dicho ilícito
se ha convertido ya en un problema de seguridad nacional. Para tal efecto
proponemos reformar el inciso m) de la fracción I del artículo
50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ley Federal contra el Delito de Secuestro
La impunidad, el aumento alarmante de víctimas
de secuestro, la ineficacia que han demostrado las autoridades competentes
para la prevención, investigación, persecución y sanción
del delito, la corrupción de los cuerpos policíacos y la
carencia de una estrategia efectiva de combate al delito de secuestro,
son reclamos sociales que exigen ser atendidos.
La descoordinación entre las corporaciones policiacas
estatales y municipales,6
cada una con sus programas de combate a este ilícito, la falta de
integración de averiguaciones previas con mejor sustento jurídico,
técnico y pericial, la falta de profesionalización de la
policía y la corrupción que desafortunadamente ha permeado
en los cuerpos policiales, demandan la creación de un órgano
que se encargue de establecer una política criminal de combate
a este delito, para englobar bajo criterios de unidad y colaboración
la prevención, investigación, persecución y sanción
en el combate al delito de secuestro.
Las diferencias legislativas en la regulación del
delito de secuestro en cada ámbito de gobierno, la evidente desigualdad
entre el equipamiento, tecnología, adiestramiento, formación,
disciplina, sueldos y aditamentos de los cuerpos de policía del
orden federal, en relación con las corporaciones estatales y municipales
y los centros de reclusión, exigen una ley que regule de manera
precisa las bases de integración y acción coordinada de las
instituciones y autoridades federales encargadas de combatir el delito
de secuestro, en sus respectivos ámbitos de competencia; así
como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades
federativas y los municipios colaborarán con la Federación
en dicha tarea; así como la regulación de los instrumentos
legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia.
Para tal efecto, proponemos la expedición de una
ley federal contra el delito de secuestro, que tendrá como objetivos
principales crear
• Un consejo federal para el combate al delito de
secuestro, que se encargue de coordinar el sistema federal de combate
al delito de secuestro y formular un programa nacional de combate al delito
de secuestro con evaluaciones periódicas con base en resultados.
• Una base datos que contenga información
relativa
a los servidores públicos que en razón de sus atribuciones,
deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley, así
como el registro del armamento y equipo que se les asigne, en su caso,
con el propósito de evitar y sancionar, en su caso, la corrupción
y asociación delictuosa con los secuestradores.
• Una base de datos relativa a líneas
de telefonía celular que contendrá nombre y domicilio
de sus titulares debidamente comprobados ante los concesionarios, permisionarios
y demás titulares de los servicios de telefonía celular,
con el propósito de evitar sean utilizadas como medios comisivos
en el delito de secuestro y facilitar la localización de los delincuentes.
• Una base de datos relativa a organizaciones criminales
en la cual se integre información relativa a las mismas, sus métodos
de operación, así como datos estadísticos en la materia,
a fin de contar con elementos suficientes para abatir la impunidad en esta
materia.
• Una policía federal antisecuestros, que
tendrá como función primordial salvaguardar la libertad de
tránsito e integridad de las personas y sus características
principales consistirán en la profesionalización y confiabilidad
de sus elementos, quienes deberán capacitarse en tácticas
policiales y de contrainteligencia para evitar un secuestro, negociar un
rescate, evitar el homicidio del secuestrado y lograr su rescate.
La creación de la policía federal antisecuestros
tiene como objetivo principal depurar los cuerpos policíacos y garantizar
a la ciudadanía que no habrá infiltraciones en las investigaciones,
con el fin de que se denuncien los secuestros para evitar la impunidad
de quienes los cometen.
Su creación resulta fundamental si tomamos en cuenta
el aumento de la participación en la comisión de este delito
de quienes pertenecen a los cuerpos de seguridad pública.
• Un fondo especial para el combate al delito de
secuestro a fin de contar con los recursos necesarios para llevar a
cabo los programas y la implementación de acciones necesarias que
deriven de la presente ley, para evitar que la falta de recursos frene
el combate a este delito.
• Una comisión legislativa antisecuestro
con finalidad de que este delito tenga el reconocimiento y la atención
legislativa que merece en todos los ámbitos que impactan a la sociedad.
La creación de esta comisión será la oportunidad de
trabajar en conjunto con las diversas instancias de gobierno involucradas,
además de ser el mecanismo a través del cual, en conjunto
con otros órdenes de gobierno, se planteen las reformas y acciones
necesarias para poner fin al flagelo social del secuestro.
• Establecer que quienes sean procesados o sentenciados
por el delito de secuestro deberán ser recluidos exclusivamente
en los centros federales de readaptación social en máxima
seguridad (Cefereso).
Establecer que los Cefereso, en todo momento, deberán
contar con bloqueadores de señales de telefonía celular.
La expedición de la Ley Federal contra el Delito
de Secuestro tiene como propósito dotar al Poder Ejecutivo de la
Federación, de instrumentos y responsabilidades específicas
para abatir el índice delictivo, especializar a la policía
y mantener el control de una institución policial que sea confiable
para hacer frente a los secuestradores.
Ley Federal de Telecomunicaciones
Se propone reformar el presente ordenamiento legal, a
efecto de que los concesionarios, permisionarios o titulares de los servicios
de telefonía celular estén obligados a dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley Federal contra el Delito de Secuestro.
Finalmente debemos tener presente que el esfuerzo para
combatir al crimen no se agota en reformas legislativas, los órganos
encargados de la prevención del delito, de la procuración
y administración de justicia y ejecución de sanciones, deberán
poner especial atención en ejercer sus funciones de manera más
eficaz y eficiente, sin visos de corrupción.
Por lo expuesto, en términos de lo previsto en
el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman las Leyes Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, y Federal de Telecomunicaciones;
y se expide la Ley Federal contra el Delito de Secuestro
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el inciso m)
de la fracción I del artículo 50, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 50. …
I. …
a) a l) …
m) Los previstos en los artículos 366 y 366
Bis, en todo caso, 366 Ter y 366 Quáter, cuando el delito sea
con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio
nacional; del Código Penal Federal.
II. a III. …
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos
38 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 38. …
I. a VI. …
VII. Ceder, gravar o transferir las concesiones
o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los
mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley,
VIII. No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones
que se hubieren establecido; y
IX. Las demás que prevean otras leyes.
La Secretaría procederá de inmediato a la revocación
de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I, V,
VI,
VII y IX anteriores.
…
Artículo 44. Los concesionarios de redes
públicas de telecomunicaciones deberán
I. a VII. …
VIII. Permitir la conexión de equipos terminales,
cableados internos y redes privadas de los usuarios, que cumplan con las
normas establecidas;
IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales
técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados
ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de
redes públicas;
X. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar
información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores,
a filiales, subsidiarias o terceros; y
XI. Dar cumplimiento a las obligaciones que prevean
otras leyes,
ARTÍCULO TERCERO. Se expide la Ley Federal
contra el Delito de Secuestro, para quedar como sigue:
Ley Federal contra el Delito de Secuestro
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto
establecer las bases para el combate al delito de secuestro; Sus disposiciones
son de orden público e interés social y de observancia general
en todo el Territorio Nacional.
Artículo 2. El sistema federal de combate
al delito de secuestro se integra con las instancias, instrumentos, políticas,
servicios y acciones previstos en la presente ley, tendientes a cumplir
los objetivos y fines del combate al delito de secuestro.
Artículo 3. La presente ley establecerá
las bases de integración y acción coordinada de las instituciones
y autoridades federales encargadas de combatir el delito de secuestro,
en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma
y los términos en que las autoridades de las entidades federativas
y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea;
regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles
aplicables a la materia.
Artículo 4. Para los efectos de la presente
ley, el delito de secuestro será el previsto en el artículo
366 del Código Penal Federal, salvo sus dos últimos párrafos.
Artículo 5. La coordinación y aplicación
de esta ley, se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales
que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el Sistema
Federal de Combate al Delito de Secuestro.
Cuando las acciones conjuntas sean para perseguir delitos,
se cumplirán sin excepción los requisitos previstos en los
ordenamientos constitucionales y legales aplicables.
Artículo 6. Las autoridades competentes
de la Federación se coordinarán para
I. Integrar el Sistema Federal de Combate al Delito
de Secuestro;
II. Determinar las políticas de combate al delito
de secuestro, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones,
a través de las instancias previstas en esta ley;
III. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos
para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones
encargadas de la prevención, investigación y persecución
del delito de secuestro, de las responsables de la prisión preventiva
y ejecución de penas.
IV. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados
todos los instrumentos de información del Sistema Federal de Combate
al Delito de Secuestro;
V. Formular propuestas para el Programa Nacional de Combate
al Delito de Secuestro, así como para llevarlo a cabo y evaluar
su desarrollo; y
VI. Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos.
Capítulo Segundo
Consejo Federal para el Combate al Delito de Secuestro
Artículo 7. El Consejo Federal será
la instancia superior de coordinación del Sistema Federal y estará
integrado:
I. Por la Secretaria de Seguridad Pública:
1. Secretario de Seguridad Pública, quien presidirá
el Consejo,
2. Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial
3. Secretario Ejecutivo del Sistema Federal de Combate
al Delito de Secuestro
4. Comisionado de la Policía Federal Antisecuestros
II. Por la Procuraduría General de la República:
1. Procurador General de la República
2. Subprocurador de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada
3. Unidad Especializada en Investigación de Secuestros
III. Secretario de la Defensa Nacional; y
IV. Secretario de Gobernación.
Artículo 8. Para el conocimiento de las distintas
materias de coordinación a que se refiere esta ley, el Sistema Federal
de de Combate al Delito de Secuestro podrá formar las comisiones
necesarias para las diferentes áreas de la materia y en particular,
para el estudio especializado de las incidencias delictivas; en ellas podrán
participar las dependencias y entidades de la Federación, los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios que, por razón de su competencia,
tengan relación con el Sistema Federal de Combate al Delito de Secuestro.
Con la misma finalidad, se invitará a expertos,
instituciones académicas, de investigación y agrupaciones
del sector social y privado relacionadas con la materia.
Artículo 9. El Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos designará al Secretario Ejecutivo del Sistema Federal
de Combate al Delito de Secuestro, quien podrá removerlo libremente
y dependerá directamente de él, contará con un equipo
técnico especializado y un presupuesto asignado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Artículo 10. El Secretario Ejecutivo del
Sistema Federal de Combate al Delito de Secuestro, deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que
no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
II. Tener más de 35 años de edad;
III. Ser de reconocida capacidad y probidad y contar
con experiencia en áreas de procuración de justicia y seguridad
pública, y
IV. No haber sido condenado por delito doloso que
merezca pena de prisión.
Artículo 11. El Consejo Federal para el Combate
al Delito de Secuestro tendrá las facultades y atribuciones siguientes:
I. La coordinación del Sistema Federal
de Combate al Delito de Secuestro;
II. La determinación de lineamientos para
el establecimiento de políticas generales en materia de combate
al delito de secuestro;
III. La formulación de propuestas para el
Programa Nacional de Combate al Delito de Secuestro, así como la
evaluación periódica de éste y otros relacionados;
IV. La emisión de bases y reglas para la
profesionalización de la policía federal antisecuestros;
V. La emisión de bases y reglas para la
realización de operativos conjuntos para el combate al delito de
secuestro, entre corporaciones policiales federales, locales y municipales;
VI. La realización de programas de cooperación
internacional sobre secuestro, en coordinación con las entidades
y dependencias competentes;
VII. La elaboración de propuestas de reformas
a leyes y reglamentos en materia de secuestro;
VIII. El análisis de proyectos y estudios
que se sometan a su consideración por conducto del Secretario Ejecutivo;
IX. La expedición de reglas para la organización
y funcionamiento del Sistema Federal de Combate al Delito de Secuestro;
y
X. Los demás que sean necesarios para cumplir
los objetivos de esta ley.
Artículo 12. El Consejo se reunirá por
lo menos cada cuarenta y cinco días a convocatoria de su Presidente,
quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.
Corresponderá al Presidente del Consejo, además,
la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación
y funcionamiento del Sistema Federal de Combate al Delito de Secuestro
y deberá informar periódicamente al Congreso de la Unión
sobre el cumplimiento de lo previsto en la presente Ley y los resultados
alcanzados.
Los miembros del Consejo podrán proponer acuerdos
y resoluciones, así como vigilar su cumplimiento.
Artículo 13. Serán funciones del
Secretario Ejecutivo del Sistema Federal:
I. Elaborar las propuestas de contenido del Programa
Nacional de Combate al Delito de Secuestro y someterlas a la aprobación
del Consejo;
II. Levantar y certificar los acuerdos que se tomen
en el Consejo, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos
jurídicos que refiere el artículo 11;
III. Ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones
del Consejo;
IV. Proponer para su aprobación al Consejo
políticas, lineamientos y acciones para el combate al delito de
secuestro;
V. Elaborar y publicar informes de actividades
del Consejo;
VI. Coordinar el servicio nacional de apoyo a la
carrera policial antisecuestro;
VII. Administrar y sistematizar los instrumentos
de información del Sistema Federal de Combate al Delito de Secuestro,
así como recabar todos los datos que se requieran;
VIII. Informar periódicamente al Consejo
de sus actividades;
IX. Formular sugerencias a las autoridades competentes,
para que las instituciones de la Federación encargadas de la prevención,
investigación y persecución del delito de secuestro, desarrollen
de manera más eficaz sus funciones;
X. Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva
la coordinación entre las instancias competentes de la Federación
para el combate al delito de secuestro; y
XI. Coordinar acciones entre la Policía
Federal y la Policía Federal Antisecuestros.
Capítulo Tercero
De la Policía Federal Antisecuestros
Artículo 14. La Policía Federal Antisecuestros
tendrá como función primordial salvaguardar la libertad de
tránsito e integridad de las personas, prevenir e investigar la
comisión del delito de secuestro.
Artículo 15. La Policía Federal Antisecuestros
es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad
Pública y tendrá autonomía técnica y operativa
en el ejercicio de sus atribuciones. Su titular será designado por
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo nombramiento será
el de Comisionado, quien tendrá el más alto rango en dicha
Policía y ejercerá sobre ésta atribuciones de mando,
dirección y disciplina.
Los recursos que anualmente le sean autorizados serán
intransferibles a otras unidades administrativas u órganos desconcentrados.
Artículo 16. Las relaciones jerárquicas,
sus estructuras normativas y operativas, su organización territorial,
las demás atribuciones de mando, dirección y disciplina,
así como otros componentes del régimen interno de la Policía
Federal Antisecuestros, serán determinados en el reglamento correspondiente.
La Policía Federal Antisecuestros deberá
capacitarse en tácticas policiales y de contrainteligencia para
evitar un secuestro, negociar un rescate, evitar el homicidio del secuestrado
y lograr su rescate.
Artículo 17. La Policía Federal Antisecuestros
ejercerá en todo el territorio nacional las atribuciones que establece
la presente Ley, con estricto respeto a las que corresponden a las competencias
de las instituciones policiales federales, locales y municipales.
Artículo 18. Para el mejor ejercicio de
sus atribuciones, la Policía Federal Antisecuestros podrá
suscribir convenios de colaboración con las autoridades respectivas.
Artículo 19. La carrera policial es el elemento
básico para la formación de los integrantes de la policía
federal antisecuestros, a fin de cumplir con los principios de actuación
y desempeño. Comprenderá los requisitos y procedimientos
de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento,
desarrollo, actualización, permanencia, promoción y separación
del servicio, así como su evaluación.
Artículo 20. La carrera policial se establecerá
con carácter de obligatoria y permanente.
Artículo 21. La Policía Federal Antisecuestros
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Prevenir la comisión del delito de
secuestro;
II. Salvaguardar la libertad de tránsito
e integridad de las personas,
III. Participar, en auxilio de las autoridades
competentes, en la investigación y persecución del delito
de secuestro, en la detención de personas o en el aseguramiento
de bienes que sean objeto, instrumento o producto del delito, en aquellos
casos en que sea formalmente requerida, cumpliendo sin excepción
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales
aplicables;
IV. Practicar detenciones o aseguramientos en los
casos de flagrancia del delito de secuestro, en los términos de
ley y poner a disposición de las autoridades ministeriales o administrativas
competentes, a las personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado
o que estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos
constitucional y legalmente establecidos;
V. Hacer del conocimiento del Ministerio Público
de la Federación la comisión de los delitos de secuestro
que tengan conocimiento; en cuyo caso, el Ministerio Público deberá
iniciar sin dilación alguna, la Averiguación Previa correspondiente,
aun cuando no exista una denuncia;
VI. Participar en operativos conjuntos con otras
instituciones policiales federales, locales o municipales, que se lleven
a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema
Federal de Combate al Delito de Secuestro;
VII. Obtener, analizar, estudiar y procesar información,
así como poner en práctica métodos conducentes para
la prevención del delito de secuestro, sea directamente o mediante
los sistemas de coordinación previstos en otras leyes federales;
y
VIII. Las demás que le confieran esta y
otras leyes.
Artículo 22. Son facultades y obligaciones
del Comisionado de la Policía Federal Antisecuestros:
I. Proponer al Ejecutivo Federal, a través
del Consejo Federal de Combate al Delito de Secuestro, la adopción
de políticas que ayuden a la prevención de la incidencia
del delito;
II. Informar periódicamente al Consejo Federal
de Combate al Delito de Secuestro, y al Congreso de la Unión sobre
el desempeño de las atribuciones de la Policía Federal Antisecuestros
y de los resultados alcanzados;
III. Ejercer los recursos que se aporten para la
operación y funcionamiento de la Policía Federal Antisecuestros;
IV. Promover la realización de cursos, seminarios
o eventos con instituciones nacionales y extranjeras similares a la Policía
Federal Antisecuestros;
V. Establecer los programas de formación,
actualización y profesionalización especializados en tácticas
policiales y de contrainteligencia para un combate eficiente al delito
de secuestro,
VI. Proponer la celebración de convenios
y demás actos jurídicos, así como llevar a cabo todas
aquellas actividades directamente relacionadas con el ámbito de
competencia de la Policía Federal Antisecuestros; y
VII. Las demás que expresamente las leyes
federales le confieran.
Artículo 23. Para ser Comisionado de la Policía
Federal Antisecuestros deberán cumplirse los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que
no tenga otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años
cumplidos el día de la designación;
III. Ser de notoria buena conducta, no haber sido
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto
a proceso penal;
IV. Tener grado de licenciatura o su equivalente;
V. Comprobar una experiencia mínima de cinco
años en labores vinculadas con la seguridad pública; y
VI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber
sido destituido por resolución firme como servidor público.
Artículo 24. En la Policía Federal Antisecuestros
sólo permanecerán aquellos integrantes que cursen y aprueben
los programas de formación, actualización y profesionalización
específicos para el combate al delito de secuestro.
Artículo 25. Para ingresar o permanecer
en la Policía Federal Antisecuestros se requiere
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que
no tenga otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y civiles;
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto
a proceso penal;
III. Acreditar que ha concluido, por lo menos,
los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;
IV. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos
de formación inicial o básica;
V. Aprobar los exámenes de control confianza
como prueba de valores, polígrafo y demás que determine el
reglamento de esta ley;
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil
físico, médico y de personalidad que el Reglamento establezca;
VII. Abstenerse de hacer uso ilícito de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo y someterse a los exámenes
periódicos que determine el Comisionado para comprobar el no uso
de este tipo de sustancias;
VIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber
sido destituido por resolución firme como servidor público;
y
IX. No haber pertenecido a algún cuerpo
de seguridad pública federal, estatal o municipal ni de seguridad
privada.
Artículo 26. Los miembros de la Policía
Federal Antisecuestros que dejen de cumplir con cualquiera de los requisitos
de ingreso o de permanencia señalados en esta Ley y en el Reglamento,
serán removidos de su cargo y dejarán de prestar sus servicios
en la institución policial.
Artículo 27. El reglamento establecerá
los criterios para la promoción de los miembros de la Policía
Federal Antisecuestros que deberán ser, al menos, los resultados
obtenidos en los programas de formación y actualización,
los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones
y sus aptitudes de mando y liderazgo.
Artículo 28. El reglamento
deberá considerar la dignificación de los miembros de la
Policía Federal Antisecuestros y establecerá un régimen
de estímulos y previsión social que corresponda a sus funciones.
Capítulo Cuarto
De la Base Nacional de Datos
De la Base de Datos de Servidores Públicos
Artículo 29. El Consejo Federal, a través
de la Secretaría de Seguridad Pública, implantará
y mantendrá actualizado un Registro Nacional con la información
necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación
de los servidores públicos que en razón de sus atribuciones,
deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley, así
como del armamento y equipo que se les asigne, en su caso. El Registro
Nacional constituirá un sistema de consulta y acopio de información
integrado por un banco de datos suministrado por la Secretaría de
Seguridad Pública.
El Registro Nacional también deberá contener
la información de los servidores públicos que dejen de prestar
servicios.
Artículo 30. Para la debida integración
del Registro, la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto
del Sistema Federal de Seguridad Pública, celebrará convenios
de colaboración con los gobiernos estatales y del Distrito Federal,
a fin de que estos últimos remitan la información correspondiente
de los servidores públicos que en razón de sus atribuciones
deban contribuir directa o indirectamente con el objeto de esta ley, misma
que podrá ser consultada por las autoridades locales correspondientes
a través de los mecanismos de seguridad que determine la Secretaría.
Artículo 31. La Secretaría de Seguridad
Pública llevará el Registro Nacional de los Servidores Públicos
a que se refiere el artículo 14, siendo responsable de la confidencialidad,
guarda, custodia y reserva de la información inscrita en éste,
de acuerdo con las normas jurídicas establecidas en la presente
Ley y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Artículo 32. El Registro deberá contemplar
los apartados siguientes:
I. Identificación de los servidores públicos,
debiendo incluir sus datos generales; información para su plena
identificación y localización; antecedentes laborales; altas,
bajas, cambios de adscripción, de actividad o rango, incluidas las
razones que los motivaron; equipo y armamento asignado; sanciones administrativas
o penales aplicadas; referencias personales; capacitación; resultados
de evaluaciones y demás información para el adecuado control,
vigilancia, supervisión y evaluación de dicho personal;
II. Armamento, vehículos y equipo, incluyendo
los cambios en los inventarios correspondientes y demás medios relacionados;
y
III. Los demás actos y constancias que prevea
esta ley y su reglamento.
De la Base de Datos Relativa a Líneas de Telefonía
Celular
Artículo 33. El Consejo Federal, a través
de la Secretaría de Seguridad Pública, implantará
y mantendrá actualizado un registro nacional de titulares de líneas
de telefonía celular, incluyendo a los titulares de líneas
de prepago, siendo responsable de la confidencialidad, guarda, custodia
y reserva de la información inscrita en éste, de acuerdo
con las normas jurídicas establecidas en la presente Ley y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
al vender un celular o un micropocesador para línea celular, los
concesionarios, los permisionarios, y demás titulares de servicios
de telefonía celular, así como, en su caso, las comercializadoras
de servicios de telecomunicaciones, deberán registrar los datos
personales del comprador, los cuales se comprobarán con identificación
oficial y comprobante de domicilio. Asimismo, deberán registrar
los cambios de las líneas de telefonía celular, así
como la desactivación de las mismas y, en su caso, los reportes
de extravío o robo que pudieren existir y demás supuestos
que disponga el reglamento correspondiente.
El Registro Nacional constituirá un sistema de
consulta y acopio de información integrado por un banco de datos
operado por la Secretaría de Seguridad Pública.
Artículo 34. La Base de Datos será
instalada y operada por la Secretaría de Seguridad Pública
con la información que aporten de manera permanente las empresas
que proporcionen servicios de telefonía celular, a la cual sólo
tendrán acceso los servidores públicos que con motivo de
su empleo, cargo o comisión público deban intervenir en la
prevención, investigación y persecución del delito
de secuestro, a través de los mecanismos de seguridad que determine
la propia Secretaría.
La Secretaría de Seguridad Pública deberá
mantener actualizada la base de datos.
Artículo 35. Los concesionarios, permisionarios
y demás titulares de los servicios de telefonía celular,
deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para
integrar el Registro Nacional de titulares de líneas de telefonía
celular, para tal efecto deberán registrar y sistematizar los datos
personales del comprador que permitan su identificación.
Artículo 36. El incumplimiento a lo dispuesto
en el presente capítulo será sancionado con el retiro de
la concesión o permiso correspondiente.
De la Base de Datos Relativa a Organizaciones Criminales
Artículo 37. El Sistema Federal de Combate
al Delito de Secuestro deberá apoyarse de una base de datos para
combatir el delito de secuestro, en la cual se integre la información
relativa a organizaciones criminales y sus métodos de operación,
así como datos estadísticos en materia de delitos de secuestros.
Artículo 38. La Base de Datos será
instalada y operada por la Secretaría de Seguridad Pública
con la información que aporten de manera permanente las autoridades
competentes, a la cual tendrán acceso inmediato y directo a través
de los medios electrónicos y mecanismos de seguridad que determine
el Consejo Federal.
La Secretaría de Seguridad Pública deberá
mantener actualizada la base de datos.
Artículo 39. En la Base de Datos a que se
refiere el artículo de la presente ley, deberán incluirse
como mínimo, los siguientes datos:
I. Datos sobre las organizaciones criminales,
sus formas de operación y ámbitos de actuación;
II. Información acerca de los probables
responsables de la comisión del delito de secuestro;
III. Averiguaciones previas iniciadas que estén
relacionadas con la materia;
IV. Información estadística sobre
secuestros;
V. Información de órdenes de aprehensión
pendientes de cumplimentar; y
VI. Estado que guarden los procesos.
De la Confidencialidad de las Bases de Datos
Artículo 40. La información, documentación
y demás instrumentos que se generen con motivo del objeto de la
presente ley, deberán ser mantenidos en la más estricta confidencialidad.
Los servidores públicos a que se refiere el artículo
14 que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida, documentación
y demás instrumentos que se deriven de las bases de datos a que
se refiere el presente capítulo, serán sancionados con prisión
de seis a doce años, de mil quinientos a diez mil días multa,
así como con la destitución e inhabilitación para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión público,
por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.
La misma pena se impondrá a quienes con motivo
de su empleo, cargo o comisión público tengan conocimiento
de la información, documentación y demás instrumentos
que se deriven de las bases de datos a que se refiere el presente capítulo,
y revelen su existencia o contenido.
Capítulo Quinto
Del Fondo Especial para el Combate al Delito de Secuestro
Artículo 41. Para contar con los recursos
necesarios para llevar a cabo los programas y la implementación
de acciones necesarias que deriven de la presente ley, se constituye el
Fondo Especial para el Combate al Secuestro con los recursos que
cada año apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los fondos se constituirán de dos fuentes:
I. De fondos generados ex profeso en una partida
especial cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para la Policía Antisecuestros;
II. De fondos provenientes de reasignaciones presupuestales
canceladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
por falta de viabilidad o expedientes técnicos y que sean aplicadas
a recursos consecuencia de modificaciones al proyecto del Presupuesto de
Egresos de la Federación hechas en la Cámara de Diputados
del año en cuestión. Estos recursos se trasferirán
inmediatamente al Fondo para la Policía Antisecuestros.
Artículo 42. El Fondo Especial para el Combate
al Secuestro será administrado por la Secretaría de Seguridad
Pública a través de la unidad administrativa correspondiente.
Artículo 43. Los recursos federales para
el Fondo Especial para el Combate al Secuestro serán contabilizados
en una partida especial asignada a la Secretaría de Seguridad Pública.
Del mismo modo, para fines de, fiscalización, evaluación
de desempeño y resultados, así como transparencia los beneficiarios
tendrán la obligación de reportar trimestralmente indicadores
y reportes contables de la ejecución de dichos recursos.
Se adoptará el enfoque de Presupuesto Basado en
Resultados y se seguirán los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
Artículo 44. Los recursos se aplicarán
exclusivamente para la Policía Federal Antisecuestros, así
como para la profesionalización de los servidores públicos
vinculados a la procuración y administración de justicia
por lo que los recursos distribuidos deberán abarcar el monto necesario
para cubrir lo relativo a la profesionalización, evaluación
integral y exámenes médicos del personal.
La evaluación comprenderá cinco pruebas:
a) Psicométrica, personalidad, adaptabilidad
al puesto e inteligencia,
b) Toxicológica (al menos de 5 sustancias),
c) Médica (condición general de salud
y biométrico),
d) Patrimonial y de entorno social (entrevista
e instrumento), y
e) Confianza (prueba de valores, para el concurso
de grados y mandos, polígrafo)
Capítulo Sexto
De la Prisión Preventiva y Ejecución
de las Penas y Medidas de Seguridad
Artículo 45. La autoridad deberá
mantener recluidos a los procesados o sentenciados por el delito de secuestro,
exclusivamente, en los Centros Federales de Readaptación Social
en seguridad máxima, ya sea en prisión preventiva o en ejecución
de sentencia.
Los servidores públicos que incumplan lo dispuesto
en el párrafo anterior, serán sancionados con prisión
de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así
como con destitución e inhabilitación para desempeñar
otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo
de la pena de prisión impuesta.
Artículo 46. Para el efectivo combate al
delito de secuestro los Centros Federales de Readaptación Social
deberán contar de forma permanente con bloqueadores de señales
de telefonía celular actualizados.
Capítulo Séptimo
De la Comisión Legislativa Antisecuestro
Artículo 47. Se crea la Comisión
Legislativa Antisecuestro, integrada por tres miembros del congreso en
proporción representativa por grupo parlamentario.
Esta Comisión evaluará el cumplimiento y
seguimiento de la Ley Federal contra el Delito de Secuestro. La presidencia
de la Comisión de Combate al Secuestro estará a cargo, de
manera rotativa y periódica, de los representantes del Poder Legislativo
Federal. El secretariado técnico estará a cargo de integrantes
de la propia Comisión designados de manera conjunta por los miembros
de la misma.
Artículo 48. La Comisión Legislativa
antisecuestros tendrá las siguientes facultades:
I. Conducir los estudios legislativos correspondientes
para la mejora legislativa en materia de secuestro.
II. Promover ante las autoridades competentes condiciones
para mejorar las estrategia de política pública en contra
de la privación ilegal de la libertad.
III. Realizar estudios, foros, congresos y conducir
estudios legislativos que coadyuven al control del delito materia de la
Comisión.
IV. Dar seguimiento a los resultados del presupuesto
ejercido en seguridad pública a nivel federal para el combate del
secuestro.
V. Sesionará, cuando menos, una vez al mes.
VI. Se reunirá trimestralmente con el Consejo
Federal para el Combate al Delito de Secuestro para dar seguimiento a los
trabajos propios del Consejo.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará
en vigor a los quince días siguientes al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El titular del Ejecutivo
federal contará con un plazo de treinta días contado a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las disposiciones
reglamentarias y administrativas que sean necesarias; así como las
reformas y adiciones correspondientes a los Reglamentos Interiores y demás
disposiciones reglamentarias y para crear los órganos que se requieran,
para su aplicación.
Artículo Tercero. En tanto se expiden las
disposiciones reglamentarias para la selección, ingreso, formación
capacitación, adiestramiento y profesionalización de los
miembros de la Policía Federal Antisecuestros, se aplicarán
en lo conducente las disposiciones reglamentarias correspondientes de la
Ley de la Policía Federal Preventiva.
Artículo Cuarto. Como única ocasión,
para el primer año de la creación del Sistema Federal de
Combate al Delito de Secuestro, se aprobará un presupuesto extraordinario
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la dotación
de equipamiento, mobiliario y todos los gastos vinculados a la instalación
del sistema.
Artículo Quinto. En caso de no existir la
capacidad técnica para efectuar las evaluaciones de confianza a
los que se refiere el artículo 43 de esta ley, la Secretaría
de Seguridad Pública licitará en el exterior la provisión
del servicio, conforme a los artículos 11, 14, 16 y demás
relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, así mismo promoverá la creación de
los recursos humanos y materiales para cubrir con dicho fin en un lapso
de cinco años.
Artículo Sexto. Los concesionarios, permisionarios
y demás titulares de los servicios de telefonía celular a
que se refiere el presente decreto, contarán con un plazo de 45
días, a partir de su entrada en vigor, para el cumplimiento de la
normatividad respectiva y para celebrar con la autoridad competente los
convenios de colaboración que sean necesarios para cumplimentar
este Decreto.
Artículo Séptimo. Se derogan todas
las disposiciones que contravengan el presente decreto.
Notas
1. Información publicada en La Jornada
el 5 de agosto de 2008.
2. Información publicada en el periódico
Reforma
el 10 de agosto de 2008.
3. De acuerdo con un estudio presentado por la IKV Pax
Christi en Bogotá, Colombia.
4. Confróntese Parés Hipólito, María
de Jesús, El delito de secuestro en México, Porrúa,
México, 2007.
5. De acuerdo con información disponible de la
organización civil México Unido contra la Delincuencia.
6. Sin considerar las acciones emprendidas para combatir
el narcotráfico.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos,
en el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura,
a 20 de agosto de 2008.
Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 20 de
2008.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
381 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO ARIEL CASTILLO
NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, Ariel Castillo Nájera, diputado a
la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos
71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción
II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis
del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años México ha registrado
un preocupante aumento en los índices de robo en todas sus modalidades
y con los diversos agravantes, al grado que, junto con el narcotráfico,
el secuestro y la extorsión, es el delito que con mayor frecuencia
se comete.
El robo constituye particularmente un delito que causa
daño profundo en las personas, porque afecta de manera directa,
y muchas veces irreparable, el patrimonio que han podido construir con
toda una vida de esfuerzo y trabajo honesto. Cuando el robo se perpetra
con violencia, como lamentablemente es cada vez más frecuente, las
personas corren el riesgo de perder lo más valioso que tienen, que
es la propia vida.
El delito de robo tiene varias modalidades de ejecución
previstas en el Código Penal Federal, como son "robo simple", "a
transeúnte", "a casa habitación y en lugares cerrados". En
la espiral de robo que vivimos, con y sin violencia, los delincuentes han
dado muestras de que no se detienen ante consideraciones de tipo social,
cultural o religioso.
Las escuelas no han sido la excepción en la proliferación
de la delincuencia dedicada al robo. Los delincuentes han encontrado en
las escuelas un lugar para cometer despojos y, algo que incrementa las
señales de alarma, también para extender las redes y el mercado
del narcomenudeo.
Esto genera un clima propicio para que el patrimonio de
los centros escolares, de por sí precarios en la mayoría
de éstos, se pongan en la mira de los delincuentes; de tal forma
que el equipo y el material didáctico que forman parte del patrimonio
de las escuelas cada vez son más un botín de robo.
Por ejemplo, en Tamaulipas, en municipios como Matamoros,
recientemente la delincuencia se ha hecho presente con el hurto de equipo
de cómputo y multimedia en dos escuelas primarias en un lapso de
10 días.*
Es importante señalar que no todos los planteles
tienen la posibilidad de contar con personal de vigilancia, como veladores,
para que al menos alerten a las autoridades sobre algún intento
de robo. Por esta razón, las autoridades competentes de los tres
órdenes de gobierno deben prestar todo el apoyo para evitar que
se sigan cometiendo estos actos delictivos.
Las escuelas son patrimonio de todos, en ellas niños,
adolescentes y adultos buscan la superación mediante el conocimiento,
de conformidad con el artículo 3o. de la Constitución General
de la República. Las escuelas son el espacio donde se realiza la
que debiera reconocerse como la más estratégica y fundamental
función del Estado: la educación.
Es necesario tener presente que la educación tiene
y debe tener un papel decisivo, indispensable, en la integración
del proyecto de nación para el siglo XXI y en el logro del desarrollo
sustentable, incluyente y democrático a que aspiramos los mexicanos.
Por ello debemos generar las mejores condiciones para que la educación
se realice de la forma más adecuada, con calidad y equidad.
La educación es el medio que conduce a forjar mejor
destino a los seres humanos. Por tanto, cuando las escuelas se ven despojadas
de mesas de trabajo, pupitres, escritorios, sillas, balones, archiveros,
equipos de cómputo o de sonido, o de cualquier accesorio, el daño
que se ocasiona a la comunidad escolar es de dimensiones invaluables, porque
en este tipo de robo no debe considerarse sólo el valor material,
sino también el valor de uso o estimativo.
Como es del conocimiento público, para recuperar
lo perdido es necesario cumplir una suerte de requisitos que alargan el
tiempo en que las autoridades educativas proveen de equipo nuevo a las
escuelas que fueron víctimas del robo, cuando debe ser de manera
pronta y oportuna.
Se debe considerar también que el patrimonio de
las escuelas no solamente es proporcionado por el gobierno, en cualquiera
de sus tres órdenes, ya que en la conformación de dicho patrimonio
la aportación de los padres de familia y de la sociedad en general
es fundamental e indispensable, y la modalidad de robo en comento también
representa un fuerte golpe a la economía familiar.
Por estas razones es importante que el robo en escuelas
amerite sanciones mayores respecto a otras modalidades de dicho delito.
El artículo 381 Bis del Código Penal Federal establece sanciones
adicionales al delito de robo cuando éste se comete en viviendas
o edificios destinados a actividades comerciales; es decir, establece un
agravante al robo así perpetrado.
En virtud de ello, se propone que el robo en escuelas
se considere dentro de las modalidades que merecen sanciones adicionales,
como una forma de aplicar mayor castigo a quien cometa acciones delictivas
que menoscaben el patrimonio de los centros escolares, así como
una forma de reconocer la importancia de la educación en la vida
nacional y contribuir a generar las mejores condiciones para su desarrollo.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza haremos todo lo
que esté a nuestro alcance para ayudar en la tarea de hacer crecer
a las escuelas, no sólo en infraestructura sino en conciencia, civilidad,
educación y formación para nuestros hijos, porque es necesario
e imprescindible fortalecer las condiciones en las que se desempeñan
los alumnos.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario
de Nueva Alianza, convencido de generar proyectos que se traduzcan en beneficios
sociales, propone el proyecto de iniciativa con base en el siguiente
Decreto por el que se reforma el artículo 381
Bis del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo Único. Se reforma el artículo
381 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones
que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse,
se aplicarán de tres días a diez años de prisión
al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén
habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en
esta denominación no sólo los que estén fijos en la
tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de
que estén construidos, así como en los lugares o establecimientos
destinados a actividades comerciales. En los mismos términos se
sancionará al que robe en campo abierto o paraje solitario una o
más cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se realice sobre una
o más cabezas de ganado menor, además de lo dispuesto en
los artículos 370, 371 y 372, se impondrán hasta las dos
terceras partes de la pena comprendida en este artículo.
Asimismo, se aplicarán las sanciones descritas
en el párrafo anterior al que robe en escuelas e inmuebles destinados
a actividades educativas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario
Oficial de la Federación.
Nota
* Claudia Zapata Santiso, Últimas Noticias
de Tamaulipas, 20 de mayo de 2008.
Diputados: Ariel Castillo Nájera, Beatriz
Collado Lara (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 20 de
2008.)
QUE ADICIONA EL INCISO H) A LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE FACULTAR A LOS CIUDADANOS PARA
PLANTEAR ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO
CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El que suscribe, diputado Alejandro Chanona Burguete,
coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos
71, fracción II, 72 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente
iniciativa de ley que adiciona el inciso h) a la fracción II, del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo primero prescribe:
"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esa Constitución, las cuales
no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece".
…
Además prohíbe "toda discriminación
motivada por origen ético nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas".
Por su parte el artículo 105, fracción II,
de la Carta Magna señala que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, conocerá de las acciones de inconstitucionalidad
que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una
norma de carácter general y la Constitución, las cuales podrán
ejercitarse por: a) Las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso
de la Unión, b) El Procurador General de la República, c)
Los órganos legislativos estatales, d) Los integrantes de la Asamblea
de Representantes del Distrito Federal, e) Los partidos políticos
con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias
nacionales y los partidos políticos con registro estatal, a través
de sus dirigencias, f) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes
en los Estados de la República, y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Es importante resaltar que la única vía
para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución
es la acción de inconstitucionalidad prevista en artículo
105 fracción II, antes mencionado.
Ahora bien, el juicio de amparo es un medio procesal constitucional
del ordenamiento jurídico mexicano, que tiene por objeto específico
hacer real y eficaz la práctica de las garantías individuales
establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos
de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las
más elevadas, cuando violen dichas garantías.
A diferencia de otros sistemas jurídicos con medios
de control constitucional, en el caso mexicano actualmente el juicio de
amparo no nulifica ni deroga la ley que es impugnada y que los tribunales
declaran inconstitucional, sino que al quejoso se le otorga protección
en contra de dicha ley de manera particular, bajo el principio de relatividad
de las sentencias; es decir solamente se aplica al agraviado que obtenga
el amparo constitucional contra el acto o ley impugnado, sin que se pueda
hacer extensivo a otras personas. Sin embargo, a través de la jurisprudencia,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios
de amparo en última instancia puede declarar la inconstitucionalidad
de una ley, lo que obligaría a los tribunales de menor jerarquía
a aplicar la interpretación del Poder Judicial al resolver juicios
sobre el mismo tema. La diferencia del juicio de amparo con la acción
de inconstitucionalidad y la controversia constitucional radica en que
el juicio de amparo es promovido por cualquier particular que considere
que sus garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad.
Al respecto, debe resaltarse que la exposición
de motivos del decreto de fecha 31 de diciembre de 1994, que reformó
entre otros, el artículo 105 constitucional señala textualmente:
"A diferencia de lo que acontece en el juicio de amparo
y en las controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad
no es necesario que exista agravio para que sean iniciadas. Mientras que
en el amparo se requiere de una afectación de las garantías
individuales y en las controversias constitucionales de una invasión
de esferas, las acciones de inconstitucionalidad se promueven con el puro
interés genérico de preservar la supremacía constitucional.
Se trata, entonces de reconocer en nuestra Carta Magna una vía para
que una representación parlamentaria calificada o el Procurador
de la República, puedan plantearle a la Suprema Corte de Justicia
si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo
son, o no, acordes con la Constitución".
De lo anterior se advierte, que la intención del legislador
fue reconocer en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos una vía para que una representación parlamentaria
calificada o bien, el Procurador de la República, toda
vez que fue hasta agosto de 1996 que se facultó a los partidos políticos
con registro ante el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos
con registro estatal, para que se encontraran en condiciones de plantear
ante la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría
de un órgano legislativo se ajustan a lo establecido en la Carta
Magna, sin que exista alguna razón por la que los ciudadanos se
encuentren impedidos para promover una acción de inconstitucionalidad,
en caso de que consideren que se contraviene el máximo ordenamiento.
Resulta conveniente mencionar el caso de Manuel Camacho
Solís (http://www.juridicas.unam.mx/publica) quien promovió
juicio de amparo en el que cuestionó la constitucionalidad del proceso
de reforma para la elección del jefe del Gobierno del Distrito Federal
a que se refiere el artículo 122 constitucional y expresó,
como concepto de violación, que a los diputados sólo les
es dable ejercer su derecho de iniciar leyes ante su propia Cámara;
lo mismo argumentó en el caso los senadores.
La juez de distrito en materia administrativa del Distrito
Federal decidió que en ese caso, los actos impugnados no se encontraban
comprendidos en las hipótesis de procedencia del juicio de garantías
toda vez que el concepto "leyes" a que aluden los artículos 103
constitucional y 1o. de la Ley de Amparo, ambos en su fracción I,
no se comprende el de la Ley Suprema, o sea la Constitución.
Consecuentemente, el juzgador concluyó que la demanda
de amparo debía desecharse por notoriamente improcedente, con fundamento
en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en relación con los
artículos 73, fracción XVIII y 1o. de la misma ley, y 103
y 107 de la Constitución General de la República.
La determinación de la juez de distrito en materia
administrativa que desechó por notoriamente improcedente la demanda
de garantías, promovida por Manuel Camacho Solís fue revisada
y el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por mayoría de seis votos, resolvió revocar el auto de desechamiento
y dejar que la juez, actuando con plenitud de jurisdicción, proveyera
nuevamente sobre la admisión o no de la demanda.
Como consecuencia, la juez de distrito en materia administrativa
tuvo por admitida la demanda y resolvió sobreseer en el juicio.
El razonamiento jurídico fue que con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme establece
el artículo 2o, de este último ordenamiento legal y, en la
tesis de jurisprudencia consultable con el rubro: "hechos notorios", se
hizo destacar como hecho notorio que con fecha 6 de julio de 1997, se llevó
a cabo el procedimiento de elección al cargo de jefe de gobierno
del Distrito Federal, perdiéndose el efecto restitutorio del juicio
de garantías.
Inconformes con la resolución de la juez de distrito
en materia administrativa, el quejoso Manuel Camacho Solís y el
Congreso de la Unión interpusieron recurso de revisión y
revisión adhesiva respectivamente. Se remitieron los autos a la
Suprema Corte de Justicia el 10 de septiembre de 1996, posteriormente el
director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de
Gobernación en representación del presidente de la República,
interpuso, también, recurso de revisión adhesiva.*
En aquella ocasión la Suprema Corte al resolver
sobre los recursos interpuestos analizó los agravios de los recurrentes
y formuló las siguientes consideraciones jurídicas: al haberse
presentado ante la Cámara de Diputados y ser firmada no sólo
por los senadores a que hace alusión el quejoso, sino también
por el presidente de la República y los diputados, se colma las
hipótesis de competencia para la iniciación de leyes y decretos
que consagran las fracciones I y II del numeral 71 de la carta magna, por
lo que no puede existir violación procedimental en ese sentido.
En otro asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) ratificó que, legalmente, los ciudadanos mexicanos estamos
indefensos ante los actos de autoridad que vulneran nuestros derechos políticos.
Conclusión a la que llegaron por mayoría de votos los ministros
de la Corte al responder al amparo promovido por Jorge Castañeda
(http://www.eluniversal.com.mx/columnas) en su lucha por alcanzar una candidatura
presidencial independiente.
Como todos saben, Jorge Castañeda pretendía
convertirse en candidato presidencial independiente, al amparo del texto
constitucional que garantiza que todos los ciudadanos mexicanos tienen
el derecho de votar y ser votados.
La propia Constitución y la legislación
electoral establecen, en contradicción con el precepto anterior,
que sólo se accede a los cargos de elección popular por la
vía de los partidos políticos. Ante esa contradicción,
Castañeda recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) para reclamar el respeto a sus derechos
políticos, sobre todo el de ser votado, pero la SCJN determinó
que el TEPJF no está facultado para analizar la inconstitucionalidad
de las leyes electorales.
Entonces Castañeda recurrió a la SCJN, en
donde promovió un amparo contra los actos de autoridad de las instituciones
electorales que le niegan la posibilidad de postularse como candidato presidencial
independiente. Y la Corte resolvió que en materia de derechos políticos
no es procedente el amparo. Esto es, que legalmente los ciudadanos mexicanos
estamos indefensos ante la violación de nuestros derechos políticos.
Pero lo más grave del asunto es que la Corte ratifica
que en materia de derechos políticos los ciudadanos están
a merced del monopolio de los partidos políticos.
En virtud de lo anterior, y en vista de que las acciones
de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter general y la Constitución, en
el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos indispensable se faculte
a los ciudadanos en la fracción II, del artículo 105 Constitucional
a fin de ejercitar ese derecho en razón de las siguientes consideraciones:
El artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe cualquier clase de discriminación.
Las acciones de inconstitucionalidad son la única
vía para inconformarse con las leyes electorales.
El juicio de amparo no nulifica ni deroga la ley impugnada
declarada inconstitucional, únicamente otorga la protección
de manera particular, bajo el principio de la relatividad de la sentencias.
El juicio de garantías es improcedente en contra
de resoluciones de los organismos y autoridades en materia electoral.
No se requiere interés jurídico, para acudir
en acción de inconstitucionalidad, es suficiente que exista un interés
genérico por parte de los ciudadanos.
Del multicitado artículo 105, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reformado en diciembre de 1994, agosto de 1996 y septiembre de 2006, se
advierte que el Constituyente Permanente estableció expresa más
no limitativamente quiénes son los sujetos legitimados para promover
una acción de inconstitucionalidad, agregando en 1996, entre otros,
a los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal
Electoral y los partidos políticos con registro estatal. En ese
sentido, resulta evidente que los ciudadanos que no se encuentren afiliados
a algún partido político carecen de legitimación para
promover dicho medio de control constitucional, en franca contravención
a la garantía de igualdad consagrada en el artículo 1o. de
la Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la
consideración de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa de ley que adiciona el inciso h) a la fracción
II, del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adiciona un inciso h) a la fracción
II del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación conocerá, en los términos que señale
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. …
a) a la k) …
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan
por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de
carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse,
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación
de la norma, por:
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los
integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso
de la Unión;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los
integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal
expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales
celebrados por el Estado mexicano;
c) El procurador general de la República, en contra
de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así
como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los
integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en
contra de leyes expedidas por el propio órgano, y
e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los
integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra
de leyes expedidas por la propia asamblea.
f) Los partidos políticos con registro ante el
Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales,
en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos
con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente
en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo
del Estado que les otorgó el registro.
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal,
así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren
los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo
los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes
en los estados de la república, en contra de leyes expedidas por
las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
h) Los ciudadanos en los términos de los artículos
34 y 38 constitucionales.
La única vía para plantear la no conformidad
de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este
artículo.
Las leyes electorales federal y locales deberán
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que
inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo
no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo
podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que
fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
Nota
* Recurso de revisión con facultad de atracción,
al que correspondió el toca número 2996/96, interpuesto por
Manuel Camacho Solís en contra del auto de fecha treinta de agosto
de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se desechó la
demanda de amparo promovida contra actos del Congreso de la Unión
y otras autoridades.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Agosto 20 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
La suscrita, diputada Bertha Yolanda Rodríguez
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos
71, fracción II, y 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 y 56 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de esta Comisión Permanente la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Por mucho tiempo se sostuvo que los retos del envejecimiento
y la problemática a la que se enfrentan las personas adultas mayores
formaban parte natural de este ciclo de la vida y que había que
darles solución desde el ámbito privado y conforme a las
circunstancias específicas de cada caso. Desde hace tres décadas,
esta concepción sobre el envejecimiento se ha ido modificando.
Actualmente, en los países occidentales se está
produciendo una tendencia filosófica que atribuye valores morales,
e incluso políticos, a ciertos grupos sociales, lo que ha generado
que hoy las personas adultas mayores sean consideradas como sujetos de
derechos y causa generadora de políticas sociales especiales para
incorporarlos al desarrollo con el resto de la sociedad.
Gracias a esta tendencia, hoy el proceso de envejecimiento
poblacional tiene consecuencias directas en los sistemas de protección
social y en su devenir en términos de oferta, sustentabilidad y
financiamiento, y también en diversos temas como es la salud, el
acceso a la justicia, la vivienda, la educación, el empleo, la recreación
y la asistencia social para quienes requieren de esfuerzos adicionales
para incorporarse al desarrollo de la sociedad.
De no mediar la intervención del Estado en la creación
de políticas públicas y de acciones afirmativas dirigidas
a este importante sector de la población, los rubros anteriores
podrían traer como consecuencia que este cambio demográfico,
que en sí constituye un logro de la humanidad, se convierta en un
problema que termine afectando a las familias y a la sociedad en su conjunto.
El envejecimiento de la población es un reto que
todas las naciones deben enfrentar. Actualmente hay 654 millones de adultos
mayores en el planeta, que representan 10.2 por ciento de la población
mundial y se espera que en 2030 sean mil 348 millones. Europa es la región
más envejecida con 20.6 por ciento de su población con 60
años o más de edad, seguida de Norteamérica y Oceanía
con 16.6 y 13.7 por ciento, respectivamente. Los países con mayor
proporción de adultos mayores son Japón (25.5 por ciento),
Italia (24.5 por ciento), Alemania (24.3 por ciento), Grecia (23.7 por
ciento), Suecia (23.7 por ciento), Canadá (17.7 por ciento), Uruguay
(17.6 por ciento), Australia (17.2 por ciento), Nueva Zelanda (16.4 por
ciento) y Cuba (15.3 por ciento).
En México, la población de la tercera edad
es la que crece de manera más rápida desde hace quince años.
Su tasa de crecimiento pasó de 2.5 por ciento anual en 1970, a 3.5
en 2000 y a 3.6 en 2004. En la actualidad, la población de personas
adultas mayores asciende a 7.9 millones, quienes representan 7.5 por ciento
del total de la población. En 2010 habrá 9.9 millones, 15
millones en 2020 y poco más de 22 millones en 2030. Dentro de este
grupo, los mayores de 70 años suman ya 3.5 millones y se prevé
que alcanzarán 4.4 millones en 2010, 6.5 millones en 2020 y 10.2
millones en 2030.
Generalmente, las mujeres viven en promedio más
años que los hombres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población,
en el 2005 la esperanza de vida al nacer en el país era de 75.4
años. Las mujeres viven 77.9 años en promedio y los hombres
73.0 años. Lo anterior representa la urgente necesidad de crear
políticas públicas que apoyen a estas mujeres que influyen
directamente en el desarrollo económico y la estabilidad familiar
de la sociedad mexicana.
Actualmente, en México resulta una utopía
que la vejez represente una etapa de tranquilidad, en virtud del respaldo
económico que otorga una pensión. Las cifras establecen que
es mayor el porcentaje de hombres que de mujeres que obtienen los beneficios
de una pensión, ya que cerca del 30 por ciento de hombres cuentan
con una pensión, contra el 15 por ciento de mujeres.
Lo anterior, aunado al bajo monto de las pensiones, trae
como consecuencia la necesidad de incorporarse a la actividad económica
como sustento de una familia, como aporte importante al ingreso de ésta
y, en el mejor de los casos, sólo para cubrir sus necesidades básicas
personales.
En este aspecto, también son notorias las diferencias
que establecen los roles tradicionales entre los sexos, pues la actividad
prioritaria en mujeres de edades avanzadas son las labores del hogar, ya
que en el pasado las oportunidades de trabajo para las mujeres eran escasas
y tradicionalmente el trabajo se circunscribía a la crianza de los
hijos y el mantenimiento del hogar.
Paulatinamente, estas oportunidades fueron abriéndose,
pero sin perder de vista la asignación tradicional de estos roles.
En este sentido, las mujeres se incorporaron en labores de limpieza, enfermería
y algunas actividades industriales, como la elaboración de alimentos
y la industria del vestido.
En tal virtud, es necesario impulsar la incorporación
de los adultos mayores a la actividad laboral, pero especialmente en las
mujeres. Es de vital importancia la generación de acciones afirmativas
que transformen los roles tradicionales, se impulse su independencia económica
y se promueva la conciliación de su vida laboral con sus actividades
personales y familiares.
Adicionalmente a lo anterior, la creación de políticas
públicas que garanticen los derechos de las personas adultas mayores
deben tener como objetivo, además de la atención directa
a necesidades básicas como la salud, la vivienda, el empleo, la
educación y la asistencia social, la valoración de la experiencia
adquirida a lo largo de los años vividos y la transmisión
de ésta a través de la convivencia entre las generaciones.
La calidad de vida de personas mayores tiene mejoras notables
cuando conviven con personas más jóvenes. El beneficio es
para ambos, ya que a lo largo de nuestra vida vamos formando parte de diversas
generaciones que, además, se relacionan entre ellas. No se puede
entender un envejecimiento satisfactorio sin la relación entre generaciones.
Ejemplo del éxito de estas prácticas lo podemos encontrar
en países como España, Argentina y Chile, en donde existen
programas gubernamentales y de la sociedad civil de asistencia a domicilio
para adultos mayores que viven solos.
La convivencia intergeneracional mejora la autoestima
y el sentimiento de utilidad en el adulto mayor, promueve el conocimiento
y la compresión mutua, fomenta la solidaridad entre generaciones
y facilita la comunicación. Poner en contacto a personas de edades
muy diferentes hace que se fortalezcan sus relaciones, se facilite el envejecimiento
saludable y se fomente el crecimiento positivo de los jóvenes.
La iniciativa que someto a la consideración de
esta asamblea, propone reformar la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores, con la finalidad de incorporar el acompañamiento
y la convivencia intergeneracional como programas dirigidos al sector de
mujeres y de hombres que vivan solos.
En tal sentido, se propone la adición de un inciso
d) en la fracción VI del artículo 5o. de la citada ley, a
efecto de incluir en los derechos de las personas adultas mayores en materia
de asistencia social, que sean sujetos de los programas de acompañamiento
que desarrolle el Estado o la sociedad civil, participar en programas de
albergue estudiantil y asistencia a domicilio, en el caso de mujeres y
de hombres que vivan solos.
Asimismo, se reforma la fracción VII del artículo
10, referente a los objetivos de la política nacional sobre personas
adultas mayores, con la finalidad de incluir estos programas para fomentar
en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez,
para lograr un trato digno y favorecer su revalorización e integración
social.
A través de la adición de un nuevo texto
en la fracción II del artículo 16, se establece una nueva
atribución de la Secretaría de Desarrollo Social para establecer
convenios de colaboración con la sociedad civil e instituciones
educativas, públicas y privadas, a efecto de desarrollar programas
de acompañamiento, albergue estudiantil y asistencia a domicilio
dirigidos a mujeres y a hombres que vivan solos y en los que participen
jóvenes estudiantes, con la finalidad de fomentar la convivencia
entre generaciones.
Asimismo, se adiciona un texto en la fracción VII,
correspondiente a las facultades de la Secretaría de Educación
Pública, con la finalidad de que se creen programas de fomento a
la lectura en los que participen niñas, niños, adolescentes
y personas adultas mayores; con la finalidad de fomentar el hábito
de la lectura y la convivencia entre generaciones, de manera creativa y
cultural.
En el artículo 19, en donde se establecen las atribuciones
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se propone
adicionar dos nuevos textos en las fracciones VI y VII, a efecto de que
se creen y difundan programas que impulsen la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal, así como campañas de impulso
a la incorporación laboral y creación de proyectos productivos
dirigidos especialmente a mujeres adultas mayores.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a
la consideración de esta soberanía la siguiente:
Único. Se reforma la fracción VII
del artículo 10, y se adiciona un nuevo inciso d) a la fracción
VI del artículo 5; un nuevo texto a la fracción II del artículo
16, recorriéndose el texto anterior y las demás fracciones
en orden consecutivo; un nuevo texto en la fracción VII del artículo
17, recorriéndose el texto anterior y el de las demás fracciones
en orden consecutivo; y un nuevo texto en las fracciones VI y VII del artículo
19, recorriéndose los textos anteriores en orden consecutivo, todos
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar
como sigue:
Artículo 5o. …
I. a V. …
VI. …
a) a c) …
d) A ser sujetos de los programas de acompañamiento
que desarrolle el Estado o la sociedad civil, participar en programas de
albergue estudiantil y asistencia a domicilio, en caso de mujeres y de
hombres que vivan solos.
VII. a IX. …
Artículo 10. …
I. a VI. …
VII. Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad,
una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer
su revalorización y su plena integración social, así
como, procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad
y convivencia entre las generaciones, a fin de evitar toda forma de discriminación
y olvido por motivo de su edad, género, estado físico o condición
social, a través de programas de acompañamiento, albergue
estudiantil o asistencia a domicilio en caso de mujeres y de hombres que
vivan solos y así lo deseen;
VIII. a XX. …
Artículo 16. …
I. …
II. Establecer convenios de colaboración con la
sociedad civil e instituciones educativas públicas y privadas, a
efecto de desarrollar programas de acompañamiento, albergue estudiantil
y asistencia a domicilio, dirigidos a mujeres y a hombres que vivan solos
y en los que participen jóvenes estudiantes, con la finalidad de
fomentar la convivencia entre generaciones;
III. a IV. …
Artículo 17. …
I. a VI. …
VII. Programas de fomento a la lectura en los que participen
niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, con
la finalidad de fomentar el hábito de la lectura y la convivencia
entre generaciones;
VIII. a IX. …
Artículo 19. …
I. a V. …
VI. Creación y difusión de programas que
impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal;
VII. Creación y difusión de campañas
de impulso a la incorporación en la actividad laboral y creación
de proyectos productivos, dirigidas especialmente a mujeres adultas mayores;
VIII. a IX. …
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a
los 180 días posteriores al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Las dependencias de la administración
pública federal contarán con un plazo de 180 días
posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial
de la Federación, a efecto de dar cumplimiento a las nuevas atribuciones
que se les confieren.
Tercero. Remítase a la honorable Cámara
de Senadores para sus efectos constitucionales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
a 20 de agosto de 2008.
Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez
(rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables. Agosto 20 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES, EN MATERIA DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA LILIANA CARBAJAL MÉNDEZ, EN NOMBRE DE
LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Los que suscriben, diputados federales y senadores de
la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción
II, y 78, fracción III, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 122, párrafos primero y segundo,
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a la
consideración de la honorable Comisión Permanente la presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, con base
en la siguiente
Exposición de Motivos
La baja participación registrada en la primer experiencia
del voto en el exterior, acontecida en las elecciones federales de julio
de 2006, principalmente con los mexicanos radicados en los Estados Unidos,
donde se esperaban mayores índices de participación, ha provocado
que distintas voces se pronuncien por reconsiderar el voto extraterritorial
y cancelarlo.
Esta iniciativa parte del supuesto de que ello no debe
ser puesto a consideración por ningún motivo, ya que no es
posible sustraer a una población de un derecho que ya ha sido otorgado;
de manera contraria, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero
debe perfeccionarse, ampliarse y consolidarse.
¿Por qué es necesario plantear una reforma
al voto extraterritorial? Por varios motivos. El primero y quizá
más importante, consiste en incentivar el ejercicio democrático
de los mexicanos en el exterior. Resulta preocupante que, en las elecciones
extraterritoriales de 2006, menos de 1 por ciento de los mexicanos que
tenían credencial para votar y que residían fuera del territorio
nacional se registró para votar; de más de 4 millones de
connacionales con credencial de elector, se emitieron 32,632 votos que
fueron turnados a escrutinio y cómputo, de acuerdo al Informe Final
del Instituto Federal Electoral.
Costó mucho el voto en el exterior, en términos
de los votos emitidos en razón del presupuesto invertido. Sin embargo,
con un esquema distinto y con un nuevo marco jurídico, es posible
aumentar considerablemente las potencialidades de votación. Por
tanto, no puede atribuirse la escasa participación registrada a
una supuesta falta de interés generalizada de nuestros connacionales,
sino a otras causas, tales como un diseño de origen con severas
limitaciones, un modelo inicial que no contó con los elementos para
alentar y provocar la participación.
Otra de las razones que justifican una baja participación
electoral extraterritorial en el 2006 fue el escaso tiempo que tuvo la
autoridad para organizar y preparar el voto en el exterior. El periodo
de inicio para el registro de votantes en el exterior arrancó el
1o. de octubre del año 2005, y la aprobación del voto extraterritorial
por parte del Congreso se efectuó en el mes de junio del mismo año;
es decir, a partir de que se generó la legislación aplicable,
la autoridad electoral contó con apenas 3 meses para preparar y
organizar la elección, hasta el día que oficialmente se abrió
la apertura del registro de votantes en el exterior.
Un elemento disuasivo que existió en el voto en
el exterior, consistió en el hecho de que el elector tuvo que incurrir
en un costo económico para pedir su registro en el listado nominal
de electores, que fue de 8 a 9 dólares por el envío de su
solicitud vía correo, además de los costos y esfuerzos relacionados
a los traslados y de la pérdida de tiempo asociada. Se utilizó
el correo certificado para que los mexicanos en el exterior se registraran
para votar, considerando la autoridad que dicho servicio representa el
flujo postal más seguro del mundo, lo que impuso el costo económico
ya mencionado para realizar el trámite de inscripción al
listado nominal, aunque no ocurrió así con la emisión
del voto, que sí fue totalmente gratuita.
Una verdadera reforma al voto en el exterior, que permita
construir un mejor modelo y diseño del mismo, y que brinde a la
autoridad electoral un marco jurídico a ser aplicado mucho más
completo, flexible y adecuado, así como un conjunto de medidas y
acciones que se lleven a cabo a partir de las lecciones aprendidas de la
elección del año 2006, podrían y deberían llevar
a una mucho mayor participación electoral de nuestros paisanos para
las próximas elecciones presidenciales del 2012.
Una participación deseable y aceptable podría
rondar entre 400 mil y 600 mil votos aproximadamente, es decir, entre el
10 por ciento y 15 por ciento del universo de mexicanos que residen fuera
de territorio nacional y tienen credencial del IFE, ya que son ésos
los porcentajes más elevados que existen en el mundo de los países
con mayor experiencia y mejor gestión en la materia. Y en ese sentido,
un nivel de participación de esa magnitud representaría,
por ejemplo, una cantidad de votos indiscutiblemente superior a la diferencia
entre el ganador y el segundo lugar de la elección presidencial
anterior, lo que nos dice mucho acerca del potencial y la importancia que
podría revestir el mejoramiento y perfeccionamiento del voto en
el exterior.
El primer punto de cualquier reforma en la materia debe
ser garantizar y asegurar que el voto en el exterior se efectúe
cabalmente y no ponga en riesgo en ningún momento los atributos
y principios que debe guardar constitucionalmente el voto, tanto en territorio
nacional como fuera del mismo. Una de las virtudes que tuvo el proceso
extraterritorial del voto en el año 2006 fue que sí cumplió
con todas las normas de legalidad, certeza y seguridad con las que se efectuó
el voto en territorio nacional; por tanto, cualquier reforma al voto de
los mexicanos en el exterior debe partir de ahí, de continuar garantizando
al máximo el cumplimiento de dichas normas para el voto.
Cualquier reforma que se produzca en términos del
voto en el exterior, si aspira y ambiciona a brindar un marco jurídico,
modelo y esquema mucho más favorable, positivo y consistente, debe
de partir de un principio fundamental: debe de ser discutida, aprobada,
promulgada y publicada para su entrada en vigor con la suficiente y la
mayor anticipación como sea posible, para que la institución
electoral cuente con un plazo considerablemente mayor de preparación
y organización del voto extraterritorial; si existiese una verdadera
reforma al voto en el exterior, y si esta reforma se produjera en esta
LX Legislatura, durante el próximo periodo ordinario de sesiones,
estaríamos entonces ante la enorme posibilidad de mejorar el esquema
del voto extraterritorial no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente.
Indiscutiblemente, para que en la próxima elección
presidencial se presente una votación significativamente mayor en
el exterior, es imprescindible ampliar el universo de votantes realmente
probables. Al respecto, hay quienes opinan que debe considerarse la posibilidad
de admitir otros documentos oficiales, distintos a la credencial para votar
con fotografía, para que nuestros connacionales en el exterior puedan
registrarse para votar, como podrían ser la matrícula consular
o la licencia de manejo, por citar dos ejemplos frecuentemente señalados.
Lo anterior, debido a que, por una parte, se cree que
muchos de quienes se supone que contaban con la credencial del IFE ya la
han extraviado en el tiempo que llevan residiendo en el exterior o bien
se deshicieron de ella a propósito en el caso de quienes ingresaron
de manera indocumentada al país en el que se hallan actualmente;
y por otra parte, tomando en cuenta que quienes ya residen en el exterior
y no cuentan por cualquier motivo con su credencial para votar, aún
teniendo la edad y el interés de ejercer su derecho político,
no estarían en condiciones de regresar a nuestro país para
obtener su credencial, ya que arriesgarían su estancia actual, su
permanencia o su empleo.
Al respecto, habría que decir que no sería
viable pensar en admitir otros documentos para el registro, en principio,
por lo menos en los casos de la matrícula o la licencia de manejo,
por dos razones muy contundentes y muy específicas: una, que no
podrían admitirse documentos que no son procesados y emitidos por
la autoridad electoral (la matrícula consular es emitida por el
Poder Ejecutivo Federal, concretamente por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, y las licencias de manejo por parte de los estados o entidades
federativas ya sea de la localidad donde residen nuestros connacionales
o bien conservan alguna emitida por alguna entidad federativa de nuestro
país); y la segunda, que hasta el momento, sólo la credencial
del IFE presenta todos los elementos de seguridad y legalidad que debe
resguardar el voto, además de que sólo con ella se puede
asegurar que quienes son dados de alta en el padrón de electores
en el extranjero sean al mismo tiempo dados de baja del padrón electoral
del territorio nacional, para evitar que una misma persona sufrague dos
veces. En otras palabras, el IFE debe tener la capacidad de dar de baja
a un ciudadano de la lista nominal en territorio nacional si es que se
le va a permitir el voto en el extranjero.
De ahí que podamos concluir entonces que para poder,
efectivamente, aumentar el universo de votantes realmente probables, sólo
nos quedarían dos opciones factibles que podrían dar resultado:
que la autoridad electoral, el IFE, cree y expida una nueva credencial
o documento para votar con validez, dirigido específicamente a la
comunidad de mexicanos en el exterior, o bien que se abra la posibilidad
de que el mismo instituto realice campañas de credencialización
en el exterior, facultándolo para ello en el marco legal y dotándolo
de los recursos necesarios para ello.
El perfeccionamiento del voto extraterritorial debe cubrir
un punto que resulta determinante: facilitar al máximo los procedimientos
para registrarse en el listado nominal de electores en el exterior y para
emitir el sufragio: menos trámites y más sencillos. El elector
debe contar con formas alternativas para registrarse y emitir el sufragio,
manteniendo al mismo tiempo la opción de hacerlo siguiendo el procedimiento
actual, como ocurrió en el 2006, del correo certificado, si así
lo prefiere, o hacerlo incluso mediante cualquier correo ordinario, que
podría ser una muy buena opción para el registro y emisión
del sufragio; y no sólo debe ser simplificada la manera de registrarse
y de emitir el sufragio, sino que el mismo formato de solicitud para el
registro debe ser simplificado también.
Sería indispensable, eso sí, ampliar todos
los plazos de los procedimientos para el voto en el exterior, para darle
mayor tiempo al elector para registrarse como para que tenga mayor tiempo
para emitir su voto, y obviamente a la autoridad electoral para organizar
el proceso.
En sintonía con el objetivo de reformar el Cofipe
para perfeccionar el voto de los mexicanos en el exterior, y con la idea
de hacerlo con ambiciones y aspiraciones de gran envergadura, pero cuidando
en todo momento la legalidad y los principios fundamentales del sufragio,
ha llegado el momento de dar un salto cualitativo y de atreverse a hacer
cosas importantes en este tema, y ello puede conseguirse mediante el voto
electrónico.
Existen varios tipos de voto electrónico. Uno de
ellos, que se conoció a nivel mundial, en el caso de Florida en
las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2000, es el
que utiliza perforaciones en las tarjetas de votación, y fue muy
difundido en los medios porque existieron muchas confusiones por la manera
en que se presentaban las opciones. Evidentemente, ése no es el
tipo de voto electrónico que se estaría considerando. Un
segundo tipo sería una evolución del primero, en el que el
elector marca con un bolígrafo en la boleta y un aparato o dispositivo
es capaz de leer todos los registros. Están también los tipos
de voto electrónico que se efectúan por Internet (de manera
remota), desde cualquier computadora conectada a la red, o bien aquellos
en donde se puede votar por teléfono; creemos que ambos casos y
los otros antes mencionados no han sido desarrollados y probados lo suficiente
a nivel internacional, y no presentan los elementos necesarios de seguridad
y certeza para tomarlos en serio, al menos por el momento.
El tipo de voto electrónico o modalidad que sí
se podría poner en práctica con éxito y con certidumbre
plena es el voto mediante las llamadas "urnas electrónicas", sería
ésta la modalidad para votar electrónicamente que se propone
introducir como posibilidad en la presente iniciativa.
Existe una amplia y rica experiencia internacional en
materia del voto electrónico con la modalidad de las urnas electrónicas,
es un esquema altamente probado, en términos tecnológicos,
así como en términos de mecanismos de seguridad, garantías
y protección del voto. Quizá algunos de los países
con la mayor trayectoria en este caso serían Bélgica y Brasil,
por mencionar dos ejemplos, en donde se recurre a este mecanismo de votación
incluso para celebrar sus elecciones dentro de su territorio nacional.
En el primero de ellos, se votó mediante urnas electrónicas
en la elección para presidencias municipales o alcaldías
en las últimas elecciones, en donde el 44 por ciento de los electores
optaron por utilizar el mecanismo de votación electrónica,
y con magníficos resultados.
Probablemente uno de los casos más aleccionadores
en este tema sería el brasileño. También se ha utilizado
y se utiliza el sistema de votación mediante urnas electrónicas
dentro de su territorio nacional, para elegir autoridades municipales,
y se recurre a métodos electrónicos para la totalidad del
proceso, desde la identificación del elector hasta la emisión
del sufragio y la transmisión de resultados vía Internet.
En el año 2000, por ejemplo, se votó electrónicamente
en territorio brasileño en 600 ciudades y sufragando de esta manera
alrededor de 160 millones de brasileños, habiendo presentado algún
problema únicamente el 1 por ciento de las casillas, que además
se debieron a cuestiones de errores humanos y administrativos, y no de
la tecnología o del mecanismo en sí.
De igual forma, los escasos problemas presentados en el
caso brasileño no podrían presentarse en el sistema electoral
mexicano, ya que estuvieron relacionados a que las autoridades electorales
concentraban facultades ejecutivas, legislativas y judiciales durante el
proceso, y relacionados también al hecho de que no se les permitió
a los partidos políticos participar en todos los procesos de validación
de las tecnologías y del software empleado antes de inaugurarse
la jornada electoral, lo cual sería impensable en nuestro país,
en donde la tradición electoral ha permitido institucionalizar candados
para brindar certeza a las elecciones; aún así, con esos
problemas, los brasileños sólo tuvieron problemas en el 1
por ciento de las casillas y la experiencia con el voto electrónico
les ha funcionado excelentemente en términos generales, incluso
con la bondad de alentar una mayor participación de las personas
con capacidades distintas y de quienes son analfabetas.
Pero no sólo existe la evidencia contundente y
favorable del voto electrónico a nivel internacional, y en elecciones
no solo extraterritoriales sino territoriales en países, tanto desarrollados
como en vías de desarrollo, y en diversos hemisferios, sino que
en nuestro propio país, en distintas entidades federativas, ya se
han realizado pruebas piloto durante elecciones, para probar el mecanismo,
y con resultados sumamente prometedores y positivos, específicamente
con las urnas electrónicas.
La experiencia a nivel nacional para probar la urna electrónica,
inició en el Distrito Federal el año 2003, por parte de la
autoridad electoral local, la cual obtuvo la tecnología en calidad
de préstamo por parte del gobierno brasileño, obteniendo
muy buenos resultados. Le siguió Coahuila en el 2005, a través
de su instituto electoral, registrando resultados muy gratos también;
y finalmente en el estado de Baja California, durante las últimas
elecciones estatales, también se hizo un simulacro con urnas electrónicas,
y en donde igualmente funcionaron a la perfección, presentándose
solamente dos urnas que no pudieron operar y ello debido a errores humanos
elementales de los funcionarios de la autoridad electoral local, quienes
en una de las urnas olvidaron la llave de la misma, y en la otra se introdujo
en dos ocasiones el código de acceso para iniciar operaciones cuando
sólo tenía que introducirse una vez, por lo que se bloqueó
automáticamente y tuvo que dejar de operar, sin embargo en ambas
urnas el proceso simplemente se reemplazó por el convencional y
no hubo ningún inconveniente.
La forma para votar utilizando una urna electrónica
es sumamente simple y sencilla, y es muy similar al uso de un cajero automático
para hacer algún retiro de dinero o consultar saldos. Se presenta
el elector ante la urna, introduce una credencial magnetizada, se digita
un código de acceso personal (NIP), aparece entonces la boleta electoral
gráficamente en la pantalla, tal como es en la actualidad, y siendo
la pantalla sensible al tacto, el elector sólo tiene que seleccionar
tocando en la pantalla la opción o candidatura de su preferencia,
después confirma su voto para finalizar el procedimiento. Se imprimen
los comprobantes impresos del voto, uno para el propio elector y otro para
los registros de la autoridad electoral, y de manera electrónica
el sistema transmite las señales automáticamente de los votos
registrados a las computadoras centrales de la autoridad; la modalidad
de las urnas electrónicas genera un conteo automático de
los votos, que puede ser supervisado en todo momento por todos los partidos
políticos, siendo los recuentos de la votación también
automáticos, contando con un programa de resultados preliminares
(PREP) prácticamente instantáneo, que se va construyendo
minuto a minuto.
Las ventajas del voto electrónico mediante urnas
electrónicas son muchas y muy claras. Es posible tener resultados
preliminares finales en tan sólo tres horas de haber concluido la
votación, y los resultados oficiales en únicamente cinco
horas, con total certeza y transparencia. Los resultados son prácticamente
impugnables por su confiabilidad y no existen los votos nulos además.
Por si ello fuera poco, los costos económicos de las urnas y la
tecnología son sumamente accesibles, representa un ahorro enorme
de papel y recursos humanos, constituyendo un mecanismo amigable en términos
medioambientales, y existen indicios de que puede conducir y fomentar un
menor abstencionismo, no sólo por representar una forma de votación
sumamente atractiva y novedosa, sino muy práctica y confiable. Una
ventaja más del esquema de la votación mediante urnas electrónicas,
sería que se daría al elector que se ubica fuera del país,
la oportunidad de votar el mismo día de la elección, al igual
que los mexicanos que votamos dentro del territorio nacional, lo que representaría
un acto de igualdad en la emisión del sufragio.
Por ello, la propuesta concreta sería que para
las elecciones presidenciales del año 2012, los mexicanos en el
exterior puedan continuar votando desde sus lugares de residencia o fuera
del territorio nacional, mediante un sistema de votación mixto,
para que cada elector esté en posibilidades de elegir el método
con el que desea votar, ya sea a través del voto postal (por correo
certificado u ordinario) o bien a través del voto electrónico
específicamente vía la modalidad de las urnas electrónicas,
que puedan ser ubicadas en las instalaciones de las embajadas y consulados
de nuestro país, así como en espacios que la autoridad electoral
pueda designar para ese motivo si así lo considera oportuno, siempre
bajo el control y la administración del IFE; así mismo, brindar
mayores facilidades para el registro en el listado nominal de electores
en el exterior y simplificar todos los procedimientos y trámites;
ampliar todos los plazos de los procedimientos tanto para el registro para
votar como para poder emitir el sufragio; y finalmente, habilitar a la
autoridad electoral a través del marco jurídico, para que
cada año puedan realizarse campañas de credencialización
en el exterior.
En el caso del esquema de votación mediante la
urna electrónica, la propuesta sería también realizar
una prueba piloto o simulacro en Estados Unidos en el año 2009,
por parte del IFE, para que nuestros paisanos, los partidos políticos
y la misma autoridad electoral mexicana pueda ir familiarizándose
con esta forma de votación, y puedan realizarse todas las pruebas
y preparaciones para que, en el año 2012, durante la elección
presidencial, ya pueda utilizarse este mecanismo de votación de
manera plena, y en combinación con el voto postal.
Ahora bien, es muy importante señalar que es necesario
validar la tecnología que se ha propuesto utilizar, con el fin de
que en su implementación haya plena certeza y seguridad, y que dicha
labor puede durar hasta dos años; por ello, si se iniciara el proceso
de validación de la tecnología en 2009 o incluso hasta principios
de 2010, se estaría en perfectas condiciones para que el voto electrónico
mediante urnas sea una realidad en las elecciones presidenciales en el
exterior para la elección de 2012.
Por otra parte, sería importante ponderar también
la importancia de la difusión para el voto en el exterior. De acuerdo
con sondeos de opinión y encuestas realizadas por el IFE a los mexicanos
que votaron en el exterior en 2006, la gran mayoría de quienes sufragaron
se enteraron de que podían votar y de los procedimientos a seguir
por medios electrónicos, y principalmente la televisión.
Por ello, el próximo proceso electoral extraterritorial debe contar
con la suficiente y la más amplia difusión posible mediante
medios electrónicos pagados o contratados por la misma autoridad
electoral y sólo por ésta, y con la mayor anticipación
como sea posible también; así mismo, debe considerarse la
participación y el involucramiento en los procesos de difusión
de los personajes y líderes de opinión que cuentan con gran
simpatía y con más seguidores dentro de la comunidad mexicana
en el exterior.
De igual manera, la unidad administrativa de la autoridad
electoral encargada de organizar el voto en el exterior, deberá
iniciar sus operaciones y preparativos mucho antes de que inicie per se
el proceso electoral en el extranjero, probablemente los primeros meses
del año previo a la elección.
Otra de las soluciones que aportarían mayores incentivos
y que sin duda motivaría una mayor participación de connacionales
en el exterior, en términos de garantizar la gratuidad para el elector,
tanto del registro o inscripción en el listado nominal de electores
en el exterior como de la emisión del sufragio, es que la autoridad
electoral pueda prever con la suficiente anticipación y recursos
la firma y suscripción de convenios con los organismos administradores
u operadores de correos de otros países, principalmente con el de
Estados Unidos, así como la utilización de cupones de la
Unión Postal Universal para dichos efectos. Asimismo, sería
conveniente eliminar el requisito del correo certificado, para que el elector
pueda decidir si, en lugar de acudir a una oficina postal, pueda enviar
su solicitud y documentos desde cualquier buzón o pieza postal,
es decir, que el elector pueda utilizar también el correo ordinario
para inscribirse al padrón y votar.
Por último, es prudente enfatizar: quizá
lo más importante es que la reforma al voto de los mexicanos en
el exterior se produzca lo antes posible, y se concrete y entre en vigor
a más tardar durante los primeros meses del año 2009, ya
que ello garantizará que todos los actores involucrados tomen las
debidas previsiones y tengan el tiempo necesario y suficiente para ir construyendo
lazos con la ciudadanía en el exterior, se puedan tender puentes,
y se pueda preparar cabalmente el próximo proceso electoral extraterritorial,
así como dotar del tiempo suficiente para que los electores en el
exterior puedan enterarse y asimilar los eventuales cambios y reformas
legislativas en la materia.
Objetivos
1. Conservar, mantener y garantizar en todo momento
el respeto íntegro de los principios fundamentales del voto, en
términos de su legalidad, certeza, seguridad, universalidad, y del
sufragio directo, libre, personal e intransferible.
2. Generar las condiciones y sentar las bases para elevar
sustancialmente la participación de los mexicanos residentes en
el extranjero, en los procesos electorales de nuestro país.
3. Propiciar la reducción del costo por cada voto
que se emita en el extranjero.
4. Facultar al Instituto Federal Electoral para que pueda
realizar campañas y programas de credencialización en el
extranjero, siempre y cuando cuente con la disponibilidad presupuestal
para ello.
5. Introducir la modalidad del voto electrónico
mediante las llamadas "urnas electrónicas", de una manera segura
y con certidumbre plena, y combinarla con la modalidad actual del voto
postal, para que cada elector pueda votar por medio de cualquiera de los
dos métodos, según sea su preferencia. Cabe señalar
que, al estar concentrada en materia del voto en el exterior, la iniciativa
sólo contempla el voto electrónico para la votación
fuera del territorio nacional, y no toca nada relativo a las elecciones
dentro del país.
6. Fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales
de los mexicanos que residen fuera del territorio nacional.
7. Simplificar la totalidad del proceso del voto extraterritorial,
desde el registro del elector hasta la emisión del sufragio, así
como el conteo de los votos.
8. Permitir la gratuidad para el elector, para que no
tenga que incurrir en ningún costo económico para darse de
alta en el listado nominal y votar.
9. Promover la creación y mantenimiento de una
política pública permanente en términos del voto en
el exterior, permitiendo al IFE contar con una oficina fuera del territorio
nacional para articular los proyectos y actividades en la materia, y creando
una Comisión permanente dentro del Consejo General del Instituto
especializada en el voto extraterritorial.
10. Ampliar todos los plazos para enviar las solicitudes
de registro para la inscripción en los listados nominales de electores
residentes en el extranjero, así como para emitir el sufragio.
11. Obligar a la autoridad electoral a iniciar las actividades
para la realización del voto en el exterior con la suficiente antelación,
con el fin de garantizar la preparación y organización del
proceso.
12. Poner especial énfasis en la difusión,
privilegiando la realización de campañas en medios electrónicos
en el exterior.
13. Establecer la posibilidad de realizar debates públicos
televisados en el extranjero, para que puedan ser transmitidos en vivo
tanto en el territorio nacional como fuera del mismo.
14. Eliminar el requisito del correo certificado, permitiendo
también el correo ordinario y la mensajería, para los envíos
postales desde y hacia el exterior, para brindar mayores facilidades al
elector.
15. Instruir al IFE a realizar proyecciones y cálculos
realistas a fin de proyectar las tasas de participación máxima,
y en función de ello preparar el anteproyecto de presupuesto, para
una administración más eficiente y un mejor uso de los recursos
públicos.
16. Realizar una prueba piloto o simulacro del voto electrónico
mediante urnas en Estados Unidos para el año 2009, con la finalidad
de ir probando el mecanismo y familiarizar a nuestros connacionales en
el exterior con ese tipo de tecnologías.
17. Solicitar al IFE, mediante los artículos transitorios
de la Iniciativa, que lleve a cabo un estudio o investigación en
el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos de América, ya sea
mediante encuestas o técnicas censales, para que se puedan conocer
a profundidad y detalle las características principales del electorado
o posible electorado en el extranjero, así como la cantidad de ciudadanos
mexicanos que cuentan realmente con su Credencial para Votar en el extranjero.
Por tanto, sometemos a la elevada consideración de
la honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforman
los artículos 116, segundo párrafo; 132, primer párrafo,
inciso e); 184, segundo párrafo, inciso a); 191, primer párrafo;
314, primer párrafo, inciso b); 315, primer y segundo párrafos;
317, primer párrafo; 318, primer párrafo; 320, segundo párrafo,
inciso a); 321, primer párrafo; 322, primer, segundo y tercer párrafos;
323, primer y segundo párrafos; 324, primer, tercer y cuarto párrafos;
325, primer párrafo; 326, primer y segundo párrafos; 327,
primer párrafo, inciso a); 328, primer, segundo y tercer párrafos;
329, cuarto y sexto párrafos; 330, primer párrafo; 331, primer
párrafo; 332, primer, segundo y cuarto párrafos; 333, primer
y segundo párrafos; 334, tercer párrafo; 337, primer párrafo;
y 338, primer párrafo; y se adicionan los artículos
107, con un tercer párrafo; 128, primer párrafo, con un inciso
g, pasando los actuales g), h), i), j), k), l), m), n), o) y p) a ser h),
i), j), k), l), m), n), o), p) y q) respectivamente; Libro Cuarto, Título
Primero, con un Artículo 177, pasando los actuales 177 y 178 a ser
178 y 179 respectivamente, y así sucesivamente; 180, con los párrafos
tercero y cuarto, pasando los actuales tercero, cuarto, quinto, sexto y
séptimo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente;
184, con un párrafo cuarto; 186, con un párrafo tercero;
200, con un párrafo tercero, pasando los actuales tercero y cuarto
a ser cuarto y quinto respectivamente; Libro Sexto, Título Único,
con un Artículo 315, pasando los actuales 315 y 316 a ser 317 y
318 respectivamente, y así sucesivamente; 314, párrafo primero,
con los incisos b) y c), pasando los actuales b) y c) a ser d) y e) respectivamente;
316, con un párrafo segundo; 319, con un párrafo quinto,
pasando el actual quinto a ser sexto; 326, con un párrafo cuarto;
327, párrafo primero, con un inciso b), pasando los actuales b)
y c) a ser c) y d) respectivamente; 329, con un párrafo segundo,
pasando los actuales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto a ser tercero,
cuarto, quinto, sexto y séptimo respectivamente; 330, con un párrafo
segundo, pasando el actual segundo a ser tercero; 332, con los párrafos
cuarto y sexto, pasando el actual cuarto a ser quinto; 333, segundo párrafo,
con los incisos a), b), c) y d), y con el párrafo tercero; Libro
Sexto, Título Único, con un Artículo 338, pasando
los actuales 338 y 339 a ser 341 y 342 respectivamente, y así sucesivamente;
336, con un párrafo tercero; Libro Sexto, Título Único,
con un Artículo 340, pasando los actuales 340 y 341 a ser 344 y
345 respectivamente, y así sucesivamente; Libro Sexto, Título
Único, con el Artículo 342, pasando los actuales 342 y 343
a ser 347 y 348 respectivamente, y así sucesivamente; Libro Sexto,
Título Único, con el Artículo 344, pasando los actuales
344 y 345 a ser 350 y 351 respectivamente, y así sucesivamente;
Libro Sexto, Título Único, con el Artículo 345, pasando
los actuales 345 y 346 a ser 352 y 353 respectivamente, y así sucesivamente,
todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en materia del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para
quedar como sigue:
Artículo 107
1. y 2. …
3. El Instituto podrá contar con oficinas permanentes
fuera del territorio nacional, mismas que podrán articular los proyectos
y actividades relativas al voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
Artículo 116
1. El Consejo General integrará las comisiones
que temporales que considere necesarias para el desempeño de sus
atribuciones, las que siempre serán presididas por un consejero
electoral.
2. Independientemente de lo señalado en el párrafo
anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y Educación
Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos
Políticos; Servicio Profesional Electoral, Registro Federal de Electores,
Voto
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero; y de Quejas y Denuncias
funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente
por consejeros electorales designados por el Consejo General. Los consejeros
electorales podrán participar hasta en dos de las comisiones antes
mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales
comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.
3. a 8. …
Artículo 128
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores tiene las siguientes atribuciones:
a) a f) …
g) Prestar los servicios inherentes al Registro Federal
de Electores en el extranjero;
h) Establecer con las autoridades federales, estatales
y municipales la coordinación necesaria, a fin de obtener la información
sobre fallecimientos de los ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión
u obtención de la ciudadanía;
i) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto
y a los partidos políticos nacionales, las listas nominales de electores
en los términos de este Código;
j) Formular, con base en los estudios que realice, el
proyecto de división del territorio nacional en 300 distritos electorales
uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales;
k) Mantener actualizada la cartografía electoral
del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio
y sección electoral;
l) Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional,
estatales y distritales se integren, sesionen y funcionen en los términos
previstos por este Código;
m) Llevar los libros de registro y asistencia de los representantes
de los partidos políticos a las comisiones de vigilancia;
n) Solicitar a las comisiones de vigilancia los estudios
y el desahogo de las consultas sobre los asuntos que estime conveniente
dentro de la esfera de su competencia;
o) Acordar con el secretario ejecutivo del Instituto los
asuntos de su competencia;
p) Asistir a las sesiones de la Comisión del Registro
Federal de Electores sólo con derecho de voz; y
q) Las demás que le confiera este Código.
Artículo 132
1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:
a) a d) …
e) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar
a los ciudadanos, tanto los que residen en territorio nacional como
aquellos que lo hacen en el extranjero, que no hubiesen cumplido
con las obligaciones establecidas en el presente Código, en particular
las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores y las de
voto, a que lo hagan;
…
Artículo 177
1. El Instituto Federal Electoral podrá, de
acuerdo con su disponibilidad presupuestal, llevar a cabo campañas
y programas de credencialización fuera del territorio nacional.
2. Las campañas y programas que realice el Instituto
fuera del territorio nacional permitirán que los mexicanos residentes
en el extranjero que cumplan con los requisitos señalados en el
artículo 34 de la Constitución, puedan inscribirse en el
Registro Federal de Electores y se les pueda expedir o puedan actualizar
la Credencial para Votar correspondiente.
Artículo 181
1. Los ciudadanos tendrán la obligación
de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal
Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía.
2. Para solicitar la credencial para votar con fotografía,
el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento
de identidad expedido por autoridad, o a través de los medios y
procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia
del Registro Federal de Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores conservará copia digitalizada de los documentos
presentados.
3. El Instituto podrá instalar oficinas o módulos
en el extranjero para que los ciudadanos que residen fuera del territorio
nacional puedan obtener su credencial para votar con fotografía.
4. El Instituto podrá también celebrar
y suscribir convenios de colaboración o cooperación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que las sedes diplomáticas
y consulares de México puedan ser utilizadas y participar en las
campañas y programas de credencialización en el extranjero,
siempre bajo el control, la ejecución y administración del
Instituto. Para tales efectos, el Instituto podrá también
celebrar convenios con cualquier tipo de dependencias o entidades de carácter
público que tengan algún tipo de oficina o sucursal en el
extranjero.
…
Artículo 185
…
2. El personal encargado de la inscripción asentará
en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes
datos:
a) Entidad federativa, municipio y localidad o ubicacióndonde
se realice la inscripción;
b) Distrito electoral federal y sección electoral
correspondiente al domicilio; y
c) Fecha de la solicitud de inscripción.
…
4. En el caso de las formas individuales de los ciudadanos
que se inscriban en el Padrón Electoral en el extranjero, se asentará
también su domicilio y, en lugar de distrito electoral federal y
sección electoral, se hará constar que votará como
parte del listado nominal de electores residentes en el extranjero.
Artículo 187
1. Dentro de los treinta días siguientes a su cambio
de domicilio, los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, deberán
dar el aviso correspondiente ante la oficina del Instituto más cercana
a su nuevo domicilio.
2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por
cambio de domicilio, deberá exhibir y entregar la credencial para
votar correspondiente a su domicilio anterior, o aportar los datos de la
misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal
inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su
domicilio actual y expedirle su nueva credencial para votar. Las credenciales
sustituidas por el procedimiento anterior serán destruidas de inmediato.
3. El Instituto deberá brindar máximas
facilidades o adoptar las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos
residentes en el extranjero puedan dar aviso de su cambio de domicilio.
Artículo 192
1. Las listas nominales de electores son las relaciones
elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral,
agrupadas por distrito y sección, o bien de acuerdo al criterio
de quienes votarán en el extranjero, según sea el caso,a
quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
2. a 4. …
Artículo 201
1. La credencial para votar deberá contener, cuando
menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden
al domicilio;
b) Sección electoral en donde deberá votar
el ciudadano;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d) Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella digital y fotografía del elector;
h) Clave de registro; y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar año y elección
de que se trate;
b) Firma impresa del secretario ejecutivo del Instituto
Federal Electoral;
c) Año de emisión; y
d) Año en el que expira su vigencia.
3. Las credenciales para votar que sean expedidas en el
extranjero contendrán, en lugar de lo dispuesto en los incisos a
y b del primer párrafo del presente artículo, el domicilio
de residencia y se hará constar que el ciudadano votará desde
el extranjero o como parte del listado nominal de electores residentes
en el extranjero.
4. A más tardar el último día de
febrero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos
cuya credencial para votar con fotografía hubiera sido extraviada,
robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su reposición
ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su
domicilio.
5. La credencial para votar tendrá una vigencia
de 10 años, contados a partir del año de su emisión,
a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.
Artículo 315
1. Los ciudadanos que residen en el extranjero podrán
ejercer su derecho al voto mediante un sistema mixto, ya sea por la vía
postal o de manera electrónica, ésta última a través
de la modalidad de mecanismos de grabación directa, también
conocidos como urnas electrónicas, según sea la preferencia
del elector.
2. El Instituto Federal Electoral podrá determinar
los sitios en donde se instalarán y ubicarán las urnas electrónicas
en el extranjero, y podrá también suscribir y celebrar convenios
con la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que las sedes
diplomáticas y consulares puedan ser habilitadas para tales efectos.
Para tales efectos, el Instituto podrá también celebrar convenios
con cualquier tipo de dependencias o entidades de carácter público
que tengan algún tipo de oficina o sucursal en el extranjero.
Artículo 316
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan
en el extranjero, además de los que fija el Artículo 34 de
la Constitución y los señalados en el párrafo 1 del
Artículo 6 de este Código, deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, por escrito, con firma autógrafa o, en su
caso, huella digital, en el formato aprobado por el Consejo General, su
inscripción en el listado nominal de electores residentes en el
extranjero;
b) En el caso de quienes hayan obtenido su Credencial
para Votar en el extranjero, no será necesario solicitar su inscripción
en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, puesto
que al habérsele expedido de esta manera ya habrán de ser
inscritos en dicho listado de manera automática;
c) Manifestar a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, por escrito, con firma autógrafa o, en su
caso, huella digital, si desean votar por la vía postal o mediante
la urna electrónica. Deberán hacer lo anterior tanto aquellos
que soliciten su inscripción al listado nominal de electores residentes
en el extranjero como quienes hayan obtenido su credencial para votar en
el extranjero;
d) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad
y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se
le hará llegar, en su caso, la boleta electoral, o bien el instrumento
o medios para votar mediante la urna electrónica, según sea
el caso; y
e) Los demás establecidos en el presente libro.
Artículo 317
1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
señalados enviarán la solicitud a que se refieren los
incisos a) y c) del párrafo 1 del Artículo anterior, entre
el primer domingo del mes de julio del año previo al de la elección
presidencial, y hasta el 1o. de marzo del
año de la elección presidencial.
2. La solicitud será enviada a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo certificado
o bien por correo ordinario o mensajería, acompañada
de los siguientes documentos:
a) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial
para votar con fotografía; el elector deberá firmar la fotocopia
o, en su caso, colocar su huella digital; y
b) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta
tener en el extranjero.
3. a 5. …
Artículo 318
1. La solicitud de inscripción en el listado nominal
de electores tendrá efectos legales de notificación al Instituto
de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto el respectivo formato contendrá
la siguiente leyenda:
"Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por
residir en el extranjero:
a) Expreso mi decisión de votar en el país
en que resido y no en territorio mexicano;
b) Solicito votar por correo en la próxima elección
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
c) Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado
el cumplimiento de los requisitos legales, para ser inscrito en la lista
nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja, temporalmente,
de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en
mi credencial para votar;
d) Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero
la boleta electoral; y
e) Autorizo al Instituto Federal Electoral para que, concluido
el proceso electoral, me reinscriba en la lista nominal de electores correspondiente
a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar".
2. El Instituto verificará que los ciudadanos que
hayan obtenido su credencial para votar en el extranjero, sean dados de
baja permanentemente de la lista correspondiente a la sección electoral
que apareciera en su anterior credencial para votar, si es el caso.
Artículo 319
1. Las listas nominales de electores residentes en el
extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas
incluidas en el padrón electoral que cuentan con su credencial para
votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción
en dichas listas, así como el nombre de las personas que obtuvieron
su Credencial para Votar en el extranjero.
2. a 5. …
Artículo 320
1. A partir del primer domingo del mes de julio del
año previo al de la elección presidencial y hasta el 1o.
de marzo del año de la elección, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición
de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la
lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios,
en territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General
Ejecutiva, y a través de la página electrónica del
Instituto.
…
Artículo 321
1. Las solicitudes de inscripción en la lista nominal
de electores en el extranjero serán atendidas en el orden cronológico
de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha
de las mismas.
2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos,
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá
a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores
residentes en el extranjero, dándolo de baja, temporalmente, de
la lista nominal de electores correspondiente a la sección del domicilio
asentado en su credencial para votar.
3. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores conservará los documentos enviados y el sobre que los
contiene hasta la conclusión del proceso electoral.
4. Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia
de las listas nominales de electores residentes en el extranjero. La Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a reinscribir
a los ciudadanos en ellas registrados, en la lista nominal de electores
de la sección electoral que les corresponda por su domicilio en
México.
5. No aplicará lo estipulado en el párrafo
anterior para los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar
en el extranjero, puesto que serán considerados como parte de las
listas nominales de electores residentes en el extranjero de manera permanente.
6. Para fines de estadística y archivo, el Instituto
conservará copia, en medios digitales, por un periodo de siete años,
de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.
Artículo 322
1. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes
de inscripción, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores procederá a elaborar las listas nominales de electores
residentes en el extranjero.
2. Las listas se elaborarán en dos modalidades:
a) Conforme al criterio de domicilio en el extranjero
de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán
utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas
electorales, o bien del instrumento o medios para votar mediante las
urnas electrónicas, según sea el caso, a los ciudadanos
inscritos; y
b) Conforme al criterio de domicilio en México
de los ciudadanos, por entidad federativa y distrito electoral, ordenados
alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el Instituto
para efectos del escrutinio y cómputo de la votación.
3. a 4. …
Artículo 323
1. Los partidos políticos, a través de sus
representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia, tendrán
derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el
extranjero, a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo
2 del artículo anterior, a través de los medios electrónicos
con que cuente la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
…
Artículo 324
1. A más tardar el 15 de abril del año
de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos
políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero.
2. Los partidos políticos podrán formular
observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos
e individualizados, hasta el 30 de abril, inclusive.
3. De las observaciones realizadas por los partidos políticos
se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará
al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más
tardar el 31 de mayo.
4. y 5. …
Artículo 325
1. La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la
impresión de las boletas electorales y la elaboración
de los instrumentos o medios para votar mediante las urnas electrónicas,
de los sobres para su envío al Instituto, del instructivo para el
elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será
enviado, por correo certificado, ordinario o mensajería,
al ciudadano residente en el extranjero.
2. Para los efectos del párrafo anterior a más
tardar el último día del mes de febrerodel año
de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará
el formato de boleta electoral,así como el hardware, software
y los instrumentos o medios que serán empleados para votar mediante
las urnas electrónicas, para la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por
los ciudadanos residentes en el extranjero, el instructivo para su uso,
así como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo
y los demás documentos y materiales.
3. y 4. …
Artículo 326
1. La documentación y el material electoral a que se refiere
el Artículo anterior estará a disposición de la Junta
General Ejecutiva a más tardar el 15 de mayodel
año de la elección.
…
3. La Junta General Ejecutiva realizará los actos
necesarios para enviar, a cada ciudadano, por correo certificado, ordinario
o mensajería, con acuse de recibo, la boleta electoral o
el instrumento o medios para votar mediante la urna electrónica,
según sea el caso, la documentación y demás material
necesarios para el ejercicio del voto.
4. El envío de la documentación y material
electoral antes señalados concluirá, a más tardar,
el
5 de junio del año de la elección.
Artículo 327
1. Recibida la boleta electoral o el instrumento o
medios para votar mediante la urna electrónica, según sea
el caso, el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de
manera libre, secreta y directa, marcando el recuadro que corresponda a
su preferencia, en los términos del Artículo 265 de este
Código, si vota por la vía postal, o bien tocando la pantalla
para seleccionar la opción deseada, si vota por la urna electrónica.
…
Artículo 328
1. Una vez que el ciudadano haya votado, deberá
doblar e introducir la boleta electoral en el sobre que le haya sido remitido,
cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto, en el caso
de quienes voten por la vía postal.
2. En el más breve plazo, el ciudadano deberá
enviar el sobre que contiene la boleta electoral, en el caso de quienes
voten por la vía postal, por correo certificado, ordinario
o mensajería, al Instituto
Federal Electoral.
3. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres
para envío a México de la boleta electoral, tendrán
impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así como el
domicilio del Instituto que determine la Junta General Ejecutiva.
4. En el caso de quienes decidan votar mediante la
urna electrónica, no tendrán necesidad de enviar su voto
por la vía postal al Instituto, sino que acudirán a ejercer
su derecho al sufragio a la urna electrónica más cercana
a su domicilio el mismo día de la jornada electoral.
Artículo 329
1. La Junta General Ejecutiva dispondrá lo necesario
para
a) Recibir y registrar, señalando día,
los sobres que contienen la boleta electoral, en el caso de quienes
hayan votado por la vía postal, clasificándolos conforme
a las listas nominales de electores que serán utilizadas para efectos
del escrutinio y cómputo;
b) Recibir, procesar y registrar los votos emitidos
mediante las urnas electrónicas, clasificándolos conforme
a las listas nominales de electores que serán utilizadas para efectos
del escrutinio y cómputo;
c) Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre
del elector en la lista nominal correspondiente; lo anterior podrá
hacerse utilizando medios electrónicos; y
d) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto
del voto.
Artículo 330
1. Serán considerados votos emitidos en el extranjero
los que se reciban por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del
inicio de la jornada electoral, en el caso de quienes hayan votado por
la vía postal, así como los que se reciban por el Instituto
el día de la jornada electoral, en el caso de quienes hayan votado
mediante las urnas electrónicas.
2. Respecto de los sobres recibidos después del
plazo antes señalado, se elaborará una relación de
sus remitentes y acto seguido, sin abrir el sobre que contiene la boleta
electoral, se procederá, en presencia de los representantes de los
partidos políticos, a su destrucción. Lo anterior no será
necesario en el caso de la votación emitida mediante las urnas electrónicas,
puesto que de ninguna manera será posible votar una vez que las
urnas electrónicas hayan sido cerradas.
3. El día de la jornada electoral el secretario
ejecutivo rendirá al Consejo General del Instituto un informe previo
sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el
extranjero, tanto de aquellos emitidos por la vía postal como
los emitidos mediante las urnas electrónicas, clasificado por
país de residencia de los electores, así como de los sobres
recibidos fuera de plazo a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 331
1. Con base en las listas nominales de electores
residentes en el extranjero, conforme al criterio de su domicilio en territorio
nacional, el Consejo General:
a) Determinará el número de mesas
de escrutinio y cómputo que correspondan a cada distrito electoral
uninominal. El número máximo de votos por mesa será
de mil 500, y
b) Aprobará el método y los plazos
para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que actuarán como
integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo, aplicando en lo
conducente lo establecido en el artículo 193 de este Código.
2. Con base en las listas nominales de electores residentes
en el extranjero, conforme al criterio de quienes hayan obtenido su credencial
para votar en el extranjero, y de acuerdo a su domicilio, el Consejo General
también determinará el número de mesas de escrutinio
y cómputo que correspondan, así como el método y los
plazos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que actuarán
como integrantes de dichas mesas.
3. Las mesas de escrutinio y cómputo de
la votación de los electores residentes en el extranjero se integrarán
con un presidente, un secretario y dos escrutadores; habrá dos suplentes
por mesa.
4. Las mesas antes señaladas tendrán
como sede el local único, en el Distrito Federal, que determine
la Junta General Ejecutiva.
5. Los partidos políticos designarán
dos representantes por cada mesa y un representante general por cada veinte
mesas, así como un representante general para el cómputo
distrital de la votación emitida en el extranjero, y un representante
general para el cómputo de la votación emitida por quienes
votaron con su credencial obtenida en el extranjero.
6. En caso de ausencia de los funcionarios titulares
y suplentes de las mesas, la Junta General Ejecutiva determinará
el procedimiento para la designación del personal del Instituto
que los supla.
7. La Junta General Ejecutiva adoptará las
medidas necesarias para asegurar la integración y funcionamiento
de las mesas de escrutinio y cómputo, así como para asegurar
la instalación y funcionamiento de las computadoras centrales que
recibirán y procesarán la votación emitida mediante
las urnas electrónicas, en presencia de los representantes de los
partidos políticos.
Artículo 332
1. Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán
a las 17 horas del día de la jornada electoral. A las 18 horas,
iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida
en el extranjero, por la vía postal.
2. Las computadoras que recibirán, procesarán
y registrarán la votación emitida mediante las urnas electrónicas,
se instalarán a las 7 horas del día de la jornada electoral,
y el procesamiento y cómputo de la votación emitida por este
medio iniciará automáticamente y de manera instantánea
desde la apertura de dichas urnas.
3. El Consejo General podrá determinar el
uso de medios electrónicos para el cómputo de los resultados
y la elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores
residentes en el extranjero. En todo caso, los documentos así elaborados
deberán contar con firma.
Artículo 333
1. Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos
en el extranjero por la vía postal para la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:
…
Artículo 334
1. Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa
serán agrupadas conforme al distrito electoral que corresponda,
en
cuanto a los votos emitidos por la vía postal por quienes solicitaron
su inscripción a las listas nominales de electores residentes en
el extranjero, y serán agrupadas por separado las actas de escrutinio
y cómputo de la votación emitida por la vía postal
por quienes sufragaron utilizando su credencial para votar obtenida en
el extranjero.
2. El personal del Instituto designado previamente por
la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes
generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados
consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas
mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero
por
la vía postal para la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal,
que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a
cada distrito electoral. Se procederá también a realizar
la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo
de las respectivas mesas, para obtener el resultado de la votación
emitida por la vía postal por quienes sufragaron utilizando su credencial
para votar obtenida en el extranjero, para que quede también asentado
en el acta de cómputo correspondiente.
3. Las actas de cómputo distrital serán
firmadas por el funcionario responsable y por el representante general
de cada partido político designado para el efecto.
4. Las actas de cómputo de la votación
emitida por la vía postal por quienes sufragaron utilizando su credencial
para votar obtenida en el extranjero, serán firmadas por el funcionario
responsable y por los representantes generales correspondientes designados
por cada partido político.
5. Los actos señalados en los párrafos
anteriores de este Artículo serán realizados en presencia
de los representantes generales de los partidos políticos para el
cómputo de la votación emitida en el extranjero por la
vía postal.
6. Se levantarán también actas de procesamiento
y cómputo de la votación emitida mediante las urnas electrónicas,
por parte del personal del Instituto designado por la Junta General Ejecutiva,
en presencia de los representantes de los partidos políticos, las
cuales deberán ir debidamente firmadas.
Artículo 335
1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo
de los votos emitidos en el extranjero, tanto de la votación
emitida por la vía postal como aquella emitida mediante las urnas
electrónicas, y después de que el presidente del Consejo
General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se refiere
el inciso l) del párrafo 1 del artículo 119 de este Código,
el secretario ejecutivo informará al Consejo General los resultados,
por partido, de la votación emitida en el extranjero para Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El secretario ejecutivo hará entrega a los integrantes
del Consejo General del informe que contenga los resultadosde la votación
recibida del extranjero, y dicho informe estará dividido en cuatro
partes o apartados:
a) Resultados totales o globales de la votación
emitida en el extranjero, por partido.
b) Resultados de la votación emitida por la
vía postal por quienes solicitaron su inscripción en los
listados nominales de electores residentes en el extranjero, por distrito
electoral uninominal.
c) Resultados de la votación emitida por la
vía postal por quienes sufragaron utilizando su credencial para
votar obtenida en el extranjero.
d) Resultados de la votación emitida mediante
las urnas electrónicas.
3. Se ordenará la inclusión de la votación
emitida en el extranjero en el sistema de resultados electorales preliminares.
Artículo 336
…
3. Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio
y cómputo de las mesas y del cómputo por distrito electoral
uninominal, los originales de las actas de escrutinio y cómputo
de las mesas y del cómputo de la votación emitida por la
vía postal por quienes sufragaron utilizando la credencial para
votar obtenida en el extranjero, los originales de las actas de procesamiento
y cómputo de la votación emitida mediante las urnas electrónicas,así
como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva,
respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados
en un paquete electoral que será remitido, antes del domingo siguiente
al de la jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral,
para los efectos legales conducentes.
Artículo 338
1. En términos del voto emitido en el extranjero
mediante las urnas electrónicas, la Junta General Ejecutiva adoptará
las medidas necesarias para asegurar lo siguiente:
a) Las tecnologías, el hardware y el software
utilizados serán debidamente validados y auditados antes, durante
y después de la jornada electoral, y dichos procesos de validación
contarán en todo momento con la participación de representantes
de cada partido político.
b) Cada partido político podrá contar
con sus propios sistemas y expertos en la materia, y las señales
de los resultados de la votación se transmitirán de manera
instantánea y en tiempo real a las computadoras centrales del Instituto
Federal Electoral.
c) Además de la transmisión de los votos
registrados de manera electrónica, las urnas electrónicas
generarán también impresiones de cada voto emitido, los cuales
podrán ser conservados tanto por los electores como por el mismo
Instituto. Dichas impresiones podrán servir como copias de los votos
registrados y transmitidos de manera electrónica.
d) Los partidos políticos podrán designar
representantes para estar presentes y vigilantes tanto en los sitios en
donde se instalen y ubiquen las urnas electrónicas, como en donde
se concentren las computadoras centrales del Instituto Federal Electoral.
Artículo 339
1. Los partidos políticos nacionales y sus
candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar
campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas
en el extranjero, en cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda
electoral a que se refiere el Artículo 182 de este Código.
2. Durante el proceso electoral, en ningún caso
y por ninguna circunstancia los partidos políticos utilizarán
recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera
de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña
en el extranjero.
3. Independientemente de las prohibiciones expresamente
estipuladas en el presente Artículo, el Instituto Federal Electoral
podrá organizar y realizar debates públicos en el extranjero,
que cuenten con la presencia y participación de los candidatos para
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos
debates podrán ser televisados y transmitidos en vivo tanto en el
territorio nacional como en el extranjero.
Artículo 340
1. El Instituto Federal Electoral dará amplia
difusión al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, a
fin de promover la máxima participación y registro para la
votación como sea posible. Para ello, se privilegiará la
realización de campañas en medios electrónicos en
los países y por los medios de comunicación que mayor cobertura
y audiencia tengan entre la comunidad de los mexicanos residentes en el
extranjero. Para asegurar el éxito de dichas campañas y difusión,
se procurará involucrar a las personalidades, líderes de
opinión y figuras públicas más reconocidas, de mayor
influencia y que mayores simpatías conciten entre los mexicanos
que residen fuera del territorio nacional.
Artículo 341
1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que
este Libro otorga al Instituto Federal Electoral, la Junta General Ejecutiva
propondrá al Consejo General, dos años anteriores
al de la elección presidencial, la creación de las unidades
administrativas que se requieran, indicando los recursos necesarios para
cubrir sus tareas durante el proceso electoral.
Artículo 342
1. El Instituto Federal Electoral deberá iniciar
la organización y las operaciones relativas al voto de los mexicanos
residentes en el extranjero durante el primer mes del año previo
a la elección, a través de la unidad administrativa encargada,
creada o designada para ello.
Artículo 343
1. Los costos de los servicios derivados de los servicios
postales de los envíos que por correo realice el Instituto a los
ciudadanos residentes en el extranjero o que realicen estos últimos
al Instituto, de las campañas y programas de credencialización
en el extranjero, y del voto mediante las urnas electrónicas, serán
previstos en el presupuesto del propio Instituto.
Artículo 344
1. A fin de garantizar la gratuidad para el ciudadano
elector en la totalidad del proceso en el extranjero, desde su registro
en las listas nominales de electores residentes en el extranjero hasta
la emisión del sufragio, el Instituto Federal Electoral preverá
lo conducente, y podrá suscribir y celebrar convenios y contratos
para ello con los organismos y empresas, públicos y privados, administradores
y operadores de correos de cada país. En ese sentido, el Instituto
podrá también contemplar el uso o la utilización de
cupones de la Unión Postal Universal.
Artículo 345
1. En lo concerniente al voto de los mexicanos residentes
en el extranjero, el Instituto Federal Electoral deberá, al momento
de preparar su anteproyecto de presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto por
los Artículos 118 inciso v) y 133 párrafo primero inciso
c), realizar estudios, proyecciones o cálculos para contar con estimaciones
realistas de las posibles tasas de participación máxima,
e incorporarlos y tomarlos en cuenta en la preparación de dicho
anteproyecto, a fin de generar una mejor administración y uso de
los recursos públicos.
Transitorios
Primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal Electoral organizará
y realizará una prueba piloto, práctica o simulacro del voto
mediante urnas electrónicas en los Estados Unidos de América
durante el año 2009, como parte de los programas y actividades de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto.
Lo anterior, a fin de hacer las evaluaciones y ensayos pertinentes, y con
el propósito de familiarizar a los mexicanos residentes en el extranjero
con este tipo de tecnologías, de tal manera que se pueda avanzar
para que el voto electrónico sea una realidad para la votación
en el extranjero en la elección presidencial de 2012. Para ello,
el Instituto podrá celebrar convenios con las autoridades correspondientes,
federales o locales, así como solicitar el préstamo de las
tecnologías y los equipos respectivos a los gobiernos de otros países.
Tercero. Para que el voto electrónico en
el extranjero se lleve a cabo en la elección del año 2012,
el Instituto Federal Electoral deberá iniciar los procesos de validación
de las tecnologías a más tardar el 15 de abril de 2010.
Cuarto. El Instituto Federal Electoral deberá
contemplar el costo de las campañas y programas de credencialización
en el exterior para la elaboración y aprobación de su anteproyecto
de presupuesto, a fin de que pueda ser contemplado por el Poder Ejecutivo
Federal al momento de presentar su Iniciativa con Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Quinto. A más tardar 180 días naturales
después de la entrada en vigor de la presente Iniciativa, el Instituto
Federal Electoral deberá diseñar, organizar y llevar a cabo
un estudio o investigación en el extranjero, principalmente en los
Estados Unidos de América, mediante la realización de una
encuesta que resulte confiable o bien aplicando técnicas censales,
con el propósito de conocer a profundidad y detalle a la población
residente en el extranjero que está en posibilidades de votar o
de convertirse en elector, sus características principales, así
como para contar con información más certera y veraz acerca
de los ciudadanos mexicanos en el exterior que tienen credencial para votar.
El Instituto podrá, para tales efectos, celebrar convenios de colaboración
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Población,
y con cualquier dependencia o entidad de carácter público
que considere oportuno.
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
20 de agosto de 2008.
Diputados: José Nicolás Morales Ramos
(rúbrica), Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, Rogelio
Carbajal Tejada (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica).
Senadores: Gustavo Enrique Madero Muñoz
(rúbrica), Humberto Andrade Quezada (rúbrica), Luis Alberto
Villarreal García (rúbrica), José Alejandro Zapata
Perogordo, Felipe González González (rúbrica), Guillermo
Anaya Llamas (rúbrica), Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Agosto
20 de 2008.)
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL
DE SEGURIDAD PRIVADA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS
DE SEGUROS, Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GLORIA LAVARA MEJÍA,
EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Diputada Gloria Lavara Mejía, integrante de la
LX Legislatura del Congreso de la Unión y en representación
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones
XXI y XXIX-M, y 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 64, 176 y 179 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea iniciativa que contiene
proyecto de decreto, la cual solicita que se turne a la Cámara de
Diputados, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La vida de una sociedad implica el respeto de todos
los asociados hacia el mantenimiento permanente de las condiciones necesarias
para la coexistencia de los derechos del hombre. Mientras el individuo
se limite a procurar la satisfacción de todos sus deseos sin menoscabar
el derecho que los demás tienen de hacer lo mismo, nadie puede intervenir
en su conducta; pero desde el momento en que, por una agresión del
derecho de otro, perturba esas condiciones de coexistencia, el interés
del agraviado y de la sociedad se unen para justificar que se limite la
actividad del culpable en cuanto sea necesario para prevenir nuevas agresiones.
La extensión de este derecho de castigo está determinada
por el carácter y la naturaleza de los asociados, y puede llegar
hasta la aplicación de la pena de muerte si sólo con esta
medida puede quedar garantizada la seguridad social.
Comisión Dictaminadora, Constituyente de 1917
En los últimos años se han registrado en el
país hechos criminales que, por su violencia y causas que los motivaron,
reflejan el grado de desadaptación y desprecio por la ley que han
alcanzado algunos de los miembros de la sociedad. Esos delitos han trastornado
la tranquilidad de los mexicanos, sobre todo cuando en ellos se ven involucrados
servidores o ex servidores públicos que, en algunos casos, pertenecen
a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los mexicanos.
Como muestra, baste recordar algunos sucesos criminales que en los años
más recientes han perturbado nuestra tranquilidad.
¿Quién no recuerda el caso del secuestrador
Daniel Arizmendi, conocido como "El Mochaorejas", por la costumbre que
tenía de mutilar a las víctimas para presionar a los familiares
a pagar el rescate que exigía a cambio de su vida? Cuando este criminal
fue detenido por las autoridades, declaró ante los medios de comunicación:
Secuestrar era para mí como una droga, como un
vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando, que
te podrían matar. Era como adivinar, ahora le corto una oreja a
este cuate y va a pagar. ¡Y pagaban! No sentí nada, bueno
ni malo, al mutilar a una víctima. Era como cortar pan, como cortar
pantalones [declaraciones hechas al diario Reforma].
Tiempo después se suscitó el caso del menor
de nombre Braulio Suárez, de sólo nueve meses de edad, que
en 1999 fue secuestrado en el estado de México. Sus captores, después
de privarlo de la vida, calcinaron el cuerpo para "borrar las evidencias
de la participación". Los plagiarios fueron sentenciados a 95 años
de prisión, de los cuales sólo purgarán 40 porque
es la penalidad máxima que prevé el Código Penal del
estado de México.
Recientemente, la sociedad mexicana mostró de nuevo
indignación en un caso que es de todos conocido, donde los principales
sospechosos, hasta el momento, son policías judiciales del Distrito
Federal.
De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre
la Inseguridad, AC, en el periodo 2001-2004 se denunciaron ante el Ministerio
Público mil 724 secuestros. Sin embargo, puntualiza, que de acuerdo
con organismos empresariales (Coparmex), en 2003 se registraron 600 secuestros
en el país, de los cuales sólo poco más de la mitad
(336) se denunciaron ante las autoridades competentes.1
Estos datos, según la fuente, sitúan a México en el
segundo sitio en la incidencia de este delito, sólo atrás
de Colombia, aunque señala que hay versiones que ya lo colocan en
el primer sitio.2
Recientemente, el mismo instituto informó que en lo que va de 2008
se han perpetrado al menos 400 secuestros, mientras que todo 2007 hubo
438.
Estamos ante una problemática seria y creciente,
que demanda la adopción de medidas urgentes y firmes por parte del
Estado, que está obligado a cumplir con el que es, sin duda, uno
de sus fines primordiales, garantizar la seguridad de sus habitantes.
La iniciativa que hoy se pone a consideración de
la Cámara de Diputados propone las siguientes medidas para hacerle
frente a la problemática antes expuesta:
Reformar el artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para considerar la aplicación
de la pena de muerte a los responsables de la comisión del delito
de privación ilegal de la libertad, en los términos previstos
en el Código Penal Federal.
Reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial Federal para que el delito de privación ilegal
de la libertad sea de competencia federal y prever que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación conozca de los juicios de amparo directo
que se promuevan contra las sentencias penales que confirmen la pena de
muerte.
Reformar el Código Penal Federal para prever los
supuestos en que se aplicará la pena de muerte.
Reformar la Ley Federal de Seguridad Pública para
que las empresas de seguridad privada se abstengan de intervenir como intermediarios
o negociadores en la comisión de cualquier delito.
Reformar la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros para que se prohíba a las empresas de ese
tipo ofrecer seguros contra secuestros.
Reformar la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos para crear una comisión ordinaria que
se ocupe de los asuntos propios de la problemática del secuestro.
A. Justificaciones de la reforma del artículo 22
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La pena de muerte estuvo prevista en la Constitución
desde su promulgación el 5 de febrero de 1917 hasta el pasado 9
de diciembre de 2005, fecha en la que se publicó el decreto por
el que se reformó dicho precepto a efecto de abolirla.
La propuesta que se formula no pretende retomar el esquema
que se tenía antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional
referida. La propuesta debe interpretarse con las reformas que se propone
realizar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y al Código Penal Federal, en las cuales, además de prever
que el delito de secuestro será de competencia federal, se regulará
la aplicación de la pena de muerte únicamente en los siguientes
supuestos:
Pena de muerte a los servidores o ex servidores públicos
de las corporaciones de seguridad pública, Ejército, Marina
y ministerios públicos federales que participen en el secuestro
de una persona.
Pena de muerte a todo aquel que participe en el secuestro
de una persona que sea privada de la vida o mutilada durante el cautiverio.
De acuerdo con algunos autores que han ocupado del estudio
del tema, los argumentos filosóficos, jurídicos y criminológicos
esgrimidos durante más de dos siglos, tanto por los retencionistas
(sostienen la utilidad de la pena de muerte) como por los abolicionistas,
son los mismos. Si bien se han agregado al discurso datos estadísticos
que fortalecen sus razonamientos, el discurso teórico sigue siendo
el mismo.3
Los argumentos que históricamente se han vertido
contra la pena de muerte, se centran principalmente en los siguientes aspectos:
a) La pena de muerte no tiene un verdadero efecto disuasivo,
toda vez que las tasas de criminalidad no han registrado cambios significativos
en los países que la aplican.
El efecto intimidatorio que provoca la pena capital se
comprueba en casos individuales que han sido documentados, donde los criminales
han admitido que la pena capital fue la amenaza específica que les
detuvo de cometer un homicidio en ciertas circunstancias, por su temor
a ser ejecutados. De hecho, un estudio mostró que en una proporción
de 5:1 los homicidas creen que la pena de muerte es un castigo suficientemente
persuasivo para evitar que ellos u otros asesinaran a sus víctimas
(People vs. Love, 56 Cal. 2d. 720 [1961], [1961], McComb J.).4
Otros datos muestran que el mayor índice de homicidios
se registró en 1981 en el condado Harris, en Houston, Texas con
701 asesinatos. Texas retomó las ejecuciones en 1982 y desde entonces
se han ejecutado más homicidas en ese estado y esa ciudad que en
cualquier otra de Estados Unidos de América: los homicidios se han
reducido en 63 por ciento, pues de los 701 homicidios registrados en 1981
se pasó a 261 en 1996, una gran diferencia.5
Delaware6
ejecuta mayor cantidad de personas (1/87 mil 500 per cápita) que
cualquier otro estado de Estados Unidos, y mantiene una tasa de asesinatos
16 veces menor que la de Washington, DC (5/100 mil vs. 78.5/100
mil).7
El efecto del temor es un elemento que salva vidas inocentes.
Si la pena de muerte no tuviera efecto disuasivo, justificaría también
la eliminación del resto de las penas previstas en el Código
Penal porque, pese a su aplicación, se siguen cometiendo delitos
en el país. Del mismo modo, hacemos notar que si esta medida en
realidad no causara ningún efecto disuasivo entre los delincuentes,
no se explicaría por qué los que han sido sentenciados a
esa pena, aun los confesos, hacen valer todos los recursos legales a su
alcance o imploran el indulto a fin de evitar la ejecución.
b) Asimismo, se ha argumentado que la pena de muerte
es irreversible lo que, combinado con el error judicial, deja abierta la
posibilidad de que personas inocentes sean ejecutadas sin que puedan enmendarse
ese tipo de errores.
Ante eso debemos decir que la ejecución de la pena
no debe verse de forma aislada, pues ésta no es sino la consecuencia
última de la comisión de un delito. Esto presupone que el
condenado fue previamente oído y vencido en un juicio imparcial
en el que gozó de todas las garantías que la Constitución
otorga, durante el cual tuvo la oportunidad de desacreditar las acusaciones
que el Ministerio Público formuló en su contra, sin olvidar
que tuvo el derecho de que su caso fuera revisado por los tribunales superiores,
una vez que fue sentenciado en la primera instancia.
En Estados Unidos, el estudio más significativo
que se haya conducido para evaluar la evidencia de la "inocencia del ejecutado"
es el Bedau-Radelet Study ("Miscarriages of justice in potentially capital
cases", en Stanford Law Review, 11/87). El estudio concluye que
23 personas inocentes fueron ejecutadas desde 1900. La metodología
del estudio tenía tantos errores, que por lo menos 12 de esos casos
no tenían evidencia de inocencia, pero sí una sustancial
de culpa; de los 11 restantes no se obtuvo evidencia de que no fueran culpables.
Todo esto hizo que los resultados del estudio fueran de una precisión
muy pobre, lo que sirvió para que más tarde Bedau escribiera:
"Es un sentimentalismo falso alegar que la pena de muerte debe ser abolida
por la abstracta posibilidad de que una persona inocente pueda ser ejecutada
cuando su expediente falla en demostrar que tal caso existe… El estudio
Bedau-Radelet habla elocuentemente sobre la extraordinaria rareza de error
en la pena capital" ("Inocents on death row?", en National Review,
12 de septiembre de 1994).8
Asimismo, debe considerarse que la pena que se propone
sería aplicada de forma excepcional, en un número reducido
de casos, con lo que se evitaría que el exceso de trabajo de los
tribunales pudiera representar un factor que indujera al error judicial,
que en todo caso debe ser visto como la excepción y no como la regla
general en los procedimientos judiciales.
Finalmente, como parte de las medidas que se incluyen
en esta iniciativa, se propone reformar el artículo 21 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del juicio
de amparo directo que se promueva contra las sentencias penales que confirmen
la imposición de la pena de muerte, como medida para garantizar
a los sentenciados que sus casos serán estudiados por el máximo
tribunal del país.
c) Es una medida que no cumple las finalidades de la
pena (readaptación social del individuo) y que sitúa al Estado
en el mismo plano que el delincuente al responder con violencia.
En efecto, esta pena, por su naturaleza, no tiene tal
carácter. Se trata de una medida extrema aplicada sólo en
los casos límite cuyo único fin es privar definitivamente
al delincuente de la posibilidad de volver a ofender de nuevo a la sociedad.
La prisión ordinaria y la pena de muerte son acciones con fines
del todo distintos que no debieran analizarse conforme a los mismos criterios.
No debemos olvidar que la pena de muerte salva vidas:
la ejecución de homicidas previene que éstos cometan otros
asesinatos y con ello se salvan vidas inocentes. La evidencia de esto es
conclusiva e incontrovertible. Evidentemente, aquellos ejecutados no pueden
volver a delinquir.
En 1978, 6 por ciento de los adultos jóvenes culpables
por asesinato que salieron libres bajo caución en Estados Unidos
fue nuevamente arrestado por reincidir ("Recidivism of young farolees",
4, 1987 Bis).9
Ahora bien, no consideramos que la actuación del
Estado en estos casos pueda equipararse a la acción de un delincuente,
porque a diferencia de éste último el Estado ejerce la fuerza
de forma legítima, sus acciones, en todo caso están sustentadas
en una Ley que no es sino producto de la voluntad popular. Sobre esta base,
cuando el Estado ejerce la fuerza sobre un miembro de la sociedad, lo hace
porque ella misma lo facultó para hacerlo, en los casos en que fuera
necesario salvaguardar el interés general aun a costa del interés
individual.
Un razonamiento similar encontramos en el Diario de los
Debates del Constituyente de 1917 respecto del artículo 22 constitucional,
sobre el cual la comisión dictaminadora sostuvo: "La vida de una
sociedad implica el respeto de todos los asociados hacia el mantenimiento
permanente de las condiciones necesarias para la coexistencia de los derechos
del hombre. Mientras el individuo se limite a procurar la satisfacción
de todos sus deseos sin menoscabar el derecho que los demás tienen
de hacer lo mismo, nadie puede intervenir en su conducta; pero desde el
momento en que, por una agresión del derecho de otro, perturba esas
condiciones de coexistencia, el interés del agraviado y de la sociedad
se unen para justificar que se limite la actividad del culpable en cuanto
sea necesario para prevenir nuevas agresiones. La extensión de este
derecho de castigo está determinada por el carácter y la
naturaleza de los asociados, y puede llegar hasta la aplicación
de la pena de muerte si sólo con esta medida puede quedar garantizada
la seguridad social".
B. Justificaciones de la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal
Actualmente, la prevención, investigación,
persecución y sanción del delito de secuestro es competencia
de las entidades federativas. La Procuraduría General de la República
sólo conoce de él cuando lo cometen miembros de la delincuencia
organizada y ejerce la facultad de atracción o, en su caso, cuando
se trata de conexidad de delitos, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 475 del Código
Federal de Procedimientos Penales.
Bajo esta premisa el combate al delito de secuestro se
vuelve complejo, si consideramos que existen 32 códigos penales
y uno federal, de igual manera existen 32 legislaciones adjetivas penales
y una federal, así como 33 leyes en materia de ejecución
de sentencias. A lo cual debemos agregar las leyes especiales y ley federal,
en materia de delincuencia organizada.
Por lo anterior, la determinación de la privación
ilegal de la libertad en sus diversas modalidades como un delito del fuero
común ha dado lugar:
A una falta de coincidencia en la descripción
de los tipos básico, atenuado, con grandes diferencias de una entidad
federativa a otra.
A la determinación de punibilidades diferentes
que en algunos casos permiten que el indiciado, procesado o sentenciado
puedan gozar, según corresponda, de la libertad bajo caución,
de la libertad preparatoria, de sustitutivos penales, de condena condicional,
tratamiento en externación o remisión parcial de la pena.
Lo anterior, incide definitivamente en la cooperación
de los tres niveles de gobierno, en la lucha contra el delito de secuestro,
dificultando el combate frontal a la delincuencia y generando, en consecuencia,
impunidad.
Fundamentalmente porque aún cuando existe un Sistema
Nacional de Seguridad Pública, los planes de acción para
combatir el secuestro tanto en la fase preventiva como de represión
o de castigo, no han sido homologados entre la federación, las entidades
federativas y los municipios.10
A lo que debemos agregar la deficiente integración de las averiguaciones
previas, según cifras del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, la probabilidad de que un criminal llegue ante un juez
es de 3.3 por ciento, 60 por ciento de las órdenes de aprehensión
no se cumplen, y 99 por ciento de los delitos queda impune.
Aunado a lo anterior, debemos considerar que desde 2001,
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acordó
establecer esquemas de planeación, coordinación y supervisión
a nivel nacional, a través de un Programa Nacional para el Combate
al Secuestro, que establece entre otros rubros la elaboración de
un diagnóstico nacional, la integración del Banco Nacional
de Información sobre Secuestros, la creación de un Grupo
Interinstitucional y de Coordinación en los tres niveles de gobierno,
así como unificar las penas en todo el país en contra de
los secuestradores.
No obstante lo anterior, podemos decir que dado el aumento
del índice delictivo e impunidad, no ha habido resultados fehacientes
en los últimos años, que permitan a la sociedad confiar en
las instituciones encargadas de la seguridad pública.
El aumento de la comisión delitos de privación
ilegal de la libertad en sus diversas modalidades ha superado la capacidad
legislativa de cada entidad federativa, ya que han sido pocas las legislaciones
locales que han actualizado la descripción típica y las sanciones
relativas al delito de secuestro.
Lo anterior se ve reflejado en el repunte del secuestro
en todo el país, a partir de 2007, año en que la cifra ascendió
a 789 secuestros.11
Tan sólo el año pasado en el Distrito Federal fueron secuestradas
134 personas y -hasta el primer semestre- van 103 personas del presente
año.
En consecuencia, las medidas de seguridad adoptadas por
las entidades federativas en coordinación con la federación
para combatir el secuestro no han dado resultados, ni atienden la problemática
de fondo.
Resulta, entonces, necesario adoptar medidas legislativas,
a fin de atender en parte los reclamos de la sociedad. Por una parte, porque
la ciudadanía no sólo exige mayor severidad en la imposición
de penas para quienes hacen de la violencia su modus vivendi, sino que
ante la incapacidad de las autoridades locales para enfrentar el delito
de secuestro resulta necesario que los órganos encargados de la
procuración e impartición de justicia en el ámbito
federal tengan siempre competencia en la investigación, persecución
y sanción de dicho ilícito.
Por ello, es impostergable incluir en el catálogo
de delitos del orden federal al delito de secuestro, no sólo por
la incapacidad que han demostrado las autoridades locales en su investigación
y persecución, sino porque la comisión de dicho ilícito
se ha convertido ya en un problema de seguridad nacional. Para tal efecto
proponemos reformar el inciso m) de la fracción I del artículo
50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
C. Justificación a la reforma de la Ley Federal
de Seguridad Pública
Las empresas privadas en México se han incrementado
en los últimos años debido a los altos índices de
delincuencia que sufren los habitantes del país. Sabemos que la
gente tiene el derecho de contratar servicios privados de seguridad para
su resguardo personal, sin embargo, las empresas privadas y el personal
especializados en materia de seguridad, no deben interferir con la labor
de las autoridades en el proceso de negociación y rescates en temas
tan delicados como el secuestro, actividad que debe estar resevada exclusivamente
a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración
de justicia.
Hemos sido testigos de que la seguridad pública
ha sido deficiente en este tipo de delitos, empero no se pude permitir
que las empresas privadas asuman funciones y obligaciones que le competen
a las diversas instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad,
porque irremediablemente detrás de la intervención de este
tipo de empresas existe un interés de carácter económico.
En el país la gran mayoría de los secuestros
no son denunciados debido al temor a la corrupción y la incompetencia
policial, así como a la posible participación de las autoridades
en muchos plagios. A pesar de estos vergonzosos sucesos, es inadmisible
que la seguridad se convierta en un privilegio de un sector acaudalado
de la población, mientras que el resto este abandonado a su suerte.
Concretamente la medida que en este rubro se propone adoptar
tiene un objeto muy concreto: que se deje de ver a un delito tan lacerante
para la sociedad como lo es el secuestro, como un negocio para las empresas
que intervienen como negociadores con motivo de este tipo de ilícitos.
D. Justificación a la reforma de la Ley General
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
En este rubro, la iniciativa plantea prohibir la adquisición
y el ofrecimiento por parte de las compañías aseguradoras
de los denominados seguros anti-secuestro. Este tipo de seguros cubren
el pago del rescate por secuestros ocurridos en cualquier parte del mundo,
así como los honorarios de los consejeros contratados para colaborar
en las negociaciones de liberación de la víctima.
En este caso, nuevamente observamos la forma en la que
se comercializa con la posibilidad de ser secuestrado. Las aseguradoras
ven en la zozobra de las personas un mercado al cual satisfacer. Debemos
considerar que este tipo de servicios se prestan de forma confidencial,
permitiendo así que se promueva este delito, en lugar de eliminarlo,
ya que no es desconocido que los secuestradores llegan a saber datos de
personas que cuentan con este tipo de seguros.
Estos seguros en lugar de beneficiar a la población
en general, perjudican, ya que las cifras de denuncias por privación
de la libertad son mínimas a comparación de las que se llevan
acabo diariamente.
El Estado de acuerdo a la Constitución, debe velar
por la seguridad y debe ser ella quien nos dé la certeza de vivir
libremente por las calles de las ciudades. El Estado es quien debe de apoyarnos
en el rescate de cualquiera de los ciudadanos. El Estado es quien debe
garantizarnos que los derechos por la vida y la libertad sean respetados.
E. Justificación de la reforma a la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
De acuerdo al artículo 39 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de
la Cámara de Diputados son órganos constituidos por el Pleno
que a través de la elaboración de dictámenes, informes,
opiniones, o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus
atribuciones constitucionales y legales.
Actualmente existen 40 comisiones ordinarias que tienen
a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control
evaluatorio. Cada comisión ordinaria realiza tareas específicas
que cada en caso se señalan. El Congreso es representante de la
voluntad popular y es la expresión plural del mandato social.
Las comisiones son el cuerpo de trabajo del poder legislativo,
son el alma de la labor de este honorable Congreso de la Unión;
en ella se discuten los temas más importantes y urgentes del país;
se aprueban y desechan los proyectos de reforma de la ley, se realizan
acuerdos en la materia correspondiente a cada una y se definen prioridades
presupuestales cada año.
Asimismo, es ante las comisiones que los titulares de
las unidades administrativas y ejecutoras correspondientes del gasto rinden
cuentas, y presentan informes de resultados de la acción para la
que fueron creadas las instituciones del país. En este marco y dada
la dimensión de la problemática actual del delito de la privación
ilegal de la libertad se propone la creación de la comisión
legislativa antisecuestro.
En cumplimiento de sus responsabilidades y del mandato
popular este honorable Congreso asume su papel y propone la creación
de una comisión ordinaria con la finalidad de que el secuestro tenga
el reconocimiento y la atención legislativa que merece.
Los diputados tenemos una responsabilidad histórica
de atender ahora el problema del secuestro, nuestro deber es corregir desde
nuestro ámbito de atribuciones las fallas que ha tenido la ley y
el diseño de las instituciones encargadas de atender este problema.
La dimensión del delito amenaza actualmente la integridad de cualquier
mexicano. La creación de esta comisión es la oportunidad
de trabajar en conjunto con las diversas instancias de gobierno involucradas,
además de ser el mecanismo a través del cual, en conjunto
con otros órdenes de gobierno, se planteen las reformas y acciones
necesarias para poner fin al flagelo social del secuestro.
Para ello proponemos lo siguiente:
La comisión se constituirá con un diputado
por grupo parlamentario y sesionará una vez al mes. Gozará
de las mismas prerrogativas que cualquier comisión ordinaria. Dictaminará
y dará opinión sólo en los casos que competen a su
naturaleza jurídica.
De mismo modo:
Con la creación de la comisión los diputados:
podrán atender todas las propuestas e iniciativas que en la materia
se presenten a el honorable Congreso de la Unión.
Se podrá discutir de forma específica el
presupuesto anual de la Policía Federal Antisecuestros propuesta
en este paquete.
Se podrá dar seguimiento al desempeño y
a los resultados de esta iniciativa.
Esta soberanía tendrá conocimiento de las
fallas jurídicas y de los requerimientos y adecuaciones legales
que se requieran para optimizar la aplicación financiera y el cumplimiento
de metas antisecuestro propuestas.
Se dará la atención requerida para llamar
a los cuerpos responsables de atender este delito a comparecer cuando sea
requerido.
Se podrá dar un seguimiento adecuado a la evolución
del problema.
Permitirá colaborar en los aspectos correspondientes
con otras comisiones de de la Cámara de Diputados.
El Partido Verde Ecologista de México reafirma su
postura a favor de la vida. En diversas ocasiones no hemos manifestado
en contra de temas tan controvertidos como el aborto, sin embargo, consideramos
que con la propuesta que formulamos no renunciamos a nuestras convicciones,
toda vez que en el aborto a diferencia del secuestro, salvaguardamos la
vida de quien todavía no ha tenido la opción de decidir entre
ajustar su conducta a las reglas establecidas por la sociedad o bien quebrantarlas.
Adicionalmente, nos pronunciamos por la conveniencia de aplicar esta pena,
sólo en las modalidades más radicales del que es de por sí
una de las expresiones más infames de la delincuencia.
Nuestro objetivo es concreto: enviarle el claro mensaje
a la delincuencia de que el Estado mexicano está dispuesto a responder
con la misma contundencia, a los secuestradores que mutilen o priven de
la vida a sus víctimas, y a los servidores o ex servidores públicos,
que traicionando la confianza que en ellos depositó la ciudadanía,
decidan incursionar en este tipo de actividad delictiva.
Nuestro país vive un momento de crisis en materia
de seguridad, la población reclama acciones firmes y decididas para
enfrentarla y no podemos ignorar que un sector de ella se ha pronunciado
a favor de la instauración de la pena que hoy proponemos. Nuestra
obligación como sus representantes populares, es canalizar esos
reclamos a las instituciones encargadas de su análisis y discusión.
Quizá al término de la discusión que se de al seno
de este Congreso sus reclamos no alcance los consensos necesarios, pero
lo que no podemos como legisladores, es negarnos a debatir este controvertido
tema.
Por lo expuesto, la que suscribe, diputada Gloria Lavara
Mejía, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete
a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto
Por el que se reforman los artículos 18 y 22 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
se adiciona un párrafo al inciso b) de la fracción III del
artículo 21 y se reforma el inciso m) de la fracción I del
artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; se adiciona una fracción al artículo 24,
se reforman los artículo 51, 63 y 64, se deroga el inciso b) de
la fracción II, así como los párrafos segundo y tercero
de la fracción III y se recorren los párrafos cuarto y quinto
al final de la fracción VI, y se adicionan las fracciones IV, V
y VI al artículo 366, se reforman las fracciones V y VI y se adicionan
la VII y VIII al artículo 366 Bis todos del Código Penal
Federal; se adicionan la fracción XXXI al artículo 32 y la
IX al artículo 33 de la Ley Federal de Seguridad Privada; se reforma
el artículo 3 en su fracción II, numeral 2, y fracción
III, y se adiciona la fracción V de la Ley General de Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros; y se adiciona el numeral 6 al artículo
40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo Primero. Se reforma el artículo
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
" Artículo 18. Los gobiernos de la federación
y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas
jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para
el mismo y la educación como medios para la readaptación
social del delincuente, excepto en los caso previstos por esta Constitución.
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados a los destinados
a los hombres para tal efecto.
...
...
...
...
...
..."
"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas
de mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento
de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes
y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
…
…
La pena de muerte inconmutable sólo podrá
imponerse a los servidores o ex servidores públicos de las corporaciones
de seguridad pública, Ejercito, Marina y Ministerios Públicos
que participen en la comisión del delito privación ilegal
de la libertad y a todo aquel que prive de la vida o mutile a la víctima
del secuestro, en los términos que disponga el Código Penal
Federal.
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo
al inciso b) de la fracción III del artículo 21 y se reforma
el inciso m) de la fracción I del artículo 50, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar
como sigue:
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Artículo 21. Corresponde conocer a las salas
I. y II. …
III. …
a) …
b) …
Esta facultad será ejercida de oficio, en todo
caso, cuando el juicio de amparo directo se promueva en contra de sentencias
penales que confirmen la pena de muerte.
IV. a XI. …
Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán
I. …
a) a l) ...
m) Los artículos 366 y 366 Bis del Código
Penal Federal, y en los 366 Ter y 366 Quáter del ordenamiento antes
referido, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar
al menor fuera del territorio nacional.
II. a III. ...
Artículo Tercero. Se adiciona una fracción
al artículo 24 y un párrafo segundo al artículo 25,
se reforman los artículo 51, 63 y 64, se deroga el inciso b) de
la fracción II, los párrafos segundo y tercero de la fracción
III, se recorren los párrafos cuarto y quinto al final de la fracción
VI, y se adicionan las fracciones IV, V y VI al artículo 366, se
reforman las fracciones V y VI, y se adicionan la fracciones VII y VIII
al artículo 366 Bis del Código Penal Federal, para quedar
como sigue:
Código Penal Federal
Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad
son
6. …
7. Pena de muerte.
8. a 18. …
…
Artículo 51. ...
En los casos de los artículos 60, fracción
VI, 61, 63, 64, 64 Bis y 65, y en cualesquiera otros en que este código
disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional
consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales,
la que resulte de la elevación o disminución, según
corresponda, de los términos mínimo y máximo de la
pena prevista para aquél, salvo cuando se trate de pena de muerte
inconmutable. Cuando se trate de prisión, la pena mínima
nunca será menor de tres días.
Artículo 63. Al responsable de tentativa punible
se le aplicará a juicio del juez, y teniendo en consideración
las prevenciones de los artículos 12 y 52, hasta las dos terceras
partes de la sanción que se le debiera imponer de haberse consumado
el delito que quiso realizar, salvo disposición en contrario, o
bien cuando se trate de pena de muerte inconmutable, en cuyo caso la pena
mínima no podrá ser menor a cuarenta años de prisión.
...
En los casos de tentativa punible de delito grave así
calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de
prisión que no será menor a la pena mínima y podrá
llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima
prevista para el delito consumado, y cuando la pena prevista sea la
muerte inconmutable, la sanción mínima será de cuarenta
años y cinco años de prisión.
Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará
la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará
hasta una mitad del máximo de su duración sin que pueda exceder
de sesenta años, salvo que la prevista sea la pena de muerte.
En caso de concurso real, se impondrán las penas
previstas para cada uno de los delitos cometidos sin que exceda de las
máximas señaladas en el Titulo Segundo del Libro Primero,
salvo que se trate de pena de muerte. Si las penas se impusieran en el
mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares,
o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse
desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito.
En caso de delito continuado, se aumentará de una
mitad hasta las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el
delito cometido, sin que exceda del máximo señalado en el
Título Segundo del Libro Primero, salvo cuando se trate de pena
de muerte.
Artículo 366. Al que prive de la libertad
a otro se le aplicará
I. y II. …
a) …
b) (Se deroga.)
c) a e)…
III. …
(Se deroga.)
(Se deroga.)
IV. Pena de muerte y de ocho mil a diez mil días
multa, si durante el cautiverio se causa a la víctima del secuestro
alguna lesión de las previstas en los artículos 291a 293
de este código.
V. Pena de muerte y de diez mil a doce mil días
multa, si durante el cautiverio se priva de la vida a la víctima
del secuestro.
VI. Pena de muerte y de doce mil a veinte mil días
multa, a los servidores o ex servidores públicos de las corporaciones
de seguridad, Ejercito, Marina y Ministerios Públicos federales
que particien en la comisión del delito previsto en la fracción
I de este artículo.
Si espontáneamente se libera al secuestrado dentro
de los tres días siguientes al de la privación de la libertad,
sin lograr alguno de los propósitos a que se refieren las fracciones
I y III de este artículo y sin que se hayan presentado alguna de
las circunstancias previstas en la fracción II, IV, V y VI, la pena
será de dos a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta
días multa.
En los demás casos en los que espontáneamente
se libere al secuestrado sin lograr alguno de los propósitos a que
se refiere las fracciones I y III de este artículo, las penas de
prisión aplicable serán de cinco a quince años o de
doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.
Artículo 366 Bis. Se impondrá pena
de dos a diez años de prisión y de doscientos a mil días
multa, al que en relación con las conductas sancionadas por el artículo
anterior y fuera de las causas de exclusión del delito previstas
por la ley
I. a IV. …
V. Efectúe el cambio de moneda nacional
por divisas, o de éstas por moneda nacional, sabiendo que es con
el propósito directo de pagar el rescate a que se refiere la fracción
I del artículo anterior.
VI. Intimide a la víctima, a sus familiares
o a sus representantes o gestores, durante o después del secuestro,
para que no colaboren con las autoridades competentes.
VII. Encubra a un secuestrador teniendo conocimiento
de sus actividades o de su identidad.
VIII. Divulgue información que pueda revelar
la situación financiera de alguna persona.
Artículo Cuarto. Se adicionan la fracción
XXXI al artículo 32, y la fracción IX al artículo
33 de la Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue:
Ley Federal de Seguridad Privada
Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores
de servicios
I. a XXX. …
XXXI. Abstenerse de realizar funciones de intermediación
o negociación durante la comisión de cualquier delito.
Artículo 33. Son obligaciones del personal
operativo de seguridad privada
I. a VIII. …
IX. Informar al Consejo Federal para el Combate al
Delito de Secuestro de cualquier privación ilegal de la libertad
de la que tengan conocimiento.
Artículo Quinto. Se reforma el artículo
3 en su fracción II, numeral 2, y fracción III, y se adiciona
la fracción V del la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros, para quedar como sigue:
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros
Artículo 3o. En materia de actividad aseguradora:
I. …
…
…
…
…
II. Se prohíbe contratar con empresas extranjeras
1. ...
2. Seguros de garantía financiera o de negociación,
en caso de privación de la libertad.
3. a 6. …
III. En los siguientes casos, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público podrá exceptuar de lo
dispuesto en las fracciones anteriores, excepto lo establecido en el
numeral 2 de la fracción II:
1. y 2. …
IV. …
…
…
V. Se prohíbe a toda persona ofrecer directamente
o como intermediario, en territorio nacional, por cualquier medio público
o privado, seguros de garantía financiera o de negociación
en caso de privación de la libertad.
Artículo Sexto. Se adiciona el numeral 6 al
artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 40. …
…
6. La Comisión Legislativa Antisecuestro se
integrará con un miembro por grupo parlamentario, toda vez que se
manejará información de alta seguridad. Su tarea será
dar seguimiento a las acciones y los trabajos de la Ley Federal contra
el Delito de Secuestro, así como de información y de control
evaluatorio en los términos del artículo 93 constitucional;
el resto de sus atribuciones serán las mismas que una comisión
ordinaria.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el
reglamento y demás disposiciones necesarias para la aplicación
de la pena de muerte, dentro de los 90 días posteriores a la entrada
en vigor del presente decreto.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio
de la LX Legislatura, a 20 de agosto de 2008.
Notas
1. El informe refiere que de acuerdo con la Coparmex
el índice de secuestros que concluyó en asesinatos se ha
incrementado en un 80 por ciento: en los últimos 10 años
han sido asesinadas 250 víctimas de secuestro y son cada vez más
aquellos que terminan en mutilaciones de las víctimas
2. Gaceta Informativa 15, Diagnóstico de la
inseguridad en México y Encuesta Internacional sobre Criminalidad
y Victimización, disponible en http://www.icesi.org.mx/documentos/publicaciones/gacetas/diagnostico_inseguridad_en_mexico_y_enicriv4.pdf
(13-08-08).
3. Díaz-Aranda Enrique e Islas de González
Mariscal Olga, Pena de muerte en México, México, UNAM
e Inacipe, p 42.
4. Pena de muerte, compilación de normas jurídicas,
resoluciones, protocolos y opiniones en diversos países, organismos
y particulares, México, Secretaría de Servicios Parlamentarios,
Cámara de Diputados, 1997 p. 74.
5. Idem p.76.
6. Cabe señalar, sin embargo, que estas cifras
no constituyen una prueba per se de que las ejecuciones frenan los homicidios
en Delaware, o que la falta de pena de muerte eleva los crímenes
por violencia y asesinatos en Washington DC, pero consideramos que la eficacia
de la pena capital como un elemento del sistema de justicia penal se puede
medir con la disminución de los índices de homicidios en
los Estados en los que está presente la pena de muerte.
7. Idem p. 72.
8. Idem p. 70.
9. Idem p 72.
10. Cfr. Parés Hipólito, María de
Jesús, El delito de secuestro en México. México,
Porrúa, SA de CV, 2007.
11. De acuerdo con información disponible de la
organización civil México Unido contra la Delincuencia.
Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
y de Justicia. Agosto 20 de 2008.)
Convocatorias
DE LA TERCERA COMISIÓN –HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS– DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A la decimoquinta reunión plenaria que, con la
participación de los secretarios Alberto Cárdenas Jiménez,
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Gerardo Ruiz Mateos, de Economía; y Ernesto Codero Arroyo, de Desarrollo
Social, así como del director general de Leche Industrializada Conasupo,
Jesús Galván Muñoz, se verificará el lunes
25 de agosto, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio
C, primer piso.
Atentamente
Diputado Raúl Cervantes Andrade
Presidente
DE LA TERCERA COMISIÓN –HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS– DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A la reunión que, con la asistencia del secretario
de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, se llevará
a cabo el lunes 25 de agosto, a las 17:00 horas, en la sala de comisiones
Miguel Ramos Arizpe, del Senado de la República, situada en Donceles
14,
primer piso.
Atentamente
Diputado Raúl Cervantes Andrade
Presidente
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
A la reunión que se llevará a cabo el martes
26 de agosto, a partir de las 9:00 horas, en la ciudad de Puebla.
En dicha reunión se tratará el tema Evaluación
y perspectivas de la economía y de las finanzas públicas
para el ejercicio fiscal de 2008.
Programa
9:00 a 10:15 horas
I. Evolución reciente y proyección para
2008, por el doctor Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda y Crédito
Público.
1. Entorno internacional:
Evolución económica;
Precios del petróleo;
Mercado de materias primas; y
Mercados financieros.
2. La economía mexicana:
Producción y empleo;
Tipo de cambio; e
Inflación.
3. Excedentes petroleros (situación actual y perspectivas).
10:15 a 11:30 horas
II. Evaluación de la reforma hacendaria, por el
doctor José Antonio Meade Kuribreña, subsecretario de Ingresos.
1. Recaudación y perspectivas:
Impuesto especial a tasa única;
Impuesto a los depósitos en efectivo;
Impuesto al valor agregado; e
Impuesto especial sobre producción y servicios.
11:30 a 12:45 horas
III. Participación del doctor Agustín Carstens
Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público.
12:45 a 14:00 horas
IV. Avance en materia de coordinación fiscal,
por el doctor José Antonio González Anaya, titular de la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
1. Avances y perspectivas:
Participaciones a estados y municipios; y
Fondos de aportaciones federales.
14:00 a 15:15 horas
V. Avance del ejercicio presupuestal de 2008, por el
doctor Dionisio Pérez Jácome, subsecretario de Egresos.
Asuntos generales
Convenio de colaboración con la Universidad de
Guanajuato-Facultad de Ciencias Administrativas de Celaya, propuesto por
el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Programa de actividades
Lunes 25
16:00 horas. Salida, opción 1: Traslado de la
Cámara de Diputados a la ciudad de Puebla.
Lugar: Calle Emiliano Zapata, frente a la Tesorería,
en la entrada peatonal de empleados y de visitantes de la Cámara
de Diputados.
17:00 horas. Salida, opción 2: Traslado de la Cámara
de Diputados a la ciudad de Puebla.
Lugar: Calle Emiliano Zapata, frente a la Tesorería.
18:00 a 20:30 horas. Registro de asistentes, en el hotel
sede, Presidente Intercontinental Puebla.
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, bulevar Hermanos
Serdán número 141, colonia Amor, Puebla, Puebla.
20:30 horas. Cena que ofrecerá la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Lugar: Edificio Carolino de la BUAP, situado en la calle
Sur número 104, colonia Centro, Puebla, Puebla.
Martes 26
7:00 a 9:00 horas. Desayuno en el restaurante Cocina
de los Ángeles, hotel sede.
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental.
9:00 a 15:15 horas. Reunión de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público Evaluación y perspectivas
de la economía y de las finanzas públicas para el ejercicio
fiscal de 2008.
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental.
15:15 horas. Comida.
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental.
17:00 horas. Regreso, opción 1: Traslado de Puebla
a la Cámara de Diputados.
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental.
18:00 horas. Regreso, opción 2: Traslado de Puebla
a la Cámara de Diputados.
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental.
Atentamente
Diputado Jorge Estefan Chidiac
Presidente
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A la decimonovena reunión de mesa directiva, que
se llevará a cabo el martes 26 de agosto, a las 9:30 horas, en la
sala de juntas de la convocante (edificio D, segundo piso).
Orden del Día
1. Pase de lista.
2. Verificación de asistencia y declaración
de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
correspondiente a la sesión anterior.
5. Análisis y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputado Diego Aguilar
Presidente
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A la decimoctava reunión plenaria, que se llevará
a cabo el martes 26 de agosto, a las 12:00 horas, en el salón B
del edificio G.
Orden del Día
1. Pase de lista.
2. Verificación de asistencia y declaración
de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
correspondiente a la sesión anterior.
5. Análisis y, en su caso, aprobación de
dictámenes turnados a la comisión.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputado Diego Aguilar
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
A la reunión mensual que se realizará el
miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas, en el salón B
del edificio G.
Atentamente
Diputado Tomás del Toro del Villar
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la reunión de mesa directiva que se llevará
a cabo el miércoles 27 de agosto, a las 11:30 horas, en la sala
de juntas de la comisión.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la reunión plenaria que se llevará a cabo
el miércoles 27 de agosto, a las 14:30 horas, en la zona C del edificio
G.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN BICAMARAL
DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A la séptima reunión plenaria, que tendrá
verificativo el jueves 28 de agosto, de las 9:00 a las 11:00 horas, en
el salón F del edificio G.
Atentamente
Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo
Presidente
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN,
REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Al proceso de presentación de aspirantes a recibir
la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de
1913", respecto del cual la recepción de candidaturas concluirá
el viernes 29 de agosto.
La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con fundamento en el decreto que instituye
la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de
1913" y su reglamento
Convoca
A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las entidades federativas,
a las universidades públicas y a las privadas, a las asociaciones
técnicas, científicas y culturales, y demás instituciones
representativas de la sociedad, para que propongan la candidatura de quien
consideren merecedor de recibir la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri,
Legisladores de 1913"
Instituida para reconocer al ciudadano o a la ciudadana
mexicana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad
nacional y a la república, destacando por sus hechos cívicos
o políticos.
Lo anterior, por el acuerdo que tome la Cámara
de Diputados en sesión pública, en atención al dictamen
que presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
Conforme a las siguientes
Bases
I. Las propuestas deberán ser dirigidas a los Secretarios
de la Cámara de Diputados, sita en avenida Congreso de la Unión
número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza,
código postal 15969, México, DF, edificio A, segundo piso,
y habrán de contener los siguientes datos:
1. Nombre de la institución u organización
promovente;
2. Datos generales del candidato;
3. Motivos por los que se promueve la candidatura; y
4. Acta de nacimiento y documentos o pruebas fehacientes
que avalen los motivos de la candidatura.
II. La recepción de candidaturas estará comprendida
entre el 30 de abril y el 29 de agosto de 2008. Mayor información
a los teléfonos 5036 0147 y 5036 0148.
III. Lo no previsto en la presente convocatoria será
resuelto inapelablemente por la Comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias.
Atentamente
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
A la reunión plenaria que se verificará
el martes 2 de septiembre, a las 10:30 horas, en el salón E del
edificio G, primer piso.
Atentamente
Diputado Benjamín González Roaro
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la vigésima tercera reunión de mesa directiva,
que se realizará el martes 2 de septiembre, a las 14:00 horas, en
la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio F,
segundo piso).
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del orden del día.
3. Aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Presentación de predictámenes de las
subcomisiones, listos para someter a votación en la próxima
reunión plenaria.
5. Informe de los asuntos turnados a las subcomisiones.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-COSTA
RICA
A la reunión por efectuarse el miércoles
3 de septiembre, a las 9:00 horas, en el basamento A 5, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, situado en el edificio A, planta baja.
Atentamente
Diputada Margarita Arenas Guzmán
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la vigésima tercera reunión plenaria,
que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, a las 16:00 horas,
en el salón B del edificio G, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación de proyectos de dictamen de las
subcomisiones, listos para ser votados en la próxima reunión
plenaria.
5. Informe de los asuntos turnados a las subcomisiones.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
Invitaciones
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA
LA REFORMA DEL ESTADO
Al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo
para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación,
de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará
a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, comprendidos
de las 8:00 a las 10:00 horas, en el auditorio norte.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores
parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política,
administración pública, derecho, sociología, economía,
relaciones internacionales o antropología), servidores públicos
de los tres ámbitos, académicos y personas relacionadas con
la investigación, el servicio público, la organización
y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana
y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano,
en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar conocimientos y
desarrollar habilidades en la gestión del cambio político,
en el contexto de la reforma del Estado.
Informes e inscripciones hasta el 23 de mayo de 2008,
de las 10:00 a las 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420
1760, extensiones 1248 y 5089, 55 3666 5185, 55 3225 1261; en la dirección
de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo
instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro,
frente al edificio G.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Evaluar los conceptos fundamentales y las propuestas de
los modelos de reforma del Estado en México.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones
de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de
la mañana, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San
Lázaro.
La dinámica de trabajo del diplomado contará
de seis módulos de trabajo.
En el diplomado participarán como ponentes investigadores,
profesores de educación superior, funcionarios públicos y
responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una
discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y de establecer
metodologías que permitan evaluar objetivamente dicho proceso y
construir herramientas metodológicas de evaluación y desarrollo
de líderes de cambio político.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia
como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo IV: La reforma del federalismo
Programa
25 de agosto
• Coordinación regional y metropolitana
- Licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario de Desarrollo
Metropolitano del gobierno del estado de México.
27 de agosto
• El municipio y el desarrollo socioeconómico
- Doctor Arturo Pontifes Martínez, catedrático
de la UIA.
29 de agosto
• El municipio y el desarrollo socioeconómico
- Doctor Arturo Pontifes Martínez, catedrático
de la UIA.
3 de septiembre
• El municipio y el desarrollo socioeconómico
- Doctor Arturo Pontifes Martínez, catedrático
de la UIA.
Coordinador académico: Doctor Martín Vera M.
Informes: 55-3666-5185
Correo electrónico: conocimientoglobal@yahoo.com
Atentamente
Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES
Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número
18, La alternancia municipal, que se efectuará el martes
26 de agosto, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el salón número
4 del edificio I.
Atentamente
Maestro Ernesto Cavero Pérez
Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos
DEL COMITÉ Y DEL CENTRO DE
ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Al seminario El sistema financiero mexicano, que
se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto, de las 9:00
a las 18:45 horas, en el auditorio del edificio E.
Objetivo general
Resaltar la importancia del sistema financiero con las
finanzas públicas, su relevancia interinstitucional con el Banco
de México, la Secretaría de Hacienda y el Poder Legislativo.
El seminario está dirigido a legisladores, asesores
parlamentarios, servidores públicos, investigadores, académicos,
estudiantes, personal interesado en el tema del sector financiero mexicano
y público en general.
Se otorgará constancia de asistencia.
Informes y registro en el teléfono 5036-0000, extensiones
55227 y 55213, y en la dirección de correo electrónico cefp.sistemafinanciero@gmail.com.
Atentamente
Diputado Moisés Alcalde Virgen
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES
Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación del Reporte CESOP número
15, sobre medio ambiente, que se llevará a cabo el miércoles
27 de agosto, de las 17:30 a las 19:00 horas, en el salón de usos
múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Licenciado Arturo Maldonado Tapia
Encargado de la Dirección General
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la conferencia Profecías mayas, que tendrá
verificativo el viernes 29 de agosto, a las 16:00 horas, en el auditorio
sur.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA
Al diplomado Construyendo un nuevo federalismo: transformación
e integración del desarrollo regional que, en coordinación
con la Escuela de Graduados en Administración y Política
Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, se llevará a cabo del viernes 29 de agosto de 2008
al sábado 24 de enero de 2009, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro.
El diplomado se llevará a cabo en colaboración
con la Federación Nacional de Municipios de México, AC; la
Asociación de Municipios de México, AC; y la Asociación
de Autoridades Locales de México, AC; y está dirigido a legisladores,
asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencias políticas,
administración pública, derecho, sociología, economía
y antropología), funcionarios públicos, académicos
y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión
y administración de los fenómenos de la migración,
el desarrollo urbano, el gobierno metropolitano, el desarrollo regional
y el desarrollo social.
Informes
En los teléfonos 5628 1300, extensiones 3856, 3836,
58215, 58216 y 58217; 01 800 718 4291, 04455 3666 5185, 04455 3225 1261;
y en las direcciones de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com
y comisionespecial.migracioninterna@congreso.gob.mx, así como en
la Comisión Especial de estudios de las políticas para la
migración interna, edificio F, planta baja, Palacio Legislativo
de San Lázaro.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Metodología
Se realizarán cinco módulos con 20 sesiones
de trabajo, los viernes de 15:00 a 20:00 horas, y los sábados de
9:00 a 14:00 horas.
Módulo I. Los procesos de urbanización
y metropolización
Fechas: 29 y 30 de agosto, y 12 y 13 de septiembre.
Ejes temáticos
Actualidad de la emigración campo-ciudad.
Marginalidad urbana y pobreza.
La formación de regiones metropolitanas.
Módulo II. Mecanismos de integración y de
exclusión económica y social. Habitabilidad, servicios públicos,
financiamiento para el desarrollo
Fechas: 26 y 27 de septiembre, y 10 y 11 de octubre.
Ejes temáticos
Realidad de la integración campesina e indígena
en las ciudades.
Repensar el modelo de ciudades, con perspectiva humana.
Reingeniería de servicios públicos municipales.
Alternativas de financiamiento para los nuevos retos
del desarrollo urbano.
Módulo III. Empleo y bienestar en las regiones
Fechas: 24 y 25 de octubre, y 7 y 8 de noviembre.
Ejes temáticos
Flujos migratorios y perspectivas de crecimiento económico.
Economía, política y desarrollo social
regional en México.
Capacidad institucional de impulso al desarrollo.
Módulo IV. Emigración e inmigración:
remesas y desarrollo local
Fechas: 21 y 22 de noviembre, y 5 y 6 de diciembre.
Ejes temáticos
Geopolítica de la movilidad interna y externa.
Perspectiva del aprovechamiento de las remesas en el
desarrollo local.
Finanzas, federalismo y desarrollo.
Módulo V. Políticas para la gobernalidad,
la democracia y la coordinación federalista
Fechas: 9, 10, 23 y 24 de enero de 2009.
Ejes temáticos
Delincuencia y conflicto social.
Derechos cívicos, políticos, económicos
y sociales.
El papel de los tres niveles de gobierno en un nuevo
desarrollo regional.
Atentamente
Diputado Raúl Ríos Gamboa
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES
Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Al seminario internacional Comunicación para
el Poder Legislativo: la opinión pública, los medios y la
coyuntura de crisis que, en coordinación con The George Washington
University, se llevará a cabo los días 29 de agosto, y 4,
5 y 11 de septiembre, de las 10:00 a las 19:00 horas, en los salones 1
y 2 del edificio I (de los centros de estudios).
Objetivo
Proporcionar a diputados federales, personal técnico
legislativo y público interesado conocimientos suficientes para
evaluar y analizar la opinión pública en los siguientes rubros:
• Su importancia en la vida política nacional.
• Su efecto en los sistemas de pesos y contrapesos del
Poder Legislativo.
• Su efecto como factor para la comunicación de
partidos y líderes políticos.
• Su efecto en los procesos de información que
pueden derivar en crisis de comunicación o en oportunidades de posicionamiento
positivo para el legislador.
Programa, expositores y temas
Primera sesión: La opinión pública
y el Poder Legislativo
Viernes 29 de agosto
10:00 a 11:45 horas. Santiago Nieto (Ecuador), GWU:
Evaluación del Poder Legislativo en distintos países de América
Latina.
11:45 a 12:00 horas. Receso.
12:00 a 13:45 horas. Francisco Abundis (México),
Parametría: Evaluación del Poder Legislativo federal en México.
13:45 a 15:15 horas. Comida.
15:15 a 17:00 horas. Roy Campos (México), Consulta
Mitovski: Opinión pública y Poder Legislativo en México.
Razones de una mala percepción.
17:00 a 17:15 horas. Receso.
17:15 a 19:00 horas. Jaime Durán (Ecuador): La
dinámica de la comunicación entre el Poder Legislativo y
la opinión pública.
Segunda sesión: Entrenamiento mediático
para legisladores
Jueves 4 de septiembre
17:00 a 19:30 horas. Jorge Santiago Barnés (España),
GWU: Teoría sobre el manejo de medios para personajes públicos.
Viernes 5 de septiembre
10:00 a 18:00 horas. Gloria Ramírez (Colombia),
GWU: Prácticas sobre el manejo de medios.
Tercera sesión: Manejo de crisis desde el Poder
Legislativo
Jueves 11 de septiembre
10:00 a 13:45 horas. José Carreño, UIA:
Introducción a la crisis de la comunicación.
13:45 a 15:15 horas. Comida.
15:15 a 17:00 horas. Rafael Reyes Arce, GWU, y Jorge Rojas,
UIA: Elaboración de tablero de riesgos.
17:15 a 19:00 horas. Roberto Izurieta, GWU: Manejo de
crisis: casos de éxito y recomendaciones prácticas.
Información: Cámara de Diputados. Avenida Congreso
de la Unión 66, edificio I, primer piso. Teléfono 50-36-00-00,
extensión 55243.
Atentamente
Licenciado Arturo Maldonado Tapia
Encargado de la Dirección General
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
A la Jornada sobre la investigación y desarrollo
en computación en México, a cincuenta años de la instalación
de la primera computadora en el país, que tendrá lugar
el miércoles 3 de septiembre, de las 9:00 a las 16:00 horas, en
el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Diputada Silvia Luna Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Manos elocuentes, que permanecerá
del lunes 8 al viernes 12 de septiembre en el vestíbulo principal
donde se inaugurará el martes 9, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
CITRICULTURA
Al foro Retos y perspectivas para la industria de jugos
en México y el mundo, que se llevará a cabo el miércoles
10 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, en el auditorio E.
Objetivos
Dar a conocer la importancia de los jugos de fruta desde
las perspectivas de salud (nutricional) y de desarrollo agrícola
y económico. Asimismo, abordar el aspecto regulatorio en el ámbito
internacional.
Patrocinadores
Cámara de Diputados: Comisión Especial
de Citricultura
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable
y la Soberanía Alimentaria
Universidad Nacional Autónoma de México
Sociedad Mexicana de Salud Pública
Fundación Mídete
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias
Congreso Citrícola Mexicano
Agenda
9:00-9:30 horas
Registro de participantes.
9:30-10:00 horas
Inauguración.
10:00-11:15 horas
Mesa 1. "La producción de jugos y el mercado nacional
e internacional de fruta".
11:15-11:30 horas
Receso.
11:30-13:00 horas
Mesa 2. "Los jugos como parte de una dieta saludable".
13:00-14:45 horas
Mesa 3. "Regulación en materia de jugos: experiencia
internacional y perspectivas de normatividad en México".
Atentamente
Diputado Pedro Montalvo Gómez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
Al foro Valuación y transparencia en los créditos
garantizados, que se realizará el miércoles 10 de septiembre,
a las 11:00 horas, en el salón Legisladores de la República,
situado en el segundo piso del edificio A.
El foro comprende tres mesas:
Mesa I. La valuación en México: antecedentes
y marco jurídico.
Mesa II. Importancia de la cédula profesional de
posgrado y certificación.
2.1. Deficiencias de la Ley Federal de Transparencia
y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
2.2. Prácticas de la valuación en México.
Mesa III. Propuestas legislativas.
Atentamente
Diputado Octavio Martínez Vargas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Visión regia, que
permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el vestíbulo
principal, donde se inaugurará el martes 23, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la Semana Palestina en México, que permanecerá
del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el vestíbulo principal,
donde se inaugurará el martes 23, a las 13:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente