Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los centros de atención rural al adolescente, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Antecedentes
En fechas recientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del director de Prestaciones Médicas, Santiago Echeverría Zuno, dio a conocer la desaparición de la Coordinación de Salud Reproductiva, “toda vez que según él ya se cumplió el objetivo de reducir el índice de natalidad y tienen otros problemas más relevantes que atender”.
Las políticas de población aplicadas desde la década de 1970 han tenido avances sustanciales, principalmente entre la población adulta, donde la reducción de la natalidad de siete a dos hijos por mujer en la actualidad es considerable. Sin embargo, la salud reproductiva no se puede reducir exclusivamente al tema de la planificación familiar, ya que es mucho más amplia.
La salud reproductiva comprende información, educación, y servicios en planificación familiar, salud reproductiva de adolescentes, salud perinatal, que incluye las etapas prenatal, parto, puerperio y fortalecimiento de la lactancia materna, riesgo preconcepcional, prevención, y manejo de enfermedades de transmisión sexual, prevención y tratamiento de infertilidad, detección oportuna de cáncer de tractor reproductor y de mama y manejo del climaterio y menopausia.
Hacia finales del milenio, los nuevos retos de salud reproductiva han demandado una nueva visión, por lo que México había decidido iniciar un cambio hacia la prestación de servicios integrales de salud reproductiva que fueran más allá de los conceptos aislados de planificación familiar y de atención materno-infantil. ¿Por qué ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social quiere retroceder en esta política? Y no sólo eso, sino que tenemos información del cierre de los centros de atención rural al adolescente, que funcionaban en el programa IMSS-Oportunidades.
Más de la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años de edad. En todo el orbe, un número importante de adolescentes es sexualmente activo a corta edad. Muchos no utilizan métodos anticonceptivos. Alrededor de 15 millones de adolescentes tienen hijos cada año, correspondiéndoles una quinta parte de los nacimientos del mundo. Al menos 1 millón de adolescentes abortan cada año en los países en desarrollo. Anualmente, 1 de cada 20 adolescentes contrae enfermedades de transmisión sexual.
En México, según el Consejo Nacional de Población 55 por ciento de las mujeres inicia su vida sexual antes de los 20 años, sólo 48 por ciento utiliza métodos anticonceptivos y una tercera parte de ese grupo es madre. Otros datos indican que hay una demanda insatisfecha de anticonceptivos en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años y que la mitad de los embarazos entre adolescentes no es deseada, además de que 87 por ciento de los estudiantes desconoce cuáles son los días fértiles del ciclo menstrual. A esto sumemos que entre los indígenas la situación es aún más grave, pues la mitad de los jóvenes de ese rango de edad ya es madre y una tercera parte tiene dos hijos. Existen grupos indígenas que en la actualidad ignoran los progresos en el campo de la salud sexual y reproductiva.
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua ha manifestado tener un alto índice de embarazos en adolescentes y estar atendiendo a niñas de 11 años embarazadas. Esto preocupa a las autoridades del instituto en esa entidad porque el riesgo se duplica. Además, es urgente instaurar programas integrales de atención.
Con estos datos es necesario fomentar en los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud, incluido el IMSS, una cultura de la salud entre los jóvenes, en la que se tenga acceso a servicios donde se respeten su confidencialidad y su consentimiento basado en una información objetiva, veraz y suficiente.
Proteger y propiciar el ejercicio de los derechos de la población adolescente a la información, educación, comunicación y servicios de salud sexual y reproductiva con una visión integral que fomente actitudes y conductas responsables es una prioridad de nuestro país. Y es una estrategia fundamental para atender la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.
La Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS tiene entre otros objetivos emitir la normatividad institucional relativa a vigilancia epidemiológica, medicina preventiva, fomento de la salud, salud reproductiva, salud materno-infantil, educación médica, investigación médica, salud y seguridad en el trabajo y la prestación de los servicios médicos y de rehabilitación en sus tres niveles de atención. Conforme a esto, le corresponde seguir manteniendo la Coordinación de Salud Reproductiva del instituto, y no al programa IMSS- Oportunidades, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Considerando las necesidades del país en materia de salud sexual y reproductiva y los avances logrados y los rezagos existentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede delegar su obligación como parte del sector salud en la materia.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los centros de atención rural al adolescente, que funcionaban en el programa IMSS-Oportunidades.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2008.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a informar sobre la desaparición de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa
La suscrita, del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Antecedentes
Con fecha 17 de abril del año en curso la Secretaría de Gobernación determinó poner fin a la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas por razones de austeridad y considerar innecesaria su existencia. Dicha abrogación ya ha sido aceptada por la Coordinadora General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Martha Fabiola Carreón Gámez. Con esto la secretaría puede proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo acuerdo modificatorio.
Al respecto Gobernación dice que debido a que existe la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que encabeza Luis Héctor Álvarez, “resulta innecesario sostener una instancia de coordinación encargada de funciones similares”. La información y los asuntos en trámite de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas serán transferidos, en términos de las disposiciones aplicables, a la autoridad competente”.
La coordinación fue creada en 1998 cuyo objetivo es propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar, mediante un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado en 1994 en Chiapas. Además de atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones condensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico dentro del estado de derecho.
Con esta decisión el gobierno del presidente Calderón pretende relegar el conflicto en Chiapas a un asunto de tipo social relacionado con la pobreza que padecen los indígenas de la región.
Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (Cdnch) fue relegada. A diferencia de lo ocurrido al iniciar la primera administración nacional panista, en 2000, cuando Vicente Fox designó a Luis Héctor Álvarez.
Álvarez fue, no sólo el negociador gubernamental que más duró en el cargo, también el único al que “saludaron” los zapatistas. En un comunicado, el subcomandante Marcos reconoció “la seriedad, respeto y responsabilidad” del ex senador. También indicó que sería “interlocutor válido” en la medida en que el gobierno foxista cumpliera las tres condiciones para el diálogo: cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, desmilitarización de las comunidades y libertad de los presos zapatistas.
En los hechos, nunca existió negociación ni diálogo con los zapatistas durante la coordinación de Álvarez, aunque este proclamó mediáticamente “encuentros” casuales con “comandantes” y representantes del EZLN, que no tuvieron ningún efecto, como no fuera aumentar las tensiones en la zona.
Pero hay que recordar que tras el levantamiento zapatista, hace 14 años, fue creada una comisión para el diálogo en Chiapas, cuyo objetivo es atender las causas que dieron origen al levantamiento y, en este sentido, dar solución al conflicto armado. Además de que el 9 de marzo de 1995 fue aprobada la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
Dicha Ley “tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994”.
La ley establece que será objeto del acuerdo de concordia y pacificación pactar las bases que permitan:
I. Asegurar la paz justa, digna y duradera en el estado de Chiapas, dentro del pleno respeto al estado de derecho;
II. Atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho y a través de las vías institucionales;
III. Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el estado de derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos;
IV. Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca;
V. Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas, y
VI. Proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del proceso de diálogo y conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión por los hechos relacionados con el conflicto en el estado de Chiapas, iniciado a partir del 1 de enero de 1994.
También establece que en tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, el gobierno federal adoptará las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN y asegurar que no serán molestados, en sus personas o posesiones, por autoridad federal alguna. Y las autoridades competentes del gobierno federal, se coordinarán con las del estado de Chiapas y de los municipios respectivos, para que el libre tránsito y la integridad de los dirigentes y negociadores del EZLN, en sus personas y posesiones, quede garantizada.
De igual forma en la ley se dispone que el gobierno federal promoverá la coordinación de acciones con el gobierno de Chiapas y de sus ayuntamientos, a fin de que las acciones e inversiones federales, estatales y municipales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas estatal y municipales, apoyen prioritariamente el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y de los campesinos en esa entidad federativa.
Asimismo, se fomentará la creación de fondos mixtos con recursos federales, estatales, municipales y privados para financiar programas específicos destinados a rescatar de la marginación a las citadas comunidades indígenas y de campesinos en Chiapas.
Finalmente, instituye que las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, mantendrán la soberanía, seguridad y orden público internos, guardando la debida coordinación con las autoridades estatales para tales efectos.
“Ciertamente, las posibilidades de diálogo han sido escasas. Los desencuentros entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido constantes, salvo los meses que duraron los diálogos de San Andrés (1995-1996) y la oportunidad que decía ofrecer el gobierno de Vicente Fox en 2001.
Ambas circunstancias se fueron por la borda. La primera cuando el gobierno zedillista desconoció su compromiso con los acuerdos de San Andrés (el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, argumentó, memorablemente, haber estado ebrio cuando aceptó que sus representantes firmaran con los rebeldes).
La segunda, cuando los senadores de todos los partidos aprobaron una reforma que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena consideraron “traición”. Este hecho marcaría la gestión del representante foxista Luis Héctor Álvarez, quien nunca obtuvo respuesta del EZLN a sus llamados. Los rebeldes han sostenido que no se puede dialogar con gobiernos incapaces de cumplir su palabra.1
Sin embargo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a quien el secretario de Gobernación planea pasarle la responsabilidad del conflicto en Chiapas, en primer lugar es de carácter nacional, y segundo, posee funciones muy diferentes.
Oficialmente, la “misión” de la coordinación es ser el órgano de la Secretaría de Gobernación para “propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado.
De seguir con este procedimiento de cierre de la Coordinación para el Diálogo y la Paz en Chiapas, la Secretaría de Gobernación estaría actuando irresponsablemente porque siguen vigentes las causas que dieron origen al levantamiento armado y porque bajo estas circunstancias los espacios para trato con el EZLN deben estar abiertos siempre. Además de que existe una Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas la cual estaría desconociendo.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo informe sobre su decisión de cerrar la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas. Asimismo se le solicita reconsidere su decisión hasta en tanto no se reúna con la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas del Congreso de la Unión.
Nota
1 Hermann Bellinghausen. Agonía manifiesta de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas . La Jornada. 22 abril de 2008.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2008.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la SFP, a la ASF y a la Contaduría Mayor de Hacienda de Coahuila a fiscalizar los recursos destinados a dicha entidad para educación pública, suscrita por los diputados Rolando Rivero Rivero y Jesús de León Tello, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados federales Rolando Rivero Rivero y Jesús de León Tello, integrantes del Partido Acción Nacional de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y en el ejercicio que otorgan los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En casi todas las ciudades de los municipios de Coahuila se ha generado una gran inconformidad por la falta de maestros en las aulas educativas, así como también y en muchísimos casos existen escuelas en donde no asisten los directores de las instituciones educativas, esto originado principalmente en los grados de educación básica obligatoria como es el caso de las primarias y secundarias, lo anterior contribuye con el atraso educativo de muchos niños y adolescentes de las escuelas, las sociedades de padres de familia se han quejado ante la prensa y diversos medios de comunicación por la grave situación que adolece el sistema educativo estatal.
Esta situación, en muchos casos, también acontece en los ramos educativos técnico y profesional al grado que en instituciones estatales como el Icatec, Tecnológicos y en la UTC, instalados en todo el estado, existe la misma problemática e inclusive en muchos casos los directores y maestros de estas instituciones no tienen los perfiles indicados en las actas reglamentarias para ocupar los puestos directrices y gran parte de estos puestos se han otorgado como cuotas de poder por gobierno de Coahuila, como parte del proyecto político del gobierno estatal.
En Coahuila existe una gran preocupación por la situación que se lleva a cabo con respecto a la disposición de recursos por medio de promociones políticas que existen a través de la Secretaría de Educación Pública, se tiene perfectamente sabido que existen en el estado más de 4 mil 500 maestros comisionados, e inclusive Coahuila está considerado como el segundo de la república en tener comisionados a los docentes para realizar trabajos proselitistas a favor de un proyecto político que actualmente están dirigiendo dos hermanos del gobernador del estado, siendo este Rubén Moreira Valdés como secretario general del PRI y Carlos Moreira Valdés quien hasta noviembre era secretario general de la sección 5 y actualmente ocupa la secretaría general de la sección 38, en uno de los procesos más controvertidos para los trabajadores de la educación, quien siendo secretario general de la sección 5 dejaba su cargo, pero al mismo tiempo lograba encumbrarse como secretario de la sección 38 sin siquiera estar presente en el proceso, sólo llegando a tomar posesión de su nuevo cargo en la sección 38, con esto queda claro que el profesor Carlos Moreira Valdés domina actualmente las dos secciones sindicales que se encuentran en Coahuila.
Estos aproximados 4 mil 500 maestros comisionados en Coahuila representan una doble tributación para el sistema educativo estatal porque tanto ganan por su trabajo de maestros que no ejercen como por el hecho de estar comisionados para determinadas asignaciones dentro del sistema educativo, pero destinados al proyecto político estatal generado a partir de la elección del actual gobierno del estado.
Unido a lo anterior, los tiempos electorales que se aproximan en este 2008 hacen presumir que el gobierno de Coahuila emplea recursos educativos a favor de un proyecto político que controla a las secciones educativas de maestros, lo cual demerita la función educativa distrayéndola de sus actividades preponderantes.
A nadie le resultan extrañas las aspiraciones del actual dirigente estatal de los maestros, el profesor Carlos Moreira Valdés, para alcanzar la diputación federal en 2009; ni tampoco asombran los actos proselitistas adelantados de Rubén Moreira Valdés y de su hermano Gustavo, para conseguir la presidencia municipal de Saltillo y la diputación local respectivamente. Lo cual por sí mismo no es execrable, pero el uso de los recursos públicos a su favor sí constituye un delito y debe evitarse y sancionarse por las autoridades correspondientes.
Es en este sentido que alzo la voz para poner en alerta a las dependencias gubernamentales de la federación y a las auditorias federal y local para que en su ámbito de competencia indaguen sobre el uso y destino de los recursos para la función educativa en Coahuila.
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta la Secretaría de Educación Pública, a que en los términos que establece el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 realice, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las auditorias correspondientes a la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para Coahuila, e indaguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Contaduría Mayor de Hacienda de Coahuila para que, en el ámbito de su competencia, realice las auditorías que considere pertinentes para examinar el uso y destino de los recursos estatales asignados para la función educativa en dicho estado.
Diputados: Rolando Rivero Rivero, Jesús de León Tello (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo al asesinato de dos locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación al asesinato de dos jóvenes locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 7 de abril rumbo a la comunidad de Llano Juárez en la zona triqui de Oaxaca fueron emboscadas y asesinadas dos locutoras de la radio comunitaria del municipio autónomo de San Juan Copala.
Además de ser asesinadas Teresa Bautista y Felicitas Martínez de 22 y 20 años de edad, respectivamente, resultaron lesionados Faustino Vásquez Martínez, oficial administrativo del Registro Civil con sede en Juxtlahuaca, y militante de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), al igual que su esposa Cristina Flores de 22 años de edad y sus hijos Agustín Gustavo y Jaciel Vásquez Flores de 3 y 2 años de edad, respectivamente, según información proporcionada por las autoridades judiciales de la entidad y la organización Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), según consta en diversos medios de comunicación.
Las personas heridas por el tiroteo presentan diversos impactos de proyectiles de arma de fuego, por lo que tuvieron que ser trasladados al hospital Amigo del Niño y de la Madre que se ubica en el municipio de Putla de Guerrero.
Declaraciones del procurador de Justicia de Oaxaca evidencian que en el lugar de la emboscada fueron encontrados 20 casquillos percutidos de calibre 7.62, utilizados para rifles de asalto AK-47 o “cuerno de chivo”. Los hechos fueron consignados en la averiguación previa 105/2008.
El ataque contra las dos jóvenes sucedieron cuando se dirigían, junto con las demás personas, rumbo a la ciudad de Oaxaca, donde coordinarían la mesa “Comunicación comunitaria y alternativa: Radios comunitarias, video, prensa, Internet”, en el Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.
Es importante mencionar que la estación de radio comunitaria, proyecto del municipio autónomo de San Juan Copala, fue inaugurada por autoridades municipales el pasado 19 de enero e inició transmisiones en el marco del encuentro de comunidades y organizaciones por el primer aniversario de la creación del municipio autónomo.
Fue creada para informar sobre la realidad que se vive en la región triqui y para difundir lo que hace el municipio; además se ha visto como un medio de apertura, porque la región ha estado muy incomunicada y se pretende con este proyecto romper el cerco que impide la comunicación con otras comunidades de Oaxaca.
En este lamentable hecho hay dos preocupaciones centrales:
1. El acoso contra los municipios autónomos de pueblos indígenas; ya que esa radio, La Voz que Rompe el Silencio es un proyecto del municipio autónomo de San Juan Copala, en pleno ejercicio de los derechos que les confiere el Convenio 169 de la OIT a los pueblos indígenas.
2. La labor que desarrollan los comunicadores en esa entidad, pues citando datos de la Sección Mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, varias emisoras pequeñas de Oaxaca, que pertenecen a poblaciones indígenas, han sufrido represiones, por ejemplo Radio Nandía y Radio Calenda, en 2006 y 2007, respectivamente. Además, han ocurrido los asesinatos de los periodistas Bradley Will, camarógrafo de la agencia independiente Indymedia, el 27 de octubre de 2006; y Raúl Marcial Pérez, editorialista del diario regional El Gráfico y líder comunitario indígena, el 8 de diciembre de 2007.
El asesinato de las dos jóvenes no es un hecho aislado, pues se suma a los casos que se han documentado sobre los asesinatos de Juana Martínez Pérez, el 19 de febrero de 2005, y de Marcela Martínez López, de 30 años el 26 de mayo de 2006. También han sido lesionadas en 2007, Laura Ortiz Ramírez, estudiante de la normal de Tlacochahuaya; Celina García una niña de 12 años, y Sofía Bautista de 11 años, quien fue víctima de una balacera que la dejó con parálisis facial.
Además se acumula a las denuncias de dos violaciones sexuales contra mujeres de la comunidad triqui, una en julio de 2006 a una niña de 14 años y otra en octubre de 2007 a una joven de 17 años. Datos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos señalan que se han conocido por lo menos 10 casos más de violaciones sexuales, de los que no existen procesos por miedo de las víctimas a denunciar.
A lo anterior hay que sumar también la desaparición en junio de 2007 de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, de las cuales aun no se sabe su paradero y que, incluso, la Cámara de Diputados el pasado 14 de febrero aprobó un exhorto en los siguientes términos:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de Oaxaca para que atienda la problemática de violencia contra las mujeres en la zona triqui de dicha entidad federativa; además de que realice todas las medidas procesales conducentes para coadyuvar con la pronta impartición de justicia en el caso de la desaparición de las jóvenes Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, lo que implica, entre otras cosas, realizar acciones de búsqueda, localización y rescate de dichas personas.
Asimismo, se solicita al gobierno de Oaxaca sirva remitir un informe a esta soberanía en un plazo de 20 días sobre las acciones para atender los resolutivos del presente acuerdo.
Por lo expuesto y en virtud de que la violencia en la zona triqui de Oaxaca continua, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Oaxaca para que frene la ola de violencia que se vive en contra de pobladores de la zona triqui de Oaxaca, incluyendo los acciones procesales para que se investigue y sancione a los responsables de la muerte de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras de La Voz que Rompe el Silencio.
Además se le exhorta para que adopte las medidas a fin de de respetar y garantizar la labor que desarrollan los comunicadores en esa entidad, especialmente las radios comunitarias de los pueblos indígenas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que dicte medidas cautelares a favor de la personas que resultaron lesionadas en los hechos ocurridos el pasado 7 de abril en la comunidad de Llano Juárez en la zona triqui de Oaxaca.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos agrarios, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jesús Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
La función de la Secretaría de la Reforma Agraria es proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral, mediante la capacitación permanente y la organización de los sujetos agrarios como entes fundamentales del primer eslabón del proceso productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que propicien bienestar en el medio rural, con el consecuente cuidado en la preservación del medio ambiente y recursos naturales.
Observamos así, que el objetivo principal de la dependencia es la de brindar “certeza jurídica en la tenencia de la tierra” y fomentar “el desarrollo agrario integral que propicie el bienestar en el medio rural, mediante la capacitación y organización” de los ejidatarios, a los que reconoce como “entes fundamentales del primer eslabón del proceso productivo nacional”.
Su función, se advierte, es propiciar el desarrollo y el trabajo en el medio rural en las tierras de vocación social y brindar la certeza jurídica a los ejidatarios. En ningún momento recae en las funciones del Sector Agrario fungir como proveedores de tierras ejidales para desarrollos habitacionales, industriales o comerciales, sino que su labor primordial debe ser precisamente la búsqueda de mecanismos que permitan preservar el patrimonio ejidal o comunal y no que se busque, de manera apresurada o destinada a satisfacer las metas para el cumplimiento de los proyectos de vivienda, la desincorporación del suelo del régimen de propiedad social con el propósito directo de ser comercializado.
De acuerdo con declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, existe escasez de terrenos para desarrollos habitacionales, pues aunque hay tierra, ésta es ejidal o comunal, y agrega que el tema del financiamiento al sector ya está resuelto pero falta la incorporación del suelo. Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, se refiere exactamente a lo mismo, al señalar que la insuficiencia de tierra con vocación habitacional reduce sustancialmente la oferta de vivienda a precios accesibles, por lo que urge impulsar la disponibilidad del suelo apto para el desarrollo habitacional.
¿Y cual es la respuesta del sector agrario? Que no se preocupen, que se prevé incorporar, para el próximo año, 30 mil hectáreas de tierras ejidales y comunales, de acuerdo el Procurador Agrario. A ese ritmo anual, no tardarán mucho en acabar con lo que resta de los ejidos del país.
¿Cuál era, entonces, el verdadero objetivo de los esfuerzos por incorporar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el Procede, –concluido en 2006– a la totalidad de los ejidos del país? ¿Era la intención de que los ejidatarios ya pudieran comercializar sus tierras al mejor postor y ser convencidos de abandonar los trabajos agrícolas o rurales?
Porque de acuerdo con la lectura de la exposición de motivos del dictamen aprobatorio de la Ley Agraria de 1992, el verdadero objetivo de las reformas era propiciar la modernización del campo, dotando de mayor certeza jurídica a los ejidatarios al dotarlos de instrumentos que tendrían valor pleno ante entidades financieras o crediticias, a fin de que, derivado de ello, pudieran tener acceso a los recursos necesarios para la capitalización del sector.
Hemos visto que no ha sido así. Casi la totalidad de las costas del país que eran de propiedad social, en lo referente a las zonas de playas con características que las hacen destacar por su belleza, ubicación o potencial, ya no son de propiedad ejidal y en su lugar hay o se planea construir megadesarrollos turísticos o habitacionales. La llamada “escalera náutica de Baja California” tan publicitada en el sexenio pasado, sólo trajo beneficios económicos para los desarrolladores, pero los ex ejidatarios de esa zona no recibieron pagos por el verdadero plusvalor de sus terrenos.
Ahora bien, el vertiginoso crecimiento de las ciudades, principalmente el que se ha observado en las 50 áreas metropolitanas mas grandes del país y los 80 municipios que son ciudades de tamaño medio, aunado a la política de vivienda que han impulsado tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y compañías desarrolladoras e instituciones financieras, necesariamente han originado una necesidad de tierra para uso habitacional que no se había observado anteriormente. Aplaudimos esas acciones, que propician el desarrollo del país y que harán posible que miles de trabajadores y sus familias cuenten con una vivienda digna y la seguridad de un patrimonio producto de su esfuerzo. Sin embargo, no estamos de acuerdo en qué, por atender al sector de vivienda y su demanda de tierras, se haga laxa o irresponsable la política de protección social que las autoridades agrarias están obligadas a prestar.
La construcción de vivienda en México se ha incrementado en mas de 300 por ciento en el último lustro, de acuerdo con datos del INEGI, pero también tenemos información que muestra que una parte importante de esas viviendas construidas, en lo correspondiente a viviendas habitacionales de interés social o de destino popular, no han sido ocupadas o comercializadas, es decir, se ha presentado una sobreoferta que podría contradecir las proyecciones de la Conavi en el sentido de que es urgente contar con mas superficies para ser incorporadas al sector habitacional.
De acuerdo con el Infonavit, a abril de este año se tiene la meta, para cubrir en 2008, de más de 100 mil viviendas únicamente en el estado de México y en Nuevo León, y otras 150 mil viviendas más para Jalisco, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Guanajuato. Para Puebla y Coahuila, por su parte, se proyectan 35 mil viviendas más. El avance actual promedio en el cumplimiento de esas metas anuales es de 39 por ciento. Ahora bien, ¿qué porcentaje de esas tierras eran de vocación ejidal? ¿Podemos descartar absolutamente cualquier presión sobre los ejidatarios y sus familias para deshacerse de sus tierras? ¿La Procuraduría Agraria cumplió a fondo con sus funciones de ombudsman agrario y no actuó como un agente inmobiliario facilitador de la Conavi?
Esas son algunas de las respuestas que demandamos, y en mérito a ello, solicito atentamente la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de la Reforma Agraria, a su órgano desconcentrado Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), informen detalladamente a ésta soberanía de las acciones que han implantado y las que tienen proyectado implantar para defender los intereses y los derechos de los sujetos agrarios del país, así como los programas de información, apoyo y capacitación que hayan llevado a cabo entre los mismos para desalentar la desincorporación del suelo de propiedad social, especialmente en los casos en que ese suelo ha sido destinado a la construcción de vivienda, desarrollos turísticos o áreas comerciales.
Segundo. Asimismo, se solicita a las dependencias y entidades referidas en el numeral anterior a informar a esta soberanía: a) los proyectos, programas, metodologías o planes de trabajo que hayan implantado, o estén en proceso de implantar, de maneja conjunta, con organismos, dependencias, entidades o empresas relacionados con el desarrollo o la construcción de vivienda o desarrollos turísticos y b) las estadísticas referentes a la desincorporación del suelo de propiedad social en los casos en que haya sido destinado al sector vivienda, turístico o comercial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Diputado Jesús Alcántara Núñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a cerciorarse en coordinación con la Profepa de que la empresa Química Central de México retire de sus instalaciones residuos de cromo que contaminaron el suelo y el agua de los Pueblos del Rincón, a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Jaime Verdín Saldaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene a esta soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El problema ecológico más grave para los Pueblos del Rincón, es decir, Purísima, San Francisco del Rincón y parte de León, Guanajuato, lo constituye la empresa Química Central de México (QCM), que funciona en la región desde hace varias décadas, contaminando el suelo, el agua y el aire.
Hace muchos años que la gente se ha quejado de la contaminación ante las diferentes instancias, sin obtener resultados positivos, y no solamente la que vive en los alrededores de la empresa productora de cromo, sino también los habitantes de la ciudad de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, a quienes llegan el aire contaminado y, obviamente, los fétidos olores.
Hace algunas semanas, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente de Guanajuato realizó un sondeo de opinión acerca de la contaminación en la región: 8 de cada 10 habitantes mencionó QCM como la más contaminante en las citadas ciudades.
Sin embargo, estoy consciente de que no se trata de presentar sólo opiniones y percepciones, que podrían orillarnos al plano de lo subjetivo; que necesitamos presentar los datos duros y eso es lo que haré, presentando información que solicité hace varios meses a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuando aún era su titular Ignacio Loyola Vera:
Pues bien, QCM generó a lo largo de 22 años cerca de 400 mil toneladas de residuos de cromo y alúmina, que fueron depositados de manera inadecuada sobre superficies en las que se llevó a cabo una preparación con tepetate compactado con asfalto y una membrana plástica, que no fue suficiente ni guardó su integridad al paso del tiempo debido al aumento paulatino del peso que se depositó sobre ellas, de tal forma que actualmente, según información proporcionada por Auditoría Ambiental, hay evidencia de contaminación del suelo por cromo (hexavalente) en las instalaciones y en sus inmediaciones.
Estudios de la década de 1990 dejaron de manifiesto que QCM se había convertido en una fuente de contaminación de suelo por cromo hexavalente, o cromo VI, y –en consecuencia– de agua subterránea.
En fechas recientes, la Universidad Nacional Autónoma de México volvió a realizar estudios de contaminación de suelo y agua, los cuales confirmaron los datos de análisis anteriores.
Por lo que se refiere a las actuaciones de la Profepa, la última se hizo en 2003. Se cuenta con el proceso administrativo, número de expediente V1310183/03, acuerdo RS/360/04, de fecha 3 de diciembre de 2004, el cual fue emplazado con 19 medidas, de las cuales la instalación dio cumplimiento a 14, y queda pendientes el cumplimiento de 5 medidas, entre ellas el objeto principal de este punto de acuerdo: retirar las 400 mil toneladas de cromo que están contaminando nuestra región.
Está documentado que el cromo VI, o hexavalente, es un peligro para la salud de los humanos: puede causar cáncer de pulmón y, evidentemente, la muerte, además de otros daños que no son menores, como alteración del material genético, daño en los riñones e hígado, debilitamiento del sistema inmune, problemas respiratorios, malestar de estómago y úlceras, y erupciones cutáneas.
Por lo expuesto, vengo a esta soberanía a presentar proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplique los mecanismos vinculatorios procedentes y se cerciore de que Química Central de México retire de sus instalaciones las 400 mil toneladas de residuos de cromo que contaminaron el suelo y el agua de los Pueblos del Rincón y afectan de manera grave la salud de los habitantes.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que se practique una auditoría formal a la citada empresa, a que informe de los resultados y a esta Soberanía en un plazo no mayor de 30 días naturales, y a que se actúe en consecuencia de acuerdo con la normatividad aplicable.
Diputado Jaime Verdín Saldaña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a investigar y castigar a los responsables de los crímenes contra las comunicadoras de la radiodifusora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, situada en San Juan Copala, Oaxaca, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova y Marcos Matías Alonso, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales Othón Cuevas Córdova y Marcos Matías Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, para exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a investigar y castigar a los responsables de los crímenes contra las comunicadoras de la radiodifusora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, situada en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Recientemente nuestro país fue clasificado como el segundo más peligroso para el ejercicio de la profesión informativa con siete homicidios, solo atrás de Irak que hasta el momento ha registrado 46 asesinatos de reporteros, según un informe del Instituto Internacional de Prensa, con sede en Viena, Austria. Es lamentable que nuestro país tenga ese nada honorable lugar.
Sin duda, esto es confirmado por el infame homicidio perpetrado el pasado 7 de abril, en inmediaciones de Llano Juárez, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la mixteca oaxaqueña, donde fueron asesinadas en una emboscada las indígenas triquis, Felícitas Martínez Sánchez, de 20 años, y Teresa Bautista, de 24, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, en la misma región del estado.
Este hecho, confirma el clima de represión e intolerancia que se vive en el Estado de Oaxaca, se suma a los arteros asesinatos en contra de los líderes indígenas Placido López Castro, Lauro Juárez y Rosalino Díaz. Homicidios que permanecen aún en la impunidad.
Ante este nuevo crimen de estado, demandamos una investigación a fondo y el castigo de los autores materiales e intelectuales del mismo, pedimos enérgicamente que la investigación sobre este nuevo hecho de sangre que conmueve a la región triqui, a la opinión publica nacional e internacional como lo manifestaron la Federación Internacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, sea supervisada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de periodistas y por la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionada con atentados en contra de los comunicadores.
Es atroz que, ante la denuncia y acusación de las voces libres de los indígenas, la respuesta de aquellos que se sienten aludidos, sea una respuesta de sangre y de muerte. Igualmente lamentamos que esta espiral de violencia sea una práctica cotidiana en esa región del estado de Oaxaca, que continuamente se baña con la sangre y el dolor del horror que viven los pueblos y comunidades indígenas de la región triqui.
Es imprescindible que el gobierno del estado, asuma su responsabilidad para que investigue quién o quiénes temblaron de miedo y cobardía por la voz casi adolescente de Felícitas y Teresa, una voz que sin duda era la de los oprimidos y los olvidados, pero encontró en la radiodifusión comunitaria un vínculo con la libertad y con la solidaridad.
Por ello desde esta alta tribuna del país, como legislador indígena irritado por este infame crimen, por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución:
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, que investigue con celeridad, para que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los arteros asesinatos de las jóvenes Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista, locutoras indígenas de la radio comunitaria bilingüe La Voz que Rompe el Silencio, ubicada en el ayuntamiento popular de San Juan Copala, Oaxaca, acontecidos el pasado 7 de abril del presente año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de abril del 2008.
Diputados: Othón Cuevas Córdova, Marcos Matías Alonso (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que asigne al estado de México montos presupuestales mayores en el rubro de infraestructura para el transporte masivo, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
El transporte masivo de personas se ha desarrollado de manera integral en sólo tres de las ciudades más grandes del país, esto es, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, paradójicamente, el estado de México, la entidad más poblada de la federación y que comparte con el Distrito Federal una enorme superficie de su zona metropolitana, comparte menos de 25 kilómetros de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que tiene más de 230 kilómetros de extensión. Es decir, únicamente alrededor del 10 por ciento de esos ramales ingresan a los municipios conurbados mexiquenses.
Ahora bien, históricamente, la federación ha aportado importantes recursos económicos para la realización e instrumentación de todos los sistemas de transporte colectivo, pero el estado de México no ha resultado favorecido en esos procesos.
El incremento poblacional en las dos principales zonas metropolitanas del estado de México (la del valle de Toluca y la que le corresponde de la enorme zona metropolitana de la Ciudad de México) demandan de manera urgente la instauración de, por lo menos, nueve corredores de transporte masivo. Hay varios y muy completos estudios por parte de las autoridades mexiquenses en materia de transporte que podrían concretarse, y también podrían reactivarse negociaciones suspendidas con el Gobierno del Distrito Federal para incrementar el número de estaciones del Metro que dan servicio en el interior de municipios del estado de México.
Además del beneficio económico que ello reportaría, no solamente a los mexiquenses sino también a los habitantes del Distrito Federal, al reducirse el costo de los pasajes, el incremento en las estaciones del Metro contribuiría a mejorar la imagen urbana de la zona metropolitana, a disminuir los índices de contaminación ambiental y a agilizar los desplazamientos de la población, con el consiguiente incremento en la calidad de vida de las personas.
Consideraciones
1. Es necesario privilegiar el transporte masivo aún cuando las familias cuenten con una unidad vehicular. Si pueden llegar a su destino de manera segura, rápida y cómoda, seguramente preferirán hacerlo en Metro en lugar de ocupar su automóvil, con los consiguientes beneficios ambientales y económicos.
2. Es imperativo reducir el tráfico vehicular entre los municipios conurbados de la zona metropolitana y el Distrito Federal. Los gigantescos estacionamientos en que se han convertido en horas pico el Periférico, la autopista México-Pachuca, la calzada Ignacio Zaragoza, la Vía Morelos y la López Portillo, por mencionar sólo algunas vialidades, son la causa de casi el 20 por ciento de la sobrecontaminación atmosférica del valle de México. Ello podría reducirse considerablemente con la alternativa del transporte colectivo.
3. Habrá mayor oportunidad de reordenar el crecimiento indiscriminado de la mancha urbana en las zonas conurbadas, la cual podría ser orientada a zonas que cuenten con alternativas de transporte seguro, económico, cómodo y rápido.
4. Se detonaría el desarrollo comercial y habitacional en las zonas en las que hasta el momento, sólo puede accederse mediante un vehículo, los ramales de autobuses urbanos o colectivos, o por la vía peatonal.
En mérito a lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que asigne al gobierno del estado de México un monto presupuestal específico, destinado exclusivamente al rubro de infraestructura para el transporte colectivo Metro, similar proporcionalmente al que han recibido los gobiernos del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey para ese mismo fin.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Diputado Jesús Alcántara Núñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a emprender acciones dirigidas a frenar la discriminación contra grupos de jóvenes “emo”, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Oscar González Morán, en mi calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicito respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Apelando en primer lugar a el derecho que reconoce el artículo 1o. de la Constitución, que a la letra dice “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
En este párrafo de la Constitución Mexicana está plasmado el respeto a la eminente dignidad de la persona y resume años de lucha contra la esclavitud y discriminación en México y que permitió a nuestro país entrar en una nueva etapa, la del reconocimiento de los derechos a partir de 1917.
Ante los deleznables hechos suscitados en los últimos días y semanas, donde el grupo de jóvenes denominados “emo”, quienes, en pleno ejercicio de su derecho constitucional, visten de manera determinada y se asocian como ellos lo desean, han sido agredidos por otros grupos de jóvenes quienes al calor de la turbamulta y con sentimientos intolerantes y con una falta evidente de la cultura a la que apela la Constitución Mexicana, han generado un movimiento que discrimina grupos sociales en México, y que destruye las luchas libradas por grandes personajes de la historia. Asimismo, manifiestos, revoluciones, sacrificios de mártires han quedado en el suelo después de una batalla ganada en pro de la coexistencia cultural, racial, humana, en una sociedad donde sólo importa las garantías individuales y el respeto a la persona sin importar su pertenencia a determinado grupo. Sin embargo, ante estos hechos nos encontramos ante un grave y peligroso retroceso.
La reciente cruzada contra los emo (emo -bashing ) no es distinta a las persecuciones sufridas por otras minorías raciales, sexuales o intelectuales. Sea en distintas ciudades del país —o en manifiestos de Internet que demuestran aversiones similares en EU, Inglaterra, Alemania, España y Colombia—, se muestra una fuerte desinformación: los emo no tienen del todo claro los motivos de sus actitudes (y sólo importan la fachada) y los detractores castigan al emo a partir de compensar sus propias inseguridades al atribuirlas a la otredad (El Universal Online , 2008).
Los derechos reconocidos en la actualidad a nuestros hermanos indígenas, los que se han conquistado incluso con el derramamiento de sangre por un gran número de personas que lucharon por tener una patria ordenada; los derechos reconocidos a los grupos minoritarios que se conquistaron en batalla políticas, todos esos derechos que se han visto ante los sucesos de últimas fechas lastimados y con el riesgo firme de colusión social de no combatir la discriminación de cualquier tipo.
En el mundo muchos han sido los luchadores sociales que trajeron el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Podemos mencionar a Martín Luther King, en su lucha a la no discriminación de las personas de color; Mahatma Gandhi, ese formidable hombre de gran alma que quien con la lucha sin violencia conquistó los derechos de los hindús ante los ingleses. Sin duda, también en México hubo grandes luchadores por el reconocimiento de los derechos, luchas que ante estos graves hechos se ve mermada y fuertemente lastimada.
El Estado mexicano tiene una gran lucha por emprender para evitar que en lo posterior se siga dañando la integridad de los habitantes del país, quienes sin importar su condición social o tipo de asociación vivan de manera digna como deben vivir todos los mexicanos sin distinción alguna.
Debemos todos los actores políticos de México apostarnos por una fuerte e insistente cultura por el respeto a la diversidad demográfica y social; nuestros hijos, los hijos de todos los mexicanos merecen tener un mejor país, debemos esforzarnos por tenerlo.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Urgente y obvia resolución
Único. Por el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a establecer acciones para abatir actos discriminatorios en contra de grupos de jóvenes como los denominados emo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Dip. Oscar González Morán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que fiscalice los recursos que la Conagua ha destinado al Programa de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población Destinados en Tabasco, suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa y Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos Mónica Fernández Balboa y Antonio Ortega Martínez, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
1. A finales de octubre del año 2007 se desencadenaron las inundaciones más graves en la historia reciente del estado de Tabasco. El desastre fue de tal magnitud que conmocionó al conjunto de la sociedad mexicana. El saldo de la tragedia que afectó a 14 de los 17 municipios tabasqueños se estima en poco más de 500 mil damnificados y un severo daño patrimonial a más 75 mil familias y empresas.
2. El principal antecedente de esta tragedia se tiene en las inundaciones de septiembre y octubre de 1999 de las que resultaron afectados al menos 90 mil tabasqueños. Para prevenir los efectos de nuevas contingencias la Comisión Nacional del Agua puso en marcha el llamado Plan Hidráulico de Tabasco desde el año 2000. Dicho plan delineó entre sus objetivos “evitar nuevas inundaciones” y “dar vida a largo plazo a la ciudad de Villahermosa, hasta por un periodo de 100 años”.
3. El Plan Hidráulico de Tabasco contemplo la construcción y reconstrucción de bordos en 18.9 kilómetros, para la protección de las colonias can San José, Luis Donaldo Colosio, San Francisco, Asunción Castellanos, Tierra Colorada El Guayabo y Tabasco 2000 y Petróleos Mexicanos así como la sobre elevación del bordo-camino de la margen izquierda del río Carrizal hasta el río Medellín. De igual forma, se proyecto la construcción un bordo para proteger las dos zonas industriales y “el reforzamiento en la zona INDECO, además de la reparación y sobré elevación de los dos malecones del río Grijalva en la ciudad de Villahermosa, para que aun cuando se registren altos niveles de agua en esa corriente, transiten libremente dentro de su cauce”. Para la construcción de estas obras se programo la erogación de 580 millones de pesos del presupuesto federal.
4. El 2 de abril de 2003 se creo el Programa Integral Contra Inundaciones (PICI) que tiene por sustento legal y administrativo un Convenio de Coordinación suscrito entre el gobierno de Tabasco y el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua desde el 2 de abril de 2003. En el convenio se establece la coordinación para “conjuntar acciones y recursos” –72 por ciento del gobierno federal y 28 por ciento de autoridades locales– “contra las inundaciones que el estado sufre periódicamente”.
5. Basado en la planeación de tres sistemas hidráulicos, el PICI contemplaba, “ante todo, brindar protección integral contra lluvias extraordinarias y sus efectos en los niveles de los ríos Samaria, Carrizal, La Sierra y Grijalva, confinando las corrientes, conduciendo los excedentes lejos de los centros urbanos para evitar daños a la población y a la actividad productiva, acelerando en lo posible la salida de los escurrimientos hacia el mar y disminuyendo significativamente el riesgo de una inundación catastrófica”.
6. A pesar de estar compuesto en un 72 por ciento de recursos federales, el PICI en estricto sentido no es un programa federal, ni tampoco es un programa sujeto a reglas de operación como lo son la mayor parte de los programas que reciben subsidio programado en partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación que año con año aprueba la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde su creación en 2003 al PICI se le han destinado poco más de 780 millones de pesos del Presupuesto federal, que se han canalizado a través del Programa de Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población, lo que representa el 75 por ciento de las inversiones federales hechas en el país a través de ese programa.
7. Estos recursos se han programado a través de la partida 0316B000146 “Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la cuenca del río Grijalva”; cuyas acciones se concentran en la “construcción de estructuras de control de ríos, formación de bordos, construcción de drenes, rehabilitación de márgenes de ríos”.
De acuerdo con el registro de la apertura programática 0316B000146 en la cartera de proyectos de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, para el año 2006 el costo total del proyecto se estimaba en 1 mil 741millones, 389 mil, 280 pesos. Hasta el año 2006 se habían destinado 789 millones 768 mil 880 pesos del presupuesto federal, es decir, un promedio de 197 millones 442 mil 220 pesos por año. Es a partir del ejercicio 2007 (Presupuesto aprobado LX Legislatura) que esa partida comienza a crecer, en ese año se destinaron 346 millones 518 mil 000 pesos, para 2007 se aprobaron 342 millones 792 mil 000 pesos y para el ejercicio 2008 se aprobaron un total de 309 millones 124 mil 739 pesos.
8. El jueves 8 de marzo el Senado de la República hizo público el documento Informe sobre las inundaciones en 2007 en Tabasco, elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Colegio de Posgraduados de Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional, el cual aporta elementos importantes para el diagnostico de las causas que posibilitaron la tragedia. En el capítulo dedicado a las obras de infraestructura del PICI señala (página 17):
• La estructura de control sobre el río Carrizal no estaba concluida.
• La estructura de control sobre los ríos de la Sierra, planeado en el PICI, no existe.
• El sistema de bordos no estaba concluido.
• Había una ausencia de una revisión y mantenimiento adecuado de los bordos existentes.
Resulta por demás evidente que, a pesar del cuantioso monto de recursos federales destinados tanto al Plan Hidráulico de Tabasco como al Programa Integral contra Inundaciones, las obras de infraestructura planeadas no se concluyeron, no se realizaron y las que sí fueron ejecutas fueron mal proyectadas ya que a la fecha toda precipitación intensa termina convirtiéndose en tragedia.
Es por demás inadmisible que ante el daño patrimonial y a las circunstancias de vida de cientos de miles de tabasqueños no se determine o se deslinde el grado de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
En el colmo de la elusión un periódico de circulación estatal y de línea editorial plegada a los designios del gobernador (diario Presente) pretendió en su edición del pasado 7 de marzo de responsabilizar a los diputados federales de la catástrofe ocurrida en octubre pasado en el estado de Tabasco, a pesar de que, como se ha detallado en el punto 7 del presente documento, para el ejercicio 2007 los diputados aprobaron 342 millones 792 mil pesos, y para el ejercicio 2008 se aprobaron un total de 309 millones 124 mil 739 pesos.
En el caso específico del PICI, las conclusiones del Informe sobre las inundaciones en 2007 en Tabasco presionan y apuntan hacia la necesidad de contar a la brevedad con una auditoría a los recursos que a través del PICI se han ejercido al programa, mismo que insistentemente hemos planteado y que en a través de este punto de acuerdo solicitamos con toda firmeza.
Por todo lo anteriormente expuesto las diputadas y diputados suscritos sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LX Legislatura exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a incluir en el programa anual de auditorias, visitas e inspecciones para la revisión y fiscalización de la cuenta pública de 2007 la revisión de las obras y acciones de los recursos de la partida 0316B000146 “Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la cuenca del río Grijalva” que esta soberanía aprobó para el ejercicio fiscal 2007 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
Diputado Antonio Ortega Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a realizar un diagnóstico e implantar las medidas conducentes a que los concesionarios den mantenimiento preventivo y correctivo a las autopistas del país, suscrita por los diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez, Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez, Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González a la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice un diagnóstico de las condiciones que guardan las autopistas concesionadas, y se tomen las medidas conducentes para que los concesionarios lleven a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en las autopistas del país, con base en la siguiente
Consideraciones
La Red Federal de Carreteras está constituida por 48,456 kilómetros, de los cuales a la libre le corresponde 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas de cuota le pertenecen 7 mil 568 kilómetros, en donde el 65 por ciento es de Capufe, y el restante 35 por ciento a la red concesionada.
Con respecto al aforo vehicular en las autopistas y puentes de cuota del país, el tránsito diario promedio anual en el 2005 fue de 905 mil 182 vehículos, de los cuales el 29 por ciento perteneció al red concesionada, el 21 por ciento a la red Capufe y el 49 por ciento a la red FARAC; en el 2006 fue de 958 mil 849 vehículos, lo cual representó un incremento en 5.9 por ciento, en el caso concreto de la red concesionada esta se incrementó 13.9 por ciento.
Cabe mencionar que en las autopistas de México, su estado físico en algunos tramos carreteros se encuentran en francas condiciones de deterioro, ya que en ellas se ubican baches, vados, hundimientos, grietas, desniveles, escurrimientos y otras deformaciones, y en algunos casos se vuelven intransitables por los fenómenos metereológicos como es el caso de huracanes, niebla, inundaciones y aludes entre otros. Además de que cuentan con deficientes servicios en materia de seguridad vial, apoyo mecánico, alumbramiento, señalamientos viales y sanitarios; aunados a lo anterior, las autopistas de cuota cuestan a los usuarios, y por tal motivo, deben de estar en óptimas condiciones técnicas y de seguridad, mostrando altos estándares de calidad.
Aunado a lo anterior, el aumento del aforo vehicular ha provocado que el deterioro de las carreteras sea mayor, que la falta de regulación en el caso del transporte de carga donde no se respeten pesos y dimensiones ocasione afectaciones graves a la base y sub-base de la carpeta, y esta se deforme, se debilite y por ende se rompa; además, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de los concesionarios ocasiona aún más su deterioro, y con ello el número de accidentes y daños materiales se vuelven constantes.
Cabe resaltar que el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa junto con el Congreso de la Unión, le han dado gran importancia al tema de la infraestructura carretera, ya que el presupuesto autorizado que ejercerá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su Programa Carretero 2008, es de 40 mil millones de pesos, siendo mucho mayor al del año anterior, que fue de 26 mil 321 millones de pesos, esto significó un incremento de 51.1 por ciento en términos reales. Y en el rubro de Conservación de Carreteras para este ejercicio, se autorizaron 9 mil 630.1 millones de pesos, que en comparación al del año anterior que fue de 6 mil 846.3 millones de pesos, esto significó un incremento de 48.4 por ciento real. Estos recursos se canalizarán para la conservación rutinaria de 43 mil 770 kilímetros (total de la red) y 7 mil 231 puentes. Además de la reconstrucción de 85 puentes y atención a 65 puntos de conflicto, como también, a la conservación periódica de 7 mil 267 kilómetros.
Por lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Caminos y Puentes Federales implanta programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las carreteras del país, por consiguiente, es necesario saber las condiciones que guardan las carreteras concesionadas, y en caso de ser necesario exhortar a ésta para que haga los ajustes preventivos y correctivos de los tramos carreteros que están en malas condiciones, como también, evaluar los puntos críticos o de conflicto por su alto riesgo de accidentes, ya sea por las condiciones del clima, o por el mismo diseño de su construcción de las carreteras.
De esta manera, es urgente hacer los ajustes y modificaciones necesarias a las carreteras para reducir el riesgo y que estas tengan la calidad y proporcionen el servicio que requieren los automovilistas y transportistas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la república mexicana.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implante un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, obligando a los concesionarios a cumplir con los términos de las concesiones, asumiendo la reparación de los tramos afectados y realizar las modificaciones necesarias a los puntos de riesgo de carreteras que tienen en su operación; y llevar un programa de control y seguimiento periódico a las carreteras para que inmediatamente que sufran desperfectos se corrijan los deterioros, como también, los puntos conflictivos en donde los accidentes son frecuentes, minimizando el riesgo para los usuarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Diputados: Francisco Javier Paredes Rodríguez, Yadhira Yvette Tamayo Herrera, Carlos Alberto García González (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir a través de la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata, así como a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir mediante la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata; asimismo, a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata, conforme a las siguientes
Consideraciones
Pública, general y notoriamente relevante es la preocupación y la trascendencia, entre la sociedad mundial y por supuesto en la de nuestro país, que genera el elevadísimo y creciente número de nuevos casos, enfermos y muertes por el cáncer de mama, el cérvico-uterino y el de próstata.
Destaca la enorme cantidad de programas, campañas, acciones y demás que, múltiples y diversas instancias promueven, todas, con un noble y enorme interés y propósito. No obstante, sin dejar de reconocer las acciones, su esfuerzo y logros, de todas y cada una de ellas; es evidente la fragmentación y parcialización de las acciones, por carecer de una coordinación y alineación integral nacional; por lo que, hasta hoy, no han logrado una más contundente capitalización del esfuerzo y han obtenido una débil e insuficiente incidencia en la promoción, participación y responsabilidad ciudadana y por ende en el abatimiento del número de enfermos y muertes provocados por el cáncer de mama, el cérvico-uterino y el de próstata.
Por ello se somete a su consideración esta propuesta después de haber revisado los diagnósticos, las estadísticas, las conclusiones, las opciones y las propuestas de múltiples dependencias públicas y privadas, de organismos e instituciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como de académicos y especialistas que, de manera general, se incluyen, describen y norman, entre otros, en el Proyecto Visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, el Programa Nacional de Salud y los que reportan los informes de la Secretaría de Salud para la rendición de cuentas, el Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 2001-2006 y la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud.
Con base en la información de las instancias y fuentes referidas, podemos acotar que el perfil epidemiológico que hoy caracteriza a nuestro país es dominado por las enfermedades crónico-degenerativas y lesiones. Y obedece a determinantes de naturaleza compleja, asociadas tanto a las condiciones de vida, como a las capacidades de las personas para tomar decisiones a favor de su salud y la de su familia. Asimismo, persiste un inaceptable círculo vicioso: pobreza-enfermedad-pobreza, potenciado por la desigualdad de oportunidades.
La segmentación y los problemas de coordinación sectorial siguen caracterizando el sistema nacional de salud. También se presentan grandes rezagos en materia de infraestructura y equipamiento, y hay una desigual e ineficiente distribución de recursos técnicos, materiales y humanos.
La mejora de la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes sigue siendo un reto para las instituciones.
La detección oportuna, el diagnóstico adecuado y el tratamiento eficiente de los tumores malignos se sitúan entre los principales problemas de salud en el país.
El sistema nacional de salud obligadamente se fortalece. Lo hace sobre todo en el seno de las instituciones que lo constituyen; sin embargo, son todavía evidentes su segmentación y sus problemas de coordinación sectorial y con otros ámbitos de la sociedad.
En el caso del cáncer de mama, el cérvico-uterino y el de próstata, la Secretaría de Salud y las otras instancias referidas consignan para 2006 en el país los siguientes datos:
Generales
De las muertes anuales en el país, 13 por ciento, es decir, aproximadamente 64 mil defunciones, es causado por tumores malignos en mujeres y en hombres.
En 90 por ciento de los casos señalados, las personas mueren por detección y diagnóstico tardío, pues sólo entre 5 y 10 por ciento se detectan y diagnostican en estadios tempranos.
Cáncer de mama
En el país hay un desfase de una década en los programas de salud para atender este mal, lo que ha provocado diagnósticos tardíos y además se prevé que la mortalidad por este cáncer, en nuestro país, seguirá incrementándose.
A partir de 2006, el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte entre las mujeres. Señalándose que entre 10 y 12 mujeres diariamente mueren por esta causa.
La mortalidad por cáncer mamario fue de 18.1 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más, presentando un incremento de 7 por ciento en relación con 2000. De las mujeres que fallecieron por esta causa, 48 por ciento pertenecía al grupo de 45 a 64 años de edad, mientras que otro 32 por ciento tenía 65 años y más.
En México, sólo 5 por ciento de los casos se detecta en fase temprana, 85 por ciento en fases tardías y muy avanzadas; y en el resto ni siquiera se sabe que se padece este mal.
Las autoridades han reconocido que en la detección oportuna de este cáncer no se ha avanzado lo suficiente; pues, actualmente sólo se tiene una cobertura de 7 por ciento.
Se menciona, también, que el total de mastógrafos en el país correspondientes a las instituciones publicas de salud (IMSS, ISSSTE, Marina, Pemex y Secretaría de Salud), es de 427, con los cuales en 2007 se lograron 716 mil 691 mastografías.
No obstante, se ha dicho que, sólo por mencionar este caso significativo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, tiene una capacidad potencial de hasta 3 millones 700 mil mastografías, y que por ello se impulsará la red de centros regionales de mastografía que serán financiados por el gobierno federal.
Cáncer cérvico-uterino
Aunque la prevalencia de este cáncer en el país en los siete últimos años ha disminuido de forma importante, al concluir 2006 se mantenía una tasa de mortalidad de 17 entre las mujeres de 25 años y más, lo que la mantiene como un grave problema de salud.
El grupo de edad más afectado por este tipo de cáncer es el de mujeres de 60 años y más, cuya tasa fue de 43 muertes por 100 mil mujeres.
En México, los casos de este cáncer se encuentran más frecuentemente relacionados con infecciones provocadas por el virus del papiloma humano (VPH), trasmitido sexualmente, que representa la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. En la mayoría de las mujeres, la infección es asintomática. Así mismo, es menester acotar que uno de los avances más significativos, en este caso, fue la identificación de su etiología y consecuentemente el desarrollo y vigencia de la vacuna profiláctica que evita la aparición de esta enfermedad.
Sin embargo, es una contradicción que siendo una patología factible de ser detectada en etapas tempranas y tratada de manera oportuna, continúe ocurriendo tan importante número de fallecimientos.
Cáncer de próstata
En cuanto a este cáncer, de igual forma se advierte un importante crecimiento en el número de casos, ya que su tasa, de 1998 a 2006, en hombres de 25 años y más pasó de 24.7 a 26.4 defunciones, lo que representa un incremento de aproximadamente 7 por ciento. Esta tasa promedio es superior a las reportadas para el cáncer mamario y el cérvico-uterino.
Es visto como una enfermedad de hombres mayores, aunque su prevalencia esta incrementándose en hombres jóvenes. Estudios recientes han encontrado importantes aumentos en hombres menores de 60 años.
Por lo general, el cáncer de próstata no tiene señales o síntomas específicos en las etapas tempranas.
En el caso del país, desafortunadamente, se ha dicho que debido a la mala información, prejuicios y falta de cultura, son raros los casos en que los hombres se revisan; y es todavía menos común que se sometan a un examen para determinar si están en riesgo de enfermarse o, incluso, si ya padecen el mal.
Estos tipos de cáncer no son prevenibles pero, como en la mayoría de las enfermedades, tienen cura si se detectan y tratan a tiempo.
La salud es un asunto que atañe a la sociedad y al gobierno en sus diferentes ámbitos y niveles. Y que precisa de la corresponsabilidad en las tareas de detección de necesidades, organización y planeación, prestación de servicios de salud, seguimiento y evaluación del impacto de las acciones emprendidas en beneficio de la salud.
El sistema de salud debe contribuir al bienestar general de la población, apoyar el desarrollo general de la población y ayudar al combate a la pobreza. La salud guarda con el desarrollo social del país y el combate a la pobreza, una relación bidireccional, es decir, una población saludable produce desarrollo social y a su vez el desarrollo social genera mejores condiciones de salud de la población.
Es urgente integrar y ejecutar acciones que nos permitan transitar de un tratamiento tardío a evitar las enfermedades y las muertes que de ellas se deriven.
Así pues, sumándonos a los diferentes organismos e instancias que ya referimos; con la inequívoca rectoría y coordinación nacional de la Secretaría de Salud federal:
I. Fundamentales y prioritarias son la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, enfatizando la importancia de la adopción de estilos de vida saludable y fomentar el auto cuidado de la salud.
II. Es clave el fortalecimiento de las acciones de la promoción de la salud, prevención de enfermedades, control de riesgos sanitarios, la cultura de la salud y la detección y tratamiento oportunos, estará orientado a reducir y eliminar el impacto que tienen estas enfermedades.
III. Es imprescindible fortalecer las alianzas y crear los consensos con los diferentes sectores como son: dependencias de la administración pública federal, para potenciar las acciones y recursos transversales; con el poder legislativo para sumar voluntades, que permitan la obtención de recursos para atender las necesidades de salud; con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la base social y su sentido de corresponsabilidad y compromiso comunitario; con los gobiernos estable, municipales y locales, para alinear recursos y establecer acciones orientadas a resultados; y con el sector privado, para promover su participación e inversión, que en conjunto permita la suma de esfuerzos y la alineación de recursos para fortalecer la oferta de los servicios y contribuir a mejorar la calidad del sistema nacional de salud.
IV. Que para construir y fomentar la salud se requiere que el Estado, los ciudadanos, la familia, las instituciones y la sociedad en su conjunto asuman de manera efectiva la corresponsabilidad en el cuidado de la salud individual y colectiva. Es necesario estrechar lazos de colaboración comprometida entre los múltiples actores.
V. Todo lo anterior, siguiendo y ejecutando las estrategias y líneas de acción que el Programa Nacional de Salud se ha propuesto, entre otras y, al caso
• Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios.
• Coordinar las acciones de protección contra riegos sanitarios con las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica.
• Fortalecer las políticas y acciones de protección contra riesgos sanitarios atendiendo las evidencias científicas.
• Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud y prevención y control de enfermedades.
• Desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales de promoción de la salud y prevención de enfermedades para la construcción de una nueva cultura por la salud que favorezca el manejo de los determinantes de la salud.
• Fortalecer los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades incorporando acciones efectivas basadas en evidencias científicas, así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos saludables.
• Diseñar programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo integral de la familia.
• Y, entre otros, promover la prevención, detección, y atención temprana del cáncer de mama, cérvico-uterino y de próstata, a través de campañas nacionales prioritarias.
Con este contexto y propuestas generales se pretende justificar la implantación de las semanas nacionales que sugerimos en este punto de acuerdo. Para que éstas en verdad trasciendan y favorezcan la salud, además de promover y sensibilizar, deberán ser ocasión de acciones y ejecuciones que detecten, resuelvan y en su caso refieran a las instancias médicas especializadas, que correspondan y necesarias para salvaguardar la salud y calidad de vida de los individuos. Ello implica, y ésta es la esencia de la propuesta, a partir de la estrategia nacional y coordinada por la Secretaría de Salud, que en las fechas que se determinen para cada una de las semanas se conjuguen todos los recursos materiales, humanos, financieros, equipos y de estrategia de cada una de las instancias que deberán participar. Es decir, con la participación del conjunto nacional, institucional e individual, público o privado, junto con la promoción, difusión y sensibilización (educación), deberán ejecutarse acciones que prevengan, remedien y eduquen, y generen las estadísticas y resultados nacionales para las necesarias evaluaciones sucesivas de esta política pública.
Para permitir unificar las acciones en salud y contribuir a la disminución de las tendencias de mortalidad por el cáncer de próstata y con el objeto de establecer los criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del mismo padecimiento, en esta propuesta hacemos el exhorto para la creación y emisión de la norma oficial mexicana correspondiente, que por lo menos desde 2004 estaba programada para ser enviada a la Cofemer, pero por razones que se desconocen no ha sido remitida, lo que ha evitado sus beneficios contra ese cáncer.
Por todo lo anterior, y sin menoscabo, desatención o ignorancia de los planes, los programas, las estrategias y otras que se ha propuesto el Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud respecto de la salud en general y de las enfermedades que aquí referimos, de manera específica, sólo con el afán de efectivamente conjugar los esfuerzos humanos materiales y económicos, así como la sensibilización e inicio de la cultura social, proponemos la adición, la institucionalización y ejecución de las Semanas Nacionales contra el Cáncer de Mama, el Cáncer Cérvico-Uterino y el Cáncer de Próstata; además, en este último caso, de la creación y emisión de la Norma Oficial Mexicana, respectiva.
Consecuente con lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instituir a través de la Secretaría de Salud la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata; asimismo, a la Secretaría de Salud, a formular y emitir la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur y a la Semarnat a firmar un acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo y los poderes estatales y los municipales para asesorar sobre el derecho de acceso de los mexicanos a playas federales, suscrita por los diputados Francisco Dávila García y Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados Francisco Dávila García y Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presentan ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para firmar un acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo y los poderes estatales y municipales para resguardar y hacer valer el derecho de los mexicanos para gozar del acceso a las playas federales, basado en las siguientes
Consideraciones
La República Mexicana tiene costas que comprenden más de 9 mil kilómetros que abarcan cuatro grandes extensiones acuáticas. Esto hace de México uno de los sitios más importantes en cuanto a playas se refiere. El territorio nacional cuenta con playas con aguas tranquilas y otras playas con gran oleaje, atravesando por toda la gama interior. En ellas se puede disfrutar de diversas actividades acuáticas, desde el nado tranquilo hasta actividades como el surfing, buceo, esquí a chorro, mini-botes a motor, vela, windsurf , entre muchas otras.
Debido a la creciente detonación de grandes complejos turísticos, hoteles, villas y condominios, entre otros, los accesos públicos a las playas se han ido perdiendo. Poco a poco conforme se otorgan concesiones a particulares, el derecho al disfrute de las playas mexicanas se transmuta en un privilegio al que sólo algunos pueden acceder.
Tal es el caso de Los Cabos, Baja California en el que en 1992 había 24 accesos libres a las playas y conforme fueron asentándose desarrollos turísticos e inmobiliarios diversos, para el 2006 únicamente había 8, de los cuales, 4 son naturales ya que se trata de arroyos. Los 4 accesos restantes se encuentran restringidos por estacionamientos.
Resulta muy desafortunado que los asentamientos y desarrollos turísticos que debieran representar beneficios y derramas económicas para las zonas en las que se establecen, reviertan esos resultados positivos y además se obtengan externalidades negativas en materia de accesos restringidos o vedados a las playas que colindan con esos desarrollos.
Se estima perentorio llevar a cabo acciones y acuerdos a través de los cuales, exista una sinergia entre actividades económicas y beneficios sociales. Es fundamental revisar las condiciones bajo las cuales se otorgan las concesiones o los fideicomisos para el disfrute de la zona federal marítimo terrestre, así como de bienes inmuebles colindantes con la playa, ya que los habitantes de dichas zonas están viendo restringidos los accesos para llegar a las playas populares, padeciendo a causa del desarrollo de la región, en lugar de estar beneficiándose en todos los aspectos a razón del mismo.
Diversas acciones se han tomado en varios lugares no sólo para recuperar las playas públicas, sino para garantizar el acceso a ellas por parte de los habitantes de dichas zonas. El ejemplo claro de esto es el ayuntamiento de Solidaridad en Quintana Roo, que ha solicitado a la Semarnat, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítima Terrestre y Ambientes Costeros, la concesión de 41 playas a lo largo de la Rivera Maya.
Si bien es cierto que además del trámite de las concesiones que el ayuntamiento de Solidaridad realiza, será necesario que al interior, el Congreso estatal y el cabildo tomen las medidas pertinentes para establecer restricciones en torno a futuras iniciativas de cambio de uso y destino del suelo para las playas concesionadas, también es cierto, que se aprecia la voluntad política de buscar el beneficio social y la salvaguarda del interés público a través del resguardo del derecho de los habitantes de la zona al acceso a las playas nacionales.
Así, con base en el Diccionario Jurídico Mexicano, el interés público está definido como “el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado; pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad”. De acuerdo a lo anterior, es claro que, la recuperación y resguardo de las playas para acceso y disfrute de todos, es una cuestión de interés público, en el más amplio significado del término.
Por otro lado, si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 25 señala que “la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional”, también señala en su artículo 27 que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”
De manera adicional, en la Carta Magna, en su artículo 11, se encuentra tipificado el derecho al libre tránsito y, el cerrar los accesos a las playas federales impidiendo a turistas nacionales, extranjeros y habitantes de las zonas el paso, es una flagrante violación a dicho derecho, en las propias palabras del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.
Es por esto, que en mi calidad de legislador federal hago un llamado para solicitar a los encargados de las políticas ambientales y de turismo, así como a las autoridades locales a cargo de las costas mexicanas, la voluntad para generar los acuerdos necesarios que permitan el continuo disfrute y goce de los recursos naturales nacionales por parte de los mexicanos, en específico de las playas. Lo anterior a la luz de las afectaciones que pueden derivarse del establecimiento de zonas exclusivas en las playas mexicanas.
Por todo lo anteriormente vertido, nos permitimos presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se firme un acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo y los poderes estatales y municipales para resguardar y hacer valer el derecho de los mexicanos para gozar del acceso a las playas federales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días de abril de 2008.
Diputados: Francisco Dávila García, Carlos Alberto García González (rúbricas)
Con punto de acuerdo, relativo a la realización de la marcha mitin del Día Internacional del Inmigrante, por celebrarse el 1 de mayo de 2008 por los trabajadores migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Como se recordará, en 2006 millones de trabajadores migrantes latinos y ciudadanos norteamericanos marcharon por diversas ciudades de Estados Unidos, para demandar la no criminalización de la migración.
2. Era la época en que se había promovido la reaccionaria iniciativa de ley del legislador republicano por Wisconsin James Sensenbrener, que precisamente criminalizaba a los trabajadores migrantes.
3. En tal movimiento jugaron un papel fundamental los trabajadores migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos de América, especialmente los trabajadores indocumentados. A partir de entonces, el 1 de mayo de cada año, día en que se conmemora a los Mártires de Chicago, se convirtió en un símbolo de la resistencia de trabajadores migrantes en Estados Unidos de América y un foro para expresar sus más sentidas demandas de respeto a sus derechos humanos, laborales, a la salud, a la educación y servicios sociales.
4. A mediados de 2007 y principios de 2008 se empezó a gestar un nuevo movimiento inspirado en las palabras del reverendo Jesse Jackson, quien dijo: “blancos, cafés, rojos amarillos y blancos, todos son iguales a los ojos de dios”.
5. Este nuevo movimiento pretende luchar por que exista en Estados Unidos de América una política universal del derecho a la salud, el otorgamiento de un plazo para que los propietarios puedan resolver el problema de las hipotecas de sus casas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luchar por un salario de vida justo y la promulgación de una reforma migratoria comprensiva que ponga fin a las deportaciones y la separación de las familias.
6. Por tales motivos, en el pasado mes de abril, el alcalde y los miembros del Consejo del Condado de la Ciudad de Corpus Christi, en el estado de Texas de Estados Unidos de América, emitieron una resolución de apoyo a la realización de la marcha y mitin del Día Internacional del Inmigrante, por celebrarse el próximo 1 de mayo de 2008, y externaron su deseo por que se lleve a cabo de una manera amplia, ordenada y pacífica. Asimismo el Consejo expresó su felicitación a la organización Fuerza Comunitaria, por la preparación de este importante acto.
7. Tal iniciativa ha cobrado fuerza en todo Estados Unidos de América y se pretende impulsarla en todos los condados que mantienen una posición a favor de los migrantes.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración del Pleno del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apoya y se solidariza con todos los esfuerzos que llevan a cabo los trabajadores migrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos de América por la defensa de sus derechos humanos, laborales, a la salud, a la educación y servicios sociales.
Segundo. Saluda la realización de la Marcha y Mitin del Día Internacional del Inmigrante, que se celebrará el 1 de mayo de 2008, y expresa sus mejores deseos por que tal evento alcance el mayor de los éxitos.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el 29 de abril de 2008.
Diputado José Jacques Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a establecer mecanismos para facilitar –con una cuota justa– a quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes el cumplimiento de obligaciones fiscales frente al IETU, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo para que establezcan los mecanismos necesarios para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales al régimen de pequeños contribuyentes frente al impuesto empresarial a tasa única con una cuota justa, al tenor de los siguientes
Considerandos
Como ya es sabido, nuestra Constitución contempla la obligación de los mexicanos para contribuir al gasto público, tanto de la federación como de los estados que la integran, así como también de los municipios, base de la estructura del Estado. El cumplimiento a dicha obligación debe ser impuesta en una ley de manera proporcional y equitativa, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se debe entender por “equitativo” el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales; y por “proporcional” atender a la capacidad contributiva y económica de los gobernados. En este sentido, para que un impuesto sea equitativo y proporcional debe de manera general imponerse igual a aquellos sujetos pasivos que están en una misma situación de hecho o de derecho y, de una manera distinta, a aquellos que no guardan identidad respecto de esa situación o hecho generador de un impuesto; también debe atender a la posibilidad de pago de los gobernados tomando en cuenta el hecho generador del tributo, es decir, la ubicación del gobernado en la hipótesis normativa que obliga al pago del tributo y a la posibilidad de hacer frente a dicha obligación, sin que ello implique de ninguna forma acabar con la fuente de riqueza, pulverizar el patrimonio de sobrevivencia de los gobernados o imponer tarifas o tasas arbitrarias.
De acuerdo a lo anterior, sabemos que es facultad del Estado imponer los tributos, sin embargo, debemos entender por facultad una aptitud, es decir, la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. En este orden de ideas, el hecho de que la imposición de los tributos sea una facultad del Estado, implica que el mismo es competente para ello, pero de ninguna forma le permite ser arbitrario al ejercer esa facultad, tan es así que, precisamente, los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad están expuestos en un precepto constitucional para mesurar y dirigir el ejercicio de esa facultad impositiva y que guarde su correcta dimensión frente al gobernado.
Así las cosas, si entendemos que el Estado tiene una facultad impositiva, porque le compete y tiene atribuciones para aplicar la misma, porque tiene el poder para recaudar contribuciones, pero esto de ninguna forma puede justificar el exceso o abuso de poder que, lejos de gobernar a una sociedad, la oprime.
Es necesario precisar que un acto arbitrario de autoridad, es una voluntad no gobernada por la razón sino por el apetito o capricho. En el caso que nos ocupa, un acto arbitrario fiscal resulta ser un acto de autoridad que sin razón impone un tributo de manera desproporcionada e inequitativa por el simple apetito recaudatorio y como un medio coyuntural para obtener mayores ingresos a pesar de que se exijan como tributo a quienes no pueden hacer frente a esas cargas fiscales.
Si el pago del impuesto significa para el particular un sacrificio, el legislador y la autoridad que recauda deben hacer justa la determinación del tributo, proporcional, equitativa y legal su imposición y cómodo su entero, es decir que deben establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el pago de los impuestos.
En cumplimiento al principio de comodidad es que la ley prevé que las contribuciones sean pagadas mediante las formas que para ello expide y les hace llegar fácilmente la autoridad y además con la expedición de normas que le hagan accesible al gobernado la forma de dar cumplimiento a esas cargas fiscales.
Resulta que para el ejercicio fiscal de 2008 existe una nueva carga tributaria que es el impuesto empresarial a tasa única, un impuesto que no existía antes y que a partir de este año comienza su implantación.
Ante la dificultad de introducir el impuesto empresarial a tasa única al sistema tributario y procurar sistematizar las obligaciones fiscales que conlleva dicho impuesto con el impuesto sobre la renta, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única establece que las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán, en una sola cuota, recaudar los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado que, en su caso, causen dichos contribuyentes, a fin de precisar que la cuota fija integrada que determinen las entidades federativas incluirá, en su caso, el impuesto empresarial a tasa única.
En este orden de ideas, podemos observar que a pesar de que el impuesto empresarial a tasa única no contempla un régimen para pequeños contribuyentes, la autoridad hacendaria federal observó puntualmente que ese régimen de recaudación para el impuesto sobre la renta no era un régimen protegido sin razón, sino más bien se trata de un régimen que simplifica el cumplimiento de obligaciones fiscales y permite a contribuyentes con poca capacidad económica o contributiva, pagar el tributo y que por ello debe establecerse una cuota fija similar a la que han venido pagando pero que incluya el nuevo impuesto empresarial a tasa única.
Para determinar la nueva cuota fija integrada es conveniente simplificar el pago que realizan los denominados pequeños contribuyentes, de tal forma que puedan cubrir anticipadamente y en una sola exhibición las cuotas correspondientes al segundo y posteriores bimestres del ejercicio de que se trate, conjuntamente con las cuotas que correspondan al primer bimestre del propio ejercicio. Con esto podemos apreciar que la intención del legislador es la de simplificar o hacer más cómodo el pago de los impuestos a los pequeños contribuyentes, a fin de que ellos puedan hacer frente o pagar el nuevo tributo adicionado al ISR y al IVA de manera proporcional, esto es, que la entidad federativa debe buscar la imposición de una multa que no tienda a acabar con la fuente de riqueza o que no provoque un daño patrimonial tan grave que afecte los niveles de sobrevivencia de estos pequeños contribuyentes.
También se solicita que el citado mecanismo de simplificación deba representar un ahorro en los costos administrativos, tanto para las autoridades fiscales de las entidades federativas como para los contribuyentes, toda vez que significa anticipar el pago en relación al momento en que conforme a la ley debe hacerlo el contribuyente.
Que resulta conveniente que las cuotas que el contribuyente cubra anticipadamente se calculen al valor monetario que tengan las mismas al momento de su entero, mediante la aplicación de un factor que permita reconocer el efecto mencionado con anterioridad, sobre el monto de los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado que, en su caso, se incluyan en dichas cuotas.
Con lo anterior es evidente que la ley establece mecanismos para que la imposición del nuevo tributo sea justa y fácil de cumplir, sin embargo, en el estado de Nuevo León, resulta ser que para el régimen de pequeños contribuyentes se ha impuesto de forma arbitraria la obligación desproporcionada para tributar por ISR, IVA e impuesto empresarial a tasa única, para los sujetos pasivos que se ubican en el régimen de pequeños contribuyentes. La forma de determinación que se ha impuesto rebasa por mucho las posibilidades y capacidad económica de los contribuyentes que tributan en ese régimen, ya que los sujetos pasivos obligados al pago del tributo han visto incrementada su obligación tributaria o de pago, en ocasiones, hasta en más de un seiscientos por ciento, cuando sus ingresos, en el mejor de los casos, han sido iguales a los del año pasado.
Con lo anterior, tenemos como primera conclusión que la forma en la que el gobierno del estado de Nuevo León ha ejercido su facultad o potestad tributaria, ha sido arbitraria y desproporcional, lo primero porque no existe razón lógica que nos permita comprender porque una persona física con los mismos ingresos del año pasado y con mayores cargas económicas para subsistir tengan la obligación de tributar de una manera tan exagerada y, lo segundo porque la forma en que el gobierno del estado de Nuevo León impone el tributo, da como resultado que no se tome en cuenta si el contribuyente puede o no pagarlo sin afectar drásticamente su fuente de riqueza y su patrimonio y, dejando de apreciar la verdadera utilidad que le permite al contribuyente tener una capacidad contributiva.
Por otro lado, resulta ser que en Nuevo León es necesario presentar la solicitud para determinación de cuota fija, que se encuentra disponible en cualquier delegación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y en el portal de Internet del gobierno del estado www.nl.gob.mx, debiendo llenar la solicitud con sus datos actualizados y presentarla en cualquier delegación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado más cercana a su domicilio fiscal (presentar identificación oficial con fotografía al momento de entregar la solicitud).
Del párrafo anterior podemos tener como segunda conclusión que en Nuevo León, contrario a lo que se buscó a través del decreto de facilidades administrativas, publicado el 27 de febrero de 2008, el gobierno complicó la forma de hacer frente a obligaciones fiscales y a enterar el impuesto para el régimen de pequeños contribuyentes; en primer lugar, porque exige la presentación de una solicitud que antes no era necesaria, en segundo lugar, porque exige datos actualizados y el traslado del contribuyente a las delegaciones de la Secretaría de Finanzas, y Tesorería General del Estado para su simple presentación, y además exige la presentación de documentos de identificación que antes tampoco eran necesarios.
Tomando en cuenta que la base del tributo es el ingreso, y que esa misma base es la que se tomaba en cuanta para el impuesto sobre la renta y el IVA en 2007 y anteriores, consideramos ilógico que ahora se impongan mayores requisitos de forma para que el contribuyente pueda hacer frente a las obligaciones fiscales respecto de la misma situación fiscal que tenía antes.
Aunado a lo anterior, conforme al decreto de facilidades administrativas antes mencionado, tal y como se establece en su artículo segundo, los contribuyentes que realicen el pago del ISR, IETU e IVA mediante cuota fija determinada por la entidad federativa, quedarán relevados durante 2008 de:
• La obligación de llevar el registro de sus ingresos diarios.
• La obligación de presentar declaración informativa de los ingresos obtenidos en dicho año.
• Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar los originales de las mismas en operaciones por montos de hasta $100.00.
• Llenar formas fiscales.
• Realizar cálculos.
En Nuevo León, contrario a la facilidad administrativa que se propuso, se deja de aplicar una cuota fija obligando al contribuyente a presentar una solicitud que no le representa ninguna seguridad o certeza jurídica respecto de la correcta forma de la imposición del tributo, ya que incluso el contribuyente desconoce las mecánicas de cálculo que llevan a la autoridad a determinar su supuesta cuota fija, y de que esta sea proporcional; y aunado a ello, se le obliga a llenar formas y realizar cálculos que supuestamente deberían ser suprimidos por el gobierno del estado.
En el portal de Internet del gobierno de Nuevo León se informa que después de hacer todos los engorrosos trámites, la autoridad fiscal informará al pequeño contribuyente la cuota fija integrada, según la información proporcionada en la solicitud, y además recibirá los formatos para efectuar sus pagos de 2008, lo cual es totalmente ilógico y lejos de la justicia fiscal; en primer lugar porque la cuota fija debe ser señalada hipotéticamente considerando rangos de ingresos, el contribuyente sin presentar ninguna solicitud y debe ubicarse en el rango que le corresponda de acuerdo a sus ingresos y además los formatos de pago deben estar al alcance del contribuyente de manera anticipada y oportuna y no hasta el final.
Es importante señalar que el gobierno de Nuevo León ha disfrazado como cuota fija una imposición individualizada y personalizada, es decir, para cada uno de los contribuyentes, rompiendo con la generalidad del tributo y con el principio de equidad tributaria, porque ahora resulta ser que cada particular tendrá su propia cuota personalizada, lo que viola flagrantemente la fracción IV del artículo 31 constitucional.
Se deja en claro que no existe ninguna cuota fija que se aplique en Nuevo León por ISR, IVA e IETU para los pequeños contribuyentes, lo que existe es una imposición arbitraria que deja en estado de indefensión a los contribuyentes y que rebasa por mucho su capacidad contributiva.
Por lo anterior es menester y urgente que el gobierno de Nuevo León ajuste sus mecanismos para el régimen de pequeños contribuyentes respecto de IETU, ISR e IVA, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que estos puedan cumplir de forma espontánea y sin que implique extinción de la fuente de riqueza con esas obligaciones.
En efecto, atendiendo al convenio de colaboración administrativa que ha celebrado el gobierno federal con el gobierno de Nuevo León para efectos fiscales y de recaudación, el gobierno de Nuevo León al ser la autoridad exactora, es decir, quien recibe el pago de los tributos, quien los exige y quien vigila el cumplimiento de esas obligaciones debería, de forma inmediata, establecer mecanismos que faciliten el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única a la población del estado, expidiendo las tarifas de cuota fija proporcionales y equitativas a las que se refiere el decreto de facilidad administrativa, al que ya he hecho referencia, incluso, porque se tratan de impuestos federales recaudados por la entidad local en cumplimiento a dicho convenio, que para eso suscribió la federación con el estado, y que contrario a ello, lo que actualmente se les está imponiendo es una contribución particularizada, individualizada, desproporcional, inequitativa y como consecuencia ilegal e injusta.
No atender este punto de acuerdo implicaría quebrantar el principio de comodidad de los tributos y formar un ánimo negativo en los contribuyentes respecto del cumplimiento y pago de los impuestos, lo que puede provocar elevación del costo de recaudación y disminución del rendimiento del impuesto pretendido para recaudar, rompiendo el principio de economía y creando un ánimo de malestar en la ciudadanía, sobre todo porque nos encontramos frente a una imposición por parte del gobierno del estado totalmente injusta y probablemente no sólo contraria al convenio de colaboración en materia fiscal ya citado, y contrario al decreto de facilidades administrativas ya mencionado sino sobre todo esto inconstitucional.
Es menester aclarar que el impuesto empresarial a tasa única no es el que resulta por sí mismo arbitrario, injusto, desproporcional, inequitativo o inconstitucional, sino lo que resulta ser todo ello es la forma en la que el gobierno del estado de Nuevo León lo ha impuesto a su población, de manera específica a los pequeños contribuyentes, escudándose en que es su facultad y atribución, cuando ya quedó claro que las facultades y atribuciones impositivas no pueden transgredir los principios fiscales y las garantías constitucionales de los gobernados.
Por lo anterior, y toda vez que es necesario establecer mecanismos de manera expedita para que la población en Nuevo León pueda hacer frente a sus obligaciones fiscales, y de manera especial a las relativas a impuesto sobre la renta y al impuesto empresarial a tasa única, en el caso particular del régimen de pequeños contribuyentes, es que se solicita al gobierno del estado exponga los motivos por los que ha impuesto, en lugar de una cuota fija o tarifa, un impuesto personalizado, individualizado y desproporcional, asimismo para pedirle que proceda a ajustar los mecanismos de tributación para que los pequeños contribuyentes puedan hacer frente a sus obligaciones fiscales relativas a ISR, IVA y a IETU, de manera cómoda, expedita, atendiendo a su verdadera capacidad contributiva, de manera equitativa y con certeza y claridad.
Lo anterior, no resulta caprichoso ya que incluso en otros estados federales se ha logrado esa imposición justa y esa facilidad de mecanismos para resolver el problema que nos aqueja, y como ejemplo, tenemos los tabuladores del estado de Hidalgo de 2007 y de 2008, que nos permiten incluso percibir la inexistente o mínima variación en las cargas tributarias para los pequeños contribuyentes, lo que hace aún más inexplicable las cargas tributarias para pequeños contribuyentes impuestas en Nuevo León. Los tabuladores de Hidalgo son los siguientes:
Así también tenemos otro tabulador del estado de Querétaro que nos permite apreciar que es factible hacer frente a las exigencias que se hacen en este punto de acuerdo para el estado de Nuevo León y ayudar con ello a los pequeños contribuyentes que forman la población de este estado en lugar de oprimirlos y asfixiarlos hasta su extinción y puesta en riesgo de su subsistencia y de sus familias. A continuación se expone el tabulador de cuota fija de 2008 del estado de Querétaro:
Punto de acuerdo
Único. Se solicita al gobernador constitucional del estado de Nuevo León para que, por conducto de la autoridad que corresponda, establezca los mecanismos necesarios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al régimen de pequeños contribuyentes frente al impuesto empresarial a tasa única con una cuota justa, que sea proporcional y equitativa y no arbitraria como la actual.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar y celebrar –a través de la Secretaría de Salud– 2009 como Año Mundial sin Tabaco, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a proponer a la Organización Mundial de la Salud la declaración y celebración de 2009 como Año Mundial sin Tabaco, y adoptar para ello el lema “La organización social contra el tabaco”, bajo las siguientes
Consideraciones
Síntoma inequívoco e irrefutable del trascendente problema de salud y social integral que significa el tabaquismo, es la abrumadora cantidad de escritos, estudios, opiniones, acciones y variadísimas estadísticas a las que se les encuentra consonancia al momento de pronunciar la delicadísima, perniciosa y mortal conclusión que, tales cifras significan para declarar al tabaquismo como una pandemia en contra de la sociedad mundial. Por ello, los argumentos que esgrimamos para intentar validar la presente propuesta; retomará y parafraseará conclusiones, reflexiones y presupuestos de algunos de los anteriores, pues los mismos, nos parece, son más que convincentes y suficientes.
Asimismo, es menester señalar desde ahora que este punto de acuerdo pretende y aspira a hacer congruente la intención con la acción.
Así pues, entre otros, señalan investigadores de los Institutos Nacionales de Cardiología, de Salud Pública y del de Enfermedades Respiratorias de nuestro país; que pese a todos los esfuerzos, en ocasiones organizados y sistémicos, y, en muchos otros aún desvinculados y fraccionados, aunque en ambos casos, además, enfrentándose o sorteando los intereses de la industria tabacalera y de otras instancias del colectivo, para combatir en todos sus aspectos los nefastos efectos derivados del tabaquismo, éstos no han sido suficientes. Penosa circunstancia que, a nivel global la propia Organización Mundial de la Salud ha declarado, pese a los progresos en la lucha contra el tabaco, ningún gobierno ha podido aplicar en su totalidad las recomendaciones de dicho organismo.
Por lo que, indiscutiblemente, el consumo de tabaco, prevalece a nivel mundial como una de las principales causas de muertes evitables y de discapacidad.
También, la misma Organización Mundial de la Salud atribuye al tabaco más de 5 millones de muertes anuales, un poco más de 13 mil muertes al día y estima que esta cifra excederá los 10 millones para el año 2030. Así mismo advierte que quienes empiezan a fumar en la adolescencia y siguen fumando regularmente, tienen 50 por ciento de probabilidades de morir a causa del tabaco, que la mitad de éstos morirá antes de los 70 años, con una perdida de 22 años de esperanza de vida normal.
De igual forma, señala que para el año 2020, el tabaco causará más muertes alrededor del mundo que el VIH, la tuberculosis, la mortalidad materna, los accidentes de vehículos, el suicidio y el homicidio, combinados.
En América Latina mueren más de 400 personas cada día por causa del tabaco. A la fecha, se estima que hay 150 mil muertes anuales en América Latina y el Caribe atribuidas al uso de este producto. Y en esta misma área, para el año 2020, el tabaco estará ocasionando el fallecimiento de 400 mil personas cada año.
En el caso de nuestro país, durante el año 2000 se estimó que más de 40 mil defunciones anuales estuvieron asociadas al consumo de tabaco. Y que a finales de 2007, casi 13 millones de personas entre 18 y 65 años que viven en áreas urbanas son fumadores. Que considerando a los residentes urbanos y rurales en este rango de edad, más de 12.5 millones de personas son fumadores pasivos.
En consecuencia, el costo que este problema de salud pública tiene para nuestra sociedad se refleja en las muertes prematuras, en la invalidez de población productiva y en un deterioro de la calidad de vida de los mexicanos. Además, de que la atención a los padecimientos agudos y crónicos causados por el tabaquismo afectan severamente el presupuesto de los sistemas de atención a la salud.
Por ello, siguiendo a los investigadores que antes referimos, conviene hacerles caso en algo que lamentablemente y de forma no integral ha sido soslayado hasta el día de hoy. Nos referimos al fuerte componente de enfermedad social que el tabaquismo tiene. Pues el tabaquismo es una enfermedad grave que requiere cuidados individuales y comunitarios.
A medida que avanza el conocimiento para disminuir el consumo de tabaco y la adicción, el saber se trasforma y sufre cambios con el tiempo. El proceso va pasando por fases de maduración social. De apreciarse como hábito, pasa a vicio, después a causa de enfermedades, de modo que ahora se le percibe como adicción ligada a una constelación de daños en el individuo y perjuicios para la población.
La interrogante de por qué no se ha logrado el éxito deseado en las acciones tomadas, encuentra respuesta al considerar la participación de otras áreas disciplinarias, hasta ahora no plenamente abordadas y más allá de la medicina, que son las ciencias psicológicas y sociales. Se vislumbra que, si se les identifica bien y se les hace coincidir en la dirección iniciada por salud, ofrecerán mejores expectativas. Consecuentemente, la búsqueda de otras alternativas de intervención ha quedado abierta en espera de lo que resulte más costo-efectivo.
Sería pues, muy prudente tomar en cuenta las conexiones del tabaquismo con los perfiles médicos, epidemiológicos y sociales.
Resulta paradójico que desde que se trata de abatir el consumo de tabaco y minimizar el daño en la población, hay mas consumidores; las estadísticas dan testimonio con estimaciones y proporciones, con registros de morbimortalidad y tendencias de la vigilancia epidemiológica; desde que se trabaja con clínicas para disuadir la adicción aparecen nuevas barreras y la negación sistemática para aceptar que se trata de una enfermedad y que se torna en resistencia al tratamiento; desde que se sabe más sobre el daño, hay más cuestionamientos para creerlo; desde que se lucha contra el daño del tabaco, se dan más altercados y discusiones entre los que sí y los que no. Hay conflictos entre personas, en los momentos y en los sitios menos esperados.
Es evidente que hace falta saber más sobre la intimidad del proceso, causante de estas manifestaciones y la conducta del individuo en sociedad. Todo gira en torno a una relación dialéctica y simultánea en el que uno y los muchos son uno.
Con esto y aquí se puede suscribir que el fumador es culpable, pero también es víctima, la diferencia está, pues, en la manera de apreciar el concepto.
Otra verdad irrefutable, es que con respecto del tabaquismo, mejor es y será no iniciarlo, no continuarlo y romper cuanto antes la cadena de acontecimientos. Esto implica saber y desarrollar voluntad propia. La prevención es aplicable no sólo al individuo, sino a la comunidad. Se requiere actuar mientras el individuo este sano y antes de que adquiera la adicción. Es necesario reconocer que la acción por la salud con la participación social puede jugar un estupendo papel complementario. La idea es conseguir bienestar, que éste resguarda la salud.
El factor social antecede al desarrollo de la enfermedad en el individuo y éste se ubica en la población.
Así pues, y por que el acto de pedir, sugerir o prohibir fumar despierta una diversidad de reacciones de unos contra otros. Indudablemente que en esto confluyen moduladores de la conducta individual, unos conocidos y otros no. Quienes están de acuerdo en no fumar, prefieren preservar su salud y defienden como legítimo derecho no exponerse a respirar aire contaminado; otros en cambio, admiten el peligro, lo prefieren, como un modo placentero de escapar de las presiones, del estrés, del aburrimiento que les depara la vida cotidiana, defienden el hecho de seguir fumando, con sofisticadas justificaciones, falacias y sinrazones.
Tómese en cuenta que dicha discusión pasa por alto el requisito para la convivencia armónica, respetar el interés por el bien de la comunidad. Éste tiene preferencia frente al individual. Así que, sedimentar estos conceptos socialmente da lugar a toda clase de respuestas polémicas. De todos modos se cuenta con la firme esperanza de que llegue a prevalecer la razón por el bien común.
De modo que, considerar el tabaquismo no tan sólo como una enfermedad genuina del individuo; sino también emanada del ámbito social, tiene la ventaja de facilitar la tarea de comprenderla y emprender actividades correctas y en sentido más propio. Corregir las desviaciones de salud a partir de la población es encomiable, tanto en el enfoque individual y biológico como en el psicológico y social.
Se trata del mismo espíritu congruente con la prevención de las enfermedades coronarías, cáncer, respiratorias y otras crónicas que reclaman cambiar hábitos de vida, costumbres y estilos de vivir. Con estas consideraciones el fomento a la cultura por la salud se convierte en una necesidad primordial que es de orden fundamentalmente social. Ya que siendo enfermedades físicas y biológicas trascienden al individuo y del huésped saltan e interactúan con el entorno ecológico, social y económico. Por ello, el remedio no esta en cada individuo, sino en subsanar los problemas comunes de la población.
Por lo hasta aquí mencionado, a manera de conclusión preliminar; es menester señalar que, la meta más ambiciosa es crear una conciencia que lleve consenso que integre los ámbitos familiar, escolar, laboral, de convivencia, de los líderes sociales y de opinión; así como los: institucional, municipal, estatal, nacional, regional y mundial, es decir de la sociedad toda.
Ya que, no es aceptable decir que se ha comprendido cabalmente el problema mientras la única estrategia sea el ataque directo o matizado al fumador y nada más. A toda acción hay una reacción; la reacción del fumador, ya lo habíamos dicho, tiende a resistir y perpetuar el consumo. Es evidente que, la polémica gira en torno a un desordenado debate social, mismo que requiere orientación y comprensión hasta alcanzar consenso. Lo fundamental es nutrir el criterio y la voluntad que modula la conducta de cada persona. En ello fallan los métodos y las investigaciones sobre las creencias en cada uno, del grupo, la etnia, la comunidad y el país. El criterio individual es clave en el asunto, tiene un valor que reclama ser advertido, creado y alimentado con educación propia de la promoción de la salud, requiere ser intervenido con las nuevas técnicas de mercadeo social, aplicado a salud.
Por lo antes dicho, el espíritu del quehacer ha de encaminarse hacia propiciar una cultura, sin satanizar, prohibir o perseguir. Es mejor alentar la percepción individual y colectiva, basada en la verdad y la razón, que esté por encima de las presiones de quienes promueven la adicción del consumidor y recurren al engaño y la publicidad. Evidentemente, la intención de esta iniciativa sin respuesta se puede desvirtuar fácilmente y quedar en obstinación de unos cuantos.
Vale subrayar que nuestra propuesta, desde el inicio lo advertimos, sólo es la continuación, con renovadas intenciones de hacerla realidad, al interés por involucrar y aglutinar la necesaria participación social; tal como han sido y son los esfuerzos internacionales y nacionales, que se han integrado y constituido; de los cuales deseamos rescatar con el afán de reforzar la presente propuesta, los siguientes, así como sus principales razones y objetivos:
El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado durante la celebración de la 56 Asamblea Mundial de la Salud, rectora y gobierno de la Organización Mundial de la Salud, la cual se llevó a cabo del 19 al 28 de mayo del año 2003 en Génova.
Este convenio, representa una iniciativa pionera para el progreso de la acción nacional, regional e internacional y la cooperación mundial encaminada proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de las exposiciones al humo de tabaco, proporcionando un marco para las medidas de control que habrán de aplicar las Partes; a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
Sin menoscabo del contenido valioso y prioritario de todo el convenio, para nuestros propósitos, permítase señalar, sólo dos de sus principios básicos:
1. Todos los Estados deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo del tabaco y de la exposición al humo del tabaco y se deben contemplar en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas (sociales ), para proteger a todas las personas del humo del tabaco.
2. La participación de la sociedad civil es esencial para conseguir el objetivo del convenio y de sus protocolos.
En este tenor, en el artículo 12 del Convenio, referido a la educación, comunicación, formación y concienciación del público, precisa:
Cada Parte promoverá y fortalecerá la concienciación del público acerca de las cuestiones relativas al control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación disponibles. Con ese fin, cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para promover lo siguiente:
a) Un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación y concienciación del público sobre los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedad adictivas;
b) La concienciación del público acerca de los riegos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado en el párrafo 2 del artículo 14; (idear y aplicar programas eficaces de promoción del abandono del consumo de tabaco en lugares tales como instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo y entornos deportivos; incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la dependencia del tabaco y servicios de asesoramiento sobre el abandono del tabaco en programas, planes y estrategias nacionales de salud y educación, con la participación de profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y asistentes sociales, según proceda; establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco; y colaborar con otras Partes para facilitar la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, de conformidad con el artículo 22. dichos productos y sus componentes pueden ser medicamentos, productos usados para administrar medicamentos y medios diagnósticos cuando proceda).
c) El acceso del público, de conformidad con la legislación nacional, a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés para el objetivo del presente convenio;
d) Programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización y concienciación sobre el control del tabaco dirigidos a personas tales como profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación, educadores, responsables de las políticas, administradores y otras interesadas;
e) La concienciación y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria tabacalera en la elaboración y aplicación de programas y estrategias intersectoriales del control del tabaco; y
f) El conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas de la producción y el consumo de tabaco.
Por otra parte, a nivel de nuestro país debemos distinguir; el Programa contra el Tabaquismo y la Campaña Nacional contra el Tabaquismo. Pues desde 1986, el sector salud cuenta con un programa específico contra el tabaquismo, el cual se actualizó en 1992 y posteriormente en el año 2000. La problemática del país, los avances en la investigación y las propuestas de la sociedad (a través de la consulta ciudadana), entre las que destacan adecuar los servicios a las necesidades de la población, al perfil epidemiológico y a los problemas de salud emergentes; privilegiar al primer nivel de atención; apoyar la intervención de los ayuntamientos y ampliar la participación comunitaria, llevaron a su reformulación, y dieron origen contra el tabaquismo, cuya finalidad es promover y proteger la salud de la población a través de acciones de control, prevención, tratamiento e investigación del tabaquismo, y prevenir los daños asociados a su consumo. Este programa contiene las estrategias y líneas de acción para su cabal cumplimiento de objetivos, a saber: para el control del tabaquismo; para lograr la prevención del consumo del tabaco; para el tratamiento y la rehabilitación del tabaquismo; y para la investigación.
Por supuesto que, este programa esta vinculado con el Programa Nacional de Salud desde entonces. Ya que este último establece que la salud de la población es una condición indispensable para alcanzar una autentica igualdad de oportunidades. Entre sus propuestas se encuentran: ampliar la participación ciudadana y la libertad de elección en el primer nivel de atención médica; hacer accesible a los ciudadanos la información sobre recursos, servicios y resultados en materia de prevención y atención de los problemas relacionados con el tabaquismo; reforzar la calidad de la educación en los profesionales de la salud; fortalecer la inversión e infraestructura en materia de problemas relacionados con el consumo de productos de tabaco, así como dar capacitación a los recursos humanos orientados a la atención del tabaquismo. Los avances del programa se determinan mediante la evaluación del cumplimiento de las metas, de la operación institucional y del impacto que éste genera.
A nivel nacional, también debe destacarse la Campaña Nacional contra el Tabaquismo. En el año 2001, se inicio en México la Campaña Nacional contra el Tabaquismo, que se desarrolló en etapas con base en los llamamientos realizados por la Organización Mundial de la Salud.
Durante la primera etapa, a los no fumadores se les dieron a conocer los beneficios del aire libre del humo de tabaco, para que éstos promovieran su derecho a disfrutar de él; mientras que a los fumadores se les mostró información actualizada sobre los daños que el consumo del tabaco ocasiona a su salud.
La segunda etapa tuvo como objetivo que los fumadores reconocieran las conveniencias de abandonar el uso del tabaco e identificarán las alternativas disponibles para ello.
La finalidad de la tercera etapa fue apoyar el cumplimiento del Reglamento sobre el Consumo de Tabaco, con observancia en los edificios públicos propiedad de la federación. Adicionalmente se fomentó la participación de los servidores públicos en la autoverificación del cumplimiento del reglamento en sus lugares de trabajo. Esta etapa se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
En la cuarta etapa se dieron a conocer tanto las conveniencias de evitar el consumo de tabaco para lograr un mejor rendimiento físico, como el hecho de que la práctica sistemática de algún deporte puede prevenir el hábito de fumar entre los adolescentes.
La quinta etapa, que se desarrolló durante el año 2003, abarcó 2 vertientes: la primera de ellas, bajo el lema de la OMS: “Cine y moda libre de tabaco”. La segunda vertiente, bajo el lema “¿Quién consume a quién?”, utilizó como elementos persuasivos cifras y frases sencillas para elevar la percepción del daño que causa el consumo de tabaco. En ésta se mostró que el consumo de tabaco esta asociado con las principales causas de muerte y enfermedad, e induce a la reflexión contenida en su lema.
Finalmente, otro esfuerzo y estrategia fundamental a nivel mundial son los días mundiales sin tabaco. Una de las estrategias más trascendentales instituidas por la Organización Mundial de la Salud, es la institucionalización y celebración desde el año de 1988 de los llamados días mundiales sin tabaco, mismos que fueron previstos y que han aportado a la reflexión, al debate y a la acción por medio de los cuales se han combatido mitos en aspectos científicos, médicos, económicos y éticos y de alguna manera han apoyado los procesos que están llevando a los países a poner en acción el Convenio Marco Mundial. Estos mismos, a través de sus lemas han incrementado la conciencia pública mundial sobre el problema sanitario y social que representa el tabaquismo. Estos lemas han aportado al debate y al aumento de la conciencia de los gobiernos, comunidades, grupos e individuos sobre los efectos perversos del tabaquismo.
Así pues, el 31 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial sin Tabaco. Este día fue creado en 1987 por los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud para llamar la atención global hacia la epidemia del tabaquismo, así como hacia la muerte y las enfermedades prevenibles que el tabaquismo ocasiona.
En 1987 la Asamblea Mundial de la Salud acordó que el 7 de abril sería el Día Mundial sin Tabaco; sin embargo, en 1988 se definió que la celebración de este día se realizaría cada 31 de mayo.
De esta forma el Día Mundial sin Tabaco busca dar a conocer al público los peligros que implica el consumo de tabaco, las prácticas comerciales que llevan a cabo las compañías tabacaleras, lo que la OMS hace para luchar contra la epidemia de tabaquismo y lo que puede hacer la gente en el mundo para proclamar sus derechos por una vida saludable, así como para proteger a las generaciones futuras. Los lemas a partir de 1988 y hasta el año 2008 son los que siguen: “Tabaco o salud: elija la salud”; “La mujer fumadora un riesgo sobreañadido”; “Niñez y juventud sin tabaco”; “Lugares y transporte público mejores sin humo de tabaco”; “Lugares de trabajo libres de humo”; “Los servicios de salud una ventana abierta a un mundo sin tabaco”; “Los medios de comunicación trasmitiendo el mensaje contra el tabaco”; “El tabaco cuesta más de lo que usted cree”; “Los deportes y las artes sin tabaco”; “Unidos por un mundo libre de tabaco”; “Crecer sin tabaco, niñez y juventud sin tabaco”; “Quítate ese paquete de encima, libérate de la cajetilla”; “El tabaco mata, no te dejes engañar: no debe ser publicitado, glamorizado o subsidiado”; “Limpia tu aire de humo de tabaco”; “Deportes libres de tabaco”; Películas libres de tabaco”; “Tabaco y pobreza, un círculo vicioso”; “Profesionales de la salud contra el tabaco”; “Tabaco mortífero bajo cualquier disfraz”; “Ambientes libres de humo de tabaco”. Y para el año de 2008 se ha previsto el lema “Juventud libre de humo de tabaco”.
Expuesto todo lo anterior e indiscutiblemente reconociendo que, los esfuerzos han sido infinitos, en los cuales se ha invertido voluntad, recursos materiales, financieros y humanos; y seguramente también se han obtenido resultados; lamentablemente, estos últimos, no han sido capaces de emparejar a la evolución y perniciosas estrategias de las tabacaleras; como tampoco han podido vencer la desvinculación y parcialización de las acciones y los esfuerzos implementados, hasta hoy, por no haber sido planteados de una forma integral y ampliamente socializada.
De esta manera y con base a dos razones fundamentales, a saber: la acción y aplicación estratégica y conjunta de todos los recursos de toda la sociedad nacional y mundial; así como la activa y ejemplificante acción de toda la sociedad, pero de manera especial de aquellos que de manera natural, cultural o por meritos propios se ostentan como lideres sociales y de opinión; nos permitirán cumplir y alcanzar la conjugación sustantiva y vital de la intención y la acción, debemos replantear al lucha contra esta pandemia, pues debemos reiterar, junto a las conclusiones y propuestas de los expertos, que:
El tabaquismo no se ha controlado bajo la hipótesis médica de que es una enfermedad en el individuo con carácter progresivo y mortal. Vale la pena aceptar que por encima de lo conocido hay un fuerte componente social todavía por comprender. Frente a las evidencias que lo afirman no se necesita demostrarlo como enfermedad social. Ciertamente, hay implicaciones que atender y surgen como cambio de paradigma que puede ser clave en la solución anhelada. La complejidad de la lucha contra el tabaquismo radica en su naturaleza, de presentar diversos componentes que incluyen disciplinas, como medicina, salud, biología y ciencias básicas; pero también la psicología, sociología, antropología, política, costos, legislación, comercio, finanzas y economía, sin dejar de lado la educación a todos los niveles, difusión cultural y publicidad.
Saber sobre el modo idóneo de parar o frenar la inmoderada costumbre es un proceso de moderación social en curso que exige la participación de cada persona.
El tabaquismo es susceptible de cambiar con la intervención masiva o la suma de intervenciones de menor escala en la población, guiado empíricamente por sus resultados. Los indicadores de morbimortalidad, riesgos y tendencias estimadas por la vigilancia epidemiológica cuentan mucho y permiten apreciar el grado en que se involucra la sociedad. La intervención social cuenta con apoyo y hay mucho adelantado. Se tiene un cuerpo de evidencias que relaciona la conducta de las personas individualmente con el medio social. Hay avances mundiales en la legislación (convenio marco) que ayudará favorablemente a incrementar la presión social. Ya que la hipótesis de Geoffrey Rose sigue siendo válida: “si el tabaquismo entra bajo presión social, ha de salir del mismo modo”.
Como enfermedad grave el tabaquismo reclama cuidados para atender las necesidades individuales y colectivas. Los cuidados de prevención en el individuo sano se requieren desde la edad escolar. Es apremiante despertar la conciencia social y mantener el interés por cuidarse, tanto como le es importante hoy a quienes por ello han deteriorado su salud y bienestar. Los profesionales de la salud dan testimonio de la enfermedad, del sufrimiento y la muerte de sus pacientes, son ellos quienes deben dar el mejor ejemplo de tales cuidados a la ciudadanía.
Aceptar que el tabaquismo es además una enfermedad social, abre puertas a otros recursos y mejora la posición para reavivar la responsabilidad civil en toda la población, incluyendo, por supuesto, la de los médicos, trabajadores de la salud, psicólogos y líderes de la comunidad, entre otros (familia, escuela, trabajo, medios de comunicación, lideres sociales y de opinión –deportistas, artistas, intelectuales, etcétera).
El abordaje social abre la esperanza de un mejor impacto de intervención basado en el convencimiento individual para la mayoría. Por este camino, la presión social de la reglamentación se hace más humana, no deja de ser mejor el uso de la razón que por la fuerza.
La innovación de las estrategias incluye seguir la investigación de detalles relacionados para facilitar la implementación de acciones costo-efectivas. Las implicaciones del cambio con fines preventivos tienen que ver con hacer ajustes al concepto vigente, aceptar el tabaquismo como enfermedad derivada de una conducta desviada, individual y colectivamente, atender los riesgos propios de una enfermedad social, reforzar la promoción de la salud bajo el ambiente cultural, haciendo participar apropiadamente a la comunidad, propiciando un ambiente de armonía y buena voluntad.
Finalmente, el consumo de tabaco ligado a la enfermedad social le imprime un espíritu de innovación que toma en cuenta lo social, no descuida los aportes previos, ni de avances metodológicos. No deja de ser promisorio y ofrecer ventajas de índole práctica, reales y por tanto viables.
La salud pública en México y en el mundo, por tanto, tiene que tomar el liderazgo con la bandera de la nueva propuesta de la Organización Mundial de la Salud y sobre el principio de que las enfermedades y muertes relacionadas con el tabaquismo sí se pueden prevenir; desde luego, este desafío obliga a redoblar el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Así será posible una vida saludable libre de tabaco.
Así pues, nuestra segunda razón, es demandar y destacar el fundamental liderazgo y ejemplo altamente motivante de todos los sectores de la sociedad que ya mencionamos, porque el bien común y el bienestar social es un compromiso, una responsabilidad y una obligación de toda la sociedad. Y, por supuesto, en especial de la familia, los lideres sociales y de opinión que deben significar en la práctica singulares ejemplos y actores motivacionales y de energía categórica para promover y revolucionar haciendo.
Por todo lo anterior, y sin menoscabo, desatención o ignorancia de los planes, los programas, las estrategias y otras que se ha propuesto en el ámbito mundial y de nuestro país, respecto de la salud en general y de la enfermedad social que aquí referimos, de manera específica, pretendemos contribuir a efectivamente conjugar la intención con la acción de los recursos humanos, materiales y económicos; así como la sensibilización y práctica del inicio de la cultura social; por ello proponemos la declaración y celebración de 2009 como Año Mundial sin Tabaco, y la adopción del lema, para ese mismo año, de “La organización social contra el Tabaco”.
Por tanto, someto a la consideración de esta honorable asamblea propuesta con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a proponer a la Organización Mundial de la Salud la declaración y celebración de 2009 como Año Mundial sin Tabaco; y adoptar, para ello el lema “La organización social contra el Tabaco”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.
Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a actualizar la NOM-001-ECOL-1996, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, basado en las siguientes
Consideraciones
Con el objetivo de mejorar el desempeño del sector hídrico del país, en octubre pasado fueron aprobadas por esta soberanía una serie de modificaciones a la Ley Federal de Derechos que buscan, entre otros aspectos, simplificar el cálculo para el cobro de las descargas de agua residuales en cuerpos receptores nacionales.
Esta simplificación se fundamenta en la reducción de los parámetros que determinan el grado de contaminación de las descargas de agua, pasando de 16 a 2 contaminantes, a efecto de considerar sólo aquellos que son los más representativos en las aguas residuales. Estos parámetros conciernen a la demanda química de oxígeno y los sólidos suspendidos totales.
Con esta medida se facilita el cálculo para el pago del derecho correspondiente, ya que se limita a la determinación de la concentración del contaminante que rebase los límites máximos permisibles, con relación al volumen trimestral de descarga, aplicándose la cuota que corresponda según el tipo de cuerpo receptor utilizado.
No obstante, la norma oficial mexicana que establece los parámetros de los contaminantes de las aguas residuales, no ha sido actualizada a fin considerar las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; e incluso al no haber sido revisada desde 1996, no es posible aseverar si las disposiciones de concentraciones de contaminantes en ella contenidas, siguen representando niveles de calidad adecuados para el reúso del recurso.
Esto es, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 actualmente establece parámetros de concentración de contaminantes que difieren de los establecidos en la Ley Federal de Derechos, ocasionando la duplicidad de criterios y dificultando la operación de los responsables de descargas de aguas residuales. Aunado a esto, la norma sigue considerando los 16 contaminantes de aguas residuales originales que incluyen tanto contaminantes básicos como metales pesados, aún cuando estos ya no se encuentran estipulados en la Ley Federal de Derechos, por lo que es necesario establecer si estos criterios seguirán operando para la descarga de aguas residuales y bajo que parámetros específicos.
Conforme a esto, es inminente llevar a cabo una revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, a fin de subsanar las inconsistencias que actualmente se presentan en las leyes y normas que rigen el comportamiento de las aguas residuales en nuestro país. Con el objetivo de no entorpecer los esfuerzos que se realizan por mejorar el desarrollo del sector hídrico nacional.
Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía revise y actualice el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, a fin de homologarse con las especificaciones actualmente contenidas en la Ley Federal de Derechos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, abril de 2008.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
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La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Ciudad Juárez es la tercera región del país en donde las mujeres mueren de manera violenta, es decir 3.8 por cada 100 mil.
Por su parte, los datos estadísticos presentados por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez señalan que de noviembre de 2003 a septiembre de 2006 oficialmente se han reconocido 398 asesinatos de mujeres en esa ciudad fronteriza y casi 600 desapariciones.
En esta clasificación están casos como los de las mujeres asesinadas por sus parejas (con o sin violencia sexual), como parte de una secuencia de actos de violencia en el ámbito familiar; también los de las mujeres cuyos cuerpos fueron ubicados en casas abandonadas o lotes baldíos después de sufrir abuso sexual, y los casos de homicidios donde el cuerpo de la mujer denota violencia extrema, sin evidencias de violencia sexual.
A inicios de 2007, la cantidad de mujeres asesinadas era menos dramática; tres casos hasta el 23 de febrero era la cifra más baja de los últimos años y no causaron la misma alarma que este 2008. Incluso, uno de los homicidios de 2007, fue más bien una ejecución ligada al narco.
Asimismo, a diferencia de la década pasada, en que las víctimas eran en su mayoría jovencitas, ahora se trata de personas de todas las edades. De los 12 casos, ocho de las víctimas estaban en sus casas.
En lo que va del 2008, una docena de mujeres han sido localizadas sin vida en distintos puntos de la ciudad y en diferentes circunstancias. Esto indica que la ola de homicidios de mujeres, así como la impunidad, sigue vigente desde 1993.
En enero de 2004 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez. Su trabajo se centró principalmente en analizar diversos expedientes de averiguaciones previas del fuero común. Según la Fiscalía 177 servidores públicos resultaron con posibles responsabilidades administrativas y penales, es decir el 35.8 por ciento de quienes participaron en las indagatorias analizadas, entre ellos ocho fiscales, 43 agentes del MP, 15 subagentes del MP, dos jefes de oficina y procesos conciliatorios, 59 agentes de la Policía Judicial y 50 peritos.
A través de diversas acciones legales (amparos o invocando la prescripción de las responsabilidad) estos ex funcionarios lograron evadir la acción de la justicia.
El 16 de febrero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) de alcance nacional.
En febrero de 2008 se nombró como fiscal especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) a María Guadalupe Morfín Otero, al mandato de esta fiscalía se suma el de trata en virtud de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de reciente publicación.
Diversos casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez han sido llevados a instancias internacionales. Entre ellos se encuentran 11 del caso Campo algodonero, predio en donde se encontraron ocho cuerpos de mujeres asesinadas en noviembre de 2001, que fueron presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tres de estos casos (Esmeralda Herrera Monrreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos) que no se pudieron resolver a través de la “amigable composición” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ésta los turnó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Inicialmente el monto de lo demandado al Estado mexicano es de casi 5 millones de dólares, sin tomar en cuenta la consideración monetaria que hará la Corte respecto del concepto de reparación del daño en el rubro de “proyecto de vida” dado que las víctimas eran menores de edad.
El Estado mexicano deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) porque no ha sancionado a los 25 funcionarios señalados por organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, como responsables de omisión, negligencia y complicidad en los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua.
El 21 de abril fue la fecha límite para que el Estado mexicano contestara la demanda. Sin embargo, dado el estado de impunidad que prevalece en muchos de estos expedientes, es muy probable que la Corte condene al Estado mexicano. Esto sentaría un precedente para el resto de los casos, que implicaría un costo político y económico muy elevado.
Es de destacar que hay una gran expectación en el ámbito internacional por el caso de Ciudad Juárez, porque los tres casos de Campo algodonero ya los conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los primeros que recibe en su historia sobre violencia de género.
También hay expectación pues están dadas las condiciones para que el Estado avance en el tema: tiene un marco normativo para garantizar a las mujeres una vida sin violencia (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la reciente publicación de su reglamento, entre otras) y una fiscalía especializada (Fevimtra) fuerte y con un mandato más amplio.
En este orden de ideas, y en virtud de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el presente punto de acuerdo tiene la finalidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que promueva una declaratoria de alerta de violencia de género para Ciudad Juárez, Chihuahua.
Con esta acción, no sólo se estará coadyuvando en la solución de un grave problema social que lleva más de 10 años presente en Ciudad Juárez, sino que también reducirá el impacto político y económico que produciría un eventual fallo en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dadas las circunstancias políticas actuales, una declaratoria de alerta de violencia de género posibilitaría la intervención de los tres niveles de gobierno y la inversión de recursos materiales y humanos que garanticen una vida sin violencia a las mujeres y no esperar las condenas internacionales.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua a que en el ámbito de las atribuciones que les otorga el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, soliciten al gobierno federal el inicio de una investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género para Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación, promueva una declaratoria de alerta de violencia de género para Ciudad Juárez, Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2008.
Diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica)