De la Comisión de la Función Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 57, 59, 60 y 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Antecedentes

La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2335-I, el jueves 6 de septiembre de 2007, y presentada el 9 de septiembre por el diputado Eduardo Sánchez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Recibida en la comisión, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido favorable, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha 26 de marzo de 2008.

Análisis de la iniciativa

I. La iniciativa de mérito tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que las disposiciones vigentes de la ley no aprovechan las oportunidades que ofrecen los avances teóricos y tecnológicos en materia de subastas, con lo cual, a juicio del proponente se desaprovecha el impacto favorable que éstas tienen, cuando se ha demostrado que pueden generar beneficios importantes tanto a las empresas como a los gobiernos en todo el mundo, en virtud de que transfieren márgenes económicos de los proveedores a los compradores y generan ahorros presupuestales importantes, dotando de transparencia la selección de proveedores y promoviendo el uso honesto de recursos públicos; ya que catalizan mejoras administrativas compatibles con una gestión moderna y eficaz.

En la exposición de motivos del proyecto en comento, indica el iniciante que las subastas electrónicas constituyen un método no presencial por el que los licitantes podrán presentar, a través de medios remotos de comunicación electrónica que establezca el subastador, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, una o más ofertas que mejoren el precio de su proposición inicial, según el mecanismo que establezca el subastador, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica.

De este modo, el iniciante propone reformar el régimen vigente en materia de adquisiciones del sector público, para efectos de admitir la posibilidad de llevar a cabo subastas electrónicas administradas y operadas por particulares, con los objetivos siguientes:

• Fomentar la competencia entre los proveedores del Estado;

• Transparentar los procesos de contratación del gobierno federal;

• Promover la modernización de la gestión pública;

• Impulsar la reducción de los costos de transacción y de contratación;

• Fomentar la eficiencia de las adquisiciones del sector público; y

• Alcanzar los objetivos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Si bien la iniciativa de mérito resulta de interés, toda vez que las subastas electrónicas otorgarían la opción de realizar contrataciones de bienes que permitan a la dependencia o entidad convocante obtener de los participantes mejores precios, esta comisión dictaminadora estima necesario realizar algunos ajustes al texto propuesto por el iniciante, con objeto de incorporar conceptualmente la posibilidad de aceptar ofertas de descuentos subsecuentes de los licitantes, a efecto de que posteriormente, atendiendo a los resultados y problemática que se detecte en la utilización de este procedimiento, pueda estimarse la reglamentación correspondiente que elimine los obstáculos que se presenten y se perfeccione su práctica.

Se estima conveniente que el procedimiento de licitación vigente, pueda implicar una modalidad de ofertas de descuentos subsecuentes, las cuales se presenten una vez que se cuente con la propuesta económica más baja durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, como el precio máximo de referencia.

De igual manera, en virtud de lo que establece el quinto párrafo del artículo 134 constitucional, no se considera procedente que el subastador sea un agente privado, por lo que deberá ser la propia dependencia o entidad de que se trate.

En el citado artículo 134, así como en las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece que todos los actos de licitación son públicos, por lo que cualquier interesado puede acceder a ellos, y en los términos propuestos, se daría cabida a que los procedimientos se realizarán únicamente por medios electrónicos, limitando la posibilidad de que participen personas físicas o morales que, por carecer de recursos informáticos o por no confiar en los mismos, prefieran participar con sus propuestas en la forma tradicional, mediante la entrega física y material de las mismas, particularmente si se considera que un buen número de personas que integran la micro, pequeña y mediana empresa, carece de dichos recursos y que significan una importantísima fuente de aprovisionamiento de la administración pública federal, por ofrecer las mejores condiciones en las contrataciones en que participan.

En este sentido, es importante tener en cuenta que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prevé en el texto vigente la obligación de que en las bases de licitación se establezcan, en su caso, los términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, y precisa que deberá establecerse el señalamiento de que los licitantes que opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación.

Para la elaboración del presente dictamen, se han tomado en consideración las aportaciones de cámaras representativas de sectores diversos, tales como la farmacéutica, la de la industria de la consultoría, de la industria de telecomunicaciones y tecnologías de la información, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, entre otras, así como representantes del sector académico, estados y municipios, empresas paraestatales y dependencias, además de recibir las opiniones y recomendaciones de otros legisladores, recogiendo sus inquietudes y sugerencias, tales como la obligatoriedad tanto del uso de medios electrónicos como de la modalidad de descuentos subsecuentes, los compromisos internacionales y medidas para obtener mayor eficiencia, eficacia y transparencia en los procedimientos de contratación pública.

III. Ahora bien, por lo que respecta a las reformas propuestas a los artículos 1, fracción II; 7, párrafos primero y segundo; 8, párrafos primero y segundo; 14, primer párrafo; 15, segundo párrafo, y 17, primer párrafo, se percibe que únicamente tienen por objeto precisar quienes están sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como actualizar el nombre de la Secretaría de Economía.

Esta comisión dictaminadora estima que estas reformas no tienen relación alguna con la licitación electrónica ni con la modalidad relativa a las ofertas subsecuentes de descuentos, aspectos que son el propósito fundamental de la iniciativa, por lo que no resulta pertinente llevar a cabo las mencionadas reformas.

Lo anterior en razón de que los sujetos obligados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se encuentran claramente determinados en el artículo 1 de dicho ordenamiento. Además, conforme a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de radio y Televisión, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, publicado en el diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, las menciones que se realizan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se entienden referidas a la Secretaría de Economía.

Consideraciones

Primera. Que, una vez realizado el análisis general de la iniciativa, es preciso emitir las consideraciones y comentarios que, en lo particular, se estiman procedentes, así como las propuestas de redacción para los artículos citados en la iniciativa de mérito que resultaría necesario modificar, con el objeto de contar con un proyecto de reformas adecuado a los fines que se persiguen.

Segunda. Que resulta necesario destacar que, en el marco de las discusiones respecto a esta iniciativa, se recibieron diferentes propuestas de modificación al proyecto de decreto, con la finalidad de establecer una diferencia clara entre la licitación electrónica y la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento; para fortalecer y promover el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y, para generar las condiciones de implementación de estos mecanismos.

Dichas propuestas fueron presentadas por legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta comisión y se tomaron en cuenta para la realización del presente dictamen.

Tercera. Que esta comisión después de someter a análisis tanto la iniciativa como las diversas propuestas, considera que es necesario, con el fin de dotar de mayor claridad al proyecto de decreto, realizar las siguientes modificaciones:

1. Agregar solamente una fracción VIII al artículo 2, en la que se establezca la definición de ofertas subsecuentes de descuentos, con esta inclusión resultaría necesario reformar las fracciones VI y VII por técnica legislativa para poder incluir la fracción VIII; de manera que se plantea la siguiente redacción:

Artículo 2.

I. a V.

VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas, y

VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, por la que los licitantes, al presentar sus propuestas, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica. En esta modalidad, el contrato se adjudicará al licitante que haya ofertado el precio más bajo.

No es conveniente incluir las definiciones propuestas por el iniciante como fracciones VIII y IX de este artículo (“subasta electrónica” y “subastador”), en virtud de que, por un lado, el concepto de “subasta” no se encuentra contemplado en el texto de esta ley, sino que sólo se reconoce el concepto de “licitación”. Además la definición realizada al concepto de subasta electrónica confunde un procedimiento electrónico de contratación, con la modalidad de “ofertas subsecuentes de descuentos” y, por otra parte, en términos de la propia Ley de Adquisiciones, la facultad y responsabilidad de realizar procedimientos de contratación corresponde de manera exclusiva a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

2. Cambiar la redacción de la reforma propuesta por el iniciante al segundo párrafo del artículo 16, para establecer que se podrá contratar en el extranjero cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, sólo cuando se acredite que ni su procedimiento ni los contratos se pueden realizar dentro del territorio nacional, y para tal efecto debe cumplirse con los principios contenidos en los artículos 14 y 28 fracciones II y III y último párrafo; para lo que se propone la siguiente redacción:

Artículo 16.

Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, y se acredite previamente que su procedimiento y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo dispuesto por esta ley, se podrá contratar en el extranjero, aplicando los principios dispuestos por los artículos 14 y 28 fracciones II, III y último párrafo.

La anterior propuesta, deriva de considerar, que el artículo 16 vigente se refiere a bienes y servicios cuyos contratos fueron celebrados en el extranjero, los cuales se ubican en dos supuestos distintos: el primer párrafo relativo a aquéllos que se utilizarán o prestarán en el extranjero y, el segundo, a los que se utilizarán o prestarán en territorio mexicano.

En este sentido, atento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 vigente, a los contratos concertados y ejecutados en territorio extranjero, respecto de bienes y servicios que serán utilizados o prestados en el extranjero, les resultaría aplicable la legislación del lugar en que sean celebrados, es decir, la relación jurídica entre el proveedor y la convocante se regirá por la legislación del territorio extranjero en que se formalice el contrato.

Por cuanto corresponde al segundo párrafo, relativo a bienes o servicios contratados en el extranjero, que serán utilizados o prestados en territorio nacional, cuya contratación no fue posible realizar mediante licitación pública en el país, previa acreditación y justificación del área contratante de que no resulta factible obtener los bienes o servicios mediante licitación pública, sería posible celebrar contratos al amparo de la legislación extranjera del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones.

Conforme a lo expuesto, no obstante considerar que la administración pública federal, excepcionalmente, podría contratar en el extranjero cuando existan y se acrediten las circunstancias que impiden realizar el procedimiento en territorio nacional, es pertinente señalar que en los dos supuestos previstos, la actuación de los servidores públicos mexicanos que intervengan en el procedimiento de contratación, como ejecutores del gasto, sí estarían sujetos a las disposiciones que resulten procedentes de la Ley de Adquisiciones, toda vez que dichos ejecutores se encuentran obligados a dar cumplimiento de los trámites o requerimientos de carácter presupuestario, de comprobación, de transparencia, del gasto y demás normatividad nacional que resulta aplicable a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por lo anterior, aún cuando el contrato que en su caso se celebre en el extranjero y se elabore conforme a las leyes del lugar de su formalización, resultaría que la procedencia de adjudicar el contrato en una determinada persona extranjera, debe sujetarse a los principios establecidos en la legislación mexicana, a fin de transparentar la operación y acreditar que se garantizan las mejores condiciones para el Estado mexicano.

De ello, resultaría que en las contrataciones realizadas en el extranjero, conforme a la legislación extranjera, es necesario el previo dictamen de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, si la operación que se pretende realizar supera los montos de actuación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que tales disposiciones son de observancia obligatoria para los servidores públicos que pretendan formalizar contratos en los supuestos mencionados.

3. Cambiar la reforma propuesta al artículo 26, y en lugar de agregar una segunda fracción que se refiera a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a los que deben ajustarse los procedimientos de contratación; se plantea agregar un párrafo sexto a dicho artículo, pero en el que se establezca la posibilidad de que las licitaciones se llevan a cabo a través de los medios remotos de comunicación. Y dicha adición se realizaría con la siguiente redacción:

“Artículo 26.-

I. a III.

Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

4. Se considera que deben realizarse adiciones al artículo 28, con la finalidad de fomentar y fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas y para prever de manera expresa la posibilidad de llevar a cabo licitaciones con ofertas subsecuentes de descuentos, y de este modo dotar de mayor claridad al proyecto de decreto; para tal efecto se propone agregar un tercer párrafo a la fracción I y adicionar un último párrafo a dicho artículo, con la siguiente redacción:

Artículo 28.

I.

Con el propósito de fomentar el desarrollo y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en igualdad de circunstancias, en las licitaciones públicas nacionales a que se refiere esta fracción, las dependencias y entidades deberán adjudicar los contratos a estas empresas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de esta ley.

II. a III.

a.

b.

c.

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en los casos que establezca la Secretaría de la Función Pública mediante las disposiciones administrativas que emita para tal efecto, siempre que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad.

5. Se considera pertinente que en lugar de reformar las fracciones III, V y XII del artículo 29 como lo propone el iniciante, sólo se reforme la fracción V para establecer que en las convocatorias se haga la indicación respectiva, en caso de utilizarse algún mecanismo de oferta subsecuente de descuento, con lo que la redacción propuesta sería la siguiente:

Artículo 29.-

I. a IV.

V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y, en su caso, si se utilizará algún mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos;

VI. a XII.

6. Se propone que se reforme el párrafo segundo de la fracción II y la fracción III del artículo 33, con la siguiente redacción:

Artículo 33.

I.

II.

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, y

III. En el caso de las bases de licitación, o las modificaciones de éstas, se dé la misma difusión que se haya dado a la documentación original, o bien, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

La modificación aquí propuesta, se realiza en virtud de que en el texto presentado por el iniciante se privilegia el uso de los medios remotos de comunicación electrónica, posibilidad que ya prevé el texto vigente de la Ley de Adquisiciones. Y, en la iniciativa, se establece que se entregue por dicho medio copia del acta respectiva, lo que no resulta del todo conveniente, ya que éstas deben ser firmadas por los asistentes y entregárseles copia, y para efectos de su notificación, se deben poner al finalizar los actos, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en un lugar visible al que tenga acceso público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, siendo éste un procedimiento estricto y riguroso para notificar a los licitantes tomando en consideración los efectos jurídicos de no realizar las referidas notificaciones en apego a la ley.

7. La modificación que plantea el iniciante respecto a reformar los párrafos primero y segundo; y agregar un párrafo, que pasaría a ser segundo, al artículo 34 en el sentido de que los sobres de los licitantes que participen a través de los medios electrónicos sean generados mediante tecnologías que resguarden su confidencialidad, se considera procedente, por lo que la redacción de dicha modificación sería la siguiente:

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Salvo los casos justificados por las dependencias o entidades, en las bases de licitación, se establecerá que dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

8. Se prevé que se agregue un segundo párrafo al artículo 35, en los siguientes términos:

Artículo 35.

I. a IV.

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en el acta referida en la fracción III de este artículo, se señalará la fecha, hora y lugar en la que se dará inicio a la presentación de ofertas subsecuentes de descuentos.

Esta propuesta se realiza considerando que el propósito de la iniciativa es incorporar a la Ley de Adquisiciones la posibilidad de que se lleven a cabo procedimientos de contratación que permitan, cuando así lo considere conveniente la dependencia o entidad convocante y lo determine en la convocatoria y las bases de contratación, la posibilidad de que los licitantes puedan presentar ofertas económicas subsecuentes, que mejoren el precio de su proposición inicial.

9. Se considera oportuno reformar el sexto párrafo del artículo 42 en lo siguientes términos:

Artículo 42.

Para fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, las dependencias y entidades deberán adjudicarles en las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo, cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones.

Con ello se lograría un mayor desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, al tener un mayor grado de participación en las licitaciones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal.

10. Por último, se plantea agregar un artículo segundo transitorio, con la finalidad de otorgar un plazo al Ejecutivo federal, para que pueda generar las condiciones necesarias para implementar estos procedimientos. Y la redacción de los artículos transitorios sería la siguiente:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reformas y adiciones a los artículos 26, 28 y 42 entrarán en vigor seis meses después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. En dicho plazo, el Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas respectivas.

En virtud de lo anterior, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública de la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Único. Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 2; el segundo párrafo del artículo 16; la fracción V del artículo 29; el segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 33; los párrafos primero y segundo actual del artículo 34; el sexto párrafo del artículo 42; y se adicionan una fracción VIII al artículo 2; un sexto párrafo al artículo 26; un tercer párrafo a la fracción I y un último párrafo al artículo 28; un párrafo segundo al artículo 34, recorriéndose en su orden los demás párrafos; un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 2.

I. a V.

VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas, y

VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus propuestas, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica. En esta modalidad, el contrato se adjudicará al licitante que haya ofertado el precio más bajo en los términos de lo establecido en el artículo 36 Bis.

Artículo 16.

Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, y se acredite previamente que su procedimiento y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo dispuesto por esta ley, se podrá contratar en el extranjero, aplicando los principios dispuestos por los artículos 14 y 28 fracciones II, III y último párrafo.

Artículo 26.

I. a III.

Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Artículo 28.

I.

Con el propósito de fomentar el desarrollo y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en igualdad de circunstancias, en las licitaciones públicas nacionales a que se refiere esta fracción, las dependencias y entidades deberán adjudicar los contratos a estas empresas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de esta ley.

II. a III.

a.

b.

c.

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en los casos que establezca la Secretaría de la Función Pública mediante las disposiciones administrativas que emita para tal efecto, siempre que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad.

Artículo 29.-

I. a IV.

V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y, en su caso, si se utilizará algún mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos;

VI. a XII.

Artículo 33.-

I.

II.

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, y

III. En el caso de las bases de licitación, o las modificaciones de éstas, se dé la misma difusión que se haya dado a la documentación original, o bien, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Salvo los casos justificados por las dependencias o entidades, en las bases de licitación, se establecerá que dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 35.

I. a IV.

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en el acta referida en la fracción III de este artículo, se señalará la fecha, hora y lugar en la que se dará inicio a la presentación de ofertas subsecuentes de descuentos.

Artículo 42.

Para fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, las dependencias y entidades deberán adjudicarles en las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo, cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reformas y adiciones a los artículos 26, 28 y 42 entrarán en vigor seis meses después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. En dicho plazo, el Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas respectivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de marzo de 2008.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen, Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica en abstención), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica en contra), Mario Enrique del Toro (rúbrica en contra), Adriana Díaz Contreras, Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica en contra), Marcos Salas Contreras, Ramón Valdés Chávez, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica).