Honorable Asamblea:
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Se exhorta a que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad que informe del estado en que se encuentran, desde su creación y hasta la fecha, las distintas gestiones que haya efectuado, con sus respectivos avances y logros, ante los gobiernos federal, estatales y municipales, a fin de iniciar las acciones correspondientes en los distintos centros deportivos y recreativos del país destinadas a modificar los accesos, instalaciones y canchas y campos deportivos, así como de los programas especiales que se hayan creado en éstos, con objeto de que puedan ser plenamente utilizados por las personas con capacidades diferentes.
Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3; en los artículos 44, 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
2. Esta proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen.
3. En la Gaceta Parlamentaria del 12 de febrero de 2007, apareció un acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, entre las que se encuentra la propuesta motivo del presente dictamen.
El diputado Fernando Alberto García Cuevas hace la proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad que informe del estado en que se encuentran, desde su creación y hasta la fecha, las distintas gestiones que haya efectuado, con sus respectivos avances y logros, ante los gobiernos federal, estatales y municipales a fin de iniciar las acciones correspondientes en los distintos centros deportivos y recreativos del país destinadas a modificar los accesos, instalaciones y canchas y campos deportivos, así como de los programas especiales que se hayan creado en éstos, con objeto de que puedan ser plenamente utilizados por las personas con "capacidades diferentes".
Consideraciones
A. Después de valorar las inquietudes expresadas por el diputado proponente, se estima que las consideraciones vertidas, en el sentido de que "es imperativo que la población discapacitada del país cuente, lo más pronto posible, con pleno acceso y disfrute de las instalaciones deportivas públicas, pertenecientes o administradas por cualquiera de los tres órdenes de gobierno", toda vez que "ello contribuirá determinantemente a la integración plena de las personas con discapacidad a una mejor calidad de vida en sus respectivos ámbitos sociales, laborales, de salud física y personales", no constituyen un objetivo que realmente se pueda conseguir por medio del requerimiento de información al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, respecto a las gestiones que pudiera haber realizado ante los tres órdenes de gobierno, tendientes a iniciar acciones "en los distintos centros deportivos y recreativos del país destinados a modificar los accesos, instalaciones, canchas y campos deportivos, así como de los programas especiales que se hayan creado en éstos, con objeto de que puedan ser plenamente utilizados por las personas con capacidades diferentes".
B. La Ley General de las Personas con Discapacidad, en su Capítulo VII, denominado "Del Deporte y la Cultura", artículo 21, establece que las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional. El consejo, en coordinación con dichas autoridades concurrirá en la elaboración del Programa Nacional de Deporte Paralímpico.
C. En la misma ley, en su Título Tercero, denominado "Del consejo Nacional para las Personas con Discapacidad", dentro del Capítulo I, artículo 29, establece que el consejo es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley, y tendrá las atribuciones que se enuncian en el artículo 30.
D. Del análisis de la Ley General de las Personas con Discapacidad en los incisos B y C, se concluye que las facultades que tiene el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad son principalmente de promoción y coordinación, y que las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen facilidades para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, por lo que el objetivo de la propuesta rebasa las atribuciones del Consejo.
E. La Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 2, determina: esta ley y su reglamento tienen por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte. Además, establece como finalidades, en sus fracciones X, Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen; XI, los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna, siempre que las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad, y
F. La misma ley determina, en el artículo 80, la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario; deberá realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la norma oficial mexicana que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.
G. Del análisis de los artículos expuestos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en su undécima sesión, consideran que el objetivo planteado en la proposición con punto de acuerdo de "iniciar acciones correspondientes en los distintos centros deportivos y recreativos del país destinadas a modificar los accesos, instalaciones, canchas y campos deportivos, así como de los programas especiales que se hayan creado en éstos, con objeto de que puedan ser plenamente utilizados por las personas con capacidades diferentes" se encuentra previsto en la Ley General de Cultura Física y Deporte, por lo que no es de aprobarse y pone a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, presentada por el diputado Fernando Alberto García cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.
Conste.
Dado en la sala de juntas de la comisión, a los 18 días del mes de mayo del año 2007.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: María Esperanza
Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura
Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez
Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Humberto
Wilfrido Alonso Razo, Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos
Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero
Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria
Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María
Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López
Silva, Alma Hilda Medina Macías, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma
Pereda (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica),
Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas,
Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José
Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle
Martínez, Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN
A GRUPOS VULNERABLES, RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR A LOS LEGISLADORES FEDERALES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
Y A LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL 5o. PARLAMENTO
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 2007, EN EL ÁMBITO
DE SUS FACULTADES VIGILEN EN CADA UNO DE SUS DISTRITOS EL PROCESO DE ELECCIÓN
DE LA O EL LEGISLADOR INFANTIL
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a los legisladores federales del Congreso de la Unión a que, en el ámbito de sus facultades, vigilen en cada uno de sus distritos, que el mecanismo para la elección del legislador infantil se lleve a cabo apegado a la mayor legalidad posible, e informen a las comisiones ordinarias correspondientes, cualquier anomalía detectada, con el objeto de seguir perfeccionando el proceso de elección.
Segundo. Con respecto a la difusión del certamen, se exhorta a todos los organismos involucrados en la organización del mismo, como la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Unicef, el Instituto Federal Electoral, así como al Congreso de la Unión, a emprender una campaña mucho más amplia, que abarque varios segmentos de la población, ya que hemos tenido contacto con escuelas que aún no lo conocen.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:
Antecedentes
2. Esta proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
La comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 4 de diciembre de 2006, ratificó el punto de acuerdo por el cual las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerable, y de Participación Ciudadana, establecieron la anualidad y alternancia para la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, aprobado inicialmente el 30 de abril de 2002, estableciendo la coordinación interinstitucional con la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Senadores, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef-México).
En este 5o. Parlamento se incluyó la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y se conformó una Subcomisión Organizadora encargada de la planeación, organización y evaluación, que aprobó la misión, visión, objetivo general y los objetivos específicos del 5o. Parlamento. En el mes de enero del presente la Comisión Permanente autorizó la publicación de la Convocatoria, la cual establece en sus bases que el parlamento estará conformado por 300 niñas y niños de toda la República Mexicana que cursan el quinto grado de educación primaria o el tercer nivel de cursos comunitarios y que tengan entre 10 y 12 años de edad, a celebrarse del 27 de mayo al 2 de junio en la Ciudad de México en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
En la elección de los niños parlamentarios hubo dos etapas, la base cuarta regulo la primera.
Esta segunda etapa deberá incorporar la formación de los representantes escolares sobre técnicas de debate y construcción de acuerdos, previa a la convención distrital.
Decimaséptima. El mecanismo de participación en las convenciones distritales será el mismo que se siguió para la elección de las y los representantes escolares, basado siempre en la exposición oral de un tema. En el proceso de votación para la elección de la o el legislador infantil sólo participarán las y los representantes escolares que estén presentes en la convención distrital, rigiéndose este proceso por los principios y los valores democráticos, en un ambiente de libertad, igualdad, legalidad y respeto a la diversidad, la pluralidad, el diálogo, la tolerancia y la paz.
En esta segunda etapa y de acuerdo con el número de las y los representantes escolares registrados para participar en la convención distrital, se podrán organizar subgrupos que no excedan a los diez integrantes, para que entre ellos se elija a una o un representante que compita con el de los otros subgrupos en un proceso final, siguiendo siempre la mecánica de participación ya definida y el procedimiento de elección que se describe en la siguiente base.
Decimaoctava. El mecanismo de votación para la elección de la o el legislador infantil es el siguiente:
1. Concluida la exposición de las y los representantes escolares, la autoridad del Instituto Federal Electoral distribuirá a cada uno de ellos, una papeleta para emitir sus votos y les explicará el procedimiento de votación.
2. Cada representante escolar asentará en la papeleta el nombre de los tres participantes que en su opinión hayan desarrollado las mejores exposiciones orales, asignándole a cada uno la calificación con escala de uno a tres puntos, para después depositar su boleta en la urna correspondiente. En ningún caso, las y los representantes escolares podrán asignar la misma calificación a los nombres que escriban en la papeleta.
3. Ningún adulto, distinto a la autoridad del Instituto Federal Electoral, podrá ayudar o explicar de manera individual este mecanismo a los participantes.
4. La autoridad de la junta distrital ejecutiva, públicamente y ante los representantes de las instituciones y observadores, abrirá la urna y realizará el conteo de los resultados.
5. La o el representante escolar que haya alcanzado la puntuación más alta será nombrado la o el legislador infantil propietario. Quien obtenga la segunda puntuación más alta, será la o el suplente.
6. En caso de empate se abrirán las rondas de votación necesarias hasta que las y los representantes escolares elijan, de entre los empatados, a una o un propietario y su suplente.
Decimanovena. Una vez realizadas las elecciones de las y los legisladores infantiles, la junta distrital ejecutiva del Instituto Federal Electoral deberá entregarles la constancia de mayoría y validez de la elección.
En relación a la participacion 6 mil 10 fueron niñas representando el 60.11 por ciento y 3 mil 987 niños correspondiente al 39.88 por ciento.
Por lo que esta comisión dictamina en el sentido que este punto de acuerdo ya se encuentra sin materia toda vez que ya se efectuó el 5o. Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2007.
Consecuentemente, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como un asunto definitivamente concluido.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los legisladores federales del Congreso de la Unión y a los organismos involucrados en la organización del 5o. Parlamento de las niñas y los niños de México 2007, en el ámbito de sus facultades vigilen en cada uno de sus distritos el proceso de elección de la o el legislador infantil materia del presente dctamen, presentado ante ésta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por los diputados Marcela Cuén Garibi y Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 26 de abril de 2007.
Segundo. Archívese el expediente relativo como un asunto total y definitivamente concluido.
Dado en la sala de juntas de la Comisión, agosto de 2007.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: María Esperanza
Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura
Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez
Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica),
Humberto Wilfrido Alonso Razo, Irene Aragón Castillo (rúbrica),
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías
Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María
Victoria Gutiérrez Lagunes, Juana Leticia Herrera Ale, María
Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López
Silva, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica),
Marisol Mora Cuevas, María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica),
Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas
(rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica),
José Antonio Saavedra Coronel, Martha Angélica Tagle Martínez
(rúbrica), Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL, REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL QUE APLIQUE UN PROGRAMA DE
EMPLEO TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORREGIDORA, QUERÉTARO,
QUE RESULTÓ SEVERAMENTE DAÑADO POR LAS LLUVIAS DEL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2006
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social presenta a la consideración de esta honorable asamblea proyecto de dictamen de conformidad con los siguientes
Antecedentes
El diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó el 19 de octubre de 2006 la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que aplique un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora, del estado de Querétaro.
Con esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó este asunto a la Comisión de Desarrollo Social para la elaboración del análisis y el dictamen correspondientes.
Con fecha 23 de octubre de 2006, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, remitió copia del punto de acuerdo al licenciado Manuel Arciniega Portillo, en ese entonces director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, para que por su conducto se proporcionara a esta comisión la opinión de esa dependencia sobre el referido asunto.
Considerandos
El diputado José Luis Aguilera Rico se refiere en su propuesta a los graves problemas que las lluvias registradas en el mes de septiembre de 2006 generaron en todo el país, las cuales causaron severos estragos en su infraestructura; dañando de manera significativa a la población, principalmente la localizada en las zonas marginadas.
Uno de los estados más dañados por los fenómenos meteorológicos fue Querétaro, específicamente en el municipio de Corregidora, donde se encuentran núcleos poblacionales con enormes necesidades; región donde la lluvia generó el desbordamiento del río El Pueblito, lo cual causó inundaciones y daños a casas, comercios, escuelas y calles, y afectó con ello, de manera importante, el ingreso de las familias allí asentadas.
Las lluvias que azotaron esa región generaron graves desequilibrios económicos a la población, principalmente a la planta productiva, a tal grado que ésta tuvo que ser asistida inmediatamente por el Ejército y las autoridades municipales.
Durante la primera semana de abril del año en curso, la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social entregó a esta Comisión copia de una tarjeta informativa en donde la Dirección General de Programa de Empleo Temporal de esa misma dependencia da a conocer su posición sobre este asunto, destacando que el ciudadano Germán Borja García, presidente municipal de Villa Corregidora, solicitó que la petición de ingreso al Programa de Empleo Temporal se pospusiera para el año 2007, considerando la imposibilidad de ejecución en el ejercicio 2006.
Conforme a la petición formulada para la atención de este asunto por el ciudadano Germán Borja García, presiente municipal de Corregidora, fueron incorporadas a ese programa en el ejercicio 2007 las personas afectadas por los fenómenos meteorológicos de septiembre de 2006.
El padrón de remunerados por el empleo temporal 2007, que emitió la Secretaría de Desarrollo Social, incluye a las personas que actualmente son beneficiarias de este programa en Querétaro, específicamente a quienes se encuentran en el municipio de Corregidora.
Del análisis realizado a la propuesta del diputado José Luis Aguilera Rico, se concluye que el municipio de Villa de Corregidora no existe como tal, siendo el nombre oficial de éste el de Corregidora.
Los integrantes de la comisión consideran que la población del municipio antes mencionado, actualmente está siendo atendida por el Programa Temporal de Empleo, tal como fue solicitado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se deshecha el punto de acuerdo presentado por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 19 de octubre de 2006, para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que aplique con la mayor brevedad un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar en una pronta recuperación del municipio y la población afectada, en virtud de que la propuesta formulada ya está siendo atendida por la Secretaría de Desarrollo Social del municipio que nos ocupa.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 julio de 2007.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: Héctor Hugo
Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López
Silva (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica),
Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Mario
Mendoza Cortés (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón
(rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Silvio
Gómez Leyva (rúbrica), secretarios; Claudia Gabriela Caballero
Chávez, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz
Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica),
Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez (rúbrica), Raúl García Vivián
(rúbrica), Martín Óscar González Morán
(rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica),
María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Marcos Matías
Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Ismael
Ordaz Jiménez (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica),
Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Carlos Sánchez
Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica),
Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Antonio Sánchez
Díaz de Rivera, Sergio Sandoval Paredes, Jorge Toledo Luis (rúbrica),
Verónica Velasco Rodríguez.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL, CONCERNIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA
EXHORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A INVESTIGAR LA APARICIÓN
DE MIL DESPENSAS PROPIEDAD DEL DIF ESTATAL QUE FUERON ENTERRADAS EN ALVARADO,
VERACRUZ
Honorable Asamblea
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social presenta a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
El diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó el 15 de febrero de año en curso una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes para que se investigue la aparición de mil despensas propiedad del DIF estatal que fueron enterradas en el municipio de Alvarado, Veracruz.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó este asunto a la Comisión de Desarrollo Social para la elaboración de los análisis y el dictamen correspondiente.
Consideraciones
El diputado Adolfo Mota Hernández en su proposición se refiere a los hechos ocurridos en el municipio de Alvarado, Veracruz, donde fueron encontradas enterradas alrededor de mil despensas, las cuales debían ser destinadas al pueblo de Veracruz damnificado por las lluvias torrenciales del pasado 2006.
El proponente considera esta situación como lamentable, la cual requiere ser investigada por las autoridades competentes para deslindar las responsabilidades respectivas, ante la actitud pasiva asumida por la administración municipal, que aparentemente dispuso el confinamiento de los víveres.
Derivado de esta situación, se produjeron en el municipio de Alvarado, Veracruz, una serie de enfrentamientos entre la sociedad civil, organizados bajo el Movimiento Cívico Alvaradeño, con las autoridades de ese ayuntamiento, cuyo presidente municipal es el ciudadano Pedro José Delfín Almeida, haciéndose necesaria la intervención inmediata del gobierno del estado para disolver la situación imperante en esos momentos.
El gobierno del estado de Veracruz, por medio del subsecretario de Gobierno, ciudadano Héctor Yunes Landa, conminó a las partes en conflicto al diálogo y a la mesura para devolver la calma en la región, para lo cual el jueves 22 de febrero del año en curso se instaló una mesa de trabajo y negociación de la que resultó la firma de un acuerdo para solucionar el conflicto.
Entre los puntos del acuerdo figura solicitar la intervención del Congreso del estado con el propósito de que sea designada una comisión pluripartidista a fin de escuchar las diversas quejas de los sectores sociales del municipio de Alvarado en contra del ciudadano Pedro José Delfín Almeida, alcalde de ese municipio, asunto que en la actualidad se encuentra en discusión en el Congreso del estado.
El 17 de marzo del presente año, el ciudadano Pedro José Delfín Almeida, presidente municipal, dio cumplimiento a otro de los puntos del acuerdo ya referido, que consistía en la entrega de 3 mil despensas de buena calidad a familias de escasos recursos y éstas no podrían adquirirse con cargo al presupuesto municipal.
Actualmente, el Ministerio Público de la entidad se encuentra realizando las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.
Las acciones mencionadas sobre este asunto han sido realizadas con posterioridad a la proposición que presentó el diputado Adolfo Mota Hernández en la Cámara de Diputados.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se deshecha la proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Adolfo Mota Hernández para que la Cámara de Diputados formule un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes, y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.
Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de julio de 2007.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: Héctor Hugo
Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López
Silva (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica),
Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Mario
Mendoza Cortés (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón
(rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Silvio
Gómez Leyva (rúbrica), secretarios; Claudia Gabriela Caballero
Chávez, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz
Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica),
Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez
Domínguez (rúbrica), Raúl García Vivián
(rúbrica), Martín Óscar González Morán
(rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica),
María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Marcos Matías
Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Ismael
Ordaz Jiménez (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica),
Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Carlos Sánchez
Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica),
Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Antonio Sánchez
Díaz de Rivera, Sergio Sandoval Paredes, Jorge Toledo Luis (rúbrica),
Verónica Velasco Rodríguez.
DE LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA, Y DE RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN
CON LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ
MARTÍNEZ POR EL QUE SOLICITA QUE SE ASIGNE A LA RED CONSULAR EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE
2007 UN MONTO IGUAL A LO COBRADO POR ÉSTA POR SUS SERVICIOS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Relaciones Exteriores les fue turnada, para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita que se asigne a la red consular un monto igual de recursos a lo cobrado por la misma por la prestación de sus servicios para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, presentada por el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
El 12 de diciembre de 2006, el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita que se asigne a la red consular en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2007 un monto de recursos igual a lo cobrado por ésta por la prestación de sus servicios.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores, para su análisis y dictamen correspondiente, con base en las siguientes
Consideraciones
El diputado Edmundo Ramírez Martínez presentó una proposición con punto de acuerdo para asignar a la red consular en el ejercicio de 2007 una cantidad igual de recursos a lo cobrado por ésta. Para ello, el diputado hace varias consideraciones, entre las cuales podemos destacar las más importantes.
Desde 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores instauró el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cual promovió la vinculación de éstas con nuestro país, así como su desarrollo en materias como salud, educación, deporte, cultura, etcétera.
La administración del presidente Vicente Fox creó la Representación para Mexicanos en el Exterior y Mexicano-Americanos, la cual funcionó hasta el año 2002, y en 2003 se formó el Instituto de Mexicanos en el Exterior, lo cual representa un gran avance en la materia.
Dice entonces el diputado Ramírez que, en este tenor, resulta de vital importancia fortalecer la red consular, la cual funge como la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país y tiene la obligación de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, culturales y científicas, así como la expedición de documentos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el diputado Ramírez considera que el presupuesto asignado a la red consular de México en el extranjero debe ser igual al monto que cobra por los servicios que ésta ofrece.
La protección consular1 se entiende como el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones que realizan los funcionarios de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y de acuerdo con las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero y atender sus demandas.
Cabe destacar que los servicios que ofrecen los funcionarios de los consulados de México son, de acuerdo con el artículo 78 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los siguientes:2
b) Expedir a los extranjeros permisos de internación a México en los términos de la Ley General de Población, de su reglamento y de otras disposiciones sobre la materia;
c) Expedir visas a extranjeros de conformidad con la normatividad que al efecto emita la secretaría, en coordinación con la Secretaría de Gobernación;
d) Llevar el registro de mexicanos residentes en su circunscripción y expedir, a solicitud del interesado, el certificado de matrícula correspondiente;
e) Auxiliar a la Secretaría de la Defensa Nacional en la expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional;
f) Cotejar los documentos públicos o privados que en original tengan a la vista y certificar las copias correspondientes. Para ello llevarán un libro de cotejos en los términos que determine la secretaría;
g) Expedir, en su circunscripción, declaratorias de nacionalidad mexicana por nacimiento previa autorización de la secretaría en cada caso;
h) Practicar las diligencias que les encomienden las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo cuando de conformidad con la legislación interna del país receptor no exista impedimento para ello; y
i) Ejercer las demás funciones que le confieran las convenciones internacionales en materia consular de las que México sea parte y aquellas otras que le sean encomendadas por la secretaría en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
b) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente convención;
c) Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos a las personas interesadas;
d) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado;
e) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;
f) Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor;
g) Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor;
h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;
i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente;
j) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de éstos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor;
k) Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, los derechos de control o inspección de los buques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus tripulaciones;
l) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de este artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de esos buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envía;
m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.
Para aclarar algunos datos, debe decirse que para la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores se contempló en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la cantidad de 378 millones 433 mil 110 pesos.
Se puede apreciar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se consideró más que solamente 160 millones de pesos para la protección de mexicanos en el exterior, incluidos los servicios de protección consular y otros programas especiales de protección a los migrantes (apoyos rurales).
El Presupuesto de Egresos de la Federación fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 449 votos en pro, 20 en contra y 5 abstenciones, el viernes 22 de diciembre de 2006, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, en la cual se registró la votación de los legisladores.4
La publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación tuvo lugar el 28 de diciembre de 2006, y en él se puede apreciar que el Ramo 05, correspondiente a Relaciones Exteriores, quedó de la siguiente manera:5
Presupuesto Aprobado por la Cámara de Diputados: 4 mil 836 millones 30 mil 85 pesos
Sin embargo, resulta pertinente entonces aclarar que no
es solamente la red consular la única instancia que se encarga de
apoyar a los mexicanos en el exterior. Existen también los apoyos
a los cuales sí les fue etiquetada cierta cantidad de dinero de
manera formal en el decreto de Presupuesto. Dichos apoyos se denominan
como "especiales concurrentes para el desarrollo rural sustentable", a
los cuales se les aprobaron las siguientes cantidades:6
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Relaciones Exteriores reciben la proposición con punto de acuerdo mencionada anteriormente hecha por el diputado Ramírez; sin embargo, consideran que dicha propuesta carece de vigencia actualmente, al solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que asigne recursos especiales.
Por todo ello, las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Relaciones Exteriores consideran que la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al no estar vigente, dada la aprobación del presupuesto y, con ella, los montos asignados para el funcionamiento de la red consular, resuelve el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, por la que solicita que se asigne a la red consular un presupuesto similar a la cantidad que cobra la misma por los servicios que presta, por carecer de vigencia.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Notas:
1 Cfr. Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección
General de Protección y Asuntos Consulares, consultado en http://www.sre.gob.mx/servicios/consulares/proteccion.htm,
el 15 de enero de 2005, a las 12:52 horas.
2 Cfr. Secretaría de Relaciones Exteriores, Ley
del Servicio Exterior Mexicano, consultada en http://www.sre.gob.mx/acerca/marco_normativo/leysem/regl_leysem.doc,
el día 11 de enero de 2007, a las 17:34 horas.
3 Organización de Estados Americanos, Departamento
de Asesoría Legal, consultado en http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/ConvVienaConsulares.htm,
el 15 de enero de 2007, a las 13:00 horas.
4 Cámara de Diputados, información consultada
en http://gaceta.diputados.gob.mx/, el día 5 de enero de 2007 a
las 15:22 horas.
5 Diario Oficial de la Federación, jueves 28 de
diciembre de 2006, segunda sección, p. 44.
6 Diario Oficial de la Federación, jueves 28 de
diciembre de 2006, segunda sección, anexo 7.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 5 de septiembre de 2007.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila, Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García, Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola (rúbrica), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Mario Alberto Salazar madera (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal, César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), César Flores Maldonado (rúbrica), Juan Adolfo Orci Martínez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica).
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza
Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos
Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica),
Antonio de Jesús Díaz Athie, Alejandro Olivares Monterrubio,
Rodolfo Solís Parga, secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), César Camacho Quiroz,
Cristián Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera,
Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica),
Édgar Mauricio Duck Núñez, María Dolores González
Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica),
Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Érika Larregui
Nagel (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César,
Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar
(rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica
Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez
Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez
(rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA,
RESPECTO DE DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO REFERENTES A LA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los siguientes puntos de acuerdo.
2. Proposición con punto de acuerdo relativo a la violación de los derechos humanos de la infancia en diversos estados de la república, presentada en cesión celebrada en fecha 28 de septiembre del 2004, por la entonces diputada Magdalena Adriana González Furlong del Partido Acción Nacional.
3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorte al Ejecutivo federal par que el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, atiendan lo relacionado al juicio de la perdida de hectáreas de la superficie original del ejido Hoyo del aire localizando en el municipio de Taretan, en el estado de Michoacán, presentada en cesión celebrada en fecha 21 de febrero del 2006, por el entonces diputado Carlos Hernán Silva Valdez, del Partido de la Revolución Democrática.
4. Proposición con punto de acuerdo por el que se propone a diversas comisiones de las Cámaras del Congreso a coadyuvar con las Comisiones de Seguridad Pública de la Conago en los trabajos para la instrumentación del sistema de responsabilidad para adolescentes, presentada en cesión celebrada en fecha 31 de mayo del 2006, por la entonces diputada Beatriz Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática.
5. Proposición con punto de acuerdo en relación con la solicitud de juicio político en contra del gobernador del estado de Puebla, presentada en cesión celebrada en fecha 7 de Junio del 2006, por la entonces diputada Rosa María Avilés Nájera del Partido de la Revolución Democrática.
6. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980; y al Procurador General de la Republica, a agilizar la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos, presentada en cesión celebrada en fecha 10 de febrero del 2004, por la entonces diputada Eliana García Laguna del Partido de la Revolución Democrática.
7. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública, así como solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Auditoría Superior de la Federación para que investiguen y adopten las medidas correspondientes con relación a diversas denuncias presentadas con motivo de procesos laborales contra la CFE, presentada en cesión celebrada en fecha 25 de abril del 2006, por el entonces diputado Alfonso Juventino Nava Díaz del Partido Revolucionario Institucional.
8. Proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía manifiesta sus condolencias a la familia del licenciado Rogelio Zarazua Ortega, asesinado el pasado 16 de septiembre, en Morelia Michoacán. Asimismo se exhorta al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de discusión sobre el marco conceptual y las estrategias que sustentan la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada en particular el narcotráfico, presentada en cesión celebrada en fecha 14 de diciembre del 2005, por el entonces diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Con decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 5 de diciembre la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se divide en dos, la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos por lo que esta comisión resuelve de los casos pendientes turnados a la Comisión de Justicia.
4. Con fecha 7 de febrero del 2007, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, emitió un acuerdo con el fin de establecer los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentados durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación.
5. Con fecha 14 de marzo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que se modifican los turnos de las proposiciones con punto de acuerdo presentados durante la LIX Legislatura, que están pendientes de resolución y estaban en comisiones unidas para su dictamen, con el fin de que una solo comisión dictamine al respecto y agilizar el procedimiento, todo esto conforme al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del 7 de febrero del 2007, por lo que esta comisión esta facultada para expedir el presente dictamen.
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.
Consecuentemente, la Comisión de Justicia considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.
Cabe señalar que la proposición con punto de acuerdo enlistada en el numeral 10 anterior de la primera parte de este dictamen, fue turnada conjuntamente a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Justicia (en su momento, de Justicia y Derechos Humanos), por lo que esta comisión procedió a estudiar y dictaminar el asunto, con las facultades que le confiere el artículo 39, numerales 1, 2, fracción XX y 3, con independencia de la resolución que, en su caso, se sirva dictar la Junta de Coordinación Política, en el ámbito de su competencia. Consecuentemente, procederá, en caso de aprobarse los puntos de acuerdo materia de este dictamen, el archivo del expediente y el descargo del mismo respecto a esta comisión que ha cumplimentado debidamente su función de dictaminar.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificadas en el proemio del mismo.
Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho
Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica),
Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro
Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica),
Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedoya
(rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica),
secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista
Bravo (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica),
Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade
(rúbrica), Jesús de León Tello, José Manuel
del Río Virgen, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores
Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira
López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica),
Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mario Eduardo Moreno
Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica),
María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo
Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica),
Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MARINA,
RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN LA CUAL SE SOLICITA
SE EXHORTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A INICIAR UNA
INVESTIGACIÓN A FONDO SOBRE LO OCURRIDO EN LAS INMEDIACIONES DEL
ARRECIFE DENOMINADO LOS ALACRANES, EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ISLA
PÉREZ AL NORTE DEL LITORAL DE YUCATÁN, FRENTE A LAS COSTAS
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO
Honorable Asamblea
A la Comisión de Marina de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada en la sesión plenaria del pasado 23 de febrero de 2006 por el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Marina, previo análisis del punto de acuerdo en comento, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes antecedentes y considerandos.
Antecedentes
1. En la sesión plenaria del pasado 23 de febrero de 2006, el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo en la cual se exhorta a la Procuraduría General de la Republica a iniciar una investigación a fondo sobre lo ocurrido, a fin de deslindar responsabilidades y en su caso reparar el daño causado contra el patrimonio de los afectados en los hechos ocurridos en la inmediaciones del arrecife denominado "Los Alacranes", en la zona correspondiente a la Isla Pérez al norte del litoral de Yucatán, frente a las costas del municipio de Progreso.
El autor de la proposición con punto de acuerdo refiere que trabajadores del mar, originarios de la comisaría de Chicxulub Puerto, denunciaron ante el Ministerio Publico federal actos arbitrarios presuntamente cometidos por marinos navales en su agravio.
2. Asimismo, se solicita en la aludida proposición con punto de acuerdo que se exhorte al Ejecutivo federal a implementar programas sociales y proyectos productivos, que permitan resolver la problemática de las comunidades pesqueras en las costas mexicanas, toda vez que el proponente argumenta que la problemática del sector pesquero cada día es mas grave en virtud de que dicho sector no recibe apoyos por parte del gobierno federal, lo que ha ocasionado que miles de familias se encuentren en la externa pobreza y sin posibilidades de salir adelante.
En este contexto, se procede al estudio y análisis de la proposición de referencia con base en las siguientes
Consideraciones
I. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Adrián Chávez Ruiz, el pasado 23 de febrero del año próximo pasado trata de un asunto que sin duda compete estudiar a esta Comisión de Marina, toda vez que alude a actos presuntamente realizados por elementos de la Secretaria de Marina
II. Las fracciones IV, inciso b); V y VII, del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que compete a la Secretaria de Marina ejercer la vigilancia de las zonas marinas mexicanas; ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias; y ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.
III. En virtud de que el Ministerio Público federal que conoció en primera instancia de los hechos a que alude el autor de esta proposición que se dictamina, en la averiguación previa AP/ PGR/YUC/MI/DD/II/10/06, declinó posteriormente su competencia y turnó las actuaciones ministeriales al agente del Ministerio Público militar competente, quien a su vez en la indagatoria No. 32ZM/0672006, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley de la materia, determinó no ejercitar acción penal en contra del personal destacamentado en el apostadero naval de Isla Pérez por los hechos ocurridos en la inmediaciones del arrecife denominado Los Alacranes, en la zona correspondiente a la Isla Pérez al norte del litoral de Yucatán, frente a las costas del municipio de Progreso, en virtud de no haberse acreditado los elementos de imputabilidad contemplados en la ley de la materia.
Sin embargo, en las actuaciones ministeriales, quedó evidenciado que los tripulantes de la embarcación asegurada incurrieron en responsabilidad administrativa, lo que precisamente motivó que se procediera al aseguramiento de la citada embarcación, toda vez que la misma carecía de la siguiente documentación: Despacho vía a la pesca, registro de la embarcación, libretas de mar de los tripulantes e identificaciones de la tripulación para acreditar su personalidad.
IV. Por otra parte, si bien el autor de la proposición con punto de acuerdo en análisis refiere que es grave la problemática del sector pesquero en virtud de que dicho sector no recibe apoyos por parte del gobierno federal, al respecto cabe reconocer que actualmente existen instituciones especializadas como es el caso de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que se encarga, precisamente, del fomento y promoción de las actividades pesqueras y acuícolas, y el desarrollo integral de quienes participen en ellas; de promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros, en todos sus aspectos; participar en la elaboración e instrumentación de las políticas y programas de fomento y capacitación en materia de sanidad acuícola y pesquera; de proponer e instrumentar, con la participación que corresponda a otras unidades administrativas de la secretaría, políticas y acciones en apoyo a los programas de abasto y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, así como de proponer criterios generales para el establecimiento de instrumentos económicos que promuevan el desarrollo integral de la pesca y acuacultura, entre otras atribuciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Marina considera que no es procedente exhortar a la Procuraduría General de la Republica y al Ejecutivo federal en los términos solicitados por el autor de la proposición con punto de acuerdo en comento, con fundamento en los argumentos expuestos en los considerandos III y IV de este dictamen, por lo que emite el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo en la cual se solicita se exhorte a la Procuraduría General de la Republica a iniciar una investigación a fondo sobre lo ocurrido, a fin de deslindar responsabilidades y en su caso reparar el daño causado contra el patrimonio de los afectados en los hechos ocurridos en la inmediaciones del arrecife denominado Los Alacranes, en la zona correspondiente a la Isla Pérez al norte del litoral de Yucatán, frente a las costas del municipio de Progreso, toda vez que no es competencia de la Procuraduría General de la República.
Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de mayo de 2007.
Por la Comisión de Marina
Diputados: José Manuel
del Río Virgen (rúbrica), presidente; Ángel Rafael
Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís
(rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera, José Luis Blanco Pajón
(rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica),
Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Esmeralda Cárdenas
Sánchez (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera
(rúbrica), Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis
Alonso Mejía García (rúbrica), Nabor Ochoa López,
Pedro Pulido Pecero, Víctor Manuel Torres Herrera, Juan Victoria
Alva (rúbrica), Higinio Chávez García, Cuitláhuac
Condado Escamilla, Claudia Lilia Cruz Santiago, Carlos Ernesto Navarro
López (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Odilón
Romero Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto, Carlos Chaurand Arzate
(rúbrica), Sergio González García, Mariano González
Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica),
Jorge Toledo Luis (rúbrica), Faustino Javier Estrada González,
Felix Castellanos Hernández (rúbrica).