Gaceta Parlamentaria, año X, número 2360-III, jueves 11 de octubre de 2007

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2360-III, jueves 14 de octubre de 2007.

Iniciativas

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del PRI.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Que reforma el Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de Vivienda; y Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Iniciativas

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Mariano González Zarur, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan los artículos 244-B, 244-C y 224-D, y se reforman en forma íntegra los artículos 243 y 244-A de la Ley Federal de Derechos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Consideraciones generales

El sector de telecomunicaciones en México no ha tenido un crecimiento tan acelerado como el de otras regiones del mundo, pues en 2005 nuestro país contaba con alrededor de 600 líneas telefónicas (fijas y móviles) por cada mil habitantes, cifra que representa la mitad de los niveles de penetración de países desarrollados y es menor que la de algunas naciones de desarrollo similar (870 en Turquía, 810 en Chile, 780 en Argentina).

Por otra parte, el segmento de telefonía móvil enfrenta un altísimo grado de concentración. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2005 el mayor operador en México concentraba 79 por ciento de los usuarios, mientras que en países de desarrollo similar (Hungría, República Checa, Polonia, Turquía) el mayor operador no rebasa en ninguno de los casos un nivel de concentración de 63 por ciento de los usuarios.

Uno de los efectos de la concentración es el elevado precio relativo para el consumidor final, dando como resultado que entre los países de la OCDE, México sea uno de los cuatros con tarifas más elevadas en una canasta ponderada de servicios telefónicos.

Los concesionarios y permisionarios deben hacer frente, además de la competencia de las empresas dominantes, a un sistema tributario oneroso y complejo, que genera distorsión del mercado debido a la forma en que se realiza el cobro del uso del espectro radioeléctrico.

El esquema de contribuciones actual se traduce en altos costos de entrada en el mercado, que desincentivan la inversión de muchas empresas, pues los operadores están sujetos a un impuesto implícito en el cobro por el uso del espectro radioeléctrico, el cual no tiene justificación económica, ya que el pago por la entrada en el mercado, sumado al costo de administración del espectro, debe ser más que suficiente para cubrir el costo social del bien público. México tiene una de las tarifas más elevadas del mundo en el cobro del espectro radioeléctrico, que los operadores han tendido a trasladar al consumidor final.

En comparación con otros países latinoamericanos, el cobro a operadores de telefonía móvil por el uso del espectro radioeléctrico en México es relativamente elevado (5.2 dólares por usuario). Ese nivel es 2.5 veces superior al cobro correspondiente en Colombia y 25 veces por encima de la carga tributaria prevaleciente en Chile, como se observa en el siguiente cuadro:

Esquema actual de cobro por el uso del espectro

El cobro por el uso del espectro por los operadores está establecido en la Ley Federal de Derechos, en los artículos 239 a 253. En específico, para telefonía celular y trunking, los artículos que definen los derechos de uso del espectro son los siguientes: 244-B, 244-C y 244-D.

La ley establece tres esquemas de cobro diferentes, según la porción del espectro utilizada por el operador y la banda de frecuencia utilizada.

• 244-B

Aplica para las siguientes frecuencias:

Rango de frecuencias (en megahercios)

De   824     a 849
De   869     a 894
De 1850     a 1910
De 1930     a 1990 Estas frecuencias son utilizadas para la telefonía móvil digital.

Tarifa por kilohercio por región de cobertura (artículo 244-B)

• 244-C

Aplica para las siguientes frecuencias:

Rango de frecuencias (en megahercios)

De   30     a 35
De   40     a 45
De 901     a 902
De 929     a 932
De 940     a 941 Tarifa por kilohercio por región de cobertura (artículo 244-C)

• 244-D

Aplica para las siguientes frecuencias:

Rango de frecuencias (en megahercios)

De 431.3     a 433
De 438.3     a 440
De 475        a 476.2
De 494.6     a 495.8
De 806        a 821
De 851        a 866
De 896        a 901
De 935        a 940 Estas frecuencias son utilizadas principalmente para servicios de trunking.

Tarifa por kilohercio por región de cobertura (artículo 244-D)

Como se puede inferir, los tres artículos conservan las mismas 9 zonas geográficas y la misma metodología. Sin embargo, la tarifa por kilohercio es diferente debido a las diferentes porciones del espectro asignadas y a consideraciones no explícitas de valor de mercado.

En adición a los impactos en el mercado, los derechos contenidos en los artículos 244-B, 244-C y 244-D de la Ley Federal de Derechos tienen dos efectos negativos:

a) En licitaciones recientes de espectro, los operadores han descontado de sus ofertas los flujos destinados al pago de derechos. Como consecuencia, las licitaciones de espectro realizadas en 2005 generaron ingresos por megahercio subastado 6.7 veces menores en términos reales que los obtenidos en 1998.

b) Aumenta la posibilidad de que los concesionarios interpongan juicios de amparo: Un operador ha obtenido ya una suspensión definitiva contra el pago de derechos en la región 9. Otros casos similares se encuentran en trámite ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Básicamente, hay dos tipos de alegaciones en la materia:

a. Por un lado, se han expresado argumentos de doble pago de una contribución por un mismo objeto, pues los derechos previstos en la ley de la materia se cobran por el uso, el goce, el aprovechamiento o la explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. Sin embargo, en las licitaciones de frecuencia los operadores realizan erogaciones con el mismo objeto: obtener una concesión o permiso para el uso, el goce, el aprovechamiento o la explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

b. El otro tipo de argumentos radica en la aplicación retroactiva y carente de proporcionalidad en el mecanismo de transición del sistema de cobro de participaciones sobre ingresos al sistema de cobro de derechos por kilohercio concesionado, ponderado por tipo de servicio y región de cobertura.

• Para resolver la problemática descrita se debe diferenciar el cobro de dos conceptos distintos: en primer lugar, el cobro por el uso, el goce o la explotación del espectro. Este concepto se cobraría al momento del otorgamiento de concesiones de bandas de frecuencia específica. En segundo lugar, el cobro por los servicios prestados por el organismo regulador para la operación del espectro radioeléctrico. Entre otros, los servicios incluyen la prevención de interferencia, monitoreo del espectro para evitar usos no autorizados, y actividades de investigación y desarrollo.

• Esos servicios deben financiarse mediante el cobro de un derecho anual, equivalente al presupuesto asignado a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano del Estado que realiza las funciones de administración, regulación y supervisón del uso de las frecuencias, entre otras actividades del Estado que hacen posible la explotación del espectro, dividido entre el número de megahercios concesionados y ajustados por un factor de densidad poblacional.

• Un sistema de esa naturaleza tendría las siguientes ventajas:

a) Tendería a aumentar los montos recaudados en licitaciones futuras de frecuencia, al evitar que los operadores descuenten de sus ofertas los derechos asociados al uso del espectro radioeléctrico.

b) Reduciría los costos administrativos de recaudación de derechos al concentrar el cobro por el uso, goce o explotación del espectro en el momento de la licitación.

c) Eliminaría los alegatos de doble tributación y, por tanto, reduciría las posibilidades de éxito de demandas de amparo interpuestas por los operadores.

d) Establecería un sistema de derechos proporcional y no discriminatorio.

e) Haría transparente el costo de administración del espectro radioeléctrico.

f) Reduciría la carga tributaria anual de los operadores, generando incentivos adicionales a la inversión, con un consiguiente incremento del ritmo de crecimiento económico y, con cierto rezago, un aumento de la recaudación por la vía de otro tipo de contribuciones (ISR, IVA, IEPS, etcétera).

g) Incrementaría la competencia al disminuir las diferencias de pago entre los operadores.

h) Disminuiría los costos marginales del servicio, incrementando la eficiencia en la operación de las empresas.

i) Eliminaría una parte sustancial de la ventaja de los grandes operadores al eliminar las ventajas obtenidas en las concesiones previas.

j) Fomentaría la inversión, permitiendo a los operadores realizar la renovación estructural necesaria para pasar a las siguientes tecnologías.

k) Aceleraría la adopción de nuevas tecnologías y la provisión de servicios de valor agregado.

Este sistema permitiría cumplir los siguientes principios que deben regir una correcta administración, gestión y control del espectro radioeléctrico: • Igualdad en el acceso a las facilidades que brinda el espectro radioeléctrico, garantizada mediante procedimientos transparentes y de concurso público para la asignación de frecuencias y bandas.

• Evitar toda concentración en la titularidad del recurso que tienda a crear posiciones dominantes o prácticas anticompetitivas.

• Publicidad de todas las asignaciones y atribuciones efectuadas, garantizando el acceso a esa información por parte de todos los interesados; y

• Uso racional y eficiente, empleando tecnologías que permitan maximizar el uso del espectro.

Ahora bien, toda vez que el sector de las telecomunicaciones constituye un mercado sumamente tecnológico, sujeto a cambios constantes, se propone un periodo de transición para el ajuste del cobro del espectro conforme al nuevo canon.

Esta medida permitirá a los agentes que participan en el sector ajustar sus decisiones a mediano plazo; también permitirá a la autoridad hacendaria ajustar y equilibrar sus fuentes de ingresos por concepto del pago de derechos en el ámbito de las telecomunicaciones.

II. Nota explicativa del canon para el cobro de los derechos por el uso del espectro en materia de telecomunicaciones telefónicas y de radiocomunicación

La fórmula para determinar el importe de los derechos por pagar por el uso del espectro por parte de los concesionarios y permisionarios ("Canon del uso del espectro") debe incorporar los costos del órgano del Estado que interviene como regulador en la actividad materia del derecho y que se deben reflejar en el importe del derecho que pagan los usuarios por el uso de espectro.

Toda vez que se propone la asunción del sistema de recuperación de costos, se debe considerar básicamente que podemos hablar de dos tipos de costos:

• Directos. Son los costos inmediatos e identificables que implican la expedición de concesiones y permisos, así como el costo de monitorear la interferencia de frecuencias y de evitar que éstas sean utilizadas por agentes que no posean las calidades de concesionarios o permisionarios.

• Indirectos. Esto incluye los costos fijos y la inversión necesaria para la investigación. También incluye la compra de equipo de monitoreo y los gastos administrativos del organismo.

La administración del espectro es una combinación de procesos administrativos y técnicos que aseguran la operación eficiente de las radiocomunicaciones.

Entre otros servicios que presta el organismo regulador a los concesionarios y permisionarios se encuentra, como se mencionó, el control de la interferencia y garantizar el acceso a la mayor cantidad de usuarios posibles.

Ahora bien, para expresar la fórmula que nos permita determinar el importe de los derechos de explotación del espectro a cargo de cada concesionario o permisionario, se propone el procedimiento siguiente:

Paso 1. Se calculan los costos de administración del espectro, considerando el presupuesto anual asignado a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de que se trate.

Paso 2. Se calculan los megahercios totales concesionados en cada zona geográfica.

Paso 3. Se calcula el factor poblacional por zona de acuerdo con las relaciones establecidas en el artículo 244-B (NB: el factor poblacional es similar en los artículos 244-C y 244-D) de la ley vigente.

Las nueve regiones en que está dividido el territorio nacional fueron trazadas con base en consideraciones de densidad de población, rentabilidad de la zona y geografía.

Es decir, si en el artículo 244-B la zona 6 pagaba 4.4 por ciento de la recaudación sumada de las 9 zonas, en el nuevo esquema conservará el mismo porcentaje de pago, pero ahora respecto a los costos de administración del espectro.

Zona Porcentaje de pago

1          8.8
2          1.3
3          5.5
4         27.6
5         10.7
6           4.4
7           0.7
8           0.5
9         40.1

Total 100

Propuesta de Fórmula • Costos de la administración del espectro:

• Kilohercios concesionados
• Densidad de población dividido entre 9 zonas (244-B)
• La fórmula del costo anual por megahercio concesionado es

T = Co/CE

Donde: T: Tarifa por operador.

Co: PEF de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano del Estado que administra, regula y supervisa el uso del espectro * factor de población (9 zonas).

CE: Kilohercios concesionados totales.

El importe por pagar por cada concesionario o permisionario por el uso del espectro se refleja en la tabla B del texto propuesto para el artículo 244-A, con la ventaja de que se circunscribe con mayor precisión el área territorial respecto de la que se autoriza al usuario a emplear el espectro con base en las tablas de servicio de área local para telefonía expedidas por la autoridad en la materia.

III. Contenido del proyecto de decreto

A fin de resolver de manera integral la problemática que se presenta en los artículos de la Ley Federal de Derechos en estudio (244-A, 244-B, 244-C y 244-D), se propone:

1. Derogar los artículos 244-B, 244-C y 244-D; y adicionar un nuevo artículo 244-A, en el que se fusionan todos los sujetos del pago del derecho que actualmente comprenden los artículos derogados. Lo anterior, con el objetivo de establecer un parámetro uniforme para el pago del derecho, sin dejar lugar a reclamos (amparos) por trato diferenciado. Para tal propósito, las bandas de frecuencia establecidas en las tablas A de los artículos derogados se fusionan en una sola tabla A del nuevo artículo 244-A, en el cual se reforma la tabla B para el cálculo del pago del derecho por áreas de servicio local para telefonía, expresada en pesos por megahercio.

2. El artículo 244-A vigente pasa a ser el 243.

3. El artículo 244 vigente queda en sus términos, por tratarse de una hipótesis referida a televisión restringida, no a radiotelefonía.

4. Se dispone además que las personas y las empresas que obtengan títulos de concesión o permisos para hacer uso del espectro radioeléctrico en forma posterior al inicio del año fiscal de que se trate harán un pago equivalente al monto que resulte de dividir el pago anual fijado para el ejercicio fiscal en curso entre 12, multiplicado por el número de meses en que se explote la concesión.

5. Por último, se permite a los concesionarios o permisionarios que al momento de entrar en vigor el presente decreto estén sujetos a los esquemas de pago vigentes, en los términos del título de concesión o permiso correspondiente, según sea el caso, que soliciten ante las autoridades correspondientes la incorporación al esquema de pago previsto en el presente decreto, cuando así convenga a sus intereses.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Único. Se adiciona un nuevo artículo 243, se derogan los artículos 244-B, 244-C y 224-D, y se modifica el texto del artículo 244-A de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 243. El derecho por el uso del espectro radioeléctrico, por los sistemas y redes públicas de comunicación, multicanales o monocanales entre estaciones móviles, portátiles o fijas, a través de una o más estaciones base, con o sin repetidor, se pagará anualmente conforme a las siguientes cuotas:

I. Para el servicio de radiotelefonía celular, por cada frecuencia asignada, concesionada o permisionada y por cada región... $4 192.00

II. Para el servicio de radiotelefonía móvil convencional, por cada frecuencia asignada, concesionada o permisionada y por sistema ...$4 192.00

III. Por los servicios de radiolocalización móvil de personas, radiolocalización de vehículos, radiolocalización móvil marítima y radiodeterminación se pagarán derechos por frecuencia asignada, concesionada o permisionada, y por sistema ...$4 192.00

Para los casos considerados en esta fracción se entenderá por sistema el área de cobertura del servicio concesionado, salvo para los casos de concesiones con cobertura nacional o regional donde el sistema corresponde a cada entidad federativa involucrada dentro del área de concesión del servicio.

IV. En servicio móvil especializado de flotillas y de portadora común se pagará el derecho por frecuencia asignada, concesionada o permisionada, y por sistema ...$454.00

Para fines de aplicación del derecho establecido en esta fracción, se entenderá por sistema el área de cobertura servida por cada repetidor, sitio o base. Asimismo, en los sistemas en que se reutilicen las frecuencias asignadas se aplicará en forma adicional el derecho por cada frecuencia reutilizada y por sistema.

V. Por el servicio de radiocomunicación móvil aeronáutica, por cada frecuencia asignada, concesionada o permisionada, y por estación base ...$513.00

Artículo 244-A. Los concesionarios y permisionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en los rangos de frecuencias en megahercios señalados en la tabla A pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que operen y por cada megahercio o fracción en kilohercio, concesionado o permisionado, de conformidad con la tabla B, como sigue:

Tabla A

I. Rango de frecuencias en megahercios

De     30          a 35
De     40          a 45
De   431.3     a   433
De   438.3     a   440
De   475        a   476.2
De   494.6     a   495.8
De   806        a   821
De   824        a   849
De   851        a   866
De   869        a   894
De   896        a   902
De   929        a   932
De   935        a   941
De 1850        a 1910
De 1930        a 1990 Tabla B

Regiones Cabecera Cuota
por megahercio

1.01         Tijuana                $58 569
1.02         Mexicali              $37 671
1.03         Ensenada            $14 568
1.04         La Paz                 $17 927

2.01         Culiacán                $4 510
2.02         Hermosillo            $3 261
2.03         Mazatlán               $2 011
2.04         Ciudad Obregón    $2 710
2.05         Los Mochis           $3 664
2.06         Nogales                 $2 037
2.07         Guaymas                 $737

3.01         Ciudad Juárez      $39 499
3.02         Torreón               $21 445
3.03         Chihuahua           $18 217
3.04         Durango               $12 721
3.05         H del Parral           $4 834
3.06         Ojinaga                     $676

4.01         Monterrey         $168 187
4.02         Saltillo                 $32 540
4.03         Tampico              $37 345
4.04         Matamoros          $25 728
4.05         Reynosa              $30 211
4.06         Monclova            $14 972
4.07         Nuevo Laredo      $38 626
4.08         Ciudad Victoria    $22 593
4.09         Piedras Negras     $15 302
4.10         Sabinas Hidalgo, NL $2 997
4.11         Múzquiz, Coah.       $7 363

5.01         Guadalajara            $70 923
5.02         Morelia                   $23 031
5.03         Tepic                       $11 889
5.04         Uruapan                  $12 532
5.05         Zamora                    $13 613
5.06         Colima/Manzanillo    $6 939
5.07         Puerto Vallarta         $4 622

6.01         León                        $15 684
6.02         SLP                            $9 172
6.03         Aguascalientes          $8 500
6.04         Querétaro                $17 881
6.05         Zacatecas                  $5 904
6.06         Ciudad Valles            $3 627

7.01         Puebla                       $3 257
7.02         Acapulco                      $752
7.03         Veracruz                       $747
7.04         Jalapa                           $891
7.05         Oaxaca                      $1 669
7.06         Coatzacoalcos              $673
7.07         Poza Rica                   $1 430
7.08         Tehuacán                      $393
7.09         Córdoba/Orizaba          $758
7.10         Chilpancingo                 $413
7.11         Iguala                            $346

8.01         Mérida                       $1 266
8.02         Tuxtla Gutiérrez        $2 168
8.03         Villahermosa              $1 621
8.04         Cancún                          $601
8.05         Campeche                     $306
8.06         Tapachula                     $600
8.07         Chetumal                      $228
8.08         Ciudad del Carmen       $226

9.01         México                   $380 833
9.02         Toluca                       $71 846
9.03         Cuernavaca              $21 071
9.04         Pachuca                    $48 941
9.05         Cuautla                     $31 441

Para las concesiones y los permisos cuya área de cobertura sea menor que el área de la región en que se ubique de acuerdo con la tabla B, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que, de conformidad con la tabla señalada, corresponda a la región en que se ubique la concesión o el permiso, por la proporción que represente la población total del área concesionada o permisionada entre la población total del área en que se ubique según la tabla mencionada. Para estos cálculos se deberá utilizar la población indicada en los resultados definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población, provenientes de los conteos de población y vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática o, en su defecto, provenientes del último censo general de población y vivienda publicado por dicho instituto.

Para los casos en que el ámbito territorial de cobertura de una concesión o permiso cubra más de un área de las regiones que se señalan en la tabla B, se deberán realizar para cada área, en su caso, las operaciones antes descritas y el monto del derecho por pagar será la suma de las cuotas que correspondan.

Las personas y empresas que obtengan títulos de concesión o permisos para hacer uso del espectro radioeléctrico en forma posterior al inicio del año fiscal de que se trate harán un pago equivalente al monto que resulte de dividir el pago anual fijado para el ejercicio fiscal en curso entre 12, multiplicado por el número de meses en que explote la concesión.

El pago del derecho a que se refiere este artículo se realizará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

Segundo. Los concesionarios o permisionarios que al momento de entrar en vigor el presente decreto estén sujetos a los esquemas de pago vigentes, en los términos del título de concesión o permiso correspondiente, según sea el caso, podrán solicitar ante las autoridades correspondientes la incorporación al esquema de pago previsto en el presente decreto, cuando así convenga a sus intereses.

Diputado Mariano González Zarur (rúbrica)

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Jorge Emilio González Martínez, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6; 71, fracción II; 72; 73, fracción XXX; 74, fracción IV; 75; 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se encuentra la de "…. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior…" (artículo 74, fracción IV).

El Presupuesto de Egresos de la Federación lo podemos definir básicamente como el decreto aprobado por la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo federal y publicado por este en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece, entre otros aspectos, el destino de los recursos que el gobierno federal percibe en un ejercicio fiscal con el objeto de satisfacer, total o parcialmente, las necesidades que demanda la sociedad en su conjunto;¹ sin perder de vista que también es un instrumento que orienta parte importante de la actividad económica, y que además mejora (o empeora) la distribución del ingreso de las personas.²

Al respecto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece, entre otros, que:

• El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contiene

I) exposición de motivos;
II) el proyecto de decreto, anexos y tomos; y
III) anexos informativos (artículo 41).

• El Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente incluye, además del propio decreto, los anexos y los tomos (artículo 2, fracción XXXV).³

• El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial, todos los tomos y anexos del presupuesto, con las modificaciones respectivas, que conformarán el presupuesto aprobado (artículo 42, fracción VI, segundo párrafo).⁴

En este sentido, en diciembre de 2006 la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, mismo que contiene en su anexo 7 el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, del ramo 16, medio ambiente y recursos naturales, en donde se destinan 14 mil 289.8 millones de pesos, de los cuales mil 100 millones de pesos se ubican en el concepto "otros programas".

Una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envío a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los tomos y anexos del decreto de presupuesto en comento, se pudo advertir que esa cantidad, es decir los mil 100 millones de pesos, estaban contenidos en una dirección general de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) bajo el concepto de "subsidios", con lo cual esa dirección general arbitrariamente decidiría (o ya decidió) la distribución específica de esos recursos según su concepción de actividades prioritarias de interés general, que al respecto bien puede dar lugar a negociaciones político electorales.

Por lo que podríamos señalar que servidores o funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en unión con los de la SEMARNAT, implícitamente legislaron en materia presupuestal, al dictar que los mil 100 millones de pesos se destinarían a la Dirección General de Programación y Presupuesto para aplicarse al capítulo 4000, subsidios y transferencias, concepto 4100, subsidios, de la SEMARNAT.

En otras palabras, dichos recursos se destinaron y se están aplicando de forma arbitraria y discrecional, que como ya se señaló bien se pudieron haber distribuido con criterios distintos a los del interés general.

Para minimizar los efectos antes descritos, en febrero de 2007 el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presentó un decreto de interpretación auténtica, con el cual básicamente se pretendía aclarar, explicar y establecer el destino y aplicación de los mil 100 millones de pesos que fueron aprobados en el anexo 7 ya mencionado, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Aún y cuando dicho decreto (de interpretación) no ha sido aprobado por esta soberanía, y para prevenir que lo descrito vuelva a ocurrir en el futuro, se considera necesario modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a efecto de establecer que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus facultades constitucionales exclusivas, también deberá aprobar todos los anexos y tomos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, y no delegar la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que integre, posiblemente de forma discrecional y arbitraria, esos tomos y anexos.

Al señalar la palabra todos también se incluye, entre otros, la distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto.

En cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, en el cuadro I se presentan las modificaciones que se proponen mediante esta iniciativa.

Esta iniciativa fortalece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación que establece el artículo 74, fracción IV, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras disposiciones jurídicas aplicables.

Esto es así debido a que no se encomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, a más tardar 20 días naturales posteriores de publicado el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial, envíe a la Cámara de Diputados todos los tomos y anexos de dicho presupuesto con las modificaciones realizadas por dicha Cámara, con lo que también se evita que la secretaría, junto con otras dependencias o entidades, lleve a cabo, autoritariamente, el destino de recursos que en ciertos casos no se pueda apreciar claramente el mismo destino, como en el caso expresado con anterioridad (los mil 100 millones de pesos).

También coadyuva en la fiscalización de la actuación u omisión del Ejecutivo federal en materia de destino y aplicación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (reforma que se propone en esta iniciativa al artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

No es óbice señalar que, conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción IX, del artículo 42, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados debe apoyar técnicamente a esta en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que esta Cámara cuenta con los elementos adecuados para la elaboración y aprobación de todos los tomos y anexos del multicitado presupuesto.

Finalmente, la presente iniciativa no afectará ni aumentará, respectivamente, el equilibrio y déficit presupuestarios, toda vez que la Cámara de Diputados ya cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales suficientes para examinar, discutir y, en su caso, modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que le envíe el Ejecutivo federal, como lo son los propios diputados, asesores, instalaciones y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, entre otros.

Por lo expuesto, el que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo único. Se reforman los artículos 2, fracción XXXV; y 44, primer y segundo párrafos; se deroga el artículo 42, fracción VI, segundo párrafo; y se adiciona el artículo 42, fracción V, con un segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. a XXXIV. …

XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, y todos los anexos y tomos;

XXXVI. a LVII. …

…

Artículo 42. … I. a IV. …

V. …

La Cámara de Diputados enviará al Ejecutivo federal el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado que incluirá, además del decreto, todos los anexos y tomos del mismo, con las modificaciones respectivas.

VI. ...

(Se deroga).

VII. a IX. …

…

Artículo 44. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, deberá comunicar a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad responsable y al nivel de desagregación que determine el reglamento. Se deberá enviar copia de dichos comunicados a la Cámara de Diputados en la misma fecha en que se remitan los mismos a las dependencias y entidades, para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas analice y determine, dentro de los cinco días hábiles posteriores de su recepción, si dicha distribución corresponde a la aprobada por esa Cámara. En los casos en que esa distribución no corresponda a la aprobada por la Cámara de Diputados, el presidente de esta se dirigirá inmediatamente en queja al titular del Ejecutivo federal para que este ordene las acciones de corrección correspondientes; la función pública fincará las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las demás sanciones civiles, penales o políticas que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar cinco días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la secretaría. Estas oficinas deberán comunicar inmediatamente las correcciones que se señalan en el párrafo anterior a efecto de que sus unidades responsables prontamente acaten las mismas.

…

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de octubre de 2007.

Notas:
^{1) Debe tenerse en cuenta que el Presupuesto de
Egresos de la Federación podría ser modificado durante el
ejercicio fiscal correspondiente, según lo establecido en el artículo
126 de la Norma Fundamental: "…No podrá hacerse pago alguno que
no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior…"}
^{2) Aún y cuando ciertos programas gubernamentales
no tengan un objetivo redistributivo, lo cierto es que inciden en la distribución
del ingreso. Podemos citar las transferencias del PROCAMPO, en donde los
tres primeros deciles recibieron el 28.5 por ciento de las transferencias,
en tanto los tres últimos deciles recibieron 40.9 por ciento; o
también la regresividad del gasto en becas educativas gubernamentales
en donde los tres últimos deciles recibieron el 47 por ciento del
gasto y los tres primeros deciles solamente 17.3 por ciento. Para más
referencias, véase: Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (2007). Distribución del pago de impuestos y recepción
del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados
para el año de 2004.}
^{3) El Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación incluye 23 Anexos (considerando como anexos independientes
a los 21 A, 21 B y 21 C), 21 Anexos (considerando a los 21 A, 21 B y 21
C como un solo anexo).}
^{4) La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público publicó en su portal de Internet siete tomos (Tomo
I: Información Global y Específica; Tomo II: Ramos autónomos;
Tomo III: Ramos administrativos; Tomo IV: Ramos generales; Tomo V: Entidades
de control presupuestario directo; Tomo VI: Entidades de control presupuestario
indirecto; y Tomo VII: Programas y proyectos de inversión);
los Ramos (autónomos, sectores administrativos, ramos generales
y entidades no coordinadas), y los anexos informativos (metodologías
para estimación de los ingresos mensuales y para calendarizar el
gasto, así como la distribución del gasto por unidad responsable
y al nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto).}

^{Diputado Jorge Emilio González Martínez
(rúbrica)}

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga el último párrafo del artículo 75 de la Ley General de Educación; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado imágenes y valores sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas representaciones expresan la finalidad social asociada a la educación y a la impartición de conocimientos que son legitimados a través de las doctrinas pedagógicas que predominan en cada periodo histórico.

En América Latina, los últimos años se han caracterizado por la creciente centralidad que la formación docente ha cobrado en el debate educativo, campo "aceptado –al menos en los discursos vigentes– como un factor primordial e insoslayable para generar y asegurar la implantación de cambios educativos" y cuyo análisis se torna prioritario en el contexto actual.La calidad del sistema educativo de un país, sin duda alguna, depende en gran parte de sus docentes; la correlación entre la preparación profesional de los docentes y sus prácticas en clase tienen un efecto relevante en el desempeño académico y en el aprendizaje de los estudiantes.

Un sistema educativo de mejor calidad con igualdad de oportunidades, es considerado uno de los pilares que permite alcanzar un desarrollo integral para la sociedad. Favorecer el desarrollo de los conocimientos y las competencias equitativamente para formar a las personas en los valores, principios éticos, capacidades intelectuales, habilidades instrumentales y favorecer el acceso a la información socialmente necesaria para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida social.

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina (Orelac) es uno de los principales espacios en donde se ha prestado especial atención a la formación docente en la región, considerándola como una estrategia prioritaria para elevar la calidad de la educación y como una dimensión esencial en vistas del mejoramiento del sistema educativo en general.

El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las modificaciones en la organización institucional. Las reformas educativas se traducen en las escuelas y llegan al aula por medio del docente.

En particular, en México la política actual de profesionalización del docente, no compensa ni corrige el déficit formativo que padece al magisterio en su conjunto, dadas las tradicionales culturas gremiales y políticas conformadas durante cincuenta años de régimen autoritario corporativista.

Actualmente existen más de 1 millón 578 mil 964 docentes en México.¹

El ámbito institucional del sindicato se mantiene como objeto de pugnas, generalmente se va abriendo la conflictividad gremial y sindical hacia el ámbito de la escuela, implicando un doble esfuerzo por abatir la burocratización y seguir trabajando en la consolidación y mejora de los procesos educativos.

"Trabajo docente" se ha convertido en una categoría importante, central, en lo que viene planteándose, los maestros son fundamentales en el rescate de la escuela pública, y esto a su vez es un compromiso por mejorar la calidad educativa en el país. La Ley General de Educación señala en su artículo 10 lo siguiente: "Artículo 10. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

Constituyen el Sistema Educativo Nacional:

I. Los educandos y educadores;
II. Las autoridades educativas;

III. Los planes, programas, métodos y materiales educativos;
IV. Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados;

V. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y
VI. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar."

Por lo anterior expuesto, entendemos que los educadores forman parte del sistema educativo nacional y, por tal motivo, sus acciones deben estar comprendidas en observancia irrestricta a lo que dispone la Ley General de Educación.²

Asimismo y tal y como lo señala el artículo 21 de la ley referida con anterioridad, el educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. El Estado deberá proporcionarle los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes.

Más adelante en el tercer párrafo del citado artículo, se señala que el Estado otorgará un salario profesional para que los educadores de los planteles alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como para que dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional.

Asimismo en la Ley General de Educación en el capítulo VIII, artículo 75 especifica las sanciones y las infracciones que se impondrán a los que prestan servicios educativos; por ejemplo, en las fracciones II y III del referido artículo se señala que se aplicarán sanciones por suspender el servicio educativo y las clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar, sin que medie causa de fuerza mayor.

Este artículo debe funcionar para aquellos que suspendan clases ilegalmente o sus actividades y para los encargados de inspección que solaparon la negación del derecho a la educación básica, tal y como se señala en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo tercero.

El artículo 76 de la referida ley, menciona que los infractores se harán acreedores a multas equivalentes hasta cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia.

Asimismo, se especifica que las disposiciones contenidas en el artículo 75, no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran éstos serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos, es decir, debe recurrirse a las Condiciones Generales de Trabajo o a la normatividad interna que generalmente es más benévola y flexible.

Resulta ilógico e injustificable que los trabajadores de la educación no puedan ser sancionados conforme a la Ley General de Educación, toda vez que hemos expuesto con anterioridad que los trabajadores de la educación sean o no sindicalizados forman parte del sistema educativo nacional.

La evaluación, capacitación o sanción de los profesores debe ser eje central en la agenda legislativa de los diputados federales que conformamos el Poder Legislativo, resulta incongruente y poco operativo que la ley tipo en educación no sea capaz de proceder íntegramente con respecto a los actores que constituyen el sistema educativo nacional.

La Ley General de Educación presenta graves insuficiencias con respecto a las facultades y atribuciones que en la coordinación del sistema educativo entre la federación y los estados debe existir; con las lagunas legales que prevalecen, el sindicato se convierte en una autoridad de mayor presencia y representación que las propias autoridades legales educativas.

El artículo 75 de la Ley General de Educación:

"Capitulo VIII

De las Infracciones, las Sanciones y el Recurso Administrativo

Sección 1. De las infracciones y las sanciones

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57;

II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

III. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

IV. No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;

VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos;

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;

X. Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento;

XI. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna, e

XII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos."

De lo anterior se desprende que se exceptúan de la aplicación de las disposiciones antes mencionadas a los Trabajadores de la Educación, así surge la cuestión de ¿Cómo procederá la Secretaría de Educación al respecto, con trabajadores de la educación que incumplan alguna disposición de las antes citadas? Lo anterior en congruencia con el artículo 11 de la Ley General de Educación, que específica quienes deberán ser los responsables de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley. "Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal, o secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal;

II. Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa, y

III. Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio."

Cabe destacar que, con ello, no pretendemos menoscabar la labor educativa del docente sindicalizado, sino deseamos motivar la reflexión del magisterio nacional sobre los obstáculos y resistencias que la propia ley en la materia refiere.

La presente iniciativa es con el objeto de mejorar la formación de recursos humanos (docentes) que respondan a los nuevos requerimientos del proceso productivo, a las actuales formas de organización del trabajo, a la irrupción de nuevas tecnologías de información tanto en el proceso productivo como en la vida social y a la reconversión permanente a la cual están sometidas todas las profesiones.

Para lo cual se hace necesario que se suprima el último párrafo del artículo 75 de la ley en la materia, con el objeto de que las disposiciones señaladas en las 12 fracciones del artículo citado, sean también aplicables para los trabajadores de la educación.

Asimismo, se pretende que ya no existan exclusiones incongruente de las disposiciones aplicables, promoviendo la justicia y la equidad que en el México democrático de hoy debe existir en todos los niveles.

Es menester señalar que esta iniciativa responde a las preocupaciones que presentan diversos sectores de la sociedad civil y comunidad académica que observan las deficiencias en el sistema educativo nacional, mismas que retrazan la función educativa y vulneran a las instituciones.

No debemos olvidar el hecho de que los profesores sindicalizados por no ser infraccionados por la ley en la materia, genere que éstos la ignoren o no la respeten y en cambio cumplan con lo estipulado en los estatutos internos, mismos que pueden permitir flexibilidad en las imposición de multas y sanciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se deroga el último párrafo del artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue