El suscrito, diputado Felipe Borrego Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Todos los tipos de violencia contra el hombre y la sociedad son jurídica, política y moralmente una violación a las garantías y los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna.
Pero particularmente la violencia contra los periodistas y la dirigida a limitar el ejercicio supremo de la libertad de expresión y de pensamiento, indiscutiblemente se tipifica como una agresión a las instituciones democráticas del país, que no se debe tolerar ni permitir.
El día jueves 20 del presente mes, el periodista Pablo Quesada, caricaturista del periódico Imagen de Zacatecas y colaborador de varios medios locales (-y su familia también-) fueron amenazados de muerte, por individuos hasta ahora no identificados.
La experiencia se repite: a finales del año 2004 en Zacatecas, el periodista Francisco Reinoso, columnista del mismo periódico Imagen, primero recibió amenazas verbales de muerte y luego fue objeto de un atentado con una bomba molotov que le destruyó un vehículo y otros bienes patrimoniales.
Dicho caso fue denunciado entonces ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. A la fecha no existen resultados de la investigación respectiva.
La violencia contra los periodistas es, inequívocamente, una de las amenazas más graves que acechan el avance de la democracia.
El conocimiento de la historia ratifica y demuestra que cuando los medios de comunicación sufren amenazas y ataques en el ejercicio de sus funciones, esto se traduce inevitablemente en agresiones en contra de las instituciones democráticas.
En razón de eso, no se debe tolerar, por ningún concepto, el ataque contra la libertad de expresión, porque ese sólo hecho pone en riesgo las demás garantías y derechos fundamentales de los mexicanos.
Por ese motivo, en apego a los artículos 51 y 61 de la Constitución General de la República, que me asisten y del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta asamblea soberana acudo para proponer que se solicite y recomiende de manera respetuosa al gobierno de Zacatecas se intervenga, investigue y actúe en consecuencia en el caso de las amenazas recibidas por periodistas en el Estado, como al que he hecho referencia.
Lo anterior implica a la vez actuar jurídicamente con responsabilidad, para evitar que las amenazas se concreten en hechos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas, como la experiencia lamentable registrada en el año 2004, perpetrada en contra del periodista Francisco Reinoso.
Esos y otros hechos deben ser motivo de preocupación para revisar el estado que guarda el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, en Zacatecas, entidad donde por cierto nació en el siglo XVII (1668) Juan Ignacio María de Castorena, reconocido históricamente como el Primer Periodista de América y editor de la Gaceta México.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte, de manera respetuosa, a las autoridades del estado de Zacatecas a investigar las amenazas contra periodistas, antes referidas.
Palacio Legislativo, 4 de octubre de 2007.
Diputado Felipe Borrego Estrada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
AL INAH QUE INTERVENGA EN LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN
DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, MONUMENTO HISTÓRICO
DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA
FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Silvia Oliva Fragoso, en mi carácter de diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática en esta LX legislatura, suscribo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia su intervención para la restauración y preservación de la parroquia Santa María Aztahuacán, monumento histórico de la delegación Iztapalapa, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura refiere en el Informe de México sobre los Sistemas Nacionales de Cultura que:
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento son algunas de las disposiciones que fijan el marco legal para que tanto el INAH, como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el caso de los monumentos artísticos, realicen las funciones concernientes a preservar nuestro acervo cultural. Para lograr esa función, el primero de ellos, cuenta con 7 coordinaciones nacionales y 31 centros regionales distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional.
En el caso de los monumentos históricos, es actualmente la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, naciente como tal en 1989, la instancia del INAH que se encarga a través de un nutrido cuerpo de asesores y especialistas en diversas áreas –científicos, ingenieros, historiadores, geólogos, investigadores, entre otros–, de salvaguardar el patrimonio histórico.
Este patrimonio se encuentra en todo nuestro territorio, ascendiendo a más de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, según cifras del propio instituto.
La delegación Iztapalapa cuenta con algunos de ellos; monumentos históricos, principalmente religiosos, que abonan a la riqueza cultural. Con ello, damos habida cuenta de que esta demarcación no sólo debe ser identificada como la artífice de notas rojas y altos índices de delincuencia, pobreza y marginación, sino reconocida como una de las zonas que cuenta con un importante legado cultural que contribuyó a la formación de la gran ciudad.
Los vestigios culturales en Iztapalapa son muchos; sin embargo, uno de los que cobra peculiar importancia, es la parroquia de Santa María Aztahuacan, que se encuentra ubicada en el pueblo con ese mismo nombre. Éste es precisamente uno de los 16 pueblos de la delegación que a pesar de haber sido absorbidos por la mancha urbana de la Ciudad de México, conservan características sociales y culturales que los diferencian de otras colonias populares cercanas. Además, es el lugar donde se atribuyen los indicios más antiguos de ocupación humana en el territorio de Iztapalapa, siendo ahí donde en 1953 se encontraron los restos de dos seres a los que se ha llamado "el hombre y la mujer de Aztahuacan", mismos, que según estudios de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza (UNAM) y del INAH, tienen una antigüedad aproximada de nueve mil años.
Este pueblo es rico en tradiciones, por lo que en aras de conservar la identidad de sus habitantes, es necesario preservar y conservar su patrimonio.
Según información de la delegación Iztapalapa, fue en el siglo XVI cuando se construyó una primera capilla de la parroquia, sin embargo ésta data del siglo XVIII. Las fachadas cuentan con una decoración de ladrillo con aplanado y piedra tallada, y posee una espadaña con campana. Perteneciendo en cuanto al aspecto legal al régimen de propiedad federal.
Al respecto, cabe mencionar que el artículo 35 de la Ley Federal en la materia dice a la letra:
Para infortunio de la cultura y la preservación del patrimonio histórico, actualmente la parroquia se encuentra sumamente deteriorada; la nave tiene una fractura en la bóveda del segundo cuerpo que amenaza su integridad, pese a los refuerzos de concreto instalados en los laterales; observa una serie de grietas en el techo y paredes, a tal grado que la lluvia penetra al interior de la misma; existe un inminente riesgo de derrumbe del monumento, no sólo por las condiciones propias de su deterioro sino por las fallas geológicas y grietas que presenta el terreno donde esta ubicada.
Es tal el peligro que corre de desplomarse, que actualmente sólo se utiliza en la fiesta titular y el día de muertos.
Por tanto, es de considerarse un texto del INAH que nos dice:
La cultura comprende todas las manifestaciones de la actividad humana, desde las cosas materiales hasta los productos del pensamiento y de la vida social. Entre las primeras se encuentran los instrumentos de trabajo, los utensilios, los vestidos y adornos, las casas y edificios, ya sean civiles o religiosos; las ideas, las instituciones, las costumbres, las tradiciones, las creencias y los valores, integran la parte intangible de la cultura.
Unas y otras, al ser medios para la satisfacción de las necesidades humanas, individuales o colectivas, físicas o espirituales, se constituyen en bienes de la cultura.
En el vasto conjunto de esos bienes siempre hay algunos de especial significación para la comunidad, en tanto que son símbolos de la cohesión social; ellos integran el patrimonio cultural que cada pueblo trata de conservar mediante formas que han variado en el transcurso de la historia, desde las que descansaban en la tradición oral, la religión y la costumbre, hasta las creadas en las sociedades modernas, que a partir del siglo XVIII han venido promulgando leyes y creando instituciones con el fin específico de preservar ese patrimonio.
Punto de Acuerdo
Primero. Que ésta honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia y en su caso, a las autoridades competentes según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para que realice las acciones necesarias a fin de restaurar inmediatamente la parroquia de Santa María Aztahuacan, monumento histórico en la delegación Iztapalapa, ya que presenta un enorme deterioro y un inminente riesgo de derrumbe.
Segundo. Que esta soberanía solicite un informe al INAH sobre las acciones concretas que realiza para preservar los monumentos históricos de la delegación Iztapalapa, así como, si existe un mecanismo de supervisión o valoración permanente para saber las condiciones en que se encuentran.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS UNIDADES DE READAPTACIÓN FEMENIL QUE INCLUYAN
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA MERCEDES
COLÍN GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, María Mercedes Colín Guadarrama, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Señoras y señores diputados, hoy subo a esta alta tribuna de la nación, en nombre de las cientos de madres que se encuentran procesadas en centros penitenciarios y que conviven con sus hijas e hijos desde que éstos nacen, día con día, por no tener algún familiar que cuide de ellos, o porque están en edad lactante; viven una situación precaria y carente de programas y apoyo para los infantes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., señala de manera clara que los niños y las niñas tienen derecho a la alimentación, salud y educación; al sano esparcimiento para su desarrollo integral; asimismo expresa, que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos; por ende, en general, a todos los niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios en todo el país.
En algunos centros, los reglamentos internos que rigen su organización y funcionamiento fijan una edad límite para que las niñas y los niños puedan permanecer en ellos, junto con sus madres; una vez que llegan a estas edades, son entregados a sus familiares o trasladados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para su custodia.
Sin embargo no hay criterios definidos por parte de las autoridades de hasta qué edad es conveniente que permanezcan con ellas en los centros; de tal manera que en unos establecimientos solamente permiten su estancia durante la lactancia y en otros centros hasta los 12 años de edad.
La permanencia de niñas y niños en los centros de reclusión femeniles es un hecho común, ya que las madres prefieren tenerlos a su lado, pues no tienen otra opción de cuidado para ellos.
Es un hecho que hasta ahora ninguna dependencia local o el gobierno federal ha escuchado, estando presente a la vista de todos, "pero tras las rejas", sin pagar penas ni culpa alguna, a estos niños, que viven en situación precaria y que están bajo el apoyo y respaldo solo de las madres, ya que no hay recursos aplicables, mucho menos programas especiales para su manutención.
Actualmente no hay un reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública que se aplique en el ámbito nacional y que proteja los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres, menos aún un Centro de Desarrollo Infantil que guarde y cuide de ellos; sólo se conoce de tres centros penitenciarios que dan apoyo a estos menores, pero en malas condiciones.
En un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2002, informa que los directores de los penales manifiestan que desconocen el número de niños y niñas que se encuentran dentro de los penales, y que los infantes tienen que dormir con la madre, ya que no cuentan con cuneros o áreas especiales para ello; carecen además de atención médica y de desarrollo físico-psicológico; se desconoce también si se les aplican las vacunas que requieren durante sus primeros años.
Como legisladores de la nación, y en especial como padres de familia, manifestamos que un centro penitenciario no es lugar para que los niños y niñas anden por sus pasillos jugando y desenvolviéndose; sin embargo, esto se hace por la falta de lugares y programas especiales adecuados para ello.
En los artículos 5, 8, 23 y 33 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se manifiesta que los niños gozarán de protección, de programas especiales, y del derecho al juego, desarrollo y crecimiento, así como a la cultura y lo artístico. Dar protección para quienes vivan carentes o privados de sus derechos; estos artículos también deberían ser aplicables para los niños y niñas que, aunque no purgan una condena, permanecen todo el tiempo con sus madres.
Asimismo, se señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, y que la falta de recursos no podrá ser motivo suficiente para separarlos de sus padres con que conviven; siendo el Estado quien velará porque no sean separados de ellos.
Debemos manifestar que la legislación nacional expresa los servicios específicos que requerirán las internas así como atención médica especializada durante el embarazo y servicios ginecológicos, obstétricos y pediátricos de emergencia. Empero, sólo en algunos centros se aplica la atención para ellas, y como segunda instancia a las niñas y niños.
Otra de las inconsistencias es que dentro del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública aparece sólo en su artículo 23 fracción XXIV que la Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos operará los servicios del centro de desarrollo infantil, pero no especifica a cuántos, tampoco los programas ni recursos para ello.
Asimismo, señalamos que dentro de los centros penitenciarios del país no se tiene un censo por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por lo que sería indispensable que este instituto se abocara de manera inmediata a esa tarea para que aparezca en el próximo censo de población cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo con sus madres en los centros penitenciarios en toda la República Mexicana.
En el primer informe del presidente Felipe Calderón Hinojosa no se menciona ni se declara sobre estos niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios, ni mucho menos declara algún plan de desarrollo y educación para los menores.
Ante ello, esta diputación federal por el estado de México presentará en su momento modificaciones a la Ley de la Secretaría de Seguridad Publica y a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de modificar y dar los derechos y beneficios a estos menores ante la ley en comento.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), conlleve y destine los fondos necesarios, así como se creen instalaciones y programas para que se canalicen a los centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que existen dentro del país, así como establecerlos en aquellos con los que no se cuente, para que las niñas y niños permanezcan con sus madres o sus familias.
Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población a que incluyan dentro de sus censos de población y estadísticas, a los niños y niñas que viven dentro de los centros de readaptación social a nivel federal para conocer y dar atención especial a las niñas, niños y adolescentes.
Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2007.
Diputada María Mercedes Colín Guadarrama
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PEMEX A ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE EN LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS POR LOS ATENTADOS
DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007 SE CONSIDERE LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
Y EL TRAZO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES
AFECTADAS, A CARGO DEL DIPUTADO ROBINSÓN USCANGA CRUZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado Robinson Uscanga Cruz, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo para la creación de albergues en caso de siniestros en las instalaciones de Pemex, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los atentados perpetrados el 10 de septiembre pasado en contra de instalaciones de Petróleos Mexicanos, han dejado de manifiesto el alto grado de vulnerabilidad de la más importante empresa del país. Resulta preocupante que esta empresa esté prácticamente a merced de actos terroristas que ponen en riesgo la economía y viabilidad misma del país. Esto sin contar con el alto índice de accidentes que cotidianamente se registran en instalaciones petroleras.
Por las características y la importancia de las instalaciones que fueron atacadas se hace evidente que Pemex no cuenta con un aceptable nivel de eficiencia en materia de seguridad interna, ni tiene tampoco la capacidad para garantizar y salvaguardar la infraestructura petrolera en el país.
Cualquier tipo de eventualidad que se presente en Pemex, como accidentes, sabotajes o actos violentos en contra de sus instalaciones, repercute directamente no sólo en las finanzas de la empresa, sino que también en la población en ocasiones de manera trágica con la pérdida de vidas.
Los atentados impactaron de manera directa la salud y el medio ambiente de las comunidades aledañas a las válvulas de gas que fueron atacadas; se afectó también la economía de un sector empresarial que resintió la falta de suministro de gas para sus operaciones diarias; se dejó en evidencia la falta de capacidad en materia de protección civil, la población no cuenta con rutas de evacuación ni con sitios adecuados a donde acudir en caso de accidentes o, como en este caso, de atentados a instalaciones con un gran potencial destructivo.
Por lo que respecta a las acciones preventivas de protección civil, es evidente que la paraestatal no ha tenido la capacidad para poder brindar la mínima atención a las comunidades que se encuentran cercanas a instalaciones de alto riesgo. Como consecuencia de las explosiones, más de 12 mil personas tuvieron que ser desalojadas de una manera improvisada, sin contar con un plan mínimo de acción, entre otras razones, porque no se cuenta con rutas de evacuación y porque no hay albergues previamente preparados, equipados y acondicionados para recibir y atender a la población damnificada.
Las pérdidas económicas en los sectores industrial y empresarial, resultado de las explosiones en los ductos de Pemex en Veracruz, se calculan en varios miles de millones de pesos, así como los registrados por la paraestatal.
Como resultado de la escasez por la falta de suministro de gas por parte de Pemex, empresas de los estados de México, Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y el Distrito Federal, suspendieron actividades y dejando inactivos a sus trabajadores, a los que, sin embargo, se les tendrá que pagar su salario íntegro.
Los daños han afectado seriamente, entre otros, los sectores siderúrgico, automotor, vidrio, alimentos y cemento, que son claves importantísimas para la adecuada marcha de la economía nacional. De estos sectores dependen cientos, quizá miles, de micros, pequeñas y medianas empresas, que representan la base del desarrollo regional y el soporte de la economía de infinidad de hogares en todos los estados de la República, que aun encontrándose lejos de los sitios de los atentados, dependen del combustible que ahí se genera.
Después de las explosiones de los ductos de Pemex, en el Estado de Veracruz, en el cruce aéreo "La Algodonera" del gasoducto de 30 pulgadas Minatitlán—México, en el cauce del Río Chiquito, se pueden ver restos de combustible cuyo olor causa irritación en la garganta de los pobladores. En diferentes áreas se observan cientos de piedras impregnadas por el material derramado y se han formado enormes charcos sin que nadie haya atendido esta situación. Se corre el peligro de que el combustible que fue esparcido como consecuencia de las explosiones en los ductos y que se encuentra a flor de tierra pueda filtrarse a los mantos freáticos y contaminar pozos, ríos y campos de cultivo. Esta situación se reproduce en todas las comunidades aledañas a las instalaciones donde se registraron los atentados, representando, por una parte, un potencial foco de problemas sanitarios y de salud para la población y, por otra, una fuente de contaminación ambiental y afectación al ecosistema.
Por las consideraciones antes expuestas, pongo a consideración de este Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos para que instrumente los mecanismos necesarios para que dentro de las partidas presupuestarias contempladas para la reparación y reconstrucción de las instalaciones afectadas por los atentados del 10 de septiembre de 2007, se considere una partida especial para la construcción de albergues de manera urgente y trazos de rutas de evacuación en las comunidades y poblaciones afectadas.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, cada una en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo de manera inmediata una evaluación sanitaria y un estudio de impacto ambiental y de afectación al ecosistema en las comunidades resentidas por las explosiones de ductos de gas en el Estado de Veracruz, y que se tomen las medidas de atención inmediata que correspondan en cada caso.
Dado en el Salón de Sesiones de este Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Robinson Uscanga Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, A TRAVÉS
DE LA SFP, SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
RESARCITORIAS A LA EMPRESA GUTSA, INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, RESPECTO DE
LAS OBRAS DE LA BIBLIOTECA VASCONCELOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El que suscribe, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La megabiblioteca José Vasconcelos, fue considerada como el proyecto cultural más importante de la administración en el sexenio del ciudadano Vicente Fox Quesada. Sin embargo, la deficiente construcción y retraso en la terminación de la obra, han llevado a una serie de investigaciones en el uso de los recursos públicos por parte de los medios de comunicación y los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin duda, del sexenio pasado, se han detectado una serie de anomalías en la adjudicación de las obras públicas que cobraron relevancia por sus proyectos ambiciosos y la considerable e irregular canalización de recursos públicos.
Derivado del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004, la Auditoría Superior de la Federación, señaló en el resultado número 3, observación número 8, que el contrato número CAPFCE-77-001/04 otorgado a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, fue formalizado el día 2 de diciembre de 2004, sin que se hubieran entregado con anticipación las garantías de cumplimiento, lo cual ocurrió de manera extemporánea hasta el día 14 de diciembre, lo cual contravino los artículos 47, párrafo primero, 48, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 60, párrafo segundo y 63, párrafo primero de su reglamento.
En el caso del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 de la Auditoría Superior de la Federación refiere que el contrato número CAPFCE-77-001/04 tuvo como objeto la construcción de la primera etapa del edificio A, adjudicada mediante licitación pública nacional número 11140077-001-04 del 9 de noviembre de 2004 a la empresa Gutsa, Infraestructura, SA de CV, por un monto de 85,069.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 274 días naturales del 1o. de diciembre de 2004 al 31 de agosto de 2005.
Del cual se desprendieron cuatro convenios:
2. Número CAPFCE-77-001/04-2 celebrado el 5 de enero de 2005, para diferir la terminación del contrato al 16 de septiembre de 2005, por la entrega extemporánea del anticipo;
3. Número CAPFCE-77-001/04-3, celebrado el 10 de agosto de 2005, para ampliar la terminación de los trabajos al 7 de noviembre de 2005; y
4. Número CAPFCE-77-001/04-4 celebrado el 28 de octubre de 2005 para ampliar el monto contratado en 20,047.3 miles de pesos y la fecha de terminación al 21 de noviembre de 2005.
Asimismo, Gutsa Infraestructura, SA de CV, ganó una de las ocho licitaciones públicas para construir junto con las empresas ICA y Mexicana de Presfuerzo (Mexpresa), la nave principal de la megabioblioteca.
De la misma forma, esta empresa ganó la invitación a cuando menos tres personas que la CAPFCE emitió con el número de contrato CAPFCE-77-003/06 y el número de licitación CAPFCE-ITP-OP-002-06, cuyo objeto fue la construcción de paraguas en los edificios H, I, de la Biblioteca José Vasconcelos, monto original de 4 millones 297 mil 287 pesos con un plazo de ejecución del 27 de febrero de 2006 al 6 de abril de 2006.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la comisión permanente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Secretaría de la Función Pública informe a esta soberanía, el inicio del procedimiento del fincamiento de responsabilidades resarcitorias a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, respecto a las obras de la Biblioteca Vasconcelos.
Salón de Sesiones, 26 de septiembre de 2007.
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PROFECO A PROHIBIR LA
VENTA DE BEBIDAS ENERGIZANTES, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Alberto Esteva Salinas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Debido a la polémica que causa el consumo de bebidas energizantes, resultaría más adecuado llamarlas bebidas estimulantes, ya que por tratarse de un tema de salud, es algo que nos incumbe a todos los mexicanos.
Actualmente en el mercado existe una gran publicidad de estas bebidas mal llamadas "energizantes", diciendo que nos dan "alas", que son consumidas entre personas de todas las edades, particularmente entre los jóvenes quienes las toman para poder resistir y rendir más en sus actividades, desconociendo el enorme riesgo que contiene para su salud.
Ingresaron al mercado mexicano sin restricción alguna como bebidas que supuestamente no representaban un riesgo sanitario, sin embargo su éxito es evidente. En el mercado hay más de veinte marcas de "energizantes" o más bien estimulantes, su precio va desde 15 a los 25 pesos sin alcohol, pero en cóctel llega a costar hasta 75 pesos.
Este millonario negocio, sólo para cinco empresas productoras y distribuidoras en México, lucra con la salud de millones de jóvenes, vendiéndoles sin restricción "la bebida de moda", que es el principio para la adicción de otras sustancias, que llegó a nuestro país en el año 2000.
Estas bebidas energizantes tienen un alto contenido de cafeína y están adicionadas de taurina, glucoronodactona –aminoácidos–, guaraná o hierba mate. "El alto contenido en cafeína y taurina suben la frecuencia cardiaca y presión arterial, quienes tienen susceptibilidad a estas sustancias pueden sufrir serias consecuencias".
De estos ingredientes, es la taurina un aminoácido que se encuentra en los alimentos y que sirve para una mejor absorción de los nutrientes, la que provoca que al combinarla con alcohol o drogas sus efectos se retarden, pero por la alta concentración de cafeína mantiene despiertos a quienes consumen estos cócteles.
Por la gran cantidad de cafeína que contienen, estimulan el sistema nervioso, por lo que aumentan la presión arterial y el pulso de quien las haya tomado. Su uso frecuente obliga al corazón a trabajar más de lo que debería hacerlo y puede causar cuadros cardíacos con el paso del tiempo.
Es cierto que los alimentos que nuestro organismo requiere se obtienen directamente de la dieta que llevamos, mejor dicho, todos los alimentos por principio son energizantes, por esta razón no existe justificación nutricional para el consumo de las llamadas bebidas energizantes.
Estudios realizados por médicos especialistas en el tema, afirman que son utilizadas para combinarlas con alcohol, lo cual causa un terrible daño al organismo pudiendo generar hipertensión, hipoglucémia, convulsiones, otros males cardiacos y hasta la muerte, ya que ocasionan pérdida de la sensación de embriaguez debido al efecto estimulante de la cafeína, que contrarresta el efecto sedante y los síntomas del consumo de alcohol, haciendo que la persona siga consumiéndolo peligrosamente.
Consideramos competente a la Procuraduría Federal del Consumidor para conocer del tema, ya que son aplicables los artículos 1 fracción I; 24 fracción I; y 25 bis de La Ley Federal de Protección al Consumidor.
Compete también a la Secretaría de Salud, conforme a lo establecido en los artículos 3 fracción XXIV; 17 bis; y 194 de la Ley General de Salud
Resulta increíble que únicamente los que ven con seriedad esta problemática y han legislado para combatirla son países como Francia, Dinamarca y Noruega, que han restringido su venta a las farmacias, y en algunas ciudades de Argentina las autoridades sanitarias han prohibido la exhibición, venta, expendio o suministro de bebidas energizantes. ¿Acaso México no se preocupa por la salud de sus jóvenes?
Por todo lo expuesto, solicito a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva:
Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y al de la Procuraduría Federal del Consumidor, tomar medidas y acciones necesarias a fin de prevenir y censurar la venta de bebidas energizantes.
Segundo. Que los titulares citados en el resolutivo primero, en el término de 60 días naturales a partir de su notificación, informen a esta soberanía sobre las medidas que han implementado para prevenir los riesgos de salud causados por el consumo de bebidas energizantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2007.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR EL DECRETO DE CREACIÓN
DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, SA DE CV (CANAL 22), A FIN DE QUE TRANSMITA
PROGRAMAS CON CONTENIDOS DIRIGIDOS A CREAR CONCIENCIA Y A LA EDUCACIÓN
Y DIFUSIÓN DE TEMAS AMBIENTALES, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jesús Sesma Suárez, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en lo siguientes
Considerandos
El tema de medio ambiente hoy día ha cobrado gran importancia. En México y en todo el mundo se están tomando medidas a fin de lograr revertir los efectos del cambio climático. Uno de los grandes retos de los Estados es lograr que sus ciudadanos alcancen un grado de conciencia medio ambiental tal, que les permita sentar las bases para un desarrollo sustentable.
La difusión del problema y la educación es y debe ser una herramienta que permita a los Estados lograr que sus ciudadanos no solo tengan conciencia, sino que lleven a cabo una participación activa en el rescate y mantenimiento del medio ambiente.
Hoy día los medios tecnológicos han permitido que diversos temas puedan ser difundidos a todo el mundo. Sus alcances son ilimitados, aún en países en vías de desarrollo como nuestro país. Por ello, como instrumento de difusión debe ser utilizada la televisión, a fin de lograr penetrar en las conciencias de los ciudadanos mexicanos en la problemática ambiental. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Legislatura propone la utilización de recursos tecnológicos ya existentes que pueden permitir la difusión del problema con la consiguiente conformación de conciencia para la acción ciudadana en este tema. Por ello se pretende que la televisión, principalmente, el canal 22, contenga dentro de su barra de programación 48 horas por lo menos de programas con contenido medioambiental.
A este respecto, en el mundo tenemos muchos ejemplos de canales cuyo contenido es preponderantemente ecológico, de ahí que canales como Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic Channel, entre otros, contienen programas que permiten conocer por una parte las bellezas de la naturaleza y por la otra la problemática que la tierra enfrenta en su conjunto frente a los graves problemas ambientales ocasionados por el hombre.
En nuestro país existen antecedentes, si bien no relacionados con el medio ambiente, si con aspectos culturales y educativos que permiten al Estado llevar a cabo la concientización de los ciudadanos a través de contenidos que enriquecen la vida y el pensamiento del individuo. Estos ejemplos lo constituyen los canales Once TV, del Instituto Politécnico Nacional, y el 22, que han demostrado, a través de su existencia, que en nuestro país se puede realizar programas con contenidos que ayudan al televidente en general, a enriquecer su acervo cultural y su conciencia ciudadana.
El Canal Once tuvo sus orígenes hace más de 48 años. Considerada la empresa de televisión pública más antigua de América Latina, ha servido como base para que la comunidad politécnica tenga un medio, de gran influencia, para transmitir su pensar, sentir y avances como casa de desarrollo nacional.
La función social del Canal Once ha permitido que a través de su programación, también diversos grupos o segmentos de la sociedad mexicana, encuentren un medio de difusión de sus ideales y valores.
Así, la población en general ha encontrado en este buen ejemplo de televisión, diversa programación acorde a sus necesidades y valores. Este canal tiene audiencia en diversas ciudades del país, como lo son:
Acapulco, Guerrero XHACG 7
Aguascalientes, Aguascalientes XHCGA 5 y 6
Cancún, Quintana Roo XHNQR 5
Culiacán, Sinaloa XHSIN 5
Chetumal, Quintana Roo XHLQR 7+
Chihuahua XHCHI-TV 20
Estado de Morelos XHCIP 6
Playa del Carmen, Quintana Roo XHCZQ 9
Saltillo, Coahuila XHSCE 13+
San Luis Potosí, San Luis Potosí XHSLP 4
Tepic, Nayarit XHTPG 10
Tijuana, Baja California XHTJB 3
Valle de Bravo, Estado de México XHVBM 7
Con ello, cumple, en mayor medida su finalidad de enriquecer a los mexicanos, desde la perspectiva cultural e intelectual.
Por su parte, el Canal 22, producto de la conciencia y búsqueda de un sector de la población cultural mexicana, ha encontrado arraigo entre el teleauditorio.
Emisora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno de México, inició sus actividades en el año de 1993. Sus transmisiones han tenido como finalidad la cultura. Surgida como respuesta a la solicitud de más de mil 200 integrantes de la comunidad cultural y artística mexicana para que el Estado mexicano impulsara la difusión de programación con contenido artístico y cultural ha permitido un nuevo lenguaje audiovisual en la producción de programación televisiva en nuestro país.
Como consecuencia del trabajo realizado en los últimos tres año, la producción nacional ocupa actualmente el 49 por ciento del total de su programación, con un auditorio potencial de 36 millones de personas que reciben nuestra señal a nivel nacional en 437 poblaciones de la república vía cable, SKY y DirecTV, los 20 Sistemas Estatales y 3 Regionales y la ciudad de México y su zona conurbada en el valle de México.
Así, los niveles de audiencia de Canal 22 se han incrementado los últimos dos años en 600 por ciento con respecto a las 10 barras más vistas.
Prácticamente todas las manifestaciones culturales integran su carta de programación: artes plásticas, música, literatura, historia, danza, cine, animación, miniseries, programas infantiles, informativos y de investigación periodística. Su producción televisiva también ha considerado el apoyo a la producción independiente en México. Con ello, los nuevos creadores audiovisuales del país han encontrado el respaldo y el foro para sus realizaciones.
A todo lo anterior, se suman notables esfuerzos por cumplir con la misión de creación y difusión de las actividades culturales. Específicamente se destaca el establecimiento de la cátedra de televisión cultural Canal 22-Universidad Iberoamericana, y en el mismo sentido la creación de la Videoteca Universal Canal 22, en colaboración con Educal para poner a la venta una colección de videos con producciones de la televisora en formato DVD.
Por lo anterior, tenemos dos fundamentos reales y tangibles para promover, en nombre de mi grupo parlamentario, el presente punto de acuerdo: por una parte, la existencia del problema medioambiental en nuestro país, y por la otra la capacidad para realizar televisión de gran nivel y que nos permita la difusión tanto de la problemática como las acciones para solventarlo. Así, consideramos que la televisión es un gran instrumento para la educación (ejemplo de ello son las telesecundarias) en nuestro país.
En tal virtud, y con base en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia lleve a cabo las adecuaciones al decreto de creación de Televisión Metropolitana, SA de CV (Canal 22), a fin de que, en su barra de programación, se transmitan cuando menos 48 horas a la semana de programas con contenido ambiental a fin de crear conciencia, educar y difundir los problemas de temas ambientales en nuestro país.
Segundo. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal para que, dentro del consejo directivo de Televisión Metropolitana, SA de CV, sean incluidos la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, a fin de garantizar la calidad de los contenidos de los programas de medio ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de octubre de 2007.
Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO A INVESTIGAR
EL ASESINATO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE HIDALGO, A CARGO
DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El secretario de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, Marcos Manuel Souberville González, fue ejecutado en una emboscada en la que además fue herido de gravedad su acompañante, el empresario Mario Covarrubias.
Las primeras investigaciones señalan que dos camionetas, les cerraron el paso y los agresores les dispararon, encontrándose en el lugar de los hechos 20 casquillos percutidos de rifle R-15 y 9 milímetros.
El lamentable atentado ocurrió alrededor de las 17:30 horas de este miércoles en la comunidad de Ocotillos, perteneciente al municipio de Huasca de Ocampo, situado a 35 kilómetros de la capital del estado de Hidalgo.
Pero antes de Hidalgo, 7 días antes asesinaron al director de Seguridad Pública de San Luis y antes a otros funcionarios en diversas entidades, en síntesis la larga lista de crímenes que han quedado impunes sigue creciendo.
La seguridad es uno de los bienes más importantes de la vida civilizada. El compromiso primigenio del Estado es, fundamentalmente, garantizar la paz social, las garantías individuales y el orden jurídico. Si esto falta, como decía alguno de los autores clásicos, lo que queda es la barbarie, la ley de la selva.
El tema de la inseguridad pública y su crecimiento, continúan suscitando niveles de verdadera alarma tanto en el país como en el extranjero. Es evidente el aumento del narcomenudeo, de la delincuencia organizada, de los feminicidios, del lavado de dinero, de los robos a casa habitación, de los asaltos a mano armada, de los delitos bancarios, de los secuestros en sus diferentes modalidades y de la conversión de las calles en caminos sin ley.
El gobierno ha sido incompetente en su responsabilidad, mientras los ciudadanos padecen y enfrentan solos, los ataques y agresiones de una delincuencia cada día en ascenso. No queda duda que el pecado de este gobierno en materia de seguridad es de omisión más que de comisión.
Sin la expectativa de un orden jurídico efectivo la convivencia social se fractura, las familias viven en la desconfianza sobre la actuación de las autoridades; de esa forma no sólo se amenaza al patrimonio de cada quien, sino también, el ejercicio de la libertad, el debate, la participación social y el desarrollo de la cultura.
La delincuencia se impone como un poder arbitrario que desplaza al poder formal. En esas condiciones tendemos a dejar de ser ciudadanos para convertirnos en siervos y esclavos de la ilegalidad.
Basta con revisar las últimas cifras emitidas por el CESOP, en donde se señala que más del 90 por ciento de los crímenes en México se mantienen en la impunidad.
Los ciudadanos están indefensos y también lo están algunos funcionarios públicos, debido a las pésimas estrategias, a la falta de métodos y a la irresponsabilidad.
En tal razón, es que en uso de las atribuciones constitucionales y legales que me competen y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente y obvia resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades en sus tres niveles de gobierno para que se investigue hasta sus últimas consecuencias el asesinato del Secretario de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, Marcos Manuel Souberville González.
Segundo. Se otorguen garantías efectivas a los funcionarios encargados de seguridad pública de las entidades federativas y a sus familias, de procuración e impartición de justicia a efecto de que puedan realizar sus tareas.
Tercero. Apliquen las estrategias necesarias a fin de detener la ola de terror que la delincuencia ha comenzado a sembrar en las diferentes entidades federativas.
Dado en el Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2007.
Diputado José Edmundo Ramírez Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE COAHUILA A ABSTENERSE DE HACER MANIFESTACIONES
CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DORA ALICIA MARTÍNEZ
VALERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Compañeros legisladores, nuestro país se ha distinguido por ser precursor en la protección de los derechos humanos y resguardo de las garantías individuales; tenemos casi una década de muestras encaminadas al desarrollo óptimo de la democracia a todos los niveles, es en este afán que los mexicanos ponemos día a día los elementos para hacer de nuestra patria un mejor sitio donde vivir y convivir; reconociendo siempre que es sólo a través de la participación y trabajo comprometido de todos los niveles de gobierno y de la ciudadanía que lograremos buenos resultados.
Por ello nuestra profunda preocupación y ocupación respecto de las declaraciones que el gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, realizó el pasado martes 11 de septiembre contra la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, que me permitiré repetir ante ustedes: "la secretaria Zavala hizo una declaración estúpida de que ella no es la responsable de Protección Civil; que no diga tarugadas; esta señora no tiene conectada la boca con el cerebro…"; si bien es cierto, la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o. es parte fundamental de la condición democrática de nuestro país, lo es también el respeto, la no discriminación y la búsqueda de equidad.
No se trata sólo de una declaración en suma ofensiva, sino incongruente; cabe mencionar que el profesor Moreira ha manifestado que uno de los retos al asumir el gobierno del estado fue igualar las oportunidades sin distinción alguna de género, religión, condiciones de salud, de posición social o económica o cualquier otra circunstancia en que se encuentre persona alguna en Coahuila; resulta entonces irónico que, si habla de combatir la discriminación, sea él mismo quien desacredite, ofenda y califique de estúpidas las declaraciones de la secretaria Zavala.
Lo preocupante no es sólo que el gobernador haga evidente la tremenda falta de comunicación y acuerdo entre los órganos del Estado, lo es más que públicamente le haya faltado al respeto a una mujer, calificando las afirmaciones que ha hecho, desacreditando su trabajo, que si bien es cierto, puede y debe ser evaluado, no es el gobernador el facultado para ello, y mucho menos para hacerlo de forma pública y poco prudente.
La constitución nos faculta para expresarnos libremente; sin embargo, se ha olvidado al Gobernador Moreira que estas manifestaciones no deben afectar los derechos de terceros.
No basta solo con denunciar la persistencia de actitudes inequitativas y en la gran mayoría opresivas de las cuales las mujeres han sido y son objeto; requerimos trascender, sobrepasar las expresiones coyunturales buscando aminorar las desigualdades promoviendo así el adecuado desarrollo de la actividad política valiéndonos del trabajo comprometido de los que participamos activamente de la administración pública de la nación.
Es en extremo importante que los servidores públicos dejemos de hacer manifestaciones mal encausadas que afecten la imagen de nuestros compañeros y den muestra de la falta de compromiso de aquellos que no fortalecen el respeto y la equidad.
En nombre de los diputados federales del estado de Coahuila del Partido Acción Nacional: Carlos Augusto Bracho González, Rogelio Carbajal Tejada, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte, Jesús Vicente Flores Morfín, Ángel Humberto García Reyes, Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Rolando Rivero Rivero y la de la voz, Dora Alicia Martínez Valero; someto a consideración de esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de diputados exhorte al gobernador constitucional del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, a abstenerse de hacer declaraciones en contra de cualquier funcionario público.
Segundo. Que el antes citado pida una disculpa pública a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala.
Tercero. Que se garantice el trato no discriminatorio a los habitantes y visitantes del estado de Coahuila de Zaragoza, incluyendo a los funcionarios del gobierno federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2007.
Diputada Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO
DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2008 SE ELIMINE EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES EN HOSPITALES
PRIVADOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES,
A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Los suscrita, diputada federal Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Mucho se ha hablado sobre la política remunerativa del Estado mexicano, y más cuando a través de los sueldos del presidente, de los ex presidentes, diputados y senadores al Congreso de la Unión, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los titulares de los órganos constitucionales autónomos y de todos los mandos medios y superiores de la burocracia mexicana, observamos que es excesiva, caótica, irracional e ilógica.
Hoy día se critica, con justa razón, la existencia de diferentes regímenes laborales, la multiplicidad de pagos al personal, la existencia de dos o tres planillas dentro de una misma institución, niveles remunerativos que varían de acuerdo a las modalidades de contratación fijadas por cada uno de los titulares de los Poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos, aunado a las grandes prebendas que como sobresueldos o prestaciones se da la alta burocracia en nuestro país, entre ellos el seguro de gastos médicos privados diferente al ISSSTE.
Si bien es cierto que el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo; también es cierto que se desconoce con precisión cuales son los criterios y el procedimiento para establecer los sueldos y todas las prebendas excesivas que con cargo al erario público reciben los servidores públicos de mandos medios y superiores que prestan sus servicios en los Poderes de la Unión.
Ahora bien, con base en lo dispuesto en el artículo primero de la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, tenemos que este cuerpo normativo se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, de
2. Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los trabajadores de la entidad de fiscalización superior de la federación;
3. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal;
4. La Procuraduría General de la República;
5. Los órganos jurisdiccionales autónomos;
6. Los órganos con autonomía por disposición constitucional;
7. El Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos autónomos, sus dependencias y entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluidos magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el instituto, y
8. Los gobiernos de las demás entidades federativas de la república, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus trabajadores, en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta ley.
En el caso de la Cámara de Diputados, el proyecto de presupuesto enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempla en la partida 3414-1 Subcontratación de Servicios con Terceros.- Servicio Médico, Hospitalario y de Laboratorio, una erogación de 69 millones 632 mil 825.00 pesos, aunado a que para el ejercicio fiscal 2008, este órgano colegiado debe aprobar las erogaciones correspondientes a la partida 1401 Aportaciones al ISSSTE para cumplir con el mandato del artículo 1o. de la Ley del ISSSTE, que en el caso particular se tiene proyectado un gasto por 12 millones 70 mil 32.00 pesos por concepto de aportaciones que debe cubrir la Cámara de Diputados por los servicios de seguridad social proporcionados por el ISSSTE a todos los legisladores, mas las aportaciones al Fovissste, las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, entre otras.
En el caso del Poder Ejecutivo Federal a pesar de que el 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal, publicado el 4 de diciembre de 2006, y que en el artículo décimo tercero se instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ejercicio fiscal de 2007 tome las medidas de eficiencia y reestructuración necesarias para que se reduzca el costo que asume el gobierno federal por el pago correspondiente a los seguros de gastos médicos mayores, de vida y de separación individualizado, para los servidores públicos, la Presidencia de la República ha utilizado casi 5 millones de pesos más de lo autorizado para el seguro de gastos médicos y la prima de separación de su personal.
De enero a julio, áreas como la Oficina de la Presidencia de la República, destinaron tres veces más recursos de lo permitido para cubrir el seguro de gastos médicos de los funcionarios, a la secretaría particular se le asignaron 242 mil 103 pesos para gastos médicos mayores, y al final se gastaron 764 mil 991 pesos, tres veces más de lo presupuestado.
En total, la Presidencia de la República invirtió en los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado 29 millones 179 mil 714 pesos, es decir, rebasó con 4 millones 803 mil pesos el monto autorizado.
El gasto excesivo de la Presidencia de la República se realizó no obstante que no existe disposición legal que señale la contratación con terceros de los servicios médicos, de la supuesta orden para generar ahorros en estos rubros y de que este año se redujo el personal contratado.
Otro ejemplo del derroche y despilfarro del erario público es el hecho de que en marzo de este año el periódico El Universal haya documentado las compras y contratos millonarios realizados por el anterior presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en dicho reporte se señala que en el último trimestre del 2006 dicho órgano firmó un contrato cuatrimestral por 30 millones de pesos para la adquisición de seguros médicos.
En ninguna circunstancia, menos aún en situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, estos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente.
La austeridad no sólo es un asunto administrativo, sino de principios. La austeridad significa rigor y eficiencia, pero también justicia. No es concebible un gobierno rico con un pueblo pobre.
Por ello, con el presente punto de acuerdo solicitamos que la Cámara de Diputados suprima la partida 1407 del seguro de separación individualizada, que consiste en un fondo de ahorro especial para alta burocracia y que se estima para este año en 5 mil 60 millones de pesos, y que se cancele la partida 1406 de gastos médicos mayores, para atención en hospitales privados de la alta burocracia, que equivale a 2 mil 300 millones de pesos.
A todas luces, es ineludible la necesidad de erradicar prácticas anacrónicas que en nada contribuyen a fortalecer nuestro estado de derecho; delimitar la actuación de los órganos del Estado es una tarea permanente y más tratándose de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La sociedad bien merece que sean claros los criterios y el procedimiento para determinar las remuneraciones y los haberes de sus gobernantes, en particular del titular del Poder Ejecutivo, las remuneraciones que reciben los servidores públicos de la alta burocracia son suficientes para que acudan a un servicio médico privado, por ello es insostenible que estos gastos excesivos se sigan cargando al erario público.
Por lo anteriormente expuesto sometemos la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, en uso de las facultades que le concede el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento del artículo 1o. de la Ley del ISSSTE, aprueba suprimir las partidas 1407 del seguro de separación individualizada y la 1406 de gastos médicos mayores del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
Segundo. Que la Cámara de Diputados elimine de los presupuestos de las soberanías que integran el Poder Legislativo Federal en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 los gastos relativos a la subcontratación de servicios con terceros por conceptos de servicio médico, hospitalarios y de laboratorio.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE INCLUYAN LINEAMIENTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UN FONDO ESPECIAL DESTINADO A RESARCIR EL PATRIMONIO DE LOS AHORRADORES
AFECTADOS POR LAS OPERACIONES IRREGULARES DE UNIÓN DE CRÉDITO
MONTERREY, SA DE CV, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE NUEVO LEÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del estado de Nuevo León, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proponga al Ejecutivo federal que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2008 lineamientos jurídicos y financieros para la constitución de un fondo especial destinado a resarcir el patrimonio de las personas ahorradoras afectadas por las operaciones irregulares de la denominada "Unión de Crédito Monterrey, SA de CV", con domicilio en Monterrey, Nuevo León, así como para que la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones legislativas, y conforme al procedimiento correspondiente entre en el estudio, la discusión y la reforma de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para atender, prevenir y, en su caso, sancionar este tipo de acciones fraudulentas, en atención a la siguiente
Exposición de Motivos
Un importante número de ciudadanos de Nuevo León han sido afectados por las operaciones fraudulentas de una de las entidades financieras más importantes del país, en la modalidad de unión de crédito. Esta entidad financiera es la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, a la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha revocado la autorización para operar. El problema, desde la perspectiva financiera y del control institucional que deben tener estas organizaciones auxiliares de crédito, se agrava de manera sensible cuando los afectados forman un sector de la sociedad integrado por personas preponderantemente de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esforzado trabajo.
Resulta incuestionable que la temática relacionada con la regulación, el control y la vigilancia de las organizaciones auxiliares de crédito incide en el ámbito de competencia de esta soberanía; por consecuencia, el referente competencial tiene una fuerte vinculación económica y social que nos obliga a reflexionar sobre la trascendencia en estos ámbitos de las acciones que realizan estas entidades financieras, insuficientemente reguladas por el Estado mexicano.
A manera de antecedentes sobre la actividad irregular de la citada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, se exponen los siguientes:
b) En ejercicio de las facultades que la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito confiere a la citada comisión, ésta realizó una inspección ordinaria a la referida Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, en febrero de 2003, encontrando irregularidades de especial trascendencia y gravedad en su forma de operación; entre otras, las siguientes: "(I) en el manejo de la cartera de crédito se detectaron operaciones que contravienen el artículo 48-C de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que establece que las organizaciones auxiliares del crédito en ningún caso podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones que se aparten de las sanas prácticas financieras; (II) incumplió los criterios de contabilidad para uniones de crédito emitidos por la precitada Comisión Nacional Bancaria; (III) celebró operaciones de crédito a plazos que no son congruentes con los de las operaciones pasivas, infringiendo lo previsto en la fracción IV del artículo 45 de la precitada Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; (IV) celebró operaciones activas no autorizadas por el Comité de Crédito; (V) sus registros contables incumplían los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos por el Instituto de Contadores Públicos, AC", entre otras irregularidades.
c) Mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de 2006, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a la multicitada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, estableciendo su incapacidad para realizar operaciones y ordenando proceder a su disolución y liquidación.
De esa manera, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, adeuda a cerca de mil 800 socios ahorradores una cantidad aproximada a 380 millones de pesos, cuyo reintegro han venido reclamando ante diversas instancias, tanto por la vía judicial como por la administrativa, sin que a la fecha se haya llegado a una solución satisfactoria para los afectados. Por el contrario, sin el auxilio decisivo del gobierno mexicano muy probablemente las cantidades que podrán eventualmente recuperar sólo representarían una fracción de su ahorro.
Esto último plantea una situación socialmente muy delicada para el Estado mexicano en la protección de los grupos vulnerables, y de especial relevancia para el estado de Nuevo León, cuya actual administración pública ha establecido entre sus políticas públicas prioritarias la atención y el cuidado de la integridad física y patrimonial de las personas de edad avanzada, considerando que 60 por ciento de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad cuyos ahorros, producto de sus liquidaciones o jubilaciones, sustentaban una modesta forma de vida, de la cual han sido privados como efecto de las operaciones fraudulentas de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.
Como representantes populares, estamos obligados a ser los promotores del bienestar de nuestros representados, y crear las condiciones para que ello sea posible. De esa manera, cada uno de los poderes del Estado mexicano, en el ámbito de sus atribuciones, debe implantar los mecanismos idóneos para la consecución de tal bienestar, con especial atención en favor de los sectores más vulnerables.
En tal virtud, se considera que el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo deben participar en la solución del problema planteado, como en otras ocasiones se ha hecho, mediante la implantación de mecanismos económico-financieros jurídicamente seguros y transparentes, que permitan la constitución y operación de un fondo destinado a la restitución del patrimonio de los afectados por la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.
De igual manera, es pertinente que este Congreso, a través del procedimiento correspondiente, se aboque a la revisión y, en su caso, reforma de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, con objeto de que se regulen o refuercen los principios de seguridad, control, supervisión, vigilancia, protección y responsabilidad que deben tener las precitadas uniones de crédito, considerando disposiciones transitorias para el resarcimiento de quienes, como en el caso que nos ocupa, han sido privados de sus ahorros por acciones fraudulentas de organizaciones de crédito, al amparo de la legislación citada.
Por lo expuesto, ponemos a su consideración el presente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2008 los recursos necesarios para la constitución de un fondo especial que se destine a resarcir el patrimonio de los mil 800 socios ahorradores afectados por la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, considerando como base de la afectación inicial la cantidad de 380 millones de pesos, conforme a las bases constitutivas, de seguridad, prelación y legitimidad que resulten idóneas.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
Tercero. Túrnese el presente punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que, con el apoyo de los órganos internos de estudio de la Cámara de Diputados, se aboque a la revisión y, en su caso, reforma de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, con objeto de que se regulen y refuercen los principios de seguridad, control, supervisión, vigilancia, protección y responsabilidad que deben tener las uniones de crédito.
Cuarto. Túrnese el presente punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se tenga en cuenta el contenido del presente punto acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.
Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo
Fernando Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge
Luis de la Garza Treviño, Juan Manuel Parás González,
Ramón Salas López (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SE Y A LA PROFECO A CONTROLAR EL ALZA DE LA CANASTA BÁSICA
Y DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DERIVADO DE ENERGÉTICOS, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN SALVATORI BRONCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
La que suscribe, María del Carmen Salvatori Bronca, diputada federal de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de la aprobación del impuesto especial a la gasolina, las mexicanas y mexicanos hemos sido afectados por una escalada de precios en los productos básicos y de los servicios cuyos insumos derivan de energéticos. Este impuesto especial que entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y aún cuando no ha sido aprobado por los Congresos de los Estados, ya está golpeando duramente la economía familiar en el país.
Hasta la fecha se han registrado un gran número de incrementos en productos básicos como frutas y verduras, lo mismo ocurre con el precio del pan, incrementado entre 30 y 50 centavos en las últimas dos semanas.
Productos como el jitomate se incrementaron en menos de dos semanas de 12 a 17 pesos por kilo; los chícharos se compran en 25 pesos por kilo al igual que los ejotes; las lechugas están cerca de los 10 pesos por pieza, el kilo de manzanas no se encuentra debajo de 22 pesos, y la papaya en 15 y un kilo de nopales en 13 pesos. El kilo de carne de bistec se vende en 70 pesos en promedio. Además los productores avícolas indican que realizarán un ajuste a sus precios de huevo y pollo.
A diferencia de lo que plantean quienes han querido minimizar las alzas, podríamos seguir largamente con este recuento, sin embargo, resulta inútil puesto que cualquiera de nosotros puede comprobarlo por si mismo. Se trata de hecho de una de las pocas realidades sociales, a cuyo reconocimiento no puede escaparse.
Estas alzas que sabemos injustificadas no son un asunto menor, consideremos aquí, que además de golpear de forma lamentable la economía doméstica, se esta generando una situación especulativa, donde algunos comerciantes están sacando provecho anticipado de la aplicación de esta reforma fiscal y ello entraña un dolo inadmisible.
Justamente esto era lo que advertíamos los diputados y diputadas que nos opusimos a la aprobación del impuesto a la gasolina. Se nos dijo en esta tribuna que no era un impuesto inflacionario ni regresivo, cuando incluso el propio Banco de México informó que se esperaba un impacto en la inflación, por el alza de la gasolina.
Todo lo anterior ha ocurrido aún sin la entrada en vigor de la Ley y si consideramos que el precio de la gasolina se incrementara durante 18 meses, no hay ninguna razón para desoír la tendencia de que el alza de precios a productos de consumo básico continuará de manera exponencial.
Detener esta escalada cuyas afectaciones en el nivel y calidad de vida de los mexicanos ya se hacen sentir, es un imperativo. Las autoridades deben hacer uso de todos los mecanismos legales pertinentes para ello.
Con esta proposición exhortamos tanto a la Secretaría de Economía como a la Profeco a movilizar los recursos legales y materiales de que disponen para impedir que se sigan perpetrando estos abusos sobre la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía; Eduardo Sojo y de la Procuraduría Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, a controlar y detener el alza de precios de la canasta básica así como los servicios cuyo suministro derive de energéticos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2007.
Diputada Maria del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2008 RECURSOS ADICIONALES PARA LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO
DE DURANGO, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO SANTIAGO PEDRO CORTÉS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
El suscrito, Santiago Gustavo Pedro Cortés, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en atención a los siguientes
Considerandos
La Universidad Juárez del Estado de Durango se presenta ante esta soberanía, por mi conducto, a exponer el grave problema financiero que coarta su libertad de expresión y amenaza su existencia, pese a que hace sólo unas cuantas semanas ha sido reconocida y premiada por la señora secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, en mérito a sus programas académicos de calidad.
Paradójicamente, mientras que la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) logró llevar al 93.8 por ciento de su matrícula a programas de alta calidad, obtuvo 5 certificaciones ISO 9001, duplicó el número de maestros con grado de doctor en tan sólo tres años, y alcanzó a ubicarse dentro del selecto grupo de las 10 mejores universidades de México –según la Secretaría de Educación Pública (SEP)…– ¡lleva más de treinta años de rezago en prestaciones contractuales no reconocidas por la misma SEP!
Compañeras y compañeros legisladores, ¡claro que tenemos diferencias!, pero estoy seguro de que no diferimos en valorar la importancia estratégica y el compromiso social de la educación, ni diferimos en reconocer la obligación del estado mexicano de impartir educación gratuita a sus niños y jóvenes.
1. El artículo 3o. constitucional es claro y no distingue "todo individuo tiene derecho a recibir educación... toda la educación que el Estado imparta será gratuita".
2. No podemos desarrollar una nación soberana si sacrificamos la educación. El Estado no puede renunciar a proveer educación superior gratuita. Muy pocos mexicanos pueden pagar una universidad privada, y en ese tenor, la falta de correspondencia entre decir y hacer –por parte de las autoridades de la SEP– preocupa, y mucho... Pareciera que la orientación de este gobierno sea, finalmente... privatizar la enseñanza superior. ¡Cuidado!
Indicio de lo que digo es la situación de muchas universidades públicas del país que están atravesando por una seria crisis financiera, como es el caso de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
3. Desde hace años, las autoridades de la UJED han sufrido la insuficiencia del subsidio. Contra todo sentido, el Presupuesto para consolidación de las Universidades públicas estatales y con apoyo solidario (identificado como irreductible, porque no debería, en verdad, reducirse) se ha visto disminuido año con año (nada más en 2006 se redujo en 52 millones de pesos para la UJED), y se pretende disimular ese daño con otros apoyos que autoriza Cámara de Diputados.
4. La oferta educativa de la UJED –es decir, el número de nuevas carreras que lanza– no ha sido reconocida, y eso lastima su economía. Hasta hoy, el rezago asciende a más de 375 millones de pesos.
5. Pese a todo, la Universidad Juárez del estado de Durango va a incrementar la matrícula, iniciando nueve programas educativos en el primer semestre de 2008.
Los recursos no alcanzan y materialmente no habría forma de compensar a la Universidad Juárez del Estado de Durango, en un solo ejercicio, del abandono sufrido por décadas, pero podemos abonar a su supervivencia, cubriendo únicamente el costo de la oferta educativa no reconocida para 2008 y el costo de los nuevos programas.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que en la integración del presupuesto destinado a las universidades públicas del país para el Presupuesto de Egresos de 2008 se establezca que en lo destinado a la Universidad Juárez del estado de Durango se considere el costo de la oferta educativa no reconocida y el rezago que se tiene actualmente con la institución y que ya asciende a 375 millones de pesos.
Segundo. Se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que revisen de manera detallada el presupuesto destinado a las universidades de educación superior de nuestro país para el Presupuesto de Egresos de 2008, a fin de que en el marco de sus atribuciones, asignen el presupuesto que demanda la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2008 RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO DE LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS MEXICANOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL
DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
Los que suscriben, diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, para que se considere dentro del dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica una partida presupuestal especial para asignarla al fideicomiso que administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasigne recursos de los subejercicios de este año fiscal 2007 al fideicomiso 2106.
Antecedentes
En el año 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos de América firmaron un Convenio Binacional que establecía un programa de apoyo a braceros mexicanos, que les permitía laborar legalmente en los campos agrícolas principalmente.
El Convenio Binacional señalaba y garantizaba la creación de un fondo de ahorro que se constituyó con el descuento del 10 por ciento sobre el salario de los braceros mexicanos, el cual se debía entregar al regresar a México por el entonces Banco de Crédito Agrícola, significando esto una deuda histórica que este país tiene que saldar con los ex braceros.
En años recientes el gobierno federal, la Cámara de Diputados y Senadores, así como la lucha de miles de ex braceros convinieron reconocer los derechos de esos ex trabajadores, teniendo como resultado la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Bajo esta ley se integró el padrón de aquellos ex braceros que pudieran comprobar su condición ante las mesas receptoras instaladas por la Secretaría de Gobernación en los estados.
En la actualidad, esta ley ha sido insuficiente para resolver dicho problema, ya que existen más de 160 mil ex braceros fuera del padrón de pago, siendo excluidos del apoyo social.
Ante estos vacíos provocados por la Ley que Crea el Fideicomiso, ex braceros han buscado la salida legal, obteniendo con ello amparos que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando inconstitucional y discriminatorio el inciso i) del artículo 6o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; esto obligara a abrir nuevamente mesas receptoras para la integración de un nuevo padrón.
Consideraciones
El 25 de mayo del 2005 el Pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos el cual se planteo con una duración de 5 años a partir de la fecha de su publicación.
El periodo de registro en las mesas receptoras fue del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006, se tuvo un total de 212, 218 ex braceros, de los cuales en una primera selección 49 mil 309 se consideraron con documentación completa, en la siguiente selección desagregaron 6 mil 672 expedientes de ex braceros quienes presentaron inconsistencias en sus documentos; quedando elegibles solamente 42 mil 633 que cuentan con documentación completa, y 169 mil 585 no completaron adecuadamente.
Inicialmente en 2005 se destinaron 298.5 millones de pesos, la misma cantidad para el año 2006, acordándose apoyar con 38 mil pesos a cada ex bracero que cumpliera con los requisitos de ley, se han beneficiado hasta la fecha mas de 23 mil ex braceros y quedan en listas de beneficiados 19 mil 80 braceros.
Esta comisión especial en la búsqueda de beneficiar a miles de braceros registrados en el padrón, presentó en diciembre de 2006 una propuesta de 800 millones de pesos para el pago del apoyo social, sin embargo esta soberanía aprobó sólo 300 millones, a todas luces insuficientes para el reclamo actual.
Que en el año en curso se destinaron 300 millones de pesos, recurso que se esta ejerciendo actualmente, sin embargo hay fuertes reclamos por la falta de presupuesto para cubrir a la totalidad de los beneficiarios que han cumplido con lo que la ley exige.
Que estamos a la espera de la aprobación por la Cámara de Senadores de la minuta turnada desde el 26 de abril del 2006 por esta Cámara donde se plantean reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso y que permitirá aperturar las mesas receptoras y construir el nuevo padrón de ex braceros que no cumplieron con la documentación correspondiente que exigía la ley.
Que existen ex braceros o familiares que cumplirían con los requisitos que pide la ley y que por alguna circunstancia no han accedido al programa y mucho menos al apoyo social al que se tiene derecho.
Por los motivos y fundamentos expuestos, sometemos al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
1. En diciembre del 2006 se aprobaron por la Cámara de Diputados 300 millones de pesos que resultan insuficientes para liquidar en su totalidad el pdrón actual de beneficiados, ante esto todos los coordinadores parlamentarios propusieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mecanismos para la resignación de recursos de otras dependencias, que se lograrían de subejercicios y economías que están resultando en la aplicación del Presupuesto 2007, solicitamos por lo tanto que esta Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reasignen 750 millones 40 mil pesos para aplicarlos en otra lista que beneficie a los 19 mil 80 ex braceros que cumplieron con la ley y que están pendientes de pago, y que se publicaría antes de concluir este año fiscal.
2. Para el presupuesto 2008 la Cámara de Diputados debe asignar los suficientes recursos económicos para el nuevo padrón de ex braceros que se integrara a partir de la publicación de la convocatoria en próximos días, y que arrojara una cantidad de braceros con derechos al apoyo social. Existe como antecedente un listado de 169 mil 585 personas que por alguna razón fueron excluidos del apoyo social, con esto tendrán otra oportunidad de ser beneficiados, por lo que proponemos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere establecer en el Presupuesto de Egresos 2008 la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos para destinarlo única y exclusivamente al Fideicomiso 2106, garantizando recursos económicos para los ex braceros del nuevo padrón.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros
Diputados: Isidro Pedraza Chávez (rúbrica),
presidente; Ángel Humberto García Reyes (rúbrica),
María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios;
Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), José
Jacques y Medina (rúbrica), David Figueroa Ortega, José Luis
Varela Lagunas (rúbrica), María Dolores González Sánchez,
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Elia Hernández Núñez,
Susana Monreal Ávila (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez
(rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA
CONOCER LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE JUSTIFIQUE
LA APLICACIÓN DE LA TARIFA DOMÉSTICA DE ALTO CONSUMO, A CARGO
DEL DIPUTADO ALONSO MANUEL LIZAOLA DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El 7 de febrero del año 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas. En este acuerdo, el gobierno federal a través de la SHCP estableció los lineamientos para incrementar las tarifas eléctricas residenciales y, a través de esta política, reducir el subsidio residencial a los estratos de la población que consumen más electricidad.
Dicha medida ha implicado fuertes desacuerdos, ya que se considera que con el incremento de las tarifas se generan efectos negativos en los estándares de vida de la población de las regiones en donde se presentan mayores temperaturas, repercutiendo directamente en el nivel de ingreso en estas regiones. Por lo que se ha propuesto la eliminación o disminución de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo.
Sin embargo, estás medidas pueden implicar efectos nocivos en la sustentabilidad financiera de las empresas proveedoras de electricidad. Cabe señalar, que de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), las tarifas del servicio público de electricidad sólo permiten cubrir los costos variables y una parte de la inversión, la diferencia se cubre por medio de subsidios. En suma, las tarifas cobradas a los usuarios permiten cubrir los costos operativos y una parte de la inversión (los de generación y transmisión), pero no la totalidad de la expansión del sistema de distribución.
Los principales beneficiarios de la política de subsidios, son los usuarios de los sectores residenciales y agrícolas. El precio promedio que pagan solo alcanza a cubrir 42 y 29 por ciento de los costos respectivos. En cambio, el precio que paga el resto de los usuarios representa cerca del 85 por ciento del costo. Lo cual demuestra que en México el costo de generar, trasmitir y distribuir la electricidad es mayor que el precio de venta.
Referente a la Tarifa Eléctrica Doméstica de Alto Consumo (DAC), existen actualmente 567 mil 549 usuarios, lo que equivale al 2 por ciento del total nacional y al 2.2 por ciento de la tarifa doméstica. Dichas cifras podrían considerarse como marginales, pero al mismo tiempo fomentan el uso racional de la energía y se contribuye a la sustentabilidad financiera del sector.
Por lo anterior, es necesario conocer los argumentos técnicos, económicos y sociales, que justifiquen el costo-beneficio, la viabilidad y sustentabilidad de la aplicación de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las instituciones correspondientes, a realizar los estudios necesarios para conocer la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social, que justifiquen la aplicación de la tarifa doméstica de alto consumo, y a efecto de estos estudios, realizar los ajustes correspondientes en caso de determinarse un subsidio injustificado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de Septiembre de 2007.
Diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE INVESTIGUEN
EL USO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ
RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea propuesta para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Consejo de la Judicatura Federal que investiguen el uso de recursos humanos y financieros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 22 de agosto de 1996 entró en vigor la reforma electoral y judicial que dio origen al Trife, como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el Trife, lamentablemente, es más conocido por sus escándalos de gastos excesivos y frívolos de los recursos públicos dispuestos para su funcionamiento que por su actividad jurisdiccional.
Como recordarán, en octubre del año pasado el propio presidente del tribunal, en ese entonces Leonel Castillo, admitió la creación de tres fideicomisos, que ascendían a la suma de 88 millones 173 mil 177 pesos, contabilizados al 30 de septiembre de 2006, según consta en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre de ese año, los cuales se utilizarían para sufragar los bonos de retiro de los magistrados electorales y del personal administrativo de alto nivel del propio tribunal.
Ese hecho, atentatorio e irresponsable, fue detenido, debido a la intervención de este Congreso y de la ASF, pese a la inconformidad y oposición de los beneficiarios de dichos fideicomisos por regresar los recursos a la Tesorería de la Federación.
El 6 de agosto pasado, el magistrado Flavio Galván Rivera presentó su renuncia a la presidencia del Trife "por motivos de salud", y en su lugar se nombró a María del Carmen Alanís "por unanimidad".
Sin embargo, en comunicados del propio tribunal se sembraron dudas sobre tales acontecimientos, las cuales se confirmarían más tarde, pues no fue por razones de salud la renuncia del abogado Galván, y tampoco fue unánime la designación de Alanís: el punto fundamental implicaba de nueva cuenta malos manejos administrativos.
Los medios de comunicación informaron de una supuesta petición de comisiones por la compra de un inmueble para las oficinas alternas del tribunal como la causa del desencuentro en el Trife.
Dicha solicitud habría sido realizada por la coordinadora general de asesores del presidente Galván, la abogada Norma Inés Aguilar León.
Ese hecho es suficientemente grave para que esta Cámara exija una investigación sobre el caso y se sancione a los responsables. Sin embargo, no parece el único asunto que nos debe preocupar, pues hay reportes de gastos millonarios en sueldos y prestaciones que no coligen justificación.
Ejemplo de ello es que para enero de este año, en el citado rubro de sueldos y prestaciones, el tribunal erogó 39 millones 59 mil pesos y en junio 81 millones 293 mil pesos; es decir, un incremento superior a 100 por ciento.
Otros rubros han tenido importantes incrementos mes tras mes, como es el caso de servicios generales, cuyo gasto en enero de este año reportó la cantidad de 942 mil pesos, en febrero 9 millones 992 mil pesos, en marzo 6 millones 220 mil pesos, en abril 7 millones 326 mil pesos, en mayo 6 millones 806 mil pesos y para junio ascendió a 5 millones 982 mil pesos.
Se requiere una explicación sobre estos gastos. Sin embargo, la presente propuesta no constituye una sentencia sobre la responsabilidad de un servidor público en particular, pues el Trife no gira en torno de un solo individuo: es un cuerpo colegiado que debe compartir la responsabilidad y dar la cara a la nación.
En consecuencia, la Cámara de Diputados no puede evadir su obligación constitucional de velar por el interés público. El Poder Judicial no es ajeno a la rendición de cuentas y a la transparencia; tiene el deber fundamental de dar publicidad y certeza del manejo de los recursos asignados por la hacienda pública.
El pueblo de México no tolera más que se abuse de la posición y del encargo público para garantizar intereses particulares con gastos ofensivos que están fuera del contexto de marginación y rezago en que viven millones de mexicanos. No puede ser más un gobierno rico con un pueblo pobre.
En ese sentido, solicitamos la intervención de las instancias legitimadas para el efecto, como el Consejo de la Judicatura Federal, y de la Auditoría Superior de la Federación para que realicen profundas investigaciones y se proceda en consecuencia.
Por lo expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXXVII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se solicita al Consejo de la Judicatura Federal que integre un comité de investigación sobre los hechos planteados en el presente documento, los cuales pueden constituir una falta grave al servicio judicial.
Segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción I del artículo 79 de la Constitución General y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación y auditoría sobre los hechos planteados en el presente documento, los cuales pueden constituir un manejo irregular de los recursos públicos.
Tercero. Se solicita a ambas instancias que informen a la Cámara de Diputados sobre el avance de la atención de la presente.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2007.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PRIVATIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado Pedro Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Las explosiones que han ocurrido de manera recurrente en contra de la infraestructura de Petróleos Mexicanos, se han convertido en una amenaza latente en contra del patrimonio de los mexicanos; ponen en riesgo la tranquilidad de la sociedad y afectan severamente nuestra seguridad nacional.
2. La seguridad nacional implica un conjunto de acciones por parte de los integrantes de un Estado para obtener y conservar las circunstancias propicias para el logro de su proyecto nacional. Es la capacidad de un Estado, para preservar la integridad física de la nación y de su territorio; de mantener sus relaciones económicas con el resto del mundo en términos convenientes; de proteger su naturaleza, sus instituciones y su gobierno de los ataques provenientes del exterior, y de controlar sus fronteras, asegurando el predominio de la ley y la gobernabilidad.
La Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3, define este concepto como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a la protección de la nación para enfrentar amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; así como de la unidad de las partes integrantes de la federación señaladas en el artículo 43 constitucional; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
3. Esta misma ley señala en su artículo 5 que la realización de actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, se considera una amenaza a la seguridad nacional.
En este sentido, Petróleos Mexicanos es la mayor empresa de México y de América Latina, y el mayor contribuyente fiscal del país. Garantiza el abasto de energéticos, petrolíferos y petroquímicos básicos para cubrir las necesidades que demanda la población mexicana. Es de las pocas empresas petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena productiva de la industria, desde la exploración hasta la distribución y comercialización de productos finales.
Durante 2006 obtuvo un rendimiento neto de 42 mil 497 millones de pesos, registró ventas en el país por 546 mil 750 millones de pesos, y los ingresos por exportaciones alcanzaron 511 mil 366 millones de pesos.
En ese mismo año, la producción promedio diaria se ubicó en 3 millones 255.6 mil barriles diarios. Por estas razones, la protección de la infraestructura de Pemex es considerada como asunto de la mayor seguridad nacional.
4. En días pasados, diversos medios de comunicación difundieron la contratación por parte del gobierno federal de la empresa estadounidense SY Coleman Corporation, para la creación y operación de un centro de vigilancia aérea para la protección de nuestra infraestructura energética.
Para tales efectos, dicha empresa lanzó una convocatoria para reclutar ex militares con experiencia en actividades aéreas. Asimismo, se tiene conocimiento de que durante el pasado mes de mayo se realizó una licitación pública internacional para contratar durante una década, con opción de renovación, a empresas privadas extranjeras que se encarguen de la operación, mantenimiento y administración de las conductoras de hidrocarburos en la red estratégica de Tabasco, Chiapas y Veracruz, por un monto posible de mil millones de dólares.
En este orden de ideas, es fundamental la conservación por parte del Estado Mexicano, de áreas estratégicas fundamentales para la economía mexicana. Por ello, resulta de prioritaria importancia que, a través de las instancias encargadas de preservar la seguridad nacional, el Estado realice exclusivamente la labor de monitoreo, vigilancia y protección de todas las instalaciones estratégicas, incluyendo las energéticas.
Por ello, la pretensión del Ejecutivo federal de encomendar estas tareas a empresas privadas extranjeras compromete nuestra soberanía y seguridad nacional; al abrir la puerta a intereses extranjeros, en la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo y la preservación de nuestras libertades; más aún cuando la vigilancia y protección de infraestructura estratégica y base de nuestra economía correrá a cargo de personal militar con experiencia en vigilancia del espacio aéreo.
5. Es deber de las instituciones de seguridad del Estado cumplir a cabalidad con su principal obligación: asegurar la paz social, respetar y hacer respetar la ley y las instituciones.
La vigencia del estado de derecho depende fundamentalmente de la confianza de la ciudadanía en su gobierno, en las leyes y en las instituciones que lo rigen. Por ello, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Policía Federal Preventiva, mediante su actuación íntegra y transparente, brindar a los ciudadanos la certidumbre en todo momento, de que cuentan con seguridad en su integridad física, respeto a sus derechos y preeminencia del interés nacional, principalmente en la defensa y vigilancia del patrimonio nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo de urgente resolución a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta Cámara de Diputados un informe pormenorizado de la contratación de empresas para efectos de operación, mantenimiento, administración y vigilancia de la infraestructura energética mexicana; y a reconsiderar las desventajas de la privatización de estas actividades, para que las mismas continúen a cargo de las instituciones nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS A PROPONER A LA FRATERNIDAD CULTURAL
TAMAULIPECA EN EL VALLE DE MÉXICO, AC, QUE LA PRESEA LICENCIADO
EMILIO PORTES GIL, EDICIÓN 2007, SE ENTREGUE AL ALUMNO GANADOR EN
MATEMÁTICAS DE PRIMARIA EN LA PRUEBA ENLACE 2007, A CARGO DE LA
DIPUTADA BEATRIZ COLLADO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta, ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Año con año, la presea "Licenciado Emilio Portes Gil", es otorgada por la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC, asociación que da cabida a las y los tamaulipecos interesados y sobresalientes en la cultura y las artes, proyectando a los nuevos valores tamaulipecos y dando espacio para las manifestaciones artísticas de diferente índole en su sede, la Casa de Cultura de Tamaulipas en el Distrito Federal.
Dicha presea es instituida para premiar a quienes se hayan distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente y como servidores de nuestra patria o de la humanidad y la propone Don Ricardo Delgado García, presidente de la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC.
El pasado mes de abril se llevó a cabo la aplicación de las pruebas ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 2007), correspondiente al ciclo escolar 2006-2007, acerca de 11 millones de estudiantes de tercero a sexto de primaria y tercero de secundaria.
Dicha prueba está hecha para conocer los resultados de alumnos, grupos y escuelas por modalidad educativa, por entidad y a nivel nacional, a fin de obtener información sobre el funcionamiento de la educación en México.
La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares valora los conocimientos y habilidades que poseen los alumnos en las asignaturas de Español y Matemáticas, asignaturas que han sido consideradas en diversos estudios internacionales como fundamentales en la educación básica.
En el procedimiento de esta evaluación participaron funcionarios de la subsecretaría de Educación Básica (SEB), del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), profesores y especialistas de Español y Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), Sociedad Mexicana Matemática (SMM), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE), Sociedad Mexicana Matemática (SMM), Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, (IEIA), entre otras.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), al dar a conocer los resultados de las pruebas realizadas a estudiantes de nivel básico, informó que en sexto grado de primaria en Matemáticas, el máximo puntaje fue 931, el cual fue obtenido por Andrés Ocampo Montero, alumno de la escuela primaria pública Venustiano Carranza de Tampico, Tamaulipas.
Previamente, Andrés Ocampo Montero ganó la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2007 y obtuvo el primer lugar a nivel estatal.
Por ello y tomando en cuenta el empeño y la dedicación del estudiante Andrés Ocampo Montero, es necesario reconocer e incentivar de esta forma a nuestros estudiantes nacionales por su gran esfuerzo y digno ejemplo a la sociedad mexicana y en especial de la juventud.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a su soberanía sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente y obvia resolución.
Transitorio
Único. Esta Cámara de Diputaos exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a efecto de que proponga a la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC, para la entrega de la presea Licenciado Emilio Portes Gil, edición 2007, al alumno ganador en Matemáticas para nivel primaria, de la prueba ENLACE 2007, Andrés Ocampo Montero, estudiante de la escuela primaria pública Venustiano Carranza, del municipio de Tampico, Tamaulipas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de septiembre de 2007.
Diputada Beatriz Collado Lara (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS DESAPARICIONES FORZADAS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER HERNÁNDEZ
MANZANARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Javier Hernández Manzanares, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inconformidad en contra de la práctica reiterada de las autoridades de desaparecer personas por motivos políticos, se ha venido manifestando a través de una serie de explosiones y detonaciones de cargas explosivas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en diversas entidades del país, de las cuales el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) se ha adjudicado dichos atentados en demanda de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los cuales aseguran el gobierno federal los tiene privados de su libertad en el campo militar número uno.
Ante la gravedad de las acusaciones, nos preguntamos ¿Qué está haciendo el gobierno de Felipe Calderón para dar con el paradero de estos ciudadanos mexicanos?
Con la aparición con vida de estas personas ¿no se cumplirían las demandas del EPR y con ello se evitarían futuros atentados?
Si Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, han cometido algún delito, ¿no deberían estar en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentados ante la autoridad correspondiente?
Cabe recordar que la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, fue adoptada en la Ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994 en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, como respuesta de la comunidad internacional a ésta problemática que se daba en diversos países de América Latina. México ratifico éste instrumento internacional el 10 de diciembre de 2001, por lo que se encuentra obligado a dar cumplimiento a este tratado internacional.
El artículo XI de éste instrumento internacional se establece:
"Los Estados partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades".
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en los términos de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de personas, implante los mecanismos y procedimientos que permitan determinar el paradero, el estado de salud y la autoridad que ordenó la privación de la libertad de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorale Congreso de la Unión, a 25 de septiembre de 2007.
Diputado Javier Hernández Manzanares (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SE Y A LA PROFECO A IMPLANTAR ACCIONES QUE EVITEN EL INCREMENTO
INJUSTIFICADO DE PRECIOS DE LOS BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS JESÚS RAMÍREZ STABROS Y JORGE TOLEDO LUIS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, como de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A la Secretaría de Economía le corresponde formular las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; en tal virtud, es la instancia del gobierno federal encargada de establecer la política de precios y vigilar su estricto cumplimiento; sobre todo en lo referente a los de consumo y uso popular, de conformidad con el artículo 34, párrafos I y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobada en 1992, establece que la Procuraduría de la Defensa del Consumidor verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes, por lo que los productos de la canasta básica, como un conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas para el bienestar de todos los miembros de la familia, deben ser escrupulosamente cuidados.
Por lo tanto, cualquier incremento, por mínimo que pareciera, a los precios del maíz, trigo, frijol, arroz, azúcar, aceite vegetal comestible, leche, sal, pasta de sopa, chocolate en polvo, atún, entre otros; resultaría artificial e injustificable, y menos aún argumentando que esta soberanía haya aprobado la reforma fiscal que entrará en vigor hasta el próximo año.
Es importante señalar que la reforma hacendaria aprobada le permitirá al gobierno federal disponer de los recursos públicos para fortalecer las políticas que promuevan el crecimiento y el desarrollo integral del país, impulsando aquellos rubros que tienen relación directa con mejorar los sistemas educativo, de salud y de seguridad pública; para la generación de empleos; de infraestructura carretera, de combate directo a la pobreza extrema y marginación de un amplio colectivo, de apoyo a los estados y municipios, entre otras asignaturas, que en su conjunto, pretenden elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.
El primer reto y desafío, de cara al 2008, es evitar con todos los instrumentos legales disponibles el incremento injustificado en los precios de los bienes, productos y servicios a los consumidores, que provocarían un efecto inflacionario; ya que las reformas recientemente aprobadas se aplicarán en forma gradual y sus alcances serán evaluados por esta representación nacional después de un año de vigencia.
Un gobierno democrático y republicano está obligado a impulsar un sistema tributario justo y equitativo, que permita recaudar y redistribuir los recursos públicos con el objetivo de integrar el desarrollo social a todas las regiones, poblaciones y colectivos menos favorecidos, fomentando la participación coordinada de todos los niveles y órdenes de gobierno, a través de sus diversas áreas enfocadas a lograr el bienestar comunitario, familiar e individual de todos los mexicanos.
Para procurar la justicia social en nuestro país, debemos cuidar que todos los bienes, productos y servicios que demanda la población y particularmente los que menos tienen, estén a su alcance para satisfacer sus necesidades más elementales. Por lo que las instituciones deben garantizar que los precios por el consumo doméstico de la energía eléctrica, del agua potable y del transporte público no sean incrementados. De la misma forma, resulta inaceptable e improcedente incrementar los precios de los productos incluidos en la canasta básica.
Por lo anteriormente expuesto, convocamos a las diputadas y diputados de todos los partidos políticos para que aprobemos como de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las acciones necesarias a efecto de no autorizar el incremento en los precios o tarifas de bienes, servicios y productos, especialmente los que integran la canasta básica.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ejercicio de sus facultades, intensifique en forma inmediata la supervisión a las empresas, comercios y prestadores de servicios a efecto de que se respeten los precios autorizados de bienes, productos y servicios a los consumidores, e impida el aumento injustificado de los precios, particularmente de los productos de la canasta básica y, que de presentarse el caso, se apliquen las sanciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.
Diputados: Jesús Ramírez Stabros
(rúbrica) y Jorge Toledo Luis (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, A LAS ESTATALES Y A LAS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR LA
POTABILIDAD DEL AGUA QUE SE DISTRIBUYE PARA CONSUMO HUMANO Y EVITAR LA
TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, SUSCRITA POR DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los diputados Ector Jaime Ramírez Barba, José Antonio Muñoz Serrano, Margarita Arenas Guzmán, Jorge Quintero Bello y Ángel Humberto García Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las enteritis y otras enfermedades diarreicas ocupan el segundo lugar entre las 20 principales causas de enfermedad nacional desde 1985, y las enfermedades infecciosas intestinales desde 2000.
En 2006 ocuparon el decimoséptimo lugar entre las primeras 20 causas de mortalidad general, traduciéndose en 3 mil 655 defunciones, de las que 37 por ciento se presentó en menores de cinco años. Durante 2007 se han presentado 3.4 millones de enfermedades infecciosas intestinales.
El agua limpia sin contaminantes contribuyó primordialmente al control del brote de cólera que inició en 1991, logrando así que el último caso de cólera se presentara en 2001. Sin embargo, se ha registrado un incremento de 22.6 por ciento en el número de brotes de enfermedad diarreica, y de 31.5 por ciento en el número de brotes de hepatitis A, a escala nacional entre 2005 y 2006, y en el mismo periodo se ha registrado un incremento considerable en el aislamiento de Vibrio cholerae y de Vibrio parahaemolyticus en muestras de agua y alimentos.
Los brotes y las defunciones registrados ocurren con mayor frecuencia en poblaciones marginadas, en áreas rurales o urbanas que carecen de agua de calidad para consumo humano.
En todos los estudios de brote de enfermedad diarreica aguda, la principal fuente de transmisión fue el consumo de agua contaminada, donde el cloro residual se encontraba fuera de norma.
México tiene una población de 103.26 millones de habitantes, y sólo 89.22 millones cuentan con agua entubada, y 89 por ciento de éstos debe recibir agua con cloración efectiva. De los 11 millones que carecen de servicio de agua entubada, 69 por ciento se encuentra en zonas rurales; y los restantes, en zonas marginadas de las ciudades. Asimismo, 8.31 millones de habitantes utilizan agua directamente de norias o pozos someros, ríos, lagos o arroyos, 1.75 millones de habitantes reciben agua de pipa y de 0.74 millones no está especificado.
Dado que las enfermedades infecciosas gastrointestinales ocupan un lugar importante de morbilidad en el país, principalmente en la población más susceptible, como los menores de cinco años, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se ocupa de la vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humanos, a fin de contribuir en la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias.
La desinfección del agua tiene el propósito de asegurar que el consumidor reciba agua salubre, mediante la destrucción o inactivación de la gran mayoría de agentes patógenos, manteniendo una barrera protectora que actúa sobre ellos cuando se introducen en el sistema de distribución, suprime el posible crecimiento microbiológico y, de esta forma, protege de posibles enfermedades a la población.
La vigilancia de la calidad bacteriológica del agua se realiza mediante la determinación de cloro residual libre. El cloro es un indicador fundamental, cuya presencia en la línea de distribución señala de manera inequívoca la eficiencia de la desinfección.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, "Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público", la vigilancia de la calidad del agua debe incluir mediciones de cloro residual libre en red de distribución, señalando el número de muestras mínimas que deben realizarse de acuerdo con la población abastecida. Con esa vigilancia se asegura cubrir cada localidad, desde las poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes como las de más de 500 mil, de manera que se incrementen las determinaciones y su frecuencia cuanto mayor es la población abastecida.
La normatividad relativa al agua destinada a uso y consumo humanos que se suministra a la población es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público.
Corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, los municipales y del Distrito Federal, las Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento y la Comisión Nacional del Agua, vigilar el cumplimiento de la norma en sus respectivos ámbitos de competencia.
Aunado a lo anterior, México, por sus características geográficas, es un país susceptible al embate de los fenómenos naturales, principalmente lluvias intensas y huracanes. A través del tiempo y debido al calentamiento global, la frecuencia de este tipo de meteoros se ha ido incrementando: durante 2005, 2006 y lo que va de 2007 se han atendido 148, 151 y 109 emergencias, respectivamente.
Los huracanes y las lluvias intensas traen consigo, entre otras consecuencias, inundaciones y afectaciones en las redes de agua potable cuyo mantenimiento e instalación en general no son adecuados, debiendo tomar medidas preventivas y correctivas, como cloración de depósitos de agua, compra e instalación de plantas potabilizadoras de agua y distribución de desinfectantes como cloro y plata coloidal casa por casa para evitar que las consecuencias de los fenómenos naturales deriven en emergencias sanitarias generando brotes que pongan en riesgo la salud de la población.
Por lo expuesto, y derivado de los recientes brotes de enfermedades diarreicas de origen bacteriano y viral asociadas a la calidad de agua de consumo humano, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipales, a la Comisión Nacional del Agua, a las Comisiones Estatales y a las Municipales del Agua, a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas a tomar las medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, y fortalecer la coordinación intersectorial de los diferentes órganos de gobierno, para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano, con el propósito de garantizar que ésta tenga calidad adecuada, es decir, que cumpla los límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, todo ello para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, como el cólera, la hepatitis "A" y el rotavirus.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica),
José Antonio Muñoz Serrano, Margarita Arenas Guzmán,
Jorge Quintero Bello, Ángel Humberto García Reyes, Yolanda
Mercedes Garmendia Hernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A CUMPLIR LOS PRINCIPIOS DE
CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD; Y A LA
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
DE LA PGR, A REFORZAR SU LABOR EN EL PROCESO COMICIAL DE DICHA ENTIDAD
FEDERATIVA, A CARGO del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario
del PRD
Los suscritos, diputados federales del estado de Oaxaca e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura con fundamento los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan proposición con punto de acuerdo a partir de la siguientes
Consideraciones
1. Es imperativo que los procesos electorales en el país se desarrollen con apego a los principios establecidos en los artículos 41 y 116 de la Carta Magna, que señalan como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
En el año 2007, en el estado de Oaxaca se desarrollan dos elecciones; en agosto se realizó la de diputados locales y el 7 de octubre se renovarán los ayuntamientos. Ambas campañas se han desarrollado con la intromisión del gobernador, lo que vulnera la equidad del proceso electoral.
Mientras el país avanza hacia el desarrollo pleno de la vida democrática, en Oaxaca persisten las formas más atrasadas de la política. En Oaxaca no hay respeto a la división de poderes y los cargos públicos son asumidos como patrimonio casi feudal de quienes los usan para su disfrute personal.
De esta forma, en Oaxaca se está generando un entorno distante de los principios constitucionales, que constituye la antesala de un proceso electoral marcado por el conflicto y la confrontación.
2. Los ciudadanos oaxaqueños vemos con preocupación un desmedido incremento de las giras de promoción proselitista del gobernador, acompañándose de servidores públicos e incluso legisladores y dirigentes del PRI, realizando un gasto desproporcionado en publicidad y en la promoción de la imagen del gobierno, que se mezcla, de forma totalmente inaceptable, con la promoción personal de Ulises Ruiz.
Todos los días se realiza una apresurada entrega de materiales de construcción, despensas e inauguraciones de obra, con el claro afán de influir en los electores.
En una simbiosis del gobierno con el PRI, se ha encargado a distintos funcionarios que actúen como delegados en los distritos del Estado, además se deja sentir la presión del gobierno estatal a los gobiernos municipales, al extremo de que en Salina Cruz, Tehuantepec e Ixtepec se plantea que debe haber una "cuota" de votos a favor del gobierno y de sus candidatos.
En complemento debe señalarse el derroche de gastos en publicidad e imagen de los candidatos del partido en el gobierno, de forma tal que las actividades gubernamentales y las partidarias coinciden y, así, atentan contra la equidad de las campañas electorales.
3. Por otra parte, debe señalarse que el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca definió en las Bases de Equidad y Legalidad para el Proceso Ordinario 2007, en su punto 11, que:
La gravedad del caso se evidencia si se considera que las autoridades electorales del estado así como la Procuraduría de Justicia están subordinadas políticamente al gobernador, de forma que las posibilidades de una rectificación son nulas sin la intervención firme del Legislativo federal y de la opinión pública.
4. Lo ocurrido en las elecciones de diputados locales fue muy grave para el conjunto de la vida democrática en Oaxaca. Más allá de los resultados de cada partido, lo que se obtuvo fue una simulación y una representación popular sin legitimidad.
Los bajos niveles de votación con los que el gobierno festeja su triunfo son una vergüenza. Sin el respaldo de la población, el Poder Legislativo de Oaxaca está hueco y esa debilidad va servir para tener una mayoría incondicional que aprobará las leyes y el uso del dinero a gusto y conveniencia del gobierno que sufren los oaxaqueños.
5. No debe escapar al discernimiento del Legislativo los graves antecedentes que se han vivido en Oaxaca. En la entidad se violaron garantías y derechos elementales durante el conflicto vivido desde el año pasado, que arrojó como resultado muertes, lesionados y en general un ánimo de conflicto entre la sociedad oaxaqueña.
Es urgente llamar la atención sobre las acciones y las omisiones que pueden alimentar una nueva etapa de conflictividad social para prevenir polarizaciones y violaciones a la ley. Todos los actores políticos tenemos la responsabilidad de prevenir la violación de los principios constitucionales y alertar ante el riesgo de que los procesos electorales tengan un entorno marcado por la inequidad y la posible realización de delitos.
Por lo anterior, en calidad de legisladores federales del estado de Oaxaca presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta, con todo respeto y consideración la soberanía del estado de Oaxaca, al gobernador de la entidad a que observe y haga valer los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales que se realizarán en Oaxaca; en particular, absteniéndose de usar de forma indebida los programas y recursos durante el proceso electoral que se realizará en el estado.
Segundo. Se exhorta, respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca a que intervenga con toda oportunidad ante los hechos que contravengan o pongan en riesgo la celebración pacífica, democrática y equitativa del conjunto del proceso electoral; en particular ante el condicionamiento o coacción al voto y a los ciudadanos.
Tercero. Se exhorta a la Contraloría del gobierno del estado a que, en cumplimiento de sus responsabilidades finque, en su caso, las responsabilidades correspondientes a los servidores públicos que utilicen en forma indebida o condicionen la prestación de servicios o acceso a programas a los ciudadanos en función del proceso electoral de Oaxaca.
Cuarto. Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a que se constituya en la entidad y refuerce su atención al proceso electoral, de forma que su presencia inhiba la posible comisión de delitos electorales o, en su caso, puedan ser denunciados con oportunidad.
Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 25 de septiembre de 2007.
Diputados: Carlos Altamirano Toledo (rúbrica),
Othón Cuevas Cordova (rúbrica), Joaquín Conrado de
los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica),
Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Carlos Roberto
Martínez Martínez (rúbrica), Daisy Selene Hernández
Gaytán (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE IMPLANTE ACCIONES QUE GARANTICEN EL
ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNO A LOS FÁRMACOS O MEDICAMENTOS PREVENTIVOS
DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Lorena Martínez Rodríguez, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de diputadas de diferentes grupos parlamentarios de la LX Legislatura, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo donde se solicita la intervención del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa para que implante de manera urgente acciones tendentes a garantizar a la población el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención de la infección del virus del papiloma humano (VPH) ejercitando, en su caso, sus atribuciones para declarar las licencias de utilidad pública que se consideren necesarias. Lo anterior, con fundamento en los artículos 1o., 4o., 73, fracción XVI, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales signados por nuestro país sobre propiedad intelectual y salud pública, y de acuerdo con lo previsto en la legislación federal en la materia, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
En México procurar salud pública ha sido y es un asunto de Estado. Esto significa que el Estado debe garantizarla, incluida la atención y prevención de enfermedades.
Uno de los programas de salud más exitosos que implementaron los gobiernos de la república fue el de vacunación universal, que permitió erradicar enfermedades infecciosas como la poliomielitis, difteria, tos ferina, sarampión, lepra y tétanos, por mencionar algunas.
Las medidas de prevención, entre otras, tuvieron como resultado aumentar la esperanza de vida de la gente. Hoy, la población vive más años, gracias a la visión estadista de los gobiernos de entonces cuyos programas de salud pública trascendieron generaciones.
No obstante, la transición epidemiológica que se vive actualmente requiere nuevos planteamientos, entender que más allá del beneficio o la ganancia monetaria está la salud de millones de personas, en especial las que menos tienen y más lo necesitan.
Enfermedades como el sida, las cardiovasculares o el cáncer cervicouterino que padecen miles de compatriotas que se ven privados de la atención necesaria para salvar su vida y que –en palabras del propio presidente de la república– significa un drama intenso la lucha por su vida; y donde existen muchos espectadores, pero pocos, muy pocos se comprometen a ser protagonistas, de verdad, para enfrentarlas.
De poco sirven nuevos descubrimientos, en especial en medicamentos, si son inalcanzables para la mayoría de la población. Parecería que con este criterio, el hombre está al servicio de la ciencia y no la ciencia al servicio del hombre.
Sin duda, el descubrimiento de una vacuna para prevenir la infección del VPH, principal causante del cáncer cervicouterino, es de los más importantes avances del siglo XXI. Pero los altos precios hacen nugatorio el acceso a millones de personas y con ello, a la prevención de esta enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cervicouterino es la segunda mayor causa de mortalidad femenina por cáncer en todo el mundo; con unas 300 mil muertes al año. Ochenta por ciento de los casos corresponde a los países en vías de desarrollo y cerca de 500 mil casos nuevos se presentan cada año.1
De acuerdo con la Organización Panamericana para la Salud, entre 1996 y 2001, 74 mil 855 mujeres de 13 países latinoamericanos murieron de cáncer cervicouterino. De ellas, más de 50 mil tenían entre 25 y 64 años de edad, y su muerte ocasionó más de 1.6 millones de años de vida potencial perdida.
Por ello, en nombre de diputadas de diferente grupos parlamentarios acudo a esta soberanía para exhortar al presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, para que haga suyo este reclamo de las mujeres mexicanas.
No estamos planteando despropósitos. Existe el marco institucional para ello, incluyendo la declaratoria de licencia de utilidad pública, como considera el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial. No omito comentar que el artículo 4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley General de Salud, como reglamentaria del artículo 4o. constitucional, instituye las bases para dicha protección. En el artículo 73 constitucional, en la fracción XVI, parte primera, se lee: "El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país".
Más aún, México ha signado tratados internacionales con organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y ha avalado los tratados del Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercio (ADPIC), que desde la Ronda de Dohà, en 2001, ha generado declaraciones que reafirman la flexibilidad prevista en dichos tratados y el derecho de los países miembros de utilizarlas para promover el acceso a medicamentos. La flexibilidad de los Estados para otorgar licencias obligatorias3 ha sido ampliamente discutida al interior de la OMC. En 2003, el consejo del ADPIC acordó reglamentar la importación de medicamentos en aquellos países sin capacidad productiva, en los términos de licencias obligatorias.
Existe el marco legal e institucional para sensibilizar a los fabricantes de la importancia de su participación para lograr mejores condiciones en el precio de la vacuna del VPH y permitir una mayor accesibilidad a la mayoría de las mujeres de nuestro país. Actualmente, la vacuna (con tres dosis) tiene un valor comercial cercano a 450 dólares (5 mil pesos). Es un precio inalcanzable para un país donde más de 50 por ciento de la población es pobre y también, resulta un gasto oneroso y excesivo para el sector público. No hay presupuesto que alcance con ese precio.
Cabe mencionar, por ejemplo, experiencias como la obtenida por India, donde el tribunal de la Chennai (la antigua Madrás) desestimó la demanda de una empresa productora del fármaco para atender un tipo de cáncer como la leucemia, y con ello garantizó que la población podrá adquirir el fármaco 90 por ciento por abajo del precio en el que lo fija la multinacional Suiza; o medidas que ha tomado el gobierno brasileño denominadas "licencias voluntarias" que consisten en agotar los mecanismos de diálogo y negociación por parte de las autoridades y representantes de empresas multinacionales para fijar un precio que permita hacer frente a un problema de salud pública como el sida y la infección de VIH; cuando no hay acuerdo, queda el recurso de la licencia obligatoria por parte del Estado.
Por ello, la propuesta que desde la máxima tribuna de la nación formulamos al presidente Calderón es que haga uso de todas las herramientas institucionales con que contamos y convoque a la instalación de una mesa de diálogo y concertación con la o las empresas que elaboran el producto biotecnológico y buscar el mejor precio para la población y para el sector público. Si las condiciones no se dan para ello, queda la licencia de utilidad pública como una instancia de política de Estado en favor de la salud de millones de mexicanas.
Le tomamos la palabra, señor presidente. Recientemente usted señaló –citando a José Ortega y Gasset– que "hay generaciones y sus minorías selectas que nunca se asumen corresponsables de su tiempo, y entonces, como una sinfonía mal ejecutada, como una terrible distorsión, como un colectivo desafinamiento que rompe la continuidad de la música, que hace un estruendo, un chirrido ofensivo incluso a quien la escucha, lo que era una larga sinfonía; entonces la historia y la continuidad del hombre se pierden". Esta generación, a la que usted pertenece, no quiere ser de ésas.
Por lo anterior, en nombre de las diputadas de diferentes grupos parlamentarios de la LX Legislatura, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que implante de manera urgente acciones tendentes a garantizar a la población el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención de la infección del virus del papiloma humano, ejercitando, en su caso, sus atribuciones para declarar las licencias de utilidad pública que se consideren necesarias. Lo anterior, con fundamento en los artículos 1o., 4o., 73, fracción XVI, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales signados por nuestro país sobre propiedad intelectual y salud pública, y de acuerdo con lo previsto en la legislación federal en la materia.
Notas
1 López Saavedra, Alejandro; y Lizano Soberón,
Marcela, Cáncer cérvico-uterino y el virus del papiloma
humano: La historia no termina, Unidad de Investigación en Biomédica
en Cáncer, UNAM, Instituto Nacional de Cancerología, Subdirección
de Investigación Básica, México, DF.
2 Ibídem.
3 Se entiende por licencia obligatoria (o de
utilidad pública) la que, en situaciones especiales, cuando
algún gobierno decide que hay necesidad urgente de ampliar el acceso
a tecnologías nuevas o nuevos fármacos, pueden extender éstas
a laboratorios del país con la figura de genéricos intercambiables
o importar el fármaco. Éste es un derecho reconocido por
todos los gobiernos del planeta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A INCREMENTAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SRE PARA APOYAR EL SERVICIO DE LOS CONSULADOS
EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER
GUDIÑO ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Francisco Javier Gudiño Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008 los recursos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgar más apoyo a los consulados de México en Estados Unidos, particularmente para que se otorgue apoyo legal a nuestros connacionales que así lo requieran, conforme a las siguientes
Consideraciones
El fenómeno de la migración en México tiene múltiples vertientes: desde los mexicanos que deciden cruzar nuestras fronteras para buscar en otros países mejores oportunidades de vida, hasta los extranjeros para quienes nuestro país es lugar de tránsito, generalmente hacia Estados Unidos, o incluso lugar de destino.
En otras palabras, somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migratorios y sus familias que afecta tanto a nacionales mexicanos residentes en el exterior, así como a los que se encuentran dentro del territorio mexicano.
En el caso de los mexicanos que han decidido cruzar nuestra frontera, nos encontramos muchas de las veces, a personas que no pueden disfrutar cabalmente de la protección jurídica del país de destino o tránsito porque su situación les niega cualquier reconocimiento jurídico.
Esto agrava la situación de por sí vulnerable de quienes, por razones múltiples, toman la decisión de abandonar sus estados de origen y, en su travesía o destino, se encuentran en riesgo permanente de ser violentados, extorsionados, vejados sin contar prácticamente con defensa alguna.
Compañeras y compañeros legisladores, en el caso de nuestros connacionales, es un hecho que los mismos son objeto de abuso y no cuentan con los medios para poder hacer una debida defensa de sus derechos que garantice el respeto irrestricto de los mismos, mucho menos pensar de sus derechos laborales.
En este contexto, para Acción Nacional el tema migratorio resulta una prioridad, ya que no podemos permitir que un gran número de nuestros connacionales sean víctimas de tratos humillantes, ilegales y violatorios de normas mínimas, a las que se agrega el abuso por parte de las autoridades de Estados Unidos.
No obstante los problemas por los que atraviesan los migrantes en nuestro vecino país del norte, las representaciones consulares de México en ese país en ocasiones no les pueden prestar atención suficiente, ya sea por falta de personal o recursos materiales limitados, y si alguno de nuestros connacionales requiere auxilio inmediato y acude a los consulados a realizar diligencias, solicitar protección o simplemente orientación, no reciben este tipo de servicios como se merecen, a pesar de que, gracias a su enorme trabajo y esfuerzo apoyan a la vida económica de nuestro país con el envío de grandes cantidades de remesas.
Debemos recordar que una de las principales funciones de las oficinas consulares es precisamente proteger a los mexicanos que se encuentren fuera de nuestro país, así como atender y asesorar jurídicamente a nuestros connacionales ante las autoridades extranjeras.
Asimismo, otro de los servicios que tienen gran importancia es el de protección, que asiste aquellos mexicanos que se encuentran detenidos para poderse comunicar con las autoridades consulares por vía telefónica con llamadas por cobrar; asesorar jurídicamente a los mexicanos, cuando éstos lo soliciten, a través de abogados consultores de las representaciones; asumir la representación de los mexicanos que por estar ausentes o por otros motivos se encuentren imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses, entre muchos otros, servicios que tienen derecho a recibir nuestros connacionales, pero que en ocasiones, por falta de personal y recursos los consulados no pueden proporcionar de manera adecuada y oportuna.
No debemos permitir que todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América se vean afectados por desconocer cuáles son sus derechos o por no ser respetados por empleadores y autoridades sin escrúpulos.
Como legisladores debemos ser enérgicos y solidarios con nuestros connacionales y velar porque en el próximo presupuesto que se discutirá se asignen mayores recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le amplíe el personal en aquellas representaciones consulares que así lo requieran y, a su vez, pueda asignar mayor personal del área legal, que dé una adecuada defensa a los mexicanos que se encuentran en el vecino país del norte, ya sea porque radican en el mismo legalmente o bien porque andan en busca de una forma digna de trabajo que por desgracia no pueden encontrar en nuestro territorio.
Es nuestro deber garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de nuestros connacionales; necesitamos brindar nuestro apoyo proporcionando servicios consulares dignos que defiendan verdaderamente sus intereses, no puede ser que a la fecha haya mexicanos que piensen que no son sujetos de derechos y permitan ser explotados o que se aprovechen de ellos por ser indocumentados, o peor aún, que teniendo legal estancia en aquel país no gocen de derechos plenos por desconocimiento de los mismos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 aumente los recursos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que amplíe el personal en aquellas representaciones consulares que así lo requieran y a su vez puedan asignar mayor personal del área legal que dé una adecuada defensa a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de septiembre de 2007.
Diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA NECESIDAD DE ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO Y EL ANALFABETISMO EN MÉXICO,
EN OCASIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA Y LA
REVOLUCIÓN MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ULLOA PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El Emilio Ulloa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante esta LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de mis compañeros de bancada, ante ustedes, respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su relación con los artículos 50 fracción II, 58 fracciones I, II, III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea deliberativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice una campaña nacional intensiva contra el analfabetismo y el rezago educativo en todo el país, como parte de los actos conmemorativos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución mexicana.
Sustento mi exposición en las siguientes:
Consideraciones
Cuando estamos por celebrar 200 años de la independencia nacional y 100 años de la revolución social de 1910, los mexicanos estamos muy lejos de haber logrado un país justo e igualitario. No sólo por los alarmantes niveles de pobreza y marginación en las que se debaten, por lo menos, 60 millones de connacionales, sino porque ni siquiera hemos sido capaces de garantizar un derecho elemental e imprescindible a millones de mexicanos, como es el derecho a la alfabetización y a la educación básica.
Las cifras no mienten: En el año 2005 existían en el país poco más de 75 millones de personas mayores de 15 años, de los cuales 6 millones no sabían leer y escribir, casi 12 millones no habían concluido la educación primaria y 17 millones no habían terminado la educación secundaria. Es decir, ocho de cada 100 mexicanos mayores de 15 años son analfabetas, 15 de cada 100 no terminaron la primaria y 47 de cada 100 la secundaria. El grado promedio de escolaridad nacional es de 8.1 años, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, nuestros principales socios comerciales, el promedio es de 12 años.
Es cierto, si comparamos estas cifras con las de 1970, que en efecto, los mexicanos hemos tenido algunos avances importantes en números de porcentajes relativos pues, en ese año tan sólo por citar un dato, casi 26 personas mayores de 15 años era analfabeta y 43 de cada 100 no habían concluido la educación primaria; lo cierto es que en números absolutos la lucha contra el analfabetismos ha sido un fracaso, pues para el año de 1970 poco más de 6 y medio millones de personas mayores de 15 años era analfabeta. Un número casi igual al que tenemos actualmente por lo que, en el mejor de los casos, lo único que hemos logrado es mantener el mismo número de analfabetas, no obstante el natural crecimiento poblacional.
Ninguna democracia es viable y perdurable cuando vemos la incapacidad gubernamental para garantizar un derecho humano universal, como es el derecho a la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas básicas.
Ninguna conmemoración bicentenaria y centenaria podrá estar completa mientras existan en nuestro país tantos millones de analfabetas.
¿De qué sirvió el abrazo de Acatempan entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que cerró el capítulo armado de nuestra independencia nacional, si 200 años después millones de compatriotas ni siquiera pueden disfrutar de la lecto- escritura, ya no digamos de una vida digna?
¿De qué sirvió que nuestra patria ofrendara millones de vidas en las justas e inaplazables exigencias y demandas de nuestra revolución social de 1910, si aún tenemos un rostro de inequidad e injusticia en millones de jóvenes y adultos que son analfabetas o bien, ni siquiera han podido terminar su educación primaria o secundaria?
¿Qué podemos festejar los mexicanos que nuestra realidad no nos calle?
El analfabetismo, señores y señoras legisladoras, no surge ni prolifera en las lomas de Chapultepec, sino que tiene el rostro de la pobreza y la marginación. Hay estados, como mi tierra natal, Chiapas, donde el analfabetismo llega al absurdo de afectar a casi 20 de cada 100 chiapanecos mayores de 15 años; o en Oaxaca, en donde desgobierna el chacal de Ulises Ruiz, que es casi de 19 por cada 100, mientras existen entidades como el Distrito Federal donde el porcentaje es de casi 3 de cada 100, o el Estado de México donde es de casi 6 de cada 100.
El analfabetismo y, en general, el rezago educativo, se agudiza ahí donde coexiste con la pobreza y la marginación, en zonas rurales, pobladas de mestizos y, sobre todo, de indígenas. Es además un flagelo que más afecta a las mujeres, pues casi 7 de cada 10 analfabetas es del sexo femenino.
La UNESCO ha determinado que un país, para que pueda impulsar procesos de desarrollo adecuados, no puede tener un porcentaje mayor al 2 por ciento de analfabetas. Nosotros estamos seis puntos más arriba. Y en esas condiciones me pregunto y les pregunto, ¿vamos a festejar felices los cumpleaños de la patria en el año 2010 mientras millones de compatriotas viven en la oscuridad de ni siquiera saber leer y escribir?
Sólo quiero recordar algo: cuando Porfirio Díaz en el año de 1907 inició la organización de los festejos del centenario de la independencia nacional, mandó a inaugurar obras monumentales y hasta ordenó hacer miles de estampas y hasta vajillas de cocina con las imágenes de nuestros héroes patrios. Una de ellas me llamó la atención: una estampa donde aparecen enlazados Benito Juárez y el general Porfirio Díaz. Puso en la publicidad y la propaganda lo que la historia nacional no había logrado: la unidad entre los ideales del impulsor de la restauración de la república y los ideales de los liberales económicos de la época porfirista, abuelos de los neoliberales actuales. Poco más de dos meses después de tan oneroso festejos, estalló la revolución mexicana por múltiples razones, una de las cuales era el derecho a la educación pública, un derecho que 100 años después le seguimos negando a millones de compatriotas.
No repitamos el fracaso y continuemos creando las condiciones de una nueva revolución social.
Por eso, me permito someter a esta soberanía nacional una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que, como parte de los festejos del bicentenario de la independencia nacional y el centenario de la revolución mexicana, inicie una campaña nacional intensiva para terminar, de una vez y para siempre, el analfabetismo de millones de connacionales. Sólo de esta manera el día 15 de septiembre del año 2010 todos los mexicanos podremos izar, no sólo la bandera nacional con orgullo, sino también la bandera blanca, símbolo internacional de que ya no hay ni habrá más analfabetas en nuestra patria.
Esa es una condición inaplazable para continuar la anhelada búsqueda de paz y justicia que hemos reclamado los mexicanos de 200 años a la fecha.
Es la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública del Poder Ejecutivo federal para que lleve a cabo una campaña intensiva y extensiva en todo el territorio nacional para que, a más tardar, el día 15 de septiembre del año 2010, y como parte de los festejos conmemorativos del bicentenario de la independencia nacional y centenario de la revolución mexicana, ningún mexicano sea analfabeta simple, ni funcional.
Dado en el recinto del poder legislativo de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2007.
Diputado Emilio Ulloa Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL INEGI A EMITIR ESTADÍSTICAS QUE PERMITAN CONOCER DE MANERA OFICIAL
EL NÚMERO Y LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE
LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO
TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el marco de la Declaración y del Plan de Acción de la Conferencia Regional contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, realizada en Santiago de Chile en diciembre del 2000, como parte del proceso de la III Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial la xenofobia y las formas conexas de intolerancia realizada por las Naciones Unidas en septiembre de 2001 en Durban Sudáfrica, fue reconocido como crimen contra la humanidad el tráfico trasatlántico de personas africanas. Si bien lo que planteó en su momento esta declaración era reconocer el aporte innegable que la población afrodescendiente ha dado a nuestro continente. Lo cierto es que aún ahora poco se habla de los millones de africanos que llegaron de forma forzada al continente americano; de sus vidas, culturas y civilizaciones, formas de vida y pensamiento prácticamente nada se dice en los programas oficiales de historia y ciencias sociales de los países que suscribieron dicha declaración.
Los afrodescendientes son un pueblo de raíz africana que a partir de nuevas situaciones vividas a lo largo de cinco siglos, y los elementos de la cultura indígena y colonial europea han re creado valores sociales, económicos, culturales, religiosos, y políticos. Estos pueblos se encuentran a lo largo y ancho de todo el continente con expresiones tan diversas como las de sus orígenes africanos.
En el caso particular de nuestro país, la mayoría de los mexicanos ha crecido creyendo que no hay población negra en México. Sin embargo, la presencia de africanos y sus descendientes aparece en las crónicas desde 1519. La participación de los afrodescendientes en la construcción de la nación no aparece en los libros escolares de historia: por ejemplo, no se encuentran mencionadas los orígenes negros de héroes tales como el presidente Vicente Guerrero, ni las aportaciones culturales africanas a la cultura nacional.
En los últimos años han existido esfuerzos aislados para dar cuenta de la situación de la población afrodescendiente. El Consejo para la Cultura y las Artes, a través de la dirección de Culturas Populares e Indígenas instituyó en 1989 el programa "nuestra tercera raíz"; la Secretaría de Educación Pública inicio la difusión del programa México Multicultural en 2003 y en 2006 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación promovió un estudio sobre las condiciones de vida y procesos identitarios de la población afrodescendiente. Todas estás acciones, se han topado siempre con un problema fundamental: la inexistencia de estadísticas oficiales sobre este sector de la población.
Podemos ahora saber por estos estudios que los asentamientos afrodescendientes se ubican principalmente en las regiones de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en la región centro-golfo del estado de Veracruz, la Costa Grande de Oaxaca, la región de la Tierra Caliente en Michoacán, en los Altos y el istmo-costa en Chiapas, en Quintana-Roo, así como en el municipio de Múzquis en Coahuila. Por otra parte, diversos estudios etnográficos, nos revelan que la población afrodescendiente se constituye en comunidades que presentan características organizacionales, culturales y lingüísticas propias, con rasgos africanos, distintas de la sociedad nacional. Sin embargo, no existe aún un dato confiable sobre el número total de la población afrodescendiente. Durante la década de los años noventa, se estimó aproximadamente en 450 mil personas, con todo está cifra es apenas la estimación que algunos investigadores han calculado de acuerdo a indagaciones propias.
La cuestión medular aquí es que la falta de datos en cuanto al número exacto, a la situación económica y social de la población afrodescendiente, tiene consecuencias importantes: impide la formulación de acciones destinadas a mejorar su condición económica y social. Saber quiénes son, cuántos son y dónde están los distintos grupos culturales del país es un insumo básico para las políticas y los programas públicos, que deben responder a contextos territoriales concretos y ser relevantes en términos de su contenido. La representación de la población afrodescendiente en las estadísticas nacionales, además de validar sus derechos políticos sirve como punto de partida para el diseño y la aplicación informados de la política pública.
Así la información estadística se convierte no solo en una herramienta técnica fundamental para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, sino también constituye un primer paso en el proceso de lograr la visibilidad estadística necesaria para la construcción de una mayor equidad en México.
Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que a través de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica (SNEIG) y conforme a sus facultades, para que emitan las estadísticas necesarias que permitan conocer de manera oficial el número y las características socioeconómicas de la población afrodescendiente, así como los lugares en donde se encuentran sus principales asentamientos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A MANTENER UN AMBIENTE
DE TRANQUILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ECATEPEC, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARIBEL LUISA ALVA OLVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe Maribel Luisa Alva Olvera, diputada federal por el XIII distrito del Estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó a la consideración de esta honorable representación, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Hechos
El pasado viernes 21 de octubre un grupo de personas de la organización Antorcha Campesina pretendió invadir un predio ubicado en un área de la colonia Laguna de Chiconautla, concretamente en el área ubicada en las calles de Lago Cuitzeo, Coconor y La Joya, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tanto la fuerza pública municipal como la propia comunidad rechazaron a esas personas e impidieron la invasión del predio en comento.
Cabe destacar el hecho siguiente: precisamente en ese predio dará inicio la construcción de un colector como la primera etapa para dotar de drenaje a miles de familias de la Laguna de Chiconautla.
Queremos hacer un atento exhorto al gobernador Enrique Peña Nieto para que intervenga a fin de garantizar la calma en esa zona, y no permitir que grupos de provocadores alteren el orden en la comunidad con el objetivo evidente de impedir el desarrollo de una obra en beneficio de decenas de miles de familias.
Antecedentes
En el mes de julio del presente año presenté ante la comisión permanente un punto de acuerdo y fue aprobado en el sentido de promover ante las dependencias federales respectivas, particularmente ante la Comisión Nacional del Agua, la realización de las obras de infraestructura necesarias para dotar de red de alcantarillado a la zona denominada "Laguna de Chiconautla" en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
Esta obra iniciará en breve, seguramente en el mes de octubre y su primera etapa consistirá en construir un colector precisamente en el área donde estos grupos pretenden erigir, sin derecho alguno, una supuesta "preparatoria popular".
El gobernador Enrique Peña Nieto y el presidente municipal José Luís Gutiérrez Cureño convinieron en no permitir la construcción de este tipo de planteles cuya característica es más de perfil político-clientelar y no de carácter académico.
Por el contrario, en este gobierno municipal, en el lapso de poco más de un año, en el municipio han arrancado dos nuevas preparatorias y están en proceso de construcción otras tres, en busca de atender la demanda de educación.
A mayor abundamiento, el comisariado ejidal se reunió con el presidente municipal José Luís Gutiérrez Cureño para ratificar su posesión y propiedad del predio antes mencionado y su disposición a donarlo para la construcción de la obra de infraestructura de drenaje y alcantarillado de la Laguna de Chiconautla.
Consideraciones
El grupo Antorcha Campesina se distingue por ser un organismo proclive a actos de provocación y proclive a golpear a grupos, a instituciones y a gobiernos en obediencia a intereses ajenos a los de la comunidad.
La comunidad de la Laguna de Chiconautla ha manifestado su decisión de construir la obra tan necesaria para la salud de sus habitantes y defenderán el predio ante cualesquier nuevo intento de despojo que tienen como objetivo de impedir la construcción de la obra
Es necesario evitar cualesquier enfrentamiento, sancionar a quienes lo propician y dar vía libre a la construcción de las obras de drenaje y alcantarillado que tanta falta hace a la comunidad
La bandera de "educación popular" es falsa, encubre una posición política de golpeteo al gobierno municipal y el gobernador del estado tiene la obligación de apoyar al gobierno municipal y frenar a quienes pretenden causar daño a los intereses de la población.
Por las anteriores consideraciones, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto a garantizar y apoyar el pleno desarrollo de las obras de infraestructura iniciadas por el honorable ayuntamiento de Ecatepec y el gobierno federal en la Laguna de Chiconautla, en un ambiente de tranquilidad y sin la intervención de elementos ajenos a los intereses de la comunidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputada Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN A PROMOVER
LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS DE LA ENTIDAD EN
LOS COMICIOS POR CELEBRASE EN NOVIEMBRE PRÓXIMO, A CARGO DEL DIPUTADO
JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Michoacán a promover la participación electoral de los grupos indígenas en la entidad en los próximos comicios, por celebrarse el once de noviembre del año en curso, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el once de noviembre de 2007 se celebrarán elecciones para gobernador, Congreso local y ayuntamientos en el estado de Michoacán. El éxito y participación en estos comicios es una tarea conjunta entre el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y la sociedad de esta entidad.
2. Que son loables los esfuerzos y logros del Instituto Federal Electoral y los institutos electorales estatales para asegurar y promover una activa participación de los ciudadanos en los diferentes procesos electorales.
Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos con miras a lograr una mayor participación e interés en grupos sociales que, por diversas razones, han sido relegados del quehacer electoral de nuestro país.
3. Que uno de estos grupos es constituye la población indígena. De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población autóctona en nuestro país es de 12 millones 707 mil, lo cual representa un 10.5 por ciento de la población total de nuestro país.
Michoacán es un claro reflejo de ese componente demográfico, ya que su población indígena asciende a 199 mil 245, un total del 5 por ciento de la población en la entidad.1
4. Que son los purépechas el grupo indígena dominante en el estado de Michoacán. Geográficamente se encuentran en la región norcentral, extendiéndose a lo largo de un área de 6 mil kilómetros cuadrados, de los 60 mil que conforman el territorio michoacano.
La zona de asentamiento purépecha se divide en cuatro regiones: la del lago de Pátzcuaro, la cañada de los once pueblos, la meseta y la ciénega de Zacapu.
La distribución del grupo purépecha se da sobre todo en 22 municipios del estado; no obstante esto, recientes trabajos etnográficos señalan que los 109 mil 361 hablantes púrepechas se encuentran dispersos en 99 de los 113 municipios del estado.
5. Que a pesar de la importancia geográfica y poblacional ya expuesta, los indígenas en Michoacán se encuentran en una situación de desigualdad frente al resto de la población en el estado. El goce y disfrute de algunos derechos fundamentales se encuentra condicionado por distintos aspectos, que van desde la lengua hasta las condiciones sociopolíticas heredadas por la política de integración utilizada en el pasado.
6. Que el derecho a una participación política activa es una de las prerrogativas más importantes para el progreso político y democrático de los pueblos indígenas. Este derecho, consagrado en el artículo 35, fracción I, de la Constitución, y en el artículo 4o., fracción I, del Código Federal de Procedimientos Electorales, señala lo siguiente: votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano, que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular. Los grupos indígenas en Michoacán, se encuentran muy relegados de los procesos electorales.
7. Que este derecho político se encuentra en ocasiones condicionado, o bien, es muchas veces ignorado y desestimado por los pueblos indígenas. Existe un rezago respecto al empadronamiento y concientización de la importancia de las elecciones y participación política.
8. Que la participación electoral indígena podría mejorar de orquestar campañas focalizadas para promover el registro en el padrón electoral; así como la conveniencia y las virtudes de participar en las jornadas electorales como motor del desarrollo democrático y del propio devenir de las comunidades indígenas.
9. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán es el Instituto Electoral del Estado de Michoacán el encargado de organizar y preparar el desarrollo y promoción de las elecciones en el estado.
Por su parte el Código Electoral para el estado de Michoacán señala en sus artículos 101 y 102 que es tarea del instituto contribuir a la vida democrática del Estado y asegurar el derecho de participación política y electoral de los ciudadanos.
10. Que atendiendo a los señalamientos antes expuestos y a la vocación democrática del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, consideramos apropiado que para las próximas elecciones de noviembre de 2007 dicho instituto tenga contemplada una campaña decidida y directa para promover la participación política de las comunidades indígenas.
Se deben realizar futuros esfuerzos para incrementar el empadronamiento de los miembros de las comunidades indígenas; de igual forma, deberá hacerse extensiva la información a fin de que estos grupos comprendan el alcance y dimensión de la próxima jornada electoral.
11. Que la consolidación democrática dependerá en gran medida de la forma en que se armonicen los procesos electorales estatales. Para ello se debe garantizar la participación política de todos los estratos sociales de nuestro país.
El proceso electoral puede resultar una experiencia ejemplar en el que se orqueste de manera equitativa y robusta la participación de toda la sociedad michoacana.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto a la autonomía del Instituto Electoral de Michoacán, esta honorable asamblea debe exhortar a dicho organismo para que instaure y coordine una campaña de información y concientización, con miras a promover la participación electoral de los grupos indígenas del estado en las próximas elecciones de noviembre.
Nota:
1 Según datos de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Conapo. http://www.cdi.gob.mx/indicadores/en_cuadro01.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de septiembre de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE INCLUYA UNA PARTIDA DESTINADA A CUBRIR EL
APOYO SOCIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRANTES MEXICANOS, A CARGO DE LA
DIPUTADA SUSANA MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Susana Monreal Avila, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo donde solicita la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 de una partida especial por 2,000 millones de pesos, destinada a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migrantes mexicanos, conforme las siguientes:
Consideraciones
Con fecha viernes 31 de agosto presenté ante la Comisión Permanente excitativa para que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, dictaminen la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, número 43, año 2007, con el fin de que se habrá de nuevo el padrón bajo las sugerencias que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y hasta la fecha no he obtenido respuesta.
Durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal, en la partida destinada al apoyo social de ex trabajadores migrantes mexicanos originalmente se acordó por todos los coordinadores integrantes de nuestro órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política, asignarles 800 mdp; por alguna circunstancia se aprobaron 300 mdp; pero se mantuvo el compromiso de vigilar el gasto público y de existir subejercicios se asignarán 500 mdp más antes de que concluya el ejercicio fiscal 2007.
En este año sólo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación tres listas de beneficiarios de trabajadores ex braceros y a continuación se citan:
2) La lista número 18 se publicó el viernes 6 de julio, con 2,334 beneficiarios pagando $88,692,000.00,
3) Lunes 27 de agosto de 2007, lista número 19, con 3,831 beneficiarios, con un monto de $145,578,000.00,
Compañeros debemos unirnos y hacer un esfuerzo por entregar el apoyo social a los trabajadores ex migrantes mexicanos que la mayoría son mayores de edad y no tienen recursos para sobrevivir.
En ese sentido, es importante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que esta Cámara aprobará para el ejercicio fiscal de 2008 se cuenten con recursos para atender la demanda de los ex trabajadores migrantes.
Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 una partida especial por 2,000 millones de pesos, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, a fin de destinarla a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migrantes mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre del 2007.
Diputada Susana Monreal Avila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL
ESTADO DE PUEBLA A VERIFICAR LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE
DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN DEAN EN ESA ENTIDAD PARA GARANTIZAR
LA ENTREGA CORRECTA DE LA AYUDA, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO VASCONCELOS
RUEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura Antonio Vasconcelos Rueda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) del gobierno federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla a verificar la integración del padrón de damnificados por el huracán Dean en el estado de Puebla e incluir a las personas que no fueron inscritas, además de que se verifique la entrega correcta de dicha ayuda en el estado, en razón de los siguientes
Considerandos
Primero. El 17 de agosto del año en curso, el huracán Dean golpeó la costa del Golfo de México, afectando Campeche, el norte del estado de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán, estado de México y Jalisco, para posteriormente externarse en el océano Pacífico y afectar finalmente Baja California Sur con fuerza de tormenta tropical hasta su disipación.
Segundo. Dicho huracán arrasó con casi 2.5 millones de hectáreas boscosas y provocó el desalojo de miles de ciudadanos rurales, compras de pánico en las ciudades, desbordamiento de ríos y escasez de agua potable, causando daños en granos básicos como maíz y frijol, de cuyas hectáreas ya se realizó un censo para conocer con exactitud el total de las afectaciones.
Tercero. Que en el estado de Puebla resultaron 74 municipios perjudicados por el ciclón, 48 presentan daños, igual que 251 escuelas, 275 caminos vecinales, 8 carreteras, 7 mil 936 viviendas y 115 mil hectáreas de cultivo. Los 6 municipios que fueron incomunicados son Coatepec, Camocuatla, Huehuetla, Huitzlán de Serdán, Tepetzintla y Zongozotla, en la sierra norte del estado, se estiman en 44 mil 800 las personas afectadas.
Cuarto. Que el 4 de septiembre del año en curso se entregaron por parte del titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, acompañado por el gobernador de Puebla, Mario Marín, 130 millones de pesos, emanados de diversos programas destinados al campo para mitigar los efectos del huracán Dean en los cultivos de la entidad. El secretario explicó que los recursos que serían liberados en la recta final del año fueron adelantados para que pronto se reactive la economía en los municipios afectados por el paso del huracán.
Quinto. Sin demeritar la respuesta inmediata y coordinada que dieran las autoridades de los gobiernos federal y estatal, cabe mencionar que en algunas comunidades, como las de Esperanza y Chichiquila, hay damnificados por el huracán que no se encuentran registrados en el padrón de beneficiarios para recibir la ayuda y, de esa manera, empezar a reconstruir su patrimonio y mantener a sus familias. Las razones son políticas: simplemente, por no compartir la misma ideología partidista de los responsables municipales que se encargan de realizar este empadronamiento.
Sexto. Que la realidad de los habitantes de esas comunidades del estado de Puebla es de pobreza y pobreza extrema en su mayoría, y al ver afectado su patrimonio por desastres naturales se encuentran vulnerables y desamparados para sostener a sus familias y reactivar la economía del estado.
Séptimo. Que por tal motivo es necesario que se tenga una visión integradora y que, ante estos hechos, los responsables de entregar el apoyo se limiten al auxilio de los grupos vulnerables de las comunidades que se encuentran en esta situación devastadora por el huracán evitando la tentación de utilizar estos acontecimientos para manipular con fines electorales los apoyos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla para que verifiquen la integración del padrón de damnificados por el huracán Dean en el estado de Puebla y se incluya a las personas que no fueron inscritas, además de que se verifique la entrega correcta de dicha ayuda en el estado, a fin de evitar usos distintos del motivo de la entrega.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 25 septiembre de 2007.
Diputado Antonio Vasconcelos Rueda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A EFECTO DE QUE SUS ÓRGANOS
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS OMITAN EN CUALQUIER TRÁMITE INTERROGAR
A LOS COMPARECIENTES RESPECTO A LA RELIGIÓN QUE PROFESAN, SUSCRITA
POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, Y DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Rosario Ortiz Magallón y David Sánchez Camacho, diputados de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional suscribimos la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los tres niveles de gobierno para que omitan solicitar al ciudadano que comparezca ante ellos, declare que religión profesa a través de las siguientes:
Consideraciones
Unos años antes de la promulgación de la Constitución de 1857, José María Luis Mora, identificaba como el principal obstáculo para la consolidación del estado de derecho, la manera en que los civiles se sometían al estado confesional. Podemos afirmar que aún ahora, es imposible establecer estado de derecho, allí donde se superpone a la vida civil, la sanción religiosa y los ordenamientos clericales.
Ya no podemos limitar el concepto moderno de estado laico sólo al respeto, a la tolerancia de las distintas confesiones, o a los diversos modos de pensar en el mundo: se le debe concebir en su más amplia definición democrática, como garante jurídico de los derechos inherentes al ciudadano, como la tutela de una forma de vida de la sociedad contemporánea y todas ellas sustentadas en la separación de la iglesias y confesiones religiosas con el Estado.
Sin embargo, no podemos negar en nuestro país la gran influencia que tiene la iglesia católica, misma que se manifiesta en diversos aspectos de la vida social. Desafortunadamente, todavía se expresa de manera involuntaria en ámbitos que están regulados por nuestras leyes. El problema al que nos referimos particularmente tiene que ver con el desarrollo de los actos jurídicos administrativos que se llevan acabo todos los días en diversas oficinas de nuestro país, en las que todavía se involucran cuestiones que vulneran al Estado laico por el que pugnó Juárez.
En todas las comparecencias en las que los suscritos nos hemos presentado ante diversas autoridades a rendir declaración, se nos han pedido nuestros datos de identificación, incluyendo un cuestionamiento que nos resulta innecesario. Anexo a la solicitud de identificar nuestros datos generales, es decir nombre, domicilio, edad, ocupación y estado civil, como datos necesarios en los procesos judiciales y administrativos, se cuestiona por la religión que profesamos, lo que en estricto sentido induce a discriminación en torno a aquellos ciudadanos que optan por no profesar ninguna de ellas.
Con este tipo de cuestionamientos, se involucra al Estado mexicano en una materia que tiene que ver con un asunto personal y privado, pues es parte de la libertad de conciencia y de culto, ambas garantizadas por la laicidad del Estado y por la Constitución. No le corresponde a un Estado democrático, que enarbola el estado de derecho invadir estas esferas.
El Estado no puede definirse como laico y atentar en contra de dicho principio contenido en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o permitir que se haga a un lado al permitir un cuestionamiento "rutinario" por los funcionarios de los poderes federal, estatal y municipal en el desempeño de sus funciones, ya sea en el registro civil, el ministerio publico, un juzgado, una oficina de la contraloría, etc. Al inicio de una diligencia en la que el ciudadano comparece y le solicitan sus datos generales como son: nombre, domicilio, ocupación, estado civil, etc., que nos son más que datos con los que se identifica a toda persona, se agrega el cuestionamiento, por demás innecesario, sobre: ¿qué religión tiene...?
Resulta incongruente con el espíritu laico que estas autoridades y funcionarios continúen interrogando al ciudadano sobre dicho tema, ya que esta cuestión no tiene que ver con la identidad de un individuo, ni tampoco es un dato que sea necesario ni obligatorio, pues ninguna ley lo prevé. Es sólo como dato estadístico y por excepción en el caso muy particular del INEGI, que este cuestionamiento tiene sentido, por lo que tenemos que recordar que como Estado laico debemos pugnar por la tolerancia y el respeto las creencias de los ciudadanos, pero no interrogarlos sobre el ejercicio de su libertad de conciencia.
Enfatizamos que la única excepción a lo antes dicho debe ser el cuestionamiento que se hace como dato estadístico en el censo de población y vivienda por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), ya que este instituto como encuestador de la población si le es útil y necesaria dicha información para efectos de estadística, únicamente.
Es obligación de las instituciones del país ser respetuosos de nuestro marco legal, de revisar que los actos emanados de quienes participan en la vida pública y social de nuestro país se encuentren en estricto apego al derecho y guarden total respeto de las instituciones, evitando su vulnerabilidad y garantizando en todo momento que la laicidad del Estado se vea reflejada en los actos de gobierno que realizan todos los días.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición, con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a los tres ámbitos de Gobierno: federal, estatal y municipal así como a todas las autoridades judiciales y administrativas de la República, ante las cuales deba comparecer cualquier ciudadano, que se respete su libertad de conciencia y se omita cuestionarle sobre la religión que profese.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2007.
Diputados: José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Rosario
Ortiz Magallón, David Sánchez Camacho (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A REVISAR EL CASO
DEL PARAMÉDICO JOSÉ ANTONIO VERA DÍAZ PARA QUE SE
HAGAN UNA REALIDAD EL PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA,
GRATUITA Y EXPEDITA Y EL DERECHO HUMANO AL ACCESO A RECURSOS EFECTIVOS
DE JUSTICIA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS SOLANO MUÑOZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal José de Jesús Solano Muñoz, con fundamento en los artículos 59 y 60, primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para ser considerado como de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En octubre de 2004, el ciudadano José Antonio Vera Díaz, paramédico voluntario de la Cruz Roja Mexicana en Guadalajara, Jalisco, perdió su credencial de elector en el camino de la escuela a su casa; pérdida que reportó ante el IFE en noviembre de 2004. El 14 de diciembre del mismo año el IFE le entregó su nueva credencial de elector. Lo anterior consta en el oficio No. 0438/07 girado por la vocalía estatal del registro federal de electores (en Jalisco) del Instituto Federal Electoral emitido el 31 de mayo de 2007 y firmado por el vocal estatal del Registro Federal de Electores Rogelio A. Castillo Betancourt.
2. Un ejecutivo de ventas de la empresa Avante Distribuidora Automotriz SA de CV, llamado Leonardo Omar Santana Rodríguez, en declaraciones ministeriales señala que vendió un automóvil de la marca Honda tipo Accord color gris plata en noviembre de 2005, a una persona del sexo masculino que dijo llamarse Gerardo, quien pidió que la facturación se hiciera a nombre de José Antonio Vera Díaz, para lo cual le dejó una copia fotostática de la credencial de elector extraviada y un anticipo. Al día siguiente regresó para dejar otra cantidad considerable de dinero y un mes después volvió para pagar el faltante del precio convenido por el automóvil. Asimismo, el vendedor indica que el día que entregó el automóvil Honda tipo Accord color plata al sujeto de nombre Gerardo, éste se interesó por otro automóvil de la misma marca en color negro y regresó aproximadamente en el mes de abril de 2006 por él y le solicitó nuevamente que se facturara a nombre de José Antonio Vera Díaz, quien no estuvo presente en la compra y entrega de ninguno de los dos automóviles.
3. El día 17 de agosto de 2006, entre las 15 y las 16:30 horas, fue asesinado el juez federal René Hilario Nieto Contreras cuando salía del juzgado donde trabajaba en Toluca, Estado de México. Dicho juez trabajó en casos relacionados con Osiel Cárdenas Guillén y Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes están tras las rejas, así como con algunos relacionados con el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Se encargaba de causas vinculadas al tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el uso de armas cuya utilización es exclusiva del ejército, entre otros de índole federal.
4. El juez conducía un automóvil marca Toyota tipo Matrix, color rojo e iba en compañía de su secretaria particular Érika Navarrete Hernández, quien resultó herida por disparo de arma de fuego. Aparentemente, el asesinato se cometió con 9 balazos hechos desde un vehículo marca Honda tipo Accord color gris plateado con placas JDB-1555 del Estado de Jalisco. De acuerdo al peritaje de 19 de agosto de 2006, el juez René Hilario Nieto Contreras se encontraba realizando maniobras de conducción del vehículo Toyota Matrix de color rojo sobre los carriles de circulación con dirección de poniente a oriente sobre la avenida José López Portillo; fue alcanzado del lado izquierdo por el vehículo de la marca Honda Accord de color plata, donde viajaba su victimario, quien realizó diversos disparos hacia su victima causándole las lesiones que a la postre le causarían la muerte.
5. Las declaraciones de Érika Navarrete Hernández al proporcionar la media filiación del sujeto que ejecutó los disparos que produjeron el deceso del juez, describió características físicas como sigue: una persona del sexo masculino, joven de entre veinte y treinta años de edad, tez morena clara pelo corto, nariz aguileña, cejas negras; datos que hasta este momento resultaron suficientes al juzgador para establecer la probable responsabilidad de José Antonio Vera Díaz.
6. No obstante, Omar Téllez Malváez, otro testigo que pudo ver a los criminales con mucho detenimiento, y sin estar en un estado alterado, describió a dos individuos como de treinta a treinta y cinco años (a José Antonio Vera Díaz en ese tiempo le faltaban días para cumplir los 20 y siempre ha demostrado menos edad de la que tiene). Describe al copiloto expresando que se trataba de un individuo de treinta a treinta y cinco años de edad, tez clara, complexión semirobusta, estatura un metro con setenta y cinco centímetros, pelo corto, semichino u ondulado, color negro, patilla normal, cara con forma redonda, gordita, frente un poco amplia, sin lograr ver características de cejas ni ojos ya que dicho individuo usaba lentes al parecer de forma hexagonal con graduación o aumento, los lentes eran claros y grandes y cubrían el contorno de los ojos, se veía dorada el armazón, nariz mediana, recta y un poco chata como de bolita, como de payasito, bigote rasurado boca mediana, labios semidelgados, barba rasurada, sin apreciarle alguna seña particular. Y describe al chofer: vamos a comenzar por el chofer del vehículo Honda color gris el cual es de complexión robusta, edad de treinta a treinta y cinco años, estatura de un metro con setenta y cinco centímetros aproximadamente, complexión robusta pelo corto, color semioscuro, lacio, frente amplia, cejas semipobladas, ojos sin poder describirlos ya que no se fijó en ellos, y por lo que se refiere a la nariz y a la boca no se fijó en sus características, bigote rasurado; sin barba, tez clara, cara ancha, sin apreciar ninguna otra seña particular, aparte de la situación de la edad y las diferencias antropomórficas de los individuos descritos. Al compararlos con José Antonio Vera Díaz, existe la situación de que el ciudadano Omar Téllez Malváez reconoció a los individuos en el aeropuerto internacional de Toluca y ninguno de ellos era José Antonio Vera Díaz.
7. En otro momento, un guardia de seguridad privado del aeropuerto internacional de Toluca de nombre Wendy Pérez López reconoció, ubicó y señaló a los mismos sujetos en los videos del aeropuerto del día 17 de agosto de 2006 entre las 16 y las 17 horas, los encerró en círculos en fotografías y el día 7 de julio del año 2007, en una ampliación de la testimonial de Wendy Pérez López en que declara, al ponerle a la vista cuatro fotografías de José Antonio Vera Díaz de frente de perfil derecho e izquierdo así como de cuerpo entero, previa observación de las mismas, que no le conocía y que esa era la primera vez que le veía y, por lo que respecta a su nombre, jamás lo había escuchado; acto seguido asentó su nombre, firma y fecha en las fotografías de José Antonio Vera Díaz y la expresión de que no le reconoce.
8. El secretario del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, encargado de despacho, por vacaciones del titular, descartó medios de prueba tales como la copia fiel de la lista de asistencia del mes de agosto de 2006, del módulo trauma de la generación 22 de la escuela de Técnicos en Urgencias Médicas I de la Cruz Roja Mexicana, certificado por la coordinadora de la propia escuela, doctora Roció Garduño Reyes y poniéndose a sus ordenes para posibles aclaraciones en la Cruz Roja Mexicana, y en donde se confirma que el día 17 de agosto de 2006 el ciudadano José Antonio Vera Díaz asistió a clases. Manifestó el secretario que a él no le constaba que la lista fuera de el mes de agosto, porque no contaba con la fecha, aunque la doctora Garduño Reyes firmó e hizo constar que la lista era, efectivamente, del 17 de agosto de 2006.
Asimismo, descartó el testimonio de una de las compañeras (la número 9 en la lista) Anel López Lecuona por no tener imparcialidad ya que, de acuerdo con el criterio del juzgador, se colegía que existía relación afectiva.
9. El Ministerio Público siempre se refiere a José Antonio Vera Díaz como el propietario legal, el último comprador, la persona a la que vendieron el vehículo, y también argumentan que no hay elementos legales que desvirtúen el hecho de que esto es así. Sin embargo de no ser por las facturas extendidas a su nombre, sin la presencia, intervención ni autorización de José Antonio Vera Díaz, que es un hecho confesado por Leonardo Omar Santana Rodríguez, no existe un sólo papel firmado en donde se acredite lo anterior, no hay un testigo que diga que estuvo presente en la compra-venta de los vehículos, no hay un testigo o constancia de que recibió la factura o se la hayan mandado a su domicilio, no hay una alta del vehículo a su nombre en el registro de finanzas en el estado de Jalisco o en cualquier otro estado, no hay un sólo testigo que lo haya visto tener, conducir o poseer uno de estos vehículos, no hay constancias de que él o su familia tengan el dinero o la intención de comprar un vehículo de éstas características, no existe un sólo vecino que refiera haber visto un automóvil de éstas características en su casa, no existe un sólo compañero de la escuela o vecino de la misma que lo haya visto en un automóvil de estas características en la escuela, no ha tramitado nunca una licencia de conducir, lo que no prueba pero si implica que no sabe conducir. Es decir su delito es haber perdido su credencial de elector.
10. No hay un solo elemento en toda la averiguación previa que desvirtúe o desmienta o haga suponer que no es cierto algún elemento de la declaración inicial de José Antonio Vera Díaz o cualquier otra de sus declaraciones vertidas a lo largo del proceso. José Antonio Vera Díaz está acusado del homicidio del juez René Hilario Nieto Contreras por haber perdido su credencial de elector en octubre de 2004 y por tener tez morena, clara, pelo corto, cejas negras y una edad de al menos 20 años.
11. Esta situación es irregular a todas luces y convoca a la indignación ética de cualquier persona que tuviera conocimiento del asunto. La sociedad tapatía, jalisciense y nacional se ha ido enterando del caso y han expresado su inconformidad. Como diputado federal por Jalisco, no puedo permanecer impávido. Por lo anterior, y confiando en las instituciones fundacionales del estado mexicano y sin pretender invadir esferas de acción, por todo lo anterior someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto De Acuerdo
Único. Esta representación nacional, con pleno respeto de la división de poderes que establece nuestro marco constitucional, exhorta al Poder Judicial de la federación a revisar el caso del joven paramédico José Antonio Vera Díaz para que el principio de administración de justicia pronta, gratuita y expedita y el derecho humano al acceso a recursos efectivos de justicia se hagan una realidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en septiembre de 2007
Diputado José de Jesús Solano Muñoz.
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SHCP QUE INFORME POR ESCRITO SOBRE LA MAGNITUD EN QUE
PEMEX PARTICIPARÍA EN LA FORMACIÓN DE SUPERÁVIT PRIMARIO
CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO
ANTONIO SOTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 14 de septiembre, el Congreso de la Unión aprobó prácticamente por unanimidad la reforma a la Ley de Derechos, para permitir que Petróleos Mexicanos pudiera disponer de recursos presupuestales adicionales para poder cumplir de mejor forma las tareas que tiene encomendadas, particularmente, la restitución de las reservas de hidrocarburos de la nación.
Durante este mismo mes se recibió, del Ejecutivo Federal, las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008. Específicamente, en la ley de ingresos, artículo primero, apartado C, se consigna un superávit de "organismos y empresas de control directo" por una cantidad de 189.4 mil millones de pesos, que en gran medida se refieren a la obligación que tendrá Petróleos Mexicanos de mantener, sin utilizar, una buena parte de los recursos autorizados para gasto e inversión.
Me permito recordar a esta soberanía que en 2005, cuando se realizó la anterior reforma al régimen fiscal de Pemex, la Secretaría de Hacienda hizo subir la obligación de superávit primario congelando los recursos adicionales que el Congreso había autorizado a Pemex. De modo que si en 2005 el requerimiento de superávit en Ley de Ingresos ascendió a 99 mil millones de pesos, en 2006 se multiplicó hasta 201 mil millones y en 2007 hasta 209 mil millones de pesos.
Ciertamente para 2008 el imperativo se reduce en 19 mil millones de pesos, pero aún se mantiene muy elevado. Como se podrá entender no se trata en exclusiva de Petróleos Mexicanos, pero por la magnitud del flujo que sostiene esta entidad su participación es relevante.
El superávit fiscal, como todos sabemos, es un mecanismo que utiliza el gobierno federal para mantener en equilibrio las finanzas públicas. En 2008, la exposición de motivos que acompaña a la Ley de Ingresos, explica que el gobierno se endeudará por 220 mil millones de pesos, lo que crea un déficit por 189 mil millones y por esa razón se impone un superávit primario en organismos y empresas públicas por la misma cantidad, con lo que se logra el equilibrio en la contabilidad gubernamental.
En realidad se trata de una deformación contable que perjudica gravemente a las empresas públicas del país, al obligarlas a permanecer dentro de la contabilidad central del gobierno, cuando en realidad deberían estar fuera del presupuesto, tal y como ocurre en la mayoría de los países del mundo.
Por lo tanto, es indispensable que la Secretaría de Hacienda informe, por escrito, en qué magnitud pretende que Pemex participe en la formación del superávit primario consignado en la Ley de Ingresos 2008, de tal forma que esta Cámara pueda asegurarse de que las recientes reformas a la Ley de Derechos realmente permitan a Petróleos Mexicanos disponer de recursos adicionales para inversión, y se impida que la paraestatal continúe aumentando su deuda.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe por escrito, y a la brevedad, la magnitud en que Petróleos Mexicanos participaría en la formación del superávit primario consignado en el artículo primero de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2008. Así como los montos en que esa paraestatal ha participado, en el rubro antes aludido, durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
Honorable Cámara de Diputados, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN A RESOLVER EL CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA,
A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN DE JESÚS DÍAZ MENA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Sotuta es uno de los 38 municipios que actualmente gobierna el PAN en el estado de Yucatán, cuyo ayuntamiento es encabezado por el señor Ernesto Alonso Díaz Castillo, antiguo comerciante de la localidad, quien ganó por cómodo margen de votación a la señora Otilia Blanco Gómez, ex candidata del PRI a la alcaldía.
La señora Otilia Blanco, activista del PRI, tanto en Sotuta como en el vecino municipio de Huhí, del que su esposo fue alcalde en el periodo 2001-2004, al parecer no asimila su derrota política y desde entonces ha mantenido una actitud hostil en contra de la comuna panista, que ciertamente no está exenta de equívocos. Que independientemente de esto último de ninguna manera se justifica el uso de la violencia y del estado para atender cualquier tipo de inconformidades.
El pasado 14 de septiembre, una turba encabezada por Otilia Blanco, con el pretexto de inconformidades contra el desempeño del alcalde panista, alrededor de las 8:30 de la noche, irrumpen en la sede del palacio municipal y acceden a varias oficinas e instalaciones municipales perpetrando diversos daños en la biblioteca, en la tesorería, en las oficinas de la secretaría municipal y en el despacho del presidente municipal, ocasionando daños a escritorios, equipos de cómputo, aparatos electrónicos y 11 vehículos que estaban al servicio de la comunidad que se utilizaban para seguridad pública, recolección de basura y el traslado de enfermos, con daños que ascienden a más de 400 mil pesos.
Dichos actos han venido causando graves perjuicios a la población y no obstante que apremia recobrar los servicios de recolección de basura, el gobierno del estado, por solicitud del presidente municipal, dio en comodato dos vehículos en malas condiciones, que lejos de ayudar a la población en estos días a disposición del municipio, han registrado problemas mecánicos.
Aunado a lo anterior, dado que era el día previo al pago de la nómina, fueron sustraídos 180 mil pesos, que se utilizaría para cubrir los sueldos de los empleados municipales. De estos daños hay evidencias fotográficas y diferentes testimonios.
Al día siguiente, el 15, fueron denunciados los hechos bajo el acta número 900/2007 en la Agencia del Ministerio Público del municipio de Izamal. En la misma noche anterior se solicitó y fue realizada la inspección ocular por la autoridad ministerial. A la fecha han declarado distintos funcionarios municipales entre ellos, el tesorero municipal, Ricardo Rafael Canté Cab, quien fue retenido por agentes de la Policía Ministerial durante cinco horas con la pretensión de que por medio de presiones y actos intimidatorios, inculparlo de la desaparición del dinero, declaración que finalmente fue vertida conforme a los hechos.
En horas de la noche del 14 próximo pasado y de la madrugada del 15 fueron trasladados del municipio de Sotuta al de Izamal, dos policías municipales, quienes sin abogado o persona de su confianza fueron obligados a declarar contra el tesorero municipal.
Llama la atención la absoluta inacción persecutora e investigadora de la Procuraduría General de Justicia del estado, que hasta hoy no ha citado a ninguno de los más de 20 priistas que participaron en esos actos vandálicos.
Yucatán, en el sexenio pasado, no vio hechos similares que si fueron parte de sexenios priistas anteriores, como la golpiza propinada a panistas del municipio de Oxcutzcab en el Congreso del estado a cargo de bandoleros durante el gobierno de Víctor Cervera Pacheco, tío de la actual gobernadora, o el violento desalojo de campesino ocurrido en junio de 1992, durante el interinato de Dulce María Sauri Riancho.
Hoy día, de nueva cuenta los tiempos del garrote y de la ley al servicio del grupo gobernante imperan en Yucatán, por lo que hacemos un llamado a esta honorable Cámara de Diputados para agudizar la mirada hacia este nuevo gobierno, que a pocas semanas de haber iniciado trae consigo viejas prácticas de tomar el poder a cualquier costo e encubrir a sus aliados.
En tal virtud, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Yucatán para que la actuación de la Procuraduría General de Justicia de ese estado sea pulcra, imparcial y expedita, con el fin de incriminar a los responsables y resarcir los daños graves al erario municipal.
Artículo Segundo. Comuníquese el presente exhorto a la titular del Ejecutivo del estado ciudadana Ivonne Ortega Pacheco.
Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Y A GARANTIZAR QUE LAS PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SE INCORPOREN
EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL ESPECIAL CONCURRENTE
DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Alejandro Martínez Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal para establecer los mecanismos de participación y garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social sean incorporadas a las reglas de operación de los programas considerados en el Programa Especial Concurrente 2008, con base en las siguientes:
Consideraciones
El pasado 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo federal en cumplimiento al mandato constitucional, hizo entrega a esta soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica, donde se propone un gasto neto total de 2 billones 392.9 mil millones de pesos, sin incluir la Reforma Fiscal aprobada recientemente el 14 de septiembre.
En esta propuesta se contempla una nueva estructura programática para el 2008, al contemplar la reducción de 136 programas operados en 2007 por las diversas Secretarías relacionadas con el desarrollo rural sustentable, a únicamente 61 programas.
Para el caso especifico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se prevé en esta una compactación de los 66 programas operados anteriormente, en únicamente 8 nuevos programas.
Por otro lado, en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente, se prevé que "la dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquellas que continúen vigentes".
Así mismo, esta misma Secretaría "deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior".
Establece el texto de este mismo artículo que "las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo".
Finalmente, en su último párrafo se prevé que "las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas".
En este nuevo escenario de análisis, discusión, y en su momento, aprobación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2008 (PEC 2008), la presente proposición con punto de acuerdo retoma la demanda sentida de establecer los mecanismos de participación y garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social sean incorporadas a las reglas de operación de los programas considerados en el PEC 2008.
Esta que ha sido una demanda permanente de la sociedad en general y de las organizaciones del sector social relacionadas con el campo en particular, se sustenta en el espíritu del Constituyente y que quedó plasmado en el texto de 1917 en su artículo 26, al referirse a que "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional", esta se hará "mediante la participación de los diversos sectores sociales" y "recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo".
Como representante popular hoy retomo esta añeja aspiración de la sociedad, a la vez que refrendo la convicción de que es mediante la participación amplia, plural e incluyente de la ciudadanía en general, y de los productores agropecuarios, forestales y pesqueros que podemos transitar de una manera más segura para enfrentar los graves problemas del país y en el caso que nos ocupa los grandes retos que nos plantea el campo mexicano.
Por un lado, el objetivo del PEC es atender integralmente la problemática productiva, social, ambiental e institucional del medio rural y establecer estrategias de desarrollo para el largo plazo.
A través de este instrumento, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se propone, lograr la concurrencia de las diversas dependencias federales, estatales y municipales involucradas en el desarrollo rural, para hacer más eficiente el uso de los recursos humanos y financieros invertidos en el campo.
Por el otro, y no por ello menos importante, es propiciar cada vez más la participación de los actores sociales del medio, en la planeación de su propio desarrollo.
Esto último significa llevar a cabo permanentemente un ejercicio de consulta, de análisis y de propuestas consensuadas de los diferentes actores, a fin de asegurarse el cumplimiento de los principios básicos que establece esta ley.
Son las reglas de operación del PEC la cadena de transmisión entre los recursos de apoyo al campo aprobados por el Congreso de la Unión y los demandantes de estos recursos. De aquí su importancia.
Si estas más que facilitar el acceso a tales recursos, los entorpece, los obstaculiza e impide que estos bajen a los productores rurales, no se está cumpliendo con el objetivo de incidir favorablemente en la aspiración de alcanzar un desarrollo rural sustentable, tal como lo define la propia LDRS:
Esta nueva etapa conlleva a la urgencia de convocar a las partes involucradas, para que dada la premura para cumplir los términos establecidos en la ley, definamos de manera conjunta los mecanismos de participación amplia, plural e incluyente mismos que permitan, previo análisis, discusión y consenso, garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social sean incorporadas a las reglas de operación de los programas considerados en el Programa Especial Concurrente 2008.
Con base en las anteriores consideraciones, propongo a esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal establecer los mecanismos de participación y garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social sean incorporadas a las reglas de operación de los programas considerados en el Programa Especial Concurrente 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados, el día cuatro de octubre de 2007.
Diputado Alejandro Martínez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS ORGANISMOS, A LAS DEPENDENCIAS Y A LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO
DE NUEVO LEÓN A LLEVAR A CABO PROYECTOS VIALES Y DE OBRA PÚBLICA,
ASÍ COMO A RESPETAR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA AMBIENTAL,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL VILLANUEVA ARJONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Juan Manuel Villanueva Arjona, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a los diferentes organismos, dependencias y agencias del gobierno del estado de Nuevo León, que llevan a cabo proyectos viales y de obra pública, para que en el desarrollo de sus actividades respeten la ley y demás disposiciones existentes en materia de medio ambiente.
1. La zona metropolitana del Monterrey, alberga actualmente a más de cuatro millones de habitantes, que requieren de nuevas vialidades, para su desarrollo sin embargo estos cuatro millones de habitantes requieren también de aire, agua y suelo más limpio, en general de un entorno mas sano, la legislación vigente contempla la posibilidad de realizar estos desarrollos viales afectando en la menor medida posible el ecosistema.
Para que puedan conservarse estos ecosistemas, es necesario conservar cada elemento que lo forman, así como de las interacciones de éstos, requiriéndose para tal efecto, de espacios geográficos mínimos necesarios.
Cada ecosistema es dinámico y presenta cierta capacidad de resiliencia, sin embargo, si se alteran significativamente sus componentes o se perturba el espacio geográfico donde se llevan a cabo sus interacciones, estaremos en riesgo de perder sus funciones y perderlo y además junto con el, todos los bienes y servicios ambientales que presta.
2. No obstante lo anterior, en la zona metropolitana de Monterrey, se contemplan algunos proyectos y obras publicas, que se ubicarían en zonas naturales protegidas que son de suma importancia por su valor ambiental, por lo que resulta importante que ante la posibilidad de que se llevan acabo esos proyectos, se contemple antes de cualquier trabajo o actividad alguna en estas zonas el cumplimiento de la ley en materia de medio ambiente.
Ante esta situación, no queda sino tomar algún tipo de acción, a fin de mostrar nuestro interés por preservar nuestro medio ambiente. Es por ello que en virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los diferentes organismos, dependencias y agencias del gobierno del estado de Nuevo León, que lleven a cabo proyectos viales y de obra pública para que en el desarrollo de sus actividades respeten la ley y demás disposiciones existentes en materia de medio ambiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS
FEDERALES POR COOPERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO VALLEJO ESTÉVEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Mario Vallejo Estévez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:
Consideraciones
Las Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación comúnmente llamadas "Prefecos" surgen en el año de 1938 como un proyecto educativo impulsado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Su característica distintiva es precisamente su forma de sostenimiento en la que intervienen diversas entidades y organismos federales, estatales, municipales, organizaciones sociales y principalmente los interesados en el desarrollo educativo de su comunidad.
Estas instituciones son reguladas, controladas y coordinadas por la Dirección General de Bachillerato, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior y por ende de la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto están tipificados como planteles federales sujetos al mismo trato de escuela pública, toda vez que la mayoría de ellos son propiedad de la federación.
En la Ley Orgánica de Educación Pública de 1940, en el artículo 36 se señalaba que "las escuelas de cooperación, constituyen un tipo especial desde el punto de vista de sostenimiento, porque son las que se mantienen con fondos de diversas dependencias: Federación, estados, municipios, organizaciones sociales, particulares, y tienden a despertar el interés de todos los sectores por la educación. Pueden ser de cualquier grado y se sujetarán en todo a las normas que rigen a las escuelas oficiales". Sin embargo, no obstante que esta ley ha sido abrogada, ninguna reforma posterior se ocupó de las mismas.
No obstante esta falta de normatividad, en los últimos 50 años se fundaron aproximadamente 160 escuelas y en la actualidad, existen 126 planteles distribuidos en todos los estados del país albergando aproximadamente a 65 mil alumnos.
Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) les da trato de escuela pública, en su mantenimiento intervienen los gobiernos estatales y federal con cantidades variables por estado y plantel, pero el principal sustento son las aportaciones que los padres de familia realizan mensualmente bajo el concepto de "cooperación" mediante una asociación civil que capta los recursos por concepto de colegiaturas. Asimismo, la SEP les otorga un subsidio para gastos de mantenimiento, y los bienes muebles en su totalidad están registrados en el Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) e incorporados a la Dirección General de Bachillerato.
Ahora bien, en cuanto a la causa que da origen a este punto de acuerdo es importante mencionar que respecto al pago del servicio eléctrico de estos inmuebles, éste fue subsidiado mediante la firma de un convenio realizado con la Compañía de Luz y Fuerza de Centro y la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo a partir del año 2002 dicho beneficio ha sido retirado de gran parte de los planteles de este tipo de preparatorias, lo que ha provocando un importante daño en las finanzas de los planteles afectados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la restitución del subsidio al pago del servicio eléctrico a las Escuelas Preparatorias de Cooperación.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita que dicho beneficio se haga extensivo a todos los planteles que existen bajo este régimen en todo el país.
Tercero. Asimismo, solicita a la Secretaría de Educación Pública intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para el logro de la restitución del subsidio del pago del servicio eléctrico a las Escuelas Preparatorias de Cooperación.
Cuarto. Que el consumo de energía eléctrica de las "Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación" sea considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Mario Vallejo Estévez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA STPS A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROHIBICIONES LEGALES
SOBRE LA CONTRATACIÓN DE MENORES DE EDAD, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO
PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo económico de las principales regiones agrícolas del país se sustenta principalmente en las familias migrantes de los estados más pobres del país. Dados los rasgos sociales, culturales y lingüísticos que los caracterizan, y las formas de incorporación y participación en el mercado de trabajo, los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias son un sector de la población nacional que padece en alto grado las diferentes expresiones de la exclusión social. Para estas familias, la incorporación de sus hijos menores de edad dentro de relaciones asalariadas es una estrategia de sobrevivencia.
Dadas las condiciones de movilidad territorial e inestabilidad laboral de las familias de jornaleros agrícolas migrantes, la dificultad para su atención es enorme. Se trata de un grupo heterogéneo desde el punto de vista económico, social y cultural, cuya estructura asociada a la estructura de quienes los contratan, invisibiliza su labor asalariada y más aún la del trabajo infantil, relegándose a la categoría de ayuda familiar, a pesar de tratarse en muchas ocasiones de mano de obra especializada.
El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas estima que en el país existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales calcula que 1.2 millones deben migrar estacionalmente para emplearse como tales. Un estudio publicado por la Secretaría de Desarrollo Social, reporta que 19.4% de la fuerza laboral de los jornaleros agrícolas migrantes está constituido por menores de 6 a 14 años de edad. El mismo estudio señala un índice nacional de trabajo infantil de 24.3. Indicador referido como un promedio general, pero que a nivel regional, principalmente donde se producen hortalizas, se eleva considerablemente, como en las regiones de la costa centro (37.3) y norte (34.3) de Sinaloa, melonera de Huetámo (48.2), costa centro de Nayarit (36.2) y valle de Vizcaíno (30.4).
Sin embargo, a pesar de lo contundente de estas cifras, es muy difícil ofrecer datos precisos sobre la participación de la población infantil menor de 14 años en el trabajo asalariado. Una de las formas de invisibilización, en relación con la explotación y la violencia infantil, es precisamente la falta de datos estadísticos o la estimación infradimensionada del volumen, así como la producción tendenciosa sobre las causas de la problemática.
Con la población jornalera migrante esta situación se agrava, debido a que no se cuenta con información censal confiable y actualizada en torno a las características demográficas de este sector de la población. No sabemos con exactitud cuántos son, dónde están, y dadas las formas de encubrimiento y explotación propias del mercado de trabajo infantil agrícola, menos aun podemos identificar con precisión la población infantil incorporada al trabajo asalariado.
Es preocupante que el 19.4% de los jornaleros agrícolas migrantes sea población menor, ya que el trabajo agrícola para estos menores es de alto riesgo. Cuando los niños trabajan en el campo de sus familias, empleados en las granjas o plantaciones de otros, o acompañan a sus padres trabajadores migrantes, enfrentan peligros y niveles de riesgo mayores que los trabajadores adultos. Debido a que se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo, la exposición a lugares de trabajo peligrosos puede ser más devastadora y permanente para ellos, y tener consecuencias para toda la vida.
Estos niños y niñas se trasladan junto con sus familias y desde edades muy tempranas (cinco o seis años en promedio), dependiendo del tipo de cultivo, se incorpora a las actividades productivas laborales (desyerbo, recolección y selección de frutas y hortalizas, empaque, carga y acarreo), con las mismas condiciones y exigencias laborales que los adultos. Particularmente en las zonas de atracción migratorias, las niñas y los niños jornaleros migrantes nacen y crecen entre la explotación laboral, la miseria, el hacinamiento y la carencia de los servicios básicos, entre ambientes socioculturales diversos que les exigen permanentes esfuerzos de adaptación, pero que al mismo tiempo los hacen sujetos de discriminación, estigmatización y exclusión. La desnutrición, la insalubridad, el analfabetismo y la baja escolaridad son rasgos característicos de este grupo infantil.
Una forma en la que se ha tratado de invisibilizar el problema ha sido, como ya se mencionó, confinando el trabajo infantil a la categoría de ayuda familiar. Sin embargo, existe una diferencia sustancial en ambas formas de participación en el trabajo de los niños.
En sus comunidades los niños y las niñas participan y realizan diversas actividades y tareas como parte de su propio proceso de socialización. Estas formas de socialización dan como resultado la adquisición y el uso diferente de un conjunto de destrezas y habilidades cognitivas, las cuales son altamente valoradas, bajo criterios y valores implícitos en el contexto sociocultural de su comunidad.
Son totalmente distintas las formas de trabajo colectivo y solidario que realizan en sus comunidades de origen, donde las niñas y los niños realizan actividades como parte o "ayuda" a la subsistencia y la reproducción de la vida económica familiar y comunitaria, a la forma de incorporación de los menores en el trabajo propiamente asalariado. En el trabajo asalariado están expuestos al riesgo constante a sufrir enfermedades, por efecto de una mala alimentación, por insolación y también intoxicación a causa de insecticidas y pesticidas, poniendo en riesgo su integridad física y, en no pocos casos, arrebatándoles toda posibilidad de proyecto de un futuro valioso.
En el mercado de trabajo agrícola, las niñas y los niños no son considerados propiamente como jornaleros o asalariados, ya que no media una relación contractual entre los menores y los empleadores. Aunque los mayordomos y capataces reconocen que los menores alcanzan el mismo nivel de productividad que los adultos, incluso que la mano de obra infantil es altamente rentable para la realización de algunas actividades agrícolas, amén de que la mano de obra infantil es más barata y susceptible a un mayor control. La mano de obra infantil, se convierte por tanto, en mano de obra privilegiada para ciertos tipos de cultivos (como es el caso de la producción tabacalera y algunos de los productos hortícolas y frutícolas).
Otro problema es la falta de reconocimiento a la capacitación no formal que reciben estos niños en el campo de labor. Estos niños han desarrollado una habilidad en el trabajo que es competitiva a nivel global, cuentan con una destreza y productividad equivalente a la de cualquier adulto, por lo que debería ser reconocida como una norma de trabajo agrícola equivalente a la de la educación básica.
Es lamentable el panorama que se nos presenta, niños y niñas que se ven obligados por la pobreza y marginación a insertarse a un mercado de trabajo donde las condiciones son precarias e inestables, pues la contratación es siempre eventual y con riesgos muy altos debido a la falta de medidas preventivas sobre seguridad e higiene. Pero es aún más lamentable que muchos de estos problemas se podrían atacar con la simple aplicación de la Ley.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, inciso A, fracción tercera prohíbe la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Por su parte la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, prohíbe la utilización los menores de 14 años y los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria.
Asimismo, en su Titulo quinto bis prevé medidas explicitas para el trabajo infantil: ningún patrón puede utilizar sus servicios sin la presentación de un certificado medico, no se les podrá asignar trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal; la jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias; el patrón tiene la obligación de distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares.
Observamos con esto que México cuenta con un amplio marco legal para la prohibición del trabajo infantil y para garantizar condiciones adecuadas en seguridad e higiene en el ámbito laboral. Este marco, es sin duda perfectible, sin embargo antes de pensar en hacer algún tipo de reforma en esta materia, es necesario que se de cumplimiento a las disposiciones que ya existen.
Esta situación obliga a las autoridades correspondientes a, dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas, extremar medidas preventivas, así como a vigilar que se cumpla la normatividad que garantice la integridad física y seguridad de las vidas de los jornaleros y sus familias y de manera especial, la de los menores de edad en los campos agrícolas.
Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, para que a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y conforme a sus facultades, vigile que se cumpla lo que la ley ordena y especifica en cuanto a las prohibiciones para la contratación de menores de edad. Además, vigile que se cumplan las normas que garanticen la integridad física, así como la seguridad de las vidas de los jornaleros agrícolas y sus familias.
Segundo. Se exhorta también a que se realicen un mayor número de inspecciones a los campos agrícolas en donde se empleen a jornaleros, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene correspondientes.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA LABOR DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo referente a la labor que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos, con base en las siguientes
Consideraciones
Hablar de estado de derecho no se trata de referirse estrictamente a la aplicación de las leyes vigentes por las autoridades en todos los niveles de gobierno y de su acatamiento por parte de la sociedad; por lo que el elemento que materialice a éste concepto, el cual ha sido un modismo en el discurso de los últimos gobiernos debe ser prioritariamente el respeto y promoción de los derechos humanos, con la finalidad de que puedan ejercerse de manera plena.
En ese sentido, una de las obligaciones del Estado no sólo se constriñe a ser vigilante en el cumplimiento de las leyes, sino que debe garantizar el ejercicio de los derechos de la población y castigar a quienes los vulneren.
Derivado de circunstancias diversas que se han presentado en nuestra sociedad y que han marcado significativamente la política a seguir por parte de algunos gobernantes en el tema de los derechos humanos, es que han surgido las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección y promoción de los derechos humanos. Sucesos como la matanza de Tlatelolco en 1968; la llamada Guerra Sucia; la represión a movimientos sociales en la década de los años 80 y 90; los cercos militares que se han instalado en zonas de pueblos indígenas; los casos de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez; la creciente ola de violencia de género en el territorio nacional y los recientes abusos y violaciones a los derechos humanos, especialmente en mujeres y niñas, por parte de elementos del Ejército Mexicano con motivo de una proclamada guerra contra la delincuencia organizada, colocan a la sociedad en un estado constante de posible vulneración en el ejercicio de sus derechos.
De ahí que destaquemos el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, en la atención de la problemática que enfrenta la población y de la imperiosa necesidad de establecer canales de comunicación con ellas, a efecto de diseñar estrategias que permitan proponer medidas tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas, con base en el respeto y promoción de los derechos humanos.
Mención especial merecen las personas que de manera individual se dedican a la protección de los derechos fundamentales, ante la ausencia de una actuación por parte de las instancias de gobierno que deberían estar atendiendo la problemática. Sobre este respecto, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, adoptada el 9 de diciembre de 1998 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, las define como "toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional e internacional, debe ser considerado como defensor de derechos humanos".
En su momento, la Organización de las Naciones Unidas ha destacado que las defensoras y defensores se avocan a la realización de cualquiera de los derechos, dentro de los cuales se encuentran las ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, discriminación, derechos laborales, derecho a la vivienda, desalojos forzados, entre otros. De igual forma pueden desarrollar sus labores en determinadas categorías de derechos o personas como aquellos que se dedican a la protección de los derechos de las mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, derechos de personas refugiadas y forzadamente desplazadas.
La ONU ha mencionado también que no existe una lista cerrada de actividades que se consideren como acciones de defensa de derechos humanos, por lo que pueden conllevar la investigación y recopilación de información para denunciar violaciones a los derechos humanos, acciones de cabildeo ante autoridades nacionales e internacionales para que conozcan dichos informes o determinada situación, acciones para asegurar la responsabilidad de funcionarias y funcionarios estatales y erradicar la impunidad, acciones para apoyar la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción, la contribución para la implementación a escala nacional de los parámetros internacionales establecidos por los tratados de derechos humanos, y la educación y capacitación en derechos humanos.
Amnistía Internacional en su informe Actores esenciales de nuestro tiempo: los defensores de los derechos humanos en América, indica que los actos de agresión e intimidación dirigidos contra las personas que critican las políticas y prácticas oficiales en materia de derechos humanos constituyen un grave problema que, una y otra vez, las autoridades han omitido abordar; además de que ha documentado más homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en América que en cualquier otra región del mundo.
En nuestro país tenemos una larga lista de personas que son catalogadas como defensoras de los derechos humanos de acuerdo a lo que se ha expuesto; sin embargo, larga también es la serie de hostigamientos y obstáculos a los que se enfrentan para realizar su labor. Sobre este punto, citaremos algunos casos que de manera representativa ilustran las condiciones en las que realizan su labor éstas personas, tomando como base un balance en la materia realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el informe sobre la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos por el Estado Mexicano de la Red de Organismos Civiles por los Derechos Humanos:
• Isidro Baldenegro López, líder indígena tarahumara, y Hermenegildo Rivas Carrillo, de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua, fueron detenidos arbitrariamente por miembros de la policía judicial del estado el 29 de marzo de 2003. Los dos hombres fueron acusados de posesión ilegal de armas. A Isidro Baldenegro también lo acusaron de posesión de marihuana. Las declaraciones de testigos presenciales contradicen la versión policial de los hechos e indican que las pruebas de cargo fueron inventadas. Amnistía Internacional considera que los cargos formulados contra ellos tienen motivaciones políticas y están vinculados con la lucha que libra desde hace mucho tiempo la comunidad indígena tarahumara para proteger sus derechos y detener la tala descontrolada de árboles en sus tierras.
• Griselda Tirado Evangelio, abogada y activista indígena, fue asesinada el 6 de agosto de 2003. Griselda Tirado era miembro de la Organización Independiente Totonaca (OIT), que defiende los derechos de las comunidades indígenas de la región de Sierra Norte, en Puebla. Aunque las autoridades iniciaron una investigación sobre el asesinato de Griselda Tirado, el Ministerio Público, al parecer, no llevó a cabo una investigación completa del lugar del crimen con la prontitud debida, perdiendo la oportunidad de recoger pruebas esenciales. La abogada se encargaba de muchos casos de su comunidad, entre ellos casos de violación de mujeres indígenas, corrupción y disputas sobre la propiedad de la tierra.
• Obtilia Eugenio Manuel, mujer indígena del pueblo Me Phaa, de la comunidad Barranca de Guadalupe, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Desde hace varios años se ha destacado por su compromiso en la defensa y promoción de los derechos indígenas en la región. Como integrante de la comunidad de Barranca de Guadalupe, Obtilia desde niña ha sido testigo de múltiples violaciones a los derechos humanos de su pueblo, siendo desde joven que ha realizado una labor de organización, denuncia y defensa junto con otros miembros de la comunidad de Barranca de Guadalupe y ahora a través de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa, AC. A partir del año 2002 la defensora Me Phaa ha sido blanco de amenazas y hostigamiento por parte de personas desconocidas en por lo menos ocho ocasiones, en las cuales ha sido directamente amenazada de muerte. En el contenido de las amenazas, destacan la defensa que ha realizado en los casos de Inés y Valentina y el reclamo por haber expulsado a un informante del Ejército de un evento celebrado con motivo del aniversario de los hechos sucedidos en El Charco el 7 de junio de 1998.
• El 18 de mayo de 2005, Albertano Peñalosa Domínguez, líder de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP) 12, cuya lucha está circunscrita a la tala ilegal de bosques en la Sierra, fue emboscado en su casa en la comunidad del Banco Nuevo municipio de Petatlán, Guerrero. La camioneta en la que viajaban presentó 83 impactos de bala de armas de uso exclusivo del Ejército. Fallecieron sus hijos Abatuel de 9 años y Armando de 19 años.
• La presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez Rodríguez, fue detenida el sábado 23 del 2005, dos años después de que la activista divulgara irregularidades en la importación de 28 delfines. El 22 de julio de 2003 la Inmobiliaria Propac-Cancún, propiedad de Bernardo Zambrano, introdujo a territorio nacional 28 delfines Tursiups aduncus, provenientes de Islas Salomón, para albergarlos en el delfinario Atlántida Cancún, ubicado en las instalaciones de Parque Nizuc, en la zona hotelera de este destino turístico, en complicidad con ex funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) involucrados en la asignación de permisos de importación de los delfines en julio de 2003. Entonces, autoridades y organizaciones nacionales e internacionales cuestionaron el proceso de tramitación y otorgamiento de permisos y Domínguez Rodríguez denunció las irregularidades del caso.
• El abogado de derechos humanos Dante Almaraz murió por los disparos de unos hombres no identificados en el centro de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, el 26 de enero de 2006. Había trabajado en varios casos relacionados con la oleada de ataques contra mujeres en Ciudad Juárez. Un acusado de uno de estos casos, Víctor Javier García Uribe, puede correr peligro de ser atacado. Otros miembros de la comunidad de derechos humanos de Ciudad Juárez pueden estar también en peligro, al igual que la familia de Dante Almaraz. El abogado Dante Almaraz fue asesinado mientras conducía por el centro de Ciudad Juárez durante la tarde del 26 de enero cuando otro automóvil le cortó el paso. De él salieron varios hombres armados que dispararon repetidamente contra Dante Almaraz. Un pasajero del automóvil de Dante Almaraz resultó herido de gravedad.
• Digna Ochoa y Plácido, reconocida defensora de derechos humanos fue encontrada sin vida al interior de su oficina en el Distrito Federal, el 19 de octubre de 2001. Su cuerpo presentaba dos impactos de bala. Además, el lugar estaba revuelto y en él se encontró un mensaje que contenía amenazas de vida para los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Aún cuando las autoridades locales y federales expresaron su compromiso para esclarecer el caso como una muestra de su compromiso con la verdad y la justicia, el caso sigue sin tener una conclusión satisfactoria.
• Concepción Moreno Arteaga, madre soltera de 47 años, originaria de la comunidad el Ahorcado, en el estado de Querétaro, fue detenida el 9 de marzo de 2005 por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), los cuales ingresaron a su domicilio y, una vez dentro de su casa, golpearon a los inmigrantes, obligándolos a recostarse en el suelo mientras les pateaban en el vientre y los costados. Después de allanar los cuartos de la vivienda y registrar las pertenencias de la familia Moreno, los agentes de la AFI ordenaron a los inmigrantes subir a la camioneta, llevándose consigo también a la señora Concepción. Más tarde, en su parte informativo los agentes asentaron que la habían detenido por encontrarla en "flagrante comisión de delito" ya que estaba "alimentando a un grupo de extranjeros". Doña Conchi, como se le conoce fue sentenciada a seis años de prisión y recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, donde hasta hoy permanece. Después de una campaña para obtener su libertad, fue exonerada de cualquier cargo y puesta en libertad en agosto de 2007.
• Ricardo Murillo, fue encontrado a la 1:30 de la madrugada del 6 de septiembre de 2007 en el asiento del copiloto de una camioneta suburban y con un tiro en la cabeza. Ricardo fue un defensor de derechos humanos que se especializó en temas relacionados con la seguridad pública y las condiciones en cárceles en el conflictivo triángulo de oro, donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Desde el año de 1993 participó en la labor de denuncia e investigación en el Frente Cívico Sinaloense, que ha desarrollado una labor constante de denuncia ante los abusos cometidos en los operativos contra el crimen organizado. Uno de los casos en los que Ricardo estuvo relacionado fue el de la familia acribillada por militares en un retén en la Joya de los Martínez la madrugada del sábado 2 de junio de 2007.
Por lo tanto, el trabajo de promoción y protección de los derechos humanos que por iniciativa propia realizan las personas en nuestro país es una actividad legítima que coadyuva con una obligación de los gobiernos, consecuentemente, se deben adoptar medidas para proteger a las defensoras y defensores de los derechos humanos, máxime cuando su labor enfrenta riesgos y obstáculos como en los casos que se han citado.
Por lo antes expuesto, se propone la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que garantice y respete la labor que realizan las y los defensores de los derechos humanos en México, con base en lo establecido en la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, de la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, se solicita informe de las medidas que se adopten en un plazo de 30 días naturales a ésta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A REVISAR Y PROMOVER QUE EL PRESUPUESTO DESTINADO A
LA EJECUCIÓN DEL CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
COMO RESULTADO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DETALLADA, MICROPLANEACIÓN
Y SUSTITUCIONES SE AJUSTE AL CALENDARIO ESCOLAR, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO
JAVIER MURILLO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito Francisco Javier Murillo Flores diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a que en el ámbito de sus facultades revise y promueva con las instancias de los gobiernos federal y estatales que el presupuesto para la ejecución del calendario de obra de la construcción de espacios educativos como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación, y sustituciones se realice acorde y congruente con el calendario escolar, y con esto los alumnos de educación básica puedan contar al primer día de clases del nuevo ciclo escolar con el aula, taller o laboratorio correspondiente y con esta acción contribuir a elevar la calidad de la educación de nuestro país.
El compromiso indeclinable por elevar la calidad de la educación es una preocupación permanente que nos obliga a realizar un análisis minucioso serio y comprometido sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer todos los actores sociales en esta amplia área de oportunidad de los tres niveles de gobierno.
Plantearé hechos muy concretos que en educación se traducen en indicadores educativos, esto es, elementos y rasgos que se pueden evaluar y conforme a sus resultados podemos darnos cuenta si se lograron o no los objetivos y propósitos planteados y a la vez orientar nuestras decisiones.
En el contexto de la calidad de la educación de ninguna manera pudiera dejar de tocar el indicador del aprovechamiento escolar, y lo que hace más preocupante este aspecto, son los resultados del ciclo escolar 2006-2007 que ha publicado y difundido recientemente la Secretaría de Educación Pública de la prueba ENLACE. Examen Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, instrumento aplicado de manera censal a todos los alumnos de México de 3º a 6º de primaria y 3º de secundaria, donde el sistema educativo de nuestro país se ubica en niveles que no son nada halagadores y por el contrario, insisto muy preocupantes, de ahí que debemos ser concientes de que en este indicador, de aprovechamiento escolar, intervienen muchos elementos que impactan positiva o negativamente.
En este punto de acuerdo no voy a hablar de subjetividades, sino de cosas concretas, palpables y medibles que influyen en el aprovechamiento escolar, quiero referirme a un fenómeno que se presenta reiteradamente año tras año en muchas de las escuelas oficiales de educación básica de nuestro país, que consiste en que en un gran porcentaje de instituciones educativas al principio del ciclo escolar no cuentan con los elementos indispensables mínimos para laborar normalmente en el nuevo ciclo escolar; me refiero al componente de los espacios educativos: llámese aulas, talleres, laboratorios, etc. elemento irreductible que el estado Mexicano está obligado a proporcionar y que se requiere para que una escuela trabaje con regularidad al principio y durante todo el ciclo escolar.
Si partimos que en una escuela pública, como sucede en muchas de nuestro país, el primer día de clases del ciclo escolar, cuenta con sus libros de texto gratuitos, con maestros preparados, con alumnos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar; pero no cuenta con el espacio educativo (aula, equipo, mobiliario taller, laboratorio, etc.) para que inicie las labores escolares en ese nuevo año; tenemos en consecuencia que habrá alumnos y maestros trabajando en espacios educativos adaptados que no cumplen con los requisitos técnico pedagógicos mínimos indispensables, esto en el mejor de los casos, o lo mas grave aun, reunidos dos o mas grupos en un mismo salón de clase sin ser la modalidad de escuela multigrado, hechos que invariablemente inciden negativamente en el aprovechamiento escolar y la calidad de la educación.
Toda esta problemática debido a que hasta esta fecha la construcción de los nuevos espacios educativos se inicia generalmente después del arranque del ciclo escolar, esto en el mejor de los escenarios cuando se prevén recursos o hay economías del rubro, pero en la realidad cotidiana la construcción ocurre hasta muy entrado el año del próximo ejercicio fiscal, propiciando con esto un desfase que repercute en una deficiente atención a infinidad de educandos de preescolar, primaria y secundaria de todo nuestro país, situación que se ve reflejada en el bajo porcentaje de aprovechamiento escolar, y en consecuencia en la deficiente calidad de su educación.
La Secretaría de Educación Pública, como rectora de la educación de nuestro país posee las facultades para regularizar, normalizar y armonizar el proceso de construcción de espacios educativos para que acorde con el inicio del ciclo escolar los alumnos de educación básica cuenten con aula, taller o laboratorio y el correspondiente mobiliario.
Los procesos de planeación deben realizarse con un enfoque eminentemente estratégico, es el caso que tomando como fundamento que la principal finalidad de las inscripciones anticipadas, tiene como principal intención contar con los elementos que ayuden a la autoridad a hacer proyecciones acerca de cuántos alumnos requerirán nuevos espacios educativos el próximo ciclo escolar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
1. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice una revisión minuciosa a los procesos de construcción de espacios educativos a efecto de que ajuste y armonice los tiempos para que las entidades federativas a más tardar el 15 de junio cuenten con el dictamen correspondiente en cuanto a la terminación y entrega recepción de obra por parte de la instancia responsable de esta fase del proceso. Para que los centros educativos en los diferentes niveles y modalidades de educación básica cuenten con toda oportunidad al primer día de clases del próximo ciclo escolar con los espacios educativos correspondientes.
2. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública y esta a su ves lo haga extensivo a las autoridades educativas de las entidades federativas a que en este contexto todos los centros escolares al inicio del ciclo escolar cuenten con los espacios educativos construidos y equipados con los accesorios necesarios, de tal manera que al primer día del nuevo ciclo escolar no existan alumnos sin aula taller o laboratorio.
Diputado Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DAR A CONOCER MEDIANTE LAS SECRETARÍAS
DE ESTADO CORRESPONDIENTES LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL EJERCICIO
FISCAL DE 2008 DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Holly Matus Toledo, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, relaciones que han causado la dominación del hombre sobre la mujer, la misoginia y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.
La existencia de un desequilibrio de poder, hace posible el ejercicio de la dominación patriarcal y por lo tanto, constituye un grave atentado contra la dignidad, contra los derechos humanos, la calidad de vida y la salud física y mental de las mujeres; lo cual impide el desarrollo de una sociedad democrática.
En México, datos estadísticos revelan que en el 2003, el 35.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más, unidas y coresidentes con su pareja, sufrían de violencia emocional ejercida por su compañero o cónyuge; 27.3 padecían violencia económica; 9.3 violencia física y 7.8 por ciento violencia sexual. La mayoría de mujeres agredidas se encuentran en el rango de edad de 25 a 44 años y es mayor en aquellas con dependencia económica, ya que su actividad se limita a los quehaceres domésticos.
La violencia de género no es un fenómeno nuevo ni característico exclusivamente de la sociedad. Se trata de una terrible lacra social que debilita los pilares del sistema político. En las pasadas legislaturas se han realizado esfuerzos para revertir estas condiciones, el más reciente, fue la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la cual fue promulgada el 31 de enero del presente año por el Ejecutivo federal.
Posteriormente, el 8 de marzo del mismo año, fue firmado el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con el compromiso de dar cumplimiento a las leyes y acuerdos internacionales que garanticen una vida libre de violencia. El Poder Ejecutivo federal, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como los gobernadores y presidentes municipales, se obligaron con ello, a instrumentar políticas públicas transversales encaminadas a defender la integridad y los derechos de todas las mujeres de México.
Con preocupación vemos hoy, que han transcurrido más de 200 días hábiles sin que las instancias de gobierno involucradas, den cumplimiento a los artículos transitorios que establecen la emisión e instrumentación tanto del reglamento de la propia ley, como del reglamento del sistema en su conjunto, para lo cuál se estableció un plazo perentorio de noventa días.
Por otra parte, en el marco del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Ejecutivo federal tampoco cumplió con el artículo sexto transitorio, el cuál establece que los recursos para llevar a cabo los programas y la implantación de las acciones que se deriven de la ley, se cubrirían con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo federal, en virtud de que no están contemplados en el proyecto los recursos necesarios para iniciar en términos de la ley, con la erradicación de la violencia.
La importancia de éstos artículos, radica en la implantación del sistema nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que a su vez debe reglamentarse para definir la forma de intervención tanto de secretarías de Estado como organismos descentralizados como son las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación Pública, Desarrollo Social y Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, cuyos esfuerzos conjuntos, deben dirigirse a la prevención e investigación sobre la violencia, a la procuración e impartición de justicia, al funcionamiento de servicios de protección a las víctimas y a los servicios de rehabilitación de los victimarios.
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo federal, excediendo todo tiempo legal, no ha emitido ni el reglamento de la ley, ni el reglamento del sistema y tampoco ha hecho del conocimiento de la Cámara de Diputados, con motivo de la presentación del proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, los requerimientos para la operación e instrumentación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia.
Por ello, ante el riesgo de permitir la omisión en el cumplimiento de la ley, es necesario contribuir a su operación, dando paso a un plan integral que incluya medidas para afrontar la lucha contra la violencia de género en su más amplia dimensión y desde todos los ámbitos de correspondencia. Éste es el reto que tomaremos las diputadas y los diputados de esta legislatura.
Por lo anteriormente expuesto, como de urgente u obvia resolución, solicito a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que emita lo antes posible, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Reglamento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de las secretarías de Estado correspondientes, y en el marco del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, hagan del conocimiento de esta soberanía, los recursos públicos necesarios para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS DIF ESTATALES A UTILIZAR LECHE FLUIDA EN LOS PROGRAMAS
DE ALIMENTACIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ARMANDO JESÚS
FÉLIX OLGUÍN Y GERARDO ANTONIO ESCAROZ SOLER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los suscritos Gerardo Antonio Escaroz Soler y Armando Jesús Félix Holguín, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a su consideración el siguiente punto de acuerdo para exhortar a los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a utilizar leche fluida en los programas alimenticios estatales con base en un padrón de productores nacionales donde sólo podrán inscribirse quienes cumplan con las normas nutricionales, sanitarias y de proceso definidas por el DIF nacional, bajo las siguientes:
Consideraciones
México es el país con mayor apertura en el mundo a la leche y sus derivados, siendo importador de productos lácteos por lo menos en el periodo 2005 por una cantidad de 627 mil toneladas.
La leche fluida aporta gran cantidad de nutrientes minerales, proteínas y vitaminas que favorecen el desarrollo y crecimiento de nuestros niños.
Por los beneficios descritos se plantea que los programas de desayunos escolares que maneja el DIF tienen como uno de sus objetivos principales contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar con desnutrición o en riesgo, a través de una ración alimenticia pertinente, a fin de mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo; este proceso para ser sostenible involucra la participación activa de la familia de los escolares. Los desayunos en cuestión tienen un equivalente de consumo diario de 250 ml de leche entera de vaca por beneficiario.
De acuerdo con informes de resultados del período enero-diciembre del ejercicio 2006 para el programa de desayunos escolares del DIF, se otorgaron 856 millones 988 mil 654 desayunos escolares con recurso federal, y 212 millones 231 mil 851 desayunos con otros recursos. Teniendo un equivalente de consumo de 214 millones 247 mil 163.5 litros de leche anual.
Sin embargo, actualmente el 70% de la leche que se consume en estos programas se importa y maneja bajo la modalidad en polvo, situación que favorece a los productores de leche extranjeros en detrimento de los productores nacionales que, en muchos casos, se ubican en zonas rurales de alta marginación.
Partiendo de la base que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se reconoce que la producción láctea es básica, estratégica y de interés nacional por su aporte al empleo rural, situación urgente en el campo mexicano, nos preocupa el hecho de que no exista una vinculación real entre los programas alimenticios federales de desarrollo social y el sector agroalimentario nacional.
Consideramos que fomentar la compra de leche fluida para los programas de desayunos escolares representa una medida adecuada para atender con efectividad las necesidades nutricionales de nuestra niñez, así como una poderosa herramienta de desarrollo para nuestros productores y para el sector agroalimentario nacional.
Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a los DIF estatales a utilizar leche fluida en los programas alimenticios de los estados con base en un padrón de productores nacionales en el que sólo podrán inscribirse quienes cumplan con las normas nutricionales, sanitarias y de proceso definidas por el DIF nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputada Armando Jesús Félix Holguín
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA IMPLANTAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
Y TECNIFICACIÓN DEL RIEGO DE LOS EJIDOS DE TLÁHUAC, DISTRITO
FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Guadalupe Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas, los problemas relacionados con el déficit del agua de primer uso y la contaminación de las fuentes de agua se han agudizado en México, principalmente en las zonas áridas y semiáridas y en las regiones de mayor concentración de población, ejemplo de ello es la Ciudad de México. Agotamiento de acuíferos profundos, contaminación de acuíferos y cuerpos de agua superficiales, intrusión salina, falta de opciones económicamente factibles para afrontar la demanda del agua son fenómenos cada vez más frecuentes.
El hecho de que el Distrito Federal sea el centro político, económico, financiero y cultural del país y que en él se concentre uno de los núcleos de población más grande del mundo hace pensar a cualquiera que su carácter es exclusivamente urbano; sin embargo, 59 por ciento de su territorio está clasificado como de suelo de conservación, en parte del cual se llevan a cabo actividades de producción rural y ecológicas, entre las que destacan la producción de maíz, avena, nopal, amaranto, hongos zeta, brócoli y flores. El desarrollo económico de la zona rural de la Ciudad de México ha sido complejo, ya que los productores rurales deben combinar frecuentemente sus actividades con otras ocupaciones que sirven como complemento de sus ingresos, pues aún persiste entre este sector una profunda situación de marginación y pobreza, derivadas entre otros factores de la carencia de tecnologías adecuadas y de la falta de eficientes mecanismos de mercado para la comercialización directa de los productos.
En ese tenor, una de las delegaciones periféricas con características rurales es la delegación Tláhuac, con una superficie de 9 mil 178 hectáreas, que representa 6.70 por ciento del territorio del Distrito Federal. De este total de hectáreas de la demarcación, 3 mil 121 son de suelo urbano y 6 mil 57 son de suelo de conservación. Sin embargo, Tláhuac no ha escapado al grave deterioro provocado por el acelerado proceso de urbanización e industrialización, que trae como consecuencia afectación del ambiente. Esto se refleja en una constante movilidad poblacional, así como en la descomposición de las estructuras productivas agrarias de los sectores productivos marginales. En el aspecto ambiental, cada vez es más notorio el proceso de erosión del espacio rural de Tláhuac, así como una preocupante concentración de contaminantes en el medio urbano.
Tláhuac se integra por siete pueblos de origen prehispánico: San Andrés Míxquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, Santa Catarina, Santiago Zapotitlán, San Francisco Tlaltenco y San Pedro Tláhuac, algunos de ellos localizados muy cerca de la ribera de lo que queda del lago de Chalco y parte del llamado lago de Xochimilco. Dentro del territorio delegacional recaen varios núcleos poblacionales, destacando para efectos prácticos los siete poblados con características rurales mencionados y las demás colonias que forman la delegación.
De acuerdo con datos del Plan Rector de Producción y Conservación de la Microrregión Tláhuac, elaborado en 2004 por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena) del Gobierno del Distrito Federal, los cultivos principales que se producen en la zona rural son maíz, hortalizas, frijol, amaranto y avena, entre otros. De la superficie total de suelo de conservación y del área rural de Tláhuac las actividades se enfocan principalmente a la agricultura con 87.19 por ciento y a la ganadería con 18.27 por ciento de la superficie ocupada. La zona agrícola es mayoritariamente de temporal (60 por ciento), y más de la mitad de los productores desarrolla su actividad en terrenos planos y el resto en lomas y cerros. En general, el nivel de capitalización de los productores es bajo, ya que apenas 4 por ciento cuenta con tractor e implementos; 1.49 por ciento cuenta con pozo profundo para riego y menos de 1 por ciento tiene desgranadoras, empacadoras, trilladoras, seleccionadoras, deshidratadoras y demás equipo de cosecha y poscosecha. Destaca el hecho de que en la actualidad se utilice entre los productores de la yunta para labores agrícolas.
A pesar de la mancha urbana, las familias de los pueblos rurales de Tláhuac mantienen su cultura y costumbres muy ligadas a la actividad agropecuaria. En efecto, la economía de una importante proporción de familias de estas comunidades se basa en la producción agrícola, ya que crea cierto grado de estabilidad económica. Tláhuac ha tenido una tradición agrícola y cultural que se remonta desde épocas prehispánicas, sin embargo, los productores agropecuarios no sólo han enfrentado problemas por el cambio de uso de suelo, sino que se les ha agregado frecuentes presiones sociales para tratar de adaptarlos a un cambiante medio. Gran parte de la agricultura se realiza en las chinampas. Originalmente, las chinampas eran alimentadas de agua de los manantiales que nacen en las partes altas, lo que actualmente se ha modificado. Las aguas de los manantiales han sido desviadas para abastecer de agua potable a la Ciudad de México. Por ejemplo, las chinampas del ejido de Míxquic son alimentadas con aguas tratadas para riego procedentes de la ciudad. Las chinampas del pueblo de Tetelco son alimentadas con agua de pozo, que en cierto grado es salitrosa. La existencia y el funcionamiento óptimo de las chinampas se ven amenazados por el avance constante de la mancha urbana.
La valoración que el productor hace de sí mismo, su familia y comunidad está relacionada con la vida en el campo; en ésta el productor muestra el arraigo que tiene con la naturaleza, los recursos, como la tierra, las plantas, los animales y el agua. En la valoración también hace notar los cambios que el paisaje de su entorno ha sufrido y los efectos que ha generado. Más que agricultores, los habitantes de los pueblos de Tláhuac se consideran a sí mismos campesinos, por que el hecho de estar ligados al campo los hace diferentes. Ser campesino para ellos significa todo un estilo de vida ligada directamente con la naturaleza, con su pasado, con sus costumbres, con sus tradiciones y su relación con las demás familias de la comunidad.
El amor a la tierra constituye para los habitantes de estos pueblos un legado de sus antepasados. En su concepción, la tierra es la fuente de donde proviene la vida, porque allí crecen las plantas que sirven de alimento y sustento al ser humano. Ha sido notorio los factores que han limitado el desarrollo del campo e incluso amenazan su continuación; por ejemplo, los escasos apoyos financieros, la falta de capacitación, de asesorías y de asistencia técnica, entre otros factores. Por otro lado, la cercanía con la zona urbana de la Ciudad de México ha provocado una serie de problemas relacionados con el crecimiento de la mancha urbana y la contaminación de los recursos, generando una disminución directa en la disponibilidad de tierras para cultivo y de fuentes de agua para riego. Estos factores negativos los han afectado seriamente.
En ese sentido, considerando el bienestar de las condiciones de vida de los habitantes de los ejidos de Tláhuac, la actividad agrícola debe continuar y fortalecerse, por ello, es necesario que exista un reconocimiento formal por parte de las autoridades correspondientes, de la urgente necesidad de atender con mecanismos adecuados el impulso del desarrollo rural de esa delegación política del Distrito Federal. Este reconocimiento debe servir de base para un sistema de planificación que prevea mejorar las condiciones de vida de la población de estos pueblos y mejorar la producción agropecuaria, el apoyo en asistencia técnica y de infraestructura.
En tal virtud, por lo expuesto, es imperativo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) establezca con la mayor brevedad un programa de rescate de los ejidos del sur-oriente de la Ciudad de México, mediante el cual se apoyen las actividades agrícolas de los pueblos (ejidos) de la demarcación Tláhuac, y se dé seguimiento al Plan Director elaborado en 2004 por la Comisión Nacional del Agua, en el que se planteó que una de las propuestas con grandes ventajas para el área agrícola se refiere a inversión en la modernización y tecnificación del riego de la red interparcelaria y parcelaria.
Esta acción fortalecería la infraestructura agrícola de la región y se atendería una sensible demanda de los ejidatarios de Tláhuac que han venido promoviendo y gestionando la modernización de la red agrícola de dicha zona, asimismo, con ello se aumentaría la eficiencia de uso del agua.
El reto en materia de desarrollo rural consiste en lograr un mejor equilibrio y protección del ambiente y la conservación del suelo agrícola, mediante la canalización de mayores recursos para la dotación de infraestructura y de servicios públicos básicos en una de las zonas con mayores grados de marginación.
Con base en lo expuesto, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 un monto de 33 millones de pesos para el Programa Integral para la Modernización y Tecnificación del Riego de los Ejidos de la Delegación Tláhuac, Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputada Guadalupe Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A REVISAR Y PROMOVER LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN
DETALLADA Y MICROPLANEACIÓN, ASÍ COMO A ASIGNAR RECURSOS
PRESUPUESTALES PARA NUEVAS PLAZAS DE DOCENTES EN LOS DISTINTOS NIVELES
Y MODALIDADES, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MURILLO FLORES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito Francisco Javier Murillo Flores diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a que en el ámbito de sus facultades revise y promueva con las entidades federativas del país los procesos de programación detallada (Prodet) y microplaneación y se asignen los recursos presupuestales para nuevas plazas de docentes oportunamente en los diferentes niveles y modalidades a efecto de que al primer día de clases del nuevo ciclo escolar no haya alumnos de educación básica sin maestro.
La calidad de la educación es una preocupación permanente que nos obliga a realizar un análisis minucioso sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer en este rubro y sin pretender incursionar en un análisis filosófico y de debate tan justificado como el pretender unificar el criterio acerca de la concepción que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a la calidad educativa, pretendo abordar cosas muy concretas que en educación se traducen en indicadores educativos, esto es, factores que se pueden medir y conforme a sus resultados podemos darnos cuenta si se lograron o no los objetivos planteados y a la vez orientar nuestras decisiones ya sean de carácter reactivo o preventivo.
En el contexto de la calidad de la educación de ninguna manera pudiéramos dejar de tocar el indicador del aprovechamiento escolar, y lo que hace más importante este aspecto, son los resultados que ha publicado la OCDE, donde nuestro país se ubica en lugares que no son nada halagadores y por el contrario, sí muy preocupantes.
De ahí que debemos ser conscientes de que en ese indicador, hablo del aprovechamiento escolar, intervienen muchos elementos que impactan positiva o negativamente.
Pretendo pues, en este punto de acuerdo no hablar de subjetividades, sino de cosas concretas, palpables y medibles que influyen en el aprovechamiento escolar, quiero referirme a un fenómeno que se presenta año tras año en las escuelas oficiales de educación básica de nuestro país, que consiste en que en un gran porcentaje de instituciones educativas al principio del ciclo escolar no cuentan con los elementos indispensables mínimos para laborar normalmente en el nuevo ciclo escolar; me refiero a componentes como: los docentes, los alumnos, los espacios educativos(llámese aulas) los libros de texto y el mobiliario entre otros.
A estos componentes los quiero denominar "componentes de normalidad mínima" (como elementos irreductibles que el estado está obligado a proporcionar) y que se requieren para que una escuela trabaje con regularidad al principio y durante todo el ciclo escolar.
Si nos imaginamos que en una escuela pública, como sucede en muchas de nuestro país, el primer día de clases del ciclo escolar, cuenta con su edificio, con sus libros de texto gratuitos, con su mobiliario con alumnos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar; pero no cuenta con el maestro que inicie las labores escolares en ese nuevo año; tenemos en consecuencia que habrá alumnos sin maestro, o bien maestros que por falta de uno o dos o más maestros en su escuela tienen que atender a 2, 3 o hasta más grupos (sin ser la modalidad de escuela multigrado), todo debido a que alguna instancia que interviene en este proceso no cumplió eficazmente en el nombramiento oportuno de los docentes correspondientes; ello ha originado reiteradamente que en muchas regiones del país existen alumnos que no tienen clases de manera normal desde el inicio del ciclo escolar hasta el mes de noviembre, diciembre o incluso todo el primer semestre, inclusive, situación que con toda certeza impactará en el aprovechamiento escolar de estos alumnos y de manera obvia incidirá negativamente en la calidad de su educación.
La Secretaría de Educación Pública, coordina dos procesos con las entidades federativas, que tienen relación con la asignación de recursos para nuevas plazas y nuevas contrataciones en los diferentes niveles y modalidades de educación básica, dichos procesos son programación detallada, Prodet y microplaneación, (Prodet que se refiere a promociones naturales, reubicaciones por exceso de personal con base en la normatividad de estructuras ocupacionales, personal directivo, administrativo, de apoyo y asistencia, educación especial, educación física, musical e inicial.
El proceso de microplaneación se refiere a nuevas creaciones, expansiones y cambio de servicio de cualquier modalidad a formal.
Lo anterior se relaciona con la asignación de recursos para la contratación de nuevos docentes en los estados misma que debe ser oportuna para que al primer día de clases del nuevo ciclo escolar ya estén nombrados y las escuelas puedan comenzar a laborar con todos los componentes necesarios y por consecuencia puedan iniciar con la normalidad mínima que se requiere.
Estos procesos de planeación estratégica deben realizarse tomando como fundamento que la principal finalidad de las inscripciones anticipadas, tiene como principal intención contar con los elementos que ayuden a la autoridad a hacer proyecciones acerca de cuántos alumnos requerirán nuevos espacios educativos el próximo año, qué cantidad de aulas, de libros, de mobiliario, pero sobretodo de docentes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
1. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice una revisión minuciosa a los procesos denominados programación detallada (Prodet y microplaneación) a efecto de que ajuste los tiempos para que las entidades federativas a más tardar el 15 de junio cuenten con el dictamen correspondiente en cuanto a la asignación de recursos para nuevas plazas en los diferentes niveles y modalidades de educación básica y se realicen las acciones de contratación necesarias con toda oportunidad.
2. La H. Cámara de Diputados exhorta a las autoridades educativas de las entidades federativas a que en el contexto de la normalidad mínima para que los centros escolares al inicio del ciclo escolar, ajusten sus calendarios en la realización de sus procesos a efecto de que las promociones, cambios de adscripción, permutas y nuevas contrataciones de personal se realicen en tiempo y forma, de tal manera que al primer día del nuevo ciclo escolar no existan alumnos sin maestro.
Diputado Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DEL
SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, Y DE DESARROLLO AGRÍCOLA
DE TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
GUADALUPE FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El incremento de la población de la Ciudad de México inició en la región un proceso de alteración del ambiente que continúa hasta nuestros días. Estos cambios se observan en la pérdida de la mayoría de los cuerpos de agua; la desaparición, reencauzamiento o entubado de casi todas las corrientes de agua permanentes o temporales; la disminución drástica de la cobertura vegetal y, como consecuencia, la merma en la biodiversidad y la erosión de los suelos; y el abatimiento de los mantos acuíferos hasta poner en riesgo la viabilidad de la metrópoli.
El Distrito Federal cuenta con una superficie del orden de 150 mil hectáreas, se localiza dentro de una cuenca hidrográfica que rebasa sus fronteras. El suelo de conservación del Distrito Federal ocupa 87 mil 310 hectáreas, lo que corresponde al 59 por ciento del territorio y está constituido por bosques 39 mil 713 hectáreas; por matorrales 4 mil 020 hectáreas, y el uso agropecuario se extiende en 30 mil 785 hectáreas. El suelo de conservación constituye un área de gran relevancia dentro de la cuenca, ya que en él se generan servicios ambientales que son indispensables para la viabilidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Dentro de estos servicios sobresalen la recarga del acuífero, la captura de carbono, la producción de oxígeno y la retención de suelo fértil. Todos ellos ligados directamente con el mantenimiento del ciclo hidrológico y por ende con aproximadamente el 70 por ciento del agua que abastece al Distrito Federal.
El suelo de conservación en la Ciudad de México es el eje del equilibrio ambiental de la zona metropolitana del valle de México. La pérdida de cada hectárea de suelo de conservación representa que los mantos acuíferos de la región, dejen de favorecer la recarga de alrededor de 2 millones 500 mil litros de agua cada año. En el territorio del Distrito Federal prácticamente ya no hay reservas territoriales para la expansión urbana. El suelo de conservación no es, no puede ser opción para el crecimiento urbano. El costo de la pérdida de los servicios ambientales que presta hará inviable el equilibrio ecológico no sólo de la ciudad, sino de toda la cuenca del valle de México.
El suelo es un recurso natural no renovable y constituye uno de los principales elementos del patrimonio natural. Su pérdida o deterioro, como sucede con la desertificación, conlleva a graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, ya que es el soporte donde se desarrolla la vida. El suelo actualmente está sometido a una presión cada vez mayor. Gran parte de los procesos de degradación de las tierras está asociado con las prácticas agropecuarias no sustentables y con los cambios de uso de suelo no autorizados de terrenos forestales a usos agrícolas, pecuarios o habitacionales en zonas no aptas para ello.
El deterioro ambiental que ocasiona la degradación del suelo es inestimable; sólo para dar una idea, en México el efecto de la erosión hídrica, considerando la pérdida de productividad de soya, maíz, sorgo y trigo, se ha evaluado en mil millones de dólares (magulis, 1992), las graves consecuencias ambientales, productivas y económicas causadas por la degradación del suelo, obligan a la articulación de esfuerzos públicos y privados, hacia un programa común de combate a esta degradación.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del año 2003, se estima que en México existen 93 millones 500 mil hectáreas afectadas por algún proceso de degradación del suelo causada por actividades antropogénicas, lo que representa aproximadamente el 47 por ciento del territorio nacional continental. Si se tienen en cuenta los desiertos naturales, la cifra aumenta hasta un 71 por ciento. Estos datos confirman que la degradación del suelo es una de las más importantes amenazas medioambientales de México y que, por tanto, es necesario que se desarrollen y dirijan acciones para revertir su deterioro. Se estima que el sector rural del Distrito Federal sufre una deforestación de 500 hectáreas anuales, debido fundamentalmente al cambio de uso de suelo, la tala clandestina, los incendios forestales, provocados principalmente para aumentar la productividad de los pastos destinados al ganado, las plagas y enfermedades forestales.
Para contribuir a la conservación del suelo y a la recuperación de los que en alguna medida se han deteriorado, para el año 2005, se contó con recursos federales por la cantidad de 94 millones 885 mil 600 pesos para la operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo propósito fue dar sustento a los programas de recuperación del suelo de conservación del Distrito Federal, y de restauración de suelo y agua de la zona sujeta a conservación ecológica de Xochimilco del Distrito Federal. Los recursos que se utilizaron, fueron del presupuesto autorizado para el ejercicio 2005 establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004.
Asimismo, en diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en el anexo 7 del Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable, ramo 16 "Medio ambiente y recursos naturales", el rubro "Otros programas", con un monto de mil 100 millones de pesos, dentro de los que se consideró el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal. En ese tenor, el 10 de agosto de 2007 la Semarnat a través de la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Distrito Federal, conscientes de la necesidad de revertir las tendencias de degradación del territorio de la Ciudad de México suscribieron los criterios de ejecución y operación del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal como parte integral del Acuerdo Específico de Coordinación para realizar Obras y Acciones de los Programas Forestales dirigidos al Suelo de Conservación en el Distrito Federal, y constituyen la base normativa requerida para la operación de los recursos por 225 millones de pesos que derivan del Programa Especial Concurrente 2007 de la Semarnat, los cuales están orientados para la realización de proyectos, obras y acciones para la recuperación, restauración, protección y conservación de los ecosistemas del suelo de conservación de la Ciudad de México.
Por otra parte, una de las demarcaciones con características rurales es la delegación Tláhuac, que no ha escapado al grave deterioro provocado por el acelerado proceso de urbanización e industrialización, que trae como consecuencia afectación del ambiente y es cada vez más notorio el proceso de erosión del espacio rural. Tláhuac ha tenido una tradición agrícola y cultural campesina que se remonta desde épocas prehispánicas, donde se crearon importantes sistemas de producción en función de los recursos naturales disponibles para alimentar a poblaciones que con el tiempo tomaron las características urbanas. De acuerdo al Plan Rector de Producción y Conservación de la Microregión Tláhuac, elaborado en el año 2004 por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Gobierno del Distrito Federal, los cultivos principales que se producen son maíz, hortalizas, fríjol, amaranto y avena, entre otros.
De la superficie total del suelo de conservación y del área rural de Tláhuac que es de 6 mil 545 hectáreas (7.50 por ciento del Distrito Federal), las actividades preponderantes son la agricultura y la ganadería, que tienen el 87 por ciento y el 18 por ciento de la superficie ocupada. Más de 5 mil 400 productores se dedican a estas actividades. La superficie agrícola es mayoritariamente de temporal. A pesar de la mancha urbana, las familias que habitan en la región agrícola de Tláhuac han mantenido su cultura y costumbres muy ligadas a las actividades agropecuarias. Los pueblos de Tláhuac que se dedican a la agricultura, basan su producción en una relación entre recursos naturales y la producción agrícola.
Los sistemas de cultivo en Tláhuac se realizan gran parte en las chinampas. Originalmente, las chinampas eran alimentadas de agua de los manantiales que nacen en las partes altas, lo que en la actualidad esto se ha modificado. Las aguas de los manantiales han sido desviadas para abastecer de agua potable a la ciudad. La existencia y el funcionamiento de las chinampas se ven amenazadas por el creciente avance de la mancha urbana. Las chinampas también registran graves problemas de deterioro por las plagas que afectan el ahuejote y el sauce llorón, por el azolve a consecuencia del derrumbe de los bordes y por un proceso de secado del lago, así como por el incremento del nivel de salinidad.
Por la importancia social y económica de las comunidades rurales de Tláhuac para la ciudad, y por la mejora continua de las condiciones de vida sus habitantes, la actividad agrícola debe continuar y fortalecerse, para lo cual es necesario el reconocimiento por parte de las instancias oficiales, de la urgente necesidad de atender y promover el desarrollo del campo en Tláhuac y este proceso de recuperación debe incluir la puesta en marcha de programas de reforestación, financiamiento de cultivos, construcción de infraestructura hidráulicas para riego y apoyo en asistencia técnica. Los retos en materia de desarrollo del campo en una de las zonas con mayores grados de marginación consisten sin duda alguna, en la protección del ambiente y la conservación del suelo agrícola de Tláhuac.
Asimismo, otra demarcación que cuenta con una superficie de 28 mil 800 hectáreas es Milpa Alta. Sus pueblos tienen una larga historia de luchas por conservar la tierra. El área forestal es de 27 mil hectáreas de propiedad comunal. Las tierras de labor, 10 mil hectáreas también son de propiedad comunal. De acuerdo con el uso de suelo, el territorio de la delegación está dividido así: usos forestales 49 por ciento, usos agrícolas 41 por ciento y área urbana 10 por ciento. Por su parte, la propiedad ejidal suma mil 795 hectáreas, constituidas por seis núcleos. De esta manera, el 97 por ciento de este territorio es de propiedad comunal y el resto, ejidal o privada.
Los recursos que provee la región representan una parte sustantiva de la supervivencia de los habitantes de Milpa Alta. Los bosques cobijan en su interior una gran variedad de plantas, arbustos y malezas que en su mayoría han sido aprovechados ancestralmente por los pobladores. En términos de producción agrícola, Milpa Alta es una delegación muy importante del valor total de la producción en el Distrito Federal. El 98 por ciento de la producción agrícola es de temporal. Aunque esta producción se concentra en el nopal, acompañan a este cultivo el trigo, la cebada, el amaranto, la papa, el frijol, el maíz, etcétera. Sin embargo, se enfrenta con serios problemas para el desarrollo óptimo de estas actividades, como la falta de disponibilidad de riego, la atomización de las tierras, la falta de vocación agrícola de muchas tierras por su gran pedregosidad, las heladas frecuentes en las zonas más altas, los grandes deslaves por la carencia de terrazas, la falta de crédito o el financiamiento restringido o a destiempo y la falta de asistencia técnica, entre otros problemas.
De las doce comunidades que integran Milpa Alta, diez cultivan el nopal-verdura. Si bien el nopal aparece como uno de los cultivos más rentables, esto depende de factores como el número de hectáreas destinadas, la capacidad de inversión y, sobre todo, los canales de comercialización establecidos. En conjunto, estos problemas han orillado a los productores a dejar de producir, abandonar sus parcelas y dedicarse a otras actividades. Las consecuencias atraviesan los problemas sociales, el impacto económico de las familias, la pérdida de cultura e identidad, etcétera. En el terreno ambiental, esto genera la erosión por viento y lluvia, y la pérdida de materia orgánica y el arrastre de los materiales arcillosos del suelo.
Ante esta situación, se considera que para combatir la marginalidad en la que se encuentran diversos pueblos agrícolas de Milpa Alta, es indispensable impulsar programas que reúnan características de rentabilidad económica y de sustentabilidad ambiental, donde el eje integral sea la conservación de los recursos naturales y, en suma, el mantenimiento de esta riqueza natural que brinda alimentos, agua, aire e identidad a los milpaltenses. Por ello, se hace necesario apoyar el desarrollo del campo milpaltense.
En tal virtud, ante estos escenarios planteados, resulta impostergable que en el presupuesto 2008 se destine un monto presupuestal de 300 millones de pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal con recursos del Programa Especial Concurrente (PEC), así como también destinar un monto presupuestal específico de 60 millones de pesos a fin de implementar un programa para la preservación y desarrollo agrícola en Tláhuac y Milpa Alta.
Con base a lo expuesto, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 un monto de 300 millones de pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal.
Segundo. Se solicita asimismo a las Comisiones de Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 un monto de 60 millones de pesos, para un programa de desarrollo agrícola en Tláhuac y Milpa Alta, Distrito Federal.
Tercero. Se solicita incluir el Programa de Recuperación de Suelo de Conservación del Distrito Federal dentro del Programa Especial Concurrente en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre 25 de 2007.
Diputada Guadalupe S. Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DEL PAÍS
A EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO E INCORPORACIÓN EN SU OFERTA EDUCATIVA
DE LA CARRERA DE INGENIERO EN ARTES GRÁFICAS, A CARGO DEL DIPUTADO
OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las universidades e institutos tecnológicos del país, a efecto de que evalúen la creación de la carrera de ingeniero en artes gráficas y la incorporen dentro de su oferta educativa, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El sector de las artes gráficas se caracteriza por ser un importante motor de la actividad económica del país, ya que cuenta con aproximadamente 17 mil empresas; e indirectamente promueve la educación; la comunicación escrita (periódicos, revistas culturales, científicas, entre otros), y la cultura (libros, enciclopedias, folletos, carteles, espectaculares, promociónales de eventos, por mencionar algunos).
Asimismo, dicho sector genera aproximadamente 170 mil empleos productivos1, además de fabricar productos esenciales para el desarrollo de otras industrias, como la de alimentos y bebidas (etiquetas y empaques); la automotriz (catálogos, etiquetas, facturas, folletos); la textil (etiquetas, empaques, facturas, notas de venta, remisiones, controles de almacén); la zapatera (cajas, empaques, facturas, etiquetas); la eléctrica y electrónica (empaques, folletos, etiquetas); la farmacéutica (cajas de cartón impresas, facturas, empaques en general) y, de manera extensa, influye en toda la industria manufacturera (dípticos, trípticos, folletos, volantes, espectaculares, entre otros).
2. La estructura del sector de las artes gráficas muestra una participación mayoritaria de la micro y pequeña empresa, las cuales representan el 97.7 por ciento de las 15 mil 545 empresas registradas para el año 2006.
Sin embargo, esta cifra es 4 por ciento menor a la observada en el 2005, ya que en aquél año existían 6 mil 200 empresas censadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Actualmente, menos del 1 por ciento son empresas de más de 200 empleados.
3. En términos de empleo, este sector mantuvo en el año 2006, 136 mil 214 empleos (cifra menor a los 142 mil empleos registrados en el 2005), considerando que por cada empleo directo se generan adicionalmente 5 empleos indirectos, con lo que contribuye con alrededor de setecientos mil empleos productivos que sostienen a igual número de familias.
No es óbice mencionar que la micro y pequeña empresa generan más del 65 por ciento del empleo del sector.
4. Actualmente, la industria gráfica mexicana enfrenta uno de sus más grandes retos: el reemplazo de la factura impresa por la digital, lo que sin duda impacta a casi 7 mil empresas ubicadas en la República Mexicana, que tienen como principal ingreso la impresión de comprobantes fiscales o facturas de diversos tipos.
Además, el sector gráfico nacional vive hoy una marcada desarticulación en la cadena productiva, la que se agrava mayormente en el sur del país en donde no existe una adecuada distribución de los insumos básicos, tales como papel, tintas, placas, químicos, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que en México no se fabrica maquinaria ni equipos para artes gráficas, por lo que toda la tecnología es importada básicamente de Alemania, Estados Unidos y Japón, lo cual genera una dependencia en este concepto al 100 por ciento del exterior.
Esta problemática se acentúa si consideramos que los vertiginosos cambios tecnológicos en la materia provocan que un equipo llegue a ser obsoleto en uno o dos años, impactando, por supuesto, en una menor rentabilidad.
Si lo anterior no fuera suficiente, este sector se tiene que enfrentar a que los representantes de los fabricantes extranjeros únicamente se encuentran en 3 o 4 entidades federativas del país, lo que agrava aún más la desarticulación productiva.
Segunda. Que esta situación en gran parte ha provocado un grave rezago tecnológico en el país, ya que el 70 por ciento de las empresas cuentan con equipos que tienen al menos 15 años de vida, y que por el simple transcurso del tiempo ya han sido desplazados en el ámbito internacional por otros más rentables.
Tercera. Que en lo que se refiere al software utilizado en la primera parte del proceso, es decir, durante el diseño y la preprensa, también es importado.
Por ejemplo, en México los paquetes de programación son distribuidos por un número reducido de empresas que permanentemente están actualizando las versiones y desarrollando nuevos productos, por lo que el impresor se ve obligado a renovar continuamente el software para imprimir los trabajos solicitados.
Cuarta. Que las condiciones del mercado, como la sobre oferta que existe de productos impresos, han generado una guerra de precios en el sector, por lo que el industrial gráfico ha tenido que sacrificar su utilidad en aras de mantener sus máquinas trabajando y cubrir sus compromisos de la nómina semanal.
Quinta. Que por lo que se refiere al comercio internacional, el sector de las artes gráficas presenta un comportamiento francamente negativo si tomamos en cuenta el saldo de la balanza comercial.
Un análisis de los principales rubros muestran que, en conjunto, las importaciones de libros, publicaciones periódicas, catálogos, calcomanías, estampas, entre otros, han venido evolucionado en forma considerable desde el año de 1990, mostrando en el último año de información (2004) un monto de 795 millones de dólares. En ese sentido, el saldo negativo de la balanza comercial en este sector ascendió a 505 millones de dólares, en el año 2004.
Sexta. Que con relación a las tecnologías altamente sofisticadas que se utilizan en el sector de las artes gráficas, el número de técnicos en mantenimiento es altamente demandado y costoso, lo que representa un grave riesgo para el proceso productivo.
En efecto, es recurrente que el número tan reducido de técnicos en la materia provoque que la maquinaria permanezca parada durante varios días y los trabajos sean detenidos. Lo anterior, se agrava aún más si se requiere una refacción que será necesario solicitar a la casa matriz en el extranjero, con la consecuente pérdida del ingreso, de la actividad económica y, aun, del empleo productivo.
Séptima. Que por ello, a partir de 2004, la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (Canagraf) ha fortalecido alianzas educativas con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, para capacitación y programas empresariales, lo que apuntala el esfuerzo del sector por mejorar su productividad laboral.
Octava. Que las experiencias aportadas por diversas instituciones de capacitación grafica en el mundo, como la Fundación Gutenberg en Argentina y el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai) en Brasil, permiten evaluar la factibilidad de crear la carrera de ingeniero en artes gráficas en México.
Esta intención puede reproducirse en las universidades e institutos tecnológicos que existen en el país, enriqueciendo de esta manera su currícula y su ofrecimiento de mayor expectativa de vida y de empleo para miles de mexicanos en este sector productivo.
Novena. Que a través de esta proposición, la honorable Cámara de Diputados tiene en sus manos la posibilidad de contribuir en la solución de uno de los más grandes problemas que enfrenta la industria de las artes gráficas: el relativo a la formación del capital humano.
La acción propuesta también permitirá promover la competitividad en el sector gráfico mexicano, lo que a la postre repercutirá en una participación más eficiente en el mercado nacional e internacional.
En suma, solicitamos que esta representación nacional acoja favorablemente este punto de acuerdo, el cual resulta altamente benéfico para las más de 15 mil empresas de artes gráficas que existen en toda la República Mexicana.
En este orden de ideas, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a todas las universidades e institutos tecnológicos del país, a efecto de que evalúen la creación de la carrera de ingeniero en artes gráficas, y la incorporen dentro de su oferta educativa.
Notas
1) Fuente: Cámara Nacional de la Industria de
Artes Gráficas.
2) Ibídem.
3) Ibídem.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre del año 2007.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA REFORZAR LOS SISTEMAS DE SALUD DE LA DELEGACIÓN
TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE FLORES
SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente:
Exposición de Motivos
De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, por lo tanto combatirla es una responsabilidad pública, por esa razón, la salud es el eje por el cual deben girar las políticas sociales de un gobierno para proveer bienestar a su población. En el caso de México, el marco jurídico que define el derecho al acceso a los servicios de salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución.
Tomando en cuenta los índices de marginación podemos identificar las carencias sociales en áreas geográficas específicas en el interior de las ciudades, lo cual puede facilitar el diseño y la instrumentación de políticas sociales. Se establece que los índices de marginación se caracterizan por poseer cinco dimensiones: 1) los niveles de bienestar en salud; 2) el acceso a la educación; 3) el acceso a la vivienda digna y decorosa; 4) la percepción de ingresos monetarios suficientes; y 5) las desigualdades de género.
Con base a estas 5 características, se confirma que las condiciones de pobreza más notorias se ubican en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco en el Distrito Federal. Lo que ubica a la zona sur-oriente de la ciudad de México con condiciones de alta y muy alta marginalidad, sobre todo en la zona periférica del Distrito Federal, esto es, en los asentamientos de más reciente urbanización que carecen de los servicios públicos más elementales. Por otro lado, datos del Programa de Población del Distrito Federal 2001-2006 señalan que en las demarcaciones dedicadas a actividades agrícolas tales como Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, éstas tuvieron las tasas de crecimiento demográfico más elevadas con respecto al resto de las delegaciones políticas de la Ciudad de México.
Dentro de dicha zona, se localiza la delegación Tláhuac, con una superficie de 9 mil 178 hectáreas, que representa el 6.70 por ciento del total del territorio del Distrito Federal. De este total de hectáreas que componen la delegación, 3 mil 121 son de suelo urbano, de las que el 51 por ciento corresponden a uso habitacional; y de las 6 mil 57 hectáreas restantes son de suelo de conservación; las que enfrentan, de forma frecuente, problemas de invasión y desalojos.
En lo relativo a la dinámica sociodemográfica, es importante hacer notar el crecimiento poblacional. En la década de 1970 a 1980 se registró una explosión poblacional lo que derivó en un aumento superior al 300 por ciento. A partir de 1980, y como consecuencia de la progresiva saturación del suelo urbanizable, la población siguió en ascenso, y en Tláhuac, de acuerdo al Censo 2005 (INEGI) la población es de 344 mil106 habitantes. Conforme a este dato, Tláhuac registró una tasa de crecimiento del 4.1 por ciento. Así mismo, la población de esta delegación, en el periodo comprendido en 1970 a 2005, pasó de representar el 0.91 por ciento al 4.2 por ciento con respecto al total de los habitantes del Distrito Federal.
Lo que refleja que en las últimas dos décadas, la delegación Tláhuac acelera los procesos de urbanización con la expulsión de pobres hacia la periferia y el despoblamiento de la ciudad central, lo que agudiza la segregación socioterritorial y polariza las condiciones de vida y salud. El Consejo de Población del Gobierno del Distrito Federal indica que las delegaciones que en el periodo de 1990 al año 2000 tuvieron un gran incremento del nivel de viviendas y de ocupantes fueron Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Tlalpan. De esas demarcaciones, destaca Tláhuac, la cual de 39 mil 359 viviendas que existían en 1990 ascendió a 70 mil 473 en el año 2000, con un ritmo de crecimiento de sus viviendas del 6.0 por ciento. Para el 2000, Tláhuac tiene uno de los promedios más altos de ocupantes de viviendas con 4.3 por vivienda, esto se relaciona estrechamente con el hacinamiento y por variadas causas, como la de tipo económico y las de carácter social y cultural. La delegación Tláhuac refleja también una de las más altas las tasas de fecundidad y natalidad.
La ciudad de México presenta en términos generales valores promedio de los indicadores de vida y bienestar por arriba de la media nacional, sin embargo, cuando se analizan las regiones, delegaciones o espacios-población específicos, el comportamiento de los indicadores expresa condiciones de vida muy heterogéneas y revela territorios fragmentados.
Al analizar por separado cada uno de los índices de marginalidad se observa que Tláhuac se ubica sistemáticamente en uno de los lugares de mayor marginación en las delegaciones que conforman la Ciudad de México, concentrando así las mayores proporciones de vivienda precaria, la insuficiencia en el equipamiento básico de servicios y los porcentajes mayores de no derechohabiencia. Los indicadores también señalan porcentajes elevados de población analfabeta y para el año 2000, Tláhuac se ubicaba dentro de los primeros lugares, con 5.6 por ciento (CPDF-2001-2006), y de población económicamente activa (PEA) con ingresos menores a tres salarios mínimos.
En Tláhuac gran parte de las viviendas se ubican en asentamientos que no cuentan con los servicios públicos elementales y son habitadas por familias de trabajadores de bajos ingresos, así como, por población subempleada y desempleada, representando un promedio de 52.9 por ciento de la población que carece de seguridad social.
Los datos de marginalidad señalados contribuyen al perfil de morbilidad caracterizado por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas y carenciales. En particular, Tláhuac ocupa el tercer lugar en enfermedades diarreicas de la ciudad. Así mismo, esta delegación clasificada como de "vida precaria", las enfermedades respiratorias agudas ocupan el primer lugar de la morbilidad por demanda de atención.
Respecto al problema de las enfermedades carenciales en menores de 5 años, se observa de la delegación Tláhuac, presenta la mayor frecuencia de estos padecimientos y el diagnóstico de desnutrición leve se ubica entre las principales causas de morbilidad por demanda de atención en los servicios de salud. La mortalidad infantil es elevada ya que es una de las delegaciones con los índices más altos de muerte en niños menores de 1 año con una tasa de 20.2 por cada 10 mil nacidos vivos (SSDF/INEGI. 2005). La mortalidad materna en Tláhuac también es una de las más altas del Distrito Federal con 11.8 muertes maternas por cada 10,000 nacidos vivos (SSDF/INEGI. 2005).
En los últimos 30 años la transformación socioterritorial de la ciudad y la inversión insuficiente en infraestructura para la atención a la salud se combinaron negativamente y produjeron un desfase entre las necesidades de atención de la población y la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
La situación extrema está representada por los hospitales pediátricos que, en promedio, tienen 40 años de haber sido construidos, por lo que su ubicación responde a las necesidades de atención medica y a los patrones de poblamiento de esa época; lo que explica, parcialmente, que la ocupación de estas unidades oscile entre 50 y 55 por ciento. En contraste, una parte sustancial de la demanda de atención en estas unidades proviene de la zona conurbada. Las unidades hospitalarias se ubican donde la mayoría poblacional se concentraba hace 30-40 años y en gran parte, el diseño y construcción de las unidades médicas responden a los principales problemas de enfermedad y muerte de esa época (atención pediátrica y materno-infantil). Por ello, resulta urgente adecuar la disponibilidad de los servicios de salud a los patrones demográficos, epidemiológicos y de poblamiento, de la ciudad actual y futura.
Otro problema que se enfrenta en los servicios de salud de Tláhuac es que un promedio de 25 a 30 por ciento de la población que utiliza estos servicios provienen del estado de México y de las zonas periféricas del sur oriente de la ciudad. Por esa razón, consideramos conveniente que dentro de las Acciones de Infraestructura para 2008, se destinen recursos financieros para 2 obras nuevas (centros de salud) en la colonia Zapotitla yen la colonia Quiahuatla, de la delegación Tláhuac.
De concretarse esta propuesta, lograríamos: abatir los rezagos sociales; revertir las desigualdades carenciales; ampliar la cobertura de los servicios de salud; disminuir las muertes infantil y materna; aumentar y mejorar las condiciones de vida de la población; disminuir las complicaciones de las enfermedades crónico degenerativas; y fomentar la participación integral de los sistemas de salud involucrando a la comunidad.
Atendiendo a las situaciones descritas, es indicativo que deben orientarse políticas públicas con el propósito de incrementar la calidad de vida de la población de Tláhuac.
En razón a lo expuesto anteriormente y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados, para que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, se contemple la cantidad de 20 millones de pesos para la construcción de 2 centros de salud T -III en la delegación Tláhuac.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputada Guadalupe S. Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A PUBLICAR TANTO LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE
EMERGENCIA SOBRE AVISTAMIENTO DE TIBURÓN BALLENA COMO MANUALES PARA
GARANTIZAR LA OBSERVACIÓN CORRECTA DE ÉSTE, A CARGO DEL DIPUTADO
CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado Christian Martín Lujano Nicolás, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta, como de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El tiburón ballena es el pez más grande que existe en el mar actualmente. Su cuerpo puede medir desde 14 hasta 18 metros de longitud. Puede ser de color gris, o azul con manchas circulares y lineales horizontales, verticales claras y blanco en el vientre; por eso se le conoce como "tiburón dominó", aunque en muchos lugares del mundo se le conoce como "pez dama".
La Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanpro), en su proyecto para el tiburón ballena del Atlántico mexicano, refiere que esta especie presenta un patrón que va a ser único, ya que ayuda a que lo identifiquen de manera individual, y que estas características no van a variar de acuerdo con su crecimiento.
Algo relevante del tiburón ballena: es una especie con movimiento lento, y de sus hábitos alimenticios se puede decir que filtra grandes cantidades de agua, reteniendo gran cantidad de plancton y necton, crustáceos, krill y larvas de algunas especies.
Algo significativo en este comienzo de siglo es que este pez gigante, que ha sido relativamente poco estudiado, se encuentra en peligro.
Se sabe que el tiburón ballena llega a la madurez sexual a los 30 años y que aunque su periodo de vida es de más de 100 años, llega a esta madurez sexual después de muchos años.
El tiburón ballena reside en aguas templadas cálidas y tropicales y es una especie que migra distancias muy grandes, hasta de 12 mil kilómetros por año. Sin embargo, el trayecto del tiburón ballena es cíclico y pasa por las islas de la bahía en Honduras, sigue por Belice y llega hasta nuestro territorio.
Eso es importante porque este ciclo de migración ayuda a fomentar las actividades turísticas en las zonas por las que migra y genera una derrama económica importante a los prestadores de servicios de cada lugar. En México, la especie visita Bahía de los Ángeles, en Baja California, y en Quintana Roo visita Holbox. Se presenta desde mayo hasta finales de septiembre.
En México el tiburón ballena esta considerado amenazado por la NOM-059-ECOL-2001, "para la protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna silvestres en categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión y exclusión. Lista de especies en riesgo".
Por su parte, la actividad de aprovechamiento no extractivo de esta especie está regulada por el artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre, que señala: "El aprovechamiento no extractivo de vida silvestre requiere una autorización previa de la secretaría, que se otorgará de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, para garantizar el bienestar de los ejemplares de especies silvestres, la continuidad de sus poblaciones y la conservación de su hábitat".
El tiburón ballena es una de las especies protegidas por la Unión Internacional de Protección a la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), la responsable de la lista de especies amenazadas, en el apéndice II de la Convención de Especies Migratorias que enumera las especies vulnerables compartidas por varios países, y el apéndice II de la Convención Internacional de Especies en Peligro, donde se recomienda control estricto de la especie para evitar su extinción.
También está considerada en la lista de especies de peces transzonales y de poblaciones sumamente migratorias y en riesgo que necesitan políticas de conservación, de acuerdo con información de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar.
Aunque muchos países han aprobado prohibiciones nacionales sobre la pesca del tiburón ballena, existen países que no lo han hecho, que fomentan y promueven una pesquería dirigida hacia los tiburones ballenas, esto debido a que las aletas de tiburón ballena se venden como objetos espectaculares a miles de dólares y en otras ocasiones se venden en restaurantes en la sopa de aleta de tiburón. En ciertos países se vende carne de tiburón ballena, pues su textura es muy parecida a la del tofu, alimento que se consume en escalas gigantes por algunos países orientales donde se caza al tiburón ballena.
De esa manera, entre mayo y junio y hasta finales de septiembre se avista el tiburón ballena en el área comprendida entre Holbox y la isla Convoy, en el área conocida como Yum Balam-Contoy.
Sin embargo, y debido a la falta de vigilancia y de control, se realiza de forma inapropiada, y contra los lineamientos establecidos por la propia Conanpro y, más recientemente, por el plan específico elaborado por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, hemos presenciado un intenso acoso hacia estos animales, violando todas las disposiciones para hacer avistamientos, como dirigir las embarcaciones directamente hacia el cuerpo del ejemplar, saltar más de dos personas a la vez pata hacer el avistamiento, saltar de las embarcaciones desde áreas peligrosas, como las proas de las embarcaciones, llevar más de diez personas a bordo, o llevar a los turistas y enviarlos al mar sin salvavidas.
Todas estas conductas se multiplican durante los fines de semana por una desenfrenada competencia entre prestadores de servicios, que resultan en patrones cada vez más elusivos de los tiburones, ya que se afectan de forma importante sus hábitos de alimentación.
Todo esto ha provocado actitudes de acoso y peligro para los ejemplares de tiburón ballena que es necesario eliminar o por lo menos, regular adecuadamente.
Es importante destacar que el tiburón ballena vale más vivo que muerto o extinto, ya que el beneficio económico generado para las comunidades locales que se benefician con el turismo que el tiburón atrae es mucho mayor que la rentabilidad obtenida de la venta de sus partes.
Siguiendo esta línea, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha dado los objetivos y lineamientos para la observación y nado con el tiburón ballena, que señalan:
"Considerando que el tiburón ballena se congrega estacionalmente en el golfo de California y en el Mar Caribe, en los últimos años se ha promovido el ecoturismo y la actividad no extractiva tomando en consideración el acelerado ritmo de crecimiento de dicha actividad económica y a la gran demanda por el turista tanto nacional como internacional. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como, los prestadores de servicios consideran conveniente, establecer medidas de protección de esta especie, mediante lineamientos que permitan realizar dicha actividad no extractiva de manera ordenada…"
Por esas razones, resulta urgente y necesario que se publique la norma oficial mexicana de avistamiento de tiburón ballena, que está a cargo de la Semarnat, ya que es una especie en riesgo, y su atención y rescate competen directamente a la referida secretaría.
Por lo expuesto y fundado, solicitamos que se apruebe de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con la mayor brevedad publique la norma oficial mexicana de emergencia de avistamiento de tiburón ballena, así como para que publique los manuales sobre la observación correcta de tiburón ballena, para los prestadores de servicios.
Segundo. Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que realice una vigilancia adecuada de la forma en que se realiza el avistamiento de tiburón ballena en el área denominada Yum Balam-Contoy, a efecto de reducir el daño a los ejemplares motivo del avistamiento.
Dado en el recinto legislativo, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCT QUE INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL PROYECTO
REACTIVACIÓN DEL PUERTO FRONTERA, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO
FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Una de las principales exigencias sociales, frente al estado actual de nuestra economía es la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos.
Esta exigencia de la sociedad, indudablemente debe tener una respuesta puntual del Poder Legislativo, en especial de esta Cámara de Diputados. De ahí que en nombre de la ciudadanía tabasqueña me permito poner a consideración de todas y todos los diputados de los distintos grupos parlamentarios una proposición para que en ese espíritu, se le pueda brindar a los tabasqueños la información sobre el ejercicio de los recursos federales destinados al proyecto denominado Reactivación del Puerto de Frontera, de Tabasco.
En el pasado decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005, publicado en el diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, en el Anexo 19A, Ramo 9 Comunicaciones y Transportes, apartado Infraestructura Portuaria e Infraestructura Ferroviaria, la H Cámara de Diputados aprobó la cantidad de 135 millones de pesos para ser ejercidos en el proyecto.
Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 2005, particularmente en el Anexo 19, Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, apartado Infraestructura Ferroviaria, Portuaria y otros, por segunda vez, esta Cámara de Diputados aprobó un nuevo monto de 100 millones de pesos para continuar las obras en el Puerto Frontera de Tabasco.
Hoy día, ese presupuesto como sabemos ya ha sido "ejercido", pero la realidad es que dicho proyecto se encuentra inconcluso; ya que además de no estar en funciones, ni siquiera ha sido terminado.
Lo que nos preocupa, es que la empresa encargada de la realización de dicha obra ya no se encuentra presente ni activa.
Por lo antes expuesto, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva ponga a la consideración de esta Asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a la brevedad sobre el estado actual de las obras del proyecto denominado "Reactivación del Puerto de Frontera" del estado de Tabasco; así como la forma y los términos en que se han ejercido los recursos destinados para tal proyecto en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de los años 2004 y 2005.
Dado en el salón de sesiones a los cuatro días del mes de octubre de 2007.
Diputado Fernando Enrique Mayans Caníbal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN CONOCER CIENTÍFICAMENTE
EL ESTADO DE CONSERVACIÓN QUE PRESENTA EN VIDA SILVESTRE EL COCODRILO
DE PANTANO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México, en virtud de su riqueza biológica, ha sido considerado uno de los 17 países poseedores de la mayor diversidad biológica; como tal, se encuentra obligado a preservar y conservar su riqueza natural, partiendo de la base de que en gran medida ésta forma el patrimonio y la herencia cultural que nos constituye como nación. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies. Ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. En términos generales se puede decir que en nuestro país se encuentra al menos 10 por ciento de la diversidad terrestre del planeta.
Siendo el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, una de las prioridades en esta área es la protección de las especies del orden de los Crocodylia, pues son especies que por el alto valor de los ejemplares y sus derivados están expuestas a la explotación desmedida.
En México, el aprovechamiento de los cocodrilianos se ha venido dando desde finales del siglo pasado, pero hasta 1970 que el gobierno federal no declaró en veda total permanente tres especies de cocodrilos: Crocodylus acutus, Crocodylus moreletii y Caiman crocodilus fuscus. Con esto se terminó el comercio legal de pieles de cocodrilo. Sin embargo, contrario a sus objetivos de protección y conservación, el establecimiento de las vedas fortaleció las cadenas de aprovechamiento ilegal de estas especies.
Hay que tomar en cuenta, además, que en el caso de los cocodrilianos, muchas comunidades rurales nativas practican la captura ilegal y existe un gran número de cazadores y capturadores furtivos, por lo que una gran cantidad de estos animales están siendo eliminados debido al valor que tienen sus pieles en el mercado. La cacería no regulada de organismos de talla comercial (mayores de 1.5 metros de longitud) tiene un efecto devastador en las poblaciones de cocodrilianos, ya que su distribución de edades se asemeja a una pirámide; un número pequeño de animales reproductores domina a un gran número de juveniles y crías, la mayoría de estos últimos no alcanza a sobrevivir hasta la edad adulta.
Un caso particular es el del cocodrilo moreletii, o cocodrilo del pantano, pues su piel, aun cuando es de reciente introducción en el mercado, se considera de excelente calidad en el mercado internacional, y la segunda a nivel mundial, sólo superada por la del cocodrilo porosus, procedente de Australia, Singapur y Madagascar.
El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) habita zonas de pantanos, ciénegas, humedales, lagunas e incluso ríos, en estados como Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. En México, el nombre que comúnmente se utiliza para describir esta especie es el de lagarto o cocodrilo negro, pardo o de pantano. Su territorio se extiende desde el estado de Tamaulipas al norte y se continúa por los estados que tienen vertiente hacia el Golfo de México, como San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, y al mar Caribe como Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta especie actualmente se encuentra catalogada en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestre (Cites), en el cual se incluyen a las especies que se encuentran en peligro, cuyo comercio está sometido a una reglamentación particularmente estricta y se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, hasta el momento no se sabe con certeza científica el estado de conservación de la especie en vida silvestre y aunque se tienen datos, éstos no se han colectado ordenadamente y sobretodo no se han publicado de manera científica.
Algunos investigadores mexicanos han expresado que la especie está mucho mejor conservada que lo que técnicamente se conoce y que debería ser transferida del apéndice I al II de la Cites. Pero lo cierto es que no existen cifras reales, ni información sistematizada que nos pueda decir de manera fidedigna la situación en vida silvestre en la que se encuentra el cocodrilo de pantano. Estas circunstancias resultan preocupantes pues los investigadores señalan también que los esfuerzos para la conservación de la especie, dependerán en gran medida de las posibilidades de su aprovechamiento de manera sustentable, ya sea en criaderos o por extracción de la naturaleza.
Sin embargo, no podemos permitir que en aras de un beneficio económico se comprometa la sobrevivencia del cocodrilo de pantano. El hecho es que no se cuenta con la información necesaria para determinar si la especie se encuentra en el estatus que realmente le corresponde. Con la firma de adhesión de México a la Cites en 1991, comenzó la sistematización de información sobre las importaciones de pieles de cocodrilos para la industria peletera nacional, sin embargo ésta es aún fragmentada y aislada. Con todo, el análisis de estas estadísticas indica que la tendencia del uso de estas pieles como materia prima va en aumento, por lo cual es necesario tener la certeza de que la explotación de esta especie se está dando de manera sustentable.
Aunado a la falta de información fidedigna, existe otro problema que afecta la conservación de la especie y se relaciona con la vigilancia que las autoridades dan al aprovechamiento de la especie. Por un lado, a las autorizaciones para el aprovechamiento no se les da seguimiento necesario para garantizar el aprovechamiento sustentable.
Por otro lado, la concurrencia entre los tres niveles de gobierno prevista en la Ley General de Vida Silvestre no ha dado resultados por lo que la inspección y vigilancia reside únicamente en la Profepa.
Además, es prácticamente imposible probar legalmente la extracción ilegal de especies de flora y fauna por los candados procedimentales que hoy existen.
Hay pues, necesidad de que se realicen con mayor amplitud estudios científicos que permitan determinar la situación real en que se encuentra el cocodrilo de pantano en México, ya que si bien es cierto que en diversas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre se han reproducido ejemplares, ello no implica que en el medio silvestre la especie se encuentre recuperada totalmente o que su hábitat no sea vulnerable a las amenazas, ya que el riesgo de extinción subiste aún cuando la mayor parte de la población del cocodrilo de pantano es estable y una mínima parte se encuentra en recuperación, toda vez que los huevos de cocodrilo se utilizan como alimento en algunas partes del mundo, su piel es muy apreciada para la elaboración de artículos de cuero; su hábitat está en proceso de extinción como consecuencia del desarrollo de actividades agropecuarias, turísticas y pesqueras, y por la expansión de la frontera urbana. Debemos recordar que toda propuesta de desarrollo sustentable pasa primero por garantizar la conservación de nuestra biodiversidad.
Por esas razones, el suscrito diputado somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de acuerdo con sus atribuciones realice y publique los estudios técnicos y científicos necesarios que den cuenta del estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii).
Segundo. Se exhorta también para que a través de la Profepa y conforme a sus facultades, se realice un mayor número de inspecciones para verificar que el aprovechamiento y la comercialización del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) se den en condiciones de sustentabilidad y protección para la especie.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN
DE TURISMO EN EL TEMA DE RED DE CARRETERAS, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO
MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El turismo es un sector dinámico cuyo crecimiento tanto a nivel mundial como nacional es innegable. Su importancia se refleja en bienestar social para la población, así como, en crecimiento económico. Un reflejo de esto lo encontramos en la contribución del turismo al producto interno bruto, la generación de divisas y sobretodo los empleos tanto directos como indirectos que se crean alrededor de la actividad.
Según cifras preliminares del Banco de México, de enero a junio del 2007 ingresaron 11 millones 12 mil turistas internacionales a nuestro país. Lo que representó un incremento del 0.9, con respecto al mismo periodo del año 2006. Los cuales realizaron un gasto de 5 mil 527.8 millones de dólares, es decir, 11.1 por ciento más con respecto al mismo periodo del 2006.
Otro de los grandes beneficios económicos que el turismo genera es la redistribución de la riqueza. Hoy día el turismo continúa representando la tercera fuente de divisas para la economía nacional, además en este punto es importante tener presente, que representa en gran medida la alternativa económica, ya que los ingresos petroleros pronto comenzaran a decrecer, y por supuesto no podemos pensar que la economía dependa de las remesas de nuestros connacionales, que por no contar con una posibilidad digna de vivir en México, se han visto obligados a abandonar el país.
Así, en el 2006, a través de la actividad turística ingresaron 12 mil 177 millones de dólares, Con lo cual se registro una balanza turística de 4 mil 068 millones de dólares.
De igual forma, la actividad turística para nuestro país en el 2005, proporcionó 1.8 millones de empleos promedio.
A pesar de todo lo anterior, no podemos dejar de reconocer que la participación del turismo en la actividad económica nacional ha descendido. Por muchos años, su participación se conservo alrededor del 8 por ciento del PIB, y en el 2005 cayó al 7.6 por ciento1.
México es reconocido a nivel mundial, por ser un país de grandes posibilidades para el crecimiento de la actividad turística, por ser un país cuya riqueza es tanto natural e histórica, como de costumbres y tradiciones.
Por eso, el día de hoy, en la máxima tribuna, expresó la necesidad de que todos los diputados trabajemos a favor del crecimiento de la actividad turística y sobretodo para que a través de ella, llevemos una posibilidad de desarrollo a la población de las zonas marginadas de nuestro país.
El turismo es una actividad que juega un papel trascendental en la economía nacional y esto sólo se reconoce en el discurso, para alcanzar la meta de que México sea un líder en el turismo mundial es necesario trabajar a favor del ramo, reconociendo las deficiencias como las hay en infraestructura, tal es el caso de las carreteras.
Según cifras preliminares de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en el 2007, se tenía una red carretera de 357,082 Kms., compuesta por brechas, terracerías, revestidas y pavimentadas, estas últimas tan sólo representaban el 34.58 por ciento.2
Es fundamental reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico del país. Las necesidades son muchas. Se deben diversificar los productos turísticos existentes, además de desarrollar nuevos mercados y para ello, hay que dotar de las características básicas para el crecimiento de la actividad, como lo es el contar con carreteras adecuadas, algo fundamental.
Históricamente, las decisiones para las asignaciones presupuestales que se realizan en esta H. Cámara de Diputados con respecto a las carreteras, han dado respuesta a muy diversos objetivos, sin embargo, nunca se ha hecho desde un planteamiento a favor del turismo, como una alternativa de desarrollo para muchas regiones del país, por eso, propongo que en la mesa de decisión sobre las carreteras que se les asigne presupuesto para el ejercicio 2008, se considere la opinión de los integrantes de la Comisión de Turismo.
Las bondades económico, sociales y culturales del turismo sólo podrán llegar a buen cause si se fortalece a la actividad a través de un presupuesto adecuado a las necesidades del sector.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; de Comunicaciones y la de Transportes de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, se considere la opinión de la Comisión de Turismo sobre las designaciones para el mejoramiento y construcción de la red carretera de nuestro país.
Notas:
1 Fuente Anexo I Informe de Gobierno, 2006.
2 Fuente: I Informe de Gobierno, 2007, SCT.
Octubre de 2007.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR, A LA SSP Y A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS
A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LOS PROGRAMAS IMPLANTADOS
PARA EVITAR EL TRÁFICO DE ARMAS DESDE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado federal Ángel Rafael Deschamps Falcón, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el mundo existen 640 millones de armas y cada minuto una persona muere asesinada por una de ellas, en México, en el mercado negro se puede encontrar todo tipo de armas, desde las de uso exclusivo del ejercito, AK-47, ametralladoras, granadas de mano, rifles de alto poder y cuyos costos oscilan entre los 500 y 80 mil pesos. Para combatir los niveles de violencia especialistas aseguran que es importante disminuir el uso de armas, controlando de raíz, el tráfico de las mismas por las aduanas, ya que de acuerdo con la normatividad jurídica, es competencia de la Administración General de Aduanas, planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan crear y aplicar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilícitas en materia de comercio exterior.
En junio de este año y durante la 46 reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, realizada en la ciudad de Austin, Texas, fueron temas fundamentales de la agenda bilateral el tráfico de armas, junto con el fenómeno de la inmigración y el narcotráfico, en dicha reunión, el embajador estadounidense Antonio Garza mostró su preocupación y reiteró el compromiso de trabajar con el gobierno mexicano para combatir este ilícito.
México es un país receptor pero no exportador de armas que ilegalmente se introducen en el territorio nacional, contamos con una Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula los aspectos relacionados con el marcaje, la fabricación, el registro, las licencias y el control del armamento y aun cuando existe un Registro Federal de Armas, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la posesión ilegal de armas constituye en México un delito de gran incidencia en el país. Tan sólo en la pasada administración y de acuerdo con un estudio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ingresaron al país cuatro millones 380 mil armas de fuego.
Las acciones que en la actualidad esta llevando a cabo el gobierno federal para atacar el crimen y la inseguridad, debe ser complementado con otras medidas y mecanismos para seguir trabajando de manera frontal contra el crimen organizado y aun cuando la relación con Estados Unidos es muy compleja, debemos buscar los mecanismos institucionales con nuestro vecino del norte para evitar este paso indiscriminado de armamento procedente de los Estados Unidos de América.
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Administración General de Aduanas para que en el ámbito de colaboración entre los poderes, informen a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde los Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SE Y A LA PROFECO A ADOPTAR MEDIDAS PARA DETENER EL INCREMENTO
DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y DE CONSUMO POPULAR, A CARGO
DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 6 de septiembre, ante este pleno y con mayoría de votos por los diputados panistas y priístas, se aprobó la reforma fiscal del gobierno federal, y con ella el incremento de la gasolina, argumentando que se trataría solo de un incremento evolutivo y casi intangible. La realidad después de tan sólo dos semanas es el encarecimiento de alimentos, principalmente, generando un incremento inflacionario de 0.41 por ciento en esta primera quincena del mes y del orden de 4.03 por ciento anual, rebasando así las expectativas mismas del Banco de México (BM)1
Ante ustedes leí los efectos inmediatos de esta decisión y es de entendimiento común que así sucedería, ya que aunque el incremento del precio de la gasolina aún no se ha materializado, el Banco de México reporta el alza en la gasolina de bajo octanaje como uno de los productos con aumentos extremos.
Advertí también del incremento de precios de la canasta básica y el día de hoy el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.62 por ciento, a razón del aumento de precios del los productos que tuvieron alzas extremas a partir de dicha aprobación como el pan, el jitomate, el aguacate, la leche pasteurizada y fresca, el huevo y el pollo, entre otros.
Por su parte, el gas doméstico ha mostrado una escasez repentina atribuida, entre otras cosas, a los incidentes en las instalaciones de PEMEX, lo cual resulta razonable. Pero por otra parte, las empresas particulares distribuidoras de gas, mañosamente concentran el producto con la finalidad de reprimir la oferta e incrementar el costo luego de la alta demanda de este indispensable producto, condicionando al consumidor a pagar cualquier precio por obtenerlo.
En el sector servicios, la educación; la electricidad y la vivienda propia, han reflejado incrementos indiscutiblemente perjudiciales para el sector de la sociedad con menores recursos.
El argumento del Ejecutivo federal de responsabilizar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por vigilar que los precios no aumenten de forma arbitraria, resulta inútil ya que el combustible se empezó a vender en 7.10 pesos por litro de gasolina Magna, contra los 7.01 pesos que es el precio real para septiembre. Y qué decir del incremento de precios en el mercado, el cual es escenario real de los resultados por demás anticipados de dicha reforma.
¿Qué seguirá entonces? Mayor incremento de precios, inflación, especulación, alza en las tasas de interés, caída de inversión nacional y extranjera, hasta dónde pretendemos llevar a este país y su gente, cada vez más acabados.
Compañeras y compañeros diputados
¿Cómo pretende el Banco de México dar certidumbre a los agentes económicos para que las expectativas de precios generales no se conviertan en un elemento adicional de peligro como lo están siendo ahora?
¿De qué ha servido mantener una política de control de la inflación a costa de los grandes índices de desempleo que esta genera, cuando la inflación tiende a la alza?
¿Cómo se van ahora a cumplir los objetivos o buenos deseos de la reforma recién aprobada?
¿Esos son los beneficios que se les prometieron a los mexicanos más desprotegidos?
Considerando, que
A la Secretaría de Economía, le corresponde formular y conducir la política general de abasto y precios del país; regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; establecer la política de precios y, con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular; regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor; y organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los productos y servicios.
Es competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; procurar y representar los intereses de los consumidores mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan; vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez, evitar duplicación de funciones; así como requerir a los proveedores o a las autoridades competentes que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento.
Por lo antes expuesto, solicito a la presidencia de la Mesa Directiva ponga a la consideración de esta asamblea, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que en el uso y ejercicio de sus atribuciones se implementen a la brevedad las medidas pertinentes, a fin de que se impida el aumento acelerado que se está registrando en los precios de los productos básicos y de consumo popular; se garantice la estabilidad de los mismos, y se evite seguir afectando severamente las economías y el poder adquisitivo de las familias, sobre todo de aquéllas más desprotegidas.
Salón de sesiones, a 4 de octubre de 2007.
Nota:
1) Banco de México., www.banxico.org.mx
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR
RUIZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Salvador Ruiz Sánchez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado martes 2 de octubre conmemoramos 39 años del genocidio de estudiantes y maestros que en Tlatelolco demandaban democracia, justicia y libertad.
Al de 2 octubre de 1968 le siguieron la represión a estudiantes del 10 junio de 1971 por parte del grupo paramilitar denominado "Halcones", así como una serie de ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de todo aquel que pensara distinto. A las personas detenidas y acusadas de pertenecer a grupos armados o por sospechas de ello no se les presentaba ningún mandato judicial, eran sometidas sistemáticamente a torturas y, posteriormente algunas eran enviadas a prisión, otras ejecutadas extrajudicialmente y otras más fueron desaparecidas, estatus que conservan hasta la actualidad.
Desde entonces no han existido los mecanismos para el acceso a la justicia, Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia, Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno, Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, entre otros genocidas, continúan gozando de total impunidad, el propio diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en méxico realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas determinó que la legislación mexicana no resulta suficiente para proteger a ciudadanos mexicanos contra la desaparición forzada.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en el gobierno de Vicente Fox para perseguir a los responsables de estos hechos ha sido desaparecida mediante un decreto administrativo del procurador, sin que la actual administración nos diga que se va hacer para que material contenido en las averiguaciones previas e investigación histórica se preserve.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que informe detalladamente las razones que llevaron a desaparecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, así como la omisión de hacer publica esta decisión; y dé a conocer las medidas que adoptarán para que la información contenida en las investigaciones y averiguaciones previas se preserven.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Senadores a que ratifique sin reservas la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de octubre de 2007.
Diputado Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica)
La suscrita, diputada federal Alliet Mariana Bautista Bravo integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente, formule excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presenten el dictamen correspondiente con base a las siguientes:
Consideraciones
1. El 8 de febrero de 2007, se presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 105 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen correspondiente.
3. Que ha transcurrido el término previsto en la ley para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente.
Por lo antes expuesto, solicito a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 105 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los 4 días del mes de octubre de 2007.
Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, el diputado federal José Luis Varela Lagunas, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, del la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que en conformidad al artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos dictamine acerca de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en razón de los siguientes:
Antecedentes
I) En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 20 De junio de 2007, los diputados federales de la fracción parlamentaria de Convergencia Alejandro Chanona Burguete, Elías Cárdenas Márquez y un servidor, presentamos ante el pleno, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
II) La iniciativa en comento, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, mismo que a la fecha no ha sido presentado, por lo que me presento ante esta soberanía para expresar las siguientes:
Consideraciones
Reconocemos que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia del 15 de enero de 2002, constituye un avance significativo en el propósito de regular el crédito, de minimizar el riesgo crediticio y en general, de contribuir a la formación de la cultura del crédito entre la población.
Por otro lado, también debe reconocerse que las normas jurídicas contenidas en la Ley citada tienen una orientación clara para favorecer a los intereses de las instituciones bancarias y a las empresas comerciales que por ser la parte acreedora en el mercado del crédito, se constituyen en los administradores de la información del crédito registrada por las Sociedades de Información Crediticia, y que poco o nada se ocupan de tutelar y defender los derechos de los deudores, a los que la Ley de referencia denomina "Clientes".
En tales términos, la entrada en vigor de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia significó una excepción general a la aplicación de las normas del secreto bancario y la confidencialidad, que pone en desventaja al público deudor y favorece a las instituciones financieras y empresas comerciales acreedoras.
Es pertinente mencionar que al difundirse la información sobre los registros de los adeudos de los que la Ley denomina "Clientes" y que integran el público consumidor, se está causando un perjuicio o menoscabo a los derechos de éstos, puesto que les impide acceder a otros créditos, en perjuicio de su economía y prestigio personal, le puede afectar a su situación y desarrollo económico y financiero, además de que le causa un sinnúmero de molestias.
Todo lo anterior, genera a un gran número de personas un estado de incertidumbre, sobre todo porque no se les tomó en cuenta en ninguna etapa del proceso y no tuvieron oportunidad de impugnar o alegar en su favor respecto a registros incorrectos o improcedentes. A resolver esta situación injusta se orientan las iniciativas de los Diputados Beltrán Montes y Caballero Camargo.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que formule el dictamen correspondiente.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
"El turismo abre puertas a las mujeres" 27 septiembre 2007
Compañeras diputadas y compañeros diputados:
La institución de los denominados días mundiales para señalar entre los gobiernos, mundo empresarial y público en general, los hechos más destacados de las actividades las organizaciones intergubernamentales, es una práctica muy extendida.
Cada año, las organizaciones pertenecientes al Sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, celebran estos días mundiales dedicados a un sinnúmero de temas, entre los que se encuentran:
Las naciones unidas, la paz mundial, los derechos humanos, la salud, la alfabetización, el medio ambiente, la mujer, la infancia, la cooperación para el desarrollo, la meteorología, las telecomunicaciones y, por supuesto, el turismo.
Fue así, como en la tercera reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), celebrada en España en 1979, se decidió instruir, a partir de 1980, un día mundial del turismo, mismo que se conmemoraría el 27 de septiembre de cada año con actos adecuados sobre temas que seleccionaría la Asamblea General de la OMT por recomendación de su consejo ejecutivo.
¿Por qué se eligió la fecha del 27 de septiembre? La respuesta es muy sencilla, toda vez que esa fecha obedece al aniversario de la adopción de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, en el año de 1970.
La principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
Ésta fecha, resulta especialmente adecuada porque corresponde al final de la alta temporada turística en el hemisferio norte y al comienzo de esa temporada en el hemisferio sur, cuando el turismo es tema de actualidad para cientos de miles de personas de todo el mundo pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, para los turistas y, en particular, para el sector operacional.
Es necesario comentar que el consejo ejecutivo, la Asamblea General de la OMT decidió que se designara cada año un país anfitrión que se asociara con la Organización a la conmemoración del Día Mundial del Turismo, y nuestro país, fue anfitrión en dicha celebración en el año de 1998.
Ahora, en este año (2007), el lema del Día Mundial del Turismo es "El turismo abre puertas a las mujeres" mismo que apunta a una cuestión de importancia fundamental para nuestro futuro, toda vez que el turismo es un sector de la economía que no sólo da empleo a un número considerable de mujeres, sino que les ofrece además enormes oportunidades de promoción, así lo señaló el secretario general de la OMT, Francesco Frangialli.1
Como dato general les puedo comentar que las mujeres ocupamos toda clase de puestos de trabajo, desde artesanas o guías, hasta consejeras, delegadas, presidentas de consejos de administración, gobernadoras, diputadas, senadoras y presidentas de algunos países.
Las mujeres hemos incrementado nuestra cuota en la población activa mundial hasta ocupar tantos puestos de trabajo como los que ocupan los hombres, y ese aumento ha sido más fuerte en los países pobres y en campos como la artesanía y el desarrollo comunitario, que están estrechamente vinculados con la conservación de la cultura.
La evolución del papel de las mujeres no sólo trae equilibrio a la sociedad, sino que refuerza las economías y las estructuras sociales. Los retos pendientes giran ahora en torno a cuestiones como lograr la igualdad de ingresos, mejorar la calidad del empleo, crear condiciones satisfactorias en el lugar de trabajo y despejar las cortapisas invisibles que impiden nuestro acceso a puestos de responsabilidad, asuntos que, por lo general, están relacionados con el tercer objetivo de desarrollo de milenio y con la igualdad entre los sexos.
Para muestra de lo anterior, les presento algunas cifras:
• Las mujeres realizamos cerca del 66 por ciento del trabajo del mundo, a cambio de menos del 5 por ciento de sus ingresos;
• Las sociedades donde hay más igualdad entre los sexos tienen muchas más posibilidades de alcanzar los objetivos de desarrollo en 2015.2
Muchas gracias.
Nota:
1. Mensaje de la Organización Mundial de Turismo
OMT, para conmemorar el Día Mundial del Turismo a celebrarse el
27 de septiembre de 2007.
2. Datos y cifras obtenidos del mensaje de la OMT para
la celebración del Día Mundial del Turismo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de septiembre 2007.
Diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica).
RELATIVA AL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK LÓPEZ BARRIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Don José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la entonces ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. En 1810 se unió al cura Miguel Hidalgo y se encargó de extender la lucha independentista por el sur del país, logrando grandes proezas como el Sitio de Cuautla.
Sin lugar a dudas, don José María Morelos y Pavón fue uno de los grandes forjadores de la independencia de nuestro país. Quien además de ser uno de los grandes estrategas militares de esa época, se convirtió en la fuente inspiradora de nuestro sistema jurídico mexicano. Pues, el 13 de septiembre de 1813, al instalar en la catedral de Santa María de la Asunción, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el Primer Congreso de Anáhuac, se dictan las bases del constitucionalismo mexicano en un documento que se denominó "Los Sentimientos de la Nación".
En dicho documento, se habló por primera vez de una Declaración de Independencia para México, lo cual fue confirmado con el Acta Solemne de Independencia de la América Septentrional y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que pasó a la historia bajo el nombre de Constitución de Apatzingan.
Esta Constitución fue la primera de México y fue aprobada el 22 de octubre de 1814, por el Congreso reunido en Apatzingan. En ella, no sólo se defendía el principio de la soberanía popular, sino también el derecho del pueblo a cambiar al gobierno según su voluntad. Además, se proclamó la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, considerando como órgano supremo al Congreso, con facultades legislativas, políticas y administrativas.
Posteriormente, como producto de dicha constitución, fue instalado en 1815 el primer Tribunal de la América Mexicana en Ario, el cual significó la consolidación del sentido de justicia por el que peleó Morelos y que quedó plasmado en el siguiente apotegma:
Por la importancia de su legado en materia de justicia, es necesario que Morelos sea recordado por los mexicanos este 30 de septiembre, y que como tributo a su memoria su obra sea difundida, ya que es tan importante y trascendental, que a la fecha seguimos gozando de sus beneficios sociales y jurídicos.
Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2007.
Diputado Erick López Barriga (rúbrica)