• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• De las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia, con opinión de la de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

• De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 71 de la Ley de Vivienda.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera puedan prestar servicios en la Embajada de Uruguay y en la delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Alberto Pérez Guerrero, Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, Brenda Abril Zamarrón Saldaña, Lilia Elena Reyes Núñez y Rocío Rojas Herrera puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

• De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

• De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los legisladores de todo el país a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Salud para implantar programas y acciones que permitan enfrentar el problema de desnutrición infantil en las comunidades rurales indígenas y entre grupos vulnerables del país.

• De las Comisiones Unidas de Economía, y de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Turismo que diseñen programas de atención para respaldar la actividad económica de Taxco y diversas regiones de Guerrero.

• De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas que no se han integrado al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad a incorporarse en él.

• De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo relativos a los instrumentos de coordinación y comunicación en materia de seguridad pública entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

• De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a entregar a través de las secretarías de Seguridad Pública, de Salud, y de Educación Pública, un informe detallado sobre los avances en los programas para combatir la violencia familiar.

• De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de crear la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la fracción I del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 23, 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el numeral 6 al artículo 132 y el artículo 132 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma las fracciones XVI a XXXVI y adiciona la XXXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción XXXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorga los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe.

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 13 de junio de 2007, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de salubridad general.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el diputado promovente manifiesta que la Ley General de Salud fue creada para ser la reguladora del derecho a la protección de esta y que entre otras finalidades tiene la de procurar el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio de sus capacidades, así como la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Para ello, el artículo 3o. de la Ley General de Salud define una serie de materias encargadas de cubrir las necesidades de la población en materia de salubridad.

Sin embargo, menciona que a lo largo de la vigencia de dicho artículo, han quedado imprecisos y desprotegidos varios términos, que son elementos de la salud y que la afectan directamente, como es el caso del dolor ya que pone en riesgo la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida.

Señala que el dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y por la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor como "una experiencia emocional (subjetiva) y sensorial (objetiva) desagradable, asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera".

Esta definición, sugiere que todo daño o disfunción tisular y aun su ausencia son capaces de producir una compleja constelación de experiencias sensoriales, emocionales y cognitivas displacenteras, manifestadas por diversas reacciones fisiológicas, autonómicas y conductuales.

Asimismo, el diputado promovente afirma que muchos países del mundo han redactado constituciones que recogen el derecho de sus ciudadanos a recibir una asistencia sanitaria adecuada. Pero ninguna de ellas contempla expresamente el derecho al alivio del dolor.

El dolor es un grave problema de salud pública. La distancia que separa el conocimiento cada vez más sofisticado del dolor y su tratamiento de la aplicación efectiva de dicho conocimiento es grande y cada vez mayor. Ni el dolor agudo ni el dolor crónico suelen recibir un tratamiento adecuado por muy diversas razones de cultura, actitud, educación, política y logística.

III. Consideraciones

Con la creación de la Organización Mundial de la Salud, la comunidad internacional reconoce y define el derecho a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente a la ausencia de aflicciones y enfermedades; es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objetivo social.

En el derecho internacional se han realizado contribuciones adoptadas en la mayoría de las naciones. En México, se adoptó en el texto constitucional del artículo 4o. de conformidad a las reformas publicadas en el diario oficial de la federación de fecha 3 de febrero 1983, consignado al derecho a la salud como una garantía social de todos los mexicanos.

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Salud regula el derecho a la protección de esta, que entre otras finalidades tiene, procurar el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio de sus capacidades, así como la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Por ello, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el diputado promovente en cuanto a que el tratamiento del dolor, los cuidados paliativos y derechos de los usuarios, se inscribe como una necesidad de ser regulados expresamente por la Ley General de Salud.

Sin lugar a dudas, el dolor es un síntoma universalmente asociado al concepto de enfermedad y constituye un motivo de sufrimiento para miles de personas alrededor del mundo. Las pérdidas económicas, representadas en horas no laboradas y en gastos enormes en los costos del tratamiento, se suman a la notoria disminución en la calidad de vida de las personas afectadas para hacer de él una experiencia invariablemente desagradable.

Por lo anterior, desde los mismos inicios de la medicina, el control del dolor ha sido siempre uno de los aspectos que más ha preocupado a los médicos, por ello pueden verse cada vez con más frecuencia departamentos especializados para su manejo en los centros de atención hospitalaria. Los recientes avances en el conocimiento de la forma como sucede este fenómeno, han permitido el desarrollo de nuevos medicamentos y estrategias para que el control del dolor pueda efectuarse de manera eficaz.

Tal y como lo considera el diputado proponente en el texto de su iniciativa, retomamos la definición de dolor, el cual es definido como: "experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión, real o potencial de un tejido" (definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, 1980). El dolor es el síntoma aislado más frecuente por el que los seres humanos consultan al médico, se percibe mediante nociceptores, que son receptores sensitivos especiales que se encuentran en la piel y órganos internos, recibiendo información como puede ser del calor intenso, presión externa, pinchazos o cortes y heridas, además de otras acciones que pueden provocan daño corporal.

Aún con los grandes avances en materia de cuidados paliativos, anestesiología, algología y los grandes hallazgos en anatomía y fisiología, para el dolor no se cuenta con una adecuada legislación que reconozca la importancia de su tratamiento, lo que nos presenta una laguna en la legislación sanitaria actual, ya que si bien se contempla el derecho a la protección de la salud, se está dejando de lado un primordial y muy importante aspecto de este derecho, ya que el dolor no debe entenderse únicamente como un problema que implica la transmisión de impulsos nerviosos, sino como una experiencia que afecta la personalidad del individuo y produce cambios profundos en el proceso cultural y biológico que constituyen la calidad de vida.

Si bien en la comunidad médica existe el debate acerca de que éste, por sí solo, constituya una patología, la realidad es que los usuarios demandan su atención con justo derecho, pues la atención y obligación de los servicios de salud se deben inscribir en el marco de la calidad de vida. Por tal motivo, consideramos que el tratamiento del dolor crónico y los cuidados paliativos de enfermos terminales debe ser expresamente señalado en la Ley General de Salud como materia de salubridad general.

En este sentido cabe decir que con fecha 20 de abril de 2004, el diputado Jaime Fernández Saracho presentó una iniciativa, que reformaba diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativa al dolor y a su tratamiento. Dicha iniciativa fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados, el jueves 23 de septiembre de 2004, y turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. A la fecha no ha sido dictaminada por la colegisladora. Entre otras reformas se modifica el artículo 3o. de la Ley General de Salud en los siguientes términos.

Artículo 3. ...

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXX, pasando la actual XXX a ser XXXI, al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 3o. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud contará con un plazo de noventa días para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para dar cumplimiento al presente decreto.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús, Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Patricia Villanueva Abraján.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido" se exponen los motivos y el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el promovente establece que aunque entre las principales acusas de mortalidad se encuentran las enfermedades terminales, las instalaciones de salud pública no ofrecen servicios adecuados para quienes las padecen.

Conceptúa la medicina y los cuidados paliativos como los que no tienen fines curativos; pero al mismo tiempo distingue estos conceptos de otros como eutanasia, dado que, a diferencia de este último, lo paliativo exalta el respeto de la vida en una etapa terminal.

Estima que para el desarrollo, progreso y mejoramiento de los servicios de salud es necesario reformar la Ley General de Salud, atendiendo diversos aspectos que tienen que ver con la definición y la práctica propia de la medicina paliativa, por lo que pretende para dicho ordenamiento jurídico reformar los artículos 23, 27, fracción III, 37, párrafo tercero, 58, fracción I, 59 y 112, fracción III, así como añadir los artículos 33, fracción IV, 33 Bis-1, 33 Bis-2, 33 Bis-3 y 33 Bis-4, y el tercer párrafo del 77 Bis-1, corriéndose el tercero al cuarto.

III. Consideraciones

A. Los integrantes de esta comisión estimamos que la iniciativa, en lo general, es congruente con la evolución jurídica que requiere la Ley General de Salud, toda vez que, como estima el promovente, en el pasado, la normatividad sanitaria se ha concentrado en medidas de salud preventivas y curativas; sin embargo, existe un nuevo contexto epidemiológico que requiere atender a los que por no poder revertir su enfermedad y encontrarse en una etapa terminal de vida, merecen que la ley los proteja y promueva el respeto por su dignidad humana.

B. Respecto a las modificaciones del artículo 23, se plantean dos adiciones. Consideramos que la primera adición, referente a la calidad de vida, refleja una visión que ya está plenamente considerada en el texto vigente de la fracción II del artículo segundo de la ley en comento, el que señala:

Además, el artículo 103 obliga al médico a utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnostico para "salvar una vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente".

Sobre la segunda adición que se pretende hacer, al final del artículo 23, consideramos que pese a la loable intención de enaltecer la dignidad de las personas, dicha adición resulta contradictoria con lo ya dispuesto en la misma ley, en cuyo Título Décimo Cuarto, dedicado a la donación, los trasplantes y la pérdida de la vida, se deja ver que la dignidad de las personas va mas allá del momento de la muerte, por lo que resultaría contradictoria la adición que propone el promovente al señalar: "garantizando la dignidad de la persona hasta el momento de su muerte".

De tal suerte, consideramos que no ha lugar a las modificaciones propuestas del artículo 23.

C. Respecto al texto que se pretende adicionar a la fracción IV del artículo 33, que refiere "… preservar la calidad de vida del paciente con enfermedad en estado terminal…", tal redacción no es clara y, más bien, resulta contradictoria porque en realidad la intención de esta iniciativa es buscar el "bienestar" del enfermo terminal, dado que éste lo que pierde es precisamente la vida. Creemos que "preservar la calidad de vida" obedece a un referente común que se ha adoptado en disciplinas como la tanatología, por lo que para no desvirtuar la loable intención de la iniciativa consideramos que la redacción de dicha adición debiera quedar como sigue:

Sobre este último, que el diputado propone como

Por ello, la propuesta de esta dictaminadora en dicha fracción es la siguiente:

Dicho párrafo se refiere de manera enunciativa y no limitativa a los servicios que comprende la derechohabiencia a instituciones de seguridad social. El error de incluir el texto vigente en la iniciativa, creemos, puede ser subsanado, toda vez que se ha promovido la modificación de dicho artículo. Además, esta dictaminadora está en la atribución de hacer las modificaciones que crea convenientes, por lo que sugerimos que el párrafo quede como sigue:

I. Sobre el resto de las modificaciones y el sentido general de la iniciativa, esta dictaminadora reitera que la iniciativa propuesta, además de viable, resulta necesaria.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina paliativa

Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 27, el párrafo tercero del artículo 37, la fracción I del artículo 58, el artículo 59 y la fracción III del artículo 112; y se adicionan la fracción IV al artículo 33, los artículos 33 Bis-1, 33 Bis-2 y 33 Bis-3, y un cuarto párrafo al artículo 77 Bis-1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27. …

Artículo 33 Bis-2. Los pacientes enfermos en estado terminal tendrán los siguientes derechos:

…

Dichos servicios, en los términos de esta ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica integral, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional, la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes y los cuidados paliativos en pacientes con enfermedades en estado terminal.

Artículo 58. …

Artículo 77 Bis-1. …

…

…

En el segundo y tercer nivel de atención se deberá proveer medicina paliativa para los pacientes con enfermedad en estado terminal, así como apoyo a sus familiares.

Artículo 112. …

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá revisar su actual normatividad a fin de modificarla o crear nueva normatividad en materia de cuidados paliativos.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús, Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Patricia Villanueva Abraján.
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE JUSTICIA, CON OPINIÓN DE LA DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 10, 11 Y 12 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, les fueron turnadas las siguientes iniciativas: con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Estas Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 16 de noviembre de 2006, los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez y Rogelio Carbajal Tejada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 21 de noviembre de 2006, los diputados Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Tercero. La Mesa Directiva, en fechas 16 y 21 de noviembre de 2006, mediante oficios número D.G.P.L. 60-II-3-171 y D.G.P.L. 60-II-2-229, respectivamente, acordó que dichas iniciativas se turnaran a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Gobernación.

Contenido de las Iniciativas

Ambas iniciativas proponen reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de actualizar su contenido y que exista concordancia con lo establecido en otras legislaciones.

Exponen los autores de las iniciativas en estudio, que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al procedimiento de juicio político y particularmente respecto a la integración de la Subcomisión de Examen Previo, presenta discrepancia con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el primero de los ordenamientos jurídicos mencionados se refiere a la figura de la Gran Comisión, actualmente sustituida por la Junta de Coordinación Política, por lo que proponen reformar el artículo 11 de dicha Ley.

Asimismo, refieren que el 29 de septiembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que modificó las comisiones ordinarias que integran esta Cámara de Diputados, creando a la Comisión de Gobernación y a la de Puntos Constitucionales, por separado, que anteriormente constituían una sola. No obstante lo anterior, advierten que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sigue haciendo alusión a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia como integradoras de la Subcomisión de Examen Previo, por lo que plantean reformar sus artículos 10 y 12.

Los diputados Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, señalan que la fracción II del artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace referencia a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente sustituida por la de la Función Pública, por lo que sugieren la actualización de dicha disposición.

Los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez y Rogelio Carbajal Tejada, expresan que el 17 de octubre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de separar a la Comisión de Justicia de la de Derechos Humanos, por lo que proponen incluir dos artículos transitorios para establecer que una vez que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se separe, será a la de Justicia a quien le corresponderá conocer en materia de juicios políticos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, la emisión del dictamen de las iniciativas a las que se ha hecho referencia.

Segunda. En razón de la similitud en su contenido, ambas iniciativas serán dictaminadas de manera conjunta.

Tercera. Después de haber analizado los argumentos vertidos en las iniciativas que nos ocupan, estas Comisiones coinciden plenamente con lo expresado por los legisladores, toda vez que efectivamente, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ha quedado obsoleta en cuanto a la conformación tanto de la Subcomisión de Examen Previo, pues la Comisión de Gobernación tiene ya el carácter de ordinaria, y quien interviene en la integración de todas las comisiones de esta Cámara de Diputados ya no es la extinta Gran Comisión, sino la Junta de Coordinación Política, debido a las reformas que ha sufrido la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que, es importante señalar, han obedecido a la necesidad de transformar al poder legislativo mexicano para hacerlo más plural, representativo y democrático.

De conformidad con lo argumentado en párrafos precedentes, la propuesta en estudio adquiere vital importancia, ya que dará concordancia a los ordenamientos jurídicos aludidos, pues no debe soslayarse que se trata de dos legislaciones emanadas del Congreso de la Unión, cuya eficacia deviene, entre otras cosas, de la claridad y congruencia en sus preceptos.

Cuarta. Ahora bien, relativo a lo argumentado por los diputados Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, respecto a la propuesta de reformar la fracción II del artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es importante precisar que el 10 de abril de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, que en la parte que interesa, incluyó en el artículo 26 a la Secretaría de la Función Pública, destituyendo así a la anterior Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. También cabe destacar que el artículo segundo transitorio de dicho Decreto, establece que aquellas disposiciones que hagan mención a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se entenderán referidas a la de la Función Pública. En consecuencia, se colige que la propuesta en comento resulta viable.

Quinta. No es óbice para arribar a la anterior conclusión el hecho de que actualmente se encuentran derogados los Títulos Primero, por lo que se refiere a la materia de responsabilidades administrativas, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal, pues dicha derogación obedeció precisamente a que se creó la Secretaría de la Función Pública, trasladándole, entre otras, las atribuciones que anteriormente tenía conferidas la desparecida Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, como ya quedó precisado en el párrafo precedente.

Además de ello, es de suma trascendencia hacer notar que el 4 de diciembre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Congreso la facultad para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. Es decir, se legitima de manera expresa la creación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con el objeto de sustraer la facultad que poseían la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y las áreas de quejas y responsabilidades de las dependencias y entidades de la administración pública federal para resolver y sancionar en materia de responsabilidades de los servidores públicos, trasladando dicha facultad a un órgano formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Sin embargo, subsiste la competencia de la Secretaría de la Función Pública en materia de registro patrimonial de los servidores públicos, de conformidad con la fracción XV del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice:

Ahora bien, toda vez que el artículo 1º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que su objeto es reglamentar el Título Cuarto constitucional, que lleva por nombre "De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado", se sostiene que dicha Ley no sólo se refiere a responsabilidades administrativas, sino también al registro patrimonial de los servidores públicos, plasmado así de manera textual en el numeral en comento:

Sexta. Finalmente, respecto a lo planteado por los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez y Rogelio Carbajal Tejada, sobre incluir dos artículos transitorios para establecer que una vez que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se separe, será a la de Justicia a quien le corresponderá conocer en materia de juicios políticos, las Comisiones dictaminadoras estimamos innecesaria tal inclusión, en razón de que el numeral 10 de la Ley Federal de Responsabilidades se refiere a la Comisión de Justicia como integradora de la Subcomisión de Examen Previo, y esta última se instaló debidamente el nueve de noviembre de dos mil seis, fecha posterior a la separación de la anterior Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 Y EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Único. Se reforman la fracción II del artículo 3, el segundo párrafo del artículo 10, el primer y tercer párrafo del artículo 11 y el inciso e) del artículo 12, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3. ...

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.

ARTÍCULO 11. Al proponer la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la integración de las Comisiones para el cumplimiento de las atribuciones y el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Junta de Coordinación Política, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.

ARTÍCULO 12. ...

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2007.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras, Arturo Flores Grande (rúbrica), Javier Guerrero García, René Lezama Aradillas (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés, Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril, Marcos Salas Contreras, María Elena Torres Baltazar, Daniel Torres García.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4o. Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda fue turnada por acuerdo de esta soberanía, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2 y 4 de Ley de Vivienda, presentada por el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XL, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Exposición de Motivos

Que desde que el hombre se volvió sedentario comenzaron a establecerse asentamientos humanos, en donde la vivienda juega un papel muy importante para el proceso social, en el desarrollo de comunidades y en la cimentación de un espacio delimitado para la formación de familias, donde cuenten con seguridad, privacidad y un medio ambiente sano; con el crecimiento de las urbes el terreno para la construcción comenzó a escasear, provocando el encarecimiento del suelo. El problema de vivienda ha llegado a ser alarmante, orillando a la gente a residir en viviendas inadecuadas, con falta de servicios básicos, deterioradas, alejadas del trabajo, escuelas y clínicas de salud.

Que con el incremento demográfico que ha tenido nuestro país, junto con la centralización de la economía en las grandes ciudades y las ineficientes políticas habitacionales, han provocado la migración del campo a la ciudad en busca de mejores empleos, asentamientos irregulares, crecimiento de colonias sin la planeación debida alrededor de las ciudades y que para combatir el problema habitacional, el gobierno ha realizado la construcción masiva de casas nuevas, a través de la iniciativa privada para solucionar el rezago de viviendas, dejando a un lado el derecho a una vivienda digna y decorosa establecido en el artículo 4o. constitucional; es decir, se ha centrado en una política de construcción, sacrificando la calidad de los moradas.

Explica que para poder ejercer el derecho a una vivienda digna y decorosa, se deben incorporar elementos como el cuidado y conservación de los recursos naturales; uso de materiales de buena calidad para garantizar la durabilidad del hogar, toda vez que su ejercicio se encuentra vinculado con el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona. Por tanto, se debe enfatizar más en el daño al medio ambiente que provoque la construcción de los desarrollos inmobiliarios del país. Cabe señalar, que los recursos naturales son cada vez más escasos y por lo tanto, se requiere de la implementación de acciones como la reducción de materiales que perjudican de manera notable los ecosistemas; así como la reducción de los impactos ambientales que se generen derivados de la construcción y funcionamiento de edificaciones.

Agrega que debido al diseño, construcción y mantenimiento de edificios causa un gran impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales; se requiere que se implementen los instrumentos normativos encargados del fomento y promoción de técnicas como el desarrollo de la vivienda sustentable, progresiva, la bioconstrucción, la arquitectura bioclimática y el uso de materiales limpios; precisa que el concepto de vivienda deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) estar ocupada por una familia, b) no tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable, c) no estar deteriorada, d) contar con agua entubada en el interior, e) contar con drenaje, f) contar con energía eléctrica. Menciona que la Organización de Naciones Unidas establece como parámetro para el hacinamiento de dos personas como máximo por dormitorio. Empero los indicadores de hacinamiento llegan a revelar una gran desatino en la vivienda digna cuando se establece 2.5 habitantes por cuarto, cuando las medidas de las habitaciones llegan a ser de 2.7 metros.

Señala otra deficiencia en la construcción de las viviendas por parte de los desarrolladores e inmobiliarias, es la falta de privacidad, es decir, que pueda otorgar un aislamiento voluntario a los ocupantes con respecto a los demás; esto es que existan subdivisiones del espacio interno de la vivienda y el uso de materiales que permitan la separación visual y acústica. En consecuencia, la privacidad interna de la vivienda es resultado también de su tamaño efectivo en relación con el número de habitantes. Basándose en el derecho a una vivienda adecuada que se entiende como "un lugar donde poderse aislar si se desea espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable es uno de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos por la ONU.

Explica que en torno al problema de espacio habitacional, el gobierno implantó el programa VivAh, dirigido a personas que perciben menos de 2.5 salarios mínimos, mediante el cual se apoya a las familias marginadas para que obtengan una vivienda de tipo progresivo. Sin embargo, los parámetros de vivienda establecidos en dicho programa una superficie mínima de 90 metros cuadrados y el área mínima de construcción de 21 metros cuadrados, que incluya al menos un cuarto habitacional de usos múltiples cuarto para baño con excusado; instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria; puerta principal y ventanas. Posteriormente existe una continuación con el programa Tu Casa, que tiene como objeto terminar el rezago de las viviendas progresivas y seguir ayudando a las familias marginadas. Aunque estos programas aportan una solución de habitabilidad, no cumplen con la condición de una vivienda "digna". Actualmente estos programas conllevan problemas de hacinamiento y, al mismo tiempo, no prevén una separación física al interior del inmueble, provocando falta de privacidad entre los habitantes de la misma; por citar un ejemplo, cómo efectuar y consumar los fines naturales del matrimonio sin el debido aislamiento respecto a los menores de edad, quienes no cuentan aún con la capacidad de asimilación de un acto de esta naturaleza.

Señala que muchas de las viviendas entregadas presentan problemas de aislamiento térmico, es decir, que las paredes sufren de problemas de humedad. Al mismo tiempo se presentan dificultades con el servicio de transporte para poder desplazarse desde sus hogares, debido a la lejanía en que se encuentran las colonias de interés social. Asimismo, sufren de la deficiencia o de la falta de servicios urbanos, como la recolección de basura, agua potable, etcétera.

Por lo anterior, el gobierno debe tomar un papel preponderante en la política de vivienda y supervisar las condiciones y la calidad de los inmuebles construidos por la iniciativa privada. Además de verificar con mayor detenimiento, sobre el otorgamiento de créditos a personas que realmente necesiten una morada, para subsistir y ayudar a las personas que perciban un sueldo inferior a cuatro salarios mínimos para acceder a una vivienda.

Enfatiza la ineficiente política habitacional que el gobierno a implementado en nuestro país respecto al otorgamiento de créditos, aunado a la preferencia regional de vivienda, ya que existe una brecha entre el norte y el sur del país en relación con la ayuda a grupos marginados para acceder a un lugar digno donde vivir.

Expone que en materia de acceso a la vivienda se han hecho diversos estudios entre los que destaca el de la profesora Priscila Connolly Dietrischen de la Universidad Autónoma Metropolitana y en sus conclusiones resalta que el estado de la vivienda en México, en donde se determina que la tercera parte de los derechohabientes tiene ingresos familiares menores a tres salarios mínimos, excluyéndolos de un crédito hipotecario. Por lo que existe un gran número de hogares pertenecientes al estrato de ingreso correspondiente a la demanda efectiva de la vivienda comercializada con créditos de Infonavit, Fovissste y similares, más de la tercera parte no es derechohabiente de dichas instituciones. Por tanto la mayor parte de derechohabientes pertenecen a estratos donde no se busca una vivienda de interés social.

Otro factor que destaca en su estudio es la sobreoferta de viviendas, es decir que se ha dirigido a la construcción de vivienda nueva, sin tomar en cuenta la remodelación de viviendas actuales que pueden ser habitadas nuevamente por derechohabientes. Los estados del norte tienen un alto índice de vivienda deshabitada, provocado por la migración, por ejemplo, Zacatecas, con 22 por ciento; Michoacán, con 19 por ciento, y Durango, con 18 por ciento, revelando la incongruencia en la política de vivienda, ya que se construyen más casas en el norte que en el sur. Aunado a esto, la construcción de 750 mil viviendas al año y la creciente saturación de inmuebles ha provocado que en México existan 4.3 millones de casas deshabitadas según datos del INEGI. Dejando como único beneficiario a las inmobiliarias con altas ganancias a corto plazo, ya que a un mediano plazo, esta sobreoferta provocará que pierdan valor las viviendas, que es el único patrimonio de muchas personas.

Señala que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es prioridad especificar el término de vivienda digna en el artículo segundo de la Ley de Vivienda, ya que para los órganos especializados en materia de vivienda basta con tener los servicios de agua potable, electricidad y drenaje, restando interés al acceso de créditos a personas de escasos recursos, otorgando viviendas inadecuadas sumamente reducidas de tamaño habitacional y sin privacidad, alejadas de las fuentes de trabajo y con carentes servicios urbanos, asociado con el impacto ambiental de la excesiva construcción de viviendas.

Y por ultimo, propone reformar el artículo 2o. y adicionar una fracción XIII al artículo 4o. de Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Consideraciones

Primera. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden en que la vivienda ha representado históricamente en el desarrollo de la humanidad, uno de los elementos materiales indispensables para su sobrevivencia y que ha sido un instrumento utilizado para alojar a los individuos o familias de manera permanente o durante largos períodos de tiempo; que conforme a las características del medio ambiente, le permitieron establecerse en un solo lugar (hombre sedentario) aprendiendo a cultivar la tierra, desarrollando sus propias costumbres y creando pequeñas aldeas para posteriormente conformar comunidades más complejas; es decir, las formas de organización social que dan como consecuencia, el surgimiento de grandes ciudades.

Sin embargo, las recurrentes crisis económicas y el desmesurado crecimiento demográfico, han traído como consecuencia en las grandes urbes, problemas de desempleo, seguridad pública, seguridad social, la falta de acceso a una vivienda y sobre todo, a una calidad de la misma.

Segunda. En materia de construcción y urbanismo, nuestra legislación ha adoptado criterios de sustentabilidad, aplicados en diseños y tecnologías que permiten incorporar el cuidado y conservación de los recursos naturales, reduciendo el derroche de materiales y energía, evitando así, los focos de contaminación y contribuyendo a la salud física, mental y emotiva de sus habitantes, lo que evidencia que nuestra legislación vigente contemple grandes adelantos en la utilización de materiales de alta calidad, aplicación de ecotécnicas y de tecnologías en vivienda y saneamiento, de bajo costo y alta productividad que cumplen con los parámetros de Certificación respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.

Lo anterior queda de manifiesto en los artículos 71, 77 y 78 de la Ley de Vivienda, que establecen:

Cuarta. La propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley de Vivienda, que señala: "La vivienda a que se refiere el párrafo anterior deberá contar con el espacio suficiente que satisfaga la privacidad de sus habitantes, así como para los fines naturales del matrimonio". Al respecto, los integrantes de la comisión consideran que dicha adición no es procedente, toda vez, que es discriminatorio y limita a otros estados civiles de las personas diferente al del matrimonio, a gozar del derecho de acceder a una vivienda digna y decorosa, para fines familiares, de desarrollo personal y convivencia social de los individuos y no sólo para fines del matrimonio.

Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 3o. de la Ley de Vivienda establece que las disposiciones de esta ley "deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil puedan ejercer su derecho constitucional a la vivienda".

Quinta. En lo relativo de adicionar una fracción VIII al artículo 4, referente a los conceptos de privacidad externa e interna, los integrantes de la Comisión consideraron que se debe conceptuar dicho término de forma general, toda vez, que la Ley de Vivienda establece los lineamientos generales de la política nacional y por lo tanto, es procedente adicionar una fracción VIII, al artículo 4, en la que se establezca el concepto de privacidad como el ámbito de la vida personal reservada o privada de un individuo o de un grupo especialmente de una familia, desarrollado en un espacio en donde se procure la intimidad de sus integrantes.

Sexta. Los integrantes de esta comisión consideran conveniente rechazar las modificaciones y adiciones de los artículos 2 y 4 de la Ley de Vivienda y proponen que las adiciones referentes a los términos de iluminación, ventilación adecuada, privacidad y acceso a las vías de comunicación deben incorporarse al artículo 71 del mismo ordenamiento, debido a que es en este artículo en donde se establecen las condiciones y características generales, la calidad y la sustentabilidad que deberán tener para su habitabilidad las viviendas que se construyan en el territorio nacional.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Vivienda somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 71 de la Ley de Vivienda

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 71 y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose en su orden las demás fracciones, al artículo 4 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil siete.

La Comisión de Vivienda

Diputados: Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Joel Arellano Arellano, Luis Rodolfo Enríquez Martínez, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 y adiciona el artículo 18 inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXIX-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 85, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso.

El proponente considera que en el Congreso de la Unión recae la responsabilidad de legislar sobre las características y uso de los símbolos patrios, lo que significa que se confía la más alta responsabilidad de la guarda y custodia del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que representan la esencia de las tradiciones de la nación mexicana.

El espíritu patriótico, la esperanza y la voluntad de la nación para liberarse de la dominación extranjera quedaron plasmados en la Bandera Nacional. La Independencia decidió el destino del país como una nación soberana y capaz de cosechar el fruto de sus decisiones.

Por lo anterior, el senador proponente considera la reforma del artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con el fin de que los poderes de los tres órdenes de gobierno realicen jornadas cívicas en alusión, alegoría y exaltación de la Bandera Nacional.

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fecha 22 de octubre: aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador, en 1810, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentada por el senador Ricardo Torres Origel.

El senador proponente señala que en la historia del inicio del movimiento de independencia, los principales jefes insurgentes acordaron dar a sus huestes la forma de un Ejército formal, en la plaza principal de Acámbaro, Guanajuato, el 22 de octubre de 1810. A partir de esta fecha, ochenta mil hombres organizados pasaron a formar parte del Ejército Insurgente, utilizando incluso los correspondientes rangos militares.

A juicio del senador Torres Origel, la lucha del Ejército Insurgente fue una contribución indiscutible al logro de la Independencia. La organización de este cuerpo es el antecedente histórico de las Fuerzas Armadas actuales, encargadas de proteger y resguardar la soberanía nacional.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

Decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo Primero. Se adiciona una segunda parte al único párrafo del artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 10. El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, incluyéndose la fecha de conmemoración propuesta en el orden cronológico correspondiente, recorriéndose las demás fechas posteriores a dicha fecha, para quedar como sigue:

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a los dos días del mes de octubre dos mil siete.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carvajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS ENRIQUE ACOSTA BELLO Y FELIPE FLORES HERRERA PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE URUGUAY Y EN LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE

Honorable asamblea:

En oficios fechados el 3 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada del Uruguay, en México y en la delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 12 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Articulo primero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Acosta Bello, para prestar servicios como mensajero en el departamento Económico-Comercial, en la Embajada del Uruguay, en México.

Articulo segundo. Se concede permiso al ciudadano Felipe Flores Herrera, para prestar servicios como contador, en la delegación de la Comisión Europea, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 13 de septiembre de 2007.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carvajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Mario Eduardo Moreno Álvarez, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS JOSÉ ALBERTO PÉREZ GUERRERO, ANA PRISCILA ORTIZ GUTIÉRREZ, BRENDA ABRIL ZAMARRÓN SALDAÑA, LILIA ELENA REYES NÚÑEZ Y ROCÍO ROJAS HERRERA PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO Y EN EL CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 3 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Alberto Pérez Guerrero, Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, Brenda Abril Zamarrón Saldaña, Lilia Elena Reyes Núñez y Rocío Rojas Herrera, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 12 de septiembre de 2007, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Articulo primero. Se concede permiso al ciudadano José Alberto Pérez Guerrero, para prestar servicios como investigador criminal en la oficina del United States Marshals Service, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Articulo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, para prestar servicios como cajera, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Articulo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Brenda Abril Zamarrón Saldaña, para prestar servicios como asistente de bienes raíces, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Articulo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Lilia Elena Reyes Núñez, para prestar servicios como auxiliar de compras, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Articulo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Rojas Herrera, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 13 de septiembre de 2007.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carvajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Mario Eduardo Moreno Álvarez, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y DEROGA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de la Función Pública en la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, presentada por el diputado Carlos Flores Rico integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión de la Función Pública con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXX en relación con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 39 numerales 1 y 3 y 45 numerales 6 e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con proyecto de decreto. Y al efecto expone los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, el diputado Carlos Flores Rico integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen, a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.

3.- Con fecha siete de marzo de dos mil seis, el diputado Rafael Flores Mendoza integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con la misma propuesta de la que ahora se dictamina, y expuso:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

I.- Específicamente la iniciativa que se dictamina propone excluir del sistema del servicio profesional de carrera el rango de Director General y cargos homólogos, para lo cual el iniciante propone derogar el inciso a) del artículo 5 y reformar el artículo 8 para incluir a directores generales y homólogos en el catálogo de los casos de excepción del sistema, ambos dispositivos jurídicos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

II.- El diputado Flores Rico expresa en su exposición de motivos, lo siguiente:

"Con la presente iniciativa busco consolidar un Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionario para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de Director General o su equivalente, lo que permitiría además impulsar un verdadero equilibrio entre conocimiento y lealtad con las políticas públicas del gobierno en turno al que la ciudadanía ha depositado su confianza en las urnas, en el marco de la nueva realidad que enfrenta nuestro país como lo es la alternancia política."

"México, al igual que otros países, ha venido preocupándose en los últimos años por profesionalizar la administración pública y dotar de calidad a los servicios que presta el Estado para atender las diversas necesidades de una población y sociedad cada día más exigentes, en un marco de renovación, competitividad y eficiencia mediante la adopción de criterios gerenciales y de esquemas de gestión estratégica de recursos humanos."

Sigue diciendo el proponente:

"En México se requiere que el puesto de Director General sea nombrado por libre designación, pues es necesario que el Ejecutivo cuente con servidores públicos que, además de los ya establecidos por la legislación, garanticen la confianza, responsabilidad y celeridad que requieren las decisiones estratégicas en materias de planeación, financieras, económicas monetarias y de transacciones que se realicen, con confidencialidad y reserva, cuidando siempre el interés público, ya que también es necesidad legítima de los dirigentes políticos de ser asesorados por personas de su completa confianza"

"Asimismo, en consideración de este iniciador, las funciones conferidas al puesto, implican mando y autoridad para la protección y defensa de la infraestructura o instalaciones de carácter estratégico para la seguridad y solidez de las instituciones del país."

CONSIDERANDO

1.- Como es del conocimiento público, es novel nuestra Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, pues ésta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de abril de 2003 y entró en vigor el 10 de septiembre del mismo año. El sistema se define como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito. Este sistema depende del Ejecutivo federal y su dirección está a cargo de la Secretaría de la Función Pública y son las dependencia de la Administración Pública Federal las que lo operan a través de un Comité Técnico de Profesionalización y Selección.

2.- Los rangos que están sujetos a la Ley en cita, son con las excepciones a que se refiere el artículo 8 del mismo Ordenamiento, los que señala el artículo 5, que a la letra dice:

"Artículo 5.- El sistema comprenderá, tomando como base el catálogo, los siguientes rangos:

a) Director General
b) Director de área
c) Subdirector de área
d) Jefe de Departamento
e) Enlace

Los rangos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente cualquiera que sea la denominación que se le dé."

3.- Dejaremos establecida en este documento, la facultad de la Secretaría de la Función Pública para operar el sistema en cita, transcribiendo el artículo 37 fracción VI bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VI bis. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en los términos de la Ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas;"

4.- Ahora bien, la Secretaría de la Función Pública en su sexto informe de labores de uno de septiembre de dos mil seis –página 130- numeral 6.2, se refiere al rubro de Gobierno Profesional y expresa lo siguiente:

"En el marco de la Agenda Presidencial del Buen Gobierno se planteó como estrategia el atraer, retener y motivar a las mejores mujeres y a los mejores hombres en el servicio público, garantizando que la Administración Pública transite sexenalmente con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando asimismo que, siendo políticamente neutra, se convierta en un factor estratégico de la competitividad del país."

"Para el logro de esta estrategia, se realizó la promoción del desarrollo de los recursos humanos a través de la profesionalización del servicio público y su institucionalización, sustentados en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la cual se diseñó para normar y administrar el ingreso, permanencia y desarrollo de los recursos humanos en el servicio público con base en el mérito, la igualdad de oportunidades y la generación de beneficios para la sociedad."

5.- Esta Comisión de la Función Pública considera indubitables e incontrovertibles los beneficios que a la sociedad ha traído la Ley mencionada y su operación, ello por el impulso del desarrollo administrativo para fomentar la eficiencia y calidad de los servicios públicos federales y para profesionalizar el servicio público.

Por otra parte, consideramos que el derecho es dinámico y debe ser modificado o actualizado en atención a las necesidades de la sociedad a la que sirve y en el caso de la iniciativa que se dictamina encontramos que el problema planteado es real, pues coincidimos con el iniciador en la conveniencia institucional de que el rango de Director General inclusive en sus niveles de adjunto u homólogo deben ser de libre designación, pues esto garantizaría además de un servicio público eficaz y eficiente, contar con la absoluta confianza del designado a quien –se presume- se le nombra en razón de sus méritos y del conocimiento que se tiene de su capacidad y lealtad.

También consideramos viable la iniciativa porque el planteamiento es atendible por la vía legislativa y sus argumentos corresponden a la proposición además de ser ciertos y válidos; los enunciados jurídicos que cita son adecuados y con la propuesta no se presenta ninguna antinomia ni constitucional ni legal.

6.- Además de lo anterior, se considera necesario prever en un artículo transitorio la situación de quienes a la entrada en vigor de la reforma hayan ganado un concurso, o que hayan cumplido los requisitos de la misma ley y su reglamento para ingresar al Servicio Profesional de Carrera, además de referirse también a lo que sucederá con los concursos que se hayan iniciado para cubrir los puestos vacantes correspondientes.

Por las razones y argumentación anteriormente citada, esta Comisión de la Función Pública dictamina en sentido favorable la iniciativa en cuestión y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 8.- El Sistema no comprenderá al personal que preste sus servicios en la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los rangos de Secretario de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Jefe o Titular de Unidad y cargos homólogos; Director General y sus niveles de adjunto, homólogos y cualquier otro equivalente; los miembros de las Fuerzas Armadas, del Sistema de seguridad pública y seguridad nacional, del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste; personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines, los gabinetes de apoyo, así como aquéllos que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus servicios mediante contrato, sujetos al pago de honorarios en las dependencias.

Artículo 5.- El Sistema comprenderá, tomando como base el catálogo, los siguientes rangos:

…

…

…

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los servidores públicos de carrera que a la entrada en vigor del presente Decreto, ocupen puesto del rango de director general o de sus niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, continuarán teniendo el carácter de servidores públicos de carrera.

A las personas que a la entrada en vigor de este ordenamiento hayan ganado un concurso para ocupar el puesto del rango y niveles señalados en el párrafo anterior, o que hubieren cumplido los requisitos para ingresar al Sistema en puestos de dicho rango, se les deberá expedir el nombramiento correspondiente como servidor público de carrera.

Los concursos para ocupar puestos del rango de director general o de sus niveles adjunto, homologo o cualquier otro equivalente que se encontraren en trámite, deberán cancelarse dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro.-México, DF, a 18 de abril de 2007.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Liliana Carvajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras, Arturo Flores Grande (rúbrica), Javier Guerrero García, René Lezama Aradillas (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero, Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril, Marcos Salas Contreras (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Ramón Valdez Chávez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS LEGISLADORES DE TODO EL PAÍS A SUSCRIBIR EL PACTO NACIONAL 2007 PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y los legisladores federales y locales, suscriban el Pacto Nacional 2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentada por la diputada Maricela Contreras Julián del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco, María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández, Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA IMPLANTAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN ENFRENTAR EL PROBLEMA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LAS COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS Y ENTRE GRUPOS VULNERABLES DEL PAÍS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer programas y acciones para hacer frente al problema de la desnutrición infantil, presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de la Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2007 en la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer programas y acciones para hacer frente al problema de la desnutrición infantil.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza manifiesta en las consideraciones de su propuesta una clara preocupación por los niños del medio rural de nuestro país, toda vez que, refiere, son ellos quienes enfrentan serias dificultades de acceso a los mínimos requerimientos alimenticios y nutricionales que les permita lograr un desarrollo pleno, problema significativo que deriva, en mucho, de la situación de pobreza extrema en la que se encuentra el 27 por ciento de los menores de 11 años de edad en México.

En este orden de ideas, la diputada proponente hace referencia a un estudio elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se concluye que la desnutrición infantil en México se concentra en los hogares más pobres, y cuya variable de mayor incidencia entre los menores de edad es la pobreza alimentaria, la cual aqueja a más del 34 por ciento de los hogares pobres en los que habitan niñas y niños menores de 5 años de edad.

En este sentido, la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza considera necesario que la sociedad genere un entorno adecuado para los niños que atraviesan por semejantes problemas de desnutrición infantil, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas. Para ello, el legislador debe crear los mecanismos que permitan atender de manera pronta y eficiente este grave daño social, en atención al derecho inalienable de todo niño y niña mexicano, de gozar una infancia plena y saludable.

Es así que la diputada proponente exhorta al titular de la Secretaría de Salud a emprender los programas y acciones necesarios a fin de hacer frente al grave problema que implica la desnutrición que afecta a las niñas y niños, particularmente a quienes habitan en comunidades rurales e indígenas de nuestro país.

III. Consideraciones

Primera. El derecho de las y los niños a una vida sana lo reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una garantía individual, por lo que toda Política Social de Estado debe otorgarlo y dar cumplimiento a este preciado precepto jurídico, toda vez que las niñas y los niños son el futuro de nuestro país; esto es, lo que planeemos y proyectemos a futuro como país dependerá irremediablemente de los beneficios y derechos no sólo otorgados, sino plenamente ejercidos por la niñez del presente.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su sexto párrafo, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 6, establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, en su artículo 11, fracción I, se establece que propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social son objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social. Asimismo, es importante mencionar que en el artículo 14, fracción I, del este ordenamiento queda establecido que la política nacional de desarrollo social debe incluir, cuando menos, la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación. Y en el artículo 29 encontramos que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley.

También, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en su artículo 11, inciso A, que son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

En todos estos preceptos, y otros, se plasma el derecho de las niñas y los niños a un desarrollo pleno, que sin duda alguna sería impensable sin una adecuada alimentación.

Segunda. El gobierno federal conviene en clasificar la pobreza en México en tres tipos, dentro de los cuales señala a la pobreza alimentaria como aquella que imposibilita a la población adquirir una alimentación mínima aceptable debido a la insuficiencia de ingreso per cápita. Pobreza alimentaria que para el año 2005 alcanzó el 18 por ciento de la población de nuestro país.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal indica que de los 18 millones de mexicanos en condición de pobreza alimentaria, 12 millones se ubican en zonas rurales del país, de los cuales el 91 por ciento de los sostenedores económicos de los hogares no cuentan con empleo formal.

Esta pobreza alimentaria actualmente ataca con mayor dureza a los estados de Chiapas (47 por ciento de su población); Guerrero (42 por ciento de su población); Tabasco (28.5 por ciento de su población), y Veracruz (con el 28 por ciento de su población). La importante composición de estos estados en términos de comunidades rurales e indígenas hace mucho más complejo el problema de este tipo de pobreza, toda vez que ésta se concentra en tal clase de comunidades, es decir, altamente marginadas.

Tercera. Como medida de política pública, el gobierno federal a través de su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, plantea como objetivos en materia de desarrollo humano sustentable reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. Y como una de sus principales estrategias, fortalecer los programas existentes de superación de la pobreza, ampliándolos para incluir otras vertientes de apoyo social y asegurar que lleguen a la población que realmente los necesita.

Otras estrategias, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se encaminan a mejorar la condición nutricional de los sujetos que requieran apoyo alimentario, para propiciar el desarrollo integral de la familia y contribuir a superar de manera sostenible su condición de vulnerabilidad. El apoyo a la dieta de familias en desamparo, a través de un apoyo alimentario directo, es una herramienta fundamental para propiciar el desarrollo de habilidades y conocimientos para el mejoramiento sostenible de sus condiciones de desamparo.

Asimismo, el Manual ciudadano 2006 de la Secretaría de Desarrollo Social, refiere la operación de diversos programas, entre muchos otros, se encuentra el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa; el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, y el Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, que tienen como finalidad reducir la pobreza extrema, generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables mediante el incremento de sus capacidades, así como fortalecer el tejido social por medio del impulso a la participación y el desarrollo comunitarios.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades tiene como principal objetivo apoyar a las familias que viven en condición de pobreza de las zonas rurales y urbanas de México, y uno de sus principales beneficios es que, precisamente, se refiere al componente alimentario, para lo cual la estrategia a seguir es el apoyo monetario directo de forma bimestral a las familias beneficiarias. Es decir, se destinan apoyos monetarios para la alimentación de los hijos y para consumir los complementos alimenticios. El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa plantea como objetivo contribuir a la nutrición y desarrollo de capacidades, mediante el suministro de leche fortificada al precio autorizado por el Consejo de Administración de Liconsa. El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa tiene como propósito superar la pobreza alimentaria, garantizando a localidades con población entre 200 y 2 mil 500 habitantes, de alta y muy alta marginación, el abasto de productos básicos y complementarios. Y el Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa trata de impulsar y fortalecer las capacidades básicas de las familias de los hogares rurales en situación de pobreza, al incrementar la ingesta diaria de alimentos de los hogares beneficiados. Para ello se propone dar apoyo en especie, que consiste en dos dotaciones mensuales de productos alimenticios con valor de 150 pesos cada uno, y un apoyo en efectivo, de 300 pesos bimestrales, destinados a la alimentación.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actualmente implementa una serie de programas encaminados a fortalecer el desarrollo de este tipo de comunidades en nuestro país. Sólo por mencionar algunos, encontramos el Programa de Albergues Escolares Indígenas, a través del cual se brinda alimentación y hospedaje a la población infantil indígena de nuestro país. Dentro del mismo programa se encuentra el comedor escolar, el cual tiene por objeto brindar alimentación y actividades complementarias a la población infantil y juvenil indígena que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo, y que de acuerdo con el diagnóstico nutricional, requiere apoyo alimentario. El mismo programa contempla la modalidad de albergue comunitario, que es un espacio donde se brinda a los estudiantes indígenas servicios asistencia les, como el de alimentación.

Por su parte, con el fin de prevenir y atender la desnutrición infantil, el sector salud entrega mensualmente suplementos alimenticios en las unidades de salud o a través de los equipos de salud itinerantes, y mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y del desarrollo infantil, identifica tempranamente las desviaciones en los niveles nutricionales de la población.

Cuarta. El problema de la desnutrición infantil en nuestro país está directamente correlacionado con la pobreza, por tanto, resulta una constante en la condición socioeconómica de la población rural e indígena. Especialistas en este ramo han determinado que mientras a nivel nacional la desnutrición representa el 13 por ciento, en las comunidades rurales e indígenas se agudiza el problema hasta representar el 40 por ciento, situación por demás preocupante si consideramos que el 30 por ciento de los niños y niñas que habitan en % de niños y niñas desnutridos que habitan en zonas urbanas.

Este gran problema público en México obedece principalmente a tres grandes factores interdependientes: falta o bajo nivel de ingreso de la población; deficiente abasto de alimentos, sobre todo en las comunidades altamente marginadas y, también, la inadecuada e inexistente información nutricional de la población. Estos tres factores conllevan directamente una serie de dificultades físicas, cognoscitivas, hasta desatar importantes enfermedades crónicas, las cuales afectan, de forma determinante, a los menores de 5 años de edad.

El fenómeno de la desnutrición, con todas sus causales, está directamente asociado con la pobreza alimentaria, pues resulta que 3 de cada 4 niños con problemas de desarrollo viven en familias que padecen la pobreza alimentaria, comúnmente provenientes de padres carentes de escolaridad, cuya población es de lengua indígena y de pequeñas localidades rurales.

Luego entonces, es una realidad que la desnutrición infantil se mira a través del lente de la pobreza, por lo que es un fenómeno predominantemente rural.

Quinta. Esta dictaminadora está convencida del significativo problema que representa la desnutrición infantil en nuestro país, particularmente la que aqueja a la población rural e indígena. Consideramos que las acciones no han sido suficientes para atacar de raíz este fenómeno, ya que se han diseñado y aplicado estrategias de política pública que no han revertido los efectos negativos entre la población. En este sentido, esta dictaminadora considera que el problema de la desnutrición infantil no sólo compete al ámbito de la salud; es decir, no podemos reducirlo a un mero asunto de salud pública. El problema tiene sus aristas en un fenómeno que trasciende el ámbito de la salud, ya que es una cuestión de política social en su amplia dimensión, puesto que se trata de pobreza monetaria y alimentaria. Por tanto, al área de salud compete diseñar e implementar estrategias de prevención y tratamiento; sin embargo, en tanto no estén sustentadas por una política real de combate a la pobreza, que permita un verdadero desarrollo social, no podemos hablar de una lucha efectiva contra la desnutrición.

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora coincide con el espíritu de la propuesta, con una modificación a la misma, para quedar como sigue:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Salud, en lo que a ella competa, para que revise, refuerce y, en su caso, redefina las estrategias en la lucha contra la desnutrición infantil; asimismo, y de manera especial, a instruir a la Secretaría de Desarrollo Social, para el reforzamiento y, en su caso, redefinición de acciones en materia de política social encaminada a contrarrestar la desnutrición infantil, especialmente en las comunidades rurales, indígenas y grupos vulnerables del país.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús, Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Patricia Villanueva Abraján.
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA, Y DE DESARROLLO SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE DISEÑEN PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA RESPALDAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TAXCO Y DIVERSAS REGIONES DE GUERRERO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Economía, y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondientes a la LX Legislatura fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SE, a la Sedesol y a la Sectur que diseñen programas de atención para respaldar la actividad económica de Taxco y diversas regiones de Guerrero.

Estas comisiones, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2007, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentó el ciudadano Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Desarrollo Social".

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Mario Mendoza Cortés (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), secretarios; Claudia Gabriela Caballero Chávez, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Sergio Sandoval Paredes, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE NO SE HAN INTEGRADO AL PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD A INCORPORARSE EN ÉL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictaminación la proposición con punto de acuerdo citada al rubro del presente.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 28 de marzo de 2007, sus secretarios dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas que no se han integrado al Programa Nacional de Modernización de las Registros Públicos de la Propiedad a hacerlo para que operen con mayor eficacia, en beneficio propio y de la sociedad, presentada por la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho conferido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. En fecha 12 de abril de 2007, la diputada promovente del punto de acuerdo materia de estudio y dictaminación, como integrante de la Comisión de Vivienda, solicitó mediante oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la ampliación del turno a la Comisión de Vivienda, por considerarla competente para conocer del asunto, a lo que la Presidencia de la Mesa Directiva respondió que no consideraba procedente la solicitud de ampliación de turno; sin embargo, sugirió ampliar el turno para que la Comisión de Vivienda emita una opinión de la propuesta legislativa.

Cuarto. En sesión celebrada el 26 de abril de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificó el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen y acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Vivienda".

Quinto. La legisladora propone lo siguiente:

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez, Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert, Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila, José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López, Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LOS INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ENTRE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las dependencias de la administración pública federal y a los mandos de las corporaciones y fuerzas de seguridad pública, a que diseñen y establezcan mecanismos de coordinación y comunicación eficaces, en el marco de la lucha conjunta que libran el gobierno federal, estatal y municipal contra la inseguridad pública.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XXXV y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) y f) ambos de La Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 65, 83, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo, por lo que sus integrantes se abocaron al estudio y análisis del mismo con base en los siguientes:

Antecedentes

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros, secretarios; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt, María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A ENTREGAR A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE SALUD, Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS AVANCES EN LOS PROGRAMAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad y Género fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar, a través de las Secretarías de Seguridad Pública, de Salud, y de Educación Pública, un informe detallado y se instituyan programas para combatir la violencia familiar; asimismo, se aplique la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999.

Estas comisiones, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, fracciones XIII, XV y XXXV, y 3 del artículo 39, y numerales 6, incisos e) y f), y 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones son competentes para conocer de la proposición con punto de acuerdo referida, por lo que someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de crear la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres.

Las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

En sesión celebrada con fecha 13 de julio de 2005 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres.

En fecha 20 de julio de 2005, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó la iniciativa las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

Artículo Primero. Se adicionan un noveno párrafo al artículo 26 y un artículo 32 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26

Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

...

...

Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres

...

...

...

Artículo 32 Bis

A la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo Primero. Se abroga la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Artículo Segundo. El patrimonio y los recursos materiales del Instituto Nacional de las Mujeres pasarán a formar parte del patrimonio de la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres.

Artículo Tercero. El personal del Instituto Nacional de las Mujeres que pase a formar parte del personal de la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido, en virtud de su relación laboral con la administración pública federal. Si por cualquier circunstancia algún grupo de trabajadoras o trabajadores resultare afectado con la aplicación de esta ley, se dará intervención, previamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo Cuarto. Los asuntos que con motivo de este decreto deban pasar del Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado.

Artículo Quinto. El presente decreto entrará en vigor el 1 de septiembre de 2006.

III. Consideraciones

Las Comisiones dictaminadoras exponemos la siguiente valoración de la Iniciativa:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa por la que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez el 13 de julio de 2005.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 20 de junio de 2007.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello, Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia, José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Pilar Guerrero Rubio (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Martha Margarita García Müller, María de Jesús Guerra Sánchez, María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Blanca Luna Becerril.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2 Y A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Honorable Asamblea

A esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, le fue turnada, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2005.

Esta comisión, elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 13 de septiembre de 2005, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La misma fecha se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, asignándosele el Número 3900.

II. En sesión de 20 de abril de 2006, el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura aprobó un Dictamen Colectivo que incluía a la iniciativa del diputado Kahwagi, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En el orden del día de la sesión del 27 de abril de 2006 fue listada como dictamen de primera lectura y quedó pendiente su aprobación por el pleno.

En Gaceta Parlamentaria de 31 de agosto de 2006, la Secretaría de Servicios Parlamentarios publicó, en la sección informes de la Gaceta Parlamentaria, la relación de dictámenes que quedaron de primera lectura en la sesión del 27 de abril de 2006, así como de aquellos que quedaron pendientes de conocimiento del pleno; entre ellos el dictamen colectivo en cuestión, bajo el número 35, mesa tercera, expediente 3900.

Con fecha 7 de septiembre de 2006 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y puntos de acuerdo que quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la LIX Legislatura, el cual dispone que los dictámenes con proyecto de ley o de decreto y de puntos de acuerdo de los expedientes legislativos relacionados en el informe con relación de dictámenes que quedaron de primera lectura en la sesión de 27 de abril de 2006, así como de aquellos que quedaron pendientes de conocimiento del pleno, quedan en la LX Legislatura con el carácter de proyectos, de conformidad con el último párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; devolviéndose a las comisiones competentes.

III. El 8 de septiembre de 2006 la directora general de proceso legislativo devolvió el dictamen colectivo mencionado, para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo de la Mesa Directiva mencionado en el párrafo cuarto del Antecedente III, mediante oficio D.G.P.L. 60-II-5-35.

IV. Esta comisión, con fundamento en el artículo 44, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estableció subcomisiones de trabajo temáticas y especializadas: niñas, niños y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad y personas discriminadas.

Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari es adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 que define a la educación especial y otro segundo párrafo a la primera fracción del artículo 10 que faculta a las autoridades educativas a establecer acciones que elaboren y fortalezcan a los programas de educación especial e integración educativa para las personas con discapacidad de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

2. En la exposición de motivos señala el legislador que "El problema principal a que se enfrentan las personas con discapacidad, en el sistema educativo nacional de nuestro país, es la falta de una política de planeación educativa que resuelva a través de las instituciones de educación especial las necesidades de los ciudadanos con este problema y sus diferentes tipos. Los planes y programas de estudios diseñado por el gobierno federal para este sector de la sociedad, han quedado en la precariedad respecto a otros países y a los métodos educativos que se emplean en instituciones privadas".

Hace un reenvío, sin así señalarlo, al primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, cuando señala que La educación especial, según la Ley General de Educación, está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Ésta atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.

Concluye su exposición manifestando que "La Ley General de las Personas con Discapacidad significa un paso importante en la búsqueda del respeto y la garantía de los derechos de las personas con capacidades diferentes (con discapacidad), sin embargo ello no indica que no podamos enriquecerla y hacerla compatible con las demás leyes nacionales ya existentes. En este caso el artículo 41 (hasta este momento lo menciona) de la Ley General de Educación puede ampliar de manera importante el concepto de la educación especial que se menciona en la Ley General de las Personas con Discapacidad y hacer de la ley y su contenido, una norma más accesible y congruente con la legislación mexicana en materia educativa".

El estudio, el análisis y la elaboración del dictamen de esta iniciativa se realiza de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. Congruente con los antecedentes I y II, esta comisión es competente para conocer el tema, de acuerdo con el turno recibido.

2. Las adiciones pretendidas, al compararse con el texto vigente de los artículos 2 y 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, se ilustra de la siguiente manera:

El 12 de Junio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma, texto vigente a la fecha.

4. Si analizamos los tres párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación, se desprende que la propuesta del diputado proponente únicamente consiste en copiar el texto vigente y adherirlo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, como se muestra en el siguiente cuadro:
 

5. Con fecha 18 de julio de 2007, se reunió el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su sesión XI, para la discusión y aprobación del presente dictamen; concluyendo que la iniciativa del diputado Kahwagi, implica una repetición de preceptos jurídicos y por lo tanto sobreregulación innecesaria, por lo que es de desecharse, suscribiendo el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2005

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido

Conste

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 18 días de mayo del año 2007

Diputados: María Esperanza Morelos Borja, presidente (rúbrica); Marcela Cuen Garibi (rúbrica); Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica); David Sánchez Camacho (rúbrica); Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui; Humberto Wilfredo Alonso Razo; Irene Aragón Castillo (rúbrica); Carlos Augusto Bracho González (rúbrica); Arnulfo Elías Cordero Alfonso; Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica); María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica); Juana Leticia Herrera Ale; María Esther Jiménez Ramos (rúbrica); Rubí Laura López Silva; Alma Hilda Medina Macias; Fernando Moctezuma Pereda (rúbrica); María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica); Jorge Quintero Bello (rúbrica); Mirna Cecilia Rincón Vargas; Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica); José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica); Marta Angélica Tagle Martínez; Mario Vallejo Estevez; Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Honorable Asamblea

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad en donde se establezcan los principios de igualdad y equidad, en el ámbito laboral, para todas las personas que sufran algún tipo de discapacidad, así como otorgar estímulos fiscales a las empresas que cumplan con lo estipulado en dicho precepto; presentada por el diputado Francisco Luis Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el martes 4 de octubre de 2005.

Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 4 de octubre de 2005, el diputado Francisco Luis Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Segundo. En sesión de 20 de abril de 2006, el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura aprobó un dictamen colectivo que incluía la iniciativa de Francisco Luis Monárrez Rincón, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9 a la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En el orden del día de la sesión del 27 de abril de 2006 fue listada como Dictamen de primera lectura y quedó pendiente su aprobación por el pleno.

Tercero. En Gaceta Parlamentaria de 31 de agosto de 2006, la Secretaría de Servicios Parlamentarios publicó, en la sección informes de la Gaceta Parlamentaria, la relación de dictámenes que quedaron de primera lectura en la sesión del 27 de abril de 2006, así como de aquellos que quedaron pendientes de conocimiento del pleno; entre ellos el dictamen colectivo en cuestión, bajo el Número 35, Mesa Tercera, Expediente 3900.

II. Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón es adicionar tres fracciones al artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que es el que señala las medidas que las autoridades competentes han de establecer para efectos de hacer efectivo el derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad, para las personas con discapacidad, en los siguientes términos:

Texto vigente:

Artículo 9. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:

Artículo 9. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:

Señala, asimismo, que: "Los lugares de trabajo que tienen dentro de su planta laboral a personas con discapacidad son lamentablemente muy pocos, ya que los empleadores no están dispuestos a adecuar sus espacios laborales de manera que permitan el desarrollo adecuado de una persona con discapacidad".

Concluye su exposición de motivos considerando que: "Es obligación de los legisladores representar a los ciudadanos que sufren alguna discapacidad adecuadamente y hacer valer los derechos que les corresponden en los diferentes ámbitos de la vida, tanto públicos como privados".

Por lo expuesto, y una vez analizada la presente iniciativa con proyecto de decreto esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables hace las siguientes:

III. Consideraciones

1. La primera adición propuesta por el legislador es de una fracción VII al artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad que dispone que: "Una persona que sufra algún tipo de discapacidad ocasionada por un accidente de trabajo tendrá garantizada su reincorporación al empleo, salvo los casos en donde la discapacidad sea mayor al 70 por ciento." Sobre el particular, esta comisión realizó el siguiente análisis:

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su primer párrafo que: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley".

En su segundo párrafo, faculta al Legislativo de la Unión de la siguiente manera: El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo para, inmediatamente, separar el apartado A del B, dejando el primero para las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo y el segundo para las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

En el apartado A, las fracciones XIV y XV establecen:

2. Por cuanto al análisis respecto a la adición propuesta de una fracción VIII al artículo 9, para que establezca que Todos los centros de trabajo, tanto de instancias gubernamentales como privadas, deberán destinar una cantidad de plazas laborales, equivalentes al 10 por ciento de su plantilla de trabajadores, para personas con discapacidad, excepto aquéllas actividades que presenten un alto grado de riesgo en el trabajo, es importante primero citar las actuales fracciones I, III y V del mismo.

La adición de una fracción VIII al artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad tal y como fue propuesta también implica una sobreregulación, por lo que tampoco se considera viable.

3. Referente a la adición propuesta de una fracción IX al artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad para que disponga que Las empresas que cumplan con las disposiciones anteriores se harán acreedoras a estímulos fiscales, el artículo 6 de la propia Ley General de las Personas con Discapacidad ya dispone sobre el particular, lo siguiente:

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobamos y ponemos a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado Francisco Luis Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el 4 de octubre de 2005.

Segundo.- Archívese el asunto como total y definitivamente concluido

Conste

Dado en la sala de juntas de la comisión, a los __ días del mes de agosto del año 2007

Diputados: María Esperanza Morelos Borja, presidente (rúbrica); Marcela Cuen Garibi (rúbrica); Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica); David Sánchez Camacho (rúbrica); Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui; Humberto Wilfredo Alonso Razo; Irene Aragón Castillo; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica); Arnulfo Elías Cordero Alfonso; Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica); María Victoria Gutiérrez Lagunas; Juana Leticia Herrera Ale; María Esther Jiménez Ramos (rúbrica); Rubí Laura López Silva (rúbrica); Fernando Moctezuma Pereda, Marisol Mora Cuevas; María del Carmen Pinete Vargas; Jorge Quintero Bello; Mirna Cecilia Rincón Vargas; Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica); José Antonio Saavedra Coronel; Marta Angélica Tagle Martínez (rúbrica); Mario Vallejo Estevez; Martín Zepeda Hernández.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 19 de septiembre de 2006 por la ciudadana diputada Mónica Arriola, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1 y 2, fracción III, y numeral 3; en los artículos 44, 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha diecinueve de septiembre de 2006, la diputada Mónica Arriola, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. En la fecha señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

II. Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa de la diputada Mónica Arriola es adicionar un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los siguientes términos:

1. Texto vigente

3. De igual forma reconoce que México, acorde con los criterios internacionales y en cumplimiento de los compromisos contraídos en la convención, reformó el artículo cuarto constitucional.

4. Declara que el Congreso de la Unión, aprobó en el mes de abril de 2000 la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que establecen principios, derechos y medidas de protección referentes a la infancia.

5. Derivado de lo anterior, la legisladora considera que "para lograr dicho objetivo, la educación es de suma importancia ya que mediante ella se promueve el conocimiento, los valores y las actitudes que permiten a las personas tener información suficiente para defender sus derechos".

6. Afirma que "en las niñas, niños y adolescentes, la educación que vayan adquiriendo a lo largo de sus primeros años y la información que reciban se convierte en un punto imprescindible para su buen desarrollo".

Por lo expuesto y una vez analizada la presente iniciativa con proyecto de decreto esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables hace las siguientes:

III. Consideraciones

1. Que el derecho de las niñas y niños se encuentra consagrado en el artículo Cuarto de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

Además, el artículo 3° Constitucional establece que

Asimismo, el artículo 1o. de la Ley General de Educación, establece:

4. La legisladora propone adicionar un artículo 7 Bis, dividido en tres incisos, los cuales señalan que la prevención estará dirigida a:

En el inciso b) estipula:

Finalmente en el inciso c) propone:

Con fecha 18 de julio de 2007, se reunió el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su sesión XI, para la discusión y aprobación del presente dictamen; concluyendo que la iniciativa de la ciudadana diputada Mónica Arriola implica una duplicidad de preceptos jurídicos y, por tanto, sobrerregulación innecesaria, por lo que es de desecharse, suscribiendo el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 19 de septiembre del año 2006 por la diputada Mónica Arriola, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Conste.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a los 18 días del mes de julio del año 2007.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo, Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva, Alma Hilda Medina Macías, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas, Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 39 Y 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura fue turnada la iniciativa citada en el encabezado.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

El 20 de abril de 2004, la diputada federal María del Consuelo Rodríguez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados presentó la iniciativa referida.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1479-I, del 20 de abril de 2004.

La Mesa Directiva de la Cámara dispuso que fuera turnada a esta comisión.

Contenido de la iniciativa

Pese a que no establece con claridad el planteamiento del problema, parece que se trata de cambiar la nomenclatura a las comisiones denominadas de "Equidad y Género" en ambas Cámaras para completar y corregir el ámbito de acción de estas comisiones, que se desprende de su nombre.

La causa a que se atribuye este problema es que el nombre dado a las mismas parecería indicar un trabajo dedicado solamente al género femenino, cuando la autora considera que debía estar encaminado al equilibrio de ambos géneros.

La propuesta de solución que se sugiere es cambiarles el nombre de "Equidad y Género" por el de "Equidad de Géneros".

Según sus argumentos:

El correcto uso de las palabras nos garantiza una eficaz comunicación.

La actual redacción utilizando el nexo copulativo "y" denota la unión de palabras o cláusulas o la formación de grupos de dos o más elementos, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Española.

Por otro lado, conforme a la misma fuente, utilizando el nexo "de" en lugar del "y" se denota un asunto o materia, que es precisamente el sentido real que debería tener el nombre de la comisión.

Hablar de equidad de géneros indica que la comisión trata no solamente asuntos de las mujeres sino que va más allá; reconoce que si bien hombres y mujeres somos distintos, no tenemos por qué ser desiguales, pues la equidad no es genérica sino generacional; y, por tanto, las leyes, las políticas públicas y los programas que se instauren deben garantizar condiciones favorables de desarrollo para las futuras generaciones de hombres y de mujeres en este país, así, en plural, por tanto la materia debe incluir ambos géneros.

Consideraciones

Esta Cámara está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa de conformidad con lo que establecen los artículos 70, segundo párrafo, y 72, letra F, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a esta comisión conocer, analizar y dictaminar esta iniciativa conforme lo establecen los artículos 40, párrafo 2, inciso b), y 45, párrafos 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa cumple los requisitos que se acostumbran, conforme a la práctica parlamentaria.

El punto que se esboza como problema en la iniciativa presenta serias dudas respecto a si en realidad es un inconveniente, pues el trabajo legislativo desarrollado por las Comisiones de Equidad y Género hasta ahora parece no haber reparado en esta circunstancia y sus tareas se han cumplido sin problema.

Pese a que la propuesta de modificación podría ser enriquecedora, quienes dictaminamos consideramos que este cambio de visión respecto de las tareas asignadas corresponde a los propios integrantes de estas comisiones y no a la ley.

Por otro lado, es muy difícil que el simple cambio de nombre de la comisión traiga aparejada una transformación del paradigma bajo el cual se aborden las tareas de ese órgano colegiado.

En razón de lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno la siguiente propuesta de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, numeral 2, fracción XIII, y 90, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que fuera presentada por la diputada María del Consuelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas enunciadas en el encabezado del presente dictamen.

Esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen conforme a lo siguiente:

Antecedentes

En fecha 5 de octubre de 2004, el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja a nombre de los miembros de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo relacionados con el sur-sureste de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la comisión especial adquiera el carácter de comisión ordinaria y se le denomine: Comisión para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1598-I, del 5 de octubre del 2004.

En la sesión del 5 de abril del 2005, se recibió comunicado del gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, en el que solicita el análisis y aprobación de la iniciativa referida anteriormente.

En la sesión ordinaria del 13 de septiembre de 2005, el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja a nombre de los integrantes de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo relacionados con el sur-sureste de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una solicitud de excitativa a fin de que la entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobara la iniciativa arriba señalada.

La excitativa fue concedida por parte de la Cámara y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1839-II, anexo II (Proposiciones), del lunes 12 de septiembre de 2005.

El 14 de noviembre de 2006, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2132-I, del 14 de noviembre de 2006.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que los asuntos citados fueran turnados a esta comisión para su estudio y dictamen.

Contenido de las Iniciativas

En general, las iniciativas, el oficio y la excitativa arriba aludidos, tienen el mismo objetivo; es decir, lograr que la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, adquiera el carácter de comisión ordinaria, y se le denomine: "Comisión para el Desarrollo de la región sur-sureste de México".

Por cuanto a la primera iniciativa, los argumentos que la respaldan son los siguientes:

Hoy en día, México vive una transformación en todos los ámbitos –político, administrativo, etc.–, se desarrollan nuevas políticas públicas para el desarrollo humano, para la lucha contra la pobreza, la promoción de la inversión y el desarrollo productivo, así como para la realización de inversiones estratégicas de infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar sus potencialidades.

Para satisfacer todas las nuevas necesidades de la sociedad, tanto de los organismos multilaterales internacionales, como de las comunidades científicas especializadas en procesos de desarrollo regional se requiere la decisión y compromiso para adecuar las instituciones ya existentes, diseñar políticas y llevar a cabo acciones capaces para aprovechar las oportunidades de desarrollo que brinda la globalización de la economía mundial y minimizar sus efectos negativos.

El Poder Legislativo Federal como representante de la sociedad y de las instituciones nacionales queda obligado a coordinar y dirigir el esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y sobre todo los desequilibrios regionales.

La región sur-sureste de México conformada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, es la de mayor marginación en toda la República Mexicana, son ciudades donde evidentemente sufren de desnutrición infantil, baja escolaridad, y una pobre dotación de infraestructura básica.

En la exposición de motivos, la iniciativa menciona que el objetivo principal que tiene el Estado respecto del Plan de Nacional de Desarrollo, es el de garantizar que éste sea integral y sustentable. Asimismo, este plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.

En ese orden de ideas, conviene puntualizar que con el Plan Nacional de Desarrollo se busca brindar un impulso definitivo al desarrollo de esa zona nacional, sin embargo, es necesario fortalecer a la comisión especial encargada de la zona, por lo tanto, se requiere que la citada comisión adquiera el carácter de comisión ordinaria.

En cuanto al comunicado enviado por el gobernador del estado de Chiapas, solicita se analice y apruebe la iniciativa que reforma y adiciona la fracción IX, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que la comisión especial señalada adquiera el carácter de ordinaria, ya que con ello se podrá dar continuidad a los compromisos y acciones de desarrollo regional que emprenda la comisión sur-sureste y las nueve entidades federativas que trabajan con ella.

Respecto a la excitativa solicitada por los integrantes de la comisión sur-sureste, destaca que la planeación regional constituye un instrumento para armonizar la planeación a nivel federal y estatal que impacten en las políticas económico-sociales y consecuentemente modifiquen la vida de todos los mexicanos, especialmente de los que viven en esa zona del país.

Además refiere que, en cuanto al principio de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y pacífica entre los individuos de la sociedad mexicana, cuidando que las leyes, programas y políticas públicas adquieran una perspectiva que promueva la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en ésta región.

Otro objetivo es consolidar un modelo de planeación para el desarrollo regional como un proceso continuo y permanente, pensando en las estrategias y prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo, para atacar los problemas de la reforma estructural corrigiendo los sesgos que han afectado negativamente la región sur-sureste de México.

Añade que es necesario que los gobiernos estatales cuenten con un canal para exponer sus necesidades y oportunidades, y estén en mejores posibilidades de contribuir al proceso de planeación, programación y presupuestación, e incorporen sus propuestas a objeto de elaborar los planes regionales de desarrollo.

Con esta propuesta, afirma el autor, se pretende crear una nueva visión de regionalización desde el Poder Legislativo, que garantice la integración y articulación territorial considerando como primordiales los criterios de ataque a la pobreza, aprovechamiento intensivo de recursos en regiones con potencial, aspectos de regionalización, de recurrencia de mercados, organización social y cultural, aspectos étnicos, distribución de la población e ingreso, aspectos ambientales y localización de lugares regionales estratégicos.

Por último, la iniciativa presentada por el diputado Mayans Canabal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sostiene los siguientes argumentos:

A pesar de que el Poder Legislativo ha consolidado un marco jurídico que permita la adopción de políticas de gobierno que atiendan y reviertan las condiciones de atraso y marginación en las que se encuentra la región sur-sureste, estos esfuerzos no han sido suficientes, por ello se propone que a partir de la creación de una comisión ordinaria, los criterios básicos para la elaboración de un plan regional de desarrollo incluyan el desarrollo de la región sur-sureste del país.

Cabe mencionar que los niveles de desarrollo en México no han variado, por lo que México se ubica en el lugar 53, muy por debajo de países como Argentina, Chile, Uruguay, etc, por lo que al contar con un mejor plan de desarrollo, inmediatamente se reflejaría un crecimiento económico, social, ambiental y político.

Por lo tanto, esta Cámara del Poder Legislativo debe formular y aplicar políticas públicas en el ámbito de su competencia, para reducir la inequidad y disminuir la pobreza de la región sur-sureste de México.

Establecidos los antecedentes y el contenido de los asuntos que en este dictamen se atienden los miembros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

Corresponde a esta Cámara conocer y resolver los asuntos enlistados en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo a lo que disponen los artículos 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 40 y 45 párrafo 6, incisos e) y f) y párrafo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y como resultado del análisis de los asuntos atendidos por el presente dictamen, los integrantes de la comisión consideramos lo siguiente:

Si bien la región sur-sureste de México necesita especial atención por diversas circunstancias de orden social, económico, geográfico y político, la creación de un organismo como lo es una comisión ordinaria no atendería ni resolvería las condiciones de atraso y marginación de tal raigambre. Por otro lado, y sin pasar por alto los motivos expresados en las propuestas analizadas, hoy por hoy existen varias comisiones ordinarias que tienen por objeto el estudio y la presentación de propuestas para atender a la zona sur-sureste del país. Comisiones como la de Asuntos Indígenas, Reforma Agraria, Desarrollo Rural, Desarrollo Social, entre otras, buscan impulsar reformas para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población; además de que realizan funciones de control evaluatorio de las actividades y programas que llevan a cabo las secretarías de estado afines a ellas.

Por otra parte, de acuerdo a un estudio administrativo y financiero de las implicaciones que tendría la creación de una comisión ordinaria, elaborado por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara de Diputados, el impacto económico en el presupuesto es considerable, debido a que se requiere contar con recursos (financieros, humanos, materiales) mensuales que ascienden a 274 mil 39 pesos, así como con la suma anual de 3 millones 741 mil 348 pesos.

Por todo lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas para reformar y adicionar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la Comisión Especial Sur-Sureste adquiera el carácter de comisión ordinaria presentadas por el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, y por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LX Legislatura.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 23, 34 Y 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa enunciada en el encabezado del presente dictamen.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

El 13 de septiembre del año 2004, el diputado federal Óscar González Yáñez, en nombre propio y de los legisladores Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Juan Antonio Guajardo, Joel Padilla Peña y Francisco Amadeo Espinosa Ramos; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de referencia.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1584-I, del 14 de septiembre de 2004.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a esta comisión.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objetivo reformar los artículos 23, 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Presidente de la Cámara de Diputados sujete el ejercicio de su facultad para ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos en que resulte necesario, a la solicitud que le formule el Presidente de la Junta de Coordinación Política, previo acuerdo de sus integrantes.

Conforme a su propuesta, los argumentos que la respaldan son los siguientes:

El miércoles 1 de septiembre de 2004, la Cámara de Diputados se mantuvo en un virtual estado de sitio, con motivo de la instalación de policías y cuerpos de seguridad alrededor de la Cámara.

Esto provocó el impedimento de la libre circulación peatonal y vehicular, y molestias a los derechos de peatones y conductores.

Si bien es cierto que el Presidente de la Cámara de Diputados es el encargado de ordenar el auxilio de la fuerza pública, también lo es que esa decisión es ejercida de manera unipersonal.

Considerando que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden, se propone que sea la Junta de Coordinación Política la que solicite dicha medida para lograr que ésta sea una responsabilidad colectiva y no exclusivamente responsabilidad del Presidente de la Cámara.

Con lo anterior, se busca democratizar una decisión en la que no sólo intervenga el Presidente sino toda la Cámara.

Consideraciones

Corresponde a la Cámara de Diputados conocer y resolver de esta iniciativa, atento a lo que disponen los artículos 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a esta comisión dictaminar la propuesta legislativa conforme lo disponen los artículos 40 y 45, párrafos 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con relación a los argumentos esgrimidos en el contenido del presente proyecto de iniciativa, los integrantes de esta comisión consideramos que, efectivamente, la facultad del Presidente de esta Cámara para ordenar el auxilio de la fuerza pública está conferida para que sea utilizada de manera discrecional.

Sin embargo, esto dista mucho de ser una facultad despótica o excesiva, pues hay que recordar que tal prerrogativa se encuentra totalmente correlacionada con la obligación que el mismo Presidente tiene de garantizar el fuero constitucional de los legisladores y velar por la inviolabilidad del recinto legislativo, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de lo anterior, hay que considerar que las situaciones ante las cuales se enfrenta el Presidente de la Cámara en las que puede solicitar este auxilio de la fuerza pública para garantizar el fuero y velar por la inviolabilidad del recinto generalmente no son cuestiones que se presenten con tal antelación que permitan la sosegada deliberación.

El deber del Presidente de la Cámara como garante de la integridad de legisladores y recinto es de carácter preventivo y no curativo; es decir, para que solicite el auxilio basta que le parezca que haya la posibilidad que se agreda a los legisladores o se ataque el recinto, aunque esto no suceda. En tal razón, se entiende esta facultad en él depositada.

De concederse en el sentido en que lo sugiere la propuesta, se tendrían que hacer las modificaciones accesorias al ordenamiento, de tal suerte que se corresponsabilice de la integridad de los diputados y del recinto a la Junta de Coordinación Política.

Más aún, de aceptarse la propuesta se tendrían que establecer los procedimientos por seguir por la propia Junta de Coordinación Política para poder deliberar, resolver y turnar su solicitud al Presidente de la Cámara.

Asimismo, dado que el fin de la presente iniciativa es "compartir responsabilidades" se tendrían que especificar la importancia, validez y obligatoriedad de las decisiones votadas por la Junta de Coordinación Política, y establecer los procedimientos para aclarar el nivel de responsabilidad de cada uno de los integrantes, habida cuenta que la junta en mención es un órgano colegiado que resuelve por voto ponderado.

Por todo ello, los diputados que dictaminan consideran que la aceptación de la propuesta podría provocar la burocratización de este procedimiento y generar incapacidad de acción o de respuesta ante hechos o acontecimientos sociales que podrían imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones ya referidas y una disolución de las responsabilidades de garantizar la integridad del recinto y el fuero de los legisladores.

Por cuanto al nivel de democratización en esta decisión, vale apuntar que el procedimiento para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, debía garantizar un nivel de apoyo y confianza amplios tanto en el Presidente como para los Secretarios (artículo 17 de la Ley Orgánica); pero si ello no fuera suficiente, el Reglamento señala que las resoluciones del Presidente de la Cámara están subordinadas al Pleno y que, en caso de que no se ajusten a las disposiciones legales, éste puede ser reemplazado (artículos 18 y 22).

Desde la perspectiva de quienes integramos esta comisión, el fondo del asunto no es la solicitud del ejercicio de la fuerza pública que hace el Presidente de la Cámara con motivo de la entrega del informe de gobierno del presidente de la república, sino el excesivo enaltecimiento de la figura presidencial y la tergiversación de la naturaleza del informe de gobierno que resultan en una incomodidad para las libertades ciudadanas y, sobre todo, las que deberían tener los legisladores en su propio recinto.

Éste y algunos otros aspectos de las relaciones Ejecutivo-Legislativo están siendo motivo de modificaciones en el marco de la reforma del Estado e, incluso, ya hay propuestas de modificación al respecto que cuentan con un consenso amplio entre varios de los grupos parlamentarios, lo que redundará en un cambio sustancial en la situación que, desde la perspectiva de esta comisión que dictamina, es el punto nodal del problema.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados federales Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Juan Antonio Guajardo, Joel Padilla Peña, Óscar González Yáñez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 13 de septiembre de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 132 Y EL ARTÍCULO 132 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura le fue turnada la iniciativa enunciada en el encabezado del presente dictamen.

Esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 21 de septiembre de 2004 la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa arriba enunciada.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1588-II, del 21 de septiembre del 2004.

La Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a esta comisión.

Contenido de la iniciativa

El problema planteado es la falta de reglas precisas y adecuadas para responder con eficacia y oportunidad a las necesidades que conciernen al funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso. No establece las causas a las que se atribuye este problema.

La propuesta de solución que se sugiere es adicionar un numeral 6 al artículo 132 y un artículo 132 Bis en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Corresponde a esta Cámara conocer y resolver la iniciativa, de acuerdo con lo que disponen los artículos 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a esta comisión dictaminar esta propuesta legislativa conforme a lo que se dispone en los artículos 40, párrafo 2, inciso b), y 45, párrafos 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto al problema planteado, quizás el 21 de septiembre de 2004, fecha en la que se presentó la iniciativa, sí existía el problema, pero de entonces a la fecha las cosas han cambiado. El 18 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que consta de 31 artículos, agrupados en 10 capítulos, de los cuales el que refiere: "De la Comisión Bicamaral", que agrupa los artículos 12 y 13 de este reglamento, rescatan prácticamente en forma íntegra las propuestas vertidas por la diputada en su iniciativa.

Además de lo anterior, el reglamento regula otros ocho temas más, que afinan de manera certera el funcionamiento y atribuciones de los órganos necesarios para responder con eficacia y oportunidad a las necesidades que conciernen al funcionamiento del Canal de Televisión.

En consecuencia, los diputados que dictaminamos consideramos que ha quedado sin materia la iniciativa y, consecuentemente, proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que añade el numeral 6 al artículo 132 y adiciona el artículo 132 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de septiembre de 2004.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIONES XVI A XXXVI Y ADICIONA LA XXXVII AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura le fue turnada la iniciativa enunciada en el encabezado del presente dictamen.

Esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen conforme a lo siguiente:

Antecedentes

El 14 de octubre de 2004, la diputada María Antonia García Sanjinés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados durante la sesión ordinaria de ese día, la iniciativa que se ha referido anteriormente.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 1605-II, del 14 de octubre del 2004.

La Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a esta comisión.

Contenido de la Iniciativa

El problema planteado es que la ausencia de una comisión de la función pública, provoca una gran laguna en la atención de las acciones que corresponden a la Cámara de Diputados por cuanto hace a este tema. No especifica a qué atribuye la causa de este problema.

La propuesta de solución que se plantea, es adicionar una fracción al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que se establezca la Comisión de la Función Pública como comisión ordinaria.

Consideraciones

Esta Cámara está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa de conformidad con lo que establecen los artículos 70, segundo párrafo y 72, letra F, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a esta comisión conocer, analizar y dictaminar esta iniciativa conforme lo estipulan el artículo 40, párrafo 2, inciso b) y 45 párrafo 6, incisos e) y f) y párrafo 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa cumple con los requisitos que la práctica parlamentaria ha habituado.

Seguramente en el momento en que se presentó esta iniciativa, el asunto planteado era realmente un problema, pero de entonces a la fecha las cosas han cambiado. En noviembre de 2005, la entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura, resolviendo una iniciativa presentada por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, resolvió reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, creando la Comisión de la Función Pública, lo cual fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 1 de diciembre de ese año y por la de Senadores en la sesión del 15 de diciembre de ese mismo año, publicándose la reforma en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2006.

En tal razón el problema planteado en la iniciativa ya no lo es; por tanto queda sin materia la iniciativa de la diputada María Antonia García Sanjinés.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones XVI a XXXVI y adiciona la fracción XXXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada María Antonia García Sanjinés, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la sesión del 14 de octubre de 2004.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2007.

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica). .
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVII AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura le fue turnada la iniciativa enunciada en el encabezado del presente dictamen.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

El 9 de diciembre de 2004, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, los legisladores Francisco Luis Monárrez Rincón y Juan Carlos Pérez Góngora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa de referencia.

Tal documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria número 1644-II, del 9 de diciembre de 2004.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a esta comisión.

Contenido de la iniciativa

El problema planteado es el vacío que hay en el esquema de las comisiones de la Cámara de Diputados, por no considerar una comisión ordinaria de dictamen que se aboque a atender el tema de la función pública.

La causa de este problema es la instauración reciente del tema como una política de gobierno, a través de la creación de la Secretaría de la Función Pública, con sus planes y programas de acción, sin que ello se haya visto atendido por la Cámara a través de la adecuación de sus normas.

La propuesta de solución que se plantea es adicionar una fracción al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que se establezca la Comisión de la Función Pública como comisión ordinaria.

Consideraciones

Esta Cámara está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa, de conformidad con lo que establecen los artículos 70, segundo párrafo, y 72, letra F, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a esta comisión conocer, analizar y dictaminar esta iniciativa, conforme lo establecen los artículos 40, párrafo 2, inciso b), y 45, párrafos 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa cumple los requisitos que la práctica parlamentaria ha habituado.

En noviembre de 2005, la entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura, atendiendo a una iniciativa presentada por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, resolvió reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión de la Función Pública, lo cual fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 1 de diciembre de ese año y por la de Senadores en la sesión del 15 de diciembre del mismo año. Dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2006.

Como se ve, la motivación central que animó aquella iniciativa ha sido satisfecha; por tanto, resulta insubsistente su razón de ser. En tal virtud, no procede sino tenerla por carente de materia y, en consecuencia, desecharla.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XXXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 9 de diciembre de 2004 por los diputados Francisco Luis Monárrez Rincón y Juan Carlos Pérez Góngora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).