• De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación.

• De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita al gobernador de Coahuila que, mediante el procurador general de Justicia y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado, informe acerca del funcionamiento, el alcance y los límites que tendrá la policía cibernética de la entidad, así como de la fecha en que la corporación iniciará operaciones.

• De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal –mediante los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad Pública, y el procurador general de la República– y al gobernador de Baja California a evaluar las acciones y los resultados de la estrategia conjunta Operación Tijuana.

• De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para solicitar a los secretarios de Gobernación –mediante la comisionada del Instituto Nacional de Migración–, y de Comunicaciones y Transportes que fortalezcan las medidas de protección contra delitos federales y prevención de éstos, en beneficio de las personas, nacionales o extranjeras, que transitan por el país.

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a pagar a sus ex trabajadores pensionados y jubilados.

• De la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar mediante las dependencias y las entidades correspondientes un programa para detectar los casos en que se deniega a los pescadores mexicanos el servicio médico mientras se encuentran en sus labores.

• De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República que informen sobre los alcances y la eficacia de los retenes y puntos de revisión instalados en las carreteras del país.

• De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo relativos al clima de violencia en el estado de Tabasco debido a la delincuencia organizada y actividades de narcotráfico.

• De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley del Seguro Social.

• De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desechan iniciativas que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Turismo.

• De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 84 de la Ley del Seguro Social.

• De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 304 E a la Ley del Seguro Social.

• De las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y una fracción IV Bis al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

En los términos previstos en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza el estudio y análisis de dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan el artículo 80 de la Ley Agraria, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

En sesión realizada por esta Cámara el 1 de diciembre de 2005, el entonces diputado Javier Galván Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria.

Con fecha 17 de abril de 2007, en sesión realizada por esta Cámara, el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria.

Ambas iniciativas fueron turnadas por la Mesa Directiva los días 1 de diciembre de 2005 y 17 de abril de 2007, respectivamente, a esta Comisión de Reforma Agraria.

Como resulta evidente, las dos iniciativas corresponden a la misma materia jurídica, donde el artículo por reformar es el 80 de la Ley Agraria.

Debido a ello, y por conveniencia metodológica y economía procesal parlamentaria, se ha estimado conveniente producir este dictamen conjunto para las dos iniciativas, conservando la unidad del método, de análisis y de dictaminación de cada iniciativa, respetando su fecha de presentación, de modo que ello garantice también las ventajas analíticas, por lo que al entrar al análisis y dictaminación de la exposición de motivos y a las consideraciones jurídicas de cada caso, se obtiene un criterio jurídico completo respecto al alcance total de la reforma que se plantea con las dos iniciativas.

Mediante oficio CRA/254/07, el diputado presidente de la comisión envió la iniciativa en estudio a los diputados integrantes, para observaciones, comentarios o propuestas.

El09 de mayo de 2007 se recibió oficio número II.102.15421 de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual se emite opinión respecto de las iniciativas en estudio, dichas observaciones, así como las presentadas por los diputados integrantes fueron consideradas en la elaboración del presente dictamen.

En reunión ordinaria realizada el 10 de octubre de 2007, la Comisión de Reforma Agraria analizó en el pleno de ésta el proyecto de dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan el artículo 80 de la Ley Agraria.

II. Análisis de las iniciativas

Las iniciativas proponen "ampliar el derecho del tanto en la venta de derechos parcelarios a que se refiere el artículo 80 de la Ley Agraria, a los ascendientes del enajenante, la concubina o concubinario, o hijos de éstos, o a quien le asista el derecho legal reconocido".

Con la reforma se pretende otorgar a la concubina o concubinario certidumbre legal, puesto que en la actualidad esta figura está presente en distintas comunidades del campo sin que se reconozcan sus derechos.

En este orden de ideas, es necesario reconocer derechos a los sujetos agrarios ligados al patrimonio de familia, la figura del concubinato debe ser contemplada por la ley en lo que respecta a la enajenación de sus derechos parcelarios, con el fin de que las ventas y cambios de uso y destino de suelos agrícolas con vocación productiva sean regulados a través de la Ley Agraria, de acuerdo con la normatividad vigente y el destino que se pretende darles, y no realizar estas operaciones fuera de la ley.

Asimismo, las iniciativas pretenden otorgar este derecho del tanto a los ascendientes del enajenante y a los hijos de los concubinos, así como a quien le asista el derecho legal reconocido.

III. Consideraciones

Esta comisión coincide parcialmente con el objeto de las iniciativas pues, efectivamente, es necesario que se reconozca en el marco jurídico agrario el derecho de aquellos sujetos con quien el ejidatario tiene una obligación económica; es decir, aquellos integrantes de la familia como el cónyuge, los hijos del ejidatario, la concubina o concubinario.

La problemática que se analiza se relaciona con la parcela como patrimonio de familia, argumentando que, al no reconocerse a la concubina o concubinario su derecho del tanto en la enajenación de derechos parcelarios, se deja abierta la posibilidad de que el titular enajenante deje desprotegidos y sin sustento a los miembros de su familia, así como a quienes dependen económicamente de él, afectando la integración y sustento de una familia, así como la del núcleo agrario.

Cuando el ejidatario vende sus derechos parcelarios a un sujeto distinto de aquellos con quien tiene un vínculo familiar, se lesiona un derecho, al no respetarse ni reconocerse el vínculo que ocupa la concubina o el concubinario respecto del enajenante, no obstante que este derecho si se le reconoce al cónyuge e hijos.

Para el estudio de las iniciativas debemos analizar dos elementos fundamentales, a saber: el derecho del tanto como un derecho de preferencia, y la figura de la concubina o concubinario como parte de la familia del ejidatario enajenante y la potestad de estos para ejercer tal derecho de preferencia.

El derecho del tanto deriva de un derecho real que se tiene sobre la cosa, su violación trae aparejada la nulidad del contrato y, además, el derecho de retracto que implica una subrogación en el contrato de venta.

Tanto el derecho del tanto, como el derecho por el tanto son derechos que confieren una preferencia para comprar alguna cosa.

La diferencia está en que en el derecho del tanto la preferencia es para la persona que tiene una cierta calidad, como arrendatario o copropietario, pero el precio es el mismo para todos los compradores.

El derecho del tanto está establecido por la ley y es irrenunciable por anticipado, y el derecho por el tanto, es pactado voluntariamente entre las partes. El texto vigente del artículo 80 se refiere al "derecho del tanto", sin embargo las iniciativas hacen referencia al derecho "al tanto", que es una figura distinta a la que se refiere el artículo 80, de ahí que en el presente dictamen se corrige la redacción, haciendo referencia al "derecho del tanto" como especifica el texto vigente.

En la legislación agraria se establece un régimen jurídico propio conforme al cual resulta necesario que, para la enajenación de derechos parcelarios, ésta debe notificarse, en primer término, al cónyuge e hijos del titular.

De la interpretación del artículo 80 de la Ley Agraria se concluye que para la validez de la enajenación de derechos parcelarios, resultan indispensables los siguientes elementos:

En materia agraria el derecho del tanto, para la enajenación de derechos parcelarios, se realiza en virtud de la naturaleza eminentemente social del derecho agrario.

Por otra parte, la figura de concubina o concubinario se atiende de acuerdo a los siguientes conceptos:

Concubina. Etimológicamente, la palabra concubina proviene del latín concubinatus, que se traduce como "cópula o ayuntamiento carnal".

Rafael de Pina señala que junto al matrimonio de derecho, la legislación mexicana reconoce la existencia del matrimonio de hecho, o concubinato, que se define como la unión de un hombre y una mujer, sin formalización legal, para cumplir los fines atribuidos al matrimonio.

Consecuentemente, recibe la denominación de concubina "la mujer que cohabita en unión libre con un varón como si fuese su mujer legítima".

En este sentido, debe reconocerse el derecho que asiste a la concubina, ya que, de hecho, se encuentra en el mismo supuesto que el cónyuge, sólo que es una unión no formalizada legalmente.

Asimismo, la segunda iniciativa propone que se reconozca el derecho del tanto a "…la concubina o concubinario y a los hijos de estos", entendiéndose a los hijos de los concubinos que no son hijos del enajenante, puesto que los hijos del enajenante ya están contemplados, reforma con la cual no está de acuerdo esta comisión.

En cuanto a incorporar como beneficiarios del derecho del tanto a los ascendientes del enajenante, esta comisión dictaminadora considera improcedente la reforma en ese aspecto, toda vez que esto sería contravenir el relevo generacional en el campo, y que ha venido sucediendo en detrimento de los ejidos, y contra el cual se ha venido tratando de abatir a través de diversos programas dirigidos a los jóvenes.

Ahora bien, por lo que respecta a dejar abierta la posibilidad de que también se beneficie con el derecho del tanto "a quien le asista derecho legal reconocido", generaría incertidumbre jurídica, en virtud de que no sabría el ejidatario a quien notificarle para efecto de agotar justamente ese orden de preferencia, por lo que esta comisión no avala la modificación.

Adicionalmente, ambas iniciativas proponen la renuncia expresa al derecho del tanto, lo que genera mayor certidumbre jurídica para el ejidatario y para el comprador, por lo que es de avalarse dicha propuesta.

Las modificaciones a las iniciativas que se adicionan en el presente dictamen son las siguientes:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria

Único. Se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2007.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Marta Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez, José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), José Ignacio Rubio Chávez (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Pedro Landero López, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez, Odilón Romero Gutiérrez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), José Luis Blanco Pajón, Tomás Gloria Requena, Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Félix Castellanos Hernández.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, a efecto de incentivar una cultura para la no violencia.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículo 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente:

Proyecto de Dictamen

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del día 30 de marzo de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa por la que se adiciona la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del PRI de la LIX Legislatura, y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

Descripción de la Iniciativa

La iniciativa de referencia señala en su exposición de motivos que "En tiempos recientes la sociedad mexicana se ha visto inmersa en una ola de violencia que ha afectado todos los estratos socio-económicos". "Esta violencia –se argumenta–, está originada por el narcotráfico, la falta de oferta de empleo, salarios no remunerados (sic), corrupción y sobre todo por la perdida de valores, agravado por la cultura de la no legalidad y exaltación a la violencia", por lo que para la proponente, "la violencia se manifiesta actualmente como una forma de cultura (sic)".

De acuerdo con la iniciativa "...la violencia se debe combatir no sólo con acciones punitivas por parte del Estado, sino también a través de generar políticas educativas para crear elementos que permitan una formación cultural en los educandos a la no violencia como una forma de vida".

Finalmente, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo considera que "...un elemento importante para abatir la delincuencia y en consecuencia la violencia es a través de la educación, considerando que para crear una nueva sociedad que viva en armonía y en plenitud se requiere crear en las nuevas generaciones una cultura que permita la interacción de la ciudadanía en el pleno goce de sus obligaciones, derechos y prerrogativas que como seres humanos y ciudadanos mexicanos tenemos derecho a disfrutar".

Por lo anterior se propone reformar el artículo 7 de la Ley General de Educación, en los siguientes términos:

Desafortunadamente, como se manifiesta en la exposición de motivos de la iniciativa, en los últimos años nuestro país se ha visto inmerso en una ola de violencia verdaderamente alarmante. Y no sólo eso, sino que la violencia, además de incrementarse cuantitativamente y en su grado de peligrosidad, es cada vez más precoz. Especialistas afirman que las edades de iniciación en el crimen tienen una tendencia a reducirse, de manera que cada vez tenemos delincuentes más jóvenes¹.

Si bien esta Comisión está de acuerdo en lo general con la Proponente, se considera que la educación deberá ser un medio a través del cual se forme a niños, niñas y jóvenes no sólo para el desarrollo de una cultura por la no violencia, sino orientar la formación hacia una cultura de paz y no violencia.

En este sentido, el marco internacional definido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la proclamación en 1998 del Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 2001-2010², establece que:

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación..."

En el artículo 2 se define que "El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones."

El Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la misma Declaración, dedica su apartado B a la previsión de medidas que se puedan adoptar a nivel nacional, regional e internacional. El punto 9 de este apartado propone las medidas para promover una cultura de paz por medio de la educación, estableciendo entre las principales acciones, la necesidad de:

Si bien es cierto que en cumplimiento de estas disposiciones el gobierno ha implementado diversos programas y proyectos considerados como estratégicos para fomentar y desarrollar la cultura de los derechos humanos, como el Programa de Educación de los Derechos Humanos y el Programa Nacional de Derechos Humanos, en donde 20 acciones-compromiso le corresponden a la Secretaría de Educación Pública, la realidad es que falta mucho por hacer.

Por lo anterior, es que esta Comisión considera importante que se defina en el marco legal vigente la necesidad de promover a través de la educación la formación de niños, niñas y jóvenes hacia una cultura por la paz y la no violencia, lo cual orientará la revisión de los planes y programas de estudio para asegurar que en las escuelas se fomente el respeto a los derechos humanos y se promueva la cultura por la paz y por la no violencia.

Considerando lo anterior, y estando de acuerdo en lo general con los postulados que se definen en la iniciativa presentada por la diputada Gastélum Bajo en la LIX Legislatura, esta Comisión reconoce que, si bien la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación dispone que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tendrá la finalidad de "Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos"; y que la fracción III del artículo 8 de la misma Ley prescribe que la educación que imparta el Estado "Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos", es importante y necesario insistir sobre la promoción de una cultura por la paz y la no violencia.

En este sentido, se estima oportuno añadir a la propuesta de iniciativa que la educación que imparta el Estado tendrá el fin de desarrollar, además de la cultura de la no violencia, la cultura por la paz.

Asimismo, en razón de que el 2 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación y que como se señaló, en la fracción VI del mismo artículo se agrupan principios relacionados al valor de la justicia, observancia de la ley, igualdad de los individuos y el respeto de los derechos humanos, se propone que la presente propuesta se incorpore al texto de esta fracción VI.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Artículo Único. Se reforma la fracción VI de artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1 Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología. México, Editorial Porrúa, 2003:507.
2 Organización de las Naciones Unidas. Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo (2001–2010). Resolución A/RES/53/25 aprobada en la Asamblea General de la ONU, el 19 de noviembre de 1998. Quincuagésimo tercer periodo de sesiones. Nueva York, US, 1998.
3 Organización de las Naciones Unidas. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Resolución A/RES/53/243 aprobada en la Asamblea General de la ONU, el 6 de octubre de 1999. Nueva York, US, 1999.
4 Palos Rodríguez, José. Educación y Cultura de Paz. Universidad de Barcelona. Organización de Estados Iberoamericanos, España (s/f).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores, Concepción Ojeda Hernández, María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE COAHUILA QUE, MEDIANTE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO, INFORME ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO, EL ALCANCE Y LOS LÍMITES QUE TENDRÁ LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO DE LA FECHA EN QUE LA CORPORACIÓN INICIARÁ OPERACIONES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila, para que establezca reglas de funcionamiento, alcance y limite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

A) En lo general

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita atentamente al gobernador del estado Libre y Soberano de Coahuila profesor Humberto Moreira Valdés, a través de los titulares de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado, informen a ésta sobre el funcionamiento, alcance y limites que tendrá la policía cibernética del estado de Coahuila, así como la fecha en que iniciará sus operaciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita atentamente que la información relativa al punto anterior sea remitida a ésta dentro del plazo de 30 días contados a partir de la notificación de los presentes.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez, Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso, Francisco Javier Santos Arreola, María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL –MEDIANTE LOS SECRETARIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, DE MARINA, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA– Y AL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA A EVALUAR LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA CONJUNTA OPERACIÓN TIJUANA

Honorable asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a ampliar y reforzar la operación Tijuana.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

A). En lo general.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República, así como al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, a evaluar las acciones y resultados de la estrategia conjunta denominada "Operación Tijuana" y, en su caso, ampliar y reforzar la misma.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a las autoridades antes señaladas que informen a ésta de las acciones realizadas en el marco del anterior punto de acuerdo, dentro del plazo de 40 días naturales contados a partir de la notificación de los presentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2007.

Por la Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez, Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LOS SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN –MEDIANTE LA COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN–, Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA DELITOS FEDERALES Y PREVENCIÓN DE ÉSTOS, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE TRANSITAN POR EL PAÍS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a intervenir para evitar las extorsiones en las terminales de autobuses que funcionan en el país.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

A) En lo general

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, a través de la comisionada del Instituto Nacional de Migración; de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezcan las acciones y medidas de protección y prevención de delitos federales, en beneficio de las personas nacionales o extranjeras que transitan por el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informen a ésta, en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la aprobación de los presentes, de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al punto anterior.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez, Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso, Francisco Javier Santos Arreola, María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DE QUERÉTARO Y AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE DICHA ENTIDAD A NO VIOLENTAR LA AUTONOMÍA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

I. Esta comisión dictaminadora advierte la pertinencia de reproducir textualmente a continuación el resolutivo de la proposición que se dictamina.

Proposición con punto de acuerdo

Los integrantes de la comisión que suscriben reconocen la importancia que conlleva la adecuada y armónica funcionalidad que debe prevalecer en los organismos sindicales en este país.

Del mismo modo, la comisión que dictamina pondera el principio de autonomía sindical tutelado por la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 359, que establece:

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase el presente asunto al gobernador del estado de Querétaro, así como al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de junio de 2007.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González, Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Alfredo Barba Hernández, Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, EN LIQUIDACIÓN, A PAGAR A SUS EX TRABAJADORES PENSIONADOS Y JUBILADOS

Honorable asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, para que pague a sus ex trabajadores pensionados y jubilados, presentada por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés y suscrita por el diputado Ricardo Cantú Garza del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fecha 24 de octubre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

I. Esta comisión dictaminadora estima conveniente reproducir textualmente a continuación los resolutivos de la proposición que se dictamina:

Punto de Acuerdo

Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación de los proponentes, en el sentido de velar por el cabal cumplimiento del fideicomiso denominado Ferronalesjub 5012-6, en cuanto al cobro de las correspondientes jubilaciones de los trabajadores que prestaron sus servicios en dicho órgano extinto.

Por ello, esta comisión que dictamina considera necesario realizar un breve recordatorio respecto del origen y desarrollo del asunto en cuestión, en los siguientes términos:

Igualmente, esta dictaminadora invoca el contenido de la tercera de las bases de liquidación de dicho órgano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de junio de 2001, mismas que desarrollan las funciones que corresponden al órgano designado como liquidador, además de las establecidas en el artículo 2o. del decreto de extinción.

Como elemento de referencia adicional, esta comisión pondera el contenido del oficio 1-203 de fecha 29 de agosto de 2001 signado por el ciudadano Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual se designa al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), como liquidador responsable del proceso de liquidación de FNM, atribuyéndole las funciones derivadas del decreto de extinción, así como de las bases de liquidación, tratadas con anterioridad.

Esta comisión que dictamina no pasa por alto los vacíos en cuanto al cumplimiento absoluto del proceso de liquidación materia del presente dictamen, por lo que estima indispensable solicitar del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como dependencia coordinadora del sector, así como del titular del Banobras, en su carácter de liquidador responsable del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, para que informen sobre los avances del mismo, en particular por lo que se refiere a los activos pertenecientes al organismo y al estado actual del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6.

Adicionalmente, los integrantes de esta comisión que suscriben consideran pertinente, habida cuenta la trascendencia y el impacto socioeconómico del problema, exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, un apartado que considere los recursos necesarios que el Ejecutivo federal destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso a que alude la parte considerativa del presente dictamen.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que informen a esta soberanía sobre los avances en el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, específicamente en lo que se refiere a los activos pertenecientes al organismo y al estado actual que guarda el fideicomiso Ferronalesjub 5012-6.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, un apartado que considere los recursos necesarios que el Ejecutivo federal destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso citado en el presente punto de acuerdo.

Se solicita de las autoridades antes mencionadas remitan a esta soberanía, dentro de los treinta días naturales siguientes, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un informe sobre las acciones y medidas implementadas en función del presente punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de junio de 2007.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás Del Toro Del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal, Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Felix Pacheco Llanes, Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Alfredo Barba Hernández, Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Fránquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES UN PROGRAMA PARA DETECTAR LOS CASOS EN QUE SE DENIEGA A LOS PESCADORES MEXICANOS EL SERVICIO MÉDICO MIENTRAS SE ENCUENTRAN EN SUS LABORES

De la Comisión de Seguridad Social, en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a que a través de sus dependencias y entidades correspondientes se implante un programa para detectar aquellos casos en los que a pescadores del país, se les niega el servicio medico durante el tiempo que se encuentren en sus labores

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a que a través de sus dependencias y entidades correspondientes se implante un programa para detectar aquellos casos en los que a los pescadores del país, se les niega el servicio médico durante el tiempo que se encuentren en sus labores, presentada por el diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 26 de abril de 2007.

La comisión, con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, se avocó al análisis de la proposición con punto de acuerdo mencionada en el párrafo anterior, y someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Dictamen

Exposición de motivos y contenido de la proposición con punto de acuerdo.

Refiere quien promueve esta proposición, que en los diversos puertos del estado de Sonora antes de iniciar la temporada de pesca del camarón, los armadores contratan a la tripulación que saldrá a la pesca del producto para trabajos consistentes en el mantenimiento, compostura, pintura y arreglos necesarios para la pesca, y al salir a realizar sus actividades pesqueras, si es el caso que los dieron de alta en el IMSS, los dan de baja quedando en consecuencia privados de los derechos a los servicios de salud, tanto ellos como sus familiares derechohabientes, con el consecuente daño no sólo por lo que se refiere al derecho a la salud, sino también en cuanto a las cotizaciones a los diversos ramos de seguros que contempla la Ley del Seguro Social.

Señala que esto no sucede con todas las compañías armadoras, pero si con una mayoría de ellas, y no únicamente en Sonora sino en gran parte de los puertos del país.

La proposición con punto de acuerdo se presentó con la siguiente redacción:

La Ley Federal del Trabajo en su capítulo III, Trabajadores de los Buques, establece en su artículo 187 que "Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores de los buques, comprendiéndose dentro de esta denominación cualquier clase de barco o embarcación que ostente bandera mexicana"; en su artículo 188 se establece que están sujetos a las disposiciones de este capítulo "… en general, todas las personas que desempeñen a bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero o fletador"; y en su artículo 193 se establece que "Las personas que presten sus servicios a bordo exclusivamente por el tiempo en que el buque se encuentra en puerto, quedan sujetas a las disposiciones del presente capítulo …".

Por otra parte, la Ley del Seguro Social en su artículo 12 establece que "Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones".

De conformidad con lo expresado en los textos legales transcritos en los párrafos anteriores, los pescadores que son contratados por armadoras para trabajar en altamar en la pesca del camarón, son trabajadores eventuales o con contrato por tiempo determinado, con todos los derechos que esto implica desde el punto de vista laboral, así como con los derechos establecidos en la Ley del Seguro Social, no únicamente para la atención de la salud de ellos mismos sino para todos los familiares a los que la misma ley les da derecho, y, fundamentalmente, para la cotización correspondiente a los seguros de retiro, invalidez y vida, y al seguro de riesgos de trabajo.

En estas condiciones, el planteamiento de la proposición con punto de acuerdo tiene que ver necesariamente con el cumplimiento de la Ley del Seguro Social, por lo que se refiere a la obligación de los armadores de dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores que contrate para sus actividades pesqueras, cubrir las cuotas patronales que le correspondan, retener y enterar al IMSS las cuotas obreras, si es el caso, y operar la baja cuando corresponda.

En consecuencia de ello, no hay la necesidad de implantar un programa específico para detectar aquellos casos en los que se niega el servicio médico durante el tiempo que se encuentren en sus labores los pescadores, sino más bien exhortar al Ejecutivo federal para que por medio del IMSS se refuercen las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social por parte de las armadoras en su carácter de patrón, para que no se prive del derecho al seguro de enfermedades y maternidad ni al pescador ni a sus familiares derechohabientes, y se cumpla con las cotizaciones que deben hacerse de acuerdo con ese instrumento legal.

Igualmente, la comisión que dictamina considera que este exhorto debe también dirigirse a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que por medio de las delegaciones estatales del Trabajo y Previsión Social, se efectúen las inspecciones a las que se refiere la Ley Federal del Trabajo, para que se proporcionen el tratamiento médico, medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza, y para que en las embarcaciones haya personal y material de curación que establezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, como lo señalan las fracciones VII y VIII del artículo 204 de la Ley Federal del Trabajo.

Conclusiones

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expresadas, esta comisión considera que, con la ampliación señalada y con cambios en la redacción para hacerla más explícita, es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por lo que se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que verifique la afiliación de los trabajadores contratados en actividades pesqueras.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso del Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que constate el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la atención a la salud de los pescadores mientras se encuentren en altamar.

Dado en la Sala de Juntas de la Comisión de Seguridad Social, a los 30 días del mes de octubre de 2007.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), presidente; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), secretarios; Joel Arellano Arellano, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Ana María Ramírez Cerda, Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INFORMEN SOBRE LOS ALCANCES Y LA EFICACIA DE LOS RETENES Y PUNTOS DE REVISIÓN INSTALADOS EN LAS CARRETERAS DEL PAÍS

Honorable Asamblea

A la Comisión de Seguridad Pública fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República que informen sobre los alcances y la eficacia de retenes y puntos de revisión carreteros instalados en el país, así como de los procedimientos establecidos que permitan el ejercicio pleno de las garantías individuales, el respeto de los derechos humanos y que impidan prácticas discriminatorias.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competente y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

La diputada proponente señala que la existencia de retenes y puntos de revisión en las carreteras del país violenta preceptos constitucionales, en tanto que impide el libre tránsito de los ciudadanos por el país, requiriéndose documentación que no están obligados a portar y generando dificultades y retrasos en los traslados de mercancías y personas, que resultan contraproducentes para la economía y el bienestar de los individuos, sobre todo en periodos vacacionales.

De igual forma, expresa, los referidos retenes y puntos de revisión generan molestias en su persona, familia y posesiones, al detener su traslado entre diferentes puntos geográficos del país, lo que se realiza de manera generalizada causando retrasos en los trayectos, sin que exista mayor explicación para los ciudadanos.

Por ello no pasan inadvertidos para esta soberanía los propósitos y fines prácticos de tales operaciones, en términos de combate de la criminalidad y para garantizar la seguridad de las personas que viajan por las carreteras del país. Sin embargo, declara la diputada proponente que es preciso que la actuación de la autoridad no sobrepase sus ámbitos de competencia y respete en todo momento las libertades garantizadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, la diputada proponente considera necesario que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía de la dimensión que han alcanzado los referidos retenes y puntos de revisión, dando a conocer el número total y la ubicación, así como los resultados que han tenido los citados retenes y puntos de revisión.

Asimismo, a efecto de conocer la forma con que dichos retenes y puntos de revisión actúan, es menester conocer los procedimientos, instrucciones y demás normas mediante las cuales el personal de ambas dependencias garantiza el pleno respeto de los derechos humanos y la manera en que se previenen y se impiden actos que violenten preceptos constitucionales, en términos de las leyes aplicables correspondientes.

Consideraciones

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República un informe sobre los alcances y eficacia de los retenes y los puntos de revisión carreteros instalados en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita atentamente que la información sea remitida dentro de un término de 30 días naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2007.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica en contra), Luis Gerardo Serrato Castell, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica en contra), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón, José Luis Murillo Torres, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez (rúbrica en contra), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL CLIMA DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO DEBIDO A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo, relativo al clima de violencia en el estado de Tabasco debido a la delincuencia organizada y actividades de narcotráfico.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, condena las acciones de violencia en contra de funcionarios y elementos de las corporaciones policiales, del Ejército Mexicano y de particulares, por parte de miembros de la delincuencia organizada.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a continuar revisando y fortaleciendo las acciones para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en las entidades de la República, en coordinación con las autoridades estatales, en el marco de los Programas Regionales de Procuración de Justicia.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Procuraduría General de la República informe a ésta, en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la aprobación de los presentes, de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al punto anterior.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de dos mil siete.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica en contra), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso, Francisco Javier Santos Arreola, María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social les fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, presentada, en ejercicio de sus facultades constitucionales, por el diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión Gerardo Octavio Vargas Landeros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, presentar el dictamen de dicha iniciativa ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, bajo los siguientes antecedentes y posteriores consideraciones.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 6 de febrero del año 2007 por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social.

2. En la misma fecha y por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y a la de Seguridad Social.

3. Las Comisiones Unidas a las que la iniciativa que se dictamina fue turnada, recabaron la información necesaria, tomaron conocimiento de la opinión de las Dependencias de la Administración Pública Federal de fecha 25 de abril de 2007 y sostuvieron reuniones para el análisis que permitiera la elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

En su exposición de motivos, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros expresa que la seguridad social en nuestro país ha causado polémica en relación al sistema de pensiones y ahorro para el retiro contenidos en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre del año 1995, que entró en vigor el 1 de julio del año 1997, señalando que el sistema de pensiones se privatizó al pasar los recursos destinados a ser usados para el retiro de los trabajadores, a empresas privadas denominadas administradoras de fondos para el retiro (Afore), empresas que al cierre de junio de 2006, dice su autor, son en número de 17 y sus recursos alcanzan el valor de un billón noventa mil trescientos millones trescientos mil pesos, por los que cobran dos tipos de comisiones, sobre flujo y sobre saldo, y que existen depósitos de dinero inactivos de más de tres millones de trabajadores, que no cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cambiaron de sistema de seguridad social, porque trabajan en forma independiente o porque ingresaron a la población económicamente activa sin una relación formal de trabajo.

Menciona, siguiendo con la argumentación expresada en el párrafo anterior, que el cobro de comisiones a cuentas inactivas conlleva el riesgo de que con el transcurso del tiempo, cuando llegue el trabajador a la edad en la que podría retirar sus aportaciones, ya la cuenta individual tenga fondos insuficientes para la obtención de una pensión, o estos se hallan agotado, y el dinero en ellas depositado fue únicamente para beneficio de la Afore en la que hubiere tenido su cuenta individual.

La argumentación presentada en la exposición de motivos se centra en el hecho de que trabajadores que dejan de cotizar, sin tener la edad necesaria para recibir una pensión, no tienen la posibilidad de retirar el total del saldo de su cuenta, sino hasta que se cumplan los supuestos establecidos en la ley al cumplir la edad de sesenta o sesenta y cinco años.

Menciona igualmente que los recursos depositados en una Afore son propiedad del trabajador y que, en consecuencia, éste podría disponer de ellos cuando lo considere conveniente, conforme a sus necesidades, calificando de injusto e ilógico que una persona que deja de cotizar al IMSS por haber quedado desempleada, o por separarse de su trabajo con una relación formal amparada por un contrato laboral y dedicarse a un trabajo en forma independiente, no pueda disponer del monto total del dinero que acumuló en una cuenta administrada por una Afore bajo el argumento de que no cumple el requisito de la edad requerido por la ley.

Con fundamento en la argumentación que resumidamente se ha expresado, el promovente propone que se otorgue el derecho optativo al trabajador que se encuentre en los supuestos mencionados, además de los que en las fracciones I y II del artículo 191 de la Ley del Seguro Social se mencionan, y que se refieren a continuar haciendo aportaciones a su cuenta, en la fracción I, y al retiro parcial de una cantidad equivalente al 10 por ciento de los recursos de su cuenta individual, en la fracción II, se le otorgue el derecho a retirar la totalidad de lo acumulado en su cuenta individual, según convenga a sus intereses para –señala el autor de la iniciativa– salvaguardar los derechos sociales, preservar la garantía de libertad de decisión de las personas y dar certeza jurídica al trabajador desempleado que de manera independiente realiza actividades sin estar sujeto a una relación laboral.

Texto del proyecto de decreto

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 191. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá el derecho optativo de:

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

La nueva Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y en vigor a partir del 1 de julio de 1997, señala en el artículo 174 que para los efectos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es derecho de todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual, la que se integrará en los términos señalados en el artículo 159, fracción I, misma que establece que para efectos de la ley "cuenta individual es aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero patronales y estatal por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como sus rendimientos".

Ahora bien, los recursos de la cuenta individual, tienen un propósito específico señalado en la Ley del Seguro Social vigente, y se propone, en la iniciativa que se dictamina, agregar el derecho del trabajador dueño de ellos, a retirarlos en su totalidad en el caso específico de que deje de cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social y se dedique a trabajar de forma independiente, es decir, sin que exista una relación formal de trabajo.

El destino de los recursos de la cuenta individual de cada trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, es el siguiente:

Por lo que hace al seguro de riesgos de trabajo, en la fracción II del artículo 58, la Ley del Seguro Social establece que "al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, este recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades del trabajo, se calculará con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor.

Igualmente el incapacitado deberá contratar con una compañía privada un seguro de sobrevivencia para el caso de su fallecimiento, entregando una suma, proveniente de sus recursos depositados en la cuenta individual, para otorgar pensión de viudez, orfandad, o ascendientes, hasta el fallecimiento de la viuda, viudo, concubina o concubinario, llegar a la edad señalada para los hijos o hasta el fallecimiento de los ascendientes, según sea el caso, que tuvieren derecho".

En el resto de las pensiones a las que puede acceder el trabajador afiliado y sus beneficiarios derechohabientes, la Ley del Seguro Social establece:

En la pensión de invalidez, el artículo 120 señala que "la pensión y el seguro de sobrevivencia a que se refiere esta fracción, se contratarán por el asegurado con la institución de seguros que elija. Para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, el instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contratación. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del asegurado y la diferencia positiva será la suma asegurada que el instituto deberá entregar a la institución de seguros para la contratación de los seguros a que se refiere esta fracción. Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, podrá el asegurado optar por "a) retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta individual; b) contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor, o c) aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia".

En la pensión de cesantía en edad avanzada, el artículo 157 señala que "los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes: I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforma al índice Nacional de Precios al consumidor, y II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a éste, retiros programados. Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada".

En la pensión de vejez, el artículo 164 señala que "los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrán optar por alguna de las alternativas siguientes: I. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor, y II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste, retiros programados. Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y de conformidad con las disposiciones administrativas que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convertirse fuera inferior a la pensión garantizada".

Por lo que se refiere a la pensión garantizada, el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, establece que "pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal en el momento en que entre en vigora esta ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al índice nacional de precios al consumidor para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión"; y el artículo 171 establece que "el asegurado, cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión garantizada y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, en los porcentajes del capítulo V de este título, recibirá del Gobierno Federal una aportación complementaria suficiente para el pago de las pensiones correspondientes, mismas que se otorgarán en los siguientes términos:..."; por último, el artículo 172 establece que "el Gobierno Federal con recursos propios complementarios a los de la cuenta individual correspondiente, cubrirá la pensión garantizada por conducto del Instituto. El trabajador asegurado deberá solicitarla al Instituto y acreditar tener derecho a ella. Por su parte la administradora de fondos para el retiro está obligada a proporcionar la información que el propio Instituto le requiera para este efecto. Agotados los recursos de la cuenta individual, la administradora de fondos para el retiro notificará este hecho al instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión mínima garantizada. Una vez agotados los recursos de la pensión será cubierta directamente por el instituto, con los recursos que para tal efecto le debe proporcionar el gobierno federal".

Como la gran mayoría de los trabajadores afiliados al IMSS con un salario diario equivalente hasta cinco salarios mínimos generales del Distrito Federal sólo alcanzarán la pensión mínima garantizada, ya que sus recursos acumulados en la cuenta individual, provenientes de las cuotas obrero patronales, de las aportaciones del gobierno y de los productos financieros que generen, no completarán, de acuerdo con declaraciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para pagar a la compañía de seguros el pago de su pensión y el pago de la pensión de sobrevivencia, considerando que ésta última requerirá cuando menos del 35 por ciento del total de los recursos de esa cuenta individual, el que algunos de los asegurados se les entreguen en su totalidad esos recursos, para durante un tiempo de su vida laboral dedicarse a trabajar en forma independiente, para luego regresar a la afiliación al IMSS, seria inequitativo para aquellos que toda su vida laboral cotizan al IMSS, ya que al final, retirando o no parte de sus recursos recibirán la misma pensión garantizada, complementada con recursos fiscales aportados por el gobierno federal.

Conclusiones

Con fundamento en las consideraciones anteriores, esta comisión que dictamina concluye que no es procedente la reforma propuesta para que un trabajador que deja de ser afiliado al IMSS retire la totalidad de sus fondos de la cuenta individual establecida en una Afore, ya que éstos deben utilizarse precisamente para el fin que fueron creados dentro del sistema de cuentas individuales, por lo que se somete al pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero: Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, en la sesión celebrada por la Cámara de Diputados el día 6 de febrero del año 2007.

Segundo: Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de juntas de Comisiones Unidas, el 16 de mayo del año 2007.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizméndi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla, Adrián Pedrozo Castillo, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Jesús González Macías, Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Gustavo Ramírez Villareal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rogelio Muñoz Serna, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHAN INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TURISMO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes iniciativas:

Antecedentes

Primera. Las iniciativas con proyecto de decreto presentadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionaron anteriormente y publicadas por Gaceta Parlamentaria en las siguientes fechas:

Metodología adoptada por la Comisión de Turismo para dictaminar

Esta comisión dictaminadora, luego de apreciar la materia en común de las iniciativas señaladas en el proemio del presente dictamen, procede a atenderlas colectivamente, realizando el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en cada una de las mismas, a fin de valorar y deliberar su contenido

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas enlistadas en el proemio del presente dictamen, conforme a los razonamientos expuestos en la parte considerativa de las mismas turnadas a la Comisión de Turismo, durante la LIX Legislatura.

Segundo. Archívese los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

La Comisión de Turismo

Diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Merced Garmendia Hernández, Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), José Luis Varela Lagunas, Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Armando Enríquez Flores, Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez, Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, María Soledad López Torres (rúbrica), Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Asención Orihuela Bárcenas, Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra, Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y 84 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Honorable asamblea

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que adiciona el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y adiciona y reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Martha Laguette Lardizábal, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 11 de octubre de 2005.

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, en relación a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 57, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Contenido de la iniciativa

Consideraciones

3. Las comisiones dictaminadoras consideran importante señalar que la iniciativa objeto de este dictamen se basa en el contenido del artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el día 1 de abril de 2007, y que es similar al vigente artículo 41 de esa ley.

4. Por otra parte, las comisiones dictaminadoras están conscientes de que la atención de estos menores, por el momento, pueden quedar comprendidos dentro de los programas del Ejecutivo federal que buscan atender la salud de ellos, como el Sistema de Protección Social en Salud y el de atención a las nuevas generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del inciso g) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el 84 de la Ley del Seguro Social, turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Segundo. Descárguese de los asuntos pendientes y archívese como asunto totalmente concluido

Dado en el salón de sesiones de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a 19 de junio de 2007.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Alfredo Barba Hernández, Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Ana Yurixi Leyva Piñón, Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Ramón Félix Pacheco Llanes, Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López(rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Rolando Rivero Rivero, José Antonio Arévalo González (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica) , Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedroso Castillo (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Rogelio Muñoz Serna, Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Jesús González Macias (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 304 E A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 304 E a la Ley del Seguro Social.

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, en relación con lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 57, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 304 E a la Ley del Seguro Social

La iniciativa de referencia propone adicionar un artículo 304 E a la Ley del Seguro Social, con la finalidad de que los patrones, principalmente de micro, pequeñas y medianas empresas, puedan solicitar la condonación de las multas que les son aplicadas por la falta de pago o cumplimiento de sus obligaciones impuestas en la propia ley.

Manifiesta el promovente, en la exposición de motivos de la iniciativa de mérito, que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan un entorno, nacional e internacional, cada día más competitivo, donde los factores determinantes para la competitividad de cualquier actividad productiva o comercial son los costos fiscales, energéticos, regulatorios, financieros, laborales y de seguridad social.

Lo anterior, en conjunto con los altos costos de producción de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, limita –se sostiene en la exposición de motivos– la rentabilidad y viabilidad de cualquier negocio, por lo que estas empresas se ven en condiciones desfavorables, que se reflejan en sus respectivos estados de resultados, situación que provoca retrasos en el pago de sus aportaciones al Seguro Social, haciéndose acreedoras a multas que disminuyen su grado de inversión y estabilidad.

Ante tal situación, se propone condonar las multas correspondientes, aun cuando las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hayan determinado la omisión total o parcial del pago de cuotas obrero-patronales.

Con objeto de evitar abusos en esta medida se proponen, por medio de la iniciativa de mérito, el cumplimiento de tres condiciones para obtener el beneficio de la condonación, a saber:

Establecidos los antecedentes y el contenido del proyecto, los miembros de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que suscriben el presente ictamen exponen las siguientes:

Consideraciones

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 304 E a la Ley del Seguro Social, presentada el 7 de marzo de 2006 por el diputado a la LIX legislatura del honorable Congreso de la Unión, Manuel López Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Segundo. Descárguese de los asuntos pendientes y archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a los 19 días del mes de junio del año 2007.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Gustavo Ramírez Villareal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Alfredo Barba Hernández, Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizméndi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Patricio Flores Sandoval, Rogelio Muñoz Serna, Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Jesús González Macías (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL, Y UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Honorable asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que adiciona un párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y una fracción IV Bis al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Las comisiones unidas se abocaron a su estudio y análisis para su formulación de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes.

II. Contenido.

El 30 de marzo de 2006, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual establece nuevas reglas para el proceso de integración del presupuesto, derogando la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Entre los principales avances de la nueva ley de presupuesto se establece en su artículo 50 que los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales en materia de obras, adquisiciones, arrendamientos o servicios, así como la posibilidad de adelantar los procesos de compra del siguiente ejercicios fiscal con el objetivo de no retrasar el ejercicio de los recursos, como se desprende a continuación:

Por lo que hace a la propuesta de adicionar una fracción IV Bis al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de igual forma queda sin materia, en virtud de que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, regula de manera directa este tipo de contrataciones.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y una fracción IV Bis al artículo 41, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar, el 26 de abril 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 9 de octubre de 2007.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco, presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola Gordillo, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez, Liliana Carbajal Méndez, Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Enrique Iragorri Durán, José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, César Horacio Duarte Jáquez, Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), César Flores Maldonado (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Pablo Trejo Pérez, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Francisco Elizondo Garrido.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carvajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz, Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Manuel Portilla Dieguez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado independiente Isidro Camarillo Zavala presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con base en las facultades que confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 8 de diciembre de 2005, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para su estudio y dictamen.

El 21 de marzo de 2007, en sesión ordinaria los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron el presente dictamen.

El 10 de julio de 2007, en sesión ordinaria los diputados de la Comisión de la Función Pública aprobaron el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado independiente Isidro Camarillo Zavala propone agilizar y eficientar las medidas de enajenación de los bienes, así como proponer y promover que los municipios puedan ser directamente beneficiados en la asignación de los bienes en cuestión, tomando como premisa que a la sociedad en su conjunto ofende y daña la delincuencia organizada y que la asignación directa a obras sociales, educativas, de desarrollo sustentable y de beneficencia, entre otras, puede ser la mejor manera de restituir lo que ha sido extraído ilegalmente a los ciudadanos mexicanos.

Propone que los bienes donados o asignados, según corresponda, en favor de las dependencias y las entidades paraestatales de la administración pública federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, sean utilizados en los servicios públicos locales, con fines educativos, de desarrollo o asistencia social que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.

Señala que, por lo que hace a bienes provenientes de comercio exterior, sólo podrán donarse los perecederos de fácil descomposición o deterioro y flora. Refriere que en el caso de animales vivos y flora protegidos, se procederá en términos de la legislación federal aplicable.

Establece igualmente que, tratándose de bienes asegurados o decomisados y que sean productos perecederos, de fácil descomposición o deterioro, se realizará la donación directa.

Finalmente, señala que para la atención de las comunidades, en caso de desastres naturales o para la atención de zonas de alta marginalidad, el SAE podrá además donar otros bienes producto de decomisos, aseguramiento o dación, especialmente automóviles, camiones de trabajo, transporte, limpieza y ambulancias.

Consideraciones de las comisiones

Las que dictaminan estiman que no es procedente reformar el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en términos de la disposición vigente, que a la letra dice:

Con relación a la donación de bienes provenientes de comercio exterior, es de señalarse que la disposición vigente ya considera la donación de los bienes que se mencionan en la iniciativa.

De igual manera, y respecto de la flora y fauna protegidas a que se hace referencia en la iniciativa, es de mencionarse que la Ley del SAE, en el artículo 1o., sexto párrafo, señala que una vez que se transfieren los bienes al SAE por parte de las entidades transferentes, dicho ordenamiento resultará aplicable en materia de destrucción o enajenación, no obstante que el marco legal aplicable a las referidas entidades transferentes establezca requisitos o procedimientos en relación con dichos fines.

En adición a lo anterior, se considera que no es procedente reformar el artículo 34 de la Ley del SAE, en virtud de que la propuesta contenida en la iniciativa excluye como donatarios a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Al respecto, cabe señalar que modificar el citado precepto podría tener como consecuencia el desaprovechamiento de los bienes sujetos a donación, en virtud de que en ocasiones, por la naturaleza características de los bienes transferidos, no resultan de utilidad para los donatarios respecto a los cuales se pretenden limitar la donación o asignación de los citados bienes.

De igual forma, no es procedente modificar el artículo 34 de la Ley del SAE, en virtud de que al restringir en mayor medida los bienes provenientes del comercio exterior susceptibles de ser donados, también se limitan los bienes susceptibles de donación para la prevención o atención de desastres naturales y los destinados para la atención de zonas de alta marginalidad.

En otro orden de ideas, se considera que no es necesario adicionar un artículo 34 Bis 1 a la Ley del SAE, con relación al plazo en que se procederá a la donación de los bienes asegurados y decomisados. Lo anterior, en virtud de que la Ley del SAE, en el artículo 6o. señala que los bienes asegurados serán materia de administración por el SAE, mientras que respecto a los bienes decomisados, el SAE podrá proceder a su destrucción, de conformidad con el artículo 70 de la citada ley.

Asimismo, la iniciativa señala un plazo ambiguo para proceder a la donación de los bienes, al hacer únicamente referencia a que al momento de realizarse la donación éstos todavía sean objeto de consumo humano. Al respecto, el artículo 59, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público establece que cuando se trate de bienes perecederos o de fácil descomposición, el Comité de Donaciones podrá determinar que la autorización correspondiente se emita, conforme a la normatividad aplicable, por los funcionarios del SAE que al efecto se designen.

En mérito de lo anterior, es de estimarse que los aspectos que la iniciativa pretende incorporar a la Ley del SAE ya se encuentran previstos en el artículo 34 del citado ordenamiento y en el reglamento, por lo que no resulta procedente modificar la disposición en cuestión.

De igual manera, se considera que no es procedente adicionar el artículo 34 Bis 2 a la Ley del SAE con relación a la donación de bienes producto de decomisos, aseguramiento o dación para la atención de comunidades en caso de desastres naturales o con relación a zonas de alta marginalidad, en virtud de que el artículo 34, en el segundo párrafo prevé que cualquier tipo de bien transferido se destine a atender las circunstancias antes señaladas, por lo que al encontrarse previstos en el citado artículo los aspectos que la iniciativa pretende incorporar a la Ley del SAE, no resulta procedente adicionar un artículo 34 Bis 2 a la Ley del SAE.

Conforme al análisis de la iniciativa, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Publica consideran que no es de aprobarse la iniciativa en cuestión, por lo se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, presentada por el diputado independiente Isidro Camarillo Zavala y turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública el 8 de diciembre de 2005.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 10 de julio de 2007.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván, Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Javier Guerrero García, René Lezama Aradillas (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero, Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Ramón Valdez Chávez (rúbrica).

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero, Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 135 Y 144 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

En sesión celebrada el 12 de abril de 2007, fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud presentada por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 3, 43, 44 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de esta Comisión.

En el capítulo correspondiente a "Contenido de la iniciativa", se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de "Consideraciones", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en el análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 12 de abril de 2007, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos el diputado promovente ubica a la prevención de enfermedades mediante la vacunación como parte del derecho a la salud.

Ubica los avances en salud pública a nivel nacional e internacional, a través de la vacunación. De forma concomitante expone los peligros de la bacteria streptococcus pneumoniae o neumococo, mismos que pueden ser la meningitis, infección de la sangre, neumonía y otitis media; enfermedades de rápida extensión y con alta vulnerabilidad en la población infantil. Siendo un factor de riesgo, la facilidad con que el cuadro clínico puede confundirse inicialmente con padecimientos menos graves como el resfriado.

Existentes y aprobadas las vacunas para combatir al neumococo, el promovente concluye en la necesidad de impulsar la prevención de las enfermedades mencionadas y lo plantea mediante modificaciones a la legislación. Por lo que propone reformar los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud, para enfatizar la obligatoriedad de la autoridad sanitaria en materia de vacunación en menores de edad e incluir al neumococo entre las vacunas obligatorias.

III. Consideraciones

La Ley General de Salud, que es la encargada de normar el derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto constitucional, establece dentro de sus Disposiciones Generales en el artículo 2

Esta obligatoriedad que la ley en comento, da a la autoridad sanitaria para la prevención es aún más específica en el artículo tercero, que señala:

Sobre las reformas al artículo 144, podemos decir que si bien, la bacteria streptococcus pneumoniae, no se encuentra citada en este artículo a reformar, si lo está en el previo y vigente 134, que señala

Por lo que la reforma planteada al artículo 144, consideramos, no resulta necesaria, toda vez que, de manera sistemática, dicho artículo y el capítulo que le incluye, suceden a las disposiciones generales a razón de no reiterar en cada apartado los principios fundamentales de la reglamentación por el derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud presentada por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 12 de abril de 2007.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorga los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:

Metodología

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En sesión celebrada por la Comisión Permanente con fecha 30 de mayo de 2007, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a nombre de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Con la misma fecha la Mesa Directiva, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En sus exposición de motivos, la diputada promovente manifiesta que el primer objetivo de la iniciativa es crear el registro público de incidencias médicas, en el cual los usuarios podrán identificar referencias objetivas, tanto cuantitativas como cualitativas sobre los médicos.

Así mismo, busca dotar de mayores facultades a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, estableciendo dichas facultades en el texto de la Ley, para lo cual propone adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

III. Consideraciones

En primer término la iniciativa en estudio pretende adicionar una fracción I Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud; para incluir como materia de salubridad general el combate de la negligencia médica. Lo anterior, resulta evidentemente innecesario, toda vez que el texto vigente del artículo 3 establece en sus fracciones I y III como materias de salubridad general, la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta ley; es decir, servicios públicos a la población en general; servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.

Del mismo modo, y como lo mencionamos, la fracción III del citado artículo establece como materia de salubridad general la coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, fracción II; que se refiere a los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios.

De lo anterior se infiere necesariamente que la vigilancia y supervisión de la calidad de los servicios de salud ya es una materia de salubridad general, por lo que la propuesta resulta innecesaria. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la iniciativa incurre en vaguedad ya que no define lo que, en su caso, se deberá entender por negligencia.

Por lo que se refiere a la adición de una fracción V al artículo 4, resulta a todas luces inconveniente incluir como autoridad sanitaria a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuya naturaleza jurídica es, como su nombre lo indica, meramente contenciosa; aunado a lo cual se encuentra el hecho de que fue creada como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos.

Las autoridades sanitarias son eminentemente ejecutivas ya que tienen la responsabilidad de conducir las políticas de salud, tanto de la federación, como de cada entidad federativa; por lo cual resulta imprudente nombrar a un organismo cuya misión es principalmente la solución de controversias, como autoridad sanitaria, dotándola así de todas las facultades que, por citar un ejemplo, tiene una Secretaría de Salud estatal.

Por lo que respecta a la adición de un artículo 82 Bis es importante señalar que tanto ésta propuesta como la del artículo 82 Ter, pretenden insertarse en el capítulo I, Profesionales, Técnicos y Auxiliares del Titulo Cuarto, Recursos Humanos para los Servicios de Salud mismo que ya establece las disposiciones relativas al ejercicio profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud.

Consideramos imprudente y riesgosa la creación del registro que se pretende crear por el artículo 82 Bis propuesto, sobre todo en lo referente a la fracción III del mismo, lo anterior debido a que resulta violatorio de garantías constitucionales, ya que la inclusión de un listado de quejas en la Conamed, sin necesidad de que las mismas hayan constituido una negligencia, originaría un daño a los profesionales e instituciones de salud señaladas en el mismo.

Aunado a lo anterior, es menester hacer mención de lo que establece el artículo 81 de la Ley vigente que a la letra dice: "Las autoridades educativas registrarán los certificados de especialización en materia de salud que expidan las instituciones de enseñanza superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente.

Para el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, las autoridades educativas competentes solicitaran la opinión de la Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas."

De lo anterior se infiere que ya existe un registro de los especialistas certificados en las diferentes disciplinas de la salud, mismo que se encuentra publicado por la propia Conamed y que como lo señala el artículo citado para obtener el registro de certificación se requiere la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, por lo cual el público ya cuenta con facultad de consultar si su médico tratante se encuentra registrado como especialista, lo que hace innecesaria la propuesta.

En relación con la propuesta de adición de un articulo 82 Ter que refiere que cualquier interesado podrá obtener "copia certificada" de los datos contenidos en el llamado registro de incidencias médicas, resulta inadecuado, por las razones de violación de garantías anteriormente señaladas.

La promovente propone asimismo adicionar un Capítulo I Bis al Título Décimo Octavo de la Ley referente a las facultades de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, lo cual nos parece innecesario ya que pretende dotar al organismo de una naturaleza jurídica ajena a la de su creación, la cual es meramente conciliatoria, convirtiéndola en una especie de procuraduría de justicia médica, lo cual únicamente conduciría a una enorme merma en los recursos humanos para la salud, así como un temor generalizado en la atención del paciente, lo que mermaría a su vez la calidad de la atención.

Es necesario señalar, que a pesar de que el propósito de la iniciativa es proteger al usuario de los servicios de salud, su iniciativa es ineficaz, ya que la evaluación de las acciones que se toman respecto a la atención de un paciente difieren de acuerdo a cada persona, es decir, que no se puede establecer un estándar de acciones, ya que cada persona implica una problemática individual distinta y conforme a ésta se toman las decisiones terapéuticas.

Así mismo, la iniciativa incurre en violación de garantías e invasión de competencias al pretender que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico haga publicidad negativa para profesionales e instituciones de salud.

Coincidimos con las inquietudes de la promovente en cuanto a la calidad de la atención, para lo cual el gobierno federal ha establecido los programas respectivos, sin embargo la aprobación de la iniciativa, conllevaría un efecto contraproducente en el Sistema de Salud.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

Acuerdo.

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 30 de mayo de 2007.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

En sesión celebrada el 26 de abril de 2007, fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 3, 43, 44 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de esta Comisión.

En el capítulo correspondiente a "Contenido de la iniciativa", se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de "Consideraciones", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en el análisis.

I. Antecedentes

El 28 de abril de 2005, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61 y 65 de la Ley General de Salud, con el propósito de vigilar los alimentos que se proporcionan en las escuelas y la sana alimentación de los menores en las mismas dentro de sus tiempos de esparcimiento.

Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud de la LIX Legislatura para su estudio y posterior dictamen.

El 8 de diciembre de 2005 fue presentado ante el pleno de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente, mismo que fue aprobado.

El 13 de diciembre de 2005, la Presidencia de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión recibió la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud.

En esa misma fecha la minuta en comento fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

El 26 de abril de 2007, fue presentado ante el pleno de la Cámara de Senadores el dictamen en contra de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos respecto a la minuta en comento, mismo que fue aprobado.

El 3 de septiembre de 2007 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores devolvió a ésta soberanía el expediente completo de la minuta en comento y con esa misma fecha fue turnado para su estudio y posterior dictamen a ésta Comisión de Salud.

II. Contenido

La minuta devuelta por la H. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, considera no ha lugar la inclusión de una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud, respecto a que las autoridades sanitarias, educativas y laborales fomenten la vigilancia sobre los alimentos que se les proporcionan a los menores de la edad, así como la emisión de las normas oficiales requeridas para tal efecto.

Las dictaminadoras unidas del Senado, consideraron no necesaria dicha adición, toda vez que encuentran previstas dichas acciones en la Ley General de Salud.

III. Consideraciones

A. Como se señala en el expediente, la vulnerabilidad de los niños frente a los problemas de nutrición dio origen a la hoy minuta, a fin de generar en los centros educativos una cultura de sana alimentación y de ofrecer a los menores de edad instrucciones adecuadas respecto a su alimentación.

B. La colegisladora tuvo a bien desechar la minuta enviada, toda vez que consideran que dichas acciones se encuentran suficientemente previstas en la Ley General de Salud, Título Séptimo, Promoción de la Salud; Capítulo II Educación para la Salud, artículos 112 fracciones I y III, 113; y capítulo III Nutrición, artículos 114 y 115.

Aunque el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado tiene el enfoque reiterado de capacitación, es claro, en la invocación a la Ley General de Salud, que el sentido original de la iniciativa y el primer dictamen, están plenamente comprendidos.

El artículo 115 en especial, habla de la instrumentación de un sistema de permanente vigilancia en materia de nutrición, por lo que esta dictaminadora considera, que el motivo original de una participación activa por parte de las autoridades sanitarias, está plenamente contemplado.

D. Conviene señalar, que la vulnerabilidad de los menores fue otro elemento detonador de la minuta enviada originalmente al Senado. Al respecto, el artículo 6 de la ley en comento, en su fracción IV contempla el desarrollo y el crecimiento físico de los menores como un objetivo específico del sistema nacional de salud; por lo que el desarrollo subsecuente de la ley, se entiende enmarcado en este supuesto de vulnerabilidad.

E. Al tratarse de un problema mas específico, la autoridad sanitaria no ha sido omisa y como lo señala la minuta devuelta, en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, se encuentra previsto que el personal de salud debe apoyar a la comunidad escolar al detectar factores de riesgo como la venta de alimentos que se haga en las escuelas y los alrededores.

Adicionalmente, esta dictaminadora considera que al tratarse de un problema general, como es la nutrición, con sus afecciones de obesidad y desnutrición, este ha sido visto en la ley desde una perspectiva amplia, por lo que incluir la acción de la autoridad sanitaria en un espacio específico, en un momento específico, contravendría la naturaleza general, abstracta y permanente de la multicitada ley.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud, con fundamento en lo que establece el inciso d del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud, devuelta por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a esta soberanía el 3 de septiembre de 2007.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados fue turnada la minuta que contiene Punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

En sesión celebrada el 8 de febrero de 2005, la diputada Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley General de Salud. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión celebrada el 8 de diciembre de 2005, la Comisión de Salud, presentó ante el Pleno de la colegisladora, el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, mismo que fue aprobado con 333 votos a favor y turnado a la H. Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2005, se recibió de la H. Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud. Misma fecha en la que la Mesa Directiva del Senado de la República turnó, la citada minuta a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En sesión celebrada por la Cámara de Senadores, con fecha 4 de abril de 2006, la minuta objeto del presente dictamen fue rechazada y devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados con fecha 6 de abril de 2006, se recibió el expediente que contiene la minuta en comento, misma que fue turnada para su estudio y posterior dictamen a la Comisión de Salud de la LIX legislatura.

II. Contenido

La minuta aprobada por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura pretendía reformar el artículo 31 de la Ley General de Salud con la finalidad de establecer que el aumento de los precios de los medicamentos del cuadro básico no podrá exceder del aumento anual promedio de los salarios mínimos. Así mismo buscaba cambiar la nomenclatura empleada en el texto vigente de la Ley, adecuando el texto actual que hace referencia a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por el de Secretaría de Economía.

La colegisladora, sin embargo consideró que la propuesta no era viable, por lo que decidió desechar la minuta, misma que fue devuelta a la Cámara de diputados para los efectos constitucionales.

III. Consideraciones

Como señala la colegisladora en su dictamen la propuesta de cambiar el nombre de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por el de Secretaría de Economía, resulta innecesario ya que la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo Quinto Transitorio que "cuando en esta Ley se dé una denominación nueva o distinta a alguna dependencia cuyas funciones estén establecidas por ley anterior, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que determine esta Ley y demás disposiciones relativas".

Por otra parte, coincidimos con la colegisladora en su análisis ya que la redacción vigente del artículo 31 de la Ley General de Salud establece la obligación de la Secretaría de Economía para fijar los precios máximos de venta al público de los medicamentos, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud; lo que guarda la necesaria correspondencia con lo dispuesto en la fracción I del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual faculta a la Secretaría de Economía para formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal; en tal sentido el artículo 31 citado, es preciso al definir las facultades de una y otra Secretarías.

Por otra parte, coincidimos con la colegisladora cuando señala que la minuta omite la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de precios de medicamentos e insumos para la salud producidos por el sector público, situación que elimina la correlación de la Ley General de Salud con lo establecido en la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; que a la letra dice:

Por lo anteriormente expuesto y para efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud de la LX Legislatura, pone a consideración de la Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto devuelta por el Senado el 6 de abril de 2006, que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján.