Diputada Silvia Oliva Fragoso
Presidenta de la Comisión Especial para la
Reforma del Estado
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la minuta que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada el 25 de abril de 2007:
Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con opinión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y Especial para la Reforma del Estado.
México, DF, a 17 de mayo de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Andrés Bermúdez Viramontes
Presidente de la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la minuta que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada el 25 de abril de 2007:
Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con opinión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y Especial para la Reforma del Estado.
México, DF, a 17 de mayo de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la minuta que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada el 25 de abril de 2007:
Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con opinión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y Especial para la Reforma del Estado.
México, DF, a 17 de mayo de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Diódoro Carrasco Altamirano
Presidente de la Comisión de Gobernación
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la minuta que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada el 25 de abril de 2007:
Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con opinión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y Especial para la Reforma del Estado.
México, DF, a 17 de mayo de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la minuta que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada el 25 de abril de 2007:
Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con opinión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y Especial para la Reforma del Estado.
México, DF, a 17 de mayo de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Obdulio Ávila Mayo
Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 11 de abril de 2006:
Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
México, DF, a 17 de mayo de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura
Presidente de la Comisión de Desarrollo Social
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 11 de abril de 2006:
Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
México, DF, a 17 de mayo de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Rubén Aguilar Jiménez
Presidente de la Comisión de Transportes
Edificio
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina".
México, DF, a 26 de abril de 2007.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado José Manuel del Río Virgen
Presidente de la Comisión de Marina
Edificio
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina".
México, DF, a 26 de abril de 2007.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Rubén Aguilar Jiménez
Presidente de la Comisión de Transportes
Edificio
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy presentó iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos, y suscrita por el diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina".
México, DF, a 26 de abril de 2007.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado José Manuel del Río Virgen
Presidente de la Comisión de Marina
Edificio
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy presentó iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos, y suscrita por el diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina".
México, DF, a 26 de abril de 2007.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Antonio Ortega Martínez
Presidente de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación
Edificio
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Pablo Trejo Pérez, presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 29, 34, 46 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación".
México, DF, a 26 de abril de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
Secretario
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Edificio
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Pablo Trejo Pérez, presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 29, 34, 46 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación".
México, DF, a 26 de abril de 2007.
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
Secretario
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Con base en el acuerdo número 175, aprobado por el Pleno de diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en sesión ordinaria de esta misma fecha y, además, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución General de la República y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto nos permitimos remitir a usted la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 30, 52 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 24 de abril de 2007.
La Honorable LVIII Legislatura del Estado
Diputada Guadalupe Hernández Magallanes (rúbrica)
Secretaria
Diputada Lidia Vázquez Luján (rúbrica)
Secretaria
Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
Presentes
La honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en uso de la facultad de Iniciativa que consagra la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esa honorable legislatura federal la siguiente
Iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 30, 52 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Con fecha 28 de marzo del año en curso se dio a conocer ante el Pleno de esta legislatura la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 30, 52 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Manuel de Jesús de la Cruz Ramírez, integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura del estado.
Exposición de Motivos
México es un país de emigrantes, el monto de población nacida en nuestro país que es inmigrante en Estados Unidos asciende a 10.3 millones, según el Consejo Nacional de Población; esta cifra coincide con la reportada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, dato al cual se suman cada año cerca de 400 mil personas.
Ha sido tanta la influencia de la emigración de mexicanos que sus remesas inciden de manera muy significativa en la economía nacional; en 2006 el Banco de México reportó envíos por 23 mil 54 millones de dólares, colocándolos como la segunda fuente de divisas más importante para México después de las exportaciones petroleras, que reportaron ventas por alrededor de los 35 mil millones de dólares.
Sin embargo, esta enorme cifra de remesas en su mayoría es destinada al consumo familiar, desaprovechando la oportunidad de canalizar recursos a la inversión productiva.
La emigración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos es un fenómeno lamentable, no sólo por los abusos que padecen nuestros conciudadanos en aquél país, sino también porque perdemos nuestro capital más valioso: nuestra gente.
Durante el gobierno de Vicente Fox salieron de nuestro país 3 millones de mexicanos, ubicándonos en el vergonzoso primer lugar mundial como la nación que más habitantes expulsa hacia el extranjero, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas.
Por otro lado, la falta de sensibilidad y reconocimiento de los derechos laborales y civiles de los migrantes mexicanos en Estados Unidos ha continuado generando una serie de problemas discriminatorios en su contra, como las medidas que ya comienzan a tomar algunos estados de la Unión Americana, como Georgia, que aprobó una ley para no proporcionar servicios de seguridad, educación ni médicos, entre otros, a los ilegales que se encuentren en ese estado; o las imputaciones infundadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos contra los patrones que contratan a inmigrantes, acusándolos de criminales.
Lo anterior es sólo el principio de una feroz persecución contra inmigrantes mexicanos, que hoy más que nunca necesitan el apoyo de su gobierno para que, en la medida de sus facultades, respalde la lucha de nuestros connacionales, a fin de que logren consolidar sus derechos civiles y laborales.
Lamentablemente las anteriores circunstancias son efectos de un problema social verdaderamente serio, originado, entre otros factores, por el rezago económico de nuestro país; por ello, es urgente legislar en materia migratoria, teniendo como base el desarrollo regional y local de las comunidades más marginadas del país con propuestas de proyectos productivos, de organización y capacitación comunitaria; proponer e impulsar una política migratoria, no solo con acuerdos, sino con una política económica que aborde las causas estructurales de la emigración, generando educación de calidad y empleos para nuestros jóvenes dentro de su propio territorio.
Los migrantes mexicanos organizados en Estados Unidos han colaborado con y para México, participando en programas como el 3x1, que impulsa la inversión en infraestructura social, proyectos productivos y educación, a fin de mitigar la emigración ilegal; los migrantes organizados se han ganado a pulso el reconocimiento nacional. Un servidor ha dado a conocer la presente iniciativa en distintas reuniones con migrantes y ellos la han avalado decididamente.
El país tiene una enorme deuda social con los migrantes, sus familias y comunidades, ya que en términos de programas, proyectos y recursos gubernamentales hay muy poco que no corresponde al enorme esfuerzo que ellos han estado haciendo para México en los últimos cincuenta años.
La transnacionalidad del país, 10 por ciento de su población en Estados Unidos y cerca de 30 millones de personas de origen mexicano reclaman nuevas políticas públicas hacia las causas que provocan la emigración en las regiones de mayor marginación.
Hoy urge una política nacional sobre desarrollo y migración, integral, coherente y de largo plazo que capitalice los aspectos positivos de este lamentable fenómeno y las remesas, para que a mediano plazo esta actividad social sea una opción más de trabajo y no una necesidad para millones de mexicanos que aspiran a una vida mejor; urge colocar el desarrollo económico integral de México como prioridad y a los migrantes como aliados estratégicos para ese fin. Necesitamos políticas económicas y sociales nacionales integrales y coherentes para el bienestar de todos los estados del país; evaluar la subutilización de los programas binacionales de salud y educación para mejorarlos y aprovecharlos al máximo; que los congresos estatales sistemáticamente reciban, procesen y respalden las diferentes iniciativas de los migrantes, en términos de proyectos productivos y programas sociales, educativos, de salud, culturales, de género, etcétera, asegurando una respuesta profesional y los recursos humanos y financieros para su cumplimiento.
Los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen quiénes son ciudadanos y cuáles sus derechos y prerrogativas, con ello implícitamente se acepta la posibilidad de la binacionalidad; esto es una realidad social; por tanto, se deben reconocer los derechos plenos de los migrantes en la vida política del país.
Por todo lo anterior es necesario brindar una representación de los migrantes en el Congreso federal para legislar a fin de mejorar su noble labor a favor de México; garantizar la existencia duradera de los programas en que participan; canalizar más remesas a proyectos productivos; brindar mejores condiciones de vida a las familias que se quedan en nuestro país y fortalecer la organización social de los migrantes, con el objetivo de garantizar la permanencia de los beneficios, promoviendo también política educativa y cultural hacia los mexicanos de segunda y tercera generación en Estados Unidos para instituir a los jóvenes hijos de migrantes como relevo generacional de las actuales organizaciones.
La iniciativa con proyecto de decreto propone las siguientes reformas y adiciones:
Artículo Único. Se adicionan un párrafo al artículo 30 y otro al artículo 52, y se reforma la fracción tercera del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A. …
Para el ejercicio de los derechos y prerrogativas en materia electoral se entenderá que los mexicanos tienen residencia binacional y simultánea en el extranjero y en territorio nacional cuando, sin perjuicio de que tengan residencia en otro país, acrediten que por lo menos seis meses antes del día de la elección, poseen:
• Domicilio propio, no convencional, en territorio
del país;
• Registro federal de contribuyentes;
• Clave única de registro de población;
y
• Credencial para votar con fotografía.
De éstos últimos, diez deberán tener al momento de la elección la calidad de migrantes o binacionales, dos por cada circunscripción electoral en el país, en los términos que establezca la ley.
Artículo 55. Para ser diputado se deben cumplir los siguientes requisitos:
III. Se originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva, incluyendo la residencia binacional y simultánea de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva, incluyendo la residencia binacional y simultánea de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.
...
IV. a VII. …
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 24 de abril de 2007.
Honorable LVIII Legislatura del estado.
Diputada Raquel Zapata Fraire (rúbrica)
Presidenta
Diputada Guadalupe Hernández Magallanes (rúbrica)
Secretaria
Diputada Lidia Vázquez Luján (rúbrica)
Secretaria
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
98 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALMA
HILDA MEDINA MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2007
La suscrita, Alma Hilda Medina Macías, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La cultura física y el deporte constituyen un factor de equilibrio en el desarrollo individual y colectivo del ser humano; sus vinculaciones directas con la integración familiar y la convivencia comunitaria le confieren un papel importante entre los satisfactores requeridos por grupos de población de diferentes edades y estratos sociales para mejorar su calidad de vida.
En el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, ya se reconocía que nuestra sociedad no solamente no tiene cultura física, sino que el 80 por ciento de los niños y jóvenes mexicanos no realizan actividades físicas suficientes para alcanzar niveles mínimos de desarrollo físico.
Asimismo, un factor preocupante es el relacionado a que los hábitos de actividad física y deporte de los mexicanos se reducen a cuando mucho una hora, un día a la semana en promedio. Los hábitos de nutrición no favorecen la realización del ejercicio intenso o de la práctica del deporte competitivo, lo que trae como consecuencia problemas de obesidad, mala alimentación, diabetes y otros problemas de salud.
Por otro lado, no podemos soslayar que la mayoría de las escuelas del país, especialmente las públicas, carece de instalaciones adecuadas para practicar el deporte y sólo el 30 por ciento tiene profesores especializados en disciplinas deportivas. Debido a la importancia del deporte, es necesario fomentar este tipo de actividades entre los jóvenes pero además se debe contar con los espacios físicos adecuados para desarrollarlas, y los recursos humanos idóneos para que los educandos reciban una capacitación sobresaliente y potencien sus capacidades en las diferentes disciplinas deportivas.
Aunado a lo anterior las asociaciones deportivas nacionales en su mayoría no cuentan con la organización ni profesionalización suficiente para su adecuada operación y promoción de sus deportes. Ni tampoco cuentan con el apoyo organizativo, financiero y de instalaciones, para obtener el nivel de organización y autogeneración de recursos que requieren.
En este sentido, no olvidemos que el deporte es una actividad que permite a la población cubrir sus necesidades de recreación y esparcimiento. La creación de programas e institutos federales y estatales ha buscado inducir un mayor desarrollo de esta actividad. Las entidades federativas y los municipios participan desde hace algunos años, de manera más directa, en la conducción de las actividades deportivas y recreativas de su demarcación. Son los responsables de la construcción, el equipamiento y la conservación de la infraestructura; así como de la formación, la capacitación y el apoyo a talentos deportivos, y del fomento al deporte popular a través de promotores voluntarios y la organización de actividades locales.
Ejemplo de ello y como una medida estratégica para el desarrollo del deporte de alto rendimiento del país, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) conjuntamente con los institutos estatales del deporte desarrollaron como primera etapa centros estatales de alto rendimiento con capacidad para atender de una a cuatro disciplinas deportivas y centros regionales de alto rendimiento con capacidad para atender a cinco o más disciplinas deportivas dando prioridad a aquellos deportes en los que se destacan los deportistas del estado o región.
Mediante estos centros se pretende captar y proporcionar una mejor atención técnica a los deportistas destacados de la localidad o región llevándolos desde los niveles de iniciación deportiva hasta un nivel previo al de seleccionado nacional juvenil o seleccionado nacional de categoría mayor.
Una vez seleccionados podrán concentrarse en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar) con el objeto de dar seguimiento a su proceso de preparación atendiendo al principio técnico metodológico que establece que donde hay mayor densidad competitiva se generan mejores posibilidades de desarrollo deportivo.
Un aspecto a resaltar en relación a dicho centro es que operará los 365 días del año en horario completo, proporcionando servicios de uso de instalaciones deportivas de vanguardia, servicio de hospedaje y alimentación; formación educativa, primaria, secundaria y preparatoria; apoyo técnico especializado, entrenadores nacionales y extranjeros; apoyo médico especializado, médicos del deporte, psicólogos, nutriólogos; formación de nueva generación de deportistas y apoyo a la formación de nuevos entrenadores.
Es justo reconocer que este programa de Centros de Alto Rendimiento tiene una significativa importancia para la consolidación del deporte en el país, descentralizando los apoyos y proporcionando a los deportistas, espacios alternativos para su preparación en el interior de la república. Sin embargo, es importante que aunado a los programas y acciones públicos que impulsan el desarrollo de la cultura física y el deporte, existan mecanismos fiscales encaminados a incentivar la participación de la sociedad civil y privada a favor del deporte, principalmente el fomento del deporte y la cultura física entre la niñez y la juventud.
Por ello, el reto es lograr una estrategia integral en la que participen los tres niveles de gobierno, las organizaciones sociales y privadas de la cultura física y el deporte, y en la cual se incluya a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, la Confederación Deportiva Mexicana, al Comité Olímpico Mexicano y a las Federaciones Deportivas Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales que las conforman, es decir, es necesaria la participación de todos los miembros del Sistema Nacional del Deporte para lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la actividad física, la recreación y el deporte.
Lo anterior implica integrar, coordinar y fortalecer las acciones que realizan las entidades deportivas así como los sectores público, social y privado del país. Se necesita culminar por completo la consolidación de un modelo nacional de desarrollo deportivo, fomentando de manera propositiva y democrática esquemas de participación masiva y organizada.
Si bien es cierto que el país tiene restricciones presupuestales, es en los niños y jóvenes en quienes se debe invertir para tener una juventud con mente y cuerpo sano, y porque la práctica de un deporte los aleja de las adicciones tan presentes hoy en día en la vida de los jóvenes. De ahí la importancia de impulsar las actividades de las asociaciones civiles que tienen como objetivo fundamental el apoyo y desarrollo del deporte, y fomentar el interés de los padres de familia porque sus hijos practiquen alguna disciplina deportiva. En este sentido, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece en su artículo 29 como una de las atribuciones de la Conade la de promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte.
Este proyecto busca coadyuvar con esta disposición proponiendo más estímulos para las acciones de apoyo y fomento del deporte. Pretende que las asociaciones o sociedades civiles, que se constituyan con el propósito de otorgar becas estén en posibilidades de obtener autorización para recibir donativos deducibles, siempre que dichas becas se otorguen para el desarrollo de talentos deportivos de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a los estudiantes de instituciones de enseñanza de educación públicas o particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.
Además, la propuesta va encaminada a fortalecer los programas públicos de desarrollo de talentos y alto rendimiento. Asimismo, con el afán de no crear distorsiones económicas la modificación propuesta busca delimitar de manera correcta el tipo de becas que deberán otorgar las asociaciones o sociedades civiles, para que puedan obtener autorización para deducir los donativos recibidos. Es así que dichas becas tendrán que ser para el desarrollo de talentos deportivos de estudiantes de instituciones de enseñanza de educación públicas o particulares, que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Aunado a lo anterior se establece la instancia competente, de acuerdo a la ley en la materia, encargada de definir los criterios para la entrega de becas dirigidas a desarrollar el talento deportivo de los estudiantes.
Compañeras y compañeros legisladores, es necesario que existan más estímulos para el apoyo y fomento del deporte, mayor eficacia de los programas públicos, y más y mejores instalaciones y entrenadores. Estos factores son importantes para detonar una participación social más amplia y activa en la práctica del deporte, y por ende, mejores deportistas y ciudadanos con menos problemas de salud. En Acción Nacional estamos convencidos de estas necesidades y demandas, por ello, los exhortamos a que se sumen a esta propuesta con el fin de incentivar el desarrollo educativo y las habilidades físicas de las niñas, niños y jóvenes con aptitudes para ser talentos deportivos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción I del artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo Único. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 98. Las asociaciones o sociedades civiles, que se constituyan con el propósito de otorgar becas podrán obtener autorización para recibir donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación o, cuando se trate de instituciones del extranjero que estén reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o para,
b) Desarrollar talentos deportivos de estudiantes que provengan de instituciones de educación pública o de las que refiere el párrafo anterior, de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
II. a III. …
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte emitirá los criterios mencionados en el artículo 98, fracción I inciso b) de este decreto, a más tardar a los 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del mismo.
Salón de plenos de la Comisión Permanente, a 23 de mayo de 2007.
Diputada Alma Hilda Medina Macías (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LAS LEYES REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
EN EL RAMO DEL PETRÓLEO, Y GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE DUCTOS, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS, EN NOMBRE PROPIO
Y DEL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
23 DE MAYO DE 2007
Jesús González Macías y Javier Orozco Gómez, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 1o., 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, 71, fracción II, 72, 73, fracciones X, XVI y XXX, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 63, 64, 94, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitan que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos a la vida y de protección de la salud de las personas, así como el de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Como se ha apuntado en otras ocasiones, esos derechos no se contraponen con la garantía de trabajo o libertad de comercio sino que se complementan entre sí.
El Estado debe procurar una convergencia entre las políticas de los rendimientos económicos, y de protección de las garantías individuales.
Uno de los problemas para lograr esa convergencia se relaciona con los impactos ambientales que genera la actividad petrolera, en particular los ocasionados por explosiones o fugas de combustibles.
Si bien la actividad petrolera contribuye al desarrollo de México, los beneficios que genera comúnmente vienen acompañados de serios problemas de contaminación del agua, el aire y el suelo.
A continuación se cita brevemente lo manifestado en marzo de este año en la Cámara baja:
... Sin embargo, según señala el documento legal, a finales de octubre de 2006, es decir, 4 meses después de ocurrida la contingencia, Pemex Refinación no ha cumplido lo convenido, situación que se ha agravado en virtud de las precipitaciones pluviales ocurridas durante octubre.
Eso ha generado escurrimientos de residuos del hidrocarburo derramado hacia los afluentes naturales del estero La Tuna, lo que pone en riesgo la región norte del municipio (alrededor de 12 mil habitantes).
Lo anterior quedó confirmado con el resultado del análisis de agua del estero que realizó el laboratorio Index-Lab el 17 de octubre de 2006 (a cargo de la QFB Martha Izaguirre Villanueva, con acreditamiento EMA número AG-143-022/04), a solicitud de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, Tamaulipas.
El laboratorio reportó el 19 del mismo mes y año que se encontraban manchas de hidrocarburo aguas arriba del estero mencionado y que la concentración del hidrocarburo era de 32 miligramos por litro.
Aunado a lo anterior, se presentaron pruebas que avalan lo mencionado, como los informes de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa-Altamira), y 88 fotografías tomadas de los sitios que resultaron afectados por las precipitaciones pluviales...
De esa forma, la presente iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Con relación a la primera de las leyes mencionadas, se propone que en la construcción o instalación de ductos para el transporte o la distribución de cualquier carburo de hidrógeno deberán cumplirse las condiciones que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Esto es, mediante la evaluación de impacto ambiental la Semarnat establecerá las condicionantes que deberán cumplirse en la construcción o instalación de los ductos ya mencionados.
Si no se cumpliera la totalidad de las condiciones establecidas por la Semarnat, en ningún caso podría entrar en operaciones el ducto correspondiente. Con esto se garantiza que la operación del ducto se realizará en las mejores condiciones para proteger el ambiente lo que, aunado a los demás ordenamientos jurídicos, fortalecería los derechos a la vida y a protección de la salud de las personas.
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en la construcción, instalación, operación, clausura y posclausura de ductos para el transporte o la distribución de cualquier carburo de hidrógeno.
Respecto a la LGEEPA, se plantea que las condiciones que establezca la Semarnat mediante la evaluación de impacto ambiental deberán minimizar el impacto ambiental; preservar, restaurar y mejorar el equilibrio ecológico; y evitar la generación de pasivos ambientales en la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades por realizar. En los casos en que se incumplan tales condiciones, en cualquier momento podrá denegarse la autorización de impacto ambiental para operación.
Lo señalado en el párrafo anterior se refuerza con la propuesta de que si no se cumple la totalidad de las condiciones establecidas por la Semarnat, no podrán entrar en operaciones las obras o actividades correspondientes. Igual que con la propuesta relativa a los ductos, con la que se describe en este párrafo se garantiza que la operación de las obras o actividades se realizará en las mejores condiciones para proteger el ambiente, fortaleciendo los derechos a la vida y de protección de la salud de las personas que establece la Norma Fundamental y que reglamentan las disposiciones que emanen de ésta.
De la misma forma, se propone que si hay modificaciones en la operación, clausura y posclausura de la obra o actividad que se trate, dichos cambios deberán ser del conocimiento de la Semarnat para que ésta instruya a los interesados sobre la necesidad de presentar información adicional o una nueva manifestación de impacto ambiental.
Esto es, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que la manifestación de impacto ambiental debe ser un instrumento "vivo", de constante aplicación, no sólo al inicio de los proyectos de las obras o actividades sino también en su operación (puesta en marcha de los proyectos), clausura (terminación de la operación del proyecto) y posclausura (monitoreo periódico que debe realizarse una vez que terminó la operación del proyecto, y que busca la verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de salubridad, seguridad y de protección del ambiente, entre otras disposiciones) de la obra o actividad que se trate.
La iniciativa que en este día se presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión complementa el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Instrumentos Económicos de Carácter Fiscal Ambientales, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, proyecto en el que se proponen contribuciones, entre otros, a las fugas al agua, aire o suelo de combustibles como gasolina, diesel, combustóleo, turbosina, gasavión, o gases natural o licuado de petróleo.
Esto tiene como finalidad estimular cambios en la conducta de los agentes económicos para que instauren acciones con las que se eviten fugas al ambiente de dichos combustibles, para que se proteja la vida y salud de las personas, así como el ambiente en que se desarrollan.
Es decir, los agentes económicos compararán las inversiones que tendrían que realizar frente al monto de la contribución que estarán obligados a enterar a la hacienda pública por concepto de fugas; para estos efectos, la contribución por fugas será el doble de la que se habría pagado en el caso de una enajenación, elevada al año.
Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitan que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en los términos que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo Primero. Se reforman el artículo 13, párrafo tercero, fracciones IV y V, y el párrafo cuarto; y se adicionan los artículos 10, con los párrafos tercero y cuarto, y 16, con un segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:
Artículo 10. ...
...
Con objeto de proteger el ambiente, y preservar, restaurar y mejorar los ecosistemas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previamente a la construcción o instalación de ductos para el transporte o distribución de cualquier carburo de hidrógeno, establecerá las condiciones a que se sujetarán la realización de las obras y actividades de dicha construcción o instalación.
En ningún caso podrá entrar en operaciones el ducto en cuya construcción o instalación no se haya cumplido la totalidad de las condiciones a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 13. ...
...
...
IV. Ceder, gravar o transferir los permisos en contravención de lo dispuesto en esta ley; o
V. No cumplir lo establecido en esta ley, las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, las normas oficiales mexicanas o las condiciones establecidas en el permiso.
Artículo 16. ...
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigilará en todo momento el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección del ambiente en la construcción, instalación, operación, clausura y posclausura de ductos para el transporte o distribución de cualquier carburo de hidrógeno.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 30, párrafos primero y tercero; y se adicionan los artículos 28, con un cuarto párrafo, y 30, con un quinto párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 28. ...
...
Las condiciones que se señalan en el primer párrafo de este artículo deberán minimizar el impacto ambiental; preservar, restaurar y mejorar el equilibrio ecológico; y evitar la generación de pasivos ambientales en la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades por realizar. En cualquier momento, la autoridad podrá revocar o suspender la autorización de impacto ambiental para la construcción u operación por incumplimiento de cualquier condición que establezca la secretaría. En los casos en que durante la operación, clausura y posclausura se presentaran impactos no previstos en la manifestación de impacto ambiental presentada por los interesados, la secretaría impondrá las condiciones adicionales para prevenir o mitigar los daños al ambiente y, en su caso, restaurar el equilibrio ecológico.
Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta ley, los interesados deberán presentar a la secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener por lo menos una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que forman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente en la construcción, operación, clausura y posclausura de las obras o actividades por realizar.
...
Si después de presentar una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, o durante la construcción, operación, clausura y posclausura de la obra o actividad que se trate, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días, les notifique si es necesaria la presentación de información adicional o una nueva manifestación de impacto ambiental, para evaluar los efectos al ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta ley.
...
En ningún caso podrán entrar en operaciones los actos, obras o actividades que no hayan cumplido la totalidad de las condiciones establecidas por la secretaría conforme a lo dispuesto en este capítulo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigilará en todo momento el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección del ambiente en la construcción, operación, clausura y posclausura de la obra o actividad que se trate.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.
Tercero. Dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones con las cuales se asegure el exacto cumplimiento de este decreto.
Dado en la Cámara de Senadores, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil siete.
Diputado Jesús González Macías (rúbrica)
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Mayo 23 de 2007.)
QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES FERNANDO
BAEZA MELÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y GUSTAVO ENRIQUE
MADERO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2007
Los suscritos, diputado César Horacio Duarte Jáquez, senador Fernando Baeza Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.
Exposición de Motivos
El campo mexicano continúa en una encrucijada. Entre todos los rezagos y problemas que le afectan, padece diversas indefiniciones respecto de la política hidráulica y de energía eléctrica, que están a punto de agravarse, como producto de una inadecuada coordinación interinstitucional y de la aplicación de medidas que, sin lugar a dudas, habrán de ocasionar conflictos productivos y sociales en el corto plazo.
El primer problema se refiere a la cuestión hidráulica. Se cuenta con datos que indica que en el país existen 10 mil pozos, aproximadamente, operando en condiciones irregulares, la inmensa mayoría destinados al uso agrícola. Esto quiere decir que no cuentan con un título de concesión debidamente expedido por la Comisión Nacional del Agua (CNA) y, por tanto, se encuentran fuera de la normatividad; estas condiciones de explotación irregular obedecen fundamentalmente a factores como la desinformación, la transformación de los ejidos, el temor o apatía de los productores, los problemas administrativos o las deudas fiscales que se han contraído, así como factores estructurales de otra naturaleza.
Al reconocer que un gran número de usuarios utilizaban o aprovechaban aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes en situación irregular, lo que conducía a una severa dificultad para aplicar una política más equitativa en materia hidráulica, en 1995 el entonces presidente de la república, a través de la expedición de un decreto por medio del cual se otorgaban facilidades administrativas y se condonaban contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes con actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario, acuícola, industrial, comercial y de servicios. En este decreto se incluyeron también las condonaciones de contribuciones al Distrito Federal, los estados y los municipios.
El decreto planteaba que la regularización de los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes proporcionarían seguridad jurídica a los usuarios, promoviendo el desarrollo social, otorgando mayores facilidades a los grupos más desprotegidos e impulsando el crecimiento económico, con el cuidado del ambiente y sentando las bases para el aprovechamiento sustentable del agua.
Ante la magnitud del problema y los pocos resultados de la regularización, el 11 de octubre de 1996, a través de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se emitió un nuevo decreto, mediante el cual se extendió el plazo para la regularización fiscal y administrativa hasta el 31 de diciembre de 1998.
A partir de este momento solamente se han generado decretos de condonación de adeudos (2001, 2002 y 2004) a municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores o comisiones estatales, o cualquier otro tipo de órgano responsable de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, y tratamiento de aguas, por lo que los usuarios que continúan explotando sus pozos se han visto imposibilitados, desde el decreto de ampliación, a regularizar su situación.
Su situación ha sido de permanente zozobra, al estar en espera de la determinación de la CNA para cancelar definitivamente esos pozos, medida que prudentemente ha sido aplazada, ante el reconocimiento de la grave crisis productiva y social que podría generar a quienes tienen que lidiar en condiciones de absoluta iniquidad con un aparato burocrático del Estado que los hostiga, escudándose en una normatividad injusta y obsoleta.
Es un hecho que las políticas y prácticas centradas en medios técnicos y formales no sólo no satisfacen objetivos de desarrollo, sino que, además, afectan negativamente una gran proporción tanto de hogares como de productores, al no reconocer los medios no formales.
En este contexto, la Comisión Nacional del Agua –a través de la Campaña Nacional de Títulos de Concesión– realiza la regularización de los referidos títulos, sustentada en un marco jurídico que deja a los particulares en una situación de indefensión jurídica ante sus actuaciones, especialmente en el caso de aquellos ciudadanos que tienen menos acceso a la justicia administrativa, por tener menores posibilidades.
La realidad indica que el aprovechamiento de un alto porcentaje de los recursos hídricos es irregular, no porque los particulares, especialmente los campesinos, busquen estar en la ilegalidad, sino porque se enfrentan a una regulación deficiente, que privilegia a la autoridad, generándoles altísimos costos legales y extralegales.
En este sentido, resulta paradójico observar que, dada la regulación vigente, nadie encuentra el incentivo adecuado para regularizar su situación administrativa. Esta regulación es, sin duda, deficiente y tiene que ser equiparada con la realidad existente en nuestro país.
Aquí aparece el segundo problema, que consiste en las medidas de presión ejercidas a través de los organismos suministradores de energía eléctrica, que reiteran su negativa a proporcionar el servicio a quienes no cuenten con su título debidamente acreditado. Diversas organizaciones campesinas, de productores y pequeños propietarios han manifestado desde entonces su inconformidad con estas medidas.
Por si todo eso fuera poco, los campesinos que bombean agua del subsuelo para uso agrícola, pecuario y doméstico están enfrentando, o a punto de hacerlo, un problema de tarifas en lo que se refiere a la energía eléctrica. Se calcula que el 90 por ciento de los títulos de concesión otorgados por la CNA amparan usos múltiples o incluyen simultáneamente los usos agrícola, pecuario y doméstico, pero los usuarios del servicio de riego agrícola gozan de una tarifa preferencial o subsidiada.
El acuerdo que autoriza el ajuste al precio de suministro y venta de energía eléctrica, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1999, establece en su artículo cuarto que para gozar de ese costo preferencial por suministro de energía eléctrica los usuarios inscritos en las tarifas de servicios para el bombeo de agua para el riego agrícola en baja y media tensiones deberían proporcionar al suministrador copia del título de concesión de aguas nacionales o sus bienes públicos inherentes, expedido por la CNA, en el que se especificara que el destino del agua extraída del aprovechamiento era exclusivamente para el riego agrícola.
De igual manera, establecía que, en caso de no presentar dicha copia, se les reclasificaría en la tarifa de uso general correspondiente, que evidentemente es mucho más alta que la tarifa subsidiada.
Ello significaba que para seguir recibiendo la tarifa subsidiada para actividades agrícolas, los usuarios deberían haber regularizado su situación fiscal y administrativa, además de contar con su título de concesión en regla; asimismo, que esos títulos de concesión deberían ser exclusivamente para uso agrícola, lo que en la inmensa mayoría de los casos no sucede, puesto que están otorgados para usos múltiples.
La realidad obligó a que este acuerdo fuera modificado en tres ocasiones, la primera según acuerdo publicado el 21 de junio del 2000, donde se reconocía la existencia de "diversos problemas operativos y de interpretación"; la segunda, el 29 de septiembre del 2000, para ampliar el plazo del proceso de certificación con el goce la misma tarifa; y la tercera, el 30 de marzo de 2001, donde nuevamente se ampliaba el plazo, por una última ocasión, hasta el 30 de septiembre de dicho año.
Así las cosas, no obstante que en el acuerdo del 29 de septiembre de 2000 se agregó un párrafo que a la letra dice: "tratándose de títulos en los que se autoricen usos múltiples se requerirá que en ellos se contemple el de riego agrícola"; actualmente la CNA los extiende simplemente como de uso múltiple, sin especificar el destino agrícola, lo que ocasiona que Comisión Federal de Electricidad no aplique el subsidio correspondiente, dañando la economía de los agricultores.
De esta manera, mientras la CNA emite títulos de concesión múltiple, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoriza un subsidio para el uso agrícola, siendo que generalmente los productores del campo utilizan el agua para el riego agrícola, pecuario y doméstico.
La problemática de los agricultores y de todos aquellos relacionados con las actividades rurales, en relación con la irregularidad de la tenencia de pozos se agrava día tras día, no sólo para ellos sino también para el gobierno, representa un desorden administrativo que, sin duda, redunda en una importante pérdida de recursos humanos y económicos.
Es por ello que los suscritos proponemos adicionar un párrafo al artículo décimo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales, en el que se dé el plazo de un año para permitir a los poseedores de títulos y permisos de aguas nacionales que regularicen su situación, a efecto de corregir de una vez por todas este grave problema, de orígenes administrativos, que está redundando en una peligrosa complicación política y social que debemos resolver a la brevedad.
Decreto
Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo décimo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Décimo Cuarto. La Comisión dispondrá de un plazo no mayor de doce meses para estructurar y poner en funcionamiento el Programa de Cuenta Nueva y Borrón, entendiendo como cuenta nueva estar al corriente de sus obligaciones del ejercicio vigente y de los últimos cuatro ejercicios, en concordancia con el Código Fiscal de la Federación. En dicho programa se establecerá su vigencia.
Asimismo, la Comisión establecerá un periodo de un año, a partir de la publicación de esta adición en el Diario Oficial de la Federación, para permitir regularizar la situación administrativa de los poseedores de títulos y permisos de aguas nacionales que, por diversas razones, no lo hubieren hecho, y aún aquellos, en caso de no hacerlo, se ajustarán a las sanciones que determine la Comisión.
Para su debida observancia, cumplimiento y difusión, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, así como en los principales diarios de circulación nacional.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a 23 de mayo de 2007.
Diputado César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica)
Senador Fernando Baeza Meléndez
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Mayo 23 de 2007.)
A la reunión de su mesa directiva, que tendrá lugar el martes 29 de mayo, a las 9 horas, en las oficinas del comité (edificio I, planta baja).
Atentamente
Diputado Alejandro Martínez Hernández
Presidente
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS
A la cuarta reunión de su mesa directiva, que tendrá lugar el martes 29 de mayo, a las 9:30 horas, en la sala de juntas del convocante (edificio F, primer nivel).
Atentamente
Diputado Juan Hugo de la Rosa García
Presidente
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS
A su cuarta reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 29 de mayo, a las 10:30 horas, en el salón Fundadores (edificio H, cuarto nivel).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la reunión de su mesa directiva, que tendrá lugar el martes 29 de mayo, a las 11 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A su novena sesión plenaria, que se llevará a cabo el martes 29 de mayo, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo en que comparecerá el director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), general de división DEM Fermín Rivas García, el martes 29 de mayo, a las 11 horas, en el salón de protocolo del edificio C, planta alta.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A la sexta reunión de su mesa directiva, que se efectuara el martes 29 de mayo, a las 11 horas, en la sala de juntas de ese órgano legislativo (edificio D, segundo piso).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A su sexta sesión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 29 de mayo, a las 17 horas, en el salón F del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE ACCESO AL AGUA Y LA PROTECCIÓN DE AMBIENTES ACUÁTICOS
A la reunión de su mesa directiva, que se verificará el miércoles 30 de mayo, a las 10 horas, en las oficinas de la comisión.
Atentamente
Diputada María Soledad López Torres
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 30 de mayo, a las 11 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A su reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 30 de mayo, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Jorge Estefan Chidiac
Presidente
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A su tercera reunión ordinaria, por celebrarse el miércoles 30 de mayo, a las 11 horas, en el salón 2 del edificio I, planta baja.
Atentamente
Diputado Alejandro Martínez Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 30 de mayo, a las 12 horas, en el salón E del edificio G, con el siguiente
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 30 de mayo, a las 14 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Gobernación, situada en el tercer piso del edificio D.
Orden del Día
3. Discusión y, en su caso, votación de
los siguientes proyectos de dictamen:
I. De la minuta con proyecto de decreto que expide la
Ley de Protección a Migrantes y sus Familias.
II. Respecto a diversas iniciativas sobre protección
de migrantes.
III. Respecto a varias iniciativas relacionadas con regulación
de remesas.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la reunión.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE ACCESO AL AGUA Y LA PROTECCIÓN DE AMBIENTES ACUÁTICOS
A su cuarta reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 30 de mayo, a las 14:30 horas, en las oficinas de ese órgano legislativo (edificio F, planta baja).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO Y AL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLC
A su cuarta sesión ordinaria, que se efectuará el miércoles 30 de mayo, a las 15:30 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE MARINA
A su sexta reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 31 de mayo, a las 12 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la instalación de la conferencia de este órgano legislativo y su homóloga de la Cámara de Senadores, que se llevará a cabo el miércoles 6 de junio, a las 10 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la reunión de su mesa directiva, que se efectuará el miércoles 6 de junio, a las 17 horas, en las oficinas de este órgano legislativo, situadas en el edificio D, cuarto nivel.
Atentamente
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
A su quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 7 de junio, a las 10 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente
A la mesa de análisis Implicaciones en el ámbito federal de la despenalización del aborto en el Distrito Federal que, con motivo del 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, se llevará a cabo el lunes 28 de mayo, de las 11 a las 13 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
Al diplomado El Legislativo ante la gestión metropolitana, organizado con la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llevará a cabo del martes 5 de junio al martes 24 de julio, de las 8 a las 11 horas, en la zona C del edificio G.
Diplomado
El Legislativo ante la gestión metropolitana
Aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos viven en las 55 zonas metropolitanas, en menos del 10 por ciento del territorio nacional, que en conjunto aportan casi 80 por ciento del PIB y padecen concentración, crecimiento desordenado e irregular y déficit de cobertura y calidad de infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Rezagos, desequilibrios y magnitud de las demandas exigen una adecuada coordinación entre gobiernos locales y eficacia gubernativa y de gestión para inducir la concurrencia de los sectores privado y social y preservar los equilibrios requeridos de funcionalidad urbana, gobernabilidad y desarrollo sustentable. Las atribuciones relacionadas con el ordenamiento territorial y la conducción del desarrollo demandan una atención urgente de los Poderes de la Unión.
Por eso la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados impulsa una visión integrada del fenómeno metropolitano que sirva de marco de referencia, con sustento técnico, para orientar tanto el diseño de iniciativas de ley como su discusión y dictamen, de manera que sean pertinentes, viables y benéficas para la sociedad. Con esa finalidad, la comisión solicitó al Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Universidad Autónoma Metropolitana el diseño y desarrollo de esta capacitación especializada para legisladores y personal técnico parlamentario, en virtud de la amplia experiencia en esta materia.
Justificación
Estas actividad es parte del programa de trabajo de la comisión y permitirá contar con referentes adecuados que permitan entender mejor la evolución del fenómeno metropolitano, las experiencias de gestión y legislación local y contribuir así a enriquecer el criterio del legislador en la elaboración de iniciativas de ley y sus dictámenes. Por la temática y aproximación, es el primer diplomado en su tipo en el ámbito legislativo.
Respaldo institucional
El diplomado es resultado de la decisión de la Junta de Coordinación Política para apoyar las acciones institucionales dirigidas a proveer soporte técnico especializado a los integrantes de la legislatura y al personal técnico que le sirve para el desempeño de las funciones y del trabajo legislativo; mereció la recomendación favorable del Comité de Administración y la calidad está respaldada por la experiencia y excelencia de docentes e investigadores del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, pionero en este campo.
Objetivo
Enriquecer perspectivas y actualizar enfoques acerca del fenómeno de urbanización metropolitana, los requerimientos de gestión y los criterios técnicos a considerar en el diseño de políticas públicas y leyes en la materia.
Temática
Los contenidos comprenden tres ejes: a) implicaciones del fenómeno en su contexto internacional y nacional, b) revisión del marco legal vigente en la materia y c) análisis de la gestión pública (infraestructura, servicios públicos, uso del suelo, política fiscal, participación ciudadana).
Método de trabajo
En cada sesión habrá una exposición a cargo del especialista en el tema, luego se dará paso a preguntas y respuestas y se concluirá con el análisis grupal de un estudio de caso. Se proporcionará material de consulta y bibliografía, habrá dos mesas redondas de expertos y se inducirá una participación activa.
Duración
Sesenta y seis horas en 22 sesiones en total, 3 sesiones por semana, martes, miércoles y jueves de 8:00 a 11:00 horas. Inicia el 5 de junio y concluye el 24 de julio de 2007.
Coordinador general: Diputado Obdulio Ávila Mayo, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Coordinador académico: Maestro Roberto Eibenschutz Hartman, coordinador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, Universidad Autónoma Metropolitana.
Requisitos
b) Llenar formato de registro vía impresa o digital.
c) Presentar currículum vitae, constancia de estudios
y carta de exposición de motivos dirigida al coordinador general.
d) En cuanto al personal, constancia de la comisión
o área en la que presta sus servicios.
e) Comprometer una asistencia mínima de 80 por
ciento del total de sesiones y a cumplir los lineamientos del diplomado.
DEL DIPUTADO VÍCTOR SAMUEL PALMA CÉSAR
A la mesa redonda Reflexiones en torno a la reforma electoral que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la unidad de asesores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional llevará a cabo el jueves 7 de junio, a las 12 horas, en el auditorio sur (edificio A, segundo nivel) del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Conferencistas
Víctor Samuel Palma César, diputado federal
de la LX Legislatura
José Rosas Aispuro Torres, diputado federal de
la LX Legislatura
Salvador Nava Gomar, magistrado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
Doctor Isidro Cisneros Ramírez, consejero presidente
del Instituto Electoral del Distrito Federal
Presentación: Maestro Carlos Casillas Ortega, coordinador
de asesores del GPPRI
Presentación de conclusiones: Maestro Otilio Flores
Corrales, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM
Moderador: Doctor Martín Vera M., coordinador de asesoría social del GPPRI y catedrático de la UNAM
Las actividades del 5o. Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007, tienen como objetivo que la niñez mexicana se exprese libremente y sea tomada en cuenta a través de una experiencia de participación democrática que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.
Por ello no se permitirá el acceso a los trabajos de los legisladores infantiles, excepto al personal previamente autorizado, registrado y acreditado por la subcomisión organizadora del 5o. Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A los diputados y las diputadas de la LX Legislatura se les informa que, conforme al programa de actividades del 5º Parlamento de las Niñas y los Niños de México, el martes 29 de mayo, de las 14 a las 15:30 horas, durante la comida en la zona C del edificio G, los niños estarán sentados por estado, y ahí podrán convivir con ellos. Éste será el único momento en que podrán reunirse con las legisladoras y los legisladores infantiles, por lo que les solicitamos su comprensión para no interferir las reuniones de los niños en otro momento, por motivos de seguridad y respeto al programa.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta