Agenda económica
Los diputados federales del PAN trabajarán para actualizar el marco jurídico en materia económica, con el fin de incrementar el bienestar económico de las familias mexicanas. Por ello buscaremos
2. Concretar la concurrencia de estados y de municipios en materia turística, a través de la Ley General de Turismo.
3. Legislar en materia hacendaria para promover la creación de un fondo de inversión de los excedentes petroleros, con la finalidad de distribuir los rendimientos del mismo con criterios claros y transparentes, buscando fortalecer gasto en infraestructura, en lugar de canalizar los recursos a gasto corriente.
4. Garantizar la competitividad del sector de telecomunicaciones, mediante reformas en el marco de la Ley de Telecomunicaciones, fijando una postura técnica y política del GPPAN en torno al proyecto de reformas de esta ley.
5. Generar una legislación de carácter federal en materia de agua potable y tratamiento de aguas residuales, toda vez que cada entidad federativa se rige por sus propios ordenamientos. Con una normatividad general se podrá obligar a los gobiernos de los estados y a los de los municipios a que atiendan a las comunidades que presenten rezagos en estas áreas de una manera uniforme.
6. Modificar la ley correspondiente para restringir y normar el uso de agroquímicos, tomando en consideración el peligro que pueden representar estos productos.
7. Garantizar mejores condiciones de acceso al crédito y financiamiento para contribuir efectivamente al crecimiento de las Mipyme.
8. Reformar la Ley de Inversión Extranjera para fomentar la actividad empresarial en México, a través de mecanismos que permitan mayor inversión foránea en las empresas nacionales.
9. Propiciar un marco jurídico específico para fiscalizar los recursos presupuestarios que se transfieren a las entidades federativas, considerando mecanismos de incentivos y sanciones. La finalidad es alcanzar una transparencia efectiva en la ejecución de los recursos federales, generando un sistema de rendición de cuentas de los mismos.
10. Modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 31, relativo a la deducibilidad del consumo de gasolina, para evaluar la posibilidad de generar estímulos fiscales efectivos a los consumidores de este combustible.
11. Impulsar la Ley de Fuentes de Energía Renovables.
12. Establecer el caso del bien jurídico tutelar, como parte de la modernización del marco jurídico federal en materia ambiental.
13. Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, para generar un desarrollo efectivo de la infraestructura carretera entre las entidades federativas, mediante la fijación de mecanismos que garanticen una correcta aplicación y distribución de los recursos destinados para este fin, con lo que se fomentará el desarrollo regional.
14. Revisar la legislación en materia presupuestaria, para proponer mecanismos que permitan que los recursos federales que se transfieren a los municipios se les entreguen directamente, sin pasar por las autoridades del orden estatal.
15. Revisar y plantear las modificaciones correspondientes en la Ley Federal de Derechos, con relación a las sanciones económicas previstas en materia ambiental, en un afán de perseguir efectivamente prácticas que dañen el ambiente mexicano.
16. Modificar el marco legal basado en la Ley de Planeación, para que todos los planes de trabajo que ésta consigna incorporen criterios de sustentabilidad. En el mismo sentido, se requiere hacer los cambios necesarios para incluir criterios ecológicos en las propuestas de desarrollo metropolitano.
17. Normar la obligatoriedad de desarrollar los ordenamientos ecológicos nacional, estatal y municipal, incorporándolos como base del diseño de cualquier propuesta de desarrollo.
18. Impulsar la Ley de Empaques, Impuestos y Estímulos. En este tema, se busca alcanzar una cultura efectiva del reciclaje, así como de sus beneficios y del óptimo aprovechamiento de los procesos de empaque con una visión ecológica.
20. Codificar la legislación ambiental.
Para establecer las bases legales necesarias para la modernización del campo mexicano y apoyar la actividad productiva de los campesinos, el Grupo Parlamentario del PAN se compromete a
2. En la lucha continua de Acción Nacional para que México tenga un campo productivo, competitivo, de oportunidades, que compita con el mercado internacional y que ofrezca una digna calidad de vida, se promoverá el fortalecimiento de los órganos de decisión de los ejidos, así como las oportunidades de los ejidatarios para la obtención del dominio pleno de sus parcelas.
3. Conscientes de la importancia que tienen los recursos públicos en el desarrollo del sector agropecuario, impulsaremos un marco legal para la aplicación eficiente, oportuna y transparente del presupuesto de egresos para el campo.
4. Los legisladores de Acción Nacional fortaleceremos la normatividad en materia de calidad, sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios, a fin de inhibir la importación de productos que atenten contra la salud de los consumidores nacionales y que representen una competencia desleal hacia los productores nacionales.
5. Promoveremos reformas al marco jurídico del sector azucarero para alentar la modernización de esta agroindustria y hacerla competitiva frente a la apertura comercial.
El fortalecimiento del régimen de derecho, del respeto de la legalidad y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas de México es una responsabilidad que la diputación panista cumplirá mediante las siguientes acciones:
2. Promover una reforma integral del sistema de justicia penal (juicios orales).
3. Impulsar una reforma en materia de seguridad pública (unificación de policías federales, facultades de investigación, homologación de bases de profesionalización y certificación de policías, sistema único de información criminal y prevención social del delito, entre otras propuestas).
4. Promover una reforma para fortalecer la Auditoría Superior de la Federación, así como los órganos de fiscalización de las entidades federativas, para la debida rendición de cuentas por parte de los estados, del Distrito Federal y de los municipios.
5. Impulsar las bases constitucionales para la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno.
6. Promover reformas para la regulación de la actividad del cabildeo.
7. Impulsar una reforma para elevar a rango constitucional los derechos humanos con visión de Estado, a fin de expresar el concepto de derechos humanos, establecer el amparo contra violación de derechos humanos y prever un procedimiento para expulsión de extranjeros, entre otras propuestas.
8. Promover una ley reglamentaria del apartado B del artículo 20 constitucional, en materia de atención y protección de víctimas u ofendidos del delito.
9. Impulsar una reforma para fortalecer la autonomía de las comisiones estatales de derechos humanos, mediante el establecimiento de procedimientos de nombramiento sobre sus titulares que garantice independencia en su actuación.
10. Concretar la reforma legal en materia de combate del narcomenudeo.
11. Impulsar la aprobación de la reforma en materia de asistencia jurídica internacional.
12. Promover la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
13. Impulsar la aprobación de las reformas para el fortalecimiento de las funciones de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
14. Promover la aprobación de reformas que permitan prevenir, combatir y sancionar de mejor manera la trata de personas.
15. Promover la aprobación de la Ley Federal de Ejecución de Sanciones.
16. Promover reformas en materia de combate del contrabando.
17. Impulsar una reforma que permita dar efectos generales al juicio de amparo a través de un mecanismo de jurisprudencia y de declaratoria de inconstitucionalidad respecto a normas de carácter general.
18. Promover reformas para el combate de la explotación sexual infantil.
19. Impulsar reformas a efecto de mejorar el contenido de las transmisiones en materia de radiodifusión, fortalecer los medios públicos y obtener una adecuada regulación de radios comunitarias. Asimismo, promover reformas para centralizar en una comisión los temas de telecomunicaciones, y gestionar ante la autoridad competente el permiso para transmitir en señal abierta el Canal del Congreso de la Unión.
20. Impulsar la reforma política del Distrito Federal.
21. Impulsar reformas en materia de desarrollo metropolitano.
22. Promover reformas para el fortalecimiento de las atribuciones de los municipios, así como el de los estados.
23. Revisar e impulsar reformas en materia de atención y protección de migrantes.
24. Impulsar una reforma integral en materia electoral (disminución del financiamiento público, mayores herramientas de fiscalización, transparencia de los partidos políticos, disminución del tiempo de campañas, reintegración de los bienes de los partidos que pierdan el registro, homologación de elecciones y regulación de precampañas, entre otras propuestas).
25. Impulsar reformas para equilibrar el control legislativo respecto a los viajes del presidente de la república.
26. Promover la reforma que permita establecer como parte de los principios de política exterior la democracia y los derechos humanos.
27. Impulsar reformas de la Ley de Navegación.
28. Apoyar la aprobación de la reforma que plantea la salida de tropas mexicanas para fines de ayuda humanitaria.
29. Promover reformas para el fortalecimiento del Poder Legislativo.
Los legisladores de Acción Nacional impulsarán modificaciones legales a fin de mejorar las condiciones de vida y convivencia social entre los mexicanos, para lo cual propondremos:
2. Establecer un sistema único de salud que articule de manera integral todas las acciones de gobierno y garantice la cobertura universal de los servicios en beneficio de todas y todos los mexicanos.
3. Otorgar mayor independencia y fortalecer las facultades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para evaluar con objetividad y precisión el proceso educativo, como requisito indispensable de una educación de calidad.
4. Impulsar reformas de la Ley General de Desarrollo Social para fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de los programas sociales que aseguren eficacia en el combate de la pobreza.
5. Fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia sobre las empresas constructoras de vivienda, a fin de garantizar la calidad de las viviendas y el patrimonio de las familias.
6. Promover presupuestos multianuales para proyectos de investigación científica y tecnológica que permitan incentivar este sector como palanca del desarrollo nacional.
7. Crear la Ley de Economía Social y Solidaria para fortalecer el desarrollo productivo de los organismos sociales, de las sociedades cooperativas y demás entidades financieras solidarias.
8. Impulsar la reforma constitucional sobre el derecho a la cultura para garantizar el acceso de todas y todos los mexicanos al uso y disfrute de los bienes y servicios culturales.
9. Fortalecer la educación cívica y la cultura democrática como mecanismos idóneos para ampliar la participación ciudadana en la definición de los asuntos públicos.
10. Impulsar una reforma constitucional sobre los derechos de la familia y la obligación del Estado de promover su desarrollo integral y equitativo.
11. Promover condiciones de trabajo que permitan el ejercicio de la paternidad responsable, el cumplimiento de las responsabilidades familiares, y la protección de las mujeres y de los grupos vulnerables contra toda forma de discriminación laboral.
12. Promover reformas legales que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia familiar y que garanticen una atención cálida, oportuna y efectiva de las víctimas.
13. Fortalecer los derechos de adultos mayores, de niñas y de niños, de adolescentes, y de personas con discapacidad, con objeto de fomentar su inclusión en condiciones de igualdad para su pleno desarrollo.
14. Establecer mecanismos fiscales encaminados a incentivar la participación de la sociedad civil y privada en la cultura física y el deporte en beneficio de la niñez y la juventud mexicanas.
15. Adecuar el marco jurídico federal en favor
de los pueblos y las comunidades indígenas en materia de justicia
y desarrollo social para garantizar el ejercicio de sus derechos.
En cumplimiento con el artículo 26, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta su
Agenda Legislativa para el segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura
Agenda Legislativa Mínima
Agenda política
Reforma electoral
Utilización de los tiempos oficiales en los medios de comunicación para las campañas electorales.
Regulación de precampañas y prohibición del financiamiento privado.
Reforma integral en materia de Derechos Humanos
Reforma del Sistema Penal y Autonomía del Ministerio
Público.
Reforma constitucional en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses de los legisladores.
Fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación mediante reformas a la Constitución y a la Ley de Fiscalización Superior, que defina a la evaluación del desempeño y calidad de las acciones del gobierno como la nueva visión de las tareas de vigilancia y fiscalización.
Reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con objeto de crear fondos compensatorios para entidades de alta marginación.
Autonomía del Sistema de Administración Tributaria.
Reunificación y adecuación del régimen
fiscal.
Autonomía presupuestal, técnica y de gestión
de Pemex.
b. Reestructuración del sistema tarifario de energía eléctrica.
c. Reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para que participe en la determinación de las tarifas junto con la CFE y la Secretaría de Energía.
d. Asimismo, aprobar las reformas necesarias para establecer precios adecuados de las gasolinas, considerando que somos un país exportador de petróleo crudo e importador de más de la tercera parte del consumo de gasolinas.
Impulsar las reformas a la Ley de Competencia para regular monopolios y fomentar condiciones de equilibrio en el mercado en beneficio del consumidor.
Pago a braceros y rescate de la seguridad social empleando
los recursos del IPAB.
Rescate integral al campo, que incluya la revisión
del capítulo agropecuario del TLC.
La obligatoriedad de la educación media superior y superior, así como la entrega gratuita de un paquete de útiles escolares a los alumnos de educación básica.
Los derechos culturales, con legislación secundaria que otorgue garantías en la defensa de estos derechos a la sociedad civil.
El derecho humano y social del acceso al agua para garantizar su uso social, acceso y subsidariedad en el costo de los servicios públicos.
El principio de equidad.
Crear una comisión especial para evaluar el Seguro
Popular.
Reforma laboral democrática y con perspectiva
de género.
Derechos de los pueblos indígenas. Impulsar la reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indios, que incluya los Acuerdos de San Andrés y el marco normativo que los instrumentos internacionales reconocen sobre los derechos de los pueblos, incluidos los pueblos indígenas.
Pugnaremos por la creación de las siguientes comisiones de investigación, como un derecho de minoría establecido en el artículo 93 constitucional:
De los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, con relación a sus operaciones de exportación e importación (ISOSA).
Encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compara venta de bienes inmuebles de titularidad de obra pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a Construcciones Prácticas S.A. de C.V. y cualesquiera otras que tuvieran relación con ella.
Investigadora del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Investigadora de Petróleos Mexicanos, específicamente
en lo referido a los denominados contratos de servicios múltiples.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI, PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DE LA LX LEGISLATURA
Presentación
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la responsabilidad que como representantes populares, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tenemos, conjuntamente el grupo de diputadas y diputados priístas presentamos la agenda legislativa correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura.
La Agenda Legislativa se constituye bajo la premisa de concretar las reformas prioritarias en cada uno de los temas que abordan las comisiones ordinarias, aspectos que son enunciativos, más no limitativos, y que constituyen un eje conductor de la actividad parlamentaria a desarrollar por el grupo parlamentario.
El grupo parlamentario del PRI, refrenda su misión por fortalecer las comisiones legislativas y en buscar con todas la fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, los acuerdos y consensos que garanticen la gobernabilidad del país, que generen vanguardia en nuestras instituciones y mejores condiciones de vida para los mexicanos.
Objetivos para el segundo periodo de sesiones
2. Impulsar reformas legales orientadas a consolidar políticas públicas que propicien el crecimiento económico y el desarrollo integral de México.
3. Seguimiento puntual a la ejecución del gasto y análisis de los diferentes aspectos que permitan consolidar una reforma hacendaria integral y la reforma del Estado.
Estrategia interna
Agricultura y Ganadería
Diputado Héctor Padilla Gutiérrez, presidente
2. Reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal (normatividad y controles estrictos en materia de importación de cárnicos).
3. Reformas a la Ley Federal de Sanidad Vegetal (normatividad más estricta en el ingreso de vegetales que puedan dañar la salud).
4. Reformas a la Ley de Producción de Semillas (organizar la producción, distribución y comercialización de semillas de calidad).
5. Elaboración de un proyecto de Ley de Almacenamiento Rural, que apoye a los productores en sus necesidades de almacenaje, reduciendo el acaparamiento de los productos.
2. Reformas al artículo 27 de la Constitución y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (para establecer el desarrollo de los pueblos indígenas a través del derecho preferente de explotación de recursos naturales de las regiones donde se encuentran).
3. Reformas para crear el Centro de Estudios de Políticas Públicas de los Pueblos Indígenas dentro de la Cámara de Diputados (elaborar y desarrollar políticas públicas que beneficien a los indígenas).
2. Mayores recursos vía Presupuesto de Egresos (a fin de dar la mayor atención posible a los grupos vulnerables).
3. Reformas a la Ley General de las Personas con Discapacidad (s efecto de eliminar la discriminación y fomentar el empleo de las personas con discapacidad).
4. Reformas para homologar los criterios en materia de grupos vulnerables, establecer las bases para el Programa de Proyectos Productivos con instituciones de asistencia social.
2. Revisión de la normatividad fiscal para otorgar estímulos fiscales, así como más recursos a Conacyt.
3. Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (en materia de patentes nacionales).
2. Abatir el rezago legislativo en proposiciones con punto de acuerdo pendientes.
2. Reforma para que el idioma español tenga reconocimiento constitucional (a pesar de que el español es considerado el idioma oficial de México no aparece como tal en la Carta Magna. Esta iniciativa incluiría la necesidad de darle también un mayor reconocimiento y dignidad a las lenguas indígenas).
3. Reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (para replantear el concepto de patrimonio, garantizar su preservación y perfeccionar la penalidad).
4. Construir la figura jurídico fiscal del mecenazgo (se propondrá incorporar dentro de la reforma fiscal la figura del mecenazgo como instrumento para que las personas y las empresas privadas puedan invertir en arte y cultura).
5. Incorporar el derecho constitucional a la cultura y al arte (para dar mayor acceso y difusión a las personas).
6. Tipificación del delito por falsificación de obra de arte (a efecto de establecer una sanción y no dejar impunes a las personas que lo llevan a cabo).
7. Ley sobre Respeto a la Diversidad Cultural (iniciativa que ha propuesto la UNESCO para los países del continente. Para impulsar el respeto a la multiplicidad de las culturas en una perspectiva sistémica donde cada cultura se desarrolla y evoluciona en contacto con las otras culturas).
2. Avanzar en la revisión al marco jurídico para que en el largo plazo se de una sustitución íntegra de las fuerzas armadas, en labores de combate al narcotráfico.
2. Analizar el proceso de integración y jurisdicción de la Corte Penal Internacional y su vinculación con el marco jurídico.
3. Ampliar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
2. Reformas para la creación del Instituto de Planeación Metropolitana (que tendrá como objeto el diseño de los instrumentos operacionales de contenido técnico, administrativo, financiero y de gestión, que permitan impulsar el desarrollo de los proyectos estructurales, logrando el crecimiento armónico de la conurbación).
3. Presentación de una iniciativa para reformas la Ley de Planeación, para incluir la visión metropolitana.
2. Seguimiento de la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura.
3. Análisis del Capítulo Agropecuario del TLC, para evitar que se afecten las leyes de financiamiento del sector rural.
2. Impulsar las reformas a fin de que se cumpla la integralidad de los programas de desarrollo social.
3. Promover las reformas y realizar acciones para que esta comisión sea partícipe en la revisión y formulación de las reglas de operación de los programas de desarrollo social.
4. Impulsar las reformas necesarias para que se informe de las modificaciones a la clasificación y listado de zonas de atención prioritaria; para tener pleno conocimiento del tratamiento que se estará dando a estas zonas, tanto en la evaluación de los programas como en las asignaciones presupuestales.
2. Reformas a la Ley del Registro Público Vehicular (para dar certeza en la protección de los datos de los propietarios de los vehículos).
3. Reformas al Código de Comercio, a la Ley General de Salud, a la Ley de Propiedad Industrial, para garantizar el acceso a medicamentos en los problemas graves de salud pública.
4. Reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (para fortalecer los programas enfocados a este tipo de establecimientos, desarrollando su capacidad de generar empleos).
2. Reformas dirigidas a ampliar la oferta laboral a egresados de universidades y escuelas tecnológicas.
3. Reformas legales para evitar la migración de talentos.
4. Reformas para mejorar los planes de estudios en materia de educación sexual e incorporar la educación nutricional.
2. Dotar a las empresas paraestatales Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos de autonomía de gestión, dentro del marco institucional.
3. Analizar los proyectos que se impulsan en diversas latitudes en materia de energías alternas y proponer las adecuaciones jurídicas que permitan el fortalecimiento del desarrollo en México.
2. Reformas a la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo doméstico y para evitar desigualdad en los casos de maternidad.
3. Reformas al Código Penal Federal en materia de acoso sexual.
4. Reformas a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para revisar sus facultades.
2. Reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas (para ampliar la posibilidad de generar nuevas actividades productivas y para fortalecer su marco jurídico.
2. Dictaminar los asuntos que quedaron pendientes del periodo ordinario pasado, dando prioridad a las iniciativas.
3. Reformas dirigidas a dar mayor suficiencia financiera a los municipios.
4. Reformas para fortalecer los ingresos municipales.
5. Reformas para lograr una mayor participación y coordinación entre el ámbito municipal y el gobierno federal en el Fonden.
2. Reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales (con criterios de eficiencia, eficacia y calidad en su administración).
3. Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (para combatir con mayor eficacia la corrupción).
4. Reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Para corregir sus insuficiencias y garantizar su imparcialidad y profesionalismo).
5. Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (para que las compras del gobierno sean con base en las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad).
6. Reforma a la Ley General de Bienes Nacionales (para incorporar una mejor distribución de los bienes decomisados, incluyendo a los municipios y a las organizaciones de la sociedad civil).
7. Reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (para fortalecer la observancia de las recomendaciones del IFAI y el ejercicio ciudadano del derecho a la información pública).
2. Reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (limitando las fuentes de la impunidad y el ejercicio indebido de la función pública).
3. Reformas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
4. Reformas a la Ley General de Educación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
5. Reformas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
6. Reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2. Impulsar reformas a la legislación vigente sobre la materia que permitan combatir los delitos financieros.
3. Promover las reformas que permitan trasladar responsabilidades y recursos a las entidades federativas y dotarles de facultades que les permitan la generación de mayores ingresos propios.
2. Reformas al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
3. Expedición de la Ley sobre la Trata de Personas.
4. Reformas para establecer el sistema penal para adolescentes.
5. Reformas al marco jurídico en materia de juicios orales.
2. Reformas en materia de prevención de violencia en espectáculos deportivos, tales como el futbol.
3. Reformas para apoyar integralmente a la charrería.
4. Fortalecimiento del deporte municipal.
5. Reformas legales para modificar el Premio Nacional de Deportes.
2. Reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (para avanzar con mayor rapidez en la preservación y cuidado del medio ambiente, ante las dificultades del cambio y deterioro climático global).
3. Reformas para la creación y vigilancia de programas para la preservación del ambiente, principalmente áreas naturales protegidas.
2. Reforma a diversas leyes para incorporar criterios de participación ciudadana y democracia directa.
2. Reformas para regular adecuadamente la realización de investigación tecnológica adecuada, para dar valor agregado a los productos pesqueros y posicionarlos en el mercado nacional y extranjero.
2. Iniciativa de Ley de Migración (que supere la falta de diseño y operación de la política migratoria nacional).
3. Iniciativa de Ley de Remesas (para agilizar su envío, reducir sus costos y aprovecharlas para el desarrollo regional).
2. Impulsar iniciativas que permitan consolidar los procesos de descentralización del gasto.
3. Impulsar iniciativas que permitan establecer la facultad de la Cámara en materia de reglas de operación de los programas federales.
4. Proponer una iniciativa que otorgue facultades amplias al Congreso de la Unión en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
5. Revisar la Ley de Planeación para adecuarla a un marco más federalista y a las nuevas normas presupuestales.
2. Reformas a la Ley de Radio y Televisión, a efecto de limitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el uso de la cadena nacional, para opinar sobre la decisión de otro Poder de la Unión.
2. Reforma legal para dar el rango de secretaría de Estado a la Comisión Nacional del Agua.
2. Análisis para determinar la viabilidad de reformar la Ley de Amparo.
3. Reformas a la Ley de Expropiación.
2. Impulsar medidas legales y recomendaciones que permitan dar coherencia a la forma y el fondo de las relaciones exteriores.
3. Contribuir a una política exterior fuerte que permita que México sea partícipe importante en la configuración de la agenda internacional.
2. Reformas a la Ley General de Salud.
3. Reformas en materia hacendaria para obtener recursos para gastos catastróficos.
4. Fortalecer la regulación sanitaria.
2. Reformas en materia de investigación para las policías federales.
2. Realizar una reforma integral del ISSSTE, ya que esto englobaría el régimen de pensiones, infraestructura y todos los servicios que ofrece la Institución.
3. Analizar el marco legal para proteger a las personas que trabajan por cuenta propia.
2. Reformas para la erradicación del trabajo infantil.
3. Reformas para salvaguardar el respeto a la dignidad de la mujer trabajadora.
4. Reformas para asumir acciones para prevenir las adicciones en los centros de trabajo.
2. Reforma a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
3. Reforma a la Ley General de Bienes Nacionales en materia de límites territoriales.
4. Reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor.
5. Ley sobre el Contrato de Seguro.
6. Dictamen de iniciativa de la ley para el Fonden.
7. Dictamen de iniciativa de la Ley para modernizar, agilizar y hacer más eficiente el Sistema de Inmigración de México y brindar una mejor atención al turismo internacional.
2. Promover la realización de auditorías a nivel local, para corroborar el adecuado ejercicio de los recursos federales transferidos a autoridades locales.
2. Buscar mecanismos legales que permitan a las entidades federativas y a los municipios obtener suelo apto para vivienda a precios accesibles, así como la simplificación de trámites en los permisos de urbanización de los mismos.
3. Reformas legales para facilitar la obtención de créditos a aquellos trabajadores que perciban menos de tres salarios mínimos o quienes complementan su salario con prestaciones, gratificaciones o propinas, realizando las adecuaciones legales pertinentes.
4. Proponer acciones jurídicas y programáticas para que los trabajadores del sector informal que no cotizan en el Infonavit ni en el Fovissste puedan acceder más fácilmente a un crédito para vivienda de interés social.
2. Impulso y acciones para apoyar al campo mexicano.
3. Analizar una reforma fiscal donde se considere la eficacia y la racionalidad en el gasto, reducción de la burocracia, agenda con profundo sentido federalista, y equidad tributaria.
4. Impulsar una reforma del Estado que le permita al país contar con nuevas reglas; un sistema electoral mas eficiente, sencillo y menos costoso, así como fortalecer el sistema de justicia, particularmente estimular la discusión de los juicios orales.
5. Vigilancia y seguimiento al gasto público autorizado para 2007.
6. Apoyar con medidas legislativas a la competitividad del país, dándole especial énfasis al crecimiento, el empleo y el desarrollo productivo del campo, así como generar condiciones legales para seguir apoyando a mujeres, menores, indígenas y grupos vulnerables.
7. Seguimiento puntual de la política exterior del Ejecutivo federal y construir medidas de protección para los migrantes mexicanos.
8. Revisión y acciones efectivas para dar viabilidad
a nuestro sistema de pensiones.
Palacio Legislativo, a 1 de febrero de 2007.
Diputado Zermeño Infante Jorge
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto, y con fundamento en el numeral 4 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a usted en tiempo y forma la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta LX Legislatura.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora
Objetivo
Concretar nuestro trabajo legislativo mediante la revisión integral de la Ley Fundamental del país y las leyes que de ella emanan; que conduzca al establecimiento de un genuino Estado de derecho, aceptado por todos y acatado por todos: una nueva legitimidad en el país que otorgue eficacia a los poderes públicos en el más escrupuloso respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de los mexicanos.
Por ello, y de conformidad con el proceso de transición de las actuales instituciones políticas, es necesario reformar aquellas áreas que contribuyan en el corto y mediano plazos a la democratización del país y a la consolidación de los distintos órdenes de gobierno en el estricto apego de la rendición de cuentas.
Nuestras iniciativas giran en torno a cinco grandes temas que consideramos prioritarios para el crecimiento y desarrollo de nuestro país:
El desarrollo sustentable es considerado por el PVEM como un modelo de desarrollo basado en el uso racional y democrático de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades y el pleno logro de las capacidades humanas, siempre que se permita a los sistemas naturales su regeneración, conservando así dichos recursos para el goce de las generaciones futuras. De tal manera que para poder llevar a cabo dichas políticas nacionales de desarrollo es necesario delinear en el marco jurídico las políticas publicas que deben guiar el quehacer político nacional hacia un verdadero desarrollo sustentable.
Someteremos a consideración de esta soberanía una verdadera política de ordenación territorial y urbana que oriente las políticas de desarrollo y que se base en un fuerte impulso para la elaboración detallada de los ordenamientos territoriales a nivel municipal como eje prioritario para el desarrollo, que dé certidumbre y guía para la elaboración de los ordenamientos urbanos a lo largo y ancho del país, y así, modifique los actuales criterios discrecionales de muchas autoridades, por una base técnica, científica y racional que sirva de sustento para las políticas de desarrollo urbano y municipal esenciales para el correcto cumplimiento de los planes nacionales, estatales y municipales hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, por considerar este tema un asunto de la mayor importancia para el país.
Nuestra agenda en materia ambiental prevé, de igual forma, iniciativas para la reducción en la generación de residuos, eficiencia energética, ahorro de agua y disposición adecuada de residuos peligrosos e infecciosos.
Incorporaremos sistemas de manejo ambiental a las actividades del Congreso; sancionaremos la negligencia u omisión en los actos administrativos que dañen el medio ambiente y fomentaremos el uso de energías renovables y su comercialización.
Por último, evitaremos que el Poder Ejecutivo celebre cualquier tratado que pueda ser perjudicial para el medio ambiente.
II. Instituciones
El Partido Verde está consciente de la urgente necesidad de apoyar reformas estructurales que propicien un crecimiento económico sostenido con base en una responsabilidad ambiental. Así, seguirá presentado una serie de reformas legales para fomentar el desarrollo de los sectores involucrados en las reformas estructurales.
Tenemos claro que se requiere mayor coordinación interinstitucional para ofrecer servicios de calidad, un mayor monitoreo y evaluación del impacto de los programas, incrementar la recaudación tributaria, fortalecer la participación social y contar con un sistema de transparencia y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal.
Asimismo, consideramos fundamental para la transformación de las instituciones mayor participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las políticas públicas.
III. Seguridad y justicia
Debido a la composición de nuestro sistema jurídico, consideramos el trabajo y la educación como parte fundamental de la readaptación social del delincuente, por ello presentaremos sendas iniciativas para coadyuvar a su inclusión plena en la sociedad.
Impulsaremos una reforma integral a los sistemas de procuración y administración de justicia para que sea realmente pronta y expedita, y sanciones más severas para los delincuentes de alta peligrosidad que impidan su liberación anticipada.
Trabajaremos igualmente en reformas tendentes a fortalecer los sistemas y órganos de administración de la justicia ambiental, como es el caso de la Profepa, jueces y ministerios públicos. Además, buscaremos tipificar como delito el otorgamiento ilícito de permisos y autorizaciones en materia ambiental para evitar el abuso de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
IV. Desarrollo social
La actual situación social de México es motivo de profunda preocupación. Los datos disponibles testimonian un déficit agudo que ha ido en aumento en áreas claves para la vida cotidiana de la mayoría de la población.
En el umbral de la modernización económica y política, la sociedad mexicana muestra ya síntomas críticos de deterioro, en donde la pobreza y las desigualdades sociales y regionales han aumentado. Por lo cual nos ocuparemos por concretar un nuevo pacto social que revierta esta situación.
Los instrumentos tradicionales y los nuevos mecanismos de la política social no han sido efectivos para atacar de manera frontal estos problemas ancestrales. Tampoco han sido eficaces para enfrentar los costos sociales que se han acumulado en dos décadas de ciclos de crisis, estabilización y transformación estructural.
Entre las propuestas de este periodo legislativo destacan la protección a menores de edad del trabajo ilegal e indigno; sancionar la discriminación en todas sus vertientes; protección al menor cuando sus padres se divorcien. También propondremos modificaciones para evitar que los usos y costumbres vayan en detrimento de los derechos de las niñas y mujeres indígenas
Presentaremos reformas para el establecimiento de normas mínimas para la construcción y operación de vivienda de interés social y residencial, que prevea espacios dignos, áreas verdes y ecotecnias. Instaurar de manera clara el concepto de vivienda digna, así como la sustentable.
Propondremos que los gobiernos locales asuman funciones crecientes en lo social, que actúen de manera complementaria a los gobiernos centrales.
V. Crecimiento económico sustentable
En el Partido Verde Ecologista de México tenemos el compromiso de privilegiar un desarrollo económico sustentable que tenga como prioridad beneficios tangibles para el desarrollo de los mexicanos más desprotegidos, mediante una reforma fiscal acorde con las necesidades ciudadanas, que beneficie de manera particular el medio ambiente. Proponemos contribuir al gasto de este sector (ambiental) duplicando sus recursos, favoreciendo una mayor disponibilidad de recursos en otras áreas prioritarias para la nación.
Asimismo, consideramos que deben establecerse mecanismos
que privilegien precios accesibles a los productos de la canasta básica.
Además, buscaremos una reforma fiscal que permita incrementar la
recaudación tributaria con base en la simplificación administrativa
y en el cálculo de impuestos.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LX LEGISLATURA
El Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados está llamado a ser un factor determinante en los trabajos de la LX Legislatura, para impulsar un cambio verdadero en favor de la justicia y la democracia, tal como se comprometió nuestro partido político al sumarse la Frente Amplio Progresista.
Durante el primer periodo ordinario del primer año de la presente legislatura demostramos firmeza y claridad como oposición responsable; capacidad política para ganar la iniciativa; y determinación para alcanzar acuerdos que protejan a las mayorías.
Presentamos nueve iniciativas legislativas para dar facultades expresas al Congreso para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; para elevara rango constitucional las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa popular y la revocación de mandato; para promover conductas éticas y la transparencia en las actividades de los legisladores; para promover la educación de las comunidades indígenas; o para someter a las instancias de seguridad a verdaderos mecanismos de evaluación; ente otras; así como la Ley de Participación Ciudadana desde a presidencia de la comisión del mismo nombre.
Llevamos a la tribuna diferentes temas del mayor interés para el país, sobre la situación en Oaxaca, en defensa de los periodistas, a favor de la procuración de justicia en el caso de los feminicidios, o para promover el V Parlamento de los Niños, entre muchos otros temas.
Hemos actuado con congruencia y unidad en las 15 votaciones de dictámenes ocurridas hasta ahora. Votamos a favor de la modificación a la Ley Orgánica de la Ley General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoció mayor representatividad a las minorías dentro de la Cámara de Diputados; aprobamos la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y las modificaciones a la Ley de Comercio Exterior, diversas modificaciones legales a favor de la protección del medio ambiente.
También votamos a favor del paquete fiscal para 2007 y el Presupuesto de Egresos de la Federación; en ambos caso logramos la incorporación de sentidas demandas de la población, como el no cobro de impuestos a los refrescos o mayores recursos a la educación pública superior, por citar solamente dos ejemplos.
Nuestro grupo parlamentario tiene posiciones estratégicas en 48 comisiones legislativas (38 ordinarias, 9 especiales y en la Cocopa). Contamos con una secretaría en la Mesa Directiva. Presidimos dos comisiones ordinarias: Marina, y Participación Ciudadana. Tenemos 12 secretarías en comisiones ordinarias: Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Salud; Juventud y Deporte; Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación; Puntos Constitucionales; Economía; Radio, Televisión y Cinematografía; Turismo; Equidad y Género; Energía; y Presupuesto y Cuenta Pública; y también en la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, asimismo, somos miembros en 24 comisiones ordinarias y 8 comisiones especiales, de los comités de la Cámara, de los comités que presiden sus centros de estudios.
Con una presencia consolidada en la Cámara de Diputad nuestra agenda legislativa se nutre de los documentos básicos del partido; de las expectativas del ciudadano, las propuestas del Frente Amplio Progresista, de los acuerdos con el Grupo Parlamentario de Convergencia en el Senado, del rezago de anteriores legislaturas –depuradas– y de las iniciativas individuales de cada legislador.
Reconocemos que la labor legislativa de Convergencia debe significarse por apoyar las mejores causas de la sociedad y tender puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara, para que en conjunto hagamos realidad las aspiraciones de la ciudadanía y cumplamos con nuestro deber constitucional de legislar.
La agenda para 2007
Las diputadas y los diputados del grupo hemos acordado priorizar nuestras iniciativas en torno a grandes temas:
Reforma del Estado
Estamos a favor de renovar las instituciones del sistema político vigente, por lo que promoveremos que la reforma electoral garantice comicios equitativos e instituciones electorales imparciales; así como la disminución de los altos costos de los procesos electorales, con medidas como la compactación del número de elecciones, que ha sido una propuesta original de Convergencia, hoy retomada por diversas fuerzas políticas.
Impulsaremos la formación de una Ley de Partidos Políticos que ayude a dotar a éstos de una normatividad más completa y que proporcione a la sociedad la transparencia que como entidades de interés público deben tener.
La ciudadanía es un ejercicio constante que debe ir más allá de a simple emisión del voto para elegir gobernantes. Una sociedad más democrática debe ofrecer a los ciudadanos nuevos canales de participación. Por esta razón continuaremos trabajando para elevar a rango constitucional las figuras de democracia directa tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y, sobre todo, la revocación de mandato.
Seguridad y justicia
Convergencia fue el primer partido en presentar, durante la LIX Legislatura, una reforma integral del sistema de procuración e impartición de justicia, incluyendo el tema de los juicios orales. Seguiremos promoviendo el derecho de los ciudadanos a ser escuchados en los tribunales, en particular en materia penal. Igualmente, promoveremos reformas a la Ley de Amparo en beneficio de todos los ciudadanos.
Política exterior
Enfocaremos nuestros esfuerzos en lograr que la definición de la política exterior sea más democrática a partir de una mayor participación del Congreso, de manera que sea una verdadera política exterior de Estado, no sujeta a la sola voluntad del Presidente en turno. Igualmente buscaremos una mayor participación de los estados miembros de la federación y de las organizaciones de la sociedad civil.
Reforma fiscal
El compromiso de los ocho partidos en la Cámara de Diputados de esta LX Legislatura, de sacar adelante una reforma fiscal integral durante el primer semestre de este año, debe cumplirse, y las legisladoras y legisladores de Convergencia reiteran su apoyo para realizar una reforma que cumpla con ampliar la base de contribuyentes; facilite a la ciudadanía el pago de impuestos, disminuya el costo de los gastos fiscales; reduzca sensiblemente la dependencia de las finazas públicas de lo ingresos petroleros y que no lesione a las mayorías con impuestos a los alimentos y a las medicinas, y a cambio haga más eficiente el combate a la evasión y la elusión del pago de impuestos.
Un elemento de la mayor importancia será la participación de los estados en esta reforma, tanto para el cobro como para el reparto de las recaudaciones.
La reforma fiscal deberá ir acompañada de manera necesaria por cambios en la manera en que se decide y aplica el gasto público. El Estado tiene la obligación de corresponder al esfuerzo de los ciudadanos por pagar impuestos, con eficiencia en el gasto, con la provisión adecuada de servicios y con austeridad y transparencia.
Reforma energética
Convergencia reitera su oposición a cualquier intento de privatizar las empresas estatales del sector energético de México. Reafirmamos nuestro compromiso para defender los postulados del artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, sabemos que el desarrollo del país requiere de la urgente modernización, tanto de la industria de los hidrocarburos como la de electricidad. En ese sentido, promoveremos la aprobación de un nuevo régimen fiscal para Pemex, así como su reforma administrativa. Es necesario reconocer que la reforma energética debe ser integral, por lo que petróleo, gas y electricidad deben ser atendidos también como un conjunto.
Los hidrocarburos son un recurso no renovable, por lo que consideramos de vital importancia para el futuro del país el desarrollo de las fuentes alternativas de energía, sobre todo de aquellas que no son agresivas con el medio ambiente.
Transparencia y rendición de cuentas
Los ciudadanos exigen que sus gobernantes y sus representantes populares tengan una conducta sujeta a principios éticos y que además actúen con transparencia y rindan cuenta del ejercicio de sus cargos. El Legislativo no es ajeno a esta exigencia; por ello nuestro grupo parlamentario seguirá impulsando la adopción de un código de ética para la Cámara de Diputados.
En congruencia con nuestras propuestas de mayor participación ciudadana, promoveremos la posibilidad de remover de su cargo a cualquier funcionario electo que no cumpla las responsabilidades a las que está obligado. No solamente a través del juicio político, sino de la propia revocación de mandato.
Derechos humanos
La protección que otorgan las leyes a todos debe ser una preocupación constante de los legisladores. Convergencia reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Continuaremos trabajando por lograr la equidad de género y la protección a los derechos de las mujeres a una vida digna y con igualdad de oportunidades.
Pondremos especial atención en la protección de los derechos humanos de los migrantes, no solamente los de nuestros compatriotas que van a trabajar a Estados Unidos, sino de aquellas personas extranjeras indocumentadas que transitan por nuestro país. No podemos sino dar el mismo trato que exigimos para nuestros paisanos.
México, DF, a 2 de febrero de 2007.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LX LEGISLATURA
Presentación
El Partido del Trabajo y su Grupo Parlamentario en la LX Legislatura Federal, proponen una agenda legislativa que busca conducir a México a una transformación radical de sus instituciones, para que sean la plataforma sobre la cual se garantice la participación del pueblo en la toma de decisiones fundamentales que le dan rumbo a nuestra nación.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo seguirá impulsando las propuestas fundamentales surgidas de la Convención Nacional Democrática, para emprender una verdadera transición que derive en la conformación de un Estado democrático que esté al servicio del pueblo y que sirva a el.
También proponemos impulsar leyes que aseguren el bienestar de los trabajadores y sus familias, así como el rechazo a las contrarreformas que impliquen un retroceso en las conquistas laborales y en la preservación del patrimonio público y los recursos naturales.
Trabajaremos para impulsar políticas que rompan con el estancamiento del mercado interno y frenen la voracidad de los grandes conglomerados económicos que son los responsables de la falta de dinamismo de la economía mexicana y de la falta de empleos en México al ser los únicos beneficiarios del conjunto de las políticas neoliberales.
Transición Democratica, Representativa Y Participativa
Proponemos incorporar el voto electrónico para evitar inconsistencias en las actas de escrutinio y evitar problemas postelectorales.
Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para democratizar y tener mayor apertura en los medios electrónicos de comunicación masivos.
Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para prohibir el uso de propaganda electoral en los medios electrónicos de comunicación masivos.
Reforma constitucional para incorporar las figuras de democracia participativa directa como la iniciativa popular, revocación de mandato, referéndum, plebiscito, entre otras, que permitan la participación del pueblo en la definición del rumbo del país.
Impulsar reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que sea pluripartidista e incluyente.
Impulsar reformas al formato del Informe presidencial, para que el Presidente de la República acuda al Salón de sesiones a escuchar los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, en el marco de la presentación de su Informe anual a la nación.
Promover la aprobación de mayores recursos de inversión pública para canalizarlos al rescate del campo mexicano; para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y acrecentar la infraestructura urbana y rural.
Impulsar la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para crear el banco de financiamiento de la planta productiva, y con ello dotar de créditos a tasas preferenciales a los productores que no cumplen con las garantías que establece la banca comercial, así como reducir el costo del dinero.
Reformas a la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro, IPAB, para que las obligaciones garantizadas se limiten exclusivamente a los depósitos bancarios, así como para que la administración cautelar se aplique exclusivamente para salvaguardar el interés de los depositantes a la hora de liquidar a un banco.
Impulsar la aprobación de una nueva Ley General de Deuda Pública y de la que Contratan las Instituciones Privadas, para acotar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo federal en materia de deuda pública.
Impulsar reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de normar la formulación del presupuesto y fiscalización del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la nación.
Impulsar la reforma fiscal para acabar con los regímenes especiales de tributación para que sean los sectores de altos ingresos los que aporten mayores recursos al fisco y simplificar los esquemas de tributación existentes que generan elusión y evasión fiscal.
Reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR, en lo relativo al esquema de consolidación fiscal para que los holdings tributen de manera individual y no puedan eludir al fisco al consolidar sus utilidades y pérdidas como si fueran una sola empresa.
Reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para gravar las ganancias de las Siefores y limitar las comisiones que cobran a los trabajadores las Afores.
Reformar la Ley de Coordinación Fiscal para modificar el esquema de reparto entre las entidades federativas y la federación, así como trasladar mayores atribuciones fiscales a las entidades federativas y los municipios. También proponemos reformar dicha ley para incrementar el Fondo General de Participaciones con el propósito de avanzar en el fortalecimiento del federalismo.
Reformas para reglamentar, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, los sueldos de los funcionarios públicos federales, así como las compensaciones, bonos de productividad y todo tipo de estímulos.
Reformas paulatinas a la Ley del IEPS, derechos e ISR para liberar la excesiva carga fiscal que actualmente sufre Pemex.
Reformas a la Ley del ISR para gravar las operaciones del mercado de valores, particularmente del capital especulativo accionario. Asimismo, revisar lo relacionado con el gravamen a dividendos.
Proponemos otorgar exenciones temporales a las empresas que aumenten su nómina laboral en este periodo de emergencia económica.
Establecer un IVA diferenciado, manteniendo tasa cero en alimentos y medicinas, así como la exención en los servicios educativos.
Reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para evitar que el esquema neoliberal de la administración individual de la seguridad social ponga en riesgo el bienestar de los jubilados y pensionados.
Impulsar reformas a la Ley del IMSS para crear del seguro por desempleo, que garantice la sobrevivencia temporal de los trabajadores que pierden su empleo por razones que dependen del comportamiento del ciclo económico.
Impulsar reformas a la Ley del ISSSTE para crear el seguro por desempleo de los trabajadores públicos que les permita hacer frente de forma temporal a la carencia de ingresos en circunstancias en la que pierden sus empleos por razones ajenas a su voluntad.
Impulsar reformas a la Ley General de Educación para incorporar a proyectos productivos a los egresados de las instituciones de educación superior y tecnológica mediante el otorgamiento de becas especiales.
Impulsar la obligatoriedad de la educación inicial y estimulación temprana en el país.
Reformas a las distintas leyes para garantizar la seguridad pública, en particular en la parte relativa a secuestros.
Impulsar reformas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
Impulsar reformas que garanticen el derecho a la salud para todos y promuevan en el sistema de salud pública, la opción de terapias de salud alternativa a la medicina alópata.
Reforma a la Ley General de Educación para establecer
la obligatoriedad de que sea impartida en la enseñanza básica
una materia que aborde las causas de las adicciones, sus repercusiones
negativas en el cuerpo humano y aliente una cultura de prevención
contra las drogas.
Presentación
Este documento tiene como finalidad presentar la agenda legislativa para el segundo periodo del primer año de ejercicio del Partido Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
Más allá del cumplimiento de una obligación legal, la agenda es la ratificación de nuestros compromisos con la sociedad mexicana.
Nueva Alianza impulsa una propuesta de programa legislativo viable y responsable que tiene como objetivo crear y mejorar leyes que armonicen y vigoricen las relaciones y procesos sociales y económicos. Requerimos un nivel de integración y cohesión social. La superación de las condiciones de pobreza, desigualdad, falta de educación y oportunidades que imperan en nuestro país demandan una política social y económica integral e incluyente que atienda las necesidades básicas de toda la población y ayude a recuperar el crecimiento económico sostenido, con justicia social, en un marco de estabilidad política.
Asumimos el compromiso de garantizar y promover leyes que fomenten la educación y el valor del carácter con el fin de impulsar en la ciudadanía una cultura de la libertad y de la responsabilidad que nos preparen como nación para el servicio al país. Creemos que las personas libres, dotadas de una conciencia son el futuro de México.
I. Educación
La educación pública es la vía que dispone el Estado para impulsar el desarrollo nacional; educarse es el camino que cada individuo tiene para construir su propio desarrollo.
La contundente evidencia del poder transformador de la educación es la propia historia nacional; México es lo que es, México es como es por la acción de la educación, por el impacto profundo de la escuela pública mexicana.
La educación es una deuda pendiente en la agenda nacional; es, sin duda, el eje que sostiene e impulsa el desarrollo de México. Nueva Alianza le apuesta a una educación nacional con base en los principios de laicidad, gratuidad, obligatoriedad, de carácter científico, democrática, con calidad y equidad, donde la cultura, entendida como uno de los derechos sociales más importantes y significativos del ser humano y uno de los patrimonios estratégicos de la nación, y la ciencia y tecnología sean el medio para el desarrollo sustentable del país.
Promovemos una educación que impulse el desarrollo de las facultades, habilidades y destrezas del ser humano. Que le permitan un desarrollo armónico, integral y libre; que le ayuden además, a incrustarse en la movilidad social, a vivir una vida digna y, al mismo tiempo, a incorporarse a la aldea global, en esta era del conocimiento, de la informática, de la robótica y de la tecnología.
No se concibe un sistema educativo y la educación en sí misma, sin la labor histórica y comprometida de los maestros, de los trabajadores de la educación y de las instituciones formadoras de docentes; Nueva Alianza solicita firmemente una revisión profunda del quehacer de dichas instituciones. Asimismo, pugnamos por una mejora significativa en el ingreso salarial del magisterio, hasta alcanzar niveles internacional mente equiparables. También, por la formación continua de los docentes, con la finalidad de revalorar su papel institucional y social, para la mejor actualización y desarrollo del maestro en servicio.
La experiencia internacional de las tres últimas décadas ofrece una lección incontrovertible: el progreso y el bienestar de un país, el impulso al desarrollo, entendido como la elevación sostenida y sustentable de los niveles de vida de grandes conglomerados humanos; la viabilidad misma del proyecto nacional en el complejo escenario de la globalización resulta inconcebible sin una reforma a fondo del sistema educativo.
Así lo demuestran el éxito de las "economías emergentes", que en plazos relativamente cortos han revertido las condiciones de subdesarrollo y dependencia. En todos los casos, la transformación sociocultural y productiva tuvo como elemento detonador una decisión estratégica: ¿qué educación, para qué país? La reforma al sistema educativo nacional debe partir de una visión amplia y envolvente de la situación social, económica y productiva, y de los desafíos del régimen político.
En México se vive un gran problema, tanto de calidad de la educación como de equidad de la misma, siendo los más afectados los alumnos en áreas marginadas. Estamos convencidos de que la educación es el mejor medio para alcanzar la libertad y garantizar la justicia social, así como la igualdad de oportunidades, en la perspectiva de una sociedad que ubique al desarrollo científico y tecnológico como la columna vertebral y espacio estratégico para el desarrollo económico y humano.
La educación es un compromiso y una responsabilidad compartida por la sociedad y el Estado. Es un derecho fundamental de todos los mexicanos y, en consecuencia, debe ser una política de Estado que responda a los principios consagrados en el artículo 3o. constitucional.
El sistema educativo nacional enfrenta rezagos, insuficiencias, ineficiencias y disparidades, lo que ha generado problemas de carácter estructural. Nueva Alianza reconoce el papel fundamental de la educación pública en el desarrollo nacional, así como lo mucho que ésta debe de aportar para lograr la estabilidad política y social del país, por lo que es indispensable reformar nuestro sistema educativo con profundidad y urgencia.
Nueva Alianza exige el cumplimiento de la asignación del 8 por ciento del producto interno bruto a la educación, contemplado en el artículo 25 de la Ley General de Educación, así como la obligatoriedad de la educación preescolar y todo aquello que compete al Estado, para que la sociedad cumpla su función en el compromiso con la educación. No olvidemos el principio fundamental de la educación pública: estar al servicio de los ciudadanos y no de régimen político alguno.
II. Política social
El desarrollo social y humano es un proceso encaminado al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. A través de él se promueve el bienestar de las personas en conjunción con el proceso dinámico de desarrollo económico.
En México, los procesos de estabilización y ajuste, el modelo económico, los parámetros de funcionamiento del mercado laboral y la desigual distribución del ingreso han alterado significativamente la arquitectura del desarrollo social, sin que esto se traduzca en un mejoramiento en el bienestar y calidad de vida del país. El incremento de la pobreza, la exclusión social, la violencia, la marginación y la desigualdad que hoy enfrenta la sociedad, en particular los sectores más vulnerables –mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad e indígenas–, es clara evidencia de la inacción y poca protección por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país.
Nueva Alianza busca contribuir a que la población en condiciones de pobreza y marginación alcance un desarrollo humano integral, de manera incluyente y corresponsable.
Las acciones y políticas de desarrollo social deben estar orientadas a la disminución de los índices de pobreza y marginación; a la atención de necesidades básicas de nutrición, salud y educación; al crecimiento ordenado de los centros de población, urbanos y rurales, así como su equipamiento e infraestructura; al acceso a vivienda; y a la generación y ampliación de oportunidades de ingreso, crédito y ahorro para la población en condiciones de pobreza y marginación y para los grupos vulnerables.
Es indispensable desarrollar una agenda social que se funde en el diagnóstico cuidadoso de los retos que es necesario enfrentar, que se base en una visión amplia del desarrollo social, articulada con conceptos tales como derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son fundamentales para el desarrollo de una sociedad plena.
Para Nueva Alianza, el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social. Debemos dar un mayor peso a la calidad del crecimiento. El crecimiento económico debe ser incluyente y contribuir al desarrollo social.
La naturaleza e instrumentos de la política social deben promover la organización de la población para que supere los niveles de pobreza y desigualdad en el país.
Debemos reconocer que el valor máximo de la política social es la equidad, mientras que el de la política económica es el de la eficiencia; también, que el instrumento básico de la política social son las políticas deliberadas, los programas y los proyectos que tienen que ver con la inversión en recursos humanos, y la promoción y el fomento de la organización social.
Nueva Alianza, como parte de una nueva generación mucho más consciente de las problemáticas que nos impiden avanzar, apoya las causas de las personas en condición de vulnerabilidad. Por ello, en este periodo, una de las metas centrales para nuestro partido consiste en la promoción de los medios favorables para su desarrollo.
En México, el problema no radica exclusivamente en la condición de los grupos vulnerables, sino en la insuficiente atención que se le ha dado. No podemos pasar por alto que tampoco suelen estar suficientemente representados, por lo que es nuestro deber otorgarles una garantía de participación plena, activa, libre y patente.
III. Política exterior
La política exterior de México, en el transcurso de los últimos años, ha presentado diversas transformaciones, que se han visto reflejadas tanto en el diseño de sus estrategias internacionales como en la orientación hacia determinadas regiones del mundo.
A pesar de los logros, el escenario actual en materia de política exterior no es muy favorable. El intento por cambiar la definición tradicional de la diplomacia mexicana condujo al país a una situación incierta. No se logró construir un liderazgo internacional sólido ni se ha garantizado la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos, especialmente la de las y los migrantes.
Para Nueva Alianza reconstruir una clara política exterior es una de las tareas más urgentes. Para hacerlo se tendrán que definir los objetivos a partir de políticas congruentes con la realidad geopolítica y las circunstancias económicas, sociales y políticas de la nación frente al fenómeno de la globalización.
Asegurar la viabilidad como país independiente y satisfacer las necesidades de la población, se traduce en la aplicación de una política de Estado capaz de generar consensos sociales y políticos que trasciendan y generen certeza y seguridad en el ámbito nacional e internacional. En este sentido, para Nueva Alianza uno de los desafíos es convertir los compromisos internacionales contraídos en relación a los derechos humanos en hechos tangibles para la sociedad mexicana.
Una de las grandes deudas del Estado mexicano es la salvaguarda, respeto y protección de las garantías de los migrantes. Por ello, es indispensable garantizar la intervención del gobierno y de las autoridades correspondientes en la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes en las dos fronteras de nuestro país y, en este sentido, Nueva Alianza fijará nuevas metas para hacer que los derechos de los migrantes sean respetados.
También pugnaremos por la armonización de la legislación federal con los instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro país, a fin de que el Estado mexicano cumpla los compromisos internacionales adquiridos a favor de su ciudadanía.
La política exterior mexicana tiene aún múltiples márgenes de acción que, con la creación de espacios de entendimiento y diálogo, el establecimiento de los correctos canales de comunicación y un desempeño vigoroso en el impulso y profundización de la democracia, pueden ser ejercidos hábilmente en cada región del mundo.
En Nueva Alianza le apostamos a la promoción adecuada de los intereses del país, a fin de encontrar los canales convenientes para diversificar las relaciones y las oportunidades de desarrollo, a partir de relaciones más equilibradas, en donde el beneficio sea para todos. Debemos construir los acuerdos internos y redefinir la política exterior de acuerdo con el proyecto de nación que necesitamos, hacer de la política exterior mexicana una política de Estado.
Para Nueva Alianza la formulación de una política exterior eficiente y eficaz requiere de principios, realismo, congruencia y una visión a futuro.
IV. Política económica
El perfil y la gestión de la política económica debe cambiar; los resultados de los últimos años reflejan que falta mucho por hacer, que el crecimiento es débil y la estabilidad macroeconómica sigue siendo un tema pendiente de alcanzar.
Nuestra economía sigue siendo vulnerable, no muestra la fortaleza de una economía robusta que debe garantizar tasas de crecimiento estables y permanentes; la inversión sigue siendo menor a la requerida, el nivel de empleo generado es insuficiente, la calidad de los puestos de trabajo no es la mejor y, en consecuencia, mejores niveles de ingreso y calidad de vida siguen siendo temas pendientes de resolver y alcanzar.
Debemos consolidar una dinámica de crecimiento estable y consistente, sin distorsiones, reconociendo que las fallas del mercado deben ser compensadas con una regulación gubernamental oportuna y eficiente, que garantice mejores niveles de bienestar para todos los mexicanos.
Para Nueva Alianza los resultados del esquema de política económica aplicado en los últimos años son absolutamente insuficientes.
La política económica no refleja los intereses superiores de la sociedad, tampoco apoya el mejoramiento del nivel de vida de todos los mexicanos. En consecuencia, es claro que hay que posibilitar cambios en el marco jurídico que apoya la intervención del Estado en la economía y la regulación de los agentes económicos.
La estabilidad económica manifiesta en el discurso oficial está sostenida por hilos muy delgados, que pueden poner en serio riesgo al país.
Ante esto, estamos obligados a hacer un esfuerzo por diversificar las fuentes de ingresos; de lo contrario, seguiremos incumpliendo con el principio de equidad y proporcionalidad establecido en nuestra Constitución.
El gasto público debe flexibilizar su perfil restrictivo, ya que con éste no se apoya suficientemente la actividad económica, no se detona suficiente inversión en capital humano y se impide con esto, la movilidad social.
Nueva Alianza se suma a la posibilidad de alcanzar una reforma fiscal integral que genere los recursos que nuestra hacienda pública necesita.
Recordemos que nuestra política fiscal está sustentada en los ingresos petroleros y tenemos una captación tributaria de las más bajas del mundo, lo que nos hace más dependientes de la inversión extranjera y de la dinámica de las remesas que nuestros connacionales envían a nuestro país.
Nueva Alianza reconoce que no tenemos finanzas públicas sanas, y que el equilibrio fiscal que muestran nuestras cuentas fiscales no son consistentes, por el sólo hecho de que nuestra economía sigue generando pasivos de diferentes origen, como son los laborales y Pidiregas entre otros.
Para Nueva Alianza, las finanzas públicas son un instrumento estratégico del Estado que debe ir mucho más allá de la noción de equilibrio fiscal, y deben utilizarse integralmente, tomando en cuenta el ciclo ingreso, gasto y deuda para apoyar el crecimiento y desarrollo del país con responsabilidad y con gran sentido social.
Por todo lo anterior, propondremos reformas constitucionales y modificaciones al marco regulatorio monetario, fiscal y financiero, dando seguridad jurídica a la inversión y a todos los agentes económicos participantes en el proceso económico.
Para Nueva Alianza, la intervención gubernamental debe asegurar la protección de los derechos de propiedad de los agentes económicos y debe generar incentivos suficientes para apoyar el crecimiento, la estabilidad económica y el desarrollo social para insertarnos en la economía mundial de manera eficiente, generando beneficios para nuestro mercado interno y para todas y todos los mexicanos.
V. Seguridad pública y justicia penal
La seguridad pública, la justicia penal y los derechos humanos son las políticas públicas del Estado mexicano que requieren una mayor atención por parte de los tres Poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno.
Cuando la delincuencia, organizada y la común están rebasando a las instituciones se prenden los focos rojos de atención y de alerta. Por mandato de nuestra Carta Suprema corresponde al Estado otorgar, planear, fomentar e implementar programas tendientes a abatir y combatir la delincuencia y, con ello, otorgar a la sociedad la seguridad pública que tanto anhela y que, con mucho, exige.
El delito, en todas sus manifestaciones, ofende a la sociedad. Es trascendental que todos los actores políticos asumamos con seriedad y con responsabilidad nuestra tarea.
Las y los legisladores de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, estamos concientes de que la seguridad pública es un rubro que merece especial atención; no vamos a quedarnos indiferentes ante la zozobra social, nos preocupa terminantemente impulsar las normas jurídicas que hagan que nuestro sistema penal sea transparente y eficiente. Que la impartición y administración de justicia se realice de forma pronta y expedita, siempre con apego a nuestro marco jurídico.
Por ello promoveremos, mediante el diálogo y los acuerdos, con las demás fuerzas políticas representadas en esta colegisladora, las reformas y adiciones a las leyes penales que sustenten las acciones que las autoridades competentes en la prevención, investigación y persecución del delito deben llevar a cabo.
Resulta necesario impulsar leyes que coadyuven para que las autoridades federales y locales tengan una mayor eficacia para la persecución e investigación de los delitos de delincuencia organizada, así como promover reformas al marco jurídico federal para establecer mecanismos que combatan la corrupción y la impunidad.
Asimismo, plantearemos la creación de la figura del ombudsman1 de los niños, de acuerdo con los derechos del niño en las convenciones y los tratados internacionales que México ha firmado.
VI. Reforma del Estado
La reforma del Estado no es una tarea sencilla, pues contempla procesos y tiempos que en ocasiones son poco compatibles con las dinámicas propias de la política y los intereses de los distintos actores. Sin embargo, el Partido Nueva Alianza considera que no llevarla a cabo traería consigo enormes costos para el país en el corto y mediano plazos.
Lo realmente importante es reabrir el debate y legislar en la materia para poder tener una política con rumbo que, a la vez, sea eficaz y funcional. En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza consideramos que las reformas constitucionales tienen que garantizar, por un lado, el Estado de derecho y la gobernabilidad y, por el otro, el rediseño democrático de las instituciones públicas que asegure su operatividad, viabilidad y sustentabilidad.
En cuanto a derechos humanos, nuestro grupo parlamentario asume un compromiso real con el respeto a los mismos, para lo cual es necesario legislar sobre la plena autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Debemos tener leyes adecuadas para que en la CNDH la legalidad, la imparcialidad, la neutralidad y la institucionalidad sean mucho más que normas de conducta vigentes y no estén en función de coyunturas políticas o intereses partidistas. Las recomendaciones que emite la comisión no tienen un carácter vinculatorio, por ello es indispensable involucrar aún más al Poder Legislativo en el seguimiento de las mismas fortaleciendo las facultades del Congreso para que pueda citar a comparecer a la autoridad o servidor público que haya rechazado alguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En otro orden de ideas, la reforma electoral ha sido uno de los temas pendientes y urgentes de la reforma del Estado. Entre las más importantes son la de legislar para reducir los tiempos y los costos de las campañas electorales; para que el Instituto Federal Electoral sea quien contrate la publicidad de los partidos en medios electrónicos; para que haya una mayor transparencia en la utilización de recursos públicos por parte de los partidos políticos y para que se regulen las precampañas.
Por último, el desarrollo sustentable también es una asignatura pendiente de la reforma del Estado. Por ello consideramos que correremos un grave riesgo en materia ambiental si no legislamos en el tema.
La variación en los precios del petróleo de las ultimas semanas trajo consecuencias directas en los precios de los bienes y servicios que todos los mexicanos consumimos. Por ello, Nueva Alianza considera imprescindible legislar en la materia para tener un régimen fiscal para Petróleos Mexicanos que fortalezca a la paraestatal en el sentido de que privilegiemos las reservas petroleras. Las reservas petroleras de nuestro país han caído en 3 por ciento en los últimos cinco años, lo que afecta directamente en los precios de toda la cadena productiva. Sin embargo, el verdadero reto para Nueva Alianza es buscar el fortalecimiento de la explotación de fuentes renovables de energía, que nos permitan reducir los niveles de contaminación, tener seguridad energética en el largo plazo y, conservar y mantener precios competitivos de los energéticos que beneficien a todos los mexicanos.
VII. Medio ambiente
El cambio climático es uno de los problemas ambientales más importantes a nivel mundial. Este se debe fundamentalmente a la acumulación y concentración de gases "de efecto invernadero" en la atmósfera, derivado de actividades industriales y otros problemas ambientales locales, tales como el uso de combustibles fósiles, la deforestación y la rápida expansión de la agricultura de regadíos. El principal efecto directo en la salud es el aumento de la mortalidad, el cual se da durante la manifestación de fenómenos climáticos extremos, principalmente en ancianos, niños y personas con procesos crónicos, debido a su menor capacidad fisiológica.
En los últimos años México ha contribuido, al igual que todos los países del mundo, a incrementar este problema a través del fuerte y constante deterioro de su medio ambiente y sus recursos naturales. A pesar de los esfuerzos realizados desde hace más de dos décadas, en México han aumentado los procesos de deforestación, erosión del suelo, sobreexplotación de recursos pesqueros, contaminación del agua, contaminación del aire, expansión acelerada de la actividad industrial, la presencia comprobada de Organismos Genéticamente Modificados en el territorio nacional, y la pérdida de biodiversidad.
En junio de 1992 se llevó a cabo la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, también conocida como la Cumbre de la Tierra, donde se desarrolló y legitimó una agenda de medidas relacionadas con el cambio medioambiental, económico y político. El propósito de la conferencia fue determinar qué reformas medioambientales era necesario emprender a corto, mediano y largo plazos, así como iniciar procesos para su implantación y supervisión internacionales.
En el mismo tenor, la Declaración de Río define los derechos y las obligaciones de los Estados respecto de principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo; en su artículo 15 expresa: "Con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente". Cabe resaltar que dicha declaración ha sido ratificada por el Gobierno de México.
A pesar de haberse ratificado dicha declaración, resulta preocupante la pobre asignación de recursos públicos en los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de medio ambiente, ya que en cada sexenio han resultado insuficientes, evidenciando la falta de prioridad que el gobierno mexicano da a la protección de nuestro patrimonio natural.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., prevé el derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; siendo obligación del gobierno garantizar estos derechos a sus ciudadanos. Sin embargo, son innegables las deficiencias de las entidades gubernamentales encargadas de la gestión ambiental, así como la falta de efectividad de los sistemas de verificación, seguimiento y control. Vemos con preocupación y desconsuelo cómo las grandes empresas siguen violando la legislación en la materia de manera impune y ante los ojos de nuestras autoridades.
Por tanto, debemos promover el crecimiento económico, el cual debe ser concebido en correspondencia con los principios de equidad y sustentabilidad, donde el ambiente no sea considerado exclusivamente como proveedor de recursos al sistema económico. En las políticas económicas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo, el gobierno de nuestra nación debe tomar en consideración los impactos que las mismas ocasionan sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza se propone contener las tendencias de deterioro del ambiente y de los recursos naturales, así como promover, a su vez, el desarrollo sustentable de nuestro país, proporcionando los instrumentos adecuados para alcanzarlo. Inicia una nueva etapa encaminada a desarrollar una política ambiental responsable más exigente y moderna.
Nuestro principal compromiso con la nación consiste en mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, lo que significa buscar el adecuado equilibrio entre crecimiento y cuidado de nuestro entorno.
Por consiguiente, durante los próximos tres años, y como parte de la agenda ambiental, desarrollaremos una estrategia a largo plazo, de la cual se desprendan instrumentos que permitan a futuro una adecuada gestión y protección pública de nuestro medio ambiente y recursos naturales.
La agenda legislativa en materia ambiental incluirá:
Impulsar, mediante el desarrollo de la regulación ambiental, las normas y acciones de carácter preventivo, como la educación ambiental, la cual resulta una de las más importantes para inducir cambios en los sistemas productivos y en los patrones de consumo. Todo ello, tomando en cuenta a todos los sectores de la sociedad, por medio de consultas públicas abiertas, que respalden cambios al marco jurídico y mejoras en las normas ambientales;
Impulsar y efectuar prácticas de negociación que pugnen por aumentar la participación del sector ambiental en los fondos públicos;
Promover la compilación de nuestra legislación ambiental para promulgar un solo código ambiental eficaz y eficiente;
Actualizar nuestra legislación para hacerla acorde y congruente con el entorno internacional, dando cumplimiento a los distintos convenios internacionales relacionados con la temática que México ha firmado y;
Promover la participación ciudadana en actividades para garantizar la transparencia en la toma de decisiones.
VIII. Ciencia y tecnología
Hoy en día la capacidad de reproducción, transmisión y transformación del conocimiento, constituye una fuente de poder y competencia entre las naciones. En este contexto, México no es la excepción. Para un país como el nuestro, que ha iniciado ya un proceso de apertura económica, política y cultural, las tareas de investigación y desarrollo tecnológico adquieren un valor estratégico. Sin embargo, la capacidad interna para generar, transformar y aplicar la ciencia y la tecnología en favor del país, es todavía limitada y claramente inferior a las de nuestros socios comerciales.
En este tenor, Nueva Alianza apela por el avance de la ciencia y la tecnología. Creemos firmemente en que el futuro del país dependerá en mucho de la forma en que nos adaptemos a los nuevos requerimientos que manifiesta México. Somos un partido joven que apuesta a los avances e innovaciones en esta materia, para crear un futuro mejor a las próximas generaciones.
Algunas de las promesas de la biomedicina en el siglo XXI consisten en el tratamiento de afecciones degenerativas y crónicas. Si queremos un país avanzado y moderno, no podemos permitir que esto pase. Por lo anterior, Nueva Alianza impulsará reformas para resguardar y dar sustento a nuestros propios insumos, evitando que la fuga tecnológica se siga dando.
Nueva Alianza velará por los recursos de México, no solamente en favor de los propios usuarios, sino también en beneficio de los avances que en esta materia puedan
derivarse. Asimismo, vincularemos a la población, y particularmente a los niños y jóvenes, con las experiencias científicas y tecnológicas que abren nuevos horizontes al desarrollo humano, así como nuevas perspectivas en la calidad de vida de los mexicanos.
Una parte esencial del futuro de México está cifrada en su capacidad científica y tecnológica, y en su fortaleza educativa. Nuestro grupo tiene un firme compromiso con la educación, por lo que impulsaremos reformas en favor del desarrollo científico y tecnológico en el país.
Nota:
1 Para esta palabra escandinava de origen alemán
no existe una traducción apropiada. Ombudsman es un vocablo
sueco que puede significar representante, mediador, agente, guardián
etcétera, y es aplicado a una institución jurídica
de los derechos humanos.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE LA LX LEGISLATURA
Presentación
Este documento constituye una guía para el conocimiento y debate de las propuestas legislativas de Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Aquí se analiza el entorno, se exponen procesos, se establece un espacio de reflexión y, sobre todo, se plantean propuestas para el lanzamiento de las iniciativas que nuestros legisladores impulsarán en los distintos espacios de la Cámara de Diputados durante el segundo periodo de sesiones.
Alternativa Socialdemócrata y Campesina es, ante todo, una expresión de voluntades y compromisos para cambiar las cosas. Es una propuesta para aquellos ciudadanos que no son indiferentes ante los graves problemas del país y quieren participar en la construcción de un mejor futuro. Queremos iniciar una historia diferente: con libertades y equidad; con seguridad y bienestar; con dignidad y oportunidades reales de desarrollo para todas las personas.
Es nuestra obligación asumir un papel activo en los asuntos públicos del país y contribuir con ideas claras y acciones concretas para superar la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, el estancamiento económico y la destrucción ambiental. Si no lo hacemos pondremos en riesgo la viabilidad misma del país para los siguientes veinte años.
Consideramos que la mayor parte de la sociedad se ha alejado de la política, alejamiento que tiene su principal expresión en la creciente abstención electoral. Si observamos la participación ciudadana en los procesos electorales federales y locales de los últimos cinco años, únicamente han participado, en promedio, 4 de cada 10 personas con derecho a votar. Esto significa que cuando un partido gana una elección con el 40 por ciento de la votación, en realidad gobernará o legislará solamente con la representación efectiva del 15 por ciento de la ciudadanía, lo cual muestra la magnitud del problema de legitimidad de los partidos de siempre.
Las grandes cantidades de dinero involucradas en las campañas políticas hacen de la ciudadanía un mero objeto de la comercialización de imágenes y promesas sin sustento. En estas condiciones es imposible alcanzar una democracia de calidad, con resultados y soluciones. Esta es la cuestión que nos debemos plantear. Y lo cierto es que si queremos iniciar una historia diferente para México, no podemos admitir que los intereses de unos cuantos sigan frenando la creatividad, las capacidades y las aspiraciones de la mayoría. La democracia y, por lo tanto, nuestro derecho a participar en los asuntos públicos, sólo tienen sentido si hacemos valer nuestra voz y nuestro voto; si traducimos nuestras ideas, demandas e iniciativas en acciones; si transformamos el poder público en un verdadero poder ciudadano.
Hay que hacer de los asuntos públicos un asunto nuestro. Hay que dejar en el pasado la idea de que la política es una cosa ajena a la vida cotidiana. Hoy tenemos la oportunidad de ser parte del cambio. Hoy tenemos la responsabilidad de actuar.
La democracia es quizá el rasgo más distintivo de aquellas sociedades en el mundo que han sido capaces de crear las instituciones necesarias para garantizar los derechos, las libertades y la dignidad de las personas; que han combatido la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción; que han alcanzado un crecimiento económico sostenido y sustentable, basados en la educación, la capacitación para el empleo, el incremento de la productividad y un fuerte impulso al desarrollo científico y tecnológico, así como en la preservación del medio ambiente y el uso racional de sus recursos naturales.
En aquellos países donde se consolidó la democracia, cambiaron las reglas de la política y nuevos actores aparecieron en escena, surgidos desde la sociedad y comprometidos con sus necesidades y aspiraciones. Lo mismo en España que en Polonia y Chile, por mencionar tres ejemplos recientes, las cosas cambiaron para bien en forma sustancial, a pesar que hace poco más de dos décadas esos países se encontraban sometidos a sistemas políticos autoritarios. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron esas sociedades que la nuestra no ha hecho? ¿Acaso nosotros no podemos hacerlo? ¿En dónde está la clave para abrir las puertas hacia una democracia que funcione y hacia un desarrollo que sea duradero, sustentable e incluyente? La respuesta se encuentra en la decisión de esas sociedades de tomar el destino de sus países en sus manos; en la decisión de hacer de la política un instrumento de la ciudadanía; en la decisión de cambiar las cosas a través de los principios y los mecanismos de la democracia. Esas sociedades hicieron de la política una responsabilidad compartida y una actividad digna, transparente y eficiente.
Eso es lo que necesitamos en México. Se requiere consolidar y ampliar las instituciones y los procesos democráticos, de tal forma que la participación ciudadana no se limite a las elecciones. Se necesita cambiar las reglas de la política y los mecanismos institucionales para promover el diálogo y la construcción de acuerdos, dejando atrás las discusiones y las confrontaciones estériles que impiden las reformas que el país requiere para salir del estancamiento actual. Requerimos que la sociedad participe activamente en los asuntos públicos y en las responsabilidades de la comunidad, lo mismo en las tareas legislativas y de gobierno que en los problemas más elementales de la vida cotidiana.
Es evidente que el mayor desafío de México es la desigualdad y que, como lo sostuvo nuestra candidata a la presidencia de la República, Patricia Mercado, es mucho más grande que la pobreza. La padecen los más pobres de los pobres que son en su conjunto, más de veinte millones de personas que sobreviven en condiciones que ofenden la dignidad humana, y su situación nos atañe a todos por lo que no podemos ser indiferentes ante esta terrible situación.
Pero la desigualdad, además, tiene que ver con los derechos y las libertades. En ese terreno el país está también muy lejos de garantizar la dignidad humana, no solo entre las personas más pobres. La discriminación de las personas por sus creencias religiosas, preferencias sexuales, origen étnico o capacidades físicas limitadas, sigue siendo una práctica generalizada, para vergüenza de la sociedad en su conjunto. Y allí no acaban las distintas expresiones de la exclusión social.
La posibilidad real de hacer valer los derechos cuando han sido vulnerados, sigue siendo un privilegio que, como tal, excluye a la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos, lo mismo si se trata de enfrentar los daños causados por una gran empresa a un consumidor o de asegurar la pensión alimenticia para las hijas y los hijos cuando una pareja se separa, que si se trata de combatir los abusos de una autoridad o la destrucción del medio ambiente.
Por esto en Alternativa tenemos la convicción de que hay dos retos fundamentales:
• Construir una sociedad con derechos y libertades universales, a los que tengan acceso todas las personas, sin excepción, con garantías efectivas y mecanismos sencillos para defenderlos y hacerlos valer, en un marco de pluralidad política y diversidad social.
Agenda Legislativa
La agenda legislativa es nuestro punto de partida. No pretende ser exhaustiva, ni comprende todas las propuestas incluidas en nuestra plataforma electoral, pero en ella se subrayan las propuestas en las cuales pondremos especial énfasis en el trabajo legislativo, y su objetivo es ofrecer una visión clara de algunas de las iniciativas que impulsaremos en el Congreso durante este segundo periodo de sesiones.
Primer Eje Rector. Reforma del Poder
Nuestra incipiente democracia aún carece de la calidad y la eficacia necesarias para atender en forma satisfactoria las demandas de la sociedad. En este punto no hay mayor discrepancia. Sin embargo, tan pronto se abre paso a la discusión sobre los factores que explican la precaria condición de nuestra vida política y, en especial, sobre las opciones para superar esta situación, el problema se descompone en interpretaciones, imputaciones y confrontaciones que reducen el debate a la defensa de intereses particulares y, lo que es peor, a los limitados espacios que concede la dinámica coyuntural en la que se encuentran inmersos prácticamente todos los actores políticos.
En este sentido resulta imprescindible concentrar la mirada en el rediseño institucional, a la luz de la actual realidad plural, y valorar los principios y los objetivos que lo orientaron, para identificar los nudos medulares que hoy nos tienen enfrascados en una dinámica de confrontaciones estériles y, sobre todo, para resolver problemas estructurales más allá del cálculo electoral o mediático de corto plazo.
Pretendemos ordenar y abrir una discusión que permita construir los acuerdos básicos para hacer de las reglas y las instituciones democráticas un sistema dotado de las bases orgánicas y la funcionalidad necesarias para, en la pluralidad, hacer posible el gobierno de la mayoría y garantizar los derechos de las minorías, de tal manera que el procesamiento de las diferencias no se traduzca en parálisis gubernamental, incapacidad para atender demandas sociales o supresión de libertades.
Transformando el Sistema Presidencialista
En Alternativa creemos que la distribución de facultades y la relación entre poderes carecen de mecanismos y procedimientos para generar acuerdos y facilitar el procesamiento de las diferencias, lo que se traduce en confrontación y parálisis. Y esto se debe a que en la Constitución el Presidente de la República sigue siendo el titular de un poder fuerte, dotado de muchas facultades, mientras en la realidad hay una pluralidad política que requiere un nuevo diseño que distribuya atribuciones y establezca mecanismos para la relación entre las instituciones y los actores en el contexto de un poder público dividido.
Entre los temas pendientes de la reforma del Estado mexicano, se encuentra, por su trascendencia, lo referente a la conformación y funcionamiento del Poder Legislativo. Es urgente fortalecer la capacidad de los ciudadanos para evaluar, premiar y/o castigar, de manera efectiva, las acciones de los legisladores; garantizar mecanismos para la representación parlamentaria de las minorías; ampliar y hacer más eficaces los periodos ordinarios de sesiones y profesionalizar los equipos de apoyo para los legisladores.
El actual arreglo legislativo implica, en los hechos, continuar con la tradicional subordinación de los diputados a sus dirigencias y no a la ciudadanía que los eligió, lo que se refleja en las decisiones adoptadas en el Congreso que generalmente, solo obedecen a los intereses coyunturales de los partidos o de los grupos parlamentarios que los dirigen, permaneciendo tanto los ciudadanos, como los propios legisladores en la imposibilidad de hacer valer sus criterios sobre la actuación de los representantes o las demandas de los representados.
Propuesta. Modernizar y democratizar al poder legislativo en el nuevo contexto de pluralidad y fragmentación política, principalmente retomando la iniciativa de ley para la reelección de diputados.
Reforma Electoral
Además del cambio en la forma de gobierno, es necesario atender otras exigencias para la consolidación democrática. Una de ellas, fundamental para garantizar un ejercicio ya no sólo eficaz, sino también eficiente y transparente de la función pública, se refiere a la necesaria reforma electoral que obligue a los partidos políticos transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que no son dependencias públicas, los partidos son organizaciones de ciudadanos que desempeñan la esa función pública que es participar en elecciones para la formación de gobierno. El reto es diseñar, impulsar y consolidar una reforma que, en el ámbito de la vida de los partidos políticos, permita transparentar la forma en como estos institutos políticos adquieren sus recursos económicos y, sobre todo, como los manejan.
Queremos construir un efectivo Estado social de derecho que garantice los derechos de las personas así como el cumplimiento de su responsabilidad fundamental en materia de seguridad pública, mediante una transformación de los sistemas de justicia y prevención y persecución de la delincuencia, que asegure el ejercicio universal de los derechos fundamentales de la persona y su integridad física y patrimonial. Además pretendemos que el Estado sea mejor recaudador, administrador y distribuidor de la riqueza, para construir las condiciones de equidad y bienestar sociales que ofrezcan oportunidades reales para todos e impidan la fragmentación de nuestros tejidos sociales; establecer nuevos términos para una relación legal y racional con el mercado; y defender y promover esos intereses nacionales en el escenario de la globalización. Ello supone llenar de sustancia la esfera de lo público y dotar de dignidad a la política. Supone, sobre todo, abandonar la resignación frente al nuevo pensamiento único y liberar al Estado de los intereses particulares que hoy lo tienen secuestrado.
Seguridad pública
Es imprescindible una clara y razonable división entre las funciones del Ministerio Público Federal y las de la Policía (ministerial) hoy llamada Federal Preventiva, poniendo especial cuidado en no vulnerar la soberanía de los estados federados
Prevención de la Delincuencia
Hasta el día de hoy el gobierno de la Ciudad de México ha puesto prioritaria atención en una política criminal represiva, dejando en segundo plano la política criminal preventiva.
Nada se puede lograr en el tema de la impartición de justicia si primero no se propicia una reforma plena del Ministerio Público Federal en lo relativo a su autonomía.
1) Que mediante reforma a la Constitución se determine tal autonomía disponiéndose un patrimonio propio para el Ministerio Público Federal, que deberá estar a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación.
2) Que la designación del titular del Ministerio Público Federal, cuya cabeza es hoy el Procurador General de la República, sea a cargo del Senado de la República previa consulta de propuestas que hagan facultades de Derecho del país, colegios, asociaciones y barras de abogados, o sea, conjuntado la opinión de la academia y del foro nacionales.
3) Que el mismo procedimiento se siga en la designación de los subprocuradores y agentes del Ministerio Público auxiliares directos del procurador.
4) El titular del Ministerio Público Federal y los subprocuradores se presentarán ante el Senado de la República cuantas veces éste lo juzgue necesario. Su remoción, llegado el extremo, será dispuesta y calificada por el propio Senado.
La cuestión de la prevalencia del estado de derecho, imprescindible en una sociedad democrática tiene dos vertientes que si se omiten o ignoran dejan sin consistencia la solidez de los tribunales. Ellas son la defensa de las garantías básicas e individuales (derechos reconocidos por la Constitución) a través del juicio de emparo; y la decisión final, sentencia o fallo último (cosa juzgada) a cargo de Tribunales o de la Suprema Corte de Justicia.
Propuesta. En relación con la decisión final, sentencia o fallo último preocupa seriamente que en el nombramiento de los ministros predomine la voluntad del Presidente de la República, restándole así autonomía e independencia al máximo tribunal de Justicia. Aquí se propone una iniciativa de ley para reformar los artículos constitucionales 89 en su fracción XVIII y 95, 96, 97 y 98 que permita, toda proporción guardada, aplicar en los nombramientos, renuncias y remociones de los ministros de la Corte los mismos principios establecidos para los funcionarios del Ministerio Público Federal; con la salvedad de que se propondrá en la iniciativa de ley que un cuerpo conspicuo constituido por representantes de la academia y del foro hagan la designación correspondiente y la sometan a la aprobación del Congreso de la Unión, donde se deberá decidir en una plazo no mayor al de 15 días hábiles.
Propuesta. Por su parte, la justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución, no encuentra adecuada respuesta en la realidad. Por el contrario, lo que prevalece es un elevado índice de incompetencia que afecta gravemente la vigencia del estado de derecho. Por eso es necesaria y urgente la presentación de una iniciativa de ley para ampliar el artículo 17 constitucional. Se impulsará un foro de trabajo en el que participen distinguidos especialistas académicos, y abogados en el ejercicio profesional del litigio, para que aporten sus conocimientos en esta materia tan compleja. Además, se propondrá una iniciativa de ley que permita la creación de un Tribunal Constitucional que única y exclusivamente velará por la exacta aplicación e interpretación de la Carta Magna. Esta iniciativa carecería de sustento sin otra en que se propondrá la reforma del artículo 192 de la Ley de Amparo que prescribe la obligatoriedad de la jurisprudencia emanada de la Corte; lo que es inaceptable desde el punto de vista penal ya que la única y exclusiva fuente del derecho penal es la ley, que brota de la fuente del Poder Legislativo, y no la jurisprudencia, que brota de la fuente del Poder Judicial.
Para dar sustento jurídico y funcionalidad operativa a la Policía Nacional Preventiva se requiere una reforma constitucional y un proceso de homologación de los códigos penales. En el mismo sentido, es necesario contar con bases constitucionales que establezcan principios y disposiciones comunes para la organización y coordinación de las procuradurías y las policías judiciales en todas las entidades federativas, de tal manera que se fortalezca de la autonomía del ministerio público; se profesionalicen las policías ministeriales; y se cuente con sistemas de control nacionales sobre su actuación y desempeño.
En Alternativa reconocemos la importancia que reviste para el desarrollo del país en todos sus órdenes, el incremento de las capacidades nacionales en materia de ciencia y tecnología, y de la importancia que ha tenido en ello, durante las últimas décadas, el desarrollo de la investigación del espacio y el desarrollo de medios para su exploración conjuntamente con tecnologías de punta en todos los órdenes de las ciencias.
1. Incrementar el porcentaje del producto interno bruto, PIB, destinado a la investigación científica y tecnológica.
2. Desarrollar el marco jurídico para la concurrencia de recursos públicos y privados en este rubro.
3. Realizar estudios sobre la forma y costos de uso de herramientas electrónicas en el salón de clase, así como cuantificar el costo real, incluyendo la capacitación, de la introducción de una red escolar computarizada en el sistema de educación básica y evaluar las experiencias de educación a distancia.
4. Generar una fuerza laboral capaz de adaptarse a los continuos cambios tecnológicos, incorporando continuamente nueva información, métodos e ideas durante su vida laboral, trabajando con efectividad en un contexto de relativa autonomía y colaboración en grupos, para garantizar una competencia internacional más equitativa y equilibrada, en el rápido crecimiento tecnológico y su naturaleza sistémica.
5. Vincular la ciencia, la tecnología y las universidades con el sistema educativo nacional básico.
6. Garantizar el acceso real y equitativo al uso de las nuevas tecnologías, porque la desigualdad en el acceso tenderá a acrecentar las diferencias en las oportunidades de aprendizaje ya existentes.
Aplicación del 8 por ciento del PIB a la inversión educativa en los términos que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación.
Cumplimiento de la obligatoriedad de la Educación Preescolar, como establece el artículo 3o. Constitucional.
Desarrollar la infraestructura educativa (la dignidad de la educación inicia en la dignidad del espacio educativo)
Creación de plazas, fundamentalmente para atender educación preescolar y media superior.
Fortalecer y ampliar la cobertura de educación media y media superior, analizando las causas de deserción, implementar programas interinstitucionales de atención integral a la juventud.
Fortalecer la inversión en educación superior, ciencia y tecnología.
Recuperar el salario magisterial y abatir las diferencias entre entidades federativas.
Atender y resolver la problemática en materia de pensiones y jubilaciones de las instituciones de educación superior.
Definir un esquema fiscal para la educación pública (tratamiento como empresas)
Garantizar la equidad en el acceso y calidad de los servicios educativos
Incorporar a la educación media superior en normas de certificación que permita que los jóvenes cuenten con mayores herramientas para incorporarse al mercado de trabajo.
Derechos humanos y civiles:
Pugnaremos por el reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia y de los derechos de las personas con discapacidad para avanzar en la formalización plena de su integración plena en la vida social.
Propondremos ampliar y hacer efectivas las garantías de seguridad social para los diversos tipos de familias y las parejas de hecho incluyendo las de personas del mismo sexo.
Propondremos instrumentos jurídicos para acceder a pagos de manutención, tutela, herencia, seguro social, entre otros, a grupos de población que hoy no son reconocidos en sus derechos ciudadanos.
Propondremos reformas legislativas con el objeto de garantizar el derecho al libre ejercicio de las diversas orientaciones sexuales y expresiones amorosas de la sociedad.
Impulsaremos reformas al Código Penal para tipificar la homofobia y crímenes de odio como delitos graves.
Aquí hay por lo menos tres aspectos sobre los cuales nos comprometemos a una acción de activismo político, de propuestas legislativas y de elaboración de ideas y propuestas novedosas: equidad de género y desarrollo cultural.
La equidad de género es otro aspecto sustantivo. Y aquí son muchas las cosas por hacer: desde la reforma de una seguridad social que mejore el cuidado de la salud de la mujer y su prole a las pensiones alimenticias, desde los derechos laborales de la mujer a la creación de una normativa jurídica homogénea en todo el país sobre violencia doméstica y sobre la despenalización del aborto frente a un embarazo no deseado.
Finalmente, necesitamos reconocer el profundo atraso de la cultura como derecho social. Necesitamos relaciones novedosas entre escuela, cultura, medios de comunicación. Necesitamos apoyar empresas culturales independientes con amplia participación ciudadana. Necesitamos reforzar el cuidado de nuestro riquísimo patrimonio arqueológico, de nuestras tradiciones locales y comunitarias. Necesitamos abrir nuevos espacios para la cultura viva de la sociedad mexicana.
Equidad de género
Promoveremos una reforma en materia de presupuestos sensibles al género.
Haremos uso de todos los recursos legislativos que contribuyan a solucionar y castigar los asesinatos de mujeres en el país.
Promoveremos una reforma a la ley de radio y televisión para estimular la programación cultural.
Promoveremos legislativamente la creación de un sistema nacional de televisión pública que potencie nacionalmente lo que actualmente hacen el canal 11 y el 22.
Promoveremos mayores recursos para el desarrollo de la cultura como una inversión para las presentes y futuras generaciones y paulatinamente alcanzar el 1% del producto interno bruto que recomienda la UNESCO.
Quinto Eje Rector: Reforma para un Desarrollo Sostenible y Ecológicamente sustentable
El marco para la definición de una nueva agenda global lo dio la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, efectuada en Río de Janeiro en 1992, y se considera que la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo 10 años después, ha contribuido a la implantación de esta nueva agenda. Aunque sus resultados todavía no son los esperados, tampoco se puede negar sus avances.
Desde entonces y aún antes, dentro y fuera, de los organismos internacionales, ha emergido una conciencia mundial sobre la importancia, no solo de ocuparse del crecimiento económico, sino también, de la necesidad irrenunciable de proteger el medio ambiente y de impulsar la equidad social. Hoy en día, el consenso es que estos tres elementos representan las tres dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: económica, ecológica y social.
Los desafíos del desarrollo sostenible y ecológicamente sustentable son muchos y muy variados y los patrones de desarrollo muestran sus limitaciones al restringir ciertos derroteros de crecimiento o haciéndolos más costosos. Frente a esto, solo procede explorar nuevos patrones de desarrollo o manejar de la mejor forma posible los motores interrelacionados de cambio y transformación para generar nuevas oportunidades.
Una de las alternativas que resaltan en este sentido, es justamente la innovación científica y tecnológica que ofrezca la utilización de recursos alternativos más económicos y ecológicamente menos dañinos.