Honorable Asamblea:
A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que secite al titular de la Comisión Federal de Electricidad a fin de que informe sobre el estado de seguridad que guarda la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
La Comisión de Energía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía".
3. A fin de tener elementos para formular el presente dictamen se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión de Energía, para analizar la proposición del diputado Torres Herrera.
En las consideraciones de la proposición del diputado Torres, destacan las siguientes:
Asegura el diputado Torres que "es por todos conocido" que la planta de Laguna Verde se encuentra en una situación crítica, por lo que se debe exigir a las autoridades responsables que expertos internacionales revisen "los ductos y la planta en general" y se den a conocer "las alternativas para conseguir los más altos niveles de seguridad" en la planta.
Asegura el diputado proponente que el tema de la seguridad de la planta de Laguna Verde es "controvertido" al recordar que hay quienes han advertido de fisuras o fallas en la estructura, el excesivo número de estados de alarma, la ausencia de planes de contingencia, la falta de infraestructura hospitalaria, etcétera.
A lo anterior se agrega la construcción de una segunda planta nuclear en México y el riesgo que entraña si es que, como dice el diputado Torres, Laguna Verde no ha demostrado contar con los elementos que respalden el bienestar de los habitantes.
Por lo anterior, el diputado Torres concluye que es necesario conocer el reciente informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares sobre la auditoría aplicada a Laguna Verde a fines del año pasado.
Planteado el contenido y la intención de la proposición que se analiza en este dictamen, se precisan un conjunto de observaciones, las cuales se presentan bajo las siguientes:
Consideraciones
2. Al respecto, hay que mencionar que la Comisión de Energía participó activamente durante las legislaturas LVII y LVIII en una auditoría independiente de lo cual emitió un informe en el año 2000.
3. Por otro lado, con fundamento en las facultades de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos previstas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, aprobaron unánimemente el 25 de septiembre de 2006 el siguiente acuerdo legislativo:
Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones.
En el artículo décimo segundo de dicho acuerdo, se indica lo siguiente:
Artículo Décimo Segundo.
En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.
No se considerará materia para una proposición con punto de acuerdo, aquélla que verse sobre asuntos que entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas. De igual forma, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental ni la petición para que una Comisión se reúna con algún funcionario público del Ejecutivo Federal. Tales trámites deberán hacerse con base en lo preceptuado por el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como de los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior.
4. Del anterior numeral se desprende que en el acuerdo antes citado, prevaleció el respeto a los contenidos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; dado que en ellos se establece cuáles son los mecanismos para la solicitud de información.
5. El acuerdo parlamentario mencionado no contraviene los mecanismos dispuestos en el marco normativo de esta soberanía, lo cual queda claramente expresado en el artículo décimo segundo del mismo, que hace referencia a los fundamentos legales que indican las instancias ya establecidas para la solicitud de información.
6. El objeto de la proposición que aquí se dictamina es citar al director general de la Comisión Federal de Electricidad para que rinda un informe, cuyo procedimiento establece expresamente el marco jurídico del Congreso General y refrenda el artículo décimo segundo del "Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación".
7. Asimismo, dada la importancia del tema, la Comisión de Energía se compromete a incorporar en su programa de actividades previstas para el primer año legislativo las reuniones y visitas necesarias para garantizar a la ciudadanía que la Cámara de Diputados estará atenta a este tema para su seguridad.
4. Resuelve:
Primero. No procede la solicitud contenida en la proposición que se dictamina.
Segundo. Archívese la proposición con punto de acuerdo aquí dictaminada, como asunto total y definitivamente concluido.
Tercero. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2006.
La Comisión de Energía
Diputados: David Maldonado González (rúbrica),
María de Jesús Guerra Sánchez (rúbrica), Alonso
Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Ramón Félix
Pacheco Llanes (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica),
José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica),
José Antonio Arévalo González, Robinson Uscanga Cruz
(rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique
Barrios Rodríguez, Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica),
Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Raúl Alejandro Padilla Orozco
(rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José
Rodríguez Prats, Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica),
José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés
Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano
(rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Antonio
Soto Sánchez, Mónica Fernández Balboa (rúbrica),
Pedro Landero López (rúbrica), César Horacio Duarte
Jáquez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez,
Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Mariano González
Zarur, Narcizo Alberto Amador Leal, Joaquín Humberto Vela González
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Comunicaciones de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura fueron turnadas, producto del rezago de legislaturas anteriores, para su estudio y dictamen, las proposiciones con punto de acuerdo que a continuación se enlistan; a cada una de ellas se integran los motivos y justificaciones a través de los cuales se elaboró su dictamen:
1. Por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada ante el Pleno el 20 de abril de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.
2. Para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que revise la concesión otorgada a la compañía Telmex, presentada ante la Comisión Permanente por los diputados Francisco Luis Monárrez Rincón y Jaime Fernández Saracho, del Grupo Parlamentario del PRI, el Pleno el 25 de agosto de 2004.
De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se determina que con base en la publicación de los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local, en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2006, por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, éstas podrán modificarse siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el resolutivo segundo de los citados lineamientos, en el que entre otras características señala la pertinencia de anexar las justificaciones y sustentos con elementos de prueba que permitan dicho cambio, así como los planes y programas de desarrollo que las entidades de gobierno hayan emitido para la región en cuestión. Se destaca que el procedimiento pasa por la revisión del órgano regulador tomando en cuenta la opinión de los concesionarios de las áreas de servicio local a efecto de que se apruebe la modificación que se solicite respuesta proporcionada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.6. Por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a programar los celulares desde fábrica para que aparezca el cronómetro en minutos y segundos de las llamadas realizadas, a cargo del diputado Tomás Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de noviembre de 2005.
7. Por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a vigilar que los concesionarios de telefonía celular establezcan y mantengan actualizada una base de datos de los usuarios de telefonía celular de prepago, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 3 de noviembre de 2005.
9. Para que la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía constituya una subcomisión tendente a conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las empresas de televisión por cable usuarias de su señal, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada ante el Pleno con fecha 16 de marzo de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 7 de marzo de 2006.
Antecedentes
1. Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicadas en las Gacetas Parlamentarias que igualmente se citan.
2. Las proposiciones listadas fueron turnadas a la Comisión de Comunicaciones, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Las proposiciones listadas en el proemio del presente dictamen contienen la información y respuestas que se relacionan con cada una de ellas, por parte de las instancias a las que les recae competencia en el conocimiento de las mismas, así como la valoración que esta comisión ha considerado pertinente para cada caso en concreto.
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en la primera parte de este dictamen (numerales 1 a 10), presentadas del 20 de abril de 2004 al 25 de abril de 2006, tenían en común solicitar a diversas autoridades en materia de comunicaciones y transportes la realización de acciones o la rendición de determinados informes.
Por el tiempo transcurrido y por la información que de ellas se cuenta, la comisión dictaminadora ha determinado su pérdida de vigencia, oportunidad y trascendencia de acuerdo con la información descrita en el proemio del presente dictamen.
Como se desprende del análisis realizado a las proposiciones con punto de acuerdo que se concluyen con el presente dictamen, básicamente se detectaron tres características fundamentales:
Punto de Acuerdo
Único. Del análisis a las proposiciones con punto de acuerdo enlistadas en el proemio del presente dictamen se concluye que las mismas han perdido vigencia por extemporaneidad de la solicitud o exhorto, cumplimiento de un ordenamiento jurídico y la realización de la acción o evento que las motivaron; en tal virtud, se consideran debidamente atendidos los planteamientos realizados por los proponentes, a efecto de que se realice su respectivo archivo.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: Óscar Gustavo Cárdenas
Monroy (rúbrica), presidente; Adriana Dávila Fernández
(rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Gloria Rasgado
Corsi, César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Carlos
Alberto Puente Salas (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica),
secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Alberto Amaro
Corona (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica),
Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Francisco Javier Calzada
Vázquez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica),
Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Miguel Ángel González
Salum (rúbrica), Mariano González Zarur, Francisco Javier
Gudiño Ortiz (rúbrica), Elia Hernández Núñez,
Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Martín Malagón
Ríos, Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Hugo Eduardo
Martínez Padilla, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica),
Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Demetrio Román
Isidoro, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Eduardo Sánchez
Hernández, Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Antonio Vasconcelos
Rueda (rúbrica), Antonio Vega Corona, María Sofía
Castro de Castañeda (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE NO ES DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE FACILITEN A LOS CONNACIONALES QUE POR EFECTO DEL HURACÁN KATRINA ESTÁN REGRESANDO AL PAÍS LA INSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO
Honorable Asamblea
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
La autora de la proposición con punto de acuerdo expresa que como resultado de las inundaciones ocasionadas por el huracán Katrina en los estados de Louisiana y Alabama, particularmente en Nueva Orleáns, se ha estimado que alrededor de 150 mil mexicanos fueron afectados. Además, la proponente señala que:
Se han detectado, a través de nuestras oficinas de Enlace Ciudadano en Michoacán, que muchos de los connacionales, difícil de determinar la cantidad, ante la situación que prevalece en la zona afectada y habiendo perdido lo poco o mucho que tenían, están optando por regresar a nuestro país trayendo con ellos a la familia. Estas familias se están encontrando con dificultades para poder inscribir a los hijos en las escuelas por no contar con la documentación que acredite el nivel escolar que cursaban en Estados Unidos y que, obviamente en las circunstancias actuales, difícilmente podrán recuperar o serles proporcionada por las instancias oficiales norteamericanas en corto tiempo.
Si bien aún son pocos los casos detectados, se considera debe preverse y atenderse esta situación para que el apoyo que brindemos como país a nuestros hermanos en desgracia no se circunscriba a hacerlo en el exterior, sino que implantemos las condiciones necesarias al interior para facilitarles su regreso a nuestro país.
Por lo anterior es necesario que las autoridades educativas en la esfera nacional y local implementen las acciones necesarias, para que mediante una evaluación al alumno, se les permita el ingreso al nivel escolar que corresponda.
Asimismo, que dichas acciones contemplen otorgar una prórroga para la entrega de la documentación oficial que se requiera para sustentar su inscripción a la institución educativa de que se trate.
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo listada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Si bien es cierto que esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el planteamiento respecto a la importancia de implantar estrategias para que los connacionales que regresan a México, por causa del huracán Katrina, tengan todas las facilidades para inscribir a sus hijos en la escuela, el presente es un asunto claramente coyuntural que ha perdido vigencia.
Por tal efecto, después de valorar las inquietudes expresadas por la diputada proponente, se considera que la proposición se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que la solicitud resulta ahora extemporánea, por lo que carece en la actualidad de materia.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y/o aprobar el punto de acuerdo solicitado.
Consecuentemente, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la presente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de Educación de las entidades federativas a que instrumenten las acciones necesarias que faciliten a los connacionales, que por efecto de huracán Katrina están regresando al país, la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio, dado que se considera que la misma se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo. Por tanto, se concluye que la solicitud carece en la actualidad de materia.
Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR QUE COMPAREZCA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCTOR REYES TAMEZ GUERRA, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE INFORME DEL PROCESO EN QUE SE ENCUENTRAN LA LICITACIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el proyecto Enciclomedia es el programa mediante el cual la Secretaría de Educación Pública prevé instalar en aulas de quinto y sexto grados de primaria equipo de cómputo, que incluye aulas de estudio con computadora, proyector, muebles para computadora, impresora, fuente de poder y pizarrón interactivo. Además, el legislador argumenta que
Esto no implica realizar una inversión desmedida por el capricho de introducir un proyector y un pizarrón electrónico en cada aula cuando existen necesidades más imperiosas, como adecuar las aulas con letrinas, baños, techos, pizarrones e incluso gises y borradores, para garantizar que todos los niños que cursen la educación básica adquieran conocimientos fundamentales, y desarrollen habilidades, valores y actitudes necesarios en la vida.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha reportado los avances de la licitación del programa, de los recursos asignados ni de los avances en materia educativa que reflejen la viabilidad del mismo. Cabe señalar que dicho programa se instauró en 2003, asignándole recursos por 264 millones de pesos para hacer una prueba piloto. En 2004 se asignaron mediante una adecuación presupuestaria 1,000 millones de pesos. Estos recursos no estaban considerados para el programa durante este ejercicio fiscal. Los recursos se destinaron para la expansión del programa y la compra de equipo de cómputo, para su instalación en aulas de quinto y sexto grados de primaria en todos los estados de la república, así como en centros de maestros y escuelas normales públicas.
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Al respecto, esta comisión dictaminadora considera que esta proposición se encuentra sin materia, dado que ya ha habido reuniones con el Secretario de Educación Pública, en donde el asunto ha sido abordado. Lo anterior durante la comparecencia del secretario ante esta comisión, el día 30 de octubre de 2006, y durante la reunión de trabajo realizada el día 21 de noviembre.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar que comparezca el titular de la Secretaría Educación Publica, doctor Reyes Tamez Guerra, ante las comisiones unidas de Educación Publica y Servicios Educativos y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que informe del proceso en que se encuentra la licitación y entrega de mobiliario y equipo de cómputo así como la ejecución del programa denominado Enciclomedia. Lo anterior dado que ya ha habido reuniones con el secretario de Educación Pública, en donde el asunto ha sido abordado. Asimismo, la Presidencia de esta Comisión, en ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procederá a solicitar un informe detallado sobre los procesos de licitación, entrega del mobiliario, implementación de equipo, así como de los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2006.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO, POR EL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS EN JALISCO, DE LOS COMPROMISOS ACORDADOS CON EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Honorable Asamblea
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que mediante decreto de fecha 14 julio del año 2000 se creó el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco y algunas de sus principales atribuciones se estipulan en los numerales segundo y tercero del decreto invocado y que a la letra dicen:
La educación para adultos como parte del sistema educativo nacional deberá cumplir con los planes y programas de estudio que rigen a esta modalidad educativa no escolarizada.
Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones
I. Promover, organizar, ofrecer e impartir educación básica para adultos;
II. Regular el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo a cargo de los órganos institucionales;
III. Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo existente en la población adulta, así como fomentar y realizar investigaciones y estudios respecto de esta prioridad nacional y estatal, a fin de adoptar las técnicas adecuadas para motivar y propiciar la acción comunitaria;
Asimismo, el autor expresa que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos ha enviado oficios al Secretario de Educación del estado de Jalisco, donde se han plasmado estas inconformidades sin que hayan obtenido respuesta alguna; y lo que solicitan es que se respeten los compromisos adquiridos por ambas partes y se les pague puntualmente su salario. Así como una serie de prestaciones que hasta la fecha les han sido negadas.
Por lo que el diputado proponente estima que es indispensable que tanto el instituto y el sindicato lleguen acuerdos favorables para que así se pueda cumplir cabalmente con el propósito para el cual fue creado el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco.
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Al respecto, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación con el legislador que presenta esta propuesta, en cuanto atender las necesidades educativas específicas de los adultos, igualmente comparte la opinión de que es necesario y deseable que el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco tenga una buena relación con sus trabajadores.
Sin embargo, esta comisión dictaminadora no estima procedente la proposición con punto de acuerdo presentada por el legislador en virtud de que:
2. La administración del instituto esta a cargo de una Junta de Gobierno, presidida por el gobernador del estado de Jalisco.
3. Las relaciones de trabajo entre el "Instituto" y sus trabajadores se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas disposiciones del estado de Jalisco.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, en virtud de que las relaciones y compromisos adquiridos por el instituto y sus trabajadores son de orden estatal y por lo tanto compete a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco conocer del asunto.
Segundo. Archívense los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE NO SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN UN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Honorable Asamblea
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el Instituto Politécnico Nacional es, por historia y mérito propio, una de las instituciones públicas más importantes de su género en el país, lo cual se refleja en la calidad de la formación que ofrece en educación media superior, superior y posgrado; y por su contribución significativa en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de frontera, así como en la generación y difusión de conocimientos. Asimismo el proponente concluye que:
La comunidad politécnica ha emprendido un proceso de transformación estructural, que incluye reformas en los ámbitos académico, técnico-administrativo y jurídico, con la participación conjunta de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de manera libre, conciente y pública. Esto, sin abandonar los principios filosóficos y de carácter social y revolucionario que dieron origen al instituto. Para garantizar la consolidación de ese proceso de transformación, la comunidad politécnica presentó al titular del Ejecutivo federal un proyecto de nueva Ley Orgánica para la institución, a fin de obtener mayor autonomía académica, jurídica, y administrativa y estar en condiciones de plantear las mejores estrategias de atención a las necesidades presentes y futuras del instituto y el país.
Las anteriores razones convalidan la necesidad de otorgar al IPN un nuevo marco jurídico, que entre otros elementos considere el conjunto de libertades perfectamente determinadas en una ley o en un precepto constitucional, en la que el Estado reconoce y faculta a una institución de educación superior, para darse a sí misma las normas que rijan su organización y vida interna, sin intervenciones externas o del poder administrativo. Sólo así puede llevar a cabo debidamente su misión.
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguientes argumentos:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, coincide plenamente con el legislador proponente de la proposición relacionada con la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en cuanto a la importancia histórica y trascendencia para el sector educativo del instituto citado, que se refleja en la calidad de la formación que ofrece a la educación media superior, superior y de postgrado, así como su contribución significativa en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y en la generación y difusión de conocimientos de toda clase.
También se coincide con reconocer la conveniencia de apoyar el proceso de transformación estructural que ha iniciado el IPN, que incluye reformas en los ámbitos académicos, técnicos, administrativos y jurídicos, con la participación conjunta de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores, participando de la idea de que la consolidación de ese proceso de transformación requiere de la elaboración y aprobación de un proyecto de nueva Ley Orgánica para la institución a fin de tener mayor autonomía académica, jurídica y administrativa, para estar en mejores condiciones de plantear las estrategias adecuadas y atención a las necesidades presentes y futuras del instituto y del desarrollo tecnológico del país.
En sus setenta años de vida, el IPN ha tenido 4 leyes orgánicas: de 1950, 1956, 1974 y 1981. La última se encuentra vigente con 25 años de haber sido expedida, tiempo en el que se han producido cambios profundos a nivel nacional e internacional.
A partir del año 2000, el Consejo General Consultivo del IPN integró una comisión especial encargada de organizar y sistematizar los trabajos relativos al nuevo marco jurídico, que después de una amplia consulta elaboró un proyecto de ley que fue sometido a discusión y aprobación del Consejo General Consultivo y entregaron el proyecto de ley al Presidente de la República, para que "en su caso fuera presentada como iniciativa ante el Congreso de la Unión".
Concluye el autor de la proposición al someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo mediante el que: "se exhorta al titular del Ejecutivo federal a presentar ante el Congreso de la Unión el proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que le fue presentada por las autoridades del instituto y así iniciar el proceso legislativo correspondiente".
No obstante la coincidencia en términos generales con el proyecto de ley en cuestión, la comisión dictaminadora no estima procedente la proposición por las siguientes razones:
b) Tampoco se estima que sea la vía procedente para un legislador federal el presentar una proposición con punto de acuerdo, conforme a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es exhortar al Ejecutivo a que ejercite su facultad constitucional de presentar una iniciativa de ley, cuando el propio legislador tiene la misma facultad constitucional de iniciativa.
Punto de Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la presente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo federal a presentar ante el Congreso de la Unión un proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Lo anterior, dado que se considera no ser la vía procedente para un legislador federal el presentar una Proposición, conforme a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es exhortar al Ejecutivo a que ejercite su facultad constitucional de presentar una iniciativa de ley, cuando el propio legislador tiene la misma facultad constitucional de iniciativa.
Segundo. Archívense los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, POR EL QUE NO ES DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE CREA UNA SUBCOMISIÓN A FIN DE ESTUDIAR Y PROPONER UNA LEY ORGÁNICA PARA EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Honorable asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:
Antecedentes
El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el país y, en particular, el campo mexicano enfrentan en la actualidad una crisis económica, social, ecológica y cultural cada vez más aguda, derivada principalmente de acciones desarticuladas y de la baja prioridad que la sociedad y el Estado le han otorgado. Esta situación ha tenido graves consecuencias, como son: elevada marginación; creciente dependencia alimentaria, científica y tecnológica; baja competitividad y rentabilidad de las unidades de producción; migración del campo a las ciudades y emigración a otros países; deterioro de la calidad de vida, desnutrición e incremento de los niveles de pobreza en la población rural, con la consecuente inestabilidad política y social y el abandono de tierras de cultivo. Lo anterior se ha reflejado en una baja producción agropecuaria y una reducida aportación del sector al producto interno bruto nacional. Asimismo, el proponente argumenta que:
Su misión original fue la de formar profesores de carrera para la entonces Escuela Nacional de Agricultura. Posteriormente se le asignó una misión similar para el Sistema de Educación Agrícola Superior, y más tarde la de formar investigadores para el Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias e Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas; antecesores del actual INIFAP). Finalmente, se le agregó la responsabilidad de capacitar a productores y técnicos, con el fin de mejorar sus actividades de servicio en el medio rural.
Todas estas responsabilidades han sido cumplidas cabalmente por la institución. Así, a lo largo de su existencia, el Colegio de Posgraduados ha formado la mayor parte de los profesores con nivel de posgrado de los programas de ciencias agrícolas y otras especialidades de las instituciones de enseñanza superior del país, además de un alto número de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y de profesionistas que laboran en los sectores público y privado; además de capacitar técnicos y productores de diversas regiones del país.
Asimismo, la institución es reconocida en el ámbito internacional por su labor formadora de recursos humanos para diversos países de Latinoamérica.
Que con el anhelo permanente de actualizar su estructura para el mejor cumplimiento de su misión y objetivos, el Colegio de Posgraduados ha pasado por varias transformaciones en su marco jurídico; así, de ser un organismo desconcentrado del Estado, en enero de 1979 el Ejecutivo federal autorizó su evolución a organismo público descentralizado.
En reconocimiento a sus logros, en el año 2001 la institución fue distinguida como centro público de investigación mediante la formalización de un convenio de desempeño firmado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (actual Ley de Ciencia y Tecnología).
El propósito final siempre fue, como lo es ahora, transformar a la institución en un organismo autónomo por decreto del Congreso de la Unión, que le permitiría contar con mayor seguridad jurídica para consolidarla como un pilar del desarrollo científico y tecnológico en el medio rural.
Que la visión de país que inspira el trabajo del Colegio de Posgraduados es la de un México unido y con una sociedad confiada en su futuro; con sólidos valores éticos y morales; que sea democrática, liberal, progresista, económicamente justa, equitativa, próspera y con pleno control de su economía, la cual deberá ser robusta, resiliente, dinámica y competitiva; con un sector rural sin pobreza, diversificado, competitivo y capaz de producir los alimentos que le demande el país.
Que dentro de este contexto, el Colegio de Posgraduados deseado es un lugar para estudiar, investigar, trabajar y convivir, digno de las generaciones actuales y futuras; un lugar donde se formen mujeres y hombres que sepan luchar contra las adversidades y logren metas superiores en bien de la sociedad mexicana.
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
La comisión dictaminadora coincide sustancialmente con las consideraciones expresadas por los legisladores autores de la propuesta, en cuanto al valor histórico e importancia del Colegio de Postgraduados como una institución de enseñanza e investigación creada y funcionando en los términos de la Ley de Educación Agrícola Superior de 1946 y que inició sus actividades en febrero de 1959.
El punto de acuerdo propuesto en este caso es que en el seno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados se forme una Subcomisión o Grupo de Trabajo a efecto de que legislativamente sea otorgada al Colegio de Postgraduados la calidad de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académicos, técnicos, de gobierno, administrativos y de administración de su patrimonio.
En cuanto al primer punto, la comisión dictaminadora establece que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ya cuenta con una Subcomisión de Educación Superior y Posgrado, a la cual le corresponde analizar el presente caso. Por lo tanto, no es necesaria la creación de una nueva subcomisión.
Respecto al segundo punto, esta comisión dictaminadora considera que antes de proponer la elaboración del proyecto de una nueva ley orgánica para el Colegio de Posgraduados es necesario que exista un consenso en el seno de la comunidad universitaria de la institución, lo cual no queda garantizado por los argumentos de los legisladores proponentes. Asimismo, la comisión dictaminadora considera que es necesario un estudio de conveniencia y factibilidad, a fin de asegurar que una nueva ley orgánica para dicho colegio garantizará el mejor desempeño de la institución, y promoverá el logro de los objetivos que los legisladores proponentes señalan en su argumentación.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que crea una subcomisión a fin de estudiar y proponer una ley orgánica para el Colegio de Posgraduados, dado que ya existe la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado en el seno de esta comisión. Asimismo, se considera que la propuesta carece de argumentos convincentes que garanticen que existe consenso dentro del Colegio de Posgraduados con respecto al nuevo proyecto de ley, así como la conveniencia y factibilidad de dicho proyecto. Sin embargo, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a través de su presidencia, y en concordancia con las atribuciones que le confiere el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procederá a solicitar un análisis de conveniencia y factibilidad a la Secretaría de Educación Pública, para que ésta fije una postura con respecto al proyecto de una nueva ley orgánica para el Colegio de Posgraduados.
Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE NO SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UN FONDO PARA OTORGAR BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS EN ESCUELAS PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se determina como objetivo estratégico "ampliar la cobertura de la educación superior con equidad". Además una de sus líneas de acción en este objetivo estratégico es el poder brindar apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior pública.
Por ello, el autor solicitó que los apoyos que otorga el gobierno federal por concepto de beca a estudiantes de escasos recursos, se extienda a los planteles de educación superior particulares, con los mismos criterios que se utilizan para el Programa Nacional de Becas de Educación Superior para que así sean viables. El autor argumentó que el propósito es fomentar el acceso y la permanencia de estudiantes en programas de reconocida calidad, no sólo de origen público sino también en escuelas particulares, ya que la demanda de la educación superior está en aumento y las escuelas de educación superior públicas no alcanzan a cubrir el total de la demanda es necesario crear un fondo de apoyo de becas en escuelas de educación superior particulares.
Anualmente la SEP realiza una distribución de los recursos disponibles para el ciclo escolar utilizando criterios de equidad que propicien el acceso y la permanencia en la educación superior de un mayor número de estudiantes de escasos recursos. El autor propone que en esta distribución se tome en cuenta a las instituciones de educación superior particulares, es decir, que se brinde apoyo a estudiantes de escasos recursos que soliciten becas en estas instituciones.
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Al respecto, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación con el legislador que presenta esta propuesta, en cuanto a fomentar el acceso y la permanencia de estudiantes en programas de reconocida calidad.
Sin embargo, esta Comisión considera que la proposición con punto de acuerdo no es válida porque actualmente en el acuerdo número 279, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior (RVOE), se estipula que las instituciones de educación superior particulares deberán cubrir un mínimo de becas, equivalentes a cinco por ciento del total de alumnos inscrito.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, en virtud que actualmente en el acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior (RVOE), ya se estipula que las instituciones de educación superior particulares deberán cubrir un mínimo de becas, equivalentes a cinco por ciento del total de alumnos inscritos.
Segundo. Archívense los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORMULAR UN SOLO PLAN, PROGRAMA, CONTENIDOS Y MATERIALES DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que "la educación es instrumento para llevar la justicia social a todos los sectores de la población, y estrategia para impulsar el desarrollo en todos los órdenes".
Además, menciona que el objetivo central de la educación básica en todos sus niveles, es el de "promover el desarrollo integral a través de inculcar valores, disposiciones y saberes que se entienden... como los conocimientos compartidos mínimos básicos que todos debemos tener".
Asimismo, menciona que la a partir del 12 de noviembre de 2003, la educación preescolar es obligatoria; además, "es una educación dirigida a niños de 3 a 6 años, que tiene como propósito fundamental iniciar su socialización y desarrollar sus facultades con el fin de prepararlos para asegurar un desempeño adecuado en el resto de su formación académica y potenciar su desarrollo integral y armónico como personas en la sociedad".
Por otra parte, menciona que la educación preescolar es impartida por "el Estado a través de diferentes programas, en las modalidades Cendi y jardines de niños, que funcionan con propósitos propios y sin planes de estudio que consideren rasgos definidos del perfil de egreso de los educandos, generando diferencias significativas en metas, objetivos y resultados en los niños al integrarse a la educación primaria".
De igual forma, menciona que, "de acuerdo al espíritu que orientó la disposición constitucional que la hace obligatoria [la educación preescolar], debe ser desarrollada con congruencia en sus objetivos, orientada por un perfil de egreso definido en un plan y programa de estudio común que plantee las intenciones educativas y aprendizajes a ser concretados en el nivel, y permitan comunicarlos a la sociedad, a los padres de familia, a los educadores y las autoridades educativas las competencias, conocimientos, actitudes, valores y habilidades que se busca promover, para hacerlas observables y evaluables, promover una efectiva igualdad de oportunidades, consolidar la calidad de todo el tipo educativo, potenciar el desempeño profesional de los educadores y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles".
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Esta comisión dictaminadora considera que no es de aprobarse la presente proposición, ya que el legislador plantea la realización de un exhorto al Ejecutivo federal a realizar una acción que ya está contemplada en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Dicho programa, en su tercera parte, referente a la educación básica, en el apartado de objetivos estratégicos, líneas de acción, metas y programas, objetivo 1.3.2, cuenta con la siguiente política: "Articular los tres niveles de la educación básica, para garantizar la continuidad curricular desde la educación preescolar hasta la enseñanza secundaria, estableciendo una congruencia pedagógica y organizativa a lo largo de este tramo educativo..." Asimismo, dicha política cuenta con diversos objetivos, líneas de acción y programas destinados a la revisión curricular, lineamientos, reforma integral y su integración en todos los niveles de la educación básica.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que proceda a la formulación de un solo plan, programa, contenidos y materiales de estudio únicos para la educación preescolar, dado que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 ya contempla las acciones necesarias para la unificación estructural, curricular y laboral de los tres niveles básicos de educación, incluidas las modalidades de educación preescolar.
Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE NO ES DE APROBARSE LA SOLICITUD PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INCLUIR EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE EDUCACIÓN BÁSICA LOS LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN CÍVICA DIRIGIDOS A INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS ELECCIONES
Honorable Asamblea
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
Los autores de la proposición con punto de acuerdo expresan que en los últimos años el porcentaje de votantes en elecciones, tanto federales como locales, se ha reducido considerablemente. Por ejemplo, señalan que en las elecciones federales intermedias del año 2006 y en las elecciones locales para elegir gobernadores, diputados y alcaldes en las diversas entidades federativas la participación ciudadana ha sido reducida. En este mismo sentido, los legisladores proponentes argumentan que:
El abstencionismo que se presenta en el país no es aquel que se vislumbra a través de los votos nulos, por contar con más de una marca o cuando el elector deposita una boleta en blanco, pues aunque no apoya a ningún candidato o plataforma, cumple así con los derechos y obligaciones cívicas que contamos todos los ciudadanos mexicanos. El abstencionismo preocupante es aquel por el cual el ciudadano se niega simplemente a acudir a ejercer su derecho al sufragio, que es también su obligación, independientemente de su justificación.
Es importante resaltar que la abstención se convirtió en una opción electoral que ha venido superando ampliamente los porcentajes de votos que a nivel nacional obtuvieron los partidos políticos en las elecciones locales y federales de los años pasados, incluso un ejemplo tangible de ello, se dio en las pasadas elecciones en el estado de México, dónde el porcentaje del padrón electoral que eligió al gobernador en funciones, fueron alrededor de 20 por ciento.
Debemos empezar a adecuar nuestros ordenamientos legales y sobre todo las acciones y programas de gobierno para erradicar los males que nos perjudican como nación.
En nuestra legislación actual, la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracción III, establece que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones de elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.
Por tanto, una de las acciones primordiales que deberá seguir el gobierno federal para empezar a erradicar el abstencionismo en las elecciones, es a partir de la educación cívica que se debe proporcionar a las niñas y a los niños desde la escuela, generando la convicción voluntaria, solidaria e individual de participar en las elecciones.
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Si bien es cierto que esta comisión dictaminadora comparte la preocupación de los legisladores proponentes por el abstencionismo electoral, y por el desarrollo de los valores democráticos en los programas académicos de nuestro sistema educativo, también estima que el abstencionismo es un problema complejo que no tiene sus orígenes solo en la falta de información académica, sino en dinámicas sociales y políticas mas profundas.
Además, la comisión estima que la proposición es improcedente dado que en los contenidos de los libros de texto gratuitos de Formación Cívica y Ética, en educación básica, ya se cuenta con información respecto a los valores democráticos, y a la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Es de desecharse la solicitud para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que se inserten en el contenido de los libros de texto gratuitos de educación básica los lineamientos de educación cívica dirigidos a incrementar la participación social en las elecciones, dado que los libros de texto de Formación Cívica y Ética de educación secundaria ya cuentan con los contenidos y la información referente a la importancia de los valores democráticos y de participación electoral. Por tanto, se considera que no es necesario realizar modificaciones a dichos textos.
Segundo. Archívese los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios;
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola
(rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada
González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Sergio Hernández
Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete
Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomás José
Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González
Roaro.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
2) Para que a través de la Comisión de Salud de esta Cámara se solicite la comparecencia del doctor Carlos Tena Tamayo, comisionado nacional de Arbitraje Médico, en relación con la queja presentada ante esa Comisión por el Maestro Feliciano Bejar Ruiz, presentada por el diputado Jesús González Schmal, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 16 de junio de 2004.
3) Para exhortar al Presidente de la República a emitir en la reunión de la ONU por celebrarse el 21 y 22 de octubre del año en curso, un voto a favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y trasplante nuclear con fines de investigaciones y terapéuticos, y a votar contra la clonación con propósitos reproductivos y eugenésicos, a cargo del diputado Ornar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del PRD, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 21 de octubre de 2004.
4) Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de seguir desprestigiando y calumniando al Programa Seguro Popular de Salud y a iniciar una campaña de información para dar a conocer a los habitantes de la ciudad los beneficios de este programa, del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 24 de agosto de 2005.
5) Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de detener el cierre del Hospital Juárez del Centro, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 19 de abril de 2005.
6) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil Enfamil, producida por el laboratorio Bristol Mayers Squibb, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 20 de septiembre de 2005.
Antecedentes
2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia y, en otros casos, por haber recibido información o una respuesta positiva por parte de las autoridades correspondientes.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.
Consecuentemente, la Comisión de Salud considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificadas en el proemio del mismo.
Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica),
José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca
Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez,
María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y
Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Maribel
Luisa Alva Olvera, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín
Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica),
Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar
(rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa
Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto
García Reyes, Eugenia García Reyes Beatriz (rúbrica),
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás
Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda
Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García
(rúbrica), Patricia Villanueva Abraján.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A AUMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión, siendo competente y habiendo analizado la proposición con punto de acuerdo objeto del presente someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a las Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen.
III. En reunión de trabajo de fecha 31 de enero de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.
Consideraciones
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. a III. ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.
…
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
…
…
…
…
V. a VIII. …
2. Que la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y el Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
3. Que es en esta Ley donde se encuentran, entre otros, la regulación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y los convenios de descentralización y reasignación.
4. Que el artículo 25 de la ley establece la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley.
5. Que en la fracción VII del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, tal y como se transcribe a continuación:
Artículo 25. ...
I. a VI. ...
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo.
6. Que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de una propuesta que formula la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
7. Que es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de quien se entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, esto con base en los criterios de distribución de los recursos que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, con base en los criterios sobre el número de habitantes, índice de ocupación penitenciaria, tasa de crecimiento de indiciados y sentenciados, avance en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
8. Que sobre la información del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, se publicará a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
9. Que los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la distribución de los recursos para cada Estado y el Distrito Federal.
10. Que es el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal el que establece el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, de las entidades federativas y el Distrito Federal, tal y como a continuación se transcribe:
Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.
…
…
…
…
11. Que en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos (FOSEG), que quedó formalizado con fecha 4 de septiembre de 1998, entre el gobierno federal, los estados de la república y el Distrito Federal, mismo que año con año se firma.
12. Que el Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos también se rige por el artículo 44 de la Ley Fiscal de Coordinación, por lo que los recursos a este fideicomiso son distribuidos por la Secretaría de Hacienda con base en los criterios de distribución establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Dicha distribución de los recursos para las entidades federativas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación a través de calendarios. Anualmente se firman convenios de coordinación que se rigen por anexos técnicos que se firman funcionarios federales y estatales.
13. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
14. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la propia ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública; y que, cuando sus disposiciones comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencias de la federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
15. Que asimismo, la ley mencionada establece las políticas, los lineamientos y acciones de coordinación que se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.
16.Que en los convenios de coordinación se establece que aparte de los recursos entregados a los gobiernos de los estados, éstos pueden aportar al Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos recursos con cargo a su propio presupuesto, conforme al calendario y términos que son especificados en cada anexo técnico, pudiendo incrementarse estas aportaciones por los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer los ejes y estrategias y acciones en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
17. Que, por otro lado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 fue presentado por el Ejecutivo federal el 5 de diciembre de 2006, mismo que fue aprobado el día 23 de diciembre de 2006 con 449 votos en pro, 20 en contra y 5 abstenciones, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2006.
18. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 se establece, dentro del anexo 12, denominado Ramo 33, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", el monto de 5,000,000,000 (Cinco mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
2. Que por lo que hace al numeral segundo de la proposición con punto de acuerdo relativo, que exhorta al gobierno de Sinaloa a realizar esfuerzos para aumentar su aportación dirigida al Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos, con recursos a cargo de su propio presupuesto para el 2007, con el propósito de aumentar los recursos que se destinan al Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), esta comisión dictaminadora considera que no es viable, en virtud de que durante el mes de enero del presente año se han firmado la totalidad de los convenios entre el gobierno federal y las entidades federativas para la entrega de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, aunado al hecho de que el presupuesto para el 2007 del gobierno del estado de Sinaloa fue elaborado y aprobado durante el año 2006. resultando extemporáneo cualquier exhorto relativo a su construcción.
3. Que consecuentemente, esta Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen, por lo que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Punto de Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, presentado el 12 de diciembre de 2006 por el diputado Carlos Eduardo Felton González, en virtud de que ha quedado sin materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de enero de 2007.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica),
presidente; Víctor Hugo García Rodríguez, Édgar
Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell,
PatriciaVillanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez
(rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios;
Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel
Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González
Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez
del Castillo, Agustín Leura González, Carlos Madrazo Limón
(rúbrica), José Luis Murillo Torres, Martín Stefanonni
Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica),
Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso
(rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María
Sofía Castro Romero, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín
Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez,
Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Víctor Leopoldo
Valencia de los Santos, Jesús Sergio Alcántara Núñez
(rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica),
Francisco Elizondo Garrido.