El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y al del Ejecutivo municipal de Matamoros, Tamaulipas, para que se coordinen a fin de implantar el sistema de apertura rápida de empresas en esa localidad, bajo las siguientes:

Consideraciones

La Cofemer, por acuerdo presidencial, lanzó en 2002 el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). El objetivo de este programa es promover y establecer facilidades administrativas en los tres niveles de gobierno para que el inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo no sea mayor de 48 horas.

La Cofemer, mediante este sistema, tiene como propósito impulsar la competitividad de los municipios para lograr:

Hasta hoy, solamente los municipios de Reynosa y Tampico, Tamaulipas, cuentan con el SARE, por lo que se hace necesario que este programa se extienda a otros municipios del estado, sobre todo a aquellos que tienen un andamiaje consistente para una mayor actividad productiva.

El municipio de Matamoros ocupa el primer lugar en importancia económica entre las ciudades de Tamaulipas, ya que contribuye con un 17.85 por ciento del PIB del estado. Su actividad económica está concentrada principalmente en la industria de la transformación. Un tercio de la industria maquiladora de exportación del estado se encuentra en esa localidad. Emplea al 19 por ciento del personal ocupado en la entidad. Cuenta con poco más de 12 unidades económicas, lo que representa el 14.3 por ciento del total estatal. Además, es la única ciudad de la frontera norte que cuenta con cuatro puentes internacionales.

En este contexto, Matamoros posee los ingredientes económicos para potenciar el nacimiento y crecimiento de varias empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Sin embargo, parece que la falta de una simplificación o mejora regulatoria en el arranque de las empresas limita la actividad productiva formal.

En esta tesitura, es imprescindible que la Cofemer y el gobierno de Matamoros se coordinen, cada uno en el ámbito de sus atribuciones y facultades, a fin de que se implante el SARE en el municipio, a fin de promover la creación de nuevas empresas y la generación de empleos para los matamorenses.

Es por todo lo anterior que someto a consideración de la honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que lleve a cabo las acciones correspondientes para implantar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Segundo. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo municipal de Matamoros, Tamaulipas, que se coordine con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a fin de implantar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en ese municipio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de diciembre del año 2007.

Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA, ANTE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, SUSCRITO POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Los suscritos, diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para citar a comparecer ante la Comisión de Recursos Hidráulicos al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ingeniero José Luis Luege Tamargo, para que informe y explique la propuesta de Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Conagua, aplicables a partir de 2008.

Consideraciones

Como es del conocimiento de esta asamblea, el pasado 12 de noviembre aprobamos el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con el consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas, logrando un presupuesto socialmente más justo y distributivo, en el que destaca la cobertura presupuestaria sin precedente de los programas a cargo de la Conagua.

Evidentemente, el propósito de los legisladores no ha sido sólo el incremento de los montos asignados al sector agua, sino que éstos sirvan para atender con eficacia la problemática nacional en materia de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y su eficiente distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr el desarrollo integral sustentable a que aspira la nación entera.

Para que el ejercicio de los recursos asignados a los programas a cargo de la Conagua tenga los efectos deseados para los diversos productores y prestadores de servicios, usuarios del agua, en beneficio de la sociedad en su conjunto, es preciso contar con reglas de operación que den mayor agilidad a los trámites de los usuarios ante la autoridad del agua y mejoren los mecanismos de participación en la inversión de los tres órdenes de gobierno y los usuarios, dándoles un tratamiento más equitativo y justo, considerando las condiciones sociales, económicas y políticas prevalecientes en cada uno de ellos.

La prioridad de los legisladores en el tema es tornar eficiente el uso de los recursos asignados a los programas, en aras de lograr sus objetivos mediante un ejercicio presupuestario que atienda estrictamente lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, alcanzando los objetivos de cada uno de los programas a cargo de la Conagua y evitando subejercicios lacerantes, que impiden el desarrollo equilibrado de la nación y postergan el crecimiento de las actividades económicas de los usuarios en particular.

Ante esa situación, es preciso que la autoridad del agua nos informe y explique la propuesta de reglas de operación de los programas a su cargo; asimismo, atienda y considere las observaciones y propuestas de los legisladores federales, con el propósito de enriquecer en lo posible el proyecto de reglas de operación que nos presente.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cite a comparecer con la mayor brevedad al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que informe y explique su propuesta de Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2008; y atienda, escuche y considere las observaciones y propuestas de los diputados federales para enriquecer dicho proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2007.

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), Antonio Medellín Varela, Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera, Apolunio Méndez Meneses, Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Pedro Armendáriz García, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz, David Lara Compeán, Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias, Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos, Adolfo Mota Hernández (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS MIGRANTES MEXICANOS, SUSCRITO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

México DF, a 17 de diciembre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
LX Legislatura, Congreso de la Unión
Presente

Estimada diputada federal, Presidenta:

Por este conducto, hago de su conocimiento y consideración que el pasado 11 de diciembre, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Seguridad Pública la proposición con punto de acuerdo solicitando se exhorte a los titulares de los tres órdenes de gobierno, así como a diversas dependencias federales, a llevar a cabo acciones coordinadas a fin de implantar programas, campañas y dispositivos relacionados con la atención y el servicio a los migrantes mexicanos, a fin de prevenir actos de corrupción y abuso de autoridades en su tránsito por el país.

Dada la notable relevancia del tema, esta Comisión Legislativa examinó favorablemente su factibilidad, sin poder concluir su proceso de dictamen; por lo que le solicito atentamente y de ser posible tenga a bien considerar de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo y el pronunciamiento del exhorto durante las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente, todo esto a favor de la protección y bienestar de los migrantes mexicanos (se anexa copia de la proposición con punto de acuerdo y proyecto de dictamen a considerar).

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente
Senador Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)
Presidente
 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se refuercen las acciones en materia de seguridad en Baja California y se dote de recursos extraordinarios del Fondo de Seguridad para que pueda hacer frente de mejor manera a las acciones de la delincuencia organizada con el apoyo del gobierno de la república, asimismo, que se agilicen las investigaciones del atentado que sufrió el titular de la dirección de seguridad pública de Playas de Rosarito en Baja California, Jorge Eduardo Montero Álvarez, a cargo del senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

El que suscribe, senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que se dote de recursos extraordinarios del Fondo de Seguridad Pública al estado de Baja California y se agilicen las investigaciones sobre el atentado sufrido por el director de seguridad pública del municipio de Playas de Rosarito en ese estado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El día de ayer poco después del medio día un comando de más de diez sujetos armados con armas de alto poder ingresaron al estacionamiento privado de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública en Playas de Rosarito con la intención de matar al director de Seguridad de ese municipio, militar retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez. Los delincuentes no lograron ese propósito aunque desafortunadamente perdió la vida el agente Guillermo Castro Corona y resultó herido Leonel Pizaña Trip, así como dos civiles.

No es la primera vez que hecho de esta gravedad ocurren en el estado de Baja California, causando una profunda inquietud y preocupación entre los ciudadanos que anhelan vivir en un clima de tranquilidad y paz. Hace apenas unas cuantas semanas nos enteramos con azoro cómo el presidente del Consejo de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella Ibarra, se salvó milagrosamente al defender personalmente su vida ante un ataque de 20 sicarios que asaltaron su domicilio, en Tijuana.

En el mes de noviembre, en Ensenada, otro comando de más de 50 hombres armados irrumpió en el servicio médico forense de ensenada con la finalidad de recuperar el cuerpo de un supuesto narcotraficante muerto al desplomarse el helicóptero en el que viajaba.

El modus operandi en todos estos casos ha sido el mismo, es decir la participación de decenas de hombres armados como si se tratara de un ejército regular al servicio de la delincuencia organizada, haciendo gala de un poder de fuego y de una capacidad logística que rebasa con mucho las capacidades de las fuerzas de seguridad municipales y de la propia policía estatal. Estamos ante un fenómeno en el que el descaro y la impunidad de esos grupos hace ver muy mal a las autoridades del estado encargadas de la seguridad pública.

Lo ocurrido en Rosarito es un eslabón más de esa larga cadena de sucesos delictivos que hacen urgente la aplicación de acciones de mayor envergadura para detener a los grupos de la delincuencia organizada que le han robado la tranquilidad a la sociedad bajacaliforniana.

Hace apenas unos días que el presidente Felipe Calderón Hinojosa prometió el reforzamiento de la seguridad y anunció el incremento del fondo de seguridad pública. Pero no basta con ello.

Es evidente que las cosas no pueden seguir funcionando como hasta ahora. Se requiere de una acción decidida y coordinada entre el gobierno federal y el gobierno del estado, para reforzar las capacidades de los organismo de seguridad estatales y municipales. Se requiere con urgencia incrementar el número y la calidad de los efectivos de seguridad pública, mejor armamento y equipo, pero sobre todo se requiere contar con un sistema de inteligencia mucho más profesional y eficaz que permita actuar con oportunidad para desmembrar a las bandas criminales, cortar su fuente de suministro financiero y de armamento, detectar los procedimientos que les permiten desplegar verdaderos ejércitos armados, que siembran la angustia en las familias de Baja California.

No basta con el simple aumento de recursos. Se requiere de acciones combinadas y de apoyos extraordinarios. De otro modo será muy difícil ganar la batalla contra la violencia que hoy se ha adueñado de las calles de Baja California. Es evidente que las capacidades de los cuerpos de seguridad del estado se encuentran rebasadas.

El tipo de delincuencia que se enfrenta requiere de la intervención mucho más sistemática de las dependencias federales, en coordinación con las autoridades estatales. Es por lo expuesto que propongo a esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que se asignen recursos extraordinarios del Fondo de de Seguridad Pública al Estado de Baja California, y lo conmina para que adopte acciones de inteligencia necesarias para establecer el estado de derecho y se respalde decididamente a los gobiernos estatal y municipal de Rosarito para que se resuelva el reciente ataque armado en contra del director de Seguridad Pública de ese municipio.

Segundo. La Comisión Permanente se pronuncia a favor de un estado de derecho que garantice la seguridad de los ciudadanos y el combate frontal a la delincuencia en el país, al tiempo de expresar su apoyo al militar retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal en Rosarito, Baja California.

Atentamente
Senador Fernando Castro Trento (rúbrica)

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de diciembre de 2007.

(Turno a la Primera Comisión de Trabajo)