• De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Marina, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Disciplina de la Armada de México.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, sobre la proposición con punto de acuerdo para que el jefe de Gobierno del Distrito Federal asuma un compromiso inmediato con los esfuerzos del gobierno del estado de México y retome las reuniones que permitan llegar a consensos en materia de política metropolitana integral y sustentable.

• De la Comisión del Distrito Federal, respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución del problema turístico suscitado por el bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico.

• De la Comisión del Distrito Federal, respecto a doce proposiciones con punto de acuerdo que le fueron presentadas y turnadas en la LIX Legislatura.

• De la Comisión de Equidad y Género, con relación a la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas.

• De la Comisión de Gobernación, respecto de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a suspender los permisos para operar centros de apuesta y salas de sorteos.

• De la Comisión de Gobernación, respecto de la proposición con punto de acuerdo relativo a la entrega expedita de recursos para atender a la población afectada por las intensas lluvias en Tabasco.

• De la Comisión de Gobernación, sobre la proposición con punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastre para el estado de Tabasco.

• De la Comisión de Gobernación, por el que se desechan 24 proposiciones con puntos de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura.

• De la Comisión de Participación Ciudadana, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a legislar en materia de participación ciudadana.

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Honorable Asamblea

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, presentada por los diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, María de Jesús Aguirre Maldonado y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2004.

Las comisiones unidas, con fundamento en el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 39, numerales 1, 2, fracciones III y XXI, y 3, así como los artículos 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y primer párrafo del 7, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, fracción II, 56, 60, 65, 66, 87, 88, 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elaboraron el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

I. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables asume como vulnerabilidades las características de desventaja por edad, sexo, discapacidad, salud, estado civil, grado educativo, origen étnico o nacional, religión, orientación sexual, situación o condición social o económica de personas o grupos de personas; que requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia; fenómeno social multifactorial, que implica sentimientos de riesgo, inseguridad, indefensión, abandono y desventaja; con menoscabo al ejercicio de los derechos de las personas o su integridad.

II. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 29 de septiembre de 2004, los diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, María de Jesús Aguirre Maldonado y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.

III. La Presidencia la turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, bajo el expediente con índice "E", foja 136, libro V, del año segundo, sección cuarta, asignándosele el número 1728.

El 7 de octubre de 2004 se amplió el turno a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables.

IV. Con fecha 1 de febrero de 2007 apareció publicado en la Gaceta Parlamentaria, sección "Comunicaciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados", el acuerdo del 3 de enero de 2007 por el que la propia Mesa Directiva resuelve el turno de los asuntos pendientes de la anterior Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de distribuirlos entre las actuales comisiones de Derechos Humanos, y de Justicia.

En el resolutivo segundo dispone: "Se turnan a la Comisión de Justicia las iniciativas y minutas pendientes de dictamen contenidas en el anexo 2 del presente acuerdo". Asimismo, el resolutivo tercero establece que "las iniciativas y minutas contenidas en los anexos 1 y 2 que, en su caso, fueron turnadas a comisiones unidas o con opinión de otras comisiones, además de la anterior Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conservarán dicho turno, considerando la distribución que se hace de las mismas a las actuales comisiones de Derechos Humanos o de Justicia, según corresponda".

En el anexo 2 se le asignó el expediente 1728, Mesa Cuarta.

Con fecha ___ de ___ de 2007 se reunieron las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para dictaminar la iniciativa.

Contenido de la iniciativa

1. El espíritu de esta iniciativa es prevenir y eliminar toda forma de explotación sexual infantil, tanto comercial como no comercial, así como asegurar el correcto desarrollo psicosexual de las niñas y niños, comprendiendo también a los incapaces legales, "en términos del artículo 450, fracción II, del Código Civil Federal". Los proponentes describen como niño "todo ser humano menor de dieciocho años de edad".

2. En el Capítulo II, "De los Delitos y las Sanciones", establecen los legisladores en el artículo 9: "Se entenderá por explotación sexual infantil la comisión de alguno de los siguientes tipos penales: a) Pornografía infantil, b) Lenocinio infantil".

En los artículos subsecuentes desarrollan la tipificación y las sanciones de pornografía infantil y lenocinio infantil. Describen la tipificación de lo que se conoce como "turismo sexual infantil", haciéndolo una modalidad del lenocinio infantil. Proponen que cuando se den los supuestos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los responsables también deberán ser sancionados en términos de esa ley.

3. El Capítulo III, "De las Normas Procesales Especiales", establecen la competencia concurrente a los tribunales federales y estatales, y disponen como de aplicación supletoria a ley propuesta, a los tratados internacionales que sobre protección a la infancia haya suscrito o suscriba México, el Código Penal Federal, el de Procedimientos Federales, los códigos penales y de procedimientos penales estatales, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

4. Crean en el Capítulo IV, "Del Consejo Nacional para Prevenir la Explotación Sexual Infantil", tal ente "con el fin de concentrar en un organismo las acciones tendentes a erradicar las conductas sexuales en contra de los niños" como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Gobernación, dotándolo de atribuciones y señalando su integración y características.

En síntesis, proponen que se integrará por un representante de las secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, y de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF (de entre los que se elegirán presidente y secretario ejecutivo del consejo), así como de las instituciones públicas y privadas dedicadas a actividades de protección a la niñez (de las que saldrán electos los vocales del consejo) que estén registradas ante el mismo, pudiendo también formar parte miembros de la comunidad académica que por su experiencia en materia de prevención y eliminación de la explotación sexual infantil puedan contribuir al logro de los objetivos del consejo.

La elaboración del dictamen de esta iniciativa se realiza de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. Congruente con el antecedente I, estas comisiones unidas son competentes para conocer el tema, de acuerdo con el turno recibido.

2. Estas comisiones unidas asumen y respaldan la recién reforma aprobada por el Congreso de la Unión sobre la materia.

3. La reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil. El dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, que integra las siguientes cuatro iniciativas presentadas durante la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados:

5. Con fecha 14 de febrero de 2007 se aprobó, por parte de las Comisiones Unidas del Senado de la República, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil, que se sometió a consideración del Pleno el 20 de febrero de 2007, aprobándose por 118 votos, publicado en el DOF el 27 de marzo de 2007.

6. En la iniciativa presentada el 16 de junio de 2004 por los diputados Aguirre y Beltrones y que fue integrada a la reforma aprobada en el Senado, propusieron establecer la pornografía y el lenocinio infantiles como figuras delictivas con propia definición y sanción, con la intención de castigar la conducta de los que utilicen a menores de edad para cometer estos delitos, independientemente de los efectos de esta conducta en el menor. Tales delitos los consideraron graves, razón por la cual propusieron la siguiente modificación de la fracción I, numeral 13, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales:

12. El espíritu de esta iniciativa ya fue recogido e integrado para procurar el interés superior de la infancia en la reforma colectiva aprobada por el honorable Congreso de la Unión.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en los artículos 72, literal G, y 73, fracciones XXI y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 2, fracciones III y XXI, y 3, 43, 44, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, primer párrafo, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 65, 66, 87, 88, 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscriben el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, presentada por los diputados a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión María de Jesús Aguirre Maldonado y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2004.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Conste.

Nota:
1 IPEC = International Programme on the Elimination of Child Labour/Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil; OIT = Organización Internacional del Trabajo; STPS = Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril del año dos mil siete.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Jesús de León Tello, José Manuel del Río Virgen, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina, Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Honorable Asamblea

A esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada, para su análisis y dictamen, la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2006.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, que corresponde a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y su numeral 3; así como en los artículos 43, 44, 45, en su numeral 6, incisos e) y f), y el primer párrafo de su numeral 7, así como los demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, 56; 60; 87, 88; 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elaboró el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

I. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables asume como vulnerabilidades las características de desventaja por edad, sexo, discapacidad, salud, estado civil, grado educativo, origen étnico o nacional, religión, orientación sexual, situación o condición social o económica de personas o grupos de personas; que requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia; fenómeno social multifactorial que implica sentimientos de riesgo, inseguridad, indefensión, abandono y desventaja; con menoscabo al ejercicio de los derechos de las personas o su integridad.

II. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 7 de febrero de 2006, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En la misma fecha se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, asignándosele el número 4991.

III. En sesión de 20 de abril de 2006, el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura aprobó un dictamen colectivo que incluía a la iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso i) al artículo 5, una fracción XIX al artículo 30 y una fracción VIII al artículo 31, todos de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En el orden del día de la sesión del 27 de abril de 2006 fue listado como dictamen de primera lectura y quedó pendiente su aprobación por el Pleno.

En la Gaceta Parlamentaria del 31 de agosto de 2006, la Secretaría de Servicios Parlamentarios publicó, en la sección "Informes" de la Gaceta Parlamentaria, la relación de dictámenes que quedaron de primera lectura en la sesión del 27 de abril de 2006, así como de aquellos que quedaron pendientes de conocimiento del Pleno; entre ellos el dictamen colectivo en cuestión, bajo el número 35, mesa tercera, expediente 3900.

Con fecha 7 de septiembre de 2006 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y puntos de acuerdo que quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la LIX Legislatura, el cual dispone que los dictámenes con proyecto de ley o de decreto y de puntos de acuerdo de los expedientes legislativos relacionados en el informe con relación de dictámenes que quedaron de primera lectura en la sesión de 27 de abril de 2006, así como de aquellos que quedaron pendientes de conocimiento del Pleno, quedan en la LX Legislatura con el carácter de proyectos, de conformidad con el último párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; devolviéndose a las comisiones competentes.

IV. El 8 de septiembre de 2006 la directora general de Proceso Legislativo devolvió el dictamen colectivo mencionado, para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo de la Mesa Directiva mencionado en el párrafo cuarto del antecedente III, mediante oficio D.G.P.L. 60-II-5-35.

V. Esta comisión, con fundamento en el artículo 44, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estableció subcomisiones de trabajo temáticas y especializadas: Niñas, Niños y Adolescentes; Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas Discriminadas.

Con fecha 16 de febrero de 2007 la Subcomisión de Personas con Discapacidad revisó el dictamen colectivo y elaboró uno nuevo.

Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari es sustituir el término "discapacidad" por el de "capacidades diferentes", en el articulado de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

2. En la exposición de motivos señala el Legislador que "la problemática que afecta a las personas con capacidades diferentes ha sido contemplada en la Ley general de Personas Discapacitadas, mediante la cual se busca ampliar la protección a este sector de la población afectada y asignada por una marcada minusvalía".

Afirma que "el espíritu de la ley que abarca a través de los distintos programas, todo el aspecto social, enuncia en un claro sentido de integración, su objetivo mayor sustentado en la solidaridad, la transparencia y la confiabilidad". Agrega después que "la inferioridad de condiciones a la que se encuentra sometida la persona, y un núcleo familiar que no puede contenerlo convenientemente, aumentan el riesgo de desprotección de ambos, con el consecuente deterioro afectivo y económico. Estas familias forman por tanto un grupo de alto riesgo social, con el agravante que sus perspectivas de superación son prácticamente inexistentes". Concluye su exposición de motivos considerando que "cambiar la denominación discapacidad por capacidades diferentes contribuye a esta nueva visión incluyente".

La elaboración del dictamen de esta iniciativa se realiza de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. Congruente con el antecedente I, esta comisión es competente para conocer el tema, de acuerdo con el turno recibido.

2. El nombre correcto de la ley que pretende modificar el diputado Kahwagi, es el de Ley General de las Personas con Discapacidad, aprobada como proyecto de decreto el 9 de diciembre de 2004 por el Senado de la República, dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. El mismo día fue turnado a esta honorable Cámara.

El 14 de diciembre de 2004 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, turnó la minuta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen. El 31 de marzo de 2005 el pleno de la comisión lo aprobó, mismo que fue validado por unanimidad del Pleno el 21 de abril del 2005. El 10 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente.

En el texto de la ley, que a la fecha no ha sufrido reformas, se emplea en todo momento el término discapacidad y la expresión capacidades diferentes no aparece en ningún artículo.

3. La expresión capacidades diferentes apareció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, a raíz de la reforma constitucional en materia indígena, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, cuya iniciativa fue enviada al Senado por el Presidente Vicente Fox Quesada el 5 de diciembre del año 2000, planteando la reforma al artículo 4o., primer párrafo, y la adición a los párrafos segundo a octavo del artículo 4o., recorriéndose en su orden los actuales segundo a noveno párrafos para pasar a ser noveno a decimosexto; un último párrafo al artículo 18; un cuarto párrafo al artículo 26, recorriéndose en su orden el actual cuarto párrafo para pasar a ser el quinto; un segundo párrafo al artículo 53, recorriéndose el actual segundo párrafo para pasar a ser tercero; la fracción XXVIII al artículo 73; un segundo párrafo a la fracción V del artículo 115, recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo para pasar a ser tercero; las fracciones IX y X al artículo 115; y un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa no abordó el tema de las personas con discapacidad en virtud de tratarse de una reforma dirigida a los derechos de los pueblos indígenas.

Fueron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos quienes en su dictamen aprobado el 25 de abril de 2001 decidieron adicionar al artículo Primero constitucional "un tercer párrafo en dónde se prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y las libertades de las personas", como lo expresaron en su exposición de motivos. El artículo primero quedó redactado de la siguiente manera:

4. El 5 de noviembre de 2004 fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de suplir el término "capacidades diferentes" con el término "discapacidad", presentada la misma fecha por el diputado a la LIX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores. En su exposición de motivos señala que "Un asunto de suma importancia, que requiere la revisión y adecuación por parte de ésta Cámara y nuestra colegisladora, el Senado de la República, para mantener una congruencia con los lineamientos establecidos a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas y las entidades representativas de la discapacidad como la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, Inclusión Internacional y las Federaciones Mundiales de Sordos y de Personas Ciegas, es el término ‘capacidades diferentes’ establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…). El citado término, pretende asumir el reconocimiento a las personas que viven con alguna discapacidad".

La propuesta de reforma, que se refiere al párrafo tercero del artículo primero de nuestra Carta Magna, fue:

En su exposición de motivos, el senador Adalberto Arturo Madero consideró que "el texto del artículo 1o., párrafo tercero, de nuestra Carta Magna establece la prohibición de discriminación a una persona motivada por sus ‘capacidades diferentes’, en lugar de utilizar el término de ‘discapacidad’ o ‘discapacidades’. Esta situación es la que nos impulsa a promover la presente reforma, de manera tal que, no solamente se actualice nuestra Constitución Política a los acuerdos internacionales en la materia, sino también se homologue a la recientemente creada Ley General de las Personas con Discapacidad". Menciona, también, que "el término ‘capacidades diferentes’ no está respaldado por ninguna comunidad de personas con discapacidad, ni por ordenamiento internacional alguno. Por esta razón, es necesario utilizar el concepto ‘personas con discapacidad’, en lugar de capacidades diferentes, por ser este último un concepto impreciso y confuso".

Su propuesta de reforma es la siguiente:

En sesión de 25 de abril de 2006 fue aprobada la reforma, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006 y entrando en vigor al día siguiente.

6. Las exposiciones de motivos y resolutivos de las reformas Constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y expuestas en las consideraciones 4 y 5 dan pauta a la elaboración del presente dictamen.

7. La Organización Mundial de la Salud cuenta con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, conocida con las siglas CIF (International Classification of Functioning, Disability and Health), heredera de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) del año 1980. En ella, los gobiernos de todo el mundo participan y se explica a detalle las definiciones y su comportamiento a nivel mundial.

Asimismo, desde 1990, los gobiernos del orbe y los organismos internacionales, regionales o locales, asumieron la aplicación del término "discapacidad", siendo congruentes con la importancia de eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en 1993, por ejemplo, fue muy precisa al señalar en su declaración que es menester prestar especial atención a la no discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones, por parte de las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluida su participación activa en todos los aspectos de la sociedad. El Programa de Acción de Viena, aprobado en esa conferencia, pidió a los gobiernos que adoptaran leyes o modificaran su legislación para garantizar el acceso a estos y otros derechos a las personas con discapacidad.

El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por consenso, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para beneficiar a los 650 millones de personas con discapacidades del mundo, que representan el 10 por ciento de la población. Esta convención y su protocolo facultativo quedaron abiertos a la firma de los Estados en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 30 de marzo de 2007, fecha en que nuestro país la suscribió y entrará en vigor 30 días después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

La iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari no procede, ya que la normatividad nacional e internacional reconocen el término discapacidad para el efecto de señalar cualquier deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Además, el término ya no existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Con fecha 28 de marzo de 2007 se reunió el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 72, literal G; 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, fracción III, que corresponde a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y su numeral 3; así como los artículos 43 y 44; el artículo 45, en su numeral 6, incisos e) y f), y el primer párrafo de su numeral 7, así como los demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, 56; 60; 87, 88; 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se suscribe el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el día 7 de febrero del año 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Conste.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a los 18 días del mes de abril del año 2007.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Humberto Wilfredo Alonso Razo (rúbrica), Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de modificar la denominación de la "Comisión de Participación Ciudadana" para quedar como "de formación de Ciudadanía y Participación Democrática".

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta honorable asamblea el presente dictamen al tenor siguiente

Antecedentes

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la denominación de la Comisión de Participación Ciudadana, presentada por la diputada Elba Garfias Maldonado.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a los 11 días del mes de marzo de dos mil siete.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas, Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de acuerdo que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; para crear la comisión de niñez, adolescencia y familias con carácter de ordinaria.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, conforme a lo siguiente

Antecedentes

Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a resolver el presente dictamen, al tenor de las siguientes consideraciones. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias solicitó al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias que emitiera una opinión respecto a la iniciativa que nos ocupa, a lo que dicho instituto estableció, entre otras cosas, las siguientes observaciones:

El numeral 3 del artículo 39 que pretende reformarse establece que la competencia de las comisiones ordinarias corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal; en ese sentido, la iniciativa no respondería cabalmente a este criterio general.

Por su parte, el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina que las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, evento que no aconteció en la presente iniciativa.

Respecto a la información que provee el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de acuerdo con el oficio CEDIP/DG/068/06, de fecha 8 de marzo de 2006, sobre la creación de la comisión ordinaria de la niñez, adolescencia y familias, el centro considera lo siguiente:

Sin pasar por alto los motivos desarrollados en la iniciativa, hoy por hoy existen mecanismos, instrumentos y actividad legislativa que tiene por objeto la defensa de los derechos de los menores; oportunamente, existe una comisión ordinaria que atiende y vigila a los menores y adolescentes, siendo esta la comisión ordinaria de grupos vulnerables, que tienen por objeto impulsar reformas para mejorar sus condiciones y calidad de vida, a fin de asegurar el desarrollo de programas sociales que los integren a la vida social, productiva y política del país, mejorando a mediano plazo la calidad y esperanza de vida de las personas y grupos vulnerables, fortaleciendo los mecanismos para que se integren a las actividades sociales y productivas del país, y que a través de las subcomisiones de trabajo de la comisión ordinaria de grupos vulnerables atienden los siguientes tópicos:

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, en nombre de diversos diputados de distintos grupos parlamentarios, que eran integrantes de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la sesión del once de abril de dos mil siete.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas, Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas, Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MARINA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA DE LA ARMADA DE MÉXICO

Honorable Asamblea

A la Comisión de Marina de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen, el proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 23 de febrero de 2006 fue turnada a las Comisiones Unidas de Marina, y de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, la iniciativa proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, por la entonces diputada María Ávila Serena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, misma que tiene por objeto agregar en dicho artículo que cuando se advierta una posible infracción disciplinaria en virtud de una orden dada, quien tenga que ejecutarla deberá solicitarle a su superior que se la dé por escrito y firmada.

2. Mediante oficio número CDN/596/06, de fecha 7 de marzo del año 2006, el entonces presidente de la Comisión de la Defensa Nacional de la LIX Legislatura, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados la declinación de turno a la comisión antes mencionada, de la iniciativa que reforma al artículo 17 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

3. Mediante oficio número D.G.P.L.59-II-3-2397, de fecha 23 de marzo del año 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifico el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, turnándolo a la Comisión de Marina de la LIX Legislatura para su dictamen correspondiente, mismo que esta Comisión de Marina de la LX Legislatura dictamina de conformidad con los siguientes:

Considerandos

I. Que en su exposición de motivos el proponente de la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, argumenta que si bien la relación mando-obediencia es muy importante en el Estado moderno y que el poder es una relación social que cruza el grueso de las actividades del ser humano, no menos cierto es que en muchas ocasiones con el ejercicio del poder se despoja a los individuos de su capacidad de decisión, inhibiendo la participación y procurando la inamovilidad. Por tal motivo, precisamente, en algunos casos, las personas que tienen autoridad pueden solicitar acciones contrarias a la dignidad de las personas y ajenas a los principios morales, por lo que en tales casos el destinatario de la orden no estaría obligado a obedecer, porque se convertiría en cómplice de acciones reprobables.

Asimismo, argumenta el proponente de la iniciativa que en diversas ocasiones se ha visto que a alguien se le imputa una conducta o acción inadecuada se quiere lavar las manos mediante el argumento de que sólo cumplió con ordenes superiores, sin embargo, si las "ordenes superiores" no las recibió por escrito y firmadas, la prueba se diluye.

Por tal motivo, se reitera en la referida exposición de motivos que en la vida diaria, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello, contraemos permanentemente obligaciones y compromisos, verbalmente o por escrito, y aún cuando desde el punto de vista ético un compromiso legítimamente contraído obliga a su cumplimiento, no importa si ésta fue o no escrito o firmado, no menos cierto es que cuando firmamos por escrito asignamos un mayor grado de "formalidad", es decir, supone comprensión y aceptación fehaciente de lo convenido. Ello aunado a que la memoria human es frágil y la percepción e interpretación de los hechos que ocurren a nuestro alrededor pueden ser radicalmente diferentes de los que realizan la acción. Por lo que cuando escribimos y firmamos un documento, se disminuye la posibilidad de conflicto en lo que ha quedado por escrito.

II. A contrario sensu de lo que argumenta el proponente del proyecto de iniciativa en su exposición de motivos, tenemos que de acuerdo al libro Mando militar publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ser militar exige la comprensión de altas normas éticas y morales, profesionalismo, sentido de responsabilidad, disciplina, entrega plena y auténtica a la profesión; de una vocación permanente por el estudio, para estar en capacidad de cumplir con eficiencia los cargos y situaciones que la carrera les depare.

III. Que las condiciones ambivalentes de actuar al mismo tiempo como jefe y subalterno, como comandante y colaborador, como líder y ejecutante, colocan al militar en un desafío profesional permanente, ya que existen deberes, responsabilidades, actitudes y posiciones intransferibles, mismas que exigen una disposición y capacidad para adaptarse a los cambios que impone su situación en las Fuerzas Armadas y de la sociedad a la que sirven.

IV. Que la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México establece los lineamientos de conducta que con base en los principios de obediencia, justicia, ética y un alto sentido del honor, deben orientar al personal de la Armada de México en el cumplimiento de sus deberes; así como los estímulos y sanciones que en los diferentes casos procedan.

V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, el personal naval observará el principio vital de la disciplina como un deber de obediencia que lo capacita para el mando, por su parte el artículo 8o. del citado ordenamiento legal establece que el mantenimiento de la disciplina será firme y razonado, y se sancionará todo lo que constituya una extralimitación por parte del superior hacia el subalterno.

VI. Que la ley en comento exige que las órdenes relativas al servicio sean legítimas, oportunas y precisas, las cuales no deberán entrar en detalles de ejecución, los que quedarán a la iniciativa del subalterno, asimismo establece que las órdenes deberán cumplirse sin demora ni censura y dispone que quien tenga conferido un mando, cargo o comisión asumirá la responsabilidad que por los resultados de sus órdenes.

VII. Que el artículo 15 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México establece que el personal naval está obligado a cumplir las órdenes que por escrito o verbalmente reciba.

VIII. Que por su parte el artículo 36 del multicitado ordenamiento legal establece que el personal naval tiene prohibido cursar anónimos.

El Diccionario de la Lengua Española publicado por la Real Academia Española en su vigésima segunda edición, establece que anónimo proviene del griego ?í?íõìïò, "sin nombre", y por tal se entiende a una carta o papel sin firma.

IX. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 109, fracción I, del Código de Justicia Militar son autores de un delito los que lo conciben, resuelven cometerlo, lo preparan y ejecutan, ya sea por sí mismo o por medio de otros, a quienes compelen o inducen a delinquir, abusando aquellos de su autoridad o poder.

X. Que por su parte el artículo 119, fracción VI, del citado ordenamiento legal, establece que es circunstancia excluyente de responsabilidad penal, obedecer a un superior aún cuando su mandato constituya un delito, excepto en los casos en que esta circunstancia sea notoria o se pruebe que el acusado la conocía.

XI. Que, en conclusión, al ya estar previsto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina de la Armada de México que cuando un elemento reciba una orden y advierta que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de un hecho sancionable o una infracción disciplinaria podrá solicitarlo por escrito a fin de salvaguardar su responsabilidad, se estima innecesario que se establezca literalmente que podrá pedir que esa orden sea por escrito y firmada, toda vez que se infiere que al darse por escrito, la misma deberá ir firmada ya que en el caso de que aquella no lleve la firma de quien la emite, a ese documento se le considerará anónimo y consecuentemente el subalterno no estará obligado a cumplirla.

A mayor abundamiento se hace notar que el artículo 15 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, invocado en el punto 4 del capítulo de consideraciones, establece que el personal naval está obligado a cumplir las órdenes que por escrito o verbalmente reciba, sin que se establezca literalmente que esa orden por escrito deberá ir firmada, toda vez que en un lógico raciocinio se entiende la que si la misma es por escrito necesariamente está firmada.

XII. Que tomando en consideración que cuando un elemento de la Armada de México de cumplimiento a una orden cuya ejecución constituya la comisión de un delito, opera en su favor la circunstancia excluyente de responsabilidad penal prevista por el artículo 119, fracción VI, del Código de Justicia Militar, se determina que resulta innecesaria la precisión a que se refiere la propuesta de reforma materia del presente dictamen.

Con fundamento en los razonamientos lógico-jurídicos, esgrimidos en los considerandos de este dictamen, esta Comisión de Marina:

Acuerda

Artículo Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Disciplina de la Armada de México presentada por la diputada María Ávila Serna en la LIX Legislatura.

Artículo Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro a dieciocho de abril de dos mil siete.

La Comisión de Marina

Diputado: José Manuel del Río Virgen (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón, Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera, Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Nabor Ochoa López, Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera, Juan Victoria Alva (rúbrica); Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), secretaria; Higinio Chávez García, Cuitláhuac Condado Escamilla, Claudia Lilia Cruz Santiago, Carlos Ernesto Navarro López, Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica); José Luis Blanco Pajón (rúbrica), secretario; Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Sergio González García (rúbrica), Mariano González Zarur, Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis, Faustino Javier Estrada González, Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
 
 

Honorable Cámara

A la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal que "asuma un compromiso inmediato con los esfuerzos del gobierno del estado de México, y retome las reuniones que permitan llegar a consensos en materia de política metropolitana integral y sustentable", presentada por el diputado Pablo Bedolla López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el pleno de esta Cámara durante la LIX Legislatura.

Con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Desarrollo Metropolitano somete a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen de la proposición indicada, a partir de los siguientes

Antecedentes

1. La proposición objeto del presente dictamen fue motivada por una evaluación pertinente y en su contexto válida acerca de la necesaria coordinación que deben procurar los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México para atender las demandas de la población, prestar los servicios públicos con la cobertura, calidad y oportunidad requerida y, en general, fomentar un desarrollo urbano ordenado, equilibrado y equitativo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la configuración urbana más grande del país conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 47 municipios conurbados del estado de México y 1 municipio del estado de Hidalgo.

El argumento principal que ofreció el diputado promovente para sustentar la proposición consiste en que esa coordinación ha sido deficiente e ineficaz debido a la negativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal para comprometer voluntad política, esfuerzos, recursos y acciones institucionales, tal como lo ha hecho por su parte el gobierno del estado de México. En ese orden de ideas, se afirma que la consecuencia de ese hecho ha sido la reducción del alcance y, en algunos casos, la nulidad de resultados de la acción conjunta entre los gobiernos de ambas entidades, en perjuicio de la atención de las demandas ciudadanas y los problemas urbanos y sociales de esa zona.

Por tanto se propone, por una parte, instar al titular del Gobierno del Distrito Federal para que proceda a cumplir la responsabilidad que, desde el ámbito de su competencia, concierna a la elaboración y el desarrollo de políticas públicas de coordinación intergubernamental en materia metropolitana, vinculando la descentralización de la gestión pública al respeto irrestricto de la autonomía política local y, por otra parte, que sean restablecidos los mecanismos de coordinación y dar seguimiento a las acciones con ese propósito, ya que sólo de ese modo podría entenderse el cumplimiento de la responsabilidad a su cargo.

2. Esta comisión considera que si bien siempre resulta pertinente insistir en la debida coordinación intergubernamental, en especial en esa zona metropolitana interestatal, habrá que tener en cuenta las condiciones, situaciones y los hechos en que dicha coordinación ha tenido lugar y confrontar la evaluación resultante mediante indicadores en que puede resultar óptima, desde el punto de vista de los requerimientos del desarrollo en la zona metropolitana en comento.

Desde ese punto de vista, conviene destacar que ciertamente la proposición se justificó en el momento en que fue presentada, puesto que los órganos administrativos y de gestión pública creados, por acuerdo del gobierno del Distrito Federal y del gobierno del estado de México, para hacerse cargo de la coordinación y acción conjunta de alcance metropolitano, no operaban entonces con efectividad alguna y los resultados de su actuación eran precarios ante la magnitud de los retos y de los requerimientos de acción conjunta, tal como se expone en las siguientes consideraciones del presente dictamen.

3. La coordinación entre gobiernos es imprescindible en el caso de zonas metropolitanas, y más aún cuando el territorio que comprenden exhibe una extensa conurbación y altos niveles de integración económica y funcionalidad urbana. Ese es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México que, ante la acelerada urbanización y el continuo crecimiento de la población y de los asentamientos humanos que tuvo lugar en las cinco últimas décadas, se ha convertido en el territorio de conurbación más grande del país, conformado por las áreas periféricas del Distrito Federal y del estado de México.

Desde hace medio siglo, entre las demarcaciones territoriales periféricas del Distrito Federal y los municipios del estado de México con los cuales constituye una continuidad demográfica, se ha mantenido una considerable dependencia mutua, como efecto en parte de la distribución territorial de recursos, infraestructura, empleo y mercados ofrecieron ventajas comparativas con respecto a otros territorios, consecuencia a su vez de la alta concentración de la población, los asentamientos y las actividades productivas.

En paralelo a la alta concentración se produjeron notorias desigualdades intraurbanas y sociales, que derivaron en el agravamiento de problemas de diversa índole, entre los que destacan una alta movilidad urbana, la proliferación de asentamientos irregulares, la saturación de infraestructura y equipamiento urbanos, la carencia de reservas de suelo y el aumento de la demanda de vivienda y servicios públicos, así como el progresivo deterioro del medio ambiente.

Tales problemas sometieron a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México a fuertes presiones para evitar los desequilibrios del desarrollo de la región, así como para subsanar los requerimientos de equiparación ante diferenciados niveles de consolidación urbana en una y otra entidad. En efecto, hace tres décadas y media la población del Distrito Federal era cuatro y media veces la población de los municipios conurbados del estado de México que formaban el área metropolitana de la Ciudad de México extendida en 72 mil 246 hectáreas. Pero actualmente esa proporción casi se ha invertido y la superficie urbana se ha triplicado.

4. Conviene tener presente, por otra parte, que desde que en nuestro país se estableció la planeación territorial de los asentamientos humanos y la coordinación intergubernamental, a finales de la década de los años setenta, con la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos por parte del Congreso de la Unión y el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, fueron creadas áreas de conurbación entre las cuales la región centro del país mereció una señalada prioridad de atención por parte de los gobiernos involucrados.

Así, en 1988 se creó el Consejo del Área Metropolitana como instancia operativa de gestión y administración, constituida por el gobierno del estado de México y el entonces Departamento del Distrito Federal, en materia de coordinación metropolitana, cuyas funciones comprendieron planeación demográfica, territorial, económica, la descentralización y reducción del crecimiento poblacional.

Con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, desde 1993 se estableció la posibilidad de convenir mecanismos de planeación regional del desarrollo en territorios conurbados de dos o más entidades federativas. En 1991 se constituyó el Consejo de Transporte del Área Metropolitana (Cotam) y en 1992 por acuerdo del gobierno federal, fue creada la Comisión Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. A partir de 1994, de conformidad al artículo 122, Base Quinta, Apartado G, de la Constitución Política, las comisiones metropolitanas se integran como instancias tripartitas, comprendiendo la participación del gobierno federal, para atender los problemas, las demandas y los requerimientos del desarrollo urbano común en la Ciudad de México y los municipios conurbados del estado de México.

5. De esa manera, la coordinación entre gobiernos locales en áreas de conurbación y zonas metropolitanas tiene como principal soporte a la Carta Magna, que otorga atribución a las comisiones metropolitanas para que puedan establecer las bases para celebrar convenios, con el propósito de ejecutar obras y prestar servicios públicos, determinando las funciones y aportaciones de recursos institucionales que correspondan a las partes integrantes.

En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México fueron creadas las comisiones de Agua y Drenaje, Metropolitana de Transporte y Vialidad y Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, cuya operación sin embargo fue inconsistente, irregular y con escasa efectividad.

Por lo que se refiere a la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, habría que señalar que no obstante el Distrito Federal y el estado de México hayan convenido planificar conjuntamente construcción de vialidades, interconexión de modalidades y homologación de estándares técnicos y de operación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros, las vialidades troncales no han logrado ser utilizadas como factores que estructuren de mejor manera flujos-demanda-uso, ni se privilegió al transporte colectivo por encima del transporte particular; las obras y proyectos desarrollados constituyen soluciones parciales y temporales, con impactos ambientales negativos, según especialistas en transporte.

Se requiere un sistema integral de transporte metropolitano, con suficiente cobertura, calidad y seguridad, que evite la pérdida de productividad laboral, pues de acuerdo con la Organización Mundial de Grandes Metrópolis actualmente se pierden 1.3 millones de horas productividad al día–persona con motivo de transportación en la Ciudad de México. Desde hace una década, según la encuesta de origen y destino de viajes de residentes de la zona metropolitana del valle de México, tres cuartas partes del total de tramos viaje-persona por día (30 millones) son realizados a través de transporte público, principalmente en automotores de ruta (taxis, combis y microbuses) que hasta la fecha no ha sido sometido a control por parte de las autoridades, no sólo del Distrito Federal sino tampoco del estado de México. Se requiere adicionalmente la revisión conjunta de los planes rectores de transporte y vialidad.

La Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia no sesionó desde su creación en 1994, hasta su reinstalación en 2000. Las deficiencias de su operación son innegables, entre las que habría que destacar la integración y sistematización de la información en la materia que deben intercambiar y tener en común las instituciones de policía y ministerios públicos de una y otra entidad federativa. Las acciones convenidas se limitan al nivel reactivo y no hay avances en el rubro de prevención, persecución del delito y readaptación social.

Por lo que se refiere a la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, creada en 1995, habría que señalar que no se ha completado la homologación de criterios para atender los problemas derivados del crecimiento desordenado, la irregularidad del suelo, la invasión de áreas naturales y protegidas y la provisión de reservas territoriales para uso habitacional, no obstante que en 1998 ambos gobiernos hayan aprobado el Programa de ordenación de la zona metropolitana del valle de México.

La Comisión Ambiental Metropolitana creada en 1996, por su parte, si bien significó un avance relevante, en especial en las acciones para frenar el deterioro de la contaminación del aire, mediante los programas de verificación de emisiones, de restricción a la circulación vehicular y el monitoreo de la calidad del aire, ha descuidado la reducción de emisiones de industrias y establecimientos de servicios. Siguen pendientes de atención, integral, coordinada y sostenida, el saneamiento de la cuenca del valle de México y el control de asentamientos irregulares en zonas de conservación ecológica.

La actuación de la Comisión Metropolitana de Desechos Sólidos ha sido irrelevante desde su creación en 1998; hasta la fecha sólo ha servido para llegar al acuerdo de realizar consultas públicas por parte de los dos gobiernos involucrados, que por cierto no han sido capaces de dirimir controversias en torno a la respectiva responsabilidad para contribuir a proveer nuevos lugares e instalaciones para la disposición final de desechos sólidos (basura), ante la saturación y límite de vida útil de los actuales, tal como el bordo poniente, así como aplicar instrumentos rectores y homologar normas de protección del ambiente, poner en marcha programas de recuperación y saneamiento del suelo contaminado y habilitar rellenos sanitarios con visión de largo plazo.

Por otra parte, no hay a la fecha un informe público relacionado con la actuación de la Comisión Metropolitana de Protección Civil y aún no se acuerda la constitución de la Comisión Metropolitana de Salud.

6. Queda claro que las comisiones metropolitanas constituyen órganos operativos que traducen la coordinación institucional entre los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para la planeación y acción conjunta en el ámbito metropolitano, así como que han coadyuvado en la resolución de problemas comunes que afectan a la población. Los avances en cada materia son desiguales y, en algunos casos, casi nulos.

Durante casi cinco años, desde 2000 y hasta finales de 2005, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y el gobernador del estado de México no se reunieron ni produjeron acuerdo alguno en materia de coordinación metropolitana. En opinión de esta comisión ese hecho dio pie a la presentación de esta proposición que se dictamina.

En octubre de 2005, año y medio después de presentada la proposición, el entonces jefe de Gobierno interino del Distrito Federal y el actual gobernador del estado de México acordaron reactivar la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, con la participación del gobierno federal. Eso permitió contar, dos meses más tarde, con la primera Declaratoria de la zona metropolitana del valle de México, que de ese modo incluye formalmente el territorio comprendido por 59 municipios del estado de México y las 16 delegaciones del Distrito Federal. Como consecuencia de la concertación de voluntades políticas, de gobiernos emanados de diferente partido político, se han comprometido nuevas tareas y objetivos, así como el seguimiento a los trabajos de las comisiones metropolitanas operativas.

7. La Cámara de Diputados ha contribuido, desde el ámbito de su competencia, a impulsar la coordinación entre los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México para atender los requerimientos de la población y el desarrollo en el ámbito metropolitano. Durante la LIX Legislatura destinó, por primera vez, recursos federales dirigidos, durante el ejercicio fiscal 2006, a proyectos, estudios y obra pública que permitan atender demandas y resolver problemas urbanos y ambientales urgentes que afectan a la zona metropolitana de la Ciudad de México, mismos que distorsionan su funcionamiento y ponen en riesgo el desarrollo sustentable de la misma. Con tales recursos los gobiernos del Distrito federal y del estado de México pudieron establecer el llamado "Fondo Metropolitano".

Más aún, en el primer año de ejercicio de la LX Legislatura, esta comisión que dictamina impulsó, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, que esta Cámara aprobara no sólo mantener dicho fondo sino a la vez aumentar el monto del mismo hasta en 200 por ciento para el actual Ejercicio Fiscal 2007, además de dotarlo de un carácter federalista de modo que comprendiera otras zonas metropolitanas del país. Con cargo al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, tales recursos permitirán continuar los 29 proyectos técnicos y obras públicas que emprende la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

Entre tales obras pueden destacarse las obras del distribuidor vial "Zaragoza Los Reyes", de rehabilitación del "Paradero Pantitlán", los estudios para corredores metropolitanos, incluido "Tres Puentes-avenida López Mateos" y "Oriente", 12 proyectos en materia de agua y saneamiento que incluyen el colector marginal sur "Presa de Guadalupe", el programa de uso eficiente del agua (tensión, sectorización y sustitución) en el estado de México y el Distrito Federal, la construcción del túnel profundo oriente, limpieza, desazolve y rectificación de cauces en ambas entidades; el control de erosión de cuencas de la Presa Guadalupe, el monitoreo de hundimientos del estado de México, el mantenimiento de compuertas del drenaje profundo; la sustitución de agua potable por residual, la rehabilitación de la planta de tratamiento "Cerro de la Estrella" y el proyecto sustitución del colector "Kennedy".

De ese modo se ha contribuido a potenciar el alcance de la obra de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México vienen realizando, en aras de resolver el rezago existente en materia de transporte, agua y saneamiento, contaminación, construcción de vialidades y equipamiento, así como servicios de protección civil de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

8. Esta comisión que dictamina concluyó que, a la luz de las consideraciones hechas, la proposición presentada por el entonces diputado federal Pablo Bedolla López aunque justificada en el contexto en que se presentó, no es procedente en el contexto actual en el que no sólo hay consenso sino pleno acuerdo entre los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México para consolidar una política metropolitana integral y sustentable. De su establecimiento dan cuenta la reinstalación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, las comisiones operativas correspondientes, la participación del gobierno federal y la utilización de instrumentos reglamentarios y administrativos y los programas operativos para desarrollar acciones conjuntas en el ámbito territorial metropolitano de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo Metropolitano somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen; archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, _a 17 de abril de 2007.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano

Diputados: Obdulio Ávila Mayo (rúbrica), presidente: Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Higinio Chávez García, Juan Hugo de la Rosa García, Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A COADYUVAR EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA TURÍSTICO SUSCITADO POR EL BLOQUEO DE AVENIDA REFORMA Y LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO

Honorable Asamblea

A la Comisión de Distrito Federal le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de que este órgano legislativo exhorte al jefe de Gobierno a coadyuvar en la solución del problema turístico generado a partir del bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico, atendiendo de inmediato las necesidades del sector turismo del Distrito Federal y presentando, en un plazo no mayor a 15 días, un programa de reactivación de la industria turística en el Distrito Federal.

Con fundamento en los artículos 39, párrafo 1, y 45, párrafo 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; esta Comisión de Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el presente acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el jueves 5 de octubre de 2006, el diputado Francisco Dávila García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, objeto del presente dictamen.

2. En la misma sesión del 5 de octubre el pleno de la honorable Cámara de Diputados denegó la petición de urgente y obvia resolución a la proposición presentada por el diputado Francisco Dávila García, instruyéndose por la Presidencia de la Mesa Directiva que se turnase a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 10 de octubre de 2006 se recibió en la Comisión de Distrito Federal el expediente correspondiente a la proposición con punto de acuerdo citada, procediendo los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión al análisis y evaluación de este asunto legislativo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Esta Comisión coincide con el diputado proponente en que el turismo es una actividad preponderante para la economía nacional y para cada una de las entidades federativas de nuestro país.

2. Asimismo, se comparte el punto de vista en relación con que algunas ramas productivas del sector turismo o vinculadas a esta actividad son particularmente sensibles a eventos sociales, como las manifestaciones de diversos sectores de la población en la vía pública.

3. De igual manera, se comprende y comparte la preocupación surgida ante las pérdidas económicas y laborales sucedidas durante el bloqueo al que se hace alusión en la proposición en estudio.

4. Sin embargo, los hechos a que se refiere la proposición analizada quedaron sin efecto 21 días antes de su presentación en tribuna, el jueves 14 de septiembre del presente año, al retirarse los manifestantes de las calles ocupadas del centro de esta ciudad capital, recobrándose en su totalidad las actividades cotidianas y normalidad en esa zona, pudiendo las autoridades, en colaboración con el gobierno federal, proceder a la preparación de los festejos conmemorativos de nuestra independencia nacional.

5. Cabe mencionar que con anterioridad al retiro total de los manifestantes de las calles ocupadas (principios del mes de septiembre del presente año), el jefe de Gobierno del Distrito Federal negoció la apertura de diversos cruces vehiculares y calles bloqueadas, que permitieron el tránsito vehicular por zonas medulares del Centro Histórico y cruces relevantes en avenida Reforma, mitigándose en parte las consecuencias generadas por el bloqueo.

6. Asimismo, y en respuesta a la problemática generada, en agosto del año 2006 se firmó un convenio de concertación que celebraron por una parte el Gobierno del Distrito Federal, representado por los ciudadanos Ricardo Ruiz Suárez, Jenny Saltiel Cohen, Julia Rita Campos de la Torre y Eugenio Robles Aguayo; secretario de Gobierno, secretaria de Desarrollo Económico, secretaria de Turismo y procurador fiscal, respectivamente; y por la otra la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (en lo sucesivo la Canaco), representada por su presidente del Consejo Directivo, Lorenzo Ysasi Martínez, con la intervención como testigo de honor de la suscripción de este documento el licenciado Alejandro Jesús Encinas Rodríguez, jefe de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

Dictamen

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Dávila García, por considerarse sobreseído el asunto objeto del presente dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, _a los 12 días del mes de abril del año 2007.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), presidente; María Gabriela González Martínez (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás, Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), secretarios, Mónica Arriola, Aída Marina Arvizú Rivas, Obdulio Ávila Mayo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, María Eugenia Campos Galván, Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago, Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Carlos Madrazo Limón, Juan Manuel Parás González (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Alejandro Sánchez Domínguez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A DOCE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE LE FUERON PRESENTADAS Y TURNADAS EN LA LIX LEGISLATURA

Honorable Asamblea

A la Comisión de Distrito Federal fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura por diputados de los distintos grupos parlamentarios y que quedaron pendiente de resolución.

Con fundamento en los artículos 39, párrafo 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la Comisión de Distrito Federal somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

Del análisis minucioso efectuado a los planteamientos contenidos en las 12 proposiciones con punto de acuerdo relacionadas en el presente dictamen, a fin de valorar su contenido y alcances, se destaca lo siguiente:

1. Que después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que los eventos y objetivos concretos perseguidos por cada una de las proposiciones con punto de acuerdo objeto de este dictamen han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan en la actualidad extemporáneas o los acuerdos solicitados carecen en el presente de materia.

2. Que con base en lo anteriormente expuesto, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar en el análisis del fondo de cada uno de los asuntos, ni realizar ninguna otra valoración específica sobre ellos.

3. Que en consecuencia con los razonamientos expresados, la Comisión de Distrito Federal determina que no ha lugar a los resolutivos de las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Distrito Federal somete a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Primero. No son de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los 12 días del mes de abril del año 2007.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), presidente; María Gabriela González Martínez (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás, Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Aída Marina Arvizu Rivas, Obdulio Ávila Mayo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, María Eugenia Campos Galván, Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago, Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Carlos Madrazo Limón, Juan Manuel Parás González (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Alejandro Sánchez Domínguez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL PLENO Y A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE SE ESTABLEZCA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER EN ÁREAS DESPROTEGIDAS DE LAS ZONAS URBANAS

Honorable Asamblea

A la Comisión de Equidad y Género fue turnado para su estudio y dictamen el punto de acuerdo por el cual el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita al Pleno de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

En sesión celebrada el 5 de abril de 2004 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido del punto de acuerdo

III. Consideraciones

La Comisión dictaminadora expone la siguiente valoración de la proposición con punto de acuerdo:

IV. Dictamen

Único. Se desecha el punto de acuerdo, ya que no existe fundamento jurídico para que el Pleno de la Cámara de Diputados o la Junta de Coordinación Política establezcan el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, _a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Pilar Guerrero Rubio (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Martha Margarita García Müller, María de Jesús Guerra Sánchez, María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Mayra Gisela Peñuelas AcuñaMaría Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica).
 
 
  DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A SUSPENDER LOS PERMISOS PARA OPERAR CENTROS DE APUESTA Y SALAS DE SORTEOS

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a suspender los permisos para operar centros de apuesta y salas de sorteos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, con base en los siguientes

Antecedentes

Consideraciones

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender la autorización de permisos de apertura para nuevos establecimientos de juegos con cruce de apuestas y sorteos, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto la controversia constitucional 97/2004, presentado por el diputado Octavio Martínez Vargas el 3 de enero de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, _Distrito Federal, a 19 de abril de 2007.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Amador Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ENTREGA EXPEDITA DE RECURSOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN TABASCO

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo relativo a la atención de la situación de emergencia en Tabasco causada por las intensas lluvias.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la agilización de recursos para atender a la población afectada por las intensas lluvias en Tabasco, presentado por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el primero de febrero de dos mil siete.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal los diecinueve días del mes de abril de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DECLARATORIA DE DESASTRE PARA EL ESTADO DE TABASCO

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastre para Tabasco y liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres correspondientes.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastre para el estado de Tabasco, presentado por los diputados Francisco Sánchez Ramos y Moisés Dagdug Lutzow, el primero de febrero de dos mil siete.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal a los diecinueve días del mes de abril de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE DESECHAN 24 PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LA LIX LEGISLATURA

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación le fueron turnadas, para su análisis y dictamen, diversas proposiciones con punto de acuerdo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 relativos y aplicables, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes

Durante el período del 9 de octubre de 2003 al 23 de agosto de 2006 fueron turnadas a la Comisión de Gobernación, por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, diversas proposiciones con punto de acuerdo las cuales, esencialmente, consisten en la solicitud o exhorto hecho a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para que se avocaran a la atención de diversas cuestiones de su competencia.

Así, se enuncian dichas proposiciones materia del presente dictamen

Consideraciones

Acuerdo

Primero. Se desechan 24 proposiciones con punto de acuerdo, materia del presente dictamen y que han sido descritas en el capítulo de antecedentes.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, _Distrito Federal, a 19 de abril de 2007.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica); Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Amador Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE VERACRUZ A LEGISLAR EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Honorable Asamblea

A la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a legislar en materia de participación ciudadana, presentada por la diputada María del Carmen Escudero Fabre, del Grupo Parlamentario del PAN, con fecha 7 de febrero de 2006, para su estudio y dictamen correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Participación Ciudadana somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición en comento, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al análisis de las consideraciones y punto de acuerdo materia de la propuesta y encontraron que se trata de un asunto que corresponde a la jurisdicción y competencia del Congreso del estado de Veracruz. De conformidad con el artículo 40 de la Constitución General de la República, nuestra federación está compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme a lo dispuesto en los artículos 115 y 116 constitucionales. La federación sólo tendrá injerencia en los asuntos cuyas facultades le están expresamente concedidas en la propia Constitución, principalmente en los artículos 27; 28; 29; 73; 74; 76; 78; 79, fracción I, párrafo segundo; 99, fracción IV; 102, último párrafo; 103; 104, fracciones I y V; 105; 106; 108, párrafo tercero; 110, párrafo segundo; 111, párrafo quinto; 118; 119; 122, apartado A; 123; 131; y 133.

Respetuosa de los principios y preceptos constitucionales antes invocados, principalmente los que conciernen a nuestro federalismo, la comisión dictaminadora estima que no es procedente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Veracruz a legislar en materia de participación ciudadana.

Ahora bien, es cierto que otras entidades federativas cuentan con leyes que contemplan formas de organización de participación ciudadana y de democracia directa, como son el referéndum, plebiscito e iniciativa popular, pero también lo es que en el Congreso de la Unión ésta es una asignatura pendiente, pues todavía nos encontramos en el proceso de análisis, intercambio de ideas, promoción y búsqueda de consensos a efecto de dictaminar, entre otras, varias iniciativas que proponen la reforma de la Constitución General de la República, precisamente en materia de referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana y revocación de mandato. Los avances que logremos en esta materia tendrán una significación trascendente en el ámbito nacional.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Participación Ciudadana se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen para exhortar al Congreso del estado de Veracruz a legislar en materia de participación ciudadana.

Segundo. Archívense el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, _a 11 de abril de 2007.

La Comisión de Participación Ciudadana

Diputados: Alberto Esteva Salinas (rúbrica), presidente; Martha Margarita García Müller (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), secretarios; Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano, José Rubén Escajeda Jiménez, Adolfo Escobar Jardinez, Ricardo Franco Cazarez, Víctor Hugo García Rodríguez, María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Delio Hernández Valadés (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Jesús Manuel Patrón Montalvo, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Mario Vallejo Estévez, Antonio Vasconcelos Rueda (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SOBRE DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Honorable Asamblea

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo

Antecedentes

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen de materia en la actualidad.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.

Consecuentemente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo a 18 de abril de 2007.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Leonardo Melesio de J. Magallón Arceo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), José Antonio Arévalo González, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica, en contra en los puntos 1, 3 y 5), Jesús Ramírez Stabros, Gustavo Ramírez Villarreal, Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica).