Los legisladores que firmamos al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La agroindustria de la caña de azúcar en nuestro país constituye una importante fuente de generación de ingresos y empleos directos e indirectos para un sector importante de la población que se localiza en 15 estados de la República.
Con 59 ingenios azucareros y cerca de 160 mil productores de caña de azúcar, la agroindustria azucarera nacional registra una producción anual promedio de 5 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares, alcanzando con ello un impacto nacional que se traduce en una participación del 0.4 por ciento del producto interno bruto del país, que aunada al amplio consumo de azúcar, de manera directa o como materia prima, su producción y nivel de precio resultan estratégicos para favorecer el bienestar de amplios sectores de la población y la competitividad de diversas industrias del país.
Es por ello que, al alentar el sostenimiento y crecimiento de la agroindustria de la caña de azúcar, bajo la tutela del Estado mexicano, se cumple la responsabilidad constitucional de ejercer la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, siendo que esta actividad económica ocupa un papel fundamental para miles de familias mexicanas, al impulsar la generación de empleos y una mejor distribución del ingreso y de la riqueza nacional.
En este contexto, en las LVIII y LIX Legislaturas y en el ámbito de las facultades del Pleno de la honorable Cámara de Diputados se aprobaron los acuerdos de las respectivas Juntas de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.
En la LIX Legislatura se determinó que el objetivo de la Comisión de referencia se dirige a encargarse del estudio de la problemática del sistema producto caña-azúcar, proponer alternativas y coadyuvar a la conciliación, integración y propuesta de soluciones entre las instancias del Ejecutivo federal y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía alimentaría.
Otro aspecto que debe considerarse es el conocido proceso polémico que se suscitó entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión en la aprobación y promulgación de laLey de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que por lo mismo y ante la gama de aspectos que contiene la producción, comercialización y distribución de azúcar, así como la relación de productores y de ellos con los propietarios de los ingenios resulta de particular importancia que la Cámara de Diputados contribuya, desde su perspectiva, a la mejor desenvolvimiento del sector y sus actores.
De manera adicional, se tienen los impactos que resultaron de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de nuestro país, que han dado lugar a fuertes controversias con los llamados países socios y discrepancias con las políticas de gobierno que han atentado en contra de esta relevante agroindustria nacional; basta recordar la firma de las conocidas como "cartas paralelas", en noviembre de 1993, que se dirigen a restringir los volúmenes de las exportaciones de México al mercado de Estados Unidos y favorecer la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa y de maíz amarillo de Estados Unidos para producir este jarabe en México.
Todo ello dio lugar a la sustitución del azúcar en el consumo industrial nacional por el jarabe de maíz de alta fructosa, en condiciones de desventaja para la agroindustria azucarera y para los maiceros mexicanos.
Además, se requiere evaluar los cuestionados procesos de expropiación de los ingenios azucareros llevados a cabo por el gobierno de Vicente Fox y observar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que se violentaron disposiciones jurídicas en el procedimiento de expropiación; así como la participación del Fondo de Empresas Expropiadas, donde hay aspectos relacionados con la firma de contratos y su ingerencia en el reconocimiento de organizaciones de productores.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la Cámara de Diputados, en las dos legislaturas anteriores, ha reconocido la importancia de intervenir, revisar y proponer soluciones a la problemática de la industria azucarera, me permito someter a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la creación de la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, encargada del estudio de la problemática del sistema producto caña-azúcar, así como de proponer alternativas y coadyuvar a la conciliación, integración y propuesta de soluciones entre las instancias del Ejecutivo federal y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía alimentaría.
Palacio Legislativo, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado David Pulido Santiago (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO
A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SOFÍA CASTRO ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de estas
Consideraciones
Durante las dos anteriores legislaturas el Pleno camaral ha establecido por consenso de todos los grupos parlamentarios la creación de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México; este órgano ha sido indispensable desde que el Poder Legislativo ha considerado primordial fomentar, fortalecer y dar seguimiento a las políticas y programas que en el ámbito de la administración pública se han emprendido para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes de la región sur-sureste del país, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
De todos es conocido que el desarrollo nacional no ha sido homogéneo, particularmente en los estados del país situados en regiones del sur y del sureste; cuestiones de tipo social, económico, geográfico y político han creado atraso y marginación. Esta realidad requiere un esfuerzo en el honorable Congreso de la Unión que permita desarrollar las enormes potencialidades de la región y abatir el rezago económico, las injusticias sociales y sobre todo los desequilibrios regionales.
Por ello, en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, pero especialmente por la vinculación que con los problemas estatales y regionales tenemos los diputados electos en las entidades y circunscripciones que comprenden la región sur-sureste de México, resulta pertinente que, mediante un ánimo responsable de colaboración y coordinación, a través de los instrumentos de que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos a la convocatoria formulada por todos los partidos políticos nacionales para impulsar el desarrollo regional y seguir avanzando de manera sostenida en los programas y acciones en beneficio del desarrollo del sur-sureste del país.
Datos del Censo de Población y Vivienda 2000 demuestran que en las nueve entidades de esta zona nacional se presentan las siguientes características: en la región habitan 28 millones de habitantes, 43 por ciento de la población total, 74.4 por ciento de la población indígena habita en esta región, el índice de escolaridad promedio es de 6.7 años, lo cual es comparativamente menor a la muestra de escolaridad promedio del resto del país, que es de 7.6 años. Asimismo, otros datos demuestran que el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del territorio; ello dificulta, sin lugar a duda, la provisión de servicios públicos e infraestructura. Dentro de estas localidades pequeñas, en la región sur-sureste existen más de 23 mil en condiciones de aislamiento (sin caminos y fuera del círculo de influencia de alguna ciudad), cuya población vive en condiciones sumamente precarias.
De igual manera, el censo muestra que las diez entidades con mayor grado de marginación en la República Mexicana, ocho pertenecen a la región sur-sureste. El rezago es evidente principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica (carreteras, energía y servicios). De los 851 municipios del país considerados por el Consejo Nacional de Población como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 (83.9 por ciento) se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes. De hecho, en esta región más de la mitad de los municipios tienen alta y muy alta marginación, y casi uno de cada tres de sus habitantes vive en estos municipios.
Es en ese sentido que Acción Nacional expresa su profunda preocupación por la realización apremiante de acciones y programas encaminados a potenciar el desarrollo del sur-sureste de México en todos sus aspectos, a efecto de integrarlas al desarrollo nacional, coincidiendo en que es necesario dar un definitivo impulso al desarrollo de esa zona nacional y cerrar esa preocupante brecha entre regiones.
Como consecuencia de ello, surge la necesidad de que en el Poder Legislativo federal exista un órgano parlamentario adecuado para abocarse a su solución, a través de la creación de normas e instrumentos legales que contribuyan al desarrollo de las nueve entidades que comprenden el sur-sureste del país y que, a su vez, también contribuyan al desarrollo nacional.
Es importante señalar que durante la anterior Legislatura, la Comisión Sur-Sureste, en uso de sus atribuciones constitucionales impulsó, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y 2006 numerosos proyectos de impacto regional.
Destacan proyectos de infraestructura carretera, portuaria, hospitalaria, modernización de pasos fronterizos, entre otros. Todos esos proyectos de inversión son de mediano y largo plazo, que muchas veces, por no contar en el tiempo con la fuente de financiamiento se quedan inconclusos, por lo que es de vital importancia garantizarles inversión en el Presupuesto de Egresos 2007 que les den la viabilidad y sustento financiero para todo su periodo de vida y consecuentemente se asegure su conclusión.
Por las anteriores consideraciones, y atendiendo a la necesidad de legislar al respecto, cuidando que leyes, programas y políticas públicas adquieran una perspectiva que promueva la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en el sur-sureste del país, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.
Segundo. La comisión especial estará integrada por treinta diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al particular determine la Junta de Coordinación Política.
Las propuestas de diputadas y diputados que corresponda presentar a los diversos grupos parlamentarios recaerán preferentemente en legisladores provenientes de entidades del sur-sureste de México.
Tercero. La Comisión Especial impulsará y propondrá, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para la región sur-sureste de México.
Cuarto. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará hasta el término de la LX Legislatura.
Quinto. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determina la Junta de Coordinación Política.
Sexto. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputada María Sofía Castro Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA REGIÓN CUENCA DE BURGOS,
SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Durante abril del 2004 y por solicitud de los diputados federales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la LIX Legislatura, a través de su Junta de Coordinación Política, tuvo a bien crear la Comisión Especial de la región de la cuenca de Burgos, cuyo objeto fue dar seguimiento al proyecto integral que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región y detectar la problemática que dicha explotación haya generado en los municipios y estados en los que se encuentra localizada, así como su impacto ambiental, a fin de manifestarlo oportunamente y poder realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.
Exposición de Motivos
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha invertido durante la presente administración y al cierre del 2005 más de 4 mil millones de dólares en la cuenca de Burgos, lo que ha dado como resultado que la producción de gas natural en la cuenca haya crecido más de 30 por ciento respecto a su nivel del año 2000, aumentando de mil millones a más de mil 300 millones de pies cúbicos al día, lo que habla de la importancia estratégica de esta zona como potencial gasífero del país, ya que en ella se concentran más de cinco millones de millones de pies cúbicos de gas, equivalente a una quinta parte de las reservas totales de gas no asociado, además de que contribuye, al día de hoy, con la cuarta parte de la producción nacional.
La región conocida como cuenca de Burgos abarca una superficie de 28 mil 960 kilómetros cuadrados, que comprende 17 mil 160 kilómetros cuadrados en 11 municipios del estado de Tamaulipas, 10 mil 600 kilómetros cuadrados en 10 municipios del estado de Nuevo León y mil 200 kilómetros cuadrados en 7 municipios del estado de Coahuila, asimismo se asienta en las regiones hidrológicas 24 y 25, establecidas por la Comisión Nacional del Agua, y comprende siete cuencas hidrológicas.
Tiene una superficie con posibilidades prospectivas de explotación de 110 mil kilómetros cuadrados y sumaría a la cuenca de Burgos las de Sabinas y Piedras Negras.
Es tan importante el proyecto que se desarrolla en la región, que dará muy pronto a México la posibilidad de satisfacer la demanda actual, la que exija su crecimiento industrial y le permitirá en el futuro exportar.
En virtud de la magnitud del yacimiento y de la importancia del hidrocarburo como fuente de energía, Petróleos Mexicanos inició desde 1997 los trabajos exploratorios y de desarrollo de campos en la cuenca de Burgos, que forman parte del proyecto integral cuenca de Burgos 2000-2012, que contempla 5 proyectos de exploración y 16 proyectos de desarrollo, cuyo objetivo es explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de mil 400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un período de 12 años, por parte de Pemex Exploración y Producción extendiendo las posibilidades de explotación de aceite ligero y de gas condensado, así como al aprovechamiento del agua subterránea.
Sin embargo sabemos que un proyecto de tan elevado impacto en la región noreste del país debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable de la economía de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, por lo que es conveniente impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex, de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidades de la cuenca de Burgos; elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea que en el proceso de exploración detecte Pemex, en beneficio de los municipios de la zona, que son semiáridos; impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental, y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo del proyecto.
Por ser del interés general de la nación y comprender ámbitos que involucran no sólo los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se ubica la cuenca de Burgos, sino que implicará la explotación de recursos propiedad de la nación y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento del proyecto integral de la cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie a los habitantes de la región, preservando la sustentabilidad de su economía, proponemos crear la comisión especial para la región cuenca de Burgos.
Considerando
Que los momentos que vivimos en el contexto nacional nos impulsan y obligan a observar formas y prácticas del quehacer político con mayor entereza para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de gobierno vigilando las normas y el desarrollo que tanto reclama nuestra sociedad.
Que en la LX Legislatura nos esforzamos por darle continuidad y mejoramiento a todo aquello que signifique proporcionar un mayor impulso a la economía y producción de las diferentes ramas de la sociedad.
Que en la cuenca de Burgos, en efecto, se constituye la reserva de gas no asociado al petróleo más importante del país, con una superficie de 50 mil kilómetros cuadrados y el área cuenta con posibilidades de mayor extensión, lo que permitiría alcanzar los 110 mil kilómetros cuadrados, si se consideran, además de Burgos, las cuencas geológicas de Sabinas y Piedras Negras.
Que actualmente la producción de gas seco en esta zona cubre una superficie de 29 mil kilómetros cuadrados y se obtienen más de mil millones de pies cúbicos diarios. Representando esta producción el 80 por ciento del total de gas no asociado y casi una cuarta parte de la producción total de gas en México.
Que Burgos tiene la misma potencialidad productiva que el sur de Texas. Sin embargo, en esta región, donde se ha perforado una vigésima parte de los pozos del sur de Texas, hemos obtenido en los últimos 60 años sólo un diez por ciento de lo producido en el lado estadounidense.
Que a pesar de que Petróleos Mexicanos ha intensificado recientemente su actividad en la zona, logrando elevar la producción de gas en más de 500 por ciento durante la última década, esto no ha sido suficiente.
Que se pretende duplicar la producción actual de Burgos hasta alcanzar dos mil millones de pies cúbicos diarios, para lo cual será necesario perforar 900 pozos anualmente durante seis años y construir la infraestructura asociada para la extracción, proceso, transporte y comercialización del gas.
Que la inversión total, a través de los contratos de servicios múltiples, ascenderá a más de ocho mil millones de dólares y considerando que todo el proyecto integral estima una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares durante el aprovechamiento de la cuenca de Burgos.
Que es un reto para todos conciliar el aspecto productivo con la protección del entorno, vigilando se cumplan las más altas normas de seguridad industrial y protección ambiental, obligándonos a dedicar la mayor atención y empeño a los aspectos de orden ecológico.
Que a pesar de los avances, la producción nacional todavía no es suficiente para atender las crecientes necesidades de gas natural de nuestro país.
Que el progreso de la región de la cuenca de Burgos extienda más allá de nuestros estados la integración de las regiones productivas en crecimiento y el desarrollo sustentable.
Que ante la necesidad diaria y actual de conjuntar trabajos y esfuerzos entre todos los órganos y las instituciones del gobierno mexicano, sobre todo en la región donde diario laboran miles de mexicanos; donde son susceptibles de ser relegadas las empresas de origen mexicano por empresas extranjeras y donde el riesgo a cada minuto de una debacle ecológica es permanente.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica y 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante ésta Honorable Soberanía, elevamos solicitando se considere de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la región cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al proyecto integral de la cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos de la región denominada cuenca de Burgos; y detectar la problemática que dicha explotación haya generado en los municipios y estados en los que se encuentra localizada, así como su impacto ambiental, para manifestarlo oportunamente y poder realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.
Segundo. La Comisión cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión Especial de la región cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.
Diputados: Miguel Ángel González
Salum, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Horacio E.
Garza Garza, Enrique Cárdenas del Avellano, Tomás Gloria
Requena, Yerico Abramo Masso, Javier Guerrero García, Gustavo Fernando
Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina
de la Cruz, Juan Manuel Parás González, Juan Francisco Rivera
Bedoya, Ramón Salas López.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO QUE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, SE ACTUALICE EL PADRÓN DE
RESIDENTES EXENTOS DEL PAGO DE PEAJE, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO PULIDO
PECERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional: Gregorio Barradas Miravete, Gerardo Buganza Salmerón, Osiel Castro de la Rosa, Abel Ignacio Cuevas Melo, José de la Torre Sánchez, Antonio del Valle Toca, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Edgar Mauricio Duck Núñez, Jorge Justiniano González Betancourt, María Victoria Gutiérrez Lagunas, Íñigo Antonio Laviada Hernández, Agustín Mollinedo Hernández, Marco Antonio Peyrot Solís, Marcos Salas Contreras y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz.
Considerandos
En el año de 1988 fue inaugurado el puente nacional Tampico facilitando así la comunicación entre los estados de Tamaulipas y de Veracruz y abriendo con ello la puerta al desarrollo creciente de la zona norte de mi estado.
De entonces a la fecha el aforo vehicular que cruza diariamente a través de la caseta número 49 del puente nacional Tampico, calculado en 7 mil vehículos diarios, se ha incrementado proporcionalmente al aumento del número de habitantes que han tenido los municipios aledaños a esta infraestructura, mismos que siguen dependiendo de la ciudad de Tampico para realizar sus labores diarias como el ir a trabajar, asistir a la escuela, recurrir a servicios de salud o simplemente realizar actividades recreativas. Si se toma en cuenta el actual peaje es de 28 pesos, una persona que vive en el estado de Veracruz y trabaja en Tampico, Tamaulipas gasta al año alrededor de 13 mil 440 pesos, lo que para una familia de clase media baja implica un gasto extraordinario que podría utilizar en la educación de uno o varios de sus hijos. Ahora bien, si hablamos del sector productivo primario de un área de la Huasteca Veracruzana el impacto económico que se ocasiona es igualmente importante.
Tan sólo en el año 2005 se registraron 527 mil cruces del río Pánuco de usuarios de zonas aledañas y aunque gestiones anteriores han dado como resultado que ciudadanos del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, tengan el libre tránsito a través de esta plataforma de acceso hacia Tamaulipas la realidad es que el padrón de beneficiarios para las personas originarias de municipios tales como Tampico Alto no ha sido actualizado desde el año en que este comenzó a dar servicio.
Por lo anteriormente expuesto y debido a que es esta una exigencia y una necesidad de los ciudadanos del municipio de Tampico Alto, Veracruz, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implanten los mecanismos adecuados para que se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz, al encontrarse éste dentro de la zona conurbana de Tampico, Tamaulipas.
Segundo. Se solicita a dichas autoridades informen sobre las acciones y mecanismos que lleven a cabo para solucionar la problemática aquí planteada.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Pedro Pulido Pecero (rúbrica),
Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón
(rúbrica), Osiel Castro de la Rosa (rúbrica), Abel Ignacio
Cuevas Melo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica),
Antonio del Valle Toca (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps
Falcón (rúbrica), Edgar Mauricio Duck Núñez
(rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica),
María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Íñigo
Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Agustín Mollinedo
Hernández (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica),
Marcos Salas Contreras (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE, A TRAVÉS DE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE CONCLUYAN LAS REPARACIONES DE LA CARRETERA
CUERNAVACA-ACAPULCO Y SE REALICEN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA REDUCIR
EL PEAJE EN TANTO NO FINALICEN ÉSTAS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS
EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La carretera Cuernavaca-Acapulco, también conocida como Autopista del Sol, fue construida bajo el esquema de concesión durante la administración pública de Carlos Salinas por las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo.
Esta carretera consta de casi 263 kilómetros de longitud y es operada y administrada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Pese a que esta carretera es la vía del flujo vehicular de uno de los destinos turísticos más importantes de México, Acapulco, Guerrero, es la autopista más conflictiva del sistema carretero por sus fallas y deficiencias, por las cuales desde su entrada en operación hace 13 años ha requerido permanentemente trabajos de conservación.
Diversas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han aceptado públicamente las condiciones del grave deterioro de índole diversa en la que se encuentra la Autopista del Sol. Tal afirmación, tiene sustento en comunicado de prensa oficial de Capufe del 10 de febrero de 2005; en declaraciones del delegado regional IV de Capufe, Ricardo Basurto Cortés del 18 de julio de 2006 y del propio secretario del sector el 14 de agosto de este año en el sentido de que la Autopista del Sol estuvo "mal construida".
De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), este puerto ha recibido innumerables quejas de los turistas que visitan el puerto de Acapulco a propósito de múltiples accidentes ocurridos por las malas condiciones en la que se encuentra esta arteria vial. Inclusive, la propia Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), confirma lo expresado por los hoteleros y empresas turísticas.
La preocupación es añeja en esta soberanía. En la LIX Legislatura, se presentaron 3 puntos de acuerdo al respecto, turnados a la Comisión de Transportes. Inclusive, apenas el 14 de septiembre pasado, un compañero del Grupo Parlamentario del PAN, Diputado Gerardo Priego Tapia, ha manifestado preocupación similar respecto al mismo tema.
De acuerdo a las tarifas de Capufe, vigentes del 16 de enero de 2006, el costo por el tránsito de automóviles convencionales del tramo carretero Cuernavaca-Acapulco, asciende a 367 pesos, precio que resulta de los más onerosos del país; si consideramos el tramo México-Cuernavaca el pago total se incrementa a más de 450 pesos para poder utilizar una carretera que estuvo mal planificada, pésimamente construida y que afecta no sólo el bolsillo de los cerca de 15 mil usuarios que diariamente la utilizan, sino además, ha costado infinidad de vidas humanas por las malas condiciones que se encuentra la autopista en comento.
No podemos soslayar ni un minuto más esta problemática que afecta a los usuarios y a unos de los puertos más importantes del país.
Por lo antes expuesto, diputadas y diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, concluyan a la brevedad las reparaciones pertinentes en la carretera Cuernavaca-Acapulco con el propósito de que ésta opere en condiciones seguras y convenientes para los usuarios.
Asimismo, se solicita atentamente a dichas dependencia a que informen a esta soberanía en un plazo de 30 días naturales, sobre el desarrollo y los avances de reparación de la carretera Cuernavaca-Acapulco.
Segundo. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que realicen los estudios técnicos que permitan reducir el peaje de la carretera Cuernavaca-Acapulco en tanto no se haya concluido el proceso de reparación de la misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre del año dos mil seis.
Diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR Y A LA SEGOB A INVESTIGAR LA INTERVENCIÓN ILEGAL
DE COMUNICACIONES PRIVADAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS EMILIO GAMBOA PATRÓN
Y RAÚL CERVANTES ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los diputados Raúl Cervantes Andrade y Emilio Gamboa Patrón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
l. En días recientes, la sociedad ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación electrónica de la divulgación de conversaciones privadas sostenidas entre personajes de nuestra vida política con diferentes actores sociales y de la vida empresarial mexicana, la característica principal es que dichas conversaciones han sido obtenidas por medios ilegales.
2. Para ser concreto, nos referimos a las llamadas telefónicas sostenidas entre los entonces senadores Fidel Herrera Beltrán, Emilio Gamboa Patrón y el empresario Kamel Nacif. Dicha conversación telefónica privada fue divulgada el día martes 12 de septiembre del año en curso.
Consideraciones
l. Sin prejuzgar respecto a la presunta comisión de conductas ilícitas derivadas de las conversaciones privadas antes referidas, puesto que la función investigadora, por disposición constitucional, corresponde exclusivamente al Ministerio Público y la determinación de las sanciones es una facultad exclusiva de los jueces, nos permitimos hacer notar que para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, las comunicaciones privadas son inviolables.
2. El principio constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, fue introducido a nuestro marco legal, con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996. De acuerdo con especialistas mexicanos1 el texto original de la Constitución de 1917 no mencionaba las comunicaciones privadas, ni para establecer el derecho a su inviolabilidad, ni para autorizar su intervención. El constituyente se preocupó, únicamente, de proteger, de todo registro la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, y de sancionar penalmente su violación. El olvido del constituyente se explica, por el hecho de que, a principios del siglo XX, las comunicaciones telefónicas no se encontraban tan difundidas como en la actualidad, y no existían las intervenciones de las comunicaciones privadas (telefónicas y de otro tipo). Quiere esto decir que, en éste, como en tantos otros casos, la necesidad de la reglamentación legal, surge como el resultado de avances tecnológicos que hacen posible la reglamentación de conductas antes no concebibles.
3. El tema de la intervención de comunicaciones privadas surgió a finales de 1995, con motivo de una iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que proponía que se permitiera al Ministerio Público la intervención de las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas, de acceso a bancos y sistemas informáticos, computacionales o similares, conectados a los sistemas telefónicos o la colocación secreta de medios de escucha en domicilios o video grabaciones en algún lugar privado (fin de la cita).
4. Es decir, la protección constitucional a la privacidad de las conversaciones surge como una necesidad social de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos y proteger su derecho a la intimidad, es decir, el mantener las conversaciones privadas, fuera del alcance de terceros.
5. El tema materia de la presente proposición no tiene nada que ver con lo dispuesto por el artículo sexto constitucional, que consagra el derecho de hacer pública una idea y prohíbe a las autoridades el inquirir judicialmente o administrativamente sobre esa manifestación. Es decir, la garantía no permite al Estado que impida la manifestación de las ideas. Por el contrario, el texto agregado al artículo 16 constitucional con la reforma de 1996 a que hemos hecho referencia, se refiere, en cambio, al derecho de mantener las comunicaciones privadas fuera del conocimiento de terceros. No obstante, es cierto que ambas garantías guardan alguna relación entre ellas, puesto que las dos protegen, de alguna forma, la comunicación de ideas, pero la forma en que lo hacen es totalmente contraria: La garantía del artículo sexto, protege el derecho de hacer pública una idea; la garantía del artículo 16, consagra el derecho de impedir que se haga pública una comunicación privada.
6. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 ha sostenido que el poder revisor de la Constitución, al establecer como derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas dispuso que dicha obligación es oponible y por ende, exigible, tanto a las autoridades como a los gobernados de respetar dicha prerrogativa, lo que da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, incurrirá en un ilícito constitucional.
7. Finalmente, consideramos que en un estado de derecho, se deben respetar las garantías individuales y los principios constitucionales, por ello, no podemos permitir que se siga violentando el orden jurídico so pretexto de hacer del conocimiento público "supuestas" negociaciones entre personajes de la vida política y empresarios o ciudadanos, utilizando para ello a los medios de comunicación, cuando lo que se debiera hacer en cualquier estado de derecho, es presentar las denuncias correspondientes acompañadas de los elementos jurídicos que le permitan al Ministerio Público, en ejercicio de las facultades constitucionales, realizar las investigaciones correspondientes y deslindar las responsabilidades a que haya lugar.
Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, así como al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades, ordenen que se inicie de inmediato una investigación sobre supuestos vínculos del diputado Emilio Gamboa Patrón con el empresario Kamel Nacif, así como la intervención ilegal de comunicaciones privadas a que se refiere el presente punto de acuerdo y, en su caso, determine ejercer la acción penal correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables.
Notas:
1 Zamora Pierce, Jesús. Presidente de la Academia
Mexicana de Ciencias Penales.
2 Tesis Aislada 2a CLXI/2000, Novena Época, Instancia
Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII,
Diciembre 2000, página 428, Registro No. I90651, intitulada "Comunicaciones
Privadas. Las Pruebas Ofrecidas dentro de un Juicio Civil, obtenidas por
un gobernado sin respetar la inviolabilidad de aquéllas constituyen
un ilícito constitucional, por lo que resultan contrarias a derecho
y no deben admitirse por el juzgador correspondiente". Y Tesis Aislada
2a CLX/2000, Novena Época, Instancia Segunda Sala, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre 2000, página
428, Registro No. 190652, intitulada "Comunicaciones privadas. El Derecho
a su Inviolabilidad, consagrado en el Artículo 16, párrafo
noveno, de la Constitución Federal, es oponible tanto a las autoridades
como a los gobernados, quienes al transgredir esta prerrogativa incurren
en la comisión de un ilícito constitucional".
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintinueve días del mes de septiembre del año 2006.
Diputados: Raúl Cervantes Andrade, (rúbrica),
Emilio Gamboa Patrón, (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEMARNAT QUE RECATEGORICE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PARQUE NACIONAL PICO DE TANCÍTARO, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO
TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Los diputados que firman al calce, integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La importancia de las áreas naturales protegidas radica en que se constituyen como un instrumento de política ambiental cuya finalidad es la conservación de la biodiversidad en la medida en que mantienen poblaciones viables de todas las especies y subespecies endémicas, raras, sujetas a protección especial; y aquellas sujetas de manera particular a los cambios ambientales que puedan alterar naturalmente su abundancia o distribución.
Se crean con la finalidad de conservar espacios que no han sido alterados significativamente por el hombre, constituyéndose como porciones del planeta, terrestres o acuáticas en donde el ambiente natural no ha sido esencialmente afectado y que están sujetas a regímenes especiales de protección1; sirviendo también para el mantenimiento del número y la distribución de comunidades y sus hábitats, sin perjuicio de los cambios ambientales que pudieran alterar esta distribución.
Ejemplo claro de lo anterior, lo constituye el área natural protegida Pico de Tancítaro. Es un volcán que fue decretado como parque nacional, contando con 29,316 hectáreas, constituyéndose como una región vital para la conservación de los bosques, y de gran importancia para el ambiente.
El parque presenta grandes bosques de encino en sus partes bajas y cañadas; bosques de pino en sus áreas medias; y oyameles en las zonas más húmedas, dando una gran variedad de paisajes que invitan a realizar largas caminatas disfrutando de los colores y las formas de sus numerosas cañadas e impresionantes pendientes.
Por su extensión y accidentado terreno, en él se puede encontrar una muestra de la fauna típica de la región montañosa del país, como armadillos, ardillas, zorras, liebres, venado cola blanca y una gran variedad de aves canoras.
Cabe señalar que dada la riqueza natural que alberga fue decretado, el 27 de julio de 1940, como parque nacional Pico de Tancítaro. En la actualidad se estima que 6,502 personas habitan dentro del parque nacional siendo la población más grande Nuevo San Juan Parangaricutiro al contar con 11,938 habitantes.
El decreto de creación del parque establece que los terrenos ubicados dentro de los límites señalados continuarán en posesión de sus respectivos dueños; coexistiendo diferentes regímenes para la tenencia de la tierra, a saber, pequeña propiedad; tenencia comunal y ejidal quedando prohibida la expropiación.
No obstante el decreto que caracteriza a este volcán como parque nacional; existe dentro de él una problemática relacionada con la falta de recategorización del área natural protegida que permita una clara delimitación de las obras y actividades permitidas y prohibidas.
Resulta de suma preocupación esta situación, toda vez que ello impide a las autoridades poder autorizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que existen en el área; abriendo la puerta a situaciones que atentan a un desarrollo equilibrado como lo es el cambio de uso de suelo forestal a agrícola con el impacto ambiental negativo que implica.
Específicamente, la zona presenta problemas derivados de cultivos perennes frutales como el aguacate, mismos que de acuerdo a estudios reconocidos y publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Semarnat, se han incrementado casi 10 diez veces en los últimos 20 veinte años; junto con problemas de otra índole tales como los incendios forestales.
Más aún, no debe dejarse de lado que el Pico de Tancítaro es un área que resulta fundamental para el mantenimiento del ciclo hidrológico en la región, al estar conformado por 16 cuencas hidrológicas que en su conjunto representan una superficie de 678 km2, lo que le confiere gran importancia dentro del ciclo de captación de agua y recarga de acuíferos.
Cabe destacar también que de acuerdo con un estudio técnico justificativo de la Secretaría, la vocación del suelo es eminentemente forestal; constituyendo la base para el desarrollo de por lo menos 40,000 habitantes del área que conforman 82 poblaciones y comunidades dedicadas al cultivo de aguacate, durazno, manzana y pera.
De estas poblaciones sobresale la comunidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro; ubicada en las colinas del Pico de Tancítaro, contando con un predio de poco más de dos mil hectáreas dentro del perímetro del área natural protegida; y la cual, debido al manejo sustentable de los bosques, ha sido preservada y sujeta de reconocimiento tanto nacional como internacional dado el programa de conservación al cual ha sido sujeto.
No obstante ello, actualmente la comunidad se encuentra ante el problema de que la falta de publicación del decreto mediante el cual se recategoriza el área natural protegida, ha impedido dar cumplimiento a la autorización que se tiene relativa al Programa de Manejo Forestal para 10 anualidades, de las cuales la décima anualidad se debería de ejecutar dentro del polígono del parque nacional Pico de Tancítaro.
Desafortunadamente para la comunidad, la sustentabilidad de la región y el futuro del parque nacional, se encuentran en riesgo debido a la falta de la citada recategorización del área natural protegida.
Peor aún, esto pone en riesgo al proyecto de sustentabilidad comunitaria que ha permitido la preservación de los recursos naturales y servido como ejemplo a un sinnúmero de comunidades en nuestro país representando un modelo para la región latinoamericana.
Es por ello, que toda vez que el lunes 30 de diciembre de 2002, fue publicado en el Diario Oficial el aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del decreto por el que se pretende recategorizar el parque nacional Pico de Tancítaro, por el de área de protección de flora y fauna, localizado en el estado de Michoacán, así como la modificación de su superficie; consideramos urgente la publicación del decreto mediante el cual se recategoriza el área natural protegida parque nacional Pico de Tancítaro, de conformidad con lo establecido por los ordenamientos legales aplicables, a saber, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de áreas naturales protegidas.
De la misma forma, solicitamos que en tanto se cumpla con lo anterior, se autorice el manejo sustentable del predio de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, correspondiente a la décima anualidad del citado Programa de Manejo Forestal; ello, con el objeto de continuar con las actividades forestales sustentables del área y de conservar la riqueza natural de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro; y por ende, del área natural protegida.
Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que publique a la brevedad la recategorización del actual Parque Nacional Pico de Tancítaro, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de áreas naturales protegidas.
Segundo.- En tanto no se decrete la recategorización del actual Parque Nacional Pico de Tancítaro, se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que autorice el manejo sustentable del predio de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro en los términos de la legislación aplicable.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de septiembre de 2006.
Notas
1 Carlos Alcérreca et al, Fauna Silvestre y
áreas
naturales protegidas, Fundación Universo Veintiuno, México,
1988, p.69.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO
DE CONSTITUIR UNA COMISIÓN PLURAL DE LEGISLADORES Y DE EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A NO UTILIZAR LA FUERZA PÚBLICA PARA SOLUCIONAR
EL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ
LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los recientes hechos de violencia suscitados el pasado domingo en la ciudad de Oaxaca, que fueron profusamente difundidos por diversos medios de comunicación nacionales, dan cuenta del grado de crispación y polarización que vive la entidad.
Como es del conocimiento de esta soberanía, el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia presentó una proposición con punto de acuerdo, misma que fue rechazada, a fin de que se constituyera una Comisión Plural de legisladores no oaxaqueños para sostener reuniones con diversos sectores del estado de Oaxaca, con el fin de informarse de la situación que priva en la entidad.
A pesar de este rechazo, y tomando en consideración los nuevos hechos que todos conocemos, todavía creemos que entre los diputados del PAN y del PRI, cabe la prudencia política y habrán de aceptar esta nueva propuesta a partir de las consideraciones que me permito exponer.
Los días 23 y 24 del presente, una Comisión Plural Bicamaral Alterna de senadores y diputados, preocupados por el conflicto magisterial y popular de Oaxaca; atendiendo a las solicitudes de distintos sectores sociales de la entidad, decidimos entrevistarnos con los involucrados en el problema de Oaxaca, para que de manera conjunta, después de recoger todos los planteamientos posibles, presentáramos ante las instancia correspondientes, salidas políticas al conflicto.
Es por ello que la Comisión que constituimos, se dio a la tarea de reunirse con la dirigencia provisional de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; con el subsecretario de Gobernación, licenciado Arturo Chávez Chávez, el miércoles y jueves de la semana pasada.
El sábado y domingo, la Comisión de senadores y diputados se trasladó a Oaxaca y sostuvo reuniones con diversos sectores sociales, con prestadores de servicios turísticos, con organismos no gubernamentales del estado, con integrantes del clero oaxaqueño y con el obispo de Oaxaca, con artistas y pintores, con responsables y propietarios de las cajas de ahorro y con legisladores locales, todos ellos expusieron la necesidad de solucionar ya el conflicto de Oaxaca.
Si bien es cierto que la destitución de Ulises Ruiz no es la solución al problema; tampoco, lo es su permanencia.
Los distintos actores políticos tenemos que buscar salidas negociadas al conflicto. Tenemos que encontrar una salida, por que de continuar con esta crispación social y tensión política, de continuar con la ausencia de niños en las escuelas, con las barricadas, con los hoteles y medios de comunicación tomados, con vuelos a Oaxaca cancelados, con empleos perdidos, el estado puede estallar, situación que repercutiría de manera negativa para la estabilidad política del país.
El conflicto magisterial en el estado de Oaxaca se ha convertido hoy en uno de los conflictos sociales, políticos y económicos más graves que un estado de la Federación haya enfrentado en los últimos años y no es convocando a las fuerzas públicas como saldremos de este atolladero.
A pesar de que el gobierno federal impulsó una mesa de diálogo para la solución del conflicto, a tres semanas de iniciado, y casi seis reuniones, el diálogo no ha rendido frutos, pues continúa el paro magisterial y hoy miles de niños oaxaqueños siguen sin poder acudir a la escuela a tomar sus clases.
Más de un mes ha transcurrido del presente ciclo escolar, y a pesar de las amenazas, de que los maestros regresaran a clases este lunes, sólo un mínimo porcentaje atendió el llamado.
En Oaxaca no hay gobierno, no hay estado de derecho, hay una ausencia total de poderes. Los tres poderes están completamente rebasados.
El Poder Legislativo aprueba leyes en la casa habilitada para tal efecto, a las afueras de la ciudad; y sin consideración alguna han tomado la decisión de presentarse ante el Presidente de la República y al Senado para solicitar protección a la entidad, ante el "trastorno interior" que se vive, solicitando el uso de la fuerza pública, sin imaginar que una solicitud de esta naturaleza solo confrontaría más a la sociedad oaxaqueña.
En su petición le exigen al Presidente de la República acatar su deber constitucional de auxiliar al estado de Oaxaca, mediante la presencia de las fuerzas federales a fin de restablecer la paz social, el orden público, y evitar actos vandálicos y dar protección a los ciudadanos en general.
No se puede gobernar con la fuerza de las armas. Todo gobernante tiene que entender que si ya no puede seguir gobernado con la fuerza de la razón, con la fuerza de la legitimidad política, debería entonces someterse al escrutinio del propio pueblo que lo eligió.
De hecho, a partir de esta solicitud, la Alianza Nacional de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, envió una carta al Presidente Vicente Fox en la que pide la atención al conflicto oaxaqueño y la no intromisión de la Policía Federal Preventiva ni mucho menos del Ejército, tras advertir que ello tendría resultados perjudiciales y fomentaría un clima político dominado por la violencia del abuso de los derechos humanos.
Por otra parte, la marcha de miles de maestros e integrantes de la APPO a la Ciudad de México debería ser un argumento más para que esta Cámara de Diputados contribuya a la solución del conflicto. Aquí seguramente tendremos a una comisión de quienes están marchando, es por ello que debemos adelantarnos y constituir desde ya una Comisión Plural para escucharlos, atenderlos y darles respuestas concretas.
Porque de no resolverse el conflicto antes de la llegada de los marchistas a la Ciudad de México, y de la decisión de los mismos de permanecer en la ciudad hasta la solución del conflicto, se pondrían en riesgo, incluso, los actos programados para el cambio de poderes.
De ahí que la salida de este problema debe buscar nuevas fórmulas políticas. Es cierto que en la Constitución local del estado de Oaxaca no existe la figura del plebiscito, pero ello no es impedimento para que a través de una reforma a la Constitución del estado, se propusiera como una salida.
Todos los actores políticos involucrados debemos de darnos a la tarea de encontrar la mejor solución a este problema, que como pudo observar la comisión plural bicamaral de legisladores que constituimos el pasado 20 de septiembre en el Senado de la República, la ingobernabilidad priva en la entidad.
De ahí que desde esta tribuna, emplacemos al titular del Ejecutivo estatal en Oaxaca a tomar una decisión política importante, más allá de si fue electo gobernador en una elección constitucional; y es el hecho de que si está seguro de poder seguir gobernando en el estado, se consulte al pueblo a través de un plebiscito.
Un plebiscito cuya organización quedaría en manos de un grupo de ciudadanos de reconocida calidad moral y pública, y que sea el pueblo, que sean los oaxaqueños quienes decidamos el futuro del gobernador y de Oaxaca.
Es por ello, que apelando a la disposición y voluntad política de todos los grupos parlamentarios aquí representados, aprobemos este punto de acuerdo.
Me permito recordar aquí al más ilustre de los oaxaqueños en su bicentenario: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se constituye una comisión plural de legisladores para atender de manera inmediata el conflicto en el estado de Oaxaca. Dicha Comisión se trasladará de inmediato a esa entidad para reunirse con los distintos actores sociales y políticos involucrados en el conflicto, y allegarse de manera directa de toda la información con el fin de presentar propuestas de solución al mismo.
Segundo: En tanto se constituye la comisión plural, esta Cámara de Diputados exhorta al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada a no enviar a las fuerzas federales al estado de Oaxaca con el fin de solucionar el conflicto que priva en la entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB Y AL GOBERNADOR DE OAXACA A EVITAR EL
USO DE LA FUERZA PÚBLICA PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO Y FORTALECER
EL DIÁLOGO, LA NEGOCIACIÓN Y EL USO DE LA POLÍTICA
EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El estado de Oaxaca enfrenta la peor crisis económica y social.
En Oaxaca no hay gobernabilidad.
Existe un desconocimiento del pueblo oaxaqueño hacia sus autoridades, a tal grado, que la principal demanda es que Ulises Ruiz dimita de su cargo a la gubernatura.
El conflicto inicio el 22 de mayo con un paro magisterial de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en demanda de una rezonificación salarial.
La Cámara de Diputados en la Quincuagésima Novena Legislatura aprobó en el Presupuesto de Egresos para 2006, recursos por más de 11 mil 233.1 millones de pesos para atender previsiones salariales y económicas.
Sin embargo, la renuencia y la falta de voluntad de la Secretaría de Educación y del gobierno del estado de Oaxaca por atender las demandas, respondieron con mano dura.
Después de haber tomado por varias semanas el centro de la capital de Oaxaca, los manifestantes fueron reprimidos el 14 de junio por la fuerza pública del estado.
Lo anterior, condujo a que los actores del conflicto radicalizarán sus peticiones y sus acciones a emprender.
El movimiento social se reorganizó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, radicalizando sus protestas con la toma de carreteras, radiodifusoras e instalaciones del gobierno local y colocó la renuncia de Ulises Ruiz como su principal demanda.
Esta radicalización, no sólo es de la APPO, sino también proviene del gobierno federal y del gobierno estatal.
El pasado 19 de septiembre el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, señaló que se utilizaría a la Policía Federal Preventiva para solucionar el conflicto oaxaqueño.
Asimismo, el Congreso del estado pidió al gobierno federal la entrada de las fuerzas del orden federal, lo que ha sido secundado una y otra vez por el gobernador de la entidad.
El conflicto político en Oaxaca ya se desbordó y se trasladó desde el 21 de septiembre a otras entidades de la República, para concluir el 3 de octubre con una movilización en la Ciudad de México.
La violencia en la entidad es una constante. El sábado 23 del presente mes un grupo de manifestantes se enfrentó con agentes del Ministerio Público a balazos, resultando algunas personas heridas.
La riña comenzó porque corrió la voz entre el pueblo de que Ulises Ruiz se encontraba en un hotel del centro de la capital de Oaxaca.
Las diputadas y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que el conflicto se ha desbordado más allá de una exigencia salarial y ahora representa una amenaza que pende sobre la frágil estabilidad política del país.
Las experiencias pasadas en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde las autoridades reprimieron a los trabajadores y el caso de los pobladores de San Salvador Atenco, son muestras de que la violencia no resuelve nada, al contrario, termina agudizando el conflicto y lo desborda.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La honorable Cámara de Diputados en la Sexagésima Legislatura exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a evitar el uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto y fortalecer el diálogo, la negociación y el uso de la política en esa entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil seis.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador;
Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén
Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García,
María Mercedez Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro, Silvano Garay
Ulloa Cortés, Pablo Leopoldo Arreola, Joaquín Humberto Vela
Ortega González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero
Guzmán, Félix Castellanos Hernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE PROPORCIONE LA ESTADÍSTICA DE LOS APORTES
REALIZADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL PERIODO
DE 2000 A 2006, POR TODO CONCEPTO, Y LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS
POR ELLA, A CARGO DE LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Conocido es por todos el esfuerzo que cada año realizan las autoridades de las entidades federativas de la República Mexicana por lograr una participación presupuestaria cada vez más generosa por parte del Gobierno Federal para la realización de obras que -desde luego- tienen alta prioridad en cada uno de los estados solicitantes.
El ingreso al país de recursos adicionales provenientes de la elevación del precio internacional del petróleo que exportamos nos han proporcionado recursos que se han destinado prioritariamente al pago de parte de la deuda externa y no para incrementar irracionalmente el gasto público, además de que con esos recursos se ha garantizado el cumplimiento estricto de las metas del déficit fiscal, que aún subsiste en nuestro presupuesto público.
El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que en caso de que los ingresos tributarios y los derechos petroleros resulten superiores a lo estimado, deben destinarse a los siguientes apartados:
III. Mejorar el balance fiscal; y
IV. A gasto de inversión de infraestructura en
las entidades mediante las participaciones federales.
En el caso del destino de estos recursos para gasto de inversión de infraestructura en las entidades, por ejemplo, no se tiene cabal conocimiento de si los beneficios de estos ingresos adicionales realmente llegaron a los amplios sectores de la sociedad mexicana que los requieren y por lo que se motivó la ampliación presupuestal bajo comentario.
Al no contar con elementos que reflejen en su totalidad el manejo las finanzas públicas, así como el grado de cumplimiento de programas y subprogramas, los usos de los recursos expresados en su contexto, las estrategias tanto de política económica, financiamiento y administración de los recursos humanos y materiales; también de las políticas implantadas durante el ejercicio fiscal para llevar a cabo los sistemas de control y evaluación, estamos incumpliendo con la sociedad en cuanto a brindarle certidumbre, acerca de cómo, cuándo y en qué fueron empleados los recursos públicos constituidos por los recursos corrientes y los extraordinarios.
Dada esta situación, es menester que, como legisladores federales, los representantes podamos ejercer los instrumentos jurídicos necesarios que permitan al Congreso evaluar y proponer las adecuaciones normativas para aprovechar integralmente los recursos derivados del comportamiento del mercado internacional de petróleo, a la vez, exigir y permitir la total transparencia de los usos presupuestales por todo concepto.
En suma, requerimos de un esquema homogeneizado de parámetros de financiamiento de nuestro desarrollo y de fiscalización y transparencia que nos permita luchar eficientemente contra la pobreza, delimitando funciones para reorganizar la redistribución de los recursos, incorporando para ello la participación ciudadana en la vigilancia y transparencia de los recursos y no por sí mismo, sino por el destino, impacto y mejora en el bienestar de la población.
Por lo anteriormente expuesto
Considerando
Que la principal fuente de recursos para las administraciones municipales y estatales son los derivados del Ramo 33 y aquellos provenientes de los excedentes petroleros, rubro del que no ha sido posible llevar a cabo su efectiva fiscalización ni su evaluación;
Que tenemos la oportunidad de acelerar el desarrollo de los municipios marginados del país, con la participación de la sociedad como ente evaluador del ejercicio de gobierno;
Que es imperioso adecuar la legislación que corresponda para lograr, cuando menos, la fiscalización y la transparencia en la asignación y destino de dichos recursos;
Que tales recursos han sido enviados a las administraciones estatales y municipales, sin conocerse plenamente el destino, uso y beneficio de esta oportunidad que se le ha presentado al país para atender sus necesidades de desarrollo;
Que actualmente se presentan grandes desafíos en materia de desarrollo sustentable con los fondos municipales como instrumentos de transferencia de recursos hacia los municipios más pobres del país;
Que aun cuando estos recursos han estado fluyendo hacia las entidades federativas, no se cuenta con un inventario nacional de obras, proyectos, evaluación e impacto financiero de los recursos en los municipios y otras entidades estatales, así como tampoco del impacto en el desarrollo de las poblaciones receptoras;
Que permanece en la población, la idea de que existe un mal uso de dichos recurso para el desarrollo, más aún cuando no han sido fiscalizados los recursos aplicados en el ámbito federal ni en el estatal;
Que es necesario concertar modificaciones constitucionales para que la fiscalización de los recursos estatales y municipales y de todo orden público sean destinados a la creación de infraestructura, no sólo en el ámbito de la transparencia en el uso de los recursos federales, sino en el cumplimiento de metas de desarrollo sustentable. Por lo que una nueva reingeniería legislativa de vigilancia y fiscalización deberá incorporar todas las asignaciones de recursos, incluyendo los adicionales, para un desarrollo más acelerado de las zonas marginadas del país.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que, en el ámbito de sus facultades, disponga lo necesario e informe a esta representación acerca de los montos presupuestales destinados a las entidades federativas desde el año 2000 a la fecha, ofreciendo el máximo detalle sobre el destino específico de esos fondos en cada caso, provenientes del Ramo 33, de los excedentes del precio del petróleo o de cualquier orden.
Dado en el salón de sesiones, a 29 de septiembre del 2006.
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE SONORA A CESAR SUS ATAQUES CONTRA EL DIARIO
EL
IMPARCIAL Y SUS EDITORES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
Que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice:
En el estado de Sonora, el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad ha violado flagrantemente dichas disposiciones, pues en un acto de represión política ha demandado por la vía civil a los editores del periódico El Imparcial, por el solo hecho de haber publicado en una columna de dicho periódico la demanda de que fueran transparentados los gastos de apoyo que el gobierno del estado otorga a las organizaciones no gubernamentales.
Como se menciona líneas arriba, el derecho a la información es una responsabilidad del Estado, los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer en que se ejerce el gasto público, y el ejercicio de los medios de comunicación en este sentido cobra una relevancia fundamental.
El sexenio que esta por terminar ha sido uno de los peores en materia de derechos hacia los periodistas: 23 han sido asesinados y 3 están en calidad de desaparecidos del año 2000 a la fecha. Los casos emblemáticos recientes son el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, la toma de medios de comunicación en Oaxaca y los atentados con granadas de fragmentación en dos diarios de Cancún, Quintana Roo, a la lista se suman nombres como los de Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, ejecutado en junio de 2004; así como Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, de Sonora, desaparecido desde el 2 abril del año pasado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un informe señala a México como el tercer país donde se han registrado más asesinatos de periodistas por motivos de su ejercicio profesional, del año 1995 al año 2005, sólo por debajo de países como Colombia y Brasil.
Todo esto es necesario recordarlo, pues la actitud que ha asumido el gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bours, refleja que las condiciones para ejercer el periodismo crítico en dicha entidad son nulas. Las actitudes autoritarias y de censura por parte de las autoridades en contra de los medios de comunicación en las actuales circunstancias del país son inadmisibles.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo estatal el cumplimiento irrestricto de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libertad de pensamiento y manifestación de las ideas, y la inviolable libertad de presentar escritos sobre cualquier materia.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal cesar la campaña de represión contra el diario El Imparcial, de Sonora, y sus editores.
Tercero. Que se cumplan las indispensables garantías para que los medios de comunicación en el estado de Sonora puedan desarrollar su labor sin temor de ser reprimidos y hostigados por parte de la autoridad estatal.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES A LA APROBACIÓN
INMEDIATA DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO, A CARGO
DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El ciudadano Juan Francisco Rivera Bedoya, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con un punto de acuerdo:
Segundo. Formar de inmediato en la Cámara de Diputados un grupo de trabajo que, en coordinación con la Conago, lleve a cabo la revisión del marco jurídico y de las necesidades presupuestales que permita una más eficaz coordinación de los esfuerzos de las instituciones de seguridad publica de los tres órdenes de gobierno.
Tercero. Que el grupo de trabajo que se propone en el punto anterior presente las propuestas a que haya lugar en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y presente un informe al Pleno de ésta, en todo caso deberá considerar una propuesta presupuestal específica en la materia para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se someta a la aprobación del Pleno (de urgente resolución).
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala..."
Que en términos de esta Constitución, en el artículo 73, es facultad del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la de "establecer las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de seguridad pública..."
Que el artículo 89 de la Constitución establece que es facultad del Ejecutivo, fracción VI, preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva.
Que igualmente, en el artículo 74, fracción IV, señala como facultad de la Cámara de Diputados "aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal".
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer...
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito..."
Que el crimen organizado se manifiesta de muy diversas maneras, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la falsificación de documentación, secuestros, homicidios, contrabando y la llamada "piratería", con lo que toda ella conlleva de delitos, ente otros; que están afectando ya de manera muy sensible la convivencia de los mexicanos, en su vida y en su patrimonio. Por ello debe ser abordado como un tema de seguridad nacional de la más alta prioridad para la nación, por lo que es necesario que se aboquen a su atención decidida y coordinada las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Que atendiendo a sus diversas vertientes de manifestación, el fenómeno del crimen organizado debe afrontarse de manera integral, como se plantea en el sistema integral de combate del crimen organizado, que se ha presentado en la Conago, que atiende a acciones inmediatas de prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia, readaptación social, participación ciudadana, información, investigación e inteligencia; de análisis legislativo, control de confianza, comunicación social y de valores; profesionalización. Todo ello, con base en la estrecha vinculación y la interoperatividad con pleno respeto de la autonomía, independencia y, en su caso, soberanía de las instancias e instituciones a cargo de la seguridad pública en el país.
Sabemos que el crimen organizado se manifiesta de maneras diferentes en sus formas y grados de intensidad en las diversas regiones del país; pero, independientemente de ello, vemos cómo cada vez se han vuelto más violentas sus acciones, llegándose a niveles nunca vistos en la historia de México.
Debemos reconocer que las autoridades federales y las locales han hecho su mejor esfuerzo por combatir el crimen organizado y que han caído en esa lucha miembros de las instituciones de todos los niveles. Debemos reconocer también que elementos de esas instituciones se han vinculado con estas organizaciones delictivas. Pero en el balance son siempre más los que están de parte de los mexicanos y sus instituciones, que los que se vinculan con las organizaciones delictivas del crimen organizado.
Sin embargo, debemos reconocer también que hasta ahora esos esfuerzos no han sido suficientes. Por lo mismo, se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas atribuciones. Debemos adecuar el marco normativo para hacer más eficiente esta coordinación de esfuerzos y, sobre todo, dotarlos de los recursos necesarios para que estén en condiciones de hacer frente, de manera más exitosa, a estos grupos delictivos, que se modernizan día tras día en sus armamentos.
En este momento de nada sirve lamentamos, o peor aún acusarnos, o tratar de sacar raja política con la presencia de este fenómeno delictivo, acusando a una u otra autoridad, federal o local, por la presencia de estos grupos. De igual forma, de nada sirve crear un grupo de trabajo para atender un caso en particular.
Lo que se requiere es que todos los mexicanos, autoridades y ciudadanía participamos en el combate decidido del fenómeno del crimen organizado, que amenaza la convivencia social y las instituciones del país desde un punto de vista integral.
Es el momento de que nos olvidemos de colores partidistas, o de cualquier interés de grupo que pudiera existir y, como un solo mexicano, afrontemos este grave peligro, que -se insiste- debe ser atendido como un problema de seguridad nacional.
Por ello se propone que se lleven acabo las acciones inmediatas necesarias para enfrentar este flagelo; el sistema integral de combate al crimen organizado es un buen punto de partida.
Por lo mismo se hace un llamado a todos los grupos parlamentarios a sumarnos de manera decidida a este esfuerzo creando de inmediato un grupo de trabajo que analice con la Conago las necesidades normativas y presupuestarias que den viabilidad al sistema que se propone, para actuar de manera inmediata. El país así lo reclama, es nuestra obligación como legisladores y como mexicanos responsables.
Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado, presentado en la misma por su Secretaría Técnica.
Segundo. Formar de inmediato en la Cámara de Diputados un grupo de trabajo que, en coordinación con la Conago, lleve a cabo la revisión del marco jurídico y las necesidades presupuestales que permita una más eficaz coordinación de los esfuerzos de las instituciones de seguridad publica de los tres órdenes de gobierno.
Tercero. Que el grupo de trabajo que se propone en el punto anterior presente las propuestas a que haya lugar en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y presente un informe al Pleno de ésta, el que en todo caso deberá considerar una propuesta presupuestal específica en la materia para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que se someta a la aprobación del Pleno.
Se solicita a la Presidencia que se considere de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEGOB QUE ESTABLEZCA MECANISMOS DE SALVAGUARDA DE LOS
DERECHOS E INTEGRIDAD DE LOS MENORES MIGRANTES, A CARGO DE LA DIPUTADA
ANA MARÍA RAMÍREZ CERDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Ana María Ramírez Cerda, diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, tiene como una de sus principales funciones el garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, así como el apego estricto a la ley, con independencia de su situación jurídica y actuando en congruencia con lo que pide el gobierno mexicano para sus connacionales en otros países.
Así, como entidad encargada de la aplicación de las normas migratorias, el Instituto Nacional de Migración debe encargarse del aseguramiento de los extranjeros que entran a nuestro territorio y que no cumplen con lo que la Ley General de Población establece.
Es de reconocerse también, que el fenómeno migratorio de no nacionales a nuestro país ha ido mutando en cuanto a complejidad. En décadas pasadas eran los hombres lo que se introducían en nuestro país con la intención de llegar a la frontera norte e internarse en los Estados Unidos de América. En aquellos años, las políticas migratorias norteamericanas permitían el flujo de entrada y salida de su territorio, de una manera más laxa.
Con los acontecimientos suscitados en la ciudad de Nueva York, en el año de 2001, las políticas norteamericanas han sido endurecidas, lo que no ha permitido el flujo que, en otras décadas, se venía haciendo de trabajadores latinoamericanos. Por ello, los hombres o mujeres que han logrado establecerse en territorio norteamericano se han visto en la necesidad de llevar consigo a sus familias y, en ocasiones, muchas de las esposas e hijos, son detenidos por las autoridades migratorias norteamericanas y deportados de su territorio. Otras tantas, son detenidas por autoridades migratorias mexicanas por lo que la infraestructura y recursos humanos del Instituto Nacional de Migración y otras dependencias encargadas de la aplicación de la Ley de Población, se ha visto superadas.
De ahí, que hoy día es necesario el establecimiento de mayores mecanismos o instrumentos institucionales para la salvaguarda de los derechos de los migrantes.
En los informes dados por la autoridad migratoria mexicana no se ha hecho el distingo del número de menores de 18 años que han sido asegurados y repatriados de nuestro territorio a sus lugares de origen. Grupos sociales calculan que, por lo menos el 10 por ciento de las personas aseguradas son menores.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de los Diputados considera que es necesario que se lleven a cabo mayores acciones para que sean garantizados los derechos de los menores migrantes a fin de que sean asegurados e internados en centros especiales a fin de garantizar sus derechos humanos y su integridad física y moral. Debe llevar a cabo políticas migratorias que cumplan con los siguientes aspectos:
Mantener un enfoque nacional, internacional e interinstitucional para garantizar un trato digno a los menores migrantes y sus familias en nuestro país.
Asegurar en todo momento el respeto de sus derechos humanos, su dignidad, así como su integridad física como moral.
Promover acuerdos de carácter internacional que permitan acciones coordinadas eficientes entre los distintos gobiernos de los diferentes países.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo, de manera eficiente y eficaz, la implantación de mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a fin de que lleve a cabo las medidas necesarias para el cumplimento de dicho objetivo, tales como la suscripción de memoranda de entendimiento o acuerdos de colaboración con gobiernos locales y extranjeros, convenios con instituciones públicas o privadas en el ámbito federal y local, además de programas permanentes de protección a los derechos humanos, integridad física y moral de los menores migrantes y sus familias.
Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha de su presentación.
Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE PORQUE EL GOBIERNO DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA ACATE LA RESOLUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA ONU, QUE LO EXHORTA A PONER EN LIBERTAD A PRESOS POLÍTICOS
CUBANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los embates del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y su pueblo no tienen límite ni precedente en la historia reciente.
Uno de los hechos mas vergonzosos y aberrantes es el de la arbitraria detención y encarcelamiento en septiembre de 1998, de los 5 héroes cubanos que realizaban labores de inteligencia antiterrorista en territorio norteamericano.
Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lanañino Salazar, Fernando González LLort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González, sólo estaban protegiendo a su patria Cuba, de la violencia terrorista de grupos contrarrevolucionarios asentados en Miami.
Estos ciudadanos cubanos descubrieron toda una red de organizaciones anticubanas que contaban con la complacencia y apoyo del gobierno estadounidense.
Una de estas organizaciones, denominada "Hermanos al Rescate" promovió la incursión de avionetas en espacio aéreo cubano que culminó en el derribo de dos de ellas el 24 de febrero de 1996. De este lamentable hecho fue responsabilizado Gerardo Hernández acusado de homicidio en primer grado.
La realidad es que Hernández no tuvo nada que ver con el incidente. El gobierno norteamericano fue avisado de la alta posibilidad de que se diera una incursión de este tipo, gracias a las investigaciones hechas por Hernández. La Fuerza Aérea de Cuba alertó a sus pares de Estados Unidos, advertencia que encontró oídos sordos.
No obstante ello, el gobierno norteamericano no detuvo a ningún miembro de la organización "Hermanos al Rescate", ni emprendió ninguna acción para prevenir la tragedia.
Es preciso dejar asentado que los cinco acusados se encontraban en Miami en el momento del derribo de las avionetas, y ninguno de ellos estuvo implicado en transmitir o ejecutar la orden de derribar las avionetas, luego de que éstas ignorarán las advertencias de no penetrar el espacio aéreo de Cuba.
Las acusaciones de espionaje y de asesinato relacionado con el derribo de las dos aeronaves en aguas cubanas, no se registraron como crímenes realmente cometidos, sino como conspiraciones. El hecho de ser presentado como conspiradores, eximió a la fiscalía de tener que probar que los hechos delictivos realmente habían ocurrido.
Los 5 presos sufrieron una sistemática violación a sus derechos procesales. No tuvieron derecho a fianza, fueron aislados e incomunicados "por razones de seguridad nacional", la defensa tuvo acceso limitado a la evidencia y pruebas presentada por la fiscalía, varios integrantes no cumplían con los requisitos de imparcialidad y objetividad; la defensa solicitó un cambio de sede del juicio, buscando un entorno neutral para efectuarlo, el cual no fue concedido.
Sin importar todas estas irregularidades los 5 acusados fueron encontrados culpables.
Entre abril y mayo de 2003 los abogados defensores apelaron la decisión de la Corte de Miami, y consiguieron que un panel de tres jueces del Onceavo Tribunal de Circuito de Apelaciones de Georgia revisara el caso.
En agosto de 2005 dicho panel tras un exhaustivo análisis del caso determinó que hubo irregularidades en el juicio, por lo que revocó el fallo y las sentencias que se les habían impuesto y determinó que se llevará a cabo un nuevo juicio.
Ante esta nueva determinación, la fiscalía apeló y logró que el caso fuera revisado por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito, que en una nueva decisión desestima lo determinado por el panel inicial y ratifica las condenas, este insólito hecho se da un año después, en agosto de 2006.
Cabe señalar que el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emitió un reporte en el cual declaró la arbitraria detención Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lanañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González e instó al gobierno de Estados Unidos a adoptar de inmediato las medidas necesarias para solucionar su situación.
No queda duda que el gobierno de Estados Unidos ha avalado un proceso judicial en el que los 5 héroes han sido sometidos a una serie de vejaciones que lesionan su dignidad y sus derechos. No hay duda de que están injustamente presos y deben ser liberados de inmediato.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se pronuncia porque el gobierno de Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que exhorta al gobierno de Estados Unidos a que sean puestos en libertad los cinco presos políticos cubanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil seis.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador;
Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén
Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García,
María Mercedez Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro, Silvano Garay
Ulloa Cortés, Pablo Leopoldo Arreola, Joaquín Humberto Vela
Ortega González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero
Guzmán, Félix Castellanos Hernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA SE MANIFIESTA EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN OFICIAL
PARA LOGRAR QUE EL CASTILLO DE CHICHÉN ITZÁ QUEDE INCLUIDO
ENTRE LAS SIETE NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN
DÍAZ MENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 160 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
La zona arqueológica de Chichén Itzá fue declarada patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1988.
Actualmente, esa organización realiza una consulta internacional, promovida por el antropólogo suizo Bernard Weber, para determinar las nuevas siete maravillas de la humanidad, mediante un voto popular por Internet, en la que ha sido postulada la candidatura del castillo de Chichén Itzá, dedicado a Kukulkán o serpiente emplumada, mensajero de los dioses.
Este castillo es un templo situado sobre un basamento piramidal con nueve niveles. Se asciende a él por cuatro escaleras, cada una de las cuales cuenta con 91 peldaños, de modo que la suma de éstos, incluida la plataforma, coincide con el número de días del año.
En esas ruinas mayas se manifiesta dos veces por año, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, un fenómeno excepcional: el descenso, durante el equinoccio, de una serpiente por el extremo oeste de la escalinata norte, un fenómeno de luz y sombra, que es símbolo de magisterio astronómico, arqueológico y matemático.
El fenómeno solar produce una sombra de triángulos isósceles sobre el castillo, dando la impresión de que se desliza hasta la cabeza en forma de serpiente que se localiza pirámide abajo. Este fenómeno pone de manifiesto la grandeza de nuestros antepasados mayas.
El castillo de Kukulkán, en la majestuosa ciudad de Chichén Itzá, es el más representativo de la cultura maya y lo visita más de 1 millón de visitantes al año, según informes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Con el fin de lograr este reconocimiento, el 18 de septiembre del año en curso se realizó la presentación oficial de Chichén Itzá como candidata a una de las nuevas siete maravillas del mundo a cargo del presidente Vicente Fox Quesada y el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, en Nueva York; con lo que inició una campaña internacional en favor del voto de los ciudadanos vía Internet para que Chichén Itzá logre este ansiado nombramiento de la UNESCO.
Cabe señalar que de nuestro país Chichén Itzá es el único centro cultural que está en tan prestigiada lista compitiendo y sólo cuatro lugares de América han sido incluidos en estas candidaturas: la Estatua de la Libertad, en Estados Unidos; la ciudad peruana de Machu Picchu; el Cristo del Corcobado, de Brasil; y la gran Chichén Itzá, en nuestro querido México.
Por el impulso tan importante que se daría al sector turístico mexicano de lograrse este nombramiento y la derrama económica que significaría la llegada de millones de visitantes a esta zona arqueológica y a las ciudades cercanas, como Valladolid y Mérida, además de que sería un orgullo para todos los mexicanos que se considere dentro de nuestro país una de las siete nuevas maravillas de la humanidad, ponemos a consideración de esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Único. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se manifiesta en favor de la promoción oficial de la candidatura del castillo de Kukulkán, en la ciudad maya de Chichén Itzá, para ser considerada una de las siete nuevas maravillas de la humanidad, por lo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se unan, a través de sus delegaciones en la república, a la campaña de promoción del voto a favor de este centro cultural para lograr el título, que sería de gran importancia para la promoción turística de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Joaquín Díaz Mena, Sofía
Castro Romero, Édgar Ramírez Pech, Gerardo Escaroz Soler,
Lizbeth Medina Rodríguez, Iñigo Laviada Hernández
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER SUS ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES EN EL PROCESO ELECTORAL
DE 2006 EN EL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO LANDERO LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, con fundamento en los siguientes
Hechos
En el pasado proceso electoral federal de 2006, los ciudadanos del estado de Tabasco determinaron respaldar la opción que representa la izquierda mexicana, acudiendo a las urnas masivamente y estableciendo con claridad su respaldo a la Coalición por el Bien de Todos.
No obstante lo anterior, los gobiernos estatal y federal mantuvieron por la vía de los hechos prácticas que por su naturaleza son contrarias a los principios democráticos de la República. Estrategias como el condicionamiento y compra del voto a cambio de apoyos gubernamentales significaron el común denominador en las pasadas campañas electorales.
Hoy, en las vísperas del proceso electoral local, el PRIAN ha enfocado sus esfuerzos en bajar a como dé lugar a nuestro candidato al gobierno del estado, César Raúl Ojeda Zubieta, de las preferencias del electorado tabasqueño. Para ello, han empezado a operar, como es su costumbre, de manera ilegal, llegando al extremo de mentir en temas que son muy sensibles para los ciudadanos de nuestra entidad.
El negro precedente que deja la calificación del espurio presidente electo Calderón por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se establece que el uso tramposo del aparato de gobierno es valido, ha servido de punto de partida para que los gobiernos emanados del PRI y los delegados federales panistas actúen en consecuencia condicionando los programas federales como los que opera la Secretaría de Desarrollo Social.
Ejemplo de lo anterior es la afirmación realizada en días pasados por el candidato del PAN al gobierno del estado de Tabasco -con el único objetivo evidente de restar votos al perredismo-, quien declaró a la opinión pública, en el acto más vil de desesperación política de que se tenga memoria en nuestra entidad, que el próximo primero de diciembre el espurio Calderón Hinojosa decretará que Tabasco formará parte de las entidades con tarifas eléctricas preferenciales y así se pondrá punto final al grave conflicto de la resistencia civil en contra de los abusos en los cobros de energía eléctrica, impulsado por nuestro instituto político.
Esto, compañeras y compañeros legisladores, se llama incongruencia y oportunismo político. Es increíble que el partido que se ha caracterizado por ser él más ferviente opositor a la lucha por esta causa, hoy venga a querer lavarse la cara en un afán totalmente electorero.
Ante los comicios que se llevarán a cabo en Tabasco el 15 de octubre, priistas y panistas se coordinan y repiten la estrategia de la pasada elección presidencial: es decir, medran con las necesidades más apremiantes de los tabasqueños y tabasqueñas más humildes, con el fin de evitar el triunfo del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, César Raúl Ojeda Zubieta. El PRIAN, pretende hacer en Tabasco lo que con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedó demostrado, pero que a los magistrados les faltó convicción patriótica y les sobraron intereses personales: la premeditada y perversa intromisión de ese traidor a la democracia que se ostenta como Presidente de la República y de las cúpulas empresariales que no están dispuestos a dejar ni las prebendas ni los multimillonarios negocios que al amparo del poder federal, logran sexenio tras sexenio. En suma, en Tabasco existen claras evidencias de que se quiere vulnerar, una vez más, el ejercicio del voto público de los ciudadanos tabasqueños.
Compañeros legisladores, ante la peor crisis política de nuestro país, ocasionada por el presidente Fox, los líderes empresariales, los jerarcas religiosos y las cúpulas de la telecracia mexicana, urge el ejercicio de control de esta Soberanía sobre los actos del titular de la administración federal, de cara a la renovación del gobierno del estado, de las 17 presidencias municipales y del Congreso local. No hay certidumbre y ni garantías. En Tabasco no hay legalidad en los actos de la administración, porque no se da el imperio de la ley.
Honorable asamblea:
Coadyuvemos para que los actores políticos de nuestro país permitan con sus propuestas y no con argucias y manipulaciones electoreras, el ejercicio del voto libre y secreto de los tabasqueños. Que sea la voluntad ciudadana la que determine quien debe de gobernar.
Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados firmantes sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender de inmediato sus actividades de promoción de los programas federales en el marco del proceso electoral del estado de Tabasco de 2006.
Diputado Pedro Landero López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS
ZONAS DE SIERRA Y DE MONTAÑA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA
ORALIA VEGA ORTIZ Y JOEL GUERRERO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la diputación federal priista del estado de Hidalgo, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde el punto de vista del relieve, México posee elevaciones superiores a 5 mil 500 metros, mesetas externas, grandes depresiones y profundas barrancas. Tres series de cadenas montañosas, con orientación general de nordeste a sudeste, conforman el principal sistema orográfico que recibe el nombre de Sierra Madre: al oeste, la cordillera de Sierra Madre Occidental, con un promedio de altitud de 2 mil 250 metros; al este, la Sierra Madre Oriental, con 2 mil 220 metros; y, finalmente, la Sierra Madre del Sur, con 2 mil metros de altitud media.
El uso creciente de las zonas de montaña, con criterios predominantemente extractivos, se traduce en efectos agudos en determinados sectores como son los cuerpos de agua dulce, los suelos y bosques en las cuencas hidrográficas, impactando en el régimen hidrológico y disponibilidad del recurso hídrico en términos de calidad, cantidad y oportunidad.
En la actualidad se identifican, como factores que más frecuentemente atentan contra la conservación de los ecosistemas lacustres, la urbanización no regulada de sus riberas, la falta de tratamiento de las aguas residuales que vierten, la carencia de servicios de saneamiento básico para las poblaciones rurales de las cuencas y el uso inadecuado de los lagos con diferentes fines no sostenibles.
La construcción de caminos y urbanizaciones espontáneas, así como las actividades mineras y agropecuarias degradan los frágiles recursos naturales de las montañas que funcionan como cuencas abastecedoras de agua en beneficio de las tierras planas. Ello afecta en forma creciente las actividades productivas y la calidad de vida de la población local, la que presenta, por lo general en las zonas rurales, las mayores condiciones de pobreza e indigencia que el conjunto del país.
La concentración de la inversión industrial y agrícola ha determinado un mercado de trabajo segmentado, con fuerte informalización, que padece la exclusión en grandes proporciones.
En aquellas zonas en las que no se invierte persiste la producción doméstica agrícola o artesanal. Estas zonas corresponden en términos generales a sitios de población indígena, en donde la producción doméstica y la economía familiar tienen mucha relevancia para los hogares. El salario, como porcentaje del ingreso, tiene menor importancia. Se trata de zonas que expulsan población, tanto a las ciudades como al extranjero.
Son áreas con suelos erosionados y escasas tierras arables en las que el cultivo mecanizado es impensable, y el difícil acceso obstaculiza el aprovisionamiento y la comercialización. Estas fracturas espaciales del desarrollo económico se ubican en todo el territorio, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y parte de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, etcétera.
El informe sobre desarrollo humano realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicó en julio que los municipios indígenas de México presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África.
Los conflictos en las montañas también son causados por la producción y comercio ilícito de drogas, ya que en estas montañas se producen arbustos tales como la coca y la amapola. Estas plantas muchas veces son la única fuente de ingreso de las personas que viven en las montañas, ya que la delincuencia organizada los utiliza aprovechándose de su necesidad de sobrevivencia.
El potencial productivo de las zonas de montaña es enorme, tanto en términos de potencial energético como forestal, zonas de captación y regulación de aguas, recursos genéticos, así como de producción sostenida agropecuaria en base al uso de tecnologías apropiadas. En sectores específicos, las zonas de montaña presentan un alto potencial turístico y recreativo, lo cual permite verlas con una perspectiva de alto potencial natural que debe ser aprovechado en forma sostenible con un ordenamiento territorial, tecnologías apropiadas y en un marco social participativo.
No obstante lo anterior, al margen de sus capacidades, la realidad es que los problemas económicos y sociales de las zonas de sierra y de montaña en todo el país se han agravado y someten a sus poblaciones a la pobreza más dramática.
Precisamente el estado de Hidalgo es un ejemplo vivo y válido de la realidad que aqueja a estas regiones del país. Es el quinto lugar entre los estados más pobres y en sus 84 municipios se presentan grados de marginalidad media a muy alta. Pero, como en cualquier estado, la mayor miseria se presenta en la serranía. Por ejemplo, la Sierra Huasteca tiene una gran abundancia de recursos naturales y una alta concentración poblacional, pero también, paradójicamente, muy alto grado de marginación.
Los problemas que definen su pobreza son, entre muchos otros, desnutrición, falta de servicios, escasez de vivienda digna, deficiencias de abasto, baja escolaridad, alto índice de enfermedades, bajos salarios, alta emigración, poca participación social, estructuras de gobierno desgastadas, corporativismo, etcétera.
Los habitantes de las zonas de las sierras y de las montañas del país son, sin lugar a dudas, pobres entre los pobres.
Esta representación popular no puede ser indiferente a esa realidad que aqueja a millones de personas. No puede hacerlo sin faltar a sus deberes de procurar la justicia, la no discriminación, la atención, la solidaridad, el bienestar y el desarrollo.
Por ello, creemos que procede y es urgente que se cree en este órgano colegiado una comisión especial que convoque a los estudiosos, a los habitantes de esas zonas, a los gobiernos federal y locales, a los municipios, que consensúe acciones inmediatas, con visión de mediano y largo plazos y formule un diagnóstico preciso de esta realidad.
Que, a partir de su aprobación por este honorable Pleno, esta comisión genere propuestas de reformas legales, programas de gobierno, acciones regionales y propuestas hacia el presupuesto federal del 2007, así como en los subsecuentes, para dar respuestas a sus habitantes, fundadas en hechos tangibles, que produzcan los resultados que esos mexicanos no pueden esperar más.
Esta comisión debe tener la capacidad de ofrecer opciones para generar empleos, mejores ingresos, fomentar el abasto rural regional, arraigar a la gente en sus comunidades, apoyar al sector productivo, mejorar el cuidado del patrimonio natural, mejorar las políticas sociales, es decir, darle dignidad a sus vidas y a su desarrollo.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial para el desarrollo sostenible de las zonas de sierra y de montaña, que tendrá los siguientes objetivos:
2. Proponer reformas legales, políticas públicas, programas de gobierno en los niveles federal, estatal y municipal, servicios públicos, asignaciones presupuestales, convenios de coordinación y todas las medidas que, en el marco legal, juzgue pertinentes para contribuir al mejoramiento de estas zonas y de sus habitantes.
3. La comisión se integrará por 19 miembros, con la siguiente distribución:
Grupo Parlamentario del PAN, 7; Grupo parlamentario del PRD, 4; Grupo Parlamentario del PRI, 3 (quien la presidirá); Grupo Parlamentario del PVEM, 1; Grupo Parlamentario de Convergencia, 1; Grupo Parlamentario del PT, 1; Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, 1; Grupo Parlamentario de Alternativa, 1.
La comisión tendrá un secretario del Grupo Parlamentario del PAN y uno del PRD.
Diputados: María Oralia Vega Ortiz, Joel
Guerrero Juárez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE SOBRE LA RENOVACIÓN DE
LAS DIRIGENCIAS DE LAS SECCIONES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO ACERCA DE LOS DESPIDOS
INJUSTOS DE LA SECCIÓN 11 DE ÉSTE, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Mientras en nuestro país estamos luchando por construir una democracia participativa, donde el pueblo sea el que decida realmente el destino de nuestra patria, en los sindicatos corporativos continúa imperando el cacicazgo, el compadrazgo, la burocracia sindical, el desprecio a las conquistas de los trabajadores y el aniquilamiento sistemático de las disidencias.
Los métodos gangsteriles, la burla a la base trabajadora y la simulación de la democracia en la elección de la dirigencia sindical siguen siendo una práctica cotidiana de los dirigentes charros.
Lo que acabamos de describir se vive todos los días, en cada una de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Con los mismos métodos con que se elige al secretario general de ese sindicato: a mano alzada y sin representación real de los trabajadores, así se quiere elegir a una nueva camarilla en la secciones del sindicato petrolero.
Como ejemplo está la sección 11 con asiento en Nanchital, Veracruz.
En esta sección tiene su señorío el vetusto cacique Ramón Hernández Toledo, conocido por la prensa nacional e internacional como el Tío Ramón, quién no deja de festinar que es el dueño de los destinos de los trabajadores petroleros de esa sección, a la que pertenecen casi 11 mil trabajadores.
Quienes por razones de ideología política contrarias a la dirigencia charril intentan evitar su participación en el próximo proceso electoral sindical.
Como parte de las artimañas para dejarlos fuera de la elección, la dirigencia charril, en contubernio con funcionarios de Petróleos Mexicanos gestionó la rescisión de contrato de dos trabajadores, liquidación de una trabajadora y la jubilación anticipada de 15 trabajadores jóvenes y productivos.
No les importó violentar la norma del contrato colectivo de trabajo y pasaron por encima de sus derechos laborales.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está preocupado por la suerte que están corriendo estos trabajadores y los de todas las secciones petroleras.
Nuestra preocupación está fundada en el hecho de que entre los meses de octubre y diciembre del presente año se producirá la renovación de las dirigencias sindicales de las 36 secciones del sindicato petrolero.
Pero sobre todo, hay una gran inquietud de la base trabajadora porque se tiene preparado un operativo conjunto que pretende imponer en el cargo a incondicionales de los secretarios generales en turno o designados por el propio Carlos Romero Deschamps.
Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos recibido información directa de los trabajadores de las diversas secciones sindicales, donde se nos narra la corrupción en que incurren los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encargados de la toma de nota del proceso de elección sindical.
Estos representantes de la autoridad laboral no cumplen su función de vigilar que el proceso de elección sindical se apegue a los estatutos y además verificar que los votantes sean realmente trabajadores, en virtud de que no se cumple con el quórum legal, ya que quienes accedan al recinto sindical son empleados del sindicato y trabajadores transitorios sin derecho a voz ni voto.
Esta omisión se realiza porque a cambio reciben prebendas y regalos suntuosos que los obligan a hacerse de la vista gorda y permitir todo tipo de impunidad y de irregularidades, antes y durante el proceso de elección en las secciones del sindicato.
Los trabajadores petroleros están demandando a la autoridad laboral que el proceso de elección para la renovación de la dirigencia sindical que se llevará a cabo en las próximas semanas, sea equitativo, transparente y con certeza, tal como se establece en los estatutos que rigen la vida interna del sindicato petrolero.
Quieren que el proceso electoral se realice por el sistema de escrutinio, lo que permitirá la participación real y mayoritaria de los trabajadores que por la naturaleza de sus actividades se encuentran dispersos en toda la República Mexicana y, en el caso de las secciones con mayor membresía dar la oportunidad que la mayoría de los trabajadores sufraguen.
Los trabajadores no quieren que la actual dirigencia instrumente ninguna clase de albazo o de fraude en la renovación de la dirigencia sindical.
No quieren que Romero Deschamps meta las manos en el proceso de renovación de las 36 secciones sindicales.
Se oponen abiertamente a la política de simulación en el cambio de dirigencia de las secciones, consistente en imponer a personeros de la actual burocracia sindical nacional que no representan ningún cambio real que favorezca a los trabajadores.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. El Pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar a designar inspectores que el día que se realice la elección para renovar la dirigencia sindical de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cumplan con imparcialidad su función de supervisar que la elección se lleve a cabo con equidad, transparencia y certeza, como mandata el estatuto que rige la vida interna del sindicato petrolero.
Artículo Segundo. Exhortar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en acuerdo con los trabajadores de todas las secciones del citado sindicato, se privilegie el sistema de elección por escrutinio a que se refiere el artículo 288 inciso d) de los Estatutos Generales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a fin de que se permita una mayor participación de los trabajadores con derecho a voto.
Artículo Tercero. Se exhorta a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y a Petróleos Mexicanos a revisar y, en su caso, reinstalar a 19 trabajadores socios de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quienes se les rescindió el contrato individual de trabajo o se les jubiló de manera anticipada sin reunir los requisitos contractuales.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador;
Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén
Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García,
María Mercedes Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro Cortés,
Félix Castellanos Hernández, Pablo Leopoldo Arreola Ortega,
Joaquín Humberto Vela González, Anuario Luis Herrera Solís,
Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Garay Ulloa.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE ESTA SOBERANÍA COADYUVE CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE SINALOA
PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE DICHO ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
"Si queremos consolidar nuestra nueva democracia, necesariamente requerimos consolidar a nuestras universidades públicas, es la educación el único camino como superaremos nuestras deficiencias".
Compañeras y compañeros diputados, es de todos conocido el grave recorte presupuestal que la Secretaría de Hacienda ha venido realizando a diferentes universidades públicas en nuestro país.
Nunca encontraremos ni avalaremos razonamiento por más mínimo que éste fuera, que justifique recorte alguno de su presupuesto a ninguna universidad pública de nuestro México.
Hace alrededor de dos meses, la centenaria Casa Rosalina, fundada por don Eustaquio Buelna Pérez, la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, recibió del Congreso del estado de Sinaloa un nuevo marco normativo, mediante la Ley Orgánica Universitaria.
En este documento se ha privilegiado la oportunidad de buscar mejores niveles académicos pasando por encima de los intereses políticos que habían mantenido a la universidad como rehén de grupos hacia el interior de la institución.
Por ello la UAS enfrenta ahora una paradoja, mientras en un campo -el académico-, existe la posibilidad de que surja victoriosa, en otro -el financiero-, corre el riesgo de hundirse.
Es preocupante escuchar de voz del actual rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, la grave situación económica por la que atraviesa la máxima institución educativa en Sinaloa, la cual realiza un muy importante trabajo en educación media y superior, a grado tal que la cobertura estatal esta por encima de la media nacional. Sin embargo el financiamiento por alumno de la universidad se localiza por debajo de la media nacional, representando un gasto por alumno de 21 mil pesos contra un promedio 35 mil pesos que se otorga a otras universidades.
La Universidad Autónoma de Sinaloa es -en cuanto a población estudiantil- la cuarta mas grande del país, con 106 mil alumnos y una planta laboral de 10 mil personas, el inadecuado manejo de recursos de las últimas administraciones y la falta de previsión le consume el 25 por ciento de su presupuesto en pensiones y jubilaciones, por tales motivos en los últimos meses la universidad ha vivido como coloquialmente decimos "de prestado".
Aunado a lo anterior hace unos días, nos enteramos que la bolsa económica asignada, determinada para distribuirse entre aquellas instituciones de educación superior que tienen grandes problemas económicos denominado Fondo de Equidad, representó en el año 2004: 220 millones de pesos, en el 2005: 287 millones de pesos, y para este año se contemplan solamente 161 millones de pesos. No obstando esta drástica reducción de recursos de más de 125 millones en dicho fondo, estos recursos le están siendo regateados a nuestra universidad, acción que seria catastrófica para la educación pública en nuestro país.
El problema no es solo de Sinaloa. Lo he comentado anteriormente. Son varias las universidades públicas que están siendo afectadas por esta mala decisión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Algo tenemos que hacer, compañeras y compañeros diputados por nuestras universidades y lo tenemos que hacer ¡¡ya!!
Por todas estas consideraciones y ante el peligro inminente de un colapso financiero en la Universidad Autónoma de Sinaloa, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados coadyuve con los diputados locales del estado de Sinaloa, el ejecutivo del estado y las autoridades universitarias para la solución del grave problema financiero por el que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Segundo. Solicitar con carácter de urgente, una entrevista con el secretario de Hacienda y Crédito Público y con el secretario de Educación Pública, a efecto de solicitar su intervención y resolución inmediata en cuanto al Fondo de Equidad retenido hasta la fecha actual.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS NACIONALES, A CARGO DE LA DIPUTADA SOLEDAD
LÓPEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe diputada federal María Soledad López Torres, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. A nuestro planeta se le ha denominado "el Planeta Azul", debido a la importante presencia del vital líquido en su superficie, tres cuartas partes del mismo están cubiertas por el agua. De este gran total de agua el 94% se ubica en mares y océanos, un 4% son aguas subterráneas, 2% lo constituyen las aguas congeladas de los polos y glaciares; mientras que un insignificante porcentaje (menos del 0.01%) es el agua superficial, es decir, el agua que se encuentra en arroyos, ríos y lagos, en la atmósfera y en todos los seres vivos. De lo anterior resulta obvio darnos cuenta que la reserva más importante de agua dulce para la humanidad es el agua subterránea. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de organizaciones no gubernamentales (ONG) durante los próximos veinte años la población mundial crecerá exponencialmente, no así las reservas mundiales del vital líquido. Se calcula que 1,500 millones de seres humanos no tienen acceso a fuentes de agua potable. Por esta causa, en el mundo diariamente mueren 34,000 personas, principalmente menores de edad, a un ritmo apocalíptico: cada 8 segundos muere un niño. De hecho, enfermedades que se relacionan con la mala calidad del agua como son el cólera, la tifoidea, disentería, poliomielitis, hepatitis A y E, flourosis, cáncer y meningitis entre otras, constituyen las principales causa de mortandad en el mundo, aún por encima del sida.
2. Estas mismas fuentes aseguran que para el año 2030 más del 47% de la población mundial enfrentará terribles penurias por la falta del vital líquido; sólo dispondrán de reservas los países del norte de Europa, Canadá, Alaska, América del Sur, África Central, Rusia y Oceanía. El resto del mundo, incluido México, Estados Unidos y China tendrán grandes problemas para obtener el vital líquido.
3. En nuestro país 85 millones de habitantes dependemos casi totalmente del agua subterránea: para beber, consumo doméstico, riego agrícola, consumo animal y uso industrial. Esto pone de manifiesto la tremenda importancia del agua subterránea en el bienestar y salud de las y los mexicanos, así como en la seguridad de producción de alimentos y desarrollo humano y económico. No debemos pasar por alto que a esto se agrega que el 60% del territorio nacional es árido y semiárido (zonas norte y centro de México), esto significa que la disponibilidad de agua superficial es muy limitada, mientras que el agua subterránea representa, casi exclusivamente, la única fuente disponible de agua.
4. Estudios realizados en 1998 en el Valle de México y otras regiones de nuestro país generaron una alerta sobre el flujo de sales hacía los acuíferos. Se corre el riesgo de que una gran cantidad de sales presentes en el agua de poro de los acuitardos lacustres, tres veces mas concentrada que el agua de mar, y desde luego no apta para consumo humano, lleguen progresivamente al acuífero, lo cual anularía varias fuentes primarias de abastecimiento de agua para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México y para zonas muy importantes en los estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro entre otros. Con más de 300 puntos de medición han detectado algunas regiones en la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato donde aparentemente ese tipo de agua ya está llegando. El impacto no es muy rápido pero si progresivo, donde empiezan a aparecer algunas sales como bicarbonatos, cloruros y sodio. El límite máximo de los cloruros para uso potable es de 250 mg/l para sodio; mientras que en el acuitardo se encuentran concentraciones cientos de veces más altas. Ya es visible la presencia de material blanco que tapa las regaderas y que cuando hierve el agua, deja un residuo. Estos son los primeros arribos de los bicarbonatos; detrás de ellos viajan otros elementos como podrían ser compuestos de nitrógeno y boro. Este último se encuentra hasta en 50 mg/l y el límite máximo para uso potable es de 1 mg/l; ya están saliendo pozos con estas nefastas características en Tláhuac e Iztapalapa, en la zona metropolitana; en el estado de Guanajuato presentan serios problemas de abastecimiento debido a contaminación y/o salinización algunos municipios como Pénjamo, Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, y en municipios del estado de Querétaro como son Querétaro capital, San Juan del Río, Pedro Escobedo entre otros. En Iztapalapa, en la zona metropolitana del DF, han tenido que instalar plantas de tratamiento a pie de pozo. Todo ello sin contar con el alarmante abatimiento de los acuíferos de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila y demás a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
5. Lo anterior se agrava con la gran cantidad de denuncias de corrupción formuladas por diversas ONG?s, particulares así como organismos operadores que mencionan que debido a la discrecionalidad que la Ley Nacional de Aguas otorga en todo lo relativo a la obtención de concesiones para perforación, extracción y uso de aguas subterráneas, descargas de aguas residuales y otros más análogos, además que los mentados Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) han resultado inoperantes al ser meramente declarativos y sus decisiones sin fuerza vinculativa para las partes, por tal es urgente que de la aprobación de la presente propuesta se presenten a esta soberanía elementos idóneos, prácticos, pertinentes y democráticos para que a la luz de los mismos, estemos en posibilidades reales de hacer frente a la demanda de agua limpia y de calidad para todas y todos.
Por todo lo anterior y dada la importancia del tema, y por considerarse de urgente y obvia resolución nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se constituye una Comisión Especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, en particular para dar seguimiento y evaluar el manejo, otorgamiento y efecto de las concesiones a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales y elaborar propuestas legislativas para solucionar dicha problemáticas, así como la conservación y preservación de las aguas subterráneas nacionales.
El objeto de la Comisión Especial será el que derive de su denominación.
Para el cumplimiento de su objeto, dicha Comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objeto.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.
La Comisión Especial contará con una Mesa Directiva, que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La Comisión Especial tendrá una vigencia de 24 meses, para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La Comisión Especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
Cuarto. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.
Diputada María Soledad López Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO
DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE
CONSIDEREN RECURSOS SUFICIENTES PARA RECONSTRUIR UN TRAMO CARRETERO EN
NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL PARÁS GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Juan Manuel Parás González, diputado federal por el XII distrito del estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a la consideración de esta honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La infraestructura carretera nacional, representa uno de los motores del desarrollo económico y social del país. Contar con una red de caminos eficiente propicia, entre muchas otras cosas, el impulso del desarrollo regional y el impulso del comercio regional, facilita la comunicación entre las comunidades que integran cada estado, y reduce la brecha de equidad entre las zonas urbanas y las regiones rurales.
Nuevo León es un estado con una gran aportación a la economía nacional. Su industria, su campo, su gente, contribuyen día a día al crecimiento del país.
Una de las demandas más constante en el curso de mi campaña política, fue la de dar una atención prioritaria a la red carretera de nuestra entidad. Hay un caso que demanda atención inmediata, la carretera que une el municipio de Los Herreras, Nuevo León, con la autopista Monterrey-Reynosa, la cual se encuentra sumamente deteriorada, lo que pone en riesgo la seguridad de sus usuarios, limita una comunicación eficaz con la capital del estado y la frontera, y desincentiva el desarrollo de la zona en todos los órdenes.
Ha sido una constante de los últimos años, dar atención prioritaria a la red carretera nacional, con lo cual se reconoce su posición estratégica. En ese sentido, solicito que en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de 2007, se asignen recursos fiscales para la reconstrucción del tramo carretero referido.
Los recursos federales canalizados a infraestructura y obra pública, son redituables, garantizan la atención a una demanda social y generan expansión económica y bienestar a la población.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a considerar en la formulación del Presupuesto de Egresos 2007, recursos destinados a la reconstrucción de la carretera que une el municipio de Los Herreras, Nuevo León, con la autopista Monterrey-Reynosa.
Segundo. Que la Cámara de Diputados, en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos 2007 destine los recursos suficientes para la obra descrita.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil seis.
Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE TIJUANA A REALIZAR LAS ACCIONES
NECESARIAS QUE PERMITAN LA DEPURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA
MUNICIPAL, ASÍ COMO A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE ACCIÓN EMERGENTE
DIRIGIDO A ABATIR LOS ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD EN DICHA CIUDAD,
A CARGO DEL DIPUTADO LUIS RODOLFO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Luis Rodolfo Enríquez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales de Tijuana a realizar las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal, así como a implantar un programa de acción emergente tendente a abatir los altos índices de criminalidad en este municipio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia y la inseguridad cada vez más se apoderan de la ciudad de Tijuana, en los últimos meses se ha presentado una escalada de ejecuciones y secuestros; así lo indican las siguientes cifras: en lo que va del año han ocurrido 272 muertes violentas, 82 relacionadas con el crimen organizado y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado ha señalado que a la fecha se han registrado 60 secuestros.
Es tan preocupante el clima de inseguridad en el municipio de Tijuana que el Consejo Coordinador Empresarial ha exigido acciones necesarias para terminar con dicha situación en esa ciudad.
A tal grado han llegado las cosas que el pasado 16 de septiembre tan sólo en doce horas se registraron siete asesinatos en cuatro incidentes distintos ocurridos en diversas colonias. Resulta inaceptable que la autoridad municipal de Tijuana no responda ante esta ola de violencia.
Inclusive, ante este escenario el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que extremen precauciones si visitan Tijuana, debido a la serie de asesinatos que ahí se registran. Tristemente podemos decir que en los últimos años la ciudad de Tijuana además de ganarse el reconocimiento de ser una de las más importantes del norte del país, es también ampliamente conocida por ser una de las más peligrosas e inseguras de la República.
El clima de inseguridad que vive Tijuana es preocupante; agentes y ex agentes policiacos que encubren o encabezan bandas criminales; secuestradores que huyen de su guarida evitando su captura con el apoyo de funcionarios corruptos. La ola de asesinatos que registra ese municipio es de graves consecuencias para sus habitantes, no solamente es el miedo de salir a la calle, de ir al trabajo o escuela y ser víctima de algún delito, además se refleja en la actividad económica, ya que al no haber condiciones de seguridad no alcanza niveles de desarrollo competitivo en beneficio de sus habitantes. Por ello, la magnitud del problema de la inseguridad y los costos que ocasiona a la ciudadanía de Tijuana la representa el gran reto de las autoridades locales para controlar y reducir la delincuencia y no permitir la destrucción del tejido social que hace posible la convivencia ciudadana y el desarrollo económico del municipio.
Ante esta ola de inseguridad que azota a la población de Tijuana, sus habitantes, cansados de la parálisis y complacencia de las autoridades municipales encargadas de la prevención del delito en dicha ciudad, exigen acciones claras y contundentes para tratar de contrarrestar este cáncer social que inclusive ha llegado a penetrar de forma preocupante en las entrañas de los cuerpos de seguridad pública municipal tijuanense, que con una sospechosa displicencia han dejando que la ciudad quede a merced del hampa, al grado tal de llegar a considerar la existencia de una colusión entre diversos mandos municipales de seguridad pública y el crimen organizado.
Compañeras y compañeros, no es posible que al ser la autoridad municipal tijuanense el primer órgano político y de gobierno en donde se suscitan de manera directa la comisión de este tipo de conductas delictivas, dicha autoridad no asuma su debida responsabilidad constitucional ante esta lamentable situación y tome cartas urgentes en el asunto.
En los últimos meses, la actuación de las autoridades municipales sólo ha evidenciado negligencia y una sospechosa falta de voluntad para tratar de solucionar el problema de la inseguridad en esta ciudad.
Inclusive, el pasado 25 de julio en una reunión de trabajo celebrada en la ciudad de Tijuana, entre funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y funcionarios municipales, entre ellos el presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Ron, las autoridades federales manifestaron directamente al edil tijuanense una serie de indicios y probanzas que demuestran que gran parte del problema de la inseguridad generada en dicha localidad deviene de la corrupción y descomposición que está sufriendo la policía municipal de Tijuana, bajo el mando directo del señor Hank, en donde incluso se ponen al descubierto acciones de complicidad entre los cuerpos policiales locales y el crimen organizado.
En ese sentido, era de esperarse que el presidente municipal de Tijuana, primera autoridad e incluso quien detenta el mando directo de la fuerza pública municipal, tomara inmediatamente las medidas necesarias tendentes a sanear de manera contundente la estructura de sus cuerpos policiales y deslindar las responsabilidades penales a que haya lugar; sin embargo, han pasado ya dos meses y, hasta donde se tiene conocimiento, no se ha realizado acción alguna al respecto, evidenciando una falta de interés por querer entrar al fondo del asunto.
Sin duda, la autoridad tijuanense ha faltado a su deber, no ha propiciado las condiciones necesarias de seguridad de la ciudadanía, el principal problema que sustenta la inseguridad suscitada en Tijuana parece ser la corrupción de sus cuerpos policiales; mientras no exista una verdadera voluntad política para lograr el debido saneamiento de dichos cuerpos de seguridad municipal, el combate a la delincuencia será más complicado.
Esta situación de corrupción e impunidad de los elementos de seguridad pública municipal ha quedado evidenciada al momento de que la Procuraduría del estado logra la detención dos bandas de secuestradores en donde se ven involucrados un policía municipal activo y un ex policía, cuando la PGR en últimas fechas ha consignado a tres miembros de la policía municipal; ha arraigado a cuatro policías municipales, entre ellos quien fuera escolta del actual presidente municipal de Tijuana; ha cumplimentado diversas órdenes de aprehensión en contra de elementos municipales, entre otras acciones, que inclusive han derivado en un señalamiento público de la PGR en contra de algunos elementos de la Policía Municipal de Tijuana.
Sin embargo, aunado a estas importantes acciones emprendidas por las autoridades estatales y federales, es necesario que las autoridades municipales de Tijuana también realicen su parte en el combate a la criminalidad por ser esta una labor compartida y corresponsable; no es legítimo salir de esta situación por la puerta de escape, responsabilizando de manera sistemática a otras autoridades u órdenes de gobierno respecto de esta situación de inseguridad prevaleciente en Tijuana; es momento de asumir las responsabilidades que implica la acción de gobierno de esta importante ciudad; es momento de realizar acciones contundentes que demuestren efectivamente que se esta combatiendo a la delincuencia, y la mejor forma de combatirla es empezando por la propia casa, saneando la policía municipal y sancionando de manera ejemplar todo acto de corrupción que exista en las instituciones de seguridad pública municipal.
Lo contrario hará suponer la participación o, en su caso, encubrimiento de autoridades municipales en actividades ilícitas. En ese sentido, la autoridad local tiene la urgencia de erradicar la corrupción y violencia generada en la ciudad, así lo exigen la ciudadanía tijuanense, las organizaciones sociales y la iniciativa privada.
Finalmente habría que señalar que, hasta donde se tiene conocimiento, el propio presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Ron, ha manifestado su disposición por someterse a cualquier tipo investigación; en ese sentido, por la salud de las instituciones es necesario tomarle la palabra y veremos si dicha disposición es verdadera o sólo constituye un mero acto de simulación. Es necesario comprobar su disposición con hechos no con meras palabras.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el abajo firmante, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente municipal de la ciudad de Tijuana, así como al secretario de Seguridad Pública de dicho municipio a realizar las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal, se hagan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, así como para que implementen en dicha localidad un programa de acción emergente, tendente a abatir los altos índices de criminalidad que han generado una ola de inseguridad y violencia en este municipio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS
DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA SUSANA MONREAL
ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Susana Monreal Ávila, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 4 de agosto de 1942 los Gobiernos de EU y de México celebraron, a través de canje de notas diplomáticas y por ende no se requirió de ratificación, un Acuerdo para Reglamentar la Contratación (temporal) de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.
2. El 26 de abril de 1943, ambos países celebraron un Acuerdo que modifica el Convenio del 4 de agosto de 1942 para Reglamentar la Contratación de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.
3. El 29 de abril de 1943, los Gobiernos de EU y México celebraron un Acuerdo para Reglamentar la Contratación de Trabajadores no Agrícolas Migratorios Mexicanos.
4. El 21 de febrero de 1948, los Gobiernos de EU y México celebraron el Acuerdo Relativo a la Migración de Trabajadores Agrícolas Mexicanos.
5. Ambos países celebraron diversas prorrogas respecto del Acuerdo Sobre Trabajadores Migratorios de 1951, reformado hasta el año de 1964, sin que hasta la fecha se sepa donde quedaron los fondos retenidos a los braceros.
6. Ante tan grave problema, el 17 de abril de 2001, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, la cual quedó instalada el 19 de septiembre del mismo año. La existencia de la citada comisión se prorrogó hasta el fin de la LVIII (quincuagésima octava) Legislatura y continúo sus trabajos durante toda la LIX (quincuagésima novena) Legislatura.
7. Paralelamente, fueron presentadas diversas iniciativas de ley que, en lo general, plantearon la necesidad de crear un fideicomiso para lograr el pago de una mínima indemnización a las ex braceros que trabajaron en los Estados Unidos de 1942 a 1964.
8. El 21 de abril de 2005 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por 361 votos a favor y 4 abstenciones, el cual fue turnado al Senado de la República para los efectos legales conducentes.
9. El 28 de abril de 2005 el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por 78 votos a favor.
10. Finalmente, el 25 de mayo de 2005, el titular del Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el citado fideicomiso.
11. Conviene señalar que en el artículo 2o. del Fideicomiso expresamente se define a una Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
12. Con la responsabilidad que nos demanda el ser representantes sociales, tenemos la obligación de atender los reclamos de los ex braceros y garantizar que el pago correspondiente sea efectuado de manera eficaz y expedita.
13. Es por ello que consideramos necesario que sea creada una Comisión Especial con el fin de vigilar y apoyar, en todo lo posible, a nuestros trabajadores braceros y que reciban el pago que les corresponde.
14. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del honorable Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en lo que establecen los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros que se deberán aplicar a través del Fideicomiso que administrará dichos fondos y cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.
Segundo. El objeto de la Comisión será la de dar seguimiento a los informes trimestrales que el Comité Técnico del Fideicomiso deberá entregar conforme lo establece el artículo sexto transitorio del decreto que crea al citado Fideicomiso, así como servir de coadyuvante para que las entidades federativas y el Distrito Federal celebren con el fideicomiso, a la brevedad posible, los acuerdos de las aportaciones a las que se refiere la fracción II del artículo 4o. del citado decreto.
Tercero. La Comisión Especial se integrará por veintiún diputados en la siguiente proporción: siete serán designados por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, seis por el por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tres por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y uno por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, uno por el grupo parlamentario de Convergencia, uno por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y uno por el grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán las designaciones de los integrantes de su propio grupo; la directiva de la Comisión Especial será propuesta por la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la Mesa Directiva, para los efectos procedentes.
Cuarto. La duración de la Comisión será hasta el 31 de agosto de 2009.
Quinto. Esta Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Gobernación para que entregue a esta soberanía el padrón que contiene los datos de todos los trabajadores mexicanos braceros que se inscribieron ante esa dependencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
RECURSOS DIRIGIDOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA REALIZAR
LAS OBRAS NECESARIAS EN EL DENOMINADO DREN DE TEHUACÁN, A CARGO
DEL DIPUTADO MARIO MENDOZA CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. El dren de Tehuacán es conocido también como dren de Valsequillo, situado en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, donde hasta hace aproximadamente 15 años era una cañada natural por la que transitaba agua limpia, éste se utilizaba como caudal acuoso para diversos usos de las poblaciones por las que atraviesa.
Sin embargo, al acrecentarse los asentamientos humanos, poco a poco se establecieron diversos giros mercantiles a lo largo de la zona que comprende el dren, los cuales han venido descargando sus aguas contaminadas sobre el mismo.
2. Se pretendía utilizar el dren a fin de desahogar las aguas de la presa Cacaloapan, que almacenaría el agua proveniente de la presa Valsequillo, para el aprovechamiento de ésta y favorecer la agricultura de la zona.
3. La longitud del dren de Tehuacán alcanza 29 kilómetros, que son contaminados por las crecientes empresas que se encuentran en los alrededores de ocho localidades, siendo 531 (quinientos treinta y un) litros por segundo, los que se descargan de agua contaminada. Por cada minuto se contaminan 31 mil 860 (treinta y un mil ochocientos sesenta) litros.
4. El dren, por ser una cuenca hidrológica, se denomina como un cuerpo de agua federal, por lo que se encuentra bajo supervisión y administración de la Comisión Nacional del Agua. Así, ese organismo desconcentrado es responsable de otorgar y revocar permisos sobre el dren.
Consideraciones
Es evidente que lo señalado en los párrafos que anteceden, agravia a la población que vive en toda esa zona, debido a que la contaminación del agua va en aumento, descuidándose principalmente la salud pública.
Las denuncias ciudadanas han ido en aumento desde hace varios años, pues los problemas principales que generan esas descargas indiscriminadas son contaminación ambiental, sociales y de salud pública, que afectan la zona agrícola.
En cuanto a salud pública, existen brotes de enfermedades por infecciones y en vías respiratorias y alergias, pues los malos olores que se desprenden de ahí se han vuelto insoportables para los habitantes de la zona mencionada.
De igual manera, hay contaminación por filtración al subsuelo o mantos freáticos, así como de contaminación por cloración del dren.
El origen de las descargas hacia el dren principalmente son de granjas porcícolas y avícolas, lavanderías, aguas contaminadas con colorantes artificiales, productos químicos, como son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio provenientes de industrias y laboratorios, descargas de aguas negras municipales, rastros, clínicas y demás giros comerciales, así como de casas habitación.
Se hace necesario instaurar las mejoras necesarias para que los ciudadanos de la región cuenten con un sistema de salud y una mejor calidad de vida.
El compromiso debe ser vigilar el manejo de cuencas, el uso eficiente del agua para beneficio de la agricultura, el tratamiento eficiente de aguas residuales y combatiendo la contaminación de nuestros drenes, con el fin de lograr el bien común para todas las familias de la región.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis que se efectué de la situación actual del dren de Tehuacán, determinen una partida específica a fin de llevar a cabo las obras necesarias para el revestimiento de dicho dren.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, mediante la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de ella, instaure las políticas necesarias para la verificación de los permisionarios y de la situación actual del dren de Tehuacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO
QUE REALICE LA REVISIÓN INTEGRAL DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
APLICADAS EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG
LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El consumo energético es una de las variables internacionalmente reconocidas como indicadores del nivel de bienestar de un país. El consumo de energía eléctrica en particular muestra el acceso a ciertos satisfactores que proporcionan un mayor confort a la vida cotidiana. La plena inserción social no se reduce al consumo que permite garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que cada vez está más asociada con los llamados satisfactores inmateriales que, como en el caso de la electricidad, son indispensables para acceder a la educación y la cultura.
Esto es precisamente lo que da sentido a los objetivos que llevaron a la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937, a la nacionalización del sector eléctrico en 1960 y a la incorporación de Luz y Fuerza del Centro como empresa pública en 1994:
Que el aparato productivo disponga de un abasto de electricidad continuo, estable y a precios competitivos para aumentar su productividad y por ese medio alentar el máximo desarrollo económico;
Que la nación controle ese proceso y los recursos utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica se traduzcan en beneficios para toda la sociedad y no sólo para unos cuantos.
Como atestiguamos todos en la pasada campaña electoral, una de las preocupaciones recurrentes de la población y que fue recogida desde el primer momento por el candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, fue precisamente el nivel y estructura de las tarifas eléctricas. Si al inicio el resto de los candidatos no retomó el problema o incluso hizo mofa del mismo, al final tuvieron que recogerlo como súbita bandera de campaña.
Ahora bien, la estructura tarifaria era y siguió siendo compleja después del decreto en cuestión:
Hay tarifas de verano y de invierno.
En las tarifas de verano el tamaño de los bloques crece con la temperatura media de la localidad.
Hay una tarifa especial para altos consumos, con diferencias regionales. Esto hace que el precio final de la electricidad que paga un usuario dependa de dos factores: la tarifa, que se define en función del clima de la localidad en que vive; y su nivel de consumo, que responde al equipamiento y su uso.
Como lo hemos planteado en nuestra agenda legislativa, las tarifas deben ser equitativas y sustentadas en criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales; agregando una asignación debidamente ponderada del costo de depreciación. Asimismo, se debe reafirmar el compromiso estatal de apoyar a las regiones y los sectores que realmente lo necesitan, con subsidios suficientes, claros y transparentes. Dichos subsidios deben provenir del fisco y no gravar las finanzas de las empresas públicas. Los subsidios cruzados entre sectores de consumidores deben desaparecer. El monto y destino de los subsidios deben ser determinados, revisados y evaluados periódicamente por el Congreso.
Además, es indispensable tener una visión de conjunto del sector energético ya que, por ejemplo, la compra de hidrocarburos, tiene una participación del orden del 50 por ciento en la estructura de costos del servicio eléctrico. De ahí que una disminución en los precios de transferencia entre los organismos públicos del sector, incidiría en una reducción significativa de las tarifas eléctricas. Dentro de los procesos inherentes al sector, debe ponerse atención en la calidad y eficiencia de la comercialización, que para el servicio doméstico representa el 20 por ciento de sus costos. Esto significa que se tiene una ventana de oportunidad para modernizarlo, lo que redundaría en menores costos, así como en el mejoramiento de la calidad del servicio prestado a los usuarios domésticos.
A partir de todo lo expuesto someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo con la participación de las secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía para efectuar una revisión y reestructuración integral y equitativa de las tarifas eléctricas, tomando en cuenta los criterios señalados en los considerandos.
Diputado Moisés Dagdug Lützow (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER LAS RESPONSABILIDADES
Y EL ORIGEN DE LA TRAGEDIA DE LA MINA DE CARBÓN DE PASTA DE CONCHOS,
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES
LABORALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS TRABAJADORES MINEROS, ANTES Y
DESPUÉS DE ESOS HECHOS, A CARGO DEL DIPUTADO YERICO ABRAMO MASSO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Vengo a esta tribuna con el ánimo y con el firme propósito para proponer que, de manera inmediata, retomemos la estafeta y se continúe la investigación de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, de la región carbonífera de Coahuila.
El 28 de febrero de 2006 fue aprobada por el Pleno de la LIX Legislatura la creación de un grupo de trabajo de diputados integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para conocer e investigar sobre las condiciones laborales y de seguridad e higiene de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, proposición que fue aprobada por mayoría.
El grupo de trabajo presentó sus conclusiones al Pleno de esta soberanía, las que contienen dos puntos básicos que deben ser tomados como la base para continuar la tarea:
2. En razón de lo anterior, tampoco está en posibilidad de efectuar el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Debemos agregar a las mujeres, hijos e hijas, a los jóvenes y a los viejos que perdieron en esa tragedia a 65 familiares y que hoy reclaman justicia, justicia que debe ser garantizada para que se conozca por qué murieron, se deslinden las responsabilidades y se aplique el castigo a los culpables.
No podemos condenarlos al olvido, como sucede en muchos casos desgraciadamente. En el olvido con sus rencores, sus frustraciones y sus demandas, las cuales serán siempre una parte de la labor de esta soberanía, ya que somos los únicos a quienes han recurrido para depositar sus esperanzas.
Existen culpables, tanto de parte de la empresa como de los funcionarios de la administración federal responsables, pero esto debe ser el resultado de una investigación exhaustiva a la cual debemos comprometer toda nuestra fuerza, como uno de los poderes de la república, y que, inmersos en el compromiso con la sociedad, nos debemos a los asuntos que esta demanda, asuntos que forman parte de los grandes retos a que nos enfrentaremos durante esta legislatura.
Debemos tener el tiempo suficiente, la tecnología necesaria y, sobre todo, la voluntad de hacerlo. Por ellos, por los mineros marginados de los beneficios que ellos generan, debemos atender de inmediato este reto al cual nos obligan los acontecimientos.
Como diputado federal del estado de Coahuila, y estoy seguro de que todos ustedes, me he comprometido con ir hasta el fondo para obtener la información y el conocimiento de los hechos ahí sucedidos. Las malas condiciones en que laboraban, la falta de vigilancia de las condiciones de seguridad por quien es responsable y la negligencia cometida son elementos que están a la vista, por lo que debemos atender e investigar los hechos.
Por todo lo anterior, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial de investigación para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, así como las condiciones laborales y de seguridad e higiene de los trabajadores mineros, antes y después de estos hechos.
La comisión especial estará integrada por los diputados de los distintos grupos parlamentarios representados en esta soberanía, con el número proporcional a dicha representación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La comisión especial presentará un informe, así como las recomendaciones que se desprenden de aquél, al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.
Palacio de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.
Diputado Yerico Abramo Masso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA Y A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE PUEBLA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA
LOS ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL CERRO DE NECAXATÉPETL,
A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTINO SOTO RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Faustino Soto Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al conocimiento de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado seis de septiembre en el municipio de Juan Galindo, estado de Puebla se registró el deslave del cerro de Necaxatepetl que provocó trágicos y lamentables hechos dejando incomunicada a la población, y desaparición de cuerpos de personas bajo el lodo y diversos daños en bienes materiales.
Ante los hechos, la autoridad municipal y del estado han externado que fue un desastre natural debido a las constantes precipitaciones fluviales en la zona, sin embargo hay quienes afirman que la responsable fue la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) pues el director operativo del Sistema Estatal de Protección Civil, Miguel Ángel Martínez, quien ha declarado en distintos medios de comunicación que el cerro se derrumbó por las erradas excavaciones que efectuó ICA, ya que la empresa tiene a su cargo la construcción de la autopista México-Tuxpan, cuestionando a las autoridades federales haber concedido el permiso de explotación en una zona de suelos inconsistentes, porosos y con alta filtración de agua. Recalcó que la zona fue mal explotada; pues debió ser de arriba hacia abajo, aquí se dio una excavación copete, es decir, de abajo hacia arriba, por eso se vino a bajo.
Asimismo, el delegado de la Profepa en Puebla, Rubén Pedro Rodríguez Torres declaró que la dependencia hizo las revisiones al inicio de la actividades en donde se le reiteró a la empresa las medidas correctivas y ambientales. en consecuencia se realizo, un emplazamiento en marzo del presente año para que la empresa cumpliera con las medidas sobre impacto ambiental, ingeniería, conservación del suelo, conservación de la vegetación y para la estabilidad de aludes en la etapa de conclusión de la actividad.
Por su parte, César Solís, José Castillo y Vicente Nolasco, investigadores del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder) visitaron la zona de desastre y establecieron que la principal causa del derrumbe fueron las obras que llevó a cabo ICA y advirtieron que los trabajos que se están realizando podría generar más desgajamientos.
El periódico digital econsulta informó que durante una entrevista con Carlos Albiker Albiker (delegado de la Semarnat en Puebla) sostuvo que es necesario investigar la tragedia a fondo, y anunció la creación de una comisión para esclarecer los hechos y manifestó que la Semarnat sólo reguló que se restituyera la vegetación destruida.
La respuesta del gobierno estatal encabezado por Mario Marín Torres ha sido crear una comisión interinstitucional integrada por la Semarnat, Profepa, el Sistema de Estatal de Protección Civil, la compañía Luz y Fuerza de Centro, para indagar las causas de la tragedia, sin embargo la respuesta inmediata del gobierno estatal y municipal no tienen que ver con la creación de una comisión, sino el compromiso real de resolver las necesidades del municipio Juan Galindo y de fincar las responsabilidades penales a quien resulte responsable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara solicita a la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Puebla, remita a esta soberanía los estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxatépetl.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta y solicita al órgano interno de control de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Puebla, inicien las investigaciones contra los servidores públicos involucrados en el otorgamiento de los permisos para la explotación del cerro de Necaxatépetl y proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda y turne a esta honorable Cámara de Diputados los resultados de las investigaciones.
Tres. Esta honorable Cámara de Diputados se manifiesta por establecer las responsabilidades legales de quien, o quienes, resulten responsables así como las sanciones y reparación de daños e indemnizaciones correspondientes que por acción u omisión existan, como efecto del desprendimiento masivo de material petro, en tan lamentable suceso.
Cuatro. Que instaladas una vez las comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados se conozca, ante la comisión o comisiones correspondientes, el dictamen de impacto ambiental de la construcción de la carretera México-Tuxpan; así como el estado que guarda actualmente el cumplimiento de las metas y objetivos de el Programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días de septiembre de 2006.
Diputado Faustino Soto Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONTINUAR LOS FESTEJOS POR EL
BICENTENARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS PATRICIA VILLANUEVA ABRAJÁN Y JORGE TOLEDO LUIS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben licenciada Patricia Villanueva Abraján e ingeniero Jorge Toledo Luis, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el inciso f) del artículo 23 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se constituye la comisión especial para la continuación de los festejos por el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes:
Antecedentes
1. Nuestra nacionalidad ha sido conformada con el esfuerzo, sacrificio y la sangre de nuestros mejores hombres; los nombres sobran porque grande es la lista de valerosos combatientes, que con sus acciones sustentadas en la razón y el derecho forjaron una nación libre y soberana; el 21 de marzo de 2006, se cumplió el Bicentenario del Natalicio de uno de estos grandes hombres; que por su defensa de la legalidad constitucional, su calidad de reformador y pacificador de la republica, fue llamado en Colombia y Republica Dominicana, Benemérito de las Américas, e instituyó para la posteridad su apotegma "Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
La grandeza de don Benito Juárez García se expresa también en su dimensión humana, personal, familiar y social, mediante el pensamiento y acciones constantes, congruentes con valores y principios de validez universal.
2. En esa tesitura y con la finalidad de generar un espacio de concertación, vinculación, intercambio y dialogo permanente entre la legislatura federal y las diversas legislaturas locales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, representantes juaristas de los diferentes estados de la republica mexicana, sociedades civiles, público en general y escuelas públicas; en sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura conoció y aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, y se instaló formalmente el 29 de junio de ese año.
Así también, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2005, el honorable Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se declaró el 2006, año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año.
Consideraciones
I. Sin duda es substancial para la viabilidad del país fomentar en los educandos y en toda la población el amor a la patria, a través del recuerdo y la celebración de los héroes nacionales, quienes, como don Benito Juárez García, han forjado nuestra nación.
Por ello y a fin de impulsar los principios juaristas, es necesario continuar hasta el mes de marzo de 2007, con la programación, aprobación, instrumentación, operación y evaluación de todos aquellos proyectos y actividades de carácter cívico, institucional, social, cultural, artístico, deportivo y recreativo, que han quedado pendientes en la anterior legislatura y que entre otros son; la construcción de una lámpara votiva en el Hemiciclo a Juárez que se ubica en la Alameda Central del Distrito Federal, la publicación del resumen del libro una Luz de San Pablo Guelatao, la presentación del libro Juárez y la Educación, editado por el Instituto Politécnico Nacional, conferencias magistrales y develación de placas conmemorativas en la república mexicana.
II. En virtud de que faltan 3 meses y 9 días para que termine el año de 2006 y con la finalidad de concluir los trabajos pendientes antes mencionados, solicitamos se someta a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la continuación de los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García; con el objeto de que esta, organice, impulse y de seguimiento a los trabajos pendientes en honor de aquel prócer, dentro del territorio nacional e internacional, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo Federal.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por un diputado de cada grupo parlamentario de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Tercero. La Comisión Especial tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2007.
Cuarto. La Comisión Especial asumirá las siguientes funciones:
B) Apoyar a las comisiones y representantes juaristas de las entidades federativas y demás organizaciones que se hayan constituido para el mismo objeto de la comisión especial, contribuyendo en el desarrollo, coordinación e implantación de los proyectos de la correspondiente agenda de trabajo.
C) Dar seguimiento a los asuntos pendientes de ejecución de la comisión, elaborando un programa de trabajo que se desarrollará en el tiempo de su vigencia.
San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Patricia Villanueva Abraján,
Jorge Toledo Luis (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO
DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROBERTO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, originario de Guelatao de Juárez, Oaxaca -tierra del Benemérito de las Américas-, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 inciso f), 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La figura de don Benito Juárez García, representa para los mexicanos un paradigma humano, familiar, político y social, por su grandeza de pensamiento y obra congruentes y fundados en valores y principios de validez universal, por lo que resulta de la mayor importancia mantener vivas tanto su memoria como la vigencia de sus principios y su ejemplo.
2. Don Benito Juárez García, quien fuera un hombre excepcional, generoso de principio a fin, defensor incansable de la soberanía nacional, hombre entregado a las causas superiores de México, del restaurador de la República, los mexicanos tenemos el deber de recordar y recuperar el ejemplo de don Benito Juárez y fortalecer las instituciones que hicieron posible la formación del Estado nacional.
3. Que por su defensa de la legalidad constitucional y su calidad de reformador y pacificador de la República, fue llamado, incluso en Colombia y República Dominicana, Benemérito de las Américas e instaurado para la posteridad su apotegma "Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre lo individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
4. La historia nos demanda traer al siglo XXI el pensamiento y el ejemplo del impulsor de las leyes de reforma, las que consolidaron al poder civil frente a los poderes de facto, las que marcaron la separación del Estado y del clero, las que instauraron las libertades públicas y establecieron el respeto a los distintos credos y que son parte fundamental del proceso social de nuestra República independiente, libre y soberana.
5. Que ayer, hoy y siempre ha sido y será determinante para la viabilidad del país fomentar en los educandos y en toda la población el amor a la patria, a través del recuerdo y la celebración de los héroes nacionales, quienes, como Juárez, han forjado nuestra nación.
Considerando
Que en sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura conoció y aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de constituir una Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, misma que fue aprobada en forma unánime.
Instalándose formalmente el 29 de junio del 2004, integrada por un diputado de cada grupo parlamentario con una presidencia rotativa, para que desde el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal participe en todas las actividades conmemorativas de los festejos.
Esa comisión estableciendo un espacio de concertación, vinculación, intercambio y diálogo permanente entre las diversas comisiones, del Senado de la República, asamblea del Distrito Federal, representantes juaristas de los diferentes estados de la República, sociedades civiles, público en general, organizaciones de las grandes logias masónicas, así como escuelas públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, coadyuvando en el desarrollo e implementación de los proyectos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2006.
Dentro de su programa de trabajo destacaron el punto de acuerdo para la emisión de un timbre postal, la reasignación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de Benito Juárez, el decreto de la moneda conmemorativa del bicentenario, así como también las emisiones de billetes de lotería nacional conmemorativos al bicentenario, ciclos de conferencias magistrales, develaciones de placas conmemorativas, presentaciones del libros, etcétera.
Promovió y realizo la planeación, programación, aprobación, instrumentación, operación y evaluación de todos aquellos proyectos y actividades de carácter cívico, institucional, social, cultural y recreativo, a fin de impulsar los principios juaristas.
En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2005, el honorable Congreso del la unión aprobó el decreto por el que se declare "2006, año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García", y publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 29 de diciembre de 2005.
En tal virtud, esa comisión dejó asuntos pendientes de resolver, como:
La aprobación del punto de acuerdo para la emisión de un timbre postal conmemorativo del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, el 23 de noviembre de 2004.
La construcción de una lámpara votiva en el hemiciclo a Juárez de la alameda central del Distrito Federal.
La aprobación del punto de acuerdo para la ratificación oficial para asignar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de Benito Juárez.
Que esta honorable Cámara de diputados de la LX Legislatura declare el decenio juarista (enmarcado en el decenio de los pueblos indígenas).
La publicación del resumen del libro Una luz de San Pablo Guelatao.
La presentación del libro Juárez y la educación.
Conferencias magistrales, en el marco de los doscientos años del natalicio de don Benito Juárez García.
Develación de placas conmemorativas en la República Mexicana.
Restauración de bustos y monumentos.
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se crea la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LX Legislatura, con las facultades de organizar, impulsar y dar seguimiento a los trabajos pendientes de realizar en honor de este prócer dentro del territorio nacional e internacional, desde en el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal.
Artículo Segundo. La Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez estará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario que integran LX Legislatura del honorable Congreso de la unión y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, con las siguientes funciones:
b) Apoyar a las comisiones y representantes juaristas de las entidades federativas y demás organizaciones que se hayan constituido para la conmemoración del bicentenario, coadyuvando en el desarrollo, coordinación e implementación de los proyectos de su respectiva agenda de trabajo, hasta el 31 de diciembre de 2006.
c) Dar seguimiento a los asuntos pendientes de ejecución de la comisión, así como elaborar un programa de trabajo hasta el 31 de diciembre con fechas, lugares y participantes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Carlos Roberto Martínez Martínez,
Daisy Selene Hernández Gaytán, Daniel Dehesa Mora, Carlos
Altamirano Toledo, Othón Cuevas Córdova, Joaquín Conrado
de los Santos Molina, Benjamín Hernández Silva.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INTERVENIR
ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SEAN LIBERADOS Y ENTREGADOS A TODOS
LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL PAÍS LOS APOYOS AL INGRESO
OBJETIVO A LA COMPETITIVIDAD Y A LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA CORRESPONDIENTES
AL CICLO OTOÑO-INVIERNO 2005-2006 Y SE CONVOQUE A CREAR UNA COMISIÓN
ESPECIAL QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL, DÉ
SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MANUEL
PATRÓN MONTALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Jesús Manuel Patrón Montalvo, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Derivado de la apertura comercial agrícola, a partir de 1990 el gobierno federal fue retirando gradualmente su intervención en el proceso de producción, comercialización y determinación de precios de los cultivos agrícolas.
Esta situación, llevó a la implementación de un esquema de compensaciones de precios a los productos agrícolas, a través de pagos directos con programas de apoyos a la comercialización. El esquema en comento ha venido beneficiando a productores de maíz, sorgo y trigo.
Los apoyos en referencia, tanto al ingreso objetivo como a la competitividad y a la productividad, se canalizaban en principio a los productores a través de los compradores. Sin embargo, el procedimiento se canceló a partir del año 2000 y se optó por otro mecanismo, operado de manera directa en ventanillas dependientes del gobierno federal.
La modificación en el esquema que operaba desde el primer momento de su implementación ha generado que los apoyos en referencia no sean asignados de manera oportuna.
Manifestado lo anterior, hago referencia en lo particular al caso de nuestra entidad federativa, Sinaloa, donde un importante porcentaje de productores del recientemente concluido ciclo agrícola otoño-invierno no han recibido en su totalidad los apoyos que se precisan.
Me permito citar que al pasado día 12 del mes en curso, el órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) ha radicado y cubierto el pago por concepto de ingreso objetivo a un 85 por ciento de los productores de maíz. Para el efecto, se considera un apoyo de 350 pesos por tonelada.
Para el caso de los apoyos por concepto de pérdida de competitividad, que consideran 400 pesos por hectárea de maíz y que se cubren a través de transferencia de partidas que realiza la Sagarpa con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha se ha cubierto el pago a un 77 por ciento de los productores agrícolas Sinaloenses.
Por lo que toca a la productividad, el gobierno del estado de Sinaloa con apoyo del gobierno federal decidió otorgar un estímulo adicional de 50 pesos por tonelada de maíz. El convenio correspondiente fue firmado ya y sólo se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público radique los recursos correspondientes.
Aunado a lo anterior, hay reportes que indican además que los tres apoyos han sido entregados a los productores en fechas diferidas. Esto no sólo les acarrea pérdidas de tiempo, sino también que los productores se vean presionados por los bancos para que cubran oportunamente los pagos de los créditos de avíos que les otorgaron en el ciclo agrícola que concluyó, sin dejar de tomar en cuenta también la presión a que son sometidos para cubrir adeudos con proveedores de insumos.
Esta situación ha sido recurrente al término de los ciclos agrícolas de los últimos años. Por ello, no resulta extraño que a causa de este penoso asunto y como una medida que busca presionar a las autoridades, los productores en su lucha opten por tomar casetas de peaje de carreteras federales. Inconformes, y con razón, porque a pesar de haber entregado a tiempo sus cosechas, no se les cubre el pago de los apoyos por los conceptos referidos.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo de urgente resolución
Primero. Que la presente legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Mesa Directiva, intervenga ante el gobierno federal a efecto de exigir que a con la mayor brevedad sean liberados y entregados a la totalidad de los productores agrícolas de todo el país los apoyos al ingreso objetivo, a la competitividad y a la productividad agrícola que corresponden al ciclo otoño-invierno 2005-2006.
Segundo. Que la presente legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las instancias correspondientes, convoque a la creación de una comisión especial que de manera coordinada con el gobierno federal de seguimiento a la proposición en comento, para efectos de su cumplimiento cabal y que en los ciclos agrícolas posteriores se garantice el pago pronto y único de los apoyos al ingreso objetivo, a la competitividad y a la productividad agrícola.
México, DF, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORMAR UNA COMISIÓN INTERSECRETARIAL
PARA REESTRUCTURAR LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL GAS NATURAL, DEL GAS LICUADO
Y DE LAS GASOLINAS, A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que es urgente abrir un debate sobre el marco general para fijar los precios de los combustibles. Este debate nacional debe estar inserto en el diseño, la aprobación y el impulso de una política energética nacional, integral y de largo aliento, que permita la superación de los procesos viciosos en los que ha caído nuestra industria energética, profundice sus aspectos virtuosos y abra una nueva fase que siente las bases para garantizar la soberanía energética y permita el incremento del bienestar de personas y familias en México.
Décadas de políticas neoliberales han traído como consecuencia el agotamiento del patrimonio petrolero del país y el abandono de la inversión pública en las actividades de transformación de las cadenas productivas petroleras. Hoy existen muchos asuntos delicados que generan gran preocupación social. Entre ellos el precio del gas natural y el del gas licuado, así como la insuficiencia de la producción nacional de gasolinas. Estos tres ejemplos, con repercusiones significativas en las economías domésticas, ponen de manifiesto la complejidad de una realidad que exige ser abordada con renovada visión y perspectiva.
Como lo señalamos a lo largo de la campaña presidencial, el sector energético nacional puede y debe ser la base material para establecer un régimen de acumulación y un modelo alternativos de desarrollo en México. Para ello se requiere de una adecuada y activa política sectorial encaminada a poner fin a los contrastes actuales en cuanto a grado y tipo de desarrollo, así como a definir una nueva forma de inserción del sector energético nacional en el mercado mundial.
En efecto, el problema fundamental en torno a la fijación del precio del gas tiene que ver con la forma en que se ha manejado la articulación de la economía nacional con el mercado internacional.
Esta forma de articulación, que se refleja en el Reglamento de Gas Natural, ha resultado nociva tanto para los consumidores como para la industria nacional. Dicho reglamento establece que para la fijación del precio se deben considerar "los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta".
Ahora bien, en la práctica, el algoritmo empleado para la determinación del precio da un peso excesivo al valor del gas en el mercado texano. Obviamente no se trata de una mera paradoja aritmética, sino que refleja la voluntad de atraer capitales extranjeros pues de esta manera las trasnacionales, que aprovechan en nuestro país la apertura al sector privado del almacenamiento, transporte y distribución de gas, obtienen en nuestro mercado doméstico ganancias similares a las obtenidas a nivel internacional, con plena independencia de la paridad del poder adquisitivo.
De su lado, debido a su asfixiante régimen fiscal y al mecanismo legal de precios de transferencia, Petróleos Mexicanos no obtiene, ni de lejos, los beneficios de las empresas privadas.
En el caso de la gasolina, no soslayamos el hecho de que su precio no puede dejar de reflejar que somos un país petrolero, pero que por falta de inversión importa un porcentaje creciente de la gasolina que consume. De manera que la determinación del precio de la gasolina es algo que por su complejidad -en tanto el transporte por tierra es un sector de fuertes y amplios impactos en el desenvolvimiento general de la economía- debe hacerse de manera transparente, flexible y con la participación de los sectores involucrados.
También, sin menoscabo de las consideraciones anteriores, se debe evitar que el precio de las gasolinas lesione directa o indirectamente (por la vía de la inflación) la economía de las familias menos favorecidas por el modelo económico que impera en nuestro país.
Hacer uso pleno de nuestras facultades en la materia, sin duda que sería un avance que rebasaría por la izquierda y por lo mismo, en favor de millones de familias mexicanas, a los últimos guardianes del templo neoliberal y a la cofradía de adoradores del costo de oportunidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya la conformación de una comisión intersecretarial con objeto de reestructurar los precios al consumidor del gas natural, el gas licuado y las gasolinas, buscando conciliar las preocupaciones fiscales del Estado, la salud financiera de Petróleos Mexicanos y la protección de las economías familiares.
Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, en tanto la comisión intersecretarial cumple su objetivo, se congelen en términos reales los precios al consumidor de los combustibles señalados.
Diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE GANADERÍA, A CARGO DEL DIPUTADO
SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política; 55, 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Salvador Barajas del Toro integrante del grupo parlamentario del PRI, somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Exposición de Motivos
En México existen las condiciones naturales para que en su territorio se efectúe la cría de ganado, en particular del bovino, ovino, equino, porcino, caprino y de aves. La nación cuenta con 110 millones de hectáreas de tierras de pastoreo en toda la República Mexicana, donde se puede realizar esta actividad.
Hay dos campos en los que la actividad ganadera juega un papel de suma importancia, como es el campo económico y el de salud pública.
En el ámbito económico es importante señalar las cifras que se han obtenido en esta importante actividad, las cuales podemos mencionar la de la producción del ganado total del año pasado la cual fue de 5 millones 79 mil 560 toneladas, lo que demuestra que la producción ha sido incrementada en aproximadamente en dos por ciento sobre la producción de 2004, siendo de 4 millones 974 mil 230 toneladas de las especies de ganado bovino, porcino ovino, caprino y ave, según la fuente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Por esa razón hoy, más que nunca los gobernantes, los representantes de este sector agrupados en diversas organizaciones y la sociedad en general debemos seguir impulsando esta actividad para que el crecimiento sea mayor, tomando en cuenta que se tuvo un promedio de consumo per capita de 60.2 kilogramos en 2005.
Por otro lado tenemos la cifra poco alentadora del 27.8 por ciento en la estructura de la actividad agropecuaria el cuales la del 3.4 por ciento en el Producto interno Bruto con relación al primer trimestre del año en curso, lo cual indica que ha existido un rezago constante en este sector, en razón de que esta cifra no ha variado considerablemente desde ya hace más de 15 años, por lo que resulta impostergable el impulso de políticas públicas que permitan el incremento de la productividad en esta actividad, para que con ello la actividad ganadera crezca y se refleje con un porcentaje más elevado en la aportación del sector agropecuario.
La actividad pecuaria en México constituye un sector productivo de suma importancia para México, en virtud de que la actividad ganadera sostiene de manera directa a un millón y medio de familias rurales y es un pilar fundamental para la seguridad alimenticia de la nación. Es evidente que el sector ganadero es fundamental para el desarrollo integral del país. La carne, la piel, la leche y sus derivados son esenciales en nuestra alimentación y, sobre todo, para el desarrollo sano de nuestros hijos.
Así, tan importante es que el gobierno federal ha implementado programas encausados a alentar la productividad avícola y ganadera, financiados con la asignación de recursos públicos como es el caso del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera o Progan, el de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo, y el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Dichos programas responden a la necesidad de seguir trabajando en beneficio del desarrollo de este sector, por ende los diputados como representantes del pueblo de México debemos apoyar y vigilar que estos mandatos se realicen y obtengan las metas propuestas.
Por ello es menester conocer cómo se han aplicado los recursos durante este año y si han sido suficientes o no; así como saber si continuarán bajo los mismos criterios y reglas de operación durante la nueva administración que comienza sus funciones en diciembre próximo.
Al mismo tiempo, se hace necesario hacer una planificación del uso de la tierra, su potencial actual, y futuro utilizando instrumentos como sistemas geográficos, lo cual implica la conservación de los recursos bióticos o abióticos, así como considerar la calidad de los productos e inocuidad de los productos.
En la pasada legislatura la gestión de la Comisión Especial de Ganadería cumplió en buena medida con sus encomiendas, sin embargo queda por ahí un asunto de suma importancia, como es el caso de la Ley Federal de Sanidad Animal y, en efecto, hace pocos meses el Senado de la República remitió a esta Cámara una minuta con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Sanidad Animal, lo que indica la importancia del tema ganadero en la agenda legislativa, ya que esta ley regula, entre otras cosas, las medidas que deben adoptar las personas y autoridades que pertenecen a este sector para realizar tal actividad, lo que supone un tema de seguridad nacional.
Por lo anterior, uno de los principales compromisos de esta comisión especial será revisar detalladamente este nuevo proyecto de ley, con la finalidad de expedir una ley que corresponda a las necesidades sanitarias para el óptimo desarrollo de dicha actividad y garantizar la sanidad del ganado así como la seguridad alimenticia en México.
Debemos mencionar la existencia de otros rubros dentro del sector ganadero que deben ser atendidos en virtud de que revisten una importancia especial, pues aportan de manera trascendental elementos para que la actividad ganadera se desarrolle de manera más eficaz. Estos rubros los podemos encontrar en el área de las ciencias pecuarias, que tienen como líneas de investigación los forrajes, salud animal y biotecnología, mejoramiento genético y reproducción, que sirven como base en la conservación de los recursos naturales y de los sistemas agropecuarios.
De igual manera, debemos estar conscientes de que la globalización trae como consecuencia la necesidad de crear y transferir sistemas de producción agropecuarios eficientes, competitivos, rentables, amigables con los componentes del medio ambiente y que hagan un uso estratégico de la biodiversidad, ya sea a nivel de especie, razas o poblaciones y de los recursos naturales, todos ellos basados en el uso de la información oportuna de mercados e instituciones de investigación, por lo que con la creación de la Comisión Especial de Ganadería este órgano legislativo buscará el acercamiento estrecho para que los científicos puedan participar en la elaboración de leyes, como es el caso de la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, así como en los pronunciamientos y recomendaciones de esta Cámara hacia instituciones públicas y privadas en temas referentes a la actividad ganadera.
Para el cumplimiento del objetivo planteado, que no es otro que dar oportuno seguimiento a las actividades y trabajos realizados por la Comisión Especial de Ganadería de la pasada legislatura, así como revisar la nueva Ley Federal de Sanidad Animal remitida por el Senado, esta comisión podrá solicitar la información que estime pertinente; así como poder reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, como son la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las demás instituciones vinculadas a este sector, así como con las autoridades estatales y municipales responsables y organizaciones civiles, para tener mayor efectividad en la realización del citado objetivo.
En el ámbito sanitario, así como en el económico, se puede adicionar la competencia desleal en la importación de cárnicos, que se ve agravada por el uso de sustancias que pueden dañar el medio, problema que va en aumento por la falta de eficacia en la Ley Federal de Sanidad Animal vigente y en la verificación y vigilancia de los cárnicos introducidos al país, situación zoosanitaria alarmante, en razón de que en el mercado mundial existen riesgos de enfermedades en las especies de ganado tales como la influenza aviar, la encefalopatía espongiforme bovina, conocida como "mal de las vacas locas", la fiebre porcina clásica y la fiebre aftosa, entre muchas más.
Con base en lo anterior se propone de manera urgente la necesidad de que se continúe con la comisión especial de ganadería de manera que atienda los asuntos del sector donde la prioridad debería ser favorecer a los ganaderos mexicanos, así como proteger la sanidad y la seguridad alimenticia de los mexicanos.
Teniendo como antecedente en la pasada legislatura que al beneficiarse con el trabajo de una comisión especial de ganadería, lo cual produjo avances en los asuntos relativos al sector ganadero.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General propongo a esta honorable soberanía, previa intervención de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que emita el siguiente
Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados a los programas de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; asimismo, que realice una mesurada revisión a la minuta del Senado de la República que crea la nueva Ley Federal de Sanidad Animal.
Segundo. La comisión especial materia de este acuerdo se integrará con 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.
Tercero. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.
Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE ESTADO QUE INTERVIENEN EN LOS CONSEJOS
DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE PEMEX-REFINACIÓN
A ANALIZAR Y REVALORAR LA DEMANDA DE JUICIO DE AMPARO QUE DICHO ORGANISMO
INTERPUSO CONTRA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA RECIENTEMENTE PUBLICADA
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS, A CARGO DEL DIPUTADO
ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El pasado 1 de junio del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual entró en vigor a los 30 días naturales posteriores a su publicación.
2. El ordenamiento de referencia fue producto de un largo proceso legislativo que tuvo una duración de casi cinco años. El 12 de diciembre de 2002 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente, enviándose como minuta al Senado de la República, que la aprobó un año después, y en virtud de que diversos artículos fueron reformados y adicionados, se devolvió a la Cámara de origen.
3. No fue sino hasta el pasado 25 de abril de 2006 que la Cámara de Diputados aprobó por 363 votos el dictamen con proyecto de Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el cual fue devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
4. El 27 de abril del año en curso, la Cámara revisora aprobó por 82 votos el dictamen a la minuta enviada, por lo que se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Considerandos
Primero. Entre las Consideraciones formuladas por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados se expresa lo siguiente:
b) La ley deberá dar respuesta a la problemática que enfrenta la marina mercante mexicana, ya que la gran mayoría de los permisos temporales de navegación de cabotaje son otorgados a un pequeño grupo de empresas navieras con bandera extranjera que generalmente son pabellones de conveniencia, y cuya actividad no reporta generalmente ingresos fiscales a nuestro país.
c) Uno de los propósitos fundamentales de la ley es delimitar el tiempo durante el cual las embarcaciones extranjeras podrán realizar navegación de cabotaje en nuestro país, cuidando que ello no genere desabasto para las actividades que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex).
d) Las embarcaciones con bandera de conveniencia entran, dejando sin posibilidades de competir a las empresas mexicanas, las cuales tienen la obligación de cumplir con la normatividad fiscal y laboral, lo que implica que sus costos se eleven por encima de los que manejan las embarcaciones mencionadas. Debido a los bajos costos y precios de aquéllas es que las mismas logran obtener o ganar las licitaciones que realizan las dependencias públicas mexicanas, obteniendo la mayoría de los contratos y quitándole la posibilidad de desarrollo a la marina mercante nacional. Lo expuesto es la razón por la cual se da un paso para apoyar y fomentar su desarrollo, al establecerse que el precio no será el factor determinante en los procedimientos de licitación que realice el gobierno federal a través de sus dependencias en este sector.
El citado artículo 40 también establece la prelación para el caso de que no existan embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de condiciones técnicas o bien cuando impere una causa de interés público:
II. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo cualquier contrato de fletamento.
Tercero. En la gran mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, las tareas de cabotaje están reservadas para sus nacionales, al ubicarse el sector como estratégico y de seguridad nacional.
De acuerdo con información publicada en la prensa escrita, la Jones Act en Estados Unidos, por ejemplo, no sólo exige que la navegación interna la realicen buques de su propia bandera, sino que la construcción de éstos se haya realizado en astilleros nacionales y naveguen con marinos nacionales; en la Unión Europea sólo se permite realizar tareas de cabotaje a los barcos de sus estados miembros; la Ley de Navegación brasileña acota la posibilidad a embarcaciones nacionales de empresas nacionales; Grecia hace lo propio en base a su decreto 187/32.
Cuarto. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establece que Pemex es un organismo descentralizado de la administración pública federal. Su artículo 6o. dispone que el Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno.
Quinto. En el proceso legislativo que siguió la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el Ejecutivo federal estuvo pendiente, como debe estar de cualquier proyecto que se discuta en el Congreso de la Unión, máxime que se trata de una actividad estratégica para el desarrollo del país. La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, dio seguimiento y resulta obvio que participó de su evolución a las dependencias y organismos involucrados. Es decir, Pemex, que también tiene un área de enlace con el Congreso, estuvo al tanto de los objetivos y disposiciones del nuevo ordenamiento.
Sexto. De acuerdo con información dada a conocer en días recientes, Pemex y su subsidiaria Pemex-Refinación, presentaron juicio de amparo en contra de la recién publicada Ley de Navegación y Comercio Marítimos, curiosamente sobre los artículos 40, 41 y 42 que son los dispositivos que persiguen activar la marina mercante mexicana que ha sufrido la competencia desleal de navieros extranjeros con embarcaciones extranjeras. El Congreso y el Presidente de la República aparecen como autoridades responsables.
Lo anterior resulta no sólo ilógico, ya que se desdeña el trabajo legislativo desarrollado durante cinco años, sino que también resulta contradictorio, toda vez que el Ejecutivo federal no realizó observaciones al proyecto, total o parcialmente, como lo prevé el artículo 72 constitucional. Ahora tenemos que un organismo auxiliar del Ejecutivo realiza un acto en contra del titular de la administración pública a la cual pertenece.
Cabe preguntarse: ¿qué tipo de relaciones de subordinación y coordinación se dan en el sector público?, ¿qué intereses pueden estar presentes para que Pemex se oponga a la aplicación de una ley cuyo objetivo es la activación de este importante sector nacional y su generación de empleos para los marinos mercantes mexicanos?, ¿por qué se enfatiza en la demanda interpuesta contra el Congreso y el Presidente el interés en los navieros extranjeros?, ¿por qué el acento, en esa demanda, de argumentar que, según Pemex, la ley del Congreso contiene "ventajas exclusivas e indebidas a favor de los navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas"?, ¿por qué la oposición a impulsar el abanderamiento de embarcaciones como mexicanas a fin de que la Secretaría de Hacienda certifique el cumplimiento de obligaciones fiscales que antes de la Ley no aplicaban a las extranjeras?
Pemex llega al grado de prácticamente acusar al Congreso, y así se dice en la demanda en contra del Poder Legislativo, de establecer un monopolio por la prelación que la ley da a los navieros mexicanos, imputación absurda. Además, confunde permiso de navegación con licitación; invoca la libertad de comercio como puerta de entrada ilimitada a los navieros extranjeros; tergiversa las normas del artículo 28 constitucional para equiparar la nueva ley a un "acuerdo" para evitar la libre competencia, otra vez para manifestar su interés por los navieros extranjeros; afirma que el factor precio es determinante en una licitación, lo cual es falso, como un argumento con el que pretende combatir la prelación para navieros mexicanos. En suma, pareciera que estamos ante un acto de boicot contra la nueva ley y resulta claro que el Congreso debe adoptar todas las medidas legales en su órbita de competencia para sostener sus disposiciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Estado que intervienen en los Consejos de Administración de Petróleos Mexicanos y Pemex-Refinación, para que indaguen, analicen y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Segundo. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Estado que intervienen en esos órganos de gobierno, para que en concordancia con los objetivos planteados en los dictámenes de las Cámaras del Congreso federal y las disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que buscan impulsar el desarrollo de la marina mercante mexicana, se analice la conveniencia de instruir el desistimiento del juicio interpuesto.
Tercero. Se requiere a los directores generales de Petróleos Mexicanos y Pemex-Refinación, para que informen las motivaciones que sirvieron para la interposición de la demanda.
Cuarto. Se instruye al área técnico-jurídica de esta Cámara, adscrita a la Secretaría General, para que ponga especial cuidado en la formulación de los contenidos que se inserten en el informe con justificación que habrá de rendirse a la autoridad de amparo que conozca del juicio respectivo debiendo hacerlos del conocimiento de la Comisión de Transportes, una vez que ésta quede integrada en los términos de la Ley Orgánica del Congreso a fin de que dicha comisión directamente supervise el curso del proceso jurisdiccional.
Quinto. Comuníquese a la colegisladora este acuerdo para los efectos que estime pertinentes en relación al informe con justificación que habrá de rendir en virtud de la demanda interpuesta en contra del Congreso federal.
Dado en el salón de Pleno de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de septiembre de 2006.
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicito, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, para que presente el dictamen correspondiente a la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XIII al artículo 7o. y adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación; y adiciona el inciso A del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso, que el pasado 28 de marzo de 2006, el senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó, para los efectos legales correspondientes, el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 7o. y adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación; y adiciona el inciso A del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tercera. En ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó el proyecto de decreto a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
Cuarta. Es importante recalcar que el tiempo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para dictaminar los diversos asuntos en cartera, se ha excedido sobremanera, injustificada e innecesariamente.
Quinta. Existe un amplio consenso político y social para lograr en todos los niveles y grados de educación básica, una educación en sexualidad y afectividad integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle la autoestima y el respeto al propio cuerpo y a la sexualidad responsable, de acuerdo con la edad, madurez y circunstancias especiales de niñas, niños y adolescentes que la requieran para su pleno desarrollo físico, mental, cultural, psicosexual, afectiva y social.
Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:
Único. Excite a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Atención a Grupos Vulnerables y la Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, para que presenten el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 7o. y adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación; y adiciona el inciso A del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en términos del reglamento, emplazándola para un día determinado y, sí ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, solicita respetuosamente por este conducto a la Presidencia de esta Cámara que tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
Antecedentes
Uno. Con fecha 27 de abril de 2004 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Senadores, por la legisladora Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia de dicha Cámara turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.
Dos. Los senadores integrantes de dichas comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios e integrar el dictamen respectivo.
El 15 de febrero de 2005 se presentó por parte del senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se reconocen la actuación y los resultados alcanzados por la Auditoría Superior de la Federación y se exhorta a fortalecer su marco jurídico.
En febrero de 2005, una vez recibida por esta soberanía la minuta remitida por la Cámara de Senadores, la misma fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tres. Con fecha 4 de octubre de 2005, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos sometieron a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen correspondiente, que fue aprobado con un punto de acuerdo en el que se reconoce por parte del Senado la mejoría en la actuación y los resultados alcanzados por la Auditoría Superior de la Federación y se manifiesta por apoyar política, jurídica, financiera y socialmente dicha institución.
Igualmente, en el numeral segundo del punto de acuerdo, "se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, dictamine lo que corresponda respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer y reforzar el marco jurídico que regula y ordena la Auditoría Superior de la Federación en sus funciones de fiscalización superior, con el fin de evitar los obstáculos existentes en materia de transparencia y rendición de cuentas, y facilitar el cumplimiento de su responsabilidad".
Consideraciones
1. La excitativa tiene por objeto exhortar respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar la iniciativa por resultar necesario fortalecer las disposiciones legales en materia control y vigilancia del presupuesto público, con el fin de elevar la calidad, la oportunidad y la autonomía de la fiscalización superior.
2. En ese sentido, la iniciativa propone adelantar la fecha de presentación de la Cuenta Pública del año anterior, a más tardar el último día hábil de febrero y reducir el plazo para la entrega del Informe del Resultado a más tardar el 31 de octubre del año de su presentación.
Adicionalmente, propone establecer que la Cámara de Diputados, además de recibir y turnar la Cuenta Pública a la Auditoría Superior de la Federación, tenga la obligación de dictaminarla y dotará de mecanismos que faciliten la homologación de los sistemas jurídicos de fiscalización federal y locales.
Con las reformas aprobadas y turnadas a esta soberanía se otorga inmunidad relativa constitucional al titular del órgano superior de fiscalización y se fortalecerá la lucha contra la corrupción de los servidores públicos, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
3. La reforma constitucional que dio origen a la Auditoría Superior de la Federación y la actualización del marco jurídico para la fiscalización superior se han orientado a permitir la influencia de la Auditoría Superior en la mejora de la gestión gubernamental, propiciando la eficiencia y eficacia de la acción pública; mejorar las prácticas gubernamentales; se ha fomentado el servicio civil de carrera en el gobierno federal; ha contribuido al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño; ha impulsado la fiscalización de alto impacto y ha fomentado la cultura de la rendición de cuentas.
4. En Convergencia, atentos a las controversias constitucionales que ha tenido que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideramos importante que esta soberanía entre en el estudio y análisis de la minuta remitida por la Cámara de Senadores con la mayor brevedad, en virtud de que con la aprobación de la iniciativa en comento estaremos dotando a la Auditoría Superior de la Federación de las facultades indispensables, dentro de los tiempos mínimos necesarios para un mejor control y vigilancia de la gestión gubernamental.
5. Por ello, entre otras modificaciones, en la iniciativa de reforma se propone que la entidad superior de fiscalización deberá entregar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del año de su presentación.
6. Esta modificación permitirá conocer el mismo año el informe y los apartados correspondientes a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas de la federación, así como sobre el manejo de los recursos federales por parte de los estados, municipios y particulares. Igualmente, el titular de la entidad de fiscalización superior enviará a los poderes y a los entes públicos las acciones y recomendaciones que surjan de la revisión para su atención y, en su caso, se procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes.
Con todo lo anterior, la Cámara de Diputados dictaminará y votará en el Pleno la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación.
7. Es claro que la experiencia adquirida en el rubro de control y vigilancia de los recursos públicos hace patente la necesidad de introducir diversas modificaciones en las disposiciones que rigen el manejo de los recursos públicos a efecto de facilitar y hacer más eficiente y oportuna la actuación de la Auditoría Superior de la Federación y fortalecer así la rendición de cuentas en el manejo de dichos recursos.
Por lo anterior, en virtud de que ha trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que con la iniciativa en cuestión se estará dotando a la Auditoría Superior de la Federación de las facultades indispensables, dentro de los tiempos mínimos indispensables para un mejor control y vigilancia de la gestión gubernamental, consideramos oportuno que se proceda enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que emitan el dictamen respectivo con la mayor brevedad.
En mérito de lo expuesto, a usted, Presidente, atentamente pido que se sirva:
Único. En términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa que se identifica en esta excitativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE SALUD, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DAVID SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicito que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Salud para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del PRD, el día 23 de febrero de 2006, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones en nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. El pasado 23 de febrero de 2006, el diputado Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General de Salud.
Tercera. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Salud, para su dictamen correspondiente.
Cuarta. Es importante señalar que han transcurrido más de seis meses sin que las comisiones aludidas presenten el dictamen de la iniciativa en comento, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Quinta. Es de la mayor importancia avanzar en nuestra legislación para erradicar toda discriminación motivada por las preferencias de cualquier naturaleza, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales de las personas en todos sus ámbitos de desarrollo. La ampliación de los derechos civiles y sociales de las y los mexicanos, no puede estar sujeta a retrasos injustificados.
Señor presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:
Único.- Excite a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Salud para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General de Salud, en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de abril de 2005 se presentó, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 62-Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
El objetivo de la iniciativa fue adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a fin de que se encuentre en posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad de recomprar sus deudas sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de "derecho al tanto".
El 8 de diciembre de 2005 el Senado de la República aprobó una serie de modificaciones tanto a la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que coinciden ampliamente con el contenido de la iniciativa presentada por Convergencia en el mes de abril del año pasado, y que sin lugar a dudas servirán para apoyar y restaurar a muchos deudores buena parte del costo social y económico del rescate bancario.
La iniciativa aprobada por el Senado de la República establece una serie de modificaciones al marco jurídico existente que deberán permitir que se lleven a cabo las siguientes acciones por el IPAB y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
II) El instituto, en coordinación con el SAE, publicará una convocatoria donde se informe a los deudores en general de la posibilidad de adherirse al programa de recuperación contemplado en dicho ordenamiento.
III) El SAE servirá como ventanilla de gestión para la celebración de contratos de adhesión de los pequeños y medianos deudores que cumplan con las condiciones de entrada al programa y recibirá el pago respectivo por la enajenación de los créditos liquidados por los deudores que se adhieran al programa.
IV) Los deudores que se adhieran al Programa de Enajenación de Créditos Menores deberán pagar en un plazo no mayor de 12 meses el importe de los recursos recibidos por parte de la institución respectiva, que no podrá exceder del 50 por ciento del monto originalmente recibido por el deudor cuando se trate de créditos Agropecuarios; del 60 por ciento para créditos comerciales, empresariales y refaccionarios, y del 70 por ciento para créditos hipotecarios de vivienda.
V) En adición a los montos establecidos en el inciso anterior, los deudores que se adhieran al programa deberán pagar un 2 por ciento adicional por concepto de gastos de administración al SAE.
VI) Los deudores que se adhieran al programa deberán cubrir todos los gastos derivados de la cancelación de gravámenes, escrituración, liberación de hipotecas y honorarios notariales.
VII) El Programa deberá establecer condiciones especiales para adultos de la tercera edad y para discapacitados.
VIII) Todos los créditos que el instituto cedió en administración a empresas especializadas o compradoras de cartera deberán ser transferidos al SAE.
IX) Cuando la cartera referida en el 62-Bis haya sido entregada por el instituto, a alguna administradora de cartera, el instituto instruirá a la administradora correspondiente para que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 62-Bis.
X) Las instituciones de crédito deberán extender una carta de cesión de derechos de los créditos que transfieran al instituto, nombrando al SAE como el nuevo titular de los derechos litigiosos y de administración de los créditos respectivos.
XI) Una vez que el IPAB y el SAE hayan publicado la convocatoria al Programa de Enajenación de Créditos Menores, los deudores que opten por adherirse al mismo contarán con un plazo máximo de cuatro meses para formalizar su adhesión al programa. De lo contrario el SAE podrá disponer de otros mecanismos para la recuperación de los créditos, incluyendo los procedimientos judiciales o la enajenación de los derechos litigiosos.
XII) Durante el periodo contemplado en el punto anterior y para dar certidumbre a los deudores que se adhieran al programa, los bancos y las administradoras de cartera, se abstendrán de promover las ventas judiciales y desalojos de viviendas. Los juicios que se encuentren en proceso se detendrán con la simple adhesión del deudor al programa.
Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)