Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso de Jalisco, dos.
Del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 189 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, tendrá lugar el 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.
De la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán. (Turno a Comisión)
Minutas
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para que pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Especial" y la "Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le otorga la Junta Interamericana de Defensa. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para que pueda aceptar y usar la condecoración "Legión de Mérito", en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)
Cinco, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Luis Cuevas y Novelo, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Demetrio Mújica Castro y Francisco Tortolero Cervantes para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)
Siete, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jonatan Gutiérrez Morales, Damián Hernández Villa, Marco Antonio Peyrot y González, Héctor Morán Rojo, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González y Érick Sánchez Flores para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)
Iniciativas de diputados
Que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Ávila Esquivel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de la niñez, educación temprana y familia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar; y a la SCJN, a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2005, a cargo del diputado José Armado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar los estudios técnicos que garanticen que los recursos del FAPRACC mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climáticos extremos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 los recursos necesarios a fin de realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome el análisis y la discusión y, en su caso, apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a los ayuntamientos de la república a destinar recursos públicos para preservar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos suficientes para Ecatepec de Morelos, México, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública intervengan ante la SHCP para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos suficientes que garanticen el financiamiento que la Conagua, los estados y los municipios requieren a efecto de realizar programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad de agua para el año próximo, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar una partida para el parque ecológico de la refinería 18 de marzo, a cargo de la diputada Érika Larregui Naguel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de 15 hectáreas, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre la cancelación del desfile deportivo del 20 de noviembre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 apoyos a la comercialización del sector agrícola, y de establecer las provisiones y los montos presupuestales asignados en 2006, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas, quienes lucharon por una tarifa justa de energía eléctrica, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos para construir un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Gobernación a coadyuvar con el Gobierno del Distrito Federal, conforme a la normatividad vigente, a destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas de la colonia Las Golondrinas, Segunda Sección, delegación Álvaro Obregón, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, México, y exhorta a la PGJEM a aclarar los hechos y castigar a los responsables conforme lo establece la ley, a cargo del diputado Alberto López Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a efecto de que, en su carácter de presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar mediante la STPS a una consulta con los sectores de la producción, académicos y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Mesa Directiva de esta soberanía solicite al director general de la CFE las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la CNDH a emitir la resolución sobre el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sobre las lesiones y los malos tratos inferidos a legisladoras y a legisladores federales, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de diversos grupos de amistad con países árabes, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias para que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Sagarpa información relacionada con el ingenio Puga, en Nayarit, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal exhortar mediante la SRE al gobierno de Estados Unidos de América a sujetarse a la legislación internacional en materia de tortura, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la Sedesol, a la SFP, a la SHCP y al Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a realizar, una vez terminado el conflicto en Oaxaca, las adecuaciones pertinentes para seguir otorgando los apoyos educativos de ese programa, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que introduzca medidas de austeridad en el ramo administrativo 02, "Presidencia de la República", del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y el reglamento de seguridad, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara se Diputados se pronuncia contra el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar con la mayor brevedad el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, en Quintana Roo, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para el fideicomiso 2106, que administrará los fondos de trabajadores mexicanos migrantes, a cargo del diputado Raúl Ríos Gamboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la entrada en el país de lechugas, espinacas y zanahorias provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2005, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un mecanismo compensatorio al ingreso de los productores de frijol por el daño que les han causado las importaciones en 2006, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla a adoptar medidas y mecanismos que permitan la libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Excitativa
A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agenda política
Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Efemérides
Sobre el XXXII aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Relativa al 63 aniversario del Día de la Aviación, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa a la celebración del Día del Médico,
a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MARTES VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos sesenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con veintitrés minutos del martes veinticuatro de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.
El diputado José de la Torre Sánchez, del Partido Acción Nacional, solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Séptimo Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir del veinticuatro de octubre de dos mil seis. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, electo por el Cuarto Distrito Electoral del estado de Tabasco y acompañado de una comisión designada, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.
La Junta de Coordinación Política remite proposición de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en relación a la confiscación de remesas que hicieran autoridades estadounidenses a operaciones de Western Union al estado de Sonora. Se refieren al tema los diputados: Gerardo Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional, a nombre de los grupos parlamentarios; Joaquín Conrado de los Santos Molina, del Partido de la Revolución Democrática; Ana María Ramírez Cerda, del Partido Verde Ecologista de México y José Edmundo Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal
La asamblea aprueba el acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Se reciben cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación:
Con el que remite informe correspondiente al tercer trimestre de dos mil seis, que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA); el Programa de Empleo Temporal (PET), del mismo periodo, así como el formato cero cero cinco-A relativo a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que catorce ciudadanos, puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas; y Monterrey, Nuevo León y comunica que dejan de prestar servicios tres ciudadanos a gobiernos extranjeros. Se turnan a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se turnan a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Para hablar sobre el sexagésimo primer aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, se le concede la palabra al diputado Alejandro Landeros Gutiérrez, del Partido Acción Nacional. La Presidencia instruye integrar en el diario de los debates la intervención del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. Continúan con el uso de la palabra para referirse al tema los diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera, del Partido Revolucionario Institucional; Erika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal
María del Carmen Salvatori Bronca, de Convergencia; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, de Alternativa.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
Tomás Gloria Requena, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Carlos Sánchez Barrios, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Carlos Rojas Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.
Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
María del Carmen Pinete Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Anuario Luis Herrera Solís, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos presupuestales del ejercicio fiscal dos mil seis, aprobados por la Cámara de Diputados, del Fondo de Apoyo a Proyectos integrales destinados a fortalecer procesos de beneficiado húmedo, seco y el acopio y comercialización del café. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Eduardo Ortiz Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se crea la Comisión Especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designan los diputados que representarán a la Sexagésima Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). La asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, por el que se crea la Comisión Especial para el combate y la prevención de las adicciones. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Ramón Salas López, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el dos mil siete, la distribución de los recursos sea en forma equitativa a todos los estados del país. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaría da lectura a proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por las que:
Se designan a los diputados que representarán a la Sexagésima Legislatura en las Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y del Sistema de Bibliotecas. La asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.
Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Humberto García Reyes, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajos consumos y se otorgue el estímulo fiscal que se indica. Se turna a la Comisión de Economía.
Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, por el que se crea y se da continuidad a la Comisión de Investigación Encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministros de Bienes de Consumo o de Compra-Venta de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública, otorgada por Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1725/06, del que le adjunto copia, en el que se le solicita que consideren establecer una partida presupuestal destinada para otorgar apoyo económico por tonelada de maíz que produzcan y comercialicen los productores del grano, que sería complementario al estímulo otorgado mediante el subprograma de apoyos directos al ingreso objetivo de maíz, en virtud de que el nivel de precio que se le fija en este subprograma no ha sido revisado desde que se estableció.
Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Maestro Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica)
Secretario del Congreso del Estado
Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1727/06, del que le adjunto copia, en el que se hace un atento y respetuoso exhorto para que se considere la necesidad de asignar más recursos presupuestales al sector turismo que permitan incrementar la participación de las entidades federativas y los programas de capacitación, infraestructura, promoción y desarrollo en materia de turismo.
Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Maestro Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica)
Secretario del Congreso del Estado
DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Diputados
Presente
Estimado diputado Zermeño:
El que suscribe, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, diputado federal por el principio de representación proporcional correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted con el fin de que por su conducto sea sometida a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia por tiempo indefinido a partir del día 27 octubre de 2006.
Asimismo, solicito se realicen los trámites necesarios para que la licenciada Claudia Gabriela Caballero Chávez, mi suplente, rinda protesta el lunes 30 de octubre del presente año.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Atentamente
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 189 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, el próximo 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara de Diputados que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Marilina Barona del Valle
Directora del Museo de la Ciudad de México
México, DF, a 20 de octubre de 2006.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Por lo anterior, me permito anexar original de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión, con la que el interesado solicita dicho permiso; copia certificada del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento; así como copias simples del certificado de vecindad, de su currículum vitae, de la cédula de inscripción al Registro de Población Municipal, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la embajada de Francia.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta C.G. Luis Alfonso Medina Martínez, para que pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta C.G. Luis Alfonso Medina Martínez, para aceptar y usar la condecoración "Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO CONTRALMIRANTE CG DEM CONRADO APARICIO BLANCO PARA QUE PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN "LEGIÓN DE MÉRITO", EN GRADO DE OFICIAL, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para que pueda aceptar y usar la condecoración "Legión de Mérito", en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración "Legión de Mérito", en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
CINCO, CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISO A LOS CIUDADANOS JOSÉ LUIS CUEVAS Y NOVELO, GERARDO CLEMENTE RICARDO VEGA Y GARCÍA, RAMÓN ISIDRO ORTEGA CARDOSO SALINAS, DEMETRIO MÚJICA CASTRO Y FRANCISCO TORTOLERO CERVANTES PARA QUE PUEDAN ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Luis Cuevas y Novelo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Nicaragua.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Luis Cuevas y Novelo, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Nicaragua.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano General Gerardo Clemente Ricardo Vega y García para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla "Amistad Defensa y Honor", que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano General Gerardo Clemente Ricardo Vega y García para aceptar y usar la condecoración Medalla "Amistad Defensa y Honor", que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas para que pueda aceptar y usar la condecoración "Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador", en grado de "Estrella al Mérito Militar", que le otorga el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas para aceptar y usar la Condecoración "Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador", en grado de "Estrella al Mérito Militar", que le otorga el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al Capitán de Navío C.G. DEM. Demetrio Mújica Castro, para que pueda aceptar y usar la Condecoración "Medalla de la Armada Argentina al Mérito", que le otorga la Armada de la República Argentina.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al Capitán de Navío C.G. DEM. Demetrio Mújica Castro, para aceptar y usar la Condecoración "Medalla de la Armada Argentina al Mérito", que le otorga la Armada de la República Argentina.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Tortolero Cervantes, para que pueda aceptar y usar la condecoración "Médaille du Sénat", que le otorga el Senado de la República Francesa.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Tortolero Cervantes, para aceptar y usar la condecoración "Médaille du Sénat", que le otorga el Senado de la República Francesa.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica),
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
SIETE, CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISO A LOS CIUDADANOS JONATAN GUTIÉRREZ MORALES, DAMIÁN HERNÁNDEZ VILLA, MARCO ANTONIO PEYROT Y GONZÁLEZ, HÉCTOR MORÁN ROJO, PEDRO MADERA PELAYO, JOSÉ ANTONIO CRUZ GONZÁLEZ Y ÉRICK SÁNCHEZ FLORES PARA QUE PUEDAN ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Arma Blindada Jonatan Gutiérrez Morales, para que pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Capitán General Gerardo Barrios", que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Arma Blindada Jonatan Gutiérrez Morales, para aceptar y usar la Condecoración "Medalla Capitán General Gerardo Barrios", que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2206.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta Proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Aerologista Damián Hernández Villa para que pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Capitán General Gerardo Barrios", que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Aerologista Damián Hernández Villa para aceptar y usar la Condecoración "Medalla Capitán General Gerardo Barrios", que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia "Por el Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica", que le otorga el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González para aceptar y usar la condecoración Medalla del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia "Por el Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica", que le otorga el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Intendencia Héctor Morán Rojo, para que pueda aceptar y usar la condecoración "Estrella de Carabobo" del Ejército, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la medalla "Mariscal Hermes" que le otorga el Ejército de la República Federativa del Brasil.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Intendencia Héctor Morán Rojo, para aceptar y usar la Condecoración "Estrella de Carabobo" del Ejército, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la Medalla "Mariscal Hermes" que le otorga el Ejército de la República Federativa del Brasil.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Infantería Pedro Madera Pelayo para que pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Francisco José de Caldas", que le otorga el Ejército Nacional de la República de Colombia.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Infantería Pedro Madera Pelayo para aceptar y usar la condecoración "Medalla Francisco José de Caldas", que le otorga el Ejército Nacional de la República de Colombia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Caballería José Antonio Cruz González para que pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Bernardo O'Higgins", que le otorga el Ejército de la República de Chile.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Caballería José Antonio Cruz González para aceptar y usar la condecoración "Medalla Bernardo O'Higgins", que le otorga el Ejército de la República de Chile.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Érick Sánchez Flores, para que pueda aceptar y usar la "Medalla Francisco José de Caldas", que le otorga el Ejercito Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia y la Condecoración "Teniente Carlos Meyer Baldo" de la Aviación Militar, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Érick Sánchez Flores, para aceptar y usar la "Medalla Francisco José de Caldas", que le otorga el Ejercito Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia y la Condecoración "Teniente Carlos Meyer Baldo" de la Aviación Militar, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
La suscrita, diputada federal, Valentina Valia Batres Guadarrama integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La evolución de la sociedad conlleva a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública, evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en los poderes públicos y los organismos autónomos, son fines y piedra angular de todo Estado democrático de derecho.
En tal contexto, la rendición de cuentas se encuentra estrechamente vinculada a la transparencia gubernamental y en tratándose de las remuneraciones de los servidores públicos, resulta oportuno instrumentar los mecanismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y funciones que realice el servidor público por el ejercicio del empleo, cargo o comisión, sin embargo es bien conocido por la sociedad mexicana la existencia de sueldos excesivos y escandalosos de muchos de los servidores públicos federales, estatales y municipales, así como de las pensiones vitalicias ofensivas otorgadas a los ex presidentes de la República.
El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado asegure que los ciudadanos que se encuentren desempeñando la función pública reciban un ingreso digno y decoroso que les permita desempeñar con eficacia y profesionalismo el cargo que la ciudadanía les encomendó.
Si bien es cierto que, nuestra Ley Suprema faculta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa, y a los ayuntamientos aprobar sus presupuestos de egresos, también lo es que la falta de normatividad y de bases mínimas en la Constitución federal respecto a los criterios a los que se debe sujetar la asignación de remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, ha hecho que los emolumentos que perciben sean elevados, inequitativos, no guardando relación con la función que tienen encomendada, ni con los criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación de acuerdo al cargo que desempeñan.
Por ejemplo, resulta alarmante el salario que perciben algunos secretarios de estado o presidentes municipales, quienes tienen remuneraciones que van desde los 100 hasta los 500 mil pesos mensuales, los que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades, ganando incluso más que el Presidente de la República, asimismo la falta de regulación ha propiciado que servidores públicos de los tres niveles de gobierno, al término de su cargo se otorguen sendos bonos bajo los rubros de marcha y otras modalidades, quebrantando de esta forma las finanzas públicas, a sabiendas que su función y facultades implican en todo caso un alto grado de responsabilidad y compromiso con todos los mexicanos.
Desde la Colonia, los conquistadores buscaron enriquecerse fácilmente al adquirir por medio del engaño y de la rapiña, el oro y la plata que poseían los indígenas en joyas y figurillas. En los primeros años de la conquista y colonización, los españoles se posesionaron de grandes extensiones de tierra a los que creyeron tener derecho como compensación a los servicios prestados. Los conflictos sociales en la Nueva España se originaron por la pésima distribución de la riqueza, lo que determinó una profunda desigualdad social expresada en los estratos sociales o castas dentro de la población novohispana, lo que finalmente explotó en la Guerra de Independencia, que puso fin a 300 años de dominación española; sin que por ello se hubieran resuelto las profundas contradicciones sociales.
El pensamiento social y político de Morelos plasmado en el discurso pronunciado en la inauguración del Congreso de Anáhuac de 1813 clarifica las necesidades aún vigentes de México:.."La soberanía emana del pueblo y la deposita en el Supremo Congreso Nacional Americano;...las leyes que dicte el Congreso deben obligar a la constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto."
La Constitución de Apatzingan de 1814 establece la República y la divide en tres poderes, establece que la soberanía reside en el pueblo ejercido por el Congreso y le reconoce al pueblo cuatro derechos fundamentales: igualdad, seguridad, libertad y propiedad.
El México independiente de 1821 a 1833 tuvo dos formas de gobierno: la monarquía y la república, un emperador y siete presidentes, incontables rebeliones y una permanente crisis económica. El país se dividió en diferencias entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban en la posibilidad de establecer las estructuras de la sociedad moderna pero conservando los fueros y privilegios de las principales corporaciones. Los liberales pretendían reformar la situación, económica, social y política heredada de la colonia por ello en la inauguración del Congreso Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga dijo: ..."algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad. ¿Ha llegado ese día..."
En el "Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana" de 1842, Mariano Otero, al referirse al peculado expresó:
La Guerra de Reforma con don Benito Juárez García exalta en su obra la legitimidad con que ejercía el poder, sus palabras fueron claras:
"La sana opinión del mundo jamás podrá negar que México es un Estado protegido por el derecho de gentes, porque a pesar de sus periódicas revueltas y los desórdenes de todo linaje que acarrean, no es una voluntaria asociación de ladrones y piratas para su particular provecho. Así es que México puede perfectamente distinguirse de las hordas salvajes ambulantes, porque constituye una sociedad civil determinada, cuyos miembros obedecen de ordinario a autoridades constituidas, con ciudades de civilización adelantada"...
"Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala".
La "pensión vitalicia de los ex presidentes", que hoy la tienen Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari, ha provenido principalmente de la partida secreta que manejaron en forma por demás discrecional los ex presidentes en turno mencionados y fue hasta 1997 que se decidió presentarla para incluirla, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que implicó que para otorgarla se tuviera que aprobar por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde entonces a la fecha dicha partida o pensión vitalicia de los ex presidentes aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación como "legal" aunque no legítima, la cual como se observa no sólo es su sueldo el que se paga a costa de los impuestos de los mexicanos, sino además es todo el apoyo logístico que se les da y que es realmente desorbitado, bajo el argumento de que por prestar servicios a la patria lo merecen.
Resulta impostergable señalar con claridad y certidumbre dentro de los márgenes que permite la generalidad característica de las leyes, la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de recursos, el apego al mandato de la Ley Suprema de las asignaciones presupuestales, dando cumplimiento a cabalidad a las restricciones y los criterios de austeridad y disciplina presupuestarios, así como la eliminación de compensaciones infundadas e injustificables ante los estratos de pobreza y ruina de la hacienda pública que se causan a la terminación de periodos constitucionales, son constantes que el pueblo de México reclama.
En aras de fortalecer la transparencia, se propone la modificación de la fracción XI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetaran las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. A este respecto dicha reforma no violentaría de forma alguna el régimen federal, ni la normatividad de los estados, municipios y del Distrito Federal, ya que la ley que se expediría en uso de esta facultad permitiría homologar las bases para la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos con base en los criterios de proporcionalidad, igualdad, suficiencias y transparencia.
Al respecto la presente iniciativa propone, que la dieta del diputado federal sea la referencia para que ningún servidor público, federal, estatal, municipal y del Distrito Federal perciba una remuneración mayor que éstos, salvo los casos que se señalan en la modificación del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental a efecto de establecer la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan, especificándose que en los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales electorales, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración no mayor a una tercera parte más de la que perciban los diputados federales. Asimismo, los secretarios de Estado y los servidores de la administración pública federal centralizada, paraestatal o de los organismos autónomos, disfrutarán de una remuneración igual a la que perciban los diputados federales.
Es por ello que se plantea que la remuneración que perciba un diputado federal sea el equivalente a cincuenta y cinco salarios mínimos diarios, lo que equivaldría a una remuneración mensual de mil seiscientos cincuenta salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, siendo este el tope para los demás servidores públicos de los tres ordenes de gobierno, con las excepciones que se establecen para el presente decreto en el párrafo inmediato anterior.
Esta plusvalía en los sueldos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales electorales, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, respecto al que perciben los diputados federales se justifica toda vez que los órganos de los que forman parte o son titulares, son reducidos en número comparados con el numero de integrantes del Congreso de la Unión, lo que aumenta su responsabilidad individual respecto a la función que desempeñan.
En efecto, la reforma cumple así dos objetivos: El primero, que es respetar los principios de proporcionalidad y suficiencia que deben regir las remuneraciones de los servidores públicos según la magnitud de la responsabilidad que llevan en lo particular, el segundo, establecer parámetros precisos que acaben con la discrecionalidad en la asignación de sueldos y salarios de los propios servidores públicos, con lo que devengan en efectivos los anhelos de austeridad, transparencia y ahorro que el pueblo de México reclama de su aparato gubernamental, evitando así la nefasta e indignante contraposición de una burocracia opulenta, sostenida por las contribuciones aportadas por una población rayante en su mayoría, en la miseria.
Por otra parte se propone la modificación al artículo 64 constitucional, para que los senadores tengan una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General de la República, las remuneraciones que reciban los servidores públicos serán anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas, y según reza el artículo 126 constitucional no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el Presupuesto o ley posterior, en tal sentido, se debe modificar el artículo 127 de la Constitución, en virtud de que en éste únicamente se establecen las características de las remuneraciones que deberán recibir el Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes de la Asamblea del Distrito Federal y en forma genérica los demás servidores públicos. En consecuencia, es menester precisar los lineamientos constitucionales y legales para el establecimiento de controles y criterios sobre la remuneración de todos los servidores, señalando de manera expresa que en ningún caso los servidores públicos podrán percibir otro tipo de remuneraciones como bonos, compensaciones, premios o de cualquier otra naturaleza, que no estén contempladas en la ley, asimismo se agrega que una vez concluido el empleo, cargo o comisión los servidores públicos no recibirán otra retribución, salvo las que expresamente otorgue la presente Constitución por seguridad social con arreglo a lo dispuesto en las leyes vigentes.
Ahora bien, el texto de la Constitución debe ser congruente en todas sus partes, no debe contradecirse entre sí, todas sus disposiciones deben complementarse y adecuarse a nuestra realidad jurídico-política; en este entendido, con el fin de dotar de congruencia a la reforma planteada, se propone modificar también los artículos 94, 115, 116 y 122 constitucionales, de modo que las percepciones que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los servidores públicos locales, municipales y del Distrito Federal se sujeten a los aludidos lineamientos en la expedición de los respectivos decretos presupuestales.
Todas estas propuestas, están orientadas a establecer límites en materia de percepciones salariales a los funcionarios de alto nivel en el gobierno y así evitar un mayor desprestigio social de las instituciones públicas, ya que sus percepciones deben estar ligadas, por un lado, a la situación económica que prevalece en el país y la evolución de las variables macroeconómicas, como la inflación o el aumento de los índices de precios al consumidor y, por el otro, a un sistema de medición del desempeño que incentive la eficacia y castigue la ineficiencia.
En la actual coyuntura cobra enorme importancia esta iniciativa que tiene por objeto fijar topes máximos a los salarios de los empleados y funcionarios de nuestro país, recibiendo una remuneración adecuada a la tarea que se desarrolla que no es otra que el desempeño de un servicio público, de atención a la comunidad y al interés de la patria y ajustado a las posibilidades económicas del pueblo al que se sirve.
En este sentido el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, congruente con su declaración de principios, busca a través de la presente iniciativa eliminar que a los servidores públicos se les asignen salarios onerosos, ilegales y poco transparentes; por el otro que el ahorro que derive de estos rubros se privilegie la asignación de recursos a partidas destinadas a lograr el desarrollo integral y sustentable de nuestro país.
Por ello el espíritu de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se presenta ante esta soberanía, cumple con los anhelos de la sociedad mexicana de regular los sueldos excesivos y onerosos, así como eliminar el ejercicio discrecional de la hacienda pública para beneficiar a un sector de la alta burocracia, quienes reciben remuneraciones salariales que ofenden, lesionan y agravian a la sociedad, representando el quebranto de los principios de justicia, equidad, igualdad y solidaridad al que aspira todo régimen democrático; es inmoral y alejado de toda justicia que exista una burocracia rica, frente a un pueblo pobre.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforman varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único.- Se reforman los artículos 64, 73 fracción XI, 94 párrafo décimo, 115 fracción IV, inciso c) párrafo cuarto, 122 Base Primera, fracción V, inciso b) párrafo primero y el artículo 127; se adicionan un párrafo al artículo 75, una fracción VIII al artículo 116 y un párrafo al artículo 127; y se deroga el párrafo noveno del artículo 94, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 64. Los diputados y senadores percibirán una dieta igual, quienes no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso del presidente la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la misma el día en que falten; la dieta de los legisladores no podrá ser mayor a mil seiscientos cincuenta salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Asimismo, no podrán percibir, directa o indirectamente otra clase de ingreso, diferentes a su dieta.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, y para expedir la ley que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetaran las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.
XII a XXX. ...
En los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración superior a una tercera parte de la que perciban los diputados federales. Asimismo, los secretarios de Estado y directores de la Administración Pública Federal centralizada, paraestatal o de los organismos autónomos, disfrutarán de una remuneración igual a la que perciban los diputados federales.
Artículo 94. ...
...
...
...
...
...
...
...
(Se deroga)
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
...
Artículo 115. ...
IV. ...
a) a b). ...
c). ...
...
...
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los ayuntamientos y dependencias de la administración pública municipal, centralizada y descentralizada, las cuales no serán mayores a las que perciban los diputados federales, atendiendo lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
...
V. a X. ...
VIII. Los Congresos de los estados, al aprobar el Presupuesto de Egresos deberán señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos locales atendiendo lo previstos en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso. Las remuneraciones que perciban el gobernador, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal y los diputados locales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales.
...
...
...
...
...
A a B ...
C ...
Base Primera ...
V. ...
a) ...
b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto, debiendo señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y de los organismos autónomos locales, las cuales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales.
...
...
...
...
c) a o)
D a H ...
Artículo 127. Los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos respectivos.
En ningún caso los servidores públicos de confianza podrán percibir otro tipo de remuneraciones independientemente de su naturaleza o denominación; concluido el empleo, cargo o comisión, los servidores públicos no recibirán otra retribución salvo las que expresamente otorgue la presente Constitución por seguridad social, con arreglo a lo dispuesto en las leyes vigentes.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abrogan los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. A partir del 1 de enero del siguiente año de ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor el presente decreto las dietas de los senadores se equipararan a las de los diputados federales.
Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, empezarán a percibir las remuneraciones establecidas en el presente decreto a partir del 1 de enero del siguiente año de ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor, por lo que deberán informar al Congreso de la Unión las adecuaciones que hagan al respecto.
Quinto. El Congreso de la Unión tendrá un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la ley reglamentaria de la fracción XI del artículo 73 constitucional.
Sexto. Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; tratándose del Distrito Federal, será el Estatuto de Gobierno y leyes respectivas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de octubre de 2006.
Diputada Valentina V. Batres Guadarrama (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO
DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Gerardo Octavio Vargas Landeros, en mi carácter de diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados y solicito sea turnada para el estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Seguridad Pública la presente iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos y proyecto de decreto:
Exposición de Motivos
En 1996 se creo la Ley Contra la Delincuencia Organizada, como consecuencia del desarrollo de esta modalidad delictiva en nuestro país, de la misma manera el gobierno mexicano, ante la preocupación y el interés para combatir la delincuencia organizada, ha suscrito diversos instrumentos internacionales, ente ellos la Convención de Viena de 1988.
La adopción de estas medidas se dio porque las políticas anticriminales existentes, que fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común, habían demostrado ya su ineficacia frente a aquélla.
Los órganos dedicados al estudio y combate de esta variedad de delincuencia establecen que se ha caracterizado como un fenómeno delictivo más organizado y más violento que la tradicional; que deja de ser un problema de carácter nacional para convertirse en uno internacional, por lo que hace más difícil determinar las víctimas y los intereses que se ven afectados.
Es innegable que el Gobierno Federal ha venido adoptando diferentes medidas para enmendar los errores y las deficiencias de los organismos encargados del combate a la delincuencia organizada, pero la mayoría de las acciones para subsanar estos problemas se han traducido en el endurecimiento de las sanciones penales. El Estado mexicano se ha visto en la necesidad de buscar otras opciones que pudieran resultar más funcionales, pero sin que con ellas tuvieran que vulnerarse garantías individuales reconocidas formalmente, en nuestra constitución federal.
Debido al carácter internacional de este fenómeno criminal, las estrategias del combate que se han venido adoptando obedecen, igualmente, a criterios que se van planteando en el entorno internacional, como es el caso de las medidas contenidas en la citada Convención de Viena de 1988, que sin duda compromete al Gobierno mexicano a introducirlas en su sistema jurídico y en su sistema de justicia penal, para enfrentar principalmente el problema del narcotráfico. Por ello, con la reforma que experimentó la Constitución en 1993 se introdujo por primera vez el concepto de delincuencia organizada, reformándose en 1994 el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales para incluir este concepto. Esta primera regulación respondió en un principio sólo a la necesidad de contar con plazos más amplios para la retención y no para otros fines; por lo que, con tales reformas aún no se podía procesar a alguien en nuestro país por el sólo hecho de pertenecer a una organización criminal.
Paralelamente a lo anterior se empezó a fortalecer un programa de coordinación nacional en la lucha contra la delincuencia organizada, que llevó finalmente a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995 -al reformarse los artículos 21 y 73 constitucionales-, el cual planteó la necesaria coordinación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en esta materia.
Como ya mencioné, en 1996 inicia su vigencia la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cuyo objetivo principal fue regular lo que sería entendido por delincuencia organizada y establecer las estrategias procesales que serían utilizadas exclusivamente para este tipo de fenómeno delictivo. En efecto, entre tales estrategias de carácter procesal contenidas en la ley, destacan, por ejemplo, las intervenciones a los medios de comunicación privada, el aumento del plazo del arraigo, el aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la delincuencia organizada se ostente como su dueño y no pueda acreditar la legítima procedencia de los mismos; la protección a testigos, jueces y fiscales que tienen intervención en casos relacionados con la delincuencia organizada; la utilización de agentes infiltrados; la reserva de identidad de testigos; la reducción o remisión parcial de la pena, que son beneficios para los colaboradores de la justicia, entre otras.
A 10 años de la vigencia de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, no puede negarse que ha sido un instrumento útil para el órgano que tiene la función de investigar y perseguir la delincuencia organizada. No obstante, difícilmente puede afirmarse sin más que ha alcanzado sus objetivos de manera óptima. Podría, en cambio, decirse que en diversos aspectos no ha sido debidamente entendida, sobre todo por lo que hace a los alcances de sus mecanismos procesales; por lo que con frecuencia se ha abusado de algunas de las medidas contenidas en ella, como es el caso, según se ha dicho, de las intervenciones a medios de comunicación privada, del aseguramiento de bienes y del arraigo, así como con relación al manejo de los testigos protegidos o de ciertos beneficios a quienes de alguna manera colaboran con la justicia; o, incluso, por el hecho de aplicar la ley para casos no previstos en ella. Todo lo cual conduce a afirmar, que en cierta medida los objetivos de la ley se pueden ver desvirtuados.
La aplicación de esta ley no ha sido del todo eficaz y podríamos decir que no del todo; lo que, por supuesto, no necesariamente es achacable a la propia ley, sino a los funcionarios que tienen la obligación de aplicarla, sobre todo en el ámbito de la investigación y persecución de los delitos. La realidad de las cosas no permite negar que las averiguaciones previas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros, en la mayoría de los casos son deficientemente integradas. Y ello es así, no obstante las constantes flexibilizaciones que se han dado en los últimos tiempos, sobre todo por lo que hace a los requisitos para las órdenes de aprehensión y para el auto de formal prisión.
Esa mayor posibilidad para aumentar el número de consignaciones, así como para obtener más órdenes de aprehensión y, en su caso, más autos de formal prisión, no se ha podido traducir en una mayor garantía para luchar eficazmente contra la impunidad; en cambio, esa mayor flexibilización ha propiciado, en algunos casos, arbitrariedad y, por tanto, vulneración de garantías.
Las medidas contenidas en la ley sólo deben ser utilizadas para enfrentar a la delincuencia organizada, pero no para la delincuencia tradicional o común, sobre todo si ésta no tiene ninguna vinculación con aquélla; pues su generalización nos llevaría a atentar contra el estado de derecho y a caer en los límites propios de un sistema penal autoritario. De ahí la necesidad de que quienes aplican el régimen de excepción de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no se extralimiten, aplicándola para casos que nada tienen que ver con la delincuencia organizada, fenómeno que puede inhibirse de manera eficaz con la previsión de consecuencias jurídicas frente al abuso de este régimen excepcional.
Para la investigación y persecución de los delitos previstos en la ley, cometidos por miembros de la delincuencia organizada, la ley prevé en su artículo 8o. la existencia de una unidad especializada, que actualmente se denomina Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Dado que esa unidad especializada es producto, precisamente, de una ley especial, su función tiene que limitarse a la investigación y persecución de los delitos previstos en dicha ley; por tanto, no puede tener competencia para conocer de otros delitos no vinculados con esta forma tan especializada de autoría.
La ley establece, incluso, que con relación a delitos previstos en la fracción V del artículo 2o. sólo podrán ser objeto de conocimiento por parte de la mencionada unidad, siempre y cuando se cometan por un miembro de la delincuencia organizada y, además, que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción. Por ello, deben quedar muy claros en la ley los alcances de la citada unidad especializada para evitar que incurra en extralimitaciones y, consecuentemente, que se distorsione su función, con lo que, igualmente, se evitará que la ley se desvirtúe.
En virtud de todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, fracción V, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 32 y 35, fracción IV, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 2, fracción V, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 32 y 35, fracción IV, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal.
...
Las disposiciones de esta ley en ningún caso se aplicarán para la investigación, persecución, procesamiento o sanción de delitos no previstos en la misma, salvo que concurran con alguno de ellos, y el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción. Por ello, los elementos de prueba que se recaben mediante la aplicación de los métodos o técnicas de investigación previstos en esta ley, en la investigación de delitos no establecidos en el artículo 2o. carecerán de toda validez.
En caso de concurso ideal de delitos, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que en conjunto exceda de una tercera parte más de los máximos señalados en el Título Segundo del Libro Primero del Código Penal Federal o, en su caso, en el correspondiente del Código Penal local.
En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos, sin que en conjunto excedan de una mitad más de los máximos señalados en el Título Segundo del Libro Primero del Código Penal Federal o, en su caso, en el correspondiente del Código Penal local.
Artículo 6. ...
Los plazos para la prescripción no correrán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción, siempre que se trate de los delitos previstos en las fracciones I y II del artículo 2.
Artículo 7. Son aplicables supletoriamente a esta ley, las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes especiales.
Artículo 8. ...
...
...
...
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En ningún caso la unidad especializada será utilizada para la investigación y persecución de delitos no previstos en esta ley o que no tengan conexidad con alguno de los delitos establecidos en ella, ni en contra de personas que no formen parte de la delincuencia organizada o que no participen en la realización de los delitos establecidos en el artículo 2o. Por ello, las actuaciones que se lleven a cabo en contravención de lo aquí dispuesto, carecerán por completo de valor probatorio y no podrán servir de base para el ejercicio de la acción penal, o para dictar orden de aprehensión o auto de formal prisión.
Artículo 9. Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación, sobre todo cuando en la realización de dichas conductas se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, o cuando se relacionen con algún delito de carácter fiscal, bancario o financiero.
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Artículo 10. A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorias a personas físicas o morales, siempre y cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada, o que participan con ellos en la comisión de alguno de los delitos previstos en las fracciones del artículo 2o.
Artículo 13. ...
Tampoco tendrán valor probatorio las actuaciones que el Ministerio Público de la Federación haya llevado a cabo respecto de delitos no previstos en esta ley o respecto de personas que no forman parte de la delincuencia organizada o no participan en la realización de alguno de los delitos previstos en el artículo 2o., aplicando los métodos y técnicas de investigación previstos para la delincuencia organizada.
Artículo 17. ...
Tampoco el juez de distrito podrá autorizar intervenciones al Ministerio Público de la Federación si no existen indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que se investiga un caso de delincuencia organizada o que la persona sea miembro de la delincuencia organizada, o que participa en la comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley.
Artículo 18. ...
...
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...
Igualmente carecerán de valor probatorio los resultados de las intervenciones que no cumplan con los requisitos y límites previstos en la ley.
Artículo 32. Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas provisionales necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 35. ...
Queda prohibido el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, si la colaboración no se realiza estrictamente para los fines señalados en las fracciones anteriores. La contravención a estas disposiciones será sancionada por la ley.
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta, además de lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.
Único: Este decreto iniciará su vigencia al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de dos mil seis.
Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CABILDEO, A CARGO DE LA DIPUTADA
SARA ISABEL CASTELLANOS CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Sara I. Castellanos Cortés, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de los Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
Nuestro país, hoy, ha evolucionado desde el punto de vista democrático; se han reconocido cada día más un conjunto de derechos de ciertos grupos de la sociedad civil, de los grupos económicos nacionales y extranjeros, de intereses que forman parte de la vida diaria nacional.
Desgraciadamente, en nuestro país, aún no se reconoce la facultad de los ciudadanos para participar de forma directa, en la conformación de leyes. Cierto es que, desde el punto de vista del soberano estatal, en todas las entidades de la República se han emitido leyes de participación ciudadana, no todas reconocen, por ejemplo, la iniciativa ciudadana, o han llevado a cabo un verdadero mecanismo de consulta como el referéndum o el plebiscito.
Pero la sociedad, a través de su gran potencialidad y característica, ha buscado mecanismos o conductos para influir de alguna forma en la decisión gubernamental o legislativa. Hoy, empresas principalmente trasnacionales destinan recursos a la actividad de cabildeo. Basta un ejemplo: la llamada "Ley Televisa", donde el consorcio más importante de medios de comunicación del país llevó a cabo una activa labor tendiente a lograr un beneficio particular. Así, los grupos sociales y, sobre todo, económicos del país, cada día ven la necesidad de contratar o invertir recursos para influir o llevar sus intereses a las esferas políticas a fin de que se tomen decisiones gubernamentales en uno u otro sentido.
Escándalos mediáticos, como el que encerró la reforma a la Ley General de Salud, en materia de tabaco, para darnos cuenta de las "maneras" en que las empresas o los grupos económicos tienen para lograr sus fines. De aquí la necesidad de legislar en esta materia de forma clara, a fin de transparentar la actuación de aquellos que lleven a cabo el trabajo de cabildeo, así como de los servidores públicos que interrelacionen con ellos.
El Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) define el cabildeo como: "....la capacidad para alcanzar un cambio específico en un programa o proyecto gubernamental; también es la capacidad de influir en un actor con poder de decisión. Para alcanzar lo anterior se debe elaborar una estrategia específica. El cabildeo se pude simplificar de la siguiente manera: un proceso en el cual se fortalece la sociedad civil a través de promover su participación activa, organizada y planificada, para incidir en el ámbito de lo público, en el pleno uso de sus derechos humanos y constitucionales. Es decir, el cabildeo implica poder participar de manera directa en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas gubernamentales o en el impulso de leyes o reglamentos. Por este motivo se requieren tres aspectos a desarrollar en el proceso de cabildeo: investigar, consensuar y negociar".
Así, al definirse como un proceso para alcanzar un fin, éste debe, en todo momento, ser lícito y, sobre todo, a favor de la mayoría de la sociedad. Deben desterrarse las prácticas en las que sólo unos cuantos son favorecidos; dejar a un lado las prácticas incorrectas de prometer o dar favores, en muchas ocasiones económicos, a los servidores públicos a cambio de beneficios que de nada sirven a la sociedad y al país. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha surgido la inquietud y la necesidad de reglamentar la actividad de cabildeo en nuestro país, con miras a lograr imparcialidad, transparencia y el mayor beneficio a la sociedad mexicana y evitar el detrimento de las instituciones y sus funcionarios.
Nuestra propuesta reconoce el derecho al libre ejercicio de la profesión, con el requisito necesario de crear un mecanismo de control y de registro de los "cabilderos", cumpliendo así con la transparencia en el ejercicio de esta actividad.
Se establece además, la obligación de transparentar la información y actividades, así como a los grupos sociales y económicos que representen los cabilderos con el propósito de evitar corrupción o presiones que conlleven a la realización de actos de gobierno que no beneficien a la sociedad en su conjunto.
Los cabilderos, desde la perspectiva de este proyecto, podrán participar en las reuniones de las distintas comisiones o comités de las Cámaras, garantizando así que todo trabajo de propuesta sea transparente y en beneficio de la ciudadanía.
Es previsto un capítulo de sanciones y el procedimiento para el establecimiento de las mismas, tomando como base la Ley Federal del Procedimiento Administrativo como norma adjetiva.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos y se Expide la Ley Federal de Cabildeo en los siguientes términos:
Artículo Primero. Se adiciona un Título Sexto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título Sexto
Del Registro de cabilderos
Artículo 136.
1. En los términos de la Ley respectiva, las Mesas Directivas, de las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión deberán, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, según corresponda, conformar para cada legislatura, un registro de cabilderos.
Artículo 137.
1. Dicho registro de cabilderos contará con los insumos materiales y humanos que la Secretaría correspondiente determine para el buen funcionamiento y el correcto desempeño a fin de mantener actualizado dicho registro.
Artículo 138.
1. Los integrantes de las Juntas de Coordinación Política, de cada una de las Cámaras, en el ámbito de sus respectivas competencias, propondrán al pleno, en base a lo previsto por el artículo 18 de la Ley Federal de Cabildeo, los mecanismos y requisitos para llevar a cabo la inscripción del o los cabilderos.
Artículo Segundo. Se expide la Ley Federal de Cabildeo, para quedar como sigue:
Ley Federal de Cabildeo
Título Primero
Del Cabildeo
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1o.
La presente ley es de orden público y de interés social; tiene por objeto el regular las actividades de cabildeo que realicen los particulares frente a los órganos Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
Artículo 2o.
Se entenderá por cabildeo la actividad realizada por personas físicas o morales tendentes a promover o influir, de manera lícita, en las decisiones legislativas o administrativas del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo federal.
Dicha actividad será regida por los principios de transparencia, democracia, de respeto a la autoridad y a su soberanía.
En todos los casos, la actividad de cabildeo tendrá como finalidad el bien común y el mayor beneficio para la sociedad mexicana.
Artículo 3º
El cabildeo tiene como objeto la promoción de trabajo legislativo o de actos de autoridad administrativa tendientes a la iniciación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos; así como la expedición de reglamentos, la adopción de decisiones o su realización por parte de los titulares de las dependencias del gobierno federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el bienestar de la nación mexicana.
Artículo 4o.
Son cabilderos las personas físicas o morales que lleven a cabo la promoción de las actividades señaladas en el artículo anterior u otras análogas e igualmente lícitas, a fin de lograr el beneficio de la sociedad y el respeto a las instituciones.
En todos los casos el Estado garantizará el derecho de petición contenido en el ejercicio libre y lícito del cabildeo.
Artículo 5o.
La información, documentos, datos o demás elementos aportados por los cabilderos serán públicos conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Unión, deberán publicarlos por medios electrónicos y facilitar su consulta al público en general, con la finalidad de transparentar el trabajo de cabildeo.
En todos los casos se garantizará la autoría de la información y se salvaguardarán los datos personales.
La violación a esta obligación será sancionada conforme el apartado de sanciones de la presente ley.
Artículo 6o.
Los cabilderos deberán registrarse ante un Registro de Cabilderos que, para tales efectos, se constituya tanto en el Congreso de la Unión como en el Ejecutivo Federal y será público, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por ningún motivo se prohibirá la inscripción o ejercicio de esta actividad a persona física o moral de cualquier naturaleza salvo a las personas físicas o morales de nacionalidad extranjera conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho registro tendrá como objetivo trasparentar el ejercicio del cabildeo garantizando el libre ejercicio de la profesión y los fines de la presente ley.
Artículo 7o.
Queda prohibido a los cabilderos ofrecer, otorgar, entregar o realizar cualquier actividad de naturaleza ilícita para influir en las decisiones de los legisladores o servidores públicos con los que tengan relación directa o indirecta. Las actividades realizadas en contravención a esta disposición, será sancionada conforme al título respectivo de la presente ley.
Título Segundo
Del Cabildeo
Capítulo Primero
Del Cabildeo Legislativo
Artículo 8o.
Se entiende por cabildeo legislativo la actividad consistente en la promoción del trabajo del Congreso mediante la iniciación, reforma, derogación de normas o abrogación de leyes o decretos.
Artículo 9o.
Las Cámaras de Senadores y de Diputados facilitarán el trabajo de cabildeo mediante el trabajo de los profesionales debidamente acreditados ante las mismas, ante las comisiones ordinarias, especiales y bicamarales, así como en los comités que se conformen para el apoyo del Pleno de cada una de aquellas.
Queda prohibido que los cabilderos interactúen con los miembros de la Junta de Coordinación Política.
Los integrantes de las mesas directivas de las comisiones o comités deberán de informar, dentro del proyecto de dictamen que pongan a consideración del Pleno, de sus respectivas Cámaras, conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la documentación y demás documentos e información entregada por los cabilderos.
Artículo 10.
Las Comisiones no podrán negar o impedir la presencia de los cabilderos en las sesiones de dichos órganos auxiliares de las Cámaras, pero estos sólo podrán participar con opiniones o mediante la entrega de información y documentación, si por acuerdo de los integrantes de las Comisiones se aprueba dicha participación.
Artículo 11.
Los cabilderos deberán guardar el respeto a los legisladores, las comisiones y el recinto legislativo.
En todos los casos, los cabilderos deberán de abstenerse de llevar a cabo pago en dinero, en especie o en servicios, prometer o llevar a cabo apoyos políticos, en su nombre o en nombre de un grupo de personas, de organización o empresas a cualquiera de los integrantes de las Cámaras o funcionarios de las mismas. En caso de violación a la presente disposición, los cabilderos serán sancionados conforme al título correspondiente del presente ordenamiento. Por lo que hace a los servidores públicos se estará a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.
Capítulo Segundo
Del Cabildeo ante el Poder Ejecutivo Federal
Artículo 12.
Se entenderá como cabildeo ante el Poder Ejecutivo federal el conjunto de gestiones tendentes a promover o influir, de manera lícita, en las decisiones administrativas de la Presidencia de la República, sus dependencias y organismos descentralizados, a fin de que se logre la toma de decisiones más óptimas para la sociedad mexicana, en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo asignan las leyes.
Artículo 13.
No entrarán en el ámbito de aplicación de la presente ley, los trabajos de cabildeo, así como a los funcionarios designados como enlaces ante las Cámaras del Congreso de la Unión, que hagan los titulares de la Presidencia, dependencias u organismos. No obstante, los cabilderos del Poder Ejecutivo deberán de abstenerse de llevar acabo actividades contrarias a la división de poderes, de autonomía de los mismos, de su soberanía y de faltar a los principios y fines de la presente ley.
Artículo 14.
Los cabilderos deberán registrarse ante la Secretaría de Gobernación, en el registro que para ello se conforme.
Dicha Secretaría, deberá de informar a las demás dependencias del registro de los cabilderos y enviará copia certificada a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que pueda dar seguimiento a las relaciones que se lleven a cabo por este trabajo por los servidores públicos.
Artículo 15.
Los cabilderos podrán participar de las reuniones de trabajo que sostengan las dependencias pero deberán observar en lo correspondiente, lo previsto en el artículo 11 del presente ordenamiento.
Capítulo Tercero
Del Registro de Cabilderos
Artículo 16.
El Congreso de la Unión, por conducto de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras que lo conforman ordenará a sus respectivas Secretarías de Servicios Parlamentarios, la conformación de un padrón de cabilderos. Dicho padrón, sólo tendrá efectos publicitarios y por ningún motivo se requerirá mayores requisitos que los establecidos por la presente ley, para su inscripción.
Artículo 17.
El objeto del registro de cabilderos, es la transparencia y el garantizar el respeto a la Constitución y el orden jurídico nacional, así como el velar por el interés supremo de la sociedad mexicana a través de un correcto ejercicio de la actividad legislativa y administrativa, evitando la corrupción y prácticas contrarias a los principios rectores de la constitucionalidad de todos los actos de gobierno.
Artículo 18.
En el padrón señalado por el artículo 16, se requerirá para su inscripción y registro los siguientes datos:
Nombre o razón social del cabildero. En caso de ser una persona moral, deberá proporcionar los nombres del o los cabilderos o profesionistas que lleven a cabo esta labor.
Los datos proporcionados por los cabilderos serán públicos conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 19.
Sólo podrá negarse el registro por causas graves tales como haber sido sentenciado por pena privativa de la libertad, o encontrarse sujeto a un procedimiento o causa penal.
Artículo 20.
Los cabilderos deberán, en todo caso, respetar lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento.
Artículo 21.
Para el caso del Registro de cabilderos ante la Secretaría de Gobernación, ésta, por conducto de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, conformará el registro de cabilderos respectivo.
Título Tercero
De las Faltas y Sanciones
Capítulo Único
De las Faltas y Sanciones
Artículo 22.
Se considerarán como faltas, de los cabilderos registrados, las siguientes conductas:
II. Las faltas de orden y probidad en las sesiones de las comisiones y el Pleno de cada una de las Cámaras en donde participen;
III. Llevar a cabo conductas de cohecho o de presión o de cualquier otra naturaleza o el no cumplir con los fines de la presente ley;
IV. Presentar o proporcionar información falsa sobre sus datos o la que proporcionen a los legisladores por razón de su desempeño.
Sin excluir las sanciones que les corresponda por conductas que puedan ser constitutivas de delito, y sus sanciones, le serán aplicables los siguientes medios:
II. Suspensión definitiva del registro;
III. Sanción económica que puede ir de 50 a 5000 días multa.
Estas sanciones podrán ser aplicadas por las contralorías de cada una de las Cámaras, o por los secretarios de despacho ante quien actúen.
Artículo 25
Será aplicable en lo que corresponda a los procedimientos para la aplicación de sanciones la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y a falta de estos el Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al primer dispositivo.
Transitorios
Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.
Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA
La suscrita, coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Las últimas décadas en nuestro país han dejado al descubierto la complejidad de las relaciones políticas entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder, especialmente aquél que emana de la voluntad ciudadana: los puestos de elección popular.
El avance democrático es evidente: mayor participación ciudadana, instituciones autónomas e imparciales, alternancia en el poder, nuevas opciones políticas y algunos avances en materia de rendición de cuentas, dan testimonio de que el ideal democrático al que aspira nuestro país puede concretarse.
No obstante, muy lejos estamos todavía de arribar a un estadio aceptable en la materia. La distancia abismal que se genera entre el elector y sus representantes se evidencia en la medida en que se acrecienta el desencanto ciudadano por un desempeño poco o nada satisfactorio por parte de aquellos y aquellas que, una vez obtenido el espacio de representación popular, se olvidan de los compromisos que les llevaron a obtener el voto ciudadano.
Democracia refiere la participación política del pueblo en el ejercicio del poder: demos: "pueblo", kratos: "poder". Así, la tendencia en América es a la democratización cada vez mayor de las sociedades, por lo que si el ideal político actual en América Latina y en México es a la obtención de un sistema democrático operativo, real y puro, la participación directa e indirecta de la ciudadanía debe ser un eje supremo de dicho sistema de organización social.
Hasta ahora la práctica ha consistido en desplegar, durante el proceso electoral, un aparato desmesurado destinado a obtener la confianza y, por lo tanto, el voto del elector. Una vez logrado el propósito, quien se ostenta como representante popular se desentiende del ciudadano y, en el mejor de los casos, se ocupa de atender lo que, a su juicio, son las prioridades, o bien, se dedica a satisfacer intereses personales o de grupo.
Ante el incumplimiento o la conducta evidentemente censurable de sus representantes populares el pueblo mexicano encuentra una de las lagunas jurídicas más evidentes, absurdas e insostenibles del actual sistema político nacional.
El fundamento primario y, a la vez, el eje rector sobre el cual se sustenta, instituye, organiza y funciona el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno es la soberanía popular. Reza el artículo 39 de la Constitución mexicana: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
Nuestra forma de gobierno es democrática justamente porque está fundada en la soberanía popular; si la tendencia es transitar hacia un gobierno cada vez más democrático, es necesario que el ciudadano tenga una mayor participación en las decisiones finales que desde el Estado deben ser tomadas y que cuente con mecanismos de control perfectamente definidos, que incluyan procedimientos y herramientas para su vigencia.
Sobre el derecho a organizarse como juzgue conveniente descansa el primordial de los derechos de la sociedad mexicana. La propia Constitución establece que será el pueblo quien determine su forma de gobierno y que es la única instancia que tiene en todo momento el derecho a cambiar su forma de gobierno. Sustentado en este principio básico constitucional, es una contradicción insostenible que no tenga el mismo pueblo mecanismos de control y participación directa.
El artículo 115 Constitucional contiene el espíritu que al respecto tenía el legislador de 1917, al establecer, en su fracción I, párrafo tercero: "Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros..." Siendo la Constitución Mexicana de 1917 una de las más avanzadas y vanguardistas de su época, esta legislatura tiene ante sí la posibilidad de volverse a colocar en la cúspide de la modernidad legislativa en América Latina; legislar la revocación de mandato no es un capricho o un botín político es, por mucho, una respuesta a la realidad actual en la que nos ubicamos y una herramienta ciudadana a la que toda sociedad tiene derecho.
No es posible entender la democracia sin la figura de la representación popular, pero la representación popular sólo es admisible si, al mismo tiempo, se da a la población la garantía de que cuenta con mecanismos de participación y control. La tendencia mundial es a la definición de instituciones de democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Hay que incluir a México en estas tendencias mundiales, pero, sobre todo, es necesario dotar a nuestra democracia de controles directos ejercidos directamente por el conglomerado social, especialmente la revocación del mandato.
De acuerdo con el Diccionario jurídico mexicano, "representación es el acto de representar o la situación de ser representado. Sustituir a otro o hacer sus veces. Al existir en el mundo de los hechos, la realidad innegable de la cooperación entre las personas, surgió a la vida jurídica la institución de la representación, en virtud de la cual una persona, llamada representante, realiza actos jurídicos en nombre de la otra, llamada representado, en forma tal que el acto surte sus efectos en la esfera jurídica de éste último como si hubiera sido realizado por él. Así, los derechos y obligaciones emanados del acto jurídico de que se trate, se imputan directamente al representado".
Respecto a la representación política, el mismo diccionario señala: "Es el fenómeno por el cual la nación, a través de técnicas diversas, principalmente de elección, designa a cierto número de ciudadanos para que, ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismo, participen en la creación de la voluntad estatal". El elemento clave de la representación estriba entonces en que, tal como señala el diccionario en cita, las repercusiones de los actos que realiza aquél que ostenta el cargo de representante, recaen directamente en el representado. De esta forma, si la representación se otorga al representante por conducto de un mecanismo de participación popular como la elección, el mismo ente que le dotó de tal calidad, "el pueblo", debe contar con la figura jurídica que le permita revocar dicho mandato si los actos del primero no se corresponden con la representación de que ha sido dotado el segundo.
Los mecanismos de control con que se cuenta en la actualidad han demostrado su ineficacia para el fin de remover representantes populares que han dejado de cumplir obligaciones responsabilidad política ante sus gobernados. El juicio político es una figura adecuada que no debe ser sustituida, pero debe acompañarse de mecanismos de regulación que no permitan que, como hasta ahora, se conviertan en botín político de unos cuantos en tanto que, por vía del procedimiento actualmente vigente, se soslaye y margine la inconformidad de la población sobre un gobernante o representante en quien se ha perdido la confianza originalmente otorgada.
Por su parte, la declaración de desaparición de poderes por parte de la Cámara de Senadores es un mecanismo de control que permite iniciar un procedimiento de reinstitucionalización de una entidad que ha dejado de ser gobernable, pero de ninguna manera garantiza que una sociedad específica pueda remover de su sitio a un mal gobernante de manera previa a la existencia de un contexto de ingobernabilidad. Más aún, no es posible dejar la remoción de un mal gobernante supeditado a exacerbar o no el ánimo de una población que no tenga otra medida de presión que convertirse en ingobernable.
¿Qué alternativas reales le ofrece la legislación mexicana al ciudadano cuando un representante popular ha dejado de ser probo? Prácticamente ninguna. Cierto, es la voluntad ciudadana quien ha colocado al Presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados, así como presidentes municipales en el espacio de representación popular que ostentan; en concordancia con éste mandato del que se hacen depositarios, es la voluntad de la ciudadanía quien debe tener el derecho a revocar dicho mandato cuando su mala actuación así lo amerite, porque, en concordancia con la función que ejerce, el funcionario es un servidor público, término que implica que es a quien sirve a quien debe rendir cuentas y será éste mismo sujeto -en este caso un ente llamado pueblo- quien debe ostentar el derecho inalienable de remover de su encargo a aquél que no ha cumplido la función para la que fue electo.
Las instituciones mexicanas tienden a promover una ciudadanía cada vez más responsable y participativa, baste ver el despliegue que al respecto hace cotidianamente el Instituto Federal Electoral. En la medida en que se les dote de mecanismos para una y para la otra, será más fácil contar con una población comprometida con su quehacer de gobierno.
En nuestro país sólo tres entidades políticas estatales contemplan la figura que se propone en la presente iniciativa: las de Chihuahua, Sinaloa y Yucatán. Aun cuando la autonomía de los estados de la federación que componen la República Mexicana los facultan para ello, es un contrasentido que las locales se adelanten a la federal y contengan en sus estructuras mejores mecanismos de participación ciudadana.
Se hace necesario entonces que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adecue a la realidad actual y defina líneas que normen y orienten dicho procedimiento en la esfera de las Constituciones de las entidades federativas, tal como lo ha hecho en otras materias como la educativa, de la salud o electoral.
La revocación de mandato es una figura que como nunca en la historia de nuestro país se hace necesaria y su regulación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es impostergable.
Es responsabilidad de ésta LX Legislatura, generar los consensos necesarios para lograr la actualización de una figura que no sólo colocará a México a la vanguardia de las legislaciones de América latina, sino que además le ofrecerá a sus gobernados la garantía de que se está dispuesto realmente a rendir cuentas y a estar sujeto a la vigilancia ciudadana. Ningún representante popular responsable y garante de que su encargo será cumplido con eficiencia puede oponerse; nadie estará en riesgo sino aquéllos que han utilizado hasta ahora su encargo con fines personales, de lucro o corrupción.
Por los motivos expuestos, presento a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de
Decreto que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero. Se reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno así como a recurrir, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta Constitución y sus leyes reglamentarias, a la revocación de mandato.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regimenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.
El pueblo, en ejercicio de su soberanía puede, en todo tiempo, mediante el recurso de revocación de mandato, remover a sus representantes, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
b) Recibida la solicitud, el órgano de dirección de la autoridad electoral a la que se refiere la base III del presente artículo, nombrará una Comisión especial responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior y emita el dictamen correspondiente en un plazo que no exceda los 90 días naturales, para que el Consejo General acuerde lo conducente. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos señalados, dicho dictamen deberá incluir los criterios y normas que regularán la consulta a realizar, y será notificado a la Cámara a la que corresponda la persona respecto de la cual se formuló la solicitud.
c) Una vez emitido el dictamen de procedibilidad de consulta ciudadana, el Instituto Federal Electoral organizará en un plazo no mayor a tres meses una consulta ciudadana en el distrito electoral uninominal, entidad federativa o circunscripción electoral plurinominal correspondiente.
d) Concluida la consulta, el Instituto Federal Electoral remitirá a la Cámara del Congreso de la Unión que corresponda un informe con los resultados de la consulta para que emita, en su caso, la declaración de revocación de mandato y se convoque al suplente, o bien, se convoque a elecciones extraordinarias. La revocación de mandato procederá sólo si del resultado de la consulta se determina que es mayor el número de ciudadanos que están de acuerdo en revocarle el mandato, que el número de votos obtenidos en la elección ordinaria o extraordinaria en que el diputado o senador resultó electo. En caso de que el resultado sea que es voluntad de la ciudadanía revocar el mandato otorgado al representante popular, éste no podrá ser candidato a ningún puesto de elección popular a nivel federal, estatal o municipal en toda la República Mexicana en un plazo de seis años, contados a partir de la declaratoria que emita la Cámara que corresponda.
e) La Cámara respectiva deberá emitir dicha declaratoria, salvo sentencia inatacable del órgano jurisdiccional competente, y se entenderá por emitida si la misma no se ha dictado en el plazo de diez días naturales posteriores a la recepción del informe citado.
II.
III.
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, computo de la elección de presidente de los estados unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, procedimiento para la consulta de la revocación de mandato, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán publicas en los términos que señale la ley.
IV. ......
Artículo 116. .......
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas y adecuaciones que se derivan de este decreto para las constituciones y las leyes de los estados y para el Estatuto de Gobierno y las leyes del Distrito Federal, así como al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberán aprobarse en un plazo que no excederá a los seis meses contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de dos mil seis.
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
10 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL
CERVANTES ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, y por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como da fe uno de los secretarios de la mesa directiva de éste, en nombre de sus compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
La mayoría de la doctrina financiera sugiere que hay una estrecha relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. A grandes rasgos, ésta sugiere:
II. Esos resultados no parecen ser consecuencia del sesgo de simultaneidad; es decir, hay evidencia de causalidad de desarrollo financiero hacia crecimiento; y
III. Uno de los principales canales de transmisión es vía la reducción en las restricciones financieras que enfrentan las firmas que propician los mejores sistemas financieros. La reducción de esas restricciones les permite invertir más y de manera más eficiente.
Los sistemas financieros producen información ex ante sobre posibles inversiones y juegan un papel clave en la asignación del capital. Los intermediarios financieros, al contar con fuentes de información más precisas sobre firmas, pueden identificar los proyectos más rentables y asignar de manera eficiente el capital. Al hacerlo pueden también afectar la capacidad de innovación, al identificar a los empresarios con mejores posibilidades de éxito. Tras otorgar financiamiento, los buenos sistemas financieros monitorean las inversiones y ejercen gobierno corporativo sobre las firmas, garantizando que los fondos prestados tengan un uso más eficiente. Los intermediarios financieros también transforman, diversifican y manejan diversos riesgos de una manera que no podrían hacerlo los ahorristas individuales. Entre ellos están los riesgos de transformar las unidades de los depósitos, su denominación y su liquidez en el proceso de convertirlos en créditos.
Adicionalmente, el intermediario, al diversificarse, puede lidiar de mejor manera con el riesgo crediticio. De hecho, puede asumir más riesgo que el que asumiría un ahorrista individual, lo cual es un factor clave en el impulso del crecimiento. Finalmente, proporcionan liquidez y acceso a un sistema de pagos que facilita las transacciones de bienes y de servicios.
En resumen, la teoría señala que el sistema financiero puede ser un vehículo esencial para movilizar recursos de manera eficiente hacia actividades productivas, y con ello puede contribuir a sustentar el crecimiento. El supuesto fundamental, sin embargo, es que en la economía hay proyectos de inversión rentables que necesitan ser fondeados. Sin éstos, el papel del sistema financiero se limita a proveer un sistema de pagos. Dicho de otra manera: un buen sistema financiero es una condición necesaria, pero no suficiente, para crecer. Un sistema financiero sólido es útil para poder explotar los beneficios de los proyectos de inversión, pero sin buenos proyectos de inversión es poco lo que puede hacer el sistema financiero por el crecimiento.
De conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, el sistema bancario mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como aquellos que para el desempeño de sus funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyan.
Como todos sabemos, con la reforma constitucional de 1990, por medio de la cual, se derogó el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, se inició la emisión de un nuevo marco normativo que contiene varias características que configuran el actual sistema de intermediación financiera,1entre las que podemos mencionar:
2. El cambio de la naturaleza jurídica de la actividad bancaria y crediticia, al pasar de un servicio público sujeto a concesión por parte del Estado a ser un servicio de interés público que requiere para su prestación la autorización previa de la autoridad competente;
3. La incorporación de otros intermediarios financieros, distintos de la banca, muestra de la evolución del mercado;
4. La posibilidad de establecer grupos financieros, a través de la unión operativa de varios intermediarios; y
5. La desregulación, que pretende dotar de mayor eficiencia al sistema de intermediación financiera.
La falta de créditos no es un problema de ineficiencia de los bancos; éstos son eficientes, racionales, y maximizan utilidades. Basta recordar que, de acuerdo con información de los balances anuales reportados por las 30 instituciones que componen el sistema bancario, en 2003 la utilidad de éstos se incrementó en 171 por ciento en relación con el año previo. Según esos resultados, la utilidad neta de todo el sistema bancario al cierre de septiembre de 2003 fue de 21 mil 779 millones de pesos, contra los 15 mil 876 millones de pesos conseguidos en el mismo mes de 2002.
Como mencioné, la banca múltiple en México es muy eficiente, ya que es sumamente rentable y competitiva a nivel de micro y pequeñas empresas. En nuestro país contamos con los bancos internacionales de mayor prestigio a nivel mundial, como Citygroup, Scotiabank, HSBC y BBVA.
Sin embargo, la profundización del crédito es de las más bajas del mundo (8.8 por ciento de financiamiento directo al sector privado/PIB) y las empresas no se financian con la banca sino con los proveedores (en más de 60 por ciento). De esa manera, aquí es donde se da la paradoja: los bancos aumentan sus ganancias, aun con la disminución de los créditos al sector privado; la tasa de interés real es de 12 por ciento aproximadamente; el spread es de 4 a 1; la solicitud de colaterales es de las más altas, y, finalmente, no hay capital de riesgo para inversión y para financiamiento de largo plazo ni para proyectos de innovación. Los bancos aumentan sus utilidades y disminuyen su penetración financiera.
Como ha quedado expuesto, los bancos juegan un papel fundamental para la economía nacional y el desarrollo social y, por ende, pueden -a través del otorgamiento de créditos- fortalecer el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, la presente iniciativa propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita reglas de carácter general para que los bancos tengan la obligación de promover y fomentar el otorgamiento de créditos que contribuyan al fortalecimiento de los sectores o industrias productivos para el desarrollo nacional, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Como ejemplo de la importancia que constituye el hecho de que la banca múltiple o banca comercial otorgue créditos para el desarrollo de un sector o una industria podemos mencionar el papel que han jugado en años recientes los bancos a través del otorgamiento de créditos para vivienda, con lo cual se han beneficiado familias en todo el territorio nacional y, a su vez, se ha apoyado el crecimiento de la industria de la construcción.
El Banco Mundial establece que el concepto de banca múltiple o universal está vinculado ineludiblemente a la combinación de banca comercial (depósitos y créditos) y a la banca de inversión (emisión, suscripción, colocación y negociación de acciones y demás valores emitidos por las empresas).2
Para la doctrina, es el modelo de banca que otorga un modelo de libertad para operar en cualquier actividad. Es considerada "un centro universal de servicios financieros".3
Por las consideraciones anteriores, la presente iniciativa propone el establecimiento de un servicio universal de la banca, consistente en la obligación de las instituciones financieras, desde el momento en que se establece la autorización para la prestación del servicio, para otorgar créditos que permitan a la ciudadanía y a los sectores productivos de este país acceder a los beneficios que ofrece la banca comercial o banca múltiple, a través del otorgamiento de créditos que les permitan desarrollar una actividad, industria o profesión y combatir a través de ello las desigualdades sociales.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 10. Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:
...
...
Al ejercer las facultades que le confiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sujeción a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, promoverá una adecuada descentralización del sistema bancario mexicano, evitando una excesiva concentración de instituciones de crédito en una misma región y establecerá reglas de carácter general para que la banca múltiple promueva y fomente el otorgamiento de créditos que contribuyan al fortalecimiento de los sectores e industrias productivos para el desarrollo nacional.
Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 El sistema de intermediación bancaria se integra,
además de la banca comercial, con instituciones de banca de desarrollo,
que conservan la estructura de sociedades nacionales de crédito.
2 Federación Latinoamericana de Bancos.
3 Ídem.
Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2006.
Diputados: Raúl Cervantes Andrade, Eduardo
Sánchez Hernández (rúbricas).
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PNA
Mónica Arriola Gordillo, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
La pena ha sido el medio por el cual las comunidades humanas han reaccionado respecto a quienes atentan contra la subsistencia del grupo, sus valores sociales, religiosos y morales. A esos valores se les ha inscrito en el sistema jurídico penal para una protección especial mediante la aplicación de una pena para aquellos casos de desobediencia o violación a la norma jurídica.
El Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en 1955, celebrado en la ciudad de Ginebra, estableció las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, reglas que fueron adoptadas en nuestro país cuando en 1971 fue aprobada la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Dichas reglas son modelo de los sistemas penitenciarios de gran parte de los países del mundo, y son consideradas el estatuto universal del preso común.
En el apartado que regula el sistema penitenciario de nuestra Carta Política, se reunieron principios tales como el de legalidad, individualización de tratamiento del delito, presunción de inocencia, etcétera, con lo cual se estructuró un sistema penitenciario de carácter progresivo fundado en el estudio de la personalidad; asimismo se incorporó un régimen de beneficios y sustitutivos de la pena como la condena condicional, la libertad preparatoria, la preliberación, la remisión parcial de la pena y el tratamiento en semilibertad entre otros.
Es pertinente mencionar que nuestra constitución, en su artículo 18, establece que la readaptación social de los reos será sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.
En 1965 se registró la primera reforma al artículo mencionado vigente desde 1917, para consignar que el propósito del sistema penitenciario mexicano es la readaptación social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Además estableció que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, y en cuanto a los menores infractores, dispuso el establecimiento de instituciones especiales.
También señaló que los reos sentenciados por delitos del orden común podrán extinguir su condena en establecimientos federales, mediante convenios de carácter general celebrados entre las autoridades de los dos órdenes de gobierno.
Sin embargo, las condiciones en materia de delincuencia que presenta México hacen necesario y urgente revisar los procedimientos y formas de operar de manera conjunta los sistemas de prevención, procuración e impartición de justicia y de readaptación social. Se debe reconocer que este último es la etapa final de la ejecución de la pena, un momento fundamental para que todo el camino que ya se recorrió se vea culminado en un trabajo serio y de calidad, que conceda congruencia a los esfuerzos gubernamentales, con el fin de reinsertar al interno en la sociedad como persona libre.
La readaptación social del preso debe ser una realidad y no quedar únicamente en el discurso, por eso se justifica plenamente la reforma que se propone, en virtud de que el trabajo, en contraposición con la ociosidad, debe ser obligatorio, sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, para todos los internos que se encuentran en las distintas cárceles del país, federales o estatales.
En el mismo orden de ideas, la educación es un eje rector del desarrollo de los seres humanos, los pueblos y las naciones. En ese sentido y retomando la garantía establecida en el artículo tercero de nuestra Carta Política, que a la letra dice: "la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia".
Como se desprende del precitado artículo, la educación primaria y secundaria serán obligatorias, por tanto, es responsabilidad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, cumplir con ese mandato constitucional, por lo que en los centros de readaptación social no debe ser la excepción; sin embargo, en esta propuesta de reforma esa obligación es compartida entre las autoridades y el preso, porque en primera instancia corresponde al Estado de manera obligatoria proporcionar el acceso al conocimiento por medio de la educación y, en segunda, constreñir al procesado o al penado a recibir la instrucción académica, con la finalidad de que se supere armónicamente y eleve su nivel cultural, y con ello readaptarlo socialmente.
Los incentivos son la parte sustancial para que una persona logre su progreso; la educación es, en la especie, sólo uno de ellos. La gente preparada y capacitada tiene mejores horizontes, mira las cosas con otro perfil, al Estado le es más costosa la manutención de los reos, por tanto, si los internos trabajan y estudian, durante el tiempo que estén privados de su libertad, se harían personas productivas y el sustento de los presos disminuiría.
No se omite mencionar que en la actualidad el trabajo que realizan algunos presidiarios en los centros de readaptación social es de carácter voluntario, por lo que la mayoría de ellos no realizan actividades productivas, por tanto, su vida en prisión transcurre con los cotos de poder que le imprimen a los demás, mediante la intimidación o extorsión que le aplican a sus compañeros reclusos y a sus familiares; con las cuotas de dinero que se les obliga reportar, so pena de ser torturados o afectados en su integridad física.
Pero mediante el trabajo y la capacitación para el mismo, obliga a recibir una terapia ocupacional, que en mucho coadyuvaría a su readaptación social y, por tanto, a su reinserción social.
De la redacción del párrafo tercero del artículo 5o. constitucional se desprende que el trabajo que se impone será como pena, es decir, como la sanción que el Estado aplica a la persona por su conducta delictiva; sin embargo, y atento a lo que establece el numeral 18 del mismo ordenamiento, que a la letra dice: "Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados". Por prisión preventiva se entiende aquella que se decreta para los presos que están sujetos a proceso penal, es decir que no han recibido sentencia por parte del juzgador. De aquí surge otra justificación para la reforma que se propone con la presente iniciativa, en el sentido de que el trabajo en prisión sea obligatorio para la persona privada de su libertad, entre tanto se desahoga el proceso; así como en el tiempo que cumpla su condena. Esto es así en virtud de que en la realidad los procesos penales de manera regular pueden prorrogarse mas allá de un año, es decir pueden durar dos o más años.
Por eso, la obligación al trabajo que se plantea para los reclusos, será independiente de lo que resuelva el juez en su sentencia, la condición es que al sujeto se le procese por un delito grave así sancionado por la ley, en términos del artículo 20 de la Norma Suprema, se le imponga la obligación de trabajar como medio para demostrar que esta suficientemente preparado para convivir en sociedad y sea una persona de bien.
Lo anterior generaría ventajas efectivas como las siguientes: el reo tendría una terapia ocupacional que lo alejaría de su inclinación a delinquir; recibiría la instrucción académica para que cuando recobre su libertad se vuelva un hombre de bien y tenga un modo honesto de vida.
Para que se alcance el objetivo buscado con la readaptación social, resulta indispensable que el régimen carcelario adopte procedimientos que se sustenten en el respeto a los derechos humanos de los reclusos. Algunos de esos principios, están íntimamente vinculados a esos derechos y se encuentran previstos, de forma directa o indirecta, en los tratados internacionales, en la Constitución federal y en las leyes secundarias, y deben ser aplicados en el encierro; ellos son el principio de la seguridad jurídica, de la proporcionalidad, de la no trascendencia de la pena, de la dignidad humana, el de legalidad, de la presunción de inocencia y el derecho de la defensa. Todo en un sistema jurídico garantista como el nuestro.
Es así que la modificación al artículo constitucional en comento está relacionada con la prisión preventiva y con el cumplimento de las sentencias; ello debe darse en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos. Lo anterior significa que es indispensable establecer como obligatorias, para todos los internos, las actividades laborales, educativas, de capacitación para el trabajo, e incluso, aquellas médico-toxicológicas que en su caso pudiera necesitar el individuo, como auxilio a su condición humana.
Se debe reconocer que la educación y la capacitación para el trabajo en los centros penitenciarios constituyen un medio fundamental que favorece la readaptación y la reinserción social del delincuente, esto constituirá uno de los avances sociales más significativos en el proyecto humanista de México.
El marco legal vigente lleva a un uso excesivo de la prisión preventiva -un problema que se ha visto agravado a medida se ha ampliado el catálogo de delitos considerados "graves"-. El número de prisioneros mexicanos que no han sido condenados por los delitos que se les imputan se ha duplicado en la última década.1 Actualmente existen más de ochenta mil detenidos en prisión preventiva, lo cual representa casi el 43 por ciento de la población total del sistema penitenciario.2
El alto número de sospechosos que se encuentran en prisión preventiva es uno de los principales factores que contribuye a la sobrepoblación de las prisiones mexicanas. El hecho que México no separe a los prisioneros condenados de quienes aguardan su sentencia sólo agrava el problema.3 La tasa promedio de ocupación de las prisiones mexicanas actualmente asciende al 135 por ciento de su capacidad real.4
La provisión de servicios básicos dentro de las prisiones, el mantenimiento de la higiene y la seguridad, así como los programas de rehabilitación se encuentran en un estado de profundo deterioro. Los internos dependen de sus familias para servicios básicos, la corrupción es latente, y la arbitrariedad y abusos son la práctica de cada día dentro de las cárceles.
La sobrepoblación lleva a condiciones cada vez peores para las personas que se encuentran detenidas en las prisiones mexicanas. Un 53 por ciento de los prisioneros de tres jurisdicciones locales (Distrito Federal, estado de México y Morelos) denuncia que no recibe suficiente comida y un 29 por ciento señala que no tiene suficiente agua para beber.
La mayoría de los prisioneros dependen de sus familias para acceder a medicamentos, vestimenta, calzado y los recursos básicos necesarios para su higiene (por ejemplo, jabón, papel higiénico y pasta dentífrica). Raramente los prisioneros reciben una educación o tienen la oportunidad de trabajar mientras se encuentran en prisión.5 La sobrepoblación, con consecuencias similares, ha sido documentada en la mayoría de las prisiones estatales.6
El delito se comete desde que el hombre existe; sin embargo, ha tomado diversas modalidades o formas de perpetración, atendiendo a la época o las características de la sociedad de que se trate. Como vemos, en el devenir del tiempo las formas de organización social se han modificado conjuntamente con la estructura familiar, ocasionando situaciones que propician su desintegración y, con ello, entre otras cuestiones, una mayor incidencia en las actividades delictivas, por ello la reacción social es diferente.
En las sociedades modernas la estructura familiar y la actividad delictiva son diferentes y variables; en los tiempos actuales hombres y mujeres deben salir a trabajar fuera del hogar, en tanto el sistema normativo es variable, complejo y muchas veces contradictorio; esto es así porque la delincuencia se vuelve cada vez más sofisticada y actúa con mayor organización en su forma de operar, por lo que la tendencia actual en cuanto a la política criminal tiende al endurecimiento de las penas, mas que a utilizar medios alternativos y preventivos del delito.
La delincuencia ha logrado actuar bajo esquemas tácticos que en muchas de las ocasiones no permiten detectar a los líderes de las bandas o mafias. Los adelantos tecnológicos han sido tan trascendentes que facilita, la internacionalización del delito, por ello se exige la colaboración entre países, conjuntando sus experiencias y proponiendo medios alternativos de solución.
Debe reconocerse, igualmente, que la actuación de las autoridades encargadas de la ejecución de las penas consiste en que quienes hayan cometido delitos o actos criminales se readapten para que no los vuelvan a cometer, y con esta función imprescindible colaboran para asegurar, de igual forma, el orden y la tranquilidad social.
El sistema de seguridad pública se encuentra íntimamente vinculado con otros sistemas como el educativo, el de salud, el de protección civil, el de saneamiento ambiental o el de protección de las instalaciones o servicios estratégicos, etcétera, ya que todos ellos en conjunto tienen el objetivo final de buscar la preservación del orden y la tranquilidad social.
La represión penal no es otra cosa que el ejercicio del derecho punitivo como facultad del Estado para castigar a través de la imposición de las penas; sin embargo, por su naturaleza y delicadeza se le aplican determinadas reglas específicas que respeten el principio de legalidad previsto en el artículo 14 de nuestra Norma Suprema.
De ahí surge nuestra tesis; el sistema de justicia penal abarca desde la procuración de justicia continúa con la impartición de la misma y culmina con la ejecución de la pena. Conviene hacer una reflexión respecto a ésta última, ya que tiene intrínsicamente una función de prevención general, por ejemplo su ejemplaridad, cuya finalidad es inhibir a los demás miembros de la sociedad a cometer delitos; así también, la pena realiza una prevención especial que consiste en una función segregativa, es decir separar del resto de la sociedad a la persona que ha delinquido para ponerlo en un lugar (la cárcel); una función readaptadora, en cuanto que a través de medidas aplicadas y concretas (reclusión, trabajo en prisión, educación, tratamientos psicológicos, etcétera) logra que el delincuente supere su intención delictiva y esté en posición de vivir o convivir socialmente.
El penitenciarismo moderno establece que la pena impuesta por un juez o un tribunal no debe ser un castigo, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su personalidad dañada o insuficiente para vivir en sociedad, y que no sólo no vuelva a causar daño sino que además haga el bien y sea productivo.7
Debemos deducir que la prisión debe ser entendida como la ultima ratio, como un mal necesario que debe aplicarse a los criminales violentos, a los peligrosos, a los reincidentes y por último a los delincuentes habituales. El trabajo obligatorio debe ser un vehículo capaz de garantizar su reincorporación a la sociedad, a la familia, a estar preparados para desempeñar un trabajo honesto cuando recupere su libertad.
No es posible alargar el abandono del sistema penitenciario, es inadmisible permitir que la prisión sea, a causa del hacinamiento, del ocio, de la inasistencia, del autogobierno, del desinterés en cuanto a la valoración de su personal, un núcleo de perfeccionamiento del crimen, porque la experiencia acredita todos los días que todos o los más que van a prisión vuelven peores y algunos enteramente incorregibles; porque la percepción es que las cárceles son "las universidades del crimen" o "las escuelas del delito".
En mérito de lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma al párrafo segundo del artículo 18 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se Reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Los gobiernos de la federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social serán obligatorios para los individuos que se encuentren en prisión. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
(Los demás párrafos quedan igual)
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, una vez publicado este decreto, adecuaran sus leyes a la presente.
Notas:
1 Entre 1994 y 2004 el número de detenidos sin
condena en México prácticamente se duplicó: pasó
de 42 mil 167 a 81 mil 947. Guillermo Zepeda, Los mitos de la prisión
preventiva en México, Open Society Justice Initiative, 2004,
página 8.
2 Guillermo Zepeda, Los mitos de la prisión
preventiva en México, Open Society Justice Initiative, 2004,
página 6 (el porcentaje de detenidos con prisión preventiva
a nivel estatal es del 44.5 por ciento, y a nivel federal es del 31.2 por
ciento. Open Society Justice Initiative, The Economic Costs of Pretrial
Detention in México: A Cost-Benefit Analysis, [los costos económicos
de la prisión preventiva en México: un análisis costo-beneficio]
(por publicarse en 2006), página 22.
3 CNDH, Informe especial de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos
en los centros de reclusión de la República Mexicana dependientes
de gobiernos locales y municipales, disponible en http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/creclus/index.htm
(consultado en diciembre de 2005), 2004, parte IV.b.4 y parte V.B.
4 Elena Azaola et. al., El sistema penitenciario
mexicano, Project on Reforming the Administration of Justice in México
[Proyecto para la reforma de la administración de justicia en México],
Centro de Estudios México-Estados Unidos, 2003, página 6.
5 CNDH, Informe especial de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos
en los centros de reclusión de la República Mexicana dependientes
de gobiernos locales y municipales, disponible en http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/creclus/index.htm
(consultado en diciembre de 2005), 2004, parte V.B.
6 Ibid. Véase también Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita a México",
E/CN.4/2003/8/Add.3, 17 de diciembre del 2002, p. 3.
7 Galindo, Antonio Sánchez. Manual de conocimientos
básicos para el personal de centros penitenciarios. México:
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1990, p. 33. Apud
Bringas, Alejandro H. y Quiñones, Luis F. Roldán. Op.
cit., página 26.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de octubre de 2006.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
La suscrita diputada del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 24 de octubre la Presidencia de la República informó que el desfile deportivo del 20 de noviembre será cancelado y será sustituido por una ceremonia cívica que encabezará el presidente Vicente Fox en la explanada Francisco I. Madero, en Los Pinos, con un mensaje central del mandatario.
"Este 20 de noviembre se deja atrás el desfile deportivo que ya había venido cambiando desde hace años, para dar inicio a una ceremonia que se apegue a una cultura propia de ciudadanos, en sintonía a la pluralidad que se vive en una democracia", anunció el vocero presidencial, Rubén Aguilar.
Según el portavoz, en esa celebración el mandatario Vicente Fox hará una reflexión sobre el significado histórico de la lucha revolucionaria, todo ello en el marco del centenario de la Revolución, a celebrarse en 2010.
A la ceremonia estarán invitados representantes de los Poderes de la Unión y con ella no se cancela la entrega del premio nacional del deporte que se realiza cada año en esta fecha, como tampoco el tradicional encuentro con las Fuerzas Armadas, precisó Aguilar.
Aguilar Valenzuela expuso que México está inmerso en un proceso de profundas transformaciones que conducen a consolidar la vida democrática, lo cual lleva a replantear la pertinencia de ciertos "ritos" y la necesidad de revalorar las fechas significativas.
"El desfile había venido agotándose, desde hace unos 18 años ha venido cambiando, antes marchaban los sindicatos, se quitó; ha habido una demanda de una serie de deportistas que parece que el modelo es obsoleto y que no querían participar en el desfile", explicó, al añadir que "de hecho se habían suprimido los discursos con los años".
Indicó que, por ello, "hemos recogido toda esa demanda y lo estamos constituyendo en un nuevo tipo de celebración, mucho más cívica, con una reflexión política de este hecho histórico fundamental".
Sostuvo que el 20 de noviembre de 1910, México fue testigo de uno de los sucesos más importantes de la vida política, pues el triunfo de la revolución y la derrota de la dictadura significaron el acceso a una vida institucional que ha permitido que la democracia sea en la actualidad nuestra forma de vida.
La revolución, agregó, permitió que las demandas de los trabajadores, de los campesinos y de la sociedad en su conjunto se transformaran en garantías consagradas por el derecho y plasmadas en la Constitución de 1917.
Recordó, así, que desde hace 96 años, los mexicanos honramos a quienes siguiendo sus ideales, lucharon por un país sin privilegios, pues la revolución evoca las más sólidas convicciones de libertad, justicia e igualdad y se ha convertido en reglas y valores que guían nuestra vida política.
La relevancia de esta fecha, dijo, amerita una celebración que se apegue a los tiempos democráticos que se viven en el país, por lo que el presidente Fox decidió "involucrarse de lleno" en el festejo, darle un nuevo carácter y convertirlo en un acto cívico que permita revalorar su sentido histórico
Niega el vocero de Los Pinos que en la decisión haya influido el hecho de que el ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, vaya a ser declarado "presidente legítimo" ese día.
Por lo anteriormente expuesto, y dada la importancia del asunto y la premura de tiempo, solicito a esta soberanía, se considere el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.
En razón de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía lo siguiente:
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que no cancele el desfile deportivo del 20 de noviembre, ni sea sustituido por una ceremonia cívica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintiséis de octubre de dos mil seis.
Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A COADYUVAR CON EL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A DESTINAR RECURSOS
SUFICIENTES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE ALTO RIESGO Y APOYAR
A LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LA COLONIA LAS GOLONDRINAS, SEGUNDA SECCIÓN,
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA
ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al secretario de Gobernación, en términos del artículo 33 de la Ley General de Protección Civil y 55 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, en concordancia con el Convenio de Colaboración para la Prevención y Atención de Desastres Naturales y las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), coadyuve con el gobierno del Distrito Federal, en destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas, de la colonia Las Golondrinas, segunda sección de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
La Ciudad de México y su área metropolitana en su expansión y crecimiento no ha podido sujetarse a ningún tipo de planeación, debido a la enorme y anárquica demanda de vivienda.
Éste fenómeno sociológico se explica por la concentración de fuentes de empleo en la ciudad, lo que ha implicado la ocupación de zonas restringidas y peligrosas para el uso habitacional.
La delegación Álvaro Obregón, se encuentra ubicada en el tercer sitio de mayor densidad poblacional en el Distrito Federal, de la cual, según datos oficiales, se considera que un 70% de su población asienta su vivienda en suelo de minas, barrancas o taludes, aunado a ello la temporada de lluvias hace de esta zona un peligro constante para sus habitantes.
Es de resaltar que el subsuelo de la delegación Álvaro Obregón fue objeto de explotación de materiales pétreos para la industria de la construcción mediante la instalación de minas, de las cuales no se tiene antecedente sobre las medidas de seguridad aplicadas al final de su vida útil, es decir se desconoce si fueron rellenadas o no.
Dichas extensiones de suelo fueron ocupadas con viviendas derivadas del crecimiento desmedido de la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México.
La problemática que hoy nos ocupa es la situación crítica que viven los vecinos de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón cuyo asentamiento se encuentra ubicado en una mina de arena, según indica un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, determinando que las irregularidades en el subsuelo ponen en riesgo la vida de las personas que allí habitan.
Como parte de la atención que se brinda a la ciudadanía y ante el evidente riesgo que implica vivir en una zona minada, la que suscribe, realizó un recorrido el pasado 11 de octubre del presente año conjuntamente con el gobierno delegacional y vecinos afectados.
En el recorrido tuvimos la oportunidad de constatar el peligro de derrumbes a los que se enfrentan los habitantes de esta colonia todos los días, así como las afectaciones a las estructuras de las casas, hundimientos y degradación del terreno, el cual presenta minado subterráneo reblandecido por las lluvias que se presentaron este año.
Las precipitaciones pluviales han ocasionado, históricamente, la necesidad de desalojar a los habitantes de sus viviendas hasta que concluye la temporada, siendo el caso de que en este año fueron desalojados alrededor de 200 personas, ocasionándoles pérdidas en su patrimonio familiar.
La gravedad de las condiciones en que habitan los vecinos de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, delegación Álvaro Obregón hace imperativo que la Secretaría de Gobernación destine recursos suficientes para atender la problemática de minado subterráneo y del latente peligro de pérdidas materiales y humanas.
Para ello el encargado de la política interior dispone de instrumentos jurídicos que protegen a la ciudadanía como la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000, que prevé en su artículo 33 primer párrafo:
Que en términos del numeral octavo de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), establece:
Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata por involucrar la seguridad e integridad de las familias de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal, me permito presentar a este H. Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Gobernación, para que en términos del artículo 33 de la Ley General de Protección Civil y 55 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, en concordancia con el Convenio de Colaboración para la Prevención y Atención de Desastres Naturales y las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), coadyuve con el Gobierno del Distrito Federal a destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas, de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA CREACIÓN DE DIVERSOS GRUPOS DE AMISTAD CON PAÍSES
ÁRABES, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FLORES MALDONADO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. El llamado Mundo Árabe es una de las regiones con la que nuestro país debe intentar acercarse para lograr la diversificación de sus relaciones.
3. Estamos hablando de una región donde se concentra el 70 por ciento de las reservas probadas de crudo, y el 35 por ciento de la producción mundial. Asimismo, en la región se concentra el 46 por ciento de las reservas probadas de gas natural y el 15 por ciento de la producción mundial.
4. Nuestras relaciones con los países árabes es larga y extensa:
A través de nuestra embajada en Arabia Saudita mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con Yemen, Omán, Kuwait y Bahrein.
Por medio de nuestra embajada en Argelia, mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con Túnez, Mauritania y Libia.
Gracias a nuestra embajada en Egipto, mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con Jordania, Siria, Sudan e Irak.
A través de nuestra embajada en Líbano, mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con los Emiratos Árabes Unidos y con Qatar.
De la misma manera mantenemos relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina.
5. En México están acreditadas ocho embajadas de países árabes: de Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Irak, Líbano, Marruecos, la República Árabe Saharaui Democrática y la delegación de Palestina.
6. No obstante lo anterior, durante la Quincuagésima Novena Legislatura solamente se establecieron tres Grupos de Amistad con países árabes: con Marruecos, Arabia Saudita y Líbano.
7. A nuestro juicio, lo anterior resulta insuficiente y por ello, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica de Congreso Generar de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Primero. La Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear los siguientes Grupos de Amistad:
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006
Diputado César Flores Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SENER A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE PEMEX
REDUZCA EL PRECIO DEL GASÓLEO DOMÉSTICO, DEL GAS LP Y DEL
GAS NATURAL PARA LOS CONSUMIDORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A CARGO DEL
DIPUTADO VÍCTOR VALENCIA DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, Víctor Valencia de los Santos, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a que Petróleos Mexicanos reduzca el precio del gas doméstico, del gas LP y del gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua durante el periodo del 1 de noviembre de 2006 al 31 de marzo de 2007, al tenor de los siguientes
Consideraciones
La posición geográfica del estado de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano, y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno -en algunas regiones del estado.
Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud y economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar:
Ausentismo laboral, que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal.
Alto índice de inasistencia escolar.
Afectación de la economía familiar.
El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico denominado oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico.
El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor.
En este mismo contexto, el precio del gas LP impacta en un 22 por ciento a la economía familiar. De 22.54 kilogramos de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.
Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto del 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en un 560 por ciento, al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno.
Como podemos observar, la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.
En razón de ello, se ha realizado un estudio en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, el cual, concluye que: con un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar este impacto.
Me presento ante esta tribuna, en nombre de los y las chihuahenses, a plantear un asunto concreto, y urgente, de alta prioridad, porque afecta a amplios sectores de la población del estado de Chihuahua. Estoy seguro que tendrá la comprensión y el apoyo de los compañeros integrantes de esta Cámara.
Cada año, por estas mismas fechas, los diputados chihuahenses que integrado al Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a este foro para hacer un planteamiento similar, porque los ciclos estacionales son inflexibles y el invierno norteño no perdona.
Por ello, hago un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política de mis compañeros diputados presentes en este recinto, para que reflexionen en que será vano nuestro esfuerzo en alcanzar leyes perfectas y justas, Presupuesto de Egresos adecuado, una macroeconomía sana, si no atendemos oportunamente las necesidades básicas de la población a la que representamos, si no les garantizamos los mínimos de bienestar que les permitan su supervivencia, en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.
Yo los invito a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente una demanda de bienestar, de salud, de calidad de vida.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento del cuarenta por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007.
Se solicita del Pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de octubre de 2006.
Diputado Víctor Valencia de los Santos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A IMPLANTAR MECANISMOS DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS
E INTEGRIDAD DE LOS MENORES MIGRANTES, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA MARÍA
RAMÍREZ CERDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La ciudadana Ana María Ramírez Cerda, diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, tiene como una de sus principales funciones garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, así como el apego estricto a la ley, con independencia de su situación jurídica y actuando en congruencia con lo que pide el gobierno mexicano para sus connacionales en otros países.
Así, como entidad encargada de la aplicación de las normas migratorias, el Instituto Nacional de Migración debe encargarse del aseguramiento de los extranjeros que entran a nuestro territorio y que no cumplen con lo que la Ley General de Población establece.
Es de reconocerse también que el fenómeno migratorio de no nacionales a nuestro país ha ido mutando en cuanto a complejidad. En décadas pasadas eran los hombres lo que se introducían en nuestro país con la intención de llegar a la frontera norte e internarse en Estados Unidos de América. En aquellos años, las políticas migratorias norteamericanas permitían el flujo de entrada y salida de su territorio, de una manera más laxa.
Con los acontecimientos suscitados en la ciudad de Nueva York, en el año de 2001, las políticas norteamericanas han sido endurecidas, lo que no ha permitido el flujo que, en otras décadas, se venía haciendo de trabajadores latinoamericanos. Por ello, los hombres o mujeres que han logrado establecerse en territorio norteamericano se han visto en la necesidad de llevar consigo a sus familias y, en ocasiones, muchas esposas e hijos, son detenidos por las autoridades migratorias norteamericanas y deportados de su territorio. Otras tantas, son detenidas por autoridades migratorias mexicanas por lo que la infraestructura y recursos humanos del Instituto Nacional de Migración y otras dependencias encargadas de la aplicación de la Ley de Población, se ha visto superadas.
De ahí que hoy día es necesario el establecimiento de mayores mecanismos o instrumentos institucionales para la salvaguarda de los derechos de los migrantes.
En los informes dados por la autoridad migratoria mexicana no se ha hecho el distingo del número de menores de 18 años que han sido asegurados y repatriados de nuestro territorio a sus lugares de origen. Grupos sociales calculan que, por lo menos el 10 por ciento de las personas aseguradas son menores.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de los Diputados considera que es necesario que se lleven a cabo mayores acciones para que sean garantizados los derechos de los menores migrantes, a fin de que sean asegurados e internados en centros especiales a fin de garantizar sus derechos humanos y su integridad física y moral. Debe llevar a cabo políticas migratorias que cumplan con los siguientes aspectos:
- Mantener un enfoque nacional, internacional e interinstitucional para garantizar un trato digno a los menores migrantes y sus familias en nuestro país.
- Asegurar en todo momento el respeto de sus derechos humanos, su dignidad, así como su integridad física como moral.
- Promover acuerdos de carácter internacional que permitan acciones coordinadas eficientes entre los distintos gobiernos de los diferentes países.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo, de manera eficiente y eficaz, la implementación de mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a fin de que aplique las medidas necesarias para el cumplimento de dicho objetivo, tales como la suscripción de memoranda de entendimiento o acuerdos de colaboración con gobiernos locales y extranjeros, convenios con instituciones públicas o privadas en el ámbito federal y local, además de programas permanentes de protección a los derechos humanos, integridad física y moral de los menores migrantes y sus familias.
Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 26 de octubre de 2006.
Diputada Ana María Ramírez Cerda
(rúbrica p.a. Javier Estrada)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
AL TITULAR DE LA SAGARPA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL INGENIO
PUGA, EN NAYARIT, A CARGO DE LA DIPUTADA PATRICIA CASTILLO ROMERO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, a efecto de que se solicite respetuosamente al diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta Cámara que, con fundamento en lo que dispone el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, requiera al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación toda la información que obre en poder de dicha dependencia relacionada con el conflicto que presenta el ingenio de Puga, situado en Nayarit; asimismo, exhorte al titular de la Sagarpa a fungir como mediador para la solución del conflicto en cuestión, conforme a los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
Nayarit se ha destacado como un importante estado productor de caña de azúcar, donde la producción de ese insumo es la actividad primordial en el campo y da sustento histórico a la única industria que se tiene en la entidad y la cual se ve afectada por prácticas desleales de los industriales contra los productores. Prueba de ello es la secrecía con que se manejan los apoyos y créditos que se otorgan a los productores y que el ingenio de Puga controla incluso con matices represivos. Claro ejemplo es la reciente suspensión de crédito de habilitación o refaccionarios a aproximadamente 400 productores, algunos con una dramática situación económica.
El ingenio de Puga, uno de los dos de Nayarit, ha constituido un constante problema para los productores de caña de azúcar que, lejos de verse motivados por la industria, permanentemente detienen la producción ante la posición feudal que adopta la administración de este ingenio.
Hoy por hoy están tomadas las instalaciones del ingenio de Puga ante la cerrazón de la empresa de dar respuesta a los legítimos reclamos de los productores.
Por eso se torna prioritario resolver la situación de los más de 7 mil productores de caña afectados y sus familias.
Igualmente, la recepción de esa caña de la costa es recibida por el ingenio con un sinnúmero de impurezas, como si fuera caña moledera, y no se tiene información sobre el porcentaje de descuento que se hace a este producto, el cual se mezcla con la caña de los productores bajando el incremento de la producción.
Es sumamente sospechoso que no se cuente con un padrón, ni la información relativa al rendimiento por hectárea de caña y por supuesto tampoco se haga una diferenciación entre una nueva zona de abastecimiento y las ya existentes.
Ésas son algunas de las dificultades que han afectado una de las zonas cañeras relevantes de nuestro país como es Nayarit.
Por lo anterior, la intervención de esta LX Legislatura se hace inminente, considerando que la Cámara de Diputados en sus últimos periodos ha dado prioridad para revisar y proponer soluciones a esta problemática, que hoy son más urgentes que nunca.
Por ello me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Que se solicite respetuosamente al diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta Cámara que, con fundamento en lo que disponen los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, requiera al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación toda la información que obre en poder de dicha dependencia, relacionada con el conflicto que actualmente presenta el ingenio de Puga, situado en Nayarit; asimismo, exhorte al titular de la Sagarpa a fungir como mediador para la solución del conflicto en cuestión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.
Diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE EXHORTE MEDIANTE LA SRE AL GOBIERNO
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A SUJETARSE A LA LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL EN MATERIA DE TORTURA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PT
Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
En días pasados fuimos testigos de la aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos de América de la Ley de Comisiones Militares que, a contracorriente del derecho internacional, legaliza la tortura.
En vista de que la aplicación de dicha ley puede afectar irremediablemente a nuestros connacionales, pues corren el riesgo de ser catalogados como terroristas, con las fatales consecuencias que ello implica; debemos tomar en consideración que esta medida será adicional a las penurias que cotidianamente padecen, las cuales incluyen, entre otras: la posibilidad de morir en el trayecto, los abusos de los llamados "coyotes", la deportación si son capturados por las autoridades migratorias norteamericanas, la amenaza de ser cazados por los minuteman, el racismo, la discriminación.
Es fundamental que de ninguna manera permitamos que, con el pretexto de la guerra antiterrorista, civiles inocentes sean torturados y despojados de sus más fundamentales derechos.
Conviene recordar que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos formulada en 1948, y luego de la experiencia de los Tribunales Militares de Nuremberg y Tokio; existe en derecho internacional, el principio de no tolerar conductas que vulneren la dignidad de las personas; entre ellas la tortura, debido a que es uno de los delitos que destruye lo más preciado del ser humano.
Por otro lado, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos regula la prohibición absoluta de la tortura en su artículo 7o., que a la letra establece:
"La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6o., 7o., 8o. (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18".
De la misma forma, en el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la tortura en el artículo 5o.
En 1975, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (resolución 3452 de la ONU), base para la posterior aprobación de la Convención contra la tortura, del 10 de diciembre de 1984.
México firmó el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 77/199, del 18 de diciembre de 2002, en vigor desde el 22 de junio de 2006.
El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/251, que estableció el Consejo de los Derechos Humanos como uno de sus órganos subsidiarios, en sustitución de la actual Comisión de Derechos Humanos. Dicho acto elevó el nivel jerárquico de los derechos humanos como uno de los tres pilares que sostienen la acción colectiva de la comunidad internacional, junto a los temas del desarrollo y el mantenimiento de la paz y la seguridad.
México participó decididamente en las acciones que llevaron al establecimiento del Consejo de Derechos Humanos, incluyendo la iniciativa de conformar el grupo de Amigos de la reforma de las Naciones Unidas, así como su participación activa en el grupo de Lausana, convocado por Suiza y el auspicio de una reunión en Puebla los días 30 de junio y 1 de julio de 2005, que contó con la participación de representantes de más de 25 países, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como expertos internacionales y representantes de la sociedad civil. Dichos grupos y encuentros, generaron importantes propuestas que impulsaron el proceso de reforma de las Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos.
México presentó su candidatura al Consejo el 16 de marzo de 2006. Para sustentarla, el 11 de abril del mismo año, presentó ante la comunidad internacional sus contribuciones y promesas voluntarias en materia de derechos humanos. México resultó electo el pasado 9 de mayo por la Asamblea General como uno de los 47 miembros fundacionales del Consejo por un periodo de 3 años, con 154 votos de un universo de 191 Estados miembros presentes y votantes.
El 19 de mayo de 2006, los 47 países que integran el grupo fundacional del Consejo de Derechos Humanos, acordaron que México ejercerciera la presidencia en su primer año de existencia, en la persona del Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante Organismos Internacionales.
En razón de que México preside en estos momentos el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual nos coloca en una condición de responsabilidad ante la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, para que sea considerada de urgente resolución, respetuosamente sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que instruya al embajador Luis Alfonso de Alba para que, en su carácter de Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, exhorte al Gobierno de los Estados Unidos de América a que se apegue de manera estricta a la legislación internacional en materia de tortura y no se aplique la Ley de Comisiones Militares.
Diputados: Ricardo Cantú Garza (rúbrica),
coordinador; Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP, A LA SEDESOL, A LA SFP, A LA SHCP Y AL COMITÉ
TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO OPORTUNIDADES A REALIZAR, UNA VEZ TERMINADO EL CONFLICTO EN OAXACA,
LAS ADECUACIONES PERTINENTES PARA SEGUIR OTORGANDO LOS APOYOS EDUCATIVOS
DE ESE PROGRAMA, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El conflicto social, político y económico que vive el estado de Oaxaca desde el pasado mes de mayo, ha impedido el cierre del ciclo escolar 2005-2006 y el inicio del nuevo ciclo 2006-2007 en la entidad, situación que afectará la entrega de apoyos educativos a los beneficiaros de Educación Básica del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para este nuevo ciclo escolar, lo que perjudicaría a 375 mil becarios integrantes de 210 mil familias beneficiarias del estado de Oaxaca.
Para la emisión de los apoyos por parte del programa es indispensable que los beneficiarios cuenten con la certificación del cumplimiento bimestral a los servicios de salud y educación; cumplimiento que certifica el personal de salud y educación con los formatos S2 (salud) y E2 (educación). Este es el compromiso de corresponsabilidad de las familias beneficiadas para poder seguir aprovechando los apoyos.
La fecha límite para recibir los formatos de certificación del cumplimiento bimestral de los beneficiaros a los servicios de salud y educación de Oaxaca e integrarlos oportunamente en el padrón de becarios a partir del bimestre septiembre-octubre 2006, es el 15 de octubre de 2006, condición que no se cumplió debido a que las escuelas no han reanudado sus actividades.
Este problema podría tener solución si, una vez terminado el conflicto, se reprograma el calendario escolar de educación básica (primaria y secundaria) del estado de Oaxaca, recorriéndolo para asegurar su duración de 10 meses o 5 bimestres como normalmente se da en todas las entidades federativas; una vez que se autorice esta nueva calendarización se iniciaría el programa con la emisión de los apoyos educativos a partir del bimestre en que inicio el ciclo escolar.
Las autoridades involucradas y encargadas del diseño e implementación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades deben hacer las modificaciones pertinentes para que se continúen dando los apoyos a las familias beneficiadas.
Es imprescindible continuar por el camino del combate a la pobreza extrema potenciando las capacidades de la población y alcanzar mejores niveles en educación, salud y alimentación. Dando apoyos en estos sectores aseguraremos que las familias reciban un apoyo suficiente y obtengan las bases necesarias para ampliar sus oportunidades de desarrollo futuro. Una mejor alimentación lleva a una mejor salud, y ésta lleva a un mayor rendimiento escolar.
El futuro de México esta en sus escuelas, en sus maestros, en sus estudiantes, en el explícito compromiso de la sociedad con la educación. En el estado de Oaxaca, uno de los elementos que contribuyó al estallido social fue la ausencia de respuestas a los reclamos de los distintos sectores de la población; no permitamos que esto vuelva a suceder.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a modificar el calendario educativo del ciclo escolar 2006-2007 para el estado de Oaxaca, una vez que el conflicto se haya solucionado, asegurando su duración de 10 meses.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, una vez terminado el conflicto en el estado de Oaxaca, otorgue los apoyos educativos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca, tomando como base el último padrón registrado del programa y asegurando que se cubran los 10 meses del ciclo.
Tercero. Se exhorta al Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para continuar con la emisión de apoyos monetarios una vez terminado el conflicto y reanudado el ciclo escolar.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a vigilar la correcta y oportuna asignación de los apoyos educativos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar el calendario presupuestal del componente educativo para tener suficiencia presupuestal conforme al calendario educativo de Oaxaca una vez terminado el conflicto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre del año 2006.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE INTRODUZCA MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL RAMO ADMINISTRATIVO 02, "PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA", DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER
SANTOS ARREOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado Francisco Santos A. integrante del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura propongo a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los temas más escandalosos de la transición política a la democracia que vive nuestro país en los últimos años es el del destino y gasto de los recursos públicos que indiscriminadamente se usaron por décadas con criterios totalmente discrecionales que se utilizaron para sostener a una burocracia leal que sirviera al sistema y que al mismo tiempo pudiera comprar voluntades de las voces disidentes dentro de un sistema generalizado de corrupción institucional cuyos vestigios todavía sobreviven hoy en día.
Una parte de este gran tema del gasto del dinero público, tiene que ver con las pensiones vitalicias que disfrutan los ex presidentes. En cuanto a esto, el ciudadano que se haya desempeñado como Presidente tendrá entre otros derechos a disponer de personal militar y administrativo que es importante enunciar por su ofensivo gasto y numero:
Personal administrativo: Dos subdirectores, dos coordinadores administrativos, cuatro jefes de departamento, una persona de investigación y asesoría en materia jurídica, una bibliotecaria, dos programadores, cuatro secretarias, dos de apoyo administrativo, dos auxiliares administrativos, dos archivistas, un chofer, una persona de mantenimiento eléctrico-telefónico y un representante de la oficina.
Servicio personal militar: Del Ejército, un general, cuatro jefes, ocho oficiales y treinta y dos de tropa; de la Fuerza Aérea, un jefe, dos oficiales y ocho de tropa; de la Armada, dos jefes, cuatro oficiales y dieciséis de tropa.
Más su pensión vitalicia de $164 mil pesos, seguro de vida y gastos médicos mayores.
Obvio de razones que todos estos servidores públicos gozan también, no solo de sus derechos laborales como cualquier otro servidor público, sino de prerrogativas discrecionales que aumentan el gasto corriente de la Federación.
Se calculó que para el ejercicio fiscal en curso, la percepción anual de los cinco ex presidentes sería de entre 29 millones de pesos y 53 millones de pesos, tomando en cuenta tanto el rango mínimo como máximo, teniendo cada uno de ellos bajo su adscripción 25 empleados de la Federación y que este ramo ha tenido un comportamiento de incremento consistente desde el primer año de la administración foxista.
Ahora bien, es importante destacar que con las pensiones de los ex presidentes mexicanos, se podrían pagar 17 mil salarios mínimos mensuales por año, 4 mil 814 salarios de policías anualmente, obtener o dar mil 444 viviendas populares, por un lapso no mayor a 12 meses.
Si bien es importante recordar que este tipo de percepciones personales tienen como antecedentes dos acuerdos presidenciales, uno, emitido el 25 de noviembre de 1976, por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, y el segundo, más reciente, expedido el 31 de marzo de 1987 por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
En el primero se establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente de México, tendrán a su disposición y servicio, mientras vivan, personal que sirva para el desempeño de sus actividades y en el segundo acuerdo, se instituye el disfrute de una pensión y prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de despacho, así como también se regula el derecho de la cónyuge supérstite para disfrutar de dicha pensión, de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos menores de edad.
Más adelante, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, es decir, desde el comienzo de la administración foxista, se incluyeron recursos para cubrir las percepciones de quienes hubiesen desempeñado esta alta responsabilidad, ciñendo como criterio principal a tal asignación presupuestaria que no se excediera el monto que se cubre al puesto de Secretario de Estado.
Sin embargo, en el PRD consideramos que son razones insuficientes e injustificables en el marco de la transición democrática y tomando en cuenta que las pensiones que reciben los ex presidentes, contrastan con los escasos ingresos y las percepciones netas que reciben bajo este concepto los servidores públicos jubilados y pensionados del ISSSTE y del IMSS, después de toda una vida de dedicación y esfuerzo al servicio del Estado.
Por ello consideramos importante que se supriman los privilegios y la discrecionalidad de la que han gozado hasta ahora todos aquellos que han desempeñado el cargo de titular del Poder Ejecutivo federal, por ser una carga para el erario federal, toda vez que el Presupuesto público es cada vez más reducido en términos reales y se destina en mayor proporción al gasto corriente y no a la inversión social.
Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el ramo administrativo 02 Presidencia de la República se reduzca su monto, únicamente para cubrir las pensiones de quienes ya gozan de su beneficio, así como también que se eliminen todos los gastos personales que no sean la manutención del beneficiario y de quienes de él dependan económicamente, siempre y cuando se demuestre, bajo protesta de decir verdad, que necesitan la pensión para sobrevivir así como de un número moderado y suficiente de personal, tanto administrativo como militar, mismo que consistiría en un coordinador administrativo, un jefe de área y una secretaria, y en cuanto a su seguridad personal, un general, dos jefes y ocho oficiales; y de no ser así, no se les otorgue dichos beneficios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 del mes de octubre de 2006.
Diputado Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR Y PUBLICAR EL ESTATUTO LABORAL
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL, EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD, A CARGO DEL
DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal por Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 31 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de sentar las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la federación en dicha tarea.
Luego de un largo y complejo proceso de debate, el legislador permanente facultó al Presidente de la República para efectuar tres acciones trascendentales para la seguridad nacional: 1. El nombramiento del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional; 2. La publicación del reglamento de la ley; y 3. La expedición del estatuto laboral, en el cual se establecerán los mecanismos y las reglas para la selección, el ingreso, el nombramiento, la capacitación, la promoción y la profesionalización del personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Sin embargo, a pesar de que la propia Ley de Seguridad Nacional, en los artículos segundo y cuarto transitorios, concedió al Presidente de la República un plazo de nueve meses tanto para la expedición del estatuto laboral del Cisen como del reglamento de la propia ley, el Ejecutivo federal cumplió sólo la primera de las tres acciones; es decir, exclusivamente nombró al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
En consecuencia, nos encontramos ante un incumplimiento del mandato legal, lo que trae como consecuencia inmediata que la legislación en materia de seguridad nacional permanezca inconclusa y alejada de cualquier posibilidad de alcanzar su exacta observancia administrativa.
Ésta no es la primera vez que el tema se trata en tribuna, ya que desde diciembre de 2005 la Cámara de Senadores hizo un exhorto al Ejecutivo federal para que diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto transitorios de la Ley de Seguridad Nacional, sin que a la fecha haya respuesta alguna; es decir, que el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades, procediera expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y del estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Sin embargo, como en otros casos, esta soberanía desconoce las razones oficiales por las cuales no se han realizado la expedición y publicación de ambos instrumentos jurídicos.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, solicita a la honorable Cámara de Diputados que se acuerde realizar atento exhorto al Ejecutivo federal a fin de que publique con la mayor brevedad los instrumentos jurídicos a que se ha hecho referencia en el presente punto de acuerdo.
La prensa nacional ha dado a conocer algunas declaraciones de funcionarios y ex legisladores, con comentarios poco afortunados sobre el tema, que ponen de manifiesto diferencias entre las dependencias y ataques a los derechos humanos de la ciudadanía.
Ante la omisión del Ejecutivo federal para cumplir su responsabilidad constitucional y legal, cabe preguntarnos: ¿por qué no se han expedido tales normas? ¿Qué está impidiendo su publicación? ¿Por qué el titular del Poder Ejecutivo no ha informado a esta legislatura sobre las razones por las cuales no ha cumplido la obligación que le impone el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cómo quiere este gobierno que el Congreso apruebe su tan sonada reforma integral del sistema de seguridad pública si no puede siquiera publicar el reglamento de una ley?
Estos cuestionamientos están en el sentir no sólo de legisladores, sino en los ciudadanos y organismos no gubernamentales que se han acercado para que expresemos ante esta tribuna la necesidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir sus obligaciones constitucional y legal y que expida los ordenamientos normativos correspondientes en materia de seguridad nacional, cuidando que éstos no vulneren los derechos humanos de la población.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Nacional, cuidando en todo momento que dicho acto no viole o restrinja los derechos humanos de la población.
Dado en el Salón del Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2006.
Diputado Gerardo Vargas Landeros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA CONTRA EL RESTABLECIMIENTO DE
LA CAZA COMERCIAL DE BALLENAS POR EL GOBIERNO DE ISLANDIA, A CARGO DEL
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Sergio Augusto López Ramírez, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los océanos son, indudablemente, el ecosistema más extenso y complejo del mundo. Siendo un recurso compartido por la humanidad, ésta se ha visto en la necesidad de regular su apropiación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, tal es el caso de los mamíferos marinos migratorios, en particular de las ballenas, marsopas y delfines.
En 1946, mediante la Convención Internacional para Regular la Caza de Ballenas, se creó la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Esta organización tiene por objeto establecer los mecanismos que garanticen una adecuada conservación de las poblaciones de cetáceos, así como propiciar el desarrollo ordenado de la industria ballenera. Para ello, la CBI ha instrumentado diferentes acciones, entre las que destacan la creación de un Comité de Conservación, el establecimiento de santuarios y el decreto de la moratoria a la caza comercial. Esta última se decretó en 1982 y entró en vigor en 1986. Desde entonces la caza comercial de ballenas está prohibida.
A pesar de la moratoria, el gobierno de Noruega, amparado en la objeción dispuesta por el artículo 5 numeral 3 de la Convención, es el único país que caza ballenas con fines comerciales. Además, hasta las semana pasada, Japón, Islandia, Dinamarca, San Vicente y las Granadinas, la Federación Rusa y Estados Unidos cazaban ballenas, los primeros dos bajo el esquema de permisos especiales de investigación científica y el resto bajo el esquema de permisos de caza de subsistencia para poblaciones aborígenes.
Después de aprobarse la moratoria, el Comité Científico de la Comisión decidió llevar a cabo una revisión exhaustiva de las poblaciones de ballenas. A esta revisión se le conoce como Procedimiento Revisado de Manejo (PRM). La elaboración de dicha revisión tomó ocho años pero permitió obtener un método sólidamente fundamentado para determinar límites seguros de caza para ciertas poblaciones de ballenas que habiten una región en particular, donde su número sea abundante.
Sin duda alguna, la conclusión del PRM representó el final de la moratoria a la caza comercial para países como Japón, Noruega e Islandia. Sin embargo, la comisión decidió que, antes de establecer cuotas de caza de acuerdo al PRM y dar por concluida la moratoria, debería adoptarse un esquema de inspección y vigilancia con el objeto de garantizar que los límites de caza no fueran excedidos. A este programa se le denominó Esquema Revisado de Manejo (ERM) y comenzó a elaborarse desde 1994.
Debido a que las negociaciones sobre el ERM fueron declaradas en un impasse durante las negociaciones de la 58 Reunión de la Comisión Ballenera Internacional (2006), el gobierno de Islandia anunció la semana pasada que reanudaría la caza comercial de ballenas. La cuota establecida, de acuerdo con el gobierno islandés es sustentable, toda vez que sólo consiste en 30 ballenas Minke o rorcuales menores (Balaenoptera acutorostrata), y 9 rorcuales comunes o ballenas de aleta (Balaenoptera physalus). A ello se deben sumar otras 20 ballenas Minke que le fueron autorizadas en 2003 bajo el esquema de caza con fines de investigación científica. Islandia cumplió su palabra y el pasado lunes 23 de octubre cazó un rorcual común o ballena de aleta (Balaenoptera physalus), la primera después de 17 años de no cazar con fines comerciales.
De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las ballenas Minke o rorcuales menores (Balaenoptera acutorostrata) se encuentran clasificadas en un riesgo bajo, mientras que las ballenas de aleta o rorcuales comunes (Balaenoptera physalus) se clasifican en peligro. Por su parte, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) incluyó a las poblaciones de ballena de aleta y Minke en el apéndice I es decir en peligro de extinción.1
Cabe recordar que la situación de Islandia al interior de la Comisión Ballenera Internacional ha sido cuestionable después de su reincorporación en 2002. En aquella ocasión, el gobierno islandés depositó el instrumento de adhesión con una reserva al párrafo 10, inciso e), del calendario de la convención, relativo a la moratoria a la caza comercial.
En la reserva el gobierno de Islandia aclaró que a pesar de ésta se abstendría de autorizar la caza antes de 2006 y que de ahí en adelante no autorizaría la caza siempre y cuando se demostraran avances en las negociaciones del ERM. Añadió que ello no aplicaría en el caso de la moratoria a la caza con fines comerciales establecida en el artículo 10, inciso e) del calendario si ésta no se levantaba en un periodo de tiempo razonable después de que se hubiera concluido la negociación del ERM. Finalmente estableció que bajo ninguna circunstancia autorizaría la caza con fines comerciales si adolecía de una sólida base científica, así como de un programa de manejo e implementación efectivos.
En 2002 el pleno de la comisión votó dos decisiones: La primera, respecto de la competencia de la comisión para determinar el estatus legal de la reserva de Islandia al párrafo 10, inciso e), del calendario; la segunda, sobre el derecho de voto de Islandia (pues en una reunión previa se había decidido que no tendría derecho de voto mientras mantuviera su reserva). Las dos votaciones se perdieron, por lo que Islandia fue considerada como miembro de la comisión con derecho a voto y con derecho a reservarse el párrafo 10, inciso e) del calendario.
Lo anterior generó una profunda indignación entre los miembros de la Comisión, por lo que muchos objetaron formalmente la reserva. Nuestro país junto con Italia y Nueva Zelanda no sólo objetaron la reserva, sino que pidieron que se anotara que no considerarían que la convención estaba en vigor entre Islandia y sus gobiernos.
Nueva Zelanda, el Reino Unido y la Unión Europea, ya se han pronunciado en contra de este acto unilateral del gobierno de Islandia, pues constituye una amenaza para la conservación de los grandes mamíferos marinos y, sin duda alguna, va en detrimento de una industria turística creciente: el avistamiento de ballenas, aunque el gobierno de ese país se niegue a reconocerlo.
En nuestro país la protección de las ballenas ha sido primordial y ello se comprueba al analizar el trabajo de las delegaciones que han participado en las negociaciones de la comisión. México no sólo se ha manifestado abiertamente contra el levantamiento de la moratoria, sino que en el año 2002, mediante decreto, creó un área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su jurisdicción y soberanía. De esta forma, nuestro país se colocó como el primero del mundo en decretar sus mares como zonas de refugio. Más aún, trabajó activamente durante el quincuagésimo quinto periodo de sesiones de la comisión (2003) para lograr el establecimiento del Comité de Conservación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, en nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados se pronuncia contra el restablecimiento de la caza de ballenas con fines comerciales adoptada por el gobierno de Islandia y se suma a la condena internacional por considerar que este hecho atenta contra los esfuerzos de conservación que al respecto ha llevado a cabo el gobierno mexicano.
Nota:
1 Cabe destacar que la población de ballena Minke
de Groelandia Occidental está incluida en el apéndice II.
En el apéndice II figuran especies que no están necesariamente
amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo
a menos que se controle estrictamente su comercio.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.
Diputado Sergio Augusto López Ramírez
(rúbrica p.a. diputado Javier Estrada)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A PUBLICAR CON LA MAYOR BREVEDAD EL PROGRAMA DE
MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA ARRECIFES DE SIAN KA'AN, EN QUINTANA
ROO, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PNA
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los Arrecifes de Sian Ka'an presentan gran variedad de ecosistemas íntegros y representativos de áreas extensas y de la biodiversidad natural; cuentan con especies de flora y fauna amenazada y en peligro de extinción, y forman parte del macro-sistema arrecifal denominado "Gran Arrecife Mesoamericano", considerado como el segundo sistema arrecifal coralino más grande del mundo.
Que contigua a la zona de los arrecifes, se encuentra la laguna Caapechén en cuyo vaso se genera un flujo de nutrientes del que se benefician las aguas costeras aledañas y representa un sitio de gran importancia para la protección de especies amenazadas y en peligro de extinción, como el cocodrilo de pantano y de ría, el manatí y el flamenco; constituyéndose, además, en el hábitat de numerosas especies de aves acuáticas y sitio de reproducción y crecimiento de algunas especies marinas de importancia comercial.2
La enorme importancia biológica y los servicios ambientales que brinda la reserva a las poblaciones humanas de la región, al parecer no han sido argumentos lo suficientemente sólidos como para impulsar políticas de desarrollo sustentable que permitan frenar el avance del deterioro sobre esta área.
En 1998, se dieron una serie de avances y logros al decretar la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, así como iniciar programas de ordenamiento ecológico y desarrollo de proyectos productivos alternativos que deben seguir siendo apoyados y auditados. Los mexicanos tenemos la responsabilidad de ser observadores del cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia ecológica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículos 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de expedir dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación los programas de manejo de las áreas naturales protegidas; así mismo, la secretaría deberá publicar un resumen de dicho programa y el croquis de localización del área, como a continuación se transcribe:
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en su pagina Web tiene publicada la siguiente información:
Edición: 25 de junio de 2003
Ocho años después de la declaratoria y tres años después de la publicación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dicha área no cuenta con su programa de manejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y mientras tanto la gente se pregunta el por que dicha zona a pesar de estar protegida se esta deteriorando.
Cabe hacer mención, que si un área natural protegida no cuenta con su programa de manejo, presupuestariamente no se le pueden asignar recursos, en el presupuesto de egresos de la federación 2006 en el capitulo correspondiente a las reglas de operación para programas, se regula como operaran estos y que no operaran los programas que no tengan reglas de operación como lo es el caso de Arrecifes de Sian Ka'an y la reserva de la biosfera Sian Ka'an, es por esto que urge que se elabore y publique el programa de manejo, no de esta área únicamente sino de todas las del país que no lo tienen.
Aunado a esta problemática tenemos que sin los programas de manejo no solo se ve afectada la naturaleza en su conjunto, sino, el desarrollo sustentable y todo lo que esto conlleva.
El turismo en México representa una alternativa muy importante en la generación de empleos y captación de divisas, resultando necesario que esta actividad se lleve a cabo con estricto respeto al medio ambiente.
No podemos aspirar a un mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en estas áreas, sino contamos con un programa de impulse y verifique el desarrollo sustentable en estas zonas.
Esto lo vemos con las denuncias de las que día con día nos enteramos por parte de diversos actores como lo son la población autoridades ambientales así como medios de comunicación, que refieren continuas violaciones a la reglamentación ambiental vigente.
Otro grave problema de esta zona es la construcción de los grandes desarrollos turísticos que no cuentan con las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes o de contar con ellas se presumen amañadas.
La UNAM, se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de los desarrollos turísticos en el área de X'cacel-X'cacelito y playas adyacentes, con base en los trabajos de investigación sobre fauna y flora que se han realizado por instituciones estatales, nacionales e internacionales, demostrando la importancia ecológica, social y cultural de la región.
En esta área se encuentran los principales sitios de anidación de la tortuga caguama y de la tortuga blanca, las cuales también coinciden con el área de distribución de selva baja.
Desde hace ya más de doce años, en el área de X'cacel-X'cacelito, se han realizado diversas actividades a través de la instrumentación de programas los cuales se vieron afectados por la venta de terrenos al consorcio turístico "Sol-Meliá", motivo por el cual las playas fueron cerradas por algún tiempo, lo que trajo como consecuencia la suspensión temporal de las actividades de conservación de tortugas marinas. Trayendo como consecuencia lógica que la conservación de esta especia se haya visto amenazada por el intento del sector hotelero de desarrollar nuevos y atractivos complejos turísticos. Una afectación a las tortugas marinas de este espacio, tendría un gran impacto en la diversidad genética global de las poblaciones de tortugas.
Existen en el área especies de flora bajo la categoría de especies amenazadas, según nuestras Normas Oficiales Mexicanas.
Existen otros proyectos que ponen en riesgo la sustentabilidad del área, como lo es en la zona arqueológica de Tulum-Tanhak; en donde existen consorcios multinacionales que pretenden construir hoteles en dicha zona; en donde el INAH ha solicitado en repetidas ocasiones la suspensión de la obra y ha interpuesto un procedimiento administrativo contra quienes compraron los terrenos y empezaron a construir desarrollos inmobiliarios dentro de la poligonal de la zona arqueológica desde hace un par de años. Por su parte la Profepa multó a los propietarios del hotel La Mansión por la grave afectación que causaron a la zona de manglar. No es con sanciones de carácter pecuniario con lo que vamos a reestablecer el equilibrio ambiental, ya que ni siquiera el producto de las multas se utiliza para dicho fin.
No se destruyó el patrimonio arqueológico, pero si hubo una invasión de la poligonal y una afectación visual, sin mencionar el impacto negativo a los manglares, corte de plantas, y una fuerte depredación. La postura del INAH frente a esta situación, es proseguir con su defensa de "cero densidad" dentro de la poligonal, muy a pesar de los intereses económicos que están detrás del Proyecto de Desarrollo Urbano, que se pretende aprobar en la entidad.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos preocupados por la degradación de nuestros medio ambiente y la sobre explotación nuestros recursos naturales, no solo en esta área sino en todas las del país, es por lo que dando cum0plimiento a nuestro compromiso, proponemos a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se publique en el Diario Oficial de la Federación, a la brevedad posible el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, en el estado de Quintana Roo, de conformidad en lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de octubre de 2006.
Notas:
1. Decreto Presidencial de fecha 02 de Febrero de 1998
por el que se declara área natural protegida, con el carácter
de reserva de la biosfera, la región denominada Arrecifes de Sian
Ka'an, ubicada en el Estado de Quintana Roo.
2. Ibid.
3. Decreto Presidencial. Área Natural Protegida.
Arrecifes de Sian Ka'an, ubicada en el Estado de Quintana Roo.
4 Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas. Pagina Web(oficial) http://www.conanp.gob.mx/anp/pagina.php?id_anp=15
5 Cámara de Diputados. Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Dictamen..
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE CONSIDERE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2007 RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO 2106, QUE ADMINISTRARÁ LOS
FONDOS DE TRABAJADORES MEXICANOS MIGRANTES, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL
RÍOS GAMBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, diputado federal del grupo parlamentario del PRD, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, para considerar dentro del dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una partida presupuestal especial para asignar al Fideicomiso de Apoyo Social para Trabajadores Mexicanos ex Braceros, bajo las siguientes
Consideraciones
El grupo parlamentario del PRD en su búsqueda de lograr un presupuesto que garantizara el beneficio a los miles de ex braceros mexicanos, presentó en el mes de diciembre de 2004 y 2005 una propuesta de $600 millones de pesos para el pago de nuestro ex braceros mexicanos; propuesta que fue aprobada casi a su mitad, asimismo presentamos una iniciativa consensuada por los secretarios que conformaban dicha Comisión, para crear el fideicomiso que determinaría los mecanismos para la compensación a los ex braceros mexicanos.
Tal propuesta el día 25 de abril de 2005, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó en su mayoría, el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
De la misma forma, el Senado de la Republica la ratifica el 28 de abril, enviándola a la Presidencia de la República; y decretándola en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de mayo de ese mismo año, por el cual se exhorta el pago a los ex braceros mexicanos, emitiendo por parte del comité técnico del fideicomiso en comento, la cantidad 38 mil pesos por ex bracero.
Ante ello se propuso en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el poder coordinarse con las entidades federativas para que puedan participar con las aportaciones que a título gratuito realicen los estados y el Gobierno del Distrito Federal, garantizando parte de una asignación adecuada para compensar a los miles de ex braceros mexicanos.
Cabe señalar que en los Presupuestos de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Gobernación respectivamente, se destinó al pago a los ex braceros mexicanos la cantidad de 298.5 millones para cada año fiscal, aplicables a partir del 31 de diciembre de ese año. Sumando un total de 597 millones de pesos para dicho fin.
En el último informe trimestral, con fecha 30 de junio de 2006, el comité técnico de dicho fideicomiso, notifica que de sus 32 mesas receptoras ubicadas en las delegaciones de la Secretaría de Gobernación en cada estado, se atendió a 222,775 solicitudes de apoyo social, del cual 47,749 cumplen con los requisitos y un aproximado de 140,448 cuentan con documentos pero les falta el folio de la Segob y 34,578 presentaron otro documento.
En resumen, de todas estas cifras, solo han recibido este apoyo social 14,774 ex braceros de 222,775 solicitudes que recibieron las mesas receptoras, del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006, faltando por pagar a más de 208,001 personas.
Debemos dejar en claro que con este presupuesto que se esta autorizando para el pago a los ex braceros mexicanos, no es suficiente; se necesitarían mas de 8 mil millones de pesos, distribuidos en los tres años que queda vigente dicho fideicomiso, para cubrir el total de los ex braceros registrados ante la Secretaría de Gobernación.
No dejo de manifestar y exhibir, que el comité técnico de dicho fideicomiso, informó que el saldo inicial para el año fiscal de 2005, fue de 145,180,688.11 siendo que en el Presupuesto de Egresos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2004, se asigno una partida especial de 298.5 millones de pesos.
Yo pregunto, ¿dónde quedó el resto?
De la misma manera se informa que dichos recursos de los que no están aclarados; también establece un descuento por honorarios de envío y dispersión de telegramas a través de Telecom, gastos por publicaciones de los beneficiarios en los diarios de mayor circulación en todos los estados de la república y por honorarios del fiduciario de Banobras todo por 3´431,310.23 de pesos MENOS.
Señores diputados: por ello mismo, hoy subo a esta alta tribuna de la nación para expresar el sentir de los miles de trabajadores mexicanos ex braceros, como diputado consciente y sensibilizando a los diputados de todas las fracciones parlamentarias, para solicitar que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, un monto que garantice el beneficio de los mismos.
Esta fracción parlamentaria del PRD, manifiesta su interés y voluntad por seguir construyendo los caminos que den alternativas de solución a los miles de ex braceros que existen en México, asimismo manifestamos el compromiso de seguir coadyuvando en los trabajos de una alternativa que genere el beneficio a los trabajadores mexicanos ex braceros.
Por los motivos y fundamentos expuestos, someto al Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en su dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, una partida especial de $2´000'000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 mn) para asignar al Fidecomiso 2106 que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2005.
Diputado Raúl Ríos Gamboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
ENTRADA EN EL PAÍS DE LECHUGAS, ESPINACAS Y ZANAHORIAS PROVENIENTES
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR
PADILLA GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a partir de la siguiente
Exposición de Motivos
El riesgo biológico que corremos todos los consumidores al adquirir productos agrícolas frescos se puede considerar normal, ya que se encuentran en el ambiente. Este riesgo se encuentra asociado a diversos microorganismos transmitidos por los alimentos, como las bacterias y los hongos, que según su carácter patógeno pueden provocarnos enfermedades.
En ocasiones forman parte de la microflora de la fruta o la hortaliza como contaminantes fortuitos provenientes del suelo, el polvo y el entorno. En otros casos se introducen en los alimentos a través de prácticas de manipulación y producción incorrectas, como es el caso del agua de riego contaminada o prácticas de manipulación no sanitarias; o bien, debido a que los patógenos bacterianos forman parte del ambiente, que pueden contaminar fácilmente las frutas y las hortalizas si no se manipulan adecuadamente antes del consumo.
El Comité de Expertos sobre Seguridad Alimenticia, convocado conjuntamente por WHO y la FAO, concluyó que las enfermedades debidas a los alimentos contaminados constituyen "el problema de salud más extendido en el mundo contemporáneo".
Uno de los agentes patógenos asociados a los productos agrícolas frescos, que se encuentran en el libro de la FDA/CFSAN Bad bug book (FDA, 2001) es la Escherichia coli.
Un amplio número de patógenos bacterianos se ha visto implicado en brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados al consumo de frutas y hortalizas frescas.
La bacteria Escherichia coli puede encontrarse en el suelo y contaminar fácilmente los productos a través de la filtración de aguas residuales en los campos, el riego con agua contaminada, la presencia de animales en el campo o un abonado incorrecto. La contaminación también puede producirse en la manipulación durante la cosecha y el embalaje y en otros pasos de la cadena de distribución y comercialización.
A pesar de los esfuerzos efectuados para reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos, continúan existiendo importantes riesgos sanitarios asociados a los alimentos.
De acuerdo con CDC, los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados a los productos agrícolas constituyen un porcentaje relativamente pequeño de las enfermedades transmitidas por los alimentos. No obstante, el número de casos está en aumento.
La seguridad de los alimentos ejerce un efecto de amplio alcance en el comercio mundial. La Organización Mundial de la Salud calculó que en 1993 las enfermedades transmitidas por los alimentos produjeron pérdidas en el comercio internacional de alimentos de aproximadamente 380 millones de dólares en todo el mundo (PAHO/WHO, 1998). Además de la carga económica para los afectados, las enfermedades transmitidas por los alimentos produjeron repercusiones económicas en la industria y los sistemas de asistencia de salud.
En menos de un mes se anunciaron tres alertas sanitarias por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud (Ssa) de que se prohibieron las importaciones de lechuga, espinaca y zanahoria procedentes de Estados Unidos, debido a una probable contaminación de la bacteria E. coli.
El caso es que en California, Estados Unidos, perdió la vida una persona por consumir espinacas contaminadas por E. coli y por lo menos 100 personas fueron hospitalizadas.
Las autoridades sanitarias del país señalan que la producción nacional de lechuga no tiene problema y que se puede consumir sin riesgo.
A pesar de que no hay seguridad de la calidad sanitaria de los productos agrícolas frescos que se importan de Estados unidos, las secretarías de Salud, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación acuerdan reabrir parcialmente la frontera mexicana a las lechugas y espinacas procedentes de Estados Unidos, a excepción de las que se producen en California, donde se mantiene la restricción.
Por otro lado, las autoridades sanitarias de Canadá, Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria, por lo menos en tres exhortos han advertido no consumir varias marcas de jugo de zanahoria importado de Estados Unidos por sospechar que está contaminado y ha provocado varios casos de botulismo.
Estados Unidos impone condiciones estrictas para la importación de los productos a partir de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001, en la que da lugar a la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo (Ley contra el Bioterrorismo), aprobada por su Congreso y que entró en vigor el 12 de junio de 2002. Así, los estadounidenses han desarrollado iniciativas que mejoran e incrementan sus acciones de control en el ingreso de personas y de mercancías en su territorio.
No es concebible que Estados Unidos imponga normatividad jurídica en las importaciones, cuando desde dentro se tienen los focos de contaminación; se autoriza a la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos) para retener administrativamente alimentos si prueba que dichos alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales.
Los países importadores de productos tienen razones económicas de peso para exigir productos seguros. Las importaciones no seguras pueden suponer una amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores. La retención o el rechazo de un producto no seguro y la reducción de la confianza de los consumidores en un producto o en la capacidad de un país para elaborar productos seguros puede dar como resultado importantes pérdidas de ingresos tanto para los países importadores como para los exportadores. Esas pérdidas de mercados y el descenso de los ingresos pueden traducirse en una reducción de los servicios comunitarios, en salarios más bajos y en pérdida de puestos de trabajo.
Por lo anterior solicito de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Sagarpa y la Secretaria de Economía hagan valer y apliquen los principios básicos del Tratado de Libre Comercio, en lo que se dicta en la Sección B, en la que se tiene derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias necesaria para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal en el territorio nacional.
Segundo. Si se autorizo la apertura de la frontera para la introducción de los productos en comento, por las autoridades federales, se solicita que se informe a esta soberanía qué criterios fueron tomados en cuenta para la importación de esos productos.
Tercero. Se dé a conocer qué políticas, lineamientos o estrategia se realizarán para contrarrestar el efecto negativo que causó en la producción nacional que la lechuga, las espinacas y las zanahorias de importación estuvieran contaminadas por E. coli.
Diputado Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGUE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PREVISTOS PARA EL RETIRO O LA JUBILACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2000 A 2005,
A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Las y los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales 2000 al 2005, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fecha 22 de agosto del año de 1996 entró en vigor la reforma electoral y judicial que dio origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones, está organizado en una Sala Superior y 5 Salas Regionales.
La Sala Superior se integra por siete Magistrados como lo señala el artículo 99 de la Constitución General, los cuales durarán en su encargo diez años.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 99 de La Constitución General y 205 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral contará con una Comisión de Administración la cual tiene entre sus atribuciones principales, aprobar y ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal.
La Comisión de Administración se integra con el presidente del Tribunal Electoral, quien la preside, un magistrado electoral de la Sala Superior designado por insaculación, así como tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal.
Atendiendo a la autonomía financiera que corresponde al Tribunal, el párrafo séptimo del artículo 99 constitucional dispone que éste propondrá su presupuesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación.
El pasado martes 17 de octubre, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Leonel Castillo, durante la presentación de su informe de labores 2005-2006, entre otras cosas, señaló la decisión del Tribunal Electoral de cancelar tres fideicomisos que había suscrito para sufragar bonos de retiro de los magistrados electorales y del personal administrativo de alto nivel.
El 30 de agosto de 2000 la Comisión de Administración del Tribunal emitió el acuerdo 052/S42 que ordena la creación de tres fideicomisos de inversión y administración para el retiro o jubilación de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El uso de recursos públicos utilizados por el Tribunal Electoral para la contratación de los fideicomisos citados, fueron constituidos con las "economías" del año 2000, es decir recursos que no se ejercieron lo que presupone a simple vista la violación a lo dispuesto por el artículo 38 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, el cual dispone en su primer párrafo que "Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse".
En cumplimiento al acuerdo citado, el 25 de julio de 2001 fueron constituidos los fideicomisos con Banco Internacional SA (Bital), siendo el primero de ellos el número 158984, que para el 30 de septiembre de 2006 cuenta con la cantidad de 52 millones 709 mil 186 de pesos.
Del cuerpo de este primer fideicomiso se advierte que "en caso de que un magistrado electoral deje el cargo cada uno recibirá una séptima parte de ese fondo", lo que equivale a una cantidad superior a los siete millones de pesos.
El segundo fideicomiso con número 158976, buscaba privilegiar los bonos de retiro de dos servidores del Tribunal, al secretario general de Acuerdos y al secretario Administrativo, ascendiendo el monto del fideicomiso a 3 millones 746 mil 474 pesos a la misma fecha del mes pasado.
El tercer fideicomiso contratado con el número 158968, pretendía financiar pensiones de los demás altos funcionarios del Tribunal Electoral, cuyo monto asciende a 31 millones 717 mil 516 pesos.
La suma de los recursos de estos tres fideicomisos alcanzan la cantidad de 88 millones 173 mil 177 pesos, contabilizados al 30 de septiembre de 2006, según consta en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre del presente año.
De la información que ha difundido la Auditoría Superior de la Federación, contenida en el Tomo II, página 158, del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003 se advierte que los recursos originales para la creación de los fideicomisos citados, provenían de un remanente presupuestal del año 2000 que no había sido reintegrado a la Tesorería de la Federación, por lo que exigió fueran reintegrados los recursos con los intereses que hubieran generado.
La contratación de estos fideicomisos presupone el soslayo a los principios fundamentales de eficiencia, eficacia y honradez en el manejo de los recursos públicos asignados al Tribunal Electoral.
Sin embargo el Tribunal se negó a acatar las observaciones de la Auditoría Superior amparándose en el "principio de anualidad", es decir, argumentó que la ASF revisaba las cuentas del 2003 y en consecuencia no podía auditar las operaciones realizadas en el año 2000.
El secreto fiduciario, el principio de anualidad, son criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enarbolado en "aras de la legalidad y del estado de derecho", sin embargo, esta miope concepción de la impartición de justicia ha significado legalizar el robo más grande de la historia al pueblo de México, el Fobaproa, el cual convirtió en deuda de todos los mexicanos el bienestar e impunidad de unos cuantos.
El secreto fiduciario, se impone como una barrera, que parece infranqueable, y que fomenta la opacidad, la impunidad, la corrupción, pues con dinero del erario se han constituido fideicomisos inescrutables que manejan recursos cercanos al 8 por ciento del producto interno bruto.
Ante estos hechos, la Cámara de Diputados no puede evadir su obligación constitucional de velar por el interés público.
El Poder Judicial no es ajeno a la rendición de cuentas y a la transparencia, tiene el deber fundamental de dar publicidad y certeza del manejo de los recursos asignados por la hacienda pública.
La integración de una Comisión Especial es indispensable para conocer el origen, monto y destino de los recursos públicos utilizados en la contratación de los fideicomisos del Tribunal Electoral, y en el caso de encontrar irregularidades procederemos a iniciar los procesos de responsabilidad que para estos servidores públicos señala el Título Cuarto de nuestra Constitución General, como puede ser el juicio político.
El pueblo de México no tolera más que se abuse de la posición y del encargo público para garantizar intereses particulares con remuneraciones que están fuera del contexto de marginación y rezago en que viven millones de mexicanos.
No puede ser más un gobierno rico con un pueblo pobre, no puede ser más que mientras el salario de los ministros de la Corte y del Tribunal Electoral rondan los 380 mil pesos mensuales, más seguro de separación y abusivas prestaciones y prebendas, el incremento al salario mínimo no alcance siquiera para comprar un boleto del Metro.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales 2000 al 2005.
Segundo. La Comisión Especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se asienten las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal y del Consejo de la Judicatura Federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo.
Tercero. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.
Diputados: Javier González Garza, Aleida
Alavez Ruiz (rúbrica), Luis Sánchez Jiménez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UN MECANISMO COMPENSATORIO
AL INGRESO DE LOS PRODUCTORES DE FRIJOL POR EL DAÑO CAUSADO POR
LAS IMPORTACIONES DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ RUBÉN
ESCAJEDA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal José Rubén Escajeda Jiménez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente propuesta.
Exposición de Motivos
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera el frijol como un producto básico y estratégico. Su cultivo data de hace ocho mil años. Junto con el maíz, la calabaza y el chile, este producto constituía la columna vertebral de la alimentación de los pueblos mesoamericanos, ya que aporta proteínas de calidad y otros componentes que fortalecen la salud y la nutrición humana.
Las familias mexicanas pobres se sirven del frijol para la obtención de diversas materias grasas y proteicas, mientras que las familias de altos ingresos lo hacen de la carne, el jamón, el queso y la mantequilla, entre otros. Por ello, el frijol no sólo es un producto básico y estratégico, sino además de consumo popular.
Después del maíz, el frijol es el cultivo más importante del país. La producción nacional es de 1 millón 100 mil toneladas al año, que se logran en una superficie aproximada de 2 millones 200 mil hectáreas, de las cuales el 87 por ciento es de temporal y sólo el 13 por ciento es de riego, siendo cultivadas por 571 mil productores que detentan una extensión promedio de 3.7 hectáreas.
El frijol se cultiva prácticamente en toda la República Mexicana. Sin embargo, el 74 por ciento de la producción nacional se concentra en siete Estados: Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Sinaloa, consumiéndose en el país la totalidad de la producción. En pocos años, de ser un país exportador, pasamos a ser importadores de frijol, principalmente de Estados Unidos.
No obstante, este cultivo es un gran generador de empleo en el sector rural, ya que se calcula que sólo en la etapa de la producción agrícola utiliza más de 78 millones de jornales, lo que equivale a más de 382 mil empleos permanentes.
Las organizaciones de productores de fríjol han demandado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en esta materia, debido a las asimetrías existentes entre los productores de Estados Unidos y los mexicanos, como los siguientes:
El rendimiento por hectárea en Estados Unidos de América supera 2.9 veces el rendimiento en México. El 100 por ciento de los productores norteamericanos usa fertilizante; en nuestro país sólo el 10 por ciento. La totalidad de los productores en Estados Unidos utiliza semilla mejorada, en México sólo el 24 por ciento. En Estados Unidos los subsidios son 12 veces más grandes que en nuestro país y mientras que allá el subsidio por trabajador es de 346 dólares, acá es de 81.
En junio del 2003 se instaló el Comité Nacional del Sistema Producto-Frijol, con la finalidad de elevar los niveles de productividad y competitividad en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Si bien es cierto que a la fecha se han identificado los principales problemas, no se ha logrado definir una política pública de apoyo a los productores que integre un modelo de competitividad productiva.
Se siembra en superficies muy pequeñas y, pese a los elevados costos, la productividad por hectárea es poca. Se vende a precios bajos y los productores corren los riesgos sin que exista ningún sistema compensatorio a sus ingresos. En suma, enfrentan serios problemas de organización, infraestructura, capacitación, financiamiento, tecnología, comercialización y seguro agrícola.
Lo más grave es que en tiempos de transición hacia la apertura sea el propio gobierno el que obstruya la posibilidad de que los productores sean más competitivos, pues mientras en el sistema producto se identifican los problemas, la Secretaría de Economía los agudiza al fijar cupos de importación que desploman los precios del frijol.
En el TLCAN, México estableció cuotas de acceso para Estados Unidos y Canadá de 50 mil y mil 500 toneladas, respectivamente, con un incremento anual del 3 por ciento. Para el sobre cupo se fijó un arancel de 48 centavos de dólar por kilogramo, que el Gobierno Mexicano no ha cobrado, lo cual tan sólo al 2003 representó una pérdida fiscal por 161 millones de dólares, mismos que en términos reales constituyen un subsidio a los importadores en perjuicio de los productores y con los cuales se pudo haber constituido el fondo compensatorio del frijol.
Para colmo, este año la Secretaría de Economía emitió cupos para importar frijol de Estados Unidos por un total de 65 mil toneladas, siendo lo más grave no los cupos sino los periodos en que los fijó: 13 mil toneladas en abril y 52 mil en septiembre.
La Secretaría de Economía no consideró que en abril se está recolectando y comercializando la cosecha del ciclo otoño-invierno y que tales importaciones afectarían a los estados de Sinaloa y Nayarit. Tampoco consideró que la licitación en septiembre perjudicaría la cosecha del ciclo primavera-verano, realizada en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, provocando grandes pérdidas a los productores de temporal.
Las organizaciones frijoleras consideran que el estado debe responder por la responsabilidad objetiva y civil nacida de la comisión de un acto administrativo lesivo para el patrimonio de los productores que representan.
La administración que está por terminar generó este problema y, por lo mismo, debe ser este gobierno el que lo resuelva, estableciendo un mecanismo compensatorio a los ingresos de los productores que se ejerza antes del 30 de noviembre del 2006 y, para no afectar la cosecha nacional ni perjudicar el ingreso de los productores, en lo sucesivo, autorizar la importación de frijol en los meses de junio y julio de cada año.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal a aplicar, de manera urgente, las acciones necesarias que permitan otorgar a los productores de frijol una compensación a sus ingresos antes del 30 de noviembre del 2006, derivado de la pérdida en el precio de su producto por la fijación de cupos de importación licitados por la Secretaría de Economía en el ejercicio del 2006, en periodos que afectan el levantamiento de la cosecha y comercialización del fríjol.
Diputado José Rubén Escajeda Jiménez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE PUEBLA A ADOPTAR MEDIDAS Y MECANISMOS QUE PERMITAN
LA LIBERTAD DE LOS PRESOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN CAMPESINA INDEPENDIENTE,
A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ULLOA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Diputado Emilio Ulloa Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante ésta LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de mis compañeros de bancada, ante ustedes, respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su relación con los artículos 50, fracción II; 58, fracciones I, II, III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea deliberativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, federal para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice una investigación exhaustiva sobre la presunta complicidad de funcionarios públicos de la procuración y administración de justicia en perjuicio de integrantes de la Central Campesina Independiente y, en su caso, ordene la liberación inmediata de los presos políticos de esa organización social. Sustento mi exposición en las siguientes
Consideraciones
Desde 1983 en la Sierra Norte del estado de Puebla prevalece un conflicto entre la Unión Campesina Independiente (UCI) y Antorcha Campesina que ha ocasionado la muerte de más de 150 campesinos, el desplazamiento de 427 personas y actualmente 21 campesinos permanecen presos por delitos fabricados.
Los campesinos e indígenas nahuas del municipio de Huitzilán de Serdán, Puebla, simpatizantes de la Unión Campesina Independiente han padecido por más de 20 años una serie de vejaciones y agresiones a su integridad física por parte de integrantes de Antorcha Campesina, agrupación vinculada al Partido Revolucionario Institucional, que se ha caracterizado por acciones violentas en diferentes zonas de nuestro país y que goza de la protección de autoridades en los diversos niveles del gobierno.
Frente a estas circunstancias, representantes de la Unión Campesina Independiente han procedido a interponer las denuncias respectivas ante organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Asimismo, han solicitado la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y presentado denuncias formales ante autoridades judiciales, estatales y federales, exigiendo una investigación exhaustiva que esclarezca la muerte de los 150 indígenas nahuas así como castigo a los responsables de estos hechos sangrientos y un juicio justo a los campesinos que se encuentran presos en el Centro de Readaptación Social del estado de Puebla, quienes han denunciado ser víctimas de atropellos graves a sus derechos humanos y garantías constitucionales.
Es a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2002 por Bartolomé Melchi Santiago ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República, que los actos represivos se fueron incrementando en contra de los integrantes de la Unión Campesina Independiente, por parte de Antorcha Campesina.
Actualmente en el Centro de Readaptación Social del estado de Puebla se encuentran presos 21 campesinos: Francisco Ayance Hernández, José Santiago Antonio, Sebastián Santiago Antonio, Miguel Cabaña Tadeo, Bartolomé Gregorio Pérez, Francisco Tiburcio Joaquín, José Ángel Soto, Austreberto Ortega Téllez, Domingo Melchi Santiago, Rogelio Santiago Antonio, Francisco Vázquez García, Raúl Santiago Vázquez, Miguel Esteban Galindo, Rogelio Cristóbal Cañadero, Mauro Ángel Soto, Bartolomé Melchi Santiago, Lorenzo Hernández Morales, Domingo Tiburcio Hernández, Eduardo Castro S., Valente Ramírez Salazar, Eduardo Rangel Fuentes.
Cabe destacar que el pasado 23 de marzo murió en circunstancias no claras Ignacio Cabañas Cañadero, simpatizante de la UCI, quien había mencionado que estaba siendo castigado y que fue enviado al dormitorio "L" (de máxima peligrosidad). De manera informal, las autoridades del penal declararon que las causas de su muerte fueron hidrocefalia, meningo-encefalitis y Vih sida. Sin embargo, hasta el momento no han presentado un documento oficial que acredite esas causas ni se tiene información sobre la realización de una revisión cuidadosa al interior del penal para descartar posibles contagios de Vih.
El 29 de agosto del presente año, el Comité de Presos Políticos Indígenas de la UCI inició una huelga de hambre que duró más de dos semanas y cuyo fin era pedir a las autoridades del estado su inmediata libertad por las injusticias, encarcelamiento y represión de que han sido objeto así como por el conflicto que existe en Huitzilán de Serdán, Puebla.
No obstante que el Poder Judicial tiene suficientes elementos para decretar la libertad de los procesados, lo cierto es que no lo hacen porque existe complicidad y colusión entre las autoridades del gobierno de Mario Marín, los "antorchos" y, desde luego, el Poder Judicial.
Y es que para nadie es un secreto que, en el estado de Puebla, las autoridades judiciales se encuentran sometidas a los designios del gobernador "precioso", amigo y protector de pederastas como lo es el señor Kamel Nacif, y que se valen de artilugios y mañas jurídicas para "castigar", con todo el peso de la ley, a quienes se oponen a sus deseos, tal como ha quedado demostrado en el caso de la periodista Lydia Cacho. Hoy, además, mantienen presos a 21 campesinos inocentes por un delito grave fabricado, no obstante que en el expediente judicial existen contradicciones importantes que permitirían la liberación de los procesados. Todo ello para proteger al grupo paramilitar de Antorcha Campesina, quienes siempre han sido apéndices de gobiernos priístas, son los golpeadores profesionales de algunos gobiernos priístas que creen todavía en la política del garrote y en la manipulación de las necesidades y expectativas de las poblaciones urbano y rurales marginadas.
Frente a estos agravios que se suman a la serie de hechos delictivos en los que se encuentra inmiscuido el "gober precioso" de Puebla, es que exigimos la inmediata y absoluta libertad de los presos políticos de ese desgobierno poblano y, en su caso, se castigue a los verdaderos culpables, ahí sí, con todo el peso de la ley. Basta ya de impunidades y complicidades entre los tres poderes del gobierno del estado de Puebla, para afectar los intereses colectivos de sus habitantes.
Es por ello que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al pacto federal, exhorta al C. Mario Plutarco Marín Torres, gobernador constitucional del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas y los mecanismos que permitan la inmediata libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente y cese el hostigamiento que se viene realizando en su contra.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República, para que investigue las denuncias que ha presentado la Unión Campesina Independiente en contra de integrantes de Antorcha Campesina.
Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de octubre del 2006.
Diputado Emilio Ulloa Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL DAÑO ECOLÓGICO
Y SOCIAL GENERADO POR PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO LANDERO LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados abajo firmantes, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para crear una comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex (Petróleos Mexicanos), al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante más de un siglo, la industria petroquímica ha sido uno de los temas fundamentales en la discusión de la agenda nacional. La visión de nuestro país en cuanto a la manera de observar las características de la propiedad de los hidrocarburos ha sufrido grandes cambios, es así que una primera etapa la falta de capacidad y desconocimiento del sector fue fundamento para que el petróleo nacional fuera controlado por capital extranjero; posteriormente, gracias a las acciones del presidente Cárdenas, se sentó el precedente de la propiedad de la nación en la materia.
Sin embargo, en la actualidad la falta de inversión en la paraestatal, la contratación para la prestación de servicios petroquímicos, fundamentalmente prestados por empresas extranjeras, han puesto en jaque la situación de Pemex, empresa que -paradójicamente- al día de hoy opera con números rojos, no obstante de los precios récord del petróleo en el mundo.
A un lado de esta profunda crisis institucional, Pemex ha dejado en las regiones del país en donde tiene instalaciones de exploración, extracción y transformación de los insumos derivados del petróleo una ola de miseria, marginación, desplazamiento, desaparición de la naturaleza y de las fuentes de trabajo de cientos de miles de hombres del mar y del campo, que han visto convertirse sus litorales y sus praderas en basureros industriales generados por una empresa que no ha cumplido con sus fines sociales.
Hoy día en México estamos muy lejos de alcanzar los propósitos de la paraestatal de ser una empresa limpia y segura, comprometida con el medio ambiente.
De acuerdo con datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, Pemex es la industria peor calificada en el cuidado de sus operaciones: de cada 2 emergencias ambientales que se presentan, una es generada por Pemex.
Ejemplos de la falta de cuidado y mantenimiento en las operaciones realizadas por personal de Pemex y las empresas que le prestan servicios es el accidente suscitado el pasado 18 de octubre en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se generó una explosión, seguida de un incendio, en el buque tanque Quetzalcóatl, que se encontraba anclado en el muelle 6 de la terminal marítima de Pajaritos, de la cual exigimos a las autoridades que se investigue y se finque responsabilidades penales y civiles, además que se responda de manera inmediata a los familiares de los cuando menos 8 muertos que se tienen reportados. No se puede permitir que estos hechos se desvanezcan en el laberinto de la opacidad del manejo de estos temas por parte de la paraestatal.
Compañeros legisladores, es momento de que la Cámara de Diputados ratifique su compromiso con los estados que conviven a diario con Pemex, estableciendo con ciudadanos y gobiernos un enlace permanente de esta Cámara para el tratamiento de este tema en particular; seamos garantes de los trabajos de Pemex para garantizar el equilibrio social y ecológico.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados promoventes signamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, que tendrá como objetivo detectar la problemática e impacto ambiental que dicha empresa genera en los estados del país en donde se encuentran instalaciones de la paraestatal, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.
Segundo. La Comisión Investigadora cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión Investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex en los estados del país en donde se encuentran sus instalaciones funcionará por la duración de la LX Legislatura o hasta en tanto agote su objetivo, si esto ocurriere antes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.
Diputados: Pedro Landero López
(PRD), José Antonio Almazán González (PRD), Layda
Elena Sansores San Román (Convergencia), Moisés Dagdug Lützow
(PRD), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (PRD), Daniel Pérez
Valdés (PRI), José Amado Orihuela Trejo (PRI), Gerardo Lagunes
Gallina (PRI), Adolfo Mota Hernández (PRI), Nemesio Domínguez
Domínguez (PRI), Elizabeth Morales García (PVEM), Alfredo
Barba Hernández (PRI), Héctor Padilla Gutiérrez (PRI),
José Luis Aguilera Rico (Convergencia), Jorge Emilio González
Martínez (PVEM), Verónica Velasco Rodríguez (PVEM),
Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía (PVEM), Érika Larregui
Nagel (PVEM), Antonio Xavier López Adame (PVEM), María Guadalupe
Josefina García Noriega (PVEM), Francisco Martínez Martínez
(PRD), Susana Monreal Ávila (PRD), Ana Yurixi Leyva Piñón
(PRD), Octavio Martínez Vargas (PRD), Neftalí Garzón
Contreras (PRD), Adriana Díaz Contreras (PRD), María Soledad
López Torres (PRD), Armando García Méndez (Alternativa),
Robinson Uscanga Cruz (Convergencia), Silbestre Álvarez Ramón
(PRD), Francisco Javier Santos Arreola (PRD), Raymundo Cárdenas
Hernández (PRD), María Elena Torres Baltasar (PRD), Miguel
Ángel Solares Chávez (PRD), Ramón Félix Pacheco
Llanes (PRD), Mónica Fernández Balboa (PRD), Sonia Nohelia
Ibarra Franquez (PRD), Alejandro Sánchez Camacho (PRD), Daniel Torres
García (PRD), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD), Lourdes
Alonso Flores (PRD), Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD), Santiago
Gustavo Pedro Cortés (PT), Víctor Gabriel Varela López
(PRD), Aurora Cervantes Rodríguez (PRD), Roberto Mendoza Flores
(PRD), Daisy Selene Hernández Gaytán (PRD), Silvia Oliva
Fragoso (PRD), Alejandro Martínez Hernández (PRD), José
Luis Gutiérrez Calzadilla (PRD), Modesto Brito González (PRD),
Rosario Ignacia Ortiz Magallón (PRD), Itzcóatl Tonatiuh Bravo
Padilla (PRD), Raciel Pérez Cruz (PRD), Héctor Narcía
Álvarez (PRD), Víctor Aguirre Alcaide (PRD), Benjamín
Hernández Silva (PRD), Camerino Eleazar Márquez Madrid (PRD),
Concepción Ojeda Hernández (PRD), Emilio Ulloa Pérez
(PRD), Alberto Amaro Corona (PRD), Victorio Rubén Montalvo Rojas
(PRD), Martín Ramos Castellanos (PRD), Miguel Ángel Peña
Sánchez (PRD), Ruth Zavaleta Salgado (PRD), Cuitláhuac Condado
Escamilla (PRD), Ramón Barajas López (PRI), Carlos Rojas
Gutiérrez (PRI), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (PRI),
María Eugenia Jiménez Valenzuela (PRD), José Alfonso
Suárez del Real y Aguilera (PRD), Jesús Humberto Zazueta
Aguilar (PRD), Miguel Ángel Navarro Quintero (PT), Juan Dario Arreola
Calderón (PRD), Aleida Alavez Ruiz (PRD), Guadalupe Socorro Flores
Salazar (PRD), Juan Manuel San Martín Hernández (PRD), José
Jacques y Medina (PRD), Maribel Luisa Alva Olvera (PRD), Rutilio Cruz Escandón
Cadenas (PRD), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT), Anuario Luis Herrera
Solís (PT), Abundio Peregrino García (PT), Irene Aragón
Castillo (PRD), Antonio Ortega Martínez (PRD), Martín Zepeda
Hernández (PRD), Carlos Altamirano Toledo (PRD), Javier Hernández
Manzanares (PRD), Celso David Pulido Santiago (PRD), Rosa Elia Romero Guzmán
(PT), Ricardo Cantú Garza (PT), Carlos Roberto Martínez Martínez
(PRD), Higinio Chávez García (PRD), Efraín Morales
Sánchez (PRD), Maricela Contreras Julián (PRD), Pablo Trejo
Pérez (PRD), Rafael Villicaña García (PRD), Juan Adolfo
Orcí Martínez (PRD), Delio Hernández Valadés
(Alternativa), Martha Angélica Tagle Martínez (Convergencia),
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa), Elías Cárdenas
Márquez (Convergencia), José Manuel del Río Virgen
(Convergencia), María del Carmen Salvatori Bronca (Convergencia),
Francisco Márquez Tinoco (PRD), César Flores Maldonado (PRD),
Isidro Pedraza Chávez (PRD), Francisco Sánchez Ramos (PRD),
Fernando Enrique Mayans Caníbal (PRD), David Mendoza Arellano (PRD),
David Sánchez Camacho (PRD), Gerardo Villanueva Albarrán
(PRD), Samuel Aguilar Solís (PRI), María Beatriz Pagés
Llergo Rebollar (PRI), Claudia Lilia Cruz Santiago (PRD), Érick
López Barriga (PRD), Raúl Ríos Gamboa (PRD), Miguel
Ángel Arellano Pulido (PRD), Holly Matus Toledo (PRD), Marcos Matías
Alonso (PT), Rosa Elva Soriano Sánchez (PRD), Rafael Elías
Sánchez Cabrales (PRD), Sergio Augusto López Ramírez
(PVEM), Olga Patricia Chozas y Chozas (PVEM), José Edmundo Ramírez
Martínez (PRI), Joel Guerrero Juárez (PRI), Mayra Gisela
Peñuelas Acuña (PRI), Daniel Amador Gaxiola (PRI), Félix
Castellanos Hernández (PT), Jesús Evodio Velázquez
Aguirre (PRD), Víctor Ortiz del Carpio (PRI), Humberto Wilfrido
Alonso Razo (PRD), Carlos Orsoe Morales Vázquez (PRD), Gerardo Priego
Tapia (PAN) (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR Y PUBLICAR EL REGLAMENTO DE LA
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El acelerado desarrollo de las sociedades hecho al margen de la protección del ambiente mundial, ha provocado en este último un importante y grave deterioro, en perjuicio de la población, tanto nacional como mundial.
A partir del incremento poblacional y de los cambios industriales, el problema de los desechos comenzó a evidenciarse en el país, ya que las concentraciones urbanas generan grandes cantidades de residuos, las cuales son depositadas en lugares públicos, barrancas, cuerpos de aguas, sólo por mencionar algunos sitios.
La Semarnat señala en sus "Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México: 2005" que en los últimos trece años, se estima que la generación de residuos sólidos municipales se ha incrementado en un 57%, alcanzando las 34.6 millones de toneladas en el 2004, con un incremento promedio anual de casi un millón de toneladas.
La producción y consumo de diferentes bienes para los individuos, derivado del propio desarrollo genera una gran cantidad de residuos que pueden llegar a ser, por su volumen o por sus características, sumamente riesgosos. Lo anterior se agrava aún más considerando que con el avance tecnológico los tipos de residuos comenzaron a variar, desechos inorgánicos como plásticos, fibras textiles de carácter sintético, pilas, entre otros, son eliminados en la misma forma que los desechos orgánicos, sin que la naturaleza sea capaz de degradarlas.
La Semarnat revela en los indicadores antes citados, que cuando menos una tercera parte de los residuos sólidos municipales (33%), se disponen sin control. Esta falta de sistemas adecuados para el manejo de los residuos sólidos municipales puede tener efectos graves en la salud y el bienestar de la población su manejo. Dichos efectos se asocian generalmente a enfermedades como la fiebre tifoidea, la salmonelosis, el cólera y la amibiasis.
No obstante lo anterior, existe una problemática con los residuos que si reciben un manejo adecuado, toda vez que el tonelaje de disposición de las instalaciones disminuye a medida que éstas alcanzan el máximo de su capacidad, lo cual aunado al crecimiento poblacional hace que en el corto plazo no existan lugares para su adecuada disposición, agudizando el problema de contaminación y deterioro ambiental.
Sumado a lo anterior, existe el problema del manejo adecuado de los residuos peligrosos, toda vez que en nuestro país no contamos con la tecnología, ni los recursos suficientes para su tratamiento y disposición final, lo cual constituye un elemento más para poner en riesgo al medio ambiente y a la salud humana.
La propia Semarnat informa, en los mencionados indicadores, que desde 1995 hasta el 2004 se han registrado un total de 432 sitios contaminados (que incluyen aquéllos con y sin responsable). Los principales materiales encontrados son hidrocarburos, escorias, aceites gastados, solventes, metales pesados y residuos biológico-infecciosos.
Hay una creciente preocupación social respecto a los depósitos de residuos peligrosos. Esta se explica por la asociación de los residuos peligrosos con el cáncer y las malformaciones congénitas, sin embargo, existen otros problemas de salud asociados como las alteraciones mutagénicas, los daños renal y hepático, los problemas neurológicos y las enfermedades respiratorias y de pulmón.
Dada la magnitud del problema resulta indispensable que se busquen soluciones integrales y viables, que involucren a la sociedad; los estados, al tomar conciencia de esta situación, han reconocido la necesidad imperiosa de exigir la adopción inmediata de medidas que la corrijan, propiciando que el derecho se haya visto precisado a estudiar esta situación.
En este contexto el 3 de octubre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.
La Ley que se aprobó por el Congreso de la Unión contiene un conjunto de preceptos que de ser adecuadamente aplicados propiciarían que tanto autoridades como sociedad asuman su responsabilidad en esta materia, ya no sólo dependerá de las voluntades unilaterales que tengan en políticas públicas o de impacto social, toda vez que la ley promueve políticas públicas de Estado para garantizar el derecho humano a un medio ambiente adecuado.
Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo realizado por el Congreso de la Unión, el Presidente de la República ha hecho caso omiso a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio, el cual señala a la letra que: "El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación."
Al respecto, es de señalarse que el Reglamento es una norma de carácter general, abstracta e impersonal expedida por el titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa. El Reglamento es producto de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción I, constitucional, que encomienda al Presidente para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo federal.
En este contexto la expedición del Reglamento permitirá la operatividad de diferentes aspectos de la ley de merito como: la ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección del medio ambiente y remediación de sitios contaminados; ejecutar las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación por residuos peligrosos, y las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos.
Con la expedición del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se establecerían de manera precisa los términos y condiciones de las autorizaciones para: la prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos, la utilización de residuos peligrosos en procesos productivos, el acopio y almacenamiento de residuos peligrosos provenientes de terceros, la incineración de residuos peligrosos, el transporte de residuos peligrosos, el establecimiento de confinamientos dentro de las instalaciones en donde se manejen residuos peligrosos, la transferencia de autorizaciones expedidas por la Semarnat, la importación y exportación de residuos peligrosos, entre otras.
El esfuerzo que se realizó en el Congreso de la Unión se debe materializar con la publicación del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el Diario Oficial de la Federación, ya que de esta forma lograremos que se provea en la esfera administrativa su exacta observancia y garantizar el cumplimiento del artículo 4º constitucional relativo al derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en uso de la facultad contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida y publique, a la brevedad, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de octubre de 2006.
Diputado Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica)
La suscrita, Lourdes Quiñones Canales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, respetuosamente propone a esa Presidencia que formule una excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictaminen la iniciativa de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, en atención a los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 29 de septiembre de 2004, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, en nombre propio y del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.
2. En la misma fecha, dicha iniciativa se turnó para su dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
3. El 7 de octubre de ese año, la Presidencia de la Mesa Directiva modificó el turno dictado y la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables.
Consideraciones
Como se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa de referencia, y como se observa, casi todos los días en los diferentes medios de comunicación, en los últimos años hemos venido siendo testigos de un descomunal incremento de la comisión de delitos de orden sexual en los que se involucra a niños y a niñas de diversas y cada vez más numerosas ciudades del país, derivados fundamentalmente de la desproporcionada demanda en el creciente y fuera de control mercado nacional e internacional.
La ahora muy recurrente práctica de la utilización de menores para elaborar material pornográfico, la extensión del turismo sexual y la venta de infantes con propósitos sexuales, aunadas a otras muchas modalidades delictivas, ponen en grave riesgo la seguridad y la tranquilidad de las niñas y los niños de las familias mexicanas, pues las grandes mafias internacionales, asociadas con las locales, sin distinción de fronteras sociales o culturales y considerablemente favorecidas por la globalización de las comunicaciones y de los avances tecnológicos, concentran la mayor parte de su actividad en los países en que las leyes para la protección de la niñez no son tan rígidas o contienen lagunas legales, como en el caso del nuestro.
Conforme a la información recabada por nuestros compañeros para la sustentación de la iniciativa que nos ocupa, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó en 2004 que la explotación sexual infantil generaba en los mercados del mundo la escandalosa cantidad de 7 mil millones de dólares anuales, cifra con la que -según cálculos de ese entonces- se podría garantizar el acceso a la educación primaria de todas las niñas y los niños del mundo. Ante tan enormes ganancias, la explotación sexual infantil se ha colocado en el tercer lugar de los grandes negocios ilícitos del mundo, tan sólo después de las drogas y las armas.
En los hechos se demuestra que, debido a nuestra débil legislación, en los últimos años México se ha convertido en el lugar idóneo para la infinidad de bandas internacionales dedicadas a la explotación sexual de la niñez mexicana, prácticas tan terribles que atentan contra su correcto desarrollo psicosexual y contra la sociedad mexicana en su conjunto.
Frente a esas circunstancias y considerando que la explotación sexual infantil, tanto comercial como no comercial, destruye moral, psicológica, física y socialmente a generaciones enteras, resulta de vital importancia estructurar el marco jurídico que permita conjuntamente a sociedad y gobierno prevenir el delito y, en su caso, combatirlo eficazmente.
La iniciativa de ley presentada tiene por objeto prevenir y eliminar en nuestro país toda forma de explotación sexual infantil; introduce diversas innovaciones, como la creación del organismo descentralizado Consejo Nacional para Prevenir la Explotación Sexual Infantil; y considera, entre otros importantes aspectos, la indispensable participación de la sociedad civil mexicana.
Por lo anterior, a usted, ciudadano Presidente, atentamente me permito solicitarle:
Único. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien excitar a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, para que con la mayor brevedad dictaminen la iniciativa de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.
Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica)
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 26 de octubre, a las 9 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Jorge Charbel Estefan Chidiac
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A su primera reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el jueves 26 de octubre, a las 12 horas, en el salón Libertadores.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A la reunión de su mesa directiva, que se efectuará el jueves 26 de octubre, a las 16 horas, en las oficinas de la comisión.
Atentamamente
Diputado Tomás del Toro del Villar
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 26 de octubre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Diputado Raymundo Cárdenas Hernández
Presidente
DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS; DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; Y DE CULTURA
A la comparecencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, que se efectuará el lunes 30 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Orden del Día
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos
Diputada Silvia Luna Rodríguez
Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente de la Comisión de Cultura
Formato de la comparecencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, ante las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; de Ciencia y Tecnología; y de Cultura de la LX Legislatura, Cámara de Diputados
1. Lista de presentes.
2. Declaración de quórum.
3. Apertura de la reunión, por el diputado Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos.
4. Palabras de bienvenida, por la diputada Silvia Luna
Rodríguez, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
5. Exposición inicial del doctor Reyes Tamez Guerra, secretario de Educación Pública del Poder Ejecutivo federal, hasta por 12 minutos.
6. Primera ronda de intervenciones por una diputada o un diputado representantes de los grupos parlamentarios miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Ciencia y Tecnología; o bien, de los grupos parlamentarios que, sin ser parte de las comisiones, hayan solicitado participar en la comparecencia, en el siguiente orden: Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario del PT, y Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
Intervención del doctor Reyes Tamez Guerra hasta tres minutos después de la intervención de cada diputado para contestar las preguntas y hacer los comentarios que estime pertinentes.
Después de la respuesta del doctor Tamez Guerra, el grupo parlamentario podrá solicitar la palabra para réplica, hasta por dos minutos.
7. Segunda ronda de intervenciones por una diputada o un diputado representantes de los grupos parlamentarios miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Ciencia y Tecnología; o bien, de los grupos parlamentarios que, sin ser parte de las comisiones, hayan solicitado participar en la comparecencia, en el siguiente orden: Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario del PT y Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
Intervención del doctor Reyes Tamez Guerra hasta tres minutos después de la intervención de cada diputado para contestar las preguntas y hacer los comentarios que estime pertinentes.
Después de la respuesta del doctor Tamez Guerra, el grupo parlamentario podrá solicitar la palabra para réplica, hasta por dos minutos.
8. Tercera ronda de dos diputadas o diputados representantes de los grupos parlamentarios miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Ciencia y Tecnología, en el siguiente orden: Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.
Intervención del doctor Reyes Tamez Guerra hasta cinco minutos después de la intervención de las o los dos diputados para contestar las preguntas y hacer los comentarios que estime pertinentes.
Después de la respuesta del doctor Tamez Guerra, el grupo parlamentario podrá solicitar la palabra para réplica, hasta por dos minutos.
9. Mensaje de clausura de la reunión, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura.
Dicha comparecencia podrá contar con la participación
de los funcionarios que estime pertinente el secretario de Educación
Pública, previo registro ante las comisiones, y será de conformidad
con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política relativos
a las comparecencias ante comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal
para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la
República, licenciado Vicente Fox Quesada, publicados en la Gaceta
Parlamentaria el 11 y 16 de octubre de 2006, respectivamente.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A la comparecencia del secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, que se verificará el lunes 30 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del edificio G, planta baja.
Orden del Día
Diputado Benjamín González Roaro
Presidente de la Comisión de la Función
Pública
Diputado Antonio Ortega Martínez
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación
Acuerdo que establece el formato para la comparecencia del secretario de la Función Pública ante las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en la materia de su competencia
Los diputados integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 69 y 93, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Que la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 10 de octubre del año en curso, aprobó el acuerdo para citar a comparecer ante comisiones a diversos funcionarios del Ejecutivo federal a los que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, entre ellos al secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos.
Segundo. Que de conformidad con el artículo cuarto del acuerdo señalado en el considerando anterior, las comparecencias se desarrollarán conforme a las bases y al formato que acuerden y establezcan las propias comisiones.
Acuerdan
La comparecencia del secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, se desarrollará de conformidad al siguiente formato:
I. Bienvenida por parte del diputado Benjamín González Roaro, Presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
II. Exposición inicial por parte del secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, a efecto de que informe sobre el estado que guarda su respectivo ramo, por 10 minutos.
III. Una primera ronda de preguntas de los grupos parlamentarios representados en ambas comisiones. Su intervención será de 3 minutos y se realizará en el siguiente orden: Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
A cada pregunta, el secretario dará una respuesta, hasta por 3 minutos.
Los diputados que hayan formulado cuestionamientos contarán con el derecho de réplica solicitándolo a las Presidencias; para ello dispondrán de 2 minutos.
IV. Los grupos parlamentarios no representados en estas Comisiones, para hacer uso de la palabra, deberán previamente solicitarlo por escrito antes del 26 de octubre del año en curso.
V. Una segunda ronda de preguntas, hasta por 3 minutos, en el siguiente orden: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Una respuesta del secretario a cada cuestionamiento, hasta por 3 minutos.
VI. Despedida a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por los integrantes de las Comisiones de la Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.
Segundo. La comparecencia tendrá verificativo el lunes 30 de octubre del año en curso, a las 17:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.
Por la Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín González Roaro, presidente; Moisés Alcalde Virgen, secretario; Jesús Evodio Velázquez Aguirre, secretario; José Guillermo Velázquez Gutiérrez, secretario; Enrique Cárdenas del Avellano, secretario (rúbricas).
Por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Diputados: Antonio Ortega Martínez, presidente;
Alma Edwiges Alcaraz Hernández, secretaria; Mario Alberto Salazar
Madera, secretario; Antonio Valladolid Rodríguez, secretario; Pablo
Trejo Pérez, secretario; Gerardo Sosa Castelán, secretario;
Víctor Valencia de los Santos, secretario; Alan Notholt Guerrero,
secretario; Elías Cárdenas Márquez, secretario; Jaime
Cervantes Rivera, secretario.
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A la reunión de planeación de su mesa directiva para establecer el plan de trabajo, que se verificará el lunes 30 de octubre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio D, planta baja).
Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de su junta directiva, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 9:30 horas, en las oficinas de la comisión (edificio D, cuarto nivel).
Atentamente
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán
Presidente
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la segunda reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, tercer piso).
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Luis Luege Tamargo, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 16 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
A la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 16 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputado Rodrigo Medina de la Cruz
Presidente
DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, ante la convocante y las comisiones de Desarrollo Rural, y de Pesca, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Diputado Héctor Padilla Gutiérrez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
A la comparecencia del secretario de Energía, licenciado Fernando Canales Clariond, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado David Maldonado González
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A su primera reunión ordinaria, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio D, planta baja). La reunión tendrá por objetivo discutir el plan de trabajo.
Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A la reunión de su mesa directiva para establecer los lineamientos de su segunda reunión ordinaria, en la que se recibirá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, a fin de que expongan su agenda legislativa sobre el fortalecimiento de la hacienda municipal, que se realizará el martes 7 de noviembre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio D, planta baja). La reunión tendrá por objetivo discutir el plan de trabajo.
Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A su reunión ordinaria, en la que se recibirá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, a fin de que expongan su agenda legislativa para el fortalecimiento de la hacienda municipal, que se realizará el miércoles 8 de noviembre, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria, que se verificará el miércoles 8 de noviembre, a las 13 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su segunda reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 14 de noviembre, a las 15:30 horas, en el salón D del edificio G.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
En coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al curso-taller Reflexión en materia de transparencia y acceso a la información pública, que se impartirá el lunes 30 de octubre, a las 15:30 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel.
Los propósitos de este curso-taller son dos: el primero es presentar los avances en materia de transparencia y acceso a la información en la administración pública federal y analizar el papel que desempeña el IFAI en el proceso de implementación de la ley federal; el segundo, es exponer y reflexionar sobre la transparencia y el acceso a la información en la honorable Cámara de Diputados, a partir de los resultados del estudio Otros sujetos obligados, que realizó un equipo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y de la experiencia que desarrolla la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados.
El curso-taller de reflexión está diseñado para los funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Diputados, como continuación de las actividades de capacitación que se realizaron en los primeros meses del presente año.
Programa de Actividades
15:45 a 16:00 Registro de asistentes.
16:00 a 16:15 Inauguración del curso.
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación del libro Actitudes, valores y opiniones de las elites parlamentarias de México, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 13 horas, en el auditorio norte del edificio A.
Atentamente
Doctora Adriana Borjas Benavente
Directora General