Acta de la sesión antrerior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica con motivo del 53 aniversario reconocimiento del derecho al voto de la mujer.
De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Protesta de ciudadano diputado.
De la Secretaría de Gobernación
Por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. (Turno a Comisión)
Dos,. por las que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla, puedan prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, respectivamente y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Silvia Alejandra Muñoz Cirio, Margarita Rodríguez Ortega, Rosa Claudia Hernández Cavazos y Augusto Humberto Navarrete Corbin Junior, al Gobierno de los Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)
De la Cámara de Senadores
Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, se amplié, etiquete y desagregue el gasto destinado a las mujeres y adolescentes. (Turno a Comisión)
Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, el gasto destinado a la Educación Pública no sea menor a ocho puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Nacional, presentado por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en septiembre de 2006. (Turno a Comisión)
Efeméride
Sobre el 12 de octubre, Día de la Raza y del Descubrimiento de América, a cargo de los grupos parlamentarios.
Iniciativas
De Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Diego Aguilar Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proposiciones
Con Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para informar el estado que guarda la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, reintegre al presupuesto de la Sagarpa, el resto de los recursos presupuestales que formaron la reserva estratégica. Asimismo se solicita a la Sagarpa que dichos recursos sean aplicados de acuerdo a la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, a fin de informar a esta soberanía los criterios utilizados para fijar cupos de importación en la producción de azúcar, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia y suscrito por diputadas de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes, a reconocer el valor de la mujer rural y otorguen mayores recursos a los programas destinados a su atención, suscrito por los diputados Leticia Díaz de León Torres y Francisco Domínguez Servien, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo relativo a la solicitud de declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur y la anulación del Acuerdo de Desincorporación emitido por la Semarnat, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo para que esta soberanía convoque al primer foro parlamentario de consulta sobre Educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Cacao, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Transportes y de Trabajo, y Previsión Social de esta soberanía, investiguen lo relativo al cambio de condiciones laborales habidas después de la venta de Mexicana de Aviación, a cargo el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la ONU, a cargo de la diputada Marcela Cuén Garibi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SEP, suspenda la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria, ante el rechazo del magisterio nacional y las deficiencias que ha tenido su aplicación, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua, para realizar las obras necesarias en el denominado dren de Tehuacán, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas legislaturas locales para que modifiquen sus procesos electorales de manera que coincidan las elecciones locales y federales, a cargo del diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial Encargada del Estudio de la Problemática de las Aguas Subterráneas Nacionales, a cargo de la diputada Soledad López Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para 2007 se incluya la construcción de un instituto tecnológico nivel superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, en el valle de Tehuacán y Ajalpan, Puebla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso en que se encuentran las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez, Iztapalapa, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como lo establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a realizar estudios técnicos con objeto de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 recursos para apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar estudios técnicos, con el objeto de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 recursos para el rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma del Estado, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la niñez, adolescencia y familias, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la familia, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo de 2000 a 2006 por todo concepto y los resultados de las revisiones efectuadas por la misma, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la SCT, a Capufe y a la SHCP a implantar los mecanismos adecuados para actualizar el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta, de manera respetuosa, al diputado Félix Castellanos Fernández a explicar a esta soberanía las razones por las que ha decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Sergio López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Gobernación que emita la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN para que, con la mayor brevedad, emita resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar en una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del pasado 30 de septiembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar, con la mayor brevedad, la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva Biblioteca Pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el campo, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía, a fin de que rinda un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que lleve a cabo una investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, relativo a la construcción de un puerto de cabotaje y altura en la zona denominada Punta Colonet, Baja California, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal 2007 consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación para que, en el marco del proceso de transición, coordine con el presidente electo el inicio a la organización y adiestramiento de fuerzas federales, para sustituir a las fuerzas armadas de las actividades que realizan en materia de combate al crimen organizado y contra el narcotráfico, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión para que se promulgue la celebración del 15 de octubre como el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para hacer frente a su crisis financiera, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el Capítulo Agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de esta LX Legislatura para que, en cumplimiento con la normatividad vigente, se abstengan de fumar en el honorable recinto, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe a esta soberanía sobre el acuerdo paralelo al TLCAN, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT, la Cofemer, la CFC y el Banco de México que rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Efeméride
Sobre el XXXII aniversario de la creación del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías
Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiocho diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del miércoles once de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y de la misma manera la aprueba.
Se reciben cinco puntos de acuerdo de los congresos de los estados de: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas por los que solicitan la asignación de recursos a diversas partidas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que informa que los Jefes Delegacionales para el periodo dos mil seis-dos mil nueve rindieron protesta. De enterado.
La Comisión Nacional del Agua, remite informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil seis de los recursos recaudados y devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el programa de devolución de derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, y designa una comisión para acompañarlo e introducirlo hasta el lugar que le ha sido asignado.
El Presidente otorga la palabra al licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al acuerdo que establece el calendario y las bases para el desarrollo de las comparecencias ante el Pleno, de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada.
Desde su curul, el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, solicita una moción de procedimiento y la presidencia atiende lo solicitado.
En la primera ronda correspondiente a: preguntas de los Grupos Parlamentarios-respuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público-réplica de los grupos parlamentarios, se les concede la palabra en el orden citado a los diputados del Partido Acción Nacional: Moisés Alcalde Virgen y José Manuel Minjares Jiménez.
A las once horas con cincuenta y cuatro minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cincuenta y ocho diputadas y diputados.
Continúan con el bloque de intervenciones para la primera ronda en el orden anunciado los diputados: del Partido de la Revolución Democrática: Francisco Javier Calzada Vázquez y Ramón Félix Pacheco Llanes; del Partido Revolucionario Institucional: Miguel Ángel González Salum y
Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González
Horacio Emigdio Garza Garza; del Partido Verde Ecologista de México: Verónica Velasco Rodríguez; de Convergencia: Jesús Cuahtémoc Velasco Oliva; del Partido del Trabajo: Joaquín Humberto Vela González;
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
de Nueva Alianza: Manuel Cárdenas Fonseca; y de Alternativa: Aida Marina Arvizu Rivas, quienes también hacen uso del derecho de réplica.
En la segunda ronda correspondiente a: preguntas de los grupos parlamentarios-respuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público-réplica de los grupos parlamentarios, se les concede la palabra en el orden citado a los diputados del Partido Acción Nacional: Jorge Alejandro Salum del Palacio y Alejandro Enrique Delgado Oscoy; del Partido de la Revolución Democrática: Camerino Eleazar Márquez Madrid y Juan Nicasio Guerra Ochoa; del Partido Revolucionario Institucional: Carlos Ernesto Zataráin González; y
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
José Rosas Aispuro Torres; del Partido Verde Ecologista de México: Carlos Alberto Puentes Salas, quien desde su curul hace uso del derecho de réplica; de Convergencia: Juan Ignacio Samperio Montaño y del Partido del Trabajo: Pablo Leopoldo Arreola Ortega, quienes también hacen uso del derecho de réplica.
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
En la tercera ronda correspondiente a: preguntas de los grupos parlamentarios-respuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público-réplica de los grupos parlamentarios, se le concede la palabra en el orden citado a los diputados del Partido Acción Nacional: José Aguilar López y Luis Xavier Maawad Robert; del Partido de la Revolución Democrática: Octavio Martínez Vargas e Isidro Pedraza Chávez; del Partido Revolucionario Institucional: Javier Guerrero García y Charbel Jorge Estefan Chidiac; de Nueva Alianza: Jacinto Gómez Pasillas, en ambos casos; y del Partido Acción Nacional: Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez y José Martín López Cisneros.
La Presidencia agradece la presencia del Secretario de
Hacienda y Crédito Público, solicita a la comisión
designada acompañarlo cuando desee retirarse y comunica que la versión
estenográfica de esta sesión se remitirá al Presidente
de la República para su conocimiento, de conformidad con lo que
establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cincuenta
y ocho minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el
jueves doce de octubre de dos mil seis a las once horas.
Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 53 aniversario del derecho al voto de la mujer, el próximo 17 de octubre, a las 10:00 horas, en el Museo de la Ciudad de México, situado en Pino Suárez número 30, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Marilina Borona del Valle
Directora del Museo de la Ciudad de México
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Acuerdo de la Mesa Directiva mediante el cual se especifican los criterios para las justificaciones de inasistencias y los permisos del propio órgano de gobierno en términos del artículo 20, numeral 1, inciso B) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
II. Que las normas vigentes relativas a las asistencias y ausencias de los diputados y diputadas a las sesiones plenarias se encuentran en la Constitución Política, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, de manera dispersa.
III. Que a efecto de sistematizar y dar certidumbre la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos propuso al Pleno acuerdo que establece los lineamientos para acreditar las justificaciones de las inasistencias de los diputados.
IV. Que dicho acuerdo fue aprobado por el Pleno el día 25 de septiembre del año en curso.
V. Que es la Secretaría de la Mesa Directiva quien lleva el control de asistencia, asimismo es la Mesa Directiva quien justifica y otorga los permisos correspondientes.
VI. Que es necesario establecer los criterios internos de la Mesa Directiva para dar certeza y transparencia a las justificaciones de faltas y estar en posibilidades de cumplir con los ordenamientos de ley.
Acuerdo
Primero. Se entiende como permiso de la Mesa las solicitudes que sean entregadas antes o durante el desarrollo de la sesión. Se entiende como justificación de la Mesa Directiva la que se solicita, a posteriori, en los términos previstos en el acuerdo de la Conferencia.
Segundo. Todas las justificaciones presentadas ante la Mesa Directiva deberán ser presentadas debidamente fundadas y deberán venir con el visto bueno del coordinador o vicecoordinador autorizado, en los términos previstos en el propio acuerdo.
Tercero. La Mesa Directiva no justificará ninguna falta cuando se trate de actividades no relacionadas al encargo de diputado federal o las descritas en el artículo cuarto del acuerdo parlamentario.
Cuarto. La Mesa Directiva atenderá las solicitudes de la Junta de Coordinación Política en los términos del propio acuerdo parlamentario. (Artículo cuarto)
Quinto. Los permisos de Mesa Directiva se otorgarán conforme a los siguientes casos:
b) Previamente a la sesión. Se otorgarán de manera excepcional y sólo cuando se envié solicitud por escrito con los elementos señalados en el resolutivo primero y segundo del presente acuerdo.
Séptimo. En ningún caso, se justificarán o se otorgaran permisos para atender asuntos ajenos al cumplimiento de las funciones conferidas por el normatividad vigente, es decir, actividades partidistas o compromisos personales, entre otros.
Octavo. En caso de duda en algún caso específico, dicho asunto se llevará al seno de la Mesa Directiva a efecto de determinar si es procedente o no.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de octubre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica)
Presidente
Diputada María Elena Álvarez Bernal (rúbrica)
Vicepresidenta
Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica)
Vicepresidenta
Diputado Arnoldo Ochoa González (rúbrica)
Vicepresidente
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
Secretario
Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela
(rúbrica)
Secretaria
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
Secretario
Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica)
Secretaria
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
Secretario
Diputada María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica)
Secretaria
Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica)
Secretario
México, DF, a 2 de octubre de 2006.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en Jalisco.
Por lo anterior me permito anexar originales de la carta, dirigida al Congreso de la Unión, con que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Paraguay.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS MARÍA GUADALUPE NOGUERA IBARRA, MIRTA GABRIELA MENDOZA LUNA Y FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE JAPÓN Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, Y EN EL CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN GUADALAJARA, JALISCO; Y COMUNICA QUE HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS LOS CIUDADANOS SILVIA ALEJANDRA MUÑOZ CIRIO, MARGARITA RODRÍGUEZ ORTEGA, ROSA CLAUDIA HERNÁNDEZ CAVAZOS Y AUGUSTO HUMBERTO NAVARRETE CORBIN JR. EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO Y EN SUS CONSULADOS EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, Y EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, RESPECTIVAMENTE
México, DF, a 22 de septiembre de 2006.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rubrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de septiembre de 2006.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Francisco Javier Flores Padilla.
Puesto: Asistente en computación.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos
de América en Guadalajara, Jalisco.
Al mismo tiempo, se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno estadounidense
Nombre: Augusto Humberto Navarrete Corbin Jr.
Puesto: Empleado.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos
de América en Tijuana, Baja California.
Nombre: Silvia Alejandra Muñoz Cirio.
Puesto: Asistente en la sección de servicios
consulares.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de
América en México.
Nombre: Margarita Rodríguez Ortega.
Puesto: Empleada de visas en la sección
de servicios consulares.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de
América en México.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2007 SE AMPLÍE, ETIQUETE Y DESAGREGUE EL GASTO DESTINADO A LAS
MUJERES ADULTAS Y A LAS ADOLESCENTES
México, DF, a 10 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal para que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que enviará próximamente a la Cámara de Diputados, se contemplen los recursos suficientes y etiquetados que permitan sustentar dicho programa de vacunación.
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que amplíe, etiquete y desagregue el gasto destinado a las mujeres y adolescentes, dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, considerando un apartado especial para la vacunación contra el cáncer cérvico-uterino."
México, DF, a 10 de octubre de 2006.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo en materia de presupuesto educativo.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Lázaro Mazón Alonso, senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de obvia resolución, la presente propuesta con punto de acuerdo en materia de presupuesto educativo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las tantas deudas que el gobierno mexicano tiene con su sociedad, es precisamente la de dotar al sistema educativo nacional de recursos suficientes para acercar a la población las instituciones públicas de calidad adecuadas a las necesidades de demanda educativa, en cualquiera de los niveles y modalidades formativas.
Es triste aceptarlo, pero según los más recientes datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la materia, nuestra inversión por estudiante es comparativamente de las más bajas: México gasta mil 467 dólares por estudiante de primaria, 2 mil 378 en preparatoria y 6 mil 74 en nivel terciario (universidad); mientras que los promedios de la OCDE son de 5 mil 313, 7 mil 121 y 10 mil 655 dólares, respectivamente.
Es entonces evidente que el financiamiento para los niveles básicos es injustamente bajo: los estudiantes más jóvenes en el periodo de educación con cobertura casi universal (primaria), son tratados con menos generosidad que los estudiantes inscritos en niveles donde el acceso es más excluyente.
La problemática educativa es amplia. En nuestro país, las diferencias económicas y sociales generan serios problemas de inequidad en la prestación de los servicios educativos.
En educación básica, aparte de los problemas de desigualdad económica y social que afectan el nivel educativo, el problema central que se hace evidente con la publicación de indicadores de calidad educativa es precisamente la ineficacia en los niveles de aprendizaje que se padece en el país.
Ello obliga a revisar con total transparencia la aplicación de recursos humanos, materiales y financieros que ejercen los gobiernos federal y estatal, que pueden estar incidiendo sobre el nivel educativo.
Guarda estrecha relación con lo anterior que el gasto de México en educación como porcentaje del PIB sea tan sólo de 6.3 por ciento, según lo reportado por la OCDE, o de 7.1 por ciento, según cifras del último informe de gobierno. Sin importar cual fuere la cifra real, este índice está muy por debajo del 8 por ciento mandatado por la Ley General de Educación, más aún considerando que tal cifra engloba la inversión privada y la pública.
Entonces, en términos reales la máxima asignación presupuestaria a la educación pública en el sexenio que concluye está claramente por debajo del mínimo legal y a todas luces no cumple con las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la OCDE.
Así las cosas, y en gran parte gracias a la falta de inversión, los resultados objetivo en educación son pobres. Como ejemplo tenemos lo siguiente:
Sólo 25 de cada 100 estudiantes concluyen la educación preparatoria, vocacional o su equivalente. En este caso, México tiene la tasa más baja de los países de la OCDE, que en promedio es de 75 por ciento, y
El índice de desempleo entre personas de 25 a 65 años de edad no disminuye significativamente cuando existe un nivel educativo mayor.
En educación media y superior el gran problema es el de cobertura educativa. Cada vez menos estudiantes egresados de la educación básica son absorbidos por el sistema de escuelas medias superiores y escuelas superiores, fundamentalmente debido al incremento de la base de población de 14 a 24 años y a la falta de empleo para la población juvenil.
Con un grado de avance mayor que en la educación básica, el reto de la calidad es superior debido a que muchas universidades aún no logran la acreditación de calidad de los programas educativos que ofrecen.
Ante el incremento de matrícula, muchas universidades acumularon problemas de carácter financiero, de pensiones, de plazas no reconocidas, y adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que entre otras afectan su viabilidad, son un gran peso para muchas universidades.
Así, tenemos maestros sin plaza y niños sin profesores. Urge contratar maestros egresados y enviarlos a los lugares donde hacen falta.
Finalmente, se propone como obvia la resolución de esta proposición dado que, en su momento, el legislador consideró pertinente establecer por ministerio de ley la asignación presupuestaria al rubro educativo, tomando como referente el indicador conocido como "producto interno bruto", puesto que éste es el más socorrido para describir la situación de las economías nacionales.
Cabe hacer mención que la aprobación de esta propuesta en nada vulnera la libertad del legislador al momento de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos, sin embargo, sirve como atento recordatorio para hacer cumplir la voluntad del Congreso expresada en el artículo 25 de la Ley General de Educación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a la colegisladora, para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Educación, el gasto destinado a la educación pública no sea menor a ocho puntos porcentuales del producto interno bruto nacional; asignando para la investigación científica y tecnológica de las instituciones públicas de educación superior, por lo menos el equivalente al uno por ciento de dicho indicador.
Senador Lázaro Mazón Alonso (rúbrica)
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL QUE INFORMA QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS NO ASIGNÓ MERCANCÍAS PROVENIENTES DE COMERCIO EXTERIOR EN SEPTIEMBRE DE 2006
México, DF, a 10 de octubre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso
de la Unión
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de septiembre de 2006.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Guzmán Montalvo (rúbrica)
Administrador General
Del Día de la Raza al Tiempo de la Dignidad Indígena
Mi alocución tiene que ver con las efemérides del día de hoy. Es un acontecimiento histórico que no debemos omitir.
En el tiempo pasado, el 12 de octubre fue considerado como "el Día de la Raza". Hoy, los pueblos indígenas de México y América Latina lo honramos como "el Día de la Dignidad y la Resistencia Indígena". La celebración del Día de la Raza de Bronce la reemplazamos por la conmemoración del Día de la Dignidad y el Orgullo de los Pueblos Indígenas de México.
Levanto la vista en este recinto legislativo y encuentro el nombre grabado de nuestros abuelos Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl, el poeta de la voz milenaria. Ambos tlatoanis simbolizan la resistencia de 514 años de supervivencia indígena. Enaltezco y admiro su legado histórico.
Señor Presidente, en este día memorable, le ruego me permita hacer una pequeña remembranza sobre un testimonio relevante en la vida de nuestros pueblos.
El pasado 27 de abril, Paul Wolfowitz, Presidente del Banco Mundial, visitó una pequeña comunidad indígena enclavada en la montaña de Guerrero. Le impresionó ver que los niños recibían clases en el armazón de un viejo autobús que sirve de aula escolar de una escuela primaria. Los niños recitaron poemas en náhuatl y en su mensaje le hicieron saber su sueño de salir de la pobreza. Su voz irradiaba el orgullo de ser indígenas y expresar una de las lenguas ancestrales de Mesoamérica.
Ese día, los niños y las autoridades de la comunidad vieron llegar el helicóptero del Estado Mayor Presidencial, sin imaginar que transportaba a uno de los hombres con mayor autoridad de uno de los organismos internacionales más poderosos en el mundo. Tampoco imaginaron que las palabras de los niños indígenas conmoverían al Presidente del Banco Mundial.
Hace un par de semanas, en Singapur se celebró la Reunión Anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la ceremonia de clausura, el Presidente del Banco Mundial cerró su alocución con los fragmentos de la poesía indígena que escuchó en Acatlán. Los jefes de Estado, ministros, embajadores y diplomáticos de más de 180 países escucharon con vivo interés su discurso. En la parte final de su intervención expresó:
En este nuevo proyecto de vida, se hace imperativo el derecho a la diversidad cultural; que no es otra cosa que aprender a vivir y a convivir con las diferencias culturales y raciales. Debemos aprender a cohabitar con los negros, los indígenas y los mestizos. Aceptar y reconocer que todos somos iguales, pero diferentes. Es imprescindible reconocer el derecho a la diferencia de los pueblos indígenas.
Hoy día, el movimiento de la mayoría de los mexicanos pugna por un nuevo Sol. El Sol del reconocimiento mutuo, la aceptación de todo lo que hemos sido y seremos hacia el fortalecimiento de una nación más multicultural. Nunca más podemos ni debemos ocultar nuestros rostros indígenas, mestizos y de raíz europea: son todos nuestros. El espejo de Quetzalcóatl se ha llenado de caras y rostros diversos: los nuestros. En México prevalece la diversidad del mosaico cultural de los pueblos indígenas y no indígenas.
Señor Presidente, desde este recinto legislativo, hago un exhorto para que construyamos un México cada día más incluyente, capaz de abrazar razas, identidades, culturas y aspiraciones diversas.
Detengamos el fantasma del racismo que ha sido un signo de afrenta y de humillaciones. No posterguemos más la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas de México. El siglo XXI nos exige dejar atrás los festejos del Día de la Raza, el Día de la Hispanidad o el mal llamado "descubrimiento de América" o el "Encuentro de Dos Mundos".
Es el tiempo de la diversidad y la pluralidad cultural y política. Es el Día de la Resistencia y la Dignidad de los Pueblos Indígenas de México y de América. Nuestras voces cuestionan al Estado republicano que nació y se sustentó con la idea de "un solo pueblo, una sola nación y un solo Estado". La realidad es mucho más compleja y nos convoca a profundizar nuestra mirada para desterrar el racismo, la discriminación y la exclusión de nuestros pueblos.
Muchas gracias.
Diputado Marcos Matías Alonso
RELATIVA AL 12 DE OCTUBRE DE 1492, A CARGO DEL DIPUTADO WENCESLAO HERRERA COYAC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Antes de referirme al propósito que me trae a esta tribuna, en nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, solicito, respetuosamente, me permitan expresar un mensaje a mis hermanos de origen, en el idioma náhuatl, como símbolo de respeto con el México antiguo y con los 62 idiomas nacionales que persisten en la actualidad.
Ipan in tonal tlen majtlak uan ome tonali tlen metstli octubre, ika yolkokolis tikilnamiki nin tonali tlen opanok.
Para nosotros el 12 de octubre de 1492, nos trae a la memoria recuerdos dolorosos.
Axan, ika pakilis uan ika chikaualis namechmaktilia seki totlajtoltlamachilis, kampa uejka tikualitaskiaj maj ajsi yankuik totlachialis.
Este día, sin rencores y con entusiasmo, pongo en sus manos ideas y propuestas que vislumbran la construcción de un nuevo destino.
Compañeras y compañeros diputados: el 12 de octubre de 1492 es y ha sido uno de los acontecimientos de gran trascendencia para la humanidad. Este hecho histórico se ha denominado como el Encuentro de Dos Mundos, entre Europa y América.
Cinco siglos después, todavía pesan sobre los diferentes pueblos de nuestro país: rarámuris, mayas, zapotecos, purépechas, kiliwas, y muchos otros, los signos de la opresión, de la explotación, la discriminación y la exclusión que son secuelas del régimen colonial que, en su momento, implantó la corona española.
No obstante, reconocemos que, junto con la ambición desmedida de los conquistadores, vinieron también humanistas como Fray Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas, entre otros, quienes dejaron testimonios de que el encuentro de culturas podría ser fraterno, respetuoso y mutuamente enriquecedor, como lo desarrolló, años más tarde, don Vasco de Quiroga, al fundar el Colegio de Michoacán.
Ya como nación independiente, parlamentarios de origen náhuatl, como Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y Rodríguez Puebla, desde esta misma tribuna, demandaron el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de México.
En el transcurso del siglo XX el movimiento indígena demandó mayor participación en la vida del país, sin embargo, la mentalidad colonialista y paternalista del Estado mexicano ha limitado la posibilidad de ser actores y partícipes plenos del desarrollo de la nación.
Sólo con la amenaza de las armas, como en la guerra de castas del siglo XIX, la lucha armada de los yaquis a principios del siglo XX y el levantamiento del EZLN en Chiapas, el Estado mexicano ha abierto espacios de diálogo con los pueblos originarios.
Resultado de lo anterior es la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, que aunque constituye un avance, no reconoce plenamente los derechos de nuestros pueblos.
Congruente con esta realidad, propongo a esta honorable asamblea, reabrir el debate sobre la controvertida reforma constitucional del 2001, para impulsar los siguientes temas:
El reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, en el marco de la autonomía y libre determinación;
El establecimiento de un sistema jurídico y de procuración de justicia que convalide el derecho tradicional de los pueblos con el derecho positivo;
El derecho preferencial a la preservación y usufructo de los recursos naturales;
El desarrollo sustentable acorde a la vocación productiva de las regiones.
Estas acciones contribuirán al establecimiento de las relaciones de equidad para la unidad y el desarrollo nacional, en el marco de la diversidad que nos define como nación multicultural.
La historia no la podemos cambiar, por ello seguiremos recordando el hito histórico de 1492. Lo que sí podemos hacer, hombres y mujeres de hoy, es construir un mejor futuro para todos los mexicanos, libre de prejuicios, actitudes racistas y excluyentes.
Construyamos los acuerdos para una revolución social dentro de las instituciones. De no hacerlo así, esteremos dando la razón a quienes piensan que una sociedad de justicia y libertad en México sólo es posible por el camino de la violencia.
Diputado Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica)
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abroga la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.
Exposición de Motivos
Razones para expedir la reglamentación de las fracciones V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La ley actualmente en vigor sobre la materia que nos ocupa, del 29 de diciembre de 1978, se denomina Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, denominación que en sí misma observa inconsistencia y falta de técnica legislativa, en atención al nombre oficial de nuestra norma suprema, de ahí que la denominación del decreto materia de la presente iniciativa sea: Ley Reglamentaria de las fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de observarse en nuestra historia constitucional que desde 1874, año en que las referidas atribuciones se incorporaron a la Constitución de 1857, jamás se ha expedido la ley reglamentaria que ordena el párrafo final de la fracción VI de artículo 76, existiendo el precedente de una iniciativa elaborada en 1939 por los senadores Nicéforo Guerrero y Wilfrido Cruz, misma que siendo aprobada por el Senado no llegó a aprobarse por la Cámara de Diputados por razones que se ignoran.
En esta Cámara consta, pendiente de dictaminarse desde el 7 de diciembre del año 2004, una minuta enviada por la Cámara de Senadores que contiene el proyecto de decreto por el que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa de ley presentada en la colegisladora con fecha 12 de mayo del 2004, por los señores senadores Carlos Chaurand Arzate y Lucero Saldaña Pérez, que fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores el 30 de noviembre del mismo año.
Proyecto, este último, que resulta por demás interesante al esbozar las diferencias entre la atribución senatorial contenidas en la fracción VI del artículo 76 de la Constitución, con aquellas otras que pudiendo resultar análogas son asignadas por la Constitución a otros poderes públicos, o bien a otras vías de procedimiento.
En tal contexto, al turnarse la presente iniciativa a las comisiones dictaminadoras correspondientes, tendrá que ser abordada en su discusión y análisis conjuntamente con el proyecto aprobado por la colegisladora, en virtud de estar pendiente la dictaminación correspondiente del mismo.
La ley del 27 de diciembre de 1978, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año, devendría en inconstitucional, toda vez que solamente es reglamentaria de la fracción V del artículo 76 y el párrafo final de la fracción VI establece textualmente: "La Ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior", siendo la interjección "y" una partícula ilativa y no disyuntiva, de tal suerte que la ley reglamentaria debe regular ambas atribuciones senatoriales, tanto la concerniente a la declaración de desaparición de poderes, como la relativa a la solución de conflictos políticos entre poderes de los estados, y no sólo la primera de ellas, como sucede en la ley del 29 de diciembre de 1978.
La atribución del Congreso de la Unión para expedir la Ley Reglamentaria de referencia se derivaría del multicitado párrafo final de la fracción VI del artículo 76 y, asimismo, del artículo 73, fracción XXX, de la Constitución, que da atribución al Congreso General para expedir todas las leyes que sean necesarias, a efecto de dar concreción a las facultades concedidas por la propia Constitución a los Poderes de la Unión.
El texto de las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional tiene su antecedente en la reforma a la Constitución de 1857, aprobada por el Congreso el 6 de noviembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 del mismo mes del año de 1874; reforma por medio de la cual se adoptó el Sistema bicamaral al instaurarse el Senado, y siendo establecidas a favor de dicha Cámara las atribuciones que se contenían en las fracciones V y VI del artículo 72b de la citada Constitución de 1857.
El antecedente de la reforma del 13 de noviembre de 1874 en su totalidad y, en el tópico que nos ocupa en particular, es la circular del 14 de agosto de 1867, mediante la cual el Presidente Juárez convocó a adoptar las reformas constitucionales pertinentes que facilitaran la gobernabilidad del país, entre las que destacaba la adopción del sistema bicamaral, con la intención de que dichas reformas se aprobaran mediante actividad legislativa ordinaria del Congreso y con la aprobación plebiscitaria del pueblo de México; sin observar los procedimientos que la Constitución de 1857 establecía para su reforma.
Como antecedente específico de las reformas que introdujeron las atribuciones contenidas en las fracciones V y VI del entonces artículo 72b, es de destacarse la práctica común de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados, de solicitar cada uno por su cuenta, y como expresión de conflicto entre los mismos, la intervención de los poderes federales en exclusivo favor del solicitante, desvirtuando así los términos del artículo 116 de la Constitución del año 1857, equivalente al primer párrafo del artículo 119 en vigor; según nos da cuenta de ello don José María Lozano en su obra del año 1876: Derecho constitucional patrio, en lo relativo a los derechos del hombre.
Ante el fracaso del plebiscito convocado en la circular del 14 de agosto de 1867 por la oposición manifiesta de León Guzmán como gobernador del estado de Guanajuato y de Juan N. Méndez como gobernador del estado de Puebla, entre otros. El Presidente Juárez recurrió en 1871 a inspiración de su secretario de Gobernación y autor de la circular del 14 de agosto, Sebastián Lerdo de Tejada, a presentar la iniciativa de reformas constitucionales materia de la referida circular, en los términos previstos por el artículo 127 de la Constitución; discutiéndose la misma en comisiones, presentando al Pleno del Congreso el dictamen concerniente el día 2 de abril de 1872.
El dictamen originalmente discutido por el Pleno del Congreso contenía el siguiente texto: "Son facultades exclusivas del Senado:.. dirimir, oyendo al Ejecutivo, en la forma y término que señala la ley toda cuestión política que ocurra entre los estados o entre los poderes de un estado, respecto de su régimen interior"; texto que, tras ser objetado por el Pleno, retornó a comisiones, en donde se redactó la propuesta siguiente: son facultades exclusivas del Senado:.. "dictar las resoluciones necesarias para restablecer el orden constitucional en los estados en que hayan desaparecido sus poderes constitucionales".
La discusión plenaria volvió a derivar en la formulación de un nuevo dictamen con el siguiente texto: "declarar, cuando el orden constitucional hubiese desaparecido de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quién convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Ejecutivo federal, con aprobación del Senado, y dicho funcionario no podrá ser electo gobernador en las elecciones que se verifiquen por virtud de la convocatoria que se expidiere" (Diario de los Debates del VIII Congreso Constitucional, tomo 1, página 580).
Finalmente, en la aprobación del texto de la fracción V del artículo 72b de la reforma del 6 de noviembre de 1874, se sustituyó la expresión del dictamen: "Cuando el orden constitucional hubiese desaparecido", por la expresión finalmente aprobada y que reza: "Cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales Ejecutivo y Legislativo".
Disposición que estuvo vigente hasta la aprobación de la Constitución de 1917, en cuyo texto equivalente se exige la desaparición de todos los poderes constitucionales de un estado, y no sólo la de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De lo anterior, cabría concluir que la fracción V del artículo 76 de la Constitución exige la desaparición también del Poder Judicial del estado en cuestión, e incluso, en casos extraordinarios el de todos los cabildos municipales de una entidad, como en el caso de la Constitución del estado de Hidalgo que hasta el año de 1948 daba al municipio el rango de poder; aunque haciendo la aclaración pertinente de que tal situación no tendría cabida en la actualidad, debido a lo expresamente dispuesto por el primer párrafo del artículo 116 constitucional que establece como únicos poderes de los estados: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En 1872 se presentó un conflicto en el estado de Yucatán, al ser expulsados de su territorio los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, considerados como usurpadores por habérsele dado efecto retroactivo a una reforma que ampliaba la duración de su mandato.
El gobierno federal decretó el estado de sitio y al levantarlo se advirtió que no había previsión en la Constitución federal ni en la yucateca para proveer a la sustitución de los poderes desaparecidos (Diario de los debates del VI Congreso Constitucional, Tomo III, páginas 690 y siguientes).
Otro caso, también precedente de dicha reforma, fue uno ocurrido en Coahuila en 1873, en el que la desaparición de poderes se debió a un debate entre la legislatura y el gobernador (Diario de los Debates del VII Congreso Constitucional; Tomo I, páginas 1266 y siguientes); en ambos casos, el Congreso de la Unión aprobó que el Ejecutivo federal nombrara un gobernador Interino que convocara a elecciones.
De ahí que el texto de la fracción V del artículo 72b de la Constitución de 1857, estableciese que ante la desaparición de poderes el nombramiento de gobernador provisional lo hiciese el Ejecutivo federal con la aprobación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; a diferencia de lo preceptuado por el artículo 76, fracción V, que establece que a quien corresponde nombrar al gobernador provisional es al Senado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes o a la Comisión Permanente, en sus recesos, bajo las mismas reglas, a propuesta en terna del Presidente de la República.
El texto de 1917, mismo que no ha sufrido reforma o adición alguna, dada la actual composición de fuerzas políticas partidistas del país, dificulta ampliamente el ejercicio de esta atribución, ya que la Constitución exige que la propuesta del Ejecutivo federal sea en terna, y las dos terceras partes del Senado, habiendo quórum mínimo, exigiría el voto de al menos 43 senadores para uno solo de los designados y en discriminación de los otros dos integrantes de la terna; o bien, un mínimo de 86 votos, de estar presente en la Sesión todos los integrantes de la Cámara Alta; de tal suerte que la Ley Reglamentaria propuesta dentro de este dictamen exige la regulación de una fórmula que haga viable tal atribución.
El procedimiento de votación aconsejable para darle viabilidad a la atribución de la fracción V del artículo 76 constitucional es mediante la actuación del Senado en cónclave, siguiendo en ello la regulación que se contiene en los cánones 349 al 359 del Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983, actualmente en vigor para la Iglesia católica; siendo de aclararse que el modelo tomado del derecho canónico se circunscribe meramente a cuestiones de mecánica procesal y no a proclividad confesional o ideológica alguna; siendo de destacarse por lo demás que toda legislación abreva como fuente en los derechos romano y canónico.
Del multialudido dictamen del 2 de abril de 1872 se desprende que el Senado tiene dos atribuciones de intervención política en las entidades federativas, una la concerniente a nombrar gobernador provisional una vez que ha constatado la desaparición de poderes en la misma, facultad contenida en nuestro artículo 76, fracción V, y en el 72b, fracción V, de la reforma del 13 de noviembre de 1874 a la Constitución de 1857; textos cuyas diferencias fundamentales han sido ya esbozadas; y otra, la concerniente a dirimir conflictos políticos entre poderes de un mismo estado, facultad contenida en el texto de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución, cuyo texto es idéntico al de la fracción VI del artículo 72b de la reforma del 13 de noviembre de 1874.
Siendo de destacarse que las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución no han sufrido reforma ni adición alguna desde su aprobación y entrada en vigor el 1 de mayo de 1917; y siendo asimismo que el párrafo final de la fracción VI exige la reglamentación de las fracciones V y de la propia fracción VI para ejercer las atribuciones que las mismas contienen; preceptos a los que se pretende dar cumplimiento mediante la presente iniciativa, que en su título primero define el objeto del decreto puesto a la consideración de ésta asamblea.
Desaparición de poderes
El título segundo del decreto objeto de la presente iniciativa tiene por materia la reglamentación de la fracción V del artículo 76, dividiendo en sendos capítulos lo relativo a la constatación del hecho de la desaparición de poderes en un estado en el primero, y en el segundo, lo concerniente a la designación de gobernador provisional por parte del Senado.
Por principio de cuentas, es de destacarse que, como práctica viciosa en nuestra historia política, se ha invocado la facultad contenida en la fracción V del artículo 76 constitucional como sustituto o alternativa del fincamiento de responsabilidades políticas o de la declaración de procedencia que se regulan en el título IV de la Constitución.
Tales son los casos históricamente dados de la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero el 31 de enero de 1975, dictada en virtud de que contra el gobernador Caritino Maldonado se había girado orden de aprehensión por el delito de fraude; y la declaración de desaparición de poderes en el estado de Hidalgo el 1 de abril de 1975, en virtud de que se acusaba al gobernador Manuel Sánchez Vite de haber erigido un sistema autocrático en la entidad, siendo éstos dos casos los últimos en que se aplicó la facultad contenida en la fracción V del artículo 76.
Los desórdenes sociales en una entidad tampoco facultan el ejercicio de la atribución contenida en la fracción V del artículo 76, siempre que esté en funciones la legislatura o el titular del Ejecutivo local de la misma, ya que en casos de sublevación o trastorno interior procede la intervención ejecutiva de los Poderes de la Unión a excitativa de la legislatura, o del Ejecutivo local, si aquella no estuviese reunida, intervención que procede también de oficio en el extremo caso de la invasión o violencia exterior, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución.
Ante la circunstancia descrita, en última instancia procede la suspensión de las garantías individuales que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la perturbación grave de la paz pública en los términos del artículo 29 de la Constitución.
Al glosar la fracción V del artículo 72b de la Constitución de 1857, nos dice don Eduardo Ruiz, en su Derecho constitucional del año de 1902, que la declaración de desaparición de poderes de un estado por parte del Senado, por casos de sublevación o trastorno interior, sólo procede cuando la misma haga que "desaparezcan ahí la legislatura y el gobernador".
La facultad de la fracción V del artículo 76 de la Constitución, consiste en constatar un hecho preexistente, siendo éste la desaparición de poderes en una entidad, situación que puede darse de hecho con la muerte, incapacidad física o mental, o abandono fáctico de las funciones, de todos los integrantes de los poderes públicos de una entidad, y siempre que la Constitución particular de un estado no prevea forma alguna de sustitución; para que se diera tal supuesto tendrían que desaparecer el gobernador, todos los integrantes de la legislatura y sus suplentes y todos los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia e incluso todos los jueces de primera instancia; ya que el artículo 116 de la Constitución establece que el Poder Judicial de los estados se ejerce por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas y tenemos el caso del artículo 79 de la Constitución particular del estado de Tlaxcala, que nos dice que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia y en los juzgados civiles, familiares y penales.
El hecho ha constatarse de la desaparición de poderes; también puede darse por situaciones de derecho, como sería el caso de prorrogar la permanencia en funciones de los integrantes de los poderes estatales después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados.
De tal suerte que los supuestos que prevé el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República para que se configure la desaparición de poderes de un estado, excedería con mucho la atribución que al Senado concede en ésta materia la Constitución.
Las únicas atribuciones acordes con el mandamiento constitucional que se contienen en la ley vigente, serían las consistentes en el abandono del ejercicio, la imposibilidad física para el mismo y el "prorrogar la permanencia en funciones de los integrantes de los poderes estatales después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados", situación esta última que motivó la formulación del texto de la fracción V del artículo 72b de la Constitución de 1857, tal y como podemos constatarlo con el caso ya descrito del estado de Yucatán en 1872; siendo que, por otra parte, el artículo 2o. de la ley en vigor es omisa respecto a la posible desaparición de poderes locales por la incapacidad mental superveniente de sus titulares.
De ahí en fuera, quebrantar los principios del régimen federal, causar situaciones o conflictos que afecten la vida del estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; o promover o adoptar formas de gobierno o bases de organización política distintas a las fijadas en los artículos 40 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede dar pie al fincamiento de responsabilidades en los términos de los artículos 108 y 110 constitucionales, conformándose así el llamado por don Manuel Herrera y Laso "control adicional", consistente en el impichment, o juicio político, como instrumento de control de la constitucionalidad; y por ningún motivo ha declarar inexistentes poderes, que podrán ser cuestionables, pero cuya existencia queda a la vista de todo el país.
El artículo 3o. de la actual ley faculta a los diputados federales para solicitar a la Cámara de Senadores el ejercicio contenido en la fracción V del artículo 76 constitucional, haciendo con ello omisión de un principio de derecho público que consiste en que las iniciativas de un miembro del Congreso sólo pueden ser presentadas ante su Cámara, de ahí que en el presente proyecto de ley se proponga excluir a los diputados federales del derecho de iniciativa en esta materia, reconociendo el mismo derecho a todas las demás partes legitimadas para iniciar leyes o decretos conforme al artículo 71 de la Constitución.
No obstante lo anterior, y en virtud del carácter genérico que se establece en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa prevé el supuesto de que cualquier diputado al Congreso de la Unión podrá presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa de desaparición de poderes locales. En tal caso, la Mesa Directiva en turno de la Cámara de Diputados la turnará a la Cámara de Senadores para efecto de que dicha Cámara dictamine lo conducente en los términos de los artículos 55 al 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sin que por ningún motivo diputado federal alguno presente la iniciativa respectiva ante la Cámara de Senadores, como a la fecha lo prevé de manera incorrecta la Ley en vigor sobre la materia.
Por su parte, el presente proyecto de Ley otorga, también, a cualquier ciudadano de la entidad afectada el derecho de iniciativa en esta materia, tal y como por otra parte también el artículo 3o. de la ley vigente, con la diferencia de que el texto propuesto atribuye la facultad de iniciativa a cualquier ciudadano de la entidad afectada, sin emplear el plural que aparece en el texto en vigor que habla de "ciudadanos de la entidad", sin especificar el número que se exige para configurar la expresión en plural que emplea y siendo tal falta de especificación impropia de una ley reglamentaria.
La Constitución otorga facultad de iniciativa específica a favor de particulares en tratándose de la formación de nuevos estados dentro de los límites de los existentes (artículo 73, fracción III); asimismo, para solicitar prestar servicios voluntarios a un gobierno extranjero (artículo 37) y también para denunciar delitos comunes a la Cámara de Diputados en los términos del artículo 109.
Una rama importante de la doctrina, por lo demás, considera que los particulares tendrían el derecho genérico de presentar iniciativas en cualquier materia, sirviéndose para ello del derecho de petición contenido en el artículo 8o., haciéndose la salvedad de que dichas iniciativas fuesen turnadas en vía económica a las comisiones respectivas, con dispensa obligada de primera y segunda lectura ante el Pleno, procedimiento que asiste como derecho primigenio de los diputados y senadores al Congreso General.
En el caso que nos ocupa, conceder el derecho de iniciativa a cualquier ciudadano de la entidad afectada es una exigencia de sobrevivencia política, que a fin de cuentas no contravendría la Constitución, e incluso, iría de acuerdo a su espíritu conforme a lo argumentado en los párrafos precedentes.
El artículo 5o. del decreto materia de la presente iniciativa faculta a la Comisión Permanente para conocer de las iniciativas sobre desaparición de poderes en caso de estar en receso el Congreso de La Unión, dándole la tramitación que conforme a derecho corresponda, pero a diferencia de la ley en vigor, no se pretende constreñir a la Comisión Permanente a la observancia de plazo ni de sentido alguno de resolución, ya que no hay fundamento alguno para ello; por el contrario, la presente iniciativa se constriñe a fijar la participación de la Comisión Permanente, para el caso que nos ocupa, con estricta sujeción a lo ordenado por el artículo 78 de la Constitución.
Conflicto entre poderes
El presente dictamen en relación a lo concerniente a la atribución contenida en la fracción VI del artículo 76 constitucional distingue como lo ordena el precepto citado, cuando la intervención política del Senado se dé de oficio en virtud de mediar conflicto de armas que haya interrumpido el orden constitucional por conflicto entre los poderes de un estado; de cuando se da a solicitud de uno de dichos poderes, para dirimir cuestiones políticas que surjan entre ellos, distinción que aborda la presente iniciativa, dividiendo en dos capítulos el Título Tercero del proyecto de decreto que se somete a la consideración de ésta asamblea.
Para efecto de establecer los alcances de la fracción VI del artículo 76, debe dilucidarse la diferencia entre la atribución que se establece a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 105, fracción I, inciso h), y que faculta a la Corte para conocer de controversias entre dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y, por otra, la atribución contemplada en la fracción VI del artículo 76 a favor del Senado.
¿Que debe entenderse por cuestiones políticas que se susciten entre poderes de un estado para que la solución de las mismas sea de la competencia del Senado y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Esta iniciativa sostiene el criterio de que la única interpretación constitucionalmente válida de lo que debe entenderse por la expresión "cuestiones políticas" a que alude la fracción VI del artículo 76, es la concerniente a la legal integración, organización y funcionamiento de los poderes públicos locales, cuando ellas no deriven de la expedición de normas, ya que en tales casos estaríamos ante materia de controversia propia de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 105 constitucional; excluyéndose de la atribución del Senado en comento lo relativo al legal desempeño de las elecciones estatales, por ser materia de competencia de los tribunales electorales en los términos de los artículos 99, fracción IV, y 116, fracción IV, de la Constitución, criterio que se fundamenta en el siguiente precedente:
Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto de 1878, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó sobre el amparo presentado por León Guzmán, a la sazón Presidente del Tribunal Superior de Puebla, ante el juez de distrito de dicho estado, contra los procedimientos de la legislatura que erigida en Gran Jurado procedía a juzgarlo.
En dicho amparo se argumentaba que la legislatura violaba el artículo 16 constitucional, por carecer de competencia, debido a su parcialidad, ello en atención a que el quejoso había acusado a la legislatura de Puebla ante el Senado como usurpadora del poder público.
León Guzmán argumentó en su demanda que tanto la legislatura como el gobernador del estado de Puebla eran usurpadores del poder público, siendo por lo demás que la sentencia del juez de distrito favorable al quejoso señaló que la "legislatura de Puebla es una reunión de personas con pretensiones de tal y esa reunión de personas está funcionando desde abril último, como lo sabemos, en calidad de cuerpo legislativo y expidiendo leyes y ejerciendo todas las atribuciones propias del legislador".
Mediante sentencia de fecha 23 de agosto de 1878, la Suprema Corte confirmó la sentencia de amparo favorable a León Guzmán, pese a lo cual existe el voto particular de don Ignacio L. Vallarta, manifestando su oposición a conceder tal amparo, voto particular que, en conjunto del juicio de amparo al que da lugar, resulta de vital importancia para dilucidar el alcance de la atribución concedida al Senado en la fracción VI del artículo 76.
Alegaba Ignacio L. Vallarta que, en defensa de la soberanía de Jalisco, había argumentado, como gobernador en 1870, que el Poder Judicial Federal carecía de atribución para investigar la legitimidad de una autoridad local, y pronunciaba en el Pleno de la Suprema Corte la siguiente alocución, que resulta por demás significativa:
........Tengo que hacer una manifestación a que mi conciencia política me obliga -decía en la sesión del Pleno de la Suprema Corte su presidente, el Jurista Ignacio L. Vallarta-. Yo creo que esas fracciones del artículo 72 dieron rudo golpe a la soberanía de los estados, ensanchando indebidamente la esfera de acción del poder federal. En mi sentir, esas facultades dadas al Senado han sido una de las causas que derrocó a la anterior administración, y creyéndolo así, he hecho cuanto en mi posibilidad ha estado para que se restablezca el equilibrio entre los poderes federal y local, perturbado por completo con la ingerencia dada al Senado en las cuestiones locales. Esto no obstante -seguía alegando Vallarta- en mi calidad de magistrado, no puedo negar la fuerza obligatoria que tienen los textos constitucionales de que estoy hablando mientras ellos no se deroguen en la forma que la Constitución previene".
Por lo demás, en el voto particular referido, Vallarta razonó su criterio contrario a confirmar el amparo concedido bajo el argumento de que tal tipo de disputas son de la competencia del Senado y no de la Corte; de lo anterior se desprendería que la atribución del Senado se circunscribe a las actitudes parciales de hostilidad entre los poderes de un estado, cuando ellas no deriven en normas, y hoy por hoy, con la exclusión de las derivadas de los procesos electorales, ya que estas serían de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Con base en las argumentaciones antes expuestas la presente iniciativa ha regulado como atribuciones del Senado para dirimir conflictos políticos entre poderes, los siguientes supuestos:
II. Las maniobras que denoten una clara intención dolosa por parte del gobernador para destituir o forzar la renuncia de magistrados al Tribunal Superior de Justicia, entendiéndose por tales maniobras la intimidación, el esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.
III. La negativa de la legislatura a aprobar alguna iniciativa presentada por el gobernador, o la dilación deliberada en la formulación del dictamen o la discusión plenaria respectiva, sin que medie causa justificada y motivada con el fin exclusivo de demeritar el prestigio político del Ejecutivo ante la opinión pública.
IV. Las campañas de hostigamiento contra la legislatura o alguno de sus integrantes por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.
V. Las acciones de la legislatura o alguno de sus miembros, campañas de hostigamiento contra el gobernador por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.
VI. Ubicación de cualquiera de los poderes públicos fuera del municipio sede de los poderes del estado, sin la aprobación de la legislatura.
VII. La designación por parte del gobernador de algún cargo o comisión no creado en ley por la legislatura.
VIII. La negativa del gobernador a auxiliar al Poder Judicial en la ejecución de sus resoluciones y sentencias; y
IX. Todas aquellas que sean análogas a las anteriores.
Finalmente, cabe destacar que si los conflictos entre poderes de un estado derivan en la interrupción del orden constitucional por acción de armas, la intervención del Senado es de oficio y, en esos casos, deberá el Senado aplicar de manera supletoria la Legislación Penal Federal, tanto sustantiva como adjetiva y dar vista a la Procuraduría General de la República como titular del Ministerio Público Federal de los ilícitos que encontrase con motivo de su actuación.
Supuestos de aplicación específica como los que se contemplan en las disposiciones constitucionales cuya reglamentación se propone en esta iniciativa ameritan que seamos escrupulosos en la observación de las circunstancias a regularse y asimismo nos exigen estar conscientes de que tal regulación es susceptible de un proceso de perfeccionamiento paulatino.
Las circunstancia de tiempo, modo y lugar; así como las vías procesales pertinentes, deben estatuirse en ley, previendo los supuestos de crisis, para que los poderes públicos cuenten con los instrumentos pertinentes, para hacer frente a los retos que se nos presenten como sociedad; situación que, a criterio del suscrito, no se presenta en la ley reglamentaria cuya derogación se propone mediante la presente Iniciativa de decreto.
Con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que abroga la Ley Reglamentaria de la Fracción V de la Constitución General de la República, de fecha 29 de diciembre de 1978.
Decreto
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Título Primero
Del Objeto de la Ley
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto reglamentar las atribuciones de la Cámara de Senadores concernientes a la declaración, una vez que han desaparecido los poderes de un estado, de que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional; y asimismo, la concerniente a la de dirimir las cuestiones políticas que se susciten entre los poderes de un mismo estado.
Título Segundo
Capítulo Primero
De la Desaparición de Poderes
Artículo 2o. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores constatar que han desaparecido los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado.
Artículo 3o. Para los efectos del artículo anterior se considera que han desaparecido los poderes de un estado, al presentarse alguno de los siguientes supuestos:
II. Que tanto el gobernador, como los titulares y suplentes de la legislatura, y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia, devinieran por causas supervenientes en estado de incapacidad mental o resultasen físicamente imposibilitados para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos.
III. Que tanto el gobernador como los titulares y suplentes de la legislatura, y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia prorrogaren la permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones o el procedimiento de designación respectivo para elegir a los nuevos titulares.
Artículo 5o. Los diputados al Congreso de la Unión podrán presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa de desaparición de poderes locales; en tal caso, la Mesa Directiva en turno de la Cámara de Diputados la turnará a la Cámara de Senadores para efecto de que en dicha Cámara se dictamine lo conducente.
Artículo 6o. Los facultados en el artículo anterior para presentar la iniciativa de referencia, podrán hacerlo ante la Comisión Permanente, en caso de que el Congreso de la Unión estuviese en receso; en tal caso la Comisión Permanente, si así lo estimase, convocará a sesión extraordinaria a La Cámara de Senadores, en los términos del artículo 78, fracción IV, de la Constitución, para efecto de que dicha Cámara conozca de la iniciativa a que se refieren éste artículo y el anterior.
Capítulo Segundo
De la Designación de Gobernador Provisional
Artículo 7o. Una vez que el Senado haya constatado el hecho de que han desaparecido los poderes constitucionales de un estado, solicitará al Presidente de la República que le sea presentada una terna para que, de entre las personas que la compongan, se haga el nombramiento de gobernador provisional de la entidad en cuestión.
La presentación de la terna por parte del Presidente de la República tendrá que hacerse dentro de los tres días siguientes a la solicitud de la Cámara de Senadores.
Artículo 8o. Presentada por el Presidente de la República la terna señalada en el artículo anterior, el Pleno de La Cámara de Senadores votará mediante urna con papeletas que contengan los nombres de los integrantes de la referida terna.
En caso de que ninguno de los integrantes de la terna lograse obtener los votos indispensables, siendo estos los concernientes a las dos terceras partes de los senadores presentes, la votación se repetirá con el mismo procedimiento cuantas veces sea necesario, hasta que uno de los propuestos en terna alcance la votación indispensable para ser designado gobernador provisional.
Artículo 9o. Corresponde a la Comisión Permanente hacer la designación de gobernador provisional cuando, habiendo declarado la Cámara de Senadores la desaparición de poderes de un estado, el Congreso de la Unión se encuentre en receso sin que se haya nombrado gobernador provisional de la terna que proponga el Presidente de la República; en tal caso, la Comisión Permanente se ajustará al procedimiento establecido en el artículo anterior
Artículo 10. En ningún caso se podrá nombrar al gobernador provisional de entre las personas que formaron parte de los poderes desaparecidos en el momento de la declaratoria.
Artículo 11. Únicamente podrá ser designado como gobernador provisional quien reúna los requisitos que establecen el artículo 116, fracción I, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los que al efecto se establecieren en la Constitución particular del estado de que se trate.
Artículo 12. El gobernador provisional nombrado protestará el cargo ante el Senado o la Comisión Permanente, en su caso.
Artículo 13. El gobernador provisional deberá:
II. Hacer la designación provisional de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de jueces de primera instancia, quienes podrán ser confirmados cuando tomen posesión de su cargo los nuevos integrantes de la legislatura estatal, electos de acuerdo a la convocatoria a que se refiere la fracción anterior.
Artículo 15. Cuando la desaparición de poderes sea declarada dentro de los seis meses anteriores a la celebración de las elecciones ordinarias de gobernador constitucional, o exista gobernador electo, el gobernador provisional concluirá el periodo respectivo.
En este mismo caso, el gobernador provisional convocará a la elección constitucional ordinaria respectiva para la integración del Congreso o la legislatura estatal, a menos que ya hubiere convocatoria a elecciones o existieren diputados electos.
Artículo 16. Mientras se designa a los nuevos integrantes del poder judicial, los secretarios de los juzgados resolverán sobre los términos a que se refieren los artículos 19 y 20, inciso a, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Título Tercero
De La Resolución de las Cuestiones Políticas
que se Susciten entre los Poderes de un Estado
Capítulo Primero
De la Intervención de la Cámara de Senadores
a Petición de Cualquiera de los Poderes de un Estado Cuando entre
los Mismos se Susciten Cuestiones Políticas
Artículo 17. La Cámara de Senadores, a solicitud de cualquiera de los poderes de un estado, dirimirá las controversias sobre cuestiones políticas que entre los mismos se presenten.
Artículo 18.Las Cuestiones políticas a dirimirse por parte de la Cámara de Senadores podrán ser las que a continuación se enumeran:
II. Las maniobras que denoten una clara intención dolosa por parte del gobernador para destituir o forzar la renuncia de magistrados al Tribunal Superior de Justicia, entendiéndose por tales maniobras la intimidación, el esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.
III. La negativa de la legislatura a aprobar alguna iniciativa presentada por el gobernador, o la dilación deliberada en la formulación del dictamen o la discusión plenaria respectiva, sin que medie causa justificada y motivada con el fin exclusivo de demeritar el prestigio político del Ejecutivo ante la opinión pública.
IV. Las de hostigamiento contra la legislatura o alguno de sus integrantes por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas con clara intención dolosa, o la movilización pública de partidarios.
V. Las acciones, por parte de la legislatura o alguno de sus miembros, de campañas de hostigamiento contra el gobernador por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas con clara intención dolosa, o la movilización pública de partidarios.
VI. La ubicación de cualquiera de los poderes públicos fuera del municipio sede de los poderes del estado, sin la aprobación de la legislatura.
VII. La designación por parte del gobernador de algún cargo o comisión no creado en ley por la legislatura.
VIII. La negativa del gobernador a auxiliar al poder Judicial en la ejecución de sus resoluciones y sentencias; y
IX. Todas aquellas que sean análogas a las anteriores.
II. El poder del estado demandado, se impondrá en un plazo de 10 días hábiles, de la demanda formulada en su contra en la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, ante quien tendrá que presentar su contestación acompañada de las pruebas que estime pertinentes, en el plazo que al efecto le fije el presidente de la referida Comisión de Justicia.
III. Una vez contestada la demanda, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores formulará el dictamen respectivo, mismo que será presentado al Pleno para su discusión y aprobación.
IV. Los poderes de los estados partes podrán alegar ante la Tribuna de la Cámara de Senadores a favor y en contra del dictamen presentado al Pleno hasta por 30 minutos cada uno de ellos en una primera intervención, y hasta por otros 30 minutos por cada uno de ellos en réplica y duplica si así lo estimaren conveniente las partes litigiosas.
V. Una vez desahogados los alegatos verbales que se refieren en la fracción anterior, el dictamen de referencia se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, si el mismo fuese rechazado, y tuviese que formularse nuevo dictamen, el mismo se sujetará al procedimiento contenido en la fracción anterior, sin que por ningún motivo tuviese que reponerse el procedimiento en lo tocante a la demanda y a la contestación de la misma.
Artículo 21. La resolución tomada por el Pleno de la Cámara de Senadores será obligatoria para las partes en litigio en los términos del presente capítulo, acarreando el desacato a la misma el fincamiento de las responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles que del orden legal vigente se desprendan.
Capítulo Segundo
De la Intervención de Oficio de la Cámara de Senadores Cuando de las Controversias entre los Poderes de un Estado se Susciten Hechos de Armas
Artículo 22. En caso de que las cuestiones políticas materia del capítulo anterior deriven en conflicto de armas que interrumpan la aplicación de las disposiciones de orden público en el estado de que se trate, la Cámara de Senadores intervendrá de oficio.
Artículo 23. Para los efectos del artículo anterior, se entiende que se ha interrumpido la aplicación de las disposiciones de orden público, cuando haya imposibilidad fáctica generalizada para la citación del Ministerio Público a indiciados o testigos en una averiguación previa, para la ejecución de órdenes de aprehensión, y para la observancia de los bandos de policía y buen gobierno.
En caso de que tal imposibilidad fáctica se diese por intervalos reducidos de tiempo, o se circunscribiese a un espacio localizado, sin que la misma afecte el funcionamiento habitual de los poderes, su resolución queda a la exclusiva competencia de las autoridades locales.
Artículo 24. La Cámara de Senadores, actuando de oficio en los términos de los artículos que anteceden, deberá dictar una resolución a favor de uno de los poderes en cuestión para lo cual se sujetará al siguiente procedimiento:
II. La Cámara de Senadores elegirá por mayoría de entre sus miembros a un senador por cada uno de los poderes indiciados en las conclusiones acusatorias que se formulen en los términos de la fracción anterior, a efecto de que asuman la defensa del poder estatal indiciado en las referidas conclusiones acusatorias.
III. La Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores podrá allegarse todos los medios de prueba que estime necesarios y no sean contrarios a la ley para la formulación de sus conclusiones.
IV. Los senadores defensores que al efecto hubiesen sido designados alegarán cuanto medio de defensa estimen pertinente y que sea conforme a la ley, pudiendo siempre estar en comunicación con el poder local indiciado para preparar su defensa, y siempre que éste último así lo estime conveniente.
V. Cualquier integrante de la Cámara de Senadores que así lo desee podrá coadyuvar con la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores en la instrucción conducente.
VI. Cualquier ciudadano del estado del que se trate podrá ser coadyuvante de la Comisión de Justicia en la causa de instrucción de referencia, si los integrantes de dicha comisión lo estimaren conveniente.
VII. Una vez que la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores hubiese concluido su pliego acusatorio, lo presentará en Tribuna ante el Pleno del Senado.
VIII. Una vez presentado el pliego acusatorio a que se refiere en la fracción anterior, cada uno de los senadores defensores que hubiesen sido designados alegarán en tribuna cuantos elementos de descargo considere pertinentes.
IX. Una vez que se hayan presentado en tribuna las conclusiones acusatorias y las defensas respectivas, las mismas se turnarán a la Comisión de justicia de la cámara de Senadores quien elaborará el Dictamen correspondiente mismo que será sometido al Pleno de la Cámara de Senadores.
Artículo 26. La Cámara de Senadores actuando de oficio en los términos del presente capítulo, dilucidará sobre la comisión de cualquier conducta que estime delictiva, tanto del fuero común, como del fuero federal, haciendo llegar al Ministerio Público correspondiente las conclusiones de sus observaciones para los efectos conducentes.
Artículo 27. La resolución tomada por el Pleno de la Cámara de Senadores será obligatoria para los poderes del estado en cuestión, acarreando el desacato a la misma el fincamiento de las responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles que del orden legal vigente se desprendan.
Transitorios
1o. Se deroga la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República de fecha 29 de diciembre de 1978.
2o. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
México, DF, a 12 de octubre de 2006.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
26 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, Alejandro Chanona Burguete, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 inciso A y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Poder Legislativo la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad a las siguientes
Consideraciones
Como todos sabemos, ser legislador es ser representante popular. Los diputados federales y los senadores representan a todos los mexicanos.
Entre las principales responsabilidades de los diputados y diputadas destacan el hacer o modificar leyes para el país; aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y revisar la cuenta pública. De lo anterior se desprende que también deben conocer las necesidades de la nación y ayudar a resolverlas.
Hoy en día, en México existe una nueva realidad: se han abierto nuevos canales de participación ciudadana; se han establecido nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; y, el Congreso de la Unión refleja la pluralidad y la diversidad de intereses de la nación mexicana.
Esta nueva realidad es reconocida en el mensaje de presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del Presidente de la República, al señalar que: "El Plan Nacional de Desarrollo es la guía de un Poder Ejecutivo federal que, acatando fielmente el mandato constitucional, se compromete a profundizar la vida democrática, A mantener una comunicación permanente con los otros poderes e instancias de gobierno, a encontrar, en el debate constructivo y democrático, en el consenso y en el disentimiento honestos, la oportunidad de construir las mejores respuestas para beneficiar al país.
Así, quienes tienen la tarea y la responsabilidad de gobernar y atender con precisión las demandas de la sociedad, encuentran en este proceso un mecanismo formal para escuchar las opiniones, propuestas y expectativas en temas y aspectos fundamentales para el desarrollo del país, de los estados, las regiones, las comunidades, la familia y el propio individuo".
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento rector de toda la acción de la administración pública federal. Es la herramienta que precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país; contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y rige el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Asimismo, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso de la Unión debe participar en la planeación del desarrollo en los términos que la ley señale, y la Ley de Planeación en su artículo 5o. señala que el Presidente de la República remitirá el plan al congreso de la unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.
No obstante lo anterior, en la practica la participación del legislativo en relación al Plan Nacional de Desarrollo, se reduce a una mera opinión y en su caso observaciones a su ejecución.
Retomo una idea previa: quienes tenemos la tarea y la responsabilidad de atender los temas y aspectos fundamentales para el desarrollo del país, en este caso, el Ejecutivo y el Legislativo, debemos trabajar en estrecha coordinación.
Planteo un caso concreto: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, deben basarse en lo contemplado por el Plan Nacional de Desarrollo.
Así pues, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo recoge las demandas sociales y establece las prioridades económicas y sociales del país, precisando la estrategia para solventar las necesidades de la nación, es preciso que el Congreso de la Unión, en su carácter de representante popular, debe evaluar y si es necesario, modificar el Plan Nacional de Desarrollo para adaptarlo a la realidad nacional y a una vision de millones de mexicanos que les eligieron con base en sus propuestas e ideas, cercanas a sus necesidades y anhelos.
Por lo tanto, el Congreso debe participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, ratificarlo y posteriormente vigilar su estricto cumplimiento.
Es por ello, que someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 inciso A y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Poder Legislativo la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 73.
Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación.
Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2006.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
154 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO AGUILAR ACUÑA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado federal Diego Aguilar Acuña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajadores rurales y jornaleros agrícolas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los pendientes históricos que lacera la conciencia de la sociedad mexicana es sin duda la desigualad e injusticia social de los propulsores del movimiento revolucionario de inicios de siglo; es decir, los trabajadores jornaleros, quienes han sido durante décadas el sector prácticamente más olvidado y han resentido más el deterioro productivo y social que ha sufrido el país.
Los esfuerzos de los gobiernos federales y de los estatales para implantar programas de financiamiento e inversiones en el rubro, aunados a la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas, han traído mejoras al respecto; sin embargo, a través del tiempo se les ha seguido explotando sin que haya la mínima consideración de otorgarles el beneficio de la seguridad social y, mucho menos, un sistema de pensiones para su retiro.
Debemos tomar en cuenta que los trabajadores rurales y jornaleros agrícolas superan en pobreza y rezago social cualquier sector de nuestra población; no es casualidad por tanto que esos trabajadores procedan de los municipios con más altos índices de marginalidad en el país.
El Estado mexicano y la sociedad estamos en deuda con los jornaleros agrícolas y, por tanto, obligados a velar por la salvaguarda y conquista de sus derechos, reforzando e innovando nuevos esquemas que les permitan mejorar sus condiciones de vida, obteniendo beneficios de orden social de inmediato que garanticen la seguridad social para ellos y su familia.
Consideremos, compañeras diputadas y diputados, que en el país laboran en el campo aproximadamente 1 millón 700 mil trabajadores, cubriendo de manera efectiva temporadas de seis meses al año, y que un trabajador que realiza su actividad productiva en cualquier otro trabajo que no sea el campo debería cotizar aproximadamente 23 años para alcanzar las mil 250 cotizaciones semana que le dan derecho a una pensión, mientras que un trabajador del campo tendría que cotizar, considerando su labor discontinua, aproximadamente 46 años para tener acceso a la misma pensión, generando un estado de abandono e incertidumbre, por lo cual es necesario, con base en los principios sociales de igualdad y seguridad social, garantizarles el paso a una pensión digna, para lo cual proponemos que este tiempo laborado por los jornaleros agrícolas sea contabilizado para efectos de cotización de semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por todo lo expresado, compañeras diputadas y diputados, es fundamental la implantación de un esquema que les permita obtener una pensión decorosa, integrada inicialmente con 800 cotizaciones semana para cada trabajador jornalero agrícola, considerándolo para tales efectos como trabajador eventual permanente, identificado con su número único de seguridad social a través de una tarjeta carnet para tal efecto. Esas cotizaciones podrá hacerlas efectivas el trabajador una vez cumplidos los 60 años de edad, aun si no registra ingresos en alguna época del año, en una cuenta individual con vísperas al término de su etapa productiva.
Por esas consideraciones, presentamos al Pleno la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social.
Artículo 154.
...
Los trabajadores rurales jornaleros agrícolas que queden privados de trabajos remunerados a partir de los sesenta años contarán con la garantía de ochocientas cotizaciones para el cómputo de su pensión, contando con la obligación del instituto de ofrecer las prestaciones que garantiza este capítulo; para efectos de cotización y extensión de beneficios, el instituto proporcionará a los trabajadores rurales jornaleros agrícolas su número de afiliación y el carnet que los acredite como trabajadores eventuales permanentes.
Artículo Segundo. Disposiciones transitorias:
Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Diputado Diego Aguilar Acuña (rúbrica)
La que suscribe, diputada federal Layda Sansores San Román, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses en el Pleno de la Cámara de Diputados para informar del estado que guarda la administración pública federal, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Compañeros legisladores:
El artículo 69 constitucional establece que a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que dé a conocer el estado general que guarda la administración pública federal.
Por otra parte, el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos reitera la disposición y describe el procedimiento de esa ceremonia, precisando que hará uso de la palabra un legislador federal por cada partido político asistente representados en el Congreso, y seguidamente el Presidente del Congreso contestará dicho informe, previniendo este dispositivo legal la improcedencia de intervenciones o interrupciones por los legisladores.
Hasta el año pasado, el informe anual de gobierno se había convertido en una ceremonia litúrgica, bautizada como "el día del presidente". Hoy queda claro que ese ritual se encuentra agotado, pues el modelo adoptado era sólo un discurso legitimador del poder público.
Ese evento se daba en medio de un impresionante marco de circunstancias y hechos que lo preparaban y acompañaban.
El día del Informe en México era día feriado nacional, y el señor presidente, titular absoluto de la jornada, rodeado de toda una parafernalia que le sucedía.
Se trataba de uno de los fenómenos mediáticos más grandes y onerosos con cargo al erario.
Considerando
Que ante esos hechos, Convergencia estima oportuno hacer una serena revisión sobre la importancia de impulsar un nuevo modelo de rendición de cuentas del titular del Poder Ejecutivo federal a la sociedad a través de esta soberanía popular.
Convergencia considera que ese viejo estilo de adoración al culto se debe transformar por actos sobrios de verdadera interlocución entre gobernantes y gobernados.
Que debe impulsarse un mecanismo de rendición de cuentas que tenga como objeto que los ciudadanos, a través de la Cámara de Diputados, sean informados sobre las políticas públicas y las decisiones de la administración pública.
Convergencia considera que los informes presidenciales deben rendirse cada cuatro meses, que vendrían a oxigenar la vida pública de las instituciones acerca de la gestión de éstas y, a partir de ello, evaluar su actuación.
Es indispensable que el titular del Poder Ejecutivo federal esté obligado a informar de manera oportuna, útil y veraz de los asuntos de su conocimiento.
Nuestro país se encuentra en un periodo de definiciones fundamentales para la construcción del México justo, generoso y transparente que la sociedad demanda y que habremos de legar a nuestros hijos.
En mérito de lo expuesto y fundado, compañeros legisladores, solicito la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados a informar del estado que guarda la administración pública federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.
Diputada Layda Sansores San Román (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
ESTA SOBERANÍA CONVOQUE AL PRIMER FORO PARLAMENTARIO DE CONSULTA
SOBRE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Arnoldo Ochoa González, en su carácter de diputado federal a la LX Legislatura y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, para que se convoque a través de la Cámara de Diputados al primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México.
Exposición de Motivos
La educación superior
El nuevo entorno de la educación superior se caracteriza por el cambio constante como rasgo distintivo de la sociedad contemporánea.
Múltiples y aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales caracterizan este momento.
En el plano mundial se despliegan cambios de gran alcance en el terreno de la producción, los servicios, la cultura y la organización social. La revolución informática tiene profundos efectos en el trabajo, la educación y la vida cotidiana; la economía mundial se caracteriza por la globalización y la interdependencia de las sociedades y sus economías, y la generalización de la democracia como régimen político, que son rasgos clave de una nueva época.
De acuerdo con Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO, "podemos preguntarnos si nos hallamos en los albores de una nueva era: la de las sociedades del conocimiento. En efecto, los profundos cambios de la ciencia en el siglo XX han originado una tercera revolución industrial: las de las nuevas tecnologías, que son fundamentalmente intelectuales. Esa revolución ha ido acompañada de un nuevo avance de la mundialización y ha sentado las bases de una economía del conocimiento, en la que éste desempeña un papel fundamental en la actividad humana, el desarrollo y las transformaciones sociales".
Hoy tenemos a nuestro alcance nuevos estilos de desarrollo que no se basan, como antaño, en "el sudor, la sangre y las lágrimas" sino en el conocimiento, la capacidad de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas, el valor añadido del intelecto y en la expansión de los servicios en todos los sectores de la economía. Todo esto tendría que propiciar un desarrollo del espíritu cívico y el auge de una democracia prospectiva frente a la sociedad del riesgo.
Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del conocimiento en los procesos productivos, al punto que el calificativo más frecuente que suele dársele es el de "sociedad del conocimiento". Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía sino el uso intensivo del conocimiento y la información, a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.
Las economías más avanzadas hoy día se basan en la mayor generación y aplicación del conocimiento. Las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consideración como simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada.
Por otra parte, existe una acentuada reducción del tiempo que media entre el conocimiento y su aplicación, al punto que las aplicaciones técnicas pueden llegar a determinar la orientación de la investigación científica, con posibles repercusiones para el carácter "desinteresado" tradicional de la investigación básica.
La explotación del conocimiento presenta en la actualidad, entre otras características, las de un crecimiento acelerado, mayor complejidad y tendencia a una rápida obsolescencia. La llamada "explosión del conocimiento" es a la vez cuantitativa y cualitativa, en el sentido de que se incrementa aceleradamente la cantidad de conocimiento disciplinario y, al mismo tiempo, surgen nuevas disciplinas y subdisciplinas, algunas de carácter transdisciplinario.
Según cifras de J. Appleberry, citado por José Joaquín Brûnner, el conocimiento de base disciplinaria y registrado internacionalmente demoró mil 750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el inicio de la era cristiana; luego duplicó su volumen cada 150 y después cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para 2020 se duplicará cada 73 días.
La mayor complejidad de la estructura del conocimiento contemporáneo, que -según Édgar Morín- sólo puede ser asumida por el "pensamiento complejo", interpone la interdisciplinariedad como la manera adecuada de dar respuesta a esa complejidad. "La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas -dice Morín- impide a menudo operar el vinculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos de sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos". La interdisciplinariedad implica complementariedad, enriquecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios.
La estructura misma del conocimiento está sujeta a cambios. Vivimos una "nueva era científica": la "era de las posibilidades o probabilidades".
No obstante, hay obstáculos que se oponen al advenimiento de las sociedades del conocimiento compartido.
La brecha cognitiva. Ésta no sólo traza una línea entre los países del norte y los del sur sino, también, dentro de cada sociedad.
La concentración del conocimiento. El conocimiento se agrupa también por áreas geográficas reducidas, agravando la fuga de cerebros de los países del hemisferio sur hacia los del norte.
El auge de las sociedades en que el conocimiento sea un bien compartido. Hoy, por la agravación de una serie de desigualdades sociales y culturales, incluso de índole de género, compartir el conocimiento en las sociedades actuales se ve obstaculizado.
Así, al mismo tiempo que se avanza hacia la sociedad del conocimiento, se profundizan procesos de desigualdad económica, marginación social y de deterioro ambiental hasta niveles inéditos en la historia. La brecha entre las naciones avanzadas y las menos desarrolladas es creciente y amenaza romper los frágiles equilibrios del orden internacional.
Un planteamiento más reciente de la UNESCO (2005) da cuenta de objetivos, acciones y procesos que posibilitan la educación superior abrir cauces hacia la sociedad del conocimiento:
México ocupa el penúltimo lugar en cuanto a producto interno bruto (PIB) per cápita entre los 30 países de la OCDE, lo cual significa que somos una de las economías más endebles y con menos oportunidades para atender las necesidades básicas del desarrollo humano sustentable de los mexicanos
De acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos con edades entre 25 y 64 años tenemos en promedio 8.7 años de educación, equivalentes a tercero de secundaria; mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 12 años, equivalente a preparatoria. Estados Unidos destaca, con 13.8 años.
Según cifras recientes de la UNESCO, la tasa bruta de escolarización del grupo de edades de 19 a 24 años atendidos por el sistema de educación superior en México es apenas de 23 por ciento, mientras que Estados Unidos tiene 81 y Alemania 51 por ciento; es decir, hasta cuatro veces menor que los países más desarrollados. Si continuamos con la misma política educativa, tardaríamos 30 años en alcanzar los niveles actuales que tiene Estados Unidos.
México ocupa el lugar 15 de 33 naciones de América Latina y el Caribe que fueron evaluadas por el Instituto de Estadística de la UNESCO para la Educación Superior. Países como Barbados, Granada, Perú, Uruguay, Cuba o Bermudas superan a México en cobertura de la educación superior.
Durante el presente sexenio, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos federales destinados a la educación superior con relación al PIB no se incrementaron.
Mientras que en 2001 para la educación superior se destinaba 0.62 por ciento, a partir de 2003 disminuye de manera sostenida hasta 0.57 por ciento, registrado en este último año, por lo que se está aún muy lejos de alcanzar que el gasto federal represente 1.5 por ciento del PIB.
El gasto por alumno del sistema público de educación superior de México ocupa el octavo lugar en América Latina, por debajo de países como Argentina, Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá y Uruguay. A precios constantes en 2006, el gasto por alumno fue de 32 mil pesos; es decir, 3 mil pesos menos que en 2005.
Estudios como el intitulado Descentralización y entrega de servicios para los pobres (Banco Mundial, marzo de 2006) y opiniones de expertos nacionales han coincidido en la correlación entre países pobres y bajo desempeño escolar; es decir, en el carácter estructural de la crisis educativa a nivel mundial.
La UNESCO, en su reciente informe Hacia la sociedad del conocimiento, nos advierte sobre los enormes retos que imponen las grandes trasformaciones que ocurren en las tecnologías de la información e Internet, al grado de estar cambiando la forma de la civilización. Especialmente, recomienda asumir como prioridad la creación de verdaderas políticas públicas en ciencia, tecnología y educación superior para cerrar las brechas cognitiva y digital.
Las instituciones del sistema de educación superior están llamadas a cumplir un papel de extrema importancia para favorecer el desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las personas.
Estas instituciones son irreemplazables en su calidad de instancias generadoras de conocimientos y cultura, así como formadoras de sujetos con capacidad de generar y aplicar el saber de las ciencias, las humanidades, las artes, las tecnologías y las profesiones.
El Estado es responsable de proveer condiciones y recursos suficientes para el sostenimiento, el avance y la consolidación de las instituciones, establecer políticas públicas favorables para su desarrollo y vigilar la observancia de las normas de coordinación del sistema.
En particular, las universidades a que la ley ha otorgado la autonomía deben mantener y reforzar este carácter.
La autonomía debe ir aparejada de la rendición de cuentas a la sociedad respecto de los objetivos alcanzados, del desempeño institucional y del uso de los recursos que se les destina.
Para el nivel de las instituciones de educación superior (IES), la visión establece los atributos deseables para su operación y que a continuación se señalan:
Centrar su atención en la formación de los estudiantes y contar con programas integrales que se ocupen del alumno desde antes de su ingreso hasta después de su egreso.
Cumplir con calidad y pertinencia para el desarrollo de México y de los campos científicos las tareas de generación y aplicación de conocimientos de las IES que tengan considerada en su misión esta función.
Contribuir a la preservación y difusión de la cultura regional y nacional, en el contexto de la cultura universal, y realizar sus funciones en estrecha vinculación con los diversos sectores de la sociedad.
Contar con los recursos humanos necesarios para la realización de sus funciones con calidad.
Disponer de recursos materiales y económicos en la cantidad y con la calidad, la seguridad y la oportunidad necesarias para el desarrollo eficiente de sus funciones.
Tener estructuras, organizaciones, normas y sistemas de gobierno que favorezcan un funcionamiento eficiente y congruente con su naturaleza y misión, que sean socialmente responsables y se encuentren vinculadas con su entorno.
Entre los aciertos que merecen subrayarse destacan los siguientes:
Existe una gama de IES que presentan amplia oferta de estudios y sientan las bases para la integración de sistemas estatales de educación superior. La creación de IES públicas en los últimos años representó un importante avance para la ampliación de oportunidades con equidad.
Las universidades tecnológicas y politécnicas han contribuido a la diversificación de la orientación y duración de los programas, en estrecha vinculación con los sectores productivos de las regiones.
Ha crecido la planta de investigadores en ciencias y humanidades, así como la de tecnólogos, quienes han logrado avances importantes en la calidad y proyección internacional de su trabajo. Es creciente el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) -12 mil 200 aproximadamente.
Varias IES particulares han emprendido procesos de mejora y aseguramiento de la calidad académica. Se han atendido aspectos como el nivel de la planta docente, la infraestructura de apoyo del aprendizaje y el desarrollo de programas de posgrado, investigación, difusión y extensión, así como la evaluación y la acreditación de los programas de estudio.
Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar fácilmente en el sistema y salir de él, así como oportunidades de realización individual y movilidad social.
Fortalecer las capacidades endógenas del país, proporcionando perspectivas críticas y objetivas sobre las opciones estratégicas para el desarrollo sostenible.
Preparar a sus egresados para el altruismo, la solidaridad social y una participación ciudadana informada que contribuya a un nuevo republicanismo sustentado en el estado de derecho, la democracia y la paz como valores centrales de la nación.
Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación científica y tecnológica, a la par que la investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas.
Contribuir a interpretar, preservar y difundir las culturas nacionales y las regionales, en un contexto de pluralismo.
Colaborar en el desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente, la investigación educativa y el desarrollo de nuevos libros de texto, materiales didácticos y tecnologías educativas.
El binomio calidad-pertinencia se habrá de expresar en cada una de las funciones sustantivas siguientes:
La formación superior
Los planes y programas educativos deberán considerar las nuevas necesidades que plantea el mundo del trabajo y los perfiles profesionales requeridos en el contexto de una mutación cualitativa en el ámbito laboral resultante de dos grandes tendencias en el mundo contemporáneo: por un lado, las exigencias de la producción basada en el conocimiento y sus aplicaciones; y, por otro, las incertidumbres derivadas de la movilidad del capital y la necesidad de la formación permanente. Asimismo, es impostergable considerar como ejes de toda la formación superior la dimensión ética y la visión humanista, que no pueden faltar en el ejercicio de las profesiones y que, en su definición contemporánea, incluyen una nueva conciencia de la relación entre la especie humana y la naturaleza.
Las transformaciones de la educación superior deberán guiarse con un criterio amplio de pertinencia social para potenciar su contribución integral al desarrollo sostenible del país y a la solución de sus problemas más graves, con atención especial a las comunidades más desfavorecidas.
La investigación científica, social, humanista y tecnológica
En el contexto actual ha aumentado la importancia de la producción de conocimiento y la innovación. Si bien no son funciones que corresponda desarrollar a todas la IES, es indispensable fortalecer, diversificar y coordinar la generación de conocimiento en un número creciente de instituciones, ya sea de tipo universitario o tecnológico. Por su naturaleza estratégica, las actividades de investigación y posgrado deben revisarse y articularse más extensamente con las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, se debe enfatizar y apoyar la investigación básica en las distintas áreas y disciplinas, ya que ésta abre nuevos horizontes de conocimiento.
La extensión, difusión y vinculación
La renovación de los vínculos con el mundo del trabajo deberá considerarse respecto no sólo del sector más capitalizado de la economía sino, también, de los sectores tradicionales emergentes, particularmente de la micro, pequeña y mediana empresas. La educación superior deberá asegurar sus funciones de servicio a las comunidades locales, para lo cual se requerirán el fortalecimiento y la readecuación de la extensión educativa. La difusión cultural enfrenta nuevos retos en cuanto a la socialización de los estudiantes y la ampliación de la oferta cultural en un contexto de proliferación de medio y disponibilidad virtual.
Si la sociedad encuentra en la educación superior un espacio público confiable de autorreflexión, las IES estarán cumpliendo una de sus responsabilidades sociales fundamentales.
Temas cruciales de la agenda
Ampliar la cobertura con equidad
La cobertura educativa del nivel superior es inferior a las metas establecidas por las autoridades educativas, con notables asimetrías entre las entidades federativas y desiguales niveles de participación de los jóvenes según su perfil social y cultural. La ampliación de la cobertura debe favorecer la disminución de las iniquidades.
Acentuar la pertinencia y responsabilidad social
Es indispensable centrar este propósito en un sentido amplio, no limitado a las nociones de eficiencia, competitividad y ajuste de la oferta al mercado. Se imponen tareas de vinculación de las funciones académicas de las IES a los proyectos de desarrollo del país y sus regiones, así como la promoción de una relación más adecuada con las necesidades y expectativas de la sociedad y los individuos.
Mejorar la calidad educativa
El desarrollo de mecanismos de evaluación y de la cultura respectiva es avance irrenunciable, pero se requiere transitar a evaluaciones más productivas que aseguren pertinencia y eviten redundancias. Ello requiere que los programas de impulso de la calidad, así como los instrumentos de evaluación que se diseñen, sean flexibles e incluyan la totalidad y diversidad de las instituciones del sistema.
Promover la innovación
En los procesos educativos se deben aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación, y ampliar las oportunidades de movilidad de estudiantes y académicos, así como impulsar la internacionalización. Se propone que las políticas que orienten el programa sectorial educativo pongan especial énfasis en el apoyo de las iniciativas de innovación que desarrollen las IES y fortalezcan los proyectos orientados al desarrollo integral de los estudiantes.
Fortalecer las capacidades académicas y de organización
Para mejorar y consolidar la calidad y pertinencia académicas del sistema de educación superior es crucial disponer de medios que posibiliten el desarrollo de capacidades académicas y de organización. Se requiere también mejorar la infraestructura, los acervos y los equipamientos materiales para un cabal desempeño de las funciones de docencia, investigación y extensión, así como adecuar las capacidades de gobierno, organización, gestión y administración a los principios y valores académicos de las instituciones y desarrollar sistemas de planeación y programación estrictamente centrados en la mejora y el aseguramiento de la calidad de las IES.
Potenciar la generación y aplicación de conocimientos
La generación de conocimientos aparece como una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones y se presenta como un elemento básico para la producción y el suministro de un conjunto de bienes públicos esenciales para la sociedad. Se requiere ampliar los incentivos fiscales para incrementar la inversión privada para la educación superior, la ciencia y la tecnología, particularmente para las empresas micro, pequeñas y medianas.
Formar recursos humanos de alto nivel
Se requiere crear un mecanismo de concertación con el gobierno federal, SEP y Conacyt, y el Consejo Mexicano de Posgrado para establecer políticas públicas que atiendan de manera integral el posgrado nacional y que promuevan la expansión y diversificación programas. También es conveniente promover estrategias para acelerar el proceso de desconcentración geográfica de los posgrados y la calidad de éstos impulsando programas regionales interinstitucionales, así como ampliar el número de becas a estudiantes.
Renovar la vinculación, la extensión de los servicios y la difusión de la cultura
Las IES, por medio de sus actividades de vinculación, extensión de los servicios y difusión de la cultura, se articulan con el entorno para lograr mayor pertinencia de la docencia y la investigación. Sin embargo, es recomendable trabajar para establecer políticas públicas que promuevan alianzas estratégicas con los diferentes órdenes de gobierno y sectores sociales para realizar proyectos de desarrollo y servicio social.
Actualizar la coordinación y regulación del sistema
Es impostergable diseñar modalidades de coordinación y regulación que hagan de la educación superior un sistema abierto y flexible que garantice la calidad. Se propone revisar la Ley General de Educación y, en su caso, reformarla para que la coordinación de la educación superior considere los siguientes aspectos:
La definición de mecanismos claros de evaluación, internos y externos, precisando su carácter obligatorio y sus consecuencias.
La redefinición de las reglas para el otorgamiento del RVOE en los niveles federal y estatal, a fin de que existan exigencias unificadas, sustentadas en criterios de calidad y pertinencia.
La distinción jurídica de las IES privadas en dos tipos: instituciones académicas sin fines de lucro e instituciones con fines de lucro, con los correlativos derechos y obligaciones.
La regulación de la participación de proveedores extranjeros en el sistema de educación superior.
La carencia de una política de Estado hace que el gasto que se destina a las IES y a los centros públicos de investigación no cuente con fuentes permanentes y estables de financiamiento, y que esté sujeto a presiones políticas y a los estrechos márgenes presupuestales de cada año fiscal. Pese a que las leyes establecen proporciones mínimas de financiamiento publico para educación y para ciencia y tecnología, éstas no se han alcanzado y, además, no existen criterios claros para el otorgamiento de los recursos.
Se requiere definir una política de Estado para el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología resultante de un pacto nacional entre los tres órdenes de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las comunidades académicas, tecnológica y empresarial, y la sociedad, bajo los principios de institucionalización, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad y reconocimiento del desempeño institucional.
Integrar el sistema nacional de la educación superior, ciencia y tecnología
En México no se cuenta con un sistema nacional de información que permita conocer de forma válida, confiable y oportuna la situación que guarda este nivel educativo ni el estado de la ciencia y tecnología en nuestro país y que apoye la toma de decisiones y la resolución de problemas.
Por esa circunstancia se requiere crear y operar con la mayor urgencia un sistema de información estadístico unido sobre la educación superior de alcance nacional y con desagregación regional, estatal e institucional, que provea herramientas y procedimientos adecuados para recopilar, sistematizar y analizar la información.
Cooperación internacional
En este campo destacan los siguientes rubros:
Se requiere impulsar la cooperación internacional como herramienta que signifique al país la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural, en diversas áreas y campos y con gran número de países.
Es importante promover relaciones de mutuo aprendizaje y mayor horizontalidad. Muchas instituciones de nuestro país han acumulado valiosas experiencias, que pueden ser transferidas a otras instituciones por la vía de nuevos esquemas de cooperación, buscando reducir las asimetrías existentes.
La cooperación internacional se ha incorporado progresivamente en los procesos de generación de conocimientos hasta convertirse actualmente en el componente intrínseco de esos procesos. El creciente papel de la cooperación internacional en el campo educativo científico y tecnológico contribuye a potenciar las infraestructuras existentes.
Es necesario expandir las fronteras del conocimiento y las posibilidades de nuevas tecnologías, y del acceso a fondos, alianzas y esquemas de colaboración internacionales que hagan posible el desarrollo de proyectos regionales o emergentes para atender los dilemas del siglo XXI.
Es fundamental jerarquizar la colaboración internacional para concentrar los esfuerzos con América del Norte, la Unión Europea (UE) y las regiones y los países emergentes, como Asia, China e India.
Debemos aplicar las propuestas generales de políticas relativas a la cooperación hemisférica aprobadas durante la cuarta reunión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en abril de 2004, en materia de ciencia, tecnología, ingeniería e innovación para el desarrollo.
Se requiere coordinar acciones con América Latina, particularmente con Centroamérica y el Caribe, para contribuir a su desarrollo, facilitarles el acceso a la sociedad del conocimiento y llevar a cabo acciones innovadoras de interés mutuo.
Convenir con Estados Unidos de América (EUA) y Canadá la asistencia de científicos de alto nivel que puedan prestar asesoría y entrenamiento, a fin de fortalecer y elevar el nivel de los programas de investigación y formación de recursos humanos especializados, así como incrementar los programas de becas.
Se requiere utilizar el poder de decisión gubernamental en los organismos internacionales de cooperación financiera, con el propósito de ampliar y flexibilizar sus modalidades de financiamiento, incluyendo apoyos de largo plazo y la oferta de capital de riesgo.
Debemos fortalecer los procesos consultivos científicos internacionales, cuya contribución es indispensable para lograr a escalas regional y mundial un consenso intergubernamental sobre la política que ha de seguirse, así como para aplicar las convenciones regionales e internacionales.
La ciencia, la tecnología y la educación superior como ejes promotores del desarrollo social
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Fccyt) comenzó a trabajar de manera formal esa temática en 2002, integrando grupos de expertos, empresarios y académicos del más alto nivel. Comparó opiniones con homólogos de otros países y organizaciones y, hasta el momento, ha avanzado sistemáticamente hacia un consenso: en el planteamiento de una política de Estado a través de la cual México oriente los esfuerzos de sus instituciones y sus recursos y su necesidad creciente de competitividad, con la finalidad de que surja una economía interna basada en conocimientos propios, se generen más empleos de alta calidad, se mejore la recaudación fiscal y se incremente la justicia social.
México, según se aprecia, no está dispuesto a inyectar mayores recursos (privados o públicos) a actividades que no le reportan seguridad social, bienestar generalizado o mayor gobernabilidad. Así, el gran reto de los próximos meses será identificar, por regiones, disciplinas y organizaciones, los proyectos que los mexicanos habremos de fomentar para alcanzar los niveles de desarrollo que deseamos.
México requiere con urgencia crecer para elevar sus niveles de bienestar. La educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen una función estratégica primordial en el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo integral.
La trascendencia de esos temas en la actualidad se refleja en el desarrollo que han experimentado las naciones que las sitúan como prioridad en su agenda nacional para la solución de problemas económicos y sociales.
La política en ciencia, tecnología e innovación (CTI) en México se encuentra en un proceso de transición de una política gubernamental a una política pública, a una política de Estado. Esto ha puesto en evidencia distintas tensiones jurídicas, programáticas, institucionales y organizativas en el sistema de CTI.
Para establecer una política de Estado en la materia se debe tener la convicción de que el conocimiento, la educación y la investigación se traducen en desarrollo e innovaciones tecnológicas y son factores determinantes del crecimiento económico, el progreso y la elevación del nivel de vida de la población, como se ha reflejado en los países desarrollados y en los emergentes que están desarrollándose rápidamente al asumir esta convicción en una política permanente, consistente y de largo plazo.
El principal acuerdo alcanzado en 2004 por los miembros de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (Comcyt) de la OEA se refiere a la importancia fundamental de que los países de la región incorporen la ciencia, la tecnología y la innovación como mecanismo motor de su estrategia de desarrollo económico.
Recientemente, en México se han realizado diversas propuestas que tienen el propósito común de posicionar estas actividades como prioritarias en la agenda nacional, aprovechando el cambio de administración gubernamental con el fin de plantear una propuesta de elementos básicos para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación 2006-2012.
En este marco, el proyecto articula e integra diversas propuestas consideradas en documentos elaborados por las siguientes organizaciones: AMC,ANUIES, Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados -LIX Legislatura-, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CIDE, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y el propio Fccyt.
Adicionalmente, se identificaron las convergencias de las propuestas de los partidos políticos en sus plataformas electorales, las cuales también fueron incorporadas: avanzar hacia el establecimiento de una política pública que evolucione en una política de Estado.
En el rango de políticas de Estado, se aspira a que la política tenga mayor estabilidad temporal y que se asocie con los valores siguientes:
Que rija y oriente el quehacer gubernamental y sirva de marco de referencia del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los programas sectoriales y los estatales.
Que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan y, en términos generales, la acepten.
Que exista una forma de rendición de cuentas respecto de ella por parte de las autoridades responsables de aplicarla.
El PIB por habitante en México no ha crecido prácticamente desde 1980. El desempeño económico de México durante las dos últimas décadas no ha permitido generar satisfactores para incrementar el nivel de vida promedio de la población debido a diversas causas, entre las que destacan baja productividad general de la economía, educación inadecuada, insuficiente innovación tecnológica y falta de políticas públicas para retomar el rumbo del crecimiento y del desarrollo económico.
En la medida en que persista un sistema nacional de innovación desarticulado, que las fuentes para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico sean escasas y el entorno cultural no valore cabalmente la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para contribuir a la competitividad y a mejorar los niveles de vida, la influencia de éstas en el desarrollo del país seguirá siendo subexplotado.
La actual política científica y tecnológica no ha logrado todavía incidir en los niveles de competitividad nacional. En los últimos años, México ha experimentado la caída de los niveles de competitividad nacional, al pasar del lugar 33 que ocupaba en el año 2000 al 56 en 2005 dentro de la clasificación mundial de competitividad (IMD, World competitiveness yearbook, 2005).
Los retos de la transición demográfica
La transición demográfica representa uno de los factores que mayor influencia tendrá en la evolución de la economía mexicana en los próximos años. Las modificaciones que se proyectan en la estructura por edad y sexo implicarán cambios importantes en la demanda y la satisfacción de diversos servicios, como el de educación, donde se espera un desplazamiento de la demanda de educación primaria hacia los niveles de educación media superior y superior.
En 2020, México tendrá gran proporción de población en edad de trabajar (cerca de 67 por ciento), lo que representa una oportunidad única, ya que en la medida en que esta población ocupe empleos productivos en el sector formal, podrá aumentar la productividad, más personas tendrán acceso a la seguridad social y los recursos para el sistema de pensiones tendrán mayor viabilidad.
En materia de empleo, en los dos próximos lustros demandarán trabajo más de 1 millón 200 mil mexicanos, en promedio, por año. En consecuencia, se estima que la población económicamente activa, que hoy representa alrededor de 42.2 millones de trabajadores, ascenderá a 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020.
Escaso número de investigadores y de programas de posgrado de calidad
México requiere un esfuerzo sustancial para ampliar la cobertura de las IES a fin de aumentar el acceso de jóvenes, ya que en la actualidad sólo 2 de cada 10 de entre 19 y 24 años alcanzan ese nivel. El problema se incrementará por la demanda creciente de jóvenes y por los niveles de eficiencia terminal.
Existe un rezago en la formación de personas con posgrado. De tal forma, por ejemplo, mientras que en 2003 se graduaron en México mil 443 doctores, en Brasil fueron 7 mil 729, en España 6 mil 436, en Corea 7 mil 623 y en EUA 45 mil 75. De igual modo, el número de personas dedicado a las actividades de investigación y desarrollo es muy reducido: por cada mil empleos, la República Checa tiene 5.8, Alemania 12.2, Hungría 6.0, Japón 13.6, Corea 8.4, España 8.5, la UE 10.1 y México alrededor de 0.9. Estos indicadores, conviene apuntar, revelan el estado del sistema nacional de innovación, y no solamente de las IES.
Los esfuerzos realizados para repatriar a nuestros estudiantes de posgrado del extranjero no han sido suficientes para incorporarlos en nuestra planta laboral y en las instituciones y centros de investigación, por lo que continúa la "fuga de cerebros". Aunado a lo anterior no se han generado espacios laborales suficientes y adecuados para incorporar el número de egresados de posgrado e investigadores que demandan empleo.
Aunque en las últimas décadas el número de docentes de tiempo completo en general ha aumentado en las IES, persiste un gran porcentaje de profesores contratados por asignatura, lo cual inhibe la posibilidad de hacer de la investigación parte nodal del sistema de educación superior en México.
Por otra parte, aunado al problema de insuficiencia en la formación, persisten niveles desiguales de calidad y pertinencia académica en las IES, así como una desarticulación del sistema de educación superior con los niveles educativos previos, particularmente el medio superior.
En cuanto a la calidad, se imparten 4 mil 600 programas de posgrado, de los cuales únicamente 5.3 por ciento (244) cuenta con el parámetro de "alto nivel" o "competentes a nivel internacional".
La comparación internacional muestra que México aún está muy por debajo de otros países en número y ritmo de crecimiento de la planta de investigadores. Baste señalar que en 1993 España contaba con 41 mil 681 investigadores de tiempo completo, cifra superior a la que tenía nuestro país una década después. Si se toman como referencia otros países, esa brecha resulta aún más grande.
Otro fenómeno que se puede observar en México es el envejecimiento de la planta de investigadores y la inexistencia de mecanismos adecuados para el ingreso de nuevos investigadores en las proporciones debidas.
De los investigadores integrantes del SIN, 12 mil 200 aproximadamente, a finales de septiembre de 2006 78 por ciento tenía más de 40 años y únicamente 0.1 por ciento menos de 30. De 1994 a 2004 se incorporaron únicamente alrededor de 5 mil investigadores.
Debe considerarse que a esa problemática se suma la falta de tabuladores uniformes; el régimen laboral y de seguridad social actual impide a los investigadores la movilidad entre instituciones y centros de investigación de una misma entidad federativa o de diferentes, lo cual se traduce en un factor adicional que limita su aprovechamiento.
Infraestructura limitada y desarticulada
La infraestructura en Cyt en México se sitúa principalmente en las IES y en los centros públicos de investigación (CPI). El sistema de CPI en México se integra por dos grandes grupos: a) el Sistema de Centros CONACYT; y b) los centros de investigación sectoriales, asociados a algunas secretarías de Estado. Los CPI tienen una cobertura en el territorio nacional reducida, ya que están en 14 de los 32 estados, concentrándose el mayor número en las regiones centro-occidente y centro, que absorben 17 centros. También es limitada su influencia en cuanto a las áreas de conocimiento cubiertas y los sectores industriales potencialmente atendibles.
Los recursos humanos empleados también son reducidos, particularmente en ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. En 2004 se empleaban 6 mil 251 personas El universo de CPI dependientes de las secretarías de Estado se compone de 20 centros e institutos para atender el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los sectores de energía (3), salud (13), agricultura (2), medio ambiente y recursos naturales (1) y educación pública (1).
Pese a esta capacidad física, el monto acumulado estimado en inversión total en infraestructura en Cyt en nuestro país de 1970 a 1999 fue de 5 mil 754 millones de dólares, cantidad que representa 40.2 por ciento de la inversión realizada por Brasil en el mismo periodo, 31.2 por ciento de la de España, 25.9 por ciento de la de Corea, 13.1 por ciento de la de Canadá y sólo 0.65 por ciento de la de EUA.
Uno de los problemas estructurales que presenta el país es un muy escaso nivel de inversión privada en la ciencia y la tecnología, si se compara con otros países llamados "emergentes". Si bien se reconoce que la participación privada en investigación y desarrollo experimental en México se ha incrementado últimamente por los estímulos fiscales, su proporción en el gasto total es baja (33 por ciento) si consideramos que en países como Japón el sector productivo financia 73 por ciento, en Corea 72 por ciento, en EUA 67 por ciento, en España 47 por ciento y en Brasil 38 por ciento.
Esta baja proporción de la inversión privada se explica en gran parte por la ausencia de políticas, instrumentos y mecanismos consistentes y ágiles que la apoyen e incentiven, entre los que destacan el capital de riesgo, el capital semilla y los estímulos fiscales.
Cabe destacar que la Comcyt de la OEA reconoce que la inversión en Cyt, equivalente a 1 por ciento del PIB, meta usual de muchos países latinoamericanos, no resulta suficiente para alcanzar niveles importantes de desarrollo y reducir la creciente brecha científica y tecnológica. En México no invertimos ni la mitad de ese indicador.
Frágil y rezagada capacidad de innovación
Varios autores han avanzado en el análisis del actual sistema nacional de innovación en México y coinciden en las deficiencias que lo caracterizan: los esfuerzos de los actores involucrados se encuentran aislados y no han articulado una verdadera red de apoyo del desarrollo tecnológico;
El sistema nacional de innovación debe considerar no únicamente las empresas privadas sino también, y de manera compartida, las empresas públicas, donde se hace indispensable impulsar los procesos de innovación que permitan mayor competitividad en el mercado interno e internacional. Con frecuencia, las empresas proveedoras del sector público, cuando disponen de planes de desarrollo competitivo de mediano plazo, se convierten en fuertes competidores de clase mundial, circunstancia que protege la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.
Uno de los indicadores internacionales aplicado para medir la capacidad innovadora de un país son las patentes. En México, las otorgadas reflejan un bajo rendimiento innovador, de forma tal que entre 2000 y 2004 solamente en 2002 se rebasó el tope de las 6 mil, y a partir de esta fecha se registra una tendencia decreciente.
Lo anterior nos lleva a afirmar que carecemos de políticas para el desarrollo de la productividad, para impulsar un esfuerzo coordinado y sostenido mediante políticas públicas de largo plazo consistentes y con recursos adecuados.
Lazos débiles para la vinculación
Carecemos de políticas públicas que fomenten la relación universidad-empresa para que los egresados de la educación superior, destacadamente los posgraduados, sean absorbidos por el sector productivo público y el privado, e incorporados a las actividades que crean valor.
La generación de capacidad tecnológica es limitada, ya que no se cuenta con el fomento de las inversiones privadas apropiadas ni con políticas públicas de institucionalización y fomento de las relaciones entre los que participan en investigaciones científicas y el sistema productivo nacional.
Además, podemos afirmar que las IES representan el eslabón más débil del sistema nacional de innovación, por carecer de políticas de largo plazo e incentivos permanentes para su vinculación con el sector productivo que incluya la continua revisión y adaptación de los programas de estudio para responder con mayor claridad y certeza a las demandas del mercado y a las necesidades productivas y competitivas del país.
Las políticas en CTI no están vinculadas a otras políticas públicas, lo cual es indispensable dado el papel que pueden asumir en la resolución de diferentes problemáticas relativas al desarrollo productivo (agrícola, industrial y de servicios), la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, la preservación de la cultura y otros campos. Para que este conjunto de políticas genere efectos sinérgicos es necesaria la articulación entre ellas.
Alta concentración de actividades
Persiste alta concentración de las actividades en Cyt en el Distrito Federal (DF), en cuanto a investigadores (50 por ciento), programas de posgrado (34 por ciento) y estudiantes de esos programas (62 por ciento). De los 244 programas de posgrado que han alcanzado el parámetro de "alto nivel", 108 se ubican en el DF, seguido por Nuevo León con 21 y Baja California con 20. En 13 estados no se cuenta con programas de ese tipo. Los instrumentos de apoyo (fondos y estímulos fiscales) continúan reflejando una concentración alta en el DF, que en el periodo 2002-2004 absorbió 51 por ciento de los recursos.
No contamos con políticas ni mecanismos eficaces de promoción para las pequeñas y medianas empresas a escala estatal y no es favorable, en muchos casos, el entorno para la cooperación de instituciones y actores relacionados con el desarrollo local, como la educación, la innovación tecnológica, el empleo, la información empresarial y la búsqueda de mercados externos que requiere el desarrollo regional. Sin embargo, la percepción de la necesidad de cooperación entre estos actores crece de manera sostenida.
En general, se carece de políticas diferenciadas para la formación de recursos humanos, la creación de infraestructura, el financiamiento y la fijación de prioridades que den respuesta a las asimetrías que caracterizan la realidad nacional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación entre regiones y localidades.
Ausencia de visión de largo plazo y de políticas públicas
Seguimos contando con planes sexenales, que no facilitan la continuidad de políticas y programas en la materia, y no contamos con un ejercicio prospectivo a escalas nacional, sectorial y regional que conduzca a la selección de áreas científicas y tecnológicas clave, en las que se orienten los esfuerzos de asignación de recursos, en función del desarrollo de las disciplinas, la solución de problemas nacionales, los retos y derroteros internacionales y las capacidades y oportunidades de nuestro país.
Por otra parte, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación no puede lograrse mediante una planificación centralizada de todas las funciones públicas a ellas vinculadas que implique una detallada definición de las acciones por realizar. Se carece de una visión compartida y una actitud de sensibilidad de los encargados de formular políticas hacia el valor del conocimiento científico y tecnológico.
No se ha logrado la necesaria articulación de las políticas públicas de fomento del desarrollo científico y tecnológico con las estrategias de los agentes privados e institucionales, lo cual requiere la participación de tales agentes en el diseño, la instauración y la evaluación de la política.
El actual tratamiento de la política nacional en Cyt parte de la Constitución Política que, en la fracción V del artículo 3o., referido a la educación, dispone de manera escueta que el "Estado apoyará la investigación científica y tecnológica", lo cual no tiene una expresión como parte de la estrategia de desarrollo económico y social, ni se vincula con la planeación del país, lo que sigue reflejándose en diseños de políticas que tienen origen meramente gubernamental.
Oportunidades y áreas estratégicas del conocimiento
Por otra parte, los sectores y las áreas estratégicos del conocimiento en México no han tenido una traducción que se exprese en una política nacional para CTI que las ubique como prioridades temáticas sectoriales con una visión estratégica articulada y de largo plazo, donde se definan claramente las capacidades distintivas y las oportunidades del país. No contamos con políticas públicas articuladas que fomenten la relación gobierno-sector privado para facilitar la identificación de los sectores, bienes y servicios en que las ventajas comparativas y la competitividad de las empresas las coloquen a la vanguardia a escala nacional y frente a otros países.
Debilidades e insuficiencias del modelo institucional
El nuevo diseño institucional de la política científica y tecnológica puede considerarse un avance importante, pues abrió el proceso de hechura de la política pública a diversos actores y organismos, gubernamentales y no gubernamentales, además de orientar esta política de forma más clara hacia los nuevos retos de la economía mundial y del desarrollo tecnológico. Sin embargo, al mismo tiempo ha generado un conjunto de tensiones, inconsistencias y desarticulaciones en el entramado institucional que en principio la debería sostener.
Si bien el Conacyt actúa jurídicamente como cabeza de sector, la realidad es que este organismo maneja sólo aproximadamente 30 por ciento del gasto federal en la materia, pues el resto se encuentra en las diversas secretarías, organismos descentralizados y algunos organismos desconcentrados y empresas paraestatales.
Algunas de las conclusiones relevantes de este análisis del modelo institucional actual de la ciencia y la tecnología son éstas: la política de ciencia y tecnología en México se encuentra en un proceso de tránsito de una política gubernamental a una política pública; los cambios institucionales recientes representaron avances importantes, pero resultaron insuficientes; debe buscarse un diseño en red en el cual el Conacyt o algún órgano equivalente tenga la capacidad de orientar efectivamente la política; el actual sistema de planeación y evaluación no permite establecer con claridad los comportamientos, los sectores y las áreas que se quiere incentivar e impulsar; y es necesario realizar cambios adicionales al diseño institucional de la política científica y tecnológica.
Consecuencias sobre el financiamiento
La falta de visión de futuro y de una economía propia basada en la competitividad que proporciona el conocimiento genera un círculo vicioso, donde la educación, la ciencia y la tecnología se privan de manera creciente de recursos y simpatías nacionales. Así se entiende la crónica falta de competitividad nacional. Al mismo tiempo, el remedio de dichas carencias requerirá la formulación de un entorno institucional más congruente y acorde con las nuevas exigencias de la economía nacional, y una renovada participación de México en el entorno internacional.
Los aciertos de la modernización en materia de financiamiento son éstos:
La asignación de fondos mediante la competencia
en la investigación.
La separación de ingresos por categoría
en el profesorado.
La apertura de plazas para profesores con posgrado.
Las becas para estudiantes de bajos recursos económicos.
La ampliación de las fuentes de financiamiento
y el compartimiento del gasto con las familias y las empresas.
La incorporación de los gobiernos estatales en
el cofinanciamiento.
La movilización de recursos privados para la educación
superior.
La idea de planear a largo plazo.
La burocratización del proceso en las instituciones publicas.
La parquedad de los fondos concursables frente al subsidio ordinario.
Los círculos cortos de planeación estratégica.
El papel pasivo de las instituciones en la formulación de objetivos de largo plazo. La tensión de fondo en la modernización entre modernismos irreflexivos, resistencias a la modernización y estrategias de desarrollo educativo sustantivo.
Los criterios reguladores del mercado privados: se ha confiado en mecanismos burocráticos como el RVOE, que en realidad han sido pensados para un sistema público.
b) Se debe avanzar sólidamente en la construcción de una sociedad del conocimiento centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, que esté inspirada por objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y el progreso, en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado.
c) El conocimiento y la innovación son ingredientes fundamentales para impulsar la sociedad del conocimiento, la cual es un modelo que ayuda a combatir la pobreza, acortar las desigualdades sociales, reducir las iniquidades, disminuir la distancia entre los países del norte y los del sur, fortalecer la competitividad, participar en la tercera revolución industrial -la de la era de la digitalización y de las ciencias emergentes-, favorecer el desarrollo de las regiones y la constitución de espacios sociales con capacidad de iniciativa, afianzar la libertad de expresión y fortalecer la democracia.
d) El Estado, las empresas, la industria, las instituciones de investigación y enseñanza y las comunidades de investigación son los responsables principales de un sistema nacional de investigación e innovación efectivo.
e) El binomio investigación-innovación es el modelo adecuado para fomentar el desarrollo del conocimiento, impulsar su transferencia social, favorecer la valoración social y estimular la competitividad empresarial.
f) La política de Cyt debe satisfacer una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno que otorgue coherencia a una política de alcance nacional; una firme coordinación intersectorial, donde los esfuerzos de las secretarías de Estado involucradas confluyan en una sola acción encaminada a satisfacer los objetivos de la política; y, finalmente, una sólida vinculación con los grupos destinatarios (sociales y privados) para asegurar la efectividad de dicha política.
g) En el mundo globalizado, el conocimiento y la innovación afirman su dimensión internacional, la cual comprende el establecimiento de parámetros e indicadores internacionales, el incremento de la competencia, la cooperación, el impulso de las redes regionales y mundiales de colaboración, la internacionalización de las actividades y las evaluaciones externas y rigurosas a cargo de pares. Asimismo, incluye una responsabilidad internacional de México, particularmente hacia América Latina y con énfasis en los países de Centroamérica y el Caribe.
h) Los formuladores de políticas deben comprender los beneficios potenciales de dedicar recursos considerables a la Cyt de manera consistente, y que hacerlo no es gasto sino inversión para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico del país.
i) La planeación, el seguimiento y la supervisión, la evaluación integral y la externa, la ética y la deontología, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos imprescindibles para la organización y gestión del conocimiento y la innovación en el siglo XXI.
j) Las políticas nacionales, sectoriales y regionales deben prever un apoyo regular y de largo plazo a la ciencia y la tecnología, a fin de garantizar el fortalecimiento del potencial humano, crear instituciones científicas, mejorar y modernizar la enseñanza de la ciencia, integrar la ciencia en la cultura nacional, crear infraestructuras y fomentar las capacidades en materia de tecnología e innovación.
k) La vinculación entre el conocimiento y el sector productivo contribuye al desarrollo científico del país en la medida en que es fuente de ideas para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación básica, permite experimentar en nuevas líneas de trabajo y es espacio para la formación de recursos humanos.
l) La innovación es fundamental en la generación de conocimiento; existe un estrecho vínculo entre generación del conocimiento y desarrollo tecnológico, igual que entre investigación básica y aplicación del conocimiento.
m) La actualidad y el futuro del país se alimentan y proyectan desde las regiones. Por ello, la política en Cyt que se instaure, para ser exitosa, debe considerar la regionalización y el actual proceso de construcción de un nuevo federalismo.
La visión de país que inspira los objetivos y las líneas de acción destaca los siguientes rasgos: un desarrollo económico basado en el conocimiento y en la preservación del medio ambiente; un perfil productivo donde destaquen capacidades tecnológicas en sectores estratégicos y sectores que atienden necesidades básicas; un sector productivo y empresarial competitivo que contribuye al desarrollo regional, con amplia presencia de la pequeña y mediana empresas en condiciones de involucrarse en una dinámica innovadora; empleos bien remunerados; desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda; y amplia integración de las potencialidades de la diversidad cultural.
Aplicar una política de Estado en materia de CTI, con una visión de largo plazo y como parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico y social del país
Líneas de acción
Concertar y promover una reforma constitucional, que deberá ubicar la CTI y la formación de recursos humanos de alta calificación en el apartado económico de la Constitución(artículo 25) para que formen parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico de la nación, se inserten en el sistema nacional de planeación y se establezcan los esfuerzos y apoyos que brindará el Estado en estas materias.
Esas materias deberán ser incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y traducirse en los programas sectoriales y regionales de manera prioritaria y precisa.
Adoptar políticas públicas en materia económica, entre las cuales deben incluirse de manera prioritaria las orientadas a lograr una economía basada en el conocimiento, requisito indispensable para que México se consolide como una de las 10 mayores y mejores economías del mundo, posición que por la dotación de sus recursos naturales y humanos le corresponde.
Construir una auténtica red de política pública que permita estabilizar las políticas y alinear la participación de los diferentes actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para trascender los cambios sexenales.
Asegurar que la política de investigación científica y tecnológica coloque entre los objetivos prioritarios de estudio los temas relativos a la satisfacción de las necesidades de la población vinculados con el plan nacional y los regionales de desarrollo.
Reformar la Ley General de Planeación para que considere el Programa Especial de Ciencia y Tecnología de largo plazo e incorpore la elaboración y actualización de la prospectiva como marco de referencia obligatoria de este programa y su actualización, así como la incorporación de la ciencia y la tecnología en los planes nacional, sectoriales y regionales, como materia prioritaria para el desarrollo integral y sostenido del país.
Otorgar estabilidad en el largo plazo a los programas y proyectos de investigación y que se orienten los esfuerzos y recursos para la innovación, creación y adopción de tecnologías.
La planeación de largo plazo debe traducirse en la posibilidad de presupuestos multianuales que permitan que los programas prioritarios tengan continuidad ya que, por la naturaleza de estas actividades, se requieren periodos mayores para concretarse y lograr los resultados esperados.
Actualizar las agendas de investigación del sistema nacional de Cyt, y articularlas con la planeación integral de largo plazo.
Generación del conocimiento
Orientar la formación de recursos humanos de alto nivel tanto en México como en el extranjero hacia las áreas científico-técnicas prioritarias, en los nuevos campos profesionales que demanda el campo laboral y la atención de las necesidades básicas, promoviendo posgrados conjuntos entre los sectores académico, productivo y empresarial, así como fortaleciendo el programa de becas, créditos educativos y becas mixtas.
Impulsar el número de doctores formados y graduados y otorgar atención particular a la evaluación del posgrado
Fomentar y reconocer los posgrados interinstitucionales, así como crear y fomentar posgrados con instituciones de otros países en campos estratégicos.
Impulsar la formación de profesionales en las áreas de ingeniería y tecnología, incluyendo la capacitación técnica y posprofesional, mediante la promoción de acuerdos gobierno-IES-sectores productivo y empresarial, así como el fomento de su inserción laboral en el sector productivo.
Impulsar que especialistas, universidades y centros de investigación realicen valoraciones y análisis de la calidad del proceso educativo como parte de su propia agenda de investigación.
Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de la educación en las universidades e institutos tecnológicos públicos para que los jóvenes que egresen de esos centros puedan competir exitosamente.
Fortalecer el sistema de educación técnica y tecnológica para adecuarla a los requerimientos del mercado laboral, e impulsar la participación de los jóvenes en actividades de investigación mediante programas de inserción con investigadores que permitan desarrollar nuevos talentos.
Priorizar, en los programas de enseñanza, el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, y el desarrollo de los hábitos y las capacidades lectoras, así como el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento del idioma inglés.
Mejorar la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación continua, la ampliación de la cobertura en todo el país y la vinculación con las diversas áreas productivas del país.
Revisar y adecuar el SNI a las características que plantean las nuevas políticas de CTI y a las necesidades sectoriales y regionales del país.
Asegurar tanto la repatriación de investigadores mexicanos residentes en el extranjero como el reclutamiento de no nacionales en las áreas estratégicas, apoyar las estancias posdoctorales y otorgar nuevas plazas orientadas a la renovación generacional.
Añadir a los programas de becas de posgrado ampliaciones por un periodo para que los investigadores becarios se incorporen a las empresas e instituciones de investigación, a fin de apoyar su formación, desarrollar investigaciones y facilitar su inserción laboral.
Establecer programas de intercambio académico, promover investigaciones interinstitucionales, y fomentar la repatriación de investigadores con base en oportunidades de trabajo académico bien remunerado en instituciones públicas y privadas, de preferencia en el interior de la república, y crear redes nacionales de investigadores, para promover la investigación científica y la innovación tecnológica, así como el desarrollo de otras universidades a lo largo del país.
Reforzar los esquemas de estímulos académicos y económicos que permitan la incorporación, permanencia y evolución de nuevos investigadores en el medio científico mexicano.
Limpiar las fuentes de recursos para que elevemos el número de jóvenes que realizan estudios de posgrado en centros académicos de distintos países.
Realizar un proyecto estratégico de pertinencia educativa para el desarrollo que revise las especialidades universitarias, las licenciaturas y los posgrados, y las currículas educativas para privilegiar la expansión de las carreras que tengan un horizonte de integración cierto en el mercado laboral y sean útiles para impulsar el desarrollo regional.
Diseñar e instaurar un programa nacional de carrera del investigador que ofrezca regímenes laborales y de seguridad social uniformes para la movilidad interinstitucional de los académicos y los investigadores a fin de ampliar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en forma descentralizada, hacer crecer las instituciones y facilitar la creación de centros de investigación.
Líneas de acción: campos estratégicos o de oportunidad
Identificar los retos y las oportunidades nacionales y regionales, las áreas estratégicas del conocimiento y los sectores prioritarios en que México tiene ventajas comparativas, a fin de centrar los esfuerzos y potenciar los recursos para ciencia, tecnología y formación de recursos humanos de alto nivel con visión de largo plazo.
Definir campos estratégicos o de oportunidad, con el propósito de promover la realización de programas de investigación y asignar fondos a líneas prioritarias de dimensión regional, nacional o internacional.
Definir los sectores prioritarios para el desarrollo nacional y regional en el ámbito de la innovación, considerando la evaluación comparativa internacional y nacional de su contribución actual y prospectiva y sus repercusiones potenciales en el desempeño competitivo y el desarrollo de la economía nacional en el mediano y largo plazos. Asimismo, identificar a los actores económicos, sociales, académicos, gubernamentales y no gubernamentales que potencialmente pueden contribuir en su desarrollo.
Fomentar la investigación agrícola y promover su vinculación con los productores para que permita la adopción de nuevas semillas, procesos y tecnologías.
Vincular la ciencia y la tecnología a los sectores agropecuario, forestal y pesquero para generar un sistema de innovación que permita impulsar la economía y productividad en esos sectores.
Promover nuevas carreras que se relacionen con la innovación científica y tecnológica, como serían las del campo de la informática, la robótica, la biotecnología y las ciencias relacionadas con la investigación de los genes.
Aumentar las inversiones materiales y humanas en los programas de investigación y desarrollo dedicados a la ecología y ciencias ambientales, en especial en temas relacionados con recursos naturales, contaminación, ordenamiento del territorio, y ahorro y uso eficiente de agua y energía, entre otros.
Fortalecer la investigación y el desarrollo de potenciales técnicos y económicos de todas las fuentes de energía, así como de desarrollo tecnológico a través del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Impulsar o apoyar las investigaciones en materia de ciencias sociales para comprender y tratar mejor las tensiones que caracterizan las relaciones entre la ciencia y la tecnología, por una parte, y las distintas sociedades y sus instituciones, por otra.
Transferencia del conocimiento e innovación
Formar el sistema nacional de innovación a través de sistemas regionales para producir y acumular conocimientos científicos y tecnológicos y apoyar a las empresas a asimilar, usar, adaptar, modificar y crear tecnología para desarrollar nuevos productos y procesos en respuesta de ambientes y mercados cambiantes.
Implantar políticas públicas de vinculación del conocimiento con el sector productivo que permitan incorporar el desarrollo científico y la innovación tecnológica a los procesos productivos y a la creación de negocios de base tecnológica para incrementar la competitividad.
Establecer como una de las prioridades del programa de Cyt el impulso de los proyectos científicos y tecnológicos que coadyuven a elevar la competitividad del país.
Fortalecer las capacidades de transferencia de tecnología y de vinculación de los agentes del sistema de CTI por medio de reformas regulatorias y la creación de incentivos específicos.
Establecer una estrategia de largo plazo para que empresas mexicanas puedan incorporarse en el desarrollo tecnológico en ramas prioritarias, a fin de participar en nichos de mercado y desarrollar masas críticas en apoyo de las cadenas productivas nacionales y los mercados mundiales.
Propiciar que las empresas mexicanas logren acceder a los mercados internacionales en segmentos competitivos, como sistemas de marca, producto, tecnología o innovación que propicien ventajas adicionales en los tratados de libre comercio que tiene México con otros países.
Establecer políticas públicas capaces de crear un entorno favorable para la competitividad de las empresas y asegurar su acceso a insumos en condiciones internacionalmente competitivas.
Establecer un programa de desarrollo tecnológico de ingeniería e industrias de base tecnológica directamente relacionado con un programa de competitividad y empleo que permita el desarrollo de tecnologías, patentes y nuevos servicios de valor agregado. Este programa debe vincular los institutos, los centros de investigación y las universidades con los sectores productivos, diseñando proyectos tecnológicos específicos, dirigidos a sustituir la dependencia tecnológica del extranjero.
Sistematizar la red de centros de desarrollo tecnológico, como Conacyt, IMP e IIE, que brindan soporte a los sectores estratégicos, y desarrollar un programa de capacitación especializada que contribuya a la generación de capital social requerido para impulsar la competitividad del país.
Promover las actividades de vinculación entre universidades, especialistas del SNI y empresas para la investigación aplicada y la innovación tecnológica.
Fortalecer la vinculación de la educación media superior, superior, técnica y tecnológica con el mercado laboral de las comunidades, impulsando acuerdos entre escuelas, universidades y empresas para que los jóvenes puedan capacitarse en su centro educativo y en empresas vinculadas a éste.
Establecer una reglamentación favorable que consolide la industria de capital de riesgo, eliminando las barreras para su desarrollo y posibilitando su vinculación con las instituciones financieras, con las pequeñas y medianas empresas y con universidades y con tecnológicos del país.
Fomentar desde los ámbitos educativo e industrial la creación y el financiamiento de negocios con amplio componente tecnológico.
Respetar los derechos de propiedad intelectual y el respaldo de patentes en beneficio de los investigadores y de las empresas, e impulsar y premiar la realización de proyectos exitosos en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Simplificar y hacer más asequibles los mecanismos de registro, patentes, marcas y propiedad industrial para elevar de manera gradual y sostenida el número de patentes de origen nacional.
Asegurar que el diseño de políticas para la innovación sea un proceso continuo que apunte al incremento de la productividad mediante el mejoramiento de mecanismos de apoyo y de seguimiento.
Financiamiento creciente y sostenido
Objetivo estratégico
Mantener incrementos anuales del Gfcyt para lograr en el corto plazo el 1 por ciento del PIB que establece la ley, estimulando una mayor y creciente participación del sector privado, así como instaurar estrategias y programas para que el gasto nacional en Cyt se eleve en el mediano plazo a 3 por ciento.
Líneas de acción
Asegurar un esfuerzo sostenido de la inversión pública federal a partir de 2007, por al menos 5 mil millones de pesos adicionales anuales al presupuesto federal vigente en 2006 (a precios constantes de 2006), y detonar las líneas de promoción de la inversión privada para obtener un incremento privado equivalente, para alcanzar en 2012 el 1 por ciento de gasto nacional en Cyt.
Considerar la política de gasto público en Cyt un instrumento fundamental para estimular una mayor inversión privada en la materia, promover la absorción y generación de nuevos conocimientos, y movilizar recursos para la atención de demandas y problemas sociales (educación, salud, medio ambiente, alimentación, desarrollo regional o fomento de la producción).
Apoyar proyectos de investigación conjuntos entre las IES y la iniciativa de los particulares, desarrollando figuras jurídicas para que las empresas (privadas y públicas) soliciten y financien investigaciones en alianza con las universidades y los tecnológicos.
Asegurar la permanencia y el crecimiento continuo del incentivo fiscal de las actividades científicas y tecnológicas, así como avanzar en su ampliación y profundización como un mecanismo que haga de la innovación una palanca de crecimiento económico y de derrama de bienestar social. Para esto se plantean las siguientes orientaciones:
Prestar especial atención al financiamiento no tradicional, incluida la posibilidad de canjear parte de la deuda externa por inversión, bien definida, en "creación de capacidades" en asuntos de Cyt; es decir, invertir selectivamente en infraestructura educativa, científica y tecnológica en el país, mediante la creación de fondos específicos, como bonos verdes.
Destinar un porcentaje del producto de la comercialización de los energéticos a la inversión, la seguridad y el desarrollo tecnológico de esta industria.
Aprovechar la capacidad de contratación y compra de las empresas propiedad del Estado para desarrollar y estimular fiscalmente, con base en planes de alianzas estratégicas de mediano plazo y otras previsiones de ley, empresas mexicanas de proveedores de clase mundial, que en un plazo preestablecido compitan sin protección en los mercados internacionales.
Descentralización y desarrollo regional
Fortalecer la descentralización y el desarrollo regional con base en el conocimiento y la innovación
Consolidar los sistemas estatales de Cyt para que todos cuenten con leyes, consejos estatales, planes y comisiones especializadas en los congresos locales e impulsar el establecimiento de sistemas regionales y locales de innovación.
Impulsar la consolidación legal, normativa e institucional de los estados y de los municipios para desarrollar una política propia de fomento de la CTI.
Impulsar el diseño e instauración de políticas públicas construidas desde las regiones que atiendan los siguientes aspectos: legitimación y aprobación social de la ciencia y la tecnología; investigación y generación del conocimiento para la solución de problemas regionales; productividad y competitividad regional; e información, seguimiento y evaluación de la actividad científica y tecnológica.
Apoyar la creación de centros de excelencia regionales orientados a resolver problemas específicos de las regiones. Impulsar la coordinación entre estados para enfrentar retos comunes y aprovechar las oportunidades regionales.
Impulsar los sistemas regionales de innovación, considerando lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Modelo institucional para la ciencia y la tecnología
Objetivo estratégico
Construir una auténtica red de política pública para estabilizar las políticas y alinear la participación de los diferentes actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que permita aplicar una política pública que trascienda los cambios sexenales.
Líneas de acción
Formar una secretaría coordinadora del sector, con la capacidad de orientar efectivamente la política, otorgándole facultades y recursos que le permitan establecer marcos de referencia, regulación estratégica e incentivos respecto de las acciones de los diferentes agentes participantes.
En la nueva secretaría, los sectores gubernamental, empresarial y académico integrarían el Consejo de Administración, junto con la SHCP. En esa secretaría habría un organismo que fungiría como agencia de financiamiento de la política científica y tecnológica, con instrumentos de "regulación suave", con un diseño orientado a generar incentivos mediante bolsas de financiamiento, y con fuerte vinculación con el sector productivo.
Objetivos estratégicos de la propuesta
Establecer principios y parámetros de evaluación para los impactos generados por los recursos públicos invertidos en Cyt, abarcando desde el SIN, los CPI; las entidades y dependencias del orden gobiernos federal y estatal que participen en actividades de esta índole y de los proyectos y programas financiados con instrumentos públicos hacia el sector privado.
Impulsar la calidad y la rendición de cuentas en la educación pública superior, promoviendo que la asignación presupuestal para las universidades e IES públicas tome en cuenta indicadores de desempeño elaborados por las mismas instituciones educativas, y cuyos informes deberán ser publicados periódica y oportunamente.
Mejorar la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación continua, la ampliación de cobertura en todo el país y la vinculación con las diversas áreas productivas del país.
Para cumplir las finalidades señaladas y reconociendo los logros alcanzados por la educación superior y los retos emergentes, es necesario identificar los programas y las acciones que ameriten continuidad para consolidar los avances logrados, así como los cambios requeridos en las estrategias institucionales y gubernamentales para transitar a una nueva fase de desarrollo. Se debe reconocer que diversos objetivos planteados por las políticas públicas no se cumplirán plenamente si no se cuenta con políticas de Estado para la educación, la ciencia y la tecnología que trasciendan los programas y las metas sexenales.
Por políticas de Estado se entienden las de carácter público que cumplen al menos cuatro condiciones:
Su diseño es resultado de amplios consensos entre los distintos niveles de gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas del país.
Obligan a los gobiernos a considerarlas en sus planes y programas de desarrollo.
La sociedad se compromete a impulsarlas en las distintas esferas de acción.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito y demás firmantes presentan la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México, al tenor de los siguientes resolutivos:
Primero. Se forme con la mayor brevedad un grupo de trabajo plural, integrado por once diputados federales y coordinado por uno de ellos, encargado de organizar y dirigir los trabajos relativos al presente punto de acuerdo.
Los once diputados deberán ser preferentemente miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Segundo. Se realice en noviembre de 2006 el primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México.
Tercero. Se turne el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, para efectos de su formación.
Cuarto. Que el grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos al primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México guíe sus trabajos conforme a los siguientes criterios básicos:
b. Convocar al primer foro de consulta parlamentaria sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México a profesores e investigadores, representantes de las organizaciones nacionales, y rectores y directores de institutos tecnológicos y centros públicos de investigación científica.
c. El grupo de trabajo designará la universidad o institución de educación superior sede del primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México, el cual se llevará a cabo a más tardar en noviembre de 2006.
Diputados: Jorge Zermeño Infante, Arnoldo
Ochoa González, Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios
Córdova, Javier González Garza, Alejandro Chanona Burguete,
Aída Marina Arvizu Rivas, Miguel Ángel Jiménez Godínez,
Ricardo Cantú Garza, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Ruth
Zavaleta Salgado, Gloria Lavara Mejía, Xavier López Adame,
Jorge Estefan Chiriac, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Mercedes
Maciel Ortiz, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A CONSIDERAR
EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE 2007 RECURSOS PARA CONSERVAR, PROTEGER
Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, A CARGO DEL DIPUTADO FERNEL ARTURO
GÁLVEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los municipios son la base fundamental de nuestra forma de gobierno. A través de sus ayuntamientos se da el orden de gobierno más cercano a la comunidad, resolviendo múltiples problemas y demandas de la población local.
Los más de 2 mil 500 municipios que hay en el país presentan disparidades enormes para enfrentar los retos de la creciente problemática ambiental y de los recursos naturales. Los menos son municipios con amplias extensiones urbanas, con una gran cantidad de habitantes, con amplias capacidades presupuéstales, organización y gestión. Contrario a esto, la gran mayoría de los municipios contienen amplias extensiones de territorio rural, de poca población, con escasas capacidades presupuéstales, organización y gestión. Lo anterior se refleja, con sus necesarios matices, en que muchos de los ayuntamientos de estos municipios la comprensión del fenómeno de esta problemática ambiental y de los recursos naturales sea todavía limitada, en especial en aquellos aspectos relacionados con la conservación de los ecosistemas forestales.
Al respecto hay que señalar, que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Titulo Segundo, Capitulo II, Sección 3, denominado "De las Atribuciones de los Municipios" le reserva en su artículo 15, a los gobiernos de los municipios diversas atribuciones de conformidad con esta ley y a las leyes locales en la materia forestal.
Es importante resaltar, que en la fracción I de este artículo, en la ley antes citada, se señala textualmente que corresponde a los gobiernos municipales la siguiente atribución: "Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio".
Con dicha atribución se le otorga a los gobiernos municipales del país la posibilidad de tener un papel activo sobre los recursos forestales de su territorio. En especial, dada su relación cercana con las comunidades locales existe un potencial para orientar y dirigir una política forestal cercana a los dueños del recurso como son las comunidades forestales, coadyuvando verdaderamente en la toma de decisiones en la materia del gobierno federal y los gobiernos estatales.
Existen otras atribuciones no menos importantes para los gobiernos municipales en el mencionado artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como son por ejemplo: Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales (fracción XI); Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales (fracción XII); o desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas (fracción XIII).
Por ello, los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de actuar con programas y proyectos forestales propios, concretos, discutidos y validados por la mayoría de la población, y con el apoyo técnico y financiero necesario de otras instancias gubernamentales. Lo anterior dentro de una perspectiva estratégica y de largo alcance.
Sin embargo, los programas y proyectos para la gestión ambiental y de recursos naturales, en especial los forestales, pocas veces son atendidos directamente por las autoridades municipales, esto debido a dos aspectos a que se conocen: la falta de recursos económicos suficientes y la insuficiencia de recursos humanos especializados.
Por lo anterior, se considera que no solo se requiere aumentar los ingresos municipales, sino también una reorientación del gasto público de los gobiernos municipales. Es decir, se tiene que ir generando en dichos gobiernos partidas específicas en sus presupuestos de egresos de cada año, para atender conforme a sus atribuciones la problemática ambiental y de recursos naturales, en especial los forestales, que les aqueja en sus ámbitos territoriales.
Consideramos, que a través de las legislaturas locales de cada entidad, quienes tienen una comunicación constante con los gobiernos municipales, a quienes respetuosamente solicitaríamos nos apoyen para lograr este propósito. Recordemos que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las legislaturas locales son quienes aprueban las leyes de ingresos de los municipios, así como revisan y fiscalizan sus cuentas públicas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los gobiernos municipales a través de las legislaturas locales de los Estados Unidos Mexicanos, para que en sus presupuestos de egresos del próximo año fiscal 2007, consideren recursos en una partida presupuestal específica, a ser ejercidos conforme a sus atribuciones en la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales de sus municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2006.
Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A COORDINAR CON EL PRESIDENTE
ELECTO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN, EL INICIO DE LA ORGANIZACIÓN
Y EL ADIESTRAMIENTO DE FUERZAS FEDERALES PARA SUSTITUIR LAS FUERZAS ARMADAS
EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL NARCOTRÁFICO,
A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito diputado Roberto Badillo Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de que la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, coordine acciones con el equipo de transición y con el presidente electo de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para encausar las actividades y funciones de las Fuerzas Armadas dentro del marco legal que las rige, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
La seguridad individual, familiar, de un pueblo o de un país, lo es todo. O casi todo.
Nada puede lograrse sin seguridad. Ninguna seguridad por más completa que sea, es absoluta. La historia antigua y reciente así lo demuestra. La seguridad de la nación no debe confundirse con la seguridad interior del país, tampoco con la seguridad pública y mucho menos con la seguridad del Estado; lo que si se sabe con certeza, es que ningún organismo del Estado, puede llevar a cabo sus fines, sin seguridad.
En efecto, con Maquiavelo, el gran maestro de la ciencia política, sabemos, (cito): "El Estado obra suprema de sabiduría, es un sistema organizado de órdenes de vida, que tiene su seguridad en sí mismo; el que no la tiene (la seguridad por si mismo), depende de otro y a otro ha de recurrir para defenderse," (termina la cita).
La seguridad da al Estado certidumbre para realizar la justicia social; sólo con certidumbre el gobierno puede impartir justicia, otorgar igualdad de oportunidades a sus habitantes, desarrollar social y económicamente a un pueblo, sin que el cauce previsible y calculable, como dice Maquiavelo, se desborde.
En México, la seguridad pública está al final de cada sexenio. Cada vez peor, el crimen organizado y la violencia procedente del narcotráfico, la tienen arrinconada.
Pero el orden militar, no está para garantizar la seguridad pública, no está para combatir a la delincuencia organizada y no está para combatir al narcotráfico. Sus misiones son muy claras y están en las leyes respectivas. Gobiernos que no han logrado la impartición de justicia, que no han repartido en forma equitativa los bienes y servicios que el pueblo cotidianamente produce, que no han aplicado justicieramente la ley, para lograr tranquilidad, tolerancia y armonía en la sociedad; han recurrido a las fuerzas armadas para que coadyuven con las fuerzas policíacas en el combate al crimen organizado y en contra de las actividades del narcotráfico.
Por ello, las fuerzas armadas deben ser relevadas de las actividades que realizan en contra del crimen organizado y en contra del narcotráfico.
El adiestramiento que necesitan las fuerzas policíacas sustitutas, puede ser proporcionado en forma coordinada, por las Fuerzas Armadas con aquellos elementos que coadyuven al orden, disciplina, organización, condición física, prácticas de operación adaptables, manejo de todo tipo de armas y artefactos; y por fuerzas policíacas, en los aspectos de su competencia.
Mientras no tengamos un consenso, sobre lo qué es la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad del estado, la seguridad nacional o cualquier otro tipo de seguridad que afecte a la paz y a la tranquilidad de los ciudadanos y no establezcamos a qué autoridades compete cada una de ellas, como hasta hoy sucede, tendremos un aumento, año con año y sexenio con sexenio, de la inseguridad pública y del crimen organizado, a pesar de las medidas por otra parte, incoherentes y dispersas, de los gobiernos en diferentes niveles.
Se puede revertir esto, el presidente electo, podrá seguir un camino diferente al de sus antecesores en materia de seguridad pública, ya calificados de fracaso. No se puede recorrer un camino por largo y sinuoso que sea, si no se da un primer paso.
Licenciado Felipe Calderón, dé el primer paso.
Una Suprema Corte de Justicia de la Nación, soberana e independiente y no obsecuente con el Poder Ejecutivo Federal, eximirá legalmente, a las Fuerzas Militares de esas actividades.
Este sería el primero de varios objetivos que hay que lograr para una total reestructuración exitosa, de los organismos policíacos encargados de garantizar la seguridad pública de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Gobernación para que en el marco del proceso de transición, coordine acciones con el equipo de transición y con el presidente electo de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que inicie las acciones de organización y adiestramiento paulatino de las fuerzas federales, para sustituir en forma progresiva en los próximos años a las Fuerzas Armadas, de las actividades que realizan en contra del crimen organizado y de las actividades del narcotráfico, por no ser de su competencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 12 de 2006.
Diputado General Roberto Badillo Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A PROMULGAR LA CELEBRACIÓN
DEL 15 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
RURALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita, diputada federal Martha Angélica Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, fracción III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a las autoridades federales y del ámbito internacional para que se instituya el 15 de octubre la celebración del Día Nacional e Internacional de Las Mujeres Rurales, conforme a las siguientes
Consideraciones
I. Como resultado de los trabajos permanentes y del Congreso Internacional de las Mujeres Rurales: Estrategias para su Desarrollo, llevado a cabo los días 12 y 13 de octubre de 2005, quienes ahí están participado, junto con un nutrido grupo de ciudadanos, asociaciones y partidos nacionales e internacionales, han solicitado a la suscrita ser su voz en esta soberanía para solicitar que se promulgue el 15 de octubre como el Día Nacional de las Mujeres Rurales.
II. Durante los trabajos de la cuarta conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer de Beijín, en 1995, se estableció, por primera vez, el Día Nacional e Internacional de la Mujer Rural. Esta celebración, surge para reconocer y agradecer la aportación de la mujer rural en el bienestar de sus familias y en el desarrollo de la economía rural de los países.
III. Esta propuesta tiene como principales promotores a la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), Associated Country Women of the World (ACWW), Red Africana de Asociaciones de Mujeres Rurales (NARWA), y la Women?s World Summit Foundation (WWSF), quienes coincidieron en la importancia de promulgar el 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural.
IV. En el llamado "tercer mundo", las crisis recurrentes en la economía impactan fundamentalmente en el campo, para superarlos las familias campesinas han adoptado diversas estrategias para asegurar su subsistencia cuando los hombres tienen que emigrar en busca de un trabajo mejor remunerado; por tanto, las mujeres asumen una mayor participación en la producción agropecuaria. Incluso, se habla de una feminización de la agricultura; tal es caso de México, donde la población masculina que emigra a Estados Unidos ha dejado en manos femeninas las labores agrícolas. Así, las mujeres rurales asumen las tareas domesticas de procurar el cuidado y la alimentación de sus hijos; además, se ocupan de las actividades agrícolas: el cuidado del ganado, la siembra y cosecha de sus tierras.
V. El número de las mujeres rurales en México es cada día mayor, debido al fuerte fenómeno de feminización de la agricultura y de la propiedad de la tierra. Datos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares de 1998 indican que cerca de dos terceras partes de las mujeres tienen derecho sobre la tierra en los ejidos certificados.
VI. Que las mujeres rurales tienen derecho sobre 5 millones de hectáreas, lo que representa el 14.25 por ciento de la superficie certificada del país. Además, las mujeres rurales son también titulares de los solares urbanos cuya importancia radica en ser una alternativa de producción familiar de traspatio, en apoyo al autoconsumo. Por tanto, la superficie certificada donde existe una mayor participación de las mujeres rurales asciende a casi 3,200 millones de metros cuadrados.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, fracción III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se realicen las acciones necesarias a fin de que se promulgue el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales el 15 octubre, a fin de unirnos en congruencia a la política internacional de México, al grupo de países que, en el marco de la Cuarta Conferencia de Mujeres en Beijín, ya lo han promulgado.
Segundo.- Cumplir con los requerimientos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la aprobación del presente punto de acuerdo.
Tercero.- En consecuencia que el honorable Congreso de la Unión instruya a las instituciones correspondientes del Ejecutivo para que en el ámbito nacional se promueva el Día Nacional de la Mujeres Rurales; asimismo, que se tenga a bien realizar lo conducente a través del señor secretario de Relaciones Exteriores para que promueva la aprobación ante los organismos internacionales y la ONU el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN
DEL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO SOTO SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Las relaciones que se instituyen entre el Estado y la actividad económica son el producto de una adaptación compleja de diversas esferas del espacio público que da lugar a la instauración de formas reguladoras particulares. La estabilidad y permanencia de estas formas institucionales están determinadas por los diversos tipos de mediaciones sociales que se establecen, tanto al interior del propio Estado, como en las relaciones de este con la sociedad.
Si bien la regulación económica en sentido estricto, se determina a nivel macro, la articulación de este nivel con el mesoeconómico conforma una dinámica sectorial o, dicho de otra manera, un "régimen económico de funcionamiento", inherente al sector en cuestión, con características y entramado institucional propios. Esto significa, que las formas institucionales que estructuran la macroeconomía de un país condicionan fuertemente la dinámica económica sectorial. Sin embargo, la evolución de esta última, puede igualmente contribuir a modificar ciertos rasgos de las formas institucionales globales. Esta influencia sobre la dinámica de conjunto puede ser más o menos importante, dependiendo del peso económico específico del sector y del grado de madurez o fragilidad del propio régimen de acumulación.
De acuerdo a esta concepción, un sector económico es considerado como tal, no solamente a partir de la homogeneidad del tipo de valor de uso producido y la tecnología empleada, sino también a partir de una construcción social compleja de la esfera productiva, referenciable históricamente. La producción de valores de uso particulares, realizada sobre la base de tecnologías específicas, está ligada a procesos de determinación de las finalidades económicas que se materializan en instituciones ad hoc forjadas conforme a la naturaleza del Estado en cuestión.
Es evidente que en nuestro país, el régimen económico de funcionamiento del sector petrolero, es fundamental no sólo para el régimen de acumulación general, sino también, para marcar la pauta de la dimensión política de la regulación económica en el modelo de desarrollo. Dada la gran importancia que tiene, no solo como fuente de ingresos fiscales y proveedor de insumos energéticos, sino también como factor constitutivo de uno de los principales referenciales socioculturales que forjan nuestra identidad colectiva, el sentido de los cambios en la arquitectura institucional del sector marca en gran medida las transformaciones posibles en la naturaleza misma del Estado, en tanto que espacio fundamental de codificación de las relaciones sociales.
De ahí que resulte de la mayor importancia que esta representación nacional se constituya en el espacio por excelencia de reflexión en torno al conjunto de reformas que requiere el sector de los hidrocarburos para potenciar su aporte al desarrollo nacional.
Más allá de la simplificación extrema de la problemática del sector, la Cámara de Diputados debe asumir plenamente su responsabilidad y propiciar una amplia, incluyente e informada discusión sobre los aspectos centrales de una necesaria reforma en la arquitectura institucional y las políticas públicas en el sector.
Se debe constituir el espacio idóneo para analizar a fondo aspectos como la responsabilidad de la conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera pública; la organización del operador técnico (Pemex) y el papel de la Secretaría de Energía como autoridad del sector. También se deben buscar respuestas a interrogantes fundamentales para repensar la industria petrolera, tales como: ¿Quién debe decidir cómo valorizar los hidrocarburos? ¿Qué zonas explorar? ¿Cuántas reservas tener? ¿Cuánto producir? ¿Máxima recuperación de los hidrocarburos, o máxima ganancia a corto plazo? ¿Es conveniente un Directorado Mexicano del Petróleo? ¿O mejor reforzar técnicamente a la Secretaría de Energía?
En cuanto a los procesos de refinación y petroquímica, debemos estar en medida de poder definir que y cuanto producir; cuanto importar o si es necesario garantizar la autosuficiencia a cualquier precio. También hasta que punto es razonable técnica y económicamente fijar los estándares en la calidad de los combustibles.
La reflexión debe abarcar por supuesto la organización y regulación interna y externa de Petróleos Mexicanos, incluyendo aspectos como su posible reunificación en un solo organismo, la conveniencia de introducir la figura de contrato-plan en sus relaciones con el Estado, la posibilidad de darle un tratamiento especial en la Ley de Obras Públicas, mejoramiento de la normatividad interna para propiciar la transparencia y rendición de cuentas y replanteamiento de su relación con el Instituto Mexicano del Petróleo; entre muchos otros.
En suma de lo que se trata es de abrir un verdadero debate en torno a un sector cuya reforma y modernización resultan de una importancia fundamental para el desarrollo del país y motivan al suscrito para someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la creación de la Comisión Especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos; encargada del estudio de la problemática del sector, así como de proponer alternativas para su resolución y mejor articulación con la economía nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.
Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CREAR UNA CAMPAÑA
PROMOCIONAL DE MÉXICO COMO UN DESTINO SEGURO, A CARGO DEL DIPUTADO
OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país rico en atractivos naturales turísticos, que complementados con la hospitalidad, la historia, la cultura, la arquitectura, etcétera, dan por resultado que el país sea un abanico de posibilidades para los turistas, tanto nacionales como extranjeros.
El turista extranjero, reconoce de México la hospitalidad como un valor especial. Sin embargo, en los últimos años y especialmente en las últimas semanas nuestro país ha vivido diversas campañas de desprestigio, debido a los altos niveles de inseguridad que se viven en el país y especialmente en la frontera norte del país.
En el mercado turístico internacional, distintas agencias de viajes, así como funcionarios de gobierno han emitido comunicados que advierten sobre la violencia que se vive en nuestro país, lo que amenaza el turismo, entre otras actividades.
En los comunicados expresan diversas medidas que deben adoptar los turistas, como son viajar por carreteras de cuota y durante horas de luz de día visitar destinos turísticos conocidos y ciudades con la seguridad más adecuada, abstenerse de mostrar joyería o grandes cantidades de dinero y otros artículos de valor.
Esto se ha traducido en campañas de desprestigio para nuestro país. Cabe aclarar que los niveles de inseguridad que vivimos todos los días los tenemos que enfrentar tanto los ciudadanos mexicanos como los turistas extranjeros.
La inseguridad que se vive en el país es un tema urgente, en el que se debe trabajar, en todos los sentidos, sin distinción de origen, raza sexo o edad, consideramos que es responsabilidad de todas las autoridades restablecer la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos y los extranjeros que visitan el país.
Por todo lo anterior es que mediante este punto de acuerdo exhortamos al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Turismo establezca un programa permanente de información para los turistas, tanto de sitios que pueden visitar, como de que existen programas de auxilio ante cualquier percance, como son los Ángeles Verdes, o el número telefónico de ayuda turística.
Este programa debe dar al turista la certeza de que contarán con la atención y seguridad durante el tiempo que dure su viaje.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL
SE SOLICITA QUE SE DESTINEN PARTIDAS PRESUPUESTALES SUFICIENTES A LA UNIVERSIDAD
DE SONORA PARA ENFRENTAR SU CRISIS FINANCIERA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS
ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El doctor Pedro Ortega Romero, rector de la Universidad de Sonora, acude por mi conducto a esta soberanía, para exponer, el problema fundamental por el que atraviesa dicha institución, el cual consiste en el insuficiente presupuesto ordinario para cubrir los gastos indispensables en los rubros de servicios personales y de gasto operativo, que permitan mantener los altos niveles de calidad que ha alcanzado la Universidad en los últimos años.
El origen de dicho problema tiene que ver no sólo con el crecimiento cualitativo y cuantitativo que se ha observado en la Institución sino también con las discrepancias históricas que existen entre los tabuladores, el número de plazas, la distribución de plazas en el tabulador y las prestaciones ligadas que actualmente existen en la institución respecto a las reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Esta situación ha derivado que en los hechos, se incumpla el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la institución por los niveles federal y estatal, aportando este último un porcentaje mayor, el cual en los últimos tres años ha crecido de un 54 al 56 por ciento.
Debido a la propia dinámica de las relaciones contractuales, la brecha entre lo real y lo reconocido tiende a ampliarse con el tiempo lo cual eleva la cantidad de recursos a ser proporcionados por el Estado, situación que las autoridades estatales han manifestado que no están en posibilidad de mantener.
En el 2005, la Universidad incurrió en un déficit de niveles inmanejables, la cual fue temporalmente resuelta con la gestión del gobernador del Estado ante el Presidente de la República y los secretarios de Educación, y Hacienda y Crédito Público, a partir del cual se aprobó un apoyo extraordinario de 109 millones de pesos, 80 de los cuales se canalizaron a la Universidad, quedando pendientes la entrega de 29 millones de pesos restantes.
En ese año la Universidad de Sonora reportó un subsidio federal del 44 por ciento y un subsidio estatal del 56 por ciento, en este punto es importante aclarar que para dicho año la federación aportó la cantidad de 389.3 millones de pesos, sin embargo el estado otorgó un subsidio ordinario mayor a ese, 489.0 millones de pesos, de los cuales el honorable Congreso del estado aprobó como subsidio inicial la cantidad de 435.5 millones de pesos y posteriormente el gobierno del estado autorizó 54.5 millones de pesos de ampliación presupuestal.
Para el año 2006 la federación está planteando aportar de inicio 413.3 millones de pesos, en tanto que con base en el acuerdo de aportar subsidio ordinario a partes iguales, debería aportar 542 millones de pesos (50 por ciento del gasto total de mil 84 millones de pesos), con lo cual se tiene un faltante de 128.7 millones. Cabe mencionar que el déficit se incrementó debido al aumento de cuotas al Isssteson, derivadas de la ley correspondiente.
Para 2007 se tiene estimado un presupuesto de inicio (sin contemplar el monto requerido para la negociación salarial y contractual) de mil 94.6 millones de pesos, por lo que se requeriría de ambos niveles de gobierno un subsidio ordinario de 547.3 millones de pesos.
Es menester señalar, que las universidades federales por su naturaleza se financian en su totalidad por la federación, la gran mayoría de las Universidades Pública Estatales (las UPE) reciben mayor proporción del subsidio por parte de la federación, mientras en el otro extremo se encuentra un reducido número de universidades públicas estatales, en las que la entidad correspondiente aporta más del 50 por ciento del subsidio. Si bien, los mecanismos de apoyo extraordinario contribuyen decisivamente a la implantación de programas académicos de las instituciones, estos mantienen disparidades en la asignación de subsidios por los distintos niveles de gobierno y no permiten, por su naturaleza, resolver problemas presupuestales ordinarios.
En razón de lo anterior, compañeras y compañeros diputados, el grave recorte presupuestal que la Secretaría de Hacienda ha venido realizando a diferentes universidades públicas en nuestro país como se ha dicho en esta tribuna en otras ocasiones, conlleva al detrimento de la calidad educativa, y del desarrollo nacional.
Pido su apoyo y solidaridad para la Universidad de Sonora que enfrenta una grave crisis financiera que sin duda alguna, repercutirá en prejuicio de los estudiantes.
Aunque, desde luego el apoyo de manera particular será para esta Universidad, también es una propuesta que tiene como objetivo reivindicar a la universidad pública en México, tan lastimada y olvidada en nuestros días.
El rezago en la universalización, en la calidad, en la equidad y en la competitividad es evidente. Por ello, es preciso entender que si aspiramos a tener un país desarrollado es necesario invertir en el rubro educativo. Ya que la educación, para las nuevas generaciones, es la llave del éxito.
Por lo anterior me permito poner a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados, a través de sus órganos y de acuerdo a su competencia, destine las partidas presupuestales necesarias para que se cumpla a cabalidad el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la Universidad de Sonora por los niveles federal y estatal.
Segundo. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 se incluyan las partidas presupuestales necesarias para que los gobiernos estatal y federal aporten un subsidio ordinario de 584 millones de pesos para el financiamiento de la Universidad de Sonora.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.
Diputado Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA REVISAR, ANALIZAR Y FORMULAR RECOMENDACIONES
SOBRE LOS CAPÍTULOS AGROPECUARIO Y RELACIONADOS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DÍAZ
CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al tenor de los siguientes
Antecedentes
Al inicio del TLCAN los rasgos más importantes que delineaban al sector agropecuario mexicano eran subsidios gubernamentales muy superiores a los productores de Estados Unidos de América y de Canadá; grandes diferencias en productividad, operación de mercados, fragmentación en la tenencia de la tierra, apoyos a los procesos productivos, nivel salarial y distribución del ingreso, nivel tecnológico, grado de organización para la producción y comercialización y grado de capitalización de las unidades de producción, entre otros, desfavorables a México, quién se enfrentaba a dos de las economías más avanzadas del mundo.
Ante una profunda heterogeneidad productiva, se dio un acelerado proceso, no discriminado, de desgravación arancelaria, lo que favoreció en mayor medida a los socios de México, debido a la existencia de agudas asimetrías con ellos.
Afirmar que se puede conducir una relación comercial de mutuo beneficio entre partes que no son iguales, constituye una falacia, los mayores beneficios siempre corresponderán a quién disponga de mejores condiciones para producir.
En efecto, el TLCAN integra economías considerablemente asimétricas: la potencia económica, tecnológica, política y militar mundial y un país en desarrollo.
En el TLCAN no hay trato especial o preferencial que reconozca el carácter de país en desarrollo de México.
Los diferentes apoyos otorgados a los productores agropecuarios estadounidenses, en particular los provenientes de la Farm Bill (ley agrícola) son muy diversos y generosos, siendo algunos de ellos considerados como subsidios disfrazados; en todo caso son alrededor de 28 veces mayores (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, año 2000) a los que reciben los productores mexicanos, quiénes reciben, de acuerdo con las reglas de la OMC (Organización Mundial de Comercio), cerca del 14 por ciento de los subsidios que podrían recibir, es decir, el monto actual podría aumentarse más de siete veces.
El TLCAN no disminuyó los flujos migratorios, los aumentó, y el sector en su conjunto redujo en términos absolutos el empleo que absorbía.
Hacia 2001 el déficit agroalimentario es el mayor registrado en los diez años previos (4 mil 129 millones de dólares).
Por lo que toca a las importaciones agropecuarias de México, éstas se concentraron en granos y oleaginosas, precisamente donde se localiza el mayor número de productores rurales del país.
Dentro de las etapas de desgravación, para el 2008 el maíz, frijol, leche en polvo y azúcar se liberarán totalmente, junto con todas las importaciones agropecuarias provenientes de Estados Unidos de América.
Hoy día, según cifras oficiales, prácticamente se importa toda la soya que se consume en el país, más del 40 por ciento de algodón semilla y de ajonjolí; en granos básicos, el país importa el 61.4 por ciento del arroz palay, el 19.7 por ciento del maíz y el 42.6 por ciento del trigo que se consumen en el país.
En general, puede apreciarse que la dependencia de México de la importaciones de granos y oleaginosas durante la vigencia del TLCAN se ha incrementado de manera muy importante.
Consideraciones
Esto ha implicado la profundización de las diferencias entre los socios.
México ha seguido disminuyendo su capacidad para ser soberano en materia alimentaria y nutricional.
2. Las enormes diferencias, en materia de rendimientos, productividad, acceso a la tecnología, dotación de recursos, apoyos gubernamentales, etcétera, obligan al diseño de un programa de largo aliento, semejante a la política agropecuaria comunitaria de la Unión Europea.
3. Sin tener el propósito de entrar en valoraciones de orden subjetivo, es necesario expresar con fuerza que la negociación, calificada de innovadora por los apologista del TLCAN, fue altamente desfavorable para México, al incorporar al sector agropecuario al tratado y sujetarlo a un proceso indiscriminado y acelerado de desgravación arancelario.
4. Las premisas fundamentales del tratado no se han cumplido.
Durante el tiempo de las negociaciones del tratado, la productividad en la agricultura de Estados Unidos de América era nueve veces mayor a la de México, para 2001 ya lo era once veces; en lugar de reducirse, la migración aumentó, los salarios disminuyeron, así como el empleo, entre otros.
5. Por lo que respecta a los mecanismos establecidos por el tratado para realizar "ajustes" en las relaciones comerciales con cierto grado de desequilibrio, las salvaguardas y los derechos antidumping, y por lo que toca a la solución de controversias comerciales, están diseñados de tal manera que favorecen a Estados Unidos de América, por su complejidad, por su mayor cercanía con las disposiciones legales en la materia en Estados Unidos de América, por la poca experiencia de los productores mexicanos, por los elevados costos y, en general, por las condicionantes que el propio tratado establece.
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución:
Punto Único. Se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el Capítulo Agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre del año 2006.
Diputada Adriana Díaz Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA, A CARGO
DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, diputado federal jalisciense integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a esta tribuna para solicitar que se turne a la Junta de Coordinación Política de la esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Con fundamento en las facultades que establece el artículo 27 constitucional para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de realizar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rural y urbana, la LIX Legislatura creó la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.
La recolección y análisis de información, así como los foros realizados representan un importante avance en la identificación de soluciones a los problemas que enfrenta la cuenca Lerma-Chapala; sin embargo, las condiciones de ésta, siguen siendo una de las más contaminadas del mundo.
Diferentes estudios, realizados por biólogos y especialistas ambientales, manifiestan que la sobreexplotación, el deficiente aprovechamiento así como la contaminación de la cuenca provocan serios daños al ecosistema, graves enfermedades en su población piscícola, serios niveles de asolvamiento y gran cantidad de nutrimentos que genera la sobrepoblación del lirio acuático. Y, por supuesto, la calidad del agua para consumo humano no es óptima.
La modernización de los sistemas de medición utilizados en las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma-Chapala es necesaria, así como el requerimiento de personal con equipo y capacitación para determinar volúmenes entrantes y salientes para cada región conforme a los acuerdos pactados.
Lograr el equilibrio ecológico y la protección del ambiente de la cuenca es un reclamo de la ciudadanía y una obligación de este Congreso atender, por lo que el suscrito, legislador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable representación popular, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que se cree la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.
Segundo. Que se elabore un proyecto presupuestal y de acciones concretas para la implantación de un programa de manejo integral de largo plazo para la cuenca Lerma-Chapala, dando seguimiento con evaluaciones de las acciones emprendidas por los tres niveles de gobierno de la región.
Tercero. La comisión especial se formará por dos miembros de cada grupo parlamentario dando preferencia a los diputados de los estados vecinos de la cuenca Lerma-Chapala.
Cuarto. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación y su duración será hasta el termino de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.
Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA A ABSTENERSE DE FUMAR EN
EL HONORABLE RECINTO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A CARGO
DEL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a las y los diputados integrantes de esta LX Legislatura a no fumar dentro de este honorable recinto, bajo las siguientes
Consideraciones
Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. como una de las garantías individuales el derecho de toda persona a la protección de su salud, así como el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Segundo. Que la Ley General de Salud establece en su artículo 2o., fracción I, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; fracción II, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; fracción III, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; y fracción IV, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; todos éstos como finalidades del derecho a la protección de la salud.
Tercero. Que el Reglamento Sobre Consumo de Tabaco establece en su artículo 3, fracción I, el derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo de tabaco en los sitios cerrados que comparten con fumadores; y en su artículo 9, aparatado A, fracción II, inciso a), la prohibición de fumar en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Que el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Suiza, el 21 de mayo de 2003, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2005, establece en su artículo 4, numeral 2, inciso a), la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la exposición al humo de tabaco; y en su artículo 12, inciso b,) la concienciación del público acerca de los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo.
Quinto. Que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud establece que el tabaquismo pasivo viola el derecho a la salud de los no fumadores, por lo que se declaran zonas restringidas para el consumo de tabaco las de atención médica, los auditorios, las aulas y las zonas de peligro para la seguridad laboral y colectiva, así como los lugares de trabajo cerrados; y
Sexto. Que la exposición al humo del tabaco conlleva una elevada morbilidad y mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio y circulatorio y una correlación significativa con el riesgo de padecer cáncer; por tanto, que un fumador pasivo, al igual que un activo, corre el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el tabaco.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las y los compañeros diputados que integran esta LX Legislatura, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento Sobre Consumo de Tabaco, y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Suiza, a abstenerse de fumar en este honorable recinto; al mismo tiempo se les exhorta a fumar en las áreas destinadas para ello en este Palacio Legislativo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de octubre del año dos mil seis.
Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
SOBRE EL ACUERDO PARALELO AL TLCAN, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO
GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Pedro Montalvo Gómez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
El 30 de septiembre de 2005, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que modifica el diverso que establece los criterios para otorgar permisos previos a las importaciones definitivas de fructosa originarias de los Estados Unidos de América.
Dicho acuerdo estableció que en virtud de que los Estados Unidos otorgaron acceso a su territorio a 250 mil toneladas métricas de azúcar originarias de México, se decidió otorgar un acceso recíproco a las importaciones de fructosa proveniente de ése país.
Esto mereció el reclamo de la industria azucarera nacional por tratarse de una decisión unilateral que agravó la situación de excedentes de azúcar y colocó a nuestro país en franca desventaja ante los Estados Unidos.
En 2001, el Senado desconoció el valor legal de las cartas paralelas Serra Puche-Kantor por modificar lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio, a cuyo amparo se pretendía favorecer a los importadores y productores de jarabe de maíz rico en fructosa.
Este año, el gobierno federal ha autorizado la importación de 267 mil 606 toneladas de azúcar, suficientes para distorsionar los precios y sobre ofertar el mercado doméstico. Según sus declaraciones, con estas medidas pretenden bajar hasta en un 25 por ciento el precio del azúcar. Los cupos los otorgaron a confiteros, refresqueros y comercializadores como Cargill.
En paralelo, el Fideicomiso Comercializador (Fico), encargado de vender el azúcar de los ingenios expropiados, fija precios preferenciales a los embotelladores y realiza subastas desleales de azúcar con el propósito de bajar su precio.
Como si fuera poco, el jueves 5 de octubre, se publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria de los Estados Unidos y sus criterios, en el cual permiten la importación de hasta 500 mil toneladas de azúcar hasta el 31 de diciembre de 2007, todo mediante permisos previos otorgados por la Secretaría de Economía. Dicho acuerdo admite indirectamente que los refinadores de maíz de los Estados Unidos son los verdaderos beneficiarios del mismo.
En los considerandos, el Ejecutivo federal admite lo siguiente:
Que por tal motivo México entabló una controversia conforme los términos del TLCAN. Sin embargo, la disputa no ha sido resuelta, entre otras cosas, porque, no obstante que México solicitó el panel al amparo del Capítulo XX del TLCAN, habiendo satisfecho todos los requisitos previstos en el mismo, los Estados Unidos se han negado a designar panelista, según lo dispone el propio acuerdo comercial.
Que en este contexto, el pasado 27 de julio los gobiernos de México y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo que establece ciertas condiciones para el comercio bilateral de edulcorantes que contribuirá a facilitar la transición al libre comercio a partir del 1 de enero de 2008, pero también reconoce que la disputa mencionada continúa sin resolverse.
Que entre los acuerdos alcanzados, se prevé el otorgamiento por parte de México de un trato libre de arancel para 250 mil toneladas métricas (base seca) de fructosa originaria de los Estados Unidos durante el año comercial que inicia el 1 de octubre de 2006 y los primeros tres meses del año comercial que inicia el 1 de octubre de 2007, respectivamente, que requiere implantarse.
Que corresponde a la Secretaría de Economía garantizar que los criterios y requisitos para otorgar permisos previos, basados en los principios de transparencia, certidumbre, mejora regulatoria y simplificación, serán correctamente aplicados.
De no existir reciprocidad el problema se agravará para los productores nacionales de azúcar y de maíz, pues toda la oferta de agricultura por contrato para producir fructosa que le ofrecieron, se desploma con este tipo de acuerdos.
En total se habla de 500 mil toneladas de fructosa que sustituirán a otras tantas de azúcar. Y si a éstas le sumamos el cupo de importaciones por más de 267 mil toneladas, el gobierno está mandando un mensaje al mercado de reducir el consumo doméstico del azúcar mexicana en 767 mil toneladas.
La Secretaría de Economía tiene que explicar si con esta medida se pretende bajar los precios del mayoreo en un 25 por ciento, dado que el conjunto de acciones gubernamentales parecieran buscar tal propósito; por otro lado, requiere explicar satisfactoriamente qué impacto van a tener en los ingenios, en los precios al consumidor final y en la tonelada de caña de azúcar todas estas disposiciones.
Es por ello, que en relación a todo lo anterior propongo a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe detallado a esta soberanía de los aspectos relativos al Acuerdo Paralelo al TLCAN del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos que originó la medida tomada por esa dependencia, mediante la cual se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria de los Estados Unidos y sus criterios para importar 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca del 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007, y hasta 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, publicada en el Diario Oficial del día 5 de octubre del año en curso.
Congreso de la Unión. a 12 de octubre de 2006.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A VERIFICAR
DE MANERA EXHAUSTIVA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS
DE OPERACIÓN EN LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA, A CARGO DE LA
DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Silvia Oliva Fragoso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes
Considerandos
La industria de la seguridad privada ha tenido un incremento importante en las dos últimas décadas, es generadora de empleos para un sector importante de la población; sin embargo, no ha cumplido con los requisitos que marca la ley para salvaguardar los bienes objeto de resguardo, para preservar la integridad física de los habitantes, de los custodios y de los integrantes de las fuerzas del orden en las ciudades donde prestan sus servicios; poniendo en riesgo cotidianamente su integridad física.
Los asaltos a vehículos de traslado de valores son debidos al avance de la delincuencia y a que las empresas de seguridad privada no cuentan con la tecnología, la selección de personal y la capacitación suficientes para brindar un servicio de excelencia sin exponer a sus custodios y a la población.
Son innumerables los problemas que han tenido los camiones blindados en traslado de valores, que han sido objeto de asaltos en diversas ciudades del país, entre los que destacan: el robo de alrededor de cinco millones de pesos, como el sucedido en la colonia Quinta Velarde, en Guadalajara el pasado 4 de octubre, donde una de las líneas de investigación es la intervención de los custodios del vehículo de la empresa Seguridad Privada, SA de CV (Sepsa).1 En el mes de septiembre en la Ciudad de México se realizaron dos espectaculares asaltos a vehículos de traslado de valores, existiendo la sospecha de filtración del crimen organizado entre los empleados de estas empresas, quienes pagan por información sobre los horarios y lugares de entrega de efectivo (información emitida por Joel Ortega Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal); el primero a una camioneta de seguridad privada de la empresa Seguritec, en el Centro Histórico, y el segundo a un vehículo similar de la compañía Tecnoval2 en la colonia El Salado, de la delegación Iztapalapa, donde los delincuentes utilizaron armas de alto calibre como las AK 49, conocidas como cuerno de chivo, perdiendo la vida un policía y resultando herido otro.3
El pasado 6 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Seguridad Privada, que determina la verificación para que el personal operativo se encuentre debidamente capacitado, las sanciones a que se hacen acreedores los prestadores del servicio de seguridad privada, la existencia de una coordinación interinstitucional entre las autoridades de los estados y del Distrito Federal para establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con el servicio de seguridad privada, la acreditación de la capacitación y adiestramiento del personal operativo, que estará acorde con las modalidades en que se autorice el servicio, encontrándose a cargo de las instituciones competentes o de capacitadores internos o externos de la empresa prestadora del mismo. Además de incluir las obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad privada: ajustarse a las disposiciones locales de la materia, proporcionar periódicamente capacitación y adiestramiento, y la aplicación anual de exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos, entre otras.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que
b) Se informe a esta soberanía sobre los convenios de coordinación institucional que se han realizado con los gobiernos estatales y la federación.
c) Los lineamientos y mecanismos que se están requiriendo para el servicio de traslado de valores.
d) Los exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y otros que se realizan a los custodios de seguridad privada.
e) Las medidas de seguridad que tienen en el traslado de valores.
f) Los cursos de capacitación a que son sujetos los prestadores del servicio de seguridad privada.
Notas:
1 Público Milenio. Guadalajara, Jalisco,
4 de octubre de 2006. en http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/nota.asp?id=438586
2 La empresa Tecnoval ha tenido varios problemas de asaltos.
3 Icela Lagunas, El Universal, México,
2 de octubre de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL
SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SCT, DE LA COFEMER, DE LA CFC Y DEL BANCO
DE MÉXICO QUE RINDAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-012-SCT-2-2003, A CARGO DEL
DIPUTADO GUSTAVO FERNANDO CABALLERO CAMARGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, diputado federal Gustavo Caballero Camargo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Perdida de competitividad en el autotransporte de carga. (Sector que mueve más del 83 por ciento de las materias primas y productos terminados en el país).
Antecedentes
Los objetivos regulatorios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del proyecto de la Norma Oficial Mexicana-PROY-NOM-012-SCT-2-2003, Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autototransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, son:
Que los límites máximos de peso y dimensiones permitan armonizar la productividad del autotransporte y la industria en general, con la seguridad que deben tener los usuarios de los caminos. Que no se propicie un deterioro acelerado de nuestros puentes y carreteras ni de sus costos de mantenimiento, los cuales se rigen por estándares internacionales, en donde ha quedado demostrado que exceder ciertos parámetros ocasiona incremento exponencial de los esfuerzos en carreteras y fatiga en las superestructuras de los puentes. Que dada la importancia del autotransporte en México, la composición y tamaño de los vehículos, se opte por una norma más flexible que la de nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y Europa, a fin de facilitar los flujos de personas y bienes considerando las especificaciones que se tienen en dichos países
¿Cuál es la situación?
2. La SCT le envía a Cofemer un anteproyecto y una manifestación de impacto regulatorio sobre el caso, que la Cofemer pone a consulta.
3. SCT y Cofemer solicitan un estudio a un independiente que es el Instituto de Transporte de Texas (ITT) -organización extranjera de Estados Unidos-, mismo que genera una opinión a favor de la disminución de la carga en 6 toneladas.
4. Cofemer generó un dictamen preliminar solicitándole justificaciones y mayor información al respecto a la SCT.
5. El estudio del Instituto de Transporte de Texas no es objetivo, fue influenciado por la participación de la SCT y cuenta con deficiencias importantes e información parcial.
6. La ANTP (Asociación Nacional de Transporte Privado, AC) aporta dos estudios del impacto vehicular sobre puentes y pavimentos, uno de ellos elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el que se manifiesta que los puentes tienen capacidad para soportar las cargas actuales y otro por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, (ITESO) sobre pavimentos, en donde ambas organizaciones recomiendan realizar estudios específicos y de campo sobre estos aspectos.
7. Con respecto al tema de seguridad, podemos decir que la unidad (doblemente articulada) fulles y con los datos aportados por la industria es la unidad más segura debido a que se presenta un evento cada 2.4 millones de kilómetros recorridos, una configuración de tractocamión sencillo (T-S) tiene un evento cada 748 mil kilómetros, y en un camión unitario (C) cada 200 mil kilómetros, asimismo el en VI Informe del Ejecutivo Federal y la Policía Federal Preventiva (PFP) se cita que los accidentes en carreteras federales se han reducido del año 2000 al 2005 51.79 por ciento.
Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP)
Texas Transportation Institute (ITT)
Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar)
Universidad Nacional Autónoma de México.
Estamos de acuerdo en que la regulación debe buscar un equilibrio entre los costos de mantenimiento del pavimento, la capacidad de los puentes y el peso máximo de los fulles (unidades doblemente articuladas).
Los argumentos expuestos por la SCT y los estudios en los que se basan tienen deficiencias importantes e información parcial, no dan información técnica y transparente sobre la capacidad de los puentes y no consideran que la descarga por eje y no la carga total, es el factor clave a considerar para el impacto a carreteras y puentes.
La SCT aplica discrecionalmente la regulación, y muestra de ello, es que hay juicios en donde la propia Secretaría reconoce que el full puede cargar hasta 89 toneladas de peso bruto vehicular y sus inspectores en carreteras aplican el máximo de 75.5 toneladas.
Por ello, creemos que no se puede tomar una decisión de cambio, sin tomar en cuenta las implicaciones en los costos de transporte, ecología, riesgos de accidentes, migración a otro tipo de camiones que dañan más a las carreteras y puentes, así como la competitividad del país.
Consideramos que para tomar una medida de este tipo es necesario contar con un estudio técnico y transparente de la capacidad de los puentes y las carreteras.
Argumentos
En México existen más de 13 mil camiones de carga de los llamados fulles (doble caja), que mueven aproximadamente 100 millones toneladas al año de productos y materiales en más de 2 millones de viajes.
Si se diminuye el límite máximo de peso de este tipo de vehículos en 6 toneladas las consecuencias son:
2. Esto implica que en esos nuevos viajes se recorran 245 millones de kilómetros adicionales al año por las mismas carreteras y puentes.
3. El costo de operación de transporte se eleva aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos anuales, sin considerar la inversión de sustitución de equipos y la falta de conectividad en el sistema carretero federal.
4. Se requiere una inversión 3 mil millones de pesos para comprar fulles o camiones de otro tipo para realizar los viajes adicionales necesarios.
5. Estos 240 mil viajes adicionales implicarían mayores índices de contaminación y tráfico vehicular, riesgos de accidentes, uso de combustible, costo de tenencias, pagos de cuotas federales por uso de caminos y puentes, entre otros.
6. Esta medida en lugar de impulsar la competitividad de las empresas mexicanas, se convierte en un detrimento de la misma. Implica realizar 12 por ciento más de viajes.
7. Es importante resaltar que existen estudios que comprueban que el transporte más eficiente, barato y de menor impacto a caminos y puentes son los fulles (doble caja).
8. Con esta regulación es muy probable que camiones que dañan más a las carreteras por su descarga por eje (remolque sencillo), se incremente de manera sustancial, creando un doble impacto ya que también se requiere un mayor número de viajes necesarios.
10. También se ve afectado el consumidor final como lo señala la Comisión Federal de Competencia al referirse a este mismo tema.
El estudio realizado por la ITT contiene información parcial, puesto que no incluye datos de todas las partes involucradas en la industria del transporte de carga (ANTP, solicito reunión con el ITT y fue negada).
Además este estudio del ITT no considera las investigaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que da indicios de que la capacidad de los puentes es adecuada para las cargas actuales, recomendando que se haga un estudio más profundo.
Existen estudios del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), que depende de la SCT, que sustentan que los fulles son el tipo de transporte más eficiente en cuanto a costo de operación y el que menor daño provoca a las carreteras y puentes por su menor descarga por eje.
2. México requiere tomar medidas para elevar su competitividad, y esta regulación claramente disminuye la competitividad del país.
3. La autoridad habla de control inflacionario y apoyo a los más necesitados, mientras que esta medida impacta directamente el costo de los productos.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al titular de Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al titular de la Comisión Federal de Competencia, rindan informe detallado de el proyecto de Norma Oficial Mexicana -PROY-NOM-012-SCT-2-2003, Peso y dimensiones maximas con los que pueden circular los vehículos de autototransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal (antes de la publicación oficial en el DOF) así como al titular del Banco de México, éste último a efecto de evaluar el impacto económico, desde el punto de vista inflacionario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.
Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica)
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, segundo párrafo, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, apartado 1, incisos a) y e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y
Considerando
2. Que en sesión del 6 de septiembre de 2006 la Conferencia eligió entre las propuestas expuestas el logotipo oficial que representará a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
3. Que, en virtud de que el logotipo se conforma con el Escudo Nacional como elemento principal, y con diversos módulos distintivos de la legislatura correspondiente, es indispensable establecer los criterios de reproducción y utilización.
4. En razón de lo antes expuesto, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos expide el siguiente
Primero. La reproducción y uso del logotipo oficial se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 2, 5 y 6 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como por el acuerdo de esta Conferencia del 6 de septiembre de 2006.
Segundo. Para los efectos del artículo 6 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales será considerada como "papelería oficial" aquella que sea utilizada por los órganos de gobierno, comisiones, comités y unidades administrativas de la Cámara. Igualmente será considerada como "papelería oficial" la que sea utilizada por los legisladores individualmente, en cuyo contenido se divulgue o se dé a conocer el trabajo parlamentario realizado o por realizar tanto del legislador como de la LX Legislatura.
Tercero. Será considerado como oficial el uso del logotipo por los grupos parlamentarios, comisiones, comités y legisladores en sus respectivas oficinas de atención ciudadana, si las hubiere, así como en sus correspondientes páginas electrónicas.
Cuarto. Queda prohibida cualquier forma de reproducción o uso del logotipo oficial fuera de la normatividad citada en el punto anterior.
Quinto. Para los casos no previstos por la regulación señalada y que no sean contrarios a ésta, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos resolverá sobre su procedencia.
Sexto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo, DF, a 11 de octubre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica)
Presidente
Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez
(rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina
DE LA SECRETARÍA GENERAL,
LISTA DE ACCESOS AUTORIZADOS AL SALÓN DE SESIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y ASISTENTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Lista .pdf
SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES
10 DE OCTUBRE DE 2006
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PARLAMENTARIO |
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POR CÉDULA |
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JUSTIFICADA |
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499
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Listado de Asistencia día 10 de octubre de 2006
Listado de Inasistencias día 10 de octubre de 2006
Los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2006, se celebró en la ciudad de Managua, Nicaragua, la XXVI reunión plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal), a la que asistió una delegación de diputados en representación del Congreso mexicano.
En el tránsito a Managua estuvimos en la ciudad de Guatemala, donde conversamos con tres políticos guatemaltecos y ofrecimos una conferencia de prensa, sobre la actual situación política de México. En Guatemala nos entrevistamos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), miembro del foro de Sao Paulo; la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), partido de izquierda -que ha solicitado su ingreso a la Internacional Socialista- y con el Partido Unionista, de centro-derecha. Estos partidos guatemaltecos, a su vez, nos informaron de los preparativos para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre de 2007. Por lo pronto, en el campo de la izquierda, tanto la URNG como la UNE lanzarán candidatos presidenciales propios, y no se descarta la posibilidad de que puedan unificarse para lanzar un candidato presidencial y listas de diputados comunes.
En la reunión plenaria de la Coppal presentemos un proyecto de resolución sobre México, que consensuamos previamente con el Partido del Trabajo y de Convergencia para presentar un proyecto único. El PRI, encabezado por su secretaria de Relaciones Internacionales, Roberta Lajous, presentó un proyecto de resolución, y se limitó a repartir un boletín de prensa donde reconocía el fallo del Tribunal Federal Electoral (Trife) a favor de Felipe Calderón.
Roberta Lajous, quien representa a la derecha del PRI, protestó de manera airada por nuestro proyecto de resolución, planteando su veto a que se emitiera cualquier resolución de México, alegando que la ropa sucia se lava en casa. El destino final de la resolución no lo sabemos, ya que no pudimos estar hasta el martes 12, porque tuvimos que regresar a la sesión de la Cámara de Diputados. Aprovechamos la reunión para entrevistarnos con 20 partidos latinoamericanos.
Actualmente, se encuentra en curso la campaña electoral presidencial en Nicaragua, que culminará el domingo 5 de noviembre, donde puntea las elecciones el candidato presidencial -por cuarta ocasión del FSLN- Daniel Ortega Saavedra. En el curso de a la campaña electoral en México, el Frente Sandinista de Liberación Nacional dio declaraciones a favor de Andrés Manuel López Obrador y de la coalición Por el Bien de Todos.
En representación de la Cámara de Diputados asistieron la diputada Berta Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; la diputada Martha Tagle, de Convergencia; el diputado Joaquín Vela González, del PT; el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y su servidora, diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
Proyecto de resolución
Presentado por los partidos políticos mexicanos PRD, PT y Convergencia, miembros de la Coppal.
Sobre la situación política en México
La XXVI reunión plenaria de la Coppal, al recibir el informe de tres partidos políticos mexicanos, miembros de este organismo de partidos políticos de América Latina, sobre la situación poselectoral que se vive en México,
Observa
* Preocupados por el creciente deterioro de la situación política en México, tras el fallo del Trife del Poder Judicial de la federación que otorga el triunfo al candidato presidencial de la derecha mexicana,
Expresar su solidaridad con los partidos políticos mexicanos PRD, PT y Convergencia, miembros de la Coppal, integrantes de la coalición electoral Por el Bien de Todos, en su lucha por impedir que se consume el fraude electoral y por lograr que en México, se den condiciones para que haya elecciones limpias y transparentes, en las que no influyan el poder público, ni el del dinero.
Managua, Nicaragua, a 11 de septiembre de 2006.
Diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica)
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 9 horas, en el salón D del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
A su reunión de instalación, que se verificará el jueves 12 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de instalación -y primera de trabajo-, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
7. Asuntos generales:
I. Acordar fecha de la próxima reunión
plenaria; y
II. Establecer día y hora para las reuniones plenarias
(miércoles de cada mes).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de instalación, que se realizará el jueves 12 de octubre, a las 11:30 horas, en el salón de reuniones de la comisión, situado en el edificio D, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, tercer piso).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A su reunión de instalación, que se efectuará el jueves 12 de octubre, a las 12 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el jueves 12 de octubre, a las 12:30 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A su reunión de instalación, que se efectuará el jueves 12 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 18 de octubre, a las 10 horas.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la comparecencia del secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, que se efectuará el miércoles 25 de octubre, a las 17 horas, en lugar por definir.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente