• Proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Proyecto de Acta

• De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se someterá a consideración del Pleno el martes 10 de octubre de 2006.

• De los congresos de los estados de Chihuahua, de Guerrero, de México, y de Querétaro.

• Del diputado Marco Antonio Peyrot Solís.

• De la Cámara de Senadores, en el que transcribe acuerdo aprobado sobre el análisis del Informe de Gobierno.

• De la Cámara de Senadores, con el que remite los puntos dos y tres de la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Heladio Elías Ramírez López.

• De la Secretaría de Gobernación, dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la familia, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la SCT, a Capufe y a la SHCP que implanten los mecanismos adecuados para actualizar el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, sobre la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al diputado Félix Castellanos Fernández a explicar a esta soberanía las razones por las cuales decidió dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Sergio López Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Segob que emita la declaratoria de zona de desastre respecto al municipio de Villa Corregidora, Querétaro, por los daños que ocasionaron las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, a fin de que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía para rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dar a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN a emitir con la mayor brevedad resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar en una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del 30 de septiembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex a cumplir todos los compromisos y las obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo, Colima, y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Economía a efecto de que informe a esta soberanía acerca de los criterios utilizados para fijar cupos de importación en la producción de azúcar, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a investigar la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno en la construcción de un puerto de cabotaje y altura en Punta Colonet, Baja California, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del PRI.

• A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del PRI.

• De la economía mexicana y las finanzas públicas. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados.

• De la Comisión de Salud, a la primera reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 8 horas.

• De la Comisión de Marina, a su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 8:30 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Social, a su reunión de instalación, que se efectuará el martes 10 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a su reunión de instalación, que se efectuará el martes 10 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, a su reunión de instalación, que se efectuará el martes 10 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Seguridad Pública, a su reunión de instalación, que se realizará el martes 10 de octubre, a las 9:30 horas.

• De la Comisión del Distrito Federal, a su reunión de instalación, que se realizará el martes 10 de octubre, a las 10 horas.

• De la Comisión de la Función Pública, a su reunión de instalación, que se realizará el martes 10 de octubre, a las 11 horas.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a los integrantes de la comisión miembros del Grupo Parlamentario del PRD, a su reunión-comida, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 15 horas, o al término de la sesión plenaria de la Cámara de Diputados.

• De la Comisión de Energía, a su sesión de instalación, que tendrá verificativo el martes 10 de octubre, a las 18 horas.

• De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 8:30 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 11 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Economía, a su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 11 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Defensa Nacional, a su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 11 de octubre, a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, a su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 10 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Rural, a su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 10 horas.

• De la Comsión de Comunicaciones, a su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre, a las 10:30 horas.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 11 de octubre, a las 12:30 horas.

• De la Comisión de Cultura, a su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 13 horas.

• De la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, a su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 13 horas.

• De la Comisión de Transportes, a su reunión de instalación, que se efectuará el miércoles 11 de octubre, a las 13 horas.

• De la Comisión de Salud, a su segunda reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre, a las 13:30 horas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 11 de octubre, a las 15 horas.

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a su reunión plenaria y de instalación, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 8:30 horas.

• De la Comisión de Gobernación, a su reunión de instalación, que se verificará el jueves 12 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Reforma Agraria, a su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 9 horas.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión de instalación -y primera de trabajo-, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Turismo, a su reunión de instalación, que se efectuará el jueves 12 de octubre, a las 17 horas.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Chihuahua, de Guerrero, de México, y de Querétaro.

Del diputado Marco Antonio Peyrot Solís.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

En la que transcribe acuerdo aprobado sobre el análisis del Informe de Gobierno.

Con el que remite los puntos dos y tres de la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Heladio Elías Ramírez López.

De la Secretaría de Gobernación

Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo sostenible de las zonas de sierra y de montaña, suscrita por los diputados María Oralia Vega Ortiz y Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la renovación de las dirigencias de las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como acerca de los despidos injustos de la sección 11 de dicho sindicato, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial plural encargada de observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrara en el estado de Tabasco el 15 de octubre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Tijuana a realizar las acciones necesarias que permitan la depuración de los elementos de la policía municipal, así como a implantar un programa de acción emergente tendente a abatir los altos índices de criminalidad en dicho municipio, a cargo del diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de competitividad y desarrollo regional, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México a no sustituir la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos de la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo que realice una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el país, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat, a la Profepa y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla que remitan a esta soberanía los estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxatépetl, a cargo del diputado Faustino Soto Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la continuación de los festejos por el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, suscrita por los diputados Patricia Villanueva Abraján y Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta soberanía convoque a la Sagarpa, a organizaciones de productores, a empresas comercializadoras y a los consejos estatales agropecuarios a valorar que el pago de los apoyos a las cosechas de productores se realice en una sola exhibición, a cargo del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formar una comisión intersecretarial con objeto de reestructurar los precios al consumidor del gas natural, del gas licuado y de las gasolinas, a cargo del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de ganadería, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de instaurar un código de ética para diputados federales, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SRE, de la Semarnat y de la Conagua que envíen a esta soberanía un informe pormenorizado sobre la situación que guarda el revestimiento del canal Todo Americano, a cargo de la diputada María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reintegrar en el presupuesto de la Sagarpa el resto de los recursos presupuestales que formaron la reserva estratégica; asimismo, se solicita a la Sagarpa que dichos recursos sean aplicados de acuerdo con la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el campo, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, y suscrito por diputadas de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes a reconocer el valor de la mujer rural y a otorgar mayores recursos a los programas destinados a su atención, suscrito por los diputados Leticia Díaz de León Torres y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, BCS, y la anulación del acuerdo de desincorporación emitido por la Semarnat, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial del cacao, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Transportes, y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía a investigar lo relativo al cambio de condiciones laborales habidas después de la venta de Mexicana de Aviación, a cargo el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la ONU, a cargo de la diputada Marcela Cuén Garibi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SEP a suspender la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria, ante el rechazo del magisterio nacional y las deficiencias que ha tenido su aplicación, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua para realizar las obras necesarias en el denominado "Dren de Tehuacán", a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas legislaturas locales a modificar sus procesos electorales de manera que coincidan los federales, a cargo del diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, a cargo de la diputada Soledad López Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incluya la construcción de un instituto tecnológico de nivel superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlan, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, en el valle de Tehuacán y Ajalpan, Puebla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso en que se encuentran las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez, Iztapalapa, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o a explicar las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a realizar estudios técnicos con objeto de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar estudios técnicos con objeto de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para el rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma del Estado, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la niñez, adolescencia y familias, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la familia, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo 2000-2006, por todo concepto, y los resultados de las revisiones efectuadas por ella, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se dé continuidad a la comisión especial relativa a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la SCT, a Capufe y a la SHCP que implanten los mecanismos adecuados para actualizar el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al diputado Félix Castellanos Fernández a explicar a esta soberanía las razones por las cuales decidió dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Sergio López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Segob que emita la declaratoria de zona de desastre respecto al municipio de Villa Corregidora, Querétaro, por los daños que ocasionaron las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía para rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dar a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN a emitir con la mayor brevedad resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar en una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del 30 de septiembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex y a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo a cumplir todos los compromisos y las obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo, Colima, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Economía a efecto de que informe a esta soberanía acerca de los criterios utilizados para fijar cupos de importación en la producción de azúcar, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a investigar la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno en la construcción de un puerto de cabotaje y altura en Punta Colonet, Baja California, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación, y de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Salud, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

A las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efeméride

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL JUEVES CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta diputadas y diputados, a las once horas con veintisiete minutos del jueves cinco de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita aclaraciones de de procedimiento, que el Presidente explica.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita se consignen en el acta de la sesión anterior las expresiones que vertieron los diputados de los distintos grupos con motivo del abandono del salón de sesiones de diversos diputados; las expresiones que el Presidente de la Mesa Directiva refirió al diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática; y finalmente que no se cerró el registro electrónico de asistencia una vez que el diputado Erick López Barriga, del Partido de la Revolución Democrática solicitó la apertura del sistema electrónico de asistencia con el fin de verificar el quórum. Desde sus respectivas curules, hacen comentarios los diputados: José Luis Aguilera Rico, de Convergencia; y Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quienes apoyan la solicitud del diputado Guerra Ochoa. Desde su curul el diputado Guerra Ochoa, reitera su solicitud y el Presidente hace las aclaraciones e instruye incluir en el acta de la sesión las observaciones hechas por los diputados.

Desde sus respectivas curules, hacen comentarios los diputados Antonio Berber Martínez, del Partido Acción Nacional; Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática; y Gerardo Priego Tapia, del Partido Acción Nacional. La Presidencia instruye integrar en el acta de la sesión anterior las observaciones hechas, misma que en votación económica se aprueba con las modificaciones respectivas.

A las once horas con cuarenta y cuatro minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y nueve diputadas y diputados.

Oficio del director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por el que comunica que se ha notificado personalmente al diputado electo Fernando Enrique Mayans Canabal, a fin de que rinda su protesta como diputado electo por el distrito cuatro del estado de Tabasco. De enterado, archívese en su expediente.

Iniciativas con proyecto de decreto que presentan los diputados:

Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

En votación económica, la asamblea no considera el asunto de urgente resolución y se turna a la Junta de Coordinación Política.

Desde su curul el diputado José Murat, reitera su solicitud a la Presidencia y ésta toma nota.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes diez de octubre de dos mil seis a las once horas.
 
 

Chihuahua, Chihuahua, a 12 de septiembre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 218/06 II O.P., así como del dictamen que le dio origen, emitido en sesión de esta fecha, mediante el cual respetuosamente se le solicita que se tome en cuenta la posibilidad de destinar una partida especial de recursos extraordinarios para aquellos municipios del estado de Chihuahua que han sido afectados por los recientes fenómenos meteorológicos.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputada Leticia Ledezma Arroyo (rúbrica)
Presidenta de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado
 

Acuerdo número 218/06 II D.P.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su segundo período de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. Solicitar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, que acelere el proceso de asignación de los recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) correspondientes a la declaratoria de emergencia en el municipio de Juárez de fecha veintiuno de agosto del año en curso, emitida por la Coordinación General de Protección Civil de esa dependencia.

Segundo. Asimismo, solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que destine una partida especial de recursos extraordinarios para aquellos municipios de la entidad afectados por los recientes fenómenos meteorológicos.

Dado en la sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Diputada Leticia Ledesma Arroyo (rúbrica)
Presidenta

Diputado Fidel Alejandro Urrutia Terrazas (rúbrica)
Secretario
 

Acuerdo número 218/06 II O.P. unánime

Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado
Presente

Alma Yolanda Morales Corral, en mi carácter de diputada a la Sexagésima Primera Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones que me confiere lo dispuesto en el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política del estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo, con el objeto de exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, a destinar con prontitud los recursos provenientes del Fonden correspondientes a la declaratoria de emergencia en el municipio de Juárez de fecha veintiuno de agosto del año en curso, emitida por la Coordinación General de Protección Civil de esa dependencia y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, sustentado al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El día seis de julio del presente año una tromba azotó Ciudad Juárez, lo que tuvo como consecuencia el desbordamiento del río Bravo y la afectación de miles de viviendas y vialidades. Inmediatamente, el Ejército participó con el Plan DN-III para ayudar a los afectados y damnificados.

La Secretaría de Gobernación emitió una "declaratoria de desastre natural con motivo de las lluvias extremas ocurridas el seis de julio de dos mil seis, en el municipio de Juárez del estado de Chihuahua", mediante publicación de fecha dos de agosto de dos mil seis en el Diario Oficial de Federación.

Es preciso mencionar que el pasado treinta y uno de agosto del año en curso, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio contestación a la solicitud de asignación de recursos provenientes del fondo revolvente del Fonden, mediante la cual se destinaron catorce millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veinte millones de pesos para hacer frente a los efectos de las intensas lluvias que ha padecido el municipio de Juárez.

2. Los días del veintisiete de julio al tres de agosto de dos mil seis, volvieron a registrarse lluvias torrenciales en el mismo municipio de Juárez. Como consecuencia de ello, las afectaciones indican que dicho fenómeno meteorológico arrasó con más de trescientas diez colonias, cuarenta y cinco de las cuales registraron inundaciones, y se estima que más de veinte mil personas resultaron damnificadas; se dañó la infraestructura urbana (vialidades, pavimentos y drenaje), dejando un escenario catastrófico de difícil descripción.

Con fecha veintiuno de agosto del presente, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de emergencia por lluvias fuertes a muy fuertes, registradas desde el veintisiete de julio hasta el tres de agosto en el municipio de Juárez del estado de Chihuahua.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, no ha dado contestación respecto a la asignación de recursos del Fonden de los eventos en estas fechas.

3. De acuerdo con los reportes preliminares de las afectaciones de lo ocurrido del veintisiete de julio al tres de agosto, se calcula que se requerirán ochocientos cuarenta y siete millones de pesos, desglosados de la siguiente manera:

Consideraciones

Las fuertes lluvias que han azotado el estado, han causado graves afectaciones, principalmente en Ciudad Juárez, donde cientos de familias fueron desalojadas de sus viviendas y trasladadas a albergues. Diez pueblos han quedado incomunicados por la crecida de ríos, y más de veinte mil hectáreas de uso agrícola del sur del estado, del valle de Juárez y de la sierra quedarán inservibles.

Como consecuencia de las intensas lluvias registradas en días pasados en Ciudad Juárez durante casi veinte horas, se desbordó el río Bravo; asimismo, ocurrió la salida de grandes cantidades de agua en seis diques situados al suroeste (La Pistola, La Montada, La Presa y otro más) lo que ha obligado al desalojo de cientos de familias en doce colonias, entre ellas, Felipe Ángeles, Ladrilleros, Caleros y Sara Lugo.

Por otro lado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se está alertando que puede haber en el estado de Chihuahua lluvias fuertes con actividad eléctrica y potencial de granizo. El mal tiempo que prevalece en entidades del noreste y norte de México obedecen al frente frío que se extiende del oriente de Canadá al norte de Chihuahua.

Así, considero necesario insistir en que la federación debe asumir la responsabilidad y el compromiso de responder con eficiencia, suficiencia y oportunidad a las necesidades de regiones afectadas por emergencias y desastres naturales declarados, en los términos previstos en la Ley General de Protección Civil, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, así como los principios del pacto federal, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, y 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta Diputación Permanente el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua solicita de manera respetuosa que se exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, a destinar con prontitud los recursos provenientes del Fonden, correspondientes a la declaratoria de emergencia en el municipio de Juárez de fecha veintiuno de agosto del año en curso, emitida por la Coordinación General de Protección Civil de esa dependencia y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales que correspondan.

Dado en el recinto oficial de la sede del Poder Legislativo, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Atentamente
Diputada Alma Yolanda Morales Corral (rúbrica)
 
 
 

DEL CONGRESO DE GUERRERO

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, viernes 8 de septiembre de 2006.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo transitorio, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso se manifiesta a favor del punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los Congresos de los estados a fin de que se alerte, por medio de spots de televisión y otras vías, a todos los municipios del país, así como a los ciudadanos, de los fraudes por vía telefónica y que se les informe que cualquier donación o premio por parte de las distintas instituciones o sorteos les serán notificados vía oficio y los trámites son totalmente gratuitos. Aprobado en sesión celebrada el jueves 7 de septiembre del año en curso.

Atentamente
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor
 

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión celebrada el 5 de septiembre de 2006 los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Gobierno presentaron un dictamen con proyecto de acuerdo, bajo los siguientes términos:

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se manifiesta a favor del punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los Congresos de los estados a fin de que se alerte, por medio de spots de televisión y otras vías, a todos los municipios del país, así como a los ciudadanos, de los fraudes por vía telefónica y que se les informe que cualquier donación o premio por parte de las distintas instituciones o sorteos les serán notificados vía oficio y los trámites son totalmente gratuitos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo del estado para que a través de las dependencias correspondientes implante los mecanismos necesarios para que se alerte a la ciudadanía guerrerense sobre estos fraudes cometidos por la vía telefónica, con el objeto de prevenirlos y que no caigan en este tipo de situaciones, que finalmente agreden su economía familiar.

Tercero. Se instruye a la Dirección de Comunicación Social de este honorable Congreso para que presente a la Comisión de Gobierno, con la mayor brevedad, un proyecto de los mecanismos de difusión, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, para alertar a la ciudadanía guerrerense sobre este tipo de fraudes que se están cometiendo.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá efectos a partir de su expedición.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación, al titular del Poder Ejecutivo del estado y a la Dirección de Comunicación Social de este honorable Congreso, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, para conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Diputado Fernando José I. Donoso Pérez (rúbrica)
Presidente

Diputado Benito García Meléndez (rúbrica)
Secretario

Diputado Bertín Cabañas López (rúbrica)
Secretario
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, viernes 8 de septiembre de 2006.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo transitorio, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, audite el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), con el propósito de transparentar sus manejos financieros y garantizar la reparación efectiva, la reducción de costos y el mantenimiento permanente de la Autopista del Sol, aprobado en sesión celebrada el martes 5 de septiembre del año en curso.

Atentamente
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor
 

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que, en sesión de fecha 5 de septiembre de 2006, el ciudadano diputado Ramiro Solario Almazán presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, audite el FARAC, con el propósito de transparentar sus manejos financieros y garantizar la reparación efectiva, la reducción de costos y el mantenimiento permanente de la Autopista del Sol, en los siguientes términos:

"Que, como parte de la privatización salinista de carreteras, denominada ?programa de concesiones?, el 28 de julio de 1989 el gobierno federal otorgó concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco a los consorcios Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y Tribasa (hoy transformada en Promotora y Operadora de Infraestructura, Pinfra).

Que la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco fue construida en el periodo del gobierno federal que encabezaba Carlos Salinas de Gortari e inaugurada en 1993.

Que la Autopista del Sol, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene una longitud de 262 mil 580 metros, que significan 49 kilómetros menos en comparación con la carretera libre.

Que el 27 de agosto de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se cancelaban 23 de las 52 concesiones carreteras otorgadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que representaba una infraestructura por 3 mil 430 kilómetros de longitud.

Que el denominado "rescate carretero" significó el pago a los concesionarios de una indemnización global de 21 mil 78.6 millones de pesos

Que el "rescate carretero", consideró únicamente las siguientes carreteras, beneficiando principalmente los consorcios ICA, GMD y Tribasa -hoy Pinfra-, Protexa y Gutsa:

Concesión 1

Que un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados destaca que el costo total del rescate carretero realizado por el gobierno federal en agosto de 1997 creció en casi 150 por ciento entre esa fecha y el cierre del año 2002, pues pasó de 58 mil 123 millones de pesos a 143 mil 442 millones de pesos, resultado de la emisión de pagarés por parte del FARAC y que éste asumió pasivos bancarios avalados por el gobierno federal.

Que en dicho estudio se asevera que la deuda pública generada por la recuperación de las 23 autopistas que habían sido concesionadas a inversionistas privados ha significado una fuerte carga fiscal para las finanzas públicas, ya que supera 165 mil millones de pesos; es decir, entre 1997 y 2002 creció en más de 185 por ciento.

Que el denominado "rescate carretero" consideraba que a partir del 1 de septiembre de 1997 se aplicaría un descuento de 35 por ciento para los usuarios del autotransporte de carga, de 15 por ciento para automovilistas, y para el autotransporte de pasaje y turismo sólo se haría un reconocimiento generalizado de los convenios tarifarios existentes.

El pasado 14 de agosto de 2006, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, reconoció públicamente que la Autopista del Sol "estuvo mal construida"; esto, después de 13 años de inaugurada, de ser la más cara del país y de miles de accidentes automovilísticos, muchos de ellos provocados por las malas condiciones en que se encuentra. Por su parte, esta soberanía en la presente y las pasadas legislaturas ha aprobado múltiples exhortos en que ha solicitado a las autoridades federales recursos para su mantenimiento, así como para la reducción de la cuota del peaje.

Cabe destacar que luego de solicitar la información mediante el IFAI, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), los ingresos de la Autopista del Sol en el periodo 2003-2005 fueron de 2 779 383 269 millones de pesos, y sólo en 2005 ascendió a 1 000, 693 719 millones de pesos, lo que refleja una importante captación de recursos solamente de la Autopista del Sol, sin que esa captación se vea reflejada en su reparación y mantenimiento.

Con la tabla anterior se demuestra que mientras los ingresos han sido exorbitantes, la canalización de recursos para la reparación y el mantenimiento de la autopista no ha sido proporcional. Pero más aún, lo importante ahora es exigir el esclarecimiento de la aplicación de esos recursos, revisar el funcionamiento del fideicomiso, garantizar que los ingresos se inviertan en primera instancia en la propia autopista y, sobre todo, transparentar un "rescate" que benefició a unos cuantos y ha significado al país una carga fiscal de más de 165 millones de pesos."

Que, vertido lo anterior, en sesión de fecha 5 de septiembre de 2006 la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el ciudadano diputado Ramiro Solario Almazán.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el honorable Congreso de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Único. La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, audite el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, con el propósito de transparentar sus manejos financieros y garantizar la reparación efectiva, la reducción de costos y el mantenimiento permanente de la Autopista del Sol.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos conducentes.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial de Gobierno del estado y en al menos dos periódicos de circulación local, para su conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Diputados: Fernando José Donoso Pérez (rúbrica), presidente; Benito García Meléndez (rúbrica), María Guadalupe Pérez Urbina, secretarios (rúbricas).
 
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO

Toluca de Lerdo, México, a 14 de septiembre del 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal
Presente

Nos dirigimos a usted para comunicarle que en sesión celebrada en esta fecha la LVI Legislatura tuvo a bien emitir un pronunciamiento, que en su parte conducente refiere:

"Pronunciamiento

Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputados: Óscar Guillermo Ceballos González, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, Estanislao Souza y Sevilla, secretarios (rúbricas).
 
 
 

DEL CONGRESO DE QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de septiembre de 2006.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción V, y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión ordinaria del Pleno de la Legislatura celebrada el 6 de septiembre de 2006 se aprobó el acuerdo por el que la LIV Legislatura exhorta al Congreso de la Unión a continuar trabajando en apoyo del sector ganadero y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a seguir capacitando a los productores que actualmente tienen operaciones comerciales con las cadenas de autoservicio, incorporando a más personas que oferten sus productos a estas cadenas y a las industrias alimentarias, remitiéndole un ejemplar del acuerdo para que determinen lo conducente.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

Atentamente
Diputado J. Edmundo Guajardo Treviño (rúbrica)
Presidente
 

LIV Legislatura del estado de Querétaro

Comisión Permanente

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40 y 41 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y

Considerando

1. Que la ganadería en nuestro país constituye una actividad primaria que ocupa un importante sitio dentro de la economía, proporcionando empleos, alimentos e ingresos al sector rural.

2. Que dada la importancia que tiene la ganadería, no nada más en el estado de Querétaro, sino prácticamente en toda la República Mexicana, esta legislatura se ha ocupado de mantener actualizada la legislación local en la materia, así como de coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales en el mejoramiento del marco regulatorio ganadero.

3. Que las condiciones económicas que enfrenta este sector se ha transformado constantemente, si consideramos la aparición de grandes tiendas de autoservicio, que hacen variable la comercialización de los productos y subproductos de origen pecuario, situación que no ha pasado desapercibida para los legisladores federales, quienes han estado trabajando en las reformas necesarias para mantener vigente el orden jurídico en el rubro.

4. Que la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, se constituye como el ordenamiento que reglamenta el artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, regulando todas las áreas de la actividad económica, entre las que destacan diversos agentes de la misma actividad.

5. Que la ley en comento tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia de los denominados agentes económicos, mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

6. Que de la citada Ley Federal de Competencia Económica se menciona específicamente el artículo 10 como la norma básica que tiene como finalidad garantizar ganancias equitativas y el ofrecimiento de mejores servicios para la población.

7. Que asimismo, el numeral de referencia fue adicionado, acertadamente, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2006, ampliando las conductas que, previa verificación de otros supuestos, pueden llegar a considerarse monopólicas.

8. Que, aunado a ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizó en enero de 2006 el primer curso de capacitación denominado "Cómo venderle a las cadenas de supermercados", con el propósito de que los productores cuenten con la información necesaria respecto a operaciones de factoraje que efectúen los productores y las cadenas de supermercados.

9. Que en uno de los puntos importantes dados a conocer en esa reunión a los productores agropecuarios se trató la introducción a las cadenas de autoservicios en el mercado nacional, con una breve explicación de lo que es un canal de distribución y logística de las mismas; diferenciación y empaque de los productos y el manejo de las marcas consolidadas; así como recomendaciones sobre el manejo del precio de venta y los riesgos y beneficios de venderle a una cadena de supermercados.

Por lo anterior, esta Quincuagésima Cuarta Legislatura expide el siguiente

Acuerdo por el que la LIV Legislatura exhorta al Congreso de la Unión a continuar trabajando en apoyo del sector ganadero, y a la Sagarpa, a seguir capacitando a los productores que actualmente tienen operaciones comerciales con las cadenas de autoservicio, incorporando a más personas que oferten sus productos a estas cadenas y a las industrias alimentarias.

Artículo Único. La LIV Legislatura del estado de Querétaro exhorta de manera decisiva y respetuosa al Congreso de la Unión a continuar trabajando en apoyo del sector ganadero, y a la Sagarpa, a seguir capacitando a los productores que actualmente tienen operaciones comerciales con las cadenas de autoservicio, incorporando más personas que oferten sus productos a estas cadenas y a las industrias alimentarias.

Transitorios

Artículo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la LIV Legislatura del estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de estado "La Sombra de Arteaga".

Artículo Tercero. Remítase a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a fin de que determinen lo conducente.

Artículo Cuarto. Remítase al titular de la Sagarpa, para su conocimiento.

Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del estado y mandará se imprima y publique.

Dado en el salón de sesiones Constituyentes de 1916-1917, recinto oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Atentamente
LIV Legislatura del Estado de Querétaro
Comisión Permanente

Diputado José Edmundo Guajardo Treviño (rúbrica)
Presidente

Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Primera Secretaria
 
 
 

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO PEYROT SOLÍS

Palacio Legislativo, a 9 de octubre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

El que suscribe, Marco Antonio Peyrot Solís, diputado federal por el principio de representación proporcional, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 23, fracciones f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se dirige a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia por tiempo indefinido a partir del 11 de octubre de 2006.

Agradeciéndole cordialmente la atención que se sirva dar a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente
Diputado Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica)
 
 

México, DF, a 5 de octubre de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE LOS PUNTOS DOS Y TRES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL SENADOR HELADIO ELÍAS RAMÍREZ LÓPEZ

México, DF, a 5 de octubre de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se dio cuenta con el punto de acuerdo presentado por el senador Heladio Ramírez López, cuyos resolutivos segundo y tercero la Mesa Directiva los turnó a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
 

Punto de acuerdo que propone el senador Heladio Ramírez López, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a proveer de recursos, en el Presupuesto de 2007, al Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas y que se dictamine la Ley de Protección Civil para el Campo y la creación de la comisión de desastres naturales en el Senado de la República

Honorable asamblea:

Los desastres naturales forman parte inevitable de la experiencia vital de los mexicanos. No es casual. Es así, porque nuestro país está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, una zona donde ocurre el 80 por ciento de la actividad sísmica del planeta. También vivimos en una de las cuatro zonas más propensas a sufrir cada año grandes perturbaciones meteorológicas.

Por eso sufrimos ocasionalmente fuertes conmociones volcánicas y telúricas, y cada año el azote de huracanes, lluvias excesivas, desbordamiento de ríos, inundaciones, y también fuertes sequías, con la consecuente pérdida de cosechas, de ganado, de caminos rurales, de viviendas campesinas y, lo más lamentable, de vidas humanas.

No hemos desarrollado, sin embargo, una cultura de la prevención en el campo, que responda de manera apropiada a esa ineludible pero, por eso mismo, muy previsible realidad.

Procurando construir esa cultura, el 23 de septiembre de 2003 la diputación campesina presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar al artículo 27 constitucional una fracción XXI, destinada a promover una política de protección civil para el campo, cuya esencia es la prevención, pero también la obligatoriedad de los apoyos gubernamentales para la reconstrucción y la reparación de los daños mediante indemnizaciones y créditos blandos para quienes, golpeados por los desastres naturales, pierden su patrimonio, el producto de su trabajo; es decir, su presente y su futuro, y quedan en la ruina y en la total indigencia. Como otras innumerables iniciativas, ésta no cuenta todavía con un dictamen que le permita convertirse en ley, siendo como es, tan necesaria y urgente.

Intervenciones recientes en este honorable cuerpo colegiado de diferentes senadores, pidiendo la rápida acción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y sobre todo, un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), fechado el 2 de septiembre pasado, revelan que el huracán Lane dañó totalmente miles de hectáreas de chile, tomate, caña y hortalizas; de maíz, sorgo, plátano, papaya, ajonjolí, jitomate, sandía, palma, pepino, tamarindo, limón, cacahuate, melón y jícama. La avicultura, dice el mismo documento, sufrió la pérdida de un millón 700 mil pollos, en tanto que la actividad pesquera también se ha visto seriamente dañada.

Pero, además de lo anterior, quiero llamar la atención de ustedes en que también en 2005, para no hablar de años anteriores, el 17 por ciento de la superficie sembrada correspondiente al ciclo primavera-verano, resultó afectado, en algunos lugares por la sequía, y en otros, por los huracanes.

Por esos hechos, se dejó de sembrar una superficie equivalente a 692 mil 607 hectáreas, de las cuales el 70 por ciento; es decir, 481 mil 849 hectáreas, correspondió a granos básicos como arroz, frijol, trigo y maíz.

El Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas (Fapracc), creado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante su artículo 129, tiene como objetivo fundamental apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado, y que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras, afectados por contingencias climatológicas.

El espíritu de solidaridad del Faprac es una respuesta de gran visión a la soledad de los campesinos más pobres, pues los apoya para reponer la capacidad productiva de sus tierras y la pérdida de sus activos, con financiamiento a largo plazo, sin intereses, lo que les permite regresar a la actividad económica en el siguiente ciclo productivo.

Sin embargo, este programa no ha tenido la capacidad operativa y, sobre todo, presupuestaria, para responder con eficacia a la magnitud de los desastres. Las zonas rurales de Nayarit, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, entre otras, esperan todavía, desde hace años, la acción gubernamental.

Es el caso de los productores de Chiapas damnificados por el huracán Stan el año pasado -tan sólo por citar una entidad-. Recibieron la promesa de apoyarlos con 180 millones de pesos, y ésta es la hora en que esos recursos no cubren ni siquiera el 50 por ciento de los daños. Caso semejante es el del estado de Nayarit, que hace tres años sufrió los embates del huracán Kena, y los pequeños productores de frutales y de granos, siguen esperando una respuesta del gobierno.

Estos rezagas no sólo tienen que ver con una abrumadora normatividad burocrática que se contrapone a la urgencia y la premura propias de los desastres, sino con los limitados recursos con que cuenta este programa, diminutos e irrelevantes frente a la magnitud de los desastres. En el presupuesto para este año, por ejemplo, el gobierno simplemente no lo contempló. Tuvieron que intervenir los señores diputados para asignarle un fondo de 300 millones de pesos, insuficientes, desde luego, para cumplir con los rezagas y los problemas del presente.

Por lo expuesto, señor Presidente, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Sagarpa para que, de inmediato y con carácter de urgencia, agilice la operación del Fapracc y simplifique su normatividad para apoyar con recursos económicos suficientes a todos los productores agropecuarios y pesqueros afectados por los fenómenos naturales de los últimos años, en toda la República.

Segundo. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de 2007 provea de los recursos suficientes al Fapracc, que le permitan prevenir y reparar, de manera efectiva, oportuna y suficiente, los daños ocasionados a los productores más pobres del país por los desastres naturales.

Tercero. Solicitar de manera especial a la Cámara de Diputados, el pronto dictamen sobre la iniciativa correspondiente, que haga posible la Ley de Protección Civil para el Campo.

Cuarto. Constituir, en esta soberanía, una Comisión Especial para la atención y el seguimiento de los desastres naturales que afectan al sector rural.

Senado de la República, a 3 de octubre de 2006.

Senadores: Heladio Ramírez López, Rubén Fernando Velázquez López (rúbricas).
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, 22 de septiembre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. D.G.P.L. 60-II-6-1 suscrito el 5 del actual por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar No. 307-A-1167 signado el 18 del citado mes por Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a asignar mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales y de los excedentes petroleros para afrontar los efectos de las lluvias extremas que ha padecido en las últimas semanas Ciudad Juárez, Chihuahua.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 18 de septiembre de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero a su oficio SEL/300/4544/06, por el que remite al secretario de Hacienda y Crédito Público copia del similar DGPL 60-II-6-1, suscrito por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Alatorre, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que da a conocer el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 5 del actual, mismo que en su parte conducente se refiere a:

Sufragio Efectivo. No Reelección

Guillermo Bernal Miranda (rúbrica)
Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario
 
 
México, DF, a 27 de septiembre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número DGPL59-II-5-2713, signado el 26 de abril del año en curso por los diputados Álvaro Elías Loredo y Marcos Morales Torres, Vicepresidente en funciones de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio número 170/UCVPS/-162/2006, suscrito el 21 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar una campaña de difusión de las medidas para prevenir el contagio de la gripe aviar.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 21 de septiembre de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero al punto de acuerdo presentado por la diputada Blanca Eppen Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a implantar una campaña de difusión de las medias para prevenir el contagio de la gripe aviar.

Al respecto, me permito acompañar oficio 2337, suscrito por el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, agradeciendo su valiosa intervención para remitir dicha documentación a la cámara legislativa correspondiente para el desahogo del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Doctor Gabriel García Pérez (rúbrica)
Titular de la Unidad
 
 

México, DF, a 20 de septiembre de 2006.

Doctor Nicolás Licona Spinola
Director General Adjunto de Vinculación Social

Por instrucciones del doctor Roberto Tapia Conyer, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y en atención a su oficio número 170/UCVPS/DGAV/440/ 2006, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado el 26 de abril de 2006 por la Cámara de Diputados, cuyo segundo resolutivo exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Sagarpa, a implementar una campaña de difusión de las medidas para prevenir el contagio de la gripe aviar.

De acuerdo con el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, me permito hacer los siguientes comentarios:

Debe destacarse el esfuerzo que, con el objetivo de establecer y evaluar los mecanismos de colaboración para diseñar, promover, coordinar y ejecutar acciones técnicas y administrativas entre las dependencias federales involucradas, se ha realizado para formalizar las bases de colaboración para la vigilancia prevención y control de virus de la influenza aviar, conforme a los respectivos ámbitos de competencia.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus (rúbrica)
Coordinador
 
 

El suscrito, Pablo Trejo Pérez, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo VI, "Del Régimen de Consolidación Fiscal", del Título Segundo: "De las Personas Morales", de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sabemos que el objetivo del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI, de los artículos 64 al 78, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tiene el objetivo de enterar en una sola declaración fiscal, los resultados obtenidos por todas las empresas que conforman una entidad económica o grupo de empresas, neutralizando el gravamen en las diferentes empresas de un mismo interés económico. De modo que un empresario que pretende emprender dos o más negocios reciba el tratamiento fiscal al hacerlo a través de una empresa en la que se conjunten todos los negocios, o bien, a través de una empresa por negocio.

Sin embargo, en la práctica, la creación de más de una empresa o unidad económica con personalidad jurídica propia, no sólo obedece a la búsqueda de mejores estrategias empresariales de corte mercantil que maximicen las utilidades y disminuyan los costos, más aún en un mundo competido donde las fusiones han caracterizado la absorción de negocios que compiten entre sí. Por lo anterior se puede observar que si atendiendo al postulado de las normas de información financiera de entidad económica, donde se rige la manera en que los contadores deben integrar la información financiera, dado que es la combinación de recursos humanos, naturales y financieros, coordinados todos ellos por un centro de decisiones, que es quien finalmente determina el desempeño de las sociedades con diferente personalidad jurídica para efectos ante terceros, pero para consecuencias financieras se consolidan. Es claro entender que lo hacen con fines de reducir la carga fiscal y las obligaciones laborales, con un claro efecto en el pago de la participación de utilidades de los trabajadores.

No obstante lo anterior, todavía se premia con la posibilidad de permitir, mediante una ficción legal, como la consolidación fiscal al 100 por ciento, desde el ejercicio fiscal 2006, y con un gasto fiscal estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cuatro mil ochocientos noventa millones de pesos, que nos cuesta a todos los ciudadanos, por no poder responder a las necesidades sociales con esos recursos.

Es claro que este régimen opcional es producto de esos formatos generales de política que fueron particularistas, clientelares, en el sentido que atacaban los problemas de muchos en maneras que terminaban por privilegiar inmerecidamente a algunos, concentrando para unos pocos los beneficios y dispersando los costos en el grueso de la sociedad.

Por los motivos expuestos, se propone derogar el capítulo VI del Título II, que comprende los artículos del 64 al 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para combatir la elusión fiscal, con la creación de nuevas empresas con fines de disminuir la carga fiscal y los derechos laborales, sin un sentido de eficiencia social que maximice los beneficios por el bien común.

Debe quedar claro que de ninguna manera se intenta atentar contra el espíritu emprededor de los mexicanos y mexicanas, y en general de todo aquel residente en México que desee invertir en un determinado negocio. Pero si se quiere ir desarticulando todos los regímenes especiales que permiten la elusión y simulación fiscales, y que debieron ser condición primaria para disminuir la tasa máxima del impuesto sobre la renta que ha disminuido en detrimento de las finanzas públicas, que dicho sea de paso está sujeta a una presión para que la recaudación se recargue de manera regresiva sin respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga el Capítulo VI, "Del Régimen de Consolidación Fiscal", del Título Segundo, "De las Personas Morales", de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único: Se deroga el Capítulo VI, "Del Régimen de Consolidación Fiscal", y en consecuencia los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, del Título Segundo, "De las Personas Morales", de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:

Título Segundo
De las Personas Morales

................

Capítulo VI
Del Régimen de Consolidación Fiscal (Se deroga)

Artículo 64. (Se deroga)

Artículo 65. (Se deroga)

Artículo 66. (Se deroga)

Artículo 67. (Se deroga)

Artículo 68. (Se deroga)

Artículo 69. (Se deroga)

Artículo 70. (Se deroga)

Artículo 71. (Se deroga)

Artículo 72. (Se deroga)

Artículo 73. (Se deroga)

Artículo 74. (Se deroga)

Artículo 75. (Se deroga)

Artículo 76. (Se deroga)

Artículo 77. (Se deroga)

Artículo 78. (Se deroga)

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 5o. y 31, párrafo segundo, de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 2, fracción I, y 3, fracción III, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 6o., fracción I, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 5o., fracción X, inciso A, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 6, inciso n), de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Artículo 19, fracción III, 20, fracción 1, y 30, fracción XVII, de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Exposición de Motivos

Considerando que en ambas cámaras, en el seno del Congreso de la Unión, se han venido presentando diversas iniciativas de ley y puntos de acuerdo, a fin de que las autoridades que tienen que ver con la materia de la energía eléctrica establezcan programas preferenciales atendiendo a diversos criterios.

Recurrentemente se presentan puntos de acuerdo exhortando a las autoridades de Energía y de Hacienda, para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan tarifas preferenciales para diversos sectores de la población, basadas en rezonificaciones de entidades federativas en la que los cambios climáticos implican un consumo importante de energía eléctrica; así por ejemplo en sesión del Senado de 26 de septiembre se proponía una tarifa de verano estableciendo cinco rangos diferentes para estados con altas temperaturas, proponiéndose tablas específicas por nivel de consumo.

En otros casos se proponen modificaciones a ordenamientos legales como las que tiene que ver con la energía para el campo, en que se plantea su adecuación con la finalidad de coadyuvar al desarrollo del país, impulsando la competitividad, reduciendo asimetrías con otros países.

Los planteamientos son muy abundantes y diversos, sobre todo a nivel de puntos de acuerdo exhortando a estas autoridades de energía y de hacienda, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, la de Economía y la de Energía, conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de Energía fijen las tarifas que atiendan estas solicitudes de tarifas preferenciales. Ello sucede legislatura tras legislatura, sin que a la fecha se haya elaborado un programa de tarifas preferenciales que atienda de manera adecuada la problemática que se plantea, de costos elevados de la energía eléctrica tanto para el uso industrial como para el doméstico.

Así por ejemplo la SHCP, con base en estos requerimientos, emitía el 7 de febrero del 2002 un acuerdo que autorizaba el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, estableciendo que el 75 por ciento de los hogares quedaban exentos del incremento en las tarifas, lo cual parece incluso se da a contracorriente de las solicitudes que se formulan.

Los criterios que se tomaban eran diversos, localidades de 2 mil 500 habitantes o menores a esta cantidad, o bien se tomaba en cuenta los niveles de consumo, estableciendo rangos por decíles y costos atendiendo a cada uno de los rangos que establecían éstos.

Con lo anterior sólo se pretende dejar de manifiesto que sí es posible atender a la demanda cada vez más sentida de contar con energía eléctrica a precios accesibles. De echo el subsecretario de Energía Eléctrica reconocía, el día lunes 25 de septiembre del presente año, que se tenía un subsidio en energía eléctrica calculado en cerca de los 90 mil millones de pesos, de los cuales los destinados al campo y al uso doméstico eran los mayores. Sin embargo los criterios mencionados han sido hasta ahora para establecer tarifas diferenciadas, o bien tomando en cuanta a los niveles de consumo, consideramos que es claramente insuficiente.

Los parámetros de básico, intermedio y excedente no atienden en la realidad el problema que está de fondo. Porque si analizamos los aumentos que se han venido dando de manera más o menos semejantes en cada uno de los apartados antes mencionados y de manera continua. Aumentos que reiteradamente se dice que son menores, o cuando menos no se ven desmesurados si se toman en cuenta los índices inflacionarios, lo cual pareciera ser adecuado. Sin embargo el punto de partida es costos elevados de la energía, por lo que los aumentos que de manera permanente se dan, aun cuando sean por debajo de los índices inflacionarios, son elevados y afectan de manera importante a los sectores más desprotegidos de la población. Ello en el caso de ser cierta la información que proporcionan las entidades públicas.

Lo anterior en razón de que una nota periodística aparecida recientemente el día lunes 2 de octubre del presente año, en el diario Reforma titulada: Se dispara con Fox electricidad cara, señalaba que en lo que va del sexenio las tarifas domesticas el incremento real fue de 48 por ciento, e incluso el destinado para la industria había crecido 28 puntos por arriba de la inflación. Los argumentos son varios y van desde que Fox recibió tarifas abaratadas de parte del Presidente Zedillo como un medio para combatir la inflación, o que el precio del gas natural, base para de operación de las últimas 30 centrales de producción de energía, se había quintuplicado en su precio en lo que va del sexenio. Pero el hecho es que la Secretaría de Hacienda empezó a retirar los subsidios de las tarifas eléctricas acercándolos a precios reales.

Es así que lo que se plantea con la presente iniciativa es que además de los criterios antes enunciados, como lo son los de la ubicación geográfica y los impactos de las variaciones de la temperatura en determinados periodos del año que impacta en los niveles de consumo de energía, se pretende ahora que además se tomen en cuanta también los niveles de vulnerabilidad de los diversos sectores de la población.

Sabemos que la extrema pobreza es causa de vulnerabilidad. La falta de posibilidades laborales en razón de la edad también coloca a los adultos mayores en estados de vulnerabilidad; las personas que sufren de discapacidades diversas se encuentran en estado de vulnerabilidad; el origen étnico también coloca en estado de vulnerabilidad, sólo por mencionar algunos sectores.

Con esta iniciativa se pretende que las autoridades encargadas del área energética y las tarifas que rigen a éstas establezcan programas tarifarios preferenciales para a la atención de los diversos grupos que se encuentran en este estado de vulnerabilidad. A ello obliga la solidaridad que como mexicanos tenemos con nuestros hermanos mexicanos más desfavorecidos. Sabemos que el sistema eléctrico atiende a más de 25 millones de usuarios. Se dice que el gobierno federal otorga a este sector subsidios directos superiores a los montos invertidos en los programas de lucha contra la pobreza, que el abastecimiento interno de electricidad se incrementó durante los últimos diez años a una tasa promedio anual de 5.2 por ciento, por encima de lo que creció la economía en su conjunto durante ese mismo lapso y que la capacidad instalada del sector eléctrico mexicano sólo es superada en el continente por la de Brasil, Canadá y los Estados Unidos. Sin embargo el hecho es que no se refleja en el bolsillo de los mexicanos.

Se pretende que se establezcan programas que atiendan de manera específica a cada uno de estos grupos, mediante los estudios necesarios de las necesidades y posibilidades que como grupos claramente definidos tiene cada uno de éstos. No se trata de que de manera irresponsable se sujete a las autoridades a la obligación de establecer programas y a determinadas tarifas. Por ello se señala que sean las autoridades las que previa realización de los estudios correspondientes establezcan aquellos programas tarifaríos que beneficien a estos grupo en estado de vulnerabilidad.

Se insiste, que como Estado y como seres humanos estamos obligados a la solidaridad con aquellos que por diversas circunstancias se encuentran en este estado de vulnerabilidad. Es principio de todo Estado nacional el buscar las mejores condiciones de vida para quienes lo integran.

Es evidente que el contar con energía eléctrica y tarifas aparentemente bajas es notoriamente insuficiente para atender a nuestros conciudadanos, porque es claro que todos tenemos necesidad de ella; que es un elemento indispensable para una calidad de vida satisfactoria, por lo que se debe de proporcionar a los precios más accesibles para la población, a fin de no afectar los pocos ingresos con que se cuentan. Es, debemos de reconocerlo, un elemento que puede mejorar la calidad de vida de los mexicanos, es por ello que se ha considerado que debe de estar enmarcado dentro de los derechos humanos de los mexicanos. Es a lo mínimo -en cuando a adelanto de la modernidad- a que puede aspirara un ser humano. Es parte ya de la canasta básica de los mexicanos en sentido técnico. A eso debemos aspirar, a que todos los mexicanos -por precaria que sea su situación- cuenten con energía eléctrica barata en sus domicilios. Los subsidios que proporciona el Estado deben de ser precisamente para atenuar los niveles de pobreza, para ayudar a quienes menos tienen o aquellos que por diversas circunstancias han caído en estado de vulnerabilidad, cualquiera que esta sea.

Lo anterior es posible, si se lo logra mayor eficiencia en la prestación del servicio ya que se estima que se deja de percibir hasta el 30 por ciento de los ingresos que por la prestación del servicio se debiera percibir, por deficiencias administrativas e instalaciones obsoletas. Hay quien considera que se pierde por estos elementos, cantidades cercanas al 50 por ciento, en todo caso es una suma elevada de miles de millones de pesos, los que se podrían destinar a objetos como el que nos ocupa. Sabemos también que la sustitución de instalaciones obsoletas debe de ser paulatina en razón de las grandes cantidades de recursos que requiere una inversión de tal magnitud, pero también sabemos que la eficiencia en el cobro, que también implica miles de millones de pesos que se dejan de percibir por deficiencias en los sistemas con los que se llevan a cabo los mismos, y por que no decirlo por la corrupción, si pueden ser recursos que en lo inmediato se pueden destinar a subsidios como los que se proponen.

Es cierto que hay quienes sostienen que un Estado eficiente debe de evitar en la medida de los posible los subsidios, pero estos sabemos deben de existir porque es parte del Estado mismo este esquema de solidaridad. Lo que se pretende es que se sean más eficientes estos subsidios y orientarlos de manera que beneficie a quienes menos tienen, a quienes son más vulnerables socialmente.

Son estos principios de solidaridad, que como mexicanos debemos de tener, los que animan la presente iniciativa, que se insiste pretende el establecimiento de programas específicos y viables para el apoyo de estos mexicanos en estado de vulnerabilidad. Programas que deben de ser establecidos por las propias instancias del Estado mexicano, previo los estudios minuciosos que los hagan viables. Lo importante de la iniciativa es crear la obligación legal de que estos se establezcan. Establecimiento que puede y debe de ser progresivo de acuerdo a las necesidades pero también a las posibilidades reales. No se trata de crear problemas adicionales a los ya existentes a las áreas encargadas de prestar este servicio público.

Con base a lo anterior se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 5o. y 31, párrafo segundo, de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2, fracción 1, y 3, fracción III, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 6o. fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 5o. fracción X, inciso A de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 6 inciso N de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; artículo 19 fracción III, 20 fracción I y 30 fracción XVII de la Ley General de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo 5o. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso productivo, en las que se contemplara en todo caso programas tarifarios en apoyo a grupos vulnerables.

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas, o para programas especiales destinadas a beneficiar a grupos vulnerables.

Ley de la Comisión Reguladora de Energía

Artículo 2. La Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades siguientes:

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

Artículo 19. Las autoridades competentes deberán:

Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 constitucionales presenta la siguiente iniciativa de decreto, que adiciona el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho de los ciudadanos el de acceder a la información; y diversas disposiciones normativas derivadas de nuestra Carta Magna establecen que el gobierno y los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad sobre sus actos y sobre el uso y destino de los recursos públicos.

En este sentido, y particularmente durante los últimos años, se han hecho grandes esfuerzos en esta Cámara de Diputados por promover y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información.

Estos avances pueden observarse tanto en los mayores controles sobre el gasto e ingresos públicos que se han incorporado en la Ley de Ingresos y en el decreto de Presupuesto de Egresos como en la creación de ordenamientos jurídicos como la Ley de Fiscalización Superior y la Ley Federal de Acceso a la Información.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado su opinión sobre lo que debe entenderse por derecho a la información, así como las acciones que el Poder Legislativo debe llevar a cabo con relación al mismo.

La Corte ha señalado que la interpretación del constituyente permanente, al incluir el derecho a la información como una garantía social correlativa a la libertad de expresión, implicó que el Estado debe permitir el libre flujo de ideas políticas a través de los medios de comunicación.

Además, el máximo órgano jurisdiccional ha establecido que, si bien en su interpretación original el derecho a la información se reconoció como una garantía de los derechos políticos, este concepto se ha ampliado.

Así, la Suprema Corte de Justicia amplió el alcance del derecho a la información y estableció que éste exigía "que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en una violación grave a las garantías individuales, en términos del artículo 97 constitucional" (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, junio 1996, página 503).

Posteriormente, a través de otros casos, la Suprema Corte "ha ampliado la comprensión de este derecho entendiéndolo también como garantía individual limitada, como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto de los derechos de terceros" (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, novena época, tomo IX, abril de 2000, página 72).

De esta manera y de conformidad con la interpretación del máximo órgano jurisdiccional, el derecho a la información es una garantía individual que tiene diversas manifestaciones.

Una de ellas es claramente el derecho de acceso a la información pública, que ha sido garantizado por el Estado a través de una legislación específica, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública.

En este contexto, el acceso a la información es un elemento central en la rendición de cuentas, que abarca de forma genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder:

El espíritu jurídico, social y ético de este mandato fue retomado por la Ley Federal de Accesos a la Información Pública, que particularmente en su artículo 12 establece que

Hay que recordar que actualmente el IFAI sólo puede emitir una solicitud al Órgano Interno de Control de cada dependencia que proceda en contra de los funcionarios que incumplen con las resoluciones de este.

Esta situación ha dejado muchas veces al IFAI con las manos atadas en temas clave para la rendición de cuentas en el país, como son el rescate bancario, los fideicomisos y algunos temas relativos al sector energético.

Por todo lo anterior el suscrito, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente iniciativa de

Decreto que adiciona el artículo 65 a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 65. El instituto deberá iniciar de manera directa los procesos de orden civil o penal que procedan ante el desacato o incumplimiento de las resoluciones que éste emita a las instituciones y/o a los sujetos obligados por esta ley, y de manera paralela interpondrá una solicitud ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO CÁRDENAS MONROY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Entre las organizaciones abocadas a la formación de una conciencia respecto a los excluidos, las clases populares cada vez más débiles, así como de la población en general, están los partidos políticos. Mal estarían en organizarse para obtener y mantener el poder y no para transformar a la sociedad, construir experiencias, hacer propuestas diferentes; conducir hacia nuevas coordenadas es tarea partidaria.

Los partidos políticos inducen a la sociedad en torno a la visión de su presente y destino; reflejan diferentes formas y sentimientos, ideologías y estrategias para abordar y solucionar problemas nacionales.

Nuevas formas de convivencia imaginadas y practicadas por actores y grupos sociales demandan la reestructuración del marco normativo y del poder desde abajo.

A partir de la reforma política de 1977 del artículo 41 constitucional, el Estado mexicano estableció como objetivo fortalecer su sistema de partidos, a partir de considerar éstos como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado para hacer posible el acceso ciudadano al ejercicio de cargos públicos con base en la postulación de ideas, principios y programas. Ello muestra que un sistema de partidos sólidos es consustancial al desarrollo y fortalecimiento de la democracia política y electoral, aunque no se reserve para sí el monopolio el ejercicio del poder ciudadano.

Un sistema de partidos que sostengan ideas, principios y programas, para que la decisión del ciudadano encuentre opciones políticas y que nos permita superar el riesgo de que la mercadotecnia domine el proceso electoral.

Requerimos avanzar hacia la consolidación de un régimen democrático en el que todos los grupos significativos y actores políticos en lo individual respeten y obedezcan a sus instituciones políticas como el único marco legítimo para la concertación política, hecho que implica una actitud y un criterio de comportamiento de acuerdo con el cual una norma o serie de normas es respetada y asimilada por todo grupo político.

La gobernabilidad se sustenta en la fortaleza del sistema de partidos; la eficacia de éste requiere la integración de todas las opiniones de los contendientes del juego político, quienes deben su formación a partidos políticos representativos de corrientes de pensamiento con programa, principios e ideas que postulan como organización política.

Es pertinente considerar el sentido que en su momento tuvo la figura del registro condicionado al resultado de las elecciones para los partidos y reflexionar sobre la adopción de normas para regular desplazamientos oportunistas de precandidatos y de candidatos entre partidos, asunto que constituye un elemento fundamental para la democracia, punto nodal en el orden interno en la vida de los partidos.

Nadie está contra la pluralidad, el aporte de candidatos externos provenientes de partidos diversos, su aporte a la estabilidad de nuestro entorno político. Sin embargo, las escisiones producidas por diversos intereses y conflictos de grupos formados en los partidos no se pueden considerar por sí solas como elemento principal en la consolidación de un sistema plural de partidos y de la gobernabilidad democrática.

Cuando se ahonda en las razones políticas y éticas de cada actor político y su afiliación a organizaciones diversas a las que debe su formación, surgen dudas razonables sobre su filiación ideológica y representación de intereses; ante la ausencia de reglas claras y precisas sobre la filia de ciudadanos a las diversas organizaciones políticas, se ha dejado a los electores la nada fácil tarea de enfrentar candidatos camuflados en cada proceso electoral.

Es indispensable transitar hacia una política constitucional y establecer medidas contra el transfuguismo y, sobre todo, contra actos irregulares en los procesos y jornadas electorales, que tienen como resultado el fenómeno de la corrupción política; avanzar hacia un control político que impulse el respeto de los acuerdos, convenios o pactos establecidos entre las fuerzas políticas y el gobierno, a fin de equilibrar un estado de partidos democráticos, así como la transparencia del financiamiento público y el privado.

Establecer nuevas reglas de participación partidaria, donde se permita un mejor desarrollo del pluralismo político, la diversidad de las ideologías mediante los partidos políticos, que la democracia sea no sólo en la arena político-electoral sino en la relación entre partidos, mediante el combate del transfuguismo, prohibiendo, según sus estatutos, la admisión de ciudadanos integrados en otros partidos cuando menos tres años después de su renuncia en el partido de origen; disposición obligatoria en los estatutos de todos los partidos, a partir de su encuadramiento en el articulo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que impulse y consolide el sistema de partidos en la exigencia de democracia interna en los partidos y una exigencia de relaciones democráticas entre los partidos mexicanos.

En momentos en que en el país se discuten opciones para el desarrollo, es imperioso que gobierno, líderes políticos y sociales y población en general estemos conscientes de que el camino al desarrollo, la preservación de la paz social y el estado de derecho pasa necesariamente por el fortalecimiento de las instituciones. Es necesario avanzar hacia la consolidación de instituciones, con la construcción de reglas claras que generen eficiencia, competencia, competitividad y gobernabilidad, y que reduzca la incertidumbre en las interacciones inter e intrapartidarias.

El ejercicio de dicho principio resguarda los derechos fundamentales de los que participan en los partidos políticos y de la sociedad, además de estimular a la participación democrática y procurar la estabilidad política.

La reforma constitucional que se propone permitirá impulsar con certeza la democracia interna y los principios democráticos que deben introducirse en los partidos, como condición que nos permita contribuir al impulso y a la consolidación de un sistema de partido, garante de la credibilidad democrática y del estado de derecho.

La presente iniciativa reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

Diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica)
 
 

La que suscribe, Mirna Cecilia Rincón Vargas, diputada federal de la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 34 incisos a), b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de la comisión especial de la familia, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La familia surge como unidad o célula básica de la sociedad humana, su origen antecede a la entidad jurídica y política que identifica a un grupo de personas, el Estado. Éste debe existir por y en función de ella. No hay Estado sin familia, por ende sus políticas deben ser orientadas a la promoción, protección y fortalecimiento de ella.

Toda institución humana tiene una finalidad propia y específica, que en última instancia emana de la naturaleza misma del ser humano, la cual por su carácter sociable exige que los seres humanos se agrupen para alcanzar su pleno desarrollo.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político. Por su parte, la familia debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad, y cumplir la tarea fundamental de orientar y educar social y políticamente a sus miembros.¹

El Estado tiene la responsabilidad de asistir y proteger a la familia para asegurar su desarrollo armónico integral y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de cada uno de sus miembros.

La familia se caracteriza por ser el apoyo emocional y afectivo que protege al individuo y en donde mujeres y hombres encuentran los satisfactores básicos a sus necesidades.

Si bien es cierto que las acciones legislativas -en el pasado- han favorecido a grupos específicos de la población como las personas adultas mayores; las niñas, niños y adolescentes; las mujeres y las personas con discapacidad, estimo que éstas se han enfocado a cada grupo en particular, pero han tenido poco énfasis en sus familias.

La realidad demuestra que las familias, como la sociedad, han evolucionado. El rol de la mujer como parte medular de la familia ha adquirido mayor responsabilidad. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala que de las 22.8 millones de mujeres mexicanas que son madres, casi 40 por ciento de ellas (unos 10 millones) trabajan y 22 por ciento son consideradas madres solas (solteras, separadas, divorciadas, viudas y abandonadas).

Desarrollan actividades económicas, educativas y recreativas, además del cuidado de los hijos, de otros miembros de la familia y de las labores domésticas. Según el INEGI proporcionalmente son las madres solteras quienes más participan en el mercado laboral con un 70.8 por ciento.

Así las mujeres indígenas, las propias migrantes y aquellas que trabajan en el medio rural, en condiciones muy duras, lo hacen porque han sido abandonadas por sus maridos que emigraron en busca de un mejor futuro.

Hay que reconocer, que para combatir el problema de la violencia familiar, rescatar de las condiciones de pobreza a millones de familias, dar apoyo a la vivienda y al ingreso familiar, fortalecer la seguridad social, apoyar a las mujeres que son la cabeza de la familia, promover la reintegración de las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle; de aquellas y aquellos que han sido víctimas de explotación sexual comercial; de explotación laboral o de cualquier otra forma de maltrato físico o emocional; al núcleo familiar y social. Crear los instrumentos y mecanismos indispensables para ser más eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, requiere una protección integral que se fundamente en el interés superior de las niñas y los niños. Por lo tanto, es necesario retomar el núcleo fundamental en donde se desarrollan.

Las condiciones de desigualdad, a que se enfrentan las mujeres y niñas en nuestro país, deben ser valoradas por los tres niveles de gobierno, en el ámbito federal y local. Es preciso, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin duda alguna, las y los legisladores de las anteriores legislaturas, nos han dejado instrumentos muy valiosos para continuar con la defensa de millones de mujeres y niñas que habitan en el territorio nacional.

Tal es el caso, de la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana y específicamente en 10 entidades federativas, realizada por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura, que tiene como base teórica la perspectiva de género, que explica la violencia de género y la violencia feminicida, con la finalidad de conocer el número de mujeres y niñas asesinadas en el país, así como las causas y condiciones de la violencia feminicida y la procuración de justicia vinculada.

De los resultados de esta investigación, se desprende que mil 205 niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país en 2004. 4 niñas y mujeres fueron asesinadas cada día. Específicamente mi estado, Baja California, ocupa el sexto lugar conjuntamente con el estado de Chihuahua en homicidios de mujeres, 191 niñas y mujeres fueron asesinadas en 5 años (2000-2004), todas ellas por homicidios dolosos, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC).

En este estudio se señala que las autoridades y medios en Baja California argumentan el origen de los asesinatos de niñas y mujeres en la fragmentación del tejido social, la pobreza y la marginación, o que se deben a los grupos delictivos y a las mafias, al narcotráfico o al narcomenudeo, al tráfico de órganos, y a la situación fronteriza de la ciudad. Fenómenos que, en efecto, favorecen no sólo la violencia contra las mujeres sino otras formas de violencia. Pero no son la única causa de dicha violencia. Se obvia que la mayoría de los agresores son hombres que han violentado y asesinado a niñas y mujeres en su mayoría familiares o conocidas y que en menor número eran desconocidas para ellos.

En México, según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, 60.4 por ciento de las mujeres han experimentado violencia alguna vez en su vida, la mayoría de ellas (74 por ciento) fue víctima de familiares y como principal agresor se señala a la pareja actual, novio o ex-novio.

La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), aplicada en 57 mil viviendas en todo el territorio nacional durante el último trimestre de 2003, reveló que el 46.6 por ciento de mexicanas (nueve millones de mujeres), sufren algún tipo de violencia económica, emocional, física y sexual.

La dignidad de la persona humana existe y debe reconocerse sin distinción alguna. De ello se deduce que los derechos humanos son universales por naturaleza y que todos los miembros de la familia adquieren esos derechos al nacer.

No obstante, la transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas, más aún cuando sabemos que la complejidad de estos fenómenos sociales ha afectado de forma negativa al desarrollo y a la integración familiar.

Los esfuerzos legislativos se han reflejado en aquellos ordenamientos que han buscado hacer referencia a la familia y su fortalecimiento desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en más de 20 ordenamientos sustantivos como el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, la Ley de Amparo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.

La familia, no sólo para México sino en el ámbito internacional, sigue siendo la unidad básica de toda la sociedad. En este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, recogió en el tercer inciso de su artículo 16 que a la letra dice: "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del Estado".

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala que es necesario "fortalecer los ámbitos familiares para que sean el promotor de la convivencia y la solidaridad social" y además señala que es necesario "impulsar programas y políticas públicas que fomenten los valores familiares y propicien la cohesión y la solidaridad social".

Las conductas positivas y los valores adquiridos en la familia se reflejaran en la sociedad contribuyendo a su desarrollo y permanencia. El desarrollo y bienestar de sus integrantes es la familia, como el bien común es el Estado.

Un gran avance a la concepción del tema es la reciente inclusión de la perspectiva de género, que ha creado la necesidad de reforzar lo legislado, para favorecer la consolidación de una sociedad equitativa en México. Por ejemplo, la igualdad de condiciones y oportunidades en la participación de puestos legisladores, altos funcionarios o directivos y en puestos profesionales y técnicos, independientemente de nuestra condición de mujeres y hombres.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.²

El tema de la familia, desde el punto de vista de la legislación, es un asunto que corresponde preferentemente a los órganos legislativos de los estados o del Distrito Federal, a través de sus códigos civiles o familiares. No obstante, el marco jurídico federal vigente, tiene también, una incidencia fundamental en el desarrollo de la institución familiar, mediante reformas a la Ley General de Salud, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, a la Ley General de Educación, a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al Código Penal Federal, al Código Civil Federal, entre otros.

La Cámara de Diputados tiene también la facultad de control para inspeccionar, fiscalizar, comprobar, revisar, examinar, discutir y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal. Por lo cual, la Comisión Especial de la Familia podrá evaluar la contribución al desarrollo familiar de algunas dependencias de la Administración Pública Federal, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los demás que le competan.

La Comisión Especial, coadyuvará con las demás comisiones ordinarias y especiales con opiniones que enriquezcan el contenido de las reformas y acciones legislativas que se planteen e incidan en el desarrollo de la familia. Asimismo, en función de su estudio, podrá realizar foros, seminarios, talleres, consultas con especialistas en el tema, con instituciones públicas y privadas, con organizaciones no gubernamentales. Y contribuir al fortalecimiento institucional, colaborando con los otros poderes de Estado y en los 3 niveles de gobierno, para articular una política integral que fortalezca el desarrollo de la familia mexicana.

Acción Nacional, siempre ha tenido especial preocupación por el bienestar de la familia, debido a que dentro de la familia se adquieren las bases y los conocimientos principales de la conducta humana. Por ello, la influencia del Poder Legislativo en la misma, ayudará al avance en el cumplimiento del deber que como legisladoras y legisladores nos fue encomendado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial de la Familia.

Segundo. La Comisión Especial de la Familia tendrá por objeto la realización de estudios, investigaciones, foros, consultas, diagnósticos, la revisión del marco jurídico y demás acciones legislativas y de política pública para los poderes y órdenes de gobierno que se planteen e incidan en el desarrollo y fortalecimiento de la familia.

Tercero. La Comisión Especial de la Familia funcionará de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relacionadas. Contará con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Cuarto. La Comisión Especial de la Familia estará integrada por 26 diputadas y diputados federales pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que para tal efecto formule la Junta de Coordinación Política. Y durará en sus funciones el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto, pudiéndose constituir en comisión ordinaria si existiesen los argumentos necesarios para ello.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2006.

Notas:
1 Partido Acción Nacional, Proyección de Principios de Doctrina, 2002
2 Partido Acción Nacional, Proyección de Principios de Doctrina, 2002.

Diputadas y diputados: Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), David Lara Campean (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Martha M. García Müller (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madero (rúbrica), María de Jesús Guerra Sánchez (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Dolores María Manuell Gómez Angulo (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR A LA SCT, A CAPUFE Y A LA SHCP QUE IMPLANTEN LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA ACTUALIZAR EL PADRÓN DE RESIDENTES EXENTOS DEL PAGO DE PEAJE, INCLUYENDO EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO PULIDO PECERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Gregorio Barradas Miravete, Gerardo Buganza Salmerón, Osiel Castro de la Rosa, Abel Ignacio Cuevas Melo, José de la Torre Sánchez, Antonio del Valle Toca, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Édgar Mauricio Duck Núñez, Jorge Justiniano González Betancourt, María Victoria Gutiérrez Lagunas, Íñigo Antonio Laviada Hernández, Agustín Mollinedo Hernández, Marco Antonio Peyrot Solís, Marcos Salas Contreras, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política, y 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz.

Considerandos

En 1988 fue inaugurado el puente nacional Tampico, facilitando así la comunicación entre el estado de Tamaulipas y el estado de Veracruz, y abriendo con ello la puerta al desarrollo creciente de la zona norte de mi estado.

De entonces a la fecha el aforo vehicular que cruza diariamente a través de la caseta número 49 del puente nacional Tampico, calculado en 7 mil vehículos diarios, se ha incrementado proporcionalmente al aumento del número de habitantes de los municipios aledaños a esta infraestructura, que siguen dependiendo de la ciudad de Tampico para realizar sus labores diarias, tales como ir a trabajar, asistir a la escuela, recurrir a servicios de salud o simplemente realizar actividades recreativas. Si se toma en cuenta que el actual peaje es de 28 pesos, una persona que vive en el estado de Veracruz y trabaja en Tampico, Tamaulipas, gasta al año alrededor de 13 440 pesos, lo que para una familia de clase media baja implica un gasto extraordinario que podría utilizar en la educación de uno o varios de sus hijos. Ahora bien, si hablamos del sector productivo primario de un área de la Huasteca Veracruzana, el impacto económico que se ocasiona es igualmente importante.

Tan sólo en 2005 se registraron 527 mil cruces del río Pánuco de usuarios de zonas aledañas, y aunque gestiones anteriores han dado como resultado que ciudadanos del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, tengan el libre tránsito a través de esta plataforma de acceso hacia Tamaulipas, la realidad es que el padrón de beneficiarios para las personas originarias de municipios tales como Tampico Alto no ha sido actualizado desde el año en que éste comenzó a dar servicio.

Por lo anteriormente expuesto y debido a que es esta una exigencia y una necesidad de los ciudadanos del municipio de Tampico Alto, Veracruz, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establezcan los mecanismos adecuados para que se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz, al encontrarse éste dentro de la zona conurbana de Tampico, Tamaulipas.

Segundo: Se solicita a dichas autoridades que informen sobre las acciones y mecanismos que lleven a cabo para solucionar la problemáticaaquí planteada.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Pedro Pulido Pecero (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Víctor Aguirre Alcaide, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy día la Universidad Autónoma de Guerrero es una de las instituciones educativas de nivel medio superior y superior más importantes del estado; cuenta con cobertura geográfica en las siete regiones de la entidad; actualmente ofrece 84 programas educativos, de los cuales en materia de postgrado cuenta con dos de excelencia registrados en el Padrón Nacional de Postgrado SEP-Conacyt, siendo estos la maestría en ciencias biomédicas y la maestría en matemáticas educativas.

Es importante resaltar que esta institución educativa en la actualidad es una de las de mayor matrícula en el ámbito nacional, ya que cuenta con 60 mil 330 estudiantes para el ciclo escolar 2006-2007, lo cual representa el 39.7 por ciento de la matrícula total estatal, que es de 152 mil estudiantes.

La Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra ubicada en el lugar número 32 en el rubro de costo por alumno, de acuerdo con información estadística y financiera de la Secretaría de Educación Pública, siendo éste de 19 mil 110 pesos; si hacemos un comparativo con la Universidad Autónoma de Yucatán observamos que la diferencia es notable, ya que el costo por alumno para esta institución es de 71 mil 440 pesos. En el ámbito estatal, la situación no varía respecto del ámbito nacional, toda vez que tanto la Secretaría de Educación Pública como el gobierno estatal brindan mayores apoyos a otras instituciones de educación superior, propiciando una brecha notable en el costo por alumno; así, tenemos que para la Universidad Tecnológica de la Costa Grande es de 45 mil 170 pesos.

La Universidad Autónoma de Guerrero actualmente tiene un déficit total de mil 547 plazas, entre las cuales se encuentran administrativas, docentes, mandos medios y superiores, derivadas del aumento de la matrícula estudiantil y del proceso de mejora continua, en la cual se encuentra inmersa, contando con nueve procesos administrativos certificados por la norma internacional ISO-9001:2000, estas mil 547 plazas equivalen a un costo total anual de 263 millones 917 mil 917 pesos y treinta y tres centavos.

La Universidad Autónoma de Guerrero, para dar cumplimiento a su misión social, apoya a todos los estudiantes de escasos recursos para que puedan acceder a los programas educativos de los niveles medio superior y superior, otorgándoles becas económicas, las cuales en el ciclo escolar 2005-2006 beneficiaron a 342 alumnos con un monto anual de 5 millones 808 mil pesos.

Asimismo, la Universidad Autónoma de Guerrero sostiene un total de 67 casas de estudiantes, en las cuales se cubre la renta, la luz y el agua de cada una de ellas, con un costo en este último año escolar de 4 millones 162 mil pesos. Aunado a esto, se subsidian dos comedores universitarios en las ciudades de Acapulco y Chilpancingo, donde se atiende diariamente a mil 600 estudiantes.

Cabe resaltar que la Secretaría de Educación Pública y, por ende, el gobierno del estado han disminuido el gasto de operación, por lo que la Universidad Autónoma de Guerrero ha perdido más del 14 por ciento de su valor absoluto respecto a 2003, y el financiamiento de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación se ha estancado, y si tomamos en cuenta que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 del gobierno del estado de Guerrero establece como prioridad aumentar la oferta de la educación media superior y superior, la problemática que vive la universidad se agrava. Sin embargo, la situación será más crítica dentro de los próximos cuatro años, cuando derivado de la carencia de un programa de jubilaciones y pensiones lleguen a ese límite laboral más de mil 500 empleados que no tienen reconocimiento de antigüedad por parte del ISSSTE, y que en caso de demandar su derecho a jubilarse, la universidad tendría que cubrir las pensiones y adicionalmente los sueldos del personal sustituto, sin tener los recursos económicos para ello.

Al mismo tiempo, la insuficiencia del subsidio para cubrir tan sólo el pago de la nómina ha originado que las anteriores administraciones hayan tomado en préstamo tales recursos; aun asumiendo el mismo mecanismo, la actual administración tiene un futuro próximo muy oscuro, toda vez que para diciembre próximo la UAG no tendrá forma alguna de cubrir los aguinaldos y bonos de los trabajadores, de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo vigentes, por adeudar a instituciones como el ISSSTE, el Fovissste, el SAR, proyectos con recursos etiquetados e impuestos federales por un monto total de 503 millones 571 mil 964 pesos y cincuenta y un centavos.

Por todas estas consideraciones y ante el peligro inminente de un colapso financiero en la Universidad Autónoma de Guerrero, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a que, en virtud de las crisis financieras que enfrentan las instituciones públicas de educación superior, incremente las partidas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, a que reciba a una Comisión del honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, encabezada por el rector de esta Institución, doctor Arturo Contreras Gómez, a efecto de resolver la crisis financiera que afecta a esta casa de estudios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Víctor Aguirre Alcalde (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA EJECUCIÓN DEL TRATADO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS INTERNACIONALES DE LOS RÍOS COLORADO, TIJUANA Y BRAVO, SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La falta de agua, provocada entre otros factores por las sequías recurrentes que han afectado la zona noroeste de México, particularmente al estado de Tamaulipas, y sureste de los Estados Unidos de América, ha puesto en la mesa de la discusión el tema de la adecuada aplicación del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito por nuestro país con el vecino del norte en el año de 1944.

El debate sobre el aprovechamiento del agua en esta zona de México se ha visto reflejado en numerosas acciones provenientes tanto de la sociedad civil, agrupaciones de usuarios y productores, organizaciones de carácter político, así como entes públicos de los tres ámbitos de gobierno. En reiteradas ocasiones, y con sentido de solidaridad y responsabilidad, los diputados del Partido Revolucionario Institucional hemos hecho nuestra la defensa y protección de los intereses de quienes se sienten afectados por la falta de agua en esta región del país.

Ante la actual situación de escasez del vital líquido, provocada entre otras causas por el manejo unilateral, arbitrario e indebido por parte de las autoridades federales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar un punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el tema de la justa distribución de las aguas internacionales en nuestra frontera norte representa un asunto estratégico y de interés prioritario en el contexto de la relación bilateral de México con Estados Unidos de América, en virtud de que implica simultáneamente -para ambas naciones- el ejercicio de su soberanía y el despliegue de una cooperación orientada a enfrentar un problema común en la franja fronteriza.

Segunda. Que el compromiso que México adquirió y ha venido cumpliendo desde 1944 consiste, por un lado, en entregar a los Estados Unidos la tercera parte de los escurrimientos provenientes de los seis ríos aforados, esto es, los ríos Conchos, Escondido, San Rodrigo, San Diego, Arrollo de las Vacas y Salado, y que dicha tercera parte no debe de ser menor de un promedio de 430 millones de metros cúbicos al año en lapsos medidos en ciclos de 5 años y por el otro, que en los términos del Tratado México debe entregar el 50 por ciento de los volúmenes de agua no aforados.

Tercera. Que lo establecido en la letra del tratado de 1944 el gobierno federal suscribió el Acta 307 en razón de la cual en el año 2004 se dispuso de la utilización de volúmenes de agua no aforados con el fin de saldar el déficit con los Estados Unidos correspondientes a los ciclos 25 y 26.

Cuarta. Que el déficit acumulado de los ciclos 25 y 26 equivalentes alrededor de 1 mil 800 millones de metros cúbicos, y que a partir del año 2002, cuando se abrió el ciclo 27, el gobierno federal ha entregado agua de los ríos no aforados para ponerse al corriente de los pagos pendientes por cubrir, relativos a los ciclos 25 y 26, y que además adelantó de manera anual un volumen de 431.7 millones de metros cúbicos mismos que están comprometidos a entregarse en un promedio de 5 años, según letra del tratado antes referido, con el subsiguiente impacto negativo para los usuarios y productores tamaulipecos.

Quinta. Que en el mes de marzo del año 2005, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jaquez, asumió por escrito (oficio N° BOO-196, de fecha 16 de marzo del 2005) el compromiso con el gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, que independientemente de la entrega anticipada a los Estados Unidos de América de volúmenes de agua correspondientes a los pagos de los ciclos 25 y 26, los usuarios y productores tamaulipecos recibirían oportunamente los volúmenes acreditados en las concesiones y asignaciones que se abastecen del río Bravo.

Sexta. Que en este momento, las autoridades de Tamaulipas, en virtud de información publicada por la CILA de Estados Unidos de América, tienen la presunción de que las autoridades federales de México continúan entregando anticipadamente volúmenes de agua reflejados sensiblemente en los niveles de las presas internacionales La Amistad y Falcón, con un afán de cubrir año con año el ciclo 27, circunstancia que perjudica sensiblemente a los productores y usuarios de Tamaulipas porque los despoja del recurso acuífero que legítimamente les corresponde, en virtud de que dicho pago, según letra del tratado debe hacerse cada cinco años y no de manera anual.

Séptima. Que el comisionado mexicano de la CILA, ha negado sistemáticamente la entrega indebida del agua a los Estados Unidos y se ha negado de manera reiterada a rendir información fidedigna respecto a estos presuntos pagos que se reflejan de manera dramática en los niveles de las presas internacionales mencionadas y que consta en la información publicada en la página de Internet de la CILA de los Estados Unidos.

Octava. Que en virtud de tales entregas anticipadas y contrarias al tratado, la disponibilidad del agua es escasa y ha tornado en la crítica la situación que prevalece en la región norte de Tamaulipas, circunstancia que pudiera originar un serio conflicto de carácter social con serias implicaciones económicas y políticas.

Novena. Que los diputados del Partido Revolucionario Institucional hemos mostrado históricamente un interés respecto a esta cuestión que afecta profundamente a los usuarios y productores de Tamaulipas, manifestando en la más alta tribuna del país nuestro desacuerdo y preocupación por la forma errónea en que el gobierno federal han conducido este trascendental y delicado asunto y, en particular, hemos insistido en numerosos exhortos para que el gobierno federal cumpla con la obligación del pago convenido con los agricultores del distrito 025.

Décima. Que como representantes populares estamos obligados a defender los intereses supremos de la nación y de nuestros representados en una de las cuestiones más sensibles como lo es el tema del agua, para evitar que a quienes justa y legítimamente corresponde la disponibilidad del vital líquido, necesario para la subsistencia misma, no se vean despojados por disposiciones unilaterales y arbitrarias de las autoridades federales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a las autoridades federales en la materia a que actúen con estricta sujeción a los términos del tratado de distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo suscrito por nuestro país en 1944, en el sentido de que cese su actitud negligente de utilizar volúmenes de agua no aforados y/o no comprendidos en este tratado.

Segundo. Respetuosos de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de administración de las aguas internacionales, se cite a que comparezca ante esta asamblea, al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que explique de manera pormenorizada las entregas irregulares de agua a los Estados Unidos de América, y a que presente un informe detallado en el que con toda claridad se dé cuenta actualizada respecto de las negociaciones y los términos del programa de pagos, incluidos plazos, volúmenes, compromisos, y presente datos vigentes en materia de concesionamiento.

Tercero. Que el gobierno federal cumpla con el compromiso que asumió con los usuarios del Distrito de Riego 025 de pagarles una indemnización por los daños que se les han ocasionado debido a las faltas en que han incurrido en el cumplimiento del mencionado tratado.

Palacio Legislativo, México Distrito Federal, a 4 de octubre del 2006.

Diputado Enrique Cárdenas del Avellano
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL DIPUTADO FÉLIX CASTELLANOS FERNÁNDEZ A EXPLICAR A ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES POR LAS CUALES DECIDIÓ DEJAR DE PERTENECER AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO LÓPEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Los diputados que suscribimos, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país se garantiza la libertad ideológica. Ésta es producto de muchos hechos históricos que llevaron al país, durante su vida independiente, a confrontaciones fratricidas. Nuestra nación, derivado de ello, decidió a través del pacto social que hoy nos rige instituirse en una república representativa y democrática, dotando de un marco jurídico a la sociedad a fin de que, en el uso y goce de sus derechos ciudadanos y políticos, puedan participar, de la forma que cada cual decida, en la toma de decisiones que hagan de éste un país igualitario, justo y de condiciones de desarrollo en todos los aspectos.

Mucho nos ha costado lograr la democratización del país. La transición democrática en que ahora nuestro sistema político se encuentra es claro reflejo de la demanda ciudadana.

Todos hemos de respetar el mandato de la nación mexicana. Hemos de garantizar a todos, independientemente de su raza, sexo, religión, condiciones económicas, cualidades especiales e ideológicas la libertad de profesar o luchar por lo que cada uno consideremos correcto. Cierto es que esta lucha debe ser en el ámbito del respeto de la ley, las instituciones y los derechos de los demás.

Falta mucho por avanzar en esta materia. Es necesaria una verdadera libertad democrática en la vida política del país. Es indispensable que sean entendidos los contenidos de la democracia para su mejor comprensión y ejercicio. Es urgente que los que se llaman demócratas ejerzan verdaderamente uno de los valores intrínsecos de la democracia: la tolerancia.

La tolerancia consiste en respetar los fundamentos racionales y respetuosos de los que no piensan como nosotros. Tolerancia es una virtud política para que el ejercicio democrático pueda llevarse a cabo dentro de los parámetros de la legalidad y la institucionalidad.

Por su parte, la libertad implica la responsabilidad de todos a tomar decisiones que nos conlleven a un fin, siempre en un marco de respeto y legalidad. La libertad es pues también un elemento esencial de todo sistema democrático y de toda nación que pretende ser desarrollada y progresista.

Lo anterior ha sido manifestado así en virtud de que la renuncia del ciudadano diputado Félix Castellanos Fernández al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara, nos parece, ha derivado del rompimiento de los principios de libertad ideológica y en clara contravención de la tolerancia que todo aquel individuo o grupo político debe observar.

Nuestro grupo parlamentario reconoce y respeta la libertad e independencia de todos los ciudadanos que hoy ocupamos un cargo de elección popular. Respetamos el derecho a disentir aun en el seno de cada partido político.

El Partido Verde Ecologista de México asume su compromiso con los valores democráticos que, más allá de ser un mero contenido ideológico, es un compromiso con todos los que han dado su vida y la han consagrado a construir el país.

Respetamos la voluntad del ciudadano diputado, pero consideramos que es de suma importancia, en aras de proteger los derechos y principios de libertad, independencia y democracia que nuestro país a través de su sistema jurídico y sus instituciones ha construido, conocer las razones que lo han llevado a tomar la decisión de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.

Es necesario señalar que a los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos han consternado la decisión que ha tomado el diputado Castellanos Fernández y, más aún, el momento y la forma en que se ha hecho. Nos preocupa que existan grupos de presión que puedan socavar el derecho de los legisladores a formar grupos parlamentarios; que por presiones u ofrecimientos, de cualquier naturaleza, busquen incidir en la vida parlamentaria en formas contrarias a los principios ya señalados.

Por otra parte, es necesario aclarar que no cuestionamos la conducta del ciudadano diputado sino que, por el contrario, la respetamos; cuestionamos sólo las causas que lo han motivado para haber tomado la decisión que ya es del conocimiento de esta soberanía y del pueblo de México.

Por lo anterior, los que suscribimos ponemos a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al diputado Félix Castellanos Fernández a explicar a esta soberanía las razones o causas por las que ha decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.

Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Sergio López Ramírez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SEGOB QUE EMITA LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE RESPECTO AL MUNICIPIO DE VILLA CORREGIDORA, QUERÉTARO, POR LOS DAÑOS QUE OCASIONARON LAS LLUVIAS DEL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El diputado federal integrante de la LX Legislatura José Luis Aguilera Rico, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

El pasado 30 de septiembre se registró una intensa lluvia en el estado de Querétaro a partir de las 21 horas aproximadamente y por un lapso de casi ocho horas. Se registraron 132 milímetros de precipitación, que ocasionaron el desbordamiento del río El Pueblito, a la altura del municipio de Villa Corregidora, que provocó inundaciones de hasta 2 metros. Como siempre, ello afectó a diferentes sectores de la población.

Colonias populares como Las Flores y calles aledañas a la ribera del río resultaron con daños severos, tanto en estructuras de las viviendas como en vehículos, enseres eléctricos y muebles.

Lo anterior sucedió en por lo menos 300 domicilios, principalmente de las colonias Las Flores y Pirámides y la parte baja de Santa Bárbara, lo cual afectó a 800 personas, entre ellos muchos niños.

Si bien no se registraron pérdidas humanas, se tuvo una oportuna intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la decimoséptima zona militar y del gobierno del estado por conducto de la Unidad Estatal de Protección Civil y de las secretarías de Obras Públicas, de Salud, y de Seguridad Ciudadana.

Se instalaron albergues temporales en el CBTIS, CAM y Casa de la Cultura para dar atención a más de 300 personas; a través del DIF municipal se entregaron 200 cobijas y 183 colchonetas, además de agua embotellada.

Se comenzó la remoción de escombros y lodo de las calles, así como el desazolve de la red de alcantarillado afectada de las calles Cuauhtémoc, callejón de Zaragoza, Francisco Sarabia y Justo Sierra, del municipio de Villa Corregidora, Querétaro.

La ayuda ha sido oportuna, mas no ha resultado suficiente. Por ese motivo y por lo expuesto, propongo a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de zona de desastre con la mayor brevedad respecto al municipio de Villa Corregidora, Querétaro, y a liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres para atender a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.

Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE CITE AL TITULAR DE LA CFE A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA PARA RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO DE SEGURIDAD QUE GUARDA LA NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE Y DAR A CONOCER EL SEGUNDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL TORRES HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Torres Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El desastre nuclear de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986, demostró la vulnerabilidad de la seguridad en las plantas nucleares. Después de esta catástrofe, los funcionarios de las plantas nucleares en la entonces Unión Soviética encubrieron insidiosamente la "violencia radiactiva", término que se refiere a los siniestros causados por la tecnología nuclear en contra del hombre. Dicha violencia se agravó por la política deliberada de minimizar los peligros y por el secreto que rodeó la tragedia. El gobierno soviético censuró la noticia y negó el accidente, exponiendo a millones de personas a la radiación y mintiéndoles sobre su severidad. Sólo dos días después del estallido se detectó en Suecia la presencia de material radiactivo, dándose la alarma general, así el mundo se enteró de la tragedia, generando una gran preocupación en la comunidad internacional.

Se han manejado diversas cifras sobre las muertes que han causado los altos niveles de radiación y probablemente jamás se sabrá cuántas personas han muerto o morirán por este concepto. En virtud de lo anterior, el año pasado la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud afirmaron que en el incidente de Chernobyl sólo hubo 59 muertes por radiación y 9 mil con daños irreversibles en la salud. En contraste, un estudio publicado por los ambientalistas del Parlamento europeo estimó el número de muertes atribuibles a la catástrofe entre 30 y 60 mil personas.

Asimismo, revelan fuentes médicas internacionales para la prevención de la guerra nuclear que, de los 600 mil "liquidadores" enviados para limpiar el lugar, han muerto decenas de miles, y en el informe de los representantes de partidos verdes del Parlamento europeo se afirma que el 40 por ciento del suelo de la Unión Europea presenta contaminación radiactiva; en el Reino Unido 200 mil ovejas pastan en campos contaminados por la lluvia radiactiva. La radiactividad de la explosión fue 400 veces mayor que la de las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. En Bielorrusia, Ucrania y Rusia ha habido miles de casos de cáncer de tiroides y de leucemia en niños.

Los funcionarios de las plantas nucleares nuevamente avalan la "seguridad" de la energía nuclear, sin revelar los peligros que encierran las plantas para quienes trabajan en ellas, y los riesgos potenciales para el medio ambiente y la población. Inclusive hasta los promotores de la energía nuclear admiten que no hay capacidad para almacenar los desechos radiactivos y el combustible nuclear usados, y tampoco se puede asegurar la inexistencia de un ataque terrorista a una planta nuclear.

La industria nuclear se sitúa entre las de más alta peligrosidad. Sus daños no se restringen territorial y temporalmente al sitio y momento del siniestro. Habitantes y ecosistemas de países y regiones alejadas pueden resultar afectados, e incluso aquellos que aún no han nacido pudieran convertirse en sus víctimas, heredando y transmitiendo malformaciones genéticas. Por ello, aun la condición de riesgo mínimo o "casi inexistente" puede resultar catastrófica para los seres humanos, por lo que es importante contar con la tecnología más calificada y eficiente para prevenir cualquier incidente que afecte la población y a las nuevas generaciones.

En este contexto, Laguna Verde, la única central nuclear en México, ubicada en el kilómetro 42.5 de la carretera federal Ciudad Cardel-Nautla, en el estado de Veracruz, fue auditada a finales del año pasado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. A pesar de que desde hace dos años entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece en su artículo 7, fracciones XV y XVII, que los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados, deberán de hacerse públicos asegurando su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, a la fecha no se ha hecho público el dictamen final que dé certeza a la población de la seguridad existente en esa importante planta, que hoy en día consta de dos unidades, cada una con capacidad de 682.44 Mwe. La unidad 1 ha generado más de 73.7 millones de megahertz, con una disponibilidad propia de 81.75 por ciento. La Unidad 2 ha generado mas de 54.2 millones de Mwh, con una disponibilidad propia de 83.12 por ciento, donde ambas Unidades representan el 2.96 por ciento de la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -incluye productores externos de energía-, con una contribución a la generación de tan sólo 4.75 por ciento.

Lamentablemente, es por todos conocido que se encuentra en una situación crítica. Una planta nuclear de esas dimensiones requiere de altos controles de seguridad, por lo que debemos exigir a las autoridades responsables que expertos internacionales revisen los ductos y la planta en general, para que a través de estas voces expertas y calificadas se den a conocer las alternativas para conseguir los más altos niveles de seguridad que requiere esta importante planta.

La prudencia recomendaría los cierres de todas las plantas nucleares generadoras de electricidad en el mundo. Críticos y ambientalistas afirman que existen diversos grados de peligrosidad en muchas de las sustancias que se liberan al ambiente, tanto en casos de accidentes como en el funcionamiento normal de la industria y la vida moderna. La contaminación atmosférica, de los suelos y del agua, los desechos químicos y hospitalarios poseen diversos niveles de toxicidad, constituyendo verdaderos riesgos para la salud humana.

El tema mismo de la seguridad existente en Laguna Verde es un asunto controvertido. Por una parte se encuentran aquellos que se alinean por el lado de los críticos o los escépticos, quienes citan numerosos flancos de riesgo y amenaza en Laguna Verde, desde los que señalan fisuras o fallas en la estructura de la campana y en los depósitos de los residuos radiactivos, hasta quienes aluden a la ocurrencia de un número excesivo de estados de alarma que han obligado a cierres temporales de la planta y a la ausencia de planes de contingencia, evacuación de la población circunvecina y falta de infraestructura hospitalaria para atender a los potencialmente afectados por una fuga radiactiva en los reactores nucleares. La existencia de esta planta, que sólo produce el 4.75 por ciento de la energía del país, representa un gran peligro para la seguridad de la población que labora allí y la que habita en los alrededores.

De acuerdo con una reciente publicación de la BBC, el pasado 26 de abril, se menciona que los altos costos económicos fueron la causa de la paralización de la construcción de una segunda planta nuclear en México, se correría un gran riesgo con su construcción y operación sin un eficaz y eficiente control de seguridad, en virtud de que en la actualidad Laguna Verde no ha demostrado contar con los elementos internacionales que respalden el bienestar de los habitantes. ¿Por qué construir una nueva planta si hoy en día no somos capaces de asegurar la inexistencia de riesgo a la población circunvecina en Laguna Verde? ¿Contamos con la infraestructura, los requerimientos y el personal calificado que haga frente a una posible contingencia? ¿Para qué construir un monstruo que no genera más que un porcentaje risible de energía y que pone en riesgo para la población?

Laguna Verde, de acuerdo con la versión gubernamental, cuenta con todos los sistemas de seguridad recomendados por las agencias internacionales existentes, sobre todo aquellas surgidas después de la catástrofe de Chernobyl, por lo que necesitamos conocer el reciente informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares aplicado a Laguna Verde a finales del año pasado.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que comparezca ante esta soberanía, a fin de rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la planta nucleoeléctrica Laguna Verde; asimismo, que dé a conocer o desmienta el segundo proyecto de construcción de una planta nucleoeléctrica en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PLENO DE LA SCJN A EMITIR CON LA MAYOR BREVEDAD RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL INTERPUESTA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONSIDERAR QUE CON LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS SE INVADEN FACULTADES EXCLUSIVAS DEL PODER LEGISLATIVO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 17 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto, emitido por el Presidente de la República, por que se expide el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

2. Con fecha 4 de octubre del mismo año, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presentó recurso de controversia constitucional solicitando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaratoria de invalidez del referido Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en razón de que tiene por objeto reglamentar los juegos con apuestas, los cuales están prohibidos por la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947, actualmente en vigor.

3. El 4 de octubre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad de Controversias Constitucionales, dio entrada a la demanda de controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, asignándole el número de expediente 97/2004 y turnando el expediente a la atención de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, a quien corresponde fungir como instructora del procedimiento, y que el 5 de noviembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación niega la suspensión provisional de la aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, quedando pendiente la resolución definitiva sobre el tema materia de la controversia.

II. Consideraciones

1. La Cámara de Diputados en sus alegatos considera que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, emitido por el titular del Poder Ejecutivo, invade la competencia exclusiva del Poder Legislativo en al menos las siguientes cuestiones:

3. Ha trascendido en los medios de comunicación que al amparo de esta laguna procedimental y jurídica, y en tanto no se resuelve la controversia constitucional, la Secretaría de Gobernación ha extendido más de 340 autorizaciones para centros de juegos con apuestas que, de resolverse en sentido favorable la controversia constitucional entablada por la Cámara de Diputados, los permisos legalmente concedidos estarían en la posibilidad de quedar autorizados, contraviniendo el espíritu de la ley, que es no autorizar los juegos con apuestas.

4. Por ello, aproximadamente a dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la demanda de controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se hace urgente la necesidad de que el máximo tribunal del país emita la resolución definitiva sobre el fondo materia de la controversia, toda vez que la falta de resolución oportuna por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la negativa de la suspensión que en su momento procesal fue solicitada, está ocasionando que la Secretaría de Gobernación conceda permisos para la realización de juegos con apuestas, generando situaciones contrarias a la ley, pero sobre todo contrarias al interés público.

5. Que con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno, el 7 de septiembre de 2005 el secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, compareció ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación de la Cámara de Diputados, a las que informó que no se otorgarían nuevos permisos para el desarrollo de esas actividades hasta conocer el resultado de la controversia constitucional, declaración que se reproduce textualmente a continuación:

Hoy, los permisos están suspendidos porque quiero resolver un estudio de impacto sociológico que hemos mandado al hacer a una gran institución educativa, investigadora de este país, y están suspendidos hasta conocer el resultado de la controversia constitucional.

Por ello estimamos indispensable someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el recurso de controversia constitucional registrada con el número de expediente 97/2004, presentado por la honorable Cámara de Diputados contra el titular del Poder Ejecutivo federal y a emitir la sentencia respectiva, toda vez que la falta de dicha resolución genera situaciones de hecho y de derecho que pueden ser contrarias al interés público que la Ley Federal de Juegos y Sorteos debe salvaguardar.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la federación para que respete la división de poderes consagrada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no invada las competencias exclusivas del Poder Legislativo mediante la interpretación incorrecta de las atribuciones reglamentarias consagradas por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En mayo de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) por parte del gobierno federal y los de las 31 entidades federativas, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se abrió una nueva etapa en la historia del sistema educativo mexicano.

La federalización de la educación básica y normal a que dio lugar la firma del ANMEB y de los convenios de ejecución posteriores, consistió en un proceso de descentralización político-administrativa que transfirió de la federación, particularmente de la Secretaría de Educación Pública, a los estados la responsabilidad de dirigir los recursos públicos de los niveles básico y normal "con todos sus elementos técnicos y administrativos, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles y recursos financieros", incluyendo la titularidad de las relaciones laborales colectivas establecidas con los trabajadores de la educación, agrupados y representados por el SNTE, y que derivó en la reestructuración a cabalidad de los sistemas educativos estatales.

Así, en 1992 la decisión de reformar la educación se estructuró en tres líneas: la reorganización del sistema educativo mediante la descentralización y la inclusión de la participación social; la reformulación de contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la función magisterial.

La reforma educativa no sólo se implantó desde un punto de vista político-administrativo, sino que también se tradujo en reformas legales precedidas por intensas discusiones al interior del Poder Legislativo, que culminaron con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993 y con las reformas subsecuentes al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecieron la obligatoriedad de la educación secundaria y preescolar.

A 14 años de la suscripción de este acuerdo, aún quedan por resolver distintas problemáticas derivadas de su ejecución. Una de ellas es la disparidad existente en las remuneraciones del magisterio a lo largo y ancho de nuestro país.

Nuestro país esta dividido en dos zonas salariales, la zona económica II y la zona económica III. Las percepciones de la zona III son mayores que en la zona II, de acuerdo con estimaciones del costo de la vida de cada entidad.

La mayoría de los estados concentran en la zona II. Los municipios de los estados de Baja California Sur, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y Tlaxcala, corresponden en su mayoría a la zona III, el resto de los estados pertenecen a la zona II.

Según recientes declaraciones del secretario de Educación Pública, licenciado Reyes Tamez Guerra, actualmente alrededor de 26 entidades federativas tienen dos zonas económicas diferentes y por esta razón el salario que devengan los maestros, aún dentro de una misma entidad, es diferente dependiendo de la zona económica correspondiente. Cuando se hizo esta diferenciación entre zonas económicas en realidad existía una diferencia notable en el costo de la vida en los municipios del país. Hoy queda claro que la situación ha cambiado y que es necesario desaparecer las diferencias en el nivel de ingresos de los trabajadores de la educación que habitan las diferentes ciudades, obedeciendo al precepto constitucional de "a trabajo igual, salario igual", que se ha visto trastocado por esta diferencia.

Diversas fuentes periodísticas señalan que en la revisión que se hizo en el área de presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que 80 por ciento de los más de un millón de docentes de educación básica en el país se encuentran en la zona económica II, y el restante 20 por ciento en la zona económica III. Las desigualdades en términos salariales que se presentan entre los maestros de estas regiones es de alrededor del 30 por ciento. Se afirma que igualar los tabuladores de los trabajadores de la educación ubicados en la llamada zona económica II con los que laboran en la zona III implicaría una inversión de 37 mil 500 millones de pesos adicionales al presupuesto que fue autorizado para la dependencia en este año.

El proceso de conciliación de intereses entre las demandas del gremio magisterial y las finanzas públicas federales y locales requieren un gran esfuerzo de conciliación en el Poder Legislativo federal, que puede contribuir de manera importante. Convencida de la afirmación anterior, considero de urgente resolución la problemática antes descrita.

Como es de todos conocido, el artículo 42, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Pleno de la Cámara de Diputados la atribución de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

En este tenor, se considera oportuno proponer la creación de una Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los trabajos de asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación y, con ello, la reducción de la diferencia en el ingreso existente entre las zonas económicas II y III del magisterio de todo el país.

Es por todos conocidos que es un tema estacional en muchos estados del país las llamadas negociaciones salariales del magisterio. Los niveles de disparidad que éstos observan dan pie a situaciones injustas e inequitativas.

El futuro del país será tan fuerte como lo sea nuestro sistema educativo. Seremos mejores en la medida que nuestras escuelas tengan mayor calidad. Como mexicanos todos debemos pasar por una aula. Ahí se labra nuestro destino, se forjan nuestros anhelos.

Lejos del conflicto y de la razón para la confrontación, nuestro sistema educativo debe ser ejemplo de equidad y justicia.

El magisterio mexicano espera -con prontitud- resultados, buscar los mecanismos para homologar sus salarios, es lo menos que esta honorable Cámara de Diputados puede realizar.

Es un acto de justicia reconocer a las maestras y maestros por la parte más sensible, que es su bien merecido salario.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el citado artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Se solicita a la Junta de Coordinación Política que someta a la consideración del Pleno la creación de la Comisión Especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, y asimismo que defina su integración y mesa directiva.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.

La Comisión Especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la honorable Cámara de Diputados los proyectos que permitan reducir la diferencia en el ingreso de los trabajadores de la educación existente entre las zonas económicas II y III, en el marco del Presupuesto de Egresos del año de que se trate.

Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Dado en la sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los diez días del mes de octubre de dos mil seis.

Diputada María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR A LA SEDESOL QUE APLIQUE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VILLA CORREGIDORA, QUERÉTARO, PARA COADYUVAR EN UNA PRONTA RECUPERACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS LLUVIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El diputado federal integrante de la LX Legislatura José Luis Aguilera Rico, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Las recientes lluvias que se han presentado a lo largo del país han causado severos estragos en la infraestructura de la república, dañando de manera significativa a la población, principalmente a las zonas marginadas.

En estados donde predominantemente existe un clima seco, se han presentado lluvias que rebasan por mucho el promedio de lluvia registrado en por los menos dos décadas.

Uno de estos estados es Querétaro, en donde el pasado 30 de septiembre se presento una pertinaz lluvia que registro ciento treinta y dos milímetros en tan sólo ocho horas, trayendo por consecuencia el desbordamiento del río El Pueblito, causando inundaciones y daños a casas, comercios, escuelas y calles del municipio de Villa Corregidora, lo que afectó de manera importante fuentes de ingreso de las familias.

Como en pocas ocasiones ocurre, la ayuda de la población, ejército y de las autoridades municipales no se hizo esperar, atendiendo de manera oportuna a la población en desgracia, habilitando albergues, entregando cobertores y aplicando medidas sanitarias necesarias para evitar epidemias.

De esta clase de desastres naturales hemos aprendido que sólo hay una cosa tan poderosa como la naturaleza misma, esta es la solidaridad entre los mexicanos, por ello quienes somos representantes de la población, debemos de estar a la altura de las necesidades de la gente, sobre todo en situaciones como esta, ofreciendo ayuda integral para la reparación y pronta recuperación de la comunidad afectada por la naturaleza.

En razón de todo lo anteriormente expuesto solicito al Pleno de esta soberanía su apoyo para el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social aplique a la brevedad un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro para coadyuvar en una pronta recuperación del municipio y la población afectada.

Palacio Legislativo a 5 de octubre de 2006.

Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A CUMPLIR TODOS LOS COMPROMISOS Y LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDOS CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA, Y CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, A CARGO DEL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El diputado federal Nabor Ochoa López, integrante de la LX legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante ustedes somete la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace varias décadas, en el municipio de Manzanillo, Colima, existen dos terminales de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex); una, ubicada en pleno centro de Manzanillo; y otra, en la comunidad de Tapeixtles, dentro de la misma zona urbana. Lo anterior implica que tres ductos que transportan combustóleo, diesel y gasolina atraviesen la ciudad desde el centro de Manzanillo (jardín principal).

Esta situación ha provocado que los habitantes de Manzanillo, sobre todo los asentados en las áreas cercanas a donde se encuentran las instalaciones de Pemex, manifiesten permanentemente a las autoridades municipales su preocupación por los riesgos y peligros que existen debido a la operación de Pemex.

Precisamente, el pasado 27 de julio del año en curso ocurrió en Manzanillo, Colima, el mayor derrame de hidrocarburos de su historia.

En la madrugada de ese día, la ruptura de un ducto de Pemex ubicado en pleno centro de Manzanillo provocó el derrame de más de 200 mil litros de combustóleo, según información de la propia paraestatal.

Este hecho causó la contaminación de la bahía de Manzanillo y daños en la explanada del jardín principal, áreas verdes, alumbrado, calles aledañas, así como en la red de drenaje sanitario y agua potable.

Hubo pues, afectación al medio ambiente y daños en la infraestructura urbana y sanitaria, afectando también al comercio establecido del centro histórico. La noticia, por sus implicaciones, fue dada a conocer nacionalmente, afectando la actividad turística, una de las principales actividades del municipio.

Desde las primeras horas de este accidente, Protección Civil municipal y personal del ayuntamiento, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, y la armada de México se dieron a la tarea de controlar el siniestro. Gracias a su oportuna intervención, se evitaron mayores daños a la bahía de Manzanillo, a la red sanitaria y de agua potable, y a la planta de tratamiento de aguas negras del municipio.

Posteriormente funcionarios de Pemex Refinación, entre otros el ingeniero José Manuel Olivares Páez, gerente corporativo de Protección al Ambiente, signaron compromisos con el suscrito, en mi calidad de presidente municipal de Manzanillo en ese entonces, así como con funcionarios municipales y directivos del organismo operador del agua del municipio.

Dentro de los compromisos que se establecieron con el ayuntamiento de Manzanillo, destacan los siguientes:

El ingeniero José Manuel Olivares Páez, gerente corporativo de Protección Ambiental de Pemex refinación se obligó a entregar al ayuntamiento de Manzanillo lo siguiente:

Asimismo se hizo el compromiso por escrito, por parte del ingeniero Olivares Páez, de cumplir a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) -con motivo de los daños a la infraestructura de ese organismo por parte de Pemex- de las obligaciones que enseguida se detallan:

El pago de 2 millones 635 mil 48.06 pesos (dos millones seiscientos treinta y cinco mil cero cuarenta y ocho pesos 06/100), que incluyen los trabajos realizados con personal de la CAPDAM y la reposición de equipos de rebombeo utilizado de manera extraordinaria por el organismo operador.

Lamentablemente nos hemos enterado que el Consejo de Administración de Pemex, en su última sesión de fines de agosto sólo ha autorizado una parte mínima de los compromisos hechos con el ayuntamiento de Manzanillo y la CAPDAM, haciendo caso omiso de las obligaciones adquiridas por los representantes de la paraestatal.

Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es una exigencia justa de los habitantes del municipio de Manzanillo, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Se exhorta al director general de Pemex a cumplir todos los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

Artículo Segundo. Se solicita al director general de Pemex la realización de los estudios correspondientes que permitan la reubicación de las instalaciones de Pemex situadas en el centro de Manzanillo, por el peligro que representan para la ciudadanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Nabor Ochoa López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A LA SEP Y A LA SHCP A ENTREGAR CON LA MAYOR BREVEDAD LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE ESTA SOBERANÍA ETIQUETÓ EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005 PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de la partida "Construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco", al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 4 de octubre, el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara dirigió a esta soberanía -en desplegado publicado en un periódico de circulación nacional- una petición para que el gobierno federal entregue los recursos asignados por la LIX Legislatura para construir la nueva sede de la biblioteca pública de Guadalajara.

Segunda. La Universidad de Guadalajara cuenta con un acervo bibliográfico general que, con 20 mil volúmenes, está orientado a atender a estudiantes de educación media superior y superior. Adicionalmente, la biblioteca cuenta con una sección de fondos especiales: un acervo bibliográfico calificado de más de 150 mil volúmenes, entre los que destacan numerosos incunables. Cuenta además con fondos documentales en que se resguarda la memoria de 300 años de la historia del noreste y noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos. Ahí se albergan más de 37 mil documentos del archivo de la Real Audiencia de Guadalajara.

Tercera. Desde 1925, la biblioteca pública del estado de Jalisco pasó a formar parte de la Universidad de Guadalajara. Funcionó hasta 1974 en el edificio que ahora ocupa el Museo Regional de Jalisco, fecha en que fue trasladada a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Jalisco. A raíz de los sismos de 2003, el edificio que albergaba la biblioteca sufrió daños irreparables, que obligaron a trasladar su acervo de manera provisional a un edificio que no cuenta con normas adecuadas para la preservación y el crecimiento de este valioso bien cultural. Es decir, se encuentra en bodegas. En este momento, la Biblioteca Pública de Jalisco carece de una sede a la altura de sus contenidos.

Por ello, la Universidad de Guadalajara se ha planteado la tarea de construir un nuevo edificio para la biblioteca en el Centro Cultural Universitario. Esta nueva biblioteca será la institución de servicios bibliotecarios y de información de carácter público más importante del occidente de México. El proyecto se propone la modernización de la gestión administrativa, la atención especial de acervos históricos y el desarrollo de colecciones modernas impresas y electrónicas, así como la actualización e implantación de servicios en un moderno concepto de edificio, hasta convertirse en el más moderno centro de información del occidente del país. El costo total del proyecto es de 347 millones, de los cuales la Universidad de Guadalajara aporta 50 millones y el terreno.

Cuarta. A pesar del peso de esta argumentación, de la urgente necesidad de preservar tan valiosas colecciones y de la voluntad expresa por el gobierno de la república por formar un país de lectores, la partida presupuestal referida formó parte de la controversia constitucional interpuesta por el presidente Fox en diciembre de 2004.

Quinta. La Suprema Corte de la Nación resolvió la controversia constitucional sobre el Presupuesto de 2005, promovida por el presidente Vicente Fox Quesada, 109/2004, el 17 de mayo de 2005. En cumplimiento de la ejecutoría dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la LIX Legislatura elaboró un dictamen que fue sometido a votación y aprobado por más de dos terceras partes del Pleno. Fuera de los resolutivos del mencionado dictamen, no existe nada más, ningún argumento o criterio por considerar, que pudiera evitar la entrega de los recursos que etiquetó la LIX Legislatura, en particular el identificado como "Cultura Jalisco Biblioteca CCU".

Sexta. Es importante para esta soberanía pronunciarnos por la defensa de nuestra patrimonio bibliográfico y documental, por el respeto de las resoluciones del Pleno de la Cámara de Diputados y por la coadyuvancia en la urgente gestión del gobierno del presidente Fox y la Secretaría de Educación Pública, para evitar que queden sin ejercerse los recursos etiquetados a la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, por construirse en la Universidad de Guadalajara, sería una pena abandonar tan importante proyecto sólo por omisiones, errores o falta de gestión en la liberación de los recursos.

Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución

Primera. Se exhorta a la Presidencia de la República, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, y al gobierno de Jalisco a realizar las gestiones correspondientes, con la mayor brevedad, a fin de que sean liberados y entregados los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, por un monto de 148 millones de pesos, para la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, que se construirá en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Itzcóatl Bravo Padilla, Emilio Ulloa Pérez (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA FIJAR CUPOS DE IMPORTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL PÉREZ VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Daniel Pérez Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión lo siguiente proposición con punto de acuerdo.

Honorable Asamblea:

Esta soberanía se ha caracterizado por defender, con justo sustento, los intereses nacionales que representa la agroindustria azucarera mexicana, tanto por el empleo que genera, del que dependen más de 2.2 millones de mexicanos asentados en 227 municipios de 15 estados de la república, como por lo que implica en términos de la seguridad alimentaria del país.

En las últimas semanas los medios de comunicación se han ocupado de la problemática de la agroindustria azucarera, transmitiendo opiniones de representantes del sector público y del sector privado contradictorias entre sí. Quiero ocuparme, en esta ocasión, exclusivamente del acto de autoridad del gobierno federal para fijar cupos de importación de azúcar.

Por un lado, la Subsecretaría de Comercio Interior de la Secretaría de Economía, anunció en fecha reciente la fijación de cupos de importación de azúcar por parte de la autoridad de 90 mil y 100 mil toneladas de azúcar, con el argumento de bajar en un 22 por ciento los precios del endulzante en el mercado doméstico. En contrapartida, voces representativas del sector privado señalaron que la autorización de cupos de importación constituye un error debido a que hay suficiente producción para satisfacer la demanda de azúcar del mercado interno.

El gobierno participa actualmente con el 40 por ciento del mercado del azúcar y cuenta con un Fideicomiso Comercializador (Fico) que establece subastas y ofertas del endulzante con un predominio monopólico. El titular de la Sagarpa ha reconocido en los medios el carácter comercializador del Fico, eximiéndolo de la responsabilidad en los aumentos de precios del azúcar y estableciendo que es la Secretaría de Economía la que regula y pone medidas como los cupos de importación. En estas mismas declaraciones el señor secretario afirmó que la estrategia de la Secretaría de Economía con la fijación de cupos es presionar a la baja los precios del azúcar en el mercado.

La autoridad para aclarar su intervención en la fijación de cupos de importación, declaró a los medios que las primeras 90 mil toneladas se asignaron a la maquila y al Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación Pitex, que producen chocolates y dulces de exportación.

El segundo cupo por 100 mil toneladas lo dividieron en dos: 50 mil toneladas para las comercializadoras, destacando entre ellas Cargill; mientras que de las 50 mil restantes, se repartieron 30 mil para refresqueros y 20 mil para confitería y alimentos con azúcar. Para rematar con el alto sentido de responsabilidad que les caracteriza le dieron 50 mil toneladas a Costa Rica y 27 mil a Nicaragua, sólo por razones comerciales.

Con estos argumentos, queda muy claro que la pretensión del Ejecutivo es bajar los precios al mayoreo, y no los precios al consumidor final, manteniendo la alta concentración de valor en los supermercados y tiendas de autoservicio.

Antecedentes

Recientemente, la Secretaría de Economía acordó la importación de azúcar con los mismos argumentos de años pasados. En septiembre del 2003 fijó un cupo de 112 mil toneladas de azúcar refinada, afirmando falazmente que la "oferta nacional podría ser insuficiente, por lo que sería necesario complementarla con importaciones a efecto de que las industrias que la utilizan no se vean afectadas". Ese año fue superavitario y la fijación del cupo sirvió para bajar los precios del azúcar en el ingenio, más no así los precios al consumidor final.

El 30 de septiembre del 2005 la Secretaría de Economía fijó un cupo de 250 mil toneladas de fructosa a cambio de la exportación al mercado de los Estados Unidos de América de 250 mil toneladas de azúcar mexicano, cuyos beneficiarios directos fueron las corporaciones líderes del comercio del azúcar en el mundo y las empresas refresqueras domésticas, particularmente Cargill y Coca Cola. No hubo argumento que justificara la fijación de estos cupos.

El 29 de agosto del 2006, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, le demostró a la Secretaría de Economía que existían suficientes inventarios de azúcar para abastecer el mercado doméstico, contando con existencias al 30 de septiembre del 2006 de 1 millón 166 mil 733 toneladas de azúcar, con una proyección de inventarios al 31 de octubre del 2006 de 702 mil 681 toneladas y con un cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2006 de 542 mil 900 toneladas de azúcar. Es decir, nuestro país es totalmente superavitario y por lo mismo no requiere importaciones de azúcar, en todo caso de existir distorsiones en los precios de la cadena de valor, la autoridad cuenta con las facultades que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica para corregir tales distorsiones.

No obstante, haciendo oídos sordos, el 30 de agosto del 2006, la Secretaría de Economía asignó un cupo de azúcar de 90 mil toneladas, otorgadas a los importadores del 2005, que en su mayoría tiene como destino empresas multinacionales. El argumento esgrimido es de nuevo que "en los últimos meses se ha registrado un incremento inusitado en los precios del azúcar en el mercado nacional, por lo que resulta necesario complementar la oferta nacional con importaciones"; adicionalmente, ha anunciado un cupo de 100 mil toneladas de azúcar, pese a que no existe déficit del producto, ni riesgo de desabasto ante la cercanía del inicio de la zafra 2006-2007.

El viernes 22 de septiembre del año en curso, se publicó un acuerdo que fija el cupo de 50 mil 845 toneladas para importar azúcar originario de Costa Rica en 2006; y otro acuerdo más por el que se da a conocer el cupo de 26 mil 761 toneladas para importar de Nicaragua en 2006.

Con los cupos autorizados desde el 2003, el consumidor final no se ha visto beneficiado. En febrero de 2005, los precios eran de 9 pesos con 50 centavos el kilogramo de azúcar refinada y de 8 peso 50 centavos el kilogramo de azúcar estándar. Al mes de agosto de 2006, los precios promedio en los supermercados son de 10 pesos 50 centavos el kilogramo de azúcar refinada y 9 pesos 20 centavos el kilogramo de azúcar estándar, mientras que desde el 2005 el precio de referencia para el pago de la caña de azúcar por kilogramo de azúcar estándar es de 5 pesos 76centavos. Lo anterior, significa que la concentración de precios se está dando en las tiendas de autoservicio y por lo mismo los cupos que ha fijado la autoridad han beneficiado directamente a la industria maquiladora, a la industria refresquera y a comercializadoras multinacionales, sin que los consumidores finales se vean beneficiados por una baja en los precios del azúcar, los refrescos, los dulces o alimentos. La afectación en la cadena productiva por estas aberrantes decisiones de la autoridad se refleja en los precios de la caña y de la tonelada de azúcar en los ingenios.

Si se concede que el Estado no debe intervenir en la fijación de los precios del mercado para asegurar la competencia y libre concurrencia, resulta desde todo punto de vista inaceptable que el gobierno federal genere sobreofertas y excedentes de mercado, a través de la autorización de importaciones innecesarias para presionar los precios a la baja, sin tomar en cuenta su congruencia con los costos de producción, la realidad de la demanda nacional y los acuerdos de libre comercio.

De nada sirve que bajen los precios al mayoreo si no se da un beneficio directo al consumidor final; en cambio, sí perjudica y daña la estructura productiva nacional de la agroindustria azucarera.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Requerir la presencia del titular de la Secretaría de Economía para que en un período no mayor a 30 días, explique a esta asamblea los criterios utilizados para fijar cupos de importación, cuando somos un país superavitario en la producción de azúcar. De igual manera, exhortarlo para que no se autoricen más cupos de importación hasta en tanto no quede debidamente demostrado que hay faltantes de azúcar o que existe plenamente identificado el riesgo de desabasto de azúcar en el país.

Honorable Congreso de la Unión, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Daniel Pérez Valdés (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CREAR LA MESA INTERPARLAMENTARIA PARA LA CONCERTACIÓN DE LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo para crear la Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el asiento de los poderes federales en la Ciudad de México ha generado desde sus inicios, en 1824, polémicas doctrinales, conflictos entre órganos federales y locales, durante mucho tiempo invariablemente resueltos a favor de de los primeros, la sujeción prolongada de las autoridades del Distrito Federal a la Federación y la reiterada demanda ciudadana, de los habitantes de la entidad, por alcanzar la plenitud de sus derechos políticos y un autogobierno que, sin entorpecer el funcionamiento de los poderes federales, permita la resolución de los problemas metropolitanos, por autoridades propias, electas por la ciudadanía capitalina y responsables ante ésta.

El significado de la Ciudad de México, no solo como Capital de la República, asiento de los poderes federales, sino también como gran urbe y además, como centro político, económico, cultural, religioso y social del país en su conjunto, no de hoy sino desde hace siglos, han dado al Distrito Federal mexicano un carácter especial, que ha adquirido mayor relevancia por su enorme crecimiento, resultante en una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta.

Sujeto el Distrito Federal en un principio a los poderes federales, privados sus ciudadanos del derecho de elegir sus propias autoridades, recientemente las peticiones de los capitalinos han logrado avances significativos, que se han concretado en el actual régimen político, en términos de lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución de 1917 en su texto original estableció un régimen de centralización del Distrito Federal: legislación y gobierno quedaron depositados en los órganos federales, respectivamente: Congreso de la Unión y Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto de un gobernador y más adelante de un órgano establecido en la ley federal que fue un departamento administrativo dependiente de Ejecutivo y con competencia territorial específica. Aunque se crearon municipalidades, fueron pronto abolidas.

El primer gran paso se dio en 1986 con la creación de la, entonces, Asamblea de Representantes del Distrito Federal, resultado de demandas ciudadanas inaplazables y de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales.

De 1988 a 1993 se sostuvo un intenso debate entre autoridades, asambleístas, diputados, círculos académicos y sociedad en general, que desembocó en reformas constitucionales conducentes a la creación del Estatuto del Distrito Federal. Los aspectos más relevantes de esa reforma fueron:

En el transcurso de este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido, en diversas ejecutorias, reiterando el carácter del Distrito Federal como entidad federativa con un "status" particular, su existencia como un orden jurídico identificado, junto con el de la federación y los estados, en el conjunto del Estado Federal Mexicano y el carácter de órgano que tienen su Asamblea, su jefe de Gobierno e incluso las demarcaciones políticas territoriales (delegaciones).

Mención aparte merece el esfuerzo iniciado en marzo de 2001 por legisladores de todos lo partidos en la Asamblea Legislativa para dar vida a una nueva reforma para el Distrito Federal. Los diversos grupos parlamentarios representados en este órgano legislativo, iniciaron una serie de negociaciones encaminadas a reformar el régimen constitucional vigente con el propósito de dar a esta entidad federativa una mayor autonomía dentro de la estructura del régimen constitucional mexicano.

Durante más de nueve meses se realizó un profundo análisis de la actual organización jurídico política del Distrito Federal, frente a las necesidades urbanas crecientes de acciones y decisiones a nivel local, las demandas sociales y políticas de la población metropolitana y la necesidad de que todas las instituciones se ajustaran al momento político que vive el país en su organización y fortalecimiento democrático. El análisis fue realizado a través de un diálogo abierto entre los representantes, consultas con diversos sectores sociales y asesoría de profesionales y especialistas. El resultado final de los trabajos fue un conjunto razonado de reformas que alcanzaron el consenso de todas las corrientes políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Así, con fecha 13 de noviembre de 2001, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de su Comisión de Gobierno, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada el 14 de noviembre de 2001, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal para su estudio y dictamen.

Con esa misma fecha, ambas comisiones tomaron conocimiento de la propuesta de reforma y procedieron a nombrar una subcomisión de trabajo para realizar el dictamen respectivo, así como reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su discurso, aprobación o modificación en su caso. Con fecha 11 de diciembre de 2001, el Pleno de las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal celebraron una sesión donde aprobaron un dictamen con proyecto de decreto.

En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2001, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y envió a la H. Cámara de Senadores la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se propusieron, además una serie de modificaciones a la iniciativa a fin de dar mayor congruencia al texto de los artículos con las metas propuestas y los objetivos previamente definidos.

Con fecha 15 de diciembre de 2001, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó dicha iniciativa a las Comisiones del Distrito Federal, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, acordándose la formación de una subcomisión para la elaboración del dictamen respectivo.

En sesión de Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, celebrada el 11 de septiembre de 2002, se decidió desechar en su totalidad la minuta aprobada por la Cámara de Diputados.

En sesión celebrada el 1 de octubre de 2002, el Senado de la República, decidió desechar en su totalidad la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del H. Senado de la República, envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el dictamen donde la Cámara de Senadores resolvió desechar en su totalidad la minuta en cuestión.

En sesión celebrada el 8 de octubre de 2002, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó este dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal para su estudio y dictamen.

Por su parte la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 7 de noviembre de 2002, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 constitucional y la ley reglamentaria respectiva. Se impugna como acto la aprobación del dictamen de la Cámara de Senadores, en tanto a los efectos jurídicos que genera, dado que los razonamientos que se exponen son una violación directa de la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecida en el artículo 122, Apartado B, Base Primera, fracción V, inciso "ñ" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que faculta a dicho órgano legislativo a presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión, entre las que están incluidas las iniciativas de reforma constitucional.

Finalmente, el 17 de febrero de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia interpuesta por la Asamblea contra el Senado, al considerar que ésta no cuenta con la facultad para presentar iniciativas de reformas constitucionales. Fue así como el esfuerzo más completo de los grupos parlamentarios por aprobar una reforma para la capital del país, concluyó.

2. El punto de partida de la próxima reforma es el mismo que el de las anteriores: crear las bases para un nuevo arreglo político institucional según el cual el Distrito Federal, no obstante ser la capital de la República y por tanto asiento de los poderes federales, pueda poseer un gobierno autónomo como el de las demás entidades del país. Es decir, considerar lo que no ha podido ser resuelto en las sucesivas reformas y que ha llevado a afirmar su carácter de reformas inconclusas.

La Capital forma parte de la compleja, extensa y sobrepoblada zona metropolitana de la Ciudad de México, la cual constituye la principal metrópoli del sistema urbano nacional al mundo globalizado donde se localiza la mayor concentración de los equipamientos educativos, culturales, recreativos, pero además es el escenario privilegiado de la vida política nacional, en el que habita una ciudadanía politizada y participativa. Por ello es necesario encontrar una adecuada fórmula de gobierno que garantice una gobernabilidad democrática y el cumplimiento de las funciones de administración urbana de la Ciudad de México, a saber:

3. Una entidad federativa con autonomía:

El principal aspecto que debe abordar una nueva reforma es la creación de un gobierno local plenamente autónomo sustentado en un diseño políticamente democrático e institucionalmente eficiente, acorde con los principios del federalismo mexicano. El que durante muchos años se polarizara el debate de la forma de gobierno del Distrito Federal en torno a la creación (o no) del estado 32, sin que el mismo se sustentara en una revisión del complejo marco jurídico federal, fue un obstáculo que parece haber desaparecido del debate partidario actual. Ahora es necesario analizar y actualizar cuáles son las competencias que le corresponden a los tres órdenes de gobierno; la federación, los estados y los municipios en el territorio del Distrito Federal.

Lograr concretar el objetivo de la reforma política es de fundamental importancia para avanzar en la transición e inaugurar una forma de gobierno democrático en la Capital de México. Pero el Gobierno de la Ciudad de México requiere también una profunda reforma institucional que permita otorgar mayor eficiencia y eficacia a la gestión del territorio y que garantice una adecuada calidad de vida para el conjunto de la población que habita la gran metrópoli.

Las tareas son muy complejas y deberá realizarse una propuesta de reforma al Gobierno de la Ciudad de México, desde y en el interior del federalismo, integrando la transformación del gobierno de la capital a las que reclaman los ámbitos de gobierno local, estatal y municipal, de la nación.

4. Un gobierno con perspectiva metropolitana:

En lo concerniente a la coordinación metropolitana -en especial con las autoridades del estado de México-, no puede decirse que el tema metropolitano ha estado ausente ya que desde hace tres décadas se crearon algunas formas de coordinación de tipo territorial y para el suministro de algunos servicios urbanos y de protección ambiental. Sin embargo, las mismas han estado lejos de garantizar una forma de gobierno eficiente y democrático para la ciudad metropolitana y no han logrado modificar la inercia de que la gran ciudad se gobierne desde la visión de la ciudad central, es decir, el Distrito Federal.

Su consideración en la próxima reforma es fundamental y deberá contemplarse la creación de órganos tanto normativos como ejecutivos, y que vislumbren acciones tales como la revisión de los órganos de gobierno para que respondan a las necesidades de toda la zona metropolitana; una homologación de legislaciones en todas las materias; y recursos etiquetados para atención de proyectos metropolitanos;

5. Descentralización y mayor nivel de autonomía a entidades del gobierno local.

La descentralización en el interior del aparato de gobierno del Distrito Federal es ineludible para gobernar este espacio megalopolitano con democracia y eficiencia. Pero descentralizar el Gobierno del Distrito Federal no es solo traspasar legalmente funciones y recursos del gobierno central a las delegaciones, sino que supone un complejo proceso, identificar diferentes etapas (delegación, desconcentración), así como revisar y modernizar el funcionamiento de toda la estructura burocrática. Se debe evitar el incrementalismo burocrático y las tensiones que provoca este proceso descentralizador entre los ámbitos involucrados y evaluar las capacidades locales en materia de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Por otra parte, descentralizar implica crear instancias de participación ciudadana que ejerzan funciones de supervisión y control porque se trata de descentralizar no solo recursos financieros sino sobre todo poder de decisión.

Actualmente, aunque la ciudadanía elija a su jefe, las delegaciones son órganos desconcentrados, que formalmente tienen asignadas tantas o más funciones de gestión del territorio local y de los servicios que los municipios, pero que no reciben recursos por conceptos de participaciones federales y tienen competencias muy limitadas para generar recursos propios (ejemplo, fideicomisos). Sin duda, las mayores posibilidades de construir una relación gobierno-ciudadanía más democrática están en estos espacios locales, pero para ello es necesaria una nueva institucionalidad.

6. Participación Ciudadana:

Otro de los temas pendientes es crear una nueva institucionalidad que contribuya a sentar las bases de una democracia social, participativa, vinculante, con real toma de decisiones, y para ello debe revisarse el modelo de participación contemplado en la legislación vigente.

La reforma al Distrito Federal no es solo una reforma política -entendida ésta como una reforma a la estructura funcional de gobierno de la capital-; implica también una reforma administrativa a los procesos ejecutivos de los bienes y servicios públicos; implica una reforma al sistema hacendario y a las finanzas de la capital, e implica una reforma al tercer ámbito de gobierno en la ciudad: las demarcaciones territoriales, desde la perspectiva no solo de la desconcentración administrativa, sino más importante, de la descentralización y autonomía de las unidades que actualmente denominamos delegaciones.

Cuán trascendente debe ser para todos los actores políticos el tema de la Reforma Política del Distrito Federal, que todos los partidos consideran un apartado especial en sus plataformas políticas locales en el que se aborda el tema.

Fue también un tema recurrente de la campaña para la elección a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, e incluso el jefe de gobierno electo (el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón) ha mencionado en distintos foros su interés porque durante su gobierno se pueda concluir de una vez por todas la reforma política para esta capital.

Por ende, y dado que es un tema de interés general, el mayor error que podríamos cometer a la hora de empezar a dar forma a estos trabajos, sería partidizar el asunto, excluir a alguna fuerza política representada en el Congreso o en la Asamblea, y no buscar, hasta las últimas consecuencias, que cada decisión encaminada a dar vida a esta reforma, sea el resultado del consenso de todos los partidos.

Es por ello que los trabajos para esta reforma deben realizarse con la participación de todos los grupos parlamentarios representados en cada una de las cámaras del Congreso y en la Asamblea Legislativa, y esta representación debe ser proporcional al número de integrantes con que cada grupo parlamentario cuenta en los mencionados órganos legislativos.

De tal modo, a través de esta proposición con punto de acuerdo se pretende la conformación de un grupo de trabajo denominado Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal, mismo que estaría integrado por diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados federales y senadores (todos ellos con voz y voto) de cada uno de los grupos parlamentarios representados en dichos órganos, en proporción al número de integrantes con que cuenten en los mismos.

Para determinar lo anterior, se propone que por cada grupo parlamentario haya un integrante, y uno más por cada diez puntos porcentuales superiores al diez por ciento de representatividad que tenga cada grupo parlamentario en cada una de estas cámaras y en la Asamblea. De este modo, se pretende guardar la proporcionalidad de representación de los partidos en estos órganos legislativos para que el peso específico de cada uno de ellos en la toma de decisiones sea un fiel reflejo de su representación electoral.

Además de estos legisladores, serán parte de este grupo de trabajo, con el carácter de observadores, un representante del gobierno federal y un representante del gobierno del Distrito Federal. Esto con el objetivo de que este grupo de trabajo cuente no solo con la visión de los legisladores, sino también de quienes ejercen la función ejecutiva local y federal.

Por supuesto que la visión de los especialistas y estudiosos del tema, no debe quedar aislada y si, por el contrario, debe ser valorada, por lo que se sugiere que esta mesa de trabajo se reúna, las veces que sean necesarias, con expertos en temas de la ciudad y en temas jurídicos.

Será el pleno de este grupo de trabajo el que determinará quién de sus integrantes presidirá los trabajos y quién fungirá como secretario, además de establecer un programa de trabajo y una calendarización de sus actividades.

El documento final se presentará al Pleno de la Cámara de Senadores como iniciativa con proyecto de decreto, por integrantes de la Comisión del Distrito Federal de aquella Cámara. La razón por la cual se propone que se presente al Pleno del Senado y no de la Cámara de Diputados, es exclusivamente dar certeza al trámite que se le dará al documento final, considerando que un principio del Senado es la representación de las entidades federativas, en el entendido de que dicho documento ya habría sido previamente analizado, discutido y consensado por los partidos políticos.

La conformación de este grupo de trabajo ya no debe ser visto como un intento más por retomar el tema de la reforma política del Distrito Federal; por el contrario, debe ser la herramienta base para concluir de una vez por todas el rediseño del funcionamiento de los poderes del gobierno en la capital del país.

Y la manera en que se propone la conformación de este grupo de trabajo, pretende que le demostremos a los ciudadanos, a quienes nos debemos, que sí somos capaces de poner nuestras coincidencias por encima de nuestras divergencias partidistas, y que esta IV legislatura de la Asamblea Legislativa, y LX legislatura del Congreso de la Unión, pudo concluir una reforma cuya finalidad esencial es darle a los habitantes de esta ciudad un gobierno capaz de generar bienes y servicios públicos que eleven la calidad de vida de los que aquí radicamos, sin detrimento de su calidad de capital del país.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LX Legislatura, se manifiesta a favor de la creación de la Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal.

Segundo.- La Cámara de Diputados hace una atenta invitación a la Cámara de Senadores del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a participar en la integración de la Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal, en los términos señalados en el numeral tercero de este punto de acuerdo.

Tercero. La Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un representante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y un representante de cada grupo parlamentario representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además, por cada diez puntos porcentuales superiores al diez por ciento de representatividad que tenga cada grupo parlamentario en cada una de estas cámaras y en la Asamblea, contará con un integrante más. Todos ellos tendrán derecho a voz y voto.

También serán integrantes de la mesa, con el carácter de observadores, un representante del gobierno federal y un representante del gobierno del Distrito Federal. De igual modo, la mesa se reunirá, las veces que considere necesarias, con los ciudadanos interesados en aportar propuestas para los fines de este grupo de trabajo.

Cuarto.- Será el pleno de este grupo de trabajo el que determinará quién de sus integrantes presidirá los trabajos y quién fungirá como secretario, además de establecer un programa de trabajo y una calendarización de sus actividades.

Quinto.- La Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal entregará un documento final en un plazo que no excederá de un año a partir de su creación. Este documento será presentado como iniciativa con proyecto de decreto al Pleno de la Cámara de Senadores por los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de aquella cámara, para seguir el trámite legislativo correspondiente.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INVESTIGAR LA INTERVENCIÓN DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y, EN SU CASO, SU VINCULACIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS DE CUALQUIERA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA EN PUNTA COLONET, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ULLOA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Diputado Emilio Ulloa Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante ésta LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de mis compañeros de bancada, ante ustedes, respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su relación con los artículos 50, fracción II; 58, fracciones I, II, III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea deliberativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice una investigación exhaustiva sobre la intervención de los particulares extranjeros en ocasión de la construcción de un puerto marítimo en la zona conocida como Punta Colonet, en el estado de Baja California.

Sustento mi exposición en las siguientes consideraciones de

Hechos

Como ustedes saben, Baja California tiene 230 kilómetros de frontera terrestre con los Estados Unidos de América y 1,380 kilómetros de frontera marítima con ese mismo país. En virtud de su enorme potencial económico en los sectores pesquero, turístico, agropecuario, minero y comercial y, desde luego, por su colindancia con el país militar más poderoso del mundo, Baja California es una entidad federativa codiciada por las grandes corporaciones comerciales.

Pues bien, a 130 kilómetros al sur del municipio de Ensenada, se encuentra Punta Colonet, un paraíso natural de 10 mil hectáreas de terrenos planos y un canal de navegación de 17 metros de profundidad. Es también el lugar ideal, para que se lleve a cabo una de las obras marítimas más ambiciosas de las últimas décadas: la construcción de un puerto de altura, un Centro Marítimo Multinodal, el más grande de México y el tercero más grande del mundo, sólo superado en capacidad por el de Singapur y Hong Kong, con una inversión de, por lo menos, 15 mil millones de dólares.

El proyecto marítimo de Punta Colonet, pretende construir una terminal de contenedores, con una capacidad inicial de manejo de un millón de TEU anual, que se incrementará a 6 millones de contenedores en un plazo de 5 años, posteriores al inicio de su puesta en marcha. El destino final de la carga será principalmente Estados Unidos.

El gobernador de California Arnold Schwarzenegger, ha propuesto un sobre costo de 60 dólares de impuesto por cada contenedor que se movilice desde los puertos de Long Beach y Los Ángeles, lo que de concretarse, afectará la competitividad y los exportadores buscarán opciones para llevar su carga al interior de Estados Unidos, lo cual fortalecerá el proyecto de Punta Colonet.

Los puertos de Long Beach y Los Ángeles manejan el 40% de toda la carga que llega a Estados Unidos y el 80% de las importaciones de Asia. La congestión de la carga es el principal problema de ambos puertos. El año pasado manejaron 14.2 millones de TEU. En el año 2004, 50 naves provenientes de Asia con 75 mil contenedores a bordo, estuvieron fondeadas hasta 6 días en el mar. Un barco parado cuesta 50 mil dólares al día.

La fuente mayor de contaminación del aire de Wilmington y San Pedro California, es la operación portuaria de los barcos, camiones y locomotoras, así como de las aguas negras, pinturas tóxicas y especies invasivas, despedidas por las embarcaciones, ensucian las bahías y arruinan la pesca. A pesar de su marcado interés por la defensa del medio ambiente, California, no sabe cómo cubrir los altos costos de la salud pública ocasionada por los puertos.

Cesar Patricio Reyes Roel, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, durante el Tercer Congreso Portuario, organizado por la Asociación Nacional de Terminales Marítimas (ANTMP) informó que ya existe un comité ejecutivo que se encargará de sentar las bases de licitación, que estarán listas en el mes de noviembre para dar inicio al proyecto portuario de Punta Colonet en Ensenada, donde se prevé que a más tardar en cuatro años, esté construida una parte de las escolleras y el dragado, además de un par de posiciones de arranque para manejar medio millón de contenedores, el primer año.

En Punta Colonet se pretende desarrollar no sólo el puerto de cabotaje y altura, sino también una planta regasificadora y una planta de generación de energía eléctrica de exportación de 600 MGW de exportación, y la construcción de una vía ferroviaria de Ensenada a la frontera con Estados Unidos y un aeropuerto internacional de carga. Todos los proyectos en su conjunto alcanzarían una suma aproximada de 9 mil 200 millones de dólares. Las firmas ferroviarias que tendrían capacidad e interés en el negocio que significa la carga de Punta Colonet son Union Pacific (UP) y Burlington Northern Santa Fe (BNSF), pues son quienes darían el acceso terrestre a EU a millones anuales de contenedores.

El consorcio chino Hutchison Port Holdings (HPH), opera actualmente los cuatro puertos más importantes del país: Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada. La SCT aprobó que el costoso estudio de factibilidad e ingeniería de Punta Colonet, lo realizara el Consorcio Mundial de Construcción y Servicios CH2M HILL Managed Services, con cargo a la cartera de HPH, lo cual ha levantado protestas de operadores portuarios, europeos y estadounidenses por preasignar un proyecto que debe ser abierto y transparente.

Esta compañía ha adquirido 115 hectáreas en el lugar donde se construirá el puerto. HPH es subsidiaria de Hutchison Whampoa Ltd, con sede en Hong Kong que es propiedad del hombre más rico del territorio, Li Ka-Shing y ofrece servicio de telecomunicaciones, minoristas y portuarios en cinco continentes.

Según el diario Los Angeles Business Journal, citando un estudio confidencial del puerto de Los Angeles, en su quinto año de operación Punta Colonet tendrá una capacidad para mover más de 6 millones de contenedores anuales.

Esa cantidad es casi cuatro veces más de lo que actualmente moviliza el transporte marítimo en México. La idea es reducir la asimetría con Estados Unidos que transporta más de 21 millones de contenedores (25 puertos), frente a los 1.7 millones que mueve México a través de sus 23 puertos comerciales.

Asimismo, dicho diario puntualiza la superficie susceptible de industrializar en 5 mil hectáreas de terrenos planos, donde se podrían ubicar además de los servicios para el puerto

Pero Punta Colonet podría ser una alternativa más apetecible aún: sólo 300 kilómetros la separan con el vecino país, frente a los 600 que median entre el puerto de Lázaro Cárdenas y la ciudad de Houston, Texas.

En Punta Colonet la carga pasará a manos del mayor operador estadounidense de trenes de carga, la Union Pacific, que tiene una red instalada en 23 estados de la Unión Americana y además de resolver un problema ecológico en ese país, México podría ofrecer un ahorro promedio de 30% en el costo del flete de la carga proveniente de Asia, comentó Adrián Aguayo, gerente general para México de la naviera CMA CGM, la quinta mayor porta contenedores del mundo.

Agregan que: Ya hay un inversionista interesado en su construcción y proyecto (HPH). Que además detonaría inversiones por otros 2 mil millones de dólares adicionales.

El escrito señala, además, que ya existe una carta de intención para construir una planta generadora de energía con capacidad de 600 MVV, la cual demandaría una inversión de 500 millones de dólares, así como dos proyectos de regasificadoras de gas natural que implicarían 1,200 millones de dólares más.

Por su orografía, los 300 kilómetros que conectarían a Colonet con la frontera de Mexicali y Caléxico, California, sólo enfrentarían complicaciones en una décima parte del camino donde hay sierra. Desde ahí se enlazaría al sistema ferroviario estadounidense.

El Proyecto Punta Colonet se encuentra en marcha.

En mayo del 2005, el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walter, visitó las instalaciones portuarias en Hong Kong del mayor operador mundial de terminales marítimas, la Hutchinson Port Holdings, y ahí firmó un acuerdo para la evaluación del proyecto.

Según el estudio mencionado por el diario Los Angeles Business Journal, Hutchinson Port Holdings, HPH, es el supuesto candidato elegido para desarrollarlo y el mayor operador mundial que ya tiene actividad en cuatro puertos mexicanos: Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Veracruz. Union Pacific, socio de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), podría ser el segundo inversionista en importancia.

De acuerdo a la publicación The Business Times, la congestión crónica de los puertos de Los Angeles y Long Beach, podría pronto relanzar a puertos mexicanos, con la ayuda de Hutchison Port Holdings (HPH), para obtener de los puertos norteamericanos de la costa oeste, una parte de los 200 millones de dólares en carga contenerizada anual, según lo establece el estudio confidencial revelado por una nota informativa fechada en Singapur a finales de la semana pasada.

En el subtítulo de la información se cita que México cuenta con un plan de desarrollo secreto para aprovechar la coyuntura de congestionamiento y huelgas de los puertos norteamericanos de la costa oeste- puntualiza.

Un informe confidencial del puerto de Los Angeles, citado por dicha publicación, dice que grandes importadores como las tiendas Wal Mart y Costco Wholesale Corporation están planeando construir almacenes y centros de distribución en las inmediaciones del puerto mexicano de Lázaro Cárdenas y en el puerto de Punta Colonet.

De acuerdo a The Business Times un jugador clave en este cálculo es Hutchison Port Holdings, con base en Hong Kong, quien actualmente opera instalaciones dedicadas al movimiento de contenedores en cuatro puertos mexicanos y busca además, desarrollar a Punta Colonet, de acuerdo con el reporte del puerto de Los Angeles, señala The Business Times. Los planes de desarrollo, añade esta publicación, permanecen aún en la reserva y se identifican bajo el nombre clave de "Tomás".

Según la misma publicación, se entiende que parte de los planes podrían incluir una asociación entre Hutchison y el operador ferroviario Union Pacific Corp., para tender vías ferroviarias hacia un punto de transferencia en Yuma, Arizona.

Hutchison Port Holdings (HPH) enfrenta problemas legales en México y prácticas mercantiles sospechosas. No ganó la concesión para operar la terminal de contenedores de Lázaro Cárdenas. El concurso fue ganado por la Controladora y Operadora de Terminales (COT), de Francisco López Barredo y Arturo López Riestra, quienes al mes de haberse adjudicado la cesión, vendieron 51% de las acciones a HPH, que también había perdido el concurso por una diferencia de 1%.

El 24 de octubre del presente año, la Séptima Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad promovido por Stevedoring Services of América (SSA) a través de TMM Puertos y Terminales, en el expediente 18281/03-07-4, concedió la suspensión definitiva de la ejecución del fallo decretado el 4 de abril del 2003, mediante el cual se declara ganador del concurso a Controladora y Operadora de Terminales (COT) para que se le asigne el contrato parcial de derechos para operar la Terminal especializada de contenedores.

Stevedoring Services of America (SSA) es el grupo número 10 a nivel internacional y en México tiene las concesiones de los puertos de Manzanillo, Veracruz, Acapulco, Progreso y Cozumel.

Actualmente la SCT le canceló los permisos para el desarrollo de su terminal internacional de cruceros en Cozumel, debido a supuestas deficiencias técnicas, que el gobierno mexicano ha utilizado para presionar a dicha compañía, por su postura ante HTH y por su asociación con el Grupo Minero de Baja California, (GMBC) a quien el gobierno mexicano le entregó en el año 2005 un concesión por 30 mil hectáreas para la explotación de magnetita y titanio, donde se incluye el derecho de 3 mil hectáreas de mar frente a Punta Colonet, en el mismo lugar donde se pretende construir el puerto. Dicha concesión tiene 50 kilómetros de costa y 15 kilómetros, mar adentro y abarca las localidades de Punta Colonet, Punta San Telmo, San Antonio del Mar y Punta Eréndira.

A sabiendas de la existencia de esta concesión otorgada por el actual gobierno y sin ningún acuerdo de por medio, se emitió y publicó el decreto presidencial para habilitar un puerto en la Bahía de Punta Colonet, lo cual generó de inmediato controversias de carácter legal.

El GMBC, el 27 de agosto pasado interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que se haga respetar el título de concesión que se les otorgó el 25 de mayo del 2005, para la explotación y exploración minera del subsuelo marítimo. GMBC y SSA constituyeron la firma Baja California Puerto Enterprise (BCPE), la cual propone conceder dos terceras partes del espacio solicitado para el puerto (2 mil 400 hectáreas) para 21 posiciones de atraque, a condición de que en las 600 hectáreas restantes, sea la BCPE, quien opere un espigón donde puedan atracar hasta nueve barcos, lo cual fue rechazado por el propio Pedro Cerisola, titular de la SCT, pues no acepta la ingerencia de la firma estadounidense, a la cual acusa de tener "secuestrado" el proyecto de Punta Colonet y manipular a su socio mexicano. La negativa del gobierno mexicano a la participación de Stevedoring Services of América SSA, es porque tiene la seguridad, de que al ser la principal operadora de la carga en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, lo menos que quieren es desarrollar Punta Colonet.

Francisco Tagliapietra, secretario de Desarrollo Económico de Baja California, asegura que además de Hutchison otras navieras asiáticas, europeas y estadunidenses están interesadas en construir el megapuerto. "Al menos son cinco navieras con las que hemos platicado", agrega.

Los abusos por parte de HPH no se han hecho esperar. Por ejemplo en Veracruz, donde opera este consorcio, su voracidad ha llevado a las empresas mexicanas Almacenadora Golmex, CIF Almacenajes y Servicios y RICSA a interponer una investigación ante la CFC bajo el expediente DE-33-2004 en noviembre del año 2004.

La denuncia obedece a la imposición de un complejo mecanismo tarifario que obliga a los usuarios de la terminal especializada de contenedores en Veracruz a contratar con Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (Icave), propiedad de HPH, todas las maniobras del barco al patio y hasta la salida de los contenedores a los camiones o ferrocarril para su traslado al destino final.

Rafael Escasán, director general de Almacenadora Golmex, detalla que la estrategia clave para sacar del mercado al resto de las empresas fue elevar, desde agosto pasado, de 145 dólares en promedio a 310 dólares las tarifas. "El mecanismo que menciona es muy sencillo: si el movimiento del contenedor, desde su desembarco a su salida, se contrata en paquete con Icave, cuesta la tarifa anterior, pero si el usuario decide contratar con otro operador, entonces se impone el nuevo cobro."

En un acto de arrogancia, quizá ante conflictos que avizoran en Punta Colonet, durante la Conferencia Americana de Puertos Industriales en Panamá, a la que asistieron directivos y funcionarios del sector procedentes del continente americano, así como invitados de otras partes del mundo, ante unos 250 representantes de puertos de diversas latitudes, Michael Powers, director ejecutivo en México del mayor operador portuario del mundo, Hutchison Ports Holding, destacó que el sector mexicano de puertos presenta un panorama negativo.

A pesar de que Hutchison es también el principal operador portuario en México, Powers hizo un balance en el que estableció que en el país hay dificultades para la inversión, así como falta de competitividad y predominio de la inseguridad jurídica.

Powers pidió que las autoridades portuarias de México efectúen asignaciones directas para las operaciones con el fin de terminar con lo que llamó el lastre que significan los concursos públicos o licitaciones.

A algunos empresarios portuarios de México les llamó la atención el comentario público de Powers, que tiene lugar en momentos en que las autoridades del sector han hecho todo lo posible por favorecer la entrada de Hutchison al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, aún en desacato a un fallo del Tribunal Fiscal, lo cual, debería conducir, en teoría, a la aplicación de sanciones penales y administrativas.

Los presentes dicen que se escucharon comentarios en el sentido de que no es posible que Hutchison esté pateando el pesebre, más cuando en la conferencia, según la convocatoria, se trataba de analizar las posibilidades de inversión en el sector portuario de América Latina. ¿Será que Powers quiere espantar a sus potenciales competidores?

En este contexto, el gobernador Eugenio Elorduy anunció la creación de un consejo consultivo para darle transparencia a la licitación de la obra portuaria, pero no informó, quienes eran los integrantes del mismo. Al mismo tiempo, declara que el gobierno del estado está dedicado sólo a la licitación del puerto y del ferrocarril y se deslinda de cualquier negocio ligado a la especulación con los terrenos de la zona.

Lo que realmente me preocupa, es que este tipo de obras se traten de llevar a cabo, ahí sí, con todos los recursos del Estado, mientras las condiciones de miseria y marginación, de los poblaciones aledañas al proyecto, se mantienen, a lo mejor con el inconfensable deseo de que dichos habitantes terminen por ser los sirvientes de los grandes empresarios que, sin duda alguna, se asentarán en la región.

Como podrán apreciar, señores Legisladores, estamos frente a una obra portuaria de magnitudes incuantificables, que tendría una repercusión no sólo en el ámbito local de su construcción, sino también en toda la región y, por supuesto, en el país. No quisiera imaginarme los efectos que va a tener en todos los aspectos económicos, sociales y culturales de la península de Baja California la construcción del puerto de Punta Colonet. Semejante obra de infraestructura que, lastimosamente, cuesta decirlo, obedece más a las necesidades del vecino país que del nuestro, va a cambiar radicalmente la vida de cientos de miles de mexicanos, por lo que esta soberanía no puede, ni debe, ni tiene porqué estar marginada de los procesos jurídicos y sociales que se han instrumentado para tal efecto.

Es una cuestión que rebasa con mucho los estrechos márgenes locales de la entidad federativa y se inscribe en un fenómeno de consecuencias nacionales y, desde luego, va a impactar de manera significativa nuestras relaciones marítimas comerciales, con un vecino país el cual, como nos consta a todos, se cree el mayor gendarme del mundo y es, en la práctica, el mayor genocida mundial, invasor de países, consumidor insaciable de nuestro petróleo y con una obsesión enfermiza por la amenaza del terrorismo. Conociendo la dudosa honestidad de funcionarios federales, estatales y municipales, no quisiera imaginarme la posibilidad de que un día se trasieguen sustancias peligrosas o armas de destrucción hacia el territorio de los vecinos del norte, a partir del puerto de Punta Colonet, y se quiera, con ese pretexto, involucrar a México como el trampolín de terroristas, aunque como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, son la causa de lo mismo que culpáis. Nos consta que los gringos son capaces de todo, con tal de atacar a sus odiados enemigos terroristas. Si tuvieron la desfachatez ilegal de invadir dos países que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, qué no harían en un país vecino.

En virtud de lo anterior, es que someto a consideración de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, para que se solicite al titular del Poder Ejecutivo federal realizar una investigación exhaustiva sobre lo aquí expuesto en el proyecto del puerto en Punta Colonet, Baja California, a efecto de que se realice un seguimiento transparente del mismo y, en su momento, salvaguardar los intereses nacionales y de las comunidades locales, los cuales no pueden estar por debajo de los intereses extranjeros que se advierten en el cuerpo de la presente exposición.

Asimismo y por considerarlo de urgente y obvia resolución, toda vez que dicho proyecto marítimo entraña serios peligros para la seguridad nacional y de cientos de miles de mexicanos, no obstante sus beneficios, solicito a esta soberanía que se vote en este mismo instante este proyecto de proposición con punto de acuerdo, para los efectos de su eventual aprobación.

Punto de Acuerdo

Primero.- La LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que se lleve a cabo una exhaustiva y transparente investigación sobre la intervención de los inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno y se resguarden los principios de legalidad, equidad, imparcialidad y transparencia en todo lo relativo a la construcción de un puerto de cabotaje y altura en las zona denominada Punta Colonet, en el estado de Baja California.

Segundo.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal de Baja California, para que envíe por escrito y a la brevedad que las circunstancias permitan, un informe justificado de la participación de ese poder público en todo lo relativo a la construcción de un puerto de altura en la zona denominada Punta Colonet, en esa entidad federativa, para los fines precisados en el anterior apartado.

Dado en el recinto del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, a los diez días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputado Emilio Ulloa Pérez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO ADOLFO RÍOS CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en las siguientes

Consideraciones

La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución educativa con mayor tradición académica y cultural del país. Su historia está ligada a la evolución de nuestra vida republicana. Por ello, es una universidad que refleja meridianamente los principios de la educación científica, laica, democrática e indispensablemente vinculada a las necesidades sociales, económicas y culturales del desarrollo del país.

Por siglos, además de recrear la identidad nacional y fomentar nuestro crecimiento, la UNAM se ha constituido como un valioso medio de permeabilidad social, contribuyendo al progreso individual y social constante, mediante la herramienta más sólida que puede anhelar cualquier sociedad, que es la educación universal y científica de las nuevas generaciones.

Es una de las instituciones más antiguas del mundo, toda vez que se funda en 1551, como la Real y Pontificia Universidad de México. En 1910 se refunda y adquiere el nombre con el que la identificamos orgullosamente hasta ahora. Por sus aulas, además de millones de ciudadanos, se han formado también los más ilustres personajes de las ciencias, las humanidades, la cultura y las artes de México y de América Latina. Ejemplo de ello es que los tres mexicanos que han ganado el Premio Nobel han pasado por sus aulas: Alfonso García Robles, Nobel de la Paz en 1982; Octavio Paz, Nobel de Literatura en 1990 y Mario Molina, Nobel de Química en 1995.

El esfuerzo constante de la comunidad universitaria, el ejercicio responsable de la autonomía, la libertad de cátedra y de investigación, además del apoyo de todo el país para mantener su financiamiento y el respaldo a sus importantes responsabilidades, ha logrado una institución pionera en la investigación en campos científicos como la genómica o la ecología y en disciplinas humanísticas y sociales como la filosofía de la ciencia y los estudios regionales, sin dejar de lado la ingeniería, la arquitectura, la medicina, el derecho o la ciencia política, entre otras.

Desde el año anterior, varios análisis internacionales, mencionaron a la UNAM entre las 500 mejores universidades del mundo y entre las 5 mejores de América Latina. Esta feliz noticia se complementó con el anuncio de la propia Universidad de haber logrado la certificación al 100% de todos sus procesos con la norma internacional ISO-9000, siendo la única institución con este mérito y con un compromiso tan relevante de abordar con determinación la mejora cualitativa de su gestión administrativa y académica.

Consecuentemente con este renovado impulso, que le permite superar varios años de sombras y dudas, la UNAM vuelve a poner en alto el nombre de México y el acierto del Estado de mantener un sistema de universidad pública, que atienda tanto la cobertura como la calidad y el acceso universal para todos los mexicanos.

Este mes, el periódico inglés The Times publicó una clasificación internacional en donde la UNAM es una de las 100 mejores instituciones universitarias del mundo y el lugar 20 entre las de excelencia en artes y humanidades.

Cabe mencionar que se estima que en el mundo existen más de 9 mil instituciones de educación superior, con lo que queda sobradamente demostrado el destacado lugar de la UNAM.

La UNAM se homologa con instituciones de excelencia de Estados Unidos y de Europa, constituyendo una de las pocas universidades públicas en lograrlo.

Este reconocimiento, demás de mover al legítimo orgullo nacional, nos lleva a refrendar el compromiso del Poder Legislativo de apoyar plenamente su operación y toda iniciativa tendente a fortalecer su importante papel para el desarrollo nacional. La UNAM está ligada a nuestra historia, es un componente indiscutible de nuestro presente y el futuro de México no podrá prescindir de su presencia y aportación.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma al reconocimiento internacional hacia la Universidad Nacional Autónoma de México como una de las 100 mejores instituciones educativas del mundo y la número 20 en excelencia en el campo de las artes y las humanidades.

Asimismo, refrenda su compromiso con el apoyo invariable a la educación pública y con su fortalecimiento permanente, para consolidarla como eje del crecimiento, el desarrollo y la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a diez de octubre del año dos mil seis.

Diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica)
 
 

El que suscribe, diputado federal Nemesio Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta excitativa, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión celebrada en el honorable Senado de la República el 6 de abril del 2006, la senadora Silvia Asunción Domínguez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione una partida presupuestal al Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, en Programas Especiales, en el Ramo 09, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Programa de Vinculación Puerto-Ciudad.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados.

El oficio fue recibido en esta honorable soberanía el 18 de abril de 2006, y la iniciativa no llegó a dictaminarse por la anterior legislatura.

Consideraciones

La iniciativa destaca que el gobierno federal, como establece la Constitución, debe promover la planeación y ejecución de programas destinados a impulsar el desarrollo con el fin de elevar la calidad de vida de los mexicanos.

Que en el caso del desarrollo regional, los recursos destinados para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados y los municipios debe considerar las prioridades de las zonas, así como el aprovechamiento de sus recursos naturales, su infraestructura y su patrimonio cultural, a fin de lograr que la utilización, uso y aprovechamiento de dichos recursos logre una vinculación y coordinación más estrecha entre los niveles de gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos.

Que en el caso específico que da origen a la presente iniciativa, la intención es llevar los beneficios del desarrollo a las ciudades que albergan los puertos de nuestro país. Por ello se hace necesario diseñar una serie de acciones y programas que atiendan un crecimiento equitativo entre la actividad floreciente de los puertos y las ciudades muy depauperadas en donde éstos se asientan. Hoy las ciudades portuarias constituyen complejas estructuras urbanas, cuyo sano desarrollo requiere acciones específicas que contribuyan a la integración del puerto y la ciudad.

Que el crecimiento de las actividades marítimo-portuarias ha provocado un importante incremento en el uso de la infraestructura urbana, particularmente la consistente en accesos y vialidades carreteras y férreas que comunican los puertos con los lugares de origen o destino de los productos manejados, a la vez que ha determinado un aumento de la demanda de los servicios prestados por los municipios en los que operan puertos, entre los cuales destacan los de seguridad y vigilancia, de alumbrado público, de suministro de agua, de drenaje, etcétera.

Que los puertos y las empresas que operan en ellos utilizan directa e indirectamente servicios e infraestructura municipal, sin contribuir suficientemente a cubrir sus costos de operación e inversión, además de que generan desgaste a la infraestructura, una mayor demanda de servicios urbanos y efectos negativos en la vida urbana como son congestionamientos viales y la contaminación ambiental.

Que este beneficio apoyará de manera muy importante la realización de los programas de desarrollo y operación de la infraestructura urbana; vinculada con las actividades marítimo-portuarias; la ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios municipales; lograr una relación puerto-ciudad más sana y armoniosa; y el fortalecimiento del federalismo en beneficio de las comunidades asentadas en los litorales del país.

Consideramos que es necesario hacer llegar más recursos a las ciudades portuarias; la falta de un presupuesto específico para atender las múltiples carencias de nuestra población es evidente; por ello esta propuesta debe estar dentro de las prioridades y objetivos nacionales, sobre todo por ser un asunto ligado a la soberanía nacional y a la actividad productiva de los puertos y su relación con los mercados internacionales.

Compañeras y compañeros diputados:

La urgencia al solicitar esta excitativa en torno a la iniciativa presentada por la entonces senadora Silvia Asunción Domínguez es, en primer lugar, porque ya se está conformando por parte del Ejecutivo la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo ejercicio, que muy pronto discutiremos en esta soberanía, pero sobre todo porque conocemos muy de cerca las profundas desigualdades que se dan entre las zonas portuarias y los municipios que circundan a estas zonas.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos la siguiente

Excitativa

Única: En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los artículos invocados en la presente, solicito se sirva excitar e instruir a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que consideren como asunto prioritario para incorporarlo en su agenda legislativa y se dictamine a con la mayor la brevedad la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal -en los Programas Especiales correspondientes al Ramo 09, relativos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes- al Programa de Vinculación Puerto-Ciudad, y que se informe de esta excitativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Señor Presidente, solicito que se incorpore en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa en comento.

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica)
 
 

He pedido la palabra para dirigirme a ustedes en ésta, la máxima tribuna de la nación, pues octubre es un mes muy especial para los quintanarroenses, ya que el pasado 8 nuestro estado libre y soberano cumplió 32 años de vida, desde su fundación como tal.

Quintana Roo fue primero un territorio federal cuya existencia decretó el General Porfirio Díaz, en 1898. Tres cuartos de siglo después, simultáneamente a Baja California Sur, se convirtió en el estado 31 del Pacto Federal mexicano.

Zona aislada y sombría durante casi dos décadas de porfiriato, Quintana Roo dio paso a hombres y a mujeres, a principios del siglo XX, para explotar nuestra selva en calidad de chicleros, madereros y comerciantes, quienes apostaron todo a una tierra más conocida y codiciada por los ingleses que por los propios mexicanos.

Más comunicada por aire y por mar que por tierra, Quintana Roo abrió poco a poco su imaginación y su desarrollo hacia el turismo a mediados del siglo XX. Paralelamente, el comercio internacional y las corrientes migratorias de todo el país hacia una nueva tierra prometida nos vincularon más a México al resto del mundo.

Nuestra población y nuestras necesidades de convivencia social con autonomía política crecieron para el último tercio del siglo XX y, por esa razón, entre otras, fue necesario constituir un nuevo estado.

Como todos los demás estados mexicanos, Quintana Roo tiene una historia épica, que incluye huracanes, guerras de castas, crisis económicas, etcétera, pero también una historia real de trabajo, de esfuerzo y de talento que suscriben a diario más de 1 millón de hombres y de mujeres nacidos ahí en una tercera parte, mientras que las otras dos terceras proviene de todos los estados que ustedes representan dignamente en la honorable Cámara de Diputados. Otro tanto nació en más de 50 países. Y para sorpresa del ciudadano común y del especializado en antropología, en Quintana Roo las más de 60 etnias mexicana aún vivientes tienen representación de norte a sur y de isla a isla en el también llamado "Estado de la tercera frontera mexicana".

Por eso hoy he querido llamar la atención de todos ustedes, este 8 de octubre de 2006, pues es importante decirles que no todo es turismo en Quintana Roo.

También hay una parte humana y republicana, que es emblemática y que nos une a todos en ese estado, que es paraíso para sus habitantes y promesa de desarrollo para la nación.

México y una parte del mundo están representados en sangre y vida, en formas de hablar y de pensar, en religiones, en tradiciones y costumbres, y -lo más importante- en un sentimiento de pertenencia, por cada uno de esos ciudadanos a los que representamos aquí, en la LX Legislatura, un diputado y tres diputadas federales.

Compañeras y compañeros legisladores: en esta fecha de orgullo cultural y fraternidad republicana quiero decirles que Quintana Roo será siempre, por vocación histórica y por su origen federalista, la casa de la costa caribeña de todas y de todos los mexicanos.

¡Enhorabuena, Quintana Roo!
 
 

A la primera reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 8 horas, en la sala de juntas de la Comisión, situada en el edificio F, segundo nivel.

Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

A su reunión de instalación, que se efectuará el martes 10 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 9 horas, en el salón A del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A su reunión de instalación, que se efectuará el martes 10 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su reunión de instalación, que se efectuará el martes 10 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

A su reunión de instalación, que se realizará el martes 10 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón D del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

A su reunión de instalación, que se realizará el martes 10 de octubre, a las 10 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

A su reunión de instalación, que se realizará el martes 10 de octubre, a las 11 horas, en el salón C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A los integrantes de la comisión miembros del Grupo Parlamentario del PRD, a su reunión-comida, que se llevará a cabo el martes 10 de octubre, a las 15 horas, o al término de la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, el el edificio G.

Atentamente
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

A su sesión de instalación, que tendrá verificativo el martes 10 de octubre, a las 18 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 11 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA

A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre, a las 9 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 11 de octubre, a las 9 horas, en el salón de protocolo situado en el edificio A, planta principal.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 11 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

A su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 10 horas, en el auditorio del edificio H.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

A su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 10 horas, en la zona B del edificio G.

Atentamente
Diputado Carlos Ernesto Navarro López
Presidente
 
 
 

DE LA COMSIÓN DE COMUNICACIONES

A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre, a las 10:30 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el edificio A, segundo nivel.

Orden del Dïa

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 11 de octubre, a las 12:30 horas, en el salón C del edificio G.

Atentamente
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA

A su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 13 horas, en el salón Legisladores, situado en el edificio A, segundo piso.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

A su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 11 de octubre, a las 13 horas, en el salón B del edificio G.

Atentamente
Diputado Armando Enríquez Flores
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES

A su reunión de instalación, que se efectuará el miércoles 11 de octubre, a las 13 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A su segunda reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre, a las 13:30 horas, en el salón D del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 11 de octubre, a las 15 horas, en el salón E del edificio G.

Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión plenaria y de instalación, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 8:30 horas, en las oficinas de la comisión, situadas en el edificio D, cuarto nivel.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

A su reunión de instalación, que se verificará el jueves 12 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión de instalación -y primera de trabajo-, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE TURISMO

A su reunión de instalación, que se efectuará el jueves 12 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día