El que suscribe, diputado José Antonio Muñoz Serrano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
I. Durante el periodo comprendido entre 1942 y 1964 se calcula que aproximadamente cuatro millones y medio de mexicanos fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas y en la construcción de vías en dicho país.
A los ex braceros, como se les ha conocido desde entonces, se les estuvo descontando durante esos años el diez por ciento de su salario, en calidad de fondo de ahorro, lo anterior tras la firma de un tratado entre México y Estados Unidos, que tuvo lugar bajo las presidencias de Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt, respectivamente.
Sin embargo, como ya todos saben, aunque el dinero producto de la retención fue depositado en el desaparecido Banco Nacional de Crédito Agrícola; éste nunca se entregó a los jornaleros cuando regresaron a México, situación a todas luces injusta para quienes hicieron grandes sacrificios al abandonar su tierra y a sus familiares en la búsqueda de mejores condiciones de vida para los suyos.
II. Con el propósito de dar una solución justa a los braceros o a sus legítimos beneficiarios y como resultado de diversas reuniones entre las organizaciones de los ex trabajadores y autoridades tanto ejecutivas como legislativas se aprobó por el Congreso de la Unión la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.
Este fideicomiso tiene por finalidad otorgar un apoyo económico a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos durante los años de 1942 a 1964, de acuerdo con los procedimientos y reglas de operación que la propia ley establece.
El patrimonio inicial del fideicomiso en comento se constituyó mediante los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento que le dio vida, podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, durante el lapso de cinco años contados a partir del inicio de sus actividades o, por menor tiempo, en caso de que se haya cumplido con el fin objeto de creación.
III. Si bien los recursos aportados por el fideicomiso para los ex trabajadores migratorios han contribuido a reparar en parte la situación de injusticia social que prevalecía hasta antes de 2005, lo cierto es que estas aportaciones aún son insuficientes para dar una solución satisfactoria y total a las legítimas demandas de quienes trabajaron gran parte de su vida en Estados Unidos.
De igual forma, aunque el patrimonio del fideicomiso también puede incrementarse con los productos financieros que se generen por la inversión y administración de los bienes con que cuenta el fondo, así como por otros conceptos señalados por la ley, los ingresos que se generen por dichos rubros no serán suficientes para que en el periodo de vigencia del fideicomiso se alcance a cumplir con el objetivo de apoyar dignamente a los ex braceros y a sus beneficiarios.
Por tal motivo, considero que es un acto de justicia y de responsabilidad social que esta Cámara de Diputados, como representante de la ciudadanía, se involucre activamente en la solución de esta problemática y realice las gestiones necesarias ante el titular del Ejecutivo para aumentar los recursos presupuestales que se destinen al pago de adeudos a los trabajadores migratorios.
De esta forma, contribuiremos a mejorar la calidad de vida de quienes sólo reclaman lo que legítimamente les corresponde.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Gírese respetuoso oficio al titular del Ejecutivo para que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere la inclusión de una partida presupuestal destinada a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL DE ESTA SOBERANÍA A INVESTIGAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN
OTORGADA AL GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, A CARGO DEL DIPUTADO
CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo con el artículo décimo segundo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a las Comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social para que se investiguen las condiciones del otorgamiento de la concesión de parte del Sistema Aeroportuario Mexicano, a fin de determinar los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, encargada de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos, el cumplimiento dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La privatización del sistema aeroportuario mexicano no sólo no ha cubierto las expectativas sino que le ha costado y le seguirá costando a los mexicanos, ya que la creación inicial de empresas fue pagada con presupuesto federal; se paga a los concesionarios millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología y por el solo hecho de tener la concesión reciben el 1 por ciento de comisión por venta de combustible.
Los cambios en materia de depreciación otorgaron a los concesionarios, por concepto de devolución de impuestos, casi lo suficiente para cumplir con sus compromisos de inversión en el año 2002.
Igualmente significó, por la entrega de la recaudación por concepto de uso de aeropuerto o TUA, pérdidas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por miles de millones de pesos, por este cobro ahora entregado a los españoles.
Al otorgarse las concesiones no se incluyeron en los paquetes los aeropuertos menos desarrollados y no se ha invertido lo comprometido ni en montos ni en tiempos, ni hay señales de modernización. En todo caso, no hay autoridad que se responsabilice de la observancia del cumplimiento de los compromisos contraídos por el operador.
Por otra parte, hasta la fecha se ha recortado el 50 por ciento del personal que laboraba en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, contraviniendo el compromiso de generar nuevos empleos.
A la suma de irregularidades habrá que agregar que no se pagan las contribuciones locales, como derechos de conexión e impuesto predial; tan sólo al municipio de Tijuana se le adeudan más de 120 millones de pesos por este concepto, al negarse el Grupo Aeroportuario del Pacífico a pagar dicho impuesto, originándose un litigio que se ventila en un juzgado de distrito local.
Una muestra más del manejo poco claro de los aeropuertos concesionados lo acredita el hecho de que el Grupo Aeroportuario Mexicano ha presionado y amenazado a los locatarios (cortando el servicio de energía eléctrica y obstruyendo las entradas a los negocios), e intenta aumentos de hasta el 500 por ciento en los arrendamientos; propició más de 60 juicios civiles, mercantiles y penales en contra de los locatarios para someterlos y obligarlos a que desalojaran o firmarán contratos de arrendamiento leoninos; provoca la competencia desleal, promueve juicios en Guadalajara y la Ciudad de México para afectarlos económicamente.
A meses de haber obtenido la concesión, el director comercial del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el español Carlos Porrón, amenazó a los comerciantes del aeropuerto de Tijuana, alardeando de las múltiples y cercanas relaciones con autoridades en todos los niveles de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Aunque en el aeropuerto de Tijuana están operando cerca del 90 por ciento de los comerciantes originales, debido a la defensa que han hecho de su patrimonio, no se puede decir lo mismo de los aeropuertos de La Paz, Mexicali, Puerto Vallarta y Guadalajara, en los cuales más del 60 por ciento de los comerciantes mexicanos has sido desalojados para dar paso a franquicias españolas y norteamericanas.
En abierta violación a la Ley de Símbolos Patrios se llegó al extremo de tener sin la Bandera Nacional el aeropuerto de Tijuana durante casi 5 años, hasta que se colocó, por la presión de la anterior legislatura ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En el caso particular del ex administrador del aeropuerto de Tijuana, Guillermo Villalba Morales, a raíz de una denuncia penal por despojo en su contra por parte de un locatario del aeropuerto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tuvo que negociar el retiro de los cargos a cambio de una indemnización de un millo 695 mil 495.04 dólares. Como premio por intimidar y desalojar locatarios, esta persona fue enviada a administrar el aeropuerto de la Paz, Baja California Sur.
Hasta la fecha ha sido claro que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los términos de la concesión han eludido su responsabilidad de comprobar el cumplimiento de los compromisos propios de la concesión, aun cuando ya desde esta misma tribuna se ha planteado la necesidad de revisar esta situación.
Por lo antes expuesto, con la firme voluntad de terminar con los abusos del mencionado Grupo Aeroportuario del Pacífico, en Convergencia condenamos que un instrumento legal que pretende contribuir a resolver los problemas del sistema aeroportuario mexicano como es la figura de la concesión, sea utilizado para vulnerar los derechos de terceros, su otorgamiento se traduzca en un daño al patrimonio nacional y la consecuencia inmediata, es decir, la privatización, sirva para desplazar a los inversionistas nacionales, así como para que las autoridades responsables omitan verificar el cumplimiento de las obligaciones que el beneficiario adquiere.
Por constituir los aeropuertos mexicanos un sector estratégico y en virtud de las irregularidades denunciadas, me permito someter a esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social a analizar, investigar e informar, para aclarar ante esta representación nacional, los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, encargado de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos, las agresiones a los locatarios, el cumplimiento de dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2006.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA FIJAR
POSTURA EN TORNO AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS, PARA INTEGRAR LA AGENDA DE
LA PRESENTE LEGISLATURA FEDERAL, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En México, el derecho a la información pública se ha consolidado a nivel federal como un elemento fundamental para la democracia. El tener la oportunidad de conocer, investigar y difundir la información que el Estado genera en el ejercicio de su función, se ha convertido en un círculo virtuoso para que las personas tengan un control efectivo sobre los actos de gobierno, se evite la corrupción, se eficientice la prestación de los servicios públicos, se genere una mayor y mejor discusión de las cuestiones públicas y, sobre todo, se haga valer un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Hoy en día es muy sencillo ejercer este derecho. Basta entrar a una página de internet, rellenar los formatos disponibles y pedir incluso hasta en forma anónima y por vía electrónica la información a cualquier dependencia federal; al cabo de algunos días recibimos por la misma vía, si se quiere, la información solicitada. Según datos del propio IFAI somos de los países del mundo que en poco tiempo hemos avanzado en establecer instrumentos sencillos y accesibles a la población para ejercer este derecho, e incluso de los que el ejercicio de este derecho se ha hecho común en la población.
Se ha convertido este tema, pues, en una práctica generalizada que forma parte de nuestra cultura democrática y que, por tanto, es un valor fundamental a proteger.
La agenda legislativa del tema, no obstante lo anterior, tiene asuntos pendientes. Por un lado, es claro que tenemos que avanzar a nivel federal en la autonomía del IFAI y en la constitucionalización del derecho de acceso a la información pública y sus principios rectores, pero, por otra parte, es urgente que esta práctica que a nivel federal se ha consolidado, también se apuntale y se garantice en el régimen local de toda entidad federativa, en todos los estados y el Distrito Federal, en todos los municipios y delegaciones, respectivamente. No es un tema, por lo tanto, que deba quedar al simple arbitro de los gobiernos locales, independientemente de sus colores partidistas.
Es paradójico constatar que fueron algunos estados de la República los primeros que colocaron el tema. Luego vino la reforma federal y posteriormente diversas reformas locales en donde se han construido modelos locales que se han puesto en práctica con una gran dificultad. Existen aún estados en donde ni siquiera existe todavía la legislación respectiva y en otros en donde la puesta en práctica ha sido lenta y regresiva.
Me voy a referir al caso Coahuila. Hace tres años la Quincuagésimo Sexta Legislatura del Congreso del estado de Coahuila, aprobó una legislación en materia de transparencia que consistía en una reforma constitucional, una ley de acceso a la información, una ley que regula al órgano público autónomo encargado de garantizar este derecho y una ley de archivos públicos, esto como resultado de un ejercicio de consenso.
En el primer año de haber entrado en vigor esta legislación en Coahuila, los resultados iban poco a poca dándose y parecía que esto era positivo. Los ciudadanos ejercían este derecho, el órgano autónomo comenzaba a resolver sus primeros asuntos con apertura, a diseñar sus políticas públicas y en la discusión de la agenda existían temas pendientes como lo era el acceso por internet y la plataforma necesaria para crear una nueva cultura de la transparencia.
Esta línea se detuvo, La opinión pública lo ha denunciado de manera clara: se ha diseñado toda una estrategia para socavar al órgano público autónomo, golpear a sus integrantes y cerrarle la puerta a la transparencia mediante sentencias de un tribunal local parcial y dependiente de una línea oficialista.
El caso Coahuila es un hecho que ha sido denunciado en los medios y por diversos columnistas que generan la opinión pública en la capital del estado y que, además, han tenido eco y malestar en diversos especialistas y expertos que publican en la prensa nacional.
El tema de transparencia es de gran importancia para tomase en cuenta en la agenda legislativa que va a construir esta Cámara, y como antecedente podemos comentar lo que se está generando en términos judiciales en Coahuila. Dos casos habría que destacar.
El 2 de agosto de 2006, el Tribunal Constitucional local de Coahuila decidió que los municipios sí tenían facultad para regular este derecho. Éste fallo va en contra de la jurisprudencia constitucional del propio tribunal que, por unanimidad, en el mes de diciembre del año pasado declaró la inconstitucionalidad de esa facultad, porque la ley estatal señala de manera expresa que esa facultad le corresponde al órgano público autónomo y no a los municipios. Lo negativo resulta que con este nuevo precedente se legitiman los obstáculos que ponen los municipios para ejercer el derecho, imponiendo en sus reglamentos más cargas a los ciudadanos, lo cual es absurdo e ilegal cuando existe una ley estatal que impone en forma general el procedimiento que se tiene que seguir y no quedar, por tanto, al arbitro de los municipios este tema.
Es, por tanto, un problema grave dejar a la discrecionalidad de todos los municipios del país este tema, porque se trata de un derecho fundamental que debe ser igual para todas las personas y no una facultad discrecional que cada municipio reglamente a su discreción para regular de manera diferenciada este derecho.
Otro caso hace repensar todavía más en estos inconvenientes. Hace algunas semanas, en efecto, el Tribunal Constitucional local de Coahuila fue más lejos. Contra texto expreso de la ley, determinó por unanimidad que el órgano autónomo de transparencia no tiene facultad para revocar los actos de las autoridades. Este criterio es abiertamente ilegal porque el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública es el órgano constitucional autónomo en la materia, cuyas resoluciones son vinculatorias a las autoridades. Esta sentencia ilegal deja sin efectos la obligatoriedad de las resoluciones que promueven la transparencia en el estado, lo cual es un duro golpe porque si los tribunales -como el de Coahuila- sostienen que aunque el legislador establezca un órgano autónomo para obligar a las autoridades, ello resulta inconstitucional porque en todo caso esa función le corresponde a los jueces, es obvio a todas luces que resulta del todo inútil legislar a favor de la transparencia con órganos meramente recomendativos y poco eficaces.
Compañeros legisladores y legisladoras: la nación nos demanda resultados en beneficio del pueblo. Es preferible legislar a nivel nacional para evitar este tipo de casos que son regresivos e imponer en la agenda legislativa de esta Legislatura, la imperiosa necesidad de establecer en la Constitución Federal la garantía del acceso a la información pública como un derecho fundamental que los estados y municipios deben respetar a partir de principios y reglas mínimas que son generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional, a fin de que no quede al arbitrio de un gobernante querer cumplir o no este derecho humano.
Por tal razón, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por ser un asunto de interés público y de abierto y público consenso en las plataformas de todos los partidos políticos representados en este Congreso General y, sobre todo, por formar parte de la agenda de la ciudadanía que demanda una mayor transparencia de las autoridades, se declare por todos los grupos parlamentarios en la agenda de esta Legislatura, a través de la Conferencia para el Trabajo Legislativo, el compromiso de establecer en la Constitución federal el derecho de acceso a la información pública, para llegar a una fórmula constitucional idónea que imponga a la Federación, estados y municipios las normas, valores y principios mínimos, generalmente aceptados en la materia, para que este derecho se garantice tanto a nivel federal como en cada entidad federativa, con un órgano autónomo que obligue a todas las autoridades de su competencia.
Diputado Jesús de León Tello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PGJEM Y DE LA PGR A INVESTIGAR Y SANCIONAR
A LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA PORRIL EFECTUADA A LAS PUERTAS DEL CCH,
PLANTEL NAUCALPAN, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN PEDROZO CASTILLO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El pasado 26 de octubre, a unos metros de las puertas del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México se produjeron hechos vandálicos de tipo porriles, en los que resultó con heridas de gravedad, que causaron su muerte, el alumno del plantel David Hernández Lorenzo, así como otros jóvenes resultaron con lesiones de consideración.
2. Autoridades Universitarias han intervenido directamente desde la noche de los hechos, presentando oportuna denuncia, de la cual se deriva una averiguación previa radicada en la Procuraduría General de la República, así como la investigación abierta por parte del Ministerio Público con folio LVHT/III/684/2006 del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, han solicitado a las autoridades del estado de México, que agilicen sus investigaciones y resuelvan a la brevedad posible.
3. Esa misma noche, funcionarios de la Dirección General de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del plantel Naucalpan, junto con profesores y trabajadores, intervinieron directamente para que los estudiantes se resguardaran en las instalaciones de la escuela, así como en la atención directa para el traslado de los heridos al hospital.
4. El 30 de octubre, autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Dirección General, del plantel Naucalpan y del estado de México sostuvieron una reunión de trabajo para que el gobierno del estado brinde las condiciones de seguridad que se requieren para el buen funcionamiento de la unidad académica y para la tranquilidad de la comunidad estudiantil y la de sus familias
Considerando
La situación de inseguridad en que se encuentra el plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y el no esclarecimiento de quienes fueron responsables de estos actos violentos, así como que no haya ningún detenido, generan incertidumbre en la comunidad estudiantil y también en los vecinos de la zona.
En virtud de lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución, me permito presentar ante este Pleno el siguiente.
Punto de Acuerdo
Único. Que la honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento el principio de división de poderes y la soberanía de los estados, exhorte al procurador de Justicia del Estado de México y al procurador general de la República a agilizar sus investigaciones, respectivamente, y a concluir con la mayor brevedad esta averiguación y castigar a los responsables tanto materiales como intelectuales de esos hechos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCT QUE SE CORRIJAN LAS IRREGULARIDADES PRESENTES EN LAS
VÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y QUE APLIQUE SANCIONES A FERROMEX,
A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, diputado federal Enrique Serrano Escobar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 13 de abril pasado, un tren de 110 vagones se descarriló, provocando el desprendimiento de siete vagones con toneladas de sorgo, poniendo en riesgo la vida de una familia acampada en un sitio cercano. Las pérdidas se registraron en más de 100 metros de líneas de ferrocarril, destruidas por el arrastre de las pesadas estructuras, siete vagones volcados, de los cuales dos cayeron al canal de aguas residuales, al igual que la carga de sorgo que se transportaba.
El 27 de julio del presente año nueve vagones de un tren que cargaba toneladas de trigo se descarrilaron atrás del Conservatorio, quedando dañados y atravesados sobre las vías, desde la Avenida de las Industrias hasta la calle 53, lo que ocasionó congestionamiento en todo el sector; la causa: el reblandecimiento del terreno y a la mala condición de los durmientes. Los daños ascendieron a la pérdida total de nueve carros y 180 toneladas de trigo.
El día lunes 6 de noviembre se descarrilaron 11 vagones, al vencerse cientos de durmientes en el tramo denominado Puente Negro, que cruza el canal de Chuviscar, quedando varadas seis tolvas de tren, obstruyendo la circulación por más de 24 horas y provocando choque y volcaduras diversas.
Consideraciones
Existe gran preocupación entre los vecinos de la colonia industrial, ya que éste resulta el segundo incidente en menos de cuatro meses, pero el sexto en lo que va del año.
Ferrocarril Mexicano, mejor conocida como Ferromex, es una empresa privada de trasporte de carga comercial, industrial y turística, la cual se ostenta como poseedora de la red ferroviaria más extensa del territorio nacional, y que presta el servicio desde 1998; es decir, que lleva ya nueve años a cargo del servicio ferroviario.
Ahora bien, ha sido denuncia del Sindicato de Trabajadores de Ferromex que la empresa no realiza labores de mantenimiento de la vía, prescinde de los servicios de cuadrillas de exploración para constatar las condiciones del riel y carga las góndolas con pesos por encima de los permitidos, además de contratar personal clave sin experiencia en el campo de las vías, lo que deriva en la nula detección oportuna de problemas.
Todo lo anterior en violación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual estipula en sus diversos artículos que
......
?cuando se pretenda que las pretenda que las vías férreas crucen centros de población u otras vías de comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de comunicación.
Artículo 53.
Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga."
Los constantes accidentes que se han presentado en tan poco tiempo se han convertido en una preocupación colectiva.
Resulta inaceptable que una empresa a la cual se otorgó la concesión del servicio público de transporte ferroviario mantenga en estas condiciones las instalaciones para su propia operación, arriesgando de manera reiterada la integridad de los habitantes de las zonas aledañas al paso del tren.
No es posible, que sigamos esperando más incidentes, hasta llegar al punto de una desgracia lamentable en la que existan pérdidas irreparables. Como legisladores y representantes estamos para tomar y hacer nuestras las demandas ciudadanas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nombrar un verificador especial a fin de que se corrijan las irregularidades debidas al deficiente mantenimiento y conservación de las vías por parte del concesionario en todo el estado de Chihuahua.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a aplicar las sanciones correspondientes por la negligencia en el mantenimiento de vías en las que ha incurrido Ferromex.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE INVITA A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA SEP AL PRIMER FORO PARLAMENTARIO
DE CONSULTA SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CIENCIA
Y TECNOLOGÍA EN MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Las instituciones públicas de educación superior de nuestro país están pasando por la peor crisis financiera de su historia.
Las universidades autónomas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Baja California, Sinaloa y Durango, entre otras, están en quiebra técnica, endeudadas y con pasivos laborales que rebasan totalmente su capacidad financiera.
Esta crisis no es de ahora, se agravó desde que inició la política neoliberal en México, porque en lugar de fortalecer la educación y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, se canalizó gran parte de los recursos anuales del presupuesto al pago del servicio de la deuda pública y al rescate de banqueros, inversionistas de carreteras y de los ingenios azucareros.
Esa es la razón de fondo por la que hoy, no solo las universidades públicas se debaten en una profunda sequía de recursos, si no que todo lo que implica el desarrollo social fue abandonado por el gobierno en aras de cumplirle a los grandes grupos económicos y financieros que son los verdaderos patrones de los funcionarios neoliberales.
Actualmente, la desigualdad de oportunidades para ingresar a la educación superior es abismal, ya que sólo dos de cada diez jóvenes acceden al sistema de educación superior.
De los jóvenes que asisten a la universidad, el 95 por ciento provienen de estratos medios y altos, y solo el 5 por ciento restante son de bajos recursos.
Considerando todos estos problemas, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime, realizar el primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.
Por esta razón el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone que dada la importancia de este foro, los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, de Educación Pública, Francisco Gil Díaz y Reyes Tamez Guerra respectivamente, formen parte de este foro, para que de viva voz, escuchen las necesidades y las propuestas de solución que plantearán las autoridades educativas, académicos, investigadores, organizaciones sociales, instituciones privadas, legisladores y demás actores involucrados.
La asistencia de estos secretarios de Estado es fundamental para sensibilizarlos de esta problemática, para que se reúnan en una mesa de trabajo con los rectores en las universidades públicas del país y asuman el compromiso de liberar los recursos presupuéstales que esta Cámara de Diputados aprobó para 2006.
Por las consideraciones expuestas el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerada de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Artículo Único. El Pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, de Educación Pública, Francisco Gil Díaz y Reyes Tamez Guerra respectivamente, para que asistan al primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México que se realizará los días 22, 23 y 24 de noviembre en la Universidad Autónoma de Colima y se reúnan en una mesa de trabajo con los rectores en las universidades públicas del país. Asimismo, para que se comprometan a liberar los recursos para los institutos de educación que esta Cámara aprobó para 2006.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de noviembre de dos mil seis.
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2007 RECURSOS PARA EL RAMO 21, "TURISMO", SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
El suscrito diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo, es un sector dinámico cuyo crecimiento tanto a nivel mundial como nacional es innegable. Según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT) en los primeros ocho meses de 2006 las llegadas de turistas internacionales ascendieron a 578 millones en el mundo, lo que representa un incremento del 4.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia proyecta que para el 2007 el turismo continuará creciendo a un ritmo del 4 por ciento mundial.
México, forma parte de este escenario mundial, donde el turismo es una actividad de gran importancia, cuyas bondades se reflejan en aspectos económicos, culturales y sociales.
México es un país que representa un mosaico de posibilidades y desarrollo de la actividad, pudiendo ser líder en el turismo a nivel mundial.
Entre los beneficios económicos destacan: la redistribución de la riqueza y la generación del empleo: directo, indirecto e inducido. Por supuesto es la tercera fuente de divisas para la economía nacional, expande la infraestructura. Culturalmente; refuerzo la identidad local y nacional, alienta las tradiciones, conserva y promueve el patrimonio cultural, gastronómico e histórico. Socialmente; es una actividad que permite la redistribución del ingreso, expande la infraestructura, fomenta la igualdad de sexos, entre muchos otros beneficios.
Todos estos beneficios de la actividad turística para nuestro país en el 2005, materializaron en 1.8 millones de empleos promedio, fue la tercera fuente de divisas, con 11 mil 803 millones de dólares.
A pesar de todo lo anterior, no podemos dejar de reconocer que la participación del turismo en la actividad económica nacional ha descendido. Por muchos años, su contribución se conservó alrededor del 8 por ciento del Producto Interno Bruto, y en el último año cayó al 7.7 por ciento1, las causas de esta caída pueden ser muy diversas, pero justo en este momento del año, y ante el próximo análisis del Presupuesto de Egresos, no podemos dejar de mencionar como una de ellas, el hecho de que año con año, se ha disminuido el presupuesto asignado al ramo.
El presupuesto asignado y ejecutado por el sector turismo en los últimos años ha ido decreciendo sistemáticamente, las mayores caídas han sido en los tres últimos, y para el 2006 el presupuesto que se autorizó en esta honorable Cámara de Diputados fue por un monto de mil 227.3 millones de pesos, es decir, que aquí se recortó el monto conforme a lo que se había designado en el Proyecto. Este nivel de gasto tan sólo representa el 0.03 por ciento respecto al total asignado.
Es imposible continuar con esta tendencia. El turismo es una actividad que juega un papel trascendental en la economía nacional y esto solo se reconoce en el discurso, para alcanzar la meta de que México sea un líder en el turismo mundial es necesario trabajar a favor del ramo.
Es fundamental reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico del país. Las necesidades son muchas. Se debe diversificar los productos turísticos existentes, además de desarrollar nuevos mercados, fortalecer e impulsar a las empresas turísticas, sobretodo se debe trabajar porque el crecimiento y desarrollo de la actividad turística sea en un entorno de respeto con los recursos naturales, culturales y sociales y para todo ello, se requiere de capital.
De igual forma, es necesario trabajar en programas de capacitación y modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas del ramo, porque ellas representan el eslabón entre el ramo y la población, son el mecanismo a través del cual se lleva a cabo una redistribución del ingreso. Se deben fortalecer los recursos destinados dentro del Programa Especial Concurrente, fomentar la actividad turística desde una perspectiva sustentable en todas sus vertientes: económico, ambiental y social. Fortalecer la actividad en el largo plazo, significa capacitar a los servidores turísticos, crear cuadros profesionales para todos los niveles.
Los requerimientos son muchos, y los recursos han sido muy limitados. Para que la actividad turística pueda continuar creciendo, se le deben otorgar recursos suficientes, debemos tener una visión a largo plazo. Las bondades económico, sociales y culturales del turismo sólo podrán llegar a buen cause si se fortalece a la actividad a través de un presupuesto adecuado a las requerimientos del sector, pero también teniendo presente los grandes beneficios que otorga el turismo para la economía nacional.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, una asignación por un monto de 5 mil millones de pesos para el ramo 21, Turismo, con el objetivo de fortalecer al sector, incrementar la inversión, fomentar y promocionar la actividad.
Nota:
1 Fuente: Anexo VI del Informe de Gobierno, Vicente Fox,
2006.
Palacio Legislativo, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA CFE A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE
LA NUEVA METODOLOGÍA RELATIVA AL CÁLCULO DE TARIFAS ELÉCTRICAS
PARA INCORPORAR EL CONCEPTO DE HUMEDAD, Y A REZONIFICAR ÉSTAS, A
CARGO DEL DIPUTADO ÉDGAR MAURICIO DUCK NÚÑEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Édgar Mauricio Duck Núñez, presenta ante esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar una revisión de la metodología para el establecimiento de la estructura tarifaria de energía eléctrica a nivel nacional y para que considere como criterio aplicable para fijar las tarifas eléctricas el conceptos de humedad presentes en las regiones del país, basado en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando a la Secretaría de Economía y con base en la propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar, ajustar o reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.
Así, el 7 de febrero de 2002 el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda emitió un acuerdo por el que se propuso la modificación de las tarifas eléctricas y la creación de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), la reducción de los subsidio a este sector, disminuyéndolo parcialmente a los usuarios con consumos intermedios y eliminándolo por completo a los usuarios que registran los mayores consumos.
Como resultado de lo anterior y en virtud de la grave afectación a la economía de las familias asentadas en regiones de alta temperatura en verano, se expidió otro decreto el 8 de abril del 2002 para crear una nueva tarifa; la 1F. Sin embargo, para regiones con altos niveles de humedad y altas temperaturas, como es el caso del estado de Veracruz, este nuevo acuerdo no tiene impacto positivo alguno y los importes por consumos de energía eléctrica son altos.
Esta situación se presenta debido a que los consumos domésticos menores a 140 Kwh el subsidio a la tarifa no ha cambiado, sin embargo, el escenario se complica cuando se dimensiona el consumo de la electricidad que representa. Mensualmente, 140 Kwh se agotan con el uso muy racional de un radio, un refrigerador, 3.5 focos de 100 watts, una televisión, una plancha, una licuadora y un aparato de sonido.
Esta restricción da evidencia de la imposibilidad del uso de un sistema de enfriamiento ambiental, a menos que se acceda al siguiente nivel tarifario, con el consecuente incremento, de hasta un 83% para consumos de 200 Kwh, en la tarifa por electricidad.
Por otro lado y de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, la estructura de las tarifas para el servicio público de energía eléctrica está constituida por dos categorías de tarifas. Las tarifas específicas, que son determinadas en primer lugar por el uso de la energía; y, las tarifas generales, que se determinan por el nivel de tensión en que los usuarios reciben el servicio y, su nivel de consumo.
Así, las tarifas específicas vigentes son más de 15 y las tarifas generales vigentes son cerca de 20. En ambos casos, son aplicables en función de la ubicación, del voltaje de suministro, de la demanda contratada, del horario de uso y si el suministro es continuo o interrumpible. Tan sólo para el sector industrial existen 8 regiones tarifarias y hasta 4 temporadas de consumo en el año. Para el caso del sector doméstico, la diferenciación se realiza por nivel de consumo, división de regiones y temperaturas.
Lo anterior muestra que la estructura tarifaria vigente es altamente compleja, sin embargo, a pesar de esta complejidad, deja de lado factores importantes que influyen en el consumo de energía eléctrica en las entidades federativas con temperaturas cálidas.
De manera específica, tendría que considerarse en la metodología, el factor de la humedad relativa como un criterio para la fijación de precios, debido a que la tensión del vapor de agua aumenta sensiblemente con la temperatura, esto es, conforme se incrementa la temperatura del aire, se requiere más vapor para saturarlo. En virtud de lo anterior, la temperatura del aire influye ampliamente en el clima de una región, así como su velocidad y grado de humedad. Como resultado de la combinación de estos factores, los efectos en el cuerpo humano son diferentes.
Si la velocidad de viento es baja, el grado de humedad es alto y la temperatura sube, el factor calorífico de aporte al cuerpo humano es mayor y la consecuencia es que los incrementos en temperatura se perciban más que, inclusive, en climas extremosos como los predominantes en los estados de la frontera norte del país. Éste es el claro ejemplo del estado de Veracruz, cuya humedad relativa promedio anual es de 79 por ciento y en verano alcanza temperaturas superiores a los 28 grados centígrados.
Finalmente, y de acuerdo al Sexto Informe de Gobierno, el consumo de energía eléctrica en el estado de Veracruz para el 2005 fue de más de 9 mil GWh, esto es, un consumo mayor que en estados del norte de país cuyas temperaturas son superiores, como Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sonora.
Así, resulta necesaria la inclusión del criterio de humedad relativa para la fijación de tarifas eléctricas y, realizar una rezonificación basada en este criterio, para la adecuada aplicabilidad de las mismas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a que presenten ante esta soberanía el informe sobre la nueva metodología tarifaria.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, con la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, realice una revisión de la metodología para el cálculo de tarifas eléctricas e incorpore el concepto de humedad como criterio en dicha metodología.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, con la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, realice una rezonificación para el apropiado establecimiento de las tarifas eléctricas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado Édgar Mauricio Duck Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SCT Y DE CAPUFE A REPARAR LA CARRETERA LAS
CHOAPAS-OCOZOCUATLA, DEL SURESTE DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO
MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Chiapas se integró a México en septiembre de 1824, hace 182 años y fue hasta el año 2003, es decir 179 años después, que la federación se acordó de nosotros al construir una vía de comunicación digna en la que se incluye el flamante puente Chiapas, para que los chiapanecos y Centroamérica estuvieran conectados con el centro de la República Mexicana.
La autopista Las Choapas-Ocozocuautla fue habilitada bajo el esquema de concesión durante la presente administración. Esta carretera de 198 kilómetros de longitud abarca parte de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, y es operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y está concesionada a Banobras-FARAC.
Pese a que esta carretera es la principal vía de comunicación entre el centro del país y el estado de Chiapas, el sur de Veracruz, Tabasco y Centroamérica y que une a los estados mencionados, en la actualidad presenta un grave deterioro a lo largo de su recorrido, lo cual hace que se presente el riesgo de accidentes que ponen en peligro a los usuarios y sus familias considerando el uso continuo y el intenso tránsito que presenta esta vía.
La región que abarca esta autopista es rica en recursos naturales y posee una capacidad productiva extraordinaria en materias agrícola, pecuaria y forestal; abastece de estos productos a la región centro de nuestro país y, a su vez, se provee de bienes manufacturados a los estados mencionados. La región abarca importantes zonas turísticas del sureste, es decir, esta ruta tiene gran significado económico. Pero sobre todo, cuenta con importantes asentamientos humanos, su población es el activo más preciado.
Por otra parte, es bien sabido por todos que el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, y el Plan Puebla-Panamá se plantean entre sus principales objetivos el desarrollo de la infraestructura carretera en la zona sur-sureste. Por ello resulta inadmisible que una vía como la autopista Las Choapas-Ocozocuautla no se le dé el mantenimiento adecuado y se le tenga en un real abandono como actualmente se encuentra.
De por sí, su cuota de peaje es muy elevado al igual que en todas las autopistas del país. De manera que los 160 pesos que pagan los automóviles por su uso al día de hoy, los 290 pesos pagados por los autobuses de doble eje, así como los 285 pesos que pagan los camiones de dos ejes son excesivos. Pero dadas las condiciones de deterioro en las que se encuentra, el actual peaje resulta simplemente abusivo.
Es por todo lo anterior que no se entiende el descuido en el que se tiene a esta vía carretera.
Es imposible no observar la problemática ni el riesgo existente para todos los usuarios de esta vía, sobre todo para trasladarse a los estados del sur del país. Por tal motivo y en consideración a lo antes señalado, someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al director general del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que lleven a cabo a la mayor brevedad posible las reparaciones pertinentes en la carretera Las Choapas-Ocozocuautla a fin de que opere en óptimas condiciones de tránsito y brinde seguridad de vía a todos los usuarios.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades citadas en el punto resolutivo anterior para que informen en un periodo máximo de 45 días sobre las acciones que se llevarán a cabo, para solucionar la problemática planteada y de los proyectos que implantarán para dar mantenimiento continuo a esta carretera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECIAL
EN EL EJERCICIO DE 2007 PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE EXPROPIACIÓN
DE LOS EJIDOS COLINDANTES CON LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
A CARGO DEL DIPUTADO NEMESIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Nemesio Domínguez Domínguez, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, sustentando en los siguientes
Antecedentes
El 23 de noviembre de 1998, el Presidente de la República decretó área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Los Tuxtlas, situada en los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez, en el estado de Veracruz, con una superficie total de 155 mil 122 hectáreas.
Esta es la única área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera en el estado de Veracruz y es depositaria de una enorme biodiversidad; en ella se pueden identificar hasta 11 tipos de vegetación y contienen uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país.
Además, la reserva proporciona:
Desempeña un papel importante en la regulación del clima.
Representa una importante zona para la captura de carbono al ser la superficie forestal de mayor tamaño ubicada frente a las costas del Golfo de México y cercana a ciudades industriales como Minatitlán, Coatzacoalcos y Veracruz.
Asimismo, en un informe difundido por el Instituto para el Medio Ambiente de Estocolmo, puso de manifiesto que los cambios ocasionados por el aumento de la temperatura -más lluvias, más inundaciones, incremento del nivel del mar, entre otros- ponen en grave peligro las 100 mil áreas naturales protegidas en el mundo.
El cambio climático se traduce en fenómenos meteorológicos extremos, como fue el caso del huracán Stan, cuyas excesivas lluvias y los fuertes vientos inundaron y derribaron al menos 10 mil árboles de la reserva natural de la biosfera de Los Tuxtlas.
Adicionalmente, esta reserva presenta los siguientes problemas:
La deforestación ha traído consigo la reducción de áreas de captación de agua, con la consecuente disminución de los niveles de los cauces de los ríos y arroyos, así como de los sistemas de captación y distribución de agua establecidos para las ciudades que rodean la reserva.
La contaminación del agua y del suelo, debido al uso excesivo de agroquímicos en la agricultura y la ganadería, al adoptar modelos tecnológicos externos que se contraponen con las características físicas y biológicas de la región y con los conocimientos y usos tradicionales de los recursos naturales que hacen los indígenas de la reserva.
Como en muchas partes del país, en la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas existe un problema social, que está relacionado con la tenencia de la tierra, el cual tiene el siguiente antecedente:
El gobierno del estado de Veracruz promovió ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 8 ejidos, que son equivalentes a 9 mil 366 hectáreas, ubicados en la Sierra de Santa Marta. Estas tierras en su momento serían incorporadas como parte de la zona núcleo II de la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas.
La expropiación tuvo su fundamento en la necesidad de proteger de manera definitiva uno de los relictos de vegetación de selva y bosque mesófilo de montaña del estado de Veracruz.
Sin embargo, los habitantes pertenecientes a 4 de estos 8 ejidos expropiados manifestaron su inconformidad por el monto del pago por hectárea, argumentando que no representaba el valor real de sus tierras, solicitando que se les retribuya el diferencial de precio por hectárea.
Cubiertas estas indemnizaciones solicitadas por los ejidatarios, se iniciaría la recuperación de las áreas forestales, porque se establecerían cordones de protección sobre los límites de la reserva; asimismo, se impediría que se realizaran las actividades agropecuarias; además, se favorecería la recuperación paulatina de la flora y fauna silvestre, al impedirse la tala y la caza clandestina.
Con la expansión selvática de ésta área natural protegida, se mantendría la importancia de esta reserva como abastecedora hidrológica de la región; además, minimizaría la presencia de cambios climatológicos extremos y se incrementaría la captura de carbono.
En un estudio elaborado por la Dirección de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtla, se estimó que la inversión requerida para solucionar los problemas de expropiación de los ejidos que conforman esta área natural protegida es de casi 60 millones de pesos.
Por las razones expuestas anteriormente, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la aprobación de una partida presupuestaria especial en el ejercicio fiscal de 2007 para atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, recursos que serán operados y ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz.
Diputado Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS QUE FORMULEN E IMPLANTEN
EN COORDINACIÓN CON EL EJECUTIVO FEDERAL UNA ESTRATEGIA INTEGRAL
PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA FRONTERA NORTE, A CARGO DE LA
DIPUTADA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1) La reciente promulgación en los Estados Unidos de América de una ley que contempla la construcción de un muro de poco más de mil kilómetros (700 millas) de la frontera con México, ha puesto de manifiesto la complejidad del tema migratorio en la agenda bilateral, así como las crecientes y substanciales diferencias en las visiones de ambos países al respecto. En México y América Latina, como ha sido demostrado a través de declaraciones de líderes y jefes de Estado y de gobierno, existe consenso sobre el rechazo a esta medida que además de ser inviable en su implantación, y previsiblemente ineficiente en su funcionamiento, tiene implicaciones de corte político en el que se vislumbra un distanciamiento entre Estados Unidos y los países al sur de su frontera, así como un aplazamiento de la solución a los problemas estructurales que aquejan a toda la región, incluidos los Estados Unidos.
2) Por si esto fuera poco, las medidas adoptadas por los Estados Unidos a partir de los ataques del 11 de septiembre, aduciendo a la seguridad nacional, han transformado la protección de la frontera entre dicho país del norte y México en un asunto de seguridad hemisférica, en el que, además de la lucha contra el terrorismo, han incluido temas como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tomando muy en serio las prioridades nacionales, es decir, de Estado, y muy poco las prioridades democráticas, es decir de los ciudadanos. Hecho que ha suscitado enfrentamientos con la postura mexicana, que tiene como una de sus prioridades en la agenda de política exterior la defensa y promoción de los derechos humanos y que ha manifestado en los foros apropiados, como se hizo en el caso Avena ante la Corte Penal Internacional y donde se obtuvo una resolución favorable a México en defensa de nuestros connacionales.
3) El endurecimiento de las medidas de seguridad y los controles fronterizos por parte de las autoridades norteamericanas, ha provocado un fenómeno de cuello de botella en las ciudades fronterizas que no sólo prolonga la estancia de los migrantes nacionales en tránsito, sino también a los procedentes de Centro y Sudamérica, así como el contrabando, crimen organizado y tráfico de drogas que han contribuido a la escalada de inseguridad, violencia y aumento generalizado de la criminalidad en la región. Además del incremento de la marginación, la pobreza y la desigualdad.
4) En ese sentido, los estados fronterizos se han visto rebasados no sólo por la emergencia de los carteles de drogas y crimen organizado en la región, sino también por un crecimiento poblacional fuera de control, entre otros problemas, que por su naturaleza exceden la competencia local pero tampoco son alcanzados de forma efectiva por las políticas implantadas a nivel federal.
5) Por lo tanto, es urgente que los gobiernos de los estados fronterizos, en colaboración con las dependencias federales correspondientes, tomen medidas para prevenir y contrarrestar los efectos que la expansión y extraterritorialidad que las políticas de seguridad nacional norteamericanas tienen sobre sus estados, ya que, aun cuando la construcción del muro quizá no llegue a volverse una realidad, es un hecho que progresivamente las medidas de reforzamiento de la frontera han ido y seguirán aumentando con el paso del tiempo.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante este Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos locales de los estados fronterizos del norte del país, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, se impulse una estrategia integral de políticas públicas para prevenir y contrarrestar los efectos derivados del endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad en los Estados Unidos de América.
Diputada María Eugenia Campos Galván (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF Y A LA SFP QUE REALICEN AUDITORÍAS RESPECTO
A LA VENTA DEL BANSEFI, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS LUIS SÁNCHEZ
JIMÉNEZ Y CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a a la considerción de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El primero de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que le otorga a este organismo el carácter de sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto se dirige a promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del sector de ahorro y crédito popular, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos para fomentar el hábito del ahorro y en general, el desarrollo económico nacional y regional del país.
En este contexto, resulta que en seis años de operación el Bansefi muestra un panorama plenamente exitoso al pasar de 850 mil cuentas a más de 3 millones 300 mil clientes que se ven favorecidos por las políticas de la institución de no cobrar comisiones, ofrecer tasas de interés atractivas y operar cuentas de ahorro de montos bajos, de tal suerte que una gran parte de sus cuenta habientes son personas de escasos recursos económicos.
Pero, la cobertura de la institución ha sido ampliada al otorgarle la tarea de distribuir los apoyos que brindan los programas gubernamentales, tales como Oportunidades y Procampo, lo cual lo ubica como un importante enlace entre las dependencias que operan estos recursos y los beneficiarios directos, coadyuvando, con ello, a la transparencia del ejercicio de gobierno.
Asimismo, resalta el acuerdo que la institución logró con el Bank of American que permite el envío de remesas sin cobro de comisiones, teniendo, a su vez, programada la incorporación de más instituciones que vengan a beneficiar a los migrantes y sus familias en México.
A su vez, el Bansefi ha obtenido transferencias del Banco Mundial para asistencia técnica, como un crédito por 90 millones de dólares para la integración de la plataforma tecnológica, así como recursos presupuestales federales que suman mil 626.7 millones de pesos corrientes durante los ejercicios 2002 a 2006.
Estos apoyos han contribuido, según lo ha afirmado el actual director de Bansefi, al logro del saneamiento de la institución, dado que durante los primeros tres años se registraron pérdidas y en el 2005 se llegó a un punto de equilibrio con una utilidad calculada de 7.2 millones de pesos.
Sin embargo, en el transcurso del 2006 el director de Bansefi ha dejado constancia en la prensa nacional de sus propósitos y acciones para promover la venta de esta institución de desarrollo, llegando incluso a tasarla en 400 millones de dólares, declaraciones y hechos que resultan totalmente ajenos a los objetivos de la institución y que requieren ser revisados y transparentados para impedir que se estén comprometiendo los bienes y desviando recursos de la institución hacia otros fines.
En consecuencia, los objetivos y atribuciones determinadas al Bansefi tienen plena vigencia por lo cual la actuación de su director resulta impropia e inoportuna al promover la venta de la institución, por lo que nos permitimos someter a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados instruir a la Auditoria Superior de la Federación para que practique una revisión, por situación excepcional, del manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío por parte del director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para dar lugar a la venta de la institución.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública realice las auditorias convenientes al Bansefi respecto a los intereses y acciones que ha realizado el director general de esa institución para promover la venta del organismo a su cargo.
Palacio Legislativo a 14 de noviembre de 2006.
Diputados: Luis Sánchez Jiménez (rúbrica)
y Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES EXPLIQUEN A ESTA SOBERANÍA
LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN TORNO DE LA PROTECCIÓN
DE LA PORCICULTURA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PADILLA
GUTIÉRREZ, EN NOMBRE DE LEGISLADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos diputados federales Héctor Padilla Gutiérrez del PRI, Francisco Domínguez Servién del PAN y Susana Monreal Ávila del PRD, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Ejecutivo federal, por conducto de los titulares de las dependencias competentes, explique ampliamente a esta soberanía lo referente a las acciones gubernamentales en torno a la protección de la competencia y libre concurrencia de la porcicultura nacional, a la actualización de las normas de calidad y etiquetado de los productos porcinos y al análisis sustentado de riesgo a la salud pública y sanidad animal bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras.
Antecedentes
Indudablemente que la transición más significativa en las relaciones internacionales de México ha sido la suscripción del TLCAN que para el caso de su comercio exterior agroalimentario significa más del 90% del valor. Es decir, el comercio exterior agropecuario de México se lleva a cabo dentro del TLCAN y prácticamente con uno de los socios comerciales que es Estados Unidos.
Los efectos positivos del TLCAN en la mayor participación del comercio exterior en el PIB son inobjetables así como su influencia en el incremento del flujo anual de inversiones extranjeras, sin embargo, en el sector agropecuario, las importaciones de productos agroalimentarios se incrementaron dramáticamente desplazando a la producción nacional y la balanza comercial agropecuaria es deficitaria para México durante la vigencia del tratado.
El desplazamiento relacionado con precios diferenciados para productos divisibles, constituye un problema importante para el sector pecuario nacional en la medida que no se trata de discriminación de precios para exportación, no tiene relación con procesos de desgravación arancelaria y no se resuelve incrementando la productividad ni disminuyendo sus costos, generándose así una grave situación de indefensión para ramas pecuarias nacionales tan importantes como la porcicultura.
En el ámbito del desplazamiento relacionado con precios diferenciados para productos divisibles, México consiguió una salvaguarda bilateral contra muslos y piernas de pollo de EUA al demostrar que ocurrió un incremento significativo en las importaciones y pudo comprobarse una amenaza real de daño a la avicultura nacional, en el momento de pasar a un nivel inferior de desgravación arancelaria, sin embargo, la salvaguarda concluye en 2008 sin haberse resuelto el problema de demanda diferenciada.
Para explicar este concepto, es necesario considerar que las fracciones divisibles del pollo para su comercialización son por un lado las pechugas y por otro los muslos y piernas que guardan proporciones equivalentes en el peso de la canal.
Existe una demanda alta de pechugas en EUA que permite la recuperación de los costos y una demanda baja de piernas y muslos en EUA que propicia su venta a precio residual pero no discriminado para la exportación. Por el contrario en México la demanda de pechugas, piernas y muslos es prácticamente la misma por lo que piernas y muslos participan en la recuperación de costos. Es por ello que la importación de piernas y muslos de EUA produce distorsión en el mercado mexicano y es capaz de desplomar los precios por debajo de los costos de producción.
En la producción porcina ocurre algo similar, excepto que a diferencia de las piernas y muslos de pollo, las piernas y espaldillas de cerdo no cuentan con salvaguarda, completaron su proceso de desgravación desde 2003 y sus importaciones se incrementaron en 2,700% durante la vigencia del TLCAN poniendo a la porcicultura nacional en una posición de muy dudosa viabilidad. En EUA, la alta demanda es para lomos y tocinos en un 65%, mientras que en México la demanda alta es de piernas y espaldillas en 61%, productos que en EUA tienen solo el 35% de demanda relativa. Este diferencial de demanda explica la razón por la cual las piernas y espaldillas constituyen la mayor proporción de las crecientes importaciones globales de carne de cerdo.
De este breve análisis, resulta evidente que la apertura de mercados plantea nuevos retos que debe enfrentar la política interna de competencia económica y se deben implementar todas las disposiciones legislativas vigentes para construir una política de competencia sólida y creíble para el sector agropecuario. En nuestra opinión, los problemas reales de demanda diferenciada por fracciones de productos pueden ser investigados actualmente de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica vigente que considera como práctica monopólica relativa la venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total. En este aspecto es indispensable para la aplicación de la ley que cuando se trate de bienes o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el costo medio total se distribuya equitativamente entre las fracciones resultantes.
Es necesario enfatizar que la presente propuesta de punto de acuerdo no se basa en solicitar apoyos a favor de la porcicultura nacional para equilibrar asimetrías en producción o comercialización ni peticiones de inversión para éstos propósitos. Los porcicultores mexicanos, han realizado un esfuerzo sostenido en la actualización de sus métodos de producción para estar a la altura de la competencia internacional, sin embargo, las prácticas de competencia desleal y las lagunas normativas que las propician, han ocasionado el desplazamiento de sus productos, sin que esté a su alcance poder contrarrestar dicho desplazamiento.
Muchos productos porcinos son desplazados por despojos de importación como las pastas de ave con las que evidentemente se pueden preparar embutidos a precios bajos que por las lagunas de normatividad y etiquetado compiten en circunstancias indiscriminadas contra alimentos de origen nacional de mucha mayor calidad nutricional.
Se padece en el país de un gran rezago en la actualización y elaboración de normas oficiales mexicanas y en normas de etiquetado para los productos alimenticios y en los ingredientes a granel para la preparación de los mismos, situación que ha hecho posible el desplazamiento de la producción nacional por despojos de importación.
Finalmente queremos destacar que hemos tenido noticia de intoxicaciones de cerdos con insecticidas detectados en maíz amarillo de importación para uso forrajero y sabemos que es frecuente en el maíz de importación, la presencia de aflatoxinas, sustancias producidas por hongos que contaminan los granos sometidos a condiciones inadecuadas de transporte y almacenamiento, que tienen efectos muy adversos en la producción animal y que además constituyen un factor de riesgo para la salud pública.
Con base en estos antecedentes, creemos pertinente proponer un punto de acuerdo considerando la siguiente:
Exposición de Motivos
1. Que los porcicultores en México han padecido el incremento unilateral de los precios de los insumos básicos como ingredientes alimenticios y fármacos veterinarios mientras que los precios de sus productos se han desplomado en forma anticompetitiva.
2. Que la apertura comercial implica cuestiones como la demanda diferenciada y la depredación de precios, que no están previstos en las reglas ni del TLCAN, ni de la OMC y tampoco competen a la legislación de comercio exterior y que por ello la apertura de mercados plantea nuevos retos que debe enfrentar la política interna de competencia económica.
3. Que se padece en el país de un gran rezago en la actualización y elaboración de normas oficiales mexicanas y en normas de etiquetado para los productos alimenticios y en los ingredientes a granel para la preparación de los mismos, situación que ha hecho posible el desplazamiento de la producción nacional por despojos de importación como ocurre con las pastas de ave para la preparación de jamón y otros productos que debiesen provenir de las diversas piezas de la canal del cerdo para poderse comercializar con esa designación.
4. Que consideramos del mayor interés conocer la capacidad efectiva con la que contamos en el país para garantizar la sanidad, inocuidad y calidad de los productos agropecuarios que importamos.
Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos tomar medidas urgentes al respecto ya que este importante subsector se encuentra inmerso en una de sus priores crisis y los legisladores de esta Comisión debemos actuar eficientemente para detener esta debacle en detrimento de nuestros productores porcinos.
Por los motivos anteriormente expuestos, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar al Presidente de la Comisión Federal de Competencia que explique a esta Asamblea como las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica podrían facilitar a la comisión a su cargo investigar la depredación de precios en la cadena de comercialización porcina y de que manera se puede prohibir o compensar el efecto de esas prácticas y asimismo que informe si existe en la comisión el grado de especialidad requerido para la efectiva investigación de los mercados agropecuarios.
Segundo. Solicitar al titular de la Secretaría de Economía que exponga ampliamente a esta Asamblea el programa de la secretaría a su cargo para la revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas para asegurar que se cuenta con la información suficiente para garantizar que los procedimientos e ingredientes para la elaboración de los alimentos no son nocivos para la salud y para asegurar que los consumidores mexicanos tengan la información suficiente y clara respecto a la composición de los alimentos elaborados.
Tercero. Solicitar al director de la Senasica que explique a esta Asamblea el análisis sustentado de riesgo a la salud pública y sanidad animal bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras y que informe detalladamente el estado que guarda el personal calificado, su capacitación, la infraestructura y equipamiento para la realización de las tareas que tiene encomendadas y que exponga con claridad sus alcances, fortalezas y debilidades.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los catorce días del mes de noviembre del año 2006.
Diputado Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AJUSTAR LOS TRÁMITES RELATIVOS
A LA DONACIÓN DE BIENES DESDE EL EXTRANJERO PARA FACILITAR LA LABOR
DE LAS INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS ENCARGADAS DE LA ASISTENCIA Y BENEFICENCIA
SOCIALES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Cámara el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que en México existe una larga tradición de llevar a cabo obras de beneficencia y asistencia social.
2. Que hoy día continúan surgiendo organizaciones en nuestro país, no sólo con la misión de brindar asistencia social, sino que los ciudadanos trabajan activamente en otros campos de impacto social, como la promoción del desarrollo comunitario, la defensa del ambiente y de los derechos humanos, y el impulso de la educación, la cultura y el deporte, así como de la investigación científica y tecnológica, entre muchas otras.
3. Que estas instituciones ocupan un lugar de gran importancia para el desarrollo social del país, ya que a partir de los espacios en que se desenvuelven se detectan las necesidades sociales y se canalizan las acciones, y los recursos humanos, materiales y financieros requeridos que, de otra manera, sería imposibles hacer llegar.
4. Que con el fin de contribuir en el desarrollo de sus comunidades de origen y ciudades con que mantienen una relación estrecha, las comunidades extranjeras y ciudades hermanas aportan de manera voluntaria mercancías diversas a través de la figura jurídica de la donación.
5. Que el gobierno de cualquier país tiene la posibilidad, y el deber, de estimular el crecimiento de una actividad o sector, por medio de subsidios, estímulos fiscales, así como el otorgamiento de prerrogativas.
6. Que en el caso del sector no lucrativo, el gobierno federal otorga incentivos fiscales a organizaciones que llevan a cabo determinadas actividades de beneficencia a la comunidad, consistiendo éstos principalmente en que sus ingresos estén exentos del impuesto sobre la renta y la posibilidad de acceder a la autorización para emitir recibos deducibles.
7. Que las organizaciones no lucrativas, para hacerse de esos beneficios, deben cumplimentar los requisitos de ley, garantizando así la transparencia y el buen uso de los recursos de que se hagan, conociéndoseles de este modo como donatarias autorizadas.
8. Que a pesar de que en los últimos años se ha reformado en la materia, tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como la Ley Aduanera, el ordenamiento jurídico actual hace que el esquema no alcance el beneficio esperado, ya que limita por mucho el desenvolvimiento de la medida en las condiciones actuales.
9. Que las restricciones y complejidades de la normatividad actual, específicamente de los numerales 2.9.7, 2.9.8 y 2.9.9 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, no reflejan en lo absoluto el espíritu original de las reformas aprobadas por el honorable Congreso de la Unión, mismo que trata de facilitar la labor de las instituciones sociales, beneficiando a la sociedad mexicana en general.
10. Que en ese sentido, las organizaciones no lucrativas han dejado de encontrar incentivos para aceptar las donaciones procedentes del extranjero, donaciones que ayudarían a resolver de manera más eficiente las problemáticas con que trabajan día tras día.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Este cuerpo de representantes de la nación exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en especial, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a que presente en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de esta fecha, una propuesta para modificar los trámites necesarios para la donación de mercancías desde el extranjero con el propósito de facilitar la labor que desempeñan las instituciones no lucrativas encargadas de la asistencia y beneficencia social.
Diputado Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ASIGNAR RECURSOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 PARA CONSTRUIR COMEDORES EN
LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Armando Barreiro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El grado de desarrollo de una sociedad se mide por el grado de desarrollo social que tiene, y en este desarrollo social, además de alimentación, salud y vivienda está la educación, la cual, para nuestro país, debe ser considerada como palanca del desarrollo económico, político, social y cultural.
Sin embargo, para Vicente Fox, presidente de México, y para Reyes Tamez, secretario de Educación Pública, la educación no es prioritaria, tan es así que los recursos federales destinados para este fin no llegaron en este sexenio ni siquiera al 1 por ciento del producto interno bruto, que es el mínimo recomendable por la UNESCO.
Esto es importante señalarlo debido a que el punto que nos ocupa tiene que ver con la educación; pero la educación tiene que entenderse como algo integral; no sólo basta impartir educación, es indispensable que se promuevan y generen las condiciones y la infraestructura necesaria para su impartición.
Además de proporcionar el servicio educativo, con profesores preparados, son necesarios modelos de atención que consideren el aprovechamiento escolar, responsabilidades, actividades creativas y de investigación así como espacios específicos para actividades específicas como laboratorios o para educación física y, en el caso concreto, de comedores escolares para las escuelas de tiempo completo, que funcionan de las 8:00 a las 16:00 horas (los niños pasan 8 horas diarias en la escuela, más de la mitad del tiempo su vida al día despiertos).
En nuestro país funcionan este tipo de escuelas desde la década de los setenta del siglo pasado y hoy, más de 30 años después, una cantidad considerable de escuelas con ese modalidad de atención no cuentan con un comedor escolar en sus instalaciones.
Estas escuelas comenzaron a surgir en bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública por la necesidad de impartir educación en horarios con mayor amplitud, esencialmente como un apoyo a las madres trabajadoras y para un mayor aprovechamiento de las y los educandos en sus tiempos libres. Este modelo ha ido reproduciéndose en los diferentes niveles: preescolar, primaria, secundaria y en el sistema de educación especial.
En la actualidad, y de acuerdo con la evolución y cambios que ha experimentado nuestra sociedad, se pretende que también sean un apoyo en la generación de espacios que asuman la responsabilidad de proteger a la población escolar (ante riesgos por la vulnerabilidad infantil) y como una forma de prevención de conductas antisociales.
Por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, este modelo pretende aprovechar la extensión del horario escolar para promover y realizar actividades lúdicas, creativas y de investigación; asimismo, integrar la educación física como uno de los ejes en el proceso educativo, y también la infraestructura necesaria para tener comedores propios dentro de la escuela, que satisfagan el requerimiento de la necesidad del consumo de alimentos en un espacio digno y decoroso.
Deseo reiterar que la educación debe ser integral y considerada como una prioridad para el desarrollo de nuestro país y ésta debe impartirse con una visión social, que considere sobre todo la convivencia armónica, basada en una nueva forma de relación más humana, más social y no mercantilista; desde los primeros años, desde la educación básica (preescolar, primaria y secundaria).
Dentro de este concepto de integralidad debe considerarse la cultura alimenticia, que incluya proporcionar los espacios necesarios para el consumo de alimentos nutricionales en condiciones mínimas necesarias con dignidad y decoro.
Ocurre, sin embargo, que en México hay un sinnúmero de escuelas de tiempo completo que no cuentan con un comedor para atender esta necesidad en la población escolar que asiste a ellas.
Todas estas escuelas deberían contar con un comedor escolar, expresamente concebido para tal fin. Digo "deberían", porque no todas cuentan con ello; algunas habilitan salones de usos múltiples para la hora de la comida; otras lo hacen intercambiando salones, y la gran mayoría toman sus alimentos a la hora de la comida en el mismo salón de clase y en el mismo pupitre donde realizan su trabajo escolar.
Es indigno e indecoroso que no tengan un espacio específicamente construido para tal fin. Este hecho denigra a la educación que se imparte, porque afecta hábitos y costumbres de ingerir los alimentos; no es el espacio adecuado, no se tiene el tiempo suficiente para desplazarse y que se realice el proceso regular de metabolismo, pues en la mayoría de los casos la alumna o el alumno no salen de su salón ni se levantan de su asiento para continuar sus actividades escolares.
Para finalizar debo decir que para el Presidente de México es más importante viajar para visitar a su familia ("¿es normal o no?", así lo dijo a la prensa) que invertir en educación. En este sexenio el presidente Fox hizo 54 viajes; el último que pretendía realizar a Australia y Vietnam tendría un costo de más de seis millones de pesos; es decir, en promedio sus gastos de viajes al extranjero rondaron los casi 325 millones de pesos.
Construir un comedor escolar tendría un costo aproximado de 250 mil pesos; con lo que se gastó el presidente Fox en este sexenio de viajes se habrían construido mil 200 comedores, aproximadamente.
Quisiera preguntar a este honorable Congreso si no es de urgente y obvia resolución la construcción de comedores escolares dignos para nuestros hijos. que son el presente y el futuro de nuestra nación.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 mayores recursos para la construcción de comedores escolares en todas las escuelas de tiempo completo del sistema educativo nacional oficial que operan en el territorio nacional.
Palacio Legislativo, a 8 de noviembre de 2006.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO
DE INTEGRAR LAS ZONAS METROPOLITANAS DE GUADALAJARA Y DE MONTERREY COMO
BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO DEL RAMO 23 DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS CARLOS RENÉ SÁNCHEZ GIL Y JUAN MANUEL VILLANUEVA
ARJONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales Carlos René Sánchez Gil y Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El crecimiento desbordado de la población urbana de algunas ciudades capitales de nuestro país en las últimas décadas, como las de México, Guadalajara, Monterrey y otras, comparten un mismo territorio y han absorbido prácticamente a otros municipios en sus zonas conurbadas, lo que está generando una serie de problemas y demandas sociales, que por su magnitud y complejidad los gobiernos municipales involucrados no alcanzan a resolver, en materia de asentamientos humanos, infraestructura y desarrollo urbano, agua potable, transporte público y seguridad pública por citar algunos.
Siete de cada diez mexicanos vivimos en zonas urbanas, y más de la mitad vivimos en las 55 zonas metropolitanas del país; más de siete de cada diez mexicanos que habitamos ciudades, lo hacemos en zonas metropolitanas; la población en las zonas metropolitanas crece a un ritmo de 20 por ciento superior que el aumento promedio de la población del país (2.3 por ciento contra 1.9 por ciento). Este crecimiento se debe principalmente a la inmigración hacia estos centros urbanos proveniente del resto del país y a la incorporación de nuevos asentamientos a las metrópolis.
Esta nueva clasificación del sistema urbano nacional fue reconocida oficialmente el año pasado por las tres dependencias federales responsables de definir las orientaciones de política territorial y poblacional en México, y que son la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
De las 55 zonas metropolitanas, nueve superan el millón de habitantes; de ellas, dos se encuentran en un rango superior a los tres millones y sólo una, la megalópolis del valle de México -segunda en población a nivel mundial- rebasa los 18 millones de habitantes; entre nueve zonas metropolitanas concentran poco más del 65 por ciento de la población que habita en la totalidad de ellas; la zona metropolitana del valle de México concentra por sí sola 32 por ciento de la población total de las 55 zonas metropolitanas y 55 por ciento de la población que habita en las nueve más grandes. En términos económicos, en las zonas metropolitanas del país se produce el 80 por ciento del producto interno bruto nacional.
Estas megalópolis, por su dimensión y población urbana, comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren de soluciones integrales y urgentes, ya que rebasan su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos de los municipios involucrados para realizar las obras y servicios que demanda su población.
Los municipios que comparten este crecimiento metropolitano de sus ciudades, demandan la participación y apoyo conjunto y coordinado de los gobiernos estatales y federal para abatir dicho rezago y otorgar a sus habitantes los servicios apropiados para su desarrollo integral, mejorando la calidad de vida de su población.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al municipio la facultad de coordinarse y asociarse con otros municipios o con el estado para la prestación eficaz de los servicios públicos de su competencia, mediante la celebración de convenios o acuerdos que al respecto se suscriban sobre este particular.
La autonomía que la Constitución federal otorga a los municipios carece de trascendencia y sentido cuando estos carecen de una hacienda fuerte y solvente, cuando carecen de los recursos económicos suficientes para atender las necesidades prioritarias de su población; en este sentido, la facultad legal que la Constitución Federal otorga a los municipios y al estado (artículo115) para asociarse y coordinarse en la eficaz prestación de los servicios públicos, de su planeación y desarrollo urbano, constituye el instrumento jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de estas zonas metropolitanas.
La Ley General de Asentamientos Humanos, en su Capítulo IV faculta a la federación, estados y municipios para la planeación y regulación conjunta y coordinada en el tema de la conurbación; fijando la forma y contenido de los convenios correspondientes para la ordenación de zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura, para poner en operación políticas públicas, acciones e inversiones comunes y congruentes en este proceso de concertación entre las entidades estatales y los municipios involucrados; así como la suscripción de convenios entre entidades y municipios con la Secretaría de Desarrollo Social, especificando las obras y acciones por financiar, la aportación de las entidades y municipios y la congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano.
En este ámbito de competencias, el 13 de marzo de 1998 el gobierno del estado de México y el Gobierno del Distrito Federal suscribieron un convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como instancia de coordinación y colaboración bilateral en áreas de interés común, a fin de atender los temas metropolitanos en acciones conjuntas de gobierno para eliminar los rezagos en servicios y obras prioritarias; esta comisión ejecutiva, a su vez, impulsó la creación del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, como fuente alternativa de financiamiento en las acciones y obras de alcance metropolitano.
El 22 de diciembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, en donde se aprobó la inclusión del Fondo Metropolitano en merito a la voluntad y compromiso del actual gobierno federal, en el Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", con un monto de mil millones de pesos, clasificado como gasto de capital, para el desarrollo de acciones en infraestructura de comunicaciones y transporte en áreas conurbanas de la zona metropolitana de la ciudad de México; conforme a este decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería la encargada de administrar y ejercer los recursos del fondo, con la corresponsabilidad de que los gobiernos del estado México y del Distrito Federal aportaran una cantidad igual para el referido fondo.
En este contexto es importante resaltar que la población de las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, que enfrentan los mismos rezagos, retos y necesidades como la zona metropolitana de la Ciudad de México, requieren, en condiciones de igualdad y equidad de su población, ser consideradas e integradas como beneficiarias del fondo en cuestión para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, habida cuenta de que también cuentan con instrumentos legales e instancias de cooperación y colaboración en el ámbito de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales para la atención y solución de asuntos prioritarios de carácter metropolitano.
Al respecto, cabe citar la experiencia del Consejo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, creado el 6 de marzo de 1989, organismo de coordinación y concertación social para las acciones de alcance intermunicipal en la zona metropolitana de Guadalajara, con la participación de los gobiernos federal, estatal y municipales conurbados (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapopan); consejo en el cual se han aprobado y ejecutado obras de infraestructura urbana de gran impacto y beneficio de su población.
En la ciudad de Monterrey también se cuenta con una instancia de gobierno denominada Agencia Estatal para la Planeación del Desarrollo Urbano, en la que participan el gobierno del estado y los gobiernos municipales metropolitanos (Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Apodaca y Escobedo), instancia en la cual se han planeado y ejecutado obras de infraestructura prioritarias a su desarrollo metropolitano.
En consecuencia a lo anterior se propone que los recursos del fondo en cuestión se constituya con una aportación de las tres instancias de gobierno, en forma proporcional y equitativa, para su ejercicio en un ámbito de colaboración, coordinación y corresponsabilidad, proponiendo que los recursos del fondo sean liberados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público una vez que los estados y municipios de las zonas metropolitanas, garanticen el depósito de la parte proporcional que les corresponde respecto a los proyectos de las obras y acciones que se pretendan realizar.
Se solicita, asimismo, se exhorte al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social a modificar el rubro de Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas, del Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio del año 2007, para denominarse Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental, atendiendo a la inclusión y participación de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey como beneficiarias del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta soberanía en pleno las siguientes proposiciones con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social a incorporar e integrar a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, como beneficiarias del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental, relativas al Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a efecto de atender y resolver los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, atento a los motivos y fundamentos legales antes citados.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social a modificar el rubro de Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", del Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, para denominarse Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental, por los motivos expuestos en los puntos de consideraciones de este acuerdo.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2007 sean incorporadas las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey, como beneficiarias del Fondo Metropolitano de Impacto Ambiental del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas".
Cuarto. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de Desarrollo Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública citados a establecer como condición en el ejercicio del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", del Presupuesto de Egresos de Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que los gobiernos estatales y municipales de las zonas metropolitanas beneficiadas aporten una parte proporcional del costo de las obras y acciones propuestas en un ámbito de colaboración, coordinación y corresponsabilidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de2006.
Diputados: Carlos René Sánchez Gil,
Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SCT Y DE LA COFETEL A OTORGAR PERMISO
AL CANAL DEL CONGRESO PARA EL USO DE BANDA RADIOFÓNICA, A CARGO
DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Asamblea el presente punto de Acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
En septiembre de 1999 se creo el Canal del Congreso. Se estableció en la Ley Orgánica del Congreso General, como el medio de comunicación del Poder Legislativo federal. Surge con el objetivo de difundir la actividad legislativa de las colegisladoras en su conjunto y ser un medio de comunicación del Estado.
A través de estos siete años, la importancia del Canal del Congreso ha ido en aumento, caracterizado por transmitir la información de la actividad legislativa en un marco de objetividad y pluralidad. Se ha posicionado como un referente en la comunicación política.
En este marco y reconociendo el papel que juega la información y difusión del trabajo legislativo que día a día se realiza, es necesario que se fortalezca al Canal del Congreso para que se consolide como un medio público de Estado.
Tal como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión, corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Actualmente existen muchos distritos en los que se desconoce el trabajo que realizan los legisladores a favor de toda la población mexicana. Esto es debido, a que hoy día el Canal del Congreso, únicamente se transmite en el sistema de televisión de paga.
En estos términos, se niega, a un amplio sector de la población, el derecho a estar informado sobre el trabajo que realizan los legisladores que ellos eligieron, Violentando lo que establece la Ley Federal de Radio y Televisión en el artículo 4 y en las fracciones III y IV del quinto artículo.
Por otra parte es importante señalar que el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previos concesión o permiso del Ejecutivo federal. Por ello y objeto del presente punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 6 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es exhortar tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes como al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que asignen y otorguen el permiso de la banda radiofónica para que se transmita tanto por radio como por televisión abierta la señal del Canal del Congreso.
De igual forma el artículo 21-A de la multicitada ley establece que la secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la administración pública federal centralizada, a entidades paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas. De igual forma es importante destacar que buscamos cumplir con la fracción I que transcribo a continuación:
a) Coadyuvar al fortalecimiento de la participación
democrática de la sociedad;
b) Difundir información de interés público;
c) Fortalecer la identidad regional en el marco de la
unidad nacional;
d) Transparentar la gestión pública e informar
a la ciudadanía sobre sus programas y acciones;
e) Privilegiar en sus contenidos la producción
de origen nacional;
f) Fomentar los valores y creatividad artísticos
locales y nacionales a través de la difusión de la producción
independiente, y
g) Los demás que señalen los ordenamientos específicos de la materia.
Por todo lo anterior someto a consideración de este H. Congreso lo siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política y de su colegisladora para que realicen el trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la asignación del espectro de banda radiofónica tanto para radio como para televisión abierta para el Canal del Congreso.
Segundo. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de Cofetel para que se otorgue permiso y asigne el espectro de banda radiofónica tanto para radio como para televisión abierta para el Canal del Congreso, para que se transmitan las sesiones del Congreso.
Tercero.- Que se transmita lo más importante del programa Noticias del Congreso dentro de los tiempos oficiales en canales de televisión abierta y con cobertura nacional.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A CREAR, EN EL ÁMBITO
DE SU COMPETENCIA, UN JUZGADO DE DISTRITO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO,
A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN STEFANONNI MAZZOCCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el que suscribe, diputado federal Martín Stefanoni Mazzoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a proceder, en el ámbito de su competencia, a la creación de un juzgado de distrito en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, solicitado por diversos presidentes municipales y colegios de abogados establecidos en la demarcación noroeste de la citada entidad federativa, a fin de facilitar el acceso a la administración de justicia de los habitantes de dicha región.
Consideraciones
La región noroeste del estado de Guanajuato, en la cual se encuentran incluidos trece municipios, se instruyen múltiples procesos en materia federal, los cuales son del conocimiento de las autoridades de administración de justicia federal ubicados en la capital del estado, por ser éstas las más cercanas, lo que en obvio representa para la población involucrada en el procedimiento federal, que reside en dichos municipios y que en su mayoría es de escasos recursos, un difícil acceso a la administración de justicia, pues aunado al hecho de lo complicado que resulta en sí un proceso jurisdiccional deben trasladarse a un distancia lejana que implica un gasto económico considerable, pues continuamente deben asistir a dichos recintos federales.
Ante esta situación, diversos colegios de abogados y presidentes municipales establecidos en dicha localidad solicitaron en el mes de febrero del año 2005 al Consejo de la Judicatura Federal la creación de órganos judiciales federales con una ubicación mas cercana, exponiendo para ello los infortunios que sufren los habitantes de todos los municipios de la zona noroeste del estado; dicha solicitud fue recibida por el licenciado Adolfo O. Aragón Mendía, consejero de la Judicatura Federal y presidente de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, quien a su vez remitió dicha solicitud a la licenciada Margarita Ortiz Blanco, secretaria ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura, a fin de que ordenara la elaboración del análisis correspondiente y se remitiera al citado consejero, para así poder presentar la propuesta ante la comisión, documento del cual se remitió copia a los interesados para efecto de su conocimiento.
Cabe mencionar que, a fin de colaborar con la creación del juzgado de distrito, las autoridades municipales y los colegio de abogados gestionaron ante el ayuntamiento del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, la donación de un predio, a fin de que la autoridad federal contara con un espacio físico para la constitución del recinto judicial; por ello, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, en sesión celebrada en enero del 2005, emitió un acuerdo a través del cual autoriza los procedimientos correspondientes para tramitar la donación de un lote propiedad municipal denominado Casco de Landeta, a fin de dotar de mayor viabilidad el requerimiento hecho, circunstancia que, a su vez, se hizo del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, con objeto de hacer latente la preocupación e imperiosa necesidad de crear un juzgado de distrito en dicha zona.
Sin embargo, pese a la solicitud legal y formal realizada por diversos colegios de abogados y presidentes municipales, así como la cooperación de las autoridades del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya única intención es beneficiar a la población residente en la zona noroeste del estado, con el fin de lograr un efectivo acceso a la justicia, que se erige como una garantía constitucional prevista en el artículo 17, el Consejo de la Judicatura de la Federación, a la fecha, y habiendo transcurrido mas de un año, no ha dado respuesta alguna y, por consiguiente, no ha instaurado el solicitado órgano judicial en dicha demarcación, continuando desafortunadamente dichos municipios con la mencionada problemática, pues muchas de las veces impide la obtención de la justicia, por parte de la ciudadanía a quien le asiste el derecho, por falta de recursos y posibilidades para continuar un proceso legal. No puede ser que el acceso a la justicia quede supeditado a cuestiones administrativas respecto a la organización y funcionamiento del poder judicial. Es necesario que el sistema de impartición de justicia se adecue a las necesidades actuales que demanda la sociedad.
Por ello, los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario exhortar al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que den respuesta oportuna a la solicitud de creación de un órgano judicial en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, hecha por diversos colegios de abogados y los presidentes municipales, a fin de que sus pobladores cuenten con un adecuado acceso a la administración de justicia federal.
Por lo anteriormente expuesto los legisladores de Acción Nacional presentamos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en la elaboración de su presupuesto para el ejercicio 2007 prevea recursos para la partida correspondiente a la creación de un juzgado de distrito en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y a su vez le sea remitido al presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación.
Segundo. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que una vez determinada la viabilidad y aprobada la partida presupuestal correspondiente, proceda a implementar las medidas necesarias para la constitución y funcionamiento del juzgado de distrito en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Sesión del honorable Congreso de la Unión, a 14 de noviembre del 2006.
Diputado Martín Stefanoni Mazzoco
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCJN A DICTAR RESOLUCIÓN SOBRE LA ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 27/2005, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO
PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la atenta consideración de esta honorable asamblea la presente propuesta con punto de acuerdo, que tiene como objeto exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sirva emitir resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2005, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. El 21 de junio de 2005, producto de varios años de negociaciones políticas y jurídicas, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. El proyecto respectivo fue discutido ampliamente en ambas Cámaras, habiendo contado con el consenso de los distintos grupos parlamentarios y la participación de diversos sectores interesados en la agroindustria de la caña de azúcar. La Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de ese mismo año.
Segundo. El 21 de septiembre del 2005, la Procuraduría General de la República ejerció la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de los siguientes numerales de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar:
B. Los artículos 50, segundo párrafo, 56, 119 y 125, por la supuesta violación de los artículos 14, 17 y 104 de la Constitución, al establecer un sistema especial de impartición de justicia en materia azucarera.
C. Los artículos 5°, 7°, fracción VII, 10, fracción XI, 57 y 58, por la presunta violación de los párrafos segundo y tercero del artículo 28 de la Constitución, al establecer precios máximos del azúcar y contravenir el principio de libre concurrencia y competencia en materia de precios.
D. El artículo 98, por la presunta violación de los artículos 16, párrafo primero, y 31, fracción IV, de la Constitución, al considerar que las aportaciones al Fondo para financiar el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Cictcaña), se equiparan a las contribuciones, y, por último,
E. El artículo 87, por violentar presuntamente el artículo 14, párrafo segundo de nuestra Carta Magna, al establecer un sistema de prácticas tripartitas solidarias para la agroindustria.
Los argumentos del Congreso son los siguientes:
B. El sistema de solución de controversias regulado por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar no viola preceptos constitucionales, ya que establece un tribunal de arbitraje especializado, no especial, como inexactamente considera la Procuraduría General de la República, pero además, que tenía más de dos décadas funcionando a la luz de ordenamientos menores, es decir, lo único que se hizo fue dar seguridad al sistema y a los gobernados reconociéndolo en la ley.
C. Las bases establecidas en materia de precios, se determinaron en el marco de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 28 constitucional, referido a que las leyes fijarán las bases para que se señalen los precios máximos a los artículos o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, como es el caso del azúcar de caña.
D. La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, no violenta la fracción IV del artículo 31 Constitucional, dado que las aportaciones al fondo tripartita del Cictcaña no se pueden equiparar a contribuciones o impuestos, porque estas aportaciones se estipulan únicamente para un grupo determinado de personas, no reúnen el requisito de generalidad y no están destinadas para el gasto público.
E. La ley establece un sistema de apoyo solidario entre abastecedores de caña y el ingenio, que prevé la posibilidad de que, por causas fortuitas o de fuerza mayor, como los fenómenos meteorológicos, se cuente con la protección parcial de aquellos cañeros que se vean afectados por dichas causas. El hecho de que esta disposición se venga aplicando por más de 30 años, es fuente de derecho y no violenta preceptos constitucionales.
Por lo antes expuesto, y con la petición de que sea considerado como de urgente y obvia resolución, me permito proponer a esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver en breve la acción de inconstitucionalidad 27/2005, interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre del 2006.
Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS REGIONES CENTRO Y CARBONÍFERA DE
COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN en la LX Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 23, inciso f) fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 2, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34 incisos a) y b) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente.
La región centro y carbonífera del estado de Coahuila representan el punto neurálgico de la entidad, se consideran áreas estratégicas con un potencial económico que hasta la fecha no ha podido realizarse, principalmente por falta de infraestructura para el desarrollo industrial (que durante muchos años, más de 20, han sido promesas de campaña de gobernadores anteriores que han faltado ha esa promesa) dejaron a estas regiones en tales condiciones que se les impide el acceso a inversiones nacionales y extranjeras, por no tener las suficientes áreas industriales, debidamente equipadas con agua, energía eléctrica y áreas pavimentadas para crear seguridad, certidumbre y las condiciones apropiadas para el desarrollo de estas regiones de Coahuila.
La región centro de Coahuila es un punto de intersección de carreteras como son la del norte de Coahuila, sur de Coahuila, oriente con Nuevo León, y principalmente con Monterrey, así también como punto de partida hacia el estado de Chihuahua, al norte-centro de la Republica Mexicana y hacia el sur-poniente con la región Lagunera, sin embargo este detonante no ha sido aprovechado por los gobiernos estatales, ya que no le han puesto la atención debida para la consecución de fuentes de empleo, para crear bases firmes que den sustento a un desarrollo económico industrial.
Monclova, la cuidad mas grande de una área conurbana formada por ciudades como Frontera, Castaños, e incluso a San Buenaventura, forman un núcleo de población de más de 450 mil habitantes, mismos que por años han sido cautivos de una sola actividad económica en la producción del acero, considerando que ahí está establecida la empresa siderúrgica de Altos Hornos de México SA de CV, misma que ha representado diferentes variaciones, por estar sujeta ha movimientos macro-económicos con respecto a precios, oferta y demanda. La gran industria establecida no ha sido aprovechada al máximo al no haberse diversificado con empresas que tengan asentamientos firmes y de valor representativo del empleo, por la falta de infraestructura que no se ha desarrollado lo que ha originado desequilibrios y distorsiones en las estructuras económicas y sociales, por la falta de empleos renumerados que consoliden la economía de la región centro.
Del mismo modo la región carbonífera ubicada a 125 kilómetros al norte de Monclova, misma región que ya esta conurbana con las ciudades de Sabinas, Nueva Rosita y pueblos que los rodea como son Musquiz, Palau, los cuales prácticamente dependen de una sola actividad económica, considerada como única y primordial fuente de empleo, la minería en la extracción de carbón.
Esta conurbación urbana representa más de 100 mil habitantes, y la falta de desarrollo en infraestructura industrial ha dejado prácticamente en condiciones difíciles la obtención del empleo, ocasionando al mismo tiempo que sea poco atractivo para la instalación y la inversión, que podría traer mejores condiciones de empleo y diversificación de la economía en esa región.
La existencia de estas zonas, con óptimos desarrollos industriales ha sido dejado -por los 3 últimos gobiernos estatales- en condiciones desiguales para incorporarlos al desarrollo industrial que tienen zonas mas privilegiadas como son: la sur y la Comarca Lagunera, en donde la gran cantidad de desarrollos industriales a propiciado un crecimiento que no ha ido de la mano con el desarrollo industrial del conjunto del estado de Coahuila.
En este sentido es de suma importancia la implantación de acciones coordinadas con los distintos órdenes de gobierno, con el fin de facilitar el desarrollo integral, sustentable de estas regiones, impulsando programas y proyectos que tengan como objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas. Como dato principal le hago saber ha este Congreso que estas 2 regiones siempre han representado un alto índice de desempleo.
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a las autoridades en el ámbito de su competencia, a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y económicas de las localidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INAH, INBA Y AL CONACULTA A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA CUANTIFICAR LOS DAÑOS CAUSADOS AL CENTRO HISTÓRICO DE
OAXACA Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD, SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS MARÍA ELENA NORIEGA BLANCO VIGIL Y RAMÓN IGNACIO
LEMUS MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el carácter de urgente resolución, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al centro histórico de Oaxaca por el conflicto magisterial y las diversas manifestaciones de violencia en la capital, así como que se proceda a salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad, al tenor de la siguientes
Consideraciones
Oaxaca posee una diversidad cultural de gran riqueza. En sus valles hace casi 3 mil años, las manos de nuestros antepasados zapotecas y mixtecos labraron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Posteriormente la conquista, la colonia y la época independiente contribuyeron a enriquecer y fortalecer una herencia invaluable que hoy se expresa en sus magníficas construcciones, tesoros artísticos, zonas arqueológicas, piezas prehispánicas, en las tradiciones y costumbres de sus pueblos y barrios, en sus trabajos artesanales, su gastronomía y su folclore.
En la ciudad de Oaxaca encontramos sitios y monumentos históricos y artísticos de los siglos XVI, XVII y XVIII que poseen condiciones y cualidades únicas de tal belleza y estado de conservación, que llevaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) en 1987 a declarar el centro histórico de Oaxaca como patrimonio cultural de la humanidad al ser un ejemplo notable de la arquitectura virreinal.
Sin embargo, en los últimos meses el conflicto magisterial existente ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de proteger el patrimonio cultural de la ciudad. Tenemos conocimiento de que la Catedral de Oaxaca es uno de los inmuebles que han sido dañados y que existe gente atrincherada en el Templo de Santo Domingo de Guzmán construido en el siglo XVI por los frailes dominicos. En valiosos sitios se han pintado muros y puesto clavos sobre las fachadas.
Por ello, es fundamental que el INAH, el INBA y el Conaculta en el ámbito de sus atribuciones, realicen a la mayor brevedad posible una revisión completa de cada uno de los sitios y monumentos afectados que permita obtener un balance real de los daños causados por el conflicto a fin de que puedan determinarse las acciones para su rehabilitación o recuperación. Las instituciones a cargo del patrimonio cultural deben asumir su responsabilidad de proteger los testimonios de antiguas civilizaciones y culturas. No podemos ni debemos permitir que siga sufriendo daños el patrimonio cultural, herencia de México y del mundo.
En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente resolución, por las características y circunstancias en que se presenta el problema, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que cuantifiquen los daños causados al centro histórico de Oaxaca por el conflicto magisterial y se proceda a su rehabilitación; asimismo, para que se lleven a cabo las acciones pertinentes para la protección y preservación del patrimonio cultural de la ciudad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 14 de noviembre de 2006.
Diputados: María Elena de las Nieves Noriega
Blanco Vigil (rúbrica), y Ramón Ignacio Lemus Muñoz
Ledo (rúbrica).
El diputado Víctor Valencia de los Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva, formular una excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
Antecedentes
I. Conforme al artículo 74, fracción IV, párrafos quinto, sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Cámara de Diputados como facultad exclusiva:
"Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
"La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio."
"Artículo 8. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara, y en sus recesos, si es el caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los diez primeros días del mes de junio."
"Artículo 15. La Cuenta Pública será turnada a la Auditoría Superior de la Federación para su revisión y fiscalización superior, a través de la comisión de la Cámara."
"Artículo 30. La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo improrrogable que vence el 31 de marzo del año siguiente a aquel en que la Cámara, o en su caso, la Comisión Permanente, reciba la Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe del resultado correspondiente, que tendrá carácter público, y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones."
La Comisión de Vigilancia turnó el expediente a la Auditoría Superior de la Federación para su revisión y fiscalización correspondiente.
El 31 de marzo de 2004 la Comisión de Vigilancia recibió, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2002.
El 31 de marzo de 2004 se realizó el acto de entrega-recepción del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, por lo que la Auditoría Superior de la Federación cumplió en tiempo y forma el mandato de remitir a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002 y 2003.
b) Cuenta Pública de 2003
El 31 de marzo de 2005 la Auditoría Superior de la Federación rindió a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2003.
c) La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizó en tiempo y forma el análisis del Informe de Resultados de la Revisión de las Cuenta Pública correspondiente a los años 2002 y 2003.
Consideraciones
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recibió el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2002 el 31 de marzo de 2004; y el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2003 desde el 31 de marzo de 2005, y hasta la fecha no ha producido los dictámenes correspondientes.
No se puede soslayar la importancia que tiene para la nación el cumplimiento cabal y oportuno, por parte de la Cámara de Diputados, de las atribuciones constitucionales de revisión de la Cuenta Pública que le otorga el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo el proceso de transición relativo al cambio de Presidencia de la República.
Por ello es urgente que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elabore y presente ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente.
Por las razones antes expresadas justifican plenamente la procedencia y urgencia de que se elabore el dictamen correspondiente a la aprobación de las cuentas públicas de 2002 y de 2003.
Consecuentemente, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se sirva:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite, remitiendo el presente documento, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que presente los dictámenes correspondientes a las cuentas públicas de 2002 y de 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado Víctor Valencia de los Santos (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de abril de 2005 se presentó a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 62 Bis a la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
El objetivo de la iniciativa fue adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a fin de que se encuentre en la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad de recomprar sus deudas, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de "derecho al tanto".
El 8 de diciembre de 2005 el Senado de la República aprobó una serie de modificaciones tanto a la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como a la Ley del IPAB, que coinciden ampliamente con el contenido de la iniciativa presentada por Convergencia en abril del año pasado, y que sin lugar a dudas servirán para apoyar y restaurar a muchos deudores buena parte del costo social y económico del rescate bancario.
La iniciativa aprobada por el Senado de la República establece una serie de modificaciones al marco jurídico existente que deberán permitir que se lleven a cabo las siguientes acciones por el IPAB y el SAE:
II. El IPAB, en coordinación con el SAE, publicará una convocatoria en donde se informe a los deudores en general la posibilidad de adherirse al programa de recuperación previsto en dicho ordenamiento.
III. El SAE servirá como ventanilla de gestión para la celebración de contratos de adhesión de los pequeños y medianos deudores que cumplan las condiciones de entrada al programa, y recibirá el pago respectivo por la enajenación de los créditos liquidados por los deudores que se adhieran al programa.
IV. Los deudores que se adhieran al Programa de Enajenación de Créditos Menores deberán pagar en un plazo no mayor de 12 meses, el importe de los recursos recibidos por parte de la institución respectiva, que no podrá exceder de 50 por ciento del monto originalmente recibido por el deudor cuando se trate de créditos agropecuarios, de 60 por ciento para créditos comerciales, empresariales y refaccionarios, y de 70 por ciento para créditos hipotecarios de vivienda.
V. En adición a los montos establecidos en el inciso anterior, los deudores que se adhieran al programa deberán pagar 2 por ciento adicional por concepto de gastos de administración al SAE.
VI. Los deudores que se adhieran al programa deberán cubrir todos los gastos derivados de la cancelación de gravámenes, escrituración, liberación de hipotecas y honorarios notariales.
VII. El programa deberá establecer condiciones especiales para adultos de la tercera edad y para discapacitados
VIII. Todos los créditos que el IPAB cedió en administración a empresas especializadas o compradoras de cartera deberán ser transferidos al SAE.
IX. Cuando la cartera referida en el artículo 62 Bis haya sido entregada por el IPAB, a alguna administradora de cartera, el instituto instruirá a la administradora correspondiente para que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 Bis.
X. Las instituciones de crédito deberán extender una carta de cesión de derechos de los créditos que transfieran al IPAB, nombrando al SAE como el nuevo titular de los derechos litigiosos y de administración de los créditos respectivos.
XI. Una vez que el IPAB y el SAE hayan publicado la convocatoria al Programa de Enajenación de Créditos Menores, los deudores que opten por adherirse a éste contarán con un plazo máximo de cuatro meses para formalizar su adhesión al programa. De lo contrario, el SAE podrá disponer de otros mecanismos para la recuperación de los créditos, incluyendo los procedimientos judiciales o la enajenación de los derechos litigiosos.
XII. Durante el periodo previsto en el punto anterior y para dar certidumbre a los deudores que se adhieran al programa, los bancos y las administradoras de cartera se abstendrán de promover las ventas judiciales y desalojos de viviendas. Los juicios que se encuentren en proceso se detendrán con la simple adhesión del deudor al programa.
Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de noviembre de 2006.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado federal, Santiago Gustavo Pedro Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LX Legislatura federal del Congreso de la Unión, respetuosamente propone a esta presidencia que formule una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto de adiciones al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a los siguientes:
Antecedentes
Con fecha 28 de abril de 2005, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LIX Legislatura, presentó dicha iniciativa, la cual se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, el día 10 de mayo de 2005.
Por lo anterior, ciudadano presidente, atentamente me permito solicitarle:
Artículo Único. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que con la menor brevedad, dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto de adiciones al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Santiago Gustavo Pedro Cortes (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DE LOS DIPUTADOS GERARDO LAGUNES GALLINA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA Y CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En nuestro carácter de diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI en esta LX Legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 87 y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicitamos a esta honorable presidencia que, en ejercicio de sus facultades tenga a bien excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que se sirva dictaminar la minuta con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y adiciona un artículo 62 Bis a la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, por haber transcurrido el plazo que tiene la comisión para dictaminar la minuta sometida a su consideración, con base en las consideraciones que prosiguen:
Antecedentes
Primero. La minuta cuya dictaminación se solicita tuvo su origen en la iniciativa presentada ante el Senado de la República por el entonces senador Jorge Abel López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, el día 18 de octubre de 2005, es decir, hace ya más de un año, para adicionar la Ley Federal para la Administración de Bienes del Sector Público.
Segundo. En el mismo año, en la Cámara de Diputados se presentó ante el pleno de ese órgano la iniciativa del diputado a la LIX Legislatura Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, que guarda cierta vinculación con el objeto de la iniciativa del senador Jorge Abel López Sánchez, y en la que se propone adicionar el artículo 62 Bis de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
Tercero. Las dos iniciativas fueron turnadas a las respectivas comisiones de Hacienda de ambas cámaras. La Comisión de Hacienda del Senado rindió su dictamen el primero de diciembre de 2005, adicionando tanto la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, como la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y fue aprobado por el pleno el 8 de diciembre subsecuente, para su inmediato envío a la Cámara de Diputados y su turno a la Comisión de Hacienda, con fecha 13 de diciembre del mismo año. El 8 de febrero de 2006, el Congreso del estado de Michoacán suscribe y remite un acuerdo de su pleno por el que exhorta a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso, a que dictamine la minuta con iniciativa de decreto en cuestión.
Cuarto. Concluyó la Legislatura LIX sin que presentase el dictamen correspondiente la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por lo que este es el segundo periodo de sesiones que transcurre sin que se termine de aprobar un decreto tan importante.
Consideraciones
Primera. Uno de los hechos que más lesionó la economía del país y la de muchos mexicanos y sus familias fue la crisis económica que estalló en diciembre de 1994. Un verdadero colapso crediticio sucedió a una expansión desenfrenada de los préstamos de la banca comercial. La devaluación de la moneda, la fuga de capitales, las crisis en las balanzas comercial y de pagos, trajeron un incremento inusitado en el desempleo y la inflación, acompañadas de tasas exorbitantes de interés que prácticamente hizo impagables buena parte de los créditos de particulares que fincaron, en años anteriores, expectativas muy legítimas de mejoramiento de su situación material.
Segunda. La distribución de los costos del desastre bancario distan de ser socialmente equitativos. Los programas de rescate aliviaron en forma por demás modesta la problemática de los deudores. La cartera vencida de los deudores que compró el FOBAPROA fue transmitida al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, cuya ley orgánica regula las operaciones de compra de cartera y enajenación de activos. Para dicho efecto se crearon "Administradoras de cartera" que son entidades privadas y por tanto inspiradas en fines de lucro, con el propósito de llevar a cabo la cobranza de los créditos, previa compra de la cartera vencida.
No se ignora el hecho de que las administradoras de cartera han pagado los créditos a un precio promedio de 17 centavos por cada peso de cartera vencida; que, posteriormente las venden en promedio en 80 centavos; de lo que se concluye que el esquema actual no beneficia ni al IPAB, ni a los deudores, que de esta manera son privados de la posibilidad de recuperar su propia cartera. La gran ganancia es pues para las administradoras de cartera.
Tercera. En el caso de los préstamos hipotecarios para casa habitación y cualesquiera otros que tuvieran una garantía real, el desenlace de los programas de rescate bancario no ha sido más alentador. La imposibilidad de los deudores para el pago del principal e intereses ha dado paso al traslado de los bienes embargados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que mediante procedimientos de remate, subasta o licitaciones, procede a enajenar los bienes. Sin embargo, es práctica recurrente por razones de aparente conveniencia, vender los bienes en paquete, lo que automáticamente deja a los deudores originales en un estado de imposibilidad de recuperar o recomprar sus bienes.
Cuarta. La minuta cuya dictaminación ahora se solicita, contiene diversas adiciones que acometen parte de los problemas que resienten los deudores a 12 años de distancia del desastre bancario. En primer término, se permite a los deudores mediante una reforma a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, tener una preferencia en la recompra de sus propios bienes, ejerciendo un derecho del tanto. También se prohíbe, al mismo tiempo, a los funcionarios públicos de cierto rango y a sus familiares, participar en los procedimientos de enajenación para prevenir actos de corrupción y ventajismo.
Por otra parte, en el proyecto se reforma la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a fin de establecer un Programa de Enajenación de Créditos Menores que permita a los deudores recomprar su deuda con montos límite de 50 por ciento de crédito originalmente otorgado y de 60 por ciento en los créditos agropecuarios.
Quinta. Como se puede advertir, el contenido de las reformas está inspirado en los más elementales principios de justicia económica y social, que a 12 años de las contingencias financieras que vivió el país, se deterioraron o prácticamente arruinaron muchas economías familiares, con un alto costo en términos de desarrollo social y bienestar de la población.
En razón de todo lo anterior, se considera impostergable la dictaminación y eventual aprobación de la minuta, por lo que atentamente pedimos se sirva:
Único. Excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y que se le remita el presente documento para que en los términos de sus posibilidades, dictamine a la brevedad la minuta con iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y adiciona un artículo 62 Bis a la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.
Diputados: Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalupe
Merodio Reza (rúbrica), José Jesús Reyna García,
Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica).