El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con fundamento en lo establecido en los artículos 19, numeral 4, inciso a), 20, 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, la propuesta para remover al Presidente de su Mesa Directiva diputado Jorge Zermeño Infante, dados los preceptos indicados, según los cuales un integrante de la Mesa Directiva puede ser removido por transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y en la propia reglamentación del Congreso.
Se establece en los artículos 20 al 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, que la Mesa Directiva de la Cámara y su Presidente, deben observar en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, para asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara, siendo el Presidente quien dirige y coordina a la propia Mesa.
Sin embargo, el diputado Zermeño Infante, en su actuar, excede la atribución que la ley le confiere para asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones, exceso producto de la visión partidista con la que el diputado Presidente toma decisiones trascendentales, que causan molestia y afectan derechos de diputados, colaboradores, trabajadores de la propia institución y vecinos de la zona, me refiero al uso desmedido que el diputado Presidente hace de la fuerza pública y del operativo de disuasión que tiene cercada literalmente a la Cámara.
El diputado Zermeño, con el pretexto de "guardar el orden en la Cámara" y contrario de conseguir este fin, aporta a un escenario de confrontación, el diputado se ha convertido en un simple actor partidista más, cometiendo actos de provocación que lejos de acercarnos a la solución de la actual situación, nos lleva a escenarios de franco peligro.
Señores diputados, mucho se ha dicho aquí sobre agresión, la vergüenza, y la indignidad que provoca a los mexicanos, la instalación de un muro fronterizo entre nuestro país y Estados Unidos; pues ahora les digo que no será necesario esperar a que eso suceda, ya que el diputado Zermeño con su actuación, nos ha llevado a tener un muro de la vergüenza aquí mismo, vallas de más de dos metros que no permiten a los ciudadanos asomarse siquiera a su Congreso.
Estos hechos, sin duda alguna y ustedes estarán de acuerdo, resultan violatorios de nuestra Carta Magna y son motivo suficiente para remover del cargo de Presidente de la Mesa Directiva al diputado Zermeño Infante, por lo que solicito el apoyo de los diputados integrantes de la Cámara a fin de dar solución, a la lamentable situación en la que este órgano ha venido desarrollando sus actividades y se permita ya con un nuevo Presidente que dirija los trabajos, encontrar la salida a la complicada situación en la que nos encontramos.
Por lo antes expuesto, diputadas y diputados me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se someta a la consideración de esta honorable Asamblea la remoción del diputado Jorge Zermeño Infante como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dadas las continuas violaciones a diversas disposiciones constitucionales y leyes que regulan el funcionamiento de la Honorable Cámara de Diputados, como ha quedado señalado en el cuerpo del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil seis.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE AUTORICE UN MONTO PRESUPUESTAL ÚNICO A LOS PODERES JUDICIALES
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE PERMITA APOYAR LOS GASTOS QUE GENERA LA
INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES PARA
LOS ADOLESCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO JERICÓ ABRAMO MASSO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El 12 de diciembre de 2005 apareció publicada la reforma al artículo 18 constitucional en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual se cumplía con los acuerdos establecidos por México ante la comunidad internacional sobre los derechos de los niños y adolescentes.
Esta reforma establece la creación de un sistema independiente de justicia para los adolescentes, con jueces y ministerios públicos especializados para ello, quienes determinarán si se cometió o no una infracción a la ley penal. La reforma prevé que la privación de la libertad deberá ser el último recurso, que sólo debe ser aplicado para delitos graves; para delitos menos graves prevé sanciones de trabajo en favor de la comunidad y con un enfoque educativo.
"Para acelerar el proceso que ha estado pendiente por tanto tiempo, el Estado debería comenzar a capacitar jueces y abogados en cuestiones de justicia juvenil, tanto a nivel federal como local. Esto implica la designación de los respectivos fondos", subrayó la señora Yoriko Yasukawa, representante de la UNICEF en México, el 1 de octubre del 2005.
Uno de los grandes obstáculos para que los estados federativos echen andar este sistema especializado de justicia son los recursos que se están invirtiendo, y que en una gran mayoría se han visto limitados. Basta recordar el congelamiento de los recursos a las entidades federativas con motivo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, y para concluir este año fiscal se anuncio otro golpe a las finanzas estatales al reducir los montos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Haber establecido esta reforma fue para la justicia mexicana un gran avance, lo que actualiza el sistema de tribunales y la adecuación de las leyes locales en los estados del país; cobra principal importancia que se apoye a los estados para acelerar y fortalecer las reformas necesarias para la implementación de los tribunales especiales.
Hemos recibido una serie de solicitudes de apoyo a las entidades federativas en esta honorable soberanía por parte de los procuradores de Justicia para que se dote al presupuesto de una partida especial que contemple las necesidades presupuéstales que esto implica.
Esta reforma se publicó el 12 de diciembre del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo en dos de sus transitorios: primero, que entraría en vigor tres meses después de su publicación; y segundo, las entidades federativas contaban con seis meses para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación de esta reforma.
Mi estado, Coahuila ya implantó las reformas de adecuación a las leyes locales para sincronizarlas con el contenido del artículo 18 Constitucional, así como la instalación de los tribunales con sus respectivos jueces encargados de estos.
Creo que todos aquí somos solidarios con nuestras entidades de origen, por lo que debemos hacer que nuestra facultad constitucional de revisión y modificación, en su caso, del proyecto de Presupuesto venga a fortalecer y hacer cumplir los alcances de los beneficios de la justicia a los adolescentes de nuestros respectivos estados.
Somos parte de un reclamo de la sociedad, nos observan y nos evalúan, hagamos por eso un ejercicio serio y conciente de lo mejor del oficio político: los acuerdos. Se ha transitado durante mucho tiempo para lograr el pleno derecho de los niños y adolescentes, contribuyamos a ello.
Solo queda, como expuso la delegada de la UNESCO, otorgar el presupuesto suficiente para hacer realidad uno de los anhelos de las sociedades modernas, la realidad del derecho y la aplicación justa de las leyes en nuestras nuevas generaciones, de manera que se evite la tentación que la delincuencia hace con nuestros niños y adolescentes.
Por lo anterior, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública, que otorguen un monto presupuestal, por única vez, a los poderes judiciales de las entidades federativas, que permita el apoyo para los gastos que generan la integración e instalación de los tribunales especiales para los adolescentes y la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de éstos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.
Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE DESTINEN RECURSOS ETIQUETADOS AL COMITÉ
OLÍMPICO MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SÁNCHEZ
RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El deporte a nivel mundial, es una actividad que logra gran respuesta a sus convocatorias, esto no es sólo momentáneo o coyuntural, el deporte se ha consolidado día a día como parte de la cultura y cotidianidad de los pueblos. Así, lo que en principio fue una forma de ejercicio físico se ha convertido en una actividad de tiempo completo y profesional. Para competir y alcanzar récords los y las deportistas tienen que prepararse de forma cotidiana, metódica e incluso científica.
Esto no siempre fue así, al revisar la historia, vemos que aún en los pueblos más antiguos se han encontrado vestigios de la práctica de actividades que se pueden calificar como "proezas deportivas" y son sólo actos que el hombre realizaba para su supervivencia, como fue; correr para escapar de los animales, saltar para eliminar obstáculos naturales, atravesar a nado los ríos, lanzar armas como la jabalina para la caza o en las guerras, luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos.
Hoy, la lucha con los adversarios no es por situaciones derivadas de actos belicosos, pero sí por la demostración de talento, capacidad, preparación y desarrollo deportivo, ya que ser en los eventos deportivos mundiales, la o el representante de un país y ganador de una medalla olímpica es la más grande aspiración de todo deportista, reflejo del resultado de años de dedicación y esfuerzo dejado en cada alberca, pista, cancha o estadio, así como el sacrificio personal y familiar de cada contendiente.
Muchos deportistas mexicanos han desfilado por los estadios olímpicos, siempre con el anhelo de alcanzar la victoria, luchando contra la adversidad, la economía individual y del país, también en ocasiones contra los mismos mexicanos que no entendieron, en su momento el deseo de esos competidores de elevar el nombre propio y de su país.
La tarea de entrenar y preparar a las y los atletas de alto rendimiento para competencias internacionales es del Comité Olímpico Mexicano (COM), ya que todo atleta que logre alcanzar la representación internacional habrá pasado por sus instalaciones, pues el COM es considerado la universidad del deporte en México.
Reconocemos la existencia de programas que coadyuvan en la búsqueda y formación de talentos deportivos, pero sólo con acciones permanentes que contribuyan al desarrollo personal, intelectual, afectivo y psicomotor enfocado al deporte entre nuestros niños, niñas y jóvenes, lograremos que estas aulas del COM se vean repletas de deportistas que además de ser ejemplo a seguir por las futuras generaciones, sean la muestra de que México se encamina hacia un mayor desarrollo político, económico, social y deportivo.
Sabemos que proyectos de este tipo requieren no sólo de entusiasmo y compromiso, también de presupuesto suficiente para cubrir cada uno de los requerimientos que implica la formación de atletas de alto rendimiento capaces de alcanzar los logros internacionales esperados por todo nuestro país.
Sobre este aspecto debemos mencionar que, al inicio del sexenio y hasta el año 2003, el COM recibió vía Conade, un presupuesto destinado al Programa de Alto Rendimiento y Apoyo a las Federaciones, a partir del año 2004, el monto se redujo de 49 a 30 millones de pesos, y durante 2005 y 2006 el Comité Olímpico Mexicano, no ha recibido recursos económicos por parte del gobierno federal. Su financiamiento actual, se basa en ahorros, aportaciones privadas y del Comité Olímpico Internacional.
Por esto es importante destacar el acuerdo de la Comisión de Juventud y Deporte, que reconoce la importancia y necesidad de proporcionar al COM los recursos suficientes destinados a instalaciones, entrenadores, médicos, alimentos, etcétera, pues ello, facilitará el desarrollo de su tarea que es, entre otras; elevar el funcionamiento y logros internacionales de las y los atletas mexicanos que compiten con la representación de nuestro país.
A cada derecho, una obligación, exijamos logros y medallas pero también destinemos presupuesto etiquetado para ello, nuestros deportistas lo demandan y lo merecen, escuchemos su reclamo. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía la aprobación de la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, destine recursos económicos etiquetados al Comité Olímpico Mexicano (COM), sugeridos por las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 7 de diciembre de 2006.
Diputado Francisco Sánchez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA RED CONSULAR MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que integramos esta LX Legislatura, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
La política exterior mexicana debe retomar su tradición diplomática, con base en sus principios y valores plasmados en nuestra constitución, con un solo propósito: buscar el beneficio de la sociedad mexicana y defender los intereses de México en el exterior.
En el nuevo contexto global debemos, como nación, ejercer un papel activo, realista, responsable y concreto en el diseño de la nueva arquitectura mundial, dando énfasis a las acciones orientadas a promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos, a través de la cooperación internacional.
Es fundamental que este nuevo Gobierno federal asuma y dé respuesta inmediata para que la población indocumentada que reside en Estados Unidos pueda normalizar su situación migratoria, así como la ampliación y modernización de los esquemas de trabajo temporal existentes, a fin de alcanzar una mejor administración bilateral del fenómeno migratorio.
Desde 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores instrumentó el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cual promovió la vinculación de dichas comunidades con nuestro país, así como su desarrollo en materias como salud, educación, deporte, cultura y organización comunitaria.
La pasada administración federal, en el año 2000, creó la Oficina de Representación para Mexicanos en el Exterior y México-americanos, la cual funciono hasta el año 2002, y en 2003 se formo el Instituto de Mexicanos en el Exterior; sin duda, estas acciones representan algunos avances en la materia, pero también, por factores externos e internos, tampoco han dado los resultados deseados.
En este sentido, resulta de vital y estratégica importancia fortalecer la red consular, que es la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, y tiene la obligación permanente de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales económicas, culturales y científicas entre ambos países, expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la ley y su reglamento.
Hoy es y debe de ser prioritario para el gobierno federal contar estrategias e instancias administrativas modernas, eficaces y con mayor capacidad de coordinación interinstitucional para atender adecuadamente las demandas de los mexicanos y las comunidades en el exterior y que la desconcentración administrativa contribuya a lograr tales objetivos.
Para los diputados de esta LX Legislatura del Congreso de la Unión es una preocupación y ocupación permanente coadyuvar, desde el ámbito de nuestra competencia, en la generación de condiciones para que los migrantes mexicanos reciban atención y respuesta oportuna a sus demandas.
Es de todos conocido que en el sexenio pasado la red consular fue disminuida en sus acciones, debido a un criterio de simple reducción administrativa y en la mayoría de los casos resultó en prejuicio de las actividades que realizan de manera cotidiana los consulados, lo cual resulta muy grave, ya que estos son fundamentales para la vida cotidiana de nuestros connacionales, que viven fuera de nuestro territorio, sin importar sus situación migratoria.
Los consulados son los que diariamente tienen la responsabilidad de garantizar e implementar medidas de seguridad en los documentos que se expiden como comprobantes del registro consular y emitir en Estados Unidos de América el certificado de matrícula consular de alta seguridad (MCAS), documento de identidad que permite a nuestros nacionales solicitar servicios y realizar trámites públicos, como pago de impuestos, obtención de licencias para conducir, apertura de cuentas bancarias, defensorías de oficio, entre otros.
Es importante señalar que la matrícula consular de alta seguridad es aceptada como documento de identidad por al menos una autoridad en 33 estados de la Unión Americana y 408 instituciones bancarias en ese país. Más de 5 millones de mexicanos utilizan este documento como identificación.
Esta cifra incluye las matrículas tradicionales que se expidieron antes de la instrumentación de las de alta seguridad, sin embargo la realidad nos ha rebasado y esto todavía es insuficiente.
También los consulados tienen la obligación de que, mediante un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, se haga valer la defensa a las violaciones del derecho de información sobre asistencia consular de los nacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte, de acuerdo con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La red consular atiende, en muchas ocasiones de manera insuficiente, los casos de protección y asistencia a mexicanos en el exterior, a fin de apoyarlos en su defensa contra actos que atentan contra su dignidad y libertad, así como sus derechos humanos y laborales.
Estas son algunas de las funciones y responsabilidades de la red consular, que son de la mayor importancia para la vida de millones de mexicanos que viven en el extranjero y representan uno de los sectores de la sociedad con quien el Estado mexicano debe tener un respaldo y apoyo decidido y determinante.
A pesar de su relevancia y por criterios de operación y asignación del presupuesto de egresos, que no son del todo claros y justificados en este rubro, la red consular, en el año 2006, tuvo un presupuesto de 160 millones de pesos, cuando por derechos y servicios la red consular cobra más de 500 millones de pesos anualmente, sin que esto se vea reflejado en el aumento del nivel de eficiencia, infraestructura y atención que brinda la red consular.
Por lo anteriormente expuesto me permito poner a su consideración, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se asigne un monto igual a lo cobrado por la red consular en el año 2006 por derechos y servicios en el Presupuesto de Egresos de la federación para el año 2007.
Segundo. Se cite a comparecer en comisiones unidas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de que informe a esta soberanía de los criterios y acciones, con lo que la actual administración federal se desempeñara en lo relativo a al Red Consular Mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.
Diputado Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2007 SE CONSIDERE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN DIVERSOS
MUNICIPIOS DE HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Existe un aspecto de la vida cotidiana, que mucho nos afecta tanto en nuestra salud, como por su impacto en el ambiente como es el tema de los residuos sólidos o basura.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señala en sus "Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México: 2005" de que en los últimos trece años, se estima que la generación de residuos sólidos municipales se ha incrementado en un 57 por ciento, alcanzando las 34.6 millones de toneladas en el 2004, con un incremento promedio anual de casi un millón de toneladas.
La Semarnat revela en los indicadores antes citados, de que cuando menos una tercera parte de los residuos sólidos municipales (33 por ciento), se disponen sin control. Esta falta de sistemas adecuados para el manejo de los residuos sólidos municipales puede tener efectos graves en la salud y el bienestar de la población su manejo. Dichos efectos se asocian generalmente a enfermedades como la fiebre tifoidea, la salmonelosis, el cólera y la amebiasis.
La propia Semarnat informa en los mencionados indicadores, que desde 1995 hasta el 2004 se han registrado un total de 432 sitios contaminados (que incluyen aquéllos con y sin responsable). Los principales materiales encontrados son hidrocarburos, escorias, aceites gastados, solventes, metales pesados y residuos biológico-infecciosos.
El caso del estado de Hidalgo es preocupante, ya que casi en la totalidad de los 84 municipios que conforman la entidad, se carece de sistemas adecuados de manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Conforme a datos del Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo para el año 2003 sólo el 20.4 por ciento de la generación de residuos sólidos urbanos estaban siendo dispuestos en forma controlada en rellenos sanitarios (367.6 toneladas diarias). En contraste, entre las opciones irregulares para disponer los residuos sólidos urbanos generados diariamente, se estima que un 50 por ciento corresponde a tiraderos a cielo abierto y el 21 por ciento es sujeto a quema.
El mencionado consejo informa, que se estima con respecto a la composición de los residuos sólidos en el estado de Hidalgo un 22.5 por ciento son plásticos, 14.8 por ciento cartón y el 13.9 por ciento vidrio. Lo que significa un importante valor económico potencial a través del reuso o el reciclaje de tales desechos, que hoy en su mayor parte se pierde.
Lo anterior va en contra del espíritu de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2003, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.
El principal objetivo de una política sostenible de residuos debe ser evitar el generar residuos. Para ello, se requiere una gestión integral de los residuos, que se entiende como la articulación de acciones de planeación, normativas, operativas, financieras, educativas, entre otras acciones. Esto se complementa, con un manejo integral de los residuos, que es la aplicación consecuente de actividades como reducir, reutilizar y reciclar los residuos antes de la disposición final.
En ese sentido, en el estado de Hidalgo se están buscando opciones no sólo de rellenos, sino también de reciclaje, composteo, de producción de energía. En lo anterior, hay un común denominador, su finalidad es lograr beneficios ambientales, optimización económica, y aceptación social de la gestión y manejo integral de los residuos.
Sin embargo, para dichos fines se requieren recursos presupuéstales de los que carecen los municipios de Hidalgo como Tizayucan, Cuautepec, Apan, Zempoala y Tepeapulco, los cuales requieren de manera urgente atención en la problemática común expuesta de los residuos sólidos urbanos.
Por ello, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se incluyan los recursos necesarios a través del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social, en su modalidad de prevención de riesgos y mejoramiento ambiental, para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de dichos municipios en el estado de Hidalgo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Desarrollo Social, en el momento de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, consideren en forma prioritaria la asignación presupuestaria necesaria a través del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social, en su modalidad de prevención de riesgos y mejoramiento ambiental, para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en los municipios de Tizayucan, Cuautepec, Apan, Zempoala y Tepeapulco en el estado de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE CONSIDERE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA
DE ATENCIÓN INTEGRAL DE MUNICIPIOS MARGINADOS DE LAS ZONAS DE SIERRA
Y MONTAÑA, A CARGO DEL DIPUTADO JOEL GUERRERO JUÁREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Joel Guerrero Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que esta honorable Cámara de Diputados incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la creación del programa de atención integral a municipios más pobres y marginados de las zonas de sierra y montaña de México, se incremente el presupuesto destinado al sector forestal y se modifiquen las reglas de operación a fin de dar mayor prioridad a la atención de las comunidades que habitan las regiones de sierra y de montaña de nuestro país al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Las montañas revisten una destacada importancia para el bienestar de la sociedad en general, que va más allá del bienestar de la gente que la habita; en el mundo es lugar de residencia del 10 por ciento de la población, es santuario para una extraordinaria red de vida vegetal y animal, las montañas son también fuente de los más grandes ríos del mundo.
De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, la participación del sector forestal en la economía nacional fue de entre el 1.4 y 1.6 por ciento del producto interno bruto en el periodo 2000-2004.
Uno de cada dos habitantes sacia su sed con agua originada en las montañas, la biodiversidad de las montañas se halla entre las más grandes de todas las ecorregiones del mundo. De las 20 especies de plantas que proveen el 80 por ciento de los alimentos del mundo; por ejemplo, seis tuvieron su origen en las montañas. Entre ellas, las papas, el maíz en la Sierra de México y el sorgo en las tierras altas de Etiopía.
Los cambios climáticos, la contaminación, la explotación minera, las prácticas de agricultura insostenibles y el turismo están afectando seriamente a los ambientes montañeses, conduciendo a su amplia degradación y aumentando el riesgo de calamidades como inundaciones, desprendimientos de tierras, avalanchas y hambruna.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nuestro país se ubica en el lugar 12 en cuanto a superficie forestal a escala mundial; se estima que hay en México 32 millones de hectáreas de bosques y 58 millones de hectáreas de selvas.
El 80 por ciento de los bosques y las selvas de nuestro país pertenecen a ejidos y comunidades y tienen en sus manos gran parte de la diversidad biológica. Actualmente, 10 millones de personas habitan esos ecosistemas. De ellos, al menos 5 millones son indígenas campesinos e indígenas.
Dos terceras partes de la gente que vive en los bosques mexicanos son pobres y dependen de los recursos forestales para subsistir. De su entorno obtienen alimento, medicinas, materiales de construcción, combustible y un poco de dinero por la venta de productos comestibles y no maderables, como copal y chicle, entre otros. De acuerdo con la FAO los municipios indígenas de México presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África.
Es necesario destacar que la población que habita en las zonas de sierra y de montaña en México son los más vulnerables, se encuentran entre las poblaciones más pobres y marginadas de nuestro país, no es un secreto que el deterioro ambiental de estas zonas ha repercutido en un marcado deterioro de sus condiciones de vida y que, a raíz de esto abandonan sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades, particularmente en Estados Unidos de América, lo que a su vez genera problemas de desintegración familiar y de salud entre otros.
Por otra parte, los recursos aprobados para los programas que atienden al sector forestal, se enfocan principalmente a programas de reforestación, plantaciones forestales comerciales y combate a incendios, en cambio los programas dirigidos a promover y fortalecer un manejo forestal sustentable y comunitario sólo representa el 20 por ciento del presupuesto del sector.
Por citar sólo un ejemplo, el monto de apoyo para el manejo forestal sustentable en el 2005 fue de 212.54 pesos por hectárea, mientras que el apoyo para plantaciones forestales comerciales fue de 7 mil 844.4 pesos por hectárea.
Un elemento adicional a la problemática descrita de las zonas de montaña y sierra es la producción y comercio ilícito de drogas, ya que la delincuencia organizada los utiliza, aprovechándose de la necesidad de sobrevivencia de sus pobladores.
En este sentido, es necesario crear conciencia de la importancia de los ecosistemas y la necesidad de mejorar el bienestar de los habitantes montañeses y desarrollar e implementar políticas estrategias de desarrollo sostenible y crear políticas y leyes favorables a las montañas, adaptadas a las necesidades, prioridades y condiciones de las diferentes entidades o regiones del país con una visión de largo plazo.
Es por eso que, confiando en la sensibilidad de todos ustedes, solicito su solidaridad con uno de los sectores más pobres y desprotegidos de nuestro México: las comunidades de las regiones de sierra y montaña, a fin de aprobar recursos para un nuevo programa que atienda y apoye de manera integral a los municipios más pobres de la sierra y la montaña y coadyuvar a su desarrollo sustentable. Recordemos que nuestro bienestar futuro y la salud del planeta y de nuestro México dependen de sus sierras y montañas.
Asimismo se propone que este programa incluya tres vertientes para su atención:
En el aspecto económico: Aumentar el ingreso familiar, crear y mantener el empleo, desarrollar y diversificar las actividades productivas autosostenibles, fomentar el abasto rural regional, arraigar a los jóvenes en su comunidad y apoyar al sector productivo de la zona mediante inversiones integrales (producción-procesamiento-industrialización-comercialización).
En el aspecto ambiental: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que otorgue valor significativo a los elementos naturales del área, genere y garantice una derrama económica a la población local, no modifique ni ponga en riesgo el entorno natural del área, preserve el medio ambiente, establezca plantas de tratamiento y depósito y confinamiento de desechos.
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Uno. se exhorta a las comisiones encargadas de revisar y aprobar los programas y recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, aprobar la creación del programa de atención integral a los municipios más pobres y marginados de las zonas de sierra y montaña de México, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a garantizar un monto suficiente para la ejecución de dicho programa en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.
Dos. Se exhorta a las comisiones correspondientes de esta honorable Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto destinado al sector forestal para que pase del 0.12 por ciento al 0.50 por ciento del Presupuesto de Egresos.
Tres. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de las áreas correspondientes, se modifiquen las reglas de operación, a fin de dar prioridad a la atención de las comunidades que habitan las regiones de sierra y de montaña, así como a ampliar los apoyos a las comunidades que ya hacen un manejo sustentable de sus bosques e incorpore una mayor superficie forestal del país que actualmente no recibe apoyos y se encuentra sin manejo.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2005.
Diputado Joel Guerrero Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS MINEROS, A CARGO DEL DIPUTADO
MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Federal Modesto Brito González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, miembro de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 , 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto ante el Pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Uno. La Industria Minera Nacional vive momentos de importancia que deben ser atendidos. Como es conocido la minería mexicana tuvo una etapa de reducción de sus actividades, durante los ciclos de bajos precios que se manifestaron de 1997 al año 2003. Pero fue hasta el año del 20051, cuando hubo aumentos consistentes en los precios de los metales y minerales, dichos aumentos fueron provocados por la demanda de naciones que como China requieren para impulsar obras de infraestructura.
La producción mundial de acero, está alcanzando hoy niveles históricos para el abasto de sistema industrial. Actualmente se han destinado para la producción de exploración minera mundial aproximadamente 4 mil 900 millones de dólares, siendo Latinoamérica el destino final de esta inversión por compañías trasnacionales.
En tanto en México, la producción minero metalúrgica, alcanzó una producción record, de más de 53 mil millones de pesos en 2005.
Minerales como el oro, la plata, zinc, plomo, cobre, antimonio, molibdeno y carbón se incrementaron en ese mismo año. También se observó un crecimiento en el grupo de los minerales no metálicos como el caolín, la celestita, la dolomita, la fluorita, la barita, la sal y el yeso.
El denominado sector minero, ha tenido en los últimos años un repunte en sus actividades y las inversiones en el mismo se han incrementado pues en el año 2005 esta inversión fue de aproximadamente 900 millones de dólares. Sin embargo esto no sea ha reflejado en las micro y pequeñas empresas mineras que requieren hoy de créditos y soluciones para el incremento de su mercado.
De acuerdo con datos oficiales de fines de sexenio, emitidos por el INEGI, la minería proporciona empleo a aproximadamente 264 mil personas de manera directa, sin embargo no se contabilizan la mano de obra temporal que es contratada en la actividad de exploración y explotación.
También en el 2005 hubo incrementos en los metales preciosos y no ferrosos, pero nuestro país, dejó de ser el principal productor de plata en el mundo, aun así su explotación está produciéndose con aumentos moderados. La producción de cobre se incrementó, la cotización del zinc subió y el plomo se benefició.
Por otro lado en ese mismo año, los minerales siderúrgicos tuvieron una producción de cerca de mil 129 millones de toneladas en el mundo, sobre todo en Asia.
Dos. Sin embargo el aumento de los precios y de una aparente situación de bonanza, no se ha reflejado del todo, en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas mineras mexicanas. De todos es sabido, que aquí en esta tribuna, durante este periodo de sesiones se han tratado temas que tienen que ver con asuntos mineros específicos. Como es el caso de la Minera San Javier del estado de San Luis Potosí y otros como el de la mina Pasta de Conchos.
El tema requiere atención no solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo para asuntos, en extremo sensibles. Pues existen múltiples manifestaciones relacionadas con el sector minero que exigen consideración del Congreso.
En efecto, en el sector minero se revelan la existencia de conflictos, riesgos laborales para los trabajadores, daño y exposición a materiales tóxicos en la operación de la actividad minera. Por ejemplo en opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "La minería es la actividad que produce más accidentes mortales y enfermedades entre sus trabajadores; además, en ella participan millones de personas de manera informal, sin protecciones laborales ni seguros de salud". Actualmente los mineros se enfrentan a nuevas presiones producto de la fatiga, el estrés y el error humano, mismas que se han convertido en fuentes de riesgo permanente para quienes se ocupan de ella.
La minería es una industria en transformación; se han intensificado sus riesgos profesionales, las prácticas de trabajo intensivo actuales pueden convertirse en un problema para los trabajadores, sus familias, la industria minera y la sociedad en general en los años venideros. De acuerdo al dictamen de la OIT.
Por otro lado es uno de los sectores que registra, la más alta mortalidad laboral. Como se revelo trágicamente en febrero de este año en la mina de carbón de San Juan Sabinas, en la región Nueva Rosita, Coahuila tras la muerte de 65 obreros, algunos de los cuales habían avisado de una fuga de gas con anterioridad al siniestro.
Tres. Es verdad, que la actividad minera, en México necesita estar diversificada y producir nuevos productos.
Además requiere incremento en la inversión, seguridad para los trabajadores y sus familias, capital y nuevas tecnologías, así como mercados internos y externos. Y apoyo fundamental a las pequeñas y medianas empresas mineras desde la extracción, transformación y elaboración final del producto, como créditos para la inversión.
Sin embargo en la actualidad, el desarrollo del sector minero mexicano no puede y no debe soslayar, lo que se ha denominado como el desarrollo compensado, ante diversidad de factores correlacionados con la actividad minera.
Este nuevo concepto sostiene, la necesidad de una etapa en el "movimiento de las comunidades mineras hacia la sustentabilidad, en el que se busca compensar de forma racional los impactos que la minería ocasiona sobre el medio ambiente, sin menguar la posibilidad del hombre de satisfacer sus necesidades. Es una etapa en la que se pretende privilegiar la capacidad de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la sociedad, creando las condiciones necesarias para que las futuras generaciones satisfagan las suyas partiendo de toda la experiencia, que en materia de tecnología, creen las actuales generaciones y los procesos productivos alternativos que puedan surgir a partir de los existentes y las nuevas tecnologías que se produzcan... El desarrollo compensado llama a la introducción de cambios positivos en la naturaleza y en la sociedad como una vía para nivelar los impactos que ocasionan las actividades económicas sobre el medio ambiente".2
Por ello la actividad minera mexicana, debe ser atendida y estudiada y así conocer de parte de los sectores involucrados su realidad y proponer en todo caso las transformaciones legales consensuadas necesarias del sector minero, que procuren el bienestar general, ante todo de los más pobres.
Cuatro. Que es tarea del Poder Legislativo atender los problemas nacionales y examinarlos como dictaminar y proponer en su caso alternativas de solución. Y estar acorde con las demandas que estos generan y transformar sus actividades de acuerdo a las exigencias del momento.
Y que son las comisiones ordinarias y especiales, los órganos del legislativo para atender los temas de la nación. Además que no existe una Comisión de Asuntos Mineros de la honorable Cámara de Diputados, en tanto éste es un sector básico de la economía nacional.
En tal sentido y por lo anteriormente expuesto se propone el
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión constituya la Comisión Especial de Asuntos Mineros de la honorable Cámara de Diputados de la LX legislatura. Que tendrá como duración de su encargo el mismo que ésta.
Segundo. Esta comisión especial tendrá como objeto, el conocimiento de los asuntos mineros actuales de México, y la elaboración de propuestas del sector.
Tercero. La Comisión Especial de Asuntos Mineros, cumplirá en su integración con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Esta comisión especial contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Notas:
1 Cámara Minera de México
2 Juan Manuel Peña, Desarrollo Sustentable, especialista
de minería en América latina.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de 2006.
Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITAN RECURSOS ADICIONALES PARA AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS FONDOS
MIXTOS QUE OPERAN LOS ESTADOS CON LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO
CULTURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ PAGÉS LLERGO REBOLLAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Desde la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se estableció como una de sus prioridades la descentralización de bienes y servicios, de los recursos presupuestales y de las decisiones sobre su ejercicio.
En ese orden de ideas han sido creados los Fondos Especiales para el Estímulo y Apoyo a la Creación Artística, de Desarrollo Cultural Infantil, de Fomento a la Lectura, de Desarrollo Cultural Municipal, de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), y Regionales; que, producto de su pertinencia, se han institucionalizado al interior del sector cultural.
En todos los casos esas acciones, agrupadas bajo la denominación genérica de Fondos Mixtos, están amparadas en instrumentos jurídicos que implican obligaciones de aportación para las partes y la aplicación de mecanismos plurales, ciertos y transparentes para la asignación de los recursos.
A mayor abundamiento, en el caso específico de los Fondos de Desarrollo Cultural Municipal, se consideran aportaciones paritarias de los tres ámbitos de gobierno y, el órgano responsable de la asignación de los recursos, está integrado en su gran mayoría por representantes de la sociedad civil, designados a través del municipio, a propuesta de la comunidad.
Lejos de los argumentos centralistas que aseguraban que esos recursos serían aplicados para cursos de macramé o de belleza, las comunidades municipales han decidido aplicarlos para apoyar proyectos de recuperación de memoria histórica, de preservación de patrimonio cultural local y de capacitación en promoción cultural.
Es claro que lo que comenzó siendo una medida redistributiva del ingreso, se ha convertido en un medio para fortalecer la identidad local y construir un discurso para la comunicación intercomunitaria.
En ese orden de ideas, no me parece exagerado decir que los recursos que son aplicados a las acciones de descentralización cultural, a través de los Fondos Mixtos que opera el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con las instituciones estatales de cultura y los municipios, aunque de manera limitada por el monto de los recursos de que se dispone, han contribuido a darle continuidad y fortaleza a la red social que sigue sosteniendo el proyecto de nación.
No es ocioso destacar que la Dirección General de Vinculación Cultural del Conaculta ha informado que el monto aplicado a los programas que desarrolla en conjunto con estados y municipios, si bien representan aproximadamente el 6.9 por ciento del presupuesto total del Conaculta, aportan por sí mismos alrededor del 59% del público objetivo y un 104 por ciento de la meta cuantificada en el Programa Operativo Anual de ese organismo.
Consciente y sensible a esa realidad, la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en respuesta a las gestiones realizadas por la Comisión de Cultura de la Conago, asignó recursos adicionales a Fondos Estatales, Municipales, Regionales e Infantiles, en coordinación con las entidades federativas, al PACMYC y al PAICE; en los PEF 2005 y 2006.
Con ello, se abonaba a favor de la continuidad y se permitía la ampliación de los alcances de esas acciones que, como se ha comentado atienden, a través de las instituciones estatales y de los municipios, a los primeros factores del desarrollo cultural.
Sin demérito de ello, en el ejercicio 2005, esos recursos asignados por el Honorable Congreso de la Unión, fueron objeto de reasignación parcial por parte del Conaculta y, en el 2006, de recorte parcial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Quiero hacer énfasis en que el recorte aplicado a los recursos adicionales que fueron aprobadas por el H. Congreso de la Unión, en el PEF 2006, implicó la suspensión total de aportaciones federales a nueve estados y parcial a otros tres más.
Sin demérito de que el Honorable Congreso de la Unión deba de conocer de las causas que determinaron dichos reasignaciones y recortes presupuestales, es necesario que el Honorable Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, se pronuncie a favor de la continuidad las acciones agrupadas bajo el nombre genérico de Fondos Mixtos y la ampliación de sus líneas de acción.
En ese orden de ideas y como producto de un trabajo conjunto que hemos venido realizando con la Comisión de Cultura de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el pasado 27 de noviembre del 2006, durante su XXX reunión ordinaria, esa conferencia aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se autoriza al coordinador de su Comisión de Cultura, para que presente formalmente ante la mesa directiva de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados la propuesta de incremento a Fondos Mixtos y nuevas líneas de acción para Fondos Regionales, cuya inclusión se solicita dentro del PEF 2007.
No omito hacer hincapié en que la Conferencia Nacional de Gobernadores funciona como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación para lograr el fortalecimiento de las entidades federativas, con objeto de que éstas contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, cuenten con los recursos y capacidad de respuesta a las demandas de sus comunidades. De donde la propuesta de incremento a Fondos Mixtos y nuevas líneas de acción para Fondos Regionales que ha sido elaborada, cumple plenamente con los objetivos que se ha propuesto dicha conferencia, ya que los recursos adicionales que se solicitan, están destinados a incrementar y ampliar los alcances de programas que alientan la coparticipación presupuestal de los tres ámbitos de gobierno, que están al alcance de todos los estados de la República, que cuentan con mecanismos claros y trasparentes para la asignación de los recursos, y que han demostrado su pertinencia a lo largo del tiempo.
Por lo anteriormente expuesto y en avance de la propuesta que sea formalmente remitida por la Comisión de Cultura a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el momento procesal oportuno, se ha considerado someter a la consideración de esta soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, con base a la propuesta específica que le sea presentada por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y la propuesta de recursos que haya sido considerada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 2007 que sea remitido por el Ejecutivo, dictaminen el incremento o la suficiencia presupuestal de las partidas ordinarias correspondientes a cada uno de los órganos responsables que a continuación se desglosan, para quedar conforme a lo siguiente:
B) Al Órgano Responsable "D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia", dotarlo de suficiencia presupuestal, dentro de las partidas ordinarias que correspondan, por la cantidad de $224 000 000.00 (doscientos veinticuatro millones de pesos 0/100 m.n.), destinada ser aportada, a través del INAH y en acuerdo con las instituciones estatales de cultura, para la creación de nuevos Fondos Mixtos en colaboración con los estados: Creación del Fondo Mixto para la Conservación del Patrimonio Cultural; y, Creación del Fondo Mixto para la atención y promoción del Patrimonio Cultural de la Humanidad radicado en México.
C) Al órgano responsable "E00 Instituto Nacional de Bellas Artes", dotarlo de suficiencia presupuestal, a través de las partidas ordinarias que correspondan, por la cantidad de $64 000 000.00 (sesenta y cuatro millones de pesos 0/100 m.n.) destinada ser aportada, a través del INBA y en acuerdo con las instituciones estatales de cultura, para la creación de un nuevo Fondo Mixto, en colaboración con los estados, para la organización conjunta de giras regionales de grupos internacionales, nacionales y estatales, de alta calidad escénica.
D) Al Órgano Responsable "L8G EDUCAL SA de CV", para sumarle, a través de las partidas ordinarias de inversión que correspondan, recursos adicionales por la cantidad de $20 000 000.00 (veinte millones de pesos 0/100 m.n.) destinada a ser ejercida, a través de EDUCAL, S.A de C.V. y en acuerdo con las instituciones estatales de cultura, para la instalación de al menos una nueva librería en cada uno de los Estados.
Así mismo, que las reglas de operación que rijan el ejercicio de dichos recursos, deberán de ser concertadas entre las partes aportantes.
Diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES
Y ALIMENTADORES DE SINALOA, A CARGO DE LA DIPUTADA MAYRA GISELA PEÑUELAS
ACUÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Mayra Gisela Peñuelas Acuña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Las carreteras alimentadoras y caminos rurales, son la base de la infraestructura de transporte en México, porque contribuyen a la integración económica, social y cultural de los pueblos. Es una infraestructura de la mayor relevancia, ya que son redes de comunicación permanente entre los centros de población y los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural, también permiten el acceso de la población campesina a servicios básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo regional.
Coadyuvan a mejorar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, e impulsan la integración social y productiva. De ahí la importancia de fortalecer presupuestalmente los programas de caminos rurales.
Los caminos rurales garantizan el paso de vehículos hacia las localidades rurales y las brechas son caminos con escaso trabajo técnico. En conjunto, estas vías refuerzan la comunicación regional y enlazan zonas de producción agrícola y ganadera; asimismo, aseguran la integración de las áreas.
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el 2004, Sinaloa cuenta con una infraestructura carretera de 17 mil 804 kilómetros; de éstos, mil 163 son carreteras federales; 2 mil 721 alimentadoras y 8 mil 360 caminos rurales.
No obstante, en nuestro estado se requiere continuar promoviendo el desarrollo de las distintas regiones con mayores rezagos en materia de infraestructura carretera, es necesario que las próximas inversiones se orienten a realizar obras para atender aquellas zonas y localidades más alejadas; y por lo tanto, las mas desprotegidas y de mayor marginación.
Sinaloa requiere que los programas de Caminos Rurales destinen mayores recursos para mejorar la vinculación regional y la interconexión local, mismas que deben llevarse a cabo de forma segura, rápida y eficiente.
La accesibilidad es un factor importante para integrar socialmente a la población de Sinaloa que vive en las regiones más apartadas; quizá muchos, desde una óptica equivocada ven a su incorporación poco rentable, sin embargo, bajo una visión social integral, las inversiones y los recursos se justifican si ello conlleva a proporcionar a las regiones un mejor equipamiento, y un consecuente incremento en el nivel de bienestar.
Sinaloa requiere fortalecer las redes de transporte en el medio rural que uniendo esfuerzos entre autoridades y sociedad, impulsen el crecimiento y desarrollo de las comunidades menos favorecidas. Al contar con mejores vías de acceso tendrán mayores posibilidades para integrarse al aparato productivo.
Durante el sexenio que concluye, no se destinaron los suficientes recursos para mejorar los caminos rurales y alimentadores, no mejoraron pese a la constante demanda de los habitantes, por lo cual el desarrollo comercial y de servicios básicos fue mínimo para las comunidades más rezagadas. Es el momento para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se contemplen mayores recursos para este rubro.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se turna a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen mayores recursos para construir y rehabilitar la infraestructura de los caminos rurales y alimentadores del estado de Sinaloa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.
Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA ESTABLECER
UNA TARIFA ELÉCTRICA PREFERENCIAL EN LOS 50 MUNICIPIOS CON MAYOR
MARGINALIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Concurro a esta alta tribuna de la nación para traer la voz de las comunidades que represento, en mi carácter de diputado federal del distrito XVIII del estado de Veracruz, con cabecera en el municipio de Zongolica.
Esta región forma parte de las zonas que representan mayor marginación de todo el país, de acuerdo con la clasificación del índice de marginación municipal, formulado por el Consejo Nacional de Población.
A pesar de sus carencias, la región de Zongolica tiene amplias capacidades naturales, al ubicarse en la zona de las grandes montañas, rica en recursos forestales y condiciones de agricultura. Su población es cercana a los 40 mil habitantes y poco más de 32 mil son indígenas. Por ello, se trata de una comunidad formada por personas que guardan un sentimiento de respeto profundo hacia la tierra y sus frutos, que valoran la palabra y el honor que están formados en una cultura de esfuerzo y trabajo perseverante, a pesar de las condiciones económicas adversas y la ausencia de políticas públicas suficientes para proveer los servicios básicos y condiciones de vida verdaderamente dignas para sus habitantes.
La Secretaría de Desarrollo Social identificó a 389 municipios de muy alta marginación, entre ellos a los 50 con el mayor índice de pobreza, y seleccionó 10 municipios que representan los más pobres entre los pobres; ee ellos, el municipio de Tehuipango, que se encuentra precisamente en Zongolica, en el estado de Veracruz. Para dar una idea del nivel de marginación que vive nuestra gente, me permito referir que el 41 por ciento de las viviendas carece de agua entubada, el 79 por ciento no tiene drenaje y el 52 por ciento aún no tiene el servicio de energía eléctrica. Para cualquier habitante de una ciudad pequeña de cualquier parte del país, las condiciones de vida de la región de Zongolica resultarían insoportables, ante la ausencia de lo mínimo para considerarse como miembro de una sociedad que sea capaz de integrar a sus habitantes al desarrollo.
En esas condiciones, las altas tarifas eléctricas han sido motivo de preocupación y de irritación generalizada de la sociedad. El sentimiento de malestar es más profundo si se consideran los rezagos sociales de regiones como las de Zongolica. Los precios de la energía eléctrica, además, han presentado una tendencia alcista, superior al índice de precios, por no señalar el nivel salarial, sin motivos aparentes.
La población y los legisladores no conocemos exactamente la causa de estos incrementos, toda vez que las tarifas son determinadas de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que se tome en cuenta a otras instancias ni a la sociedad civil.
En la fórmula tecnocrática se afirma que las tarifas se calculan con base en tres conceptos, que son los cargos fijos por comercialización de la energía, los cargos por demanda para cubrir los requerimientos de inversión para la generación y transmisión de energía, y los cargos por energía, que corresponden a los costos de operación y mantenimiento del suministro.
Sin embargo, lo real es que las altas tarifas eléctricas son inconsistentes con el nivel general de precios y con los incrementos al salario. De otra manera no podría explicarse que en los últimos 16 años hayan aumentado más del 150 por ciento, en contraste con que en este mismo periodo, el índice de precios al consumidor se elevó en un 88 por ciento y el salario mínimo en un 77 por ciento.
Desde esta perspectiva, no sólo resulta injustificable el incremento de las tarifas eléctricas, sino que puede decirse que, por sí mismas, son una causa del deterioro del poder adquisitivo y de la economía familiar, principalmente de los grupos más pobres, dándose el extremo de que son estas familias precisamente las que destinan una mayor parte de su ingreso al pago de la luz.
Por ello, se ha demostrado que las tarifas de energía eléctrica, resultan mayores a las que se aplican en países como Italia e Inglaterra, situación que es insostenible para México y, sobre todo, para nuestras zonas rurales e indígenas.
Por lo anterior, esta proposición pretende vincular los indicadores sociales con los cobros de energía eléctrica, con un espíritu de realismo, justicia social y solidaridad con quienes menos tienen.
Más allá de los argumentos técnicos del personal de la Comisión Federal de Electricidad y de los funcionarios de Hacienda, tenemos claro que la finalidad de las empresas públicas es la atención de los satisfactores sociales y que su deber es la búsqueda de la igualdad, la redistribución y la dignidad de la vida humana, como lo consagra la Constitución Política. No hay otra manera de traducir en hechos la igualdad de los pueblos del artículo 4o., el carácter social de nuestra democracia del artículo 3o., el desarrollo social de los artículos 25, 26 y 27 de la Carta Magna, que orientan la acción del Estado, tanto en bienes como en servicios hacia los grupos más desfavorecidos. La propuesta concreta de este proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo Federal para que se establezca una tarifa eléctrica preferencial para los 50 municipios con mayor marginación del país. Es una alternativa viable jurídica y financieramente, para auxiliar a quienes no sólo han sido apartados del desarrollo, sino que son, muchas veces el resultado de la falta de sentido social de la economía.
Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Poder Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que se establezca una tarifa preferencial por el suministro de energía eléctrica para los 50 municipios con mayor índice de marginación, previendo que el gasto familiar total por este concepto no supere el 10 por ciento. Esta proposición se fundamenta en los principios de redistribución, de justicia social y de proveer una vida digna para los más desfavorecidos, como la obligación más importante del estado y de las empresas públicas.
Palacio Legislativo, a 7 de diciembre de 2006.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Y ENAJENACIÓN DE BIENES A AGILIZAR LA LIBERACIÓN Y DONACIÓN
DE BIENES Y ENSERES DESTINADOS AL APOYO DE SECTORES POBLACIONALES EN SITUACIÓN
DE MARGINACIÓN Y POBREZA, A CARGO DEL DIPUTADO GILBERTO OJEDA CAMACHO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Gilberto Ojeda Camacho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cuyo sustento jurídico se encuentra en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, es una instancia a la que corresponde realizar la administración, control, destino y transferencia de los bienes relacionados con procedimientos fiscales y aduaneros sustanciados por sus unidades administrativas.
La ley en referencia, es el ordenamiento que regula la administración y destino de los bienes muebles e inmuebles involucrados en averiguaciones previas o en procedimientos penales federales.
Además, la ley en comento faculta expresamente al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para conceder la utilización de los bienes asegurados, previa confirmación de la Junta de Gobierno del organismo.
La legislación que regula el SAE considera que uno de los mecanismos para lograr optimizar la administración de los bienes asegurados es la depositaría con utilización, ya que de esta forma se eliminan los gastos de mantenimiento, custodia y administración de los mismos.
Para dar cumplimiento con sus obligaciones de carácter legal, el SAE dispone de un conjunto de lineamientos en los que se establece que el organismo podrá utilizar los bienes asegurados cuando le sean necesarios para el ejercicio de sus funciones o autorizar su uso a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las autoridades estatales y municipales, a la Procuraduría General de la República y a personas físicas o morales.
En función de lo anterior, me permito precisar que instancias de gobierno local, como son los ayuntamientos y los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, además de instituciones educativas, entre estas universidades y escuelas públicas, solicitan con frecuencia el apoyo de legisladores, de tal suerte que se gestione ante el SAE la donación como depositarios de bienes muebles, sean estos vehículos y objetos varios, entre estos, enseres domésticos y juguetes.
Es sabido que las arcas financieras de los municipios, dependientes en su mayoría de las participaciones fiscales federales y estatales, no son suficientes para atender el gasto operativo de los ayuntamientos, mucho menos para adquirir bienes que les garanticen la prestación óptima de los servicios a los que están obligados.
Es el caso también de algunas instituciones educativas del sector público, entre estas las universidades, que con frecuencia han solicitado al SAE la liberación de bienes en apoyo al desempeño de sus actividades sustantivas.
En función de esto, con periodicidad llegan al SAE solicitudes de apoyo por parte de ayuntamientos de todo el país. Por voz de algunos presidentes municipales sabemos que para gran cantidad de estas solicitudes sigue esperándose una respuesta positiva.
Ante esta realidad y por lo legítimo de las solicitudes de los ayuntamientos e instituciones educativas, los legisladores hacemos nuestra la gestión ante el SAE, sabedores que la donación de bienes muebles implica además el apoyo a sectores de la población en situación de pobreza y marginación.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, para que a su vez exhorte a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a atender solicitudes y liberar con prontitud a los ayuntamientos, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia e instituciones educativas del sector público, la donación como depositarios de bienes muebles, sean estos vehículos y objetos varios; entre éstos, enseres domésticos y juguetes, que se destinen al apoyo de aquellos sectores de la población en situación de marginación y pobreza.
México, DF, a 5 de diciembre de 2006.
Diputado Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL
REGRESO DE MIGRANTES MEXICANOS A TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO
EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Como resultado del fracaso de la política laboral de la pasada administración federal y su incapacidad de generar condiciones para la creación de empleos en nuestro país, ha aumentado de manera preocupante e inédita el flujo de migrantes de México hacia Estados Unidos de América; este sector de la población vulnerable es expulsado principalmente de zonas eminentemente rurales, por no tener oportunidades de trabajo que les permita contar con un ingreso digno para subsistir. Lo más dramático es que en los últimos años la migración ya no es un fenómeno sólo individual, sino que emigran familias completas, con lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores acompañantes, empeorando dicha situación.
En la actualidad más de 9 millones y medio de mexicanos, nacidos en nuestro país, viven del otro lado de nuestra frontera. Más de 28 millones de mexicanos, de segunda generación, viven del otro lado de la frontera. Todos, hombres y mujeres, que buscan un mejor nivel de vida para sus familias, y que sin duda fortalecen de manera estratégica la economía de Estados Unidos, y reactivan de manera fundamental la economía de nuestro país.
En lo que se refiere al envío de remesas, hasta el pasado mes de octubre México había recibido más de 17 mil millones de dólares, por parte de nuestros connacionales, y se calcula que para el final de este año se llegue a más de 20 mil millones de dólares.
Es importante destacar que luego de la industria del petróleo, nuestros paisanos son quienes generan el mayor número de recursos económicos para nuestro país.
Pese a este hecho, los mexicanos migrantes padecen una serie de contrariedades y maltratos de autoridades estadounidenses. En su mayoría trabajan con el único objetivo de construir un patrimonio para sus familias en México, y así tener la esperanza de regresar a nuestro país.
Como representantes populares debemos reconocer que el fenómeno migratorio tiene una estrecha relación con la estacionalidad de la demanda de trabajo en el campo estadounidense; en la medida en que se acercan los periodos de cosecha de los cultivos que demandan mucha mano de obra aumenta la demanda de trabajo migrante, por ser mucho más barata con relación a la disponible en el país del norte.
La migración tiene elementos de carácter socioeconómico que cada día influyen más en la economía nacional, al impactar de manera significativa en el reducción del déficit de la balanza de pagos y como factor de apoyo para la construcción de obra pública derivado del aumento en el envío de remesas.
Pero a pesar de esta importante aportación tanto a la economía nacional como a la de Estados Unidos, las acciones emprendidas por los gobiernos de ambos países no han estado relacionadas con una política de Estado integral en materia migratoria que brinde protección y defensa de los más elementales derechos de los grupos migrantes.
Cuando nuestros paisanos inician su traslado a territorio estadounidense, empieza un recorrido que no garantiza su seguridad personal, ni de su vida misma: son víctimas del engaño de los traficantes de personas, quienes los mantienen en condiciones infrahumanas durante el traslado; corren el riesgo a morir por ahogamiento, insolación o asfixia; toleran vejaciones indignantes y discriminatorias, que son mayores cuando empieza la competencia con la mano de obra local.
También, en la mayoría de las veces cuando nuestros paisanos se enfrentan a procesos judiciales en territorio estadounidense, sufren una impartición de justicia parcializada, y por no contar en muchas ocasiones con una defensa apropiada a sus derechos, son condenados injustamente.
Pero lo que es igual o peor de humillante, es que en muchas ocasiones reciben un maltrato igual o peor de parte de algunos funcionarios del propio gobierno mexicano, quienes cuando nuestros paisanos vienen de regreso, realizan actos que no podemos seguir permitiendo, como el cobro de cuotas inexistentes, hasta asaltos de autoridades aduanales, del decomiso de artículos personales y discriminación por parte de autoridades administrativas.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación, y en específico al Instituto Nacional de Migración, a fortalecer y ampliar los programas de protección a migrantes, con los objetivos de garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos y garantías individuales; brindar seguridad, protección y auxilio en caso necesario a migrantes afectados por condiciones naturales o adversas; y apoyar y colaborar en los programas de protección y apoyo de migrantes que establezcan los órganos públicos y privados.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos estatales y
municipales, así como a las legislaturas locales, para que dentro
de sus respectivos ámbitos de competencia coadyuven con las autoridades
federales para garantizar el cumplimiento de los objetivos descritos en
el numeral anterior.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA APOYAR
A LOS HIJOS DE JORNALEROS AGRÍCOLAS Y MENORES TRABAJADORES AGRÍCOLAS,
A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la Consideración de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El campo mexicano ha representado en la historia de la economía nacional uno de los pilares más sólidos en el desarrollo económico de nuestra nación. En los inicios de nuestro desarrollo fue considerado el motor principal de la economía, al mismo tiempo que este se encuentra arraigado en la cultura de nuestro pueblo; es por esto que todo modelo económico y de desarrollo que se proponga para nuestro país no puede ser posible si no se considera de manera sustancial el campo de nuestra nación, así como a sus trabajadores.
La Declaración de los Derechos del Niño, de 1959, y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, fueron concluidas un día 20 de noviembre; por tal motivo, la Asamblea General de la ONU recomendó que ese día se celebrase el Día Universal del Niño.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia indica que los avances alcanzados con la Convención sobre los Derechos del Niño corren peligro en muchas regiones del mundo, a causa de la pobreza, los conflictos y las enfermedades.
Millones de niños crecen en familias y comunidades destruidas por los conflictos armados.
En el África el VIH-sida ha provocado el incremento de la mortalidad infantil, la dramática reducción de la expectativa de vida y millones de huérfanos, así como un incremento en la prostitución infantil.
En México existen unos 3.5 millones de menores que laboran, principalmente en la agricultura, las calles, el servicio doméstico y en talleres; sectores en los que en muchas ocasiones tienen que pagar un alto precio en sufrimiento y abusos por el trabajo que realizan.
Un ejemplo del maltrato ocurre de manera continua en el campo, donde son obligados a laborar en horarios prolongados, utilizan instrumentos afilados fabricados para adultos, cargan un peso excesivo para su cuerpo -que no ha terminado de desarrollarse- y operan maquinaria peligrosa.
Los menores que realizan labores agrícolas también están expuestos a plaguicidas tóxicos, enfermedades y condiciones de trabajo insalubres.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, hay más de 110 mil menores entre los seis y 18 años trabajadores en el Distrito Federal y en otras ciudades principales del país.
En tanto, uno de cada seis niños y niñas entre los 6 y 14 años de edad desempeña un trabajo.
Una cuarta parte de la población infantil que realiza alguna clase de trabajo, sea este económico o doméstico, no asiste a la escuela. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca en un informe, dado a conocer ayer con motivo del Día Universal del Niño, que gran parte de los más de 300 millones de niños y adolescentes trabajadores en el mundo padecen de violencia en el trabajo.
Entre los entornos en los que los niños están expuestos a la violencia, el lugar de trabajo debería ser objeto de una atención particular, por lo que es necesario que autoridades y organizaciones defensoras de los derechos de los menores los contacten para rescatarlos y rehabilitarlos; esto con la ayuda de las organizaciones de empleadores, los sindicatos y organismos gubernamentales, incluidos los servicios de inspección, recomienda la OIT.
Las formas más comunes de violencia que se ejercen contra los niños trabajadores son de orden físico, psicológico o sexual.
La violencia que sufren los niños trabajadores es a menudo sistemática y forma parte de una cultura colectiva del lugar de trabajo, en la que la brutalidad física, los gritos, las palabrotas y la violencia ocasional, como el acoso sexual, y, en casos extremos, la violación o el asesinato son moneda corriente.
Sin embargo, el daño más frecuente que se infringe a los niños trabajadores por la violencia de que son objeto parece ser la baja autoestima resultante de los abusos verbales, la humillación y la intimidación.
Entre las formas de violencia psicológica figuran los gritos, las reprimendas, los insultos, las amenazas, el lenguaje obsceno, la intimidación, el acoso, el aislamiento, la marginación y el trato discriminatorio recurrente.
Aunque apenas se dispone de datos fidedignos sobre el número exacto de niños trabajadores que son víctimas de la violencia, en particular respecto de los niños en la economía informal, que es en donde trabaja la inmensa mayoría, todo apunta a que la presencia de menores en el lugar de trabajo presenta características de índole oscura y vergonzosa.
Cada vez más hay una preocupación que es compartida por amplios sectores de la población; el estado en que se encuentran y laboran numerosos niños que son jornaleros agrícolas. En México, desde hace ya muchos años se dedican a actividades agropecuarias familias enteras de emigrantes provenientes de diferentes estados de la república, muchos de ellos de distintos grupos étnicos, y ha sido motivo de preocupación que en numerosas ocasiones las normas que establece nuestra legislación de protección de los derechos de los menores no son respetadas por quienes contratan especialmente para recolección de hortalizas y legumbres a estos jornaleros, familias enteras , niños que apenas están en la fase inicial de su formación, que son hijos de jornaleros o que se dedican a estas labores no asisten a escuelas de educación básica, reciben remuneraciones extremadamente bajas, y en muchos casos son sometidos a los efectos negativos del uso de insecticidas y agroquímicos, que afectan su salud de manera directa.
En este contexto, se ha empezado a generar una nueva forma de división en la sociedad, provocada por el progreso acelerado de las nuevas tecnologías entre aquellos que están conectados y quienes no lo están. Este proceso crea una situación de desigualdad de oportunidades y competencias entre los niños de todo el mundo.
Estamos conscientes, como legisladores, de esta realidad y que aún nos falta mucho por hacer. Debemos garantizar que desde el ámbito de nuestra competencia coadyuvaremos de manera permanente y eficaz a que el presente de nuestra niñez sea el fiel reflejo del México de mañana. No podemos mantenernos ajenos a los peligros que, hoy como nunca, acechan a nuestros niños, a nuestras niñas.
Desde esta tribuna hemos hecho innumerables exhortos a los congresos locales para la adecuación del marco legal que protege con fidelidad los derechos de la niñez; al gobierno federal y a los gobiernos locales; a la sociedad en su conjunto para no declinar en la protección y construcción del México legal pero, sobre todo, justo, que arrope de manera amorosa a todos y cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso permanente a favor de los derechos de todos los niños y niñas del mundo, así como de reforzar acciones desde el ámbito de su competencia para contrarrestar los cada vez más frecuentes malos tratos, violencia física y sicológica, abusos verbales o sexuales en contra de menores que trabajan.
Segundo. La Cámara de Diputados reconoce que existen avances; también reconoce que falta mucho por hacer y reitera el llamado a los Poderes de la Unión, a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los actores involucrados para continuar trabajando en todas sus áreas de responsabilidad, bajo los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989.
Diputado Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2007 SE DESTINEN RECURSOS AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RODRIGO MEDINA
DE LA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destine un monto mínimo de 7 mil 870 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al tenor de las siguientes
Consideraciones
En materia de seguridad pública en necesario conocer un panorama general del comportamiento de la delincuencia de nivel mundial y nacional. Aproximadamente, ocurren al año 70 millones de delitos en el mundo denunciados ante las autoridades, y más de 200 millones de delitos no son denunciados. El 80 por ciento de los crímenes se concentra en 20 países (10 de ellos industrializados). El 12 por ciento de los delitos ocurridos fueron violentos. Hubo 40 millones de robos (casi 2 millones con violencia). Fueron robados más de 4 millones de vehículos. Se cometieron 313 mil homicidios intencionales y 6 millones y medio de lesiones dolosas. Hubo casi 334 mil violaciones y unos 5 mil secuestros en todo el mundo.
En México hay comparativamente más violencia:
Casi en la mitad de las viviendas del país por lo menos un miembro fue víctima de algún delito. De las viviendas con víctimas: 51 por ciento fue víctima de un solo delito; 28 por ciento, de dos delitos, y 21 por ciento, de tres delitos o más.
En el mundo en promedio se cometen 140 delitos violentos por cada 100 mil habitantes y en México hubo 413 solo en 2003. En el 2004, los delitos patrimoniales representaron el 84 por ciento de los que se cometieron en nuestro país.
En el mundo, en promedio, el 12 por ciento de los delitos son violentos, en México el 30 por ciento. Nuestro país es el quinto con mayor proporción de delitos violentos y tiene el segundo lugar mundial en secuestros y el quinto en robo con violencia.
En México el crimen ha crecido en forma súbita:1
Entre 1990 y 1997 el crimen aumentó en 46 por ciento; entre 1997 y 2000 la incidencia bajó en un 15 por ciento; en los años 2002 y 2003 el crimen repuntó. En 2003 había 4 por ciento más delitos que en 2000. En 2003 la incidencia criminal fue 29 por ciento superior a la de 1990.
México necesita reducir los índices delictivos, para ello es necesario dar capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública federal, estatal y municipal. Los objetivos nacionales se pueden considerar como los fines que busca el Estado; tratar de definir lo que se entiende por objetivos nacionales no es fácil, evidentemente, ellos constituyen formas de concreción de las aspiraciones nacionales y como tales, son susceptibles de hacerse realidad mediante un proceso de decisión, programación y acción política.
Deben ser asuntos de la más alta consideración para la seguridad del Estado. El logro de los objetivos nacionales específicos debe eliminar los obstáculos o fomentar el progreso hacia el de los objetivos nacionales básicos.
Los fines del Estado deben por necesidad concretarse en objetivos que la nación debe alcanzar. Tales son los objetivos nacionales, expresión de las aspiraciones o intereses de la naturaleza histórico-política de la nación, que tiene en cuenta las necesidades, situaciones y posibilidades de garantizar la seguridad de todos los mexicanos.
Por las características de los fines, los objetivos nacionales engloban dos finalidades y se materializan en tres objetivos específicos de desarrollo, bienestar y seguridad.
Entonces el concepto de seguridad hay que entenderlo en su debida dimensión e importancia de lo que significa para el desarrollo actual de una nación con necesidades, intereses y aspiraciones propias. Si la acción humana se caracteriza por el ejercicio de la libertad y de la racionalidad, los intereses individuales y colectivos deben confluir en el proceso de convivencia social, de tal suerte que la articulación armónica de ambos se orienta para alcanzar el desarrollo político, económico, social y cultural.
Es necesario destinar mayores recursos al combate a la delincuencia y al crimen organizado:
En 1998, el Congreso de la Unión aprobó reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, incorporándose al capítulo V, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Esta ley que tiene por objetivo coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, así como establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en relación a los ingresos federales, contempla en sus artículos 44 y 45 las reglas generales por las que se regirá el fondo que hoy nos ocupa.
En el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se establecen las reglas para la definición de los montos que corresponderán a cada estado, atendiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública considerando los criterios siguientes: número de habitantes, índice de ocupación penitenciaria, tasa de crecimiento de indiciados y sentenciados, avance en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
En el artículo 45 la citada ley se establece el destino primordial que los recursos federales deberán de tener que es el atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura de las entidades federativas y el Distrito Federal.
No obstante la importancia de este fondo, si se analiza la evolución de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) vemos que este se ha visto disminuido tal como lo muestran las siguientes cifras proporcionadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas:
las entidades federativas son quienes tienen más próxima la responsabilidad de atender las necesidades de la ciudadanía. Una de las principales metas es controlar y detener la ola de violencia que impera en el territorio nacional.
Esta cantidad propuesta de 7 mil 870 millones de pesos que, de aprobarse este acuerdo, se destinarán para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), representa la oportunidad de recuperar los niveles de gasto en materia de seguridad pública que imperaban en el año 2001, cuando esta soberanía refrendó el compromiso del Ejecutivo federal de destinar mayores recursos a esta tan importante tarea del Estado. Esta cantidad simplemente representa, en pesos constantes de 2006, la cifra récord destinada para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y que sería el marco de referencia para el ejercicio fiscal próximo, si ese primer entusiasmo del sexenio que recién terminó, se hubiese materializado en un compromiso a largo plazo.
Por los motivos y fundamentos expuestos someto al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destine un monto mínimo de 7 mil 870 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
Notas:
1. Nota: La información proviene del ICESI (Instituto
Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, AC.) El período de referencia
de la ENICRIV (Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización
2004 - México) corresponde a 5 años y medio: de enero
de 1999 al primer semestre del 2004.
Todos estos cálculos son en términos relativos (tasa por 100 mil habitantes)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.
Diputado Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica)