• De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria.

• De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria.

• De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de Expropiación y reforma el artículo 94 de la Ley Agraria.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Vilia Mam Gmora, Hany Nagar Shitrit, Ana Míriam González Catarrivas, Guirza Dowek Dayan, María Luisa Gutiérrez Badillo, Arturo Centeno Sánchez, Rodolfo Garza Hernández y René Ochoa Gayosso, para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Orquídea Alvarado Briseño, Eduardo Javier García Guillén, Renata Loza Estrada, Francisco Pablo Dosamantes Aguayo, Leticia del Carmen Cerritos Castillo, María Jimena Ruiz Velasco Rea, Paola Fernanda de los Cobos Gomar, Graciela Treviño Espinosa, Mitzy Matamoros Jiménez y Claudia Lizeth Solano Lara, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, sus Consulados en Hermosillo, Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la Agencia Consular en San Miguel de Allende, Guanajuato, respectivamente.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Pérez Cortés, Ramón Alvarado Jiménez, Genaro García Luna y Adolfo Domínguez Martínez para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de España y de Estados Unidos de América, respectivamente.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir el compromiso de construir el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a aplicar su atención personal a fin de que se ejecute la obra carretera libre a Zapotlanejo, en Jalisco.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a programar y ejecutar la ampliación y modernización de la carretera del municipio de General Francisco R. Murguía, en Zacatecas.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a incorporar en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la obligación de contar con un módulo de primeros auxilios y emergencia médica, en beneficio de los usuarios de las instalaciones.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales y a la Unidad de Autopistas de Cuota a gestionar la reducción del peaje en la autopista Cuernavaca-Acapulco.

• De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo para que el gobierno del estado de México, en coordinación con la Dirección General de Autopistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las acciones necesarias a efecto de ofrecer mayor fluidez, confort y seguridad a los usuarios de la autopista Toluca-Atlacomulco.

• De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que asignen al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos los recursos necesarios a efecto de iniciar los trabajos de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas.

HONORABLE ASAMBLEA:

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, incisos "E" y "F" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el 30 de marzo de 2004, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Reforma Agraria, la "Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 94 de la Ley Agraria" presentada por el Diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En fecha 31 de marzo de 2004, mediante oficio CRA/-162/04, el Diputado Presidente de la Comisión, turnó la iniciativa a los diputados integrantes de la Comisión; de igual manera en Reunión Ordinaria de la Comisión realizada el 14 de abril de 2004, se presentó a los diputados integrantes la iniciativa de referencia; recibiéndose las observaciones y comentarios de diversos Diputados integrantes; asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con especialistas y funcionarios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y de la Comisión para la Regularización en la Tenencia de la Tierra, con base en los cuales se conformó el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala en su exposición de motivos la necesidad de modificar el artículo 94 de la Ley Agraria, en virtud de que los avalúos que actualmente realiza el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, anteriormente CABIN, determina un valor mucho menor al del mercado de tierras de la zona donde se realiza la expropiación; por tanto fundamentalmente, se propone que el propio Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, determine el valor comercial de los bienes expropiados, tomando en cuenta su "destino final".

Para sustentar la propuesta, en el sentido de que al realizarse el avalúo de tierras certificadas, éstas deben ser consideradas reguladas por el derecho común y no el agrario, la iniciativa señala dos argumentos a saber: el primero, en virtud de que, de acuerdo al artículo 80 de la Ley Agraria, se puede realizar la enajenación de tierras entre ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población; en segundo lugar, se hace referencia al proceso que establece la Ley Agraria para que los ejidatarios puedan adquirir el dominio pleno sobre sus tierras, lo que trae como consecuencia su salida del régimen agrario, incorporándose al régimen del derecho común, ello de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero de la fracción VII del artículo 27 constitucional.

A mayor abundamiento la iniciativa señala que "la acción agraria de expropiación, por causa de utilidad pública planteada por el o la promovente ante la Secretaría de la Reforma Agraria, podrá versar sobre parcelas en lo individual o sobre tierras de uso común. En ambos casos, el criterio que debe prevalecer en la "CABIN", es de que se trata de un ejido o comunidad ya certificados y, por ende el valor comercial debe ser calculado sobre un bien que "de jure" trasciende el régimen jurídico de tenencia del bien ejidal (propiedad social), a la de un bien protegido por la legislación civil (derecho común) que "per se" experimenta una plusvalía, hasta de carácter especulativo, y que con este razonamiento la "CABIN" deberá razonar sus avalúos con base en el libre precio de la oferta y la demanda del mercado de tierra".

Por los anteriores razonamientos, la iniciativa del Diputado Morales Flores, establece la necesidad de que el avalúo que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales sobre tierras parceladas, lo determine de acuerdo al destino final de la expropiación, considerándolas bajo el régimen del derecho común y no el agrario.

III. CONSIDERACIONES

La Iniciativa en análisis, indiscutiblemente trata un asunto fundamental dentro del tema de la expropiación en materia agraria; efectivamente, el pago de la indemnización constitucional por la expropiación de tierras, resulta ser en muchos de los casos, menor al valor que le correspondería de acuerdo al valor de mercado.

Se coincide con el argumento de la iniciativa, en cuanto a la necesidad de realizar las modificaciones necesarias a la Ley a efecto de lograr que el pago por la expropiación de tierras sea el justo; sin embargo, la forma y manera a través de la cual la iniciativa en comento pretende atender o solucionar el problema, se considera inadecuada e improcedente.

En el análisis del Proyecto destacan las consideraciones que a continuación se describen:

Primero. En fecha 20 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Nueva Ley General de Bienes Nacionales, la cual rige y norma el funcionamiento del nuevo Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que sustituye a la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales CABIN.

Segundo. En cuanto a la ubicación normativa de la propuesta cabe observar lo siguiente:

El artículo 94 de la Ley Agraria, establece la forma en que habrá de realizarse la expropiación, es decir, tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria, por Decreto Presidencial, señalándose la causa de utilidad pública, y mediante indemnización; en este ultimo aspecto señala que, ésta -la indemnización- será determinada por la "Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales" y que a su vez, para determinarla, se realizará "atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados", reconociéndose la existencia de dos tipos de valores, de acuerdo al texto constitucional, el comercial y el catastral, aplicado este segundo, a la propiedad privada.

La Ley Agraria establece el criterio "de valor comercial" para la determinación del monto indemnizatorio; y lo hace, en congruencia con lo establecido en la Ley de Expropiación y Ley General de Bienes Nacionales, tal como se describe a continuación:

Ley de Expropiación

Artículo 10

"El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras." (que es el mismo sentido de la fracción VI del artículo 27 constotucional)

Artículo 11

"Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por el juez."

Ley General de Bienes Nacionales

Artículo 54

"Cuando se trate de adquisiciones por expropiación de inmuebles, corresponderá a la autoridad del ramo respectivo determinar la utilidad pública y a la Secretaría (de la función pública) determinar el procedimiento encaminado a la ocupación administrativa del bien y fijar el monto de la indemnización, salvo lo dispuesto por la Ley Agraria."

Artículo 143

"Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se refiere el presente artículo en los que intervengan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y, en su caso, las entidades, corresponde a la Secretaría dictaminar:"

........

Fracción VII. "El monto de la indemnización por la expropiación, ocupación temporal o limitación de derechos de dominio sobre bienes inmuebles, muebles, acciones, partes sociales o derechos que decrete el Ejecutivo Federal, tratándose tanto de propiedades privadas como de inmuebles sujetos al régimen ejidal o comunal."

De acuerdo a este análisis, corresponde al artículo 94 de la Ley Agraria, establecer los criterios para la determinación del monto indemnizatorio en materia de expropiación de bienes ejidales o comunales; sin embargo, es el enunciado o concepto "destino final" señalado en la iniciativa, el que se considera improcedente de acuerdo a los razonamientos que se describen a continuación.

Tercero. Procedencia del enunciado normativo propuesto por la iniciativa.

El Proyecto de Decreto propone, lo que en derecho se denomina, condición suspensiva de realización incierta, es decir, se pretende regular sobre una situación indeterminada o inexistente, cuya realización no depende del supuesto normativo, sino de acontecimientos o circunstancias exteriores al ámbito jurídico. La realización de la causa de utilidad pública para la que se realiza la expropiación o el "destino final", y aún más, la determinación del valor de dicha obra o bien no es determinable a futuro, pues su valor dependerá de la realización o existencia de innumerables circunstancias y factores, los cuales, determinarán finalmente el valor del bien hasta su realización.

Cuarto. Para el caso de la regulación de asentamientos humanos, la propuesta resulta contradictoria; pues en primer lugar habrá que determinar la fecha de referencia para el valor comercial, si es al momento en que se encontraba la tierra totalmente desocupada, sin asentamientos humanos y sin una infraestructura de servicios públicos; cuando estos dos ya se hubieren dado, o al momento de la expropiación; siendo el fin de la expropiación precisamente regularizar esos asentamientos, que en realidad lo que se hace es dar validez a una posesión de hecho, mediante el otorgamiento de escrituras; factores que será difícil conciliar para poder emitir el avalúo para efecto de indemnización en el caso de expropiaciones para la regularización de asentamientos humanos.

Quinto. En el aspecto fiscal, se considera que habría un impacto presupuestario, ya que en la mayoría de los casos al expropiarse un bien su valor comercial aumenta, en virtud de que se realizarán mejoras para lograr su utilidad en beneficio de la sociedad, resultando incierto pagar una indemnización que no corresponde al estado en que se encuentra el bien al momento de la expropiación.

Aunado a lo anterior, la iniciativa no considera en su propuesta el contenido de los párrafos segundo y tercero del artículo 94 vigente, entendiéndose que éstos continúan igual; sin embargo, otro elemento que determina la improcedencia de la iniciativa, es que se elimina la parte final del primer párrafo, relativa a la publicación y notificación del decreto, derechos fundamentales dentro del proceso expropiatorio.

Por otra parte, cabe mencionar que, antes de la reforma constitucional en materia agraria realizada en 1992, y en virtud de las características de inembargable, imprescriptible e inalienable de la tierra, varias de las causas de utilidad pública, sólo podían realizarse a través de la vía de la expropiación.

Con la reforma realizada al artículo 27 constitucional y la promulgación de la nueva Ley Agraria, se establecen nuevas vías y formas para que las tierras salgan del régimen ejidal, tal como el dominio pleno o la participación en sociedades mercantiles.

En virtud de ello, los argumentos utilizados en la iniciativa en análisis, ya son viables a través de los supuestos señalados en el Capítulo segundo del Título tercero de la Ley Agraria, como la compraventa a través del dominio pleno, o la participación en sociedad.

Diversas causas de utilidad pública señaladas en el artículo 93 de la Ley Agraria, pueden ser realizadas a través de estas figuras, y no necesariamente por la vía de expropiación, la cual es la causa original del asunto señalado en la iniciativa del Diputado Morales Flores. El problema es la diferencia entre el pago indemnizatorio y el lucro o ganancia que se obtiene por los destinatarios de la expropiación en las causas de utilidad públicas como: "La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo"; así como "La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas".

Por lo anterior, se considera que el asunto del monto de indemnizaciones, es en su origen, un problema de fondo que requiere en principio, redefinir de manera clara y justa, las causas de utilidad pública señaladas en la Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales, y Ley de Expropiación, a fin de que estas, correspondan realmente a una utilidad pública, ya que de lo contrario se debe dar la debida participación o pago correspondiente a los sujetos agrarios, afectados por un destino final que será destinado al comercio o la obtención de un lucro por particulares.

Finalmente, durante el estudio y análisis de la propuesta, se realizaron reuniones de trabajo, una de ellas, con Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y su personal técnico. La opinión del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, es en el sentido de que la propuesta es improcedente, en virtud de que el destino final no es un valor determinable, que dicho valor no sería siempre mayor al comercial, en virtud de que las causas de utilidad publica en muchos casos son deficitarias, como es el caso de los hospitales y escuelas.

Por otra parte, en mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Bienes Nacionales, la cual regula el funcionamiento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dicha ley establece nuevos esquemas para la determinación del valor comercial que no analiza la iniciativa en comento.

De igual manera, en el marco de reuniones con dependencias de gobierno involucradas con el tema, el día 23 de septiembre de 2004, se realizó una reunión de trabajo en la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT, con su Director General y Director de Asuntos Jurídicos entre otros, la opinión de este órgano fue en el sentido de inviabilidad de la propuesta de iniciativa del Diputado Jesús Morales Flores.

El punto de vista de los especialistas y funcionarios, se expuso ante los diputados integrantes de la Comisión en la Reunión Ordinaria del 20 de octubre de 2004, donde se realizó el análisis de la iniciativa.

No obstante lo anterior, coincidiendo con el objeto de la presente iniciativa, se considera que habrán de realizarse las reformas necesarias y procedentes a efecto de evitar que los sujetos agrarios afectados por una expropiación, reciban como indemnización, un pago mucho menor al que realmente les corresponde.

Esta Comisión de Reforma Agraria, en el marco de la revisión que realiza al marco jurídico agrario, ha considerado el tema de la expropiación de bienes ejidales o comunales como un elemento fundamental que se debe atender para aspirar a una verdadera justicia para los hombres del campo.

Por ello, se realizan a través del presente dictamen una serie de reformas a los artículos 93, 94, 95 96 y 97 del capítulo IV sobre la expropiación de bienes ejidales y comunales de la Ley Agraria.

Las propuestas de reforma y adición, tienen como objeto fundamentalmente:

DICTAMEN

ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 94 con un segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; se adiciona un segundo párrafo al artículo 95; se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 96; y, se reforma y adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 97, todos ellos de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública, los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados.

En el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del monto de la indemnización, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, deberá tomar en cuenta, además de los criterios previstos en la Ley General de Bienes Nacionales, los costos de los trabajos de regularización.

Cuando sea previsible que el objeto de la expropiación se destinará a la especulación y generará lucro o utilidades para terceros, que no sea proporcional o equitativa a la indemnización, el Instituto tomará esta circunstancia en consideración al fijar su monto.

En todos los casos, el decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

Las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, podrán promover la expropiación en los términos del presente artículo. En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.

El decreto expropiatorio sólo podrá ser ejecutado previo el pago o depósito del importe total de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Artículo 95.- Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que la asamblea y, en su caso, los ejidatarios afectados, aprueben dicha ocupación, según se trate de tierras de uso común o parceladas.

Para llevar a cabo la ocupación deberá suscribirse un convenio entre la dependencia o entidad promovente de la expropiación y la asamblea o el ejidatario afectado, en su caso, en el que expresen su consentimiento, el cual contendrá cuando menos lo siguiente:

En todo caso la afectación de bienes distintos a la tierra se pagará adicionalmente a la indemnización, tomando en consideración su valor comercial.

Artículo 97.- Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo o, si transcurrido un plazo de cinco años a partir de la publicación del decreto de expropiación, no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará la acción de reversión, parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados.

Los bienes revertidos se incorporarán al patrimonio del ejido expropiado si éste devuelve el monto de la indemnización que corresponda, según se trate de reversión total o parcial. El monto de la devolución se integrará al patrimonio del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para que sea destinado al financiamiento de proyectos productivos en los núcleos agrarios.

En los casos de ocupación temporal o de limitación de dominio la compensación se fijará atendiendo a los daños y perjuicios derivados de estas circunstancias, pudiéndose establecer su pago en forma total o en parcialidades. Concluida la ocupación temporal o de limitación de dominio se reincorporarán las tierras al núcleo afectado.

Los núcleos de población afectados podrán demandar directamente la reversión de los bienes expropiados ante los tribunales agrarios cuando se cumplan las condiciones siguientes:

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu, secretarios; Margarita Chávez Murguía (rúbrica en contra), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes, Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA

HONORABLE ASAMBLEA:

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el 9 de diciembre de 2004, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Reforma Agraria, la "Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 17 y 18 de la Ley Agraria" presentada por el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En fecha 17 de diciembre de 2004, mediante oficio CRA/376/04, el Diputado Presidente de la Comisión, envió la iniciativa con Proyecto de Decreto a los diputados integrantes de la Comisión, para su conocimiento y efectos de dictamen.

En Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada el 2 de febrero de 2005, se presentó la iniciativa, los diputados asistentes expusieron sus comentarios y observaciones, los cuales forman parte del presente dictamen. Asimismo, en dicha reunión se acordó turnar la iniciativa a la Subcomisión de Registro Agrario Nacional, para su estudio, análisis y elaboración del proyecto de dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Se refiere fundamentalmente a la sucesión de derechos parcelarios, mediante la cual el ejidatario ejerce la facultad de designar a quien deba sucederle en los derechos sobre su parcela, o bien, la forma en que habrán de adjudicarse dichos derechos cuando no se haya realizado la designación de sucesores.

La iniciativa señala en su exposición de motivos que: "se pretende dotar de una mayor certeza jurídica al patrimonio de las familias rurales en virtud de que el vigente artículo 17 de la Ley Agraria, de manera escueta establece un criterio para que el ejidatario pueda ejercer su facultad de nombrar a quienes deben sucederle en cuanto a los derechos agrarios."

La problemática expuesta, se relaciona con el patrimonio de familia, argumentando que con el texto vigente, se deja abierta la posibilidad de que el titular de los derechos, deje desprotegidos y sin sustento a los miembros de su familia, así como a quienes dependen económicamente de él.

La iniciativa, hace referencia a la importancia de la parcela como patrimonio de familia, por ello, señala que deben protegerse los derechos de aquellas personas con quien el ejidatario tiene relación de parentesco o dependen económicamente de él.

El problema surge cuando el ejidatario designa como sucesor a una persona distinta a la familia o al núcleo; esta situación, según se señala, afecta la integración y sustento de la familia, así como al propio núcleo agrario.

Por ello, la iniciativa en análisis, propone suprimir del texto del artículo 17 de la Ley Agraria, la lista de personas entre las cuales podrá designar sucesor, remitiendo para este efecto, al artículo 18, en donde se establece la condicionante a cualquier persona que dependa económicamente del titular; de igual manera, se adiciona a la lista de sujetos, los parientes colaterales hasta el cuarto grado, en similitud con lo dispuesto por la materia civil.

III. CONSIDERACIONES

Actualmente la discusión respecto a la sucesión en materia agraria, se dirige en dos vertientes; a saber, una que respeta y hace hincapié en la naturaleza social del ámbito agrario sobre el derecho personal a heredar; por otra parte, existe una tendencia que reconoce el acto de la sucesión, como un derecho del ámbito familiar, en el cual se reconoce el respeto de la voluntad de la persona para heredar; el primero tiene que ver con las características propias de la tierra como propiedad social; el segundo, como un acto personal vinculado con el derecho de familia.

Los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, hacen referencia a este derecho de sucesión; establecen un régimen especial acorde al carácter social de la propiedad.

En materia agraria, el ejidatario sólo puede heredar los derechos sobre su parcela, a un solo sujeto, siendo titular de derechos y no de la propiedad; con la sucesión, se transmiten también los derechos inherentes a su calidad de ejidatario; esta disposición tiene que ver con el fraccionamiento de la propiedad y la desintegración del núcleo agrario. Sin embargo, es claro que dicha disposición provoca numerosos conflictos intrafamiliares en materia agraria.

Este régimen especial de sucesión, limita la facultad del titular para heredar los derechos sobre la tierra, por otro lado, restringe también el acceso a la tierra de los hijos o de las personas con derecho a heredar.

Respecto a su contenido, el artículo 17, establece el derecho del ejidatario para designar a la persona que habrá de sucederle en los derechos, señalando además el procedimiento para ello.

Por su parte, el artículo 18, se refiere al supuesto, en el cual no se realiza la designación de sucesores o cuando éstos, están imposibilitados para heredar, estableciendo para ello, una lista de sujetos en orden de preferencia bajo la cual se deberá hacer la designación; se señalan, al cónyuge, a la concubina o concubinario, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes, o a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Finalmente se establece un procedimiento para el supuesto de que existan varios dependientes económicos con derecho a heredar, dejando la facultad de resolver a los tribunales agrarios.

Esta Comisión de dictamen, coincide con la problemática expuesta en la iniciativa en estudio, por lo que retoma la reforma planteada; adicionalmente, se proponen modificaciones mediante las cuales se concibe a la parcela como patrimonio de familia. Las propuestas del presente dictamen son las siguientes:

DICTAMEN

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 y 18 DE LA LEY AGRARIA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo primero, se adicionan las fracciones I y II, se adiciona un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos del artículo 17; se reforman las fracciones III y V, y se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos al artículo 18, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela, los de uso común, los de aguas que, en su caso, le correspondan y los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará con que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento.

Para tal efecto se observará el siguiente orden de preferencia:

En caso de ingratitud de alguno de los señalados en la fracción I, porque hayan cometido delito contra la persona, la honra o los bienes del ejidatario, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, o se haya negado a socorrerlo en enfermedad o pobreza, el ejidatario podrá excluirlo libremente de la sucesión.

La designación del sucesor en los términos del presente artículo se hará sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder al cónyuge supérstite derivado del régimen de sociedad conyugal, para el caso de que así se acreditara.

En todos los casos la persona a la que se adjudiquen los derechos agrarios deberá garantizar proporcionalmente, con el producto de la parcela, los alimentos a aquellos acreedores alimentarios del ejidatario fallecido que por ley tengan el derecho a recibirlos.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, quien dará aviso a dicho órgano registral en la entidad que corresponda, dentro de los treinta días naturales siguientes. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso, será válida la de fecha más reciente.

El sucesor designado que no se encuentre en posesión de la parcela, deberá reclamar sus derechos en un plazo no mayor de dos años siguientes al fallecimiento del titular. Después de dicho plazo prescribirá su derecho.

El ejidatario podrá formular una lista de sucesión por cada uno de los derechos agrarios de los que sea titular.

En el supuesto de que el ejidatario tenga más de un derecho parcelario en el mismo núcleo, podrá designar a un sucesor por cada uno de éstos, de los cuales sólo uno deberá ser designado para sucederlo en sus derechos como ejidatario. Los demás sucesores en su caso, adquirirán la calidad de posesionarios, sin menoscabo de que la asamblea pueda reconocerles posteriormente el carácter de ejidatario.

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

Si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, será preferente en la sucesión quien acepte cumplir con la obligación alimentaria referida en el artículo 20 de esta ley. En caso de existir dos o más herederos que acepten cumplir con la obligación alimentaria, el tribunal agrario determinará a quien de estos se adjudicarán los derechos agrarios, considerando los elementos de convicción que pueda obtener y en su caso, la opinión de la asamblea.

La persona a quien se adjudiquen los derechos agrarios responderá de las obligaciones alimentarias del autor de la sucesión y, en consecuencia, deberá garantizarlas proporcionalmente con el producto de la parcela.

Para el caso de que ninguna persona acepte la obligación alimentaria, el tribunal agrario proveerá de forma inmediata la venta en subasta pública de los derechos ejidales. El valor de la adjudicación no será inferior al monto que fije el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. El adquirente cubrirá el costo del avalúo y el producto de la venta será entregado íntegramente a los acreedores alimentarios.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario existen dos o más personas con derecho a heredar y no hay acreedores alimentarios, éstas gozarán de tres meses contados a partir de la muerte del ejidatario, prorrogables por una sola vez a solicitud de los interesados, para decidir quién de ellos adquirirá los derechos ejidales. De no existir acuerdo, el tribunal agrario resolverá a quien de entre las personas con derecho a heredar, se le adjudicarán los derechos agrarios; considerando para este efecto, los elementos de convicción que pueda obtener en el caso.

Los solares urbanos que pudieran ser parte de la sucesión agraria se sujetan a las disposiciones previstas en los artículos 63 a 72 de esta ley.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu, secretarios; Margarita Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 113 BIS A LA LEY AGRARIA

HONORABLE ASAMBLEA:

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el 8 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a esta Comisión de Reforma Agraria, la "Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona los artículos 17, 71 y 72 de la Ley Agraria" presentada por la Diputada María Elena Orantes López.

El 10 de febrero del año en curso, mediante oficio circular No. CRA/036/05 el Diputado Presidente de esta Comisión de Reforma Agraria turnó a los diputados integrantes de la misma, copia de la Iniciativa de referencia para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone fundamentalmente reformas encaminadas a fortalecer los derechos de la mujer y la juventud en el medio rural, a efecto de proteger el patrimonio sobre la tierra, y promover su desarrollo a través del trabajo productivo.

La iniciativa, señala en su exposición de motivos que la "ley presenta un retroceso en cuanto al derecho patrimonial sobre la parcela familiar y sobre el carácter de obligatoriedad para que cada núcleo agrario asigne una porción de tierra para la constitución de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer."

Para ello propone:

III. CONSIDERACIONES

La comisión de dictamen coincide con el objeto de la iniciativa, pues efectivamente, la mujer desarrolla un papel fundamental en el medio rural como parte fundamental en el desarrollo de la vida diaria de la familia, sin embargo, no existen en el marco legal agrario normas concretas y precisas que fomenten de manera eficiente el desarrollo productivo de la mujer en el medio rural.

Las políticas públicas dirigidas a las mujeres del campo son prácticamente inexistentes: en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal del año 2002, se destinaron sólo 50 millones de pesos para el Programa de la Mujer Campesina, cuyo objetivo consiste en promover la participación de la mujer en el desarrollo de proyectos productivos viables.

Esta situación de marginación, hace necesario replantear nuevos esquemas de fomento a la producción en actividades de la mujer en el campo; sin embargo, para tal efecto la iniciativa en comento concibe la tierra como elemento fundamental para este objeto, por lo que propone establecer la obligación del núcleo para destinar una superficie de tierra para este fin.

a) Sobre la inviabilidad de la reforma

La propuesta de la iniciativa es un elemento importante que contribuye a la actividad productiva de la mujer; sin embargo, el establecer como una obligación para el núcleo el destino de una superficie para esta actividad, hace necesario realizar diversas precisiones a saber:

En todo caso, reconociendo la realidad actual del ejido y la necesidad de apoyo a la mujer campesina que propone la iniciativa; consideramos que, para el caso de la reforma al artículo 71, se establezca que "de existir tierras disponibles, la Asamblea deberá?"

b) Propuesta de adición

Aunado a lo anterior, se considera que, de acuerdo a los razonamientos expresados en la propia exposición de motivos de la iniciativa, lo fundamental para lograr su objeto es generar opciones productivas a la mujer en el medio rural.

El presente dictamen, reconoce la problemática expuesta por la iniciativa de análisis, y considera que dicho asunto, debe ser atendido desde un esquema relacionado con la posibilidad de acceso a la tierra en los términos señalados anteriormente, pero sobre todo, con las formas asociativas para la producción, en el cual, las mujeres, sin importar su condición dentro del medio rural, puedan asociarse entre si, a través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo; sin que para ello, sea requisito necesario el destinar, necesariamente, una superficie del núcleo para tal fin. Para este objeto, en el presente dictamen, se propone la adición de un artículo 113 bis dentro del Título Cuarto de la Ley Agraria, relativo a las Sociedades Rurales; el cual establece los mecanismos jurídicos y legales necesarios que facilitan y promueven la asociación de mujeres para constituir la figura jurídica de "Unidad Agrícola Industrial de la Mujer".

La propuesta de adición que se presenta, coincide y recoge la problemática expuesta en la iniciativa en análisis, la atiende, pero no en los términos propuestos, sino que va más allá, propone establecer mecanismos normativos que faciliten y permitan la libre asociación de las mujeres en el medio rural para fomentar su desarrollo productivo en un esquema similar al de las sociedades rurales.

Finalmente, en relación a la reforma al artículo 17 de la Ley Agraria, cabe señalar, que dicho artículo se dictaminará a través de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria que fue turnada a esta Comisión en fecha 9 de diciembre de 2004.

Por lo anteriormente expuesto,

Con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 71, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 113 BIS A LA LEY AGRARIA PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 71.- La asamblea, de existir tierras disponibles, deberá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años o menores con familia a su cargo del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina.

TITULO CUARTO
De las Sociedades rurales

Artículo 113 bis.- Las mujeres mexicanas, mayores de edad o menores con familia a su cargo, pertenecientes a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de cinco socias.

La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o de su abreviatura UAIM.

Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley que desarrollen las mujeres dentro del núcleo agrario.

El acta constitutiva que contenga los estatutos de la Unidad, deberá otorgarse ante un fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la Unidad tendrá personalidad jurídica. Para su constitución no se exigirá como requisito la aportación de tierras parceladas por parte de las socias.

Dos o más de las Unidades a que se refiere este artículo podrán constituirse como Uniones de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer de carácter regional.

Transitorio

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu, secretarios; Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes, Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Marzo 16, 2006

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción XXll del Artículo 31, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

La Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de marzo de 2006, el Diputado Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción XXll Artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2.- Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a las Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Iniciativa antes descrita, para su estudio y dictamen.

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estiman procedente puntualizar la Iniciativa que a la letra señala:

PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del la fracción XXII del Artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Diputado Gustavo Madero Muñoz, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- La que Dictamina considera que es de aprobarse la Iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que permita la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia, que por deterioro u otras causas, hubieran perdido su valor a fin de canalizarlos a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, dedicadas a atender necesidades básicas en materia de alimentación, vestido, vivienda y salud.

La Comisión que Dictamina toma en cuenta que el derecho estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por el gobierno de México, compromete a los Estados Parte a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, y a promover una mayor cooperación internacional, en apoyo de sus políticas nacionales. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º especifica el derecho de las niñas y niños a la satisfacción de las necesidades de alimentación, y el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Social subraya el derecho a la alimentación como un derecho primordial para el desarrollo de la sociedad.

La que Dictamina considera que en México existen actualmente 26 millones de mexicanos que no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, mientras que diariamente se tiran 17 mil toneladas de alimentos que sufren algún deterioro en sus condiciones de empaque, presentación o madurez, pero que se encuentran en condiciones favorables para el consumo humano.

Asimismo en enero de 2005 se publicó el decreto por el que el Ejecutivo Federal otorga diversos beneficios fiscales; en tal Decreto, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley del Ingreso Sobre la Renta, donen bienes básicos para la subsistencia humana a los bancos de alimentos debidamente autorizados para recibir dichos donativos deducibles; tal estímulo consiste en una deducción adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido que le hubiera correspondido a las mercancías donadas, siempre y cuando el margen de utilidad bruta de estas mercancías en el ejercicio hubiera sido igual o superior al 10%; cuando fuera menor, el porcentaje de deducción se reducirá al 50% del margen.

Por otro lado, en los artículos 87 y 88 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se establece que los productores de los bienes cuyo costo de adquisición o producción hubiera sido deducido para los efectos del ISR antes de proceder a su destrucción para la subsistencia humana, deben ofrecer su producto en buen estado y en donación a Bancos de Alimentos, a través de una bodega virtual creada en el Servicio de Administración Tributaria, precisando además quienes pueden dar y recibir donativos, así como sus derechos y obligaciones.

La descripción anterior nos lleva a concluir que las disposiciones que reconocen el esfuerzo de las asociaciones civiles sin fines de lucro que persiguen como objetivo combatir el hambre de los sectores menos favorecidos, debe ampliar el universo de productos susceptibles de donación señalados en el primer párrafo de la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a saber, mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubieran pedido su valor, así como que además de las necesidades de alimentación, atiendan también las necesidades básicas relativas al vestido, la vivienda y a la salud, con lo cual se logrará extender el tipo de productos que podrían ser susceptibles de donación, en beneficio de los sectores que así lo necesiten.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 31, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Único.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 31. .........

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 16 de marzo de 2006.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora, José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Augusto Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Francisco Javier Valdéz de Anda, Emilio Zebadúa González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos relacionados con los servicios ambientales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el Diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2004 fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos relacionados con los servicios ambientales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el Diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó a su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- El Decreto pretende adicionar los artículos 3, 5, 15, 22 bis, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

II.- Para el desahogo de la presente iniciativa vale la pena considerar lo siguiente:

1.- Que hasta hace poco, los servicios ambientales (mantenimiento y producción de agua, captura de carbono, conservación de la biodiversidad, mitigación o protección frente a desastres naturales), proveídos por sistemas naturales manejados como propiedad comunal, no eran reconocidos o eran considerados de poco valor.

2.- Que debido a los crecientes niveles de degradación ambiental y problemas a ellos asociados que se viven tanto local como globalmente, el valor de estos servicios se ha hecho evidente y es cada vez más reconocido.

3.- Que en muchas partes del mundo los bosques están seriamente amenazados. Durante la década de los noventa se perdieron en promedio casi 15 millones de hectáreas boscosas por año, especialmente en las zonas tropicales (FAO, 2001a, 2001b). A esta pérdida se suma la de los numerosos y valiosos servicios que proporcionan las cubiertas boscosas, tales como la regulación de los flujos hidrológicos y la captura de carbono, además de la biodiversidad que albergan (Myers, 1997).

4.- Que durante los últimos años se ha vivido una extensa experimentación con mecanismos basados en el mercado para poder abordar estos problemas. Muchos consideran que esto puede proporcionar incentivos poderosos y medios eficientes para conservar los bosques y los bienes públicos que ellos proveen y también ofrecer nuevas fuentes de ingreso para apoyar a los habitantes de las zonas rurales. Una encuesta reciente encontró casi 300 ejemplos de tales mecanismos en todo el mundo (Landell- Mills y Porras, 2002), y la lista aumenta constantemente.

6.- Que los servicios ambientales son mecanismos de compensación económica a través de los cuales el proveedor del servicio reciba una compensación de parte del usuario del servicio, la cual debe servir al proveedor para adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad del servicio ambiental.

Es importante señalar que el pago no necesariamente debe expresarse como una operación monetaria, pues también puede traducirse en una mejora de infraestructura (caminos, reservorios de agua, etc.), servicios (médico, escuelas, etc.) o extensión rural (talleres, equipamiento, semillas, etc.).

7.- Que el mecanismo de compensación puede variar desde un pago periódico directo a los proveedores individuales hasta el establecimiento de un fondo fiduciario manejado por un directorio con participación de los proveedores, usuarios, sector privado, sociedad civil y el estado.

8.- Que algunos de los servicios ambientales (Tomados de Anthony Challenger, La situación del medio ambiente en Veracruz. Los servicios ambientales y la conservación ecológica. México, 2003), son:

III.- Que la propuesta plantea la necesidad de darle valor económico susceptible de cuantificación a los servicios ambientales, situación que esta Comisión dictaminadora comparte y que considera bastante adecuada.

IV.- Que para la definición de servicios ambientales (fracción XXXV del artículo 3) se decidió considerar y agregar elementos de otras leyes como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales, para darle mejor soporte.

V.- Que en oficio recibido el 14 de Octubre de 2005, el Diputado Maximino Fernández Ávila, integrante de esta Comisión solicita que en concordancia con la propuesta de reforma al artículo 5° en la fracción que faculta a la federación para identificar, valorar y fomentar los servicios ambientales, de igual forma se haga extensiva esta facultad a Estados y Municipios toda ves, que los ecosistemas que aportan servicios ambientales se ubican en sus territorios o jurisdicciones, y esto les permitiría ser actores y participes de los beneficios(artículos 7° y 8° respectivamente).

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Único: Se Adicionan las fracciones XXXV Y XXXVI al artículo 3o., pasando las actuales fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII a ser las fracciones XXXVII, XXXVIII y XXXIX, respectivamente; la fracción XXI al artículo 5o., pasando la actual fracción XXI a ser la fracción XXII; la fracción XXI al artículo 7o., pasando la actual fracción XXI a ser la fracción XXII; la fracción XVI al artículo 8o., pasando la actual fracción XVI a ser la fracción XVII; la fracción XXI al artículo 15; y la fracción VI al artículo 22 Bis, pasando la actual fracción VI a ser la fracción VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I al XXXIV...........

XXXV.- Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que aportan los diferentes ecosistemas entre cuya diversidad cabe destacar los siguientes: la conservación de los ciclos hidrológicos, el control de erosión, el control de inundaciones, la recarga de los acuíferos, el mantenimiento de los escurrimientos en cantidad y calidad, la purificación de cuerpos de agua; la captura de carbono, de contaminantes y componentes ambientales, la generación de oxigeno, la modulación o regulación climática, la mitigación del impacto de los fenómenos naturales con efecto adverso; la formación, protección y recuperación de suelos, la fijación de nitrógeno; la conservación y protección de la biodiversidad, la polinización de las plantas, el control biológico de plagas y protección del hábitat de la vida silvestre; conservación de los ecosistemas; paisaje y recreación entre otros;

XXXVI.- Valoración de servicios ambientales: Es el proceso mediante el cual la sociedad reconoce valor de uso y asigna valor económico a los diferentes servicios que le prestan a la sociedad los ecosistemas;

XXXVII.- Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos;

XXXVIII.- Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida, y

XXXIX.- Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente.

Artículo 5.- Son facultades de la Federación:

I a XIX?

XX.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;

XXI. La identificación, valoración y fomento de los servicios ambientales, y

XXII.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

Artículo 7.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I a XIX.........

XX.- La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas;

XXI. La identificación, valoración y fomento de los servicios ambientales, y

XXII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

Artículo 8.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I a XIV.......

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;

XVI. La identificación, valoración y fomento de los servicios ambientales, y

XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I a XVIII........

XIX.-A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales;

XX.-La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales, y

XXI.- La valoración de los servicios ambientales que prestan a la sociedad los diversos ecosistemas del país, permitirá eliminar gradualmente las externalidades causadas por el desarrollo económico.

Artículo 22 Bis.- Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I a IV........

V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas;

VI. La conservación de los ecosistemas naturales, protegidos o no, que proporcionen servicios ambientales a la sociedad, y

VII.-En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla, secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco, Guillermo Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera, Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, presentada por los CC. Diputados Manuel López Villarreal y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 9 de febrero de 2006. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometieron a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que en sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 9 de febrero de 2006, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentaron los CC. Diputados Manuel López Villarreal y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

TERCERO. Mediante oficio CE/2045/06, de fecha 9 de febrero de 2006, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

CUARTO. Los legisladores proponen lo siguiente:

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el mundo se han convertido en un nicho de oportunidad para impulsar el crecimiento económico sostenido de los países a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la oferta exportable.

TERCERO. Que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen más de 3 millones de unidades empresariales, de las cuales el 99.7% son MIPYMES, que en conjunto generan el 52% del Producto Interno Bruto nacional y el 71% del empleo del país.

CUARTO. Que el Ejecutivo Federal ha impulsado una serie de acciones para aumentar la competitividad y productividad de las empresas del país, para ello, creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Secretaría de Economía y elaboró el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, con la finalidad de fomentar y promover la calidad, competitividad, capacitación, desarrollo e innovación tecnológica y el desarrollo empresarial de la planta productiva, en especial de las MIPYMES.

QUINTO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Este esfuerzo legislativo, consolida a nivel de ley todos los apoyos al sector empresarial y asegura su aplicación de largo plazo.

SEXTO. Que el Fondo para Apoyar a la MIPYME (Fondo PYME) tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas.

SÉPTIMO. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un valioso instrumento de política económica que busca asignar de manera eficiente y equitativa el gasto público para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo social y una mejor distribución del ingreso, por lo que tiene un impacto de gran alcance para la sociedad.

OCTAVO. Que el gasto destinado para apoyar a las MIPYMES se ha venido incrementado en los últimos años, sin embargo, se debe garantizar que año con año se vaya incrementando, en términos reales, para asegurar la viabilidad de los instrumentos y apoyos que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, canaliza para consolidar el desarrollo y progreso empresarial.

NOVENO. Que el presupuesto para el desarrollo y crecimiento de las MIPYMES es una inversión para el país, toda vez que estos recursos fomentan la inversión productiva en la creación de empresas y de empleos, mismos que hacen sus contribuciones fiscales, por lo que la Federación recupera, de alguna manera, el gasto en el desarrollo empresarial.

DÉCIMO. Que el desarrollo de las MIPYMES es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que se deben de convertir en los principales promotores de la actividad empresarial, aportando estructura, instrumentos y recursos para impulsar la competitividad de las empresas mexicanas.

DÉCIMO PRIMERO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que es necesario establecer en ley, que el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados deben asignar año con año recursos suficientes y crecientes para impulsar la creación, el fortalecimiento y la consolidación de las MIPYMES.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía, presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 2.- . . .

. . .

El presupuesto federal destinado para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de este Decreto, no se considerarán las asignaciones o adecuaciones presupuestarias especiales o extraordinarias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Economía

Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Miguel Sierra Zúñiga (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdalá de la Fuente, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala, Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez, Gustavo Moreno Ramos, José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE REFORMA AGRARIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN Y REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY AGRARIA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reforma Agraria de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa por la que se reforman la Ley de Expropiación en su artículo 10 y la Ley Agraria en su artículo 94.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXX a la luz de lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

La Iniciativa presentada por el Diputado Jesús González Schmal propone modificar el artículo 10 de la Ley de Expropiación y el artículo 10 de la Ley Agraria, a fin de incorporar un criterio único que deba prevalecer en los casos en que los pagos de indemnización derivados de actos expropiatorios se vean retrasados y por lo tanto sea necesario actualizar el monto de la indemnización correspondiente y propone que se tome en cuenta el valor comercial de los bienes de acuerdo a las condiciones imperantes en el momento de su afectación a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto expropiatorio correspondiente. De igual manera, propone que el mecanismo de actualización de dicho monto sea dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período con el Índice más antiguo de dicho período.

Se justifica la propuesta anterior debido a la necesidad de definir una retribución justa por la expropiación de bienes inmuebles, en virtud de que no existe previsión legal sobre qué criterio aplicar cuando la indemnización deba cubrirse tiempo después de haber concluido el plazo legal para el pago de la indemnización, en detrimento de la seguridad jurídica del gobernado.

El diputado González Schmal menciona en su exposición de motivos que hay casos en que se reclaman indemnizaciones por expropiaciones de inmuebles efectuadas mucho tiempo atrás, y en donde, la indemnización que se fijó ya no es equivalente a los índices inflacionarios actuales, y que al no existir normas aplicables, los afectados demandan indemnizaciones superiores y desproporcionadas.

Asimismo, el iniciante hace hincapié en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ante la ausencia de norma vigente, además de la aplicación del criterio citado, el valor comercial deberá actualizarse durante el período transcurrido desde que ocurrió la violación constitucional hasta el momento en el que el propio órgano jurisdiccional determina el pago de la indemnización, lo anterior mediante el factor de actualización que establece el artículo 7, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa de referencia, los diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reforma Agraria de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY AGRARIA.

Artículo Primero.- Se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 10 de la Ley de Expropiación, para quedar como sigue:

Artículo 10.- ...

Para fijar el monto de indemnización, la Secretaría de la Función Pública tomará en cuenta el valor comercial que los bienes expropiados tenían el día anterior a la fecha de publicación del decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que el pago de la indemnización no se efectúe dentro del plazo legal que señala el artículo 20 de ésta Ley y la vigencia del dictamen valuatorio haya concluido, se aplicará al monto original de la indemnización el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior a la fecha en que se efectúe la actualización entre el citado índice correspondiente al mes anterior a la fecha de publicación del decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se reforma el párrafo primero y se adiciona con dos párrafos, recorriéndose en su orden los subsecuentes, el artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización; el decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

El monto de la indemnización será determinado por la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta el valor comercial que los bienes expropiados tenían el día anterior a la fecha de publicación del decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que el pago de la indemnización no se efectúe dentro del plazo legal que señala el artículo 20 de la Ley de Expropiación y la vigencia del dictamen valuatorio haya concluido, se aplicará al monto original de la indemnización el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior a la fecha en que se efectúe la actualización entre el citado índice correspondiente al mes anterior a la fecha de publicación del derecho expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación.

.....

......

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los trece días del mes de diciembre de dos mil cinco.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, José Sigona Torres (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).

Por la Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (con licencia a partir del 16 de febrero de 2006), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), secretarios; Margarita Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Ramón González González, Huberto Aldaz Hernández, Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Javier Manzano Salazar, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (causó baja el 12 de abril de 2005), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS VILIA MAM GMORA, HANY NAGAR SHITRIT, ANA MÍRIAM GONZÁLEZ CATARRIVAS, GUIRZA DOWEK DAYAN, MARÍA LUISA GUTIÉRREZ BADILLO, ARTURO CENTENO SÁNCHEZ, RODOLFO GARZA HERNÁNDEZ Y RENÉ OCHOA GAYOSSO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DEL ESTADO DE ISRAEL EN MÉXICO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Vilia Mam Gmora, Hany Nagar Shitrit, Ana Míriam González Catarrivas, Guirza Dowek Dayan, María Luisa Gutiérrez Badillo, Arturo Centeno Sánchez, Rodolfo Garza Hernández y René Ochoa Gayosso puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Estado de Israel en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 9 de marzo se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Vilia Mam Gmora para prestar servicios, como asistente del embajador, en la Embajada del Estado de Israel en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Hany Nagar Shitrit para prestar servicios como asistente del Área Comercial en la Embajada del Estado de Israel en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ana Míriam González Catarrivas para prestar servicios como asistente administrativa en la Embajada del Estado de Israel en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Guirza Dowek Dayan, para prestar servicios como asistente cultural en la Embajada del Estado de Israel en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Gutiérrez Badillo para prestar servicios como empleada de servicio en la Embajada del Estado de Israel en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Arturo Centeno Sánchez para prestar servicios como empleado conductor y mensajero en la Embajada del Estado de Israel en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Rodolfo Garza Hernández para prestar servicios como personal de seguridad en la Embajada del Estado de Israel en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano René Ochoa Gayosso para prestar servicios como empleado conductor y mensajero en la Embajada del Estado de Israel en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 10 de marzo de 2006.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel garcía-Domínguez, Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ORQUÍDEA ALVARADO BRISEÑO, EDUARDO JAVIER GARCÍA GUILLÉN, RENATA LOZA ESTRADA, FRANCISCO PABLO DOSAMANTES AGUAYO, LETICIA DEL CARMEN CERRITOS CASTILLO, MARÍA JIMENA RUIZ VELASCO REA, PAOLA FERNANDA DE LOS COBOS GOMAR, GRACIELA TREVIÑO ESPINOSA, MITZY MATAMOROS JIMÉNEZ Y CLAUDIA LIZETH SOLANO LARA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, SUS CONSULADOS EN HERMOSILLO, SONORA, Y CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, Y EN LA AGENCIA CONSULAR EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Orquídea Alvarado Briseño, Eduardo Javier García Guillén, Renata Loza Estrada, Francisco Pablo Dosamantes Aguayo, Leticia del Carmen Cerritos Castillo, María Jimena Ruiz Velasco Rea, Paola Fernanda de los Cobos Gomar, Graciela Treviño Espinosa, Mitzy Matamoros Jiménez y Claudia Lizeth Solano Lara puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, sus Consulados en Hermosillo, Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la Agencia Consular en San Miguel de Allende, Guanajuato, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 9 de marzo del año en curso se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Orquídea Alvarado Briseño para prestar servicios como voucher examiner en el Centro de Administración Financiero, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Eduardo Javier García Guillén para prestar servicios como chofer en la Sección de Defensa, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Renata Loza Estrada para prestar servicios como recepcionista en la Sección de Seguridad, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana María Jimena Ruiz Velasco Rea para prestar servicios como empleada de Visas (Visa Clerk) en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Paola Fernanda de los Cobos Gomar para prestar servicios como empleada de Visas (Visa Clerk) en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Graciela Treviño Espinosa para prestar servicios como secretaria en la Sección de Agricultura en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Pablo Dosamantes Aguayo para prestar servicios como asistente de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana Mitzy Matamoros Jiménez para prestar servicios como asistente de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Noveno.- Se concede permiso a la ciudadana Claudia Lizeth Solano Lara para prestar servicios como asistente de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Décimo.- Se concede permiso a la ciudadana Leticia del Carmen Cerritos Castillo para prestar servicios como asistente consular en la Oficina Consular de Estados Unidos de América en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 10 de marzo de 2006.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Ciro García Marín, Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS SERGIO PÉREZ CORTÉS, RAMÓN ALVARADO JIMÉNEZ, GENARO GARCÍA LUNA Y ADOLFO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES OTORGAN LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA FRANCESA, DEL REINO DE ESPAÑA Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Sergio Pérez Cortés, Ramón Alvarado Jiménez, Genaro García Luna y Adolfo Domínguez Martínez para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de España y de Estados Unidos de América, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Sergio Pérez Cortés para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Ramón Alvarado Jiménez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano ingeniero Genaro García Luna para aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial, con Distintivo Rojo, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez, para aceptar y usar el Gafete y la Medalla con Listón de la Legión de Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de marzo de 2006.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Ciro García Marín, Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR EL COMPROMISO DE CONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO AGUA PRIETA-BAVISPE, SONORA

Honorable Asamblea

La Comisión de Transportes perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta asamblea el siguiente:

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a cumplir con el compromiso de construir el tramo carretero Agua Prieta - Bavispe, Sonora, adquirido el pasado 4 de junio de 2004 en el marco de la inauguración de la planta termoeléctrica ciclo combinado Naco-Nogales y colocación del arete eléctrico para el ganado, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora; presentada por el diputado Federal Fermín Trujillo Fuentes, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 4 de noviembre del 2005.

2. Contenido de la proposisión

3. Consideraciones

Acuerdo

Único.- Ésta Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que contemple dentro de sus programas de construcción de carreteras, los argumentos de esta proposición; a fin de retomar su viabilidad y ejercerlo en el siguiente periodo.

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes.

H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Transportes

Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A APLICAR SU ATENCIÓN PERSONAL A FIN DE QUE SE EJECUTE LA OBRA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN JALISCO

Honorable Asamblea

Las Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración el dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aplique su atención personal a fin de que se ejecute la obra carretera libre a Zapotlanejo, en el estado de Jalisco, presentada por el diputado federal Sergio Chávez Dávalos, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 8 de diciembre de 2005.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al estudio y análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

a).- El promovente señala en su exposición de motivos que la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno en el estado de Jalisco, es una de las carreteras mas antiguas de la entidad y del país. En lo que corresponde al tramo Tlaquepaque-Zapotlanejo, en su momento fue una excelente vía de desahogo y acceso a la zona metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, por el crecimiento de la metrópoli esta carretera ha sido invadida por las actividades económicas y sociales propias de esta zona geográfica, pasando de ser una carretera a un verdadero peligro para los habitantes, empresarios y transeúntes tanto peatonales como vehiculares, dando un flujo vehicular de 10 kilómetros por hora, afectando las actividades cotidianas de esta importante área.

Tomando este legítimo anhelo durante la aprobación presupuestal por parte de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2005 se logró la aprobación de 90 millones de pesos para iniciar un primer tramo de ampliación, cantidad que se encuentra autorizada y liberada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debidamente registrada y transferida a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) en Jalisco para el ejercicio de la obra.

Esta obra a parece en el programa de inversiones de la SCT con una meta de 7.3 kilómetros y un avance físico del 0 % y la licitación ni se a publicado, en reunión de trabajo con los representantes del Centro SCT Jalisco, se informó que aún se encuentra en espera del proyecto por parte de sus oficinas centrales y en posibilidades de iniciar los tramites administrativos de convocatoria y consecuentemente de contratación.

La SCT no tiene la mínima idea de que está haciendo, hay contradicciones institucionales, retrasos burocráticos, desatención en sus obligaciones y ausencia plena de conciencia y compromiso para resolver las demandas sociales y ejercer presupuestos aprobados.

3. Consideraciones

A.- La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tiene el firme objetivo de promover y generar más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, que sean accesibles a todos los mexicanos y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la vida y a la construcción de una sociedad mexicana igualitaria y justa.

B.- Las vías de comunicación, tanto terrestres, aéreas y marítimas son fundamentales para impulsar la economía de cualquier país, ya que el transporte es esencial para su desarrollo.

Teniéndose en cuenta que la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno en el estado de Jalisco, es una de las carreteras mas antiguas de la entidad y del país, requiriendo su ampliación para tener un mejor desahogo y acceso a la zona metropolitana de Guadalajara y que así se incrementen las actividades económicas y sociales de la zona, elevando así su flujo vehicular.

Motivo por el cual resulta evidente la atención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se verifique el programa de ampliación de esta carretera en el tramo de Tlaquepaque-Zaopotlanejo, y se dé trámite inmediato al inicio de la obra, teniéndose en cuenta que ya existen los recursos destinados a la misma.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que de atención personal para que se lleve a cabo la obra de la carretera libre a Zapotlanejo, en el estado de Jalisco.

Dado en la Sala de Sesiones de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Transportes

Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A PROGRAMAR Y EJECUTAR LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, EN ZACATECAS

Honorable Asamblea

Las Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración el dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que programe y ejecute la ampliación y modernización de la carretera del municipio de General Francisco R. Murguía, en el estado de Zacatecas, presentada por el diputado federal José Luis Medina Lizalde, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el día 28 de abril de 2005.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al estudio y análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

a).- El promovente señala en su exposición de motivos que el municipio de General Francisco R. Murguía, se localiza a 173 kilómetros al noroeste de la capital del estado de Zacatecas, en una desviación de 94 kilómetros que parte del kilómetro 829 de la carretera México-Ciudad Juárez.

Este municipio fue un lugar muy prospero al ser un pueblo minero y uno de los más importantes del estado, después de haber sido explotado, hoy es un lugar abandonado y carece de los servicios más elementales, principalmente de la comunicación.

La única carretera que existe y que lo comunica con el municipio más cercano que es Rió Grande, se encuentra en pésimas condiciones, tiene aproximadamente 50 años de haber sido construida y muchos de no haber recibido ningún mantenimiento, por lo que sus habitantes sufren continuamente de aparatosos accidentes, debido a la existencia de curvas muy pronunciadas, angostas, el mal estado y la falta de protección.

Este municipio tiene enormes posibilidades de desarrollo en cuanto se unan las carreteras de Zacatecas a Saltillo, que beneficiará a las 56 comunidades con las que cuenta, el 40% de su territorio es agrícola y se utiliza para la siembra de temporal, sostiene gran relación de comercio con los municipios aledaños principalmente con Juan Aldama y Río Grande.

En la actualidad se desplazan por caminos de terracería provocando en algunas ocasiones la muerte de los pacientes que no pueden ser trasladados a hospitales más equipados para ser tratados adecuadamente.

3. Consideraciones

A.- La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tiene el firme objetivo de promover y generar más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, que sean accesibles a todos los mexicanos y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la vida y a la construcción de una sociedad mexicana igualitaria y justa.

B.- Las vías de comunicación, tanto terrestres, aéreas y marítimas son fundamentales para impulsar la economía de cualquier país, ya que el transporte es esencial para su desarrollo.

El mantenimiento y la conservación de las carreteras federales, es y debe ser una prioridad, para sí poder garantizar a la ciudadanía la movilidad de las personas y de mercancías mediante caminos que cuenten con las condiciones técnicas adecuadas, que avalen la seguridad de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga, además permitan disminuir los tiempos de recorrido, los costos de operación y la frecuencia de accidentes carreteros.

El tramo de interés para el municipio de General Francisco R. Murguía, se localiza en el entronque de la carretera federal 49, con la cabecera munipal entre Río Grande y Juan Aldama con una longitud de 17 km. Es necesario planear la aplicación y conservación de la citada carretera para que aporte nuevas y mejores oportunidades de crecimiento interregional y permita coadyuvar al desarrollo económico y social de los municipios mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que programe y ejecute la ampliación y modernización de la carretera del municipio de General Francisco R. Murguía, en el estado de Zacatecas.

Dado en la Sala de Sesiones de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes.

H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Transportes

Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE AEROPUERTOS, MEDIANTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN MÓDULO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA MÉDICA, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES

Honorable Asamblea

Las Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración el dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incorpore en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, la obligación de contar con un módulo de primeros auxilios y emergencia medica, en beneficio de los usuarios de las instalaciones, presentada por el diputado federal Jesús González Schmal, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia, el día 25 de enero de 2006.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al estudio y análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

a).- El promovente señala en su exposición de motivos que como resultado de experiencias propias y de terceros, así como por hechos lamentables reportados de padecimientos presentados por usuarios de instalaciones aeroportuarias, en los que incluso el desenlace ha sido fatal, es necesario dada la gran afluencia que la mayoría de los aeropuertos presentan, la inminente necesidad y obligación de que en los mismos se cuente con un dispositivo de primeros auxilios y de emergencia médica.

El artículo 30 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos establece que: "Los aeródromos civiles deberán contar con la infraestructura e instalaciones necesarias, de acuerdo con su clasificación y categoría, las cuales reunirán los requisitos técnicos y operacionales que establezcan las normas básicas de seguridad y demás disposiciones aplicables, para garantizar la segura y eficiente operación de los mismos y de las aeronaves, tal como: pistas, calles de rodaje, plataformas edificios y hangares, ayudas visuales, radioayudas, sistemas de comunicación, caminos perimetral y de acceso, barda o cercado perimetral, iluminación general, vialidades, señalamientos, instalaciones para el almacenamiento de combustible, estacionamiento para automóviles y transporte terrestre de servicio al público, instalaciones destinadas a las autoridades adscritas al aeródromo, y los servicios a la navegación aérea, así como los señalamientos de áreas críticas para proteger el buen funcionamiento de las radioayudas, instalaciones destinadas al cuerpo de rescate y extinción de incendios, franjas de seguridad, plantas de emergencia eléctricas, drenajes y subestaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas negras, equipos de incineración y equipos para manejo de basura, entre otros." Sin embargo, jamás se considera a quien en calidad de usuario, visitante, empleado directo o indirecto, en caso de algún padecimiento o bien accidente en las salas de espera, restaurantes, estacionamientos, etc. reciba oportunamente asistencia médica inmediata para evitar consecuencias de agravamiento o incluso perdida de la vida.

3. Consideraciones

A.- La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tiene el firme objetivo de promover y generar más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, que sean accesibles a todos los mexicanos y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la vida y a la construcción de una sociedad mexicana igualitaria y justa.

B.- Las vías de comunicación, tanto terrestres, aéreas y marítimas son fundamentales para impulsar la economía de cualquier país, ya que el transporte es esencial para su desarrollo.

Los servicios de asistencia médica constituyen una necesidad imperante, principalmente en el aeropuertos de alta densidad de concurrencia, lo que no puede quedar al libre arbitrio o criterio de los concesionarios de los aeropuertos, esto debe de ordenarse y exigirse por la vía jurídica.

Recordando siempre que la operación y la razón de la existencia de los aeropuertos se debe principalmente a sus ingresos y estos se deben al usuario, a quien en este caso no se le esta considerando en caso de sufrir algún accidente o padecer un trastorno que súbitamente lo exponga a un riesgo mayor en las condiciones de su salud.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se incorpore en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, la obligación de contar con un modulo de primeros auxilios y emergencia médica, en beneficio de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias.

Dado en la Sala de Sesiones de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Transportes

Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y A LA UNIDAD DE AUTOPISTAS DE CUOTA A GESTIONAR LA REDUCCIÓN DEL PEAJE EN LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO

Honorable Asamblea

La Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales y a la Unidad de Autopistas de Cuota, gestionen la reducción del peaje en la autopista Cuernavaca - Acapulco, presentada por la diputada federal Irma S. Figueroa Romero, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el día 2 de febrero del 2006.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados, hace un atento exhorto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; para que en uso de sus facultades y atribuciones, justifique la necesidad de reducir las cuotas del peaje de la autopista Cuernavaca - Acapulco, conocida como "Autopista del Sol".

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes.

H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión, a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Transportes

Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOPISTAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE OFRECER MAYOR FLUIDEZ, CONFORT Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO

Honorable Asamblea

La Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración del correspondiente dictamen, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para que el gobierno del estado de México, en coordinación con la Dirección General de Autopistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realicen las acciones necesarias a efecto de ofrecer mayor fluidez, confort y seguridad a los usuarios de la autopista Toluca-Atlacomulco, presentada por el diputado federal Fernando Espino Arévalo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el día 8 de diciembre de 2005.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al estudio y análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor del siguiente:

2. Contenido de la proposición

Acuerdo

Primero - Esta Cámara de Diputados, hace un atento exhorto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, se realicen los trabajos de revisión de la autopista Toluca-Atlacomulco, y se verifique si ésta cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables.

Segundo - Esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al gobierno constitucional del Estado Libre y Soberano de México, con el objeto de que contemple en su agenda ejecutiva, incluir las acciones necesarias para dar seguimiento al contenido del presente dictamen.

Tercero - Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al honorable Congreso del estado de México, con el objeto de contemplar en el Presupuesto de Egresos para el estado de México, otorgar recursos presupuestarios a la Secretaría de Comunicaciones del gobierno del estado de México, a efecto de llevar a cabos los trabajos señalados en el inciso e) del Capítulo denominado "Contenido de la Proposición", en el cuerpo del presente dictamen.

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes.

H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Transportes

Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FIN DE QUE ASIGNEN A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS LOS RECURSOS NECESARIOS A EFECTO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE LA AUTOPISTA PALENQUE-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Honorable Asamblea

La Comisión de Transportes perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta asamblea el siguiente:

Dictamen

1. Antecedentes

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que asignen al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios, recursos necesarios para iniciar los trabajos de la autopista Palenque - San Cristóbal de las Casas; presentada por el diputado federal Jorge B. Utrilla Robles, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 8 de diciembre del 2005.

2. Contenido de la proposisión

3. Consideraciones

Primero.- Esta Cámara de Diputados, hace un atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de contemplar dentro de sus programas de construcción de carreteras, los argumentos de ésta proposición; con el objeto de tomar su viabilidad para ejercerlo en el siguiente periodo.

Segundo.- Se considera adecuado el proponer, que dentro de la agenda legislativa de ésta H. Cámara de Diputados, se consideré el dotar de los recursos necesarios a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal del 2007, sea contemplada esta obra.

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes.

H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 16 días del mes de marzo del año 2006.

La Comisión de Transportes

Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica).