• De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Seguro Social.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha 12 de septiembre, "conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio en 1847", al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

 
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

 
• De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Asistencia Social.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Eugenia Mesta Espinosa y Raymundo Salazar Mendoza, para prestar servicios en las embajadas de Italia y de la República del Paraguay en México, respectivamente.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Claudio Edmundo Huízar de la Torre, Vidal Elías Gutiérrez, Jaime Virgilio Naualart Sánchez, Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, Naría del Carmen García Platas Barrios y José Luis Gutiérrez Velarde, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de la República de Chile, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa dela República Francesa, respectivamente.

 
• De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una evaluación de daños al ecosistema en las costas de Acapulco derivados del uso de explosivos y cianuro para la pesca, e investigar a fondo el caso para que se sancione a los responsables de causar dichos daños.

 
• De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que evalúe si los beneficios del programa Oportunidades son compatibles y complementarios con el programa Liconsa.

 
• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para eliminar la lectura de la Epístola de Melchor Ocampo de las ceremonias civiles matrimoniales.

 
• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, se dé a conocer la importancia del movimiento de Valladolid de 1910, dentro del marco de los movimientos precursores de la Revolución Mexicana.

 
• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Legislaturas locales a reformar sus Códigos Civiles en materia de tutela y curatela.

 
• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y a los Congresos de los estados a implantar las prácticas profesionales como método de titulación en sus sistemas de educación superior.

 
• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de Chiapas, de Hidalgo, de Oaxaca y de Tabasco a expedir con la mayor brevedad normas en materia de transparencia y acceso a la información.

 
• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a realizar trabajos de restauración y mantenimiento de los monumentos dedicados a don Benito Juárez.

 
• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a los delitos cometidos contra periodistas, editores y comunicadores.

 
• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender el otorgamiento de toda autorización de inicio de operaciones de los permisos otorgados para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, hasta en tanto no se resuelva la controversia constitucional número 97/2004.

• De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria.

 
• De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma los artículos 31 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

 
• De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.

 
• De la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 
• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 
• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 
• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 17 y 24 de la Ley de Seguridad Nacional.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada, para su estudio y dictamen, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 2 de febrero de 2006.

En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó en sesión ordinaria del 2 de febrero de 2006, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Seguro Social.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a la Comisión de Seguridad Social.

Previo estudio y análisis de la proposición, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. La iniciativa objeto del presente dictamen propone suprimir la obligatoriedad de interponer el recurso de inconformidad en relación a la calificación definitiva de un riesgo de trabajo efectuada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En sus consideraciones, el promovente señala que el recurso de inconformidad, es el medio que otorga la Ley del Seguro Social para que los patrones, trabajadores y beneficiarios impugnen cualquier acto definitivo del Instituto que lesione sus intereses. El artículo 44 de dicha Ley obliga al trabajador a interponer el recurso de inconformidad, en caso de no estar de acuerdo con la calificación que le otorgue el Instituto a su accidente o enfermedad de trabajo:

En la exposición de motivos, la iniciativa resalta además que la disposición señalada se contradice con otras presentes en el cuerpo de la Ley del Seguro Social. Son los casos de los artículos 294 y 295, en que la interposición de este recurso es opcional para el afectado:

2. Como soporte a su iniciativa, el promovente señala la existencia de criterios del Poder Judicial Federal que sostienen la pertinencia de la reforma propuesta.

1. Las seguridad social está constituida por un conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que tienen por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares o dependientes contra los riesgos susceptibles de reducir o suprimir sus ingresos a consecuencia de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, invalidez, vejez y muerte.

En nuestro país, la seguridad social es un servicio público a cargo del Estado quien es el responsable de prestarlo y el garante de que opere conforme a los propósitos delineados en la Constitución y en las leyes.

En tal sentido, la preservación de la salud y la integridad física en el trabajo fue recogido en el más alto nivel normativo en nuestra Carta Magna. La fracción XIV, apartado A, del artículo 123 Constitucional, dicta que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones están obligados a pagar la indemnización correspondiente que haya traído como consecuencia la muerte o la incapacidad temporal o permanente para laborar.

2. La Ley del Seguro Social prevé en su artículo 53 que el aseguramiento de los trabajadores contra el riesgo de trabajo releva del cumplimiento de las obligaciones que sobre esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la entidad obligada a otorgar las prestaciones en especie y en dinero que provocan los riesgos de trabajo en los términos y la forma que la Ley previene.

Una de estas previsiones indica que para disfrutar de estas prestaciones el asegurado debe someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que el Instituto proporciona (artículo 50 de la Ley del Seguro Social). Ante un riesgo de trabajo, el asegurado debe acudir a la medicina institucional para que diagnostique el siniestro y lo valore conforme a la Ley Federal del Trabajo.

En este esquema, el artículo 44 de la Ley del Seguro Social confiere el derecho al trabajador de impugnar el dictamen de la calificación de un riesgo de trabajo efectuado por el personal de medicina del trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la interposición del recurso de inconformidad e incluso, de no serle favorable el fallo administrativo que emita el Consejo Consultivo Delegacional, podrá recurrir con posteridad a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para poder reclamar sus derechos en esta materia.

3. Sin embargo, a decir de algunos juristas e incluso, por testimonios directos de asegurados que han acudido a la Comisión de Seguridad Social, la falta de reglamentación en la esfera administrativa es una grave laguna legal, quedando no sólo los asegurados y sus beneficiarios sino hasta los patrones sometidos al juicio de un criterio médico cuya imparcialidad no está necesariamente garantizada, pues independientemente de la formación o la calidad ética de los médicos del trabajo del Instituto, éstos pueden estar sujetos a presiones o políticas institucionales para negar en lo posible una calificación objetiva y certera de un riesgo de trabajo.

Esta es una materia que no se ha reglamentado en toda la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social; la calificación del riesgo de trabajo sigue siendo una responsabilidad exclusiva de los expertos en medicina del trabajo contratados por el Instituto.

Pero además de la calificación médica, está en sus manos la interpretación de preceptos legales y administrativos que determinarán los alcances de la norma y hasta los principios protectores de estas garantías y derechos sociales.

De ahí que al interponer la obligatoriedad de cubrir una etapa en el proceso de inconformidad, en la que el Instituto es a la vez juez y parte, sesga la efectividad de la impartición de justicia laboral en el que la inmediatez es uno de sus principios, como se estatuye en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Como concluye un estudioso de la materia: "no resulta sencillo tener de contraparte al Instituto"¹

4. Del estudio de la jurisprudencia existente en la materia, esta Comisión coincide en la justeza de que se legisle al respecto.

El Poder Judicial de la Federación es enfático al señalar que ante el riesgo de trabajo, la interposición de un recurso administrativo obligatorio como lo es el recurso de inconformidad resulta lesivo para el interés del trabajador, en el sentido de "que el espíritu de la legislación reglamentaria" es que tanto el trabajador como sus beneficiarios reciban a la mayor brevedad "los beneficios correspondientes a las prestaciones en materia de riesgos profesionales, y ante la preeminencia de los preceptos constitucionales y el espíritu rector de la Ley del Seguro Social, de ampliar los derechos de la parte laboral y facilitarle el acceso a los tribunales para su defensa, es claro que la Junta debe tramitar las demandas que ante ella se presenten".2

^{En apoyo a esta resolución en juicio de garantías obra otra resolución que sostiene la inconstitucionalidad de la obligatoriedad del recurso de inconformidad pues, para el impartidor de justicia, "no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que justifique obligar a alguna de las partes a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal".}3

^{5. Lo anterior lleva a concluir a esta Comisión Dictaminadora que, mantener en el cuerpo vigente de la Ley del Seguro Social el artículo 44 en su redacción actual, conllevará un desgaste innecesario de los asegurados y derechohabientes que promuevan inconformidades en la calificación de los riesgos de trabajo, pero además será una presión mayor al Instituto que tendrá que enfrentar en las Juntas de Conciliación y Arbitraje querellas que de suyo perderá en las que se demande la inconstitucionalidad de dicha disposición.}

^{Las contingencias de carácter litigioso del Seguro Social implicaban a diciembre de 2004 más de 150 mil asuntos tanto laborales, fiscales, administrativos, civiles y mercantiles, contra el IMSS; aunque no se tienen datos actuales, el pasivo de estos juicios se estimaba en 2003 en 20 mil 335 millones de pesos.}

^{De estos litigios, la mayoría son de tipo laboral. En diciembre de 2004 existían 113 mil 421 expedientes laborales en trámite; de estos, 82,361 fueron promovidos por asegurados; 17,929 por trabajadores y 13,131 por otros tipos de demandantes.}

^{Reformar la ley en el sentido que este Dictamen propone al Pleno, aunado a una mejor administración y a la prestación de un servicio médico y de calificación de riesgos de trabajo, permitirá reducir esta cantidad de asuntos y este pasivo al que el Seguro Social se encuentra atado.}

^CONCLUSIONES

^{1. La Comisión de Seguridad Social coincide con los propósitos y las consideraciones que animan la iniciativa objeto del presente Dictamen, en el sentido de no hacer obligatoria la interposición de un recurso de inconformidad en relación a la calificación definitiva de un riesgo de trabajo, porque de plasmar esta nueva disposición en la Ley del Seguro Social, se dotará al asegurado que sufre un riesgo de trabajo y a sus beneficiarios de una garantía que indebidamente fue retirada, con la Ley del Seguro Social en vigor a partir del 1 de julio de 1997.}

^{2. Además, con esta reforma, se armonizará la Ley del Seguro Social pues existe una contradicción flagrante entre el artículo 44 y los artículos 294 y 295, pues mientras en el primero la interposición del recurso de inconformidad es obligatorio, en los siguientes artículos es opcional. La falta de coherencia entre normas sólo abre espacios a la conflictividad y a la discrecionalidad cuando los asegurados o sus derechohabientes querellan al Instituto, pero tampoco le dan a éste una firme herramienta legal para conducirse en el defensa de sus intereses.}

^{3. Al existir una débil reglamentación de la calificación del riesgo de trabajo, reduciéndola al criterio de un actor, que es el especialista en medicina del trabajo al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, existe un margen muy amplio para el error o la arbitrariedad o para que la imposición de políticas y criterios que dejen en una situación de indefensión a quien ha sufrido un riesgo de trabajo, por lo que al existir una traba administrativa, como es la obligatoriedad de la interposición del recurso de inconformidad, en la que el Instituto es juez y parte, contraviene los principios de impartición inmediata contemplada en el derecho procesal del trabajo vigente.}

^{4. La obligatoriedad de interponer el recurso de inconformidad ha sido calificado por el Poder Judicial Federal como una medida inconstitucional y ajena a los propósitos del legislador cuando impone la obligación de otorgar un beneficio a los derechohabientes por motivo de un riesgo de trabajo. La reforma que contiene el presente Dictamen permitirá hacer más accesible el derecho a las prestaciones en especie y en dinero contempladas en el seguro de riesgos de trabajo del régimen obligatorio del Seguro Social.}

^{5. Finalmente, al corregir la Ley del Seguro Social y ajustarla a los criterios jurisprudenciales, esta Soberanía contribuye a que el pasivo acumulado en el Instituto Mexicano del Seguro Social por contingencias de carácter litigioso se reduzca, pues al tener el asegurado o sus beneficiarios claro que es optativo y no obligatorio interponer el recurso de inconformidad, esto no será materia de controversia en los tribunales y se podrá atender en lo inmediato la litis de la calificación del riesgo de trabajo en los casos que ameriten. No debe dejarse de señalar que la reducción del pasivo a que se refiere esta conclusión sólo sucederá en la medida en que el Instituto mejore sustantivamente la calidad de sus servicios, en especial los referidos a la medicina del trabajo y la calificación de los riesgos de trabajo.}

^{Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Trabajo y de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:}

^{PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL}

^{Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:}

^{Artículo 44. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva, podrá interponer el recurso de inconformidad.}

^.......

^.......

^Transitorio

^{Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.}

^Notas:

^{1 Ruiz Moreno, Ángel Guillermo. Nuevo Derecho de la Seguridad Social. 6ª edición. México, Porrúa, 2002, página 756.}

^{2 Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. Amparo directo 499/97. Guadalupe Galván Rangel.- 13 de enero de 1998. Unanimidad de votos. María Luisa Martínez Delgadillo. Secretaria: Myriam Elizabeth Aguirre Cortez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, marzo de 1998, página 827.}

^{3 Contradicción de tesis 35/2000. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, 10 de septiembre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario. Rafael Coello Cetina. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy diez de septiembre en curso, aprobó, con el número 114/ 2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil uno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, septiembre de 2001, página 7.}

^{Salón de Sesiones de la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 28 días del mes de febrero de dos mil seis.}

^{Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Presidente; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), secretaria; Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica), secretario; Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), secretario; Manuel Pérez Cárdenas, secretario; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), David Hernández Pérez, Graciela Larios Rivas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Eugenia Castillo Reyes, Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcaditas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.}
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Está Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, párrafo primero, 71, 72 y 73, fracción XXX a la luz de lo dispuesto en el artículo 6°, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 65, 85, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competente y habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

CONTENIDO DE LA MINUTA

En la exposición de motivos de su iniciativa, el Senador García Torres menciona que se prevé una tensión entre el derecho de acceso a la información y otros derechos fundamentales de las personas como lo son la intimidad, la vida privada o la imagen y que este posible conflicto no fue tomado en cuenta en el texto del artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues en él se establece como principio de interpretación de la norma solamente el principio de publicidad de la información, sin tomar en cuenta los casos en los que el derecho a la información se oponga a los derechos de terceros.

En las consideraciones del Dictamen aprobado por el Senado de la República, se señala que, si bien es cierto que en el artículo 6 de la Ley en comento se menciona el principio de publicidad de la información como único para el caso de interpretación de la norma, también lo es que la Ley en cita establece disposiciones expresas en relación con los límites de este principio -como la protección de los datos personales- cuya observancia es también obligatoria para el intérprete de la norma.

La Colegisladora expresa que las leyes se entienden como un todo en su conjunto y que su interpretación debe ser integral, tomando en cuenta todas y cada una de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico respectivo y concluye que no está de más aclarar la redacción del artículo 6 a fin de precisar que el principio de publicidad no es absoluto, sino que también deberá garantizarse la tutela de los otros derechos fundamentales y las garantías jurídicas de las personas.

Una vez expuestos los antecedentes y el contenido de la Minuta de referencia, los diputados y diputadas que integran esta Comisión y que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. En lo general.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 6. En la interpretación de esta Ley y de su Reglamento, así como de las normas de carácter general a las que se refiere el artículo 61, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FECHA 12 DE SEPTIEMBRE, "CONMEMORACIÓN DE LA GESTA HEROICA DEL BATALLÓN DE SAN PATRICIO EN 1847", AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 70 párrafo primero, 72 y 73, fracción XXIX-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

CONSIDERACIONES

A) Históricas

DECRETO QUE ADICIONA LA FECHA DEL 12 DE SEPTIEMBRE, "CONMEMORACIÓN DE LA GESTA HEROICA DEL BATALLÓN DE SAN PATRICIO EN 1847", AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 18, DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ÚNICO.- Se adiciona la fecha del 12 de septiembre, "Conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio en 1847", al inciso b), del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 18.- ...

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 35 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 35 bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente presentada por el Diputado Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 05 de noviembre de 2004 fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 35 bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el Diputado Manuel Velasco Coello a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó a su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- El Decreto pretende adicionar el artículo 35 bis 1, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2.- Que el concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirlo como un conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.

3.- Que la gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico.

4.- Que la gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, debiendo existir una inter y transdisciplinariedad para poder abordar las problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene que ver con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de empresas (management), etc.

5.- Que es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de aplicación básicas:

a) Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una herramienta eficaz.

b) Un área correctiva: las Auditorias Ambientales conforman la metodología de análisis y acción para subsanar los problemas existentes.

6.- Que el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) describe el Impacto Ambiental como:

XIX.- Modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza; y la Manifestación de Impacto ambiental (MIA) como: XX.- El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo y atenuarlo.

7.- Que la manifestación de Impacto Ambiental identifica y valora los impactos ambientales (efectos potenciales) de proyectos, planes, programas o acciones normativas con relación a los componentes físico-químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno.

Evalúa las medidas para controlar las descargas de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, residuos sólidos y peligrosos, aprovechamiento de recursos naturales, generación de ruido, aprovechamiento de agua, modificación del suelo, riesgos potenciales, emisiones luminosas y radioactivas, aspectos socioeconómicos y aspectos culturales.

8.- Que la iniciativa propone que las entidades gubernamentales, empresas e industrias públicas o privadas estén obligadas a contratar a expertos o especialistas (peritos) para que realicen estudios de evaluación de impacto ambiental en las distintas áreas de la ciencia de la que se trate las obras, construcciones o actividades propuestas por los solicitantes.

Así mismo que los institutos de investigación, colegios o asociaciones de profesionales en medio ambiente para poder realizar informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, deban solicitar la autorización correspondiente ante la Secretaría, quien les proporcionará una cédula, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos previstos por el Reglamento de la Ley y cuya vigencia será por dos años contados a partir de la fecha de entrega, y al término de las cuales, se podrá renovar siempre y cuando sigan cumpliendo con las exigencias antes mencionadas.

9.- Que la comisión dictaminadora considera conveniente esta adición, toda vez que permite a las instituciones y a los expertos en la evaluación de impactos ambientales a tener una participación mas activa en el desarrollo de los proyectos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO A LA LEY LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Único.- Se adiciona el Artículo 35 Bis 1 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 35 Bis 1.- Las personas físicas o morales y las entidades gubernamentales, que pretendan realizar obras o actividades incluidas en el artículo 28 de la presente Ley, y requieran obtener la autorización previa en materia de evaluación de impacto ambiental estarán obligados a contar con, o en su caso, contratar a peritos, expertos o especialitas, que realicen estudios de impacto ambiental, en la materia o área de la ciencia, sobre la que trate la obra, construcción o actividad que se pretenda realizar.

Los peritos, expertos o especialistas, institutos de investigación, los colegios o asociaciones de profesionistas y sus miembros, que elaboren informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, que se presenten ante la Secretaria, previamente, deberán obtener el registro que los acredite como prestadores de servicios en materia de evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría llevará el padrón de los registros expedidos a favor de aquellos que hayan obtenido la acreditación previa ante la instancia u organismo externo que para tal efecto designe la misma Secretaría, quienes les proporcionara una cedula cuya vigencia será por dos años contados a partir de su entrega al termino de los cuales se podrá renovar, misma que servirá como permiso o autorización para poder realizar o elaborar informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo. En todo caso para la obtención de la cedula se cubrirán los requisitos previos previstos en el reglamento de esta Ley. Estos requisitos no serán necesarios para las instituciones de educación publica o privada, o los institutos de investigación que dependan de ellas, siempre y cuando el titular de esa institución firme como responsable de dichos estudios.

La instancia y organismo externo acreditado ante la Secretaría resolverá sobre la solicitud de la cédula de registro en un término no mayor de sesenta días naturales, si al término de este periodo de tiempo la instancia u organismo acreditado ante la Secretaría no hubiera emitido resolución alguna sobre la solicitud, se considerara la afirmativa ficta.

La Secretará resolverá sobre la solicitud de incorporación de la cedula de registro en el padrón en un término no mayor de cinco días hábiles. Si al término de este periodo la Secretaría no hubiera emitido resolución alguna sobre la incorporación se considerara la afirmativa ficta.

No se podrán ingresar al procedimiento de evaluación de impacto ambiental los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental o los estudios de riesgo, si las personas, institutos de investigación o centros profesionales a los que hace referencia este artículo no cuentan con la autorización prevista en este artículo, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas o la responsabilidad penal en que incurran.

Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar a la Secretaría la revocación de la autorización o cédula que ésta les hubiere otorgado, cuando incurran en faltas o infracciones al presente ordenamiento, la Secretaría deberá revocar el registro que les hubiere otorgado a los particulares a los que hace mención este articulo, cuando se haya incluido información falsa en el informe preventivo, manifestación de impacto ambiental o estudio de riesgo que induzca a la autoridad a tomar una decisión equivocada, asimismo la autorización que se hubiere expedido quedará nula.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Las reformas y adiciones al Reglamento de esta Ley deberán publicarse en un término que no exceda de ciento veinte días naturales, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 01 días del mes de Febrero de 2006.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

A la Comisión de Desarrollo Social le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por la diputada María Ávila Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 2 de febrero del año 2006.

Consideraciones

PRIMERA.- Es intención de esta iniciativa el reformar la reciente Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de septiembre de 2004, que abrogó la anterior Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.

SEGUNDA.- La Ley de Asistencia Social mencionada se fundamenta en las disposiciones de La Ley General de Salud y establece la concurrencia y colaboración de la Federación, de los Estados, el Distrito Federal, integrando en sus acciones a los sectores social y privado.

TERCERA.- Su objetivo es sentar las bases de un Sistema Nacional de Asistencia Social para fomentar y coordinar los servicios de asistencia social, ya sea en los ámbitos públicos o privados, incentivando la participación de la sociedad en sus fines y acciones. En éstas se comprenden acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

CUARTA.- Esta Ley define la asistencia social como "el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva."

QUINTA.- Son sujetos de la asistencia social, de acuerdo al texto legal, los individuos y familias que requieran de servicios especializados para su protección e integración plena al bienestar.

SEXTA.- Se enumeran en la Ley como sujetos individuales:

I.- Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo.
II.- Las mujeres.
III.- Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable.

IV.- Migrantes.
V.- Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato.
VI:- Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales.

VII.- Dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes.
VIII.- Víctimas de la comisión de delitos.
IX.- Indigentes.

X.- Alcohólicos y fármaco dependientes.
XI.- Personas afectadas por desastres naturales.
XII.- Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

SÉPTIMA.- El artículo 10 de la Ley en comento, establece:

"Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán derecho a:

I.- Recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal profesional y calificado.
II.- La confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de los servicios que reciban, y
III.- Recibir los servicios sin discriminación"

OCTAVA.- La iniciativa propone que en la fracción I del artículo mencionado se adicione "con oportunidad", ya que esto incide positivamente en el pronóstico de la dolencia o situación desfavorable del sujeto en el momento de recibir el servicio de asistencia.

La fracción mencionada quedaría de la siguiente manera:

"I.- Recibir servicios de calidad, con oportunidad y con calidez, por parte de personal profesional y calificado."

NOVENA.- La respuesta oportuna a una emergencia o necesidad, es hacer lo pertinente en su momento y hacer que el sujeto en situación de recibir asistencia social sea atendido en forma adecuada por personal profesional, competente y diligente. La Real Academia Española define la oportunidad como: "coyuntura, conveniencia de tiempo y de lugar."

DÉCIMA.- La política de asistencia social debe ayudar a la población en situación vulnerable a superar los obstáculos y ponerla en niveles de superar las desigualdades y abrirle el acceso a las posibilidades de una vida con dignidad, sin rezagos significativos ni impedimentos relevantes para la integración a la sociedad.

UNDÉCIMA.- Esta Comisión dictaminadora considera de todo punto de vista pertinente que la atención que se brinde a los sujetos de la asistencia social en términos de lo prescrito por la Ley y por el compromiso de gobierno o del sector privado, sea brindada en el momento indicado, con la diligencia y pericia necesarias.

Por las consideraciones que anteceden, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del Artículo 10 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 10.-.........

I.- Recibir servicios de calidad, con oportunidad y con calidez, por parte de personal profesional y calificado.

II. y III. ?.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, al primer día del mes de marzo de dos mil seis.

Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico, Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, secretarios; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica),Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales (rúbrica), Luz María Hernández Becerril, Armando Leyson Castro (rúbrica), José López Medina (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Ofelia Ruiz Vega (rúbrica), Renato Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS MARÍA EUGENIA MESTA ESPINOSA Y RAYMUNDO SALAZAR MENDOZA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE ITALIA Y DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 7 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Eugenia Mesta Espinosa y Raymundo Salazar Mendoza, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Italia y de la República del Paraguay, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 21 de febrero de 2006, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María Eugenia Mesta Espinosa para prestar servicios como analista de mercado en la Sección para la Promoción de Intercambios Comerciales del Instituto Italiano para el Comercio Exterior, en la Embajada de Italia en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Raymundo Salazar Mendoza para prestar servicios como chofer-gestor en la Embajada de la República del Paraguay en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de febrero de 2006.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Ciro García Marín, Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO A LOS CIUDADANOS CLAUDIO EDMUNDO HUÍZAR DE LA TORRE, VIDAL ELÍAS GUTIÉRREZ, JAIME VIRGILIO NAUALART SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ ROBLEDO, NARÍA DEL CARMEN GARCÍA PLATAS BARRIOS Y JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ VELARDE, PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN EL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA DE CHILE, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DELA REPÚBLICA FRANCESA, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mayor de Infantería DEM Claudio Edmundo Huízar de la Torre, Lic. Vidal Elías Gutiérrez, Lic. Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, María del Carmen García Plata Barrios y General de Brigada DEM José Luis Gutiérrez Velarde para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren el Ejército de la República de Chile, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa de la República Francesa, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Mayor de Infantería DEM Claudio Edmundo Huízar de la Torre para que pueda aceptar y usar la medalla "Minerva", que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Lic. Vidal Elías Gutiérrez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Lic. Jaime Virgilio Nualart Sánchez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen García Plata Barrios para que pueda aceptar y usar la condecoración Member of the British Empire, que le otorga el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM José Luis Gutiérrez Velarde para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional "Échelon Or", que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Francesa.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-México, DF, a 22 de febrero de 2006.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Ciro García Marín, Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo, Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE DEFENSA NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE DAÑOS AL ECOSISTEMA EN LAS COSTAS DE ACAPULCO DERIVADOS DEL USO DE EXPLOSIVOS Y CIANURO PARA LA PESCA, E INVESTIGAR A FONDO EL CASO PARA QUE SE SANCIONE A LOS RESPONSABLES DE CAUSAR DICHOS DAÑOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, les fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice una evaluación de los daños al ecosistema en las costas de Acapulco, derivados del uso de explosivos y cianuro para la pesca e investigue a fondo el caso para que se sancione a los responsables de causar dichos daños.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas de la H. Cámara de Diputados son competentes para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES:

1.- En sesión celebrada el día 30 de octubre de 2003, fue presentada por la Diputada Maria Ávila Serna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la proposición con Punto de Acuerdo referida, con los siguientes resolutivos:

Las Comisiones Unidas se abocaron a su estudio y análisis para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, a implementar un programa de supervisión y vigilancia de las artes de pesca en el Estado de Guerrero, a fin de garantizar que esta actividad se desarrolle de manera sustentable conforme a derecho.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).

Por la Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Jorge Uscanga Escobar (rúbrica), Presidente; José Manuel Abdalá de la Fuente (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga, Antonio Morales de la Peña (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), secretarios; Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Jorge Romero Romero, Quintín Vázquez García, Fernando Álvarez Monje, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), René Arce Islas, Francisco Javier Obregón Espinoza, Marcos Álvarez Pérez (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Maldonado Venegas.

Por la Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretarios; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez, Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz, Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Julián Sacramento Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EVALÚE SI LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES SON COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS CON EL PROGRAMA LICONSA

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

DICTAMEN

Antecedentes

A la Comisión que suscribe de Desarrollo Social, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente que contiene la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 8 de diciembre de 2005, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

PRIMERA.- La presente proposición propone que se exhorte al Poder Ejecutivo Federal a evaluar el problema de la incompatibilidad que existe actualmente en la regulación entre dos importantes programas para abatir la pobreza en México: el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa.

SEGUNDA.- De acuerdo a esta incompatibilidad normativa, los beneficiarios de cada programa están mutuamente excluidos, de tal manera que si una familia recibe los apoyos de uno de los programas, no puede recibir los del otro, aunque fuera operativamente elegible para ambos.

TERCERA.- La mutua exclusión de los programas sociales de combate a la pobreza, provoca que la posibilidad de sus beneficios se vea disminuida y desaprovechada, dando lugar a problemas dentro de las comunidades en las cuales se aplican, cuando las familias son dadas de baja de alguno de ellos.

CUARTA.- Aún cuando no existe una duplicidad de beneficios entre ambos programas, las reglas de operación prohiben el apoyo a los mismos beneficiarios, por lo que se considera por esta Comisión que se deben realizar estudios en materia financiera para cubrir ambos universos, lo cual sería conveniente del punto de vista social y del desarrollo de los menores de las familias excluidas por esta normatividad.

QUINTA.- El Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa y el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades son las dos herramientas de combate a la pobreza por apoyos sociales más fuertes del Estado mexicano, y presentan áreas de coincidencia en la elegibilidad de beneficiarios.

SEXTA.- El Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa beneficia a 5.8 millones de personas y a 2.9 millones de familias, mediante 8 mil lecherías o expendios en mil 803 municipios del país. Se distribuyen 3 millones 300 mil litros de leche al precio de $3.50. Está dirigido a familias en situación de pobreza patrimonial, de pobreza de capacidades y de pobreza alimentaria, de acuerdo a las normas del Comité Técnico de Medición de la Pobreza de Sedesol. Su autosuficiencia financiera ha bajado debido a que no recibe apoyos fiscales y a que el precio de la leche no se ha actualizado desde 2001.

SÉPTIMA.- Oportunidades atiende a 5 millones de familias en más de 80 mil localidades urbanas y rurales, en 2 mil 435 municipios distribuidos en el país. El monto de los recursos, becas y apoyos para alimentación, es de casi 4 mil 650 millones de pesos bimestrales. Atiende a familias en situación de pobreza extrema, fundamentalmente las que presentan pobreza de capacidades y alimentaria. Sus programas se realizan totalmente con recursos fiscales.

OCTAVA.- Actualmente se están elaborando en las entidades federativas los padrones únicos de beneficiarios de los programas de desarrollo social, de los cuales se han concluido 22 estados. Cuando se cuente con los padrones integrales, es decir, que comprendan todos los programas de todos los estados, se estará en condiciones de evaluar el impacto financiero de una propuesta para hacer compatibles el Programa Oportunidades y LICONSA, acorde a los presupuestos federales manejados por la Secretaría de Desarrollo Social.

NOVENA.- Una evaluación de LICONSA hecha por académicos del Tecnológico de Monterrey, concluye que los dos programas no representan una duplicidad de recursos públicos (aunque en la realidad se hayan dado casos, que fueron dados de baja), sino que son complementarios, ya que sus reglas de operación los dirigen a distintos sectores de la población en condiciones de recibir apoyos sociales. El Programa Oportunidades da suplementos alimenticios a menores entre 6 y 24 meses de edad. En LICONSA se atienden con aportación de leche enriquecida a precios bajos a todos los niños menores de 12 años.

DECIMA.- Por lo que se ha expuesto, esta Comisión dictaminadora considera que, de no presentarse obstáculos presupuestales insalvables, sería conveniente apoyar con ambos programas a las mismas familias. Con esto, se cumpliría con el objetivo de proveer de alimentos a los menores desde los 6 meses hasta los 12 años.

UNDECIMA.- Por tratarse de un exhorto al Poder Ejecutivo Federal, se considera asimismo, que no vulneraría las previsiones financieras el llamamiento a la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar estudios de prospectiva económica para adecuar las reglas de operación del Programa de Abasto Social de Leche y del Programa Oportunidades.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias y entidades correspondientes evalúe la factibilidad de que los beneficios que se otorgan en apoyo a la alimentación y nutrición a través del Programa de Abasto Social de Leche, LICONSA, y el Programa Oportunidades, pudieran ser compatibles y complementarios, de tal manera que dichos programas sean convergentes en una población objetivo.

SEGUNDO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar las adecuaciones correspondientes a las reglas de operación del Programa de Abasto Social de Leche, LICONSA, y el Programa Oportunidades, a efecto de que los beneficiarios de alguno de estos programas, no sea excluído de los beneficios del otro programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, al primer día del mes de marzo de dos mil seis.

Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico, secretario; Sonia Rincón Chanona, secretaria; Armando Rangel Hernández (rúbrica), secretario; Julio Boltvinik Kalinka, secretario; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales (rúbrica), Luz María Hernández Becerril, Armando Leyson Castro (rúbrica), José López Medina (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Ofelia Ruiz Vega (rúbrica), Renato Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez, Gerardo Ulloa Pérez.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA ELIMINAR LA LECTURA DE LA EPÍSTOLA DE MELCHOR OCAMPO DE LAS CEREMONIAS CIVILES MATRIMONIALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Proposición con punto de Acuerdo, para exhortar a las entidades federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales, la Epístola de Melchor Ocampo.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competente y habiendo analizado el contenido de la Proposición con punto de Acuerdo referida, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

ACUERDO

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones soliciten a los Oficiales del Registro Civil a eliminar la lectura de la Epístola de Melchor Ocampo en las ceremonias civiles matrimoniales.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, SE DÉ A CONOCER LA IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO DE VALLADOLID DE 1910, DENTRO DEL MARCO DE LOS MOVIMIENTOS PRECURSORES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de Acuerdo con el fin de reconocer al movimiento insurreccional del 4 de junio de 1910, conocido como la "primera chispa de la Revolución", como precursor de la Revolución Mexicana.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 65, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, se dé a conocer la importancia del movimiento de Valladolid de 1910, dentro del marco de los movimientos precursores de la Revolución Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A REFORMAR SUS CÓDIGOS CIVILES EN MATERIA DE TUTELA Y CURATELA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a reformar sus códigos civiles en materia de tutela y curatela.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

ACUERDO

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas locales reformar sus Códigos Civiles en materia de tutela y curatela para posibilitar a las personas morales a ejercer dichos cargos, a fin de aprovechar los recursos humanos y materiales con los que cuentan.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas locales a que se efectúen las reformas legales necesarias para que las personas puedan designar, en el caso de que se actualice el supuesto de interdicción, a sus futuros tutores y curadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica en contra), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS Y A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A IMPLANTAR LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO MÉTODO DE TITULACIÓN EN SUS SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondientes la siguiente Proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a los Gobiernos y Congresos de los estados que aún no contemplen las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad, realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Gobiernos y Congresos de los estados a implementar las prácticas profesionales como método de titulación en sus sistemas de educación superior.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica en contra), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS DE CHIAPAS, DE HIDALGO, DE OAXACA Y DE TABASCO A EXPEDIR CON LA MAYOR BREVEDAD NORMAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los gobiernos y Congresos locales de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero para contar a la brevedad con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competente y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

ACUERDO

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco para que, en el marco de sus facultades, expidan a la brevedad normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, a fin de asegurar el ejercicio pleno de la garantía constitucional consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MONUMENTOS DEDICADOS A DON BENITO JUÁREZ

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondientes la Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal, estatal y municipal de todo el territorio nacional, realicen los trabajos de restauración, iluminación, pintura y limpieza de bustos, murales, hemiciclos y estatuas de Don Benito Juárez, que se encuentren en lugares públicos.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres niveles de gobierno a realizar trabajos de restauración y mantenimiento a los monumentos dedicados a Don Benito Juárez García.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS, EDITORES Y COMUNICADORES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las proposiciones siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebra la creación de la nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas y exhorta respetuosamente a la misma, para que atienda y resuelva a la brevedad los casos que le han sido turnados.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las procuradurías de los Estados y del Distrito Federal, a perseguir y resolver los casos de los delitos cometidos contra periodistas, editores y comunicadores.

TERCERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías de las Entidades Federativas para que en el desarrollo de sus investigaciones, tomen en cuenta el secreto profesional de los periodistas como condición indispensable para el buen desempeño de su labor informativa.

CUARTO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión invita a la Cámara de Senadores a que, de considerarlo pertinente, se adhiera al presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A SUSPENDER EL OTORGAMIENTO DE TODA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OPERACIONES DE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO 97/2004.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Gobernación suspender el otorgamiento de toda autorización de inicio de operaciones de los permisos otorgados para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números hasta en tanto no se resuelva la controversia constitucional número 97/2004.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido del Punto de Acuerdo de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

ACUERDO

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, por conducto de su titular, suspenda el otorgamiento de toda autorización de inicio de operaciones de los permisos otorgados para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia constitucional número 97/2004.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice una minuciosa investigación respecto de los establecimientos en el territorio nacional, donde se lleven a cabo cruce de apuestas en centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números a fin de identificar aquellos que no cuentan con los permisos y autorizaciones correspondientes, así como aquellos establecimientos que operan máquinas tragamonedas de azar, en violación flagrante a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, una vez identificados los establecimientos irregulares, se proceda a su clausura y se presente la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de lo previsto por los artículos 39, numerales 1 y 3, y artículo 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 57, 60, 63, 87, 88, 136 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones que suscriben presentan a la consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el 19 de marzo de 2002, la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a las Comisiones dé Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, la "Minuta con Proyecto de Decreto de Reformas a los artículos 134, 136, 139, 140, 141, 142, y 143, y se intercambian en su orden la ubicación de los vigentes 145 y 146 del Título Séptimo de la Ley Agraria".

La Minuta con Proyecto de Decreto, proviene en primera instancia del Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera, de Justicia y de Reforma Agraria del Senado de la República de fecha 14 de diciembre de 2001, mismo que posteriormente recibió la aprobación del Pleno del propio órgano legislativo federal.

El primero de septiembre de 2003, dio inicio la LIX Legislatura en curso de la Cámara de Diputados, y en tiempo y forma quedaron debidamente integradas e instaladas las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria que suscriben el presente dictamen.

Durante los trabajos de análisis y estudio de la Minuta con Proyecto de Decreto del Senado de la República se recibieron opiniones y propuestas, se realizaron reuniones de análisis y discusión de la Subcomisión de Procuraduría Agraria de la Comisión de Reforma Agraria, de organismos técnicos, especialistas etc. Con base en las cuales se conformó el presente documento para su discusión y análisis en Comisiones.

De acuerdo con todo lo anterior, los Diputados miembros de estas comisiones intercambiamos los puntos de vista sociales, legales y políticos necesarios, a partir de los cuales se llegó a la determinación de que es procedente la presente dictaminación, realizándose el estudio correspondiente en términos de su estado procesal, conforme se establece en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Modificaciones realizadas a la Iniciativa por las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República:

Fundamentalmente, el Proyecto de Decreto, propone dotar de autonomía a la Procuraduría Agraria, desincorporándola de la Secretaría de la Reforma Agraria, para, según se manifiesta, alcanzar el mejor desempeño de sus funciones; asimismo, se sustenta en el interés de profesionalizar las tareas de quienes actúan en dicha Procuraduría para constituirla en una auténtica depositaria de la procuración de la justicia en el campo. Otorgando autonomía a la institución e integrándola con un cuerpo de abogados capacitados con experiencia en materia jurisdiccional agraria, se garantizaría de mejor manera la defensa de los derechos de los sujetos agrarios.

El Proyecto de Decreto del Senado de la República, propone lo siguiente:

PRIMERO. Reformar el artículo 134 de la Ley Agraria con el fin de que la Procuraduría Agraria se constituya en un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada, principalmente, de proporcionar asesoría legal a los campesinos, promover y procurar la justicia agraria.

En la parte expositiva de la Minuta, se señala que se tiene como finalidad, dotar de autonomía a la Procuraduría Agraria al quitarle su dependencia del Ejecutivo Federal establecida en la Ley Agraria, cuando dice:

"la autonomía deviene del texto constitucional en forma directa, en el artículo 27, fracción XIX, y es la Constitución la que confiere a la ley secundaria el desarrollar la materia, el establecer los contenidos y alcances de la Procuraduría Agraria, por lo que es aceptable el cambio propuesto, ya que es la propia Ley Agraria la facultada para dotarle la autonomía que la Constitución le confiere".

Por otro lado, el espíritu de la fracción XIX, del artículo 27 constitucional, es dotar una autonomía a nivel jurisdiccional de la impartición de justicia, pero asumimos que por mayoría de razón la procuración de justicia comparte también esta nota, la estructura de la justicia agraria, tanto en la impartición de ésta, como la procuración."

SEGUNDO. Modificar el artículo 136, mediante la cual se agregan a las facultades a la Procuraduría Agraria, las de brindar asesoría a los campesinos y promover la procuración de la justicia agraria.

TERCERO. Reformar el artículo 139, para incorporar, dentro de la estructura de la Procuraduría Agraria, "un cuerpo de abogados capacitados, con experiencia en materia jurisdiccional y agraria", ello, con el fin de profesionalizar su función.

CUARTO. En el artículo 140, se propone, incorporar diversos requisitos para ocupar el cargo de Procurador Agrario; como son, ser licenciado en derecho, tener 30 años cumplidos, comprobar práctica profesional y experiencia agrarias, entre otros.

QUINTO. En la propuesta de reforma al artículo 141, de igual manera, se realizan algunas precisiones en cuanto a los requisitos para ser Subprocurador, aumentando en un año la práctica profesional, y se cambia el término "pena corporal" por "pena privativa de la libertad".

SEXTO. La reforma propuesta al artículo 142, establece que el Procurador Agrario sea designado por el Senado de la República, a través de una terna presentada por el Presidente de la República.

SÉPTIMO. La propuesta de modificación al artículo 143, se realiza en el mismo sentido, para que sea facultad del Procurador Agrario remover a los Subprocuradores y Secretario General.

OCTAVO. Los artículos 145 y 146, intercambian de posición por razones lógico jurídicas, puesto que, en primer término deben establecerse las atribuciones de los Subprocuradores y posteriormente las del Secretario General.

IV. CONSIDERACIONES

En cuanto a la autonomía de la Procuraduría Agraria:

Respecto a la reforma al artículo 134; es necesario expresar lo siguiente:

La propuesta de reforma, a nuestro juicio, parte de una concepción equivocada de lo que debe ser la naturaleza jurídica de la Procuraduría Agraria y de su función dentro de la estructura del Estado.

Al respecto es necesario considerar que, el poder público se ejerce a través de tres poderes que se corresponden con tres funciones fundamentales: la legislativa (Poder Legislativo), la ejecutiva-administrativa (Poder Ejecutivo) y la jurisdiccional (Poder Judicial), derivadas de nuestra Carta Fundamental. Es evidente que la impartición de justicia, es propia de órganos jurisdiccionales y requiere, para el cumplimiento de su cometido, de la mayor autonomía respecto de los otros poderes. En materia agraria, los órganos encargados de la impartición de la justicia son los tribunales agrarios, que por mandato constitucional están dotados de autonomía y plena jurisdicción.

No es el caso de la otra función de naturaleza diferente como es la procuración de justicia agraria, encargada precisamente a la Procuraduría Agraria, como órgano descentralizado (no autónomo), instituido como las demás procuradurías, en la órbita del Poder Ejecutivo, a quien corresponde la responsabilidad de procurar justicia.

Por ello, asumir "por mayoría de razón" que la Procuraduría Agraria comparte o debe compartir la característica de autonomía con los tribunales agrarios, en virtud de que ambos forman parte del sistema de justicia agraria, en términos de la parte final del párrafo segundo, fracción XIX, del artículo 27 constitucional, es incorrecta.

El tercer párrafo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional, señala "...la ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria". Es claro que no se refiere a un órgano autónomo, por lo que la autonomía no deviene, en este caso, de la Constitución y menos de "forma directa" como lo señala la Minuta.

Por otra parte, es claro que la Minuta no se refiere al concepto de autonomía como la de los "órganos públicos autónomos", en cuyo caso, tampoco sería procedente para la Procuraduría Agraria, pues éstos resultan definibles como los sujetos de derecho público cuya creación específica o genérica está prevista por la Constitución Política, misma que los dota de autonomía, entendida como la facultad de autodeterminarse dentro de los límites de la constitución, y en los que, en consecuencia, no se encuentran jerárquicamente subordinados a uno de los Poderes Federales ni a algún otro ente que sea su matriz o coordinador sectorial.

La naturaleza jurídica de la Procuraduría Agraria, es la de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria, con facultades de representación legal, conciliación y asesoría jurídica a los sujetos agrarios, en los términos de su marco jurídico.

Al respecto, el marco jurídico aplicable en relación con la naturaleza de la Procuraduría Agraria, (artículo 90 constitucional, y artículos 1, 2, 3 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los artículos 3 y 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales), deja ver la forma relativamente independiente, (técnica y orgánicamente) en que se inserta la Procuraduría Agraria en la estructura administrativa del Ejecutivo Federal, como organismo público descentralizado.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 45 establece que son organismos descentralizados los creados por Ley o Decreto del Congreso, o Decreto del Ejecutivo Federal. En relación a este artículo 45, cabe destacar que la Procuraduría Agraria no tiene Ley Orgánica, lo cual es requisito indispensable de los organismos descentralizados, en consecuencia, conserva dependencia de la Secretaría de la Reforma Agraria como cabeza de sector, por lo que se puede decir que se trata de un organismo descentralizado sui generis.

Ahora bien, es cierto que la Procuraduría Agraria, en los términos en que se encuentra y funciona actualmente, requiere de mayor independencia respecto de la Secretaría de la Reforma Agraria, pues como lo dice la propia minuta se necesita de un órgano fuerte e independiente en sus decisiones. Las Comisiones de dictamen coinciden con el objeto de la Minuta, pero el problema de dicho organismo va mas allá; es necesario regular su función, redefinir sus atribuciones y estructura, así como, normar y vigilar su función en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etc.

El objeto del Proyecto de Decreto en estudio es bueno; sin embargo, con la autonomía propuesta en la reforma, difícilmente se lograrán resolver los problemas que caracterizan a la Procuraduría. No obstante lo anterior, la razón fundamental para la improcedencia de la Minuta con Proyecto de Decreto, se sustenta en su inviabilidad jurídica.

Improcedencia Jurídica del Proyecto de Decreto.

a) En la Minuta se realiza una interpretación jurídica equivocada, al señalar, que el último párrafo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional, sustenta la autonomía de la Procuraduría Agraria, al concebirla como parte de un sistema de impartición de justicia agraria junto con los tribunales agrarios.

b) Para fortalecer la propuesta de autonomía, el Proyecto de Decreto propone que el Procurador sea nombrado por el Senado o Comisión permanente; sin embargo el artículo 76 constitucional relativo a las atribuciones del Senado de la República, no establece dicha facultad y en su parte final señala: "Las demás que la misma Constitución le atribuya", por lo que se requiere necesariamente de una reforma constitucional para establecer en el marco jurídico dicha facultad del Senado de la República.

Aunado a lo anterior, existe toda una discusión sobre la naturaleza administrativa de la Procuraduría Agraria y su grado de autonomía, siendo claro que tiene una autonomía relativa, técnica y administrativa, y una dependencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, desde su sectorización hasta la asignación de su presupuesto.

No obstante las consideraciones anteriores, compartimos con nuestra Colegisladora, la necesidad y preocupación de dotar a la Procuraduría Agraria de mayores niveles de independencia orgánica y funcional respecto de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero consideramos que no es en los términos de la presente minuta como proceda lograr este objetivo.

Por las razones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, consideran improcedente la propuesta de reforma planteada al artículo 134 de la Ley Agraria.

En cuanto a las atribuciones de la Procuraduría Agraria:

Reforma al artículo 136. Las atribuciones que se pretenden otorgar a la Procuraduría Agraria, de brindar asesoría legal a los campesinos y de promover la procuración de justicia agraria, ya están previstas sobradamente en los artículos 135, 136 y demás relativos de la Ley Agraria, así como en el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria y en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. En particular, el artículo 135 de la Ley Agraria vigente dispone la función de defensa de los derechos de los sujetos agrarios, y aún más las atribuciones señaladas en el artículo 136, implican por propia naturaleza la asesoría legal, por lo que no es necesario adicionar en este sentido el artículo 136.

Respecto a la profesionalización de la función del personal de la Procuraduría Agraria:

Reforma al artículo 139. Respecto a la propuesta de profesionalizar las funciones del personal de la Procuraduría Agraria, a través de "un cuerpo de abogados especializados en materia jurisdiccional y agraria"; nos parece que en el proyecto de dictamen, no se sustenta la necesidad de tal propuesta, en virtud de que la misma presupone que en la actualidad no existe un cuerpo de abogados especializados dentro de la procuraduría, lo cual es erróneo, pues si así fuera no podría por principio desarrollar su función.

Por otra parte, es necesario precisar que la Procuraduría Agraria cuenta con una estructura administrativa, donde los abogados ya están adscritos; el Estatuto del Servicio Profesional Agrario, reglamenta ampliamente el personal de la Procuraduría Agraria y reconoce a un cuerpo de abogados especializados como parte de su estructura, por lo que resulta innecesaria la adición.

En cuanto al requisito de ser Licenciado en Derecho para aspirar a ocupar el puesto de Procurador Agrario:

Reforma al artículo 140. Un asunto que ha causado opiniones encontradas, es el relativo al requisito de ser Licenciado en Derecho para aspirar a ocupar el puesto de Procurador Agrario, el cual se propone en la redacción de la fracción II del artículo 140. Si pensamos en el carácter predominantemente social de la Procuraduría Agraria y en la necesaria vocación de servicio, elementos fundamentales para el buen desempeño de la misma; se considera que resultan más importantes las cualidades de trayectoria, vocación y conocimiento de la realidad del sector, que el pertenecer a una determinada profesión, aún más cuando el puesto se refiere a un asunto de dirección y de mando; este requisito de profesión sería entendible para cargos operativos con funciones meramente jurídicas; por lo que se rechaza la propuesta.

Por otra parte, el en artículo 141 fracción I, se presenta un error de redacción, pues la ciudadanía implica la mayoría de edad, por lo que al establecer el requisito de ser ciudadano, ya no es necesario señalar el de la mayoría de edad.

La parte relativa a la reforma al artículo 142, no se acepta, por las razones expuestas en la parte final de las consideraciones realizadas al artículo 134 del proyecto de decreto, pues para establecer la designación del Procurador Agrario como facultad del Senado de la República, se requiere de una reforma al artículo 76 de la Constitución Federal, es decir, se trataría de una reforma constitucional y no una reforma legal, como es el caso que nos ocupa, por lo que por cuestiones de técnica jurídica resulta improcedente la propuesta.

En cuanto al artículo 143, se propone que los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, sean nombrados y removidos libremente por el Procurador Agrario, y no por el Presidente de la República, tal y como lo señala en el texto vigente; sin embargo en congruencia con los razonamientos expresados en relación a la autonomía de la Procuraduría Agraria respecto del Poder Ejecutivo, no se considera viable la propuesta de eliminar dicha facultad al titular del Ejecutivo Federal.

La reforma a los artículos 145 y 146, por cuestiones de lógica jurídica resulta viable; sin embargo, la última parte del artículo 145 de la Minuta, señala: "...la asistencia en la regulación de la tenencia de la tierra..." seguramente se trata de decir "la regularización de la tenencia de la tierra", concepto que implica una definición diferente a la de regulación, pues la primera se refiere a cuestiones de saneamiento y la segunda a una cuestión normativa.

El sentido del presente dictamen, se sustenta en la inviabilidad del objeto del Proyecto de Decreto. Al ser improcedente la autonomía de la Procuraduría Agraria en los términos propuestos en la minuta, resultan innecesarias las modificaciones secundarias.

Por todo lo anteriormente expuesto,

Las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

V.- DICTAMEN

PRIMERO. Se desecha en términos del artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Proyecto de Decreto que reforma a los artículos 134, 136, 139, 140, 141, 142 y 143, y se intercambian en su orden la ubicación de los vigentes 145 y 146 del Título Séptimo de la Ley Agraria.

SEGUNDO. Realícense los trámites y acciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo expresado en el presente dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de diciembre de dos mil cuatro.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco, Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez del Campo, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.

Por la Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), secretarios; Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández, Ruth Trinidad Hernández Martínez, Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar, Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Enrique Torres Cuadros, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán.
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 31 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada, para su estudio y dictamen, Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 31 y Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, remitida por el Senado de la República, de la cual se dio cuenta en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2003.

En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El senador Ramón Mota Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2003, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 31 y Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

3. En sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2003, el Senado de la República aprobó esta iniciativa, turnándose a la Cámara de Diputados, para efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Recibida por la Mesa Directiva de esta Soberanía, fue turnada a la Comisión de Seguridad Social, con opinión de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina, en sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2003.

5. La Presidencia de la Comisión de Seguridad Social, por acuerdo de su Mesa Directiva del 27 de noviembre de 2003, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio CSS/219/03 de fecha 4 de diciembre de 2003, un estudio sobre el impacto presupuestario que conllevaría la aprobación de esta Minuta.

6. En respuesta a esta solicitud, se recibieron en la Comisión de Seguridad Social los oficios No. DGEJ 772, del 28 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Estudios Legislativos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; 315-4-00519, de fecha 28 de enero de 2004, de la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Salud y Ramos Generales de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 801.1.-047, del 2 de febrero de 2004, remitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7. La Comisión de Defensa Nacional remitió a la Comisión de Seguridad Social la opinión relativa a esta Minuta mediante oficio CDN/067/04 de fecha 23 de marzo de 2004.

8. La Comisión de Marina remitió a la Comisión de Seguridad Social la opinión relativa a esta Minuta mediante oficio No. P/132/04 fechado el 20 de abril de 2004.

9. En sesión de la Colegisladora, celebrada el 4 de noviembre de 2005, se aprobó un Acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a dictaminar la Minuta por la que se reforman los artículo 31 y Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, enviada el 25 de noviembre de 2003 y al mismo tiempo considerar esas modificaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006.

10. En sesión celebrada el 10 de noviembre de 2005, se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe un Punto de Acuerdo por el que solicita se dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 31 y Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Previo estudio y análisis de la Minuta, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

1. La presente Minuta propone que la integración del monto total del haber de retiro, compensación o de la pensión, sea la suma del haber de grado con que vayan a ser retirados o que les hubiera correspondido en caso de retiro (fallecimiento), más el sobrehaber promedio, que corresponde a un 95 por ciento.

Es decir, tanto el militar en situación de retiro que recibe haber de retiro como el pensionista (familiar del militar activo fallecido o del militar fallecido en situación de retiro) recibirían el mismo incremento, que se propone sea: el sobrehaber promedio de los porcentajes mínimo (60 por ciento) y máximo (130 por ciento), es decir, el 95 por ciento de incremento.

En sus consideraciones, el promovente señala que las Fuerzas Armadas Mexicanas han representado uno de los elementos constitutivos del Estado mexicano desde el inicio de la vida independiente hasta nuestros días y que la principal fortaleza con que cuentan estos cuerpos son sus recursos humanos, por lo que es de suma importancia que las instituciones militares no solamente respalden la formación y capacitación de su personal, sino que otorguen estímulos y reconocimientos a su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de cada una de sus actividades, entre las que destaca la protección efectiva de sus derechos y el acceso a la seguridad social.

Como parte de los derechos derivados de la seguridad social, se instauró en 1998 el beneficio denominado "ayuda para militares retirados" que en ese entonces era el equivalente al sobrehaber mínimo vigente para los miembros de las fuerzas armadas mexicanas en el activo, siendo este del 60 por ciento de dicho haber.

2. El 15 de diciembre de 2002, el H. Congreso de la Unión remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales correspondientes, el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

El 15 de marzo de 2003, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 72, incisos b) y c), de nuestra Ley Fundamental, presentó observaciones a los artículos 31 y Sexto Transitorio del Decreto emitido por el Poder Legislativo Federal. Uno de los argumentos del Ejecutivo Federal era que el impacto presupuestario de aprobarse la inclusión del sobrehaber promedio dentro de la base de cálculo para integrar el monto total del haber de retiro, de la compensación y de las pensiones sería de un mil 253 millones de pesos, recursos que no se contemplaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año.

El 30 de abril de 2003, el Congreso de la Unión aceptó las modificaciones a los artículos observados por el Ejecutivo Federal.

Finalmente, el 9 de julio de 2003, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas, entrando en vigor el incremento a los haberes de retiro, compensaciones y la pensión que establece el artículo 31 de dicha Ley.

La reforma propuesta en la Minuta implica que para integrar el monto total del haber de retiro, de la compensación o de la pensión, se sumen al haber del grado con que vayan a ser retirados o les hubiere correspondido en caso de retiro, el sobrehaber promedio, las primas complementarias de ese haber por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnica especial y aquellas otras que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en el artículo 24 de la ley en cuestión, o bien al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción V del mencionado artículo, o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción VI del mismo, o bien, el fallecimiento.

Además, la reforma propuesta al artículo Sexto Transitorio pretende que a todos los militares en situación de retiro que reciben haber de retiro, pero no la ayuda para militares retirados y a todos los pensionados, se les incremente el haber de retiro o la pensión en el promedio de los porcentajes mínimo y máximo de los sobrehaberes vigentes en el país, haciéndose efectivo dicho aumento, a partir del día 1° de enero de 2004.

3. De acuerdo al Dictamen que se presentó ante el Pleno del Senado, la iniciativa en comento pretende recuperar los incrementos aprobados por el Congreso de la Unión, pero observados por el Titular del Poder Ejecutivo, consistentes en la incorporación del sobrehaber promedio en la integración del haber de retiro, de las pensiones y de las compensaciones.

De incorporarse a la legislación vigente, esta iniciativa generaría un aumento del 70 al 95 por ciento en la integración del haber de retiro y de las compensaciones a favor de los militares; así como un aumento del 60 al 95 por ciento para la integración de las pensiones en beneficio de los familiares de los Integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Concluye el Dictamen de la Colegisladora que es responsabilidad del Congreso de la Unión amparar a los integrantes de una de las Instituciones más importantes y honorables con las que cuenta México, como los son las Fuerzas Armadas, otorgándoles un beneficio que resultara en mayor seguridad y certeza hacia el futuro.

4. El proyecto de Decreto que acompaña a la Minuta es el siguiente:

1. Al realizar las Fuerzas Armadas Mexicanas una labor social e institucional insustituible al servicio de quienes habitamos en la Nación Mexicana, el reconocimiento de normas que garanticen a sus integrantes y sus familias un decoroso bienestar social ha sido una de las preocupaciones del trabajo legislativo y de las políticas institucionales del Estado Mexicano.

De la misma forma en que la Constitución y las leyes procuran a un trabajador y a su familia un sistema de protección ante situaciones adversas derivadas del sufrimiento de un riesgo o un incidente que afecten la posibilidad de obtener medios de subsistencia, en nuestro sistema jurídico existen principios y normas para la seguridad social de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, concebidos como una responsabilidad del Estado en beneficio de los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana.

En su forma material, estos derechos se encuentran contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuerpo normativo que contiene las prestaciones y servicios a que son merecedores los integrantes de estos Institutos Armados y sus familias en el cumplimiento de los casos previstos por la propia ley.

2. La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas actualmente vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2003.

Algunas de las innovaciones contenidas en este ordenamiento, respecto al publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1976 fueron las siguientes:

La razón principal para observar este precepto fue la insuficiencia presupuestal que significaría una erogación (en 2003) de 1,253 millones de pesos.

De incluirse el sobrehaber promedio en la integración de los haberes de retiro, como lo propone la Minuta, se estaría ante un beneficio que omite que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ya contenía beneficios a ese personal. Por la integración del haber, los haberes de retiro se incrementaron 22 por ciento y las pensiones de los familiares de los militares fallecidos en 95 por ciento.

El Ejecutivo federal, así mismo, consideró en sus observaciones que incluir el sobrehaber promedio resultaría inequitativo con respecto al personal militar en activo y, en general, con respecto a la población civil, además de generar una carga fiscal para el Gobierno Federal que no corresponde con la situación económica del país.

3. La Minuta no contiene una estimación del costo que esta reforma implicaría en la actualidad. De la misma manera tampoco reflexiona sobre las cuestiones de equidad y viabilidad que deben contemplarse en la producción de normas en la medida en que los beneficios y derechos que se generen en materia de seguridad social no pueden abstraerse del contexto social y económico en que se generan y que por encima de la justeza de la demanda de un grupo específico que, aunque sea de tan alta estima como los son las Fuerzas Armadas Mexicanas, no pueden acumular indiscriminadamente beneficios sin que ello ponga en entredicho la responsabilidad y la visión de conjunto que debe primar en el legislador.

Tampoco repara la Minuta en las razones por las que el Ejecutivo observó estas propuestas, ni presenta evidencias de que las condiciones que generaron las observaciones hayan cambiado en cuanto a razones de equidad ni de disponibilidad de recursos.

La Comisión que emite el presente Dictamen considera que, si bien, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerza Armadas integró con justicia en la pensión un beneficio del 70 por ciento al haber de los militares en situación de retiro y de 60 por ciento para los familiares de los militares fallecidos, no es congruente otorgar un nuevo beneficio como el sobrehaber promedio de 95 por ciento a estos derechohabientes.

4. De acuerdo a la información vertida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el impacto presupuestario que tendría la modificación del artículo 31 costaría 12 millones de pesos y la del Sexto Transitorio, 2 mil 590.3, dando un total de 2 mil 602.3 millones de pesos. Los hipotéticos beneficiarios de esta reforma serían 45 mil 303 militares en retiro y 16 mil 416 pensionados.

5. Las anteriores consideraciones no formaron parte de las opiniones vertidas por las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina.

En el primer caso, se argumentó a favor de la Minuta por ser una medida en beneficio de los militares retirados y pensionistas.

La Comisión de Marina consideró que sería justo y equitativo favorecer las condiciones económicas de los militares en situación de retiro y de los pensionados considerando el servicio prestado a la Nación.

La misma opinión aparece en el Acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados a dictaminar la Minuta objeto del presente Dictamen, "para que se garantice y proporcione una vida digna a los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas".

CONCLUSIONES

1. La Comisión de Seguridad Social coincide en que la mejora de las condiciones de vida de los militares en situación de retiro y de los familiares de los militares fallecidos, debe ser atendida con justeza y oportunidad no sólo por el gran servicio que las Fuerzas Armadas Mexicanas prestan a la Patria, sino por ser sujetos de los derechos y garantías que la Constitución prevé para cualquier persona que radique en territorio mexicano.

2. No obstante, en el cumplimiento de este elevado fin, el legislador no puede omitir el análisis del contexto y de la situación social y económica en que se desarrolla la producción jurídica. En esa medida, el otorgamiento de beneficios es limitado a los criterios de justicia y equidad que deben preservar las instituciones y las políticas públicas y a la disponibilidad presupuestal. Por eso, no se considera adecuado acumular beneficios en grupos que recientemente tuvieron una mejora sustancial en sus haberes y pensiones, a menos que existan condiciones de tipo social o económico que lo justifiquen y, de acuerdo a lo razonado en el presente Dictamen, la Minuta en comento no estaría en este caso.

3. La incorporación de nuevas prestaciones, de mejores condiciones de acceso a los beneficios de la seguridad social, el incremento a los haberes de retiro y a las pensiones que se contemplaron en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de julio de 2003, son medidas loables y de justicia para los integrantes de las Fuerzas Armadas por lo que no se considera oportuno otorgar beneficios adicionales que son inviables financieramente y que no se acreditan mientras las necesidades del resto de la población en materia de salud y seguridad social no están siendo atendidas con oportunidad y calidad. El contexto de una seguridad social tan necesitada de recursos obliga al legislador a darle el uso más equitativo y no se considera que éste sea el de favorecer a quienes ya obtuvieron una mejora sustancial.

Por estas razones, con responsabilidad y en atención al interés general de la Nación, la Comisión que elabora el presente Dictamen considera que la Minuta no es de aprobarse y que debe ser regresada a la Colegisladora para sus efectos constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único.- Se deshecha la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 31 y Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, remitida por la H. Cámara de Senadores el 27 de noviembre de 2003.

Salón de Sesiones de la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 28 días del mes de febrero de dos mil seis.

Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Presidente; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), secretaria; Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica), secretario; Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), secretario; Manuel Pérez Cárdenas, secretario; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), David Hernández Pérez, Graciela Larios Rivas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Eugenia Castillo Reyes, Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcaditas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes:

ANTECEDENTES

El Diputado Jesús Porfirio González Schmal a través de esta Iniciativa propone que se reforme el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales con el objeto de que sólo por poseer un inmueble, ya sea de forma permanente o temporal, sujeto a dominio público, los concesionarios paguen contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Además, el diputado promoverte propone adicionar un párrafo segundo al citado artículo 14 que establezca que corresponderá a los Congresos de los Estados, por convenio con la Federación o por iniciativa propia, otorgar la exención en el pago de contribuciones a aquellos inmuebles que, atendiendo al servicio público al que están destinados, así lo ameriten y cuando esto sea posible presupuestalmente.

Lo anterior en virtud de que se debe garantizar la vigilancia y rendición de cuentas de las concesiones de bienes federales y a que la administración y las operaciones relativas a éstos deben generar confianza y certidumbre, y que lo anterior sólo se puede lograr si dichas operaciones se realizan con plena transparencia.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa de referencia, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Ley General de Bienes Nacionales, tiene por objeto establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación, el régimen jurídico al que se encuentran sujetos y la distribución de competencias entre las dependencias administradoras de inmuebles, como se señala en el artículo 1, mismo que se transcribe a continuación:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales, presentada por el Diputado Jesús Porfirio González Schmal, el 3 de noviembre de 2005.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica en contra), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2 fracción VII y 3 del artículo 39; párrafo 6 incisos e), f) y g) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a consideración de esta soberanía este dictamen bajo los siguientes:

Antecedentes:

En la sesión celebrada el día 8 de junio del 2005 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue presentada la iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión de Defensa Nacional.

En reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional de fecha 11 de octubre de 2005, se sometió a estudio y análisis el presente dictamen bajo la siguiente:

Valoración de la iniciativa:

El proponente argumenta en la exposición de motivos de la iniciativa que:

La Secretaría de la Defensa Nacional cumple con una doble función: por un lado, defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana (función operativa), y por otro lado, auxiliar al Ejecutivo federal al ser parte de la Administración Pública Federal (función administrativa).

La corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil es condición indispensable para establecer una proporcionalidad en cuanto a las responsabilidades a cumplir por ambas partes, y es aquí, cuando el Estado por medio de Fuerzas Armadas profesionales debe responder ante la sociedad cuando así se requiera.

Las Fuerzas Armadas requieren de una convicción militar para dar lugar a un objetivo claro en cuanto a sus responsabilidades constitucionales y con ello a un futuro cierto. Son estas responsabilidades la razón por la que la Carta Magna y sus leyes secundarias le dedican normas específicas que rigen su funcionamiento. Esto lo observamos en los siguientes ordenamientos:

El artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, establece claramente:

"Artículo 1o. Ascenso es el acto del mando mediante el cual es conferido al militar un grado superior en el orden jerárquico dentro de la escala que fija la Ley Orgánica.

Obtenido el ascenso será expedido el nombramiento o patente que corresponda."

Los artículos 7 y 29 del mismo ordenamiento establecen:

"Artículo 7o. Los ascensos en el Ejército y Fuerza Aérea serán conferidos atendiendo conjuntamente a las siguientes circunstancias:

I. A la antigüedad en el grado

II.- A la aptitud profesional

III.- A la buena conducta militar y civil

IV.- A la buena salud y capacidad física

V.- Al tiempo de servicio, y

VI.- A la aprobación en los cursos de formación, capacitación, de perfeccionamiento o superiores y demás que estatuya el Plan General de Educación Militar para el grado inmediato superior."

"Artículo 29.- Los ascensos a los grados de Coronel, General Brigadier o de Grupo, de Brigada o de Ala y de División, serán conferidos por el Presidente de la República atendiendo preferentemente al mérito, aptitud y competencia profesionales, calificados a juicio de dicho alto funcionario."

Definir el objetivo fundamental de una dependencia es condición indispensable para entender el propósito de su misión y la empatía de sus miembros. Así, la seguridad de la nación es una tarea compleja que requiere el establecimiento de responsabilidades. Por lo que el hecho de dividir las funciones (administrativas y operativas) para ser encabezadas por un civil y un militar respectivamente, en nada fortalecería a la institución castrense, sino por el contrario, la debilitarían, ya que las decisiones a tomar por la dependencia, independientemente de cuales fueran éstas, tendrían dos visiones completamente distintas, la civil y la castrense.

Las responsabilidades políticas son propias de la gestión de gobierno, pero las Fuerzas Armadas son una entidad sin militancia política, que es organizada por el Estado con el fin de garantizar la independencia y soberanía de la nación, estas fuerzas deben estar al servicio exclusivo de la nación y por ningún motivo al de persona o sesgo político alguno.

La organización castrense debe evitar convertirse en una entidad de representación política, ya que ello vulnera su verdadera doctrina militar y la verticalidad institucional, indispensables para su correcto funcionamiento.

Los valores de la profesión militar, sobre los cuales se sustenta su organización son entre otros: la vocación, el mérito profesional, la disciplina vertical, la unidad de mando y el respeto al marco legal de la República; todo ello con el fin de dar lugar a la defensa militar de los intereses soberanos de la nación.

La doctrina militar tiene lugar en el ámbito funcional interno institucional y cuya adaptación dinámica a la realidad, junto con la fortaleza vocacional militar de los integrantes de las Fuerzas Armadas mejora el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de la entidad.

Las Fuerzas Armadas son una institución esencialmente conformada por cuadros profesionales en el ámbito castrense para la defensa militar de la nación, por lo que el hecho de involucrar a civiles dentro de las actividades propias de la dependencia no es conveniente por lo delicado de sus responsabilidades. Dar lugar a lo anterior únicamente debilitaría la institucionalidad militar fracturando su profesionalidad a través de su politización.

La relación entre civiles y militares en nuestro país ha estado enmarcada, delimitada, tanto implícita como explícitamente, debido a que la organización militar no está en relación directa a la cotidianidad ciudadana, ya que sus actividades obedecen a objetivos de seguridad de Estado.

En otro orden de ideas los numerales IV y V del artículo 82 de la Carta Magna establecen:

"Artículo 82. Para ser presidente se requiere:

IV. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección."

Asimismo los artículos 11 y 14 numeral 1, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea establecen:

"Artículo 11.- El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional; para el efecto; durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas."

"Artículo 14.- Son facultades del Mando Supremo:

1.- Nombrar al secretario de la Defensa Nacional."

La Secretaría de la Defensa Nacional no ha requerido de la modificación en la estructura del mando militar, donde se ha conservado como titular a un militar de carrera, por lo que se advierte, con base en los argumentos expuestos, que la designación de un secretario de la Defensa Nacional de procedencia civil, no garantiza por sí misma la modernización, ni reafirma el poder democrático. Además es necesario precisar que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas es el Presidente de la República, figura que desde 1946 recae en un civil elegido democráticamente y a quien las Fuerzas Armadas Mexicanas juran lealtad.

En otro orden de ideas, el hecho de que la Ley Orgánica de la Armada de México, no determine específicamente que el secretario de Marina sea un miembro de la Armada de México, no implica que en los hechos no sea precisamente un miembro de ésta quien ocupe el cargo, ello debido a un razonamiento sencillo, que es deseable que el titular de la secretaría de Marina posea una preparación académica que proporcione los elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones de Estado en el ámbito naval.

No es gratuito que desde 1955 todos los secretarios del ramo hayan sido miembros de la Armada de México, a pesar de no ser éste un requisito para ser nombrado para tal cargo.

Por lo expuesto, la Comisión de Defensa Nacional, acuerda presentar a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Resolutivo:

Único: Con base en el estudio y análisis expresado en las consideraciones del presente dictamen, no es de aprobarse la iniciativa de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, suscrita por el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD, turnada el 8 de junio del 2005 a la Comisión de Defensa Nacional. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.

Por la Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretarios; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz (rúbrica), Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Lino Celaya Luría, Carlos Osvaldo Pano Becerra, María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Julián Sacramento Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica en contra), Ana Lilia Guillén Quiroz, Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de noviembre de 2004, el Diputado Pablo Bedolla López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. En esa misma sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.

3. El día 28 de febrero de 2006, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Gobernación el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De la exposición de motivos de la Iniciativa presentada por el Diputado Pablo Bedolla López se desprende que tiene por objeto que en los casos en que los órganos de la Administración Pública centralizada y paraestatal, cuenten con órganos administrativos o delegaciones regionales o estatales, estos no puedan ejercer recursos públicos federales de forma directa, salvo que lo hagan en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas que correspondan, a excepción de aquellos recursos destinados a casos de urgencia acreditada.

Propone que las dependencias de la Administración Pública Federal no puedan operar programas federales de forma directa en las regiones o estados, sin la debida coordinación con los gobiernos estatales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el Diputado Pablo Bedolla López, el 9 de noviembre de 2004.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de junio de 2005, la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.

3. El día veintiocho de febrero de 2006, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Gobernación el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De la exposición de motivos se desprende que de la iniciativa presentada por la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo tiene como propósito central, lo siguiente:

La iniciativa tiene por objeto derogar la fracción XXV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para eliminar las atribuciones de la Secretaria de Gobernación de formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo de participación de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación la coordinación interinstitucional para la realización de los programas específicos, en virtud que tal atribución corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres.

Que el derogar la fracción XXV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal evitaría a una duplicidad de funciones e incurrir en contradicción de leyes.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa de referencia, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

ACUERDO

PRIMERO.- No es de aprobarse la Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo el 08 de junio de 2005.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17 Y 24 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 17 y 24 de la Ley de Seguridad Nacional.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

De la exposición de motivos se desprende que de la Iniciativa presentada por el Diputado Kahwagi Macari tiene como propósito central, lo siguiente:

CONSIDERACIONES

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 17 y 24 de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, el 5 de abril de 2005.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Ciro García Marín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).