2.- Que en sesión del 6 de marzo este órgano de gobierno acordó que esta Comisión de Investigación será presidida por un diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y contará con seis secretarios, uno por cada grupo parlamentario representado en esta soberanía.

Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia.

Diputado Miguel Sierra Zúñiga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Ejercer plenamente la función de control legislativo y de fiscalización de la acción gubernamental para dar seguimiento a los planes y programas del Poder Ejecutivo federal y el ejercicio eficiente y oportuno de los recursos presupuestales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector pesquero y acuícola.

Ser interlocutor ante las diversas instancias de gobierno para gestionar los apoyos institucionales necesarios para elevar la calidad de vida de los pescadores y acuacultores del país.

2.- Solicitar que se amplíe el turno acordado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la minuta de reforma al artículo 73, fracción XXIX-L de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la concurrencia de Federación, estados y municipios en materia de pesca y acuacultura.

Debe establecer de manera clara las bases para el ejercicio de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura corresponde a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-L del artículo 73 constitucional.

Bajo el mismo orden de ideas, la ley debe establecer la forma en que participaran los estados y los municipios en la actividad pesquera y acuícola.

Fomente la actividad pesquera y acuícola, bajo los preceptos de la sustentabilidad.

En concordancia con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley debe de reconocer los derechos de preferencia de los pueblos indígenas para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros que se encuentren en los lugares que habitan.

Que considere el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas como una de las condiciones esenciales para inducir la actividad económica a partir de un enfoque que permita asegurar para las futuras generaciones un mejor nivel de vida.

Que considere la pesca y acuacultura como asunto de seguridad nacional y como prioridad para el desarrollo nacional.

Delimite de manera clara las atribuciones del Ejecutivo federal en el marco de la coordinación interinstitucional.

Regule de manera clara a la actividad acuícola.

Promueva el acceso a los mercados internacionales de los productos pesqueros mexicanos, incorporando al cuerpo de la ley el tema de la sanidad, inocuidad y calidad.

Fortalezca la investigación y su vinculación con el sector, creando la red de instituciones de enseñanza e investigación.

Fortalezca el tema de la inspección y vigilancia pesquera.

Se transparente el procedimiento para el otorgamiento de concesiones y permisos, y el régimen de transferencia de los mismos.

Evite la discrecionalidad de la ley para su aplicación efectiva.

3.- En los términos de esa reforma constitucional, iniciar una amplia consulta popular con el sector pesquero y acuícola del país para la elaboración de una iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, donde se incorporen la descentralización de la actividad y la participación de la sociedad en la definición de las políticas pesqueras.

4.- Participar en foros nacionales e internacionales que tengan por objeto recoger las propuestas y comentarios en materia legislativa que se orienten a fortalecer la pesca y la acuacultura.

5.- Realizar reuniones y talleres de trabajo con el sector pesquero nacional, funcionarios de gobiernos estatales y legisladores federales y locales para elaborar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 para el sector pesquero y acuícola, que permita fomentar la actividad, bajo criterios de sustentabilidad.

6.- Coadyuvar, en la esfera de competencia de la Comisión, con el marco del principio de la separación de poderes de nuestro régimen de gobierno, con los órganos del Ejecutivo encargados de la administración de la actividad pesquera y acuícola.

7.- Continuar actuando como parte fundamental de la tarea de gestión y organización del sector pesquero mexicano, cumpliendo con una tarea que ha sido soslayada en gran parte por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

8.- Iniciar la elaboración de un diagnóstico general de la pesca, la acuacultura y la investigación en la materia en el país, el cual se integre en un libro que se edite por la Cámara de Diputados, el cual sirva además como base de la integración de la iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

9.- Iniciar el estudio y análisis de la creación de un fondo de reconversión pesquera del Golfo de México, el cual se incorpore dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, mediante el cual se atiendan los graves problemas que enfrenta el sector pesquero de esa región, originadas por la ampliación de la zona de exclusión del Golfo de México, aprobado en el mes de octubre de 2003 por el Ejecutivo federal.

10.- Incorporar dentro de las propuestas del Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del Programa Especial Concurrente, la incorporación de subprogramas específicos que atiendan a fortalecer la infraestructura pesquera, la acuacultura rural, sanidad acuícola, apoyo a proyectos productivos, inspección y vigilancia, apoyo a combustibles, rescate a las carteras vencidas del sector, restauración de esteros y lagunas, sustitución de equipos y artes de pesca, apoyo al sector en caso de contingencias climatológicas, así como el fortalecimiento del programa Alianza para el Campo.

II. Solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, cuando se trate de un asunto sobre pesca o acuacultura, o se discuta una iniciativa de ley relativa a las materias que le corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

III. Analizar, fiscalizar y evaluar el informe de labores y los resultados de las dependencias del Ejecutivo federal que administran las actividades pesqueras y acuícolas del país.

IV. Solicitar ante el pleno de la Comisión, la comparecencia de los servidores públicos de las dependencias o entidades del Ejecutivo federal encargadas de los asuntos pesqueros y acuícolas.

V. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que, por su trascendencia, requieran la presencia en la Cámara de Diputados del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o de cualquier otro funcionario público, la Presidencia de esta Comisión solicitará al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el servidor público en cuestión comparezca ante el Pleno.

VI. Emitir opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo federal y las entidades fiscalizadas, a más tardar 60 días después de la recepción de los informes mencionados.

VII. Esta opinión tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre aspectos presupuestales específicos en relación con el cumplimiento de los objetivos de los programas vinculados al desarrollo pesquero y acuícola, para que sean considerados en la Revisión de la Cuenta Pública.

VIII. Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

IX. Resolver los asuntos que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política le turnen.

X. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a la Comisión, en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

XI. Elaborar el programa de trabajo correspondiente a los tres años de la presente Legislatura.

XII. Realizar las actividades que se deriven de los acuerdos tomados por el Pleno de la H. Cámara de Diputados y los que sean generados en esta Comisión.

XIII. Sesionar cuando menos una vez al mes.

XIV. Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que le sean turnados, que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente.

XV. Integrar grupos o subcomisiones de trabajo para temas específicos.

Reuniones extraordinarias de la Mesa Directiva o del pleno de la Comisión, cuando las circunstancias así lo ameriten.

La conformación de las subcomisiones de trabajo, a fin de desahogar los asuntos legislativos de la Comisión de Pesca.

Fortalecer la tarea de comunicación con las dependencias del Ejecutivo federal que inciden en la actividad pesquera y acuícola del país, principalmente con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, con el propósito de proponer las acciones legislativas que mejoren el desarrollo de dichas actividades.

Integrarse a participar activamente en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano máximo de consulta nacional en la materia, con el propósito de plantear las propuestas necesarias para el mejoramiento de la actividad pesquera y acuícola.

Iniciar la tarea de enlace con las áreas responsables de la pesca y la acuacultura de los gobiernos de las entidades federativas, con el propósito de integrar una propuesta común de desarrollo para el sector pesquero y acuícola.

Establecer tareas de trabajo conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado, así como con las comisiones correspondientes en los Congresos de las entidades federativas, para impulsar las propuestas legislativas que promueven el desarrollo pesquero y acuícola del país.

Realizar reuniones de trabajo en toda la República Mexicana con el sector pesquero y acuícola, para conocer directamente de los interesados sus necesidades inmediatas de la actividad, las cuales constituyan los ejes rectores de las tareas de la Comisión de Pesca.

Divulgar las tareas de la Comisión ante los sectores interesados de la sociedad, que permita acrecentar el interés por impulsar la solución de las grandes demandas del sector pesquero y acuícola.

Editar el libro intitulado La pesca y la acuacultura en México, con el propósito de que, a través de las aportaciones de quienes mejor conocen la pesca y la acuacultura, se conozca su realidad actual y las políticas públicas que se requieran en el corto, mediano y largo plazos para fortalecer la actividad.

Actualizar la página de Internet de la Comisión de Pesca, a fin de dar cumplimiento al artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados.

Dar seguimiento puntual al ejercicio presupuestal de la Conapesca, para proponer, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las comunicaciones necesarias a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el problema del subejercicio presupuestal que ha afectado en los dos últimos años a la actividad pesquera y acuícola.

Establecer una comunicación directa con el sector académico y de la investigación en la materia acuícola y pesquera, que permita fortalecer los resultados de la tarea que realizan.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se solicita al Gobierno Federal que manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno del estado de Arizona, en Estados Unidos de América.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a solicitar oficialmente al Gobierno de Austria y al Museo de Etnología de ese país devolver al nuestro el penacho de Moctezuma para ponerlo en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se congratula por la normalización del proceso de transición democrática en Ucrania y felicita al nuevo presidente ucraniano Víctor Yuschenko.

Puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se congratula por la ratificación del Protocolo de Kyoto, por parte de la Federación de Rusia.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores en relación con la problemática de acceso al mercado de América del Norte.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados efectúa un reconocimiento al grupo G-8 por la puesta en práctica de modalidades generosas de justicia y seguridad social.

Punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales desde Estados Unidos de América.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la condena ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas al bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se celebra el triunfo de Mahmud Abbas en la jornada electoral en Palestina y se hacen votos para la reanudación del diálogo de ésta e Israel.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar la noción de violencia feminicida.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores procure a las naciones involucradas para que ratifiquen el Protocolo de Kyoto en el marco de la ONU.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley de Nacionalidad.

Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se desecha la iniciativa que propone al titular del Ejecutivo federal que inicie la renegociación del Título VII, Sector Agropecuario, del TLCAN.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a requerir formal e institucionalmente ante el Presidente de la República de Argentina, doctor Néstor Kirchner, la no extradición del luchador social de origen chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, actualmente detenido por la Interpol en Argentina, y proponer su asilo en dicho país.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión a apoyar las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos para encabezar organismos y acciones internacionales en mecanismos multilaterales globales.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al órgano Ejecutivo federal a que tome las medidas necesarias para reabrir el caso de la Isla de la Pasión o Clipperton.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se envía un atento exhorto al Congreso de los Estados Unidos de América para que por su conducto le haga llegar al Gobierno del Presidente George W. Bush algunas consideraciones respecto a la oferta hecha por el Gobierno de Cuba para proporcionar apoyo médico a los ciudadanos damnificados por los huracanes Katrina y Rita en la zona de Nueva Orleáns.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar la solidaridad internacional en torno al desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no aceptar propuestas de acuerdos bilaterales de inmunidad o acuerdos bilaterales semejantes al propuesto por el Gobierno de Estados Unidos para excluir a sus nacionales de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Proyectos de dictamen de la CRE turnados en comisiones unidas, aún sin respuesta de la codictaminadora:

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios por el que se desecha la iniciativa con proyecto de Ley sobre los Derechos de los Migrantes (iniciativa presentada por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del GPPRI, en la LVIII Legislatura).

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Puntos Constitucionales por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XIX-L al artículo 73; y un segundo párrafo al artículo 133; se reforman la fracción I del artículo 76; la fracción X del artículo 89; y el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se reforma el párrafo segundo de la fracción I, y la fracción IV del artículo 2; el primer párrafo del artículo 4; y el artículo 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a fin de que el Congreso de la Unión apruebe los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo federal, y que dicha aprobación se haga mediante una votación calificada dada la jerarquía jurídica de los mismos (iniciativa presentada por el diputado Enrique Martínez Orta Flores, del GPPRI, en la LVIII Legislatura).

3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 y 7 de la Ley sobre Celebración de Tratados.

4. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias Por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía sobre la defensa legal de las empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos.

6. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México.

7. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

8. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a invitar oficialmente al relator especial sobre la Independencia de Magistrados, Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas.

9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Asistencia Social, y la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de migrantes repatriados enfermos.

10. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que en la celebración de una próxima reunión con sus homólogos de Estados Unidos de América y Canadá, se aborde el tema referente a la apertura en el año 2008 de la libre importación de maíz y frijol.

11. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Salud por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que vote a favor del proyecto presentado por Bélgica, relativo a la clonación humana.

12. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1°, 58 y 59 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

13. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Puntos Constitucionales por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6 de julio. Presentación del libro Gobernar con calidad y para el desarrollo: experiencias de innovación en los municipios mexicanos. CIDE y la Fundación Ford.

13 de julio. Presentación del libro Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: lecciones para México. Coordinadora y autora: doctora María Cristina Rosas (Centro de Estudios Internacionales, UNAM).

14 y 15 de julio. Visita de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México del Parlamento Europeo a México, integrada por la señora Erika Mann, Presidenta de la Comisión, señor Jürgen Schröeder; señor Gkalavakis, vice de la delegación.

15 de julio. Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México del Parlamento Europeo con el Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez.

25 de julio. Participación como ponente en el Foro México-Argentina visión y perspectivas, en el tema "Retos de la democracia en América Latina", realizado por la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE.

28 de julio. Participación en el Foro nacional por la defensa integral de los derechos humanos de las mujeres en situación de migración, realizado en Nogales Sonora.

5 y 6 de agosto. Participación en el Comité de Mujeres por la Democracia en Cuba, realizado en Buenos Aires, Argentina.

17 de agosto. Inauguración del Modelo de Naciones Unidas 2005 UNAM-FES Aragón Las iniciativas para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, propuestas por el secretario general, Kofi Annan, y participación como ponente con el tema: "La participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU".

18-20 de agosto. Realización del Modelo de Naciones Unidas Parlamun 05, en la Cámara de Diputados.

31 de agosto. Invitada al evento: Reconocimiento a quienes hicieron posible el voto de los mexicanos en el exterior, encabezado por el Presidente de la República Mexicana, Vicente Fox.

9 de septiembre. Cena de Estado con el Presidente Vicente Fox, en honor del excelentísimo señor Roh Moo-hyun, Presidente de la República de Corea.

12 de septiembre. Cena de Estado que ofrece el Presidente Vicente Fox en honor del excelentísimo señor Hu Jintao, Presidente de la República Popular China.

14-17 de septiembre. Participación como integrante de la delegación oficial de México en el día Nacional de México en la Expo Aichi 2005, celebrada en Nagoya Japón.

21 de septiembre. Comparecencia del canciller Luis Ernesto Derbez Bautista.

26 de septiembre. Reunión con la señora Elaine L. Chao, secretaria del Trabajo de Estados Unidos.

4-7 de octubre. Participación en la Asamblea del Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia.

4 de octubre. Presentación del informe Estados Unidos y México: construyendo una asociación estratégica, reporte del grupo de estudio conjunto del Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Comexi (Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales), organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores.

11 de octubre. Cena de Estado con el Presidente Vicente Fox y el excelentísimo señor Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Panamá.

20 de octubre. Participación de la Presidenta en la AMMEI en la mesa "Nuevos actores de la política exterior".

20 de octubre. Presentación del libro Las Naciones Unidas rumbo a sus 60 años de fundación: desafíos y perspectivas para el siglo XXI, en la AMMEI.

24 de octubre. Acto conmemorativo del 60° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

28 de octubre. Participación como ponente en el foro Perspectivas de la reforma de la ONU, en el marco del 60 aniversario de la ONU.

9 de noviembre. Foro de análisis Presente y futuro de la Constitución Europea, realizado por la Comisión de Relaciones Exteriores.

17-19 de noviembre. Interparlamentaria México-Cuba, realizada en Monterrey, Nuevo León.

17 de noviembre. Presentación del libro Canadá: política y gobierno en el siglo XXI, realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

21 de noviembre. Seminario La política exterior de México y la escena internacional contemporánea, realizado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el Instituto Matías Romero y el Senado de la Republica.

1-2 de diciembre. Gira con el Presidente Vicente Fox Quesada por el estado de Veracruz.

1 de diciembre. Cena de Estado con el Presidente Vicente Fox y el Presidente de Chile, Ricardo Lagos.

7 de diciembre. Brindis con el cuerpo diplomático acreditado en México.

6-9 de diciembre. Exposición legislativa, cultural gastronómica, artística, política y social El mundo árabe en la Cámara de Diputados.

12-13 de diciembre. Reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), Cancún, Quintana Roo.
 
 
 

Doctor Martín Naciff Rojas, secretario técnico de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados LIX Legislatura.
Doctor Jaime Mier y Terán Suárez, secretario de Salud de Tabasco.

Profesora Graciela Trujillo de Cobo, secretaria de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente (Sedespa).
Doctor Carlos Nava Esquivel, subgerente de Prevención Médica Pemex.

Doctor Evaristo López Sánchez, director del hospital de Pemex.
Licenciado Juan Carlos Castillejos, coordinador general de Comunicación Social.

Doctor Baldomero Sánchez Barragán, epidemiólogo del hospital de Pemex.
Ingeniero Sergio Zilli, director de Evaluación y Protección ambiental de la Sedespa.

Doctor Enrique Hernández Martínez, subsecretario de Salud.
Doctor Víctor Castro Georgana, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Doctor Agenor A. Llado Verdejo, secretario técnico de la Secretaría de Salud.
Doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo, epidemiólogo estatal.

Doctor Raúl González Loaiza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 de Huimanguillo.

No existe evidencia de daños a la salud causada por intoxicación por plomo en las comunidades que se verificaron.

Notifíquese a los solicitantes y autoridades sanitarias.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:

a. A la iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuestos a visitantes extranjeros, a cargo de la diputada Elizabeth Yáñez Robles.
b. Opinión a la iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Margarita Martínez López.
c. Al punto de acuerdo por el que se solicita a diversas comisiones de la Cámara de Diputados que se analice y, en su caso, se considere la opinión de personalidades y organizaciones para que, previo dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, en particular sobre el tema de casinos, se realice un estudio imparcial y a fondo de este proyecto, presentado por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez.
d. Al punto de acuerdo para que se incluya en el PEF 2004 la propuesta de construcción en el área del Cerro del Machorro de una zona de proyección y embarcadero para las actividades de los pescadores de San Felipe, BC.
e. Al punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo a cumplir lo estipulado en los convenios celebrados desde 1992 con el estado de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez.
f. Opinión a la iniciativa que adiciona las fracciones X y XI del artículo 25 y adiciona las fracciones V y VI al artículo 35 de la Ley Federal de Turismo, presentado por la diputada Angélica de la Peña.

6. Propuesta de iniciativa de Ley sobre el tema "fines de semana largos".
7. Avances del Foro de Análisis sobre la "ley seca en elecciones federales".
8. Asuntos generales.

a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

b) Iniciativa por la que se reforma el artículo 33 y se adicionan los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas;

c) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma un penúltimo y un antepenúltimo párrafo a la fracción V del artículo octavo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para que las Sociedades de Ahorro y Préstamo, queden exentas del dictamen favorable de una federación para poder tramitar su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y sean supervisadas por federaciones autorizadas;

d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III, ambas del artículo 4 Bis y se adiciona el artículo 4 Bis 1, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular;

e) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 116 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular;

f) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en 2001 fue diseñada para regular al sector de cajas populares existente en México. Sin embargo, al diseñar la Ley, dos hechos fueron ignorados. El primero fue la desigualdad existente en el país, -incluso al interior de los sectores populares urbanos y rurales.

Por otro lado, se pasó por alto que los grandes sistemas financieros exitosos que hoy inspiran la Ley de Ahorro y Crédito Popular como las Cooperativas Raiffeisen de Alemania, las cajas populares de Canadá o las cajas rurales Francesas, en sus orígenes no tuvieron una reglamentación bancaria tan estricta, como la diseñada en México y todas nacieron de procesos de organización comunitaria regional que con el paso de los años alcanzaron escala financiera para conformar los sistemas financieros exitosos que hoy conocemos con renombre internacional.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular reglamentó una realidad mayoritariamente urbana, con una historia organizativa de al menos cincuenta años, mientras que dejó un vacío legal para la creación de nuevas iniciativas financieras de auto organización, que afecta a los pobladores rurales. La problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y su problemática específica es ampliamente desconocida en el sector financiero.

Como legislativo, debemos garantizar que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades, evitar exclusiones que profundicen la desigualdad. Con esta iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estaremos permitiendo que las familias rurales, campesinos y comunidades indígenas, tengan oportunidad de participar organizadamente en el sistema financiero del país.

La población rural, 32 millones de personas, vive en 190,000 localidades con menos de 2,500 habitantes. 180,000, son localidades con menos de 500 habitantes, lo cual muestra una geografía poblacional dispersa y de pequeño tamaño. En la gran mayoría de las localidades rurales no existen sucursales bancarias y hay un escaso desarrollo de organismos de banca social mientras que la banca de desarrollo ha llegado sólo al estrato más desarrollado del campo. Se estima que en la última década, entre el 30 y el 60% del ingreso de las familias rurales proviene de ingresos no agrícolas. Lo anterior expresa la enorme diversificación de las economías rurales y la emergencia de microempresas, de pequeñas empresas y de empresas de integración que también requieren formas específicas de financiamiento. A esto habría que agregar que el 40% de las remesas enviadas por los paisanos desde EU tienen como destino comunidades rurales con menos de 2,500 habitantes.

Se estima que para 2004 el monto de remesas será de 15 mil millones de dólares de los cuales, 6 mil millones, son enviados a comunidades rurales marginadas de los servicios financieros a través de 20 millones de envíos de dinero que son pagados por empresas de pago y múltiples canales informales con altos costos de transacción para los beneficiarios. La paradoja es que una gran parte del impacto de esos flujos financieros se pierde al no existir un desarrollo suficiente intermediación financiera rural capaz de contribuir a reciclarlo en las regiones, mediante servicios financieros de ahorro y de reinversiones en crédito.

La economía rural es de tipo familiar con multiactividad económica. La pobreza extrema tiene su origen en el campo y en la falta de oportunidades productivas. El acceso a servicios financieros es una condición ineludible para el desarrollo económico y el combate a la pobreza, pero es necesario reconocer la diferencia de condiciones en que se desarrollan instituciones financieras. Mientras en el noroeste desarrollado de agricultura comercial, un intermediario financiero puede operar con productores medios créditos individuales de 80 a 100 mil pesos, en el sur del país de agricultura campesina, los montos promedio de crédito se sitúan entre 4 y 8 mil pesos. Lo que puede resultar una escala financiera aceptable de operaciones con 200 productores en Sonora o Sinaloa requiere varios miles de pequeños productores en el sur del país.

A esta diferencia de escalas financieras se suman las diferencias poblacionales, organizar 200 a 500 productores en zonas rurales comunicadas requiere un esfuerzo sostenido que se facilita si existen medios de comunicación y generalmente es factible en el noroeste y bajío del país, mientras que organizar 3 o 5 mil personas en áreas incomunicadas y dispersas de Oaxaca, Chiapas o Puebla requiere un esfuerzo mucho más prolongado y mayores costos de transacción.

Existen motivos de orden económico, financiero y de equidad en la propuesta que se presenta pues posibilitará la participación en el desarrollo económico mediante el acceso a crédito y a formas institucionales de ahorro para amplios grupos de la sociedad rural, en particular a grupos vulnerables que habitan regiones marginadas y comunidades indígenas. Esta iniciativa permitirá reconocer los procesos de organización financiera de comunidades y grupos de pequeños agricultores en un marco de certidumbre jurídica y crecimiento gradual para alcanzar escalas financieras suficientes para lograr viabilidad en el sistema financiero nacional.

En el Capítulo XI de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (artículos 123 al 133) se establecen las líneas para establecer un nuevo sistema nacional de financiamiento rural, constituido con diversos instrumentos, instituciones y agentes; en forma destacada intermediarios financieros rurales; también establece compromisos de fomento a este tipo de iniciativas mediante programas gubernamentales. Esos compromisos orientaron la creación de la Financiera Rural al asignarle la función de operar en el primer y segundo piso. En el primer piso, otorgando crédito a los productores y a través del segundo piso financiando a intermediarios financieros rurales, también se asigna a la Financiera Rural el mandato de apoyar la capacitación y organización de productores para constituir intermediarios financieros.

Un tercer ordenamiento de alta importancia son los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República al firmar el Acuerdo Nacional para el Campo, luego de las amplias protestas y movilizaciones campesinas en demanda de un nuevo trato para el campo y por la revalorización de la agricultura campesina. De los 19 compromisos firmados en materia de financiamiento rural, 10 de ellos establecen con claridad la necesidad de crear intermediarios financieros rurales propiedad de la sociedad rural, en ámbito comunitario.

Estos compromisos y políticas públicas encaminadas a promover el desarrollo económico con equidad en el medio rural debieran tener su culminación con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La cual debería ser el marco regulatorio que permita a los productores rurales, a las comunidades indígenas y a toda la población rural organizarse en intermediarios financieros rurales. La LACP no puede excluir a las comunidades y familias más pobres del país.

Ni las leyes sectoriales ni los esfuerzos de la sociedad rural podrán prosperar sin que sea ajustado el marco legal de las entidades de ahorro y crédito popular, para incluir la posibilidad de crear nuevas entidades intercomunitarias que puedan operar y organizarse bajo el marco creado por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

La iniciativa que se presenta adiciona un artículo 9 Bis, que establece los términos y procedimientos para la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito en áreas rurales y suburbanas, estableciendo un régimen simplificado que les permita madurar para alcanzar los estándares de los niveles superiores del sector en reconocimiento a la importancia de apoyar la cobertura de servicios financieros en este sector de la población.

En este régimen simplificado se busca eliminar barreas legales y crear un ambiente propicio para activar las iniciativas de apoyo a la emergencia de intermediarios financieros rurales, tal y como se ha establecido en leyes y acuerdos promovidos por el poder legislativo y el poder ejecutivo del país.

La constitución de nuevas entidades se realizará cumpliendo los requisitos mínimos en cuanto a número de socios, teniendo las nuevas Entidades de Ahorro y Crédito Popular previo a su constitución la obligación de contar con la autorización de la federación a la que habrá de afiliarse para su supervisión.

La Comisión establecerá disposiciones particulares y de naturaleza simplificada para nuevas Entidades en proceso de constitución y su etapa operativa inicial, respetando lo siguiente:

Libertad de constituirse legalmente e iniciar operaciones.
Operaciones en un ámbito regional con proximidad a sus socios.

Afiliación a una federación de supervisión y funcionamiento bajo tutela de la misma.
Contar con un periodo de crecimiento para su maduración de hasta 7 años.

Gradualidad en la aplicación y logro de las normas prudenciales para lograr los estándares financieros.

Responsabilidad de las federaciones para establecer los mecanismos de salida del sistema en caso de no alcanzar los estándares en los plazos que establezca la ley."

Las iniciativas de la sociedad para generar ahorros y crear patrimonio, en lugares donde no existen intermediarios financieros formales, abarca rubros que van de mayor a menor importancia y que entre otros son los siguientes: guardar dinero en el hogar, tandas, inversión en animales, granos, materiales de construcción, joyas y préstamos.

Hoy ya no es un mito que los pobres ahorran, en realidad es un proceso natural, en el que posteriormente si existe apoyo y promoción para la organización, asesoría y capacitación, dan lugar a la constitución de instituciones financieras informales tanto en las zonas urbanas marginadas como en las zonas rurales(?)

Los organismos que comprende la reforma propuesta son de dos características. En primer lugar, son los que no tienen más de 750 integrantes y activos hasta por 750,000 Udi y que suelen trabajar con un mínimo de metodologías crediticias y de captación de ahorro y con productos adecuados a las características de la población objetivo que vive en las comunidades; por su grado de organización y capacitación, su actividad ha generado confianza en sus socios, en la población y en sus autoridades locales (?)

La transparencia en el manejo de la información para con los socios, su funcionamiento en apego a estatutos y reglas de operación, la celebración de Asambleas Generales de socios, así como la capacitación de sus directivos y de su personal, han sido factores que han coadyuvado en su mejor funcionamiento para que vayan aumentando la captación de depósitos de ahorro y con ello el monto de sus activos, de tal forma que vienen encaminando esfuerzos en su operación para conseguir el punto de equilibrio.

En el comportamiento que muestran las instituciones financieras populares que captan ahorros, particularmente de aquellas que tienen incidencia fundamentalmente rural, destaca la cifra de socios o clientes promedio por institución que esta muy por arriba de los 250 que prevé el artículo 4 Bis, razón importante para ampliar el rango.

En el rubro de activos, con base en la experiencia de campo, el promedio con que operan las cajas y cooperativas rurales, que están entre los organismos más pequeños con potencialidad para llegar a ser entidades de ahorro y crédito popular es de cuatro millones de pesos, de ahí que la modificación en el monto propuesto es relevante y pertinente. (?)

(?), es notorio que la Ley de Ahorro y Crédito Popular que contiene cuatro niveles de operación, siendo el nivel I el que ocupa el lugar inferior, se vio fortalecida con la adición del artículo 4 Bis con la finalidad de acercarse al tamaño de las instituciones financieras pequeñas; sin embargo, aún se requiere se incorpore esta propuesta de modificación de tal forma que con 1,500 integrantes y 1,500,000 Udi en activos se podrán incluir instituciones financieras populares de mayor fortaleza, pero que todavía no han llegado a cumplir con todas las exigencias de la LACP y que brindan servicios de esta naturaleza en regiones pequeñas y comunidades alejadas en las que esta ausente la banca comercial y de desarrollo (?)

Cabe señalar que los costos de la supervisión y de la tecnología informática, aunados a la velocidad en que las instituciones financieras populares deben estar trabajando para alcanzar un cierto nivel de estandarización, han complicado los procesos de estos organismos.

Después de todo los tiempos fijados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular no están en cuestionamiento, se consideran buenos, lo realizado hasta el momento en torno a ella ha sido meritorio, lo difícil es llegar al punto de equilibrio en condiciones donde los ahorros y los activos son todavía muy reducidos, por lo que sobre estas bases exigir compromisos a estos intermediarios financieros por igual que a otros más desarrollados constituye una desproporcionalidad.

La propuesta de 750 socios y setecientos cincuenta mil Udi en activos para los organismos más sencillos y de 1,500 socios y 1,500,000 Udi para organismos de mayor fortaleza es adecuada, pues con ello el sector de ahorro y crédito popular se verá más fortalecido, ya que permitirá incluirlos o institucionalizarlos con requisitos mínimos de control, es decir que favorezcan justamente a los intermediarios pequeños de manera que bajo un cierto proceso se estimule su crecimiento hasta lograr el tamaño requerido para su completa adaptación a la LACP (?)

Ampliar los límites del artículo 4 Bis vendría a dar un respiro a organismos que vienen trabajando bien aunque con limitaciones en los aspectos técnicos y organizativos, pues les permitirá continuar fortaleciéndose en lo relativo a la captación de ahorros. El esfuerzo que realizan estos organismos al combatir el agio y la usura, así como para reducir los niveles de pobreza deben ser reconocidos (?)

Desde hace muchos años este sector de pequeños intermediarios financieros vienen esforzándose por incorporarse al sector formal de la economía, de manera que existe una gran aceptación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; sin embargo la realidad de las zonas urbanas marginadas y rurales es compleja y por lo tanto es recomendable que las instituciones responsables de hacerla cumplir prevean las dificultades que existen en distancias, carencias de infraestructura de servicios y nivel de escolaridad de sus habitantes, entre otras limitaciones.

Es importante reconsiderar los factores de desigualdad que están presentes en cuanto a tamaño, sector de atención, experiencia histórica en su funcionamiento, ámbito de operación y grado de desarrollo de la población a la que estos intermediarios financieros enfocan sus servicios (?)"

Esta ley impone ciertos requisitos para aquellas sociedades que desean establecerse como Entidades de Ahorro y Crédito Popular (?)

Esta norma ha sido criticada por varias Federaciones y Confederaciones en cuanto al ámbito rural, pues consideran que las condiciones ahí establecidas impiden el fomento y desarrollo de la intermediación financiera en las zonas rurales, dado que no contempla las condiciones institucionales y económicas que imperan en estas zonas del país.

Se critica de esta ley que haya reglamentado una realidad mayoritariamente urbana, con una historia organizativa de al menos cincuenta años; donde la problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y por tanto la regulación diseñada no le es favorable.

Al no contemplar un espacio de regulación que permita la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular rurales y su crecimiento hasta alcanzar el tamaño y madurez institucional necesario para cumplir los estándares, ha establecido sin proponérselo barreras de acceso que discriminan a las pequeñas iniciativas del medio rural.

La infraestructura, penetración de los servicios, rentabilidad de las entidades de ahorro y crédito popular en las zonas rurales depende de diversos factores, y en función de ellos se podría alcanzar el grado de maduración necesario para entrar de lleno a la regulación que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo si se aplican de manera inflexible al ámbito rural, los requisitos que impone la ley no son asequibles por buena parte de las sociedades que pretenden llevar a cabo las actividades de captación y colocación de recursos, lo cual mina uno de los objetos de la propia ley, que es promover y facilitar estos servicios financieros que no son realizados por las instituciones financieras tradicionales.

La experiencia nacional en la organización financiera rural muestra ejemplos muy diversos, según los contextos. En zonas pobres de Oaxaca, Puebla o Chiapas, las organizaciones financieras logran sostenibilidad financiera en periodos de entre 5 a 7 años, lapso durante el cual alcanzan un volumen de operaciones financieras que permiten equilibrio financiero y una escala suficiente para el autosostenimiento. En otros contextos, con agricultura de mercado, como Sonora, Sinaloa o Tamaulipas las organizaciones de los pequeños agricultores logran equilibrio financiero en periodos de 1 a 3 años.

La ausencia de servicios financieros en el medio rural, en particular en zonas de mayor pobreza, está asociada a barreras estructurales que impiden la generación de nuevas instituciones. Entre las más relevantes se encuentran (?)

Todo lo anterior se traduce en altos costos de transacción y periodos largos de maduración para crear economías de escala en las instituciones financieras rurales.

Por otro lado, después de la creación de la Financiera Rural se generaron amplias expectativas de organización rural, que hoy día se ven diezmadas por la ausencia de un espacio legal y normativo de gradualidad para la organización financiera de los productores rurales.

La Financiera Rural es un organismo descentralizado de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto coadyuvar al Estado a impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural (?)

Asimismo, su Ley Orgánica determina que ejecutará los programas que en materia de financiamiento rural (?)

Por otro lado, en el desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector rural, la Financiera deberá coadyuvar al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y del medio rural.

En este sentido, la participación de la Financiera Rural es clara y directa en cuanto a las entidades de ahorro y crédito popular en las zonas rurales, puesto que para la consecución de su objeto está facultada para otorgar préstamos o créditos a los intermediarios financieros rurales para que éstos, a su vez, concedan financiamiento para impulsar actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las actividades vinculadas al medio rural.

En razón de ello y previendo las condiciones excepcionales que imperan en las zonas rurales, esta iniciativa propone la adición de un párrafo cuarto al artículo 116 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el que se dicta que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con la Financiera Rural emitirán una regulación prudencial y secundaria adaptada a las particularidades de la intermediación financiera del sector rural. Ello en razón de atender las particularidades del sector rural.

La razón de establecer que sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con la Financiera Rural quienes establezcan dicha regulación prudencial adaptada al sector rural, obedece a que no todas las zonas rurales se comportan y desarrollan al mismo ritmo, ni logran conseguir el mismo número de asociados en el mismo lapso de tiempo, ni tampoco se coloca el mismo número de créditos, y los montos crediticios a los socios son muy variables. Es decir, la adición al artículo 116 de la ley permite a la autoridad reguladora de la actividad establecer en el reglamento de la ley, las condiciones específicas que habrán de cumplir las entidades de ahorro y crédito popular en estas zonas (?)

La participación de la Financiera Rural en esta disposición de la regulación prudencial responde a que sus actividades están íntimamente ligadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares que se regulan en la Ley de Ahorro y Crédito Popular."

Actualmente las sociedades están constituidas en sociedades cooperativas, sociedades y asociaciones civiles, sociedades de solidaridad social, sociedades de ahorro y préstamo.

Para poder transformarse a las nuevas figuras jurídicas que contempla la LACP, es necesario que dichas sociedades se regularicen fiscalmente, para que puedan transitar al nuevo esquema de la ley, para seguir operando.

Conforme a la ley, el sistema de ahorro y crédito popular, estará integrado por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares, que serán dictaminadas por una federación y autorizadas como entidades de ahorro y crédito popular por las federaciones que estén autorizadas por la CNBV para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades referidas.

Al promulgarse la LACP no se contempló la autorización existente, concedida por el C. secretario de Hacienda y Crédito Público, para operar como sociedades de ahorro y préstamo (Saps), lesionando así sus derechos adquiridos y dando efecto retroactivo a dicha ley en su perjuicio, conculcándose la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que no dio motivos para que dicha ley dejara sin efectos tal autorización de funcionamiento.

El artículo tercero y transitorio de la LACP del 4 de junio de 2001 indica que las sociedades de ahorro y préstamo deberán obtener el dictamen favorable de alguna federación, siendo violatoria de garantías individuales, en perjuicio de las Saps, consagradas en el artículo 14 constitucional, toda vez que se le está privando de sus derechos adquiridos como sociedades de ahorro y préstamo, sin que exista alguna causa por la cual se revoque la autorización para operar como organizaciones auxiliares del crédito y, en consecuencia, el decreto de expedición de la LACP, resulta inconstitucional al no respetar la situación de las cajas de ahorro constituidas con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por tanto, es necesario que a las Saps se les brinde facilidades para cumplir con el requisito de constituirse como entidades a que hace referencia la LACP, reteniendo su propia figura jurídica.

En consecuencia, en sustitución del dictamen a que hace referencia la fracción I del artículo 69 de la LACP, que establece que el Comité de Supervisión de la Federación correspondiente tiene la obligación de emitir el dictamen respecto al cumplimiento de los requisitos de una entidad para constituirse, se hace necesario otorgarle validez a la opinión de un consultor internacional para calificar a la entidad y no sea necesario el dictamen que emite éste Comité.

La propuesta se centra en modificar la LACP para que se pueda corregir ésta misma situación y sean supervisadas de inmediato por las federaciones autorizadas."

La sociedad o asociación se afilie y/o celebre contrato con una federación autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores;

La sociedad o asociación deberán participar en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la federación, y

La sociedad o asociación de cumplimiento a todas de las obligaciones contenidas en el programa de operación institucional.

Efectivamente, si bien es verdad que por regla general el fenómeno de la retroactividad se presenta como un conflicto de leyes en el tiempo, como una controversia entre dos leyes expedidas sucesivamente y que tienden a normar el mismo acto, el mismo hecho o la misma situación, también lo es que puede darse el caso de que los mandatos de una ley sean retroactivos y lesivos al mencionado artículo 14 cuando rijan de manera originaria determinada cuestión, es decir, cuando ésta sea prevista legislativamente por primera vez.

En atención a ese fenómeno complejo que constituye la aparición del Estado, explicable por el principio de soberanía en virtud del cual el pueblo adopta la forma de gobierno que le place y se da normas que le permitan encauzar su vida social, surge una diferenciación entre gobernantes y gobernados que hace posible que quienes integren el Poder Legislativo estén en aptitud de regular normativamente la conducta de los gobernados. Pero ello no significa que éstos hayan perdido su libertad aun en lo normado y que sólo puedan realizar los actos que específicamente les sean autorizados, sino nada más que habrán de abstenerse de hacer lo prohibido por la ley y de sujetarse a los lineamientos trazados por ésta en las hipótesis previstas por el legislador. Consecuentemente, en aquellos casos en que la conducta del gobernado no haya sido normada en forma alguna por el Poder Legislativo, de manera que no pueda ser considerada prohibida ni válida únicamente cuando se ciña a determinadas restricciones, su realización constituirá el ejercicio de un "derecho", emanado precisamente de la ausencia de una ley reguladora, y tutelado, por lo mismo, por el orden jurídico, en cuanto éste, al dejar intacto el ámbito de libertad en que tal conducta es factible, tácitamente ha otorgado facultades para obrar discrecionalmente dentro del mismo.

Por consiguiente, la ausencia de normas limitadoras de la actividad del individuo, configura un derecho respetable por las autoridades, aun por el propio legislador, cuya vigencia desaparecerá hasta que surja una norma legislativa al respecto. Es decir, antes de la prevención legislativa, el derecho estriba en poder obrar sin taxativas; después de ella, el derecho está en obrar conforme a tal prevención, pues mientras las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les faculta, el gobernado puede hacer todo lo que dicha ley no le prohíbe.

Establecido que la ausencia de normas legislativas configura para el gobernado el derecho de obrar libremente, y que tal derecho también es tutelado por el orden jurídico, porque todo lo no prohibido por las normas legales ni sujeto a determinadas modalidades le está por ellas permitido, tiene que admitirse que el surgimiento de una ley que regule una situación hasta entonces imprevista legislativamente, sólo puede obrar hacia el futuro, ya que de lo contrario estaría vulnerando el artículo 14 constitucional, que estatuye que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Ahora bien, si en un caso no existía ley alguna anterior a unas circulares reclamadas que fijara el precio oficial de un producto para los efectos de la cuantificación del impuesto de exportación, los quejosos tuvieron el derecho de exportar tal producto al precio que estimaron pertinente, tomando en cuenta para su fijación exclusivamente los costos de producción y un margen de utilidad. En consecuencia, las circulares que "rigen situaciones anteriores a la fecha de su publicación", vulneran el derecho de los quejosos, derivado precisamente de la ausencia de disposiciones legales que lo limitaran o reglamentaran.

Volumen XLVIII, tercera parte, páginas 13 y 52. Amparo en revisión 6895/60. Compañía Minera San José, SA de CV, y Coags. 7 de junio de 1961. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Volumen L, tercera parte, páginas 107 y 174. Amparo en revisión 2054/60. Compañía Minera de San José, SA de CV y Coags. 2 de agosto de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.

Volumen LI, tercera parte, página 106. Amparo en revisión 3032/61. Compañía Minera de San José, SA de CV, y Coags. 7 de septiembre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Volumen LI, tercera parte, páginas 66 y 106. Amparo en revisión 2550/61. Compañía Minera de San José, SA de CV. 20 de septiembre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Volumen LII, tercera parte, páginas 98 y 142. Amparo en revisión 7236/60. Compañía Minera de San José, SA de CV, y Coags. 27 de octubre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González."

II. El número máximo de sus asociados, socios o integrantes será de 750 personas;

III. Sus activos no podrán ser superiores a 750,000 unidades de inversión (Udi); IV. (?)

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

VII. (......)

VIII. (......)

IX. (...)

De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una federación autorizada por la Comisión, y/o la celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo señalado en la fracción II de este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al cumplimiento de los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.

Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos mencionados en los párrafos anteriores;

II. Se afilie a una federación autorizada por la Comisión o, en su defecto, celebre con alguna de ellas, un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros aspectos, que la federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y/o de capacitación, y que permita a la federación evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación a lo previsto en este artículo.

Dicho contrato deberá tener como anexo los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.

La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en el párrafo anterior, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este artículo;

III. Participar, en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la Federación a la que se hayan afiliado y/o con la que, en su caso, hayan celebrado el contrato de prestación de servicios a que se refiere la fracción anterior. Dichos programas deberán ser llevados a cabo por la referida Federación.

IV. Den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones contenidas en el programa de operación institucional, establecido con base en la fracción III de este artículo.

(...)

(?)

(...)

(...)

Cualquier tipo de sociedad o asociación que cuenten con autorización vigente expedida por autoridad competente y que hayan sido clasificadas en las categorías a) y b) de la fracción IV del artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, por un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC, Institución de Banca de Desarrollo, exentarán del dictamen favorable de una federación para tramitar su autorización para operar como entidades ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de este decreto, las sociedades de ahorro y préstamo enunciadas en el párrafo anterior podrán ser supervisadas por las federaciones autorizadas en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

b) Iniciativa por la que se reforma el artículo 33 y se adicionan los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

10:00 a 10:20 Ceremonia de inauguración.
Diputado José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud.

10:20 a 10:40 Investigaciones sobre enfermedades mentales.
Doctora María Elena Medina Mora, IPN.

10:40 a 11:00 La situación de las enfermedades mentales en México. ¿Cómo viven los enfermos mentales su padecimiento en nuestro país?
Doctora Graciela Cámara, Voz pro Salud Mental (OSC).

11:00 a 11:20 Debilidades, fortalezas y oportunidades en la implantación de los programas de salud mental en México.
Doctor Enrique Camarena Robles, Servicios de Atención Psiquiátrica, Ssa.

11:20 a 11:40 Costo social y económico de los padecimientos mentales.
María José Carrasco, directora de Apoyo Multicultural de Nations Voice on Mental Illnes.

11:40 a 12:00 Mesa redonda.
12:00 a 12:20 Receso.

12:20 a 12:40 Derechos humanos en salud mental.
Doctor Carlos Rodríguez Ajenjo.

12:40 a 13:00 Necesidad de una política integral para las enfermedades mentales.
Carla Hammeken, Voz pro Salud Mental (OSC).

13:00 a 13:20 Legislación en salud mental.
Diputado José Ángel Córdova Villalobos.

13:20 a 13:40 Mesa redonda.
13:40 Clausura