• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a realizar acciones tendentes a garantizar la seguridad de los ductos de la paraestatal situados en el estado de Yucatán, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del Banco de México que informe respecto a las características de las monedas conmemorativas de la unión de los estados de la República Mexicana, cuyas especificaciones se establecen en el DOF del 19 diciembre de 2002, a cargo del diputado Benito Chávez Montenegro, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al H. ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, a fortalecer los apoyos de Pyme y emprendedores de esa localidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, respecto a la situación de los ciudadanos mexicanos que se enlistan en el Ejército de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Grupo de Trabajo que da seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía que dé seguimiento al estudio y la defensa en el caso de la editorial Plaza y Valdés, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se propone la creación del centro de estudios de la función pública, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, en coordinación con el gobierno del estado de México y el municipio de Tecámac, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 en el relleno sanitario Waste Co. México, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Consejo General del IFE que informe a esta soberanía sobre las acciones emprendidas por esa institución, en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y legales, respecto a la intromisión de extranjeros en asuntos políticos, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que la STPS regule la situación laboral de los trabajadores que prestan servicios en las gasolineras del país, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a entregar a las entidades federativas los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de 2005, que no han sido ejercidos, a infraestructura, construcción y modernización de carreteras, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que fiscalice los recursos federales correspondientes a los fondos del Ramo 33 ejercidos en diversos municipios de Guerrero en 2004 y 2005, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades para que los trabajadores de empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, reciban el pago que les adeuda Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto, y que esta soberanía cree una comisión especial encargada de coadyuvar, con las autoridades gubernamentales, en la investigación respectiva, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así como de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, no autoricen la bursatilización de 85 por ciento de la participación accionaria del Gobierno Federal pretendida por Grupo Aeroportuario del Pacífico, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instaure el 20 de enero como Día Nacional del Municipio Libre, a cargo del diputado Jorge Romero Romero, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados a abstenerse de participar activamente en las campañas de los candidatos a Presidente de la República, senadores y diputados, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a reinstalar a los profesores Tonatihu Herrera Gutiérrez, Tania Meza y Pablo Vargas, así como a respetar cabalmente sus derechos humanos y constitucionales, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía constituya una subcomisión tendente a conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las empresas de televisión por cable usuarias de su señal, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CNDH a visitar los diversos centros de readaptación y las penitenciarías del país para detectar actos que vulneren las garantías individuales de las reclusas, a cargo de la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a implantar programas específicos para atender los problemas relativos a la pobreza urbana, a cargo de la diputada Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que investigue los recursos federales que se están enviando al estado de Puebla; y a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, que forme una comisión especial que dé seguimiento a esos recursos durante el periodo electoral en curso, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT, al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, que informen a la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía de la suspensión fortuita del servicio de radares en las terminales aéreas y de las medidas que tomarán para evitar dichas irregularidades, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal información relativa a las auditorías practicadas al Fonden, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a investigar posibles anomalías en las condiciones laborales de los trabajadores de Industrial Minera Mexicana, compañía de Grupo México, a cargo del diputado Edmundo Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Energía y al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía a atender la problemática derivada de posibles prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en el Distrito Federal, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a investigar el uso de recursos públicos en la campaña de promoción del PRD en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar la autonomía del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a formar, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, un grupo de especialistas en salud mental que preste atención psicológica a los familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes para que lleven a cabo acciones legales contra quienes apliquen en territorio mexicano la ley estadounidense Helms-Burton, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión revisora que tenga por objeto conocer el destino que se dio al fideicomiso creado en 1988 a favor de los trabajadores de Mexicana de Cobre, Mexicana de Ácido Sulfúrico, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de San Luis Potosí a cumplir el acuerdo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que ordena declarar improcedente la cancelación del registro sindical a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Técnica del estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente municipal de Chihuahua que informe sobre la regeneración del cauce del arroyo El Saucito que se pretende realizar en el fraccionamiento Francisco I. Madero, a cargo del diputado Raúl Chavarría Salas, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda a vigilar mediante la Sedesol el cumplimiento de la normatividad por las constructoras en la edificación de viviendas de interés social, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a los Congresos de los estados a alertar a la ciudadanía por spots de televisión y otros medios sobre fraudes realizados por vía telefónica, a cargo del diputado Alberto Urcino Méndez Gálvez, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la SHCP a ejercer con transparencia los recursos destinados a través del Programa Especial Concurrente en materia de Conservación de Suelos y Agua del Distrito Federal, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a reducir el costo del emplacamiento vehicular, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una revisión a la Secretaría de Economía respecto a su actuación en la importación de leche en polvo, leche fluida y piernas de cerdo y sobre el desechamiento del dictamen de dumping a favor de los porcicultores mexicanos favoreciendo a los productores norteamericanos; asimismo, que intervenga la Secretaría de la Función Pública para que investigue a los funcionarios involucrados, suscrita por los diputados José Luis Treviño Rodríguez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga, Reynaldo Valdés Manzo y Gonzalo Alemán Migliolo, de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las presuntas irregularidades presentadas en el programa Emprendedores con Discapacidad, Ecodis, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a autorizar o, en su caso, liberar las reservas correspondientes por participación de utilidades a los trabajadores de Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV, Ingenio San Cristóbal, del ejercicio fiscal de 2004, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del PAN.

• A las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del PRI.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Salud, a solicitud de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social.

• A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del PAN.

La suscrita, diputada federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía a solicitar se considere de urgencia y obvia resolución la siguiente proposición con punto acuerdo, para exhortar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a realizar a la brevedad las acciones tendientes a garantizar la seguridad de los ductos de la paraestatal ubicados en Yucatán, bajo los siguientes:

Considerandos

En recientes publicaciones de la prensa local de Yucatán, particularmente en el periódico Por Esto!, se dio a conocer que en respuesta a una solicitud de información a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), Pemex Refinación informó que "no se ha realizado inspección interior desde su construcción en 1983, debido a cambios de dirección y variaciones de diámetro" en los tubos instalados entre el muelle y el cabezal de playa del Puerto de Progreso, en donde se ubica la terminal de exportación y recepción de combustibles, y que es la cabecera del segundo distrito electoral federal, por el que fui electa.

Dicho informe de Pemex, hace notar que el mantenimiento convencional a ductos incluye una diaria protección interior, una limpieza interior, un mantenimiento a válvulas superficiales, una inspección y levantamiento en línea regular, y un monitoreo de protección catódica en línea regular, cada seis meses.

También forma parte del mantenimiento una inspección de cruces submarinos con otras líneas, una inspección de arribo playero y una inspección de ductos ascendentes, cada año; una protección anticorrosiva con recubrimientos cada tres años, y una inspección interna con vehículo inteligente ("corrida de diablos"), cada cinco años.

Sin embargo, la propia paraestatal reconoce que desde 1983 sólo se ha hecho "inspección visual submarina, que detectó corrosión exterior" y sólo en dos ocasiones se han hecho reparaciones, al instalar una "grapa hechiza", en el 2001, y "encamisados" en el tramo aéreo de la línea de turbosina, sobre la playa, en junio de 2005.

Admitió también que nunca se pudo realizar una "corrida de diablos" para detectar anomalías en los tres ductos, porque "en el cabezal de playa no se tiene trampa de recibo de diablos".

"En el muelle marginal de la terminal remota se cuenta con tres cubetes de envío de 20 pulgadas de diámetro para "diablos" de limpieza e instrumentado", pero "en el cabezal de playa, no se tiene trampa de recibo de "diablos", señala el reporte de la paraestatal, que también indica que se aplicó recubrimiento exterior y lastrado con esmalte, alquitrán de hulla, vidrioflex, vidriomat, lastre de concreto (cemento y acero de refuerzo), pero no precisa en qué tramos, en qué periodos, ni por qué razón.

El asunto de la corrosión evidente en los ductos de Pemex en Yucatán, particularmente en el caso de los ubicados en el lecho marino junto al Puerto de Altura de Progreso, ha sido desde hace tiempo motivo de preocupación para la sociedad yucateca, pues ha habido incluso casos de derrames, como la propia empresa indica en su reporte: "se tiene conocimiento que en el año 2000 se detectó presencia de producto en la playa donde corren dichas tuberías, emergencia que fue atendida de manera inmediata".

Por este tipo de incidentes, la comunidad de Progreso vive angustiada, ya que es común que corran rumores sobre fugas de combustible, lo cual se agrava cuando la gente ve en la prensa fotografías que evidencian una clara corrosión de los ductos. Esa angustia la transmiten las personas a sus hijos, que acuden a las escuelas del puerto con temor y siempre alertas ante cualquier eventualidad.

Y es que la terminal de Pemex en el puerto de altura de Progreso tiene las funciones de recepción y descarga de los buque-tanques de los productos petrolíferos y desde ahí los transporta en tres poliductos hasta la terminal de almacenaje del mismo puerto, de donde una parte es rebombeada a la terminal de almacenaje de Mérida, donde son almacenados, distribuidos y comercializados.

Por su importancia estratégica, incluso desde principios del 2005, Pemex Refinación cuenta con un presupuesto autorizado de nueve millones de pesos para el cambio de las tres tuberías, que conducen diariamente 12 mil barriles de turbosina (un millón 908 mil litros), 16 mil 600 barriles de gasolinas (dos millones 639 mil 400 litros) y nueve mil 900 barriles de diesel (un millón 574 mil 100 litros), entre el muelle y el cabezal de playa de Progreso.

El proyecto de ingeniería y el paquete de licitación están a cargo de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del convenio específico PR-UNAM-004GADG/2005, firmado el 16 de mayo del 2005, con un costo de tres millones 399 mil 760 pesos.

Como plazo de ejecución, se planteó que "la UNAM se obliga a ejecutar los servicios en un plazo de 128 días naturales, a partir del día 18 de mayo de 2005 y terminarlo el día 22 de septiembre de 2005". Sin embargo, al parecer, la Facultad de Química de la UNAM amplió su plazo de cumplimiento, pues se concluyó la ingeniería del proyecto en noviembre y el proceso licitatorio iniciará hasta abril o mayo.

Compañeras y compañeros legisladores:

No podemos esperar a que haya un percance mayor o a que ocurra una desgracia de proporciones catastróficas. En nuestro país, la cultura de la prevención debe empezar por las instituciones estatales y paraestatales para ser ejemplo de cumplimiento de la ley y de las condiciones de seguridad que nuestra sociedad demanda.

A más de lo mencionado, es inconcebible que nuestros representados vivan en la angustia por la inseguridad, derivada de la falta de mantenimiento de instalaciones de una empresa paraestatal: se trata de una situación atendible en la inmediatez que sólo requiere un poco de voluntad y sensibilidad social para dar a los yucatecos en general y a los progreseños en particular las garantías suficientes para vivir tranquilos.

La prevención, reitero, es indispensable, y estamos en la mejor oportunidad de actuar para evitar que en Progreso ni en alguna otra instalación de Pemex ocurra un percance de consecuencias lamentables.

Por este motivo, quiero llamar su atención y presentar a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la H. Cámara de Diputados exhorte al director general de Pemex, Ing. Luis Ramírez Corzo y Hernández, para que esa paraestatal realice a la brevedad posible las acciones tendientes a garantizar la seguridad de los ductos de la paraestatal ubicados en Yucatán, informando a esta Soberanía de las medidas que tome al respecto.

Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO QUE INFORME RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CUYAS ESPECIFICACIONES SE ESTABLECEN EN EL DOF DEL 19 DICIEMBRE DE 2002, A CARGO DEL DIPUTADO BENITO CHÁVEZ MONTENEGRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Benito Chávez Montenegro, miembro de la actual LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, presenta esta proposición de punto de acuerdo solicitando información por parte del Gobernador del Banco de México, respecto de las monedas cuyas especificaciones se establecen en el artículo primero del Decreto que aparece en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2002, relativo a las características de diversas monedas conmemorativas de la unión de los estados y la República Mexicana en una Federación, información correspondiente a la cantidad de monedas acuñadas, destino primario, valor primario, así como el valor que en bancos actualmente debe de tener este tipo de moneda, y, en su caso, el motivo por el cual actualmente se pone a disposición del público a un valor superior del valor de cuño corriente, acorde a las siguientes

Consideraciones

Primero.- Con fecha 19 de diciembre de 2002, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual "se establecen las características de diversas monedas conmemorativas de la unión de los Estados de la República Mexicana en una Federación, de conformidad con el inciso c) del artículo 2° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos".

En este decreto se establecieron en su artículo primero las características de treinta y dos monedas bimetálicas con valor facial de $100.00 (Cien Pesos Moneda Nacional), moneda bimetálica, una parte para su parte central y otra para su anillo perimétrico, siendo la parte central de Plata Sterling, Ley 0.925 con contenido en peso de ½ un medio de onza troy de plata pura y la parte perimetral de diversas aleaciones (bronce - aluminio, acero recubierto de bronce, bronce - aluminio - hierro y alpaca dorada), aleación que, según la fracción b) del artículo 2 de la Ley Monetaria nacional, a propuesta del Banco de México es determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En las definiciones de esta moneda se señala como valor "facial" el de $100.00 (Cien Pesos Moneda Nacional), lo cual es apoyado en su interpretación por el Banco Central que en su circular telefax número E-52/2003 de fecha 16 de octubre de 2003 señalo que estas monedas serían de cuño corriente, integrándose a las monedas metálicas de circulación común, con la aclaración de que "no sustituirán a los billetes de cien pesos".

Segundo.- Sin embargo, al tratar de ubicar para su compra común esta moneda de valor de cuño corriente de $100.00 (cien pesos moneda nacional), nos hemos encontrado con un raro fenómeno: hay bancos que respetan su valor de cuño corriente, esto es, $100.00 (cien pesos moneda nacional), pero no tienen en existencia esta moneda, mientras que los que sí tienen en existencia esta moneda, no respetan su valor en cuño corriente, como es el caso, solo para ejemplo, de Bancomer, que sí tiene en existencia esta moneda, pero con un valor al público de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional).

Tercero.- Luego, al tratar de investigar en el Banco de México o en instituciones de crédito sobre qué está pasando respecto de la falta monedas o falta de respeto del valor en cuño corriente de esta moneda, no existe persona alguna que pueda determinar si la moneda es de cuño corriente, como así lo señala el mismo Banco Central, o cuyo valor está regido por el valor que la moneda tenga como moneda de colección o el valor que el metal tenga en el mercado.

Cuarto.- Esto nos lleva a considerar primeramente que no obstante que tanto en el decreto del 19 de diciembre de 2002 como en el exergo de la moneda y por la interpretación que le da el Banco Central se señala como valor de la moneda en comento el de $100.00 (Cien Pesos Moneda Nacional), así como de que esta moneda se integrará al resto de monedas en circulación y que no relevarán a los billetes de cien pesos, tanto por la escasez para encontrarla en algunos bancos como por el valor que se le ha encontrado en otras instituciones de crédito, ni se pone a disposición libre e ilimitada de quien la quiera obtener ni se respeta el valor y por consecuencia estamos ante la presencia de un caso de especulación masiva o comercialización de reproducciones no autorizadas prohibida por el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Monetaria nacional.

En consecuencia, consideramos necesario solicitar información por parte del Gobernador del Banco de México, Lic. Guillermo Ortiz Martínez, como responsable del órgano exclusivo para ordenar la acuñación de monedas conforme lo marcan los artículos 12 y 13 de la Ley Monetaria, la cantidad de moneda en mención acuñada, destino primario, valor primario, así como el valor que en bancos actualmente debe tener este tipo de moneda y, en su caso, el motivo por el cual actualmente se pone a disposición del público a un valor superior del valor de cuño corriente.

Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos, pongo a consideración para su discusión y aprobación por esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Con relación a la moneda cuyas características quedaron establecidas en el artículo primero del decreto que aparece en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de diciembre de 2002 y que se refiere a diversas monedas conmemorativas de la unión de los estados de la República Mexicana en una Federación, se solicita al Gobernador del Banco de México, Lic. Guillermo Ortiz Martínez, informe a este Poder Legislativo la cantidad de moneda en mención acuñada, destino primario, valor primario, así como el valor que en bancos actualmente debe tener este tipo de moneda y, en su caso, el motivo por el cual actualmente se pone a disposición del público a un valor superior del valor de cuño corriente.

Debido a que el posible abuso al valor de la moneda autorizada se este dando por la especulación ilícita que se comete con ella, incluso con la especulación o comercialización de reproducciones no autorizadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, respetuosamente se solicita se consulte a la Asamblea si considera esta propuesta de punto de acuerdo de urgente ú obvia resolución para, en su caso, pasar a su inmediata discusión y votación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.

Diputados: Benito Chávez Montenegro, Enrique Burgos García, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, José Julio González Garza, Rafael Candelas Salinas, Martha Lucía Micher Camarena, Leonardo Álvarez Romo (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A FORTALECER LOS APOYOS DE PYME Y EMPRENDEDORES DE ESA LOCALIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal ingeniero Víctor Manuel Sánchez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, para exhortar al H. ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, estado de México, en materia de desarrollo y fomento económico, para fortalecer los apoyos de Pyme y emprendedores naucalpenses a través de un esquema de incubadora de negocios municipal, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. Para el Partido Acción Nacional, el sector empresarial es una estrategia prioritaria y decisiva para el crecimiento económico de nuestro país. Conscientes de esta realidad, a lo largo de nuestra historia hemos impulsado propuestas y mecanismos enfocados al desa-rrollo de las empresas, ya que estamos convencidos de que sólo con este impulso alcanzaremos más y mejores fuentes de empleo e incidiremos, al mismo tiempo, en incrementos tangibles de la calidad de vida.

Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional en diversas ocasiones hemos presentado nuestro apoyo y compromiso hacia el fortalecimiento de las Pyme y los emprendedores mexicanos, si bien es cierto que el Gobierno Federal ha implementado diferentes acciones en materia de apoyo a las Pyme y en particular a los emprendedores, consideramos que la unión de esfuerzos entre estados y municipios es fundamental.

Actualmente, algunas entidades federativas y organismos académicos cuentan con la operación de lo que se conoce como "incubadoras de empresas" o "incubadoras de negocios", las cuales se han convertido en un esquema viable para el apoyo de los emprendedores y consolidación de las Pyme.

2. En México, las pequeñas y medianas empresas representan 99 por ciento de la actividad empresarial, 7 de cada 10 empleos son generados por las Pyme, las cuales aportan cerca de 60 por ciento de la economía nacional.

3. En general, los mercados se han vuelto cada día más competitivos, lo que está obligando a los emprendedores y empresas de cualquier tamaño a prepararse mejor para ser más eficientes y eficaces y poder asegurar su supervivencia. Cabe mencionar que de las empresas que nacen cada año, sólo 12 por ciento sobrevive al segundo, y de éstas sólo 8 por ciento contaba con un plan de negocios desde su arranque.

Y si a eso añadimos algunos vicios y limitaciones que tiene el mercado mexicano, como la piratería, la economía informal y el ambulantaje, entre muchos otros, podremos deducir que los nuevos emprendedores tendrán que prepararse fuertemente para lograr el éxito en su empresa.

4. De lo anterior podemos presumir que hoy más que nunca se requerirán los apoyos que ofrece una incubadora de negocios a los emprendedores para salir exitosos en sus proyectos, además de que debemos contar con una mejora regulatoria en materia de trámites gubernamentales, a fin de poder contar con servicios ágiles y sencillos que fomenten la formalidad y el desa-rrollo de las nuevas empresas.

En el municipio de Naucalpan, el cual represento, y que según datos del INEGI cuenta con una población ocupada de trabajadores independientes de más de 57 mil personas, no se cuenta aun con una incubadora de negocios municipal que apoye su desarrollo y crecimiento. Por ello, el proponente de este punto de acuerdo hace un llamado respetuoso a las autoridades municipales para considerar la instalación de dicho esquema de acompañamiento para los emprendedores.

Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados en las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al H. ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, estado de México, a considerar de forma prioritaria el apoyo a los emprendedores y Pyme naucalpenses, pudiendo éste ser mediante la instalación de un sistema de incubadora de negocios municipal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Víctor Manuel Sánchez Hernández (rúbrica)
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS QUE SE ENLISTAN EN EL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ GARCÍA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Juan José García Ochoa, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- Como es del dominio público, después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el Gobierno norteamericano inició sendas guerras de agresión en contra de Afganistán y de Irak, las cuales, en los hechos, se han convertido en verdaderas ocupaciones militares de esos países y cuyas hostilidades no han finalizado.

2.- Dentro del marco de tales agresiones, el 3 de julio de 2002 el Presidente norteamericano George W. Bush, emitió una orden ejecutiva de "Naturalización Expedita", por medio de la cual todos aquellos extranjeros que se enlistaran en las fuerzas armadas norteamericana y estuvieran en combate, adquirirían, fast track o por vía rápida, la naturalización. Un año después de esa orden, 5 mil 300 extranjeros se habían enrolado en el ejercito norteamericano.

3.- De acuerdo con cifras oficiales del Pentágono, al inicio de la Guerra contra Irak los soldados de origen mexicano representaban un 3.9 por ciento de los militares en activo del ejército de EU, con un total de 54 mil 756 elementos.

4.- Las estadísticas muestran que los soldados de origen mexicano tienen la más alta representación en las ramas con más vulnerabilidad a bajas: Los infantes de marina (marines) y las tropas del ejército:

Un total de 13 mil 324 soldados están enrolados en el cuerpo de infantes de marina, lo que representa 7.8 por ciento de los 170 mil 762 infantes registrados por el Departamento de Defensa. De la misma forma, los soldados de origen mexicano son 3.6 por ciento de las tropas del ejército, con 17 mil 461 elementos.

En contraste, los soldados de origen mexicano tienen su menor representación en las ramas menos riesgosas. Apenas el 2.8 por ciento de los soldados de origen mexicano están adscritos a la Fuerza Aérea y 2.5 por ciento en la Marina.

5.- El fenómeno de la participación de mexicanos en el ejército norteamericano no es nuevo: en 1968 el doctor Ralph Guzmán publicó un estudio en el que se documentó que de 1961 a 1967 el 19.4 por ciento de las víctimas en combate en Vietnam eran soldados mexicano-estadounidense.

6.- En virtud de las invasiones lanzadas en contra de Afganistán e Irak, las fuerzas armadas norteamericanas iniciaron una feroz campaña de reclutamiento en toda la Unión Americana, pero especialmente entre las comunidades de origen hispano. Según un artículo publicado en Army Times en 2002, los hispanics constituían el 22 por ciento del "mercado" de reclutamiento militar, lo que representa el doble de su presencia en la sociedad.

7.- La oferta de los reclutadores de ejercito norteamericano entre la población hispana y, especialmente entre los mexicanos, es hasta cierto punto simple: si se enrolan en el ejército y son enviados a combate en Afganistán o Irak, podrían obtener rápidamente la naturalización estadounidense, sus familias también se verían beneficiadas con la naturalización, tendrían un ingreso fijo y relativamente alto en comparación con el salario estándar que tienen esas comunidades (gozando de alojamiento, alimentación, ropa gratuitamente y descuentos en casi todos los bienes de consumo) y, finalmente, el ofrecimiento de hacer una carrera militar y/o ingresar a alguna universidad. Esas son las bases de la llamada "conscripción económica" entre las capas más pobres de la sociedad norteamericana.

8.- Para los mexicanos "ilegales" o para aquellos que quieren una vía rápida a la ciudadanía, la vida militar tiene una fuerte atracción. Como México brinda la arena de reclutamiento más cercana y lógica, los "ilegales" mexicanos superan numéricamente a todos los demás latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Según un estudio publicado por John Ross, en la revista Counterpunch, el 21 de febrero de 2005, unos 8000 mexicanos son ahora voluntarios del servicio militar oficial.

9.- Como era de esperase, los resultados de todos estos datos han sido contundentes:

La fracción II del inciso C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece que la Ciudadanía Mexicana se pierde por "prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin el permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente". Luego entonces esos connacionales han perdido su calidad de ciudadanos mexicanos.

11.- Toda esta problemática obliga al Estado mexicano a generar mecanismos de información hacia la población mexicana que vive en Estados Unidos para que los oriente y explique los alcances jurídicos que conlleva la decisión de alistarse en el ejercito norteamericano y sus consecuencias en todos lo ámbitos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Ejecutivo federal, especialmente a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que, a través de nuestros Consulados, se instrumente un programa de orientación hacia los mexicanos residentes en los Estados Unidos sobre los alcances jurídicos y las consecuencias que conlleva la decisión de alistarse en el ejercito de ese país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días de marzo de 2006.

Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GRUPO DE TRABAJO QUE DA SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA SOBERANÍA QUE DÉ SEGUIMIENTO AL ESTUDIO Y LA DEFENSA EN EL CASO DE LA EDITORIAL PLAZA Y VALDÉS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Considerandos

Así como los delitos de calumnia y difamación de carácter penal, que preservan indiscutibles derechos al honor y al buen nombre de toda persona; han sido desvirtuados para acosar y reprimir la libertad de expresión y crítica de los periodistas y medios de información; así también, los novedosos ordenamientos punitivos que en el mundo y en el país, han sido extremados para atacar el robo de los derechos de autor y propiedad intelectual, en determinados momentos y circunstancias, están siendo utilizados para perseguir, intimidar y quebrar financieramente a los editores y empresas editoriales que puedan afectar intereses políticos o simplemente no satisfacer las desmedidas expectativas de altas ganancias de algún autor que traslada a la editorial sus frustraciones.

En este tipo de perversiones judiciales en contra de los editores, se encuentra el caso de Fernando Valdés, de la editorial Plaza y Valdés, que constituye un verdadero baluarte de independencia y libertad al haber auspiciado la publicación de obras de gran valor en el conocimiento social, político y económico de nuestra realidad nacional y que dentro del amplio elenco de autores se encuentra uno del área didáctica que por décadas mantuvo con él una relación comercial e incluso de amistad. Pero que, a su muerte, se producen problemas con su sucesión. El hecho en sí, relativamente común, no sería excepcional sino es porque la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en particular, en colusión con los familiares del fallecido autor convierten, un asunto de carácter civil (como lo es la diferencia en el monto de los adeudos y la procedencia o no de la terminación de un contrato), en un asunto de carácter penal llegando al extremo de configurar falsamente, el delito de piratería o de robo de derechos de autor para poder allanar las instalaciones de la editorial, con un operativo espectacular de fuerzas armadas y sin entregar la orden del cateo a través de un Ministerio Público que se negó a presentar la notificación y así incautar las obras impresas en el tiempo de la vigencia del contrato y proceder a aprehender y a encarcelar al editor Fernando Valdés, a través de un juez de consigna como lo es Jorge César Flores Rodríguez (juez segundo de Distrito en Materia Penal del reclusorio Norte, Causa Penal 98/2002) que también sentenció sin pruebas a los inmigrados de origen vasco radicados en México con sus familias) consiguiendo mediante fórmulas dilatorias en el desahogo del procedimiento, tener el editor más de siete meses en la cárcel para que ceda a las exorbitantes pretensiones económicas de sus acusadores la familia Rincón Ávila.

La fracción I del artículo 424 Bis que tipifica el delito en materia de derechos de autor señala que lo comete quien... I.- Produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, viedeogramas o libros, protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos...

Es evidente que las diferencias que puedan existir respecto a un contrato de edición de una obra con derechos restringidos o incluso cediendo los derechos mismos, como fue el caso del autor original con la editorial Plaza y Valdés, no puede constituir un delito, simplemente porque los elementos del tipo penal como son la reproducción, el dolo y la falta de autorización no se dan en la conducta del indiciado por lo que es imposible la configuración del cuerpo del delito que exige la garantía constitucional del artículo 19 del máximo ordenamiento. Pudiera ser como lo es, un conflicto civil que en tal vía debe dirimirse.

Como el editor Fernando Valdés se encuentra privado de su libertad personal y tal condición ataca derechos fundamentales de personas dedicadas a la actividad editorial contributiva de la elevación cultural de la sociedad y de la libre expresión de ideas y de pensamiento; se hace necesario que el grupo de trabajo constituido en esta Cámara de Diputados para defender a los periodistas y a los medios, de las agresiones y ataques de los que han sido víctimas en los últimos tiempos, incluya en su objeto la defensa de editores como Fernando Valdés y de todo el gremio que es susceptible de ser sometido a un fraude procesal trasladando, al ramo penal, lo que en todo caso pueda ser civil o administrativo.

En tal situación y por el compromiso adquirido en la mesa redonda celebrada en Palacio de Minería, durante la XXVII Feria Internacional del Libro, donde, a partir de las exposiciones de José María Espinosa (Asociación de Editores Independientes), Jaime Labastida (director general de Editorial Siglo XXI) representado por José María Castro, María Teresa Romero González (directora de la Agencia Nacional de Propiedad Intelectual, arbitro y perito en derechos de autor), Humberto Mussachio (periodista y escritor ), y John Auping ( autor de la editorial y profesor de la Universidad Iberoamericana), con la presencia además de autores académicos, libreros, bibliotecarios y representantes de la industria editorial, fui requerido como diputado federal para presentar ante esta H. Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.- Se pida al Grupo de Trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación creado por esta Cámara, atraiga para su estudio y defensa el caso del editor Fernando Valdés, recluido injustamente en el reclusorio Norte del Distrito Federal, por la iniquidad de sus acusadores y del juez segundo de distrito en materia penal Jorge César Flores Rodríguez que, siendo evidente la irresponsabilidad penal del procesado, lo tiene sometido a la privación de su libertad personal.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de dos mil seis.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PROPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

En el mes de septiembre de 2004 esta Cámara tomó una decisión trascendente para actualizar su trabajo con la creación de la Comisión de la Función Pública. Por decreto publicado el 23 de enero pasado adquirió carácter de Comisión ordinaria.

En estos días, el Congreso de la Unión y, en particular, la Cámara de diputados, fortalece tanto la función legislativa como las de representación, gestión social, fiscalización y control de la gestión pública.

Esta situación avizora avances en el combate a corrupción y en crear una mística de servicio, calidad, eficiencia y orientación al ciudadano de los órganos y las personas que conforman la administración pública. Acciones que impactan el desarrollo social, el crecimiento económico, la integración global y la legitimidad de las instituciones públicas.

El desarrollo de la función pública forma parte de un proceso laborioso de reforma del Estado. Para contar con un servicio profesional de carrera. Para establecer acciones y programas contra la corrupción. Para transparentar las adquisiciones, los arrendamientos y la obra pública gubernamental. Que perfeccione los sistemas procesales de lo contencioso-administrativo. Que establezca sistemas de indicadores de desempeño y metas cuantificables para lograr un gobierno verdaderamente profesional, más allá del patrimonialismo, la prebenda y la discrecionalidad. Que produzca resultados verificables tanto por la sociedad como, en su representación, por nuestra Cámara.

Nuestra proposición consiste en el establecimiento de un órgano de apoyo para la Cámara, en la forma de un Centro de Estudios de la Función Pública. Pretendemos que el concepto de la función de control y fiscalización pase de ser un buen propósito, a una realidad metodológica y práctica. Que integre bases de datos, defina indicadores de desempeño, elabore estudios y propuestas de políticas públicas para la profesionalización, transparencia, mejora regulatoria, eficiencia y calidad del servicio público.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.-

Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROFEPA, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-083-SEMARNAT-2003 EN EL RELLENO SANITARIO WASTE CO. MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL LEONEL PAREDES VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Raúl Leonel Paredes Vega, diputado federa a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en virtud de las siguientes

Consideraciones

1. El crecimiento desordenado y la indebida planeación urbana de la mayoría de las ciudades en la República Mexicana, provoca graves problemas ambientales y sociales, que generan diversos desequilibrios en la salud de los seres humanos que habitan dentro de estas concentraciones.

2. La conservación del planeta es imprescindible para la generación y cuidado de la vida, y sin duda alguna requiere de acciones urgentes por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, que contribuyan a la preservación del ecosistema y al goce efectivo de los derechos humanos.

3. El 7 de febrero de 2003, la Secretaría de Ecología del estado de México, por medio de la Dirección de General de Normatividad, por razón del oficio 21203/RESOL/065/03 otorgó a la empresa Waste Co. México, autorización de manera condicionada para la construcción y operación del proyecto denominado "Relleno Sanitario Waste Tecámac", a 12 meses y prorrogable a juicio de esta Secretaría.

4. Dicho establecimiento irrumpe la normatividad vigente NOM-083-SEMARNAT-2003, disposición que establece las especificaciones de selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales y de manejo especial, sin embargo, el relleno sanitario se ubica a escasos centímetros de pozos de agua potable, zonas habitacionales y escuelas.

5. La escasa supervisión y control por parte de las instancias correspondientes, genera y generará daños irreversibles a la salud pública y al ecosistema.

6. El impacto ambiental de un relleno sanitario, se produce por una sustancia denominada lixiviado, contaminante que se forma por la reacción conjunta de agua u otra sustancia liquida con los residuos sólidos, producto de la descomposición anaeróbica y es la principal fuente de contaminante del acuífero, subsuelo, el biogás y el aire.

7. Existen disposiciones de organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Saludo (OMS), que establecen que "no debería construirse ni establecerse ninguna fuente de contaminación, tal como un relleno sanitario, en un radio de 1000 metros a la redonda de una escuela. Pues los niños están predispuestos a diversas enfermedades a causa de los elevados niveles de substancias que respiran al estudiar y jugar cerca de basureros o rellenos sanitarios, está comprobado que el medio ambiente es un factor determinante en la salud infantil y desarrollo integral de toda la población.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el gobierno del estado de México y el municipio de Tecámac, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial NOM-083-SEMARNAT-2003, en el relleno sanitario Waste Co. México y, en caso contrario, tomar las medidas correctivas y legales que procedan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Raúl Paredes Vega (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR ESA INSTITUCIÓN, EN EL ÁMBITO DE SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, RESPECTO A LA INTROMISIÓN DE EXTRANJEROS EN ASUNTOS POLÍTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL FLORES MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante esta soberanía a presentar Punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 21 de febrero del año en curso y en el marco de un foro organizado por el Partido Acción Nacional el señor José María Aznar, en plena actitud injerencista lanzó un pronunciamiento político pretendiendo orientar el sentido del voto de los mexicanos en la elección presidencial solicitando de manera expresa y directa sufragar a favor del candidato de Acción Nacional.

Es importante señalar que el acto proselitista que realizó el señor Aznar se suscitó precisamente en el edificio sede del PAN y en presencia del presidente de su Comité Ejecutivo Nacional; así como de otros militantes políticos que dieron la bienvenida a personajes de nacionalidad extranjera dedicados a la política como Pablo Arias, asesor de Aznar; el diputado Jorge Moraga, del Partido Popular de España; Miguel Ángel Cortés, diputado y portavoz adjunto del Congreso, evidenciando la naturaleza política de dicho evento, máxime que se trata del año electoral en que se renuevan los Poderes de la Unión.

Algunos medios electrónicos retomaron y difundieron la imagen de un ciudadano extranjero haciendo uso de un podium con el emblema oficial del Partido Acción Nacional, que pedía a los mexicanos votar a favor del PAN y de su candidato, Felipe Calderón Hinojosa. Hecho que por su propia difusión se volvió del dominio público y en consecuencia, evidencia inobjetable de una actitud intervencionista auspiciada por un partido político nacional.

A mayor abundamiento, sin ninguna moderación en la página web del PAN, dirección electrónica reconocida como sitio oficial de ese instituto político, aparece íntegro el discurso político proselitista e injerencista de don José María Aznar.

Ante estos hechos la autoridad electoral en los términos del artículo 267 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene la obligación de actuar en consecuencia al momento de conocer de actos de los extranjeros que por cualquier forma pretendan inmiscuirse o se inmiscuyan en asuntos políticos, para tomar las medidas conducentes. En el caso de que los extranjeros ya se encuentren fuera del territorio nacional, procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que hubiere lugar.

Por lo tanto y con independencia de las sanciones que pudieran resultar y bajo las reservas para ejercitar otro tipo de acciones legales, inicialmente es urgente que el Instituto Federal Electoral informe a esta soberanía ¿qué acciones ha instrumentado el Instituto Federal Electoral al respecto? y ¿qué resultados ha obtenido?

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Formúlese solicitud al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral para que informe a esta soberanía de las acciones emprendidas por ese Instituto en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y legales, en relación con los recientes hechos de intromisión de extranjeros en asuntos políticos, que fueron realizados en el edificio sede del Partido Acción Nacional el día 21 de febrero de 2006.

Dip. Rafael Flores Mendoza (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA STPS REGULE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS GASOLINERAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la LIX Legislatura del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría del Trabajo regule, de manera inmediata, la situación laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en las gasolineras del país, con base en las siguientes

Consideraciones

Hoy, los mexicanos nos sentimos consternados por la irreparable pérdida de 65 mineros en Sabinas, Coahuila.

Lamentable suceso que ha puesto al descubierto la inhumana condición laboral en que desempeñan sus quehaceres este núcleo de trabajadores.

Sujetos a un miserable sueldo, estos mexicanos tuvieron que morir para que sus familias puedan aspirar a mejorar sus condiciones de vida, con la indemnización que habrán de recibir de la empresa y el compromiso de ésta de apoyar la educación de sus hijos hasta culminar el nivel profesional, beneficios que en vida nunca podrían haber alcanzado los trabajadores fallecidos.

Pero estos trágicos acontecimientos podrían haberse evitado si las autoridades de la Secretaría del Trabajo cumplieran oportunamente con sus funciones.

Lo sucedido debe orientar también nuestro interés hacía otro grupo de mexicanos que por centenares despachan gasolina en los expendios asentados en el territorio del país, los cuales, en su mayoría, ni siquiera reciben el salario mínimo, y mucho menos están sujetos a algún tipo de seguridad social, puesto que su salario diario son las propinas que reciben de los conductores.

Ya sabemos que los propietarios de las gasolineras no sólo engañan a los consumidores vendiéndoles litros que no son litros, sino que también en muchos de estos expendios se obliga a los despachadores del fluido a vender una cantidad determinada de lubricantes, y si no cumplen con ello, tienen la obligación de aportar de sus escasas propinas una cantidad fija diaria al patrón para continuar laborando en la empresa.

Yo me pregunto, compañeras y compañeros legisladores, tendrá la Secretaría del Trabajo que esperar una catástrofe para orientar su mirada hacia estos trabajadores que laboran en condiciones tan injustas como las que aquí he descrito, para cumplir con su trabajo.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- que la Secretaría del Trabajo revise, de manera inmediata, la situación laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en las gasolineras del país y, en su caso, se regule conforme a la ley su situación laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de marzo de 2006.

Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A ENTREGAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2005, QUE NO HAN SIDO EJERCIDOS, A INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevarez, presento a esta H. Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución:

Exposición de Motivos

Vengo a esta tribuna a exigir al Ejecutivo federal cumpla con los plazos que se fijaron para ejercer el Presupuesto de Egresos 2005 y 2006, principalmente en la infraestructura carretera, que se aprobó en esta Cámara de Diputados.

El sello que ha distinguido a este Gobierno, que llego para desgracia de México a partir del año 2000, es el retener el Presupuesto que esta Soberanía le ha aprobado año con año, y que le ha servido para afirmar en sus informes, inclusive en el 5º Informe del 2005 año de la controversia, como un logro de él, siendo esto falso.

Según el Dr. Ortiz, en su presentación en el Senado de la República del 11 de octubre del 2005, las Adefas en 2003 significaron el 0.23 por ciento del PIB, y en 2004 significaron el 0.37 por ciento. De ahí, que en el PEF 2005, esta Soberanía le redujo significativamente el presupuesto para este reglón en cerca de 7 mil millones.

Esto significa que venia aumentando el pago de los Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (Adefas) cada año.

En el informe sobre el estado de la economía en México, del cuarto trimestre, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se informa que en el presupuesto ampliado 2005 por esta Cámara, los Adefas aprobados fueron 2,285.4 millones de pesos, agregando que en construcción y conservación de carreteras, hubo un subejercicio de 2,720.7 millones; lo que confirma que se esconde el presupuesto con otros fines de los que originalmente se definieron.

Pero lo mas grave es que en los tramos carreteros aprobados solo se han ejercido, en base al mismo informe, solo casi el 60 por ciento del presupuesto asignado para ese ramo.

Por esto es que, se debe exigir al Ejecutivo federal se libere de inmediato el presupuesto subejercido en 2005, que de acuerdo al mismo se estableció que se fueran a gasto en infraestructura, y se libere de inmediato el presupuesto carretero.

Por lo anterior escrito, presento a esta H. soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la entrega inmediata del total de los recursos asignados a las entidades federativas para infraestructura, así como los del Ramo 09 para construcción y modernización de carreteras, no ejercidos del Presupuesto 2005 en las ampliaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados.

Siendo en el Palacio de San Lázaro, a los 7 días del mes de marzo de 2006.

Dip. Pedro Ávila Nevarez (rúbrica)
 
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE FISCALICE LOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 EJERCIDOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE GUERRERO EN 2004 Y 2005, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la Cámara Diputados una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Por el derecho que me corresponde de hablar por Guerrero, el estado del sur, rico en patria, en naturaleza, en historia, ahí donde surgen los sentimientos de la nación, donde la pobreza duele más, los ciudadanos demandan conocer la verdad, en qué se aplicaron los recursos de la Federación dados a nuestro estado en el año del 2004 y 2005.

El presente punto de acuerdo es para requerir a la Auditoría Superior de la Federación, a su titular, el CP Arturo González de Aragón, audite en Guerrero el ejercicio fiscal del año próximo pasado, determine el denominado Ramo 33, correspondiente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se requiere revisión urgente puntual y transparente en los rubros de Educación, Salud e Infraestructura Social.

Esta Auditoria tendrá por objeto fiscalizar, verificar la distribución, administración, ejercicio y destino de los recursos federales asignados al estado para los ejercicios fiscales 2004 y 2005, pues es necesario que los recurso federales que ejercieron el gobiernos estatal y los municipios sean fiscalizados estrictamente; el 20 de enero del actual, se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social, que establece que los gobiernos de la entidades federativas instituirán un sistema de planeación del desarrollo social, formularán, aprobarán y aplicarán los programas de éste, en los términos de la Ley Planeación, y de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilará que los recursos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad, por ello es deber y facultad de la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus facultes realice la inspección y vigilancia de los recursos federales ejercidos en Guerrero.

Por todo esto y lo que resulte es urgente que se realice una auditoría integral en Guerrero, por lo que corresponde al ejercicio fiscal del año próximo pasado 2004 y del 2005, lo que determine el denominado Ramo General 33, correspondiente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en términos de lo que establece la ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicite la fiscalización de los recursos federales correspondiente a los fondos del Ramo 33, relativos a educación, salud e infraestructura social, ejercidos por los municipio de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ajuchitlán del Progreso y Tecoanapa, durante el ejercicio del 2004 y 2005.

Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MEXICANA DE CANANEA, SA DE CV, RECIBAN EL PAGO QUE LES ADEUDA SOUTHERN PERU COPPER CORP., QUE ACTÚA COMO PATRÓN SUSTITUTO, Y QUE ESTA SOBERANÍA CREE UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR, CON LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, EN LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado Abdallán Guzmán Cruz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta a diversas autoridades con el objeto de que los trabajadores de la Empresa Mexicana de Cananea, SA de CV (y Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto) reciban el pago de $181 millones de dólares que les adeudan dicha empresa y el patrón sustituto, asimismo para que se constituya una Comisión Especial para que le dé seguimiento al debido cumplimiento del pago accionario a favor de los trabajadores de la fallida Compañía Minera de Cananea, SA de CV y para que también investigue la explosión en la mina carbonífera Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila.

Consideraciones

La huelga de los mineros de Cananea, Sonora, la que estalló el 1 de junio de 1906 es un hecho histórico emblemático, entre muchos otros, en la larga lucha de los trabajadores mexicanos por alcanzar condiciones de vida y laborales justas y dignas. Es doloroso aceptar que hoy en México, a casi un siglo de esa acción, prevalecen circunstancias de sobreexplotación y marginación semejantes a las que causaron las protestas heroicas de los trabajadores mexicanos a principios del siglo pasado.

En este sentido, baste hacer referencia a la tragedia que en este momento se está viviendo en la mina Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila, y que al igual que la mina de Cananea pertenece a Industrial Minera México, comúnmente llamado "Grupo México"; terrible explosión que según la denuncia de trabajadores y familiares pudo ser evitada.

Conviene recordar que la LVII Legislatura del estado de Sonora declaró el 2006 como Año de los Mártires de Cananea.

Bien, alrededor de 3,500 trabajadores miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana de la Sección 65 prestaron sus servicios a la entonces denominada Compañía Minera de Cananea, SA de CV durante más de 20 años; en el transcurso de ese tiempo, ante sus problemas económicos esta empresa se redimensionó en una empresa estatal mayoritaria es decir, en paraestatal (obviamente de carácter federal).

Posteriormente, habiendo caído la empresa nuevamente en supuestos problemas económicos que la llevaron hasta una inducida quiebra técnica; por medio de licitación pública ordenada por el Juez Primero de lo concursal con sede en el Distrito Federal, se adjudicó la Compañía Minera de Cananea, SA de CV, a Mexicana de Cananea, SA de CV, y se dio la sustitución patronal a partir del 24 de agosto de 1990.

Dentro de la puja del procedimiento de licitación ordenado por el referido juez de lo concursal, la adjudicataria Mexicana de Cananea SA de CV, ofreció y se comprometió a pagar "5 por ciento del capital accionario a favor de los trabajadores de la fallida, (Compañía Minera de Cananea, SA de CV) representativa del capital social del nuevo patrón y con la aprobación en el ámbito de las facultades y atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (entonces LIV Legislatura), correspondiente a la Legislatura Federal" lo cual asciende en la actualidad a la cantidad de $181 millones de dólares (monto que incluye el adeudo inicial, los intereses legales más otros accesorios como el daño patrimonial a los trabajadores).

Sin embargo, ya han transcurrido 17 años y la empresa Mexicana Cananea, SA de CV se ha negado a pagar los referidos 181 millones de dólares a que está obligada a pesar de haber ejercido los trabajadores acciones laborales, civiles, penales, mercantiles, entre otras.

Incluso se emplazó a huelga por violación al contrato colectivo, y en un acuerdo del 22 de noviembre de 2004, la empresa manifestó interés por realizar el pago referido en el mes de enero del 2005. Sin embargo, los trabajadores con interés jurídico jamás han recibido tal pago conforme a derecho.

Dentro de la sentencia dictada en el juicio concursal en cita, la adjudicataria Mexicana de Cananea, SA de CV quedó obligada a ejecutar programas de cooperación con la ciudad de Cananea y otras aledañas, así como de mejoramiento ecológico de la mina y del medio ambiente en general, entre otros. Todo lo cual igualmente se ha incumplido: Así, de los 72 pozos de agua que existen en la ciudad de Cananea, la adjudicataria utiliza 63; además de que ha provocado una verdadera catástrofe ecológica al contaminar con arsénico, plomo, zinc, cobre, fósforo, hasta sumar doce metales pesados, el agua, el aire y la tierra provocando que los habitantes de Cananea, especialmente niños y mujeres, padezcan diversos cánceres. Baste señalar que esta ciudad tiene la más tasa más alta de cáncer de mama a nivel nacional. También han ocurrido muchos nacimientos de niños anencefálicos. Por ejemplo, sólo en 1999 se reportaron 40 casos de niños en esta situación.

Asimismo, señalamos que los trabajadores tienen interpuestas contra Mexicana de Cananea, SA de CV más de dos mil demandas laborales ante la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en las que reclaman su reinstalación, indemnizaciones por riesgos de trabajo, nivelaciones de salarios, entre otras acciones legales, siendo que tales procesos se han prolongado durante más de 17 años sin que se llegue a una solución justa, lo que violenta la garantía constitucional que establece el derecho a una justicia pronta y expedita.

Conforme a diversas fuentes de información, en el mes de marzo pasado, el Grupo México vendió 99.15 por ciento del capital accionario de Mexicana de Cananea, SA de CV a la trasnacional Southern Peru Copper Corp., regresando así a manos del capital norteamericano. Es decir, la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV no contenta con despojar a los trabajadores ahora despoja a la nación, pues nunca se le concesionó la explotación de un mineral tan importante para la seguridad y la soberanía nacionales como es el cobre, para que lo regresara al capital extranjero.

Complementariamente señalo que la Legislatura del estado de Sonora, en el mes de marzo del 2005, se solidarizó con la lucha de los trabajadores tanto para efectos del pago del porcentaje accionario que en justicia le corresponden y para que se tomen las medidas necesarias en materia ecológica y de salud en el municipio de Cananea. Destaco también que a la fecha están luchando unidos, por motivos similares, mas de 10 mil trabajadores de la sección 65 de Cananea -incluidos los médicos y demás personal del hospital El Ronquillo- así como de las secciones 207 y 290 todas pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Con base en lo expuesto propongo a esta Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz y al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, con el objeto de que, con base en la sentencia dictada por el Juez Primero de lo concursal, hoy 63 de lo civil, sito en el Distrito Federal en el expediente 48/89 y, en el convenio laboral del 22 de noviembre de 2004, en los que la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV (y la empresa Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto), queda obligada a realizar el pago de los $181 millones de dólares a los trabajadores que en el momento de la adjudicación estaban en activo, se proceda a dar inmediata ejecución a los mismos que tienen el carácter de sentencia y laudo ejecutoriados, respectivamente, y de cosa juzgada.

Segundo. Asimismo se exhorte a los mismos funcionarios señalados en el punto anterior para que se resuelvan en una misma cuerda y en una misma sentencia congruente los más de 2,000 juicios laborales que han sido interpuestos por los trabajadores en contra de la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV (y Southern Peru Copper Corp., empresa que actúa como patrón sustituto) ante la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con la única finalidad de evitar el pago, por lo que deberá de dictarse laudos constitucionales y en apego a los principios de justicia social que dan sustento al derecho laboral en nuestro país.

Tercero. Igualmente se exhorte a los mismos funcionarios, con el objeto de que se ejecute la sentencia dictada por el Juez Primero de lo concursal, hoy 63 de lo civil, sito en el Distrito Federal, en el expediente 48/89, en lo relativo al cumplimiento de los programas y proyectos sociales y ecológicos también a cargo de Mexicana de Cananea, SA de CV (y de la empresa Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto) y en favor de los trabajadores y sus familias que radican en Cananea y en ciudades circunvecinas.

Cuarto. Se exhorte al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Luis Luege Tamargo, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, con el fin de que se rescate a Cananea y ciudades aledañas de la catástrofe ecológica de que son víctimas a consecuencia del incumplimiento y de la ilegal e irresponsable conducta de Mexicana de Cananea, SA de CV (y de la empresa Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto) imponiéndose las sanciones y ejerciéndose las acciones penales que procedan.

Quinto. Se cree una Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura para que se encargue de coadyuvar junto con las instancias gubernamentales correspondientes y den seguimiento al pago de 5 por ciento del capital accionario de la fallida Compañía Minera de Cananea, SA de CV, porcentaje equivalente, en la actualidad, a 181 millones de dólares y, en general al cumplimiento de las demás obligaciones ya precisadas, a cargo de la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV y Southern Peru Copper Corp., o de quien actúe como patrón sustituto y, a favor únicamente de los trabajadores que estaban en activo al momento de la adjudicación de la fallida o de sus beneficiarios.

Igualmente para que se encargue de coadyuvar en la investigación, de manera conjunta con las instancias gubernamentales correspondientes, de la explosión, sus consecuencias y responsabilidades, acaecida el pasado 19 de febrero en la mina carbonífera "Pasta de Conchos" sita en el municipio de San Juan de Sabinas del estado de Coahuila, las condiciones de seguridad e higiene y laborales que existen en este centro de trabajo, así como del respeto a los derechos de los trabajadores víctimas de esta explosión y de sus familiares, y, demás cuestiones necesarias para cumplir con su objetivo.

Sexto. El objeto de esta Comisión Especial será el que deriva de su denominación.

Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Séptimo. Esta Comisión estará integrada por 13 diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.

En su integración se dará preferencia a los legisladores provenientes de la entidad federativa afectada.

La Comisión Especial, materia del presente acuerdo, funcionará hasta que los trabajadores que estaban en activo al momento de la adjudicación de la fallida o sus beneficiarios, reciban el pago íntegro de la parte proporcional del monto accionario precisado en el primer párrafo del punto primero.

El acuerdo por el que se cree esta comisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, NO AUTORICEN LA BURSATILIZACIÓN DE 85 POR CIENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL GOBIERNO FEDERAL PRETENDIDA POR GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Con fecha 29 de octubre de 2003, 25 de mayo de 2005, y todavía este último 4 de enero de 2006 se presentaron, ante esta representación, distintas propuestas con punto de acuerdo para que, el riesgo existente con la bursatilización del Grupo Aeroportuario del Pacífico que, hasta ahora es del Gobierno Federal a través de Nacional Financiera, pase a ser propiedad, en su mayor parte, de las empresas españolas Unión Fenosa y Dragados de España, quienes adquirirían así, no sólo la confirmación del 15% de las acciones de control que ahora detentan, sino la parte mayoritaria para evitar cualquier contrapeso al dominio de doce aeropuertos mexicanos en el área del Pacífico, dónde se encuentran centrales aeroportuarias de la importancia de Guadalajara y Tijuana.

La referida operación bursátil supondría también una burla a la Ley de Aeropuertos, donde se prescribe que el capital extranjero no puede rebasar el 49%. Tal posibilidad se puede materializar mediante la adquisición de acciones en el mercado por parte del grupo español a través de prestanombres con objeto de lograr la mayoría necesaria que, por tanto tiempo, han buscado.

Sobra decir que la concesión de los doce aeropuertos de la zona del Pacífico, otorgada al Grupo Aeroportuario del Pacífico, significa prácticamente la cesión a título gratuito de las instalaciones de los aeródromos y todos los servicios conexos (que constituyen activos estratégicos del patrimonio nacional), por un plazo de cincuenta años, prorrogables a otros cincuenta más, con lo que México perdería la capacidad de control sobre uno de sus principales activos.

Nadie desconoce que detrás de estas inversiones españolas en México está el ex presidente José María Aznar, quien pasa gran parte de su tiempo en el país; guarda una estrecha amistad con el Presidente Fox y su esposa, al grado de haber sido huésped de éstos el mismo día de su matrimonio y no ocultar su presencia entre hombres de negocios cercanos a la pareja presidencial, a través de los que ha pedido dirigir el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Tal bursatilización debe detenerse no sólo porque están pendientes las auditorias que esta Cámara de Diputados ha solicitado de la Auditoría Superior de la Federación, sino también porque los comerciantes mexicanos instalados en los corredores del aeropuerto han sido víctimas de los dueños españoles que los han desalojado arbitrariamente para traer nuevas franquicias internacionales e ibéricas; interpusieron el pasado 22 de julio de 2005 ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un recurso de revocación administrativa de las concesiones aeroportuarias y la Secretaría eludió entrar al fondo en la expedición del informe justificado por lo que se tuvo que interponer un amparo en revisión, que todavía está pendiente de resolución.

Es obvio que, como ha ocurrido en otros sexenios, se aprovecha el final de éstos para que, con el ruido de los temas electorales, se deslicen silenciosamente y, al margen de la ley, las maniobras de despojo del patrimonio nacional a favor de grupos de inversionistas que regresarán el favor del apoyo al Presidente, una vez que éste concluya su periodo. Es el caso trágico de lo que pasó con la red ferroviaria que Ernesto Zedillo privatizó y que después pasó a manos de Kansas City Southern y de otros bienes de la nación que se han perdido para siempre.

Por lo anterior, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes (entre otras razones por la interposición del recurso de rescisión administrativa promovido, aunado a los negativos antecedentes citados en el presente punto de acuerdo) y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras no deben autorizar la bursatilización del 85% de la participación accionaria que detenta el Gobierno Federal, la que evidentemente será adquirida por AENA y sus filiales Unión Fenosa y Dragados de España, significando un mayor perjuicio al ya ocasionado para el patrimonio de los mexicanos y la soberanía nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTAURE EL 20 DE ENERO COMO DÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO LIBRE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ROMERO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Jorge Romero Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el articulo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal a que a través de la Secretaria de Gobernación, se instaure el día 20 de enero como el Día Nacional del Municipio Libre, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

El calendario cívico de los Estados Unidos Mexicanos es un claro reflejo del ideario político, social y cultural que conforma nuestra actual Nación, además, de ser testigo del rumbo y la evolución que ha tenido nuestro país y por supuesto del rumbo que habremos de seguir en el futuro como pueblo y como Nación.

Existen antecedentes históricos que afirman que el día 20 de enero de 1917 en el seno del Congreso Constituyente Mexicano se dio lectura por vez primera al dictamen del articulo 115 constitucional, el cual otorgó como sabemos la base jurídica que desde entonces ha servido al Municipio en su desarrollo político, social, cultural y administrativo desde entonces hasta nuestros días.

El municipio, por sus antecedentes históricos y por su concepción jurídica y política está, gracias al artículo 115 antes mencionado, consagrado en la Carta Magna dado que es una forma de gobierno democrática, plural y participativa; igualmente el municipio cuenta con facultades, atribuciones y responsabilidades cuyos objetivos primordiales son el fortalecimiento de la relación directa que existe entre gobernante y gobernados, lo anterior, con base en resultados positivos del ejercicio de gobierno y de la identificación de intereses comunes esto a través de las instituciones gubernamentales.

El establecimiento de un día nacional que reconozca la figura del Municipio Libre en México, es la respuesta inaplazable a una demanda social latente, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 39 establece que "la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo", con lo cual evidentemente se genera la participación ciudadana, así como del propio quehacer municipal a través de figuras como la iniciativa popular y el referéndum.

Es innegable que el municipio en México se ha consolidado con el paso de los años como una institución jurídica, política y social que ha permitido la organización de las comunidades a través de la gestión autónoma de sus intereses primarios encabezando tales esfuerzos el ayuntamiento, base de la organización política del Estado mexicano; es importante no dejar de resaltar que dicha institución ha tenido tal crecimiento gracias a las reformas que se han hecho desde los Poderes Legislativos de los estados, así como del propio Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Es un deber cívico imperativo el enaltecer la institución del Municipio Libre reconociéndola como tal, dada su conformación, su personalidad jurídica, su estructura administrativa y su régimen de gobierno; por lo que resulta pertinente instituir una fecha exprofesa para ello y que permita encumbrar el Municipio Libre en México a fin de fortalecer la cultura federalista como un símbolo de nuestra unidad nacional.

A pesar de los argumentos aquí expuestos, resulta ser el de más peso y contundencia el siguiente, que afirma que el municipio mexicano es la institución gubernamental mas importante de la estructura que gobierna al Estado mexicano, lo anterior dado que es precisamente la institución más próxima a la población, lo que le permite escuchar las demandas sociales más básicas y de primera mano, con lo cual el municipio tiene la enorme posibilidad de darles cause y satisfacerlas para cumplir con el fin primigenio de todo el aparato estatal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el articulo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el articulo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal a que a través de la Secretaria de Gobernación, se instaure el día 20 de enero como el Día Nacional del Municipio Libre, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se proclama el día 20 de enero como el Día Nacional del Municipio Libre en los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Jorge Romero Romero (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS A ABSTENERSE DE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS CAMPAÑAS DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

1.- En el contexto de las campañas políticas de nuestro país, es común ver que las Ejecutivos locales empleen recursos no sólo económicos sino humanos y materiales en pro de un candidato, esto se ve reflejado en las giras de trabajo que realizan los candidatos al interior del país, con ello los recursos del Estado son empleados de manera incorrecta para lo que han sido destinados.

Cualquier recurso público que se emplee de las entidades federativas deberá ser considerado dentro del gasto de campañas, sin embargo, hasta la fecha aún no se ha contemplado los recursos humanos ni materiales que provienen de la propia nómina de los gobiernos estatales.

2.- En fechas pasadas dentro de la Comisión Permanente presenté una proposición con punto de acuerdo a efecto que este ordenamiento legislativo federal exhortara al órgano de fiscalización superior del estado de Puebla, para determinar el grado de participación con recursos públicos del municipio de Puebla y del gobierno del mismo estado, hacia un foro denominado La reforma política municipal, teniendo como sede el ayuntamiento de Puebla.

Dicho evento fue promovido como un evento en pro del candidato del PRI a la Presidencia de la República, en dónde se destinaron recursos públicos, tanto humanos como materiales, lo anterior como una prueba tangible que los recursos públicos son utilizados a favor de un candidato y promovidos por el titular del Ejecutivo de algunas entidades federativas.

3.- Los recursos públicos deben ser destinados hacia programas sociales para beneficio social, no para candidatos de algún partido político ni para beneficiar a quienes simpatizan con el mismo partido político de quienes ostentan el poder público.

Si bien es cierto las campañas en nuestro país son caras para los ciudadanos, también es cierto que no podemos permitir que se desvíen recursos materiales ni humanos en beneficio de un solo partido, haciendo que las campañas sean aún más caras principalmente en recursos humanos, empleados en la logística de la organización de una campaña.

4.- Lo que se pretende con la presente proposición con punto de acuerdo es reducir los gastos de campaña que no son incluidos dentro del informe realizado para la fiscalización de los recursos que realiza el Instituto Federal Electoral, de igual forma, se pretende evitar que los recursos públicos se sigan desviando a favor de algún candidato, no sólo para presidente de la República, sino para senador, diputado local o federal.

¡Compañeras y compañeros, como interlocutores entre la sociedad y el gobierno, debemos velar por los intereses de nuestros representados, la asignación del gasto de los Ejecutivos locales es responsabilidad de los Congresos locales, sin embargo, como facultad exclusiva de esta Cámara baja, está la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual en su mayoría se destina hacia las entidades federativas, no debemos permitir que el recurso sea utilizado en beneficio de algunos partidos políticos y de sus candidatos, es tiempo de consolidar nuestra transición democrática y que sean respetadas nuestras instituciones destinadas a la organización de los recursos!

Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados bajo las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos locales a que se abstengan de destinar recursos económicos, materiales, humanos o en especie a favor de algún candidato de cualquier partido político.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 del mes de marzo de 2006.

Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A REINSTALAR A LOS PROFESORES TONATIHU HERRERA GUTIÉRREZ, TANIA MEZA Y PABLO VARGAS, ASÍ COMO A RESPETAR CABALMENTE SUS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado a la LIX legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El día 24 de enero pasado, tuvo lugar la visita de Roberto Madrazo Pintado a la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Es del dominio público la repulsa de la que fue objeto durante un mitin y el origen de la misma: estudiantes de la máxima casa de estudios del estado fueron llevados contra su voluntad, prometiendo puntos extras en sus calificaciones en caso de asistir y sanciones si no lo hacían. Ante prácticas tan aberrantes, la reacción natural de los jóvenes educandos fue el rechazo al candidato.

2. Se ha señalado repetidamente que tras este hecho tan vergonzoso para la Universidad local, se encuentran las maquinaciones de Gerardo Sosa Castelán, ex rector de esta casa de estudios, ex dirigente del PRI en el estado y precandidato a senador, quien es además el coordinador de encuentros con universitarios en la campaña de Madrazo. En un intento poco afortunado de lucirse como operador electoral, el ex rector ejerció el poder que nunca ha dejado de poseer en esta institución educativa, para acarrear estudiantes al mitin señalado.

3. Peor aún fue la actitud de las actuales autoridades de la Universidad, que condescendieron con estas prácticas antidemocráticas y autoritarias además de profundizar en ellas: ante la imposibilidad de castigar a los autores de la rechifla que recibiera Madrazo, pretendieron ejercer un castigo ejemplar y despedir de manera ignominiosa a dos académicos conocidos por su militancia opositora y su denuncia de los hechos alrededor del abucheo contra Madrazo.

4. Los académicos son Tonatihu Herrera Gutiérrez, profesor de economía con cinco años de antigüedad en la cátedra y Tania Meza, del Instituto de Ciencias Sociales. El primero de ellos es un conocido activista de izquierda y en ambos casos, no existe motivo válido para su despido, hecho sin mayor explicación.

5. Este tipo de despidos no son nuevos: hacer unos meses el Dr. Pablo Vargas, vivió un trance similar. Pese a sus 20 años en el mismo instituto, fue literalmente arrojado de su oficina sin siquiera un oficio de por medio, debido a que "no encaja" con el proyecto de los actuales directivos universitarios.

6. Se añade un hecho flagrantemente violatorio de la propia legislación universitaria: los actuales miembros alumnos del Consejo Universitario llevan dos años en sus cargos, pese a que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Universidad dice "(...) Los consejeros alumnos durarán en su encargo un año y no podrán ser reelectos". Pese a lo anterior las autoridades universitarias no han publicado desde hace dos años la convocatoria respectiva y han ejecutado discretos actos de intimidación contra los promotores de la participación estudiantil. De esta represión se responsabiliza a las autoridades de la institución.

7. Este proceder de las autoridades no tienen cabida en la construcción del México democrático al que la mayoría de los mexicanos aspiramos. Es intolerable la vejación de los derechos humanos y constitucionales de investigadores y profesores universitarios, motivada por una vendetta política que desgraciadamente parece ser ya un modus operandi de las autoridades universitarias frente a la pluralidad política.

En razón de lo anterior, propongo ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a que reinstalen en sus cargos a los profesores Tonatihu Herrera Gutiérrez, Tania Meza y Pablo Vargas así como a respetar cabalmente sus derechos humanos y constitucionales.

Segundo.- En el mismo tenor se exhorta a las autoridades universitarias en sus respectivas esferas competenciales, publiquen a la brevedad la convocatoria para la elección del Consejo Universitario y procedan a la elección, pleno respeto a la legislaciòn universitaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de marzo 2006.

Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica)
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTA SOBERANÍA CONSTITUYA UNA SUBCOMISIÓN TENDENTE A CONCILIAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN ABIERTA CON LAS EMPRESAS DE TELEVISIÓN POR CABLE USUARIAS DE SU SEÑAL, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Las concesiones de televisión por cable han experimentado una rápida evolución en la que, a partir del interés de nuevos concurrentes a la oferta de este servicio, se han tenido que ir liberando áreas, regiones, municipios y ciudades a una competencia de mercado en donde el servicio, costo, la selección y amplitud de canales abiertos y de la red están siendo decisivos para captar el padrón de clientes que hace atractivo y permanente el negocio.

En esta virtud, resulta sensible la relación entre los concesionarios de televisión por cable y los concesionarios de televisión abierta en tanto que es justamente la complementación de ambas transmisiones las que condicionan la preferencia del usuario o televidente. De ello se colige la necesidad de equidad y respeto entre las grandes cadenas de televisión abierta como Televisa y Televisión Azteca, principalmente, con los acuerdos que éstas celebran con las pequeñas o medianas empresas cableras, que se convierten en dependientes de la buena o mala voluntad de las primeras para con ellas.

Es obvio que en esta dinámica concurre no sólo el interés económico que puede ser razonable para las cadenas de televisión abierta con respecto a acordar lo relativo con una o varias cableras localizadas en determinada región, para lo que rige el principio de buena fe en los convenios o contratos que se celebren lo que, no obstante, no es suficiente toda vez que se trata de dos concesionarios de diferente tamaño, dimensión y poder respecto del uso del espectro radioeléctrico que pertenece a la nación. Por ello, requiere del Estado y, muy específicamente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la más acuciosa vigilancia para evitar que los concesionarios de televisión abierta puedan incurrir en conflicto de intereses por cuanto a que sus acuerdos con las cableras oculten alguna intención de preferencia por alguna o algunas de estas que encubran las estrategias de apoderarse de este último mercado a través de interpósita persona.

Es el caso que la empresa Tele-Cable Centro Occidente, SA de CV (Grupo Telemedia), ha hecho llegar a esta Cámara y a la prensa nacional la denuncia de presión, acoso e interrupción de la señala abierta que tenía convenida con Televisa para un supuesto control del mercado con vistas a sustituir a dicha empresa de televisión por cable por otra del particular interés del consorcio televisivo en la región centro occidente del país, comprendiendo principalmente los estados de Morelia, Chihuahua, Durango, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato, donde Grupo Telemedia tiene un alto padrón de clientes usuarios que puede perder en conjunto al limitársele a éstos el acceso a los canales de televisión abierta de Televisa.

Por esta razón y en virtud de que el asunto trasciende el interés particular de dos contratantes en tanto que se trata de concesiones del uso y explotación del espectro radio-eléctrico propiedad de la nación y el interés nacional manifiesto en tratándose de un servicio de la importancia del derecho del público al acceso a la variedad de opciones a todos los servicios de transmisión que el Estado ha concesionado, se hace necesario que esta representación nacional solicite a las partes su inmediato acuerdo para la reanudación de su convenio y, en caso de requerir de la intermediación de la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara para solventar y superar diferencias que se los impida, se abra en el seno de dicha Comisión el espacio necesario para el efecto.

Por lo anterior, respetuosamente someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

I.- Se constituya en la Comisión de Comunicaciones una subcomisión ad hoc para atender el objetivo de conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las diferentes empresas de televisión por cable, usuarias de su señal. Para el desahogo de esta instancia se solicitará la aportación técnica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CNDH A VISITAR LOS DIVERSOS CENTROS DE READAPTACIÓN Y LAS PENITENCIARÍAS DEL PAÍS PARA DETECTAR ACTOS QUE VULNEREN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LAS RECLUSAS, A CARGO DE LA DIPUTADA GEMA ISABEL MARTÍNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura, Gema Isabel Martínez López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

En México existen 11 mil reclusas de las cuales el 70% de sus procesos judiciales cuentan con irregularidades, ya que en la mayoría de los casos no se consideró el desconocimiento de la Ley, las presiones de sus parejas para cometer el delito y la ignorancia en general, además de que algunas, a pesar de ser analfabetas, fueron obligadas por la autoridad a firmar su sentencia.

Aproximadamente el 65% de las mujeres que están en la cárcel son procesadas por delitos contra la salud, a pesar de que muchas fueron utilizadas o presionadas para cometer el acto ilícito, por lo que es necesario que estos casos sean revisados.

Aunque para muchos sólo representen el 6% de la población penitenciaria en el país, carecen de las condiciones necesarias para su readaptación, pues la mayoría de las cárceles en las que se encuentran son mixtas. La infraestructura de las penitenciarias y centros de reclusión femeniles no cubren las necesidades propias del género, pues del total de las cárceles de ese tipo sólo una cuenta con ginecólogos y en la mayoría no hay pediatras, por ende, tenemos que hacer algo al respecto ya que con esto las mujeres lograrían obtener una verdadera readaptación en virtud de que muchas de ellas cohabitan en las cárceles con sus hijos o están embarazadas. Se estima que aproximadamente el 80% de las mujeres que hay en las cárceles del país, son madres y alrededor de 15 mil infantes viven con ellas y de éstos, cuatro mil son menores de seis años. En este sentido, como podemos ver el estado no proporciona las condiciones apropiadas a estos niños por lo que las reclusas sólo tienen dos opciones: llevarse a sus hijos con ellas o dejarlos en alguna institución de asistencia.

Ante esto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) está elaborando un Reglamento para los Penales Femeninos que en primera instancia se aplicaría en las cárceles federales y posteriormente, mediante cabildeos con los gobiernos estatales, teniendo vigencia en todo el país.

Aunado a lo anterior, las reclusas portadoras del Vih/sida y de la tercera edad, representan la población más vulnerable, pues aparte del delito del que son acusadas, también se les condena por la enfermedad que padecen o por su edad, recibiendo el rechazo de sus propias compañeras y de las autoridades.

En cuanto al trabajo que las mujeres realizan en la cárcel, las descalifican y reproducen los estereotipos de género. Ejemplo de ello es que a la población femenina se le emplea en la elaboración de manualidades, peluches y dulces, en tanto que los hombres laboran en talleres de carpintería. Además las mujeres son destinadas a la maquila y el sueldo que perciben por el trabajo realizado es muy poco. En algunos centros penitenciarios, las mujeres cosen balones de béisbol y otras más pelan pepitas: la bolsa se las pagan a dos pesos.

Por si esto fuera poco, las mujeres indígenas presas, quienes al no hablar español son recluidas incluso en centros psiquiátricos porque se les considera como débiles mentales.

Es urgente tomar medidas de reconstrucción del sistema penitenciario en base a los principios de equidad e igualdad.

Debemos evitar que las reclusas pasen de la reclusión a la exclusión, sin que en algún momento se les ofrezca la posibilidad de una reinserción a la sociedad mediante el trabajo digno. México tiene un alto índice de reincidencia delictiva, entre otras razones porque no existen programas de empleo para los egresados de los centros de readaptación social. El único recurso utilizado para evitar la reincidencia ha sido la amenaza de mayores sanciones y no la oferta de nuevas oportunidades.

En consecuencia solicito la aprobación del presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al presidente de la comisión nacional de derechos humanos para que se efectúen visitas a los diversos centros de readaptación y penitenciarias del país a fin de detectar la existencia de actos que vulneren las garantías individuales de las reclusas; ya que nosotros como legisladores requerimos de su apoyo para coadyuvar a este sector de la sociedad y realizar las reformas legales pertinentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Gema Isabel Martínez López (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y A LOS MUNICIPALES A IMPLANTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LA POBREZA URBANA, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SUÁREZ PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Quien suscribe, Guadalupe Suárez Ponce, diputada federal de la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta asamblea un punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La acelerada urbanización registrada en el país es reflejo de la intensa movilidad territorial de las zonas rurales a las urbanas, que se intensifica con el crecimiento demográfico natural y los movimientos residenciales ocurridos al interior de las concentraciones urbanas. Se calcula que en los próximos 30 años, alrededor de 85 por ciento del crecimiento demográfico nacional será albergado por las ciudades, lo cual plantea desafíos complejos que demandan la puesta en marcha de estrategias de largo plazo para inducir el desarrollo urbano de manera más eficiente y propiciar la expansión urbana ordenada.

Los problemas relativos a la pobreza urbana han sido generalmente subestimados por la concentración de bienes y servicios que rodean a las familias pobres. Según datos del Banco Mundial, en 2004 cerca de 11 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas se concentraba en niveles de pobreza extrema y cerca de 42 por ciento en situación de pobreza moderada.

La tasa de pobreza urbana en América Latina se ha incrementado rápidamente en las últimas tres décadas (de 44,2 millones en 1970 a 125,8 millones en 1997). Las estadísticas ofrecen un panorama muy claro de la situación relativa a la pobreza urbana en América Latina y demuestran la urgencia de ampliar los esfuerzos dirigidos a solucionar este problema en nuestro país. En México se estima que en 2002, más de 26.6 millones de personas residentes en las ciudades se encontraba en situación de pobreza, lo que significa que alrededor de uno de cada tres hogares urbanos se encontraba en esa situación.

En este contexto de concentración de población pobre en las zonas urbanas y que su atención demanda acciones específicas en términos de problemáticas particulares, nacen y se consolidan nuevos programas, como Oportunidades y Hábitat, que coordina la Secretaría de Desarrollo Social.

El 86.5 por ciento de las familias atendidas en el programa Oportunidades se ubica en localidades rurales y semiurbanas, lo que refleja la ampliación de la cobertura del programa hacia las zonas urbanas donde la pobreza ha aumentado en los últimos años.

En 2003 se puso en marcha el programa Hábitat, diseñado para enfrentar los desafíos de la pobreza urbana a través de tres vertientes de actuación territorial: Hábitat Vertiente Fronteriza, Hábitat Vertiente General y Hábitat Vertiente Centros Históricos. Actualmente, atiende más de 180 ciudades y zonas metropolitanas del país, beneficiando más de 800 mil hogares pobres, mediante la realización de más de 8 mil proyectos de desarrollo urbano y social.

Sin embargo, es necesaria la corresponsabilidad de todos los ámbitos de gobierno y de los sectores social y privado para combatir la pobreza urbana de forma más integral y contundente, de tal forma que millones de mexicanos tengan efectivamente mejores condiciones de bienestar.

Los estados y municipios tienen como oportunidad la proximidad con la población, la cercanía de los problemas cotidianos, por lo que sus acciones de gobierno pueden generar un impacto efectivo en áreas en que la Federación no tiene competencia o en aspectos que pueden completar su actuar.

Algunos programas locales exitosos han sido retomados por la Federación, como el programa 3x1, para ser replicados en comunidades expulsoras de población migrante, lo cual permitirá revertir la situación de precariedad en que viven hacia el desarrollo social y económico de la localidad.

Así, este punto de acuerdo busca hacer una respetuosa invitación a los gobiernos estatales y a los municipales a iniciar, seguir en esta ardua tarea del combate de la pobreza urbana, porque sólo con la participación de todos será posible lograr un México más justo, donde cada mexicana y mexicano encuentre opciones de desarrollo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los gobiernos estatales y a los municipales a crear e impulsar programas específicos a favor de la pobreza urbana con la finalidad de atender a este sector de la población.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE INVESTIGUE LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE ESTÁN ENVIANDO AL ESTADO DE PUEBLA; Y A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA, QUE FORME UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO A ESOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO ELECTORAL EN CURSO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA AVILÉS NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numerales 1, inciso f) y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es por demás vergonzosa la actuación de las autoridades del gobierno de Puebla, comenzando con el propio gobernador Mario Marín Torres. Si bien su trayectoria política se ha forjado a la sombra de ex gobernadores de triste memoria para los poblanos él en si mismo recoge las prácticas políticas más deleznables en la historia reciente de nuestro país.

El pasado viernes 17 de los corrientes con el conocido y público acarreo tanto de empleados del gobierno estatal del estado como de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la absoluta complacencia del rector de la BUAP así como de las juntas auxiliares de la capital y de los municipios gobernados por el mismo partido político de Mario Marín en un acto que trató de ser "de desagravio" y de repudio ciudadano, quedó evidenciado claramente que fue un acto orquestado desde el propio gobierno estatal, de respaldo al ejecutivo del estado. Los testimoniales en distintos medios de comunicación dan cuenta por un lado de la clara intención de desatar una verdadera manipulación contra los medios de comunicación a partir de esta pseudo marcha espontánea existiendo registros de cómo fue amenazada la clase trabajadora de los distintos niveles de gobierno coaccionándolos con amenazas veladas si faltaban al acto y de las colonias mas pobres con distintas carencias se les hizo la "recomendación" de asistir para no sufrir falta de suministro de agua potable por dos semanas si no se agregaban a los contingentes. Toda esta actividad desencadenada por dar a conocer públicamente, las grabaciones que se presume son del gobernador con un amigo con el cual mantiene compromisos de distinta índole, muy conocido los últimos días por sus particulares prácticas pederastas Kamel Nacif, conocido como el "rey de la mezclilla".

Un gobernador con rasgos megalómanos que al día siguiente de esta marcha, en un acto que era para arrancar las jornadas de la primera semana de salud, se dio a la tarea de hablar de lo que él llama "provocación" a los jóvenes y mujeres poblanos que "creen en mí", "no molesten ni provoquen a mis queridos abuelitos y abuelitas, personas con discapacidad que tanto necesitan de mí" Hay un claro afán del gobernador de Puebla en dividir a los poblanos, recurriendo a la exacerbación de las carencias que sufren algunos sectores de la población, en lugar de exponer políticas públicas que vayan encaminadas a la solución de dichos problemas.

Y ese mismo mensaje mesiánico y megalómano lo olvidó, cuando se encontraron diez mil despensas en el estado de Morelos, donde se desarrolló una jornada de elección interna para elegir al candidato del PRI al gobierno de Morelos, despensas con el logotipo del DIF estatal de Puebla que encabeza el señor Alejandro Armenta Mier, hecho denunciado primero por el presidente del PRI de Morelos y en el programa de este último fin de semana de Lolita de la Vega por David Jiménez González senador por el PRI y contendiente en las internas a esa candidatura, donde denunció que las despensas fueron para apoyar la candidatura de Juan Salgado Brito.

La pregunta es ¿qué tienen que hacer recursos del gobierno poblano en otro estado?

Mario Marín ha venido mostrando su verdadera personalidad e intereses desde el pasado mes de diciembre cuando en la ciudad de Puebla, Puebla, se efectuó un acto denominado "Encuentro Nacional de la Federación Nacional de Municipios de México" (Fenamm", donde el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República Roberto Madrazo Pintado llegó a la clausura de dicho evento, con el apoyo de invitaciones hechas desde la presidencia municipal de la ciudad cuyo edil es Enrique Doger Guerrero y donde aparecían logotipos del propio gobierno municipal, del gobierno del estado de Puebla, de la Cámara de Diputados federal y aún del Senado de la República. Sobre este punto el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el organismo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral, estableció distancia sobre el supuesto desvío de fondos municipales o de cualquier órgano de gobierno toda vez dijo, que no fueron desviados recursos públicos para este acto, porque fue "organizado por una organización" (sic) que según él es totalmente ajena a los partidos políticos y en este caso ajena al PRI.

Ante estos hechos, en la sesión del día 7 de diciembre, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la de Participación Ciudadana, de Vigilancia del Voto de la Junta Local del IFE, acuerdan por 6 de los siete Consejeros, presentar una denuncia ante el Ministerio Público Federal ante quien resulte responsable por presunto delito electoral y su queja pasara en caso de haber responsabilidad a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.

El Ejecutivo estatal de Puebla, lejos de mantenerse ajeno a los sucesos, inició una serie de declaraciones denostando a los funcionarios representantes ante el Instituto Electoral y mostrando una parcialidad que lejos de aclarar la situación la convierte en un espacio de debate público y político, donde lo último que se dice es que existe un afán persecutorio y de amedrentamiento de los representantes consejeros del IFE.

Una cosa más. Dentro del organigrama del gobierno estatal, el Señor Víctor Georgiana tiene interpuesto permiso para trabajar en una función pública de las 24:00 hrs. a las 8:00 hrs. del día para dedicarse a su campaña política el resto del tiempo, buscando la senaduría por ese estado, cuya propaganda está saliendo de sus oficinas.

Por si no fuera suficiente, el escándalo en que se ha visto envuelto el Ejecutivo estatal de Puebla coloca los hechos enumerados antes, como hechos donde cupiera la posibilidad de corruptelas de algunas de las autoridades, que no todos del gobierno.

No podemos en estos momentos en que está en entredicho la función más alta de cualquier estado, en este caso el gobernador de Puebla, considerar siquiera la intención de que este funcionario público, actúe con apego a la legalidad; lo que se acaba de desenmascarar, nos presenta un individuo que se maneja no ya con falta de escrúpulos y de ética, si no con falta de responsabilidad hacia aquellos que le otorgaron la más alta investidura de un estado del país, que es proclive a velar por los intereses de aquellos que detentan un poder económico evidente y que el estado de Derecho para estos personajes, tiene una existencia física por el que se puede transitar a su libre albedrío.

¿Cómo garantiza el ejecutivo estatal su neutralidad en la decisión del futuro del país y la incidencia en el estado de Puebla de los resultados de la jornada electoral del próximo 2 de julio, si lejos de salir airoso del escándalo suscitado a raíz de los sucesos alrededor de la periodista Lydia Cacho y la obra "Los demonios del edén" se puso en evidencia con las relaciones e intereses que se presume tiene con los principales actores de conductas por demás inicuas y perversas?

Esto último se suma a todos los eventos enumerados con antelación y que han sido ampliamente documentados y publicitados por los distintos medios de comunicación.

Por estas consideraciones presento ante esta Asamblea, someta a su consideración de urgente y obvia resolución la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- Solicito la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y dé seguimiento a los recursos federales que se están enviando al estado de Puebla y se conozca el uso y destino final de todos ellos.

Tercero.- Hacemos un exhorto para que las autoridades se conduzcan bajo las reglas que estableció el IFE y que entraron en vigencia este 19 de febrero sobre la conducta a observar por todos los funcionarios públicos, de todos los partidos políticos.

Cuarto.- Solicito a esta soberanía que a través de la Junta de Coordinación Política se nombre una Comisión Especial para vigilar que los recursos públicos, bienes e infraestructura del gobierno estatal no sean desviados para las campañas políticas hacia algunos de los candidatos en las próximas elecciones federales.

Dado el 7 de marzo de 2006.

Dip. Rosa María Avilés Nájera (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SCT, AL DIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Y AL DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SA DE CV, QUE INFORMEN A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTA SOBERANÍA DE LA SUSPENSIÓN FORTUITA DEL SERVICIO DE RADARES EN LAS TERMINALES AÉREAS Y DE LAS MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA EVITAR DICHAS IRREGULARIDADES, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Considerandos

La ausencia de una verdadera política aérea en el sexenio, ha acentuado el atraso que en este vital rubro de la economía y del desarrollo padece nuestro país. Las dos grandes líneas de bandera nacional, Mexicana y Aeroméxico, se separaron artificialmente para facilitar su venta con el grave problema de demeritar a ambas frente a sus competidores internacionales que diariamente acechan nuestros espacios aéreos para desplazar a las dos aerolíneas mexicanas de mayor tradición y del más alto nivel de calidad y seguridad en su operación. Al mismo tiempo se satura el mercado nacional con líneas nuevas que ofrecen abaratar el costo del boleto sin decir cómo le van a hacer o sin confesar que puede ser una estrategia para ganar clientes y una vez dueños del mercado, volver a ajustar tarifas al alza.

Lo cierto es que si esto ocurre en el ámbito comercial y de operación de las empresas aeronáuticas, no es menor la confusión en cuanto a los servicios en las centrales aeroportuarias que se han privatizado en tres grupos: Centro-Norte, Sureste y Pacífico. Este último, en manos de españoles que, desde luego, incluye el aeropuerto del Bajío, donde semanalmente llega y sale el Presidente de la República, su esposa, y los jets de los hijos y otros dos aeropuertos considerados del más alto potencial en transporte de carga que son Guadalajara y Tijuana. La trascendencia de este reparto concesionario no es sólo que el Grupo Aeroportuario del Pacífico recibió un usufructo de doce aeropuertos, cuya duración puede llegar a cien años sino que, desde ahora, con la busartilización y la salida de Nafinsa de la sociedad, sus oficinas de mando se trasladarán a Madrid, desde donde el consorcio que lo controla determinará sus propias políticas en México.

El caso es que las líneas, mal llamadas de bajo costo, que entraron en operación, requerirán también de aeropuertos de costo reducido para poder sostener sus tarifas. De aquí queda claro que en el futuro, estando entre las nuevas líneas autorizadas la Air Madrid, resulta obvio reconocer que para este grupo, su política será favorecer a dicha empresa en perjuicio de las nacionales.

Los antecedentes señalados tienen interés porque no es remoto que así, como se precipitó la bursatilización del Grupo Aeroportuario del Pacífico, para entregárselo a los españoles; de la misma manera parece estarse cocinando la venta o privatización del Aeropuerto de la Ciudad de México y la Red Metropolitana, por ello no deja de levantar sospecha la inaudita falla habida el pasado 25 de febrero en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que suspendió el radar del propio aeropuerto y rebotó con los mismos efectos en Mérida, Monterrey y Mazatlán dejando sin servicio, por más de dos horas, a todas estas centrales con el consiguiente efecto de innumerables costos a las aerolíneas e irreparables demoras, molestias y disgustos a decenas de miles de usuarios.

La causa según la versión de los improvisados directivos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el silencio de ASA fue una sobrecarga eléctrica. Nadie que tenga un mínimo de experiencia desconoce que estas fallas pueden ser instantáneas o tal vez de dos o tres segundos; sólo una malévola y peligrosa operación de sabotaje puede causar esa duración. La versión que también corre es que, premeditadamente, ahora que el aeropuerto capitalino es un gigantesco "mall o tianguis de lujo" se estén preparando las condiciones anímicas de la opinión pública para facilitar así la privatización.

Hoy que México tiene las reservas de dólares más grandes de su historia, no tiene lógica deshacerse de activos estratégicos y de ejercicio de soberanía de los mexicanos en busca de ingresos en dólares. No obstante, el gobierno de Fox insiste en entregar más privatizaciones antes de irse. Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de está soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se cite al C. secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber; al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, arquitecto Ernesto Velasco León, y al director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, licenciado Héctor J. Velázquez Corona, para que den cuenta a la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara de la peligrosa y dañina suspensión fortuita del servicio de radares en las terminales aéreas señaladas y las medidas tomadas para que no vuelvan a ocurrir tan graves irregularidades en el primer aeropuerto del país.

Palacio Legislativo, a siete de marzo de dos mil seis.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL FONDEN, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

Esta Cámara, mediante la exigencia de diversos diputados y a través de la Comisión de la Función Pública, hemos estado atentos a las investigaciones y sanciones que merece el desvío de recursos en el Fondo Nacional de Desastres Naturales.

La Comisión de la Función pública recibió la comparecencia del secretario del ramo, licenciado Eduardo Romero Ramos, que se refirió al asunto, mencionando que se establecieron sanciones a varios funcionarios del Fondo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos a la señora Carmen Segura Rangel.

A pesar de que es un asunto que ya lleva mucho tiempo, hasta esta fecha subsisten serias dudas sobre la profundidad de las auditorias practicadas, respecto de la tibieza de las sanciones que anunció la Secretaría de la Función Pública y del número de auditorías efectuadas. Se ha informado parcialmente de 4 auditorías, pero se tiene conocimiento de 7. El gobierno habla de una afectación al erario menor, cuando es posible que los desvíos alcancen la cifra de varios miles de millones de pesos. Se ha actuado en contra de funcionarios menores, aún cuando dicha dependencia ha dejado entrever una posible responsabilidad del ex secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda.

Una vez más, en un asunto extremadamente grave para el país, se ha difundido informes provenientes de filtraciones, de investigaciones periodísticas y de fuentes externas, más amplios que los del gobierno. Se han publicado datos concretos de empresas fantasma que facturaron varios millones de pesos en medicamentos, pero se viene encubriendo la dimensión de este asunto, con el argumento de que son desvíos menores.

Se pone en duda la capacidad del gobierno de actuar firmemente conforme a derecho. Se vulnera la equidad y la justicia social, al cometerse irregularidades con recursos que aportamos todos los mexicanos para la atención de los sectores más desvalidos, afectados por los desastres naturales. En el 2005 el sureste del país vivió el azote de los huracanes Wilma y Stan, que paralizaron prácticamente toda la actividad social y económica de la zona. Los diputados demandamos desde el primer momento la expedición de la declaratoria de zona de desastre y acordamos recursos extraordinarios en el Presupuesto de Egresos, respondiendo a una obligación institucional y a un compromiso moral con los damnificados.

Mientras hacíamos esto, en Protección Civil de la Secretaría de Gobernación lucraban con la necesidad de estos mexicanos. Son acciones que pervierten el servicio público, que ofenden a la ciudadanía y que exigen una acción firme del Estado para aplicar la ley.

Y ahora salen con que se les exonera de las irregularidades denunciadas en 2001 y 2002, que atribuían desvíos por casi 200 millones de pesos.

Nos abochorna saber que se ha tendido un manto de protección en favor de esta red delictiva. Peor aún, en esta red de impunidades, se degrada al Poder Legislativo cuando el partido del gobierno, a pesar de la inhabilitación, la falta de claridad de las investigaciones y la confirmación de desvíos, promueve como candidata a la señora Segura Rangel.

Los puestos legislativos y la inmunidad constitucional no se hicieron para solapar pillerías. Se traiciona la confianza popular. Si cometieron ilícitos que los enfrenten y que los paguen, pero que no se escuden en ningún partido y menos en estas instituciones.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo federal la conclusión y el envío de información completa de las auditorías al Fondo de Desastres Naturales, aplicando sanciones enérgicas y promoviendo la restitución de los recursos que se desviaron. Exige respeto al espíritu de la ley, rechazando la utilización de los cargos legislativos como recurso para la impunidad y solicita, que, en su momento, el IFE niegue el registro de la posible candidatura de la señora Carmen Segura Rangel como a cualquier puesto de representación popular.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Y A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A INVESTIGAR POSIBLES ANOMALÍAS EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAL MINERA MEXICANA, COMPAÑÍA DE GRUPO MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO VALENCIA MONTERRUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal Edmundo Valencia Monterrubio, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un exhorto de manera urgente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que de manera minuciosa realicen una investigación respecto de las presuntas situaciones anómalas en que se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Industrial Minera Mexicana, compañía del Grupo México, y apliquen el derecho que corresponda, en virtud de las denuncias realizadas por sus familias y otros agentes involucrados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con los recientes y muy lamentables acontecimientos ocurridos y manifestando en nombre de todos los aquí presentes el pesar y condolencias a las familias de los mineros fallecidos en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, hemos sido testigos de las declaraciones recurrentes en las que las familias de los trabajadores, así como otros agentes involucrados, han dado testimonio de las anómalas condiciones laborales en que se encuentran muchos trabajadores de esa industria, haciendo públicas las prácticas abusivas respecto de las condiciones laborales a que están sujetos por las empresas explotadoras del ramo minero, y toda vez que es un compromiso nuestro atender y velar por la legalidad y buscar una mejor calidad de vida para nuestros connacionales, me parece propicio invitarles a tomar cartas en el asunto.

Nuestra Constitución Política consagra la libertad de dedicarnos al trabajo que más nos acomode, siempre y cuando éste sea lícito. También señala que nadie puede ser obligado a prestar trabajo sin una justa retribución, y aunque las empresas de que estamos tratando no obligan literalmente a los trabajadores a prestar su servicio, lo hacen desde el punto de vista de aprovecharse de la necesidad que éstos tienen de sobrevivir siendo injusta la circunstancia tanto como la retribución o pago, por lo que me parece por más reprobable el abuso que realizan estas empresas de la necesidad de las personas más desprotegidas, abuso que también realizan al aprovecharse de la extrema ignorancia o pobreza en que se hallan. Ahora bien, de la misma manera el artículo 123 del mismo documento hace mención de la dignidad del trabajo; y aunque la labor desempeñada por los mineros es muy plausible y digna de admiración, no así las condiciones laborales en que se encuentran contratados.

Así las cosas y atendiendo a lo señalado por la fracción XXXI, inciso a), numeral 6, del artículo 123 de nuestra Constitución Política, conmino a ustedes a brindar su aceptación al presente para que se realicen las investigaciones pertinentes y, por consecuencia, la aplicación de las leyes del trabajo que correspondan.

Por otra parte, quiero comprometer al Legislativo a trabajar en las modificaciones legales que correspondan para permitir la extracción y aprovechamiento del gas grisú (metano) ayudando al medio ambiente con ello, así como a la reducción de riesgo por explosión, como en el caso suscitado en Coahuila.

Por lo anteriormente expuesto y profundamente convencido de la importancia del tema, solicito de ustedes, compañeros legisladores, su valioso apoyo y presento a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un exhorto de manera enérgica a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que de manera minuciosa realicen una investigación respecto de las presuntas situaciones anómalas en que se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Industrial Minera Mexicana, compañía de Grupo México, y sean aplicadas las sanciones respectivas en caso de ser procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ENERGÍA Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A ATENDER LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE POSIBLES PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LP EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Consideraciones

El 11 de mayo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para permitir el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas por los sectores social y privado, entre otros aspectos.

En este contexto, se promovieron diversas medidas fiscales tendentes a promover el uso intensivo del gas en la industria y en el transporte, a fin de abatir los niveles de contaminación atmosférica provocados por las gasolinas y otros carburantes.

De acuerdo con ello, el mercado nacional de venta de gas para uso doméstico y en el transporte se ha estructurado a partir de siete grandes distribuidoras: Regio Gas, Tecogas, Gas Uribe, Gas Metropolitano, Flama Gas, Grupo Trendi y Combugas, así como cientos de minoristas, con la salvedad de que las primeras pueden vender el producto directamente al público, o bien, a través de las minoristas.

Al efecto, Pemex vende el gas LP a las distribuidoras a un precio de $3.69 pesos por litro, que es el precio para el mes de marzo, y establece un precio máximo para la venta al público de $ 4.79 para el mismo mes, con lo cual cuentan con un margen de utilidad de $1.10 pesos, menos gastos de operación.

Desafortunadamente, desde hace año y medio aproximadamente, algunas empresas distribuidoras de gas LP han venido incurriendo en prácticas monopólicas mediante el otorgamiento de descuentos exorbitantes a los consumidores de la zona metropolitana del Distrito Federal por más de $1.00 pesos, con el único propósito de eliminar a sus competidores minoristas, llevándolas a la quiebra y a la venta forzada de sus instalaciones a favor de las mismas.

De esta manera, las empresas de referencia obtienen una utilidad de 10 centavos por litro, lo cual resulta claramente incosteable, pérdida que compensan con los ingresos que obtienen en la región norte del país, donde existen menos competidores y por tanto pueden vender el combustible a mayor precio, además de que, por lo menos, se genera cierta suspicacia respecto del posible origen ilícito del combustible.

Al respecto, resulta importante destacar que el artículo 83 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo dispone, en su última parte, la obligación de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía de informar a la Comisión Federal de Competencia Económica sobre la posible existencia de prácticas monopólicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las mismas.

Por su parte, la fracción I del artículo 9º de la Ley Federal de Competencia Económica dispone que son "prácticas monopólicas absolutas" los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios.

En tanto que la fracción VII del artículo 10 de la misma ley, dispone que son "prácticas monopólicas relativas" los actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones, y en general todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

En vista de lo anterior, se exhorta al secretario de Energía y al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que atiendan, de inmediato, a la problemática derivada de la posible existencia de prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en la zona metropolitana del Distrito Federal, así como al debido cumplimiento de lo ordenado por el artículo 83 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, en el sentido de informar a la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo y, en consideración a la gravedad del problema planteado, solicito sea considerado de urgente y obvia resolución, en términos de lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente.

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al secretario de Energía y al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que atiendan, de inmediato, la problemática derivada de la posible existencia de prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en la zona metropolitana del Distrito Federal, así como al debido cumplimiento de lo ordenado por el artículo 83 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, en el sentido de informar a la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de las mismas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 marzo de 2006.

Dip. Alfonso Ramírez Cuellar (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGJDF A INVESTIGAR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL PRD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal ha realizado diversos anuncios publicitarios en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, utilizando las mismas imágenes que las que previamente generó el Gobierno del Distrito Federal para promover los programas sociales.

Las mismas fotografías con que el gobierno capitalino promueve el Sistema de Educación Media Gratuita, ahora el PRD promueve en su campaña el Sistema de Educación Media Gratuita. Por ello, queda claro que el PRD utilizó recursos públicos para su campaña de promoción, ya que está utilizando las fotografías que aparecen en los cartelones del Gobierno de la Ciudad en su propaganda, no parecidas, sino el mismo estudio fotográfico, el cual fue pagado con recursos públicos.

En distintas estaciones y vagones de las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 del Sistema Colectivo Metro se ubican anuncios que tienen que ver con los programas de servicios médicos, de apoyos a la vivienda, de autoempleo y microcréditos, de apoyo a madres solteras y de transporte del Gobierno del Distrito Federal, que también manipula el PRD utilizando incluso la misma fotografía que ocupa en sus anuncios el gobierno local.

Por tanto, el PRD del Distrito Federal está utilizando descaradamente recursos públicos en su campaña de promoción. Si bien la dirigencia del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal ya presentó diversas denuncias ante la Procuraduría capitalina, a lo que el mismo jefe del Gobierno, Alejandro Encinas, ya respondió, según declaraciones, solicitando el retiro de dicha propaganda, no solamente es indispensable que se retiren de inmediato los promocionales del PRD del Metro, sino que las autoridades encargadas de investigar estas conductas indebidas, como el uso indebido de recursos públicos, realicen dicha investigación de manera imparcial y se castigue a quien cínicamente aprovechó las imágenes para seguir desvirtuando los programas del Gobierno de la Ciudad, dejando claro que dichos programas quieren seguir siendo utilizados electoralmente por el partido gobernante en nuestra ciudad.

El mismo Gobierno de la Ciudad ha aceptado el uso indebido de las imágenes, en palabras del mismo jefe del Gobierno, Alejandro Encinas, señaló que "analizan la posibilidad de interponer una denuncia contra el PRD ante el Instituto Electoral del Distrito Federal".

Y aun con todos los elementos que prueban fehacientemente el uso de recursos del Gobierno del Distrito Federal con fines electorales por parte del PRD, y que hacen indispensable la inmediata acción de la Procuraduría y de la Contraloría capitalinas para castigar a los responsables de esta indiscutible violación de la ley, a pesar de ello la irracional y arrebatada mayoría perredista en la Comisión Permanente en la Asamblea del DF consideró que este asunto no merecía un trato de urgente resolución, denotando así que para este grupo parlamentario el sentido ético de la política y de la competencia electoral son asuntos de los cuales pueden prescindir si de ganar elecciones y repartir puestos a sus hordas y corrientes se trata.

Considerando

Primero. Que es necesario velar para que durante las campañas electorales del Distrito Federal se cumplan los principios de justicia y equidad, y que el Gobierno del Distrito Federal no participe a favor de ninguno de los partidos y candidatos.

Segundo. Que dentro de lo estipulado de nuestro marco legal, las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal señala, en el artículo 38, que en los subsidios y beneficios de tipo material y económico que se otorguen, con objeto de los programas sociales específicos implementados por el Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones, prohíbe el uso de estos programas con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos de los establecidos.

Tercero. Que a la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal debe investigar quién ordenó y autorizó el uso de las imágenes con que el Gobierno del Distrito Federal promueve los programas sociales en la propaganda del PRD capitalino con fines electorales.

Cuarto. Que se debe investigar si dichas acciones no fueron coordinadas entre autoridades encargadas de la promoción de los programas sociales y los dirigentes partidistas.

Quinto. Que es necesario que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realice sus funciones imparcialmente y de manera eficiente, para que se sancione a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal y a la contralora general del Distrito Federal a que realicen las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en la campaña de promoción del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México de manera imparcial y pronta para que, en su caso, se sancione a los responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días de marzo de dos mil seis.

Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESPETAR LA AUTONOMÍA DEL SINDICATO NACIONAL DE MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal Pablo Franco Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LIX Legislatura del h. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para que respete la autonomía del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Consideraciones

1.- Que 270,000 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares han estallado un paro nacional, en protesta por el desconocimiento que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de su secretario general señor Napoleón Gómez Urrutia. Suspensión de labores que amenaza con extenderse, por solidaridad, a otros sectores de trabajadores.

2.- Que sin apoyar de ninguna manera la gestión del señor Napoleón Gómez Urrutia, es indispensable señalar que el pasado 28 de febrero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una clara intromisión en la vida de este sindicato expidió toma de nota "provisional" a favor del señor Elías Morales Hernández, persona por cierto muy cercana a Gerardo Larrea, dueño del Grupo México, y desconoció al propio tiempo al señor Napoleón Gómez Urrutia. Toma de nota que conservará su vigencia en tanto se realiza asamblea para la designación definitiva de secretario general de este sindicato.

3.- Que para realizar esta maniobra de reconocimiento del señor Elías Morales Hernández, la STPS desempolvó un viejo expediente relativo a la pugna que se dio a finales del 2000 al interior de este sindicato respecto a la sucesión de Napoleón Gómez Sada, bajo el argumento de que el hijo de Gómez Sada, el señor Gómez Urrutia no era minero con un mínimo de cinco años de antigüedad, por lo que los estatutos sindicales impedían que el señor Gómez Urrutia accediera a la dirigencia sindical. No obstante lo cual finalmente la STPS extendió toma de nota a éste.

4.- Que evidentemente esta maniobra jurídica, tiende a que al frente de este Sindicato de Mineros quede un líder todavía más a modo, para tratar de encubrir las irregularidades existentes alrededor de la explosión de la mina Pasta de Conchos y, en general, las ominosas condiciones laborales que oprimen al sector minero.

5.- Qué, ratificando la inconstitucional y condenable intromisión del Ejecutivo federal en la vida de este sindicato, el vocero presidencial, señor Rubén Aguilar con fecha 1o. de marzo de los corrientes, señaló que la Presidencia de la República sólo reconoce como secretario general de los mineros al señor Elías Morales Hernández.

6.- Que sin tomar partido por ninguno de estos dos ciudadanos que se asumen como secretarios generales del sindicato de mineros, es absolutamente cuestionable la intromisión que el Ejecutivo federal ha desarrollado respecto a la autonomía del Sindicato de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, por lo que debe rectificar el camino y dejar que sean los propios trabajadores mineros los que en uso de su libertad y en el marco de sus estatutos decidan sobre quién debe dirigirlos y, en general sobre la vida de su organización sindical.

Con base en lo expuesto propongo a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

Primero.- Se exhorte al Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quezada, para que en respeto a la Constitución federal, al Convenio 87 de la OIT firmado por México y ratificado por el Senado de la República, a la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables, respete la autonomía del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, por lo que deberán de ser sus agremiados los que deben decidir en plena libertad sobre la elección de sus dirigentes, evitándose mayores conflictos laborales.

Segundo.- Se exhorte al Presidente de la República a que destituya al actual secretario del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz, como consecuencia de la incapacidad y parcialidad demostradas en torno a los hechos de la explosión de la mina Pasta de Conchos y, su grosera intervención en la autonomía del sindicato antes mencionado. Ejerciendo el Ejecutivo federal al propio tiempo las acciones legales que procedan para deslindar responsabilidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORMAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS ESTATALES, UN GRUPO DE ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL QUE PRESTE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL SINIESTRO OCURRIDO EN LA MINA PASTA DE CONCHOS, EN COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud federal a que, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, forme un grupo de especialistas en salud mental para la atención psicológica de los familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila.

Consideraciones

Como bien sabemos, el 19 de febrero del presente año en nuestro país sucedió una gran tragedia para todos los mexicanos: 65 trabajadores quedaron atrapados en la mina ocho, unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, SA de CV, en el municipio de San Juan de Sabinas, estado de Coahuila, debido a una explosión provocada por acumulación de gas grisú.

Es de nuestro saber que el derecho a la salud es uno de los más profundos valores y derechos de los individuos. Ésta dignifica al hombre y le es indispensable, ya que condiciona su desarrollo y su bienestar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo tercero, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que para hacer efectiva esta prerrogativa el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

En este orden de ideas, menciono que los artículos 2o. y 3o. de la Ley General de Salud se encargan de definir los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental. Haciendo referencia al artículo 2o. de la ley citada, dispone que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

Asimismo, el artículo 3o. de la misma ley nos menciona que son materia de salubridad general la salud mental, la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, etcétera.

Por lo anterior hago de su conocimiento que los efectos provocados por los siniestros y desastres y en particular éste, el cual ha dejado daños y trae aparejados perjuicios que no se pueden dejar a un lado, es decir, los que afectan a los familiares víctimas de este suceso. Estas víctimas sufren etapas durante el periodo que abarca el siniestro desde su inicio durante e incluso después del siniestro y dentro de estas fases pueden llegar a presentar conductas que alteren la salud mental de manera parcial y/o permanente.

Por ello, estas personas deben ser atendidas psicológicamente cuanto antes por un grupo de especialistas en la materia de salud mental, y esto lo fundamento en lo siguiente:

México ha sido pionero en desarrollar una nueva visión sobre la importancia del campo de la salud mental. Así, igual que los organismos internacionales ha dado la prioridad a muchos de los programas relacionados con esta problemática.

Actualmente, existen diversos programas para atacar gran diversidad de problemas en salud ocurridos en nuestro país, ejemplo de ello es el Programa de Acción en Salud Mental, particularmente por ser el primero en su género en nuestro país, es la formulación de programas específicos en depresión, trastorno por déficit de atención, enfermedad de Parkinson y atención psicológica en casos de desastre, entre otros.

En el contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado dar importancia a las necesidades de atención en salud mental, y dar la promoción necesaria a ésta y el desarrollo psicosocial.

Por otro lado, dentro de las resoluciones de la OMS se encuentra específicamente la de "asegurar que niños, mujeres, ancianos, refugiados y víctimas de desastres tengan acceso a los servicios de salud mental".

Por ultimo, en nuestra Ley General de Protección Civil, así como en los Comités Consultivos Académicos, se define desastre como "el estado en que la población de una o más entidades federativas sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia y la coloca en la necesidad de recibir asistencia integral que cubra los requerimientos básicos, así como médicos, psicológicos y socioeconómicos".

Por todo lo anterior se pide a la Secretaría de Salud que ejerza las acciones necesarias petitorias en esta proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, forme un grupo de especialistas en salud mental para la atención psicológica de los familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES LEGALES CONTRA QUIENES APLIQUEN EN TERRITORIO MEXICANO LA LEY ESTADOUNIDENSE HELMS-BURTON, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En relación con los sucesos ocurridos el viernes 3 de febrero del presente año, cuando empleados del hotel María Isabel Sheraton de la Ciudad de México, acataron instrucciones venidas de una autoridad extranjera, y dieron cumplimiento a acciones derivadas de una ley igualmente foránea, esta Cámara de Diputados, el 9 de febrero aprobó por unanimidad un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de una nota diplomática hiciera patente al Gobierno de Estados Unidos, que el pueblo de México y sus autoridades consideramos inadmisibles estos hechos. Asimismo, se aprobó exhortar a Relaciones Exteriores para que de acuerdo a la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que contravengan el Derecho Internacional, se impusieran a los franquicitarios del hotel, las sanciones correspondientes.

Es una lástima que el Ejecutivo federal haya desestimado un exhorto resultado del acuerdo de todas las fuerzas políticas aquí representadas, y haya declarado el mismo día de su aprobación por este pleno que consideraba que el asunto no ameritaba una nota diplomática. Sin embargo y contradiciendo sus propios dichos, la Secretaría fue más lejos al no dar seguimiento al asunto de la sanción económica y administrativa derivada de la Ley de Protección al Comercio. Cabe mencionar que inclusive legisladores norteamericanos han hecho notar que no están de acuerdo con la aplicación extraterritorial de su ley.

Pero, como suele ocurrir en México, un asunto grave es casi siempre desplazado de la atención de los medios y de todos nosotros por uno aún más grave o más escandaloso, esto, ha incrementado nuestra tolerancia a los escándalos políticos, ya ha logrado que muchos asuntos de gran interés permanezcan en el limbo de lo olvidado tras el nuevo escándalo.

Por ello, en aras de que sean resueltas las cuestiones de fondo en este asunto y que no siga privando la percepción de que el desempeño de nuestras autoridades es irregular, presentamos ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes a llevar a cabo las acciones que contempla la ley en contra de quienes resulten responsables por la aplicación en territorio mexicano de la ley estadounidense Helms-Burton.

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN REVISORA QUE TENGA POR OBJETO CONOCER EL DESTINO QUE SE DIO AL FIDEICOMISO CREADO EN 1988 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE MEXICANA DE COBRE, MEXICANA DE ÁCIDO SULFÚRICO, MINERALES METÁLICOS DEL NORTE, ZINC DE MÉXICO Y CARBONÍFERA NUEVA ROSITA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para crear una comisión revisora de legisladores que tenga por objeto conocer el destino que se le dio al fideicomiso creado en 1988, a favor de los trabajadores de las empresas Mexicana de Cobre, Mexicana de Ácido Sulfúrico, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita

Consideraciones

Nuestra legislación laboral que es tutelar y protectora de los derechos de los trabajadores, reconoce la libertad de coalición de los mismos, reconociendo al sindicato como una asociación constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, dándole la facultad de tener un patrimonio, al reconocerles personalidad jurídica, con la única limitante que este patrimonio no se integre con actividades comerciales del sindicato que tengan ánimo de lucro de conformidad con lo señalado por el artículo 378 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. De esta manera los sindicatos reciben cuotas de sus agremiados y pueden recibir aportaciones por parte de las empresas.

Bajo este marco es que en 1988 el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana recibió 55 millones de dólares como indemnización para los trabajadores por la privatización de minas, constituyéndose un fideicomiso con ese dinero a favor de los trabajadores, dicha cantidad fue recibida por el C. Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fideicomiso No. 9645-2, celebrado con las empresas Mexicana de Cobre, SA de CV; Mexicana de Ácido Sulfúrico, SA de CV; Industrial Minera México, SA de CV; Minerales Metálicos del Norte, SA de CV; Zinc de México, SA; Carbonífera de Nueva Rosita, SA de CV (Sección 13 Pasta de Conchos), ante Scotiabank Inverlat.

Sin embargo, ahora resulta vergonzoso que el actual ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, sea investigado por actos de corrupción y sean exhibidas en el periódico Reforma dos propiedades en zonas residenciales, una en Monterrey y otra en la ciudad de México, en Lomas de Chapultepec, que él mismo posee, pues con el salario de minero sería imposible vivir de la manera en que lo hace.

Al ex líder minero se le acusa de no haber otorgado a sus agremiados la parte proporcional de los 55 millones de dólares que recibió como indemnización para los trabajadores por la privatización de minas, pues hasta la fecha los trabajadores no recibieron nada, ni una explicación del destino del dinero.

Por lo anterior, y a efecto de esclarecer la situación antes descrita, es que ahora se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea una Comisión de trabajo de diputadas y diputados integrantes, para conocer el destino que se le dio al fideicomiso creado en 1988, a favor de los trabajadores de las empresas Mexicana de Cobre, Mexicana de Ácido Sulfúrico, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita.

Segundo. El grupo de trabajo estará integrado por 10 legisladores de los distintos grupos parlamentarios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. El grupo de trabajo presentará un informe, así como las recomendaciones que se desprendan del mismo, al Pleno de esta H. Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2006.

Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DE SAN LUIS POTOSÍ A CUMPLIR EL ACUERDO EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO QUE ORDENA DECLARAR IMPROCEDENTE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO SINDICAL A FAVOR DEL SINDICATO ACADÉMICO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PÉREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe diputado federal Juan Pérez Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí para que cumpla el acuerdo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, tomando en cuenta los siguientes

Antecedentes

Primero.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de San Luis Potosí, con fecha 16 de agosto del año 2005, dictó laudo en el juicio laboral registrado con número de expediente 1056/2005/10 en el que ordenó la cancelación del Registro Sindical 599 tomo VI del Libro de Registro de Asociaciones y Organizaciones Sindicales, otorgado al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Profesional Técnica de San Luis Potosí.

Segundo.- Inconforme el Sindicato, promueve juicio de amparo directo contra la resolución su Secretaria General la C. Juana Eva Córdova Hernández y le toca conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el que previo estudio de los conceptos de violación hechos valer por los quejosos (sindicato precitado) revoca el fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de San Luis Potosí, y resuelve, que la justicia de la unión ampara y protege al sindicato, declarando improcedente la cancelación del registro sindical reconocido a favor del gremio agraviado, fallo emitido el día 11 de enero del presente año, por lo que

Considerando

1.- Que el asunto que nos ocupa tiene que ver con hechos que por la vía judicial están agotados y que no existe recurso alguno que impida el registro de su sindicato y como consecuencia el reconocimiento de que la relación con el Colegio de Educación Técnica de Educación Profesional de San Luis Potosí es de carácter laboral y no de índole civil como lo pretendía manejar la patronal.

2.- Que el desacato a una orden judicial constituye un delito y que el titular del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí al permitir que la autoridad señalada como responsable (Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependiente de él) evada la responsabilidad de acatarla resolución propicie que el gremio afectado ejercite su derecho en la vía penal presentando la denuncia correspondiente.

3.- Que el Colegio de Educación Profesional Técnica de San Luis Potosí, al momento de que sus trabajadores se constituyeron en un sindicato, despidió injustificadamente a 41 de ellos, argumentando que no existía relación laboral, con la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quedó perfectamente claro que tal criterio no es correcto, por lo que procede y así se solicita que como consecuencia de la Protección de la Justicia Federal los trabajadores despedidos se les reinstale inmediatamente en sus centros de trabajo con las funciones que tenían hasta el momento de su despido.

En virtud de lo anterior se presenta ante este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí para que inmediatamente cumpla la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que declara improcedente la cancelación del registro sindical a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de San Luis Potosí y como consecuencia del fallo se ordene la inmediata reinstalación de los 41 trabajadores despedidos injustificadamente y los que se siga despidiendo por esta causa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006

Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA QUE INFORME SOBRE LA REGENERACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO EL SAUCITO QUE SE PRETENDE REALIZAR EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO I. MADERO, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL CHAVARRÍA SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal en ejercicio, de esta la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Los recientes acontecimientos causados por los fenómenos hidrometeorológicos en el país han demostrado la vulnerabilidad de las construcciones, ante la presencia de precipitaciones pluviales extraordinarias. Igualmente quedó de manifiesto que dichas construcciones fueron destruidas casi en su totalidad por la fuerza e intensidad de las lluvias.

Las experiencias en este sentido han manifestado que los asentamientos humanos localizados sobre los cauces de ríos y arroyos son los más vulnerables cuando las precipitaciones pluviales se presentan, dando como resultado la pérdida de vidas humanas, así como daños en infraestructuras y servicios.

De ahí la importancia de realizar en forma permanente vigilancia, supervisión y limpieza de cauces de ríos y arroyos, evitando los asentamientos irregulares.

El estado de Chihuahua se encuentra al norte del país, su capital, el municipio de Chihuahua, ubicado a una altitud de 1141 msnm, al igual que otros municipios del propio estado, tienen el grave problema de asentamientos irregulares sobre cauces naturales de arroyos, lo que origina riesgos para la integridad física de la población que habita sobre ellos.

Históricamente, el estado de Chihuahua se caracteriza por tener un clima árido-seco, con ciclos de lluvia cortos en el periodo de julio a octubre.

Hace 15 años, el 20 de septiembre de 1990, ocurrió en gran parte de la entidad un fenómeno hidrometeorológico que afectó principalmente los municipios de Chihuahua, Camargo y Delicias, dejando como saldo más de 150 personas que perdieron la vida, y daños materiales.

A raíz de dicha contingencia, y con el firme propósito de evitar subsecuentes daños a la población, los gobiernos del estado y del municipio han reordenado los asentamientos irregulares, reubicando a las familias que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo.

Al respecto, desde hace 2 años se ha intentado reubicar los asentamientos localizados sobre el cauce del arroyo denominado El Saucito, principalmente aquellas viviendas localizadas en el fraccionamiento Francisco I. Madero.

Ante la falta de una adecuada planeación urbana, y la negativa de los propietarios de inmuebles para ser reubicados, el gobierno municipal decidió realizar un programa denominado Regeneración del cauce del Arroyo el Saucito, el cual refiere que desviará el cauce natural del arroyo para dirigirlo hacia una bóveda subterránea.

Lo anterior implicaría desviar una afluente natural sin retirar los asentamientos irregulares, originando alteración de la corriente pluvial, poniendo en igual riesgo la integridad física de la población, sus bienes y entorno, de las viviendas asentadas irregularmente, como de las que estarían arriba de la nueva bóveda, ante la presencia de una contingencia de origen hidrometeorológico.

Es decir, hacer un arroyo en donde anteriormente no existía, sin solucionar el problema de fondo permaneciendo los asentamientos irregulares intactos.

Compañeros legisladores, es de todos sabido que los ríos y arroyos reclaman su cauce, y que todo lo que se encuentra a su paso, es destruido al momento de las precipitaciones pluviales.

Construir en beneficio de la Sociedad es imperioso para el desarrollo de cualquier comunidad, y representa un logro político para su gobernante, pero la adecuada planeación y prevención de daños a la población es prioritaria y se antepone ante cualquier circunstancia.

Si bien es cierto que la actividad política implica necesariamente el uso de la palabra y de la razón para organizar la convivencia social y dirimir los conflictos y diferencias en busca del bien común, hacer política implica sobre todo el respeto a la vida de las personas, procurando en todo momento su seguridad y bienestar.

Bajo este tenor, se vuelve imperativa la aplicación de políticas públicas eficaces cuando lo que se encuentra en riesgo es precisamente la vida de nuestros representados, quienes confían en las acciones que los ayuntamientos realizan.

Por lo anterior y a efecto de conocer los aspectos técnicos que implica la realización de la obra, la cual debe en todo momento garantizar la seguridad de los habitantes, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al presidente municipal de Chihuahua, informe a este órgano legislativo el soporte técnico de la obra denominada regeneración del cauce del arroyo El Saucito, que se pretende realizar en el fraccionamiento Francisco I. Madero en el municipio de Chihuahua.

Segundo.-Se exhorta al ayuntamiento de Chihuahua, informe del proceso de adjudicación de la obra denominada regeneración del cauce del arroyo El Saucito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 7 de marzo del año 2006.

Dip. Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO A LA VIVIENDA A VIGILAR MEDIANTE LA SEDESOL EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD POR LAS CONSTRUCTORAS EN LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante el Pleno, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Entre los motivos que establece el Ejecutivo federal para publicar el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, encontramos la necesidad de una instancia de gobierno que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social se encargue de las labores de diseño, promoción e implementación de las políticas y programas de vivienda del Gobierno Federal.

La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda es un órgano creado mediante decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de julio de 2001.

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Servicios y Seguridad en la Edificación de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como finalidad: "promover una cultura de normalización y certificación de la calidad de la vivienda, a través de la elaboración de dos Normas Oficiales Mexicanas denominadas edificación de la vivienda y homologación de las características y procesos de la vivienda de interés social, además de promover cinco normas mexicanas relacionadas con los servicios de supervisión, dirección responsable de obra y laboratorios de pruebas, además las de valuación y técnica de vivienda".

El quinto informe de actividades de la Secretaría de Desarrollo Social en el apartado referente a la articulación institucional y fortalecimiento del sector vivienda, establece que: La política se ha orientado ha elevar el financiamiento y crear las condiciones para que cualquier familia pueda comprar, construir, remodelar o rentar una vivienda, con el compromiso de los actores involucrados de una oferta habitacional a menor precio y de mayor calidad.

Hasta aquí he hecho referencia a la parte oficial de los informes y las metas que las instituciones plantean como cumplidas o en proceso.

Lo lamentable es al hacer un seguimiento periodístico sobre la satisfacción de las familias que obtienen su vivienda a través de un crédito ya sea por Infonavit o por Fovissste, donde nos damos cuenta que, por un lado están las estadísticas que muestran el número de casas entregadas y por otra parte, la satisfacción que les genera habitarlas.

Entre las principales quejas que encontramos es que a unos meses de haber sido habitadas empiezan a notar grietas en los muros, y en el suelo, con lo cual lamentan la inversión que realizaron y la deuda que tendrán que estar pagando por años, como son personas de bajos ingresos es muy difícil que puedan abandonar esa vivienda y buscar otra que ofrezca seguridad física a su familia. En alguno de los medios periodísticos que han abordado el problema, una de las habitantes de las casas de interés social narraba el temor que le daba que en cualquier momento los muros se pudieran derrumbar.

Por ello considero que debemos de hacer un exhorto a las autoridades responsables de la política pública en materia de vivienda, a fin de que vigilen que realmente las empresas constructoras estén cumpliendo con la calidad y los materiales adecuados para la construcción de vivienda de interés social y que los permisos de construcción no se otorguen en lugares que no son seguros para ser habitados por muchas familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, a través de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que vigile el cumplimiento de la normatividad por parte de las constructoras en la producción de la vivienda de interés social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB Y A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A ALERTAR A LA CIUDADANÍA POR SPOTS DE TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE FRAUDES REALIZADOS VÍA TELEFÓNICA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO URCINO MÉNDEZ GÁLVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Alberto Urcino Méndez Gálvez, del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los Congresos de los estados a fin de que se alerte, por medio de spots de televisión y otros medios, a todos los municipios del país, así como a los ciudadanos, de los fraudes por vía telefónica y que se les informe que cualquier donación o premio por parte de las distintas instituciones o sorteos les serán notificadas vía oficio y los trámites son totalmente gratuitos; solicitando que el trámite sea de urgente y obvia resolución.

Considerando

El pasado martes 28 de febrero del año en curso, el C. Amancio Rodríguez Morales, presidente municipal de Camarón de Tejeda, Veracruz, solicito mi intervención para que se investigara unas llamadas telefónicas que recibió durante las últimas semanas del mes de febrero, en donde se le informaba que era candidato a recibir donaciones por parte de la ONU y del consulado de New Jersey, en Estados Unidos, y que tenía que depositar la cantidad de $1,700.00 dólares a una compañía de envío de dinero a Estados Unidos, con número de cuenta 1406, en Central Avenue Union City, New Jersey, USA; a nombre de Henry Vargas, Cónsul General de México en Estados Unidos, para que pudieran darle un camión de basura y una camioneta tipo Suburban para el uso del municipio.

Al investigar ante la secretaría de Relaciones Exteriores se me informo que todo esto era un fraude y que no existen los nombres de Henry Vargas y que el numero telefónico 0012019208536 no es del consulado y mucho menos de la ONU.

Desafortunadamente estas personas hablan con tanta seguridad que algunos alcaldes han caído en el juego perverso de estos individuos, y han depositado los recursos que les piden, y a futuro han tenido que afrontar el problema de haber sido defraudados y sin posibilidades de denunciar, ya que carecen de prueba alguna.

Estos fraudes por vía telefónica también están afectando a ciudadanos que reciben llamadas telefónicas donde les indican que han sido afortunados de haberse ganado un premio y que para recibir dicho premio, deben adquirir 9 tarjetas telefónicas con valor de $500.00 pesos. Para esto les dan un número telefónico donde deberán de reportarles los números de cada tarjeta y en el momento que lo hagan, recibirán inmediatamente el premio mencionado, teniendo como resultado que han sido defraudados.

Por la gravedad del daño que ocasiona este tipo de llamadas, en donde presidentes municipales, así como ciudadanos, que actúan de buena fe y que se ven defraudados por estos individuos, apelo a su buena voluntad compañeros diputados y propongo el siguiente y único

Punto de acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los Congresos de los estados, a fin de que se alerte por medio de spots de televisión y otros medios a todos los municipios del país, así como a los ciudadanos de estos fraudes por vía telefónica y que se les informe que cualquier donación o premio por parte de las distintas instituciones o sorteos les serán notificadas vía oficio y los trámites son totalmente gratuitos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dos siete días del mes de marzo de dos mil seis.

Dip. Alberto Urcino Méndez Gálvez
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA SHCP A EJERCER CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DESTINADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA NANCY CÁRDENAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados federales Nancy Cárdenas Sánchez, José Luis Cabrera Padilla y Miguel Luna Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

En el siglo pasado, el valor principal dado a la zona rural del Distrito Federal fue de "reserva territorial" para el crecimiento urbano, hasta que se tomó conciencia de que ese modelo de desarrollo conducía a la destrucción ambiental, poniendo en duda la viabilidad de la cuenca en el mediano plazo. Ante esta situación, en los años ochenta la zona fue decretada como Suelo de Conservación (SC), dando prioridad a la preservación de los recursos naturales sobre la producción agropecuaria y sobre el cambio de uso del suelo con fines de urbanización. Previamente, se decretó la veda de los bosques para su protección.

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico (SMA, 2000) más de la mitad del Distrito Federal, el 59% es Suelo de Conservación. Esta clasificación responde a una nueva valoración de la zona rural del DF, que en los últimos años ha pasado de ser considerada una reserva territorial para el desarrollo urbano a concebirse como un área generadora de servicios ambientales indispensables para la supervivencia de la Ciudad de México.

El Suelo de Conservación tiene una gran importancia, no sólo en términos ambientales, sino por las múltiples funciones que cumple: productivas, recreativas, culturales, identitarias, etcétera; de igual manera se ha reconocido que su deterioro genera vulnerabilidad a la Ciudad, todo lo cual le confiere una relevancia estratégica para todos los habitantes rurales y urbanos y por lo tanto, para el Gobierno del Distrito Federal. Merece especial mención el hecho de que aproximadamente el 60% del agua que se consume en la ciudad se extrae de los mantos que son recargados en el suelo de conservación, y debe señalarse también que se estima que hay una sobreexplotación de los mantos en un 50%, situación que genera problemas como los hundimientos y deterioro de la calidad del agua, entre otros.

En razón de lo anterior, a partir del año 2005, a propuesta de esta soberanía, se destinaron en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación recursos para los programas Recuperación de Suelos y Agua por 99 millones de pesos y Zona Sujeta a Conservación Ecológica Xochimilco por 30 millones de pesos. Estos recursos fueron erogados mediante el Convenio de Coordinación suscrito con fecha 12 de agosto de 2005, por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Gobierno de Distrito Federal, el objeto del mismo fue establecer las bases institucionales en el sector ambiental, a fin de llevar a cabo proyectos, obras y acciones en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En esa misma fecha, se establecen los lineamientos técnicos del Programa de Recuperación de Suelo de Conservación del Distrito Federal y del Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica de Xochimilco, como parte del Convenio de Coordinación.

Para 2006 en el proyecto del Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo, no consideraba partida alguna para éste rubro. Por esta razón, la suscrita presentó una propuesta con el respaldo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Desarrollo Rural para que ésta partida volviera a considerarse dentro del Ejercicio presupuestal 2006. La moción fue aprobada, quedando estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2005, dentro del Programa Especial Concurrente, Ramo 16 Medio Ambiente, al interior de Otros Programas, Recuperación de Suelos y Agua con un monto de 440.2 millones de pesos.

Ante este escenario resulta imprescindible e impostergable que el Ejecutivo federal proceda para que se apliquen los recursos de forma oportuna y transparente. Con base en lo anterior, me permito proponer al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dar continuidad en el 2006 al Convenio de Coordinación con el Gobierno del Distrito Federal que establece las bases institucionales en el sector ambiental a fin de llevar a cabo proyectos, obras y acciones en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En el mismo sentido se exhorta a que el recurso destinado para este rubro no sea inferior a lo autorizado en el ejercicio presupuestal 2005.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se libere de manera oportuna y con transparencia los recursos destinados al rubro de Conservación de Suelos y Agua, para que éstos puedan ser aplicados durante los primeros cinco meses del año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Diputados: Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Miguel Luna Hernández (rúbrica).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A REDUCIR EL COSTO DEL EMPLACAMIENTO VEHICULAR, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

1.- México es uno de los países que mayor contribución recauda por la tenencia de vehículos y el emplacamiento de los mismos; las participaciones que reciben las entidades federativas de recursos federales se han incrementado, sobre todo en estas últimas dos Legislaturas; el federalismo hacendario es un tema que se ha privilegiado dentro de nuestra agenda legislativa.

Si bien es cierto que existe una necesidad de dotar de recursos a los estados y municipios, este deberá ir acorde con el nivel socioeconómico de cada uno de los mismos, en la actualidad existe en cada una de las entidades federativas la facultad de reemplacar el parque vehicular cuando así se crea pertinente y exigir el cobro del mismo.

2.- En la actualidad, el gobierno del estado de Puebla cobra la tenencia y el reemplacamiento vehicular cuando apenas hace cinco años la sociedad poblana tuvimos que pagar por nuevas placas y ahora debemos pagar las cuotas de nuestra tenencia vehicular y nuevamente pagar por placas nuevas.

3.- Las cuotas que los poblanos tuvimos que pagar para no hacernos acreedores a multas locales van desde 600 hasta los 480 pesos, según el titular del gobierno local, el costo de reemplazar estas placas apenas cubre los gastos de mensajería, el chip, las antenas y la lámina de metal, argumentando que estos gastos serían gastos de recuperación, sin embargo se ha comprobado que el gasto que se ejerce por parte de las entidades federativas para la adquisición y distribución de las placas, es menor al costo que los contribuyentes pagamos por ellas, esto es, el reemplacamiento cuando menos en el estado de Puebla ha sido uno de los mejores negocios que se han implementado para sacar recursos locales y reutilizarlos de manera discrecional dentro del Presupuesto de Egresos de la propia entidad.

Es difícil tener plena confianza en el gobierno estatal con respecto al cobro de las placas y al correcto uso de los recursos obtenidos por este concepto. Por varias razones tenemos poca credibilidad del Ejecutivo del estado, una de ellas fue por el escándalo de sus penosas conversaciones y por la violación a los derechos humanos de la periodista Lidia Cacho; asimismo, por ser una año electoral estos recursos son susceptibles de un mal uso dentro de la contienda federal, tomando en cuenta que el estado de Puebla se mantiene en los primeros lugares de corrupción, aunado a ello, existe una desconfianza fundada en la Secretaría de Finanzas de Puebla, ya que carece de capacidad para desempeñar el buen manejo de recursos públicos.

Parece imposible que en la actualidad algunos titulares de los Ejecutivos locales, como es el caso del estado de Puebla, carecen de argucia y sensibilidad social, para saber que la mayoría de la sociedad poblana ostenta vehículos con mayor antigüedad que la última renovación de las placas que hizo el gobierno local.

4.- Si bien es cierto que la fracción IV del artículo 31 constitucional nos obliga a los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, federales, estatales y municipales, también es cierto que cada entidad federativa tiene la facultad y libertad de establecer sus proyectos de gobierno acorde a las necesidades sociales, a lo cual este programa de reemplacamiento estatal está fuera del contexto real con la sociedad poblana.

¡Compañeras y compañeros, dentro de nuestras responsabilidades como representantes sociales, está la de velar por los intereses de los ciudadanos a quienes representamos, el cobro de un reemplacamiento innecesario en el estado de Puebla se debe parar y tenemos la obligación de denunciarlo y exhortar al gobernador a que se reduzca el costo para los ciudadanos por concepto de la implementación de este proyecto!

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado bajo las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, me permito someter a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo local del estado de Puebla a que se reduzca el cobro por concepto de reemplacamiento vehicular para los ciudadanos de dicho estado.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE PRACTIQUE UNA REVISIÓN A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA RESPECTO A SU ACTUACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO, LECHE FLUIDA Y PIERNAS DE CERDO Y SOBRE EL DESECHAMIENTO DEL DICTAMEN DE DUMPING A FAVOR DE LOS PORCICULTORES MEXICANOS FAVORECIENDO A LOS PRODUCTORES NORTEAMERICANOS; ASIMISMO, QUE INTERVENGA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE A LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRÍGUEZ, MARIO ERNESTO DÁVILA ARANDA, RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA DE LA VEGA LÁRRAGA, REYNALDO VALDÉS MANZO Y GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Los suscritos, diputados federales José Luis Treviño Rodríguez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga, Reynaldo Valdez Manzo y Gonzalo Alemán Migliolo, integrantes de las fracciones parlamentarias de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, exponemos ante esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

La intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que audite exhaustivamente a la Secretaría de Economía en el rubro del otorgamiento de cupos y sobrecupos de importación de leche en polvo, leche fluida y piernas de cerdo, y para que se investigue la razón por la cual esa Secretaría desechó el dictamen de dumping a favor de los porcicultores mexicanos favoreciendo a los productores norteamericanos, así como la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que investigue la actuación de los funcionarios involucrados.

Antecedentes

La Comisión Especial de Ganadería ha recibido en reiteradas ocasiones denuncias por parte de las diversas organizaciones ganaderas, de decisiones tomadas por la Secretaría de Economía, con las que se ha lesionado la actividad económica de estos productores.

En la reunión de trabajo de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y la Especial de Ganadería, del día 14 de febrero del año en curso, con la subsecretaria de Comercio Interior, Rocío Ruiz Chávez, responsable de otorgar los cupos y sobrecupos de importación, cuando se trató el tema del otorgamiento del cupo extraordinario de importación de leche en polvo de 30 mil toneladas, en el mes de diciembre de 2005, acción que ha dado como resultado que los productores nacionales de leche no puedan vender su producto, aun cuando en esta época del año escasea, la subsecretaria Rocío Ruiz señaló que el cupo se otorgó por error.

Los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería no concebimos ni creemos que una subsecretaria que tiene 40 años como funcionaria pública cometa este tipo de errores.

Único: Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación audite exhaustivamente la Secretaría de Economía en el rubro de otorgamiento de cupos de importación de leche en polvo, leche fluida, así como la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que investigue la actuación de los funcionarios correspondientes.

Asimismo, solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que investiguen si existe algún problema de corrupción en la decisión de la Secretaría de Economía de desechar el dictamen de dumping de las importaciones de pierna de cerdo, favorable al sector porcicultor mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Diputados: Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez, Ramón González González, José Maria de la Vega Lárraga, Reynaldo Valdez Manzo, Gonzalo Alemán Migliolo.
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL PROGRAMA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, ECODIS, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que realice las acciones necesarias a fin de investigar las presuntas irregularidades presentadas en el programa de Emprendedores con Discapacidad, conocido como Ecodis, puesto en marcha por la Oficina de Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Que el pasado 26 de enero acudieron a esta H. Cámara de Diputados un grupo de aproximadamente 80 personas con discapacidad, que solicitaron a personal de resguardo y seguridad ser atendidas por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ya que por la mañana se habían manifestado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, por tratarse de un asunto de carácter federal, les informaron de la competencia de esta Comisión.

II. Que la Presidencia de la Comisión los recibió y atendió durante más de tres horas en un salón de las instalaciones oficiales de esta H. Cámara, escuchando en todo momento las demandas, incluyendo un pliego petitorio, que se centra al tenor de lo siguiente:

IV. Que con fecha 21 de febrero, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó a este órgano colegiado el citado punto de acuerdo.

V. Que de acuerdo con la información reportada y entregada por los inconformes el 26 de enero, resaltan los siguientes elementos:

VII. Que la misma presentación establece una alianza con diversa empresas, como Televisa, Mary Kay, Multipack, IBM, Telcel e ING, igual que la vinculación del programa Ecodis con diversas instituciones públicas y sus programas respectivos, creando con esto lo que ellos llaman sinergia institucional.

VIII. Que en la forma de cómo aplicar los recursos públicos y privados, así como para la capacitación, se crearon diversas formas jurídicas para la aplicación del programa Ecodis, como son 18 sociedades cooperativas, en las que participan las personas con discapacidad (algunas de ellas fueron de las que acudieron a esta Comisión), Fundación para la Ayuda Ecodis, AC, Integradora Súper 100 Ecodis, SA de CV, las cuales no se observa su participación con claridad en el programa y su constitución legal emerge de fechas muy recientes. Cabe destacar el caso de Corporativo Empresarial Reacción, SA de CV, que es una especie de fundación intermediaria y puente que, sin razón aparente, se crea para administrar los recursos de carácter federal, apreciación que observamos de acuerdo con la información con que contamos hasta el momento.

IX. Que una de las preocupaciones más grandes de esta Comisión es el anuncio que hizo el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, el 7 de septiembre de 2005, en un acto de buena fe y con gran sensibilidad, como lo caracteriza en estos temas, con relación al otorgamiento de 40 millones de pesos e incluso el ofrecimiento de más recursos siempre y cuando el programa funcione y ayude a los mexicanos que más lo necesitan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Las suscritas diputadas, y diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura, en pleno respeto de las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Publica para que realice las acciones necesarias a fin de esclarecer los presuntos malos manejos relacionados con el programa Ecodis, así como lo conducente con el funcionario público Víctor Hugo Flores Higuera, encargado del programa y hoy secretario técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, adscrito a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Segundo. Las suscritas diputadas, y diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública para que se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que se investigue la participación de Corporativo Empresarial Reacción, SA de CV, Integradora Súper 100 Ecodis, SA de CV, Fundación para la Ayuda Ecodis, AC, y de las 18 sociedades cooperativas, en el programa Emprendedores con Discapacidad, con objeto de que los recursos públicos asignados para la operación de dicho programa sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Adriana González Furlong (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A AUTORIZAR O, EN SU CASO, LIBERAR LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE IMPULSORA DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN, SA DE CV, INGENIO SAN CRISTÓBAL, DEL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO PALMERO ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados y pertenecientes al sector de la agroindustria azucarera con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Con fecha 14 de abril del año 2005, la empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV, "Ingenio San Cristóbal", ubicada en Carlos A. Carrillo, Veracruz, presentó al sindicato copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta por el ejercicio fiscal del año 2004, en la cual la empresa declara un total de ingresos acumulables de $2,170 millones de pesos, producto de las ventas, principalmente de azúcar, en tanto que el total de costos y gastos deducibles resultan de $1,1682 millones de pesos, que da como resultado una utilidad fiscal del ejercicio de $588 millones de pesos, cantidad que si bien no es equivalente a la renta gravable que se establece como base del pago de utilidades a los trabajadores, el sindicato estaba de acuerdo en aceptarla en tanto las autoridades fiscales resolvían sobre su procedencia o no, sin embargo, y contrario a todas las disposiciones de ley tanto laboral como fiscal, la empresa aplicó indebidamente pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, con lo cual se nulifica totalmente el derecho de los trabajadores a percibir una utilidad por el ejercicio fiscal laborado.

La utilidad legal debió haberse cubierto a los trabajadores el 30 de mayo del año 2005, sin embargo, la empresa se ha negado rotundamente a dicho pago, de tal forma que el sindicato en este periodo ha buscado exigir el cumplimiento de dicho pago que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones constitucionales a favor de los trabajadores y del cual la empresa ha incumplido al disminuir pérdidas de ejercicios anteriores para tratar de justificar el no cubrir el derecho de los trabajadores al reparto.

Con dicha actitud la empresa está violando disposiciones expresas señaladas en el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e), constitucional; el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe la compensación de años de pérdida con los de ganancia, la violación a las resoluciones de la primera y de la tercera Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, en la cual de igual manera se contempla que no se hará compensaciones entre los años de pérdida con los de ganancia y, reafirmando lo anterior, la jurisprudencia de carácter obligatorio bajo la tesis 25-2005 del mes de mayo del año 2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que para el cálculo de reparto de utilidades a que tienen derecho los trabajadores no debe tomarse en cuenta las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, sino que únicamente se deben sumar los ingresos acumulados menos las deducciones autorizadas por la ley, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es de señalar por otra parte que el Sistema de Administración Tributaria emitió desde el año 2004 criterios de prácticas indebidas de las personas morales y en el cual señala textualmente lo siguiente:

"Los contribuyentes que hayan obtenido el amparo y la protección de la justicia de la unión en contra de la aplicación del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, con ello, hubiesen obtenido el derecho a calcular la base de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10 de la misma ley, no tienen derecho a considerar que la utilidad fiscal, base de utilidades deba ser disminuida con amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, ya que la base para determinar la participación de utilidades de los trabajadores en las utilidades de las empresas es la utilidad fiscal y no el resultado fiscal.

Dicha normatividad emitida por el Sistema de Administración Tributaria implica sanciones administrativas e inclusive penales según se señala en los documentos oficiales, sin embargo, la empresa cuando elabora su declaración anual aplica criterios diferentes a los establecidos en las disposiciones establecidas en la ley de jurisprudencia e inclusive de normatividad fiscal y laboral afectando con ello a más de 3,055 trabajadores sindicalizados, más un número importante de trabajadores de confianza, lo que en términos generales refleja un impacto social estimado de 60,000 personas aproximadamente que viven directa e indirectamente del ingenio San Cristóbal.

Con fecha 25 de enero de 2006, y ante la negativa de la empresa de reconocer su error y pagar las utilidades a los trabajadores se presenta un emplazamiento a huelga para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de participación de utilidades por el ejercicio fiscal de 2004 y entre las que se señalan concretamente 6 violaciones de carácter laboral y fiscal en que incurre la empresa para evitar pagar utilidades a los trabajadores.

Durante las platicas de conciliación se señaló por parte de la empresa que, de acuerdo con opiniones obtenidas de especialistas en materia fiscal para el cálculo de los ingresos acumulables de las empresas se tomó la decisión de aplicar el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en substitución del artículo 16 del mismo ordenamiento considerado anteriormente como inconstitucional, hecho que consideramos ilógico e incongruente, toda vez que al ser una empresa administrada por el Estado su obligación principal es cumplir con la legalidad establecida en la ley.

Asimismo ha reconocido el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se establece que los trabajadores deberán hacerse participes de las utilidades y no de las pérdidas acumuladas de las empresas, sin embargo aun con estas bases y argumentos la empresa, apoyándose en los criterios de especialistas fiscales externos, evadió el pago de utilidades a sus trabajadores.

Al haber transcurrido nueve meses de retraso en el cumplimiento de esta obligación y al vencerse la primera prórroga del emplazamiento a huelga, con fecha 22 de febrero del presente año, ante la negativa de la empresa a otorgar una garantía de pago o, en su caso, un anticipo a cuenta de las utilidades, estalló una huelga que consideramos a todas luces innecesaria, toda vez que la empresa, de acuerdo con las disposiciones legales, no puede evitar pagar a los trabajadores la utilidad que con su esfuerzo generaron en el ejercicio fiscal que se señala y con la actitud de la empresa de alargar dicho pago está afectando la producción, ya que diariamente se procesan más de 18 mil toneladas de caña con una producción de cerca de 1,800 toneladas de azúcar, por esto consideramos que, si no se resuelve a la brevedad posible, no se podrán recuperar los días perdidos por esta suspensión en las actividades que reiteramos era innecesaria.

Los recursos solicitados deben estar fiscalmente constituidos en un fondo de reserva en los estados financieros de la empresa y se puede autorizar la aplicación de los mismos derivados del fondo creado por el FEESA para hacer frente a las obligaciones incumplidas que en este caso son el pago de prestaciones contractuales y legales de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dentro de sus atribuciones se autorice o en su caso se liberen las reservas que por participación de utilidades les corresponden a los trabajadores de la empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV, "Ingenio San Cristóbal" del ejercicio fiscal del 2004.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de marzo del año dos mil seis.

Diputados: Diego Palmero Andrade (rúbrica), Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Fernando Perdomo Bueno.
 
 

Federico Madrazo Rojas, diputado federal a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a las Comisiones de Energía; Gobernación; Seguridad Pública; de Hacienda y Crédito Público; y Presupuesto y Cuenta Pública, para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine en relación a la minuta enviada por la colegisladora con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X, del articulo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del articulo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Antecedentes

En sesión del día 10 de abril de 2003, el H. Senado de la República, aprobó el dictamen que reforma y adiciona la fracción X, del articulo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y reforma la fracción I del articulo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; con voto aprobatorio de 62 senadores, uno en contra y 27 abstenciones.

La minuta fue enviada a esta H. Soberanía ese mismo día y, en sesión del día 14 de abril de 2003, fue turnada a las Comisiones de Energía; Gobernación; Seguridad Pública; de Hacienda y Crédito Público; y con opinión la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Así, en sesión ordinaria del día jueves 28 de septiembre del año 2005, presenté ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, excitativa para que de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dictaminara en relación a la minuta en comento, enviada por la colegisladora.

Hasta el día de hoy, no se ha presentado dictamen al respecto aún habiéndose agotado el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

El costo de la energía eléctrica en nuestro país resulta injusto en la mayoría de sus entidades federativas, lacerando la economía familiar y restando competitividad a las empresas. Por ello, resulta indispensable realizar reformas a las leyes en la materia para adecuarlas a un esquema jurídico que permita establecer tarifas eléctricas justas.

La minuta enviada por la H. Cámara de Senadores a esta Soberanía, contempla reformas fundamentales a estas leyes que incorporan factores reales para calcular la tarifa de energía eléctrica apropiada, mismas que de forma resumida a continuación se mencionan:

Además, abre el camino a la creación de un sistema transparente y actualizado para el cálculo justo de las tarifas eléctricas. En caso de aprobarse por ésta H. Cámara de Diputados la minuta de referencia, se ha pronosticado que se reducirían las tarifas de energía eléctrica entre un 40% y un 60% en su costo, beneficiando por lo menos a 20 estados de nuestro país.

Para ejemplificar un caso en concreto, en el estado de Tabasco la temperatura promedio es de 28° C, de acuerdo a la zonificación vigente, con un máximo de 44° C y un mínimo de 18° C, lo que equivale a una estación de verano de 12 meses y, según el acuerdo para las tarifas, el subsidio se incrementa en el verano, considerado éste como los seis meses más calurosos del año. La humedad relativa es de 80%, lo que equivale, en un ambiente seco, a 4.7° C adicionales de temperatura. Por lo tanto, si tomamos la temperatura promedio de 28° C y le sumamos los 4.7° C generados por el factor humedad, tenemos una temperatura promedio de 32.7° C. Esta medición real podría ser jurídicamente sustentada con las reformas propuestas contenidas en la minuta, mismas que crean el Índice de Calor mencionado con anterioridad.

Actualmente la tarifa para esa entidad federativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2002, es la 1-C. Esta tarifa se aplica a la zona sur con temperatura media mínima en verano de 30º C, incongruente con el estado de Tabasco, que tiene una temperatura media de 32.7° C si consideramos el factor humedad. Además durante el presente año se registraron, en los meses más calurosos, temperaturas de hasta 44° C, manteniéndose así durante el día y la noche.

La preocupación por la búsqueda de tarifas eléctricas justas se extiende a lo largo del país. En esta representación popular se han presentado, sólo durante ésta LIX legislatura, las siguientes proposiciones:

De acuerdo con las prácticas parlamentarias, el paso óptimo sería discutir en el Pleno de esta Soberanía las reformas aprobadas por la Cámara de Senadores. Estamos a mitad del proceso parlamentario para que éste reclamo social, de dimensión nacional, culmine su tránsito por el parlamento, en caso de dictaminarse la minuta enviada por la colegisladora.

En suma, por lo anteriormente fundado y motivado, y habiéndose agotado el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI del mismo ordenamiento, solicito a usted respetuosamente, C. Presidenta de la Mesa Directiva:

Único.- Emplazar, con fecha específica, a las Comisiones de Energía; Gobernación; Seguridad Pública; de Hacienda y Crédito Público; y Presupuesto y Cuenta Pública, para presentar dictamen ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados, de la minuta que reforma y adiciona la fracción X, del articulo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma y adiciona la fracción I del articulo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Turnada a dichas Comisiones en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril del año 2003.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al vigésimo octavo día del mes de febrero de 2006.

Dip. Federico Madrazo Rojas (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada federal María Angélica Ramírez Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 6, inciso f), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción XVI de los artículos 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. A efecto de que emita el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 15 de marzo del año 2005, por la que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 15 de marzo de 2006, fue presentada a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 40 y 45 de la Ley Orgánica, así como los artículos 21 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- En la misma sesión el presidente de la Mesa Directiva giró el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio análisis y posterior dictaminación.

3.- Que hasta esta fecha la Comisión de Puntos Constitucionales no ha emitido el dictamen correspondiente ni ha solicitado la ampliación del plazo de dictaminación a la Presidencia de la Mesa Directiva, según lo enmarcado en los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- Que la Comisión de Puntos Constitucionales no ha producido dictamen alguno de la iniciativa en mención, y que ha incumplido lo enmarcado en el inciso f) del numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Primera.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones en nombre de la Cámara para que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra Comisión.

Segunda.- Es de señalarse que han transcurrido más de 12 meses desde que la iniciativa fue presentada ante el Pleno de esta soberanía y que el Presidente de la Mesa Directiva la turnara a la Comisión Puntos Constitucionales, y que hasta la fecha no se ha presentado el dictamen correspondiente, postergando el plazo enmarcado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin justificación alguna ante la Mesa Directiva.

Tercera.- El dictamen que se deberá producir sobre este tema es de suma relevancia, ya que está por venir el proceso electoral federal en México y la propuesta contiene en su parte expositiva las causas por las que los rectores, directores u homólogos de instituciones de educación pública deben retirarse del cargo 6 meses antes del proceso electoral, entre ellas está, que algunas universidades estatales tienen demasiada influencia sobre una parte del electorado y que cuentan con un presupuesto amplio, varios son los casos en los que los rectores universitarios o sus homólogos son candidatos de un partido político a un cargo público, siendo el más recurrido el de diputado federal.

Cuarta.- Algunos funcionarios públicos de las instituciones de educación superior se valen del cargo que poseen para apoyar campañas de algunos partidos políticos de su preferencia a cambio de intereses personales en el partido que incursionen o apoyen, se estima que la dictaminación de esta iniciativa ayudará al control de quienes poseen una influencia dentro de instituciones superiores de educación hacia el electorado.

Señora Presidenta, por todo lo anteriormente expuesto y fundado, le solicito de la manera más atenta la siguiente

Excitativa

Único.- Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de que presente el dictamen respectivo ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, sobre la iniciativa por la que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la mayor brevedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE SALUD, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular una primer excitativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- El primero de junio de 2005 presente la iniciativa de decreto que adiciona un artículo 469 Bis a la Ley General de Salud, correspondiente al Título Décimo Octavo, referente a las Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, en su capitulo VI referente a Delitos. Buscando sancionar la dicotomía, estableciendo: Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate, al profesional de la salud que practique la dicotomía, entendiéndola como: la participación económica que ofrecen los laboratorios clínicos u otros servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a los médicos y/o funcionarios, como premio o gratificación, por la canalización de pacientes para la realización de análisis clínicos u otros servicios médicos y paramédicos.

2.- El 6 de diciembre de 2005 presente la iniciativa de ley con proyecto de decreto, por el cual se adiciona un artículo 48 bis a la Ley General de Salud, correspondiente al Título Tercero, en su Capítulo III referente a los Prestadores de Servicios de Salud. Donde propuse que los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud no podrán percibir comisiones, repartición de honorarios o porcentaje alguno, derivados de la prescripción de medicamentos, aparatos ortopédicos, lentes, análisis clínicos y cualquier clase de inducción entre médicos, industrias o empresas médicas, paramédicas, farmacéuticas u organismos similares.

La asociación entre médicos y otros profesionales de la salud, debe tener como finalidad la complementación y el mejoramiento del recurso ofrecido, y se prohíbe que este tenga como fines el lucro o el engaño.

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se emita ningún dictamen, ni pronunciamiento alguno por parte de la Comisión de Salud.

La que suscribe la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito de esta presidencia:

Único.- Se sirva formular una excitativa a la Comisión de Salud, a fin de que emita el dictamen de las iniciativas que enuncian y sancionan la dicotomía en la Ley General de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Los suscritos, diputados y diputadas federales integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI del Reglamento, le solicitamos que a nombre de la Cámara de Diputados excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamine la minuta de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4° y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual expongo los siguientes

Antecedentes

I.- En la sesión del día 15 de diciembre de 2003 en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos, presentaron dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual quedó aprobado en la citada sesión.

II.- En la misma fecha, la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envió a su colegisladora la minuta mencionada.

III.- En la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2003 la H. Cámara de Diputados dio trámite de recibo a la referida minuta y el Presidente ordenó turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente, la cual conformó una subcomisión que quedó integrada el 27 de enero de 2004.

IV.- El 21 de abril de 2004, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen elaborado por la Subcomisión con las modificaciones que ésta propuso a la minuta recibida del Senado de la República.

V.- En la sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la H. Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y fue devuelto a la colegisladora, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI.- El 2 de septiembre de 2004, la H. Cámara de Senadores recibió la minuta devuelta y ordenó su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

VII.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Senadores estimó pertinente modificar y con fecha 14 de diciembre de 2004, devolver la minuta a la colegisladora, cambiando la redacción que les fue propuesta por la misma.

VIII.- En sesión celebrada el día 10 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la minuta proyecto de decreto que nos ocupa, que fuera remitida por la H. Cámara de Senadores.

IX.- En sesión celebrada el 22 de junio de 2005, el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó una opinión favorable a la aprobación por la H. Cámara de Diputados de la minuta en comento.

X.- La Comisión de Desarrollo, el 29 de junio, envió a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, la opinión favorable a la aprobación de la minuta proyecto de decreto en los términos propuestos.

XI. En sesión celebrada el 19 de octubre de 2005, el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la minuta referida.

XII. Dicha excitativa fue firmada por diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios que integran la Comisión de Desarrollo Social y publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de octubre del mismo año.

Presente dictamen, firmada por la diputada Clara Brugada y el diputados Víctor Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y, si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. Es el caso que el día 10 de febrero de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la minuta proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fuera remitida por la H. Cámara de Senadores.

Tercera. Es de señalarse que la Comisión de Desarrollo Social aprobó, en reunión plenaria del 22 de junio del 2005, una opinión favorable a la aprobación de la minuta proyecto de decreto en comento. Dicha opinión fue enviada, el 29 de junio del mismo año, a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

Cuarta. Es de destacarse que han transcurrido más de un año, y la Comisión de Puntos Constitucionales no ha presentado al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinta. Es de mencionarse que la presente será la tercera excitativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la minuta en comento; por lo anterior, y de conformidad con la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se sirva excitar e instruir día determinado para que la minuta sea presentada.

Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta la siguiente

Excitativa

Único.- En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día determinado, para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de marzo de 2006.

Suscriben diputados: Beatriz Zavala Peniche, (rúbrica) Presidenta; Carlos Flores Rico, Secretario; Sonia Rincón Chanona, Secretaria; Armando Rangel Hernández, (rúbrica) Secretario; Julio Boltvinik Kalinka, (rúbrica) Secretario; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales (rúbrica), Luz María Hernández Becerril (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), José López Medina, María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Juan Carlos Nuñez Armas, Maki Esther Ortíz Domínguez, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Ofelia Ruiz Vega, Renato Sandoval Franco, María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez.
 
 
 

A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos , para que de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa para adicionar al Código Penal Federal, el artículo 309 en su capitulo II del Título décimo noveno y en el Código Federal de Procedimientos Penales en su Capitulo IV, el numeral 35 a la fracción I del artículo 194, en razón a los siguientes:

Antecedentes

1) En fecha 19 de abril de 2005, presenté ante esta Soberanía, la iniciativa para adicionar el artículo 309 al Código Penal Federal y el numeral 35 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

2) La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en misma fecha.

Consideraciones

La iniciativa destaca la importancia de la profesión de periodistas por su misión de buscar, redactar, imprimir y distribuir las noticias acerca de los acontecimientos que de uno u otro modo, afectan a la sociedad, ya sea en su beneficio o en su perjuicio.

También advierte de los peligros vinculados a esta profesión, en virtud de que con frecuencia la divulgación de una noticia afecta a intereses por lo general de dudosa moralidad o francamente ilícitos.

La redundancia con la que la vida de un periodista está en peligro, lo comprueba la repetición en que son víctimas de ataques, la mayoría de las veces mortales, porque los sicarios encargados de ejecutarlos, son expertos en la realización de sus ataques contra la vida de sus víctimas y rara ves fallan.

Lo vulnerable de la profesión y su necesidad social, obliga a la comunidad, en especial a quienes tienen alguna autoridad, a procurar la protección de los trabajadores de la comunicación en cualquiera de sus modalidades.

La cotidianidad de los atentados contra los comunicadores, especialmente los reporteros, periodistas o fotógrafos y la repetición de los hechos en que son ultimados, ya no sorprende a nadie; pero no por eso podemos olvidarnos de sus riesgos, sino por lo contrario, quienes hacemos las leyes en favor de la comunidad, estamos obligados a vela por la seguridad de estos profesionistas de tan peligrosa labor.

Consiente del deber de proteger a los miembros de la sociedad, cualquiera que sea su actividad, particularmente a los miembros de la comunicación masiva, me permití en abril del año próximo pasado, presentar una iniciativa con el proyecto de agravar las sanciones a quienes priven de la vida a un comunicador a sabiendas de su profesión u ocupación.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el articulo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único: En los términos del artículo 21, fracción XVI del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que Formule el dictamen respectivo a la iniciativa mencionada.

Sala de Sesiones del Poder Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de febrero de 2006.

Dip. Rene Meza Cabrera (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo quinto del Acuerdo Parlamentario Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicito a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que conforme a lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 22 de noviembre de 2005, que reforma el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de noviembre del 2005 presenté la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para terminar anticipadamente los periodos de sesiones.

2. La iniciativa tiene como finalidad fortalecer el sistema democrático y de división de poderes.

3. El Presidente en turno de esta H. Cámara de Diputados, durante primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura, turnó a la comisión de puntos constitucionales la iniciativa en comento.

Consideraciones

Nuestra Ley Fundamental, como garante de la división de poderes, debe velar siempre porque el equilibrio de estos mantenga la justa balanza del poder.

Como responsabilidad primordial, la del legislador es actualizar la norma, para que esté de acuerdo con la realidad que una nación vive cotidianamente, más aún, cuando la transición democrática exige a todos hacer aquello que contribuya al fortalecimiento democrático de nuestro país.

El Congreso de México encierra en su propia naturaleza la responsabilidad y obligación de parlamentar, "el poder" mismo, para llegar a consensos y acuerdos.

Cómo entender que aquél, encargado de llevar a buen término la legislación que nuestro país requiere, no pueda por sí, llegar al acuerdo para terminar anticipadamente los periodos de sesiones, y no sólo eso, sino que requiera de la intervención de otro poder para encontrar una solución.

Es importante indicar que esta circunstancia respondió, en su momento, a un exacerbado sistema presidencialista, que dictaba y ordenaba a este Congreso aprobar sus iniciativas, convirtiendo este órgano colegiado en una simple oficialía de partes, de aquellas propuestas que eran turnadas a esta asamblea.

No perdamos de vista que en una auténtica vida democrática no puede aceptarse la existencia de una intervención, en una situación que concierne sólo al Congreso resolver, no tanto por el hecho de terminar o no un periodo anticipadamente, sino más bien, en el sentido de que aún como árbitro, la intervención de otro poder en una decisión que no es de su competencia, traspasa y extralimita las facultades de un sistema presidencial.

Es por todo esto, que en el auténtico ejercicio de facultades y responsabilidades, no puede ni debe participar el Presidente de la República, en una decisión que tiene que ser exclusiva del Legislativo en ejercicio pleno de su representatividad.

Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido en exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea elaborado y presentado su dictamen respecto de la iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante el Pleno de esta H. Cámara el día 22 de noviembre de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados a 7 de marzo de 2006.

Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada federal María Angélica Ramírez Luna, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 6, inciso f), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a efecto que emita el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 23 de noviembre de 2004, por la que se reforman y adicionan los artículos 40 y 45 de la Ley Orgánica, así como los artículos 21 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con fecha 23 de noviembre de 2004 fue presentada a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 40 y 45 de la Ley Orgánica, así como los artículos 21 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma sesión, el Presidente de la Mesa Directiva giró el turno a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio, análisis y dictaminación.

3. Que hasta esta fecha la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no ha emitido el dictamen correspondiente ni ha solicitado la ampliación del plazo de dictaminación a la Presidencia de la Mesa Directiva, según lo enmarcado en los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no ha producido dictamen alguno, y que ha incumplido lo enmarcado en el inciso f) del numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones en nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra Comisión.

Segunda. Es de señalarse que han transcurrido más de 15 meses desde que la iniciativa fue presentada ante el Pleno de esta soberanía y que el Presidente de la Mesa Directiva la turnara a la Comisión Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y que hasta la fecha no se ha presentado el dictamen correspondiente, postergando el plazo enmarcado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. El rezago legislativo es uno de los principales problemas con que cada una de las Legislaturas se enfrenta entre Legislaturas. El artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior es muy claro, ya que establece que los dictámenes que no llegue a conocer la Legislatura posterior a la de inicio, simplemente quedan con el nombre de proyectos, si bien es cierto que las comisiones tienen bajo su tutela las iniciativas y proposiciones que los legisladores desarrollan, también es cierto que para las comisiones el tiempo de dictaminación es muy corto, ya que sólo cuentan con cinco días hábiles para emitir el dictamen correspondiente.

Sin embargo, el tiempo no es suficiente para que las comisiones alcancen a emitir el dictamen correspondiente, más aún cuando se trate que el turno sea a dos o más comisiones unidas para emitir el dictamen, el proceso de dictaminación requiere cuando menos 30 días naturales para realizar el estudio, el análisis y la fundamentación requerida por nuestros ordenamientos internos.

Cuarto. Es prioritaria la dictaminación de las iniciativas de reforma al marco jurídico del Congreso, ya que se debe agilizar el proceso parlamentario del Congreso General del país, el fortalecimiento de comisiones y comités, ha sido parte importante dentro de la agenda legislativa de este órgano legislativo federal, son urgentes las reformas del marco jurídico y así debemos entenderlas.

Señora Presidenta, por todo lo anteriormente expuesto y fundado, le solicito de la manera más atenta la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a que presente el dictamen respectivo, ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, de la iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 40 y 45 de la Ley Orgánica, así como los artículos 21 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con la mayor brevedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación para que se dictamine la Iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Antecedentes

En la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó en febrero de 2002 una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 73, fracción XI, 75, 115, fracción IV, y 127, así como la adición de la fracción VIII al artículo 116, con el propósito de establecer en la Carta Magna los criterios mínimos necesarios para determinar las percepciones de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno.

Con fecha 8 de enero de 2003 fue presentada ante el Planeo de la Comisión Permanente la Iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, suscrita por el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, y se turnó a las Comisiones de Gobernación, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

Consideraciones

La transparencia en el ejercicio del poder público supone la rendición de cuentas y, por tanto, posibilita mejorar la eficacia de las acciones gubernamentales. Asimismo, garantizar dicha transparencia conlleva, además, actuar de manera definitiva e irreversible contra la corrupción.

Por lo que el Congreso de la Unión debe asumir su responsabilidad de establecer mecanismos legales que permitan a los ciudadanos conocer, de manera certera, clara y oportuna, información sobre la gestión gubernamental en todos los ámbitos, como el manejo y destino de los recursos fiscales y, en particular, de aquellos que se destinan al pago de los servidores públicos.

Es necesario responder a la exigencia social sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, fortalecer el marco jurídico que permita contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos.

Por ello, deben establecerse los criterios que permitan otorgar una remuneración económica que retribuya con justicia el trabajo que se realiza y también, simultáneamente, que sea congruente con las limitaciones presupuestarias, acompañadas de la realidad económica nacional y local que prevalezca en los diferentes niveles y ámbitos de la administración pública.

La iniciativa de ley en comento, al aprobarse, permitirá la rendición de cuentas y podrá evitar los casos de abuso, ya que establece los mecanismos con que deben regirse los sistemas de remuneración de los servidores públicos y las sanciones que, en su caso, deben aplicarse por incumplimiento. De esta manera se promueve y garantiza un adecuado ejercicio gubernamental al reducir la discrecionalidad, se fortalece la rendición de cuentas al dar certidumbre sobre el gasto de los recursos públicos, se combate la arbitrariedad y se fortalece el compromiso con la transparencia y con el combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta Presidencia lo siguiente:

Único: Con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, solicito, excite, remitiendo el presente documento, a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que se identifica en esta excitativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA NORMA PATRICIA SAUCEDO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada federal Norma Patricia Saucedo Moreno, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo quinto del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a efecto de que, en lo dispuesto en el inciso f), numeral 6, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se elabore con la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación infantil y juvenil, presentada el 30 de marzo de 2004, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 30 de marzo de 2004 presenté iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación infantil y juvenil.

2. La iniciativa tiene como finalidad generar y fortalecer la participación de los niños y los jóvenes de nuestro país en los asuntos político-electorales como parte de su formación cívica y de participación ciudadana.

3. El Presidente en turno de esta H. Cámara de Diputados durante segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LIX Legislatura turnó a la comisión de gobernación la iniciativa en comento.

Consideraciones

Nuestra Ley Fundamental define los derechos que tienen los niños, y entre éstos encontramos el de recibir una educación y gozar de un sano esparcimiento para su desarrollo integral.

De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, a los niños se deben garantizar las condiciones para formarse un juicio propio y otorgarles la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia, actividades que contribuyan al mejor desarrollo del infante y que además lo formen como un ciudadano responsable y comprometido, con los derechos pero también con sus obligaciones.

De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes otorga a los niños y a los adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica, y el inalienable derecho a recibir información.

Generar desde la infancia una práctica constante de participación es parte de una necesidad formativa cívica que impulse una cultura democrática en los niños y los jóvenes de hoy como futuros ciudadanos.

El propio Instituto Federal Electoral ha llevado a cabo prácticas de participación infantil y juvenil que, gratamente, arrojan resultados muy positivos con las consultas infantiles y juveniles, que se desarrollan ya desde hace más de seis años.

Se debe buscar garantizar y fomentar estas actividades como práctica continua que, como parte de una educación cívica, se vuelva una práctica y costumbre generada desde los primeros años de vida, que lejos de generar apatía incentiven a la participación, pues en estas consultas vemos gratamente que los niños acuden con esmerado ánimo.

Estos ejercicios de participación y expresión cívica de la población infantil y juvenil incorporan contenidos y condiciones para que esos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en práctica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio crítico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas públicos y desarrollen un sentido de corresponsabilidad.

Diversos reconocimientos nos indican que el rumbo es el correcto, que debemos continuar ese camino; por ello, la necesidad de contribuir con una legislación que dé certeza jurídica a esta labor.

Para Acción Nacional, la responsabilidad ciudadana no se agota con el ejercicio del derecho al sufragio, sino que éste se perfecciona permanentemente con la participación ciudadana en el cumplimiento de los deberes cívicos, políticos y sociales que tiene la persona en comunidad, y qué mejor que generando en la población infantil durante su formación este tipo de valores y prácticas.

Para poder asegurar a largo plazo la madurez y consolidación de una democracia se requieren instituciones sólidas, una sociedad organizada y ciudadanos conscientes de sus obligaciones.

Debemos generar además en los ciudadanos el conocimiento cívico y político-electoral, necesario para el empleo apropiado de los instrumentos y las instituciones de que la democracia dispone.

Con esta propuesta se busca fortalecer la participación ciudadana, estimulando desde la infancia el interés por los asuntos públicos, y de esta forma entusiasmar a la participación, asumiendo un compromiso permanente con los valores y los recursos políticos propios de nuestra democracia.

Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido en exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación para que sea elaborado y presentado su dictamen respecto de la iniciativa de reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada ante el Pleno de esta H. Cámara el 30 de marzo de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2006.

Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica)