• De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con los que remite comunicaciones de los diputados René Meza Cabrera, Raúl Mejía González, Rebeca Godínez y Bravo, Miguel Ángel Rangel Ávila, Gerardo Montenegro Ibarra, José Erandi Bermúdez Méndez, José Julio González Garza y Ady García López.

• De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el que remite contestaciones de la Secretaría de Gobernación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Del Gobierno del Distrito Federal, dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el diputado Jesús González Schmal, en nombre propio y de las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Sofía Castro Ríos, de los Grupos Parlamentarios de Convergencia, PRD y PRI, respectivamente, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 27 de junio de 2006.

• Que reforma el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del martes 27 de junio de 2006.

• Que adiciona la fracción III del artículo 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 27 de junio de 2006.

• Que adiciona un párrafo segundo al artículo 75 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por la diputada Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 27 de junio de 2006.

• Que reforma y adiciona el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del martes 27 de junio de 2006.

• Que reforma el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal Federal, presentada por la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 27 de junio de 2006.

• Que adiciona los artículos 8 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, en nombre propio y de la diputada Celia Leticia Montes de Oca y Cabrera, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del martes 27 de junio de 2006.

• De la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos, al proceso de selección para ocupar la plaza de investigador A adscrita al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

• De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 29 de junio, a las 13 horas.

• De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación, que se llevará a cabo el jueves 6 de julio, a las 11 horas.

• De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, a las exposiciones pictóricas Coalición de metáforas y Símbolos y portentos, de los artistas Arturo Reyes y Sarah Tisdall, respectivamente, que permanecerán hasta el 29 de junio.

• De la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, al seminario internacional sobre violencia feminicida Puente al futuro y cuarta reunión del diálogo internacional interparlamentario, que se verificará los días 13 y 14 de julio, a las 10 horas.

• De la Comisión de la Función Pública, al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes a partir de junio y hasta el 15 de agosto, de las 7 a las 9 horas.

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que se recibió oficio número 3782, suscrito por el diputado René Meza Cabrera, por el que informa de su renuncia al Partido Revolucionario Institucional y a la fracción parlamentaria de ese partido, a partir del 18 de junio de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Mesa Directiva dispuso que dicha documentación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez
Vicepresidente
 
 

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 18 de junio de 2006

Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Presente

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 18 de junio de 2006 presenté mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional, por lo que, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura, he decidido renunciar a la fracción parlamentaria de dicho instituto político, por lo que solicito a usted, de la manera más atenta, que a partir de esta fecha se me considere para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar como diputado independiente, para continuar realizando mis funciones legislativas.

Asimismo, con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que me sean concedidos los apoyos que las leyes contemplan para poder desarrollar la labor de gestión que este cargo de elección popular demanda y las prerrogativas y prestaciones sociales a que tengo derecho.

Ruego a usted sea tan amable en disponer la publicación de la presente renuncia en la Gaceta Parlamentaria.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente
Diputado René Meza Cabrera (rúbrica)
 
 

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con comunicación del diputado Raúl Mejía González por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 3 de julio de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha comunicación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente
 
 

México, DF, a 23 de junio de 2006.

Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio, LIX Legislatura
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal Raúl José Mejía González, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar mi reincorporación a mis actividades legislativas a partir del 3 de julio del presente año.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

Atentamente
Diputado Raúl Mejía González (rúbrica)
 
 

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con comunicación de la diputada Rebeca Godínez y Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 1 de julio de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha comunicación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de junio de 2006.

Diputado Álvaro Elías Loredo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Señor Presidente:

Por medio de la presente, respetuosamente hago de su conocimiento que, con fecha 1 de julio del año en curso, me reincorporo a mis actividades legislativas, como diputada federal en esta LIX Legislatura. Ello, en razón de que, como manifesté en mi solicitud de licencia, esta última comprende del 1 de abril al 30 de junio de 2006.

También me permito informarle que he solicitado a la Presidencia de la Comisión Permanente que se realicen los trámites correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, me reitero a sus respetables órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Diputada Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica)
 
 

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con comunicación del diputado Miguel Ángel Rangel Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 3 de julio de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha comunicación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente
 
 

México, DF, a 26 de junio de 2006.

Senador Jesús Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Honorable Congreso de la Unión

Por medio de la presente le informo que a partir del 3 de julio de 2006 me reincorporo a los trabajos legislativos, por lo que a partir de dicha fecha solicito que se dé por concluida la licencia que se me otorgó para separarme temporalmente de mi cargo.

Sin otro particular, agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

Atentamente
Diputado Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica)
 
 

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se dio cuenta con comunicación del diputado Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 3 de julio de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha comunicación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente
 
 

México, DF, a 23 de junio de 2006.

Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal Gerardo Montenegro Ibarra, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar mi reincorporación a mis actividades legislativas a partir del 3 de julio del presente año.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

Atentamente
Diputado Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica)
 
 

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se dio cuenta con comunicación del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 3 de julio de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha comunicación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente de la Mesa Directiva
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de junio de 2006.

Diputado Álvaro Elías Loredo
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al tiempo que hago de su conocimiento que ha concluido la licencia que se me otorgó para separarme temporalmente del cargo de diputado federal, por el distrito 11 del estado de Guanajuato, por lo que a partir del próximo lunes 3 de julio me reincorporo a la honorable Cámara de Diputados, así como a las tareas que tengo encomendadas.

Sin otro particular, me es grato saludarla y reiterarle mi consideración y respeto.

Atentamente
Diputado José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica)
 
 

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se dio cuenta con comunicación del diputado José Julio González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 3 de julio de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha comunicación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente
 
 

Palacio Legislativo, a 26 de junio de 2006.

Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente

A través de la presente le envío un cordial saludo y me permito informarle que a partir del 3 de julio de 2006 me reincorporo a los trabajos legislativos, por lo que a partir de dicha fecha solicito se dé por concluida la licencia que se me otorgó para separarme temporalmente de mi cargo.

Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva dar a la presente, para los fines a que haya lugar.

Atentamente
Diputado José Julio González Garza (rúbrica)
 
 

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se dio cuenta con comunicación de la diputada Ady García López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 3 de julio de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha comunicación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente de la Mesa Directiva
 
 

México, DF, a 23 de junio de 2006.

Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente

La suscrita, diputada federal Ady García López, integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión de la tercera circunscripción en el estado de Tabasco, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de realizar los trámites necesarios para solicitar ante el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión mi reincorporación a las actividades legislativas a partir del 3 de julio del año en curso.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente
Diputada Ady García López (rúbrica)
 
 
 

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON EL QUE REMITE CONTESTACIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 27 de junio de 2006.

Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibieron de la Secretaría de Gobernación oficios números SEL/300/3503/06, 3619, 3621, 3622, 3631, 3641, 3669, 3673 y 3676, con los que remite respuesta a diversos puntos de acuerdo aprobados por el Pleno de esa Cámara de Diputados.

Atentamente
Diputado Pablo Alejo López Núñez (rúbrica)
Vicepresidente
 
 

México, DF, a 22 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-3230, signado el 14 de febrero del año en curso por las diputadas Marcela González Salas y P. y María Sara Rocha Medina, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 1.1.-208/06, suscrito el 21 del actual por el ciudadano Antonio Alvarado Briones, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar los recursos aprobados y comprometidos para el ejercicio fiscal de 2005 en el ramo carretero y a entregar los del ejercicio fiscal de 2006 del estado de Coahuila.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 21 de junio de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Nos referimos a su oficio número SEL/300/1029/06, de fecha 15 de febrero de 2006, mediante el que comunica al arquitecto Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, el punto de acuerdo, aprobado por la H. Cámara de Diputados, en el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar la inmediata liberación de los recursos aprobados y comprometidos para el ejercicio fiscal de 2006 del estado de Coahuila.

Sobre el particular, el arquitecto Jorge Fernández Varela, subsecretario de Infraestructura, informó a esta dirección general que la liberación de los correspondientes recursos se hará una vez que se cuente con registro en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se disponga de los elementos necesarios para su realización, como son el proyecto ejecutivo, el derecho de vía y los permisos ambientales.

Entretanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja en la integración de los elementos faltantes del proyecto para estar en posibilidades de gestionar la liberación de los recursos y la licitación de los trabajos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente
Antonio Alvarado Briones (rúbrica)
Director General de Comunicación Social
 
 

México, DF, a 22 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-4276, signado el 25 de abril del año en curso por las diputadas Marcela González Salas y P. y Sara Rocha Medina, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SACN/300/187/2006, suscrito el 16 del actual por el ciudadano Roberto Anaya Moreno, subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la comisión de probables actos ilícitos en el ejercicio del fideicomiso de la Biblioteca México José Vasconcelos.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 16 de junio de 2006

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero al diverso SEL/300/2817/06, mediante el cual se comunica el acuerdo de la Cámara de Diputados del día 25 de abril de 2006, que a la letra dice:

El presente asunto fue radicado para su investigación en el Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control, bajo el número de expediente CNCA-QR-D-11/06, por lo que, una vez que se cuente con los elementos de juicio necesarios, se comunicará la resolución que en derecho proceda.

Comunico a usted lo anterior para que por su amable conducto se haga del conocimiento del órgano competente de la Cámara de Diputados.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Roberto Anaya Moreno (rúbrica)
Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad
 
 

México, DF, a 22 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-1-1664, signado el 6 de diciembre de 2005 por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 217B20000/ 1561 /06, suscrito el 6 del actual por el doctor Jesús Luis Rubí Salazar, coordinador de Salud del Gobierno del estado de México, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las secretarías de Salud de los estados a adoptar las medidas pertinentes para mantener un abasto suficiente de suero antialacránico, acorde a la tasa de incidencia de intoxicación por picadura de alacrán.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

Toluca de Lerdo, México, a 6 de junio de 2006.

Señor Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

En atención a su oficio número SEL/300/7117/05, remitido al titular del Poder Ejecutivo estatal, mediante el cual informa del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relativo a los daños en salud por picadura de alacrán, me permito comentar a usted que el estado de México presenta una tasa baja de incidencias con respecto al resto de las entidades federativas, por lo que se cuenta con las reservas suficientes para cubrir la demanda de atención por picadura de alacrán.

Asimismo, se proporciona capacitación permanente durante febrero y abril para el personal de vectores, y febrero y agosto para médicos pasantes en servicio social, la cual incluye aspectos técnicos, clínicos y manejo del faboterápico, a efecto de disminuir la morbilidad y mortalidad por picadura de alacrán.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dr. Jesús Luis Rubí Salazar (rúbrica)
Coordinador de Salud
 
 

México, DF, a 21 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-2-2239, signado el 27 de abril del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 1.7.3/M071/06, suscrito 19 del actual por el doctor Francisco Escobar Vega, director general adjunto de Relaciones Internacionales, Comunicación Social y Comités Especiales Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como el anexo que en él se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al censo nacional sobre el sector productivo artesanal.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 19 de junio de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Hago referencia a su oficio número SEL/300/3020/06, del 9 de mayo de 2006, mediante el cual comunica al titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, doctor Gilberto Calvillo Vives, la aprobación, con fecha 27 de abril del presente, de un dictamen con punto de acuerdo, de la Comisión de Gobernación de la H. Cámara de Diputados, con el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya al INEGI para que se realice un censo nacional sobre el sector artesanal. Sobre el particular, hago llegar a usted en nota anexa los comentarios del instituto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Doctor Francisco Escobar Vega (rúbrica)
Director General Adjunto de Relaciones Internacionales, Comunicación Social y Comités Especiales Legislativo y Judicial
 

Comentarios sobre el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al INEGI para que realice un censo nacional sobre el sector artesanal

En una primera reunión podría el INEGI hacer una presentación respecto a cómo se hace un censo, en términos generales, cuáles son los elementos que se requieren para llevarlo a cabo, y los costos y tiempos que esto implica.

Se juzga conveniente que, antes de la reunión, se fueran considerando algunos puntos importantes en la concepción del proyecto, como

Ambos conceptos pueden ser de interés para el estudio que se está planteando, o una conjunción de ellos, pues la concepción de artesanía puede ser tan amplia o acotada como se quiera.

Mientras hay quienes en forma manual elaboran bienes típicos o característicos de una cultura o zona geográfica, también hay quienes con las mismas técnicas elaboran bienes de uso común, como las tortillas hechas a mano, así como quienes elaboran productos típicos utilizando técnicas sofisticadas o incluso utilizando maquinaria en sus procesos de producción, y en todos los casos podría decirse que se trata de artesanía, aplicando uno u otro concepto (u otra definición alternativa).

La definición de artesanía tendría una importante repercusión en lo que sería la población objeto de estudio. Dicha definición puede estar dada en términos del producto (artesanía) elaborado o de la técnica de producción utilizada para elaborarlo, o bien, una combinación de ambos conceptos, o bien, una combinación de ambos o alguno de ellos con aspectos culturales o tradicionales.

México, DF, a 20 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-2-2224, signado el 26 de abril del año en curso por los diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, Vicepresidente en funciones de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGGCARETC.715/DRIRETC.-000182, suscrito el 16 del actual por la MC Ana María Contreras Vigil, directora general de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a utilizar los mecanismos tendentes a controlar y regular de manera más estricta el desecho de gases y residuos tóxicos en las zonas industriales del Valle de México y Zonas Conurbanas.

Agradezco, la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Bucareli número 99, edificio Covián, primer piso
Colonia Juárez, 06600, delegación Cuahutémoc
México, Distrito Federal, teléfono 51-28-00-00, extensión 33844

En relación con su similar con número SEL/300/2847-/06, recibido en esta subsecretaría el 12 de mayo del 2005, mediante el cual remite la información sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión por los diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, Vicepresidente en función de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el que exhortan al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se utilicen los mecanismos tendentes a controlar y regular de manera más estricta el desecho de gases y residuos tóxicos en las zonas industriales del Valle de México y Zonas Conurbadas, dadas las consecuencias fatales que diariamente se generan en perjuicio de la población.

Al respecto comunico a usted que esta dirección general, en el ámbito de su competencia, ha participado y apoyado a los gobiernos locales en la elaboración de los programas de calidad del aire como el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2002-2010; ha promovido ante los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios (Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal y estado de México), la integración y operación de los registros estatales y locales de emisiones y transferencia de contaminantes para su incorporación al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Nacional, a fin de conocer los establecimientos y las emisiones contaminantes a la atmósfera presentes en nuestro país y contar con los mecanismos para definir políticas que coadyuven en revertir la contaminación atmosférica.

También el 3 de junio del 2004 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el "decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y se adiciona y reforma el Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera", mediante el cual se adiciona el artículo 17 Bis y se reforma el artículo 21 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, publicado en el DOF el 25 de noviembre de 1988. Lo anterior es con la finalidad de dar certidumbre jurídica a los establecimientos industriales y fomentar la regulación de estos.

Asimismo, para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, se cuenta con instrumentos de regulación directa, mediante los cuales se establecen las condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos industriales de competencia federal en materia de atmósfera y de tratamiento de residuos peligrosos; es decir, aquellos que se encuentran listados en el artículo 111 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como son las industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera, y tratamiento de residuos peligroso, en el artículo 17 Bis del Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, que establece el listado de los subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales señalados en el artículo 111 Bis antes mencionado; Así como las actividades listadas en el artículo 50 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la cual indica los establecimientos que requieren autorización por parte de la secretaría, por ejemplo, el servicio de manejo de residuos peligrosos; utilización de residuos peligrosos en procesos productivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la LGPGIR; el acopio y almacenamiento de residuos peligrosos provenientes de terceros; la realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo de residuos peligrosos provenientes de terceros, la incineración de residuos peligrosos, el transporte de residuos peligrosos; el establecimiento de confinamientos dentro de las instalaciones donde se manejen residuos peligrosos; la transferencia de autorizaciones expedidas por la secretaría, la utilización de tratamientos térmicos de residuos por esterilización o termólisis; la importación y exportación de residuos peligrosos y los demás que establezcan la LGPGIR y las Normas Oficiales Mexicanas.

Los instrumentos antes mencionados son los mecanismos mediante los cuales esta Secretaría regula las industrias aplicando la normatividad ambiental vigente de forma clara y congruente con los procesos que realizan, las emisiones de olores, gases o partículas que emita o puedan emitir y la ubicación geográficas o zona de influencia que pudiesen afectar, entre otros.

También de forma complementaría a los instrumentos de regulación directa, cuando un establecimiento incumple con lo estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas u otros instrumentos jurídicos vigentes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, impone las sanciones que corresponda, de conformidad al Título Sexto, Capítulo IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por último, le comunico que, de acuerdo con la información que las empresas generadoras de residuos peligrosos han remitido a esta dependencia de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), a través de los avisos de inscripción como generadoras de residuos peligrosos, durante el periodo de 2004 al mes de abril de 2006 se tiene un estimado de generación anual de residuos peligrosos de 784,230.42 toneladas, principalmente de los siguientes residuos peligrosos: aceites gastados, breas, escorias, líquidos de proceso, lodos, solventes, residuos corrosivos y residuos biológico infecciosos.

Asimismo se tiene una infraestructura para el manejo de residuos peligrosos, correspondiente al Distrito Federal, de 556,374.6 toneladas al año en los rubros de acopio, reúso, reciclaje, tratamiento e incineración de este tipo de residuos. Asimismo, y aunado a lo anterior, esta dependencia ha reactivado las redes intersectoriales para el manejo integral de residuos, a través de la Remexmar.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo y quedo de usted para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.
MC Ana María Contreras Vigil (rúbrica)
Directora General
 
 

México, DF, a 21 de junio de 2006.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de a Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-2372, firmado el 27 de abril último, por las diputadas Marcela González Salas y P. y Sara Rocha Medina, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 872/2006, signado el 19 del mes en curso, por el contralmirante CG DEM José Luis Sánchez Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Especiales de la Secretaría de Marina, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a instrumentar un operativo permanente de inspección y vigilancia en los principales puertos de la República Mexicana.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 19 de junio de 2006.

Licenciado Dionisio Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Ciudad

Distinguido licenciado:

Por instrucciones del almirante secretario de Marina, esta Presidencia de la Comisión de Estudios Especiales a mi cargo, en atención al oficio SEL/300/3029/06 del 9 de mayo de 2006, relativo al punto segundo acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en coordinación con la Secretaría de Marina a que instrumente un operativo permanente de inspección y vigilancia en los principales puertos de la República Mexicana, para que se verifique el cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Pesca, así como el pago de derechos por concepto de pesca deportivo-recreativa; agradeceré a usted que por su conducto se haga del conocimiento de la Mesa Directiva, lo siguiente:

El artículo 22 de la Ley de Pesca establece que corresponde a la Secretaría de Pesca (hoy Sagarpa-Conapesca) llevar a cabo el estricto cumplimiento de la referida ley y su reglamento, para lo cual realizará los actos de inspección y vigilancia; la ejecución de medidas de aseguramiento y la determinación de infracciones administrativas.

Asimismo el artículo 144 del Reglamento de Pesca, señala que se entiende por inspección todas aquellas actividades efectuadas por la Secretaría y la Secretaría de Marina, a través del personal debidamente autorizado, que tenga por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia pesquera en embarcaciones, instalaciones para el procesamiento, almacenamiento, conservación y comercialización de productos pesqueros, equipos, vehículos, artes de pesca y productos pesqueros, así como toda la documentación que ampare la legal procedencia de los productos pesqueros y, por vigilancia, toda actividad efectuada por personal autorizado de la secretaría o por el de la Secretaría de Marina, encaminada a prevenir la realización de operaciones pesqueras ilícitas.

En ese contexto legal y atendiendo a que las dependencias del Ejecutivo federal, en su esfera de competencia, deben contribuir al cumplimiento de la Ley de Pesca, cabe señalar que esta Secretaría de Marina-Armada de México, sobre el particular, realiza recorridos marítimos en el área de su jurisdicción, coordina y coadyuva con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proporcionándole apoyo con personal naval para la seguridad física de elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Sagarpa-Conapesca, durante sus recorridos de inspección y vigilancia, a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley de Pesca y su reglamento. En este contexto, ya se procedió a comunicar a las unidades y establecimientos de esta Secretaría de Marina-Armada de México el contenido del presente punto de acuerdo.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

José Luis Sánchez Sánchez (rúbrica)
Contralmirante CG DEM
Presidente Int. de la Comisión de Estudios Especiales (S-6605095)
 
 

México, DF, 20 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso e la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-2375, signado el 27 de abril del año en curso, por los diputados Álvaro Elías Loredo y Sara Rocha Medina, Vicepresidente en funciones de Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, original del similar número DG-021/2006, suscrito el 15 del actual por el doctor Guillermo Babatz Torres, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al cobro de multas a los desarrolladores de vivienda.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 15 de junio de 2006.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presente

Se hace referencia al punto de acuerdo aprobado el 27 de abril de 2006, mediante el cual se exhorta al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal para que se "abstenga de cobrar multas improcedentes a los desarrolladores de vivienda, en los casos particulares en los que no se hubiere incurrido en faltas graves por parte de los promotores de vivienda" y para que se informe a dicha soberanía "sobre el resolutivo del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en agosto de este año (sic) del diputado Felipe de Jesús Díaz González, el cual refiere a la solicitud de que dicho organismo se abstenga de cobrar multas improcedentes a los desarrolladores de vivienda".

Al respecto, el Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC (SHF), en su sesión ordinaria celebrada el 13 de junio de 2006, tomó conocimiento del exhorto realizado por esa soberanía al mencionado órgano de gobierno, así como a cada uno de sus integrantes, y acordó que se diera atención al mismo por conducto del suscrito, informándole a esa soberanía que se han realizado las acciones necesarias a efecto de que Sociedad Hipotecaria Federal, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, cuente con los mecanismos para identificar las penas convencionales que son improcedentes y evitar su aplicación, asimismo que se han establecido diversos esquemas de apoyo a través de los cuales los desarrolladores de vivienda pueden realizar el pago de los adeudos por concepto de las penas convencionales que sean procedentes, en términos de las disposiciones contractuales a que se obligaron.

Asimismo, cabe señalar que, en términos de las disposiciones normativas aplicables, la SHF, en sus operaciones como sociedad nacional de crédito, no realiza el cobro de multas de naturaleza administrativa, siendo lo aplicable el cobro de penas convencionales, las cuales son contractuales y se regulan por las disposiciones mercantiles y civiles correspondientes.

Atentamente
Doctor Guillermo Babatz Torres (rúbrica)
Director General
 
 

México, DF, a 15 de junio de 2006.

Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Hago referencia a su comunicación número SEL/300/-3032/06, recibida el pasado 17 de mayo, con la cual remite el oficio número D.G.L. 59-II-4-2375, emitido por los diputados Álvaro Elías Loredo y María Sara Rocha Medina, Vicepresidente en funciones de Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el cual se hace del conocimiento del titular de la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo, adoptado en sesión del 27 de abril de 2006, siguiente:

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Doctor Guillermo Babatz Torres (rúbrica)
Director General
 
 

México, DF, a 16 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-2315, signado el 25 de abril del año en curso por las diputadas Marcela González Salas y P. y Sara Rocha Medina, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170/ UCVPS/ 085/ 2006, suscrito el 7 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a las leyendas de advertencia en las cajetillas de cigarros.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 7 de junio de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero al punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2006, que presentó el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 28 de abril de 2005, en materia de tabaquismo.

Al respecto, me permito acompañar oficio CGJC/01/OR/317, suscrito por la licenciada Cristina Viruega Aranda, coordinadora general jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; solicitando su intervención para remitirlo al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Doctor Gabriel García Pérez (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
 
 

México, Distrito Federal, a 1 de junio de 2006.

Doctor Nicolás Licona Spínola
Director General Adjunto de Vinculación Social
Secretaría de Salud
Presente

En atención a su oficio número 170/UCVPS/DGAVS/294/2006, por medio del cual solicita a esta comisión federal la información relacionada con el punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en materia de tabaquismo, se informa lo siguiente:

a) Respecto del primer resolutivo que a la letra dice:

b) El segundo punto resolutivo establece:

c) El tercer punto resolutivo, a la letra dice:

No obstante lo anterior, es conveniente señalar que mediante la celebración del "Convenio para ampliar la regulación y normatividad relativas al tabaco", y el "Convenio para establecer restricciones adicionales a la regulación y legislación vigente para la publicidad, comercialización y leyendas de advertencia de productos de tabaco", y que establece el mecanismo, características, temporalidad y destino de la aportación temporal que cubrirán al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se acordó un aumento del tamaño de las leyendas referidas en el párrafo anterior a un 50 por ciento del tamaño de una de las caras frontales o traseras de la cajetilla, por lo que actualmente el tamaño de las leyendas corresponde a la mitad de una de sus caras.

En cuanto a lo relativo a las imágenes que muestren los daños causados por el consumo de tabaco, reiteramos lo señalado en el inciso a) anterior.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciada Cristina Viruega Aranda (rúbrica)
Coordinadora General Jurídica y Consultiva
 
 

México, DF, a 13 de junio de 2006.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número DGPL 59-II-5-2698, suscrito el 25 de abril del año en curso por los diputados Marcela González Salas y P. y Marcos Morales Torres, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 09 52 17 9000/ 335, signado el 6 del actual por el ciudadano José Antonio Alvarado Ramírez, director de Incorporación y Recaudación del Seguro Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a revisar la situación laboral de los trabajadores que prestan servicios en las gasolineras del país.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 6 de junio de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente

Con relación a su oficio número SEL/300/2750/06, de fecha 28 de abril del año en curso, mediante el cual remite a este instituto copia del similar de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por el que se exhorta a esta institución, entre otras autoridades, para que se revise la situación laboral de los trabajadores que prestan servicios en las gasolineras del país, y -en su caso- se regule conforme a la ley su situación laboral, en atención al punto de acuerdo aprobado el día 25 de abril de 2006 por dicho órgano legislativo, informo a usted que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha practicado diversas auditorías al sector que nos ocupa a partir de julio de 2005, con objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos de las empresas que cuentan con autorización como franquiciatarios por parte de Petróleos Mexicanos.

En ese sentido, se adjunta al presente, para los efectos conducentes, el informe ejecutivo sobre las principales acciones en materia de fiscalización que ha realizado el instituto al sector en comento.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente
José Antonio Alvarado Ramírez (rúbrica)
Director de Incorporación y Recaudación del Seguro Social
 

Junio de 2006

Informe ejecutivo
Situación que guarda el sector gasolinero ante el IMSS en materia de fiscalización

I. Antecedentes para la programación de actos de fiscalización

En el ejercicio de 2005, el Instituto Mexicano del Seguro Social registraba 6 mil 151 patrones, que agrupaban a 105 mil 869 trabajadores inscritos en la actividad de "estaciones de venta de gasolina, diesel y de compraventa de lubricantes y aditivos, con transporte", quienes cotizan con un salario base promedio equivalente a 2.43 veces el salario mínimo.

Con objeto de verificar los registros del IMSS sobre el particular, se solicitó a la Subdirección de Pemex Refinación información de la relación de personas físicas o morales a nivel nacional que contaban con autorización de franquicias por parte de la paraestatal, así como los datos correspondientes a su domicilio fiscal, la ubicación de sus centros de trabajo o estaciones de servicio, y el número de dispensadores ("bombas") por cada uno de los centro de trabajo en comento.

Con los datos que proporcionó Pemex, en términos del párrafo anterior, se identificaron 6 mil 912 estaciones de servicio, agrupadas en 5 mil 668 empresas franquiciatarias, con aproximadamente 34 mil 609 dispensarios.

Con objeto de definir la estrategia de fiscalización y clase de actos por notificar al sector, y con base en los datos proporcionados por Pemex, se realizó un análisis estimativo del número de trabajadores o "despachadores" que laboraban en las estaciones de servicio conforme a los siguientes supuestos:

b) Acciones en materia de fiscalización

Con el propósito de verificar el cumplimiento de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos de las empresas del sector de gasolineras ante el IMSS, en el ejercicio de 2005 se emitieron 36 actos de fiscalización a empresas gasolineras y 14 a intermediarios laborales, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2005.

Para tal efecto, se seleccionaron 20 de las empresas más importantes por número de estaciones de servicio, las cuales sólo tenían registrados a 941 trabajadores en ese momento; en promedio 47 trabajadores por empresa y 0.5 trabajadores por dispensario. Asimismo, se seleccionaron otras empresas de forma aleatoria.

Como otra medida de fiscalización, en septiembre de 2005 se emitieron, en términos del artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación, diversos requerimientos de información y documentación por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio de 2005, a mil 116 empresas gasolineras, a efecto de comprobar si efectivamente se encontraban registrados como patrones ante el IMSS. Cabe señalar que los requerimientos no constituyen ejercicio de facultades de comprobación en estricto sentido.

Con relación a lo anterior, 90 empresas no atendieron los requerimientos de documentación e información del IMSS, por lo que se les instruyó la práctica de auditorías.

c) Resultados en materia de fiscalización

Resultados globales

Mediante las acciones realizadas en materia de fiscalización directa al sector gasolinero se esperaba regularizar a 5 mil trabajadores promedio de las 20 empresas más importantes seleccionadas; no obstante, a través de 17 actos de fiscalización practicados a éstas se identificaron 5 mil 471 trabajadores inscritos ante el IMSS (90 por ciento despachadores y 10 por ciento personal administrativo). Si bien los trabajadores en su mayoría no se encontraban inscritos por las empresas autorizadas por Pemex, sí se encuentran registrados a través de intermediarios laborales, toda vez que de las 17 auditorías de las empresas en comento, se verificó que 14 de ellas (82 por ciento) utilizan los servicios de patrones intermediarios laborales.

En ese sentido, de los 50 actos de fiscalización emitidos a empresas gasolineras e intermediarios laborales de éstas, se concluyeron por corrección 17 actos, y 5 actos se concluyeron anticipadamente, toda vez que los patrones se dictaminaron; las auditorías de los restantes se encuentran en proceso.

De los 14 patrones intermediarios laborales fiscalizados, sólo en un caso se regularizaron 122 trabajadores omisos.

Respecto de los mil 116 oficios de requerimientos de información y documentación emitidos a empresas gasolineras que no se tenían registradas ante el IMSS, se verificó que más de la mitad de éstas (54 por ciento) cuentan con registro patronal (con una denominación social diferente en varios casos), así como la inscripción de 7 mil 901 trabajadores que cotizan, en términos generales, razonablemente.

Asimismo, se verificó que 177 empresas operan a través de la figura de la intermediación laboral, sin perjuicio de 68 empresas que no tienen operaciones a la fecha.

Respecto de las 90 empresas auditadas por no atender los requerimientos de información en términos del artículo 42-A del Código Fiscal, 4 de ellas optaron por regularizar a 30 trabajadores concluyendo dichas auditorías, mientras que los 86 restantes actos de fiscalización están en proceso de desahogo.

Resultados por Contribuyente

Actos de fiscalización concluidos de empresas gasolineras
Actos de fiscalización concluidos de intermediarios laborales
Actos de fiscalización concluidos anticipadamente por dictamen
Empresas gasolineras
Intermediarios laborales
Actos de fiscalización en proceso
Empresas gasolineras
Intermediarios laborales

d) Conclusiones

Conforme a los resultados obtenidos con las auditorias practicadas al sector de gasolineras, se continuará en la programación de actos de fiscalización directa mediante un criterio de selección propio de las áreas operativas institucionales, atendiendo a las características que presente el patrón en lo particular y normando la orientación de la fiscalización preferentemente a los intermediarios laborales.

Asimismo, se continuará trabajando con las asociaciones de gasolineras, así como con Pemex, a fin de garantizar que las empresas gasolineras cumplan cabalmente las obligaciones que les impone la Ley del Seguro Social en materia de aportaciones de seguridad social.
 
 

México, DF, a 20 de junio de 2006.

Secretarios la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L.59-II-0-3924, signado el 30 de marzo del año en curso por los diputados Marcela González Salas y P. y Marcos Morales Torres, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DA-214/2006, suscrito el 19 del actual por el MA Hernán Rico Núñez, director de Administración del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a actuar con responsabilidad y propiciar un clima de entendimiento, que evite el estallamiento de la huelga a que ha emplazado el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 

Centro Nuclear Doctor Nabor Carrillo Flores, a 19 de junio de 2006.

Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Hago mención a su oficio número SEL/300/2262/06, del 3 de abril de 2006, recibido el 6 de junio del mismo año, dirigido a la Dirección General de este organismo, relativo al punto de acuerdo, aprobado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 30 de marzo de 2006, donde "se exhorta a la Secretaría de Energía y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para que actúen con responsabilidad y propicien un clima de entendimiento que evite el entallamiento de la huelga a que ha emplazado el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear".

Al respecto, me permito informar que el programa de revisión contractual ININ-SUTIN se desarrolló en la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, concluyendo a las 22:00 horas del 31 de marzo de 2006, con la firma del convenio respectivo, ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya copia se anexa. Asimismo, se adjunta fotocopia del oficio número DG-053/2006, del 17 de abril de 2006, dirigido a la secretaria técnica de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, por medio del cual la Dirección General de este organismo informa de la atención y de los resultados obtenidos en la revisión del contrato colectivo de trabajo ININ-SUTIN para el bienio 2006-2008.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente
MA Hernán Rico Núñez (rúbrica)
Director de Administración
 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veintidós horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis, comparecen ante los ciudadanos licenciado Emilio Gómez Vives, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; contador público Ovidio Uriel Juárez Quiñones, titular de la Unidad de Funcionarios Conciliadores; licenciado Julio Maraboto Gornes, subcoordinador de Conciliación; y licenciados Fernando Valencia Ramírez y Pedro Octavio Gutiérrez Ruiz, funcionarios conciliadores de la propia dependencia; en representación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), los ciudadanos doctor Víctor Daniel Trujillo Pedroza, secretario general, Clemente Meza Rodríguez, secretario del Trabajo, y Ramón Rodrigo Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, están presentes por la comisión revisora los ciudadanos Juan Jaime Vega Castro, Humberto Manuel Berdejo Ramírez, Arturo Delfín Loya, María Concepción G. García Tapia y Ricardo Anaya Mosqueda, asistidos por el apoderado legal del sindicato, licenciado Héctor Barba García; y por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), los señores MC José Raúl Ortiz Magaña, director general, MA Hernán Rico Núñez, director de Administración, doctor Luis Carlos Longoria Gándara, director de Investigación Científica, licenciado Alberto Ulises Román Román, gerente de Recursos Humanos, licenciado Nicolás Machiavelo Machado, gerente de Asuntos Jurídicos, licenciado Salvador A. Quiroz Corona, jefe del Departamento de Relaciones Laborales, e ingeniero Marcelino Ambriz Jaimes, gerente de Garantía de Calidad, asistidos por el apoderado legal, licenciado José A. Mier y Concha, quienes manifestaron que, con relación a las pláticas conciliatorias que han llevado a cabo ante la Unidad de Funcionarios Conciliadores, con motivo de la revisión integral del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el SUTIN y el ININ, han llegado a un acuerdo satisfactorio, que genera la celebración del presente convenio, al tenor de las siguientes

Cláusulas

Licenciado Emilio Gómez Vives (rúbrica)
Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social

Contador Público Ovidio Uriel Juárez Quiñones (rúbrica)
Titular de la Unidad de Funcionarios Conciliadores

Licenciado Julio Maraboto Gornes (rúbrica)
Subcoordinador de Conciliación

Licenciado Fernando Valencia Ramírez (rúbrica)
Funcionario Conciliador

Licenciado Pedro Octavio Gutiérrez Ruiz
Funcionario Conciliador
 

Por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares: MC José Ortiz Magaña, MA Hernán Rico Núñez, doctor Luis Carlos Longoria Gándara, licenciado Alberto Ulises Román Román, licenciado Nicolás Machiavelo Machado, licenciado Salvador A. Quiroz Corona, ingeniero Marcelino Ambriz Jaimes, licenciado José A. Mier y Concha (rúbricas).

Por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear: doctor Víctor Daniel Trujillo Pedroza, ciudadano Clemente Meza Rodríguez, ciudadano Ramón Rodrigo Jiménez Jiménez, licenciado Héctor Barba García (rúbricas).

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil seis, día y hora señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, comparecen por el sindicato emplazante los señores doctor Víctor Daniel Trujillo Pedroza, en su calidad de secretario general, y Clemente Meza Rodríguez, en su calidad de secretario del Trabajo, asistido por el apoderado del sindicato, licenciado Héctor Barba García, con personalidad acreditada en autos del expediente en que se actúa; y por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, su apoderado, licenciado José A. Mier y Concha Jiménez, personalidad que tiene debidamente acreditada en el expediente en que se actúa y que los comparecientes le reconocen bajo su más estricta responsabilidad efectos legales a que haya lugar.

Estando integrada la junta y abierta la audiencia por el ciudadano auxiliar, en uso de la palabra los comparecientes manifiestan que siendo las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, en este acto exhiben y ratifican el convenio de esta fecha constante de tres fojas útiles escritas por una sola de sus caras, el cual han celebrado ante la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y además el texto, de ciento doce cláusulas, más dos transitorias, y tres anexos, denominados "Notaciones y definiciones, "Tabulador salarios cuota diaria" y "Fórmulas para el cálculo de nómina", documentos todos ellos constantes en ciento cuarenta y cinco fojas y que se exhiben en tres tantos, documentos que son parte integrante del contrato colectivo de trabajo que inicia su vigencia el primero de abril de dos mil seis y que, junto con el convenio exhibido, ratifican, solicitando que sean aprobados en sus términos por no contener cláusula alguna contraria a derecho, así como tampoco renuncia a los derechos de los trabajadores, y solicitando que se les den los efectos de un laudo ejecutoriado y se eleven a la categoría de cosa juzgada. Y en virtud de lo anterior, el sindicato se desiste a su perjuicio del pliego de peticiones que con emplazamiento a huelga dirigió al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En consecuencia, solicitamos el archivo del expediente en que se actúa, como asunto concluido.

La junta acuerda. Por celebrada la presente audiencia de conciliación para la cual fueron citadas las partes que comparecen, a las cuales se tiene exhibiendo por triplicado y ratificando el convenio de esta fecha, constante de tres fojas útiles, escritas por una sola de las caras, el cual han celebrado ante la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, el texto de ciento doce cláusulas, más dos transitorias, y tres anexos, denominados "Notaciones y definiciones", "Tabulador salarios cuota diaria" y "Fórmulas para el cálculo de nómina", documentos todos ellos constantes en ciento cuarenta y cinco fajas, documentos que son parte integrante del contrato colectivo de trabajo que inicia vigencia el primero de abril de dos mil seis y que, junto con el convenio exhibido, ratifican, mismo que no contiene cláusula alguna contraria a derecho, así como tampoco renuncia a los derechos de los trabajadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, 939 y demás aplicables de la Ley Federal de Trabajo, se aprueba en todas y cada una de sus cláusulas, obligando a quienes lo suscriben a estar y pasar ante el referido convenio como si se tratase de laudo ejecutoriado elevado a la categoría de cosa juzgada. Se tiene por desistido al sindicato del pliego de peticiones que con aviso de huelga dirigió por conducto de esta autoridad al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En consecuencia, y por carecer de materia de litigio el presente conflicto, se ordena el archivo del expediente como asunto concluido.

Remítase a la Unidad de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo copia autógrafa del convenio, así como los documentos descritos anteriormente, para que sean agregados al contrato colectivo de trabajo que tienen celebrado las partes y surta los efectos legales procedentes.

Notifíquese. Enterados los comparecientes del auto que antecede, firman al margen para constancia y al calce los ciudadanos representantes que integran la Junta Especial número 11 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en unión de su titular, licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú.

Doy fe (rúbrica)

Centro Nuclear Doctor Nabor Carrillo Flores, a 17 de abril de 2006.
 

Licenciada Rosario E. Graham Z.
Secretaria Técnica de la Secretaría Particular
Presidencia de la República
Presente

En atención a su oficio número ST/518/06-1432, del 20 de marzo del presente año, relativo al escrito de propuestas con motivo de la revisión del contrato colectivo de trabajo, del ciudadano Víctor Daniel Trujillo Pedroza, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, me permito informar que el programa de revisión contractual ININ-SUTIN se desarrolló en la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, concluyendo a las 22:00 horas del 31 de marzo de 2006, con la firma del convenio respectivo, ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya copia de anexa.

El organismo convino con el SUTIN incrementar el salario cuota diaria vigente en el tabulador en 4 por ciento a partir del 1 de abril de presente año, así como incrementar el porcentaje de la ayuda de renta, prevista en la cláusula 99 del contrato colectivo de trabajo, en 2.3 por ciento también a partir del 1 de abril de 2006. Es importante señalar que el pacto colectivo no mostró cambio sustancial en el clausulado, ya que sólo se clarificó la cláusula 85, "Comisión de Seguridad e Higiene". Asimismo, las partes ININ-SUTIN convinieron por concepto de gastos por revisión contractual, en los términos que dispone el inciso 5 de la cláusula 109, "Cooperación económica organismo-sindicato", del contrato colectivo de trabajo, la suma de 50 mil pesos.

Con la firma y ratificación del convenio, el SUTIN se dio por satisfecho de las peticiones que había formulado al ININ en el pliego de peticiones y se desistió de la acción de huelga intentada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente
MC José Raúl Ortiz Magaña (rúbrica)
Director General
 
 

México, DF, a 20 de marzo de 2006.

Maestro en Ciencias Raúl Ortiz Magaña
Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Presente

Me permito remitir a usted, para la atención que ese instituto considere procedente, de acuerdo con la normatividad aplicable, escrito de Víctor Daniel Trujillo Pedroza, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, mediante el cual solicita la intervención del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin aprobar las propuestas del contrato colectivo de trabajo.

Agradezco que sea el amable conducto para informar a esta secretaría técnica, en su caso, de las determinaciones que se tomen sobre el particular.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciada Rosario E. Graham Z. (rúbrica)
Secretaria Técnica
 
 
 

DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 19 de junio de 2006.

Diputado Álvaro Elías Loredo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio número D.G.P.L.59-II-2-2008/2006, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado el 23 de febrero de 2006, mediante el cual se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Semarnat, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y las delegaciones Xochimilco y Tláhuac, en el ámbito de sus respectivas competencias, que implante de manera urgente un programa permanente de protección, rescate y conservación de los humedales existentes en Xochimilco y Tláhuac.

Anexo envío a usted el oficio número CA/130/2006 y engargolado, con la información que proporciona el licenciado José Humberto Delgado Fabián, coordinador de asesores en la delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica)
Secretario de Gobierno
 
 

Tláhuac, DF, a 13 de junio de 2006.

Licenciado Ricardo Ruiz Suárez
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
Presente

En atención a su oficio número. SG/02132/06, de fecha 3 de marzo del año en curso, enviado a este órgano político-administrativo con el propósito de hacer del conocimiento que, en reunión celebrada el 23 de febrero de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolvió aprobar el punto de acuerdo mediante el cual "se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y los titulares de los órganos políticos de las delegaciones Xochimilco y Tláhuac, en el ámbito de sus respectivas competencias, implante de manera urgente un programa permanente de protección, rescate y conservación de los humedales existentes en Xochimilco y Tláhuac".

Por lo anterior y como resultado de los diferentes trabajos que esta delegación de gobierno ha desarrollado en esta región, envío a usted la propuesta de programa de protección, rescate y conservación de los humedales de Tláhuac, la cual incluye una visión integral para atender de manera sustentable la problemática de este espacio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Licenciado José Humberto Delgado Fabián (rúbrica)
Coordinador de Asesores de la Delegación Tláhuac
 
 

México, DF, a 15 de junio de 2006.

Trabajadora Social Beatriz Cosío Nava
Asesora del Secretario de Gobierno
Presente

Por este conducto me permito enviarte para tu conocimiento y atención el oficio número CA/130/2006, del licenciado José Humberto Delgado Fabián, coordinador de asesores en la delegación Tláhuac, quien remite respuesta al oficio número SG/02132/2006, en relación con el punto de acuerdo aprobado el 23 de febrero del año en curso por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, te envío un cordial saludo.

Atentamente
Licenciada Justina Castro Castro (rúbrica)
Secretaria Particular del Secretario de Gobierno
 
 

México, DF, a 19 de junio de 2006.

Diputado Álvaro Elías Loredo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y en atención a su oficio número D.G.P.L. 59-II-0-3793 /2006, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 23 de marzo del 2006, mediante el cual se solicita al Gobierno del Distrito Federal que realice auditorías externas a los programas de desarrollo social y sus resultados en el combate a la pobreza y la marginación, por medio de instituciones académicas o de académicos prestigiados y se den a conocer los resultados mediante evaluaciones periódicas y solicita que exista transparencia en la publicación de los padrones de beneficiarios de los programas y se firmen los convenios de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Anexo envío a usted oficio número SDS /162 /2006, con la información que proporciona el licenciado Enrique Provencio Durazo, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica)
Secretario de Gobierno
 
 

México, DF, a 14 de junio de 2006.

Licenciado Ricardo Ruiz Suárez
Secretario de Gobierno
Presente

Me refiero a su similar SG/03366/2006, en el que hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo tomado por el honorable Congreso de la Unión, por el que:

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Enrique Provencio Durazo (rúbrica)
Secretario de Desarrollo Social
 

Respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el pasado 23 de marzo, que a la letra dice:

No obstante, en materia de auditorías internas y externas, los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal se encuentran entre los más revisados y auditados de todo el país.

Para ilustrar lo anterior se enlistan, los programas sociales que en el periodo 2001-2005 han sido objeto de múltiples auditorías, entre las que destacan:

Debo señalar que el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido una política sistemática de información directa y territorializada a la ciudadanía sobre los programas sociales, fundamentalmente a través de la celebración de dos ciclos al año de asambleas vecinales.

Así, de 2001 a la fecha se han realizado:

La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal cuenta con cuatro artículos (34, 35, 36 y 37) dedicados al tema de los padrones, los cuales señalan que:

Artículo 34.-

Cada uno de los programas deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas serán auditables en términos de la legislación vigente por los órganos facultados para ello.

Artículo 35.-

La información general sobre el número de participantes o beneficiarios, el monto de los recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades territoriales serán de conocimiento público.

Artículo 36.-

Los datos personales de los participantes o beneficiarios de los programas de desarrollo social y la demás información generada y administrada de los mismos, se regirá por lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Artículo 37.-

Los órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal ejecutores de cada programa serán los responsables, en el ámbito de su competencia, del resguardo y buen uso de los padrones de beneficiarios o participantes, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en los lineamientos y mecanismos de operación del programa respectivo.

En resumen, las disposiciones anteriores establecen

En todo momento hemos dado cumplimiento a lo que establece la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal respecto a los padrones de beneficiarios y a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en materia de protección de los datos personales. Los órganos competentes de control han tenido acceso irrestricto a los padrones de beneficiarios para el debido cumplimiento de sus funciones de revisión y auditoría.

Tres.- Respecto a la solicitud de que "se firmen los convenios de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social", se informa que a la fecha han sido firmados los siguiente convenios con la Secretaría de Desarrollo Social Federal y no existe propuesta alguna por parte de dicha secretaría para la firma de ningún otro instrumento:
 
 

México, DF, a 15 de junio de 2006.

TS Beatriz Cosío Nava
Asesora del Secretario de Gobierno
Presente

Por este conducto me permito enviarle para su atención el oficio número SDS/162/06, del licenciado Enrique Provencio Durazo, secretario de Desarrollo Social, con el que anexa respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 23 de marzo de 2006, en el que se solicita que se realicen auditorías externas a los programas de desarrollo social y sus resultados en el combate a la pobreza y la marginación.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente
Licenciada Justina Castro Castro (rúbrica)
Secretaria Particular del Secretario de Gobierno
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable representación la presente iniciativa, que reforma el artículo 194 del Código Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Entre los delitos más sofisticados y recurrentes cometidos por servidores públicos contra el patrimonio del pueblo se encuentran los de uso indebido de atribuciones y facultades (artículo 217 del Código Penal Federal, CPF), el de ejercicio abusivo de funciones (artículo 220 del CPF) y el de tráfico de influencias (artículo 221 del CPF); todos ellos no incluidos en la clasificación de delitos graves, de acuerdo con el artículo 194 de la ley procesal penal de carácter federal.

Siempre, la nación ha sufrido el acecho de servidores públicos de todos los niveles de ínfima calidad humana y moral. Los últimos estudios de transparencia, tanto internacionales como nacionales, ubican a México entre los países de más alto nivel de corrupción y, lo que fue amplia esperanza de los mexicanos, respecto de que un cambio de partido en el ejercicio del Poder Ejecutivo federal conllevaría una erradicación o al menos disminución del amago de la corrupción, ha resultado una esperanza fallida, ya que ello no ha ocurrido y sí, en cambio, se ha multiplicado a niveles inimaginables; todo ello a través de los más variados mecanismos de engaño, para tratar de hacerlos pasar desapercibidos o, al menos, que no sea castigado el autor por la comisión de un delito contra el patrimonio público.

Si bien es cierto que en la causa de este flagelo se encuentran condiciones de vicios atávicos; también lo es que la capacidad humana para la preservación de la justicia ha diseñado no sólo la efectiva división de poderes para una eficaz fiscalización del ejercicio del Presupuesto a través del Congreso, sino también la adopción del régimen de partidos, que no únicamente tiene la misión de preservar los derechos ciudadanos en el medio real de la pluralidad política sino, además, lograr por este camino un mayor rigor en la lucha y combate contra la corrupción. Tal experiencia, si bien en México se está dando en cuanto a las posibilidades de la alternancia política, lamentablemente no ha permeado la contención de la corrupción, que trágicamente alcanza también a no pocos partidos políticos.

En este contexto, y reconociendo que si bien el mejor antídoto contra la corrupción de grandes números sería la erradicación de la impunidad con la que hoy cuentan los transgresores de la confianza (en quienes se depositó el desempeño del cargo público) y que esto depende, para su reducción y hasta extinción, de la integridad y patriotismo de quienes lo pueden lograr desde los altos cargos en la procuración e impartición de justicia. Es, sin embargo, necesario que la ley exprese la dimensión del agravio ocasionado al valor jurídico protegido, que no sólo es contra la moral pública sino, incluso, en perjuicio de la cuantía del daño al gasto público, que redunda en grandes privaciones en la prestación de servicios básicos a la población, por la insuficiencia que se provoca en las disponibilidades de recursos públicos minados por el saqueo sistemático.

Por las consideraciones vertidas y ante la inminencia de los hechos del dominio público ocurridos con mayor cuantía y gravedad en el sexenio que concluye, a continuación solicitaremos la aprobación de la reforma que se propone. Aunque no se modifica el monto de la penalidad mínima y alta en los delitos de "uso indebido de atribuciones y facultades, el de Ejercicio abusivo de funciones y de tráfico de influencias"; todos ellos tipos penales que comprenden una amplia gama de conductas desplegadas para obtener un lucro o beneficio, para sí o para terceros relacionados familiar o afectivamente.

Hoy, a través de la Ley Federal de Acceso a la Información, correlacionada con los recursos propios de los mecanismos de control de las entidades públicas (que en ocasiones están sujetos a la complicidad con los autores de los ilícitos y por lo mismo requieren de una investigación que realizan los medios de información o comisiones especializadas de la Cámara de Diputados), es indispensable reclasificar dichos delitos para que el o los autores que atentan contra los bienes de la nación no alcancen libertad bajo caución y tengan obligatoriamente que sufrir la pena de privación de la libertad y, desde luego, también, como el mismo ordenamiento legal lo prescribe, tengan que resarcir el daño causado al erario, la multa e inhabilitación correspondiente.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable representación nacional la siguiente

Iniciativa

Único.- Se reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en los siguientes términos:

"Artículo 194.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, DF, a 27 de junio de 2006.

Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena, Sofía Castro Ríos, Jesús González Schmal (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Junio 27 de 2006.)
 
 
 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS Y JOSÉ PORFIRIO ALARCÓN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

Los que suscriben, diputados federales Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, presentan a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable asamblea:

Vivimos tiempos turbulentos. La política internacional está sometida actualmente a enormes presiones derivadas de asuntos tan determinantes en la vida de las naciones como el comercio global, los derechos humanos, el terrorismo, la migración, e inclusive, el totalitarismo y la asunción de regímenes fundamentalistas.

Nuestro país, en el curso de su historia moderna, ha sido prudente en su actuación ante las demás naciones y en su desempeño en los organismos e instancias internacionales en los que participa. Ha sido congruente con la doctrina Estrada, que defiende la autodeterminación que tiene cada pueblo, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos. Esos principios, junto con la proscripción de la amenaza o la fuerza en las relaciones entre las naciones, la cooperación para el desarrollo universal y la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales son tan importantes para México que han sido plasmadas en nuestra Carta Magna.

Y esa prudencia y mesura en nuestro actuar internacional deviene de nuestros máximos próceres; estaba presente ya en el ideario de benemérito Benito Juárez, al señalar que "entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", apotegma que es utilizado universalmente como norma de conducta entre naciones altamente civilizadas. Carranza, el primer jefe constitucionalista, se opuso vehementemente en numerosas ocasiones a la intervención de un pueblo sobre otro, y siempre defendió el principio de igualdad jurídica entre las naciones. Y, más recientemente, Lázaro Cárdenas dio al mundo ejemplo de pacifismo, de congruencia y de humanidad, al oponerse a los regímenes totalitarios europeos y acoger a numerosos exiliados del franquismo español, ofreciéndoles México como su casa.

La política exterior de nuestro país se ha distinguido en el concierto internacional de naciones como una voz serena, prudente y mesurada. Por eso es necesario que la mantengamos así.

Actualmente, y derivado de varias reformas constitucionales, el Congreso mexicano, por conducto del Senado de la República, ejerce un sano equilibrio y otorga un sentido de mesura a varias de las decisiones más importantes del Presidente de la República, entre ellas, a la aprobación de los tratados internacionales y a los nombramientos de los agentes diplomáticos de mayor jerarquía. Sin embargo, es necesario que se adicione a la aprobación de la Cámara alta el sentido del voto que nuestro país brinda en su desempeño en todos los organismos e instancias internacionales en las que participa.

¿Por qué razón? Porque así eliminaríamos la posibilidad de que el Ejecutivo federal instruya que el voto en dichos organismos e instancias internacionales se dé en razón de su postura o posición partidista, y no en razón del beneficio político que dicho sufragio origine a la presencia y actuar internacional de nuestro país.

El Senado, con su composición multipartidista, con la mesura que ha demostrado en la aprobación de diversos tratados internacionales, con la revisión de antecedentes que efectúa para la ratificación de los nombramientos de embajadores, ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, y con la experiencia internacional que tienen y tendrán la mayoría de sus integrantes, debe ocuparse también de la aprobación del voto mexicano en los foros exteriores.

Ello aseguraría una mayor mesura en ese proceso de toma de decisiones, ya que, por lo menos, obligará a un cabildeo y acercamiento previo con el Senado y sus distintas fuerzas políticas para estudiar las diversas opciones posibles.

En ese sentido, honorable asamblea, y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el sentido del voto de nuestro país ante instancias y organismos internacionales sea sometido a la aprobación del Senado de la República.

Artículo Único.- Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil seis.

Diputados: Fernando Alberto García Cuevas, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 27 de 2006.)
 
 
 
QUE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6O. DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

La que suscribe, Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, al tenor de su consecuente

Exposición de Motivos

El Partido de la Revolución Democrática se ha manifestado por la igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres, por una equidad que trascienda el discurso trivial y logre el cabal cumplimiento del respeto de todo ser humano sin importar su género.

Los medios de comunicación han denunciado los grandes índices de violencia física, psicológica y social que aún vive gran mayoría de las mujeres de México y el mundo. Superar situaciones de ese tipo, que laceran, es responsabilidad de todos. En ese sentido reconozco el gran esfuerzo realizado por las organizaciones sociales no gubernamentales, las asociaciones civiles y las diputadas del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

La violencia no distingue etnia, religión, edad, género ni nivel socioeconómico; podemos sufrirla en el trabajo, en la casa y en la calle.

Los estudiosos del tema señalan:

No obstante, resulta preocupante que de los mil 81 niños y niñas que responden un cuestionario señalaron ante la pregunta ¿Las niñas deben ser maltratadas, ignoradas o ser menos que los niños?, 714 responden que sí, cifra alarmante en la medida en que los niños reproducen lo que viven cotidianamente en casa, son las generaciones del futuro. Por ello es necesario que todos, desde la casa, impulsemos una convivencia equitativa entre los géneros.

No podemos hablar de una democracia social si las mujeres no son respetadas ni tomadas en cuenta en cada uno de los espacios de la vida diaria.

En México, el encargado de la protección, promoción y ejecución de los programas destinados a la defensa de los derechos de las mujeres es el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo descentralizado de la administración pública federal.

La ley que lo crea señala que son sujetos de los derechos las mujeres mexicanas y las extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma, quienes podrán participar en los programas, los servicios y las acciones que se deriven del ordenamiento.

El artículo 4o. señala que el objeto general del instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial, tanto federales como estatales.

Con sustento en lo señalado en párrafos anteriores, considero necesario adecuar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en el artículo 6o., referente a los objetivos específicos del instituto, estableciendo la necesidad de que la promoción de la cultura de la no violencia sea desde los primeros años de la educación básica.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente

Iniciativa que adiciona la fracción III del artículo 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Artículo 6. El instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes:

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de junio de 2006.

Diputada Irma Figueroa Romero (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Equidad y Género. Junio 27 de 2006.)
 
 
 
QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

La que suscribe, Eliana García Laguna, diputada federal de la LIX Legislatura por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 75 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Exposición de Motivos

Los deportistas profesionales mexicanos que participan en justas internacionales, pagados o no con recursos del erario público, lo hacen en representación de todas y todos los mexicanos. De esta manera, enarbolan una bandera que cobija a ciudadanos y ciudadanas que simpatizan o no con los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular.

En cada justa de carácter mundial son nuestra carta de representación ante otras naciones, de tal suerte que cuando los equipos nacionales se enfrentan a otros se dice que juega México. Es así que se acuñan frases como "México le ganó a Irán" o "México perdió con Argentina".

Es nuestra nación la que, por medio de sus deportistas, compite contra otros países en esas competencias deportivas.

En un país que se precia de ser democrático, donde cada ciudadano tiene una ideología y preferencia política propia, la generalidad que nos hace iguales es nuestra condición de mexicanos y mexicanas y todos participamos con los mismos derechos y obligaciones en los procesos electorales.

No se justifica entonces que al amparo de una representación nacional se aproveche del foro y la difusión que se hace de los logros y tropiezos de los representativos para tratar de influir a favor de algún candidato o candidata a un cargo de elección.

Es evidente que quienes participan en un evento deportivo internacional cuentan con el apoyo incondicional de todos los mexicanos y en virtud de ello se encuentran en una situación de privilegio frente a los demás.

En el campeonato mundial de futbol que en estos momentos se lleva a cabo en Alemania, los seleccionados mexicanos contaron con un sinnúmero de espacios en todos los medios de comunicación durante varios meses. Lograron granjearse la simpatía de la mayoría de la ciudadanía y en ellos depositamos muchas esperanzas.

Sin pretender menoscabar su libertad de expresión y su derecho a simpatizar con cualquier candidato de los que actualmente compiten para la presidencia de la República, consideramos que, en su carácter de representantes nacionales, deben evitar la manifestación de su apoyo a algún partido político.

El caso de José Francisco Fonseca Guzmán, delantero de la selección, que ha participado abiertamente en la campaña del candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón, es ilustrativo de lo que no se debe hacer. No sabemos cuánto pagó el PAN para conseguir su apoyo público o si dicho soporte fue altruista, pero el hecho es que el jugador debe mantener una posición imparcial dada su condición de abanderado nacional.

En aras de la neutralidad que deben observar los deportistas profesionales mexicanos, consideramos que se debe hacer explícita en la ley, por una cuestión ética, la prohibición para manifestar su apoyo a candidatos de los partidos políticos en procesos electorales.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 75 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue

Artículo 75. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones nacionales, que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, gozarán de los mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta ley para los deportistas de alto rendimiento.

Asimismo, se abstendrán de emitir su apoyo a candidatos o candidatas de partidos políticos o independientes, en los periodos de campañas electorales establecidos por el Instituto Federal Electoral para cualquier cargo de elección popular.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de junio de 2006.

Diputada Eliana García Laguna (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Junio 27 de 2006.)
 
 
 
QUE REFORMA Y ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS Y JOSÉ PORFIRIO ALARCÓN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

Los que suscriben, diputados federales Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, presentan a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la instalación, el uso, la operación, la administración y el manejo de los puentes internacionales de nuestro país sean potestad única del Estado mexicano, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable asamblea:

El comercio internacional, apresuradamente, se está convirtiendo en factor principalísimo ya no de mera fuente de ingresos sino de supervivencia misma de la mayoría de los países. Es imposible sustraerse ya a la globalización. Es imperativo encontrar y asegurar nuevas formas, mejores y más novedosas, de prácticas comerciales globales. En eso todos estamos de acuerdo.

Sin embargo, compañeros legisladores, es necesario que no perdamos de vista una cuestión de vital importancia para el comercio que ejerce nuestro país, en lo principal con nuestro primer socio comercial: Estados Unidos de América.

Actualmente, 85 por ciento de las actividades comerciales que efectuamos con Estados Unidos se lleva a cabo vía terrestre a través de alguno de los puentes internacionales de la frontera norte. Por lo que respecta a Guatemala, 80 por ciento de su comercio lo efectúa a través de los puentes internacionales que tiene con nuestro país. La interconexión, en ambas vertientes de nuestras fronteras, es vital.

¿Por qué, entonces, el gobierno mexicano ha decidido abrir la posibilidad de concesionar la construcción u operación de uno o más puentes internacionales en la frontera norte a empresas privadas?

Es causa de suma preocupación que el Estado mexicano considere renunciar a la rectoría que debe necesariamente tener sobre los puentes internacionales, por varias razones: por seguridad nacional, ya que el Estado debe contar con un control absoluto sobre las vías de comunicación que accedan o salen de su territorio; y por estrategia comercial, ya que si los beneficiarios de las posibles concesiones que otorgaría el gobierno eventualmente decidieran priorizar sus propios y particulares intereses, ello podría tener consecuencias desastrosas para el comercio internacional de México.

Los puentes internacionales de México deben ser construidos, operados y administrados exclusivamente con la participación de entidades públicas de nuestro país. Pueden participar en ello las entidades federativas y los municipios donde estén asentados, como de hecho ya sucede, pero de ninguna forma debe ingresar capital privado, nacional o extranjero, por los grandes riesgos que ello representa.

Es fundamental que los puentes internacionales se incluyan en las áreas estratégicas de la economía que prevé el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, que señala cuáles son los rubros cuya explotación corresponde exclusivamente al Estado.

Por ello sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad, puentes internacionales y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo máximo de ciento veinte días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, expedirá la ley reglamentaria respectiva, que se ocupará de la administración y operación, por parte del Estado, de los puentes internacionales de México.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil seis.

Diputados: Fernando Alberto García Cuevas, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 27 de 2006.)
 
 
 
QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

Marisol Vargas Bárcena, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 Constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal Federal, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país en la actualidad es garantizar el desempeño transparente, honesto y ético de todos y cada uno los servidores públicos, sin excepción alguna, respecto al ejercicio de sus funciones, así como erradicar en la ciudadanía la percepción negativa y adversa del funcionamiento de nuestras instituciones públicas, percepción que en gran parte ha sido propiciada por la indebida actuación de algunos servidores públicos que, valiéndose de las atribuciones inherentes a la función que desempeñan, han antepuesto sus intereses personales al interés público, social y nacional a que están obligados a proteger y mejorar dentro de la esfera de facultades que integran la competencia constitucional o legal del órgano estatal que representan.

Esta situación, a todas luces, se torna reprochable, toda vez que se considera que la función pública no debe, en ningún momento, ser usada para el beneficio privado, en virtud de que su finalidad esencial es promover el bien común de todo gobernado, por lo que, en ese sentido, cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses facciosos en detrimento del bien común de la sociedad debe ser sancionado de manera eficaz por el marco normativo existente para tal efecto.

En tal virtud, el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye una aspiración fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características elementales de un estado de derecho, toda vez que se considera que para propiciar un desempeño correcto y transparente de los servidores y evitar cualquier abuso en el ejercicio de la función pública es necesario que nuestro sistema jurídico mexicano no sólo provea a los gobernados de medios jurídicos adecuados para impugnar la actuación arbitraria e ilegal de las autoridades, sino que además cuente con disposiciones legales específicas, claras y eficaces encargadas de determinar los sujetos obligados a observar este tipo de normas y sancionar su indebida actuación en caso de ser necesario.

Lo anterior es consecuencia de que en todo estado de derecho la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanan, y la inherente obligación de responder en caso de su incumplimiento, constituye un pilar fundamental en el que descansa la buena marcha y funcionamiento de nuestras instituciones públicas.

Por lo tanto, se hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una delimitación jurídica específica, del ámbito personal de aplicación de las normas en materia penal de los servidores públicos, específicamente la relativa a los delitos contemplados por el Título Décimo, Capítulo Uno, del Código Penal Federal.

Una de las principales responsabilidades del Poder Legislativo es trabajar por la vigencia de un marco jurídico acorde a la realidad actual por la que atraviesa el ejercicio de la gestión pública, en donde se desenvuelva todo servidor público, que reconozca sus derechos, pero que también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales estarán dirigidas a la tutela de los derechos de los ciudadanos frente al actuar de cualquier autoridad, misma que le permita, cuando así sea necesario, exigir por la vía legal la imposición de sanciones a que se haga acreedor el servidor público que cometa alguna de las conductas contempladas por el Código Penal Federal en su Título Décimo.

Sin duda alguna, la delimitación del concepto "servidor público", previsto en el artículo 212 del Código Penal Federal, es amplia, pero en la actualidad no contempla a los servidores públicos de los organismos dotados de autonomía por la Constitución, como el Banco de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral. La presente iniciativa obedece a la necesaria congruencia que requiere nuestro sistema jurídico, ya que el 5 de octubre del 2005 fue presentada por el diputado José Javier Osorio Salcido una iniciativa para modificar el artículo 108 de nuestra Carta Magna, la cual fue aprobada por la honorable Cámara de Diputados y consistió en una modificación respecto al ámbito personal de validez de las responsabilidades de los servidores públicos, como resultado de la necesidad de identificar a las personas físicas que desempeñan un empleo, cargo o comisión para el Estado de una forma más precisa, a efecto de que, con base en el marco jurídico se pueda demandar el cumplimiento de las obligaciones que, por disposición legal, se generan por acciones u omisiones de los servidores de los organismos dotados de autonomía; Aunque dicha modificación se encuentra en la Cámara de Senadores en su proceso constitucional, considero prudente realizar la correspondiente reforma al artículo 212 del Código Penal Federal, para adecuarlo a la nueva redacción que se propone al artículo 108 Constitucional.

En tal virtud, con base en las anteriores consideraciones, se estima que los trabajadores pertenecientes al Poder Legislativo, al Poder Judicial, así como los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al igual que los trabajadores que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o en el Distrito Federal (que actualmente se encuentran considerados expresamente como servidores públicos por el texto legal), con independencia de la naturaleza de las funciones que desempeñan y de su nivel escalafonario, por virtud del vínculo laboral existente con el Estado, concretamente con un poder integrante del supremo poder de la Federación (tal y como lo dispone el artículo 49 constitucional), como lo es el Poder Legislativo, o en su caso, el Poder Judicial, o bien el Poder Ejecutivo, deberán de ser considerados para todos los efectos legales como servidores públicos.

Con esta iniciativa se reforma el artículo 212 del Código Penal Federal, para establecer que, de manera expresa, se contemple a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución federal ha conferido autonomía, como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin tener que llegar a recurrir a diversas interpretaciones para dilucidar el alcance de la disposición legal en cuestión.

Los funcionarios y demás empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los organismos autónomos son considerados servidores públicos y, por ende, es necesario precisar la situación de estos últimos en el texto legal, lo que deriva del criterio de que la propia Ley Reglamentaria del Título Cuarto Constitucional, en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, atendiendo el espíritu perseguido por el constituyente en el sentido de establecer un régimen general de responsabilidades aplicable a todos y cada uno de los servidores públicos, ha contemplado, para los efectos de su ámbito personal de validez, como sujetos obligados a observarla, no sólo a los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, sino a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, en tal virtud, resulta lógico que, si para efectos legales de carácter administrativo serán considerados servidores públicos las personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, con mayor razón se deberá considerar con ese carácter, para efectos penales, a los funcionarios y empleados de los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en virtud de su relación jurídica laboral directa con las referidas instituciones, mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano competente y que legalmente los posibilite para desempeñar un empleo, cargo o comisión, sean sujetos de manera expresa de la responsabilidad penal que les resulte cuando comentan alguna de las conductas previstas por el ordenamiento penal citado, relativas a su Título Décimo.

Compañeras y compañeros legisladores:

Con esta propuesta legislativa se lograría delimitar con mayor claridad el ámbito personal de validez de la norma penal y, por ende, se lograría dotar de mayor certeza jurídica el contenido y alcance del Título Décimo del Código Penal Federal; por lo que, en caso de prosperar, haría coincidente y coherente lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con lo que se dispone en el Código Penal Federal en su apartado relativo a los delitos cometidos por los servidores públicos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal Federal.

Artículo Único.- Se modifica el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Décimo
Delitos Cometidos por Servidores Públicos

Capítulo I

Artículo 212.- Para los efectos de este título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, así como de los organismos a los que la Constitución ha conferido autonomía o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de junio de 2006.

Diputada Marisol Vargas Bárcena (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Junio 27 de 2006.)
 
 
 
QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 8 Y 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, EN NOMBRE PROPIO Y DE LA DIPUTADA CELIA LETICIA MONTES DE OCA Y CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

La que suscribe diputada Maki Esther Ortiz Domínguez a nombre propio y de la diputada Celia Leticia Montes de Oca y Cabrera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 8 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en consideración de la siguiente

Exposición de Motivos

En el conjunto de las naciones la familia sigue siendo la unidad básica de toda sociedad; en este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, recogió en el tercer inciso de su artículo 16 que: "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de sociedad y del Estado".

Por ello es importante considerar, que la familia es el elemento de cohesión más importante de la sociedad y constituye el núcleo central para lograr el desarrollo de sus integrantes, es el sitio donde se adquieren las bases para convertirse en ciudadano: la familia es, por excelencia, el lugar donde aprendemos valores, tales como el amor, el respeto, la solidaridad y la confianza. Las conductas positivas y los valores adquiridos en la familia se desplegarán en la sociedad contribuyendo con la convivencia y solidaridad social y con su desarrollo y permanencia.

Las familias presentan hoy profundas transformaciones, diversos diagnósticos coinciden sobre la creciente heterogeneidad de las familias dado los grandes cambios a que se han visto enfrentadas: transformaciones demográficas, aumento de los hogares con jefatura femenina y creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. Entre los principales cambios demográficos se observa que el tamaño medio de la familia se ha reducido por la disminución de los hogares multigeneracionales y el aumento de los unipersonales, así como por el efecto de las migraciones, entre otros factores.

Sin embargo, también las condiciones sociales y económicas han tenido serios impactos sobre las familias, en general se pueden destacar los siguientes: una gran desintegración familiar que lanza a los miembros de la misma, en muchas ocasiones, a situaciones de desamparo, o en el mejor de los casos convierte a la madre en jefe de familia; un aumento de la tasa de renuencia de parejas jóvenes a formar familia por las incertidumbres económicas; un considerable aumento del número de niños que su familia no logra proteger, mismos que se ven la necesidad de trabajar en actividades donde muchas veces son explotados y donde sufren todo tipo de abusos o simplemente se convierten en niños que viven en las calles; aumento del número de madres adolescentes; incremento de la violencia intrafamiliar o doméstica; falta de vivienda y el acceso a bienes y servicios básicos, y la exclusión y marginación de muchas familias por diversas causas, entre otras, se constituyen en un círculo vicioso que deteriora las condiciones sociales y materiales de las familias.

Por ello, consideramos necesario reforzar las responsabilidades del Estado para que se fortalezcan las acciones que permitan atender de manera integral a las familias, particularmente a las que más lo necesitan a efecto de que en su conjunto y como personas alcancen mejores condiciones de vida y bienestar.

El objetivo de la presente iniciativa es fortalecer a las familias como sujetos de derecho, donde se conjuguen y complementen con los derechos de sus miembros, especialmente para aquellas familias con las mayores carencias y donde sus miembros cuentan con más desventajas.

Para ello, se propone adicionar el artículo 8, de la Ley General de Desarrollo Social, para incluir a la familia en situación de vulnerabilidad como un sujeto más que tiene derecho a recibir los apoyos necesarios que contribuyan a disminuir su desventajas. Además, se propone adicionar la fracción III del artículo 19, para señalar expresamente que son prioritarios y de interés público los programas dirigidos a las familias en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad.

Con lo anterior, se corrige la omisión que dichos artículos tienen respecto de la familia y se establece una mayor congruencia en dicha ley, que ya contempla en su cuerpo normativo acciones para las familias, tal como se expresa en los artículos 9, 33, 34, 35 y 38. Se reconoce la importancia de la familia en las políticas públicas de desarrollo social y combate a la pobreza, pues es la familia el eje central de una atención integral que posibilita que los miembros de la misma, puedan complementar su desarrollo.

La acción legislativa que se propone seguramente contribuirá a mejorar la atención de las familias, pues deberá traducirse en políticas, programas y acciones que promuevan la estabilidad y cohesión de la familia, mediante la oferta de servicios que garantice el disfrute de mejores condiciones de vida.

Actualmente existen muchos programas que ya consideran a la familia como sujetos de atención, es el caso del programa de Desarrollo Humano Oportunidades que concentra sus esfuerzos en aumentar las capacidades básicas de las familias que viven en condición de pobreza extrema para mejorar su educación, salud y alimentación, a través de acciones intersectoriales que apoyan su acceso a bienes y servicios que les permitan alcanzar mayores niveles de bienestar, sin sustituir el esfuerzo cotidiano que realizan las propias familias para superar su condición.

En muchos otros programas, las familias por sus características son utilizadas como criterio de focalización de las acciones, lo cual permite una acción pública más eficiente y eficaz. Además dada la transversalidad de los problemas que atañen a la familia, los programas y políticas buscan coordinarse adecuadamente a través de ellas.

Es claro que la familia es un elemento esencial en el proceso de las políticas públicas, que además se convierte en un elemento que potencia las acciones públicas que permiten construir una política social más equitativa.

Compañeras y compañeros legisladores, para Acción Nacional, la familia es considerada el núcleo esencial donde el ser humano se dignifica, y donde se forman los valores que dan sustento a la sociedad.

Por tal motivo es nuestro deber coadyuvar a garantizar la protección de la familia, como base necesaria del orden social, indispensable para el bienestar mismo del Estado. Por ser la familia la esencia sobre la cual evoluciona la sociedad y el Estado, resulta de fundamental importancia fortalecer las acciones a favor de la misma.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a su consideración la

Iniciativa que adiciona la Ley General de Desarrollo Social en materia de familia.

Decreto

Artículo único. Se adiciona el artículo 8 y la fracción III del artículo 19, ambos de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 8. Toda persona, familia o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

Artículo Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del junio de 2006.

Diputadas: Maki Esther Ortiz Domínguez, Celia Leticia Montes de Oca y Cabrera (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Junio 27 de 2006.)

H. Cámara de Diputados

Convocatoria
Concurso de selección abierto

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en la solicitud del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal en el campo de la investigación jurídica y parlamentaria, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos emiten la siguiente:

Convocatoria pública y abierta al concurso para ocupar la plaza vacante de

Investigador "A"

Realizar investigaciones, estudios jurídicos de carácter histórico, comparativo y socio-jurídico sobre instituciones parlamentarias, instituciones públicas, derecho público y privado, y en general, sobre cualquier rama o disciplina afín, que contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas, así como brindar las asesorías que se le encomienden, a partir de las consultas y solicitudes que formulen, diputados, comisiones y comités de la Cámara.

Requisitos y perfil

Generales

Acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:

1.- Requisitos de participación

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos generales, académicos y laborales previstos para el puesto y agoten cada una de las etapas que se establecen en la presente Convocatoria.

2.- Documentación requerida

Los aspirantes para ser considerados como participantes en el Concurso, deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación:

Nota: Todos los documentos deberán de entregarse en original para su cotejo, así como dos copias para la Cámara de Diputados.

Asimismo, la Cámara de Diputados se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso, y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.

Cabe mencionar que en caso de no presentar esta documentación en original o copia certificada para el cotejo y las fotocopias correspondiente el día señalado en la presente Convocatoria, la Cámara de Diputados está facultada para descalificar a los aspirantes que se ubiquen en este supuesto.

3.- Etapas del concurso
3.1. Registro de candidatos
3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currícula recibidas
3.3. Evaluaciones

Los integrantes del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias podrán asistir personalmente a cada una de las etapas del proceso de selección; los expedientes de los concursantes así como los resultados obtenidos por éstos, estarán a disposición de los miembros del Comité del CEDIP para ser consultados cuando lo requieran en la Dirección General de Recursos Humanos.

3.1. Registro de candidatos

La entrega de cédulas de inscripción, registro de candidatos y recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente Convocatoria se llevará a cabo los días 3, 4, y 5 de julio de 2006 en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C. P. 15969), Edificio "F" P. B., en un horario de 11:00 a 18:00 horas. El periodo de registro será improrrogable.

Las solicitudes y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidas ni tomadas en cuenta.

Al concluir la entrega de la cédula de inscripción con currículum y documentación comprobatoria, el interesado recibirá una ficha con el número de folio que lo identificará a lo largo del concurso y el calendario de actividades que señalará las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas del mismo.

Una vez agotada la etapa de registro de aspirantes, se publicará el listado que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes inscritos al presente concurso, dicha publicación se realizará en la página Web de la Cámara de Diputados, www.cddhcu.gob.mx y de igual forma estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en la Dirección general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currícula recibidas

Al concluir la etapa anterior, la Dirección General de Recursos Humanos conjuntamente con la Dirección General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, procederán a revisar y valorar las solicitudes de inscripción, currículum y la documentación comprobatoria entregada por los interesados para determinar en cada caso, si cumple o no con lo dispuesto por esta Convocatoria. Al efecto, formularán una lista integral de resultados de la revisión y valoración de solicitudes, de los aspirantes registrados y la someterán a la consideración del Secretario de Servicios Parlamentarios.

Una vez efectuada la revisión y valoración antes descrita, se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes preseleccionados que podrán presentarse a la realización de las evaluaciones técnicas, psicométricas y de otros conocimientos.

La lista se publicará en la página Web de la Cámara de Diputados, www.cddhcu.gob.mx y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de las evaluaciones mencionadas en el párrafo anterior. De igual forma, las listas estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en la Dirección General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

Para continuar con las siguientes etapas del proceso de selección, se deberá contar con al menos 3 aspirantes preseleccionados de lo contrario, el concurso se declarará desierta

3.3. Evaluaciones

La evaluación psicométrica será practicada a través de la Dirección General de Recursos Humanos, quien de igual forma, instrumentará el procedimiento para practicar las evaluaciones en materia de paquetería de cómputo, en este caso con el auxilio de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

La evaluación técnica se realizará a través de un jurado designado por el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias a propuesta de la Dirección General de dicho Centro, el que será presidido por la persona que designe el Comité del Centro de Estudios. El Director General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias fungirá como Secretario Técnico del jurado.

El jurado se encargará de definir la metodología de la evaluación técnica, así como de la formulación de los exámenes que correspondan. Las evaluaciones serán escritas, y podrá complementarse con una evaluación oral en caso de que el jurado lo considere necesario, y comprenderán, al menos, conocimientos generales de derecho, conocimientos técnicos de materia legislativa y parlamentaria, así como del funcionamiento del Congreso de la Unión.

Constituye impedimento para formar parte del jurado externo el tener vínculos de parentesco con quienes los proponen y aprueban como integrantes del jurado, así como con los participantes en el proceso de selección.

El jurado externo entregará informes de resultados de las evaluaciones técnicas de todos los aspirantes.

El resultado emitido por el jurado externo se integrará a los resultados obtenidos en las demás evaluaciones a efecto de emitir un resultado final, el cual será inapelable.

El resultado final de las evaluaciones se integrará con base en la siguiente ponderación:

Para el caso de que ninguno de los aspirantes obtenga como calificación promedio 8, se declarará desierto el concurso.

El veredicto para todas y cada una de las etapas del proceso de selección será inapelable.

Mecanismo de desempate

Para el caso de desempate entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en orden de prelación lo siguiente:

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente concurso, se ha implementado un módulo de atención telefónica en el número 56 28 13 00, extensiones 51066 y 51069, el cual estará funcionando de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluir el concurso.

Palacio Legislativo, junio de 2006.

Atentamente

Licenciado Emilio Suárez Licona (rúbrica)
Secretario Interino de Servicios Parlamentarios

Doctor Alfredo Salgado Loyo (rúbrica)
Director General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Licenciado Armando Gutiérrez Vogel
Director General Interino de Recursos Humanos
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 29 de junio, a las 13 horas, en las oficinas de la comisión.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A su reunión de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación, que se llevará a cabo el jueves 6 de julio, a las 11 horas, en el salón B del edificio G.

Atentamente
Diputado Miguel Alonso Raya
Presidente
 
 

A las exposiciones pictóricas Coalición de metáforas y Símbolos y portentos, de los artistas Arturo Reyes y Sarah Tisdall, respectivamente, que permanecerán hasta el 29 de junio en el vestíbulo principal del edificio A.

Atentamente
Diputado Abdallán Guzmán Cruz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS FEMINICIDIOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA VINCULADA

Al seminario internacional sobre violencia feminicida Puente al futuro y cuarta reunión del diálogo internacional interparlamentario, que se verificará los días 13 y 14 de julio, a las 10 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Atentamente
Diputada Marcela Lagarde y de los Ríos
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes a partir de junio y hasta el 15 de agosto, de las 7 a las 9 horas, por el Canal del Congreso y por la página electrónica http://www.canaldelcongreso.gob.mx

Módulo III. La profesionalización del servicio público en México
Doctor Roberto Moreno