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Chihuahua, Chih., a 20 de abril de 2006.
Senador Jesús Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la H. Cámara de Senadores
Xicoténcatl No. 9
México, DF
Anexo a la presente me permito enviarle copia del acuerdo número 181/06 II P.O., aprobado en sesión celebrada el día de la fecha, mediante el cual la Sexagésima Primera Legislatura de este honorable Congreso del estado solicita de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Salud, se establezcan campañas de prevención del rotavirus. De igual forma, al honorable Congreso de la Unión, a fin de que autorice el importe necesario para la adquisición de la vacuna contra el rotavirus, llamada Rotarix.
Asimismo, se inste a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a sumarse al presente acuerdo para lograr la inclusión de dicha vacuna en la Cartilla Nacional de Vacunación.
Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado José Luis Canales de la Vega (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
Acuerda
Primero. Exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se implementen campañas de prevención del rotavirus.
Asimismo, exhortar al honorable Congreso de la Unión, autorice los recursos necesarios para la adquisición de la vacuna contra el rotavirus llamada Rotarix.
Segundo. Exhortar a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se sumen al presente acuerdo, uniendo esfuerzos a fin de lograr la inclusión de la vacuna contra el rotavirus en la Cartilla Nacional de Vacunación, en beneficio de la niñez mexicana.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de abril del año dos mil seis.
Diputados: José Luis Canales de la Vega, presidente; Rocío Esmeralda Reza Gallegos, secretaria; Leticia Ledesma Arroyo, secretaria (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Salud y Seguridad Social
de la Cámara de Senadores, y de Salud de la Cámara de Diputados.
Junio 7 de 2006.)
DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
México, DF
Presentes
La Quincuagésima Séptima Legislatura les notifica, para su conocimiento y efectos que procedan, que en sesión ordinaria celebrada el día de la fecha se aprobó unánimemente punto de acuerdo, que se adjunta, presentado por el legislador Óscar Carlos Vera Fábregat, relativo a que el Congreso General emita la Ley Reglamentaria del Artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos expuestos en el mismo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Pedro Carlos Colunga González (rúbrica)
Primer Secretario
Diputado Pascual Martínez Martínez (rúbrica)
Segundo Secretario
CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del
Congreso del Estado
Presente
Óscar Carlos Vera Fábregat, integrante de esta honorable Legislatura y miembro del grupo parlamentario del Partido Conciencia Popular, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 61, en relación con el 57, fracciones XII y XX, de la Constitución Política del estado de San Luis Potosí; 97 y 98, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado; y 90, 91 y 93 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, somete a la consideración de este honorable Congreso el siguiente punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
1. En nuestra Carta Magna obra el artículo 9o., cuyo texto es el siguiente:
"No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee."
3. Sin ánimo de hacer un señalamiento de ejemplos recientes de esta clase de movimientos sociales en nuestro país ni, menos, de calificarlos o de criticarlos, sin embargo, como un hecho evidente puede mencionarse el movimiento social de diversos pobladores del lugar conocido como San Salvador Atenco, en el estado de México, donde grupos numerosos de personas se presentaron armadas de machetes para exigir ante la autoridad municipal de ese lugar que se les respetara cierta ubicación para practicar el comercio; y también puede citarse como muestra lo ocurrido en las instalaciones de una conocida empresa minera en el complejo industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
4. No es el caso tampoco de plantear un análisis de carácter sociológico que trate de explicar las razones, o la raíz, de estos movimientos sociales, que incluso han desembocado en enfrentamientos con la fuerza pública y que han producido no solamente lesionados y muertos, sino un profundo desasosiego en la inmensa mayoría de la sociedad mexicana, uno de cuyos principales objetos es la convivencia pacífica y el rechazo de la violencia, la amenaza y la inseguridad.
5. No hay duda del reconocimiento constitucional a la libertad de asociación, pues históricamente en las declaraciones de derechos que serían prolegómenos de nuestro propio derecho constitucional se consagraron paulatinamente las libertades de asociación y reunión. Concretamente, pueden citarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por las Naciones Unidas, en 1948, que establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas" (artículo 20); y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del mismo año, que establece: "Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole" (artículo XXI), y: "Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden" (artículo XXII).
6. Sin embargo, y sin demeritar de ninguna manera esa amplia manifestación de los derechos humanos de la libertad de asociación y de reunión, también debe puntualizarse que esta garantía, como en general todas las garantías ampliamente desplegadas en el derecho constitucional en general, y desde luego en nuestro propio derecho constitucional nacional, se encuentra limitada o restringida por ciertas restricciones que permiten compaginar su ejercicio con el interés general de la sociedad, de manera que éste no se vea perjudicado o afectado ante el ejercicio cabal de la garantía.
7. Por tanto, y con base en esas conceptuaciones absolutamente lógicas, se invoca y se aplica el otro principio, de que el ejercicio del derecho de reunión y de asociación sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas en la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública, o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás. Así está incorporado en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en este punto conviene invocar el artículo 15 de la ya citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, al referir que el derecho de reunión pacífica deber ser "sin armas".
8. Concretamente en el caso de nuestro país, la disposición constitucional anteriormente transcrita, de que "ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar", deriva en gran medida de nuestra propia historia, que contiene multitud de episodios de carácter violento, generados en manifestaciones públicas, que en su momento propiciaron lesionados, muertos, desaparecidos y zozobra en la sociedad en general, al grado de que lo que parecía el simple ejercicio de la libertad de reunión degeneró en conducta antisocial de carácter penal.
Así se advierte de una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con las libertades políticas de nuestro país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo XXXVIII, página 20, en la que el alto tribunal, entre otras cosas, expuso: "Las injurias, violencias y amenazas deben entenderse para el efecto de la aplicación de la ley penal que sean de tal magnitud que amaguen de destrucción al orden público establecido y provoquen conmociones sociales que por su persistencia y gravedad alteren la tranquilidad de la conciencia social".
9. Es muy importante mencionar como antecedente de esta propuesta el artículo 9o. del proyecto original de Constitución de Venustiano Carranza, fechado en Querétaro, Querétaro, el 1 de diciembre de 1916, cuya redacción era como sigue:
"Sólo podrá considerarse ilegal una reunión convocada con objeto ilícito y ser, en consecuencia, disuelta inmediatamente por la autoridad cuando en ella se cometieren desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de la fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenaza de cometer atentados, que pueden fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundamentalmente temor o alarma a los habitantes; o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o algunos o varios particulares, si la persona que preside en la reunión o las que de ella formaren parte no redujeran al orden al responsable o lo expulsaren inmediatamente; o cuando hubiere en ella individuos armados, si requeridos por la autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren de la reunión.
"No se considerará ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición a una autoridad, o presentar una protesta por algún acto, si no se profieren injurias contra ella ni se hiciere uso de la violencia o de amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea."
11. Se justifica plenamente la legislación que se propone, dada la gravedad que han alcanzado ya diversas manifestaciones públicas de variados grupos de las más disímbolas tendencias, pues desde los bloqueos temporales de las vías generales de comunicación, que tantas molestias y perjuicios causan al público en general, hasta las manifestaciones armadas que no se limitan únicamente a injurias y amenazas, sino a violencia efectiva y concreta, que ha ocasionado ya muertos, lesionados, desaparecidos y daños y perjuicios en propiedad ajena, deben ser materia de definición, o reglamentación, en cuanto a su apreciación administrativa, o bien, en cuanto al enfoque penal por su gravedad; y además definir con toda claridad todos y cada uno de los conceptos clave que integran la garantía constitucional, y su alcance jurídico, tanto desde el punto de vista administrativo como del penal, concretamente la conceptuación de "reunión armada", "injurias", "violencia" y "amenazas".
Por lo expuesto y fundado, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se envíe una atenta comunicación al Congreso de la Unión a fin de que se sirva legislar la Ley Reglamentaria del Artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito fundamental de combatir eficazmente el grave fenómeno social que se manifiesta en la vida pública de nuestro país respecto a reuniones armadas, con manifestaciones de injurias, violencia y amenazas, en contra de diversas autoridades, y con graves repercusiones para la sociedad en general y personas en lo particular.
San Luis Potosí, SLP, a 18 de mayo de 2006.
Diputado Óscar Carlos Vera Fábregat (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara
de Senadores, y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Junio 7 de 2006.)
Secretarios de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
La Quincuagésima Séptima Legislatura les notifica, para su conocimiento y efectos que procedan, que en sesión ordinaria celebrada el día de la fecha se aprobó punto de acuerdo de la Comisión de Justicia por el que nos adherimos al planteado por el honorable Congreso del estado de Quintana Roo ante el Congreso de la Unión, y éste legisle para considerar como delitos graves en el Código Penal Federal la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de diversas especies marinas; además, resultó que si el Congreso General comparte el criterio respecto a la importancia que debe revestir el caso, que la soberanía peticionaria especifique el resto de las especies en la misma situación de potencial riesgo de desaparición.
En mérito de lo señalado, se adjunta el documento referido.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Pedro Carlos Colunga González (rúbrica)
Primer Secretario
Diputado Pablo Pascual Martínez Martínez
(rúbrica)
Segundo Secretario
Diputados Secretarios del Honorable Congreso del Estado
Presentes
Los suscritos diputados, miembros de la Comisión de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que nos son propias, elevamos a la consideración del honorable Pleno de esta asamblea legislativa, para su aprobación, un punto de acuerdo por el que esta soberanía se adhiere a los propósitos impulsados por la honorable XI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de los puntos de acuerdo, por los que se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión a legislar en materia penal, a fin de que la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas que se den en forma desmedida, irracional e ilegal sean considerados delitos graves, planteamiento que en su procedencia sustentamos en el marco de los siguientes
Considerandos
Que en sesión ordinaria de fecha 6 de octubre de 2005, el H. Congreso del estado de Quintana Roo aprobó los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable XI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión a efecto de que legislen en materia penal, a fin de que la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas que se den en forma desmedida, irracional e ilegal sean considerados delitos graves en el Código Penal Federal.
Segundo. La reforma que al efecto realice el Congreso de la Unión deberá considerar varios aspectos, entre los que se encuentran los volúmenes permisibles de captura de especies acuáticas diversas, la época, talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura y las normas que regulen su manejo, conservación y traslado. Asimismo, será importante definir cuál es la mayor cantidad de pescadores y embarcaciones susceptibles de emplearse en cada instante o grupo de especies por banco, área o región.
Tercero. Remítase el presente acuerdo a las demás Legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para que, de así considerarlo, se adhieran al mismo.
Que para arribar a las siguientes determinaciones razonó lo siguiente:
"La sobrepesca para el comercio nacional e internacional es el principal factor de las poblaciones, aunque también puede ser un factor la degradación del hábitat, sobre todo respecto a la pérdida de importantes hábitat de cría, como prados de pastos marinos, de aguas someras cerca de la orilla. Debido a la reducción de los planteles de aguas poco profundas, los esfuerzos de pesca se han desplazado de áreas costeras a áreas más alejadas de la costa, principalmente en Colombia, República Dominicana y México. El uso de equipos de buceo con apoyo respiratorio (scuba y buceo con compresor) se ha extendido y a medida que las áreas costeras son cada vez más sobreexplotadas, los antiguos refugios de aguas profundas también han sido objeto de intensa explotación.
"En varios países, la condición local de las poblaciones del caracol reina del Caribe es pobremente conocida o no se conoce en absoluto, incluyendo países exportadores-importadores, como Haití y Honduras. Además, se reportan bajas densidades de caracoles adultos en las áreas de pesca de algunos de los países exportadores más importadores, por ejemplo, México, Belice y República Dominicana.
"El caracol reina del Caribe (Strombus gigas) está distribuido a lo largo del Caribe, desde Florida (EU) hasta la costa norte de América Latina, y la especie se encuentra en las aguas territoriales de por lo menos 36 países y territorios dependientes. Esta especie se encuentra principalmente en los fondos marinos arenosos en aguas limpias, poco profundas, pero también ocurren en profundidades de hasta 100 metros.
"En México, el caracol reina del Caribe ha sido pescado tradicionalmente en la península de Yucatán, desde Ciudad del Carmen, Campeche, hasta Chetumal, Quintana Roo. Las declinaciones de los moluscos (incluido el caracol reina del Caribe) han llevado a la clausura de la pesquería aguas afuera de la península de Yucatán, incluso en el arrecife Alacranes. En 1988 se estableció una prohibición pesquera permanente para todas las áreas de la península de Yucatán. La costa de Quintana Roo fue dividida en tres áreas pesqueras principales (zona norte, central y sur). Las zonas más productivas fueron las del norte central y sur. En la zona sur, el caracol reina del Caribe se encontraba generalmente en aguas someras, que permitían un fácil acceso sin equipo de buceo. La profundidad promedio en las zonas norte y central era de 20-30 metros, y por consiguiente el uso de equipos de buceo (scuba) o similares era frecuente. Actualmente, el caracol reina de Caribe se encuentra a profundidades de 30 metros o más, excepto en el banco Chinchorro.
"A pesar de las prohibiciones de pesca instituidas, se reporta que los planteles no se han recuperado como se esperaba. No está claro si esta lenta recuperación de la población se debe a que la densidad de la población ha caído debajo de un punto crítico, pero a partir del cual la recuperación todavía es posible o si es resultado de los altos niveles de furtivismo reportados.
"Como se ha planteado con antelación, la principal amenaza a las poblaciones de caracol reina del Caribe en sentido amplio es la sobrepesca, seguida de la degradación del hábitat. El caracol reina del Caribe representa un símbolo económico y cultural del Caribe y, por tanto, de nuestro país y desde luego de nuestra entidad. El caracol reina ha sido valorado como una fuente de proteína en muchas de las dietas nativas y se ha explotado como una fuente de alimento por centenares de años. El valor económico total del caracol reina del Caribe extraído de la región caribeña se ha estimado, a mediados de la década de los años noventa, en 60 millones de dólares; sin embargo, este valor sería considerablemente más alto si se tomara en cuenta el empleo generado.
"Lamentablemente, muchas comunidades de las zonas pesqueras, incluidas las contenidas en el territorio de nuestra entidad, se encuentran vulnerables a la sobrepesca, debido a su crecimiento lento (de la población de caracol), a que se encuentra en aguas poco profundas, a su maduración tardía y a la tendencia a agregarse en aguas someras para desovar.
"La sobrepesca es indudablemente la principal causa de la declinación del caracol reina del Caribe, aunque la degradación del hábitat debido a la colmatación, a otras formas de contaminación, y al uso de dinamita y de otros aparejos destructivos de redes de fondo, juegan sin duda un importante papel en la declinación de las poblaciones de caracol. Esto es especialmente cierto para el caracol reina del Caribe juvenil, que requiere sitios de cría tranquilos donde puedan desarrollarse. Muchos de estos sitios están cerca de la costa y son afectados por actividades humanas como la urbanización y la polución. Es probable que dichas perturbaciones causen mortalidad y reduzcan el reclutamiento de caracoles juveniles, lo que a su vez reduce el crecimiento de la población global.
"Uno de los factores fundamentales que refiere la importancia de que el caracol persista en la región del Caribe es, sin duda, el papel ecológico que juega en las comunidades marinas bentónicas, alimentándose principalmente de los restos y de los detritos del pasto marino muerto, o de epifitas de pasto marinos, y de microalgas, así como de cantidades significativas de arena. Por consiguiente, la desaparición o disminución sustancial de caracol reina del Caribe probablemente produzca cambios significativos en la comunidad y una cascada trófica que afectará negativamente la productividad y el reclutamiento futuro de la especie, así como la de otros recursos pesqueros ecológica y económicamente importantes.
"La pesquería mexicana de moluscos no tiene como objetivo de pesca sólo S. Gigas, sino también a unas 20 especies diferentes de moluscos. Algunas de las áreas de pesca históricamente importantes para el caracol reina del Caribe han sido clausuradas debido al agotamiento de los planteles y a la sobrepesca.
"Actualmente, la cosecha legal de caracol reina del Caribe está restringida a banco Chinchorro y Cozumel. Se ha propuesto recientemente una clausura indefinida de la pesquería de esa especie de caracol para todo Quintana Roo, con base en las inquietudes manifestadas por los pescadores locales.
"A nivel nacional, en la década de los años ochenta varios estados del área de distribución del caracol reina del Caribe comenzaron a imponer regulaciones específicas por especie y medidas de manejo para la pesquería del caracol, y la mayor parte de los estados del área de distribución han implantado ahora alguna forma de manejo de esa pesquería. Las medidas de manejo incluyen diferentes restricciones de tallas mínimas, clausuras temporales o geográficas de la pesquería, restricciones a los equipos y a las embarcaciones, restricciones a la cosecha a granel y medidas de entradas limitadas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende principalmente del conocimiento adecuado de la condición del plantel (tamaño, distribución abundancia, etcétera), otros criterios biológicos y morfométricos (situación de los sitios de cría y desove, periodo de desove, crecimiento de la caracola y madurez, entre otros) y características de cada país.
"Las vedas temporales para proteger el plantel durante los meses reproductivamente más activos se han instaurado en varios estados del área de distribución. Sin embargo, estas vedas no siempre se conciertan a nivel regional o subregional, lo que puede minar su fiscalización, ya que caracoles de la especie reina del Caribe extraídos en un país de forma ilegal durante una temporada de veda podrían desembarcarse legalmente en un país vecino. En varios estados, vedas temporales de la cosecha son complementadas con una prohibición temporal del procesamiento, del comercio, y de las exportaciones de carne de caracol reina del Caribe durante la temporada de veda, lo que facilita la fiscalización de las temporadas de veda.
"Por lo anterior, es importante que la legislación federal que regula la actividad pesquera tanto del caracol reina del Caribe como de otras especies en peligro de extinción sancione de forma considerable a las personas que se dedican a su captura ilegal, considerando que esta situación se agrava aún más cuando esa captura se da sobre especies acuáticas, que se encuentran declaradas en veda y en áreas protegidas.
"Debido a la problemática que impera en nuestras costas, es indispensable que se tomen las medidas pertinentes.
"Que se realicen las reformas a los instrumentos legales respectivos, a fin de evitar un menoscabo mayor de la producción natural del caracol reina del Caribe y de otras especies acuáticas, por ello es importante mencionar que, aunque su captura es parte importante de la actividad pesquera de nuestra entidad, cierto es también que es posible llevarla a cabo de forma ordenada, de forma legal, tomando en consideración que sólo de esa manera se podrá mantener por más décadas la producción sostenible del molusco..."
San Luis Potosí, no obstante mantener una geografía y características propias, que por sus circunstancias específicas de suelo le impiden constituirse en protagonista directo de la vivencia de tan grande problemática, como acontece con estados colindantes con zonas marinas, de playas o costeras, que además hacen de esa circunstancia una importante forma de vida, de subsistencia y de desarrollo regional, no puede mantenerse pasivo, por cuanto que el que se trata es un problema de preocupación e interés nacional.
Si la sobreexplotación de especies acuáticas es tema que debe merecer toda la atención del Estado mexicano, con mucha mayor razón la debe acaparar el tema de las especies en probable o inminente peligro de extinción.
Al analizar las consideraciones de la honorable Legislatura de Quintana Roo, en una de sus partes refiere "... la pesquería mexicana de moluscos no tiene como objetivo de pesca sólo a S. Gigas sino también a unas 20 especies diferentes de moluscos..." Sin embargo, el pronunciamiento que realiza, al menos de manera expresa lo circunscribe al caracol reina del Caribe (Strombus gigas), lo que nos lleva a reflexionar sobre la gran importancia que debe representar en el caso conocer el dato del resto de las especies de moluscos que forman el número alarmante de las 20 que se mencionan como en situación de riesgo o degradación. Hecho el anterior que deberá dar lugar a que las altas Cámaras a que se dirigió la honorable XI Legislatura de Quintana Roo soliciten a ésta la particularización de las demás especies del caso. Datos que nos parecen de apreciación y valor fundamental, dado que la solicitud del respetable Congreso tiende a que se legisle en materia penal, a fin de que la captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas que se den en forma desmedida, irracional e ilegal sean considerados delitos graves en el Código Penal Federal.
Así, en inteligencia de cuanto antecede, los suscritos diputados nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea legislativa, para su aprobación, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Ante la grave problemática que comunica la honorable XI Legislatura del estado de Quintana Roo de sobreexplotación y situación de probable riesgo de desaparición de diversas especies marinas, así como ante la intención que impulsa de que se tipifiquen en el Código Penal Federal como delitos graves los extremos a que se alude en sus puntos de acuerdo, comuníquese al honorable Congreso de la Unión la adhesión de esta soberanía del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí a tal propósito.
Asimismo, en mérito de ello, y si el honorable Congreso de la Unión comparte el criterio respecto a la importancia que debe revestir en el caso que la soberanía peticionante especifique al resto de las especies que en misma situación de riesgo integran el número de 20, aparte de S. Gigas, entonces solicítese dicha información para la debida complementación del caso.
De igual forma, hágase lo anterior del conocimiento del honorable Congreso del estado de Quintana Roo, para los efectos correspondientes.
Dado en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a 16 de mayo de 2006.
Diputados: Liliana Carvajal Méndez (rúbrica), presidenta; Jorge Arreola Sánchez (rúbrica), vicepresidente; Pedro Pablo Cepeda Sierra (rúbrica), secretario; Paulino Pozos Aguilar (rúbrica), José Manuel Medellín Milán, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Eduardo Martínez Benavente, Cirilo Gerardo Méndez Aguilar (rúbrica), vocales.
(Turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara
de Senadores, y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Junio 7 de 2006.)
DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES, CON LA QUE REMITE SU INFORME SEMESTRAL QUE COMPRENDE EL LAPSO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2005 AL 20 DE MAYO DE 2006
México, Distrito Federal, a 6 de junio de 2006.
Diputado Álvaro Elías Loredo
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 311, fracción XIV de la Ley de Concursos Mercantiles, así como de la decisión tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/-8422/2000, de fecha 25 de octubre de 2000, presento a esta honorable asamblea, en mi carácter de director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el informe semestral de labores ordenado por dichas disposiciones.
Las referencias a disposiciones legales que fundamentan la actividad del instituto se ponen en notas al pie a fin de facilitar la lectura.
Atentamente
Licenciado Luis Manuel C. Méjan Carrer (rúbrica)
Director General del Instituto
1. Actividad concursal del semestre
1.1. Asuntos concursales
En el semestre que se informa:
En este semestre concluyó la quiebra de una empresa (National Castings) que se vendió y la planta fue reinaugurada el 31 de enero por el Presidente de la República, volviendo a ser fuente de trabajo para 200 obreros. Este ejemplo revela cómo incluso llegando a la etapa de quiebra, el concurso mercantil puede ser un camino para maximizar el deteriorado valor de empresas con problemas de solvencia.
La Vocalía Jurídica atendió, en 305 ocasiones, consultas y reuniones, personales, telefónicas o electrónicas con los especialistas.
La misma Vocalía Jurídica participó en juntas y desahogó consultas con acreedores, autoridades federales y locales y público en general en 296 ocasiones.
Desahogamos 121 vistas que nos dieron los jueces que conocen asuntos concursales. Asimismo, el instituto presentó 4 promociones en amparos relacionados con éstos; ya sea que se le hubiera designado como autoridad responsable o tercero perjudicado.
La plantilla actual es de 138 especialistas de 29 entidades federativas, que cubren 258 registros: 74 visitadores; 97 conciliadores y 87 síndicos.
43 especialistas cubrieron en este semestre los derechos correspondientes a la anualidad de su registro.5
Fueron designados por los procedimientos de ley: 17 visitadores; 19 conciliadores y 18 síndicos, recibimos 2 quejas de actuación de los especialistas. Se impusieron sanciones en 5 ocasiones. Su labor ha sido supervisada por el instituto.6
La asociación denominada Especialistas de Concursos Mercantiles de México, AC (Ecom), de cuya constitución dimos cuenta el semestre pasado, ha sido aceptada como miembro de Insol International, la organización mundial que agrupa a los profesionales de la insolvencia en todo el mundo.
En este semestre tuvimos noticia de la constitución de la organización llamada Colegio de Abogados Concursales y Corporativos, AC, que agrupa, entre otros, a varios de los especialistas.
Algunos de nuestros especialistas han sido invitados a formar parte de un grupo de personas capaces de auxiliar al Instituto Federal Electoral en procesos de disolución y liquidación de asociaciones políticas.
1.5.1. Información, difusión y representación
La página de Internet fue visitada en promedio diario en 122 ocasiones.
Se incorporaron al sitio en Internet 271 movimientos sobre eventos, avisos, publicaciones de edictos y convocatorias; herramientas de trabajo a los especialistas; pizarra concursal; nuevos estudios; fichas bibliográficas y las tesis jurisprudenciales.
El Vínculo de Comunicación, boletín mensual destinado a los especialistas, ha seguido emitiéndose regularmente y ya vamos en el número 29.
Concluimos en este semestre la tercera edición del Diplomado de derecho concursal, que impartimos en conjunción con el Instituto de la Judicatura y en conjunción con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC, el cual se impartió en 40 sedes por videoconferencia y en una de manera presencial. Tuvimos 990 inscripciones, 48 por ciento de los participantes son personal del Poder Judicial, el 3 por ciento especialistas, y el 49 por ciento abogados externos. Cumplieron con la asistencia 620, presentaron examen 528 y obtuvieron calificación aprobatoria y diploma 461.
Hemos mantenido una relación permanente con los medios quienes consistentemente dan razón de temas concursales, en este semestre contamos 91 notas periodísticas.
El Colegio de Abogados Concursales y Corporativos, AC, realizó, en forma conjunta con la Facultad de Derecho de la UNAM, un evento académico, al que dimos todo nuestro apoyo, pues nos satisface que existan estas organizaciones e iniciativas que fomentan la cultura concursal.
La Vocalía Contable organizó seis grupos de estudio, en el que iniciaron participando 92 especialistas (82 contadores públicos y 10 de otras disciplinas) sobre el tema "guía de actividades contables durante el proceso concursal"; el resultado de este esfuerzo deberá concluirse en lo que resta del año. A la fecha se han tenido 6 reuniones.
Impartimos un curso-taller en Monterrey, NL, dirigido a los titulares y personal de los juzgados y tribunales de esa ciudad.
Participamos con el Instituto de la Judicatura impartiendo 30 horas en la especialidad en la Secretaría de Juzgado de Distrito y el Tribunal de Circuito, actualmente en proceso.
Samuel Bufford, juez de quiebras en Los Ángeles, California, impartió en el instituto, a jueces, especialistas, abogados y contadores interesados, una conferencia sobre el nuevo capítulo 15 de su ley, que equivale al título XII de la ley mexicana.
Estadísticas en promedios de días hábiles sobre los casos operados durante este semestre.
De la admisión de la solicitud o demanda a la orden de visita: 25 días en el caso de asuntos radicados en el Distrito Federal y 46 días en asuntos ubicados en otras entidades.
Del dictamen de la visita o del reporte de que ésta no ha sido posible, incluyendo la formulación de los alegatos que ordena la ley, a la sentencia de concurso: 31 días.
De la presentación de la solicitud o la demanda a la sentencia que declara el concurso: 132 días. Mientras que de la fecha de la admisión de la solicitud o demanda a la sentencia de concurso: 88 días.
De la sentencia de concurso a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 122 días.
De la sentencia de concurso a la sentencia que declara la quiebra, 242 días.
El instituto designa los especialistas ordenados por el juez en 1 día.
El instituto emitió una resolución normativa para regular la prestación del servicio ordenado por el artículo 312 de la ley relativo a proporcionar los datos de especialistas que, a petición de deudores o acreedores, pueden fungir como amigables componedores.
Se emitió una reforma a las reglas generales que ordena la ley, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de marzo de 2006.
El presupuesto autorizado se ha ejercido en un 29 por ciento. La planta de personal del instituto recibió un incremento de tres plazas para ubicarse en 26 elementos.
La Junta Directiva del instituto realizó 50 sesiones formales. A estas sesiones han empezado a asistir especialistas con quienes damos seguimiento a los concursos en los que actúan.9
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se sumó al grupo de países que hemos adoptado la Ley Modelo del Uncitral sobre insolvencia transfronteriza.
En el mes de abril fuimos anfitriones de la reunión anual de la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia que se celebra cada año en distintos países que cuentan con una entidad como nuestro instituto. El señor ministro Presidente Mariano Azuela Güitrón dictó el discurso inaugural y la ministra Olga Sánchez-Cordero de García Villegas representó al Poder Judicial de la Federación en la cena formal del evento. Recibimos a 48 delegados de 22 países y organismos internacionales.
Contamos, en ese evento, con el apoyo de instituciones externas, como fue el caso del Banco Nacional de México, SA, y de distintas autoridades como el Banco de México, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, la Secretaría de Relaciones Exteriores, El Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Distrito Federal, así como con el apoyo del personal de las direcciones generales de Comunicación Social, de Seguridad y Protección Civil, de Informática, de Gestión Administrativa, y de Relaciones Nacionales e Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. A todos agradecemos su participación en el éxito de la reunión. Los temas técnicos discutidos en la reunión, las conclusiones logradas y todos los materiales están disponibles en la biblioteca del instituto.
Al elegir el Comité Ejecutivo de dicha asociación se invitó a participar como miembro del mismo al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Al cumplirse seis años del inicio de la vigencia de la ley y con miras a un plan de trabajo que cubra los próximos cuatro años del instituto, hemos iniciado el estudio y análisis de cómo se han dado la aplicación de la ley y el desempeño del instituto.
Dicho estudio ha iniciado con un análisis comparativo con otros países y un sondeo de opinión solicitado a quince firmas profesionales (de abogados, contadores y financieros) de primer nivel, de las involucradas en los procesos concursales, así como con la Comisión de Derecho Mercantil de la Barra de Abogados. La evaluación se prolongará en los próximos dos meses con otras instancias pero algunas conclusiones iniciales son ya evidentes e informan la planeación a futuro.
En el sondeo referido, los interlocutores se pronunciaron respecto de cómo se han comportado los jueces que conocen asuntos concursales, el instituto, los especialistas, los acreedores, los comerciantes e hicieron una evaluación de la ley y de la aplicación de la misma. Sus opiniones marcan un estado de la cultura concursal en México, que es relevante presentar en este informe.
2.1. Jueces
La visión de la población en general en nuestro país no es favorable a la impartición de justicia, un 66 por ciento de la población opinó en una encuesta reciente que se siente insatisfecha con el actual sistema de justicia en México.10 Específicamente, en los sectores involucrados en la materia concursal, se percibe la intervención de cualquier autoridad judicial como sinónimo de formalismo, rigidez y consumo desmedido de tiempo, de impreparación para entender la problemática de los involucrados en un proceso concursal e incluso, en algún caso aislado, con sospecha de corrupción.
La gran cantidad de asuntos rechazados o multiprevenidos; el abuso del amparo para efectos; que las sentencias no tengan efectos erga omnes y el que se haya abusado de la discrecionalidad en el manejo de los tiempos de la ley, desalienta la promoción de concursos mercantiles.
Por otra parte, ha sorprendido con agrado el que los jueces tomen los concursos con profesionalismo y seriedad y satisface el que se haya concentrado esta materia en la justicia federal. Hay una petición generalizada al instituto y a los especialistas para estar más de cerca en los programas de capacitación e información al personal de los órganos jurisdiccionales.
2.2. El instituto
El instituto cuenta con reconocimiento generalizado de seriedad, capacidad, flexibilidad, de neutralidad, de cercanía con las empresas concursadas y con los acreedores de las mismas; se reconoce asimismo su composición y los antecedentes multidisciplinarios de sus integrantes. Se aprecia como éxito su labor de selección y supervisión de los especialistas.
Se le pide, por el contrario, una labor más proactiva en la difusión de la ley, de las experiencias que ya existen, de los criterios de interpretación, así como de los estudios que hace de la ley, aprovechando el conocimiento que tiene de la totalidad de la aplicación de ésta. Dicha labor de difusión debe darse internamente al Poder Judicial y, externamente, a los centros de decisiones en esta materia: a grupos de empresarios, de financieros, de despachos asesores, tanto en México como en el extranjero.
Se pide que sea especialmente cuidadoso en pedir que se cumplan los tiempos de la ley, que sea un supervisor escrupuloso de los especialistas y que no los sobreproteja.
Se propone también considerar la posibilidad de que pueda cubrir otras funciones, como es el manejo de los concursos de comerciantes sin activos o para facilitar arreglos administrativos que puedan ser posteriormente homologados ante el juez a fin de lograr un mejor uso de la herramienta concursal, aunque se teme que esta involucración pudiera hacer perder su neutralidad.
2.3. Incidencia de asuntos
¿Por qué no se usa más el Concurso Mercantil? Un país como México, con el censo empresarial que tiene, parecería -sobre todo comparado con otras economías- que debería tener una mayor incidencia de asuntos concursales.
2.3.1. Panorama de la insolvencia en el mundo
Veamos el fenómeno concursal mexicano en una visión comparativa con algunas economías que, o tienen similitud en tamaño con la nuestra o son nuestros principales socios comerciales.11
España era en el año 2000, al inicio de la vigencia de la Ley de Concursos Mercantiles mexicana, una economía del mismo tamaño que la de México; a diciembre de 2004 es 33 por ciento mayor que la nuestra.
España instauró su nueva Ley Concursal a mediados de ese año y ya tuvo en 2005 763 procesos concursales.
Australia, de ser una economía 33 por ciento menor que la de México en el año 2000, tiene en 2004 una economía de valor similar a la nuestra.
En 2005 enfrentó 2,792 casos de "procedimientos de administración voluntaria" (0.5 por ciento del número de compañías registradas).
La Federación Rusa, que ha tenido crecimientos anuales superiores al 7 por ciento en su economía entre los años 2000 y 2004; en el año 2000 representaba el 45 por ciento del valor de nuestra economía y para el año 2004 ya era equivalente al 86 por ciento del valor de la economía de nuestro país; presentó en el año 2005, 5,000 asuntos concursales.
Estos tres ejemplos muestran que, cuando se tiene una economía muy activa, también los casos concursales son numerosos.
Canadá ha mantenido crecimientos sostenidos en las cifras bajas (2 por ciento en 2003, 2.9 por ciento en 2004) y ha visto disminuido el número de casos concursales (8 mil 899 en 2005, contra los 9 mil 644 del año anterior).
Estados Unidos tuvo crecimiento del 3.1 por ciento en 2003 y de 4.2 por ciento en 2004 y los casos concursales (capítulo 11) han mostrado una tendencia a la baja (de 10 mil 132 casos en 2004 a 6 mil 800 en 2005).
México ha tenido crecimientos inferiores al 5 por ciento en 2003 y 2004 (1.4 por ciento y 4.4 por ciento, respectivamente).
Estos tres ejemplos muestran que cuando las economías son estables, el número de casos concursales tiende a disminuir o se mantiene más o menos constante.
Esto puede leerse en doble sentido: la influencia que la economía sana del país tiene en los negocios, por un lado, y por otro, el tener un buen régimen de manejo de insolvencia es un factor de estabilidad o prosperidad económica.
2.3.2. Incidencia de concursos en México
Ante la preocupación relacionada con el tema de que en México existen muy pocos asuntos concursales, la encuesta hecha nos arroja estas ideas:
La tradición del país es que siempre se han dado pocos casos de uso de la legislación de insolvencia, incluso con la aplicación de los anteriores regímenes legales, en los años de 1988 a 2000 se presentaron en el Distrito Federal un promedio de tan sólo 57 casos de suspensión de pagos por año, no lejano al promedio de 46 por año que llevamos con la nueva ley, la crisis del año 1995 produjo, en ese sólo año, 187 casos.12 Hoy el mercado es diferente, ya no hay crisis, la situación económica es estable y los indicadores macroeconómicos marchan bien.
Por el trato que la ley da a los créditos con garantía, se ha favorecido que el crédito se otorgue reforzado con garantías reales, resultando que los acreedores tengan pocos estímulos para promover procesos concursales.
Del lado de los acreedores se observa un fenómeno peculiar: hoy en día que hay una gran liquidez en los mercados, la mayoría de los financieros han retirado de su agenda los temas de reestructuras y los han sustituido por ventas de cartera. Los compradores de cartera pueden adquirirla en precios que les permiten un amplio margen de negociación y no les interesa, en sus procesos de cobranza, acudir a promover concursos que los llevarán a renegociaciones, su visión es de mucho más corto plazo y no conlleva el interés de la promoción de la empresa.
Se mantienen presentes, en los comerciantes, una serie de paradigmas culturales muy difíciles de vencer: el estigma que ha acompañado siempre a estos procesos; el miedo al fracaso o a que se agoten los tiempos y no se logre una conciliación; el temor a ser considerado como autores de fraude de acreedores; el aferrarse a que tienen que seguir conduciendo el negocio y que ellos solos podrán salir adelante de su problema; el rechazo a verse involucrados en procesos legales y judiciales de los cuales se desconfía por sistema.
Aunada a esos paradigmas, está la consideración de incertidumbre del resultado y que no se espera en el horizonte ver una liberación total de los adeudos.
Una razón adicional es la poca información que existe en el medio sobre la materia.
Todo ello ha producido que el concurso no sea una figura muy popular y que se privilegien arreglos particulares, lo cual, a fin de cuentas, es una de las intenciones de la ley, por eso, una opinión generalizada es que esta incidencia de asuntos revela que la ley y el instituto están funcionando bien y alcanzando los fines propuestos.
2.4. La ley
La ley, a seis años de su creación, es valorada internacionalmente: Rodrigo de Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional, dice: "Como he mencionado, México ha emprendido reformas financieras y bancarias fundamentales. Pero éstas aún no han dado plenamente sus frutos, en términos de un aumento del crédito para la inversión y del crecimiento... La buena noticia es que las reformas han comenzado. México recientemente ha hecho profundas reformas al marco legal de quiebras empresarias y ha aprobado una nueva ley del mercado de valores."13
En México se opina que es un buen instrumento, que logró un cambio, acabó con vicios creados en sistemas anteriores, que brinda certidumbre, que parte de la actuación con buena fe pues, mutatis mutandis, es aquello de que "no hay contrato bueno para el hombre malo", que es sencilla a pesar de lo técnica y de difícil comprensión, aunque no falta la opinión de quien dice que la ley es tan confusa que produce que las partes prefieran un arreglo fuera de ella. Es una ley que da una gran flexibilidad para el logro de convenios y exige que los tiempos del procedimiento sean cortos y, aún cuando en la práctica no se ha logrado en la brevedad que la ley pretende, sí ha producido procedimientos mucho más cortos y ágiles.
Una gran crítica a la ley reclama el hecho de que no contemple los concursos con un convenio previo pactado entre el comerciante y un significativo número de acreedores lo cual sería un elemento fundamental para que comerciantes, acreedores y sus asesores jurídicos y financieros se decidan al uso del concurso mercantil.
Otras críticas giran en torno a que favorece que los acreedores, financieros y proveedores, busquen dar crédito solamente si se apoyan en una garantía real, al mismo tiempo que no resuelve de mejor modo la problemática fiscal y laboral de los comerciantes.
Finalmente, es una ley que es moderna y que tiene que interactuar con otras legislaciones del país que no tienen esa misma visión y que producen que los procedimientos concursales se vean limitados o estorbados.
La ley ha pasado la prueba del ácido, ya hay casos que son reconocidos, nacional e internacionalmente como exitosos y que prueban que funciona, aunque hay también casos en donde diversas razones, exógenas a la ley, han producido que la ley no haya tenido eficacia.
Se ha empezado a formar una jurisprudencia de aplicación de la ley e incluso los temores de inconstitucionalidad iniciales se han visto superados.
Hay una serie larga de sugerencias de modificación al texto legal que deberán ser consideradas con toda seriedad.
2.5. Éxitos, fracasos, sugerencias
La comunidad ha observado el desempeño de la ley en la práctica y, al igual que reconoce algunas disfunciones de la misma, aplaude los casos que han sido exitosos y aporta sugerencias ingeniosas que deben ser consideradas con seriedad, tal como aumentar la posibilidad de tomar la administración de las empresas, incrementar el uso de los mediadores a que refiere el artículo 312 de la misma o incorporar el uso del arbitraje.
2.6. Especialistas
Respecto de los especialistas, la comunidad se expresa con diversas críticas en relación con su preparación en los distintos terrenos en los que se desempeñan: comprensión de negocios, sensibilidad para orientar y liderar reestructuras, mayor comprensión de los terrenos profesionales que no son los propios y aprovechar las experiencias que todos van teniendo, ninguna de las cuales se refiere ni a falta de disposición, ni a falta de honestidad.
Estas son pautas para que el instituto conforme su quehacer, pues cabe decir, en suma, que la comunidad ha comprendido qué clase de profesional debe ser el especialista y nos exige que se logre ese estándar de calidad esperado.
2.7. Acreedores, empresarios, abogados, terceros
Respecto de acreedores, comerciantes, abogados y otros terceros que se involucran en el proceso, la preocupación fundamental va en el sentido de que el concurso, en una gran generalidad, no es visto como una solución y, aunque en unos pocos casos tal opinión deviene de alguna experiencia particular, en la mayor parte de ellos es fruto de la ignorancia de la ley. De nuevo, la señal es más difusión.
2.8. La clave
La gran clave de todo está en la comprensión del concepto "empresa", la ley existe para apoyar el desarrollo de las empresas, fuentes de trabajo y de riqueza y no sólo de las que son deudoras y tienen problemas de liquidez, sino también de todas aquellas empresas que son acreedoras y a las que la falta de reversión de su crédito o inversión puede causar daño en su desempeño y en el de la economía del país. Todos, instituto, especialistas y órganos jurisdiccionales, no somos sino instrumentos de resolución de conflictos que llevarán a una promoción de la inversión, de la creación y manutención de fuentes de empleo y de riqueza para la sociedad.
2.9. Reformas a la ley
La materia concursal es, por naturaleza, una materia enormemente dinámica, si se voltea a ver el concierto mundial, nos encontraremos que en todos los países hay un constante esfuerzo por hacer al marco regulatorio de insolvencia los ajustes que la práctica y las necesidades emergentes de las economías van mostrando.
La ley mexicana cumple ya seis años de vida. Con la experiencia que nos han dejado esos seis años y aprovechando la Consulta convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los trabajos del Congreso de la Barra Mexicana de Abogados de 2004, varios senadores prepararon una iniciativa de reformas que se presentó al Senado como Cámara de origen, dictaminada, la iniciativa fue aprobada y se turnó a la colegisladora, que la recibió en octubre de 2005. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como la de Gobernación, emitieron su dictamen aprobatorio y fue presentada al Pleno de la Cámara en primera lectura.
Lamentablemente, la Cámara cerró sus sesiones el día 26 de abril, en una sesión muy corta en la que, después de haber dado lectura a la minuta, se quedó pendiente la discusión y aprobación del dictamen.
Dicha iniciativa recoge tres capítulos fundamentales para el desarrollo de la vida concursal en nuestro país: el primero de ellos refiere a la posibilidad de incrementar las opciones de convenios celebrados por los involucrados en procesos concursales, ya sea previamente al concurso o ya sea en la etapa de quiebra.
Los concursos con plan de reestructura previo que se regulan en dicha reforma legal son el camino idóneo, según la encuesta realizada, para que las empresas acudan con mayor seguridad y certeza jurídica a usar la herramienta concursal como camino de solución de su problemática.
El segundo capítulo resuelve la problemática de los honorarios de los especialistas que, en el sistema actual de la ley, son dejados, aún con una buena ubicación en cuanto a grado y prelación, hasta el final del proceso, forzando a los mismos a trabajar durante largo tiempo e invirtiendo recursos propios y posponiendo el justo pago de sus servicios y la recuperación de sus gastos hasta el final del proceso. Ésta ha sido la causa más importante de deserción de los especialistas que el instituto ha localizado, seleccionado, inscrito y capacitado.
En efecto, desde la creación del registro, 138 especialistas se han dado de baja del mismo. Un 8 por ciento de las bajas se ha debido a sanciones impuestas por el instituto,14 otro 10 por ciento se ha debido a la necesidad de dedicarse a actividades gubernamentales o académicas, o bien por problemas de salud; el 82 por ciento restante, 115 especialistas, se han dado de baja debido fundamentalmente a la falta de actividad concursal en su comunidad y al deficiente sistema de retribución de los honorarios de los mismos. Lamentamos el esfuerzo y costo que ha supuesto para el instituto el proceso de difusión, selección y capacitación de 138 profesionales del concurso mercantil que han dejado de serlo. De ahí que sea fundamental lograr la aprobación de la reforma de la ley.
El tercer capítulo refiere a pequeños ajustes de redacción que la práctica ha demostrado que son de utilidad, pues superan obstáculos que impiden la fluidez o exactitud del procedimiento.
Hacemos una excitativa al honorable Congreso de la Unión, a quien también se dirige este informe, con la súplica de que dicho proceso, tan avanzado ya, pueda llegar a culminar en el próximo periodo de sesiones.
Consideración final
Con base en los sondeos comentados y en las siguientes entrevistas que realizaremos en el próximo mes, estaremos delineando un plan de acción que oriente adecuadamente el quehacer del instituto en los próximos cuatro años, dentro de las atribuciones que la ley nos señala.
En el discurso inaugural de la reunión 2006 de la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia, decía el ministro presidente: "El esfuerzo de seis años de trabajo de jueces, especialistas y del instituto ha probado, en efecto, el valor del sistema de insolvencia actual. Los frutos tangibles de ese trabajo se resumen en una mayor confianza en el proceso y eficiencia del mismo." Creemos que es así y agradecemos ese reconocimiento que nos estimula a superar las carencias todavía existentes para que el manejo de la disciplina concursal sea un soporte robusto para la empresa mexicana y a la justicia que la sociedad requiere en esta materia. El instituto se compromete con entusiasmo a seguir trabajando para lograrlo.
Muchas gracias a todos por su atención, confianza y apoyo, mismos que seguimos solicitando respetuosamente para el futuro.
Notas:
1 Artículo 262.
2 Artículos 311, fracción VIII, y 332,
fracción VII, de la ley.
3 Artículos 40, 76, 121, 125, 144, 161, 190, 201,
207, 210.
4 Artículo 311, fracciones I, II, III y VI.
5 Artículos 326 de la Ley de Concursos Mercantiles
y 195-Y de la Ley Federal de Derechos.
6 Artículo 311, fracciones IV y V.
7 Artículo 311, fracciones IX, X, XI y XII.
8 Artículos 7 y 311, fracción XII.
9 Artículo 321.
10 Encuesta Grupo Reforma, publicada en el diario Reforma
el 15 de mayo de 2006.
11 Las estadísticas económicas han sido
tomadas de los datos del Banco Mundial (www.worldbank.org), y las concursales,
de los reportes presentados en la IAIR y en el sistema de Registros de
España (www.registradores.org).
12 Estadísticas obtenidas por el licenciado Antonio
Silva Oropeza de los informes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal.
13 "América Latina: reformas estructurales y competitividad",
discurso en el seno de la Convención de la Asociación de
Bancos de México, en Acapulco, el 14 de marzo de 2006.
14 Artículo 338 de la ley.
(Turnado a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial
de la Cámara de Senadores, y de Economía de la Cámara
de Diputados. Junio 7 de 2006.)
El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, partido político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Recientemente Minera San Xavier, empresa canadiense, ha comenzado la destrucción del cerro de San Pedro, a pesar de las severas prohibiciones en las que en múltiples ocasiones se le ha advertido que detenga las excavaciones que pretenden acabar con este patrimonio de los mexicanos, y que lamentablemente ha tenido el apoyo de José Luis Luege, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.
Es así que hombres sin escrúpulos se valen de su poder e imponen su afán lucrativo sobre el respeto al medio ambiente, al querer desarrollar un proyecto depredador de 10 años de duración, al tiempo que imponen métodos de producción minera prohibidos en los países desarrollados.
Las prácticas impuestas por la citada compañía, serán entre otras, la implantación de albercas de lixiviación, en las cuales se utiliza cianuro para obtener oro y plata, además de que usarán millones de metros cúbicos de agua, en una zona desértica, en la que las poblaciones más cercanas requieren del vital líquido.
Desde hoy (5 de junio) se está dinamitando el cerro San Pedro, parte del escudo y la heráldica de la ciudad de San Luis Potosí, que más adelante desaparecerá de su ancestral paisaje.
Esta situación no es nueva, pues el estado de San Luis Potosí ha sido objeto de la ambición desmedida de saqueadores, quienes en su deseo de obtener jugosos dividendos, afectan a quien sea, sin importarles si afectan el patrimonio cultural y ecológico. No es una excepción el saqueo y demolición del cerro de San Pedro, como antes lo fue la desaparición de los 16 libros con los diarios de debates de la primera legislatura del estado, la Constituyente (1824-1826).
Ante tal atentado, exigimos que se investiguen las condiciones dudosas en que la citada compañía quiere operar y afectar a la comunidad, pues no se trata de la simple pérdida de un cerro y su entorno, sino de un espacio representativo y que simboliza a la entidad del centro del país: Aquí hay dos aspectos destacables: a) La relevancia significativa que tiene para la historia de México en su región centro-norte, como es la memoria de los procesos del Potosí novohispano; b) Contiene además una parte inexplorada de potencial ecológico y arqueológico, y que se perdería la cadena orográfica original del microsistema ecológico.
En todo esto, la burla, el despotismo y la suficiencia, denotan una violación a la ley, quien bajo el deseo de ser más fuerte y acallar a los ciudadanos, la empresa canadiense ha comenzado trabajos, que son visibles, en la zona del cerro de San Pedro, los cuales ya han deteriorado el entorno.
No es desconocido que para lograr estos privilegios, Minera San Xavier ha tratado de convencer al gobierno local de que sea su socio, y con ello evitar la oposición que impediría que realizaran este despojo y ecocidio no sólo de los potosinos, sino de todos los mexicanos.
La afrenta más visible contra los potosinos es la postura de José Luis Luege Tamargo, titular de la Semarnat, del gobierno federal, quien ha mostrado su beneplácito para que la compañía haga de las suyas, al tiempo que dice que quienes deben de resolver la problemática son las autoridades locales.
La Minera San Xavier ha transgredido la ley al cumplir las órdenes de no iniciar los trabajos sin autorización. De esta manera ha violentado el consenso democrático de los potosinos que anhelan conservar su patrimonio así como impedir la contaminación a cielo abierto que perjudicará a generaciones futuras.
Al no existir ya el cerro de San Pedro, se impedirá de manera rotunda que este sitio sea considerado como parte del patrimonio cultural de la humanidad, al tiempo que las consecuencias serán devastadoras, pues es un recurso no renovable y el único testimonio de su existencia serán las fotografías.
Por tal razón, exigimos que sea el gobernador Marcelo de los Santos Fraga, quien cumpla con su papel histórico y que por obligación como mandatario de un estado como es San Luis Potosí, para que defienda el patrimonio de los potosinos, entre ellos incluidos sus familiares.
Le pedimos que haga a un lado la indiferencia y defienda su tierra con sangre, sudor y lágrimas, como un hijo que le exige que lo rescate de la ambición desmedida de grupos extranjeros que quieren hincharse los bolsillos con México, para luego dejar destrozados estos lugares.
Esta es una joya histórica en la se hace un llamado también a las organizaciones como el Frente Amplio Opositor, Greenpeace México, comunidad académica, grupos artísticos, empresariales y campesinos para que defiendan lo que les pertenece y muestren sus protestas de manera enérgica para impedir este ecocidio.
Punto de acuerdo
Único. Se cite al titular de la Semarnat, José Luis Luege, a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, para que responda por qué no se han detenido las excavaciones que está realizando Minera San Xavier en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, en cuya zona se prohibió la realización de las citadas obras que afectan y destruyen el entorno ecológico.
Palacio Legislativo a 5 de junio de 2006.
Diputado Jesús González Schmal (rúbrica)
El que suscribe, José Evaristo Corrales Macias, en su calidad de diputado federal en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, fracción I, 12, 13, 14, 14-A, 14-B, 15-B y 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, suscrita por el diputado Tomás Trueba Gracián, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), para que pueda ser presentada ante este órgano legislativo.
Antecedentes
Primero. Con fecha 6 de octubre de 2005 se presentó ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar los artículos 5, fracción I, 12, 13, 14, 14-A, 14-B, 15-B y 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; y la Mesa Directiva, en la misma fecha, la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados.
Segundo. En la misma fecha fue recibida por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su valoración, estudio y dictamen.
Tercero. Hasta hoy, 4 de abril de 2006, la iniciativa no ha sido dictaminada por dicha comisión, habiendo transcurrido casi seis meses desde su presentación al Pleno.
En la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión se señala:
Cuarto. El Impuesto de la Tenencia o Uso de Vehículos se creó en la década de los sesenta, específicamente para subsanar los gastos financieros que el gobierno iba a realizar por las olimpiadas de esa década, pero lamentablemente el impuesto quedó hasta hoy.
Quinto. Las elevadas tarifas del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto al Valor Agregado, el pago sobre tenencia y un sinnúmero de gravámenes encarecen los vehículos hasta hacerlos inasequibles para el grueso de los ciudadanos y que la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos aprobada para 2003 y 2004 establecía que el pago de la tenencia de un vehículo se tenía que calcular tomando en cuenta el valor total del automóvil, incluyendo los demás impuestos inherentes, por lo que dicha ley generó inconformidad entre algunos contribuyentes, que promovieron amparos para no pagar la tenencia bajo esta modalidad; después de varios meses, dichos juicios terminaron en la Corte.
Sexto. Se considera que el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos genera un alto costo para la sociedad, en comparación con su capacidad real de recaudación, algunos de los problemas más frecuentes que se presentan en México es el de la doble tributación y el de poner un impuesto sobre otra u otras contribuciones, como acontece con el gravamen de tenencia, lo que sin duda conculca la seguridad jurídica que debe imperar en materia tributaria, de conformidad con lo que dispone el artículo 31, fracción IV, que a continuación se transcribe:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Octavo. Se propone un periodo de tres años para que las entidades federativas instauren el sistema de cobro correspondiente al impuesto local de referencia y, de esa manera, las entidades federativas no asuman un costo administrativo tan grande como el que implicaría abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para el siguiente ejercicio fiscal.
Noveno. Así, se propone reformar los artículos 5o., fracción I, 12, 13, 14, 14-A, 14-B y 15-B, para establecer una tarifa con una cuota de 0 pesos y una tasa de 0 por ciento, a los que se llegará durante un periodo de tres ejercicios fiscales. El esquema propuesto de disminución de la tarifa se incorpora en los artículos transitorios de esta iniciativa de reforma.
Décimo. En ese sentido, las entidades federativas no tendrán ningún impacto en sus finanzas públicas en la medida en que promulguen sus propias leyes de tenencia o uso de vehículos estableciendo la tasa que más convenga a la propia entidad y que le permita complementar el ingreso derivado de la participación de la tenencia federal; inclusive, algunas entidades federativas podrían hasta aumentar sus ingresos provenientes del nuevo impuesto que establezcan, y la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos quedará abrogada.
Consideraciones
Primera. Es necesario mencionar que existen varias iniciativas y puntos de acuerdo de senadores, de diputados federales de varios partidos políticos y de Congresos locales que han solicitado que se abrogue la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de los Vehículos.
Segunda. Sin embargo, para las entidades federativas el ingreso recibido por este concepto aún es importante y significativo, y es necesario que el impuesto no sea retirado automáticamente sino de forma gradual para dar tiempo a las entidades federativas a que ajusten sus mecanismos y legislaciones a sus situaciones particulares y que más les convenga, sin perjudicar a sus ciudadanos.
Tercera. Que ésta es la única iniciativa que asegura que el impacto ocasionado por la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos sea paulatina, sin ocasionar un fuerte impacto y, en consecuencia, resistencia de las entidades federativas.
Cuarta. Que para el Grupo Parlamentario del PAN, es fundamental siempre actuar con plena responsabilidad y que actuar con plena responsabilidad sin que las decisiones perjudiquen los servicios proporcionados por las instituciones de gobierno ni mucho menos a los ciudadanos de las entidades federativas, que esperan que dichas decisiones sean justas, humanas y buscando hacer mas eficiente las decisiones del gobierno a quien ellos eligieron.
Quinta. Desde el 6 de octubre de 2005, ha transcurrido más tiempo del que se concede en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la comisión competente presente el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
Sexta. En tal virtud, es procedente que la Presidencia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 122 del la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo 21 de su reglamento, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a fin de emitir el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado:
A usted, ciudadano Presidente de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido que se sirva:
Único. En términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que se presente el dictamen respectivo correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto de reformar diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada el 6 de octubre de 2005 por el diputado Tomás Trueba Gracián, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 6 de octubre de 2005.
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de junio de 2006.
Diputado José Evaristo Corrales Macías (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Junio 7 de 2006.)
| MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | ||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | |||||||||||||||
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | |
| Producción | ||||||||||||||||
| (variación porcentual anual) | ||||||||||||||||
| IGAE 1 | 3.2 | 0.5 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 4.4 | - | - | |
| Producción manufacturera 2 | 2.4 | -5.3 | 5.7 | 2.7 | -0.2 | -2.0 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 6.2 | 4.7 | 10.2 | - | |
| Empleo, Salarios y Productividad | ||||||||||||||||
| Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | |
| Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,689 | 12,711 | 12,802 | 12,824 | 12,847 | 12,897 | 12,951 | 13,080 | 13,222 | 13,335 | 13,185 | 13,222 | 13,345 | 13,484 | - | |
| Personal ocupado Ind. Manufacturera (var.% anual) | -1.5 | -1.9 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Productividad en la Ind. Manufacturera (var.% anual) 5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | -0.4 | 5.2 | 4.6 | - | - | |
| Salario base de cotización al IMSS 6 | 166.4 | 165.1 | 164.3 | 167.1 | 166.7 | 167.9 | 166.7 | 165.2 | 164.1 | 164.0 | 163.4 | 168.0 | 168.8 | - | - | |
| Remuneraciones medias Ind. Manufacturera. (var. % anual) 7 | 0.0 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 1.3 | -1.5 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 1.3 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | - | - | |
| Inflación 8 | ||||||||||||||||
| (variación porcentual) | ||||||||||||||||
| Mensual | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Acumulada | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| Anual | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | |
| Sector Monetario y Financiero | ||||||||||||||||
| Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.1 |
| Cetes 28 días (%) | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 |
| Reservas Internacionales (mdd) 10 | 62,138 | 61,739 | 60,715 | 60,536 | 61,774 | 59,331 | 60,880 | 62,836 | 65,145 | 66,998 | 68,669 | 67,305 | 67,329 | 67,487 | 70,611 | 75,619 |
| Sector Externo | ||||||||||||||||
| (millones de dólares) | ||||||||||||||||
| Balanza comercial 11 | -571 | -178 | -646 | -2 | -51 | -697 | -628 | -313 | -637 | -1,508 | -1,195 | 534 | 406 | -183 | -464 | |
| Exportaciones | 15,414 | 17,338 | 17,368 | 18,272 | 17,970 | 16,401 | 19,508 | 18,325 | 19,203 | 20,372 | 19,406 | 19,205 | 18,835 | 20,961 | 19,798 | |
| Importaciones | 15,985 | 17,516 | 18,013 | 18,270 | 18,022 | 17,098 | 20,136 | 18,638 | 19,840 | 21,880 | 20,601 | 18,672 | 18,430 | 21,144 | 19,334 | |
| Petróleo | ||||||||||||||||
| Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 33.7 | 38.4 | 39.9 | 40.1 | 44.7 | 46.6 | 50.3 | 51.0 | 48.0 | 43.7 | 44.9 | 50.2 | 48.5 | 50.8 | 57.4 | |
| Volumen de exportaciones (mbd) | 1,898 | 1,856 | 1,781 | 1,841 | 1,796 | 1,714 | 1,766 | 1,677 | 1,908 | 1,909 | 1,848 | 2,052 | 1,968 | 1,986 | 1,833 | |
| Finanzas Públicas | ||||||||||||||||
| (millones de pesos) | ||||||||||||||||
| Balance Público | -675 | 25,917 | 26,101 | 20,368 | -31,795 | 20,718 | 22,282 | 17,527 | 3,290 | 2,592 | -114,989 | 11,354 | 13,097 | 27,102 | - | |
| Balance Presupuestario | 306 | 25,576 | 24,251 | 17,410 | -33,069 | 22,894 | 16,653 | 15,953 | 7,219 | 3,679 | -112,881 | 14,434 | 10,093 | 28,339 | - | |
| Ingresos Presupuestarios | 133,258 | 172,251 | 168,103 | 150,403 | 162,074 | 156,618 | 155,689 | 163,038 | 156,920 | 168,479 | 195,723 | 193,819 | 176,202 | 195,228 | - | |
| Gasto neto presupuestario | 132,951 | 146,676 | 143,852 | 132,993 | 195,143 | 133,724 | 139,036 | 147,085 | 149,701 | 164,800 | 308,604 | 179,385 | 166,109 | 166,889 | - | |
| Balance No Presupuestario | -981 | 341 | 1,850 | 2,958 | 1,273 | -2,176 | 5,629 | 1,573 | -3,928 | -1,087 | -2,108 | -3,080 | 3,004 | -1,237 | - | |
| Balance Público Primario | 16,630 | 40,960 | 41,815 | 30,595 | -2,029 | 44,067 | 41,428 | 33,764 | 14,030 | 10,819 | -89,352 | 37,241 | 25,727 | 49,271 | - | |
| Deuda pública externa bruta (mdd) | 80,150 | 79,268 | 77,224 | 75,657 | 75,525 | 75,315 | 74,544 | 73,946 | 72,813 | 71,962 | 71,675 | 74,857 | 72,221 | 72,048 | - | |
| Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 1,100,294 | 1,127,706 | 1,138,270 | 1,139,062 | 1,160,432 | 1,176,134 | 1,191,851 | 1,213,612 | 1,219,407 | 1,233,882 | 1,242,154 | 1,255,274 | 1,286,332 | 1,284,643 | - | |
| Economía Internacional | ||||||||||||||||
| Estados Unidos | ||||||||||||||||
| Índice de producción industrial 12 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | |
| Inflación mensual (%) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |
| Inflación acumulada (%) | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | |
| Comercio Exterior (mdd) 13 | -60,114 | -53,744 | -57,618 | -55,972 | -59,129 | -57,355 | -58,462 | -65,585 | -67,836 | -64,462 | -65,074 | -68,587 | -65,643 | -62,000 | - | |
| Exportaciones (mdd) | 101,307 | 102,724 | 105,610 | 105,589 | 105,738 | 106,672 | 108,400 | 105,940 | 107,372 | 109,185 | 111,562 | 114,329 | 112,521 | 114,659 | - | |
| Importaciones (mdd) | 161,421 | 156,468 | 163,228 | 161,561 | 164,867 | 164,027 | 166,862 | 171,525 | 175,208 | 173,647 | 176,636 | 182,916 | 178,164 | 176,659 | - | |
| Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.92 |
| Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.08 |
| Euro (pesos por divisa) | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 14.3 |
| Yen (pesos por divisa) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
Honorable Cámara de Diputados
Convocatoria
Proceso de selección abierto
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Acuerdo Parlamentario que crea e integra el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, aprobado el 18 de marzo de 2004, y con base en la solicitud del propio Comité del Centro para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta al proceso de selección para ocupar las plazas de Investigador A e Investigador B
Para participar en cualquier plaza se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:
Funciones específicas del puesto :
Realizar estudios y análisis acerca de la política tributaria actual, de los ingresos públicos y la sustentabilidad de las finanzas públicas, así como de tópicos particulares en materia de ingresos. Evaluar impactos recaudatorios y repercusiones económicas y fiscales de cambios en el sistema impositivo mexicano. Analizar el marco legal referente y las estadísticas relacionadas con la política tributaria del Gobierno Federal. Estimar metas de recaudación y evaluar el comportamiento de la recaudación y los ingresos. Atender aquellos requerimientos y consultas en materia de política tributaria.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Acreditar un mínimo de un año de experiencia
en la realización de modelos de proyección y análisis
de la política de ingresos.
Experiencia mínima de un año en la valuación
de impacto recaudatorio de la política impositiva.
Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia
en áreas relacionadas con el análisis y evaluación
de las finanzas públicas.
Experiencia en el manejo de paquetes estadísticos
y econométricos y bases de datos.
Amplio conocimiento de la política tributaria.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidades:
Liderazgo.
Trabajo con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Manejo de personal.
Capacidad para establecer prioridades.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar estudios, proyecciones y análisis acerca del gasto público federal en sus distintas clasificaciones y de aquellos aspectos ligados a su funcionamiento, normas, costos, ejercicio presupuestal, nivel de gasto requerido, evaluación de resultados y del impacto presupuestal y las repercusiones económicas en sectores y regiones y proponer medidas que promuevan la orientación a resultados del presupuesto. Elaborar indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del gasto público y cumplimiento de metas. Valuación de impactos económicos, fiscales y presupuestales de cambios a nivel presupuestal y de gasto público. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito del gasto público del sector.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Acreditar un mínimo de 1 año de experiencia
en áreas relacionadas con el uso de herramientas, realización
de modelos de proyección y análisis de la política
de gasto público o en áreas relacionadas con la formulación
y evaluación de proyectos de inversión y el análisis
presupuestal.
Amplio conocimiento en el diseño de las políticas
de gasto público, análisis presupuestal y elaboración
de indicadores de gasto.
Conocimiento en el funcionamiento de ramos, estructura
programática y presupuesto de egresos.
Experiencia en el manejo de paquetes estadísticos
y econométricos y bases de datos.
Contar con experiencia en el manejo y dominio de paquetes
de cómputo, bases de datos, Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidades:
Liderazgo.
Trabajo con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Manejo de personal.
Capacidad para establecer prioridades.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar estudios y análisis acerca de la seguridad social y el sistema de pensiones mexicano. Realizar proyecciones y cálculos actuariales, demográficos, financieros y econométricos y hacer uso de herramientas de estimación y proyección que permitan la valuación de pasivos del Gobierno, requerimientos financieros y pasivos contingentes. Valuación de instrumentos financieros. Realizar estudios acerca del impacto macroeconómico, en el ahorro público y privado, la inversión y entorno de los sistemas de pensiones y la seguridad social. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de las finanzas públicas y del sector.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Acreditar un año de experiencia en áreas
relacionadas con la valuación actuarial y financiera de la seguridad
social.
Experiencia en áreas relacionadas con el análisis
de efectos macroeconómicos de la política pública
en materia de seguridad social.
Contar con experiencia en el manejo de los sistemas de
seguridad social y análisis económico.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Interpretar estados financieros con el objetivo de evaluar
el desempeño económico de estas instituciones. Evaluación
de resultados y determinación de factores de riesgo.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar estudios y análisis especializados acerca del sector energético y de la política energética en nuestro país, principalmente en el sector petrolero y eléctrico. Realizar proyecciones económicas y financieras que permitan la valuación de indicadores del sector, estimación del precio del petróleo y proyección de pasivos de dichas paraestatales. Realizar estudios y proyecciones acerca de los proyectos de inversión y necesidades futuras del sector. Evaluar el impacto en finanzas públicas de cambios en el régimen fiscal, la estructura y el marco normativo de las paraestatales y la distribución de recursos entre niveles de gobierno. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de las finanzas públicas y del sector.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Acreditar experiencia mínima de 1 año en
temas del sector energético y de evaluación de proyectos.
Acreditar un mínimo de 1 año de experiencia
en el uso de herramientas para la realización de modelos de proyección
y estimación de variables relacionadas con el sector.
Contar con experiencia en el manejo y dominio de estados
financieros.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Interpretar estados financieros con el objetivo de evaluar
el desempeño económico de estas instituciones. Evaluación
de resultados y determinación de factores de riesgo.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Diseñar y aplicar métodos y análisis para realizar evaluación del impacto recaudatorio, fiscal y presupuestario de iniciativas de ley. Realizar proyecciones y cálculos, económicos, financieros y hacer uso de herramientas de estimación y proyección que permitan la evaluación económica, financiera y presupuestal de políticas de finanzas públicas. Analizar la información relacionada con la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Proponer, diseñar y aplicar métodos para realizar evaluación de impactos fiscales y presupuestarios. Atender aquellos requerimientos y consultas en dicha materia que incidan en el ámbito de finanzas públicas.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Acreditar experiencia mínima de 1 año en
áreas relacionadas con la realización de modelos de estimación
y proyección de variables de finanzas públicas, análisis
económico o con la formulación y evaluación de proyectos
de inversión.
Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia
en áreas relacionadas con el análisis y evaluación
de las finanzas públicas.
Experiencia laboral en sector público o en análisis
de asuntos públicos.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidad para desarrollar metodologías y realizar
estudios mediante el uso de diversas herramientas técnicas, económicas
y financieras.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Fungir como enlace con las Comisiones de Cámara durante las sesiones que integren el proceso de discusión de iniciativas que pudieran generar impactos presupuestarios. Realizar investigaciones y estudios relacionados con la valuación de impactos presupuestarios. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y fines de la Dirección de Apoyo Técnico. Manejando procesos de optimización operativa, integrar informes de gestión y de avance de actividades. Colaborar en los trabajos de vinculación institucional, con instancias de la Cámara, así como organismos e instituciones externas con los que el Centro contemple convenios y acuerdos de intercambio institucional. Colaborar en la planeación, logística y consecución de eventos que requieran protocolo u otras que realice el Centro en forma individual o coordinada con instancias externas o de Cámara.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Tener como mínimo 3 años de experiencia
en áreas similares o en el manejo de control de gestión,
archivo, desempeño de tareas de análisis político-económico,
investigación y manejo de bancos de información económica,
demográfica y política relacionada con las finanzas públicas.
Conocimientos en organización, operación
y procesos administrativos, protocolo y apoyo logístico en el Poder
Legislativo.
Conocimientos básicos en técnica legislativa,
funcionamiento e integración de fracciones parlamentarias y experiencia
en funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar estudios, análisis, proyecciones y cálculos económicos y econométricos que permitan la valuación de la política tributaria actual, de los ingresos públicos en diferentes clasificaciones, así como de tópicos particulares tal como regímenes especiales, política aduanera y de comercio exterior y la referente a productos, derechos y aprovechamientos. Elaborar modelos econométricos para realizar estimaciones de balance económico e indicadores relevantes en materia de finanzas públicas.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia
en la realización de modelos de proyección y análisis
de la política de ingresos.
Experiencia en el análisis de política
tributaria y sus repercusiones.
Experiencia en el manejo de paquetes estadísticos
y econométricos y bases de datos.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar estudios y análisis, proyecciones y cálculos acerca del sistema de coordinación fiscal, federalismo fiscal, así como de las transferencias y subsidios a estados y municipios, aportaciones y participaciones a entidades. Realizar estudios comparados sobre las finanzas públicas. Valuación de impactos económicos y fiscales de cambios en el sistema de coordinación fiscal, federalismo fiscal y de la hacienda pública. Analizar el marco legal referente y las estadísticas relacionadas con las participaciones y aportaciones del Gobierno Federal a las entidades federativas y la deuda y finanzas públicas de los estados. Atender aquellos requerimientos y consultas en esta materia.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Experiencia mínima de 1 año en el diseño
de la política de coordinación fiscal, federalismo fiscal
y hacienda pública, Ramos 28 y 33.
Experiencia mínima de 1 año en el marco
normativo y situación de las participaciones y aportaciones del
Gobierno Federal a las entidades federativas.
Haber ocupado puestos de mando medio en la administración
pública o en áreas de investigación vinculadas.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar estudios, proyecciones y análisis acerca de las políticas del gasto público en materia normativa y de aquellos aspectos ligados a su funcionamiento, costos, ejercicio presupuestal, nivel de gasto requerido, evaluación de resultados y del impacto presupuestal y las repercusiones económicas en sectores y regiones. Analizar particularmente la interrelación del gasto público en diferentes clasificaciones: funcional, económico y administrativo. Elaborar indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del gasto público y cumplimiento de metas. Analizar la política económica y financiera del sector salud, el presupuesto y el gasto público, los diferentes programas específicos, su orientación, costos y reglas de operación y evaluar con base en indicadores, sus resultados y conexión con los aspectos más importantes del sector.
Perfil y Requisitos
Laborales:
Acreditar un mínimo de 1 año de experiencia
en el uso de herramientas, realización de modelos de proyección
y análisis de las políticas de gasto público en el
sector salud.
Experiencia en el diseño y evaluación de
las políticas de gasto público, análisis presupuestal
y elaboración de indicadores de gasto.
Conocimiento en el funcionamiento de ramos, estructura
programática y Presupuesto de Egresos.
Haber ocupado puestos de mando medio en la administración
pública o en áreas de investigación vinculadas.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar estudios, proyecciones y análisis acerca de las políticas del gasto público en materia normativa y de aquellos aspectos ligados a su funcionamiento, costos, ejercicio presupuestal, nivel de gasto requerido, evaluación de resultados y del impacto presupuestal y las repercusiones económicas en sectores y regiones. Analizar particularmente la interrelación del gasto público en diferentes clasificaciones: funcional, económico y administrativo. Elaborar indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del gasto público y cumplimiento de metas. Analizar la política económica y financiera del sector educativo, el presupuesto y el gasto público, los diferentes programas específicos, su orientación, costos y reglas de operación y evaluar con base en indicadores, sus resultados y conexión con los aspectos más importantes del ramo.
Perfil y Requisitos
Laborales
Acreditar un mínimo de 1 año de experiencia
en el uso de herramientas, realización de modelos de proyección
y análisis de las políticas de gasto público en el
sector educativo.
Experiencia en el diseño y evaluación de
la política de gasto público, análisis presupuestal
y elaboración de indicadores de gasto.
Conocimiento en el funcionamiento de ramos, estructura
programática y Presupuesto de Egresos.
Haber ocupado puestos de mando medio en la administración
pública o en áreas de investigación vinculadas.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en paquetes
de cómputo, bases de datos, manejo de Internet y Excel a nivel avanzado.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
Funciones específicas del puesto:
Realizar análisis técnico-jurídico sobre las iniciativas de ley o decreto en materia de finanzas públicas. Proponer metodologías y procedimientos en la elaboración de análisis técnico-jurídico que tengan como propósito identificar el impacto presupuestario. Establecer mecanismos que permitan precisar desde la perspectiva jurídica y de procedimiento parlamentario la viabilidad, compatibilidad y factibilidad de las iniciativas de ley o decreto en estudios de impacto presupuestario. Elaborar reportes relativos a las actualizaciones del marco jurídico en materia de finanzas públicas. Llevar un registro de las iniciativas de ley o decreto que incidan en las finanzas públicas.
Laborales:
Acreditar experiencia mínima de 3 años
en la elaboración de dictámenes legislativos de iniciativas
de ley.
Experiencia mínima de 1 año en el proceso
parlamentario.
Amplio conocimiento del trabajo legislativo en comisiones.
Contar con experiencia en el manejo y dominio en programas
administrativos de cómputo Office y manejo de Internet.
Habilidades:
Planeación y organización del trabajo.
Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redacción y elaboración de informes.
Otros conocimientos:
Dominio del idioma inglés a nivel de lectura y
comprensión.
1. Requisitos de Participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos generales, académicos y laborales previstos para el puesto y agotar satisfactoriamente cada una de las etapas que se establecen en la presente Convocatoria.
2. Documentación Requerida
Los aspirantes para ser considerados como participantes en el Concurso, deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación:
Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada para su cotejo, y dos copias para la Cámara de Diputados: acta de nacimiento, documento que acredite el nivel académico requerido para cada caso: cédula o título profesional de licenciatura o maestría, identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), cartilla liberada (en el caso de varones hasta 40 años).
Currículum debidamente requisitado y firmado en todas y cada una de sus hojas, sin tachaduras o enmendaduras, con fotocopias de los documentos correspondientes a las actividades a que dicho currículum haga referencia (dos juegos).
Para acreditar cursos y/o programas de formación o especialización: presentar original y dos copias de constancias o diplomas emitidos por la institución o dependencia que los avalan.
Para acreditar la experiencia laboral se deberán presentar cartas que la certifiquen por parte del empleador, contrato o documento que especifique el cargo o puesto ocupado por el interesado. De igual forma, el interesado deberá anexar carta donde se señalen las funciones desempeñadas, así como los nombres de dos directivos, el teléfono y dirección de la institución, dependencia o empresa donde ocupó el cargo (dos copias).
Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, así como de no estar inhabilitado para el servicio público y de que la documentación presentada es auténtica (dos copias).
La Cámara de Diputados se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso, y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.
En caso de no presentar la documentación en original o copia certificada para su cotejo y la fotocopia correspondiente el día señalado en la presente Convocatoria, la Cámara de Diputados está facultada para descalificar a los postulantes que caigan en este supuesto.
3. Etapas del proceso de selección
3.1 Registro de candidatos
La entrega de cédulas de inscripción, registro de candidatos y recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente Convocatoria se llevará a cabo los días 19 al 21 de junio de 2006 en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro (Avenida Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, CP 15969) Edificio F, Planta Baja, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Las solicitudes y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidas ni tomadas en cuenta.
Al concluir la entrega de la solicitud de inscripción con currículum y documentación comprobatoria, el interesado recibirá una ficha con el número de folio que lo identificará a lo largo del concurso y el calendario de actividades que señalará las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas del mismo.
Una vez agotada la etapa de registro de aspirantes, se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes inscritos al presente concurso en la página electrónica de la Cámara de Diputados, www.cddhcu.gob.mx.
3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currícula recibidas y documentación comprobatoria
Al concluir la etapa anterior, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas procederán a revisar y valorar las solicitudes de inscripción con currículum y la documentación comprobatoria entregada por los interesados para determinar si cumplen o no con lo dispuesto por esta Convocatoria.
Una vez agotado el plazo de revisión y valoración, se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes que podrán presentarse a la realización de las evaluaciones que correspondan.
La lista se publicará en la página electrónica de la Cámara de Diputados, www.cddhcu.gob.mx, y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de las evaluaciones mencionadas en el párrafo anterior. De igual forma, las listas estarán disponibles en la Dirección General de Recursos Humanos.
Para continuar con las siguientes etapas del proceso de selección, se deberá contar con al menos 3 aspirantes preseleccionados para cada plaza en concurso, de lo contrario, ésta se declarará desierta.
3.3. Evaluaciones
Se aplicarán, según el caso, las siguientes evaluaciones:
La evaluación técnica se realizará a través de un jurado externo conformado por personas de reconocido prestigio en el ámbito académico, quién se encargará de definir la metodología de dicha evaluación, así como de la formulación de los exámenes que correspondan. Las evaluaciones podrán ser orales o escritas. El Director General del Centro de Estudios será el secretario técnico del jurado.
El jurado externo se integrará a propuesta del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
El jurado externo entregará un informe de resultados de los aspirantes que son aptos para ocupar la vacante, el cual se integrará a los resultados obtenidos en las demás evaluaciones a efecto de emitir un resultado final, el cual será inapelable.
El resultado final se integrará con base en la siguiente ponderación:
El veredicto para todas y cada una de las etapas del proceso de selección será inapelable.
Mecanismos de desempate
Para el caso de empates entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en orden de prelación lo siguiente:
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso de la presente Convocatoria, se ha implementado un módulo de atención telefónica en el número 56-28-13-00 extensiones 51065 y 56001, el cual estará funcionando de 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes
Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido el concurso.
Palacio Legislativo, a 9 de junio de 2006.
Atentamente
Licenciado Emilio Suárez Licona (rúbrica)
Secretario (I) de Servicios Parlamentarios
Licenciado José Armando Gutiérrez Vogel
(rúbrica)
Director General (I) de Recursos Humanos
Doctor Edgar J. Nolasco E. (rúbrica)
Director General (I) del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión de su mesa directiva, que tendrá verificativo el martes 13 de junio, a las 15 horas, en las oficinas de la comisión (edificio D, segundo piso).
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 20 de junio.
Atentamente
Diputada Beatriz Zavala Peniche
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se verificará el martes 20 de junio.
Orden del Día
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de los proyectos de dictamen siguientes:
De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada
por el diputado Armando Leyson Castro, del Grupo Parlamentario del PRI.
De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
y adiciona el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social,
presentada por el diputado Fernando Alberto García Cuevas, del Grupo
Parlamentario del PRI.
De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo al artículo 30 de la Ley General de Desarrollo
Social, presentada por el diputado Sergio Chávez Dávalos,
del Grupo Parlamentario del PRI.
5. Asuntos generales.
Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, organizado junto con la UNAM, que se realizará hasta el miércoles 14 de junio, a las 8 horas, en el auditorio sur.
Miércoles 14 de junio
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la clausura del diplomado Equidad de género y políticas públicas, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la violencia, que tendrá lugar el miércoles 14 de junio, a las 20 horas, en el salón Legisladores de la República (antes Salón Verde), edificio A, segundo piso.
Atentamente
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes a partir de junio y hasta el 15 de agosto, de las 7 a las 9 horas, por el Canal del Congreso y por la página electrónica http://www.canaldelcongreso.gob.mx
El diplomado está dirigido a legisladores, funcionarios públicos, funcionarios parlamentarios, investigadores y estudiantes (de las licenciaturas, maestrías y doctorados en ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, arquitectura o antropología), así como a las personas interesadas o relacionadas con la función pública.
Se otorgará constancia con valor curricular, acreditando 80 por ciento de la asistencia y las evaluaciones correspondientes.
Objetivo general
Analizar los elementos fundamentales que integran la función pública en México, su profesionalización y el marco jurídico y operativo de la transparencia en la administración pública. Su relación con la gobernabilidad, la gobernanza, la reforma del Estado y los conceptos fundamentales del análisis de la vida política.
Metodología
Se desarrollarán ocho módulos. La transmisión será por televisión e Internet, en el horario establecido. La forma de acreditar el diplomado es con 80 por ciento de asistencia, la cual será verificada en forma electrónica con una firma, al inicio y al término de cada sesión. Cuando se concluya cada módulo, se aplicará un examen general, tomando en consideración las lecturas, las presentaciones de los expositores y los aspectos centrales de cada sesión. Al finalizar el diplomado se deberá presentar un trabajo final sobre alguno de los módulos, el cual deberá tener la siguiente estructura: carátula, índice, presentación, desarrollo y conclusiones.
Nota: Diversos ponentes por confirmar.
Módulo I. Elementos teóricos de la función
pública
Responsable: Doctor Ricardo Uvalle
15 de junio
Sesión 7. Función pública e instituciones
políticas
Ponente: Doctor Édgar Jiménez Cabrera
19 de junio
Sesión 9. Democracia y función pública
Ponente: Doctora Cristina Puga Espinosa
20 de junio
Sesión 10. La función pública en
México
Ponente: Licenciado Adrián Franco Barrios, director
general de Políticas y Evaluación de la Secretaría
de la Función Pública
22 de junio
Sesión 11. Retos y perspectivas de la función
pública en México
Ponente: Licenciado Benjamín Ávila Márquez,
contralor del estado de Tlaxcala
26 de junio
Sesión 13. El papel del Congreso en la profesionalización
del servicio público en México
Ponente: Senador Carlos Rojas Gutiérrez, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Regional
27 de junio
Sesión 14. Proceso de instrumentación del
servicio profesional de carrera
Ponente: Diputada Beatriz Mojica Morga, secretaria de
la Comisión de la Función Pública
29 de junio
Sesión 15. Alcances y límites del diseño
de operación del servicio profesional de carrera
Ponente: Doctor Roberto Moreno, director de posgrado
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
30 de junio
Sesión 16. La agenda del gobierno profesional
orientado a la calidad e innovación
Ponente: Licenciado Edgardo Cantú Saldaña,
director general de Eficiencia y Buen Gobierno de la Secretaría
de la Función Pública
1 de julio
Sesión 17. Retos institucionales de la profesionalización
del servicio público en México
Ponente: Licenciado Manuel Quijano Torres
4 de julio
Sesión 19. Acceso a la información pública
Ponente: Licenciado Ricardo Becerra Laguna, director
general de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales en
el IFAI
6 de julio
Sesión 20. Información pública y
reservada, el alcance de la fiscalización
Ponente: Doctora Gloria Eugenia González, asesora
de la Cámara de Diputados
7 de julio
Sesión 21. Información confidencial y demandas
ciudadanas
Ponente: Diputado Jesús González Schmal
10 de julio
Sesión 22. Rendición de cuentas
Ponente: Doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario
general de la Cámara de Diputados
11 de julio
Sesión 23. Rendición de cuentas y ciudadanía
Ponente: Maestro Ulises Corona Ramírez, catedrático
de la UNAM
14 de julio
Sesión 25. Registro Federal de Trámites
y Servicios
Ponente: Actuario Sergio González Platas, director
general del Registro Federal de Trámites y Servicios
17 de julio
Sesión 26. Futuro de la mejora regulatoria en
México
Ponente: Ingeniero Salvador Romero, catedrático
de la UNAM
18 de julio
Sesión 27. Corrupción y mejora regulatoria
en México
Ponente: Maestra Mercedes Escudero Carmona, catedrática
de la UNAM y Unitec
21 de julio
Sesión 29. E-gobierno
Ponente: Licenciado Abraham Sotelo Nava, titular de la
Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías
de la Información de la Secretaría de la Función Pública
24 de julio
Sesión 30. El papel de las tecnologías
de la información en la función pública
Ponente: Arquitecto Antonio Franco Flores, consultor
en tecnologías de la información
25 de julio
Sesión 31. El papel de las tecnologías
de la información en la función pública
Ponente: Arquitecto Antonio Franco Flores, consultor
en tecnologías de la información
28 de julio
Sesión 33. La gobernanza en México y la
agenda de buen gobierno
31 de julio
Sesión 34. Políticas públicas en
México
Ponente: Doctor José Luis Méndez Martínez,
investigador de El Colegio de México
1 de agosto
Sesión 35. Pobreza y marginación social
4 de agosto
Sesión 37. Formas de participación ciudadana
Ponente: Maestro César Valenzuela Espinoza, subsecretario
de Desarrollo Administrativo del estado de Sinaloa
7 de agosto
Sesión 38. Partidos políticos y sociedad
8 de agosto
Sesión 39. Gobierno por resultados
10 de agosto
Sesión 40. Gestión pública y demandas
ciudadanas
11 de agosto
Sesión 41. Democracia y gestión pública
Ponente: Licenciado Gabriel Campuzano Paniagua
14 de agosto
Sesión 42. La gestión pública en
México
15 de agosto
Sesión 43. Retos y perspectivas de la gestión
pública en México
24 de agosto
Clausura y entrega de diplomas
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS
Al Foro regional de atención ciudadana, que se inaugurará el jueves 15 de junio, a partir de las 9:30 horas, en el Salón Verde, situado en el edificio A, segundo nivel.
11:00 horas: Mesa de Trabajo I, Seguridad pública,
lobby
del edificio E, ala sur.
11:00 horas: Mesa de Trabajo II, Transporte y vialidad,
lobby
del edificio E, ala sur.
11:00 horas: Mesa de Trabajo III, Servicios domésticos (luz, agua, gas, etcétera), mezzanine de palcos, edificio A.
11:00 horas: Mesa de Trabajo IV, Unidades habitacionales,
mezzanine
de palcos, edificio A.
11:00 horas: Mesa de Trabajo V, Servicios urbanos, mezzanine
de palcos, edificio A.
 
DE LA COMISIÓN DE SALUD
Al Coloquio sobre salud ambiental, que tendrá lugar el jueves 22 de junio, de las 9:30 a las 14 horas, en la zona Cdel edificio G.
Atentamente
Diputado José Ángel Córdova Villalobos
Presidente